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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 14/06/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 78 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 77 celebrada el martes, 14 de junio de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 3928)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, de Reforma de la Ley de Aguas, 29/1985, de 2 de agosto, para su adecuación al Estado Autonómico. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 42.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente 122/000033) (Página 3928)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 75.1, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 410/000004) (Página 3937) --Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 62.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000048) (Página 3937)

Página 3924


Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

--Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (número de expediente 121/000041) (Página 3937) --Ampliaciones de plazo de Comisiones de Investigación (Página 3937)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 122/000041) (Página 3938)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de adopción en España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 76, de 22 de marzo de 1994 (número de expediente 162/000088) (Página 3944) --Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 41, de 5 de enero de 1994 (número de expediente 162/000067) (Página 3952)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la Empresa Elosúa, S.A. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 109, de 10 de junio de 1994 (número de expediente 173/000040) (Página 3958) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas Comunidades Autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 109, de 10 de junio de 1994 (número de expediente 173/000041) (Página 3964)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 79, de 15 de junio de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 3928)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 3928)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de Reforma de la Ley de Aguas, 29/1985,de 2 de agosto, para su adecuación al Estado Autonómico (Página 3928)

El señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la proposición presentada manifestando que su Grupo, en el marco de una estrategia de construcción del Estado de las autonomías, de cara a la construcción del Estado federal, quiere plantear un tema de enorme importancia como son las transferencias autonómicas de las cuencas hidrográficas y, en concreto, la del Gudalquivir, planteada ya en otras ocasiones y en esta misma Cámara hace pocas fechas. Señala que va a aportar una serie de propuestas técnico-jurídicas para demostrar que dicha transferencia es posible y que lo que realmen-te falta es la voluntad política de cara a seguir construyendo el Estado de las autonomías.


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Se refiere a la transferencia de cuencas hidrográficas intercomunitarias como clave técnico-jurídica para solucionar el problema planteado, sin necesidad de tocar la Constitución ni los Estatutos de autonomía, y en este sentido pide la modificación de la Ley de Aguas para adecuarla al marco constitucional. Piensa que es una solución técnico-jurídica posible si existe voluntad política, para lo que se basa en el artículo 145 de la Constitución, que ampara los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas y la creación de organismos mixtos de gestión.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Jerez Colino, manifestando que el señor Alcaraz ha dado unos argumentos que, a su juicio, seguramente ni él mismo se los creía, poniendo en cuestión principios básicos de la gestión del agua y situaciones que hoy desde ningún lugar de la comunidad internacional se discuten, con tal de salirse con la suya. Añade que posiblemente el señor Alcaraz no tenga claros conceptos bien diferenciados, como lo que es el agua, lo que es el río y lo que es la cuenca, pero la Ley sí los tiene.
Respecto al artículo 145 de la Constitución que invoca, afirma que dicho precepto se refiere a negocios jurídicos entre las comunidades, no a competencias exclusivas del Estado, que es lo que aquí se plantea y que recoge el artículo 149 de la Carta Magna. Por tanto, ni la Constitución ni el Estado de las autonomías dan pie a la posibilidad que plantea el señor Alcaraz. Por otra parte, se trata de algo que el Tribunal Constitucional tiene claramente delimitado, sin ninguna posibilidad de duda, y que en ningún momento de nuestra historia ha sido cuestionado. Sucede, además, que desde el punto de vista técnico sería muy difícil encontrar ningún planteamiento técnico que abogase por la división de una cuenca para su mejor y más eficaz gestión. Consiguientemente, quedan a la espera de que el proponente aporte razones más fundadas en apoyo de su propuesta.
Replica el señor Alcaraz, duplicando el señor Jerez Colino.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo y Mur Bernad, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peñarrubia Agius, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 24 votos a favor, 275 en contra y cuatro abstenciones.


Tratamitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 3937)

El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación.
Se aprueba por asentimiento.
El señor Presidente informa que la Mesa, asimismo oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el citado artículo 150, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
Se aprueba por asentimiento.


Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley (Página 3937)

El señor Presidente manifiesta que la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. Se aprueba por asentimiento.


Ampliación de plazo de comisiones de investigación (Página 3937)

El señor Presidente manifiesta que la Mesa ha acordado someter al Pleno la solicitud formulada por la Comisión de Investigación sobre la situación, evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio Giménez, así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas durante el período en el que ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España, de ampliación del plazo para realizar sus trabajos hasta el fin del actual período de sesiones.
Se aprueba por asentimiento.
El señor Presidente manifiesta que, por último, la Mesa de la Cámara ha acordado también someter al Pleno la solicitud formulada por la Comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios

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asignados a la Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director General don Luis Roldán, de ampliación del plazo para realizar sus trabajos hasta el día 17 de junio, a los solos efectos de aprobación de su dictamen.
Se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación.) (Página 3938)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. (Orgánica.) (Página 3938)

El señor Robles Fraga defiende la proposición del Grupo Popular, expresando su satisfacción por defender en esta tribuna algo que ya viene en su programa electoral de las elecciones europeas últimas, sobre la necesidad de establecer una política común de lucha contra la xenofobia, el racismo y el antisemitismo, programa que ha obtenido el refrendo mayoritario del pueblo español. Añade que es un compromiso que engarza con la vieja tradición del liberalismo y del constitucionalismo español y que adquiere especial importancia ante la reciente proliferación en distintas partes de Europa de episodios de violencia antisemita y racista. Alude a algunas actuaciones de las instancias europeas en los últimos años en relación con este grave problema, ante el que las normas españolas vigentes no parecen proporcionar mecanismos o instrumentos bastantes para la acción decidida que se nos impone, en detrimento de nuestra obligación de solidaridad con las comunidades sefarditas españolas y en detrimento de los convenios internacionales firmados que obligan a nuestro país.
En tal situación se creen obligados a reforzar los tipos establecidos en el Código Penal, adecuándolos a los establecidos en otros países europeos. Se trata, por otra parte, de perseguir actividades que no están cubiertas por la legislación española, a diferencia de lo que ocurre en otros países que castigan con mayor dureza la propaganda racista o la incitación al odio racial y que reivindican ideologías derrotadas en la II Guerra Mundial.
Afirma que el planteamiento de la proposición es simple, pues se trata de crear el delito de apología del genocidio, que existiría cuando ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión se expongan ideas o doctrinas tendentes a considerar encomiables hechos que son constitutivos de delito o enaltecen a sus autores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; la señora Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y los señores López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Valls García, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la proposición del Grupo Popular por 301 votos a favor.


Proposiciones no de Ley (Página 3944)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de adopción en España (Página 3944)

El señor Michavila Núñez defiende la proposición del Grupo Popular respecto de una cuestión que este año, declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Familia, tiene especial relevancia e interés, cual es adoptar medidas de carácter eficaz para la protección del menor y para agilizar el trámite de las adopciones de menores que se realizan en nuestro país. Piensa que el Año Internacional de la Familia, suscrito por el Reino de España, no es sólo para hacer congresos y fotos sino, sobre todo, un año para dar soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos españoles. Afirma que España está muy por detrás de nuestros socios de la Unión Europea en el cumplimiento de las obligaciones internacionales tanto respecto a la protección del menor como en la agilización de la adopción, así como en la regulación de los trámites para la adopción internacional, y para corregir dicho desfase la proposición no de ley recoge nueve medidas con las que se pretende garantizar la protección de los derechos del menor y agilizar, con las suficientes garantías, la adopción. Expone el contenido concreto de tales medidas, que considera que no obedecen a acciones partidistas sino a lo que de verdad interesa en estos momentos a gran parte de los ciudadanos españoles, medidas que califica como ponderadas y de ahí que piense que gozarán del apoyo de la mayoría de los Grupos de la Cámara, apoyo que solicita en estos momentos.
En defensa de las enmiendas presentadas, y para fijar la posición de sus respectivos Grupos, intervienen las señoras Del Campo Casasús, del Grupo Socialista, y Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Completan el turno de fijación de posiciones el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria,

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y la señora Urán González, del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió), es aprobada por 306 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca (Página 3952)

La señora Rahola y Martínez, del Grupo Mixto, defiende la proposición no de ley presentada, apoyándose en razones idénticas a las esgrimidas durante un debate similar en Comisión, con ocasión de una proposición de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y a las expuestas con motivo de diversas iniciativas del Parlamento de Cataluña. Sin embargo, el hecho de que el Archivo Histórico de la Generalidad, patrimonio del pueblo de Cataluña expoliado por la fuerza de las armas, no haya sido aún devuelto, la obliga a repetir los argumentos y a anunciar que si no ganan hoy esta proposición la volverán a presentar una y otra vez hasta que se produzca el retorno de dicho Archivo Histórico.
Reitera que el Archivo Histórico fue arrancado de Cataluña como botín de guerra, por lo que su ubicación actual en Salamanca no parte de un hecho legítimo sino profundamente ilegítimo, produciéndose, además, la incautación exclusivamente con afán de reprimir a los defensores de la libertad, sin que exista ningún argumento políticamente democrático que pueda negar a un pueblo la devolución de un patrimonio que le fue incautado cuando éste no podía defenderse. Expone que se trata de una petición que es unánime en Cataluña, y los propios partidos Socialista y Popular piden allí la devolución, en tanto que en Madrid votan en sentido contrario.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ribó Massó, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular, y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto (señora Rahola), es rechazada por 35 votos a favor y 266 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3958)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la empresa Elosúa, S.A. (Página 3958)

El señor Ramírez González defiende la moción del Grupo Popular. Considera que la cuestión planteada está suficientemente debatida, tanto en la Comisión de Justicia como en la de Economía y en el propio Pleno de la Cámara al discutir la interpelación el pasado día 25 de mayo, en cuyo momento hicieron una serie de preguntas que no han sido nunca contestadas por el Gobierno. Alude a la denuncia formal realizada ante los tribunales italianos por un alto administrador de la multinacional Ferruzzi, manifestando que con dinero negro de la multinacional se habían comprado voluntades políticas de altos cargos de la Administración española para facilitar el acceso al control de Elosúa por parte de la multinacional y respecto de la cual el Ministro de Justicia únicamente les informó que el anterior Fiscal General había abierto una comisión de investigación. Sin embargo, once meses después de aquella teórica apertura de investigación no saben nada de los pasos dados por la Fiscalía General. Lo único que conocen es que el juez italiano encargado de esta cuestión, ante la incapacidad española de ponerse en contacto con él y ante el silencio de las autoridades españolas, tanto administrativas como políticas y judiciales, ha reabierto la causa y va a entrar a analizar el contenido de aquella denuncia. Agrega el señor Ramírez que la situación expuesta le lleva a la necesidad de plantear hoy ante la Cámara esta moción, considerando que es absolutamente necesaria la creación de una comisión de investigación que les permita retrotraerse a 1985 y comprobar cómo se dieron los créditos a esta empresa, los objetivos perseguidos, ruptura de los compromisos adquiridos, si existían, y por qué no se reclamaron las cantidades dadas. Asimismo es necesario conocer los motivos del cambio de actitud en el año 1991 y, a partir de esa fecha, en relación con el control de Elosúa, respecto de todo lo cual nada está aclarado. Cree que el Partido Socialista no se opondrá a la creación de esta Comisión si está convencido de la transparencia en la actuación de la Administración y si creen que son inciertas las acusaciones que se han suscitado en la judicatura italiana.
Por otra parte, desean que el Gobierno haga una valoración oficial por escrito para transmitir a esta

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Cámara cómo ve la presencia de una multinacional controlando el 50 por ciento de la elaboración y distribución del aceite de oliva en España. Como este requerimiento ya lo hizo la Comisión de las Comunidades, dando al Gobierno un plazo de 15 días para responder, espera que el Gobierno tenga hecho el correspondiente informe y lo pueda remitir sin demora a este Parlamento, a fin de que puedan conocer su criterio respecto de una posición de monopolio que se ha creado en este sector, estratégico para la agricultura española.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Moreno Monrove, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, se rechaza su apartado primero y es aprobado el punto segundo de la misma por 300 votos a favor y uno en contra.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas Comunidades Autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea (Página 3964)

El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que, habida cuenta de que hace unos días debatieron ampliamente el tema que les ocupa, con la presencia de la señora Ministra, en este momento realizará una intervención breve.
Alude al hecho de que, mientras se habla de recuperación de la economía, se produce un altísimo grado de paro y pobreza, alcanzando aquel en el conjunto de España casi al 23 por ciento de los ciudadanos y viviendo en el umbral de la pobreza casi ocho millones de personas. Ante dicha situación, considera necesaria la constitución de una ponencia que cite a muchas personas a declarar, debiendo desarrollar su trabajo y obtener las conclusiones pertinentes a lo largo del presente año 1994. Si en el momento de la votación se confirma la constitución de esta ponencia, de antemano lo agradece por creer que se trata de algo muy importante.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Sainz García, del Grupo Popular, y García Manzanares del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción debatida, es aprobada por 289 votos a favor.
Se suspende la sesión a las nuve y cinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al tratamiento del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte de doña María Dolores Calderón Pérez, Diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, en sustitución de don Francisco Javier Arenas Bocanegra. Doña María Dolores Calderón Pérez, ¿jura o promete S.S. acatar la Constitución?

La señora CALDERON PEREZ: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Doña María Dolores Calderón Pérez ha adquirido la condición plena de Diputada. Bienvenida a la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, DE REFORMA DE LA LEY DE AGUAS 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, PARA SU ADECUACION AL ESTADO AUTONOMICO (Número de expediente 122/000033)

El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de reforma de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, para su adecuación al Estado autonómico.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


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El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya desde su práctica parlamentaria cotidiana, desde su cultura de hacer una oposición para la alternativa, en el marco de una estrategia de construcción del Estado de las autonomías de cara a la construcción del Estado federal, quiere plantear aquí un tema de enorme importancia, presentado ya a otros niveles sin éxito, como es el relativo a la transferencia del Guadalquivir, y tratado en esta misma Cámara hace muy pocas fechas.
Nosotros pensamos que hay que ir a las transferencias autonómicas de las cuencas hidrográficas, de las aguas fluviales, para lo cual, a pesar de lo que se ha dicho reiteradamente por distintos portavoces del Grupo Socialista aquí y en otras Cámaras autonómicas, específicamente en la andaluza, no hace falta ni cambiar la Constitución ni los estatutos.
Por tanto, nosotros vamos a aportar una serie de determinaciones, de propuestas técnico-jurídicas, para demostrar que esto es posible y que lo que realmente falta es la voluntad política, lo que realmente falta es realizar la opción política de cara a seguir construyendo el Estado de las autonomías. Nosotros queremos superar en este debate un diseño franquista, que actualmente es el que preside la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, su estructura y su gestión; diseño que es exactamente igual al del anterior régimen. En ese sentido, hemos estudiado rigurosamente una salida jurídica, repito, una salida técnica a un gran problema político de cara a la construcción del nuevo Estado. En esta misma Cámara, hace muy pocas fechas, previamente a la campaña de las elecciones andaluzas, nosotros solicitamos la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y técnicamente estuvimos argumentándolo frente al señor Borrell que, al final de cuentas, lo que nos vino a decir, desde una posición muy especial de tutela de las comunidades autónomas, es que el Guadalquivir era tan importante que el Estado central no pensaba transferir sus competencias.
Está claro que en el fondo lo que hay es una opción política, y cuando se acaba la necesidad, cuando se acaban los argumentos de los obstáculos de tipo técnico, las trincheras de tipo jurídico que interpone el partido mayoritario, lo que aparece es la opción política de no transferir las confederaciones hidrográficas en función de una nueva estructura.
Nosotros estamos hablando de la transferencia de cuencas intercomunitarias, e introducimos desde el principio la palabra que supone la clave técnico-jurídica de la situación: la palabra «cuenca». De la palabra «cuenca» sale, simplemente reformando la ley, sin necesidad de tocar ni la Constitución, ni los distintos Estatutos, la solución técnica a este problema. Ahora bien, si se parte del concepto dogmático del pie forzado de la definición de «cuenca», tal como figura en la Ley de Aguas, y no, repito, en la Constitución ni en los distintos Estatutos, el problema no tiene solución.
Lo que ocurre es que, a veces, demagógicamente, se nos dice desde esta tribuna que lo que pretendemos es cambiar la Constitución y los Estatutos, y no es cierto; lo que pretendemos cambiar es el concepto de cuenca hidrográfica, señorías, que sólo figura en la Ley de Aguas de 1985. Por eso, consiguientemente, planteamos la reforma de la Ley de Aguas, para adecuarla al Estado constitucional, al Estado de las autonomías, e incluso en el camino, en función de estrategias políticas legítimas, como es la nuestra, de la construcción de España como Estado federal.
Para esta solución técnico-jurídica que se pueda dar, si hay voluntad política, nos basamos en el artículo 145 de la Constitución, que ampara los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas y la creación de organismos mixtos de gestión; artículo 145 que, en muchas ocasiones, respecto a otros temas, está utilizando, repito, de manera profusa el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Hablamos, por tanto, de gestión de las cuencas, que es un concepto indivisible en la ley, dogmático, y que se puede cambiar. No figura en la Constitución el concepto de «cuenca».
En la Constitución figura la palabra «aguas», y en los distintos Estatutos figura siempre la terminología exacta de la Constitución, la palabra «aguas» y nunca la palabra «cuenca». Naturalmente, porque se trata de un problema político, nos encontramos con que en la Constitución de 1978 y en los estatutos de competencias plenas, como los de 1980, de Andalucía, y otros, suponían la voluntad clara de la construcción del Estado de las autonomías. Sin embargo, a partir de la Ley de Aguas, de 1985, con la introducción de una serie de matices, algunos sibilinos que están entorpeciendo las transferencias que ahora pedimos, se opera un giro neocentralista claro, que es el que ahora intentamos rectificar. Se pasa del concepto de aguas al concepto de cuenca, y en la Ley se dice: «La cuenca hidrográfica, como unidad de gestión de recursos, se considera indivisible»; aquí está el problema; se considera indivisible. Si cambiamos el concepto de cuenca y decimos que es divisible, que hay cuenca intercomunitaria, que se pueden crear --artículo 145 de la Constitución-- organismos de cooperación y organismos de gestión mixtos, superamos el problema. Pero de nuevo aquí, posiblemente, se me diga otra vez que es un problema de la Constitución y de los estatutos, y no es cierto, no es verdad.
Ya he citado textualmente cómo se recoge en los distintos textos legales y cómo es permisible, posible y viable --lo hemos intentado demostrar y lo seguiremos intentando demostrar hasta la saciedad-- cambiar el

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concepto de cuenca y restablecer una distribución autonómica, lo que hasta ahora reproduce exactamente la distribución y gestión franquista de las confederaciones hidrográficas.
Intentamos en su momento, señorías --yo creo que ahora lo comprenderán mejor--, que el Parlamento de Andalucía se personara en este Congreso para ejercer la iniciativa legislativa, pidiendo la gestión del Guadalquivir en función de esta solución técnico-jurídica y política. Naturalmente, allí no tuvimos los votos suficientes, no tuvimos la suficiente comprensión como para que el Parlamento de Andalucía se personara ante estas Cortes Generales pidiendo la gestión del Guadalquivir, porque el Guadalquivir, ahora, no es gestionado por andaluces, como si para alguna de SS.SS. el Guadalquivir fuese un afluente del Manzanares. En la nueva situación del Parlamento andaluz creo que volveremos a insistir --quizá ahora con más éxito-- para que se persone aquí pidiendo la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en función de la aplicación del artículo 145 de la Constitución y del cambio de la Ley de Aguas, tal como planteamos, artículo por artículo, rigurosamente, en la proposición de ley que hoy aquí defendemos ante la algarabía de sus señorías.
Pretendemos, en el marco del artículo 145.2 de la Constitución, una serie de reformas concretas de la Ley de Aguas. Por ejemplo, ajustar el régimen jurídico de la administración hidráulica, a fin de constituir organismos mixtos de cuenca que permitan la gestión de las distintas comunidades autónomas; y también que el concepto de cuenca sea divisible, haciendo, como figura en el espíritu de la Ley, de la Constitución y del Estatuto, aguas sinónimo de ríos, porque no figuran ni confederaciones ni cuencas y, a partir de ahí, solicitamos la transferencia y la gestión de las distintas cuencas, en función de esta argumentación técnica que estoy dando, a través de acuerdos de cooperación, como prevé la Constitución, por estas Cortes Generales, que tendrían que autorizar los acuerdos de las distintas comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, alguna de SS.SS. me puede decir que, sin embargo, en un sentido específico, y sin que haya en esto resolución del Tribunal Constitucional --como otras veces se ha dicho y no es cierto--, es una competencia exclusiva del Estado y supera incluso las competencias del artículo 151 de la Constitución, vía rápida y profunda por la que van una serie de autonomías, por ejemplo la andaluza. Hay también salida jurídica a esta situación para que las comunidades autónomas, a través del artículo 150 de la Constitución, que permite la ampliación de las competencias incluso por encima del artículo 151, si hubiese algún otro tipo de traba, pudiesen solucionar esta problemática. Termino, señor Presidente, diciendo que hemos expuesto una salida técnica que hasta ahora no se nos ha podido rebatir sino con demagogia; la demagogia de decir que hay que cambiar la Constitución o los Estatutos. No es verdad. Ni en la Constitución ni en los Estatutos, en ningún caso, figura la palabra cuenca; figuran las palabras aguas o recursos hidráulicos; la palabra cuenca se introduce en la ley para limitar la posibilidad de transferencias en competencias exclusivas, que sí son exclusivas cuando son aguas intercomunitarias, pero la palabra aguas, no cuenca.
Pedimos políticamente que se vea la situación y se adapte la gestión de las confederaciones a la construcción del Estado de las autonomías, un problema muy sentido en distintas comunidades autónomas, tanto que, a lo largo del debate de la precampaña de las elecciones andaluzas, algún consejero ha dicho que ya se habían pedido las transferencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si aquí ahora se me dice que eso es imposible, que jurídicamente no es viable y que políticamente no se había pensado, yo por lo menos digo que se ha utilizado como argumento político porque, en ciertas comunidades autónomas, es de una importancia vital --les recuerdo a SS.SS. que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir baña el 75 por ciento del territorio andaluz--, todo ello en la dirección de construir el Estado de las autonomías, en nuestro caso de cara a la construcción de un Estado federal que supere, en temas sustanciales como éste, la configuración del régimen franquista respecto a las confederaciones hidrográficas y su gestión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, no sé si es una temeridad por mi parte decir que, cuando el señor Alcaraz estaba dando sus argumentos, me parece que no se los creía ni él mismo. Yo creo, señor Alcaraz, que cuando uno intenta defender una postura debe ser consecuente con los límites de la misma, con la posición de lo que uno intenta defender y, además, con el ámbito y la importancia de lo que defiende, porque usted, con tal de salirse con la suya en su principio, pone en cuestión principios básicos de la gestión del agua y situaciones que hoy, ni desde España, ni desde Europa, ni desde la comunidad internacional, en ningún caso, se discuten.
No le vale que califique como dogmáticos a los que pretenden defender posturas contrarias a las suyas, o los llame usted demagogos porque no se ajustan a los conceptos que usted quiere plantear. El tema es radicalmente distinto. La ley contempla muy bien diferenciado lo que es el agua, con su ciclo completo, de lo que es el río y de lo que es la cuenca.
Es posible que S.S. no tenga claros estos conceptos, pero la ley sí los tiene. El agua es un concepto global

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en la ley, el río es una corriente de agua y la cuenca es un concepto territorial que indica todos los ríos y afluentes que van a parar a un solo cauce y terminan vertiéndose al mar. Son conceptos distintos que la ley tiene en cuenta.
Tampoco puede invocar, dando la sensación de que los razonamientos son importantes, aspectos jurídicos en los que basar su proposición. El artículo 145.2 que usted invoca se está refiriendo a negocios jurídicos entre las comunidades, en competencia de las comunidades, no en competencias exclusivas del Estado, que es a lo que usted se está refiriendo y que es lo que recoge el artículo 149 de la Constitución. Por tanto, ni el propio Estatuto de Andalucía da pie a la posibilidad que usted se plantea. Permítame que le diga con afecto que es una falta de responsabilidad pretender algo que ya ha sido desechado en la Cámara, como es la posibilidad de que la Junta de Andalucía tenga todas las competencias en la cuenca del Guadalquivir, que se cambie toda la ley de una manera parcial --porque los conceptos que pone en duda exigirían un cambio mucho más profundo de lo que usted pretende--, así como poner en cuestión toda la Ley de Aguas y, por tanto, todas las posibilidades de cómo se va a hacer la gestión en los planes hidrológicos de cuenca y en el Plan Hidrológico Nacional, lo que supondría volver atrás en toda la ejecución de los planes hidrológicos de cuenca.
Por eso le decía que me parece una falta de responsabilidad.
Sé que en su respuesta nos va a repetir usted lo de dogmático, nos va a repetir lo de demagogia, nos va a repetir el andalucismo y nos va a intentar convencer con conceptos que nada que tienen que ver con lo que usted propone, porque el razonamiento puro y lógico en este concepto que usted nos plantea es prácticamente imposible.
Le diría más. La Carta Europea del Agua, más todas las reuniones que ha habido, tanto del Plan Hidrológico Nacional como de la confección de la propia ley, no cuestionan en ningún caso la racionalidad, que va detrás de la cuenca como concepto indivisible.
A mayor abundamiento, de manera expresa y taxativa el Tribunal Constitucional, en la sentencia 227, a raíz de todas las alegaciones que se hacen por parte de muchos grupos para que defina determinados conceptos, dice que no se puede atentar a la racionalidad al intentar poner fronteras administrativas en lo que la racionalidad aconseja debe ser un uso indiscutible e indivisible de la cuenca como conjunto. Por tanto, el Tribunal Constitucional lo tiene definido claramente, lo tiene claramente delimitado sin que exista posibilidad de duda.
Además, es un elemento técnico no cuestionado en ningún momento ni a lo largo de nuestra historia. Desde que se fundan las confederaciones hidrográficas en el año 1926 hasta estas fechas, ese concepto no solamente ha sido admitido sino seguido por la mayor parte de los países europeos y de otros países sudamericanos que han intentado y que han seguido las posibilidades de gestión que da la unidad de cuenca.
Por eso le decía que usted, con tal de salir adelante con ese principio, que yo respeto, no puede echar abajo grandes conceptos, lo que supondría volver al principio de todo lo que hasta ahora se ha ido gestionando, acordando y trabajando alrededor de la gestión del agua.
Por eso, señor Alcaraz, cuento con que, con su sentido común, intentará darnos algunas razones claras, jurídicas, técnicas, sociológicas, políticas, del concepto que usted quiera.
Además, las reformas que usted propone --y me imagino que me dirá que la totalidad la acepta, pero eso no-- pretenden que prácticamente el control de cada cuenca hidrográfica esté en función de las hectáreas por las que pasa la cuenca correspondiente, porque da usted un tercio a los usuarios y dos tercios son comunidad y territorio. Por tanto, está usted llevando el control a las hectáreas.
Me imagino el conflicto que tendrá usted en cómo llevar la solidaridad de las distintas cuencas; dentro de cada cuenca será muy difícil, salvo un ejercicio dialéctico de S.S.
saliéndose fuera de su propia propuesta. Si no, en ese concepto que tanto todos alabamos, ese estar en posiciones de izquierda, le diría que usted con esos planteamientos no está ni mucho menos en posiciones de izquierdas.
Sé que usted va a responder, y lo va a hacer dando adjetivos, pero pocas razones, y me parece que es necesario que en lo que estamos proponiendo en estos momentos usted esté dando básica y fundamentalmente razones. Por tanto, no se olvide que desde el punto de vista jurídico tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional dejan muy clara la posición que en estos momentos defiende el Grupo Socialista. Desde el punto de vista técnico será muy difícil encontrar ningún planteamiento técnico que abogue por la división de una cuenca para su mejor y eficaz gestión. Desde el punto de vista físico esa unidad tendría y tiene el asentimiento de la inmensa mayoría de los que se dedican al agua, porque deja usted también sin resolver en su planteamiento el conflicto que traería la gestión de las aguas subterráneas. Además, todo ello nos lleva a que, como concepto político, esa gestión única de toda la cuenca ha sido también respaldada en mayoría por este Parlamento cuando se hizo la Ley de Aguas. Y le diré más. Salvo en el apartado que habla del artículo 16, que hace lo que su Grupo planteó aquí cuando se discutió la Ley pero ampliado, usted está en contradicción con las enmiendas que su propio Grupo presentó a la Ley en 1985. Por eso espero que a la hora de la respuesta dé usted razones, adjetive menos, no hace falta mantener tonos

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de voz demasiado altos, y, al final, por lo menos comprendamos, si no compartamos, algunas de las razones que usted puede tener, ya que hasta ahora no hemos escuchado ninguna. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Yo no sé si usted está en disposición de dar tantas lecciones y de dividir, con una línea que no aparece clara en función de un término político que está muy cargado de técnica, dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Porque si se dividen así las cosas tendríamos que hacerlo de manera más rigurosa hablando de dónde está la teoría centralista y dónde está la teoría de un Estado no centralista. Coincidiría la izquierda más bien con un Estado no centralista, que es lo que estamos pidiendo nosotros en esta reforma de la Ley de Aguas, que con un Estado centralista, que es el que está defendiendo de otra manera a como se ha hecho anteriormente desde esta tribuna, no en base a la Constitución, porque sabe que no se puede apoyar ahí el argumento de manera rigurosa.
Usted habla de los principios básicos de la gestión del agua como principios políticos. Usted lo ha enfocado desde una concepción política apoyándolo en experiencias europeas y extranjeras, que no son siempre homologables (en algún caso se parecen mucho más a lo que yo estoy defendiendo), más que en que técnicamente no es posible lo que plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En segundo lugar, señor portavoz del Partido Socialista Obrero Español, yo no le he llamado dogmático a usted; he llamado dogmático al concepto de cuenca que aparece en la Ley de Aguas, al concepto de cuenca que no aparece ni en el Estatuto ni en la Constitución. No se asignen adjetivos que no van dirigidos a ustedes. Vamos a dejarnos de victimismos fáciles y vamos a intentar discutir con rigor. Dice la Ley de Aguas que la cuenca es indivisible. ¿Por qué razón? No da ninguna. La única razón que da es que es mejor gestionarla desde el punto de vista de que es indivisible. Nosotros decimos que, no.
Estamos construyendo --y nos lo creemos-- un Estado de las autonomías donde las comunidades autónomas --aquí está el problema de fondo y la argumentación que utilizó el señor Borrell-- no son consideradas como auténtico Estado por ustedes, tienen que ser tuteladas. El argumento fundamental que nos dio el señor Borrell fue ese. Lea el «Diario de Sesiones» de hace un par de meses, correspondiente a la petición por nuestra parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Vino a decir que el Guadalquivir es tan importante que no se lo vamos a transferir a la Comunidad Autónoma andaluza.
Usted lo ha dicho bien. Ha manifestado que la ley distingue entre agua, río y cuenca. Es cierto. Pero, hasta ahora, los interlocutores que yo he tenido de su Grupo me decían que esa distinción estaba en la Constitución y en el Estatuto, en el de Andalucía o en el de cualquier comunidad, y no es verdad.
Esa distinción --usted lo ha dicho bien-- está en la ley. Y estamos pidiendo que se reforme la ley para que agua sea sinónimo de río y la cuenca no sea sinónimo de algo absolutamente indivisible. Eso es perfectamente viable. Dice usted que eso lo ha hecho el Ministerio de Obras Públicas sólo en aquellos casos en que se trata de llegar a cooperación entre competencias específicas de las comunidades autónomas y que ésta, no porque es exclusiva del Estado. Pues, no. Si partimos del concepto de agua como concepto sinónimo de río y ese agua o río circula por un solo territorio, no hay que salirse del rigor y no se puede decir lo que usted ha dicho.
Por tanto, si son distintos ríos serían competencias de diferentes comunidades autónomas. En el caso del Guadalquivir, lo he repetido aquí; el 89 por ciento circula por el Guadalquivir y hay otros tres ríos --efectivamente, cuenca es lo que converge en una sola cuenca que va a dar al mar-- muy pequeñitos, que son los que impiden, no en función de la aplicación del Estatuto --en eso me parece que coincidimos--, ni de la Constitución, la transferencia del Guadalquivir o, en este caso, como pedimos de manera más general, la adecuación de la ley a la construcción del Estado de las autonomías.
¡Claro que lo pedimos para todos los casos similares, señor Diputado! Si hay ríos, como el Guadalquivir, que nacen y mueren y en una comunidad autónoma, aunque tengan confluencia con otros ríos más pequeños o más grandes, claro que pedimos esa competencia, llevada de manera mixta --cooperativa, en función del artículo 145 de la Constitución--, para el resto de las comunidades autónomas; ¡claro que sí! Se puede dar en algún otro caso, pero fundamentalmente se da en el Guadalquivir. Alguno de ustedes ha reconocido --yo participé en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la redacción del Estatuto de autonomía-- que se les escapó.
Les queremos decir que el Guadalquivir, cambiando el concepto de cuenca por el de cuenca divisible, utilizando el artículo 145 de la Constitución y, si usted quiere, para ampliar competencias en este momento en que ustedes van a ampliar competencias a otras comunidades, utilizando el artículo 150, que permite la ampliación de competencias, si hay voluntad política se puede solucionar.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.


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Señor Diputado, le ruego que no me dé lecciones ahora precisamente, no me diga lo que es más de izquierdas o más de derechas o si somos demasiado andalucistas. Yo no he utilizado ni una sola vez la palabra «andalucista». Le estoy diciendo que ahora --hace tres años, hace cinco, en 1982, cuando lo pedimos en el Parlamento de Andalucía-- el Guadalquivir tiene que gestionarlo Andalucía. Usted ha hablado de aguas subterráneas. El acuífero 27, el que abastece al Parque Nacional de Doñana, tiene que gestionarlo Andalucía y esto es posible. Si en otras comunidades autónomas se reproducen estas mismas características, también es posible y necesario en ésta puesto que estamos construyendo el Estado de las autonomías.
Termino, señor Presidente. Usted habla de no poner fronteras indivisibles. Estoy totalmente de acuerdo con esa norma de la Comunidad Europea, pero usted me da la razón. Si no existen las fronteras entre las comunidades autónomas --puesto que no existen--, por qué ponerle fronteras a las cuencas. No existen fronteras, por tanto usted mismo me da la razón cuando utiliza esa argumentación. La gestión hasta ahora del Guadalquivir, señor Diputado, como la de otros ríos --usted me ha citado al Guadalquivir y por tanto me paro brevísimamente, señor Presidente, en este ejemplo-- es muy mala, está mal regulado, se escapa el 38 por ciento del agua, la contaminación es tremenda; se dice de broma que nace y muere en Jaén por el alpechín, por las gamilas. Y todo tipo de política autonómica, económica, agrícola y ecológica que no parta del Guadalquivir en Andalucía no es una gestión autonómica cuando tenemos las competencias máximas del artículo 151 de la Constitución.
Señor Diputado, su oposición --oposición aquí más que en Andalucía porque en los mítines no se oponen tanto-- es una opción política que han tomado, no es una opción constitucional; es una opción política centralista y menos de izquierdas, desde luego, que la que estoy defendiendo aquí.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
El señor Jerez tiene la palabra.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, hemos oído al Diputado de Izquierda Unida decir que aquí no se deben dar lecciones de izquierda y derecha. Me imagino que de ahora en adelante en los debates que tengan los representantes de su Grupo no se erigirán como los defensores exclusivos de la izquierda, porque parece que a usted le molesta que el Partido Socialista dé lecciones de izquierda y derecha y no las asumen. Vamos a ver si somos, como tenemos que ser, lo más objetivos posible.
Me dice que no se defienden las mismas posturas en Andalucía.
Yo le voy a preguntar algo: Enseñe usted su proposición de ley a los compañeros suyos que estén en la cuenca del Júcar y del Segura y pregúnteles si esa proposición de ley la pueden defender en sus respectivas cuencas. Si eso ocurre --no haga esos gestos con la cabeza--, me enteraré porque es indefendible. Le he dicho a usted que no era de izquierdas porque es insolidaria la proposición de ley, no por razones técnicas; es perfectamente insolidaria esa proposición de ley.
Señor Alcaraz, si dogmático es que no aparece en la Constitución --y perdóneme si esto puede provocar risas--, el amor es dogmático porque no aparece en la Constitución. Tiene usted unas concepciones de lo que es dogmático o no... No me extraña que le escuchemos aquí mucho el concepto dogmático, muchas veces sin venir a cuento; yo presumo que en su Grupo hay tremenda cantidad de conceptos dogmáticos.
Distintos ríos, distintas competencias. Señor Alcaraz, piense esto un poco. Si desde Albacete, circunscripción a la que pertenezco, nos dedicamos a echar alpechines al Guadalmena, me cuenta usted qué es lo que pasa en Sevilla para ver si influye o no... Usted cree que cada río tiene su propio elemento y que desde cualquier afluente se puede echar lo que sea con la única condición de que esté en otra comunidad autónoma. Le pongo el caso porque esta provincia a la que pertenezco tiene una parte del Guadalquivir. En su concepto y siguiendo sus normas, si nosotros echamos alpechines a ese río, ustedes no tienen problema por lo que veo. No me diga que la defensa de su concepto de transferir el Guadalquivir a Andalucía puede hacerle a usted defensor de conceptos indefendibles en cualquier foro que racionalice, porque no es así, señor Alcaraz.
Le he dicho a usted no crear por la carta de Europa fronteras administrativas en la misma cuenca, porque la cuenca es una unidad de gestión y hasta ahora la más eficaz y yo le diría que la única posible, por no caer en una definición que excluya cualquier tipo de posibilidad de nuevas racionalidades. Hasta ahora es así y así ha sido asumido por su propio Grupo cuando se planteó la ley en esta Cámara.
Por lo tanto, ya le digo: muévase usted en los justos términos de defensa de su concepto, pero no anule todo lo que está alrededor con tal de que su concepto, más pequeño en este caso aunque muy importante, se salga con la suya. Midiendo cada uno el concepto en el que estamos, sin poner en cuestión todo lo demás, es posible que no ganemos la votación pero, por lo menos, tendremos la ventaja de hablar con claridad y hacer un discurso razonable, que, al menos, en nuestra tierra de procedencia se entenderá.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


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El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, con su permiso, vamos a compartir el tiempo el señor Mur y un servidor. En un principio, mi alocución es muy corta. Es en solidaridad con la Guardia Civil. Acabo de recibir una llamada de teléfono. La Guardia Civil ha visto caer hoy a dos de sus miembros, asesinados vilmente y rematados incluso con sus propias armas.
El hecho ha acontecido en el pueblo de Siete Aguas, en Valencia. La autoría no ha sido aún reconocida pero, sea quien sea el que lo haya cometido, mis palabras de solidaridad con las víctimas. Naturalmente los autores son seres perfectamente despreciables.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
El señor Mur tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
En el turno del Grupo Mixto voy intervenir para fijar la posición en la toma en consideración de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya sobre la reforma de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, para que sea adecuada al Estado autonómico. Como SS.SS. pueden comprender, para el Partido Aragonés éste es un tema de vital importancia y no queremos dejar pasar la oportunidad que se nos brinda para fijar nuestra posición en algo que, desde el punto de vista de nuestro Partido y desde el punto de vista de Aragón, es fundamental.
En primer lugar, quiero decir que vamos a apoyar con el voto esta toma en consideración y aclarar, a renglón seguido, que podemos no estar de acuerdo en la totalidad de la propuesta pero que, en todo caso, en el trámite parlamentario, introduciríamos también, por vía de enmienda, nuestros propios criterios.
Sin embargo, el hecho de traer aquí a debate algo que tiene relación con la Ley de Aguas y con el Estado autonómico ya me parece en sí mismo importante, porque, señorías, la Ley de Aguas de 1985 es una ley centralista, es una ley que desconoce el Estado autonómico y es una ley que fue fruto de aquella involución autonómica, cuyo ambiente político de alguna manera impregnaba la legislación básica del Estado en 1985 y a la que el Partido Socialista no pudo sustraerse en aquellos momentos.
Recuerdo en la tramitación de la ley de Aguas que el Partido Aragonés tuvo una importante participación y dejamos clarísimos algunos conceptos que luego no se vieron reflejados en la misma. Señorías, la Ley de Aguas y algunas de sus consecuencias inevitables, como el Plan Hidrológico Nacional - -aquí hay que hacer hincapié en que a alguien le traicionó el subconsciente cuando calificó el Plan Hidrológico como «nacional», una terminología que nos recuerda conceptos preconstitucionales en la distribución del poder territorial en España--, cuya elaboración todos entendemos como racional a partir de los planes de cuenca, como una cuestión previa, y que, después, en la realidad no ha sido así, es una consecuencia del mal planteamiento de la filosofía que inspira la Ley de Aguas.
El señor representante del Grupo Socialista ha dicho una frase que espero ver reflejada en el «Diario de Sesiones» y que copio literalmente, haciéndola mía: «La cuenca como un conjunto y principio indivisible.» Pues bien, señores del Grupo Socialista, si la cuenca es... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MUR BERNAD: Si la cuenca es un conjunto y un principio indivisible, nosotros estamos de acuerdo en que va a ser muy difícil después justificar los criterios que informen los trasvases entre cuencas, algo que nos parece básico y fundamental, porque el Plan Hidrológico debe tener como principio inspirador el principio reequilibrador, no el principio del desarrollismo, basado sólo en los criterios de las presuntas demandas de agua.
De ahí que creamos que los organismos de cuenca pueden y deben gestionarse de modo distinto a como se está haciendo ahora.
Pueden adaptarse mucho mejor a las comunidades autónomas, pueden adaptarse al Estado de las autonomías y efectivamente, si modificamos la Ley de Aguas, como en esta proposición de ley se pretende, podremos rectificar algunos de los preceptos que figuran en los Estatutos de Autonomía. Pongo como ejemplo el Estatuto de Autonomía de Aragón, donde hay una bella frase que se ha quedado sólo en eso al decir que son competencia exclusiva de la Comunida Autónoma Aragonesa las aguas que discurren íntegramente por el territorio aragonés y resulta que, con la interpretación de la Ley de Aguas, no hay ninguna que discurra salvo los ibones del Pirineo que, como todo el mundo sabe, son aguas que no discurren, al parecer igual que algunos de los políticos que redactaron el Estatuto de Autonomía de Aragón. Nos parece que éste es un debate interesante en el que habrá que hacer un esfuerzo para adaptar la legislación de aguas, que para nosotros es fundamental y básica, al Estado de las autonomías, para quitar ese espíritu centralista, centralizador, que tiene la Ley de Aguas y, en definitiva, para abrir en esta Cámara dos debates muy necesarios alguno de los cuales estamos echando en falta y reclamando desde hace mucho tiempo: el debate del Plan Hidrológico que está todavía pendiente y que esperamos que el Gobierno se atreva a traer en un plazo breve a esta Cámara y, por supuesto,

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el siempre e inacabado tema de la adecuación del poder político y de la Administración española al Estado de las autonomías que diseña nuestra Constitución.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la reforma profunda de la Ley de Aguas. A nuestro Grupo Parlamentario le parece novedoso y muy interesante el planteamiento que en su proposición de ley traslada al ámbito legislativo el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la medida en que hace un modelo de gestión de los recursos hídricos a nuestro juicio más adecuado a la realidad, como plantean en su exposición de motivos, del Estado autonómico. Como SS.SS. saben, los recursos hidráulicos son dominio público estatal, son propiedad de los poderes centrales del Estado conceptuados tradicionalmente, pero las competencias de las comunidades autónomas y la misma Ley de Aguas y las sentencias del Tribunal Constitucional han admitido que el aprovechamiento y la gestión de las mismas puedan ser realizados por las comunidades autónomas. Por lo tanto, podemos diferenciar claramente la titularidad, por un lado, que sería dominio público estatal y, por otro, la gestión, el aprovechamiento, la tutela y el control de la policía de aguas, que correspondería a las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de recursos hidráulicos. La iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es un salto cualitativo en la medida en que plantea la posibilidad de que se transfiera a las comunidades autónomas la gestión de aquellos recursos hídricos relativos a las cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma, en cuyo caso el Grupo Parlamentario proponente plantea la creación de organismos mixtos entre diversas comunidades autónomas que, en definitiva, sería una modalidad de funcionamiento de las confederaciones hidrográficas donde éstas tuvieran una participación más directa y legalmente explicitada y reconocida. Nos parece un planteamiento novedoso y valiente que nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar con todo fervor. Señor Presidente, de acuerdo con las consideraciones que he realizado y por la posibilidad de que estos organismos de cuenca constituidos por las comunidades autónomas puedan aprobar los planes hidrológicos de las mismas reservando en todo caso, como corresponde a esta Cámara, la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, nuestro Grupo Parlamentario, repito, va a apoyar esta iniciativa parlamentaria. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, al fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) he de decir que el debate de la proposición de ley sobre la Reforma de la Ley de Aguas 29/1985 que hoy tratamos tiene un cierto continuismo con las discusiones de una interpelación de finales de febrero y con su correspondiente moción debatida el pasado primero de marzo. Curiosamente en la moción, que no prosperó, se instaba al Gobierno a remitir a las Cortes, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley a fin de adecuar la vigente ley de Aguas a la estructura del Estado autonómico.
Decía curiosamente porque, por otra parte, el grupo proponente en aquella ocasión nos anunciaba que ya había presentado la proposición de ley que hoy debatimos. Ya expresamos en aquellos debates que, quedando pendiente la presentación y discusión en esta Cámara del Plan Hidrológico, toda la temática hidrológica y una posible modificación de la Ley de Aguas vigente estaban condicionadas o, como mínimo, el Plan Hidrológico y la modificación de la Ley estaban mutuamente condicionados. Por ello, no nos parece oportuno el trámite, hoy y ahora, de una modificación de la Ley de Aguas. Nuestro Grupo no dará apoyo a la proposición de ley que debatimos.
Por otra parte y en análisis breve y concreto del texto de la proposición de ley, he de comentar que su presentación fue motivada --así lo refleja la exposición de motivos y también la intervención del Portavoz del Grupo proponente-- por una situación concreta de una sola confederación hidrográfica y el interés para una sola comunidad autónoma con extensiones a otras comunidades, extensiones de forma sencundaria.
Lógicamente, el posterior desarrollo del texto tiene una serie de criterios que a nosotros no nos parecen adecuados. Así, parece técnicamente inadecuada, como decía, la regulación que se efectúa de los siguientes puntos, entre otros. Se construye toda la atribución de competencias a las comunidades autónomas a partir del artículo 15.d) de la Ley de Aguas, referido a la encomienda de la tramitación de autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, sin que se incluya un precepto que expresamente otorgue competencias sobre la concesión y administración de dicho dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.


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Parece innecesario, además de contrario al principio de autonomía que comporta amplias potestades de autoorganización, establecer con detalle en la Ley de Aguas modificada, como se nos propone, la regulación de los organismos de cuenca autonómicos para el ejercicio de las competencias transferidas. En este sentido, parece suficiente, según ha aceptado el Tribunal Constitucional, que la administración hidráulica autonómica observe las bases contenidas en el artículo 16.1 de la Ley de Aguas vigente, dejando a la legislación propia de cada comunidad autónoma la regulación detallada.
Resulta también un tanto confuso el procedimiento establecido en las disposiciones adicionales para el acceso de las comunidades autónomas al ejercicio de las competencias hidráulicas. Si de la combinación de la Ley de Aguas modificada que se propone, resulta que en los estatutos respectivos corresponde a las comunidades dicho ejercicio, no puede hablarse de disponibilidad o interés en el mismo.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Asimismo, y terminando ya, la atribución de competencias a las comunidades autónomas en materia de administración y gestión del dominio público hidráulico, no puede quebrar el tratamiento unitario de las cuencas hidrográficas en aspectos como la planificación u ordenación general de los recursos. En este sentido, plantea dudas la sustitución de la autoridad estatal por un órgano mixto de constitución exclusivamente intercomunitaria. Es decir, no es aceptable la propuesta de dichos órganos mixtos de gestión entre comunidades autónomas y sí, en cambio, la creación de organismos propios de gestión de cada comunidad autónoma, aunque no afecten a la totalidad de una cuenca.
Estos son puntos básicos que hacen que nosotros consideremos un balance negativo. Sí vemos --¡cómo no!-- que hay algunos aspectos positivos en la proposición de ley, pero el balance de todo lo expuesto y el estudio que hemos realizado sobre el tema nos lleva, como decía, a un balance que nos define la necesidad de no aceptar la propuesta.
En consecuencia, nuestro voto, tal como he anunciado anteriormente, será negativo respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Popular con respecto a la proposición de ley de Izquierda Unida de modificación de la Ley de Aguas y su adecuación al Estado autonómico.
Vaya por delante que mi Grupo va a oponerse a la toma en consideración de dicha proposición de ley, por tres razones fundamentales. La primera, porque entendemos que la ley que se pretende modificar --que, por cierto, tuvo un nacimiento controvertido y difícil-- está en la actualidad suficientemente asentada y, por consiguiente, no parece razonable su modificación. En segundo lugar, porque la Ley que nos ocupa es bastante posterior a la construcción del Estado autonómico y en ella ya se contempla dicha realidad, pero, además, no es cierto, señor Alcaraz --parece muy fuerte tener que aceptar eso--, que la Ley de Aguas introduzca en su articulado una serie de conceptos restrictivos sobre la Constitución y los respectivos estatutos de Autonomía en los temas referidos a la territorialidad hidrológica, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la proposición de ley, porque, si había algunas diferencias al respecto, éstas quedaron subsanadas mediante la firma del pacto autonómico que dio lugar a la Ley orgánica de transferencia de competencias a comunidades que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución; no es cierto, señorías, porque los términos contemplados en el artículo 149 de la Constitución y el artículo 14 de la Ley no son en absoluto antagónicos; no pueden serlo. Que la Constitución establezca en el ya precitado artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre «legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma», no parece ninguna barbaridad y ello sin tener, como le ocurre a mi Grupo, una visión estatalista de la política.
Y, en tercer lugar, señor Presidente, señorías, porque da la sensación --se ha dicho, además, aquí por el señor Alcaraz-- que el objeto de la iniciativa de Izquierda Unida es eliminar de la Ley de Aguas los principios de unidad de cuenca y de indivisibilidad de la misma, con el fin de alterar los vigentes criterios de reparto de las competencias en materia de aguas entre el Estado y las comunidades autónomas. El criterio actual es claro, ya que corresponde a la Administración del Estado la competencia respecto a aquellas cuencas cuyos ríos transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, mientras que, por el contrario, podrán ser de competencia de la comunidad autónoma correspondiente las cuencas hidrográficas cuyos ríos transcurran íntegramente por el territorio de esa comunidad.
A conseguir este objetivo de cambio de criterio en la delimitación competencial tienden la modificación pretendida por la proposición de Izquierda Unida en los apartados primero a sexto de su artículo único. No tiene sentido romper, desde el punto de vista de las competencias

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administrativas, lo que es una realidad física: la cuenca hidrográfica. Pretender, señorías, que sobre una sola cuenca, en el sentido físico, tengan competencias distintas administraciones públicas, es hacer imposible cualquier pretensión de optimizar y racionalizar la gestión de un bien escaso como es el agua.
Con respecto a los apartados 7.º a 14.º del artículo 1 de la proposición que debatimos, merecen por nuestra parte, igualmente, rechazo, por cuanto únicamente pretenden regular la organización de la administración hidráulica de las comunidades autónomas, a las que se pretende transferir partes, trozos de cuenca, así como ciertos requisitos y condiciones de tales traspasos. Porque en el supuesto de que se estuviese de acuerdo con tales transferencias, y, evidentemente, éste no es el caso, no procedería que una ley estatal regulase la organización administrativa de los organismos de cuenca, por cuanto esto sería competencia de cada una de las comunidades autónomas.
En resumen, señor Presidente, señorías, mi Grupo considera que esta proposición de ley no es oportuna, no es tampoco conveniente ni necesaria su aprobación y, por tales razones, vamos a votar en contra de la toma en consideración. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Vamos a proceder a la votación. Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de reforma de la Ley de Aguas para su adecuación al Estado autonómico. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 24; en contra, 275; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION (Número de expediente 410/000004)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única, por el propio Pleno, de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA DE ELECCIONES A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA LEY 9/1987, DE 12 DE JUNIO, MODIFICADA POR LA LEY 7/1990, DE 19 DE JULIO (Número de expediente 121/000048)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, asimismo, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el mismo artículo 150, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa... (El señor Aznar López entra en el hemiciclo.-- Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) ... y en lectura única, por el propio Pleno, del proyecto de ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--PROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (Número de expediente 121/000041)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de arrendamientos urbanos. ¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobado.


AMPLIACIONES DE PLAZO DE COMISIONES DE INVESTIGACION:

El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado también someter al Pleno la solicitud formulada por la Comisión de Investigación sobre la situación, evolución y gestión del patrimonio de don Mariano Rubio Jiménez, así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas durante el período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España, de ampliación del plazo para realizar sus trabajos hasta el fin del actual período de sesiones.


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¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Finalmente, la Mesa de la Cámara ha acordado también someter al Pleno la solicitud formulada por la comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director General don Luis Roldán, de ampliación del plazo para realizar sus trabajos hasta el día 17 de junio a los solos efectos de aprobación de su dictamen.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACION):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO (ORGANICA.) (Número de expediente 122/000041)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. Tiene la palabra el señor Robles Fraga. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me toca presentar la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal sobre la creación, tipificación de la apología del delito de genocidio.
Me satisface en esta primera intervención en esta tribuna hacer realidad algo que ya viene contenido en nuestro programa electoral de las elecciones europeas últimas sobre la necesidad de establecer una política común de lucha contra la xenofobia, el racismo y el antisemitismo y, como ustedes saben, y si no lo saben se lo recuerdo, ese programa ha obtenido el aval y el refrendo mayoritario del pueblo español.
También es un compromiso que engarza con la vieja tradición del liberalismo y del constitucionalismo español, que se preocupó en el siglo XIX y en el XX de establecer vínculos entre la Corona y la Nación con las comunidades sefarditas españolas, con las que se establecían mecanismos privilegiados de acceso a la nacionalidad española y a las que se protegía en los momentos de crisis con el amparo de las autoridades de nuestro Estado.
La reciente proliferación de episodios en distintas partes de Europa de violencia antisemita y racista, las campañas de violencia y limpieza étnica en la guerra de la antigua Yugoslavia, que tienden a restituir carta de naturaleza al odio racial, étnico y religioso, son un fenómeno especialmente preocupante que viene siendo abordado en las instancias europeas desde hace varios años. Permítanme recordar el informe Ford de 1990 del Parlamento Europeo, el informe «People» en 1993, en los que se considera que dichas prácticas son extremadamente peligrosas para los valores democráticos, la Declaración del Consejo de Edimburgo de 1992 reclamando medidas enérgicas y eficaces, diversas resoluciones del Parlamento Europeo, diversas proposiciones de resolución, algunas con la firma de los parlamentarios del Partido Popular, y no sólo de parlamentarios del Partido Popular, sino también de otros españoles de otros grupos parlamentarios, y muy especialmente la declaración y el plan de acción establecido en Viena en 1993, en el que, entre otras cosas, se exige un esfuerzo para reforzar las leyes nacionales y los instrumentos internacionales para adoptar medidas sobre el plan nacional y europeo y se establece el compromiso de actuar contra todas las ideologías, políticas y prácticas que inciten al odio racial, a la violencia y a la discriminación, y se establece la creación de un comité de expertos gubernamentales que tienen como objetivo y mandato examinar las legislaciones, las políticas y las medidas tomadas por los estados miembros para combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Al margen de la incidencia directa que estos fenómenos puedan tener en nuestra patria, la verdad es que nos sentimos movidos por un deber básico de solidaridad europea y por un deber de solidaridad histórica con las comunidades sefarditas españolas, que, recordarán SS.SS., marcharon al holocausto hablando en español. Las normas españolas vigentes no parecen proporcionar mecanismos o instrumentos bastantes para la acción decidida que se nos impone en detrimento de esa obligación de solidaridad y en detrimento de los convenios internacionales firmados que obligan a nuestro país. Es cierto que el artículo 137 bis del Código Penal tipifica el delito de genocidio en cumplimiento del Convenio de 1948, y es cierto también que los artículos 173, 74 y 75 del Código Penal declaran asociación ilícita las que promuevan la discriminación racial o inciten a ello. Sin embargo, porque estos tipos están construidos a partir del resultado o porque la acción que nuestra propuesta de reforma del Código Penal trata de perseguir no se realiza desde movimientos asociativos constituidos como tales, sino de una manera mucho más vaga y mucho más fluida, nos vemos obligados a reforzar, creemos que estamos obligados a reforzar los tipos establecidos en el Código Penal adecuándonos a aquéllos establecidos en otros países europeos. El Convenio de 21 de diciembre de 1965, firmado en Nueva York, sobre la discriminación racial, en sus artículos 2 y 4 establece la prohibición de cualquier acto o práctica de discriminación racial y prohíbe alentar, defender o apoyar estas prácticas y exige a

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los estados prohibir y suprimir la discriminación que practican cualesquiera personas, grupos y organizaciones. Sin embargo, va mucho más allá del artículo 4.º de este Convenio, que condena la propaganda y las organizaciones que se inspiran en ideologías racistas, y declara delictivo toda difusión de ideas racistas y toda incitación a la discriminación racial.
También nos encontramos obligados no solamente por las instancias europeas, sino por un deber mínimo de solidaridad europea que emana de la comparación de nuestro derecho con los derechos de otros países, como el Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, etcétera. Se trata, pues, de perseguir actividades que no están cubiertas por la legislación española. Y ya se planteó en esta misma Cámara por parte del Gobierno, y en el Senado también en respuesta a una Senadora socialista, el problema que parecía plantear el conflicto entre la proposición del Partido Popular y el derecho a la libertad de expresión, a la libertad ideológica. Sin embargo, curiosamente, los países que establecieron reservas al Convenio de Nueva York, precisamente para proteger las garantías a la libertad de expresión, que fueron Reino Unido, Francia y Bélgica, son algunos de los países que con más dureza castigan esta propaganda racista, castigan la incitación al odio racial, castigan la reivindicación, la propaganda de las doctrinas e ideologías que incitan a la discriminación racial y que se reivindican de las ideologías derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. El planteamiento de nuestra proposición es simple. Se trata de crear el delito de apología del genocidio, constituido por referencia al delito de genocidio, como en el caso de la apología del terrorismo. Así, pues, habría apología del genocidio cuando, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, se expongan ideas o doctrinas tendentes a considerar encomiables hechos que son constitutivos de delito o enaltecen a sus autores. Además, en el punto 2 del nuevo artículo 137 bis b) que proponemos para el código penal castigamos a los que fabrican, difunden o exhiben símbolos o cualquier otro medio de propaganda que representen o defiendan los hechos tipificados en el artículo anterior. Seguimos así la legislación alemana, que trata, como hace nuestra propuesta, de impedir actividades preparatorias o complementarias de la apología del genocidio que tienen efectos dentro y fuera de España.
Me permito recordar a SS.SS. que muy recientemente en esta misma Cámara este Diputado que les habla planteó la vergüenza que ante Europa suponía que España fuera base logística, base de refugio, lugar en el que se difunden, preparan, publican, con el apoyo de grupos minoritarios españoles, también denunciados en las instancias europeas, escritos, libros y todo tipo de medios de comunicación que se reivindican en las ideologías nacional-socialistas y en aquellas ideologías derrotadas, como decía, en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también muy en cuenta la cuestión de cómo orillar el respeto a las garantías en materia de libertad de expresión y de libertad ideológica. En un caso planteado ante el Tribunal Constitucional, el caso Violeta Friedman contra León Degrée, de 11 de noviembre de 1991, el Tribunal Constitucional declaró que ni la libertad de expresión ni la libertad ideológica comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo, puesto que no existen derechos ilimitados, ya que por encima está el derecho al honor de la persona o de las personas afectadas y por encima de ello está el derecho a la dignidad humana.
Estos derechos no garantizan el derecho a establecer, expresar o difundir entendimientos de la historia o concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal o social.
Permítanme, señorías, que como conclusión insista sobre la oportunidad de esta reforma. Es posible que en el futuro Código Penal se prevean medidas como las que propone el Grupo Popular. Sin embargo, en sí misma tiene un valor que va más allá de una mejora técnica de los instrumentos jurídicos, de los instrumentos de los que la sociedad democrática española se dota para defender esos valores fundamentales sobre los que se asienta nuestra convivencia y sobre los que se construye la Unión Europea.
Debemos hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo que llame a todos para rescatar nuestra memoria y nuestra historia para unirla a la memoria y a la historia europea. Debemos dotarnos de mecanismos que permitan hacer prevalecer la dignidad y la verdad sobre quienes la atacan. Debemos contribuir también al crédito de nuestro país, que no se ve beneficiado en modo alguno cuando somos señalados como un país en el que, por deficiencias jurídicas, se cometen delitos condenados en todos los demás países de la Unión Europea. Finalmente, debemos defender esos valores democráticos sobre los que se asienta Europa; debemos también contribuir desde España a unir nuestra historia con la historia europea, a unir el dolor del recuerdo de las comunidades sefarditas a la voluntad de construir una Europa mejor, en la que no haya sitio para quienes practican, difunden o propagan teorías que incitan al odio racial, que se basan sobre la discriminación por motivos raciales o que justifican, ensalzan o alaban a quienes cometieron los mayores crímenes de la historia europea. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)

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Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, al fijar su posición frente a esta proposición de ley que nos acaba de presentar el señor portavoz del Grupo Popular, quiere manifestar su plena identificación con todos los puntos que constituyen el fondo y la forma de la misma. Puede ser que como el Gobierno tiene anunciado, por boca del señor Ministro de Justicia e Interior, la presentación de un nuevo proyecto de Código Penal, habría que dejar la expectativa pendiente para que en este futuro Código Penal se recoja esto, pero, sea cual sea la suerte que corra hoy aquí esta proposición de ley, nosotros la apoyamos ahora y la apoyaremos en el momento en que el nuevo Código Penal venga a esta Cámara, porque pediremos que este nuevo documento, base del ordenamiento penal español, fije su atención en la penalización de los delitos de xenofobia y de genocidio.
Creo que la proposición se presenta en un mes tremendamente oportuno por las efemérides que toda la prensa y la opinión pública democrática europea y occidental ha estado conmemorando en estos días, es decir, lo que ha sido el famoso en la historia hace cincuenta años día D, cuando aquellos ejércitos democráticos penetran en Europa, donde está imperando precisamente la doctrina que aquí se denuncia para el tipo de Código Penal que se pide, de la xenofobia y el racismo. Es preferible que la Europa democrática se embarque en una defensa de estos valores humanos, frente al genocidio y la xenofobia, desde el Código Penal, que no con el tremendo sacrificio de sangre, vidas humanas y daños materiales que ocurrió hace cincuenta años en Europa.
Cuando tenemos una larga experiencia como Diputados en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde hemos visto, a lo largo de estas últimas legislaturas y de los últimos años, el desgranar de acuerdos y convenios internacionales que España ha suscrito y que todas las fuerzas políticas parlamentarias han apoyado con su voto, a favor de la defensa de los derechos humanos, la ratificación de todos los acuerdos y convenios salidos de la Carta de las Naciones Unidas que han ido en lucha contra el genocidio y la xenofobia; cuando recientemente, hace escasamente un par de meses, aprobamos aquí una iniciativa para sustentar, con el apoyo del voto democrático, la existencia de un tribunal que juzgase delitos contra los derechos humanos en la ex Yugoslavia --aunque no lo ha recordado aquí el señor portavoz del Grupo Popular--, delitos de xenofobia, genocidio y racismo, nosotros entendemos que, para defender esos derechos humanos con nuestro propio voto democrático, aquello que podía parecer una simple motivación de declaración de buenas intenciones hay que recogerlo también porque vemos el vacío jurídico que ese tribunal internacional nos puede crear por no estar recogida la propia figura en nuestro Código Penal.
Nosotros creemos que esta proposición de ley orgánica que trae el Grupo Popular atina también en señalar que, entre lo que es punible, lo que va a ser castigado, figura fundamentalmente la apología del mismo. El problema que estamos viendo actualmente en Europa, donde se están dando estos brotes de xenofobia y de racismo, es que vienen amparados por una apología de los mismos, apología que se ve asimismo reflejada en el sinnúmero de aparatos de la parafernalia, que son recogidos en el punto 2 de la proposición del Grupo Popular.
Combatir con el efecto disuasorio de las penas reconocidas nuevamente en el Código Penal, frente a esta apología y una propaganda de lo que aquí se trata de combatir como verdaderas lacras que se han dado lamentablemente en el mundo culto, civilizado, democrático y occidental de nuestro contexto europeo. Cuando estamos viendo que, para tener fuerza moral en los acuerdos que ha suscrito España de defensa de los derechos humanos, se están conculcando en áreas de países del Mediterráneo, que incluso en algunos socios del marco internacional del que forma parte España, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se conculcan por parte del Estado turco los derechos que amparan en los tratados internacionales, por ejemplo, a la minoría kurda, creemos que nosotros tenemos que estar preparados ya, con las defensas jurídicas pertinentes en nuestro Código Penal.
Por estas razones, señorías, porque no parecería sino que estábamos metidos en una obra de ciencia ficción, al estar hablando, a estas alturas de la democracia en España y en Europa, pero ahí está la realidad contumaz de los hechos, que hay unos brotes que tratan de traer viejos vientos de muerte, de xenofobia y de racismo, para traducirlos en la matanza del genocidio, nosotros tenemos que poner el primer apósito para curar la enfermedad en nuestro propio Código Penal. La postura de Coalición Canaria aquí es inequívoca y, por tanto, vamos a votar afirmativamente esta proposición de ley, como haremos también en su día en el nuevo Código Penal.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, y ante la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio, presentada por el

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Grupo Parlamentario Popular, quisiera hacer algunas consideraciones en relación a la apología del genocidio.
Si bien esta conducta es verdad que no está tipificada como delito específico en la legislación española, no es óbice para que esta conducta deba ser punible. En la regulación vigente sobre la provocación, el artículo 4 del Código Penal, se pueden subsumir algunos casos de apología. Asimismo, en tanto que la conducta constituya un exceso al ejercicio de la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, podría ser constitutiva de un delito de injurias o bien propiciar la aplicación de la ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Señorías, el anteproyecto de ley del Código Penal de 1994 integra la apología punible en el marco de la provocación. El artículo 18.3 prevé una definición de apología sustancialmente idéntica a la que establece el artículo primero de la proposición de ley orgánica que nos ocupa y dispone que la conspiración, proposición o provocación para delinquir sólo se castigarán en los casos previstos en la Ley, artículo 17.
Estos actos preparatorios del delito son tenidos por los primeros actos externos que pueden determinar consecuencias jurídico-penales. La discusión gira en torno a si es o no correcta su punición. Actualmente, la doctrina más extendida rechaza el sistema de punición general de los actos preparatorios, tanto por sus defectos jurídicos, pues resulta difícil fijar el momento de la exteriorización relevante y es discutible también, política y criminalmente, cuándo es preciso reprimir esas exteriorizaciones, cuanto por su inoperancia real, sin perjuicio de que se admitan por algunos ciertas excepciones, cuando se trate de comportamientos particularmente graves que, por serlo, no pueden dejarse sin reacción hasta que se produzcan los actos externos, o los que se orienten, por ejemplo, el caso del terrorismo.
El indicado anteproyecto de ley sanciona el delito del genocidio en el artículo 598 y la apología en el 606 con la misma pena que lo hace el artículo primero de la proposición de ley orgánica que hoy presenta el Grupo Popular. En el debate en Comisión del proyecto de ley de reforma del Código Penal, en la anterior legislatura, el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya había presentado enmiendas al proyecto con la finalidad de que se incluyeran las motivaciones de índole racista basadas en el origen étnico de la víctima como condición agravante de un delito. También se pretendía incorporar dentro del concepto de temor las comunidades y grupos étnicos que hoy se ven desprotegidos por las amenazas de grupos racistas. Asimismo, presentamos enmiendas en el sentido de que la discriminación racial o étnica o bien la incitación a ella fuesen motivo de asociación ilícita. Tipificábamos la apología del genocidio; tipificábamos también como delito la publicación o distribución de materiales impresos o audiovisuales de contenido racista o xenófobo y también incluíamos la discriminación en el trabajo originada por la pertenencia a una etnia. Más recientemente, en el debate relativo al proyecto de ley orgánica para la cooperación de España con el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la ex Yugoslavia, pusimos de manifiesto nuestro total rechazo a las prácticas genocidas y a cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos.
En definitiva, entendemos que los actos de apología del genocidio son particularmente graves y son merecedores de la correspondiente sanción penal; que la tipificación de las conductas del artículo 137 bis, b), dos, pensamos que podrían ser más criticables por su carácter, que podrían tener, de alguna manera, equívoco. No obstante, en la Resolución 119 del Parlament de Catalunya, sobre las publicaciones de carácter nazi, fascista o racista, se condenó enérgicamente la edición y la difusión de todas estas publicaciones, e instó al Consell Ejecutivo de la Generalitat a que se realizaran las gestiones necesarias para que la legislación estatal hiciera posible su prohibición o su control. En consecuencia, señorías, vamos a apoyar la propuesta del Grupo Popular, aunque nos parecería que sería apropiado subsumir en el próximo proyecto de Código Penal la tipificación de la apología del delito de genocidio, porque, de alguna manera, quedaría en un marco más general.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Alemany. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley sobre regulación o inclusión en el Código Penal del delito de apología del genocidio. El delito de genocidio, que se acuñó como tal en los textos de defensa de los derechos humanos internacionales después de la II Guerra Mundial, como consecuencia de los crímenes cometidos por los grupos nazis fundamentalmente, contra grupos étnicos o políticos, desgraciadamente sigue estando de actualidad. Por ello, es especialmente oportuna esta iniciativa que, como ha sido señalado por otros grupos parlamentarios, debería engarzarse o sincronizarse con la próxima tramitación, o creemos que próxima tramitación, del proyecto de Código Penal.
Una definición sintética de lo que es el delito de genocidio es la formulada por Rafael Lemkin, que se considera

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que es el creador del término, y dice que es aquel crimen especial consistente en destruir intencionadamente grupos raciales, religiosos o nacionales, cometido tanto en tiempo de guerra como de paz, y compuesto por varios actos subordinados todos ellos al dolo específico de destrucción del grupo. Es una definición de lo que es el delito de genocidio en la que se integran, seguramente de una forma bastante completa, todos estos hechos que tuvieron su origen o su entrada en el Derecho Internacional, aunque, desgraciadamente, no es una costumbre que se haya iniciado en el siglo XX, sino que viene de muchos siglos atrás, con motivo de la actuación del poder del fascismo, fundamentalmente en Alemania durante la II Guerra Mundial y antes de la misma. Lamentablemente, hoy sigue estando de actualidad y podemos considerar claramente como actos de genocidio los sucesos de Yugoslavia, la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina, o los sangrientos sucesos de Ruanda y otros países en guerra en Africa. Todo ello llevó a la Convención Internacional sobre el Genocidio de 1948, auspiciada por Naciones Unidas, que fue, por fin, ingresada parcialmente en el Código Penal español a través del actual artículo 137 bis, que es el que se propone reformar esta proposición de ley, de forma que se coordina el Derecho internacional Penal con el Derecho Penal internacional.
El genocidio es un verdadero crimen contra la humanidad, la negación de la humanidad por uno de sus grupos en aplicación de una determinada doctrina o posición. No es un crimen de un hombre contra un hombre, de una mujer contra una mujer, de un ser humano contra un ser humano, sino la puesta en ejecución de un plan concertado para apartar a determinados seres humanos de la humanidad. Es una afirmación de un determinado grupo dominante, de forma que los miembros de otro grupo serían inferiores a él y, por tanto, impunemente, podrían ser perseguidos y exterminados. El delito de genocidio tiene las mismas raíces, los mismos orígenes que todos los delitos relacionados con el racismo y las actuaciones xenófobas, que son el pan nuestro de cada día en el mundo actual, en nuestra Europa y también en España.
El bien que se persigue a la hora de regular el delito de genocidio es el de la defensa de grupos humanos, sea cual sea su raza, su religión, su etnia o su nación. Se trata, de defender el pluralismo universal de las religiones, de las razas, de las etnias, y esto está, sin duda, muy de acuerdo con el espíritu constitucional, en nuestro artículo 1.º, en nuestro artículo 10, la dignidad del ser humano, en el artículo 15, igualdad ante la ley. Todos ellos condenan, explícita o implícitamente, el genocidio en sus aspectos de genocidio físico, de destrucción física de un grupo humano, biológico, una preparación para esa destrucción, o incluso cultural. Nosotros entendemos que el Código Penal español también protege del genocidio cultural, aunque es algo que se ha discutido. Ahora bien, el problema no es del sujeto pasivo, que está muy claro, sino del sujeto activo: por eso, el castigo del delito de genocidio es extremadamente difícil y prácticamente inexistente, ya que el genocidio suele ser cometido por los detentadores del poder estatal que sólo pueden ser, por definición, juzgados y condenados cuando son derrocados por otro Estado o por una revolución. Sin embargo, la apología del genocidio, que es lo que se intenta regular para castigarlo en esta proposición de ley, sí que puede ser puesta en práctica por sujetos activos que no son el Estado, que no son autoridades públicas, que pueden serlo, pero que no necesariamente tienen por qué serlo, pueden ser sujetos privados. Nosotros estamos desgraciadamente escuchando, implícita y explícitamente, cosas, en nuestro propio país, que tienen que ver con los orígenes ideológicos del genocidio o del racismo, sujetos, por tanto, privados que pueden ser condenados si se demuestra que hacen apología del genocidio.
Es cierto que en nuestro Código Penal, en el artículo 268, se establece la tipificación de la apología, pero, aparte de que no está bien definida --y no se trata ahora de hablar de ese artículo concreto--, solamente se refiere a delitos del Título II del libro de los delitos de nuestro Código Penal, delitos contra la seguridad interior del Estado, pero no delitos contra el derecho de gentes, no delitos contra la humanidad, no crímenes contra el derecho de gentes, como es el caso del genocidio. Desgraciadamente está así regulado y por eso es especialmente procedente que haya una regulación de la apología del genocidio; no entraría en nuestro Código Penal, tal como está redactado en este momento, ya que solamente se refiere a delitos del Título II, seguridad interior del Estado, o delitos cometidos por bandas armadas.
Por último, voy a aprovechar esta ocasión para señalar que, aunque el delito de genocidio tiene otras protecciones jurídicas, como el no ser considerado un delito político a efectos de extradición, o que en este caso entendemos que no es posible que haya una eximente o una atenuante por obediencia debida, aún entendemos --al menos hasta este momento--, si no estamos mal informados, que España no ha ratificado aún el Convenio de Naciones Unidas de 1968 sobre imprescriptibilidad de este delito. No sabemos si está en trámite ahora mismo esta ratificación, pero sería importante que se ratificase este Convenio aprovechando precisamente este debate, ya que el delito de genocidio podría prescribir --ya que no está ratificado este convenio--, como otros delitos.
Sin embargo, no sucede así con delitos que son imprescriptibles, delitos de guerra o contra la humanidad.
En suma, señor Presidente, nuestro apoyo a esta proposición de ley que nos parece muy acertada, muy oportuna, y que debe convertirse en ejemplo de pedagogía

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política y ciudadana respecto de conductas, de manifestaciones que están en el origen ideológico de lo que se intenta regular y castigar en ella. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, quisiera, en primer lugar, hacer mías las últimas palabras del señor Robles desde esta tribuna, al desear que la historia de España nunca se diferencie de la historia de Europa. Mi partido, mi Grupo parlamentario y mi Gobierno siempre lo han entendido así. Hago mías sus palabras.
En segundo lugar, querría decir que no ha hecho falta que lleguen las elecciones europeas para que nos preocupemos de este tema. Afortunadamente, en el debate del anterior proyecto de Código Penal, una serie de enmiendas de distintos gurpos de la Cámara, como se ha puesto de manifiesto por la señora Alemany, contribuyeron a mejorar el texto que venía del Gobierno y a perfilar un concepto que, desde nuestro punto de vista, era satisfactorio.
Dicho esto, quisiera señalar que el genocidio se encuentra contemplado, como se ha dicho, en el Código Penal español en el artículo 137, cuando establece: los que con propósito de destruir total o parcialmente a un pueblo, un grupo nacional, etcétera. Además, la falla que han denunciado algunos de la ausencia de la apología del genocidio, pienso que, aun pudiendo establecerla mejor, sí se encuetra protegida en nuestro Derecho interno, ya que, como todos ustedes saben, a través del artículo 10.2 de nuestra Constitución, puede aplicarse a la interpretación de los derechos humanos, en este caso a los más conocidos como derechos de gente, aquellos convenios y aquellos pactos intenacionales suscritos por el Reino de España. Y como SS.SS. saben bien, en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, cito de memoria pero me parece que en el artículo 20.2, se encuentra la condena de la apología del delito de genocidio. El termino apología, en el derecho inteno, ha tenido una elaboración quizá no muy correcta ni muy continuada. Si no me equivoco, surge por primera vez este término en nuestro Derecho en el año 1845, con motivo de un decreto ley --iba a decir, cómo no- - sobre libertad de prensa e imprenta. Es verdad que con posterioridad y en tiempos más recientes, acuciados por el problema del fenómeno terrorista, se ha ido acuñando más este concepto, pero quizá más por la jurisprudencia que por los propios textos legales.
Afortunadamente, en nuestro país podemos acudir a la doctrina donde cada día más se está configurando un concepto de la apología con tres notas características. En primer lugar, la doctrina estima que habrá que excluir de este concepto la mera satisfacción individual o la simple aprobación para, inmediatamente, hacer hincapié en el elemento de la publicidad y en la obligada referencia por parte del apologeta del delito o de la persona autora del delito. Sin embargo, decía al principio, a partir del anteproyecto del proyecto del Código Penal de 1992 la apología ya figura de una manera más definida, más pulida, como una figura autónoma.
En el anteproyecto del Código Penal que hoy día se encuentra pasando los trámites preceptivos antes de llegar a esta Cámara, podemos encontrar en el artículo 17.3 la figura de la apología en conexión --y me parece importante--con la figura del provocador o de la provocación. Si en algunos casos se ha querido distinguir la apología de la provocación por la temporalidad, creyendo que la provocación sería anterior a la comisión del delito, mientras que la apología seria posterior, entiendo que en este anteproyecto de Código Penal, insisto, en su artículo 17.3, existe una distinción, desde mi punto de vista, más perfecta, en el sentido de fijar la distinción en la incitación más o menos explícita por parte del apologeta. El apologeta sería aquél que hace una incitación indirecta encubierta ensalzando la conducta delictiva, o los autores de la misma.
Centrándome en el análisis de la proposición, diría que obedece a una cierta moda del Grupo Popular de irnos enmendando el Código Penal, de acuerdo con lo aprobado en la Comisión de la anterior legislatura, a rodajas. Sin embargo, no asume toda la manera de tipificar esta figura, puesto que, desde nuestro punto de vista, estaría mejor referida, como se ha dicho también, no sólo a la figura de la apología de genocidio, sino configurando la apología como referida a todos aquellos delitos que van con lo que comúnmente se conoce como el derecho de gentes.
Por otra parte, no podemos por menos que estar de acuerdo con el concepto, puesto que no obedece al que defendió el Grupo Popular en el anterior debate del Código Penal en su enmienda 1.312, al artículo 595, sino que hace propio del Grupo Popular, y eso nos parece bien, aquel concepto ya aprobado con el consenso, con el diálogo, con otros Grupos políticos de la Cámara, y quiero recordar las enmiendas de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco. Estamos igualmente de acuerdo cuando coge el concepto del anteproyecto del Código Penal, que digo que está pasando los trámites reglamentarios, y baja, al referirse a la pena, dos grados ésta.
El apartado segundo de este nuevo artículo que se quiere incluir en el Código Penal no nos parece una innovación, como se dice en el exposición de motivos, sino que nos parece similar a la enmienda 509 del Grupo Parlamentario Socialista en el anterior proyecto de ley.


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Sobre el artículo 37 bis c), respecto a las conductas estamos de acuerdo, puesto que es concorde con el artículo 596 del proyecto de Código Penal y con el artículo 607 del anteproyecto citado.
Por ello, nuestro Grupo, si el Grupo Popular tuviera a bien aceptar que se tramitara conjuntamente con el Código Penal (no por nada, sino porque tenga, como han dicho otros preopinantes, una elaboración más concorde con todos los delitos contra el derecho de gentes y con toda la problemática de las penas que se establezcan en el código) estaría dispuesto a dar su voto afirmativo, pues en el fondo estamos totalmente de acuerdo con aquello que aprobó la Comisión en el anterior debate en la legislatura pasada.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Tiene la palabra el señor Robles, para un turno más que nada para responder a una aclaración que solicita el Grupo Socialista. Puede hacerlo desde el escaño o desde la tribuna, indistintamente. En cualquier caso, es sólo para eso; no es un turno de réplica, puesto que no ha habido un turno en contra.


El señor ROBLES FRAGA: Sin duda, señor Presidente. Gracias.
Quiero agradecer las palabras del señor Mardones, de la señora Alemany, del señor López Garrido y del señor Valls. Creo que el fondo de la cuestión no es lo que debemos discutir, sino su oportunidad.
Me permito señalar que las abundantes referencias a proyectos o anteproyectos de Código Penal no bastan. Todo proyecto de código penal, por lo menos en la historia reciente española, se encuentra con unas elecciones anticipadas que hacen que volvamos a tener que discutirlo la legistatura siguiente, retrasando continuamente el trámite legislativo de aprobación.
Me parece que lo que debemos discutir y aprobar, en su caso, es la oportunidad política e histórica de esta modificación del Código Penal, del actual; sin duda, el próximo incluirá medidas como las que proponemos y habrá acuerdo de la Cámara.
A mí me parece que con la Declaración y el Plan de acción de Viena, firmado por el Presidente del Gobierno español y por los demás jefes de Estado y de gobierno de los estados miembros del Consejo de Europa, estamos obligados, por el grado de alarma social y política europea y nacional que suscitan los peligros de la propaganda xenófoba, antisemita y racista, a dar una señal, ahora mismo, en estos mismos momentos, cuando se inicia, además, un período nuevo en la historia europea, como es el de su ampliación y el de la profundización y reforma de las instituciones europeas, cuando se está a punto de iniciar una nueva legislatura europea.
Debemos dar una señal clara y nítida por parte de España, por parte de la Cámara de los Diputados, por parte del órgano representativo de la soberanía nacional y debemos aprobar, creo yo, la proposición que presenta mi Grupo.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Efectuada la aclaración, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición del Grupo Popular sobre modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN LA PROTECCION DEL MENOR Y AGILICEN EL SISTEMA DE ADOPCION EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000088)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de adopción en España. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Michavila. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. Ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo esta tarde a esta tribuna para defender la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular sobre un tema respecto al cual esperamos que la Cámara ofrezca su voto positivo con carácter unánime.
Presentamos esta tarde una proposición no de ley respecto de una cuestión que este año, declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Familia, tiene especial relevancia e interés, cual es adoptar medidas de carácter eficaz para la protección del menor en nuestro país y para agilizar el trámite de las adopciones de menores que se realizan en nuestro país. Esta es una medida que el Partido Popular tenía ya recogida en ese programa de gobierno con el que concurrió a las urnas en las elecciones generales del pasado

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día 6 de junio y que presenta hoy ante esta Cámara. Pensamos - -y en ello creo coincidir con el sentir del resto de los grupos de esta Cámara-- que el Año Internacional de la Familia, suscrito por el Reino de España también, no es sólo un año para hacer congresos, no es sólo un año para hacerse fotos, sino que es sobre todo un año para dar soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos españoles.
No podemos olvidar que la convergencia necesaria de España con aquellos países que son socios nuestros en la Unión Europea debe ser en todos los terrenos y muy singularmente en lo que afecta a la concreta calidad de vida de los ciudadanos. En esta materia es lamentable señalar que España está muy por detrás del cumplimiento de las obligaciones internacionales, tanto en la protección del menor como en la agilización de la adopción y en la regulación de los trámites para la adopción internacional.
La proposición no de ley que tengo el honor de defender esta tarde recoge nueve medidas con las que se pretende garantizar la protección de los derechos del menor y agilizar, con las suficientes garantías, las adopciones. En este sentido, y en primer lugar, se quiere que la Cámara inste al Gobierno a presentar, en el plazo de un mes, la ley de protección del menor o la ley de derechos de la infancia. Este es un requerimiento que consideramos que debe hacer la Cámara al Gobierno en este momento, toda vez que desde las anteriores elecciones generales se nos viene prometiendo que se va a remitir a la Cámara el proyecto de ley de protección del menor, promesa muchas veces reiterada y que todavía no hemos tenido la satisfacción de ver cumplida. Quiero recordar que este Diputado, el 13 de diciembre del pasado año, formuló una pregunta oral a la Ministra de Asuntos Sociales que contestó que ese proyecto ya estaba finalizado y que lo iba a remitir inmediatamente a la Cámara. Han pasado ya casi siete meses y todavía no ha sido enviado. De ahí la oportunidad de que se apruebe este primer punto de la proposición no de ley para que de verdad, y de una vez por todas, ese texto, del que tantas veces se predica su necesidad por parte del Gobierno y de la mayoría socialista que le apoya, se remita a la Cámara. En segundo lugar, se propone que uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo tenga entre sus funciones encomendada específicamente la tutela del menor. En tercer y cuarto lugar se proponen medidas en relación con la regulación de la adopción internacional en nuestro país. Conviene recordar que el Reino de España suscribió, ya hace más de cuatro años, la Declaración y la subsiguiente Convención internacional de derechos de la infancia, en cuyos artículos 20 y 21 se establecen criterios que han de ser incorporados y desarrollados en el ordenamiento interno. En este momento, en nuestro país, la ausencia de regulación respecto de la adopción internacional está llevando a un lamentable tráfico sumergido de adopciones de carácter internacional, viéndose muchos españoles en la obligación de pagar sumas ingentes de dinero por adoptar en el extranjero, sin que el Gobierno español haya establecido mecanismo alguno para garantizar la eficacia de esas adopciones en nuestro ordenamiento jurídico interno. Es necesario, asimismo, coordinar la acción exterior mediante una oficina destinada a asesorar a los españoles respecto de las adopciones de ámbito internacional.
A continuación, y como puntos quinto y sexto de la proposición no de ley, el Partido Popular quiere que se inste al Gobierno, respecto de la necesaria reforma de la ya obsoleta Ley 21/1987. Esa ley ha quedado anticuada como ha reconocido la propia Ministra y hay que adaptarla a esas declaraciones internacionales. No tiene sentido que ese generoso gesto de muchos españoles de querer emplear su tiempo y su dinero en cuidar de menores abandonados, mediante el trámite de la adopción, encuentre en nuestro ordenamiento jurídico interno la respuesta de una serie de trabas legales y administrativas que a veces exigen seis y hasta siete años para ser superadas.
Eso no ocurre en otros países de la Comunidad Europea. Es necesario reformar la normativa legal y su aplicación administrativa suprimiendo trámites absolutamente innecesarios en la materia. Asimismo es necesario, para una más eficaz protección del menor y para agilizar el trámite de las adopciones en nuestro país, dotar de mejores medios, tanto técnicos, profesionales como humanos y de especialistas, a nuestros juzgados y a las fiscalías que tienen encomendada la superior vigilancia en la tutela de las medidas de protección del menor. Es muy difícil que estos profesionales, que sin duda cuentan con una clara vocación y extraordinaria cualificación, cumplan su importante función de tutela del menor con los medios de que disponen en la actualidad, por lo que se debe instar al Gobierno para que haga un serio esfuerzo para dotar de mejores medios a estos profesionales.
Finalmente, como último punto de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular considera oportuno incriminar el tráfico de menores en nuestro país y exigir un pleno cumplimiento de dicha normativa incriminadora. Consideramos que estas medidas no obedecen a acciones partidistas sino a lo que de verdad interesa, en este momento, a gran parte de los ciudadanos españoles. Por lo ponderado de las medidas que aquí se proponen entendemos que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos de esta Cámara, y así lo solicito en este momento.
No es la cuestión de la protección del menor, no es la cuestión de facilitar el generoso gesto de la adopción un tema de partido. Es algo problemático en este momento, por lo que hay que instar al Gobierno a presentar propuestas concretas, eficaces y urgentes. En este sentido y como lo que preocupa de verdad al

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Grupo Parlamentario Popular son las soluciones concretas, y cuanto antes mejor, vamos a acoger la mayoría de las enmiendas que han formulado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Agradecemos a ambos grupos la detenida lectura de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular y también agradecemos las enmiendas, algunas de las cuales vienen a hacer más eficaces las propuestas presentadas.
Queremos votar afirmativamente algunas de las enmiendas, con un cierto gesto de cordialidad, no por considerar que sean oportunas sino para no perjudicar el voto general positivo de esos grupos parlamentarios enmendantes. Quiero referirme singularmente a la enmienda en la que se suprime el plazo perentorio de un mes para presentar la ley de protección del menor o de derechos de la infancia. Lamento que se introduzca esa enmienda puesto que es absolutamente urgente presentar ese texto en la Cámara, es absolutamente urgente aprobarlo.
Reitero que España debía haberlo hecho desde el año 1990; llevamos ya más de cuatro años de retraso y no encontramos razón alguna, de índole jurídica ni política, que impida presentar este texto, solamente la imposibilidad de una Ministra, de cuya buena voluntad no dudamos, para finalizar el texto. Quiero recordar que el 27 de abril dijo en esta Cámara que estaba ya finalizado lo que ella denominaba el proyecto de ley y que en la próxima semana lo presentaba al Consejo de Ministros. Pues bien, ese mismo mes de abril lo que presentó fue un documento que se denominaba «Principios que deberá recoger la ley de protección del menor». En este sentido quiero recordar también que, a fecha de hoy, el Gobierno todavía no ha presentado en la Cámara su plan de actuación para el Año Internacional de la Familia, en cuyo sexto mes nos encontramos ya, cosa absolutamente insólita y que posiblemente lleve a que sea el siguiente año cuando el Gobierno español tenga que celebrar, con aprobación de medidas concretas y eficaces, el Año Internacional de la Familia. Quiero recordar que al final de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se establece que todas estas medidas deberán hacerse con absoluto respeto de las competencias que, en su caso, tuvieran determinadas comunidades autónomas. Es buena técnica normativa --y en ese sentido es bueno y saludable acogerlo-- contemplar con carácter final lo que se considera que debe ser un principio que empape el resto de la regulación jurídica. Algunas de las enmiendas parecen no entenderlo así y quieren reiterar esa salvedad a las competencias de las comunidades autónomas en varios de los aspectos de la proposición no de ley. Parece una reiteración innecesaria, pero el Partido Popular, en ese propósito de mantener un consenso que produzca un voto afirmativo, también va a votar afirmativamente esas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señor Michavila, le ruego que concluya.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Concluyo, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, muchas gracias por su atención.
Estamos convencidos de que las medidas que el Grupo Parlamentario Popular presenta esta tarde en la Cámara, por ser medidas que interesan a la solución concreta de los problemas de los españoles, gozarán del voto afirmativo de la mayoría de los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de las enmiendas presentadas y para la fijación de la posición de dicho grupo, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Tenía razón el señor Michavila en su exposición al decir que la protección del menor no es una cuestión partidista. Esta idea la comparte nuestro Grupo y creo que la generalidad de la Cámara. Desde este punto de vista, participamos de la voluntad de incrementar la protección de los derechos del niño y de agilizar los procesos de adopción, tanto interna como internacional, y de dotar a estos últimos de las necesarias garantías. En este sentido se ha pronunciado nuestro Grupo varias veces, y en este sentido se pronuncia también el anteproyecto de ley de derechos de la infancia que está sometido ya a los informes previos a su aprobación por el Consejo de Ministros y a su envío a esta Cámara. Compartimos, por tanto, la voluntad y la filosofía que inspiran esta proposición no de ley del Grupo Popular.
He de señalar, sin embargo, que no compartimos algunas afirmaciones contenidas en su fundamentación; afirmaciones que nos parecen cuando menos bastante exageradas. En efecto, no podemos decir alegremente, señor Michavila, que la adopción hoy en España sea una carrera de obstáculos sin final seguro.
La Ley 21/1987 implantó para la adopción un procedimiento razonablemente ágil y dotado de las suficientes garantías; un procedimiento que contempla como fin último el interés superior del niño. También es cierto, y hay que reconocerlo, que la experiencia, la puesta en práctica de esta ley ha traído como consecuencia que se perciban determinadas deficiencias de determinados aspectos en los que es posible dar una mayor agilidad. Esa tarea va ser acometida también por ese proyecto de ley de derechos del niño que próximamente entrará en esta Cámara. Hay aspectos como la posibilidad de formalizar un acogimiento con carácter definidamente preadoptivo o la posibilidad de obviar el asentimiento a la adopción de los padres biológicos en los casos en que

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haya motivos fundados para privación de la patria potestad que, evidentemente, contribuirán a dar mayor rapidez a los trámites de adopción y que estamos dispuestos a considerar en ese proyecto de ley, así como cuantos otros pueda aportar la oposición o cualquiera de los grupos que contribuyan, manteniendo las garantías, a dar mayor agilidad a esta protección del niño y a este derecho del niño a gozar de una familia que todos defendemos.
Es cierto también --y he aquí otro problema que usted señalaba-- que el número de solicitudes de adopción supera claramente al número de niños en condiciones de ser adoptados, especialmente al número de niños recién nacidos y sanos, que son los que las parejas o los ciudadanos solicitan en adopción. Esto hace que muchas personas se orienten hacia la adopción internacional y que en ocasiones, como usted señalaba, recurran a cauces irregulares de adopción, con los consiguientes inconvenientes tanto para ellos como para el adoptando. Tampoco nos parece oportuno hablar de que no se ha hecho esfuerzo en dotar a los juzgados del personal y los medios técnicos adecuados. El Gobierno ha llevado a cabo una importante tarea para dotar de medios a los juzgados de familia y de primera instancia, fundamentalmente personal asesor, psicólogos y trabajadores sociales, con los que cuentan hoy día todos y cada uno de los juzgados de familia de nuestro país.
Por último, quiero hacer una observación. Hay un aspecto de la fundamentación que no compartimos y es el que se refiere a que los conflictos de leyes en materia de adopción internacional no están solucionados. Creemos que la actual redacción del artículo 9.5 del Código Civil soluciona satisfactoriamente cualquier conflicto de leyes que pueda producirse en esta cuestión. He aquí algunos puntos de discrepancia, por tanto, señorías. Sin embargo, son discrepancias concretas y no referidas a la parte dispositiva de la proposición no de ley, porque esta parte dispositiva la compartimos; compartimos sus intenciones y su espíritu. Y presentamos algunas enmiendas que no van destinadas a desviar este espíritu sino, a nuestro entender, a perfeccionarlo o a completar determinados aspectos que a ojos del Grupo Socialista no están tratados de forma suficientemente amplia en algunos de los nueve puntos que el Grupo Popular propone como texto. Por tanto, señor Presidente, sin alargarme demasiado, paso a hacer una breve exposición de cuáles son los aspectos concretos en que mi Grupo pretende enmendar el texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular. En el punto 1 sustituimos la expresión «en el plazo de un mes» por «en el plazo más breve posible», no por pereza ni porque no creamos que es urgente la presentación del proyecto de ley de derechos del menor a esta Cámara, ni porque tengamos intención de dilatarlo, señorías, sino porque la urgencia debe ir unida a la legalidad y la legalidad establece que antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros este proyecto sea sometido a informe tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado.
No podemos aquilatar un plazo tan breve y pretender que ambos informes estén emitidos antes de un mes. Esta es la única objeción que ponemos a la presentación inmediata de un anteproyecto que, por otra parte, está ya completamente terminado en su redacción.
Hablamos también no de ley de protección del menor, como pretende el texto, sino de ley de derechos de la infancia.
Creemos que hay que seguir la línea que estableció la Convención de Derechos del Niño, la línea de considerar al menor no solamente objeto de protección, como en tiempos pasados, sino también sujeto de derechos mucho más amplios que deben ser recogidos en la ley y entre los que se incluye, evidentemente, el derecho a ser protegidos y el derecho a disfrutar de una familia, que en el fondo es el derecho que esta proposición no de ley trata de defender.
Aceptaremos en sus términos el punto 2, y no puede ser de otro modo puesto que la asignación a uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo de las funciones de defensa del menor es un compromiso electoral del programa socialista. Además, esta figura está siendo implantada en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña y Andalucía, y su funcionamiento tiene éxito y es aceptable. Por tanto, nos parece una idea acertada que contribuiremos a poner en práctica cuanto antes.
Aceptaremos prácticamente en sus términos el punto 3 de la proposición no de ley. Unicamente pretendemos sustituir la alusión a la Declaración de Derechos del Niño por Convención de Derechos del Niño, puesto que los artículos 20 y 21 de esta convención recogen los principios que deben regir la adopción de menores en los países firmantes y precisan las directrices contenidas en la Declaración de la ONU sobre principios que deben regir el procedimiento de adopción, que suponemos que es la Declaración a la que el Grupo Popular se refiere en la proposición no de ley.
Por otra parte, proponemos una sustitución parcial del punto 4, en el sentido de que quede redactado de la siguiente forma: Habilitación de organismos para la adopción internacional que, en colaboración con las comunidades autónomas, promuevan, asesoren y garanticen la adopción de menores extranjeros, todo ello en los términos del Convenio de La Haya antes citado. La sustitución que proponemos se debe a que, junto a las labores de inspección, de control e información propias de la Administración pública, el artículo 9 del Convenio de La Haya prevé la posibilidad de que las autoridades centrales, sean de carácter único o múltiple, como prevé el artículo 6 del mismo convenio, recurran a la colaboración de organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas para llevar a cabo esta labor

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de promoción, asesoramiento y garantía de la adopción internacional. Dado que el sistema viene funcionando con éxito en otros países europeos, prácticamente en todos los de nuestro entorno cultural, no vemos motivo para que en la próxima ley de derechos de la infancia no se abran las puertas a su funcionamiento también en España. Creemos que será útil y que redundará en beneficio tanto de los adoptantes como de los posibles adoptandos de otros países. Aceptaremos en sus propios términos el punto 5, sobre agilización de procedimientos, señalando que ya hemos manifestado aquí algunos aspectos en que está previsto agilizar estos procedimientos.
En cambio, no aceptaremos en sus términos el punto 6, señores del Grupo Popular, porque, si bien estamos de acuerdo en acelerar, dentro de la legalidad, todo lo posible los trámites de privación de patria potestad y de adopción, no nos parece adecuada la pretensión de objetivar los supuestos de manifiesto incumplimiento de la patria potestad que se contienen en el artículo 170 del Código Civil. Creemos que, en una materia tan delicada como ésta, la realidad es demasiado compleja para encasillarla y reducirla de manera absoluta a términos objetivos. A nuestro entender, la objetivación posible en esta materia la ha hecho ya el artículo 172 del Código Civil al definir la situación de desamparo como privación de la asistencia necesaria, de carácter moral o material, para el menor, y se debe establecer que es precisamente esta situación la que sirve de base para la asunción de la tutela por la entidad pública y la iniciación posterior de los trámites de adopción, lógicamente previa privación de la patria potestad. Creemos sinceramente que ir más allá podría ser peligroso y traer consecuencias indeseables para la familia en su conjunto y para el menor en particular. Por tanto, preferimos mantener en este aspecto un mayor arbitrio judicial que el que el Partido Popular defiende en la proposición no de ley. En cuanto a los puntos 7 y 8, presentamos enmiendas, y voy a ser muy breve, que simplemente van dirigidas a reconocer el esfuerzo que ya ha hecho el Gobierno y la Administración de justicia en dotación de medios materiales y de medios personales adecuados, tanto a los juzgados de primera instancia y de familia en materia de protección de menores como al Ministerio Fiscal. Sustituimos, por tanto, y es lo fundamental de esta enmienda, la expresión «dotar de medios a los fiscales» por «seguir dotando».
Por último, señorías, en el punto 9 estamos de acuerdo, cómo no, en exigir el cumplimiento de la ley. No nos opondremos a que figure en estos términos en la proposición no de ley, aunque en cierto sentido parece que huelga, pero creemos que debe ser incluida aquí lo que nos parece una omisión del Grupo Popular en la regulación de esta materia, y es la necesidad de tipificar, en el ya próximo proyecto de Código Penal, todas las conductas de tráfico de niños, y hay algunas que todavía no están debidamente contempladas en nuestro ordenamiento penal, SS.SS. lo saben, por ejemplo, la venta de niños eludiendo los trámites de guarda, alojamiento y adopción, que estaba ya contemplada en el anterior proyecto de Código Penal en la pasada legislatura y que se recogerá nuevamente en éste.
Esta es la adición que proponemos al punto noveno. Con ello concluyo esta rápida enumeración de enmiendas, que como SS.SS.
habrán podido comprobar no afectan para nada al fondo de la proposición no de ley. La voluntad de protección del menor y la voluntad de potenciar sus derechos es compartida por el Grupo Socialista, como creo que por todos los grupos.
Unicamente pretendemos mejorar técnicamente, y completar el texto, al mismo tiempo que manifestar también, mediante esta mejora y esta acción de completar el texto, nuestra inquietud por la defensa de los derechos del niño y nuestra voluntad de que esta defensa se lleve a cabo en los mejores términos y de la mejor forma posible. Por ello esperamos, sinceramente, que el Grupo Popular acepte estas enmiendas, que vienen única y exclusivamente a mejorar, repito, un texto que ya de por sí no nos parecía en absoluto malo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo al estrado para defender una enmienda de modificación a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de adopción en España.
En otras ocasiones ya nuestro Grupo ha manifestado su preocupación por este tema. Hemos expresado ante esta Cámara nuestro apoyo a la elaboración de una ley global para la protección de la infancia. Una ley en la que ya están trabajando algunas comunidades autónomas, como, por ejemplo, Cataluña, dentro de un anteproyecto de código de familia, y una ley en la que nos consta que está trabajando también el Gobierno.
Consideramos necesario que se regule íntegramente la defensa de los derechos de los menores. Unos derechos que van desde asegurar que no sean víctimas de precariedades económicas hasta la prevención de los abusos y malos tratos, tanto físicos como psíquicos, y las agresiones no sólo en el ámbito familiar, sino también aquéllas que, de manera más indirecta, reciben en los medios de comunicación, por poner sólo un ejemplo.
Es preciso asegurar, por la vía legal, que los menores de hoy puedan crecer, se puedan desarrollar plenamente

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con todas las garantías para ser mañana personas adultas con capacidad de elegir, con capacidad de decidir y contribuir al desarrollo social. Es necesario que los órganos legislativos aseguren el bienestar de aquellos que no tienen capacidad ni para defenderse ni para reclamar. Hay que darle al menor el derecho a ser escuchado, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. No hablaré aquí, porque ya lo hice hace unos días, de la incongruencia que supone la mayoría de edad penal a los 16 años cuando hasta los 18 no tienen plenos derechos civiles, puesto que éste es tema de otro debate que esperamos se produzca lo antes posible, pero es una cuestión que no podemos ignorar si hablamos seriamente de los derechos de los menores.
Debemos encontrar fórmulas que favorezcan la agilización procedimental de las adopciones para poder dar solución, a la mayor brevedad posible, tanto a las problemáticas de abandono o desprotección afectiva que pueda padecer el menor, como a la solicitud de la familia que opte por la adopción. Así pues, estamos de acuerdo con todas estas cuestiones y con que todas ellas precisan de una regulación legal que debería llevarse a cabo con la menor demora posible. En el punto primero de nuestra enmienda solicitamos que este plazo de un mes se amplíe a un año, e instamos al Gobierno a que en el transcurso de este año presente un proyecto de ley. La ley que se elabore ha de respetar plenamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas. También sabemos que las comunidades autónomas tienen traspasadas competencias en materia de protección de menores desde 1981, en que se efectuaron los traspasos a Cataluña, hasta los más recientes del pasado diciembre, cuando se realizaron los de la Comunidad Autónoma balear. Ha sido un período de progresiva aplicación y desarrollo de las propias competencias estatutarias en esta materia. No debemos olvidar que existen aplicaciones y desarrollos de dichas competencias que se han transformado en buenas fórmulas políticas de protección del menor. Estoy hablando del caso de Cataluña, y así viene reconociéndose tanto a nivel estatal como internacional. La ley que se elabore debe tener en cuenta todas estas circunstancias, y en ningún caso ha de ser un marco restrictivo de lo que ya se está llevando a cabo de forma positiva por parte de las comunidades autónomas. Por ello, en nuestra enmienda presentamos una ampliación del número 4 de la proposición no de ley sobre la creación de esta oficina para la adopción internacional, que debiera realizarse, decimos, sin perjuicio de las funciones y de las competencias que se tendrán que otorgar a las comunidades autónomas que decidan asumirlas, con la facultad de actuar como autoridad central dentro de su territorio, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de La Haya. También por esta razón vamos a recoger la propuesta del Grupo Socialista, dado que no vamos a oponernos a que las ONG puedan realizar esta tarea. Hace tiempo que nosotros hemos defendido que las ONG tienen que colaborar en cualquier tipo de política.
En el punto 7 de la proposición no de ley pedimos una ampliación porque consideramos que sería conveniente dotar de medios profesionales, humanos y materiales a los juzgados competentes en materia de protección de menores, así como de los necesarios asesores especialistas si se pretende continuar manteniendo el actual sistema organizativo y de funcionamiento de la justicia relacionada con la protección de menores.
Debería plantearse el nombramiento de jueces de protección de menores con plena dedicación especializada, como en Francia y en Italia, que, junto con la nueva redacción de la ley de protección del menor, permitiera la atención inmediata y la agilización de todos los trámites y actuaciones relacionados con la problemática de los menores y que, además, podrían ejercer sus funciones con la proximidad y colaboración de las entidades públicas, sus equipos técnicos y de las instituciones y servicios sociales correspondientes. Para ejercer como juez de protección de menores, y por razones prácticas y de economía presupuestaria, se podrían habilitar profesionalmente a los actuales jueces de menores con unos cursos de formación acelerada, teniendo en cuenta su infrautilización actual. En cuanto al punto 8 de la proposición no de ley, se propone ampliarlo porque creemos que es conveniente dotar de medios adecuados a la Fiscalía de Menores para poder cumplir su misión. Consideramos que esta misión no debe ser sólo de tutela del menor, sino también de superior vigilancia de todas las medidas de protección de esos menores.
Por último, y en cuanto a nuestra enmienda de modificación de la proposición no de ley del Grupo Popular, en lo referente al apartado 9, de incriminación del tráfico de menores, estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, señor Michavila, en que en estos momentos es totalmente insuficiente. Pensamos que la cuestión se debería abordar, por un lado, con una ley de infracciones administrativas y, por otro, incorporando y tipificando esta figura delictiva en la nueva redacción del Código Penal. También sería necesaria una adecuación de la Ley de Registro Civil.
De antemano quisiera agradecer al señor Michavila el que haya recogido, en nombre del Grupo Popular, nuestra enmienda, y votaremos favorablemente su propuesta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, ante esta proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Popular, desea anticipar que la va a apoyar con su voto favorable, atendiendo también a los criterios de amplitud y de flexibilidad que el propio portavoz, señor Michavila, ha solicitado a los grupos enmendantes --el Grupo Parlamentario Socialista y el Catalán de Convergència i Unió-- para aceptar plenamente sus enmiendas. Si alguien propusiera una nueva modificación del Código Civil en materia de protección de menores y de adopción de los mismos por las parejas no fértiles, nos volveríamos a encontrar con este recalcitrante problema en nuestra Cámara.
Nosotros no tenemos en este momento más antecedente jurídico que la Ley que ya votamos aquí, y que apoyamos, en la tercera legislatura, la Ley 21/1987. Entendemos que esa Ley es buena en cuanto a los efectos de la adopción. ¿Qué le falta a esa Ley? Pues algo que yo creo que la proposición del Grupo Popular viene a remediar, que es el tener en cuenta el acuerdo suscrito por España en 1990, el acuerdo con la Carta de Naciones Unidas.
También la propia Ley 21/1987 viene a sesgar el problema en algo muy importante. Yo recuerdo que cuanto esta Ley pasó en su día por la Cámara pedimos que hubiera una exigencia en el Gobierno de que la exposición de motivos o el preámbulo trajera una filosofía del Derecho en materia de adopción, recogida tradicionalmente en nuestro Código Civil, pero que se venía caracterizando por una serie de cautelas. Se daba la paradoja de que en este país el derecho de paternidad en una pareja normal, sancionada por las leyes, carecía prácticamente de exigencia. Los padres podían ser hasta tarados mentales y no había ninguna imposición para acceder al derecho de paternidad. Sin embargo, cuando una pareja normal, que hubiera pasado por todos los psiquiatras, todos los psicoanalistas y todos los jueces de protección de menores o de familia, solicitaba la adopción de un menor, se encontraba con una serie de cautelas, y no voy a llamarlas trabas ni inconvenientes, que era el lenguaje con el que después la calle lo calificaba; se encontraba, decía, y se viene encontrando con una serie de medidas cautelares en una buena Ley, como la de 21/1987, en la que sigue perviviendo una mentalidad respetable, pero desde luego no acomodada a un principio de legislación actual de muchos juzgados de protección del menor y de la familia. Esas medidas cautelares se vienen exigiendo con tal rigor que, coincidiendo con una carencia de medios humanos en los juzgados de familia y del menor, provocan prácticamente un devenir contrario a los principios de beneficio social y familiar que el propio preámbulo de la Ley de 1987 venía a consagrar. Ocurre que en España, hasta la reforma de 1970, Ley 7 de ese año, no se institucionaliza el derecho de adopción. Y hay una cosa muy importante si se aprueba esta proposición del Grupo Popular, con los perfeccionamientos que requiere, y es que tenemos que darnos cuenta de que la protección del menor, en el ámbito de la adopción, pasa por tener clara toda la cuestión legislativa referente a esa adopción.
El Derecho norteamericano sobre la adopción parte de este principio: la protección de un menor abandonado o de un menor que entre en la oferta a las parejas que lo deseen, tiene que ser considerado como un derecho de ese menor, prioritario, incluso, sobre el de la pareja que lo va a recibir. Pero, y es fundamental, no separa en este origen la fuente del Derecho la cuestión de la adopción de la cuestión de la protección del menor, y es muy importante que no perdamos de vista este espíritu. Esto es lo que la proposición no de ley del Grupo Popular puede permitir, tras los trámites que tenga que hacer el Gobierno para responder a la demanda que aquí se apruebe, manteniendo el espíritu que hay en la Ley 21/1987, juntamente con lo que la Declaración de la ONU de los derechos del niño de 1989 viene a recoger, con la que España se compromete al firmarla en 1990. Hay que encontrar la complementariedad, porque siendo una buena Ley la de 1987, como he dicho, le falta el referente del acuerdo de las Naciones Unidas de 1990, no solamente en las medidas de regulación sobre la adopción de niños extranjeros, sino que nosotros tenemos que empezar por no generar ninguna demanda de adopción de extranjeros, ya que sería pernicioso y llevaría, posiblemente, a un fraude de ley el adoptar esos niños extranjeros que entran en origen en un mercado clandestino en países del tercer mundo. Las dificultades o las cautelas para adoptar niños nacidos en España son tan grandes que precisamente en esa oferta, en el sentido jurídico y natural de la palabra, las parejas que lo demandan no encuentran las facilidades que van a encontrar fuera. Esto verdaderamente o es un fraude de ley o un contrasentido de la misma. Por tanto, nosotros creemos que esta materia debe ser regulada, de una vez por todas, al amparo de esta evolución que desde 1987 hasta hoy ha tenido la Ley de la Adopción y las medidas cautelares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista --nosotros participamos de ello-- se dice que habrá que ir a una ley de los derechos de la infancia y también está la ley de protección del menor.
No caigamos tampoco en el perfeccionamiento lexicográfico, porque venimos a estar defendiendo lo mismo con distintos títulos conceptuales de un futuro proyecto de ley. Lo que hay que resolver en este momento no es tanto que la futura ley se llame de protección del menor o de derechos de la infancia, sino que recoja fundamentalmente los derechos del menor, al amparo de la legislación española y comunitaria y al amparo de la Declaración de los derechos del niño de las Naciones Unidas, y su ratificación, vinculante para España y, por tanto, para su Gobierno --que traiga la propuesta aquí de 1990-- y

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la regulación, al amparo de la experiencia, de la adopción, para que esto también sirva de marco a las comunidades autónomas que lo tengan transferido. Manejando las cifras de todos los expedientes que desde 1987 para acá han pasado por la Comunidad Autónoma canaria, que tiene una competencia en los derechos de protección del menor y que tiene que encargarse de las medidas cautelares de tipo judicial, de tipo psicológico, de tipo de asistencia social, de tipo de todo ese apoyo logístico que debería de haber, abundante y suficientemente dotado, en los juzgados de protección de la familia y del menor puesto a su servicio, vemos una lentitud en la resolución de esos expedientes. Y, lo que es peor, señorías: casos en que menores entregados a una pareja son devueltos, por una decisión judicial en línea cautelar, al centro donde estaban depositados (casas-cuna, depósitos de beneficencia del Cabildo insular, de las Diputaciones o de los órganos benéficos correspondientes de la Comunidad Autónoma, en este caso de la Canaria), lo cual conculca el propio principio que estaba amparando la Ley de 1987, que es la adecuación sociológica de este menor a una pareja que le reciba en familia y ampare sus derechos. ¿Pero qué derechos se van a encontrar cuando un expediente judicial le reclama a una pareja la devolución de un menor entregado para que vuelva al centro, y luego se aclaren una serie de conceptos, al cabo de meses, y pueda o no pueda ser entregado, después de haber estado conviviendo ese menor en el sentido familiar de la existencia, de dependencia, hasta casos que tengo aquí de ocho meses? Esto señorías, creo que debe llevar a una reflexión de la importancia humana (aparte de jurídica y sociológica) del problema para encontrar una fórmula de racionalidad. Si trabajamos sobre ello, y con la medida del conocimiento, en la proximidad de la intimidad del proceso que tienen en este caso las comunidades autónomas para ir resolviendo ya los casos que se presenten en un marco general de legislación preferencial del Estado en su conjunto, nosotros habremos avanzado. La cuestión es que la Ley de 1987 requiere, primero, la lectura y la interpretación de los acuerdos de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1990; segundo, la adecuación a la casuística hasta el momento arrastrada; y, tercero, una adecuación precisamente con el mundo que el Código Civil está demandando para que este problema en España no siga siendo un problema verdaderamente de laberinto legislativo intrincado, y cuya resolución muchas veces lo que hace es ir en contra del principio de protección del menor y de la familia que están diciendo los preámbulos de las leyes.
Por esta razón, nosotros vamos a apoyar con nuestro voto esta iniciativa, junto con las enmiendas que traigan los restantes grupos que han realizado su defensa, para que se tome conciencia de la misma. Pero el reconocimiento del menor pasa fundamentalmente por el primero de sus derechos: el de adopción para tener una familia (originaria, natural, o adaptada, de acuerdo con nuestro Código Civil) y empezar su andadura. Lo que no podemos es, al final, rasgarnos las vestiduras cuando los medios de comunicación nos dicen la estadística de menores que han cumplido todos los requisitos del Código Civil, o sus padres naturales, y vemos la tremenda lista de denuncias de maltratos del menor; lo que no podemos hacer es mantener unas lagunas legales por las que estemos maltratando al menor desde el derecho de la adopción.
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De forma breve, puesto que no hace demasiado tiempo, aproximadamente algo más de un mes, estuvimos discutiendo sobre la necesidad de una ley de protección del menor, de una ley penal juvenil, o como ustedes quieran llamarlo, porque, en definitiva, hablabamos de la problemática de los menores y de los jóvenes, presentada, además, por el propio Partido Popular. Posición que desde nuestro Grupo se defendió como necesaria y urgente. Hubo enmiendas que se aprobaron en esta Cámara instándole al Gobierno a que en el plazo de esta legislatura, en este período de sesiones, se presentara la ley de protección del menor, y así ya está aprobado. Además, también se aprobó dotar de mayores recursos a las instituciones, a los juzgados de familia, a los fiscales y a todas aquellas personas que tienen que ver con las decisiones que se toman en torno a los menores, para que pudieran adecuarse y agilizarse los trámites. Por ello, señorías, nosotros vamos a estar de acuerdo, aunque consideramos que es reiterativa en algunos puntos puesto que ya se aprobó hace escasamente un mes, con la proposición no de ley que ustedes presentan.
De todas formas, queremos decir que nos parece (y así lo argumentamos también en aquel momento) que los problemas que está planteando la ley de adopción no son problemas de la propia ley, sino precisamente por la falta de la misma. Por tanto, señorías, con la proposición no de ley que presentan, más las enmiendas que ustedes mismos van a aceptar de los diferentes grupos, nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo proponente, para expresar en términos precisos la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor Michavila.


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El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
En términos precisos, diré que, el texto de la proposición no de ley quedaría aceptando las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista relativas a los puntos 3, 4, 7 y 9, las enmiendas del Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los puntos 1 y 8, y proponiendo una enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Socialista en relación con el punto 6, en el cual la enmienda propuesta por dicho Grupo es de supresión y nosotros ofrecemos que se sustituya, manteniendo exclusivamente la primera parte de ese punto 6 y suprimiendo lo que se refiere a la objetivación, con lo que dicho punto 6, quedaría redactado --y lo leo para mayor precisión-- de la siguiente manera: «Agilizar los procesos judiciales de privación legal de la patria potestad.» Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila. (La señora Del Campo Casasús pide la palabra.) La señora Del Campo tiene la palabra.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para aceptar la transacción propuesta por el señor Michavila y señalar, únicamente como aclaración, que espero que el Grupo proponente no tenga inconveniente en aceptar --y quizás se haya olvidado de mencionar en esta exposición-- la sustitución en el punto 1 de la expresión «Ley de protección del menor» por «Ley de Derechos de la Infancia».
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo. (El señor Michavila Núñez pide la palabra.) El señor Michavila tiene la palabra.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Ninguna observación que realizar, por lo que aceptamos esa formulación. Gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen la protección del menor y agilicen el sistema de adopción en España, en los términos resultantes del debate con la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 306; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTERIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE LA DEVOLUCION A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LA DOCUMENTACION DEPOSITADA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE SALAMANCA (Número de expediente 162/000067)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto (señora Rahola), sobre la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, en primer lugar, porque un debate similar, fruto de una proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya se produjo en Comisión, y en segundo lugar, porque las razones que motivan esta proposición y que han motivado también las iniciativas del Parlamento de Cataluña son de un calado tal, de una tal virtualidad que casi no tendrían que ser defendidas. Sin embargo, el hecho de que el Archivo Histórico de la Generalidad, patrimonio del pueblo de Cataluña, que nos fue expoliado por la fuerza de las armas, no haya sido aún devuelto, nos obliga a repetir los argumentos, las razones, las obviedades. Anuncio que si hoy no ganáramos esta proposición, volveremos una y otra vez a plantear el retorno hasta que el mismo se produzca, en el marco de nuestra acción política más sensible a nuestros derechos. En todo caso, la coyuntura desfavorable no nos hará renunciar al derecho permanente que tenemos sobre nuestro propio archivo.
No voy a recordar las circunstancias que rodearon el expolio del Archivo Histórico de Cataluña, sobre todo porque, después de una campaña electoral en la que se ha alimentado la cultura del miedo y se ha intentado revivir, con irresponsabilidad, los fantasmas del pasado como método perverso para ganar al adversario político, entiendo que revivir el franquismo es nefasto; en todo caso, a mí personalmente es la cultura del miedo la que me da miedo. Sin embargo, resulta inevitable recordar, primero, que el Archivo Histórico fue arrancado de Cataluña bajo el concepto de botín de guerra, por tanto, su ubicación actual en Salamanca no parte de un hecho legítimo sino profundamente ilegítimo. Segundo, que la incautación se produjo con afán represivo, con la única y perversa voluntad de poder reprimir a todos los defensores de la libertad que quedaban en

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Cataluña y que, lógicamente, eran contrarios al régimen que había ganado la guerra; si su incautación, pues, partió de un acto de fuerza ilegítimo, la utilización que se hizo de ellos fue doblemente perversa. Y, tercero, porque no hay ningún argumento políticamente democrático que pueda negar a un pueblo la devolución de un patrimonio que le fue incautado cuando éste no podía defenderse.
Son ya muchísimas las iniciativas que han partido desde Cataluña en el intento de recuperar el archivo. Desde Antonio de Senillosa (ese buen amigo que falleció tan bruscamente dejándonos a todos con esa mueca de dolor en el alma que produce la muerte repentina) en 1979 hasta Rafael Ribó el pasado febrero, pasando por Josep Benet, Xavier Folch o el Senador Francesc Ferrer, muchos han sido los intentos para que el Estado de Derecho ejerciera de tal y no legitimara en democracia lo que nació en contra de la democracia.
Ahora es Esquerra Republicana, un partido de tal calado histórico, y que fue protagonista de lujo como partido gobernante en Cataluña de esa historia que contemplan los archivos incautados, quien pide su devolución. Pero la petición es unánime en Cataluña, tanto que resulta incomprensible ver cómo en Cataluña el Partido Socialista y el Partido Popular piden la devolución y en Madrid representantes catalanes de estas formaciones votan en sentido contrario.
Cuando ocurre este tipo de cosas, una pediría de SS.SS.
catalanes que, como mínimo, tuvieran una indisposición momentánea y no fueran corresponsables con su voto de algo que va en contra de los intereses catalanes. Si fuera posible, y la libertad de voto lo permitiera, pediría en un caso como este la insumisión de los diputados catalanes de esta Cámara.
Porque no hay argumentos contra la devolución más allá de las excusas de mal pagador, que diríamos en Cataluña; ni la consabida excusa de la unidad del archivo, ni otras más peregrinas, casi de ultranacionalismo salmantino, que pudimos oír en el debate en Comisión, son suficientemente sólidas, a nuestro parecer.
En el primer caso, porque es la propia Unesco quien recomienda que el archivo esté siempre en su país de origen; y, segundo, porque la unidad de archivo que se ha roto con la incautación ha sido precisamente la catalana. Con los métodos técnicos actuales, además, nadie impide que existan microfilmes en Salamanca con toda la información, pero que estén, como es de lógica y de razón, los originales en Cataluña.
La cuestión del patriotismo salmantino la dejo para los ciudadanos de Salamanca, lógicamente, pero deseo que el sentimiento noble de amor a Salamanca no sirva como excusa a algún Diputado para negar los derechos legítimos sobre su archivo a los catalanes.
También un punto de reflexión que es clave en una perspectiva democrática. Si el Estado de Derecho legitima un acto vandálico, fruto de la fuerza y de la ilegalidad, mantenido por la fuerza y usado para la fuerza, está legitimando decisiones no democráticas; está, pues, diciendo a los dictadores que algunas de sus decisiones ilegítimas pueden acabar siendo legítimas, y ello democráticamente sería peligroso.
Algún día el Estado de Derecho devolverá el archivo de la Generalitat al pueblo de Cataluña, su legítimo dueño. Cuando antes lo haga, antes cerraremos una herida que en Cataluña está abierta, y que mantendremos abierta hasta recuperar esta parte de nuestro patrimonio.
Quizá perdamos hoy, como otras veces, la votación, fruto de intereses contrarios a los nuestros, pero ni anteayer, cuando nos expoliaron el archivo, ni ayer, cuando nos negaron el retorno, ni hoy mismo, no nos van a quitar la razón. El archivo histórico de Cataluña tiene que estar en Cataluña, donde nació y donde estaba antes de que la irracionalidad se apoderara de la historia. No legitimemos la irracionalidad y la barbarie. Devolvamos en este momento democrático de la historia lo que ilícitamente fue robado. No sólo es de derecho, es de deber democrático.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, nada nuevo aporta al debate la proposición no de ley presentada desde el Grupo Mixto por la representante de Esquerra Republicana de Cataluña respecto a la devolución a la Generalitat de Catalunya de la documentación que fue confiscada con fines represivos por las tropas que mandaba el General. Nada nuevo que la señora Rahola no hubiera dicho en la Comisión de Educación y Cultura, y nada nuevo que el Grupo Parlamentario Catalán no haya reiterado a nivel legislativo y ejecutivo, no obstante no haber escuchado referencia alguna a nuestro Grupo entre las menciones formuladas por la Diputada proponente. Nada nuevo desde que, con la libertad, Cataluña recobró su institución autonómica, que es la titular legítima de los documentos cuya devolución se reivindican. Debemos agradecer, sin embargo, la insistencia que nos permite este nuevo debate y lamentar la reiteración que se argumentará en la negativa. Tampoco nada nuevo en la justificación de una obsesión lamentable, porque ya pudimos comprobarlo a nivel de la Comisión de Educación y Cultura.
¿De qué unidad de archivo se nos va a hablar? ¿Qué es lo que se va a romper con la devolución de esos documentos? Estamos hablando de unas razones fundamentales en la justicia y en el derecho. Aún más, se trata

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de la reparación moral de un expolio efectuado por la violencia de las armas. Desde la prepotencia de un vencedor al que la historia ha vencido, podemos argumentar tantas razones técnicas como SS.SS. deseen para insistir en la reivindicación, justificándola desde la estructura jurídica de nuestro Estado de Derecho. No podemos admitir la insistencia torpemente política del criterio de la unidad de archivo, porque precisamente el archivo que requiere unidad es el que está ubicado en la institución que generó los documentos en cuestión para complementarlos con el resto de la documentación de la que ya dispone y constituir en conjunto la memoria histórica de un tiempo importante para este país, pero no menos importante ética y moralmente para Cataluña. La torpeza y la obstinación que hemos escuchado a lo largo de algunos años, de una reiterada negativa, nos obligan a acudir al articulado del convenio internacional, firmado en La Haya en 1954, sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, ratificado por España en 1970, y recordarles a los portavoces que puedan llegar a intervenir, desde la obstinación del no, que lo que están defendiendo es un expolio ordenado por unos gobernantes cuya adscripción ideológica está en las antípodas de cuantos integramos esta Cámara desde la legitimidad democrática.
Señorías, no estamos pidiendo, exigiendo más bien al cabo de los años, otra cosa que los documentos originales que ya fueron microfilmados gracias a una magnífica colaboración entre Ministerio y Consejería de Cultura, documentos que ya pueden ser examinados en el Archivo Nacional de Cataluña. Lo que pedimos, de hecho, no es otra cosa que una reparación moral: que se queden en Salamanca las microfilmaciones, que son igualmente útiles para los investigadores de aquella lamentable guerra civil.
Señorías, será una torpeza política, una vez más, la utilización insistente, además, de unos criterios técnicos propios de los burócratas de la archivística --discutibles, insisto, desde los mismos tecnicismos--, enfrentándolos a una reivindicación estricta de orden político moral. Se trata del archivo histórico, de una represalia política contra personas e instituciones (municipios, partidos, sindicatos y asociaciones), todos ellos fundamentales en el régimen de libertades, que sesgó el golpismo, del que este Congreso es legítimo continuador.
No es posible que se pueda defender su permanencia en Salamanca como si aquella admirada ciudad, concretamente la sección guerra civil del Archivo Histórico Nacional ubicada en la misma, tuviera orgullo de la permanencia de los documentos que mi grupo, ahora Esquerra Republicana de Cataluña, como lo hizo algún otro partido, ha reivindicado siempre, en el camino de pasar la página de la historia, dejando en el olvido un momento que para España entera fue tan aleccionador, que nos ayudó a recobrar la libertad desde la capacidad de pacto, que se ha considerado un hecho ejemplar.
Sin embargo, señorías, la memoria de nuestro pueblo, incluida la memoria de la represalia, forma parte del patrimonio colectivo. Es por ello que insistimos en su devolución. Para nosotros, Diputados por cualquiera de las circunscripciones electorales de Cataluña, casi me atrevo a decir integrantes de cualquier Grupo Parlamentario de esta Cámara, su valor es infinitamente superior al que pueda tener para quienes, únicamente por razones técnicas o no, quieren mantenerlos en Salamanca. Por ese camino puede que llegue a no ser precisamente un honor tenerlos allí, porque acabarán siendo la prueba de un expolio en lugar de ser la memoria de una parte de la lucha por las libertades. Cómo nos complacería, señorías, señores portavoces de los Grupos que se opondrán a la devolución --esperamos y deseamos que no sea así--, que reconsideraran su actitud desde sus convicciones democráticas.
Un archivo histórico, señorías, es el lugar común de los recuerdos colectivos. Lo natural es guardar los recuerdos en casa. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ribó tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Esta proposición no de ley trae al Pleno de la Cámara un debate que ya tuvimos en Comisión, y es un tema que, a pesar de la poca atención que hay por parte de SS.SS., toca al núcleo central del nacionalismo español, entendido como la típica manipulación de una comunidad por encima de los contradictorios intereses sociales, históricos y de las pluralidades que puedan conformar aquella pluralidad.
Sé que a muchas de SS.SS. les molesta que desde la periferia se les llame nacionalistas españoles. Estamos muy acostumbrados a oír en esta Cámara, como en la opinión pública española, hablar de los nacionalistas como los catalanes, los gallegos o los vascos, y pocas de SS.SS. se preguntan hasta qué punto caen en los defectos exagerados, incluso por hablar en nombre de un Estado, del nacionalismo cuando se erigen en defensores de una mal conformada en ese sentido unidad de España.
Se solicita simplemente la devolución de unos documentos históricos, y no se entiende que se pida cuando no se ha entendido el artículo 2.º de la Constitución Española, que habla de nacionalidades y regiones por primera vez en la historia constitucional española, y es situarse en las antípodas del mismo hablar, como se dijo en Comisión, en nombre de la unidad absoluta --y subrayó lo de absoluta-- de España. Mal puede avanzar

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un desarrollo progresista de la Constitución cuando alguien se refugia en el concepto de absoluto para hablar de la unidad.
Se puede decir que es un tema histórico. Abundamos en Comisión sobre argumentos históricos. La represión, la incautación o el robo, para hablar claramente, de aquel archivo en el régimen dictatorial de Franco sólo tenía la intención de reprimir a los que se llamaban enemigos del régimen. Pero no creo que en esta Cámara nos sirva recrearnos, más allá de recordar lo que en parte hemos anestesiado en la memoria colectiva, en el hecho histórico represivo. Tampoco tiene ningún sentido situarse en la dimensión técnica. Quizás vamos a repetir argumentos técnicos. Ya los utilizó Jordi Solé Tura, entonces Ministro de Cultura, cuando contestó a una interpelación del Senador Ferrer, de Convergència i Unió, y le argumentaba que técnicamente requería un cierto tiempo resolver el problema.
Estamos de acuerdo con el tiempo, pero no con que la técnica sea un impedimento para esta devolución. Profesionales hay en este campo que discuten sobre el tema. Es absurdo, como se ha dicho, que técnicamente se hable de unidad de archivo, y menos aún de unidad de archivo de la Guerra Civil, cuando hay tantas ciudades del mundo y de España que tienen partes de un posible fondo único documental sobre la Guerra Civil.
Repito que ese es un tema político, no es ni técnico ni histórico, y demostrará una vez más --y perdónenme ustedes si alguien se siente ofendido-- la incompresión cultural, ideológica que mucho de ustedes muestran ante aquella plurinacionalidad. Y costará bastantes años de pedagogía que lleguen a aceptar una convivencia democrática de las nacionalidades que hoy conforman España. Me sería muy fácil entrar en la paternidad del tema. No voy a caer en este defecto. En parte lo ha recordado la señora Pilar Rahola, Senillosa --yo quiero recordar a Josep Benet, a Xavier Folch, al entonces Conseller de Cultura en Cataluña, Rigoll, a Ferrer, como he citado--, pero creo que hoy sí que podemos señalar más que la paternidad la responsabilidad política. Si de verdad se quiere recuperar estos documentos, ¿cómo no es posible cuando se está negociando la transferencia incluso de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Cataluña o cifras enormes de financiación de la sanidad negociar la devolución de unos documentos históricos? Y hago esta pregunta no solamente al Grupo Parlamentario, señor Presidente, sino al hemiciclo y, muy en concreto, a los dos grupos parlamentarios que dicen que están fundamentando con tanta fuerza el impulso autonómico.
Creo que aquí se demuestra hasta qué punto, más que de un acuerdo autonómico, tenemos que hablar de un acuerdo socieconómico entre dos grupos parlamentarios, que responden hoy no sólo a latitudes territoriales, sino, incluso, a grandes grupos financieros de la economía española. Si hoy se vota en contra, será por nacionalismo español y por impotencia autonómica de los que están mal llamando impulso a lo que hasta hoy es parálisis.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no voy a caer en la trampa saducea que se pretende tendernos a los grupos que no vamos a apoyar esta proposición no de ley, por cuanto entendemos, el Grupo Popular al menos, que no estamos en presencia de un problema político, sino de un problema meramente técnico en materia de archivos. Por cierto, ya les adelanto, el Convenio de La Haya sobre protección de bienes de interés cultural en caso de conflicto armado no es aplicable al caso que nos ocupa, a pesar de que por el título parecía ser de aplicación.
Estamos en presencia de un archivo de segundo grado, en la medida de que procede de archivos primitivos, primigenios, que ha pasado a tener un núcleo diferente a los archivos de que trata. Hablo de las razones meramente técnicas y no quiero entrar en qué razones dan lugar a la formación del archivo, cómo este archivo se organiza en cuanto a sus secciones, sin perjuicio de que hay un panorama general de ellos para que SS.SS. puedan apreciar la posición que al respecto va a mantener el Grupo Popular.
Este archivo, como saben SS.SS., se forma a partir de 1937 con la creación de dos funestos y desgraciados organismos, como se puede decir que fueron todos aquellos que dieron lugar y que se quedaron en esta contienda: por una parte, la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista y la Delegación Nacional de Servicios Especiales, creadas, respectivamente, en abril y mayo de 1937; pero, por decirlo así, la incautación sistemática, y desde un punto de vista militar, de los archivos históricos en las ciudades que se iban conquistando por efecto de la contienda se realiza, fundamentalmente, a partir de la creación del Servicio de Recogida Documental, creado en junio de 1937. Posteriormente, esta saca, incautación sistemática de archivos, da lugar a la creación de la Delegación del Estado para la recuperación de documentos en junio de 1938. Posteriormente, se unifican la Delegación Nacional de Servicios Especiales, a que antes me he referido, y la Delegación del Estado para la recuperación de documentos, pasando a denominarse Delegación Nacional de Recuperación de Servicios Documentales, que pasa posteriormente a integrarse en la Presidencia del Gobierno como servicio documental, en 1977 se integra

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en el Ministerio de Cultura y en 1979 se crea la Sección de Guerra Civil en el Archivo Histórico Nacional.
Por cierto, no se trata realmente sólo de una Sección de guerra civil, puesto que, por supuesto, ni comprende todos los archivos de la guerra civil ni todo lo que tiene este archivo ocupa la guerra civil, sino que más bien se trataría de un archivo onomástico de la II República española en cuanto a aquellas personas, siempre físicas, que la apoyaron.
En esta medida es preciso decir que el Archivo se articula en dos secciones: político-social y especial o masónica. La Sección Político-social, cuya columna vertebral la constituye fundamentalmente el fichero político-social, formado por varios millones de fichas de personas, se articula como una cantera que, desgraciadamente, sirvió de base para la labor represiva realizada por el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, creado en 1940. Por tanto, los documentos incorporados al Archivo de Salamanca tienen un origen --digamos-- «judicial» --entre comillas--, un origen represivo, que da lugar a la formación de un archivo, lo cual, en el supuesto de pretenderse la restitución de los documentos incorporados a este Archivo a su lugar de procedencia, a su fuente de origen, conduciría, por una parte, a la difícil reconstrucción de la fuente de procedencia de los archivos por cuanto la incautación se realizó por lugares, por ciudades, sin reseñar el organismo, la persona o asociación a los que se confiscó el archivo o documento de que se trate.
Por otra parte, es preciso señalar que en 1937-1938 se produce una asunción de competencias de la Generalitat por parte del Gobierno de la República, con lo cual parte también de estos archivos, que se podría en principio pensar que corresponden a la Generalitat de Cataluña, sin embargo, correspondían al Gobierno de la II República.
En este sentido podemos decir que, dentro de esta labor de expurgo que se realizó de los documentos, se seleccionaron sólo aquellos relativos a personas y actividades relacionadas con ellos y con la II República. Por consiguiente, todo aquello que se tomaba, que se confiscaba y se refería a otras materias, se restituyó al organismo de origen. Me quiero referir en concreto a todo lo relativo a la Consejería de Agricultura de la Generalitat, que en su día fue devuelto a la Diputación Provincial de Barcelona. Por consiguiente, entendemos que se trata de un archivo unitario que podemos calificar, sin temor a dudas, como el primer archivo onomástico de la II República española. Para que SS.SS. tengan idea de la vigencia de este archivo, podemos decir que en 1993 fueron cerca de mil los investigadores que lo consultaron, en concreto, 982. Fueron cerca de siete mil los documentos que fueron solicitados del Archivo, en concreto, 6.990. Fueron 45.198 las fotocopias que se realizaron de documentos del Archivo. Por eso les quiero decir a SS.SS. que de 1980 hasta ahora, por cuanto que es un archivo que no pasa a ser público sino con la democracia, son ya 36 las comunicaciones realizadas con carácter general sobre este Archivo Histórico Nacional.
En esta materia, y recogiendo un argumento que me imagino que el señor Caldera desarrolló posteriormente y que tuvo lugar en la Comisión de Educación y Cultura, he de decirles que es preciso restituir, que hay que restituir, pero en materia de Administraciones públicas, en materia de Estado, antes que la restitución está el servicio público. Es un servicio público a la cultura cuya vigencia prueban los datos que acabo de relatar a SS.SS. y el carácter unitario que hoy tiene el Archivo.
Entendemos que hoy día el Archivo tiene una vigencia fundamental para poder conocer la II República española.
Ciertamente, cuando esto deje de suceder así, el Archivo, los documentos, si es que es posible --insisto-- técnicamente recomponer el lugar de procedencia, por supuesto que lo lógico será que retornen a su lugar de origen, pero hoy día el Archivo tiene una vigencia específica y no ha lugar a ello en la medida en que cumple un servicio cultural fundamental. Por último, quería decirles que en materia de Unesco arriba-Unesco abajo, hemos de atenernos a la circular de su Director General número 2.761 relativa a principios y normas sobre transferencia de archivos, que establece con claridad los criterios a seguir en materia de archivos que sean confiscados, incautados o no, dados voluntariamente, en cuanto llegan a formar una unidad separada e independiente de los archivos de que traen causa.
Créanme SS.SS. que no actúo en esta tribuna ahora con un carácter chovinista, ni mucho menos provincianista de que se quede en la ciudad, capital de la provincia a la cual estoy representando en esta Cámara y, que quiera por esa razón que se quede en la ciudad de Salamanca el Archivo Histórico Nacional, Segunda Guerra Civil. En absoluto. Como servicio a la cultura, como salmantino incluso prefiero que el Archivo se mantenga íntegro y que vaya a Cataluña. Pero, por supuesto, si tenemos que hacer juicios de Salomón, también me gustaría decir a SS.SS. que puestos a hablar de agravios territoriales históricos, hablemos de todos. Nosotros no pensamos, en absoluto, abrir esta caja de Pandora, pero si hay que hablar de ello seremos siempre, al menos los segundos en hablar; nunca los primeros.
Por eso y en la medida en que razones sólo técnicas aconsejan (y, por supuesto, técnicos hay que en su día puede que aconsejen otra cosa) que se mantenga la unidad del archivo, nosotros seguiremos manteniendo y propiciando esta unidad del archivo votando ahora en contra, como lo hicimos en su día en Comisión, esta proposición no de ley por la que se pide la restitución de los documentos que puedan proceder de la Generalitat

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de Cataluña al Archivo Nacional de la Generalitat de Cataluña.
Por esto, señor Presidente, nuestro Grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señorías, señora Rahola, créame que he escuchado con suma atención y respeto su intervención en la defensa de la proposición no de ley a través de la cual solicita la devolución de aquellos documentos que fueron generados por la Generalitat y que están ubicados, como bien ha dicho el señor Fernández de Trocóniz, no hay que confundirlo, en la Sección Guerra Civil, del Archivo Histórico Nacional en la ciudad de Salamanca. No hay que elevar tampoco a una categoría extraordinaria, señor Ribó, las razones técnicas porque muchas veces los componentes técnicos son los determinantes de nuestras tomas de decisiones, aunque hay un variopinto conjunto de ellas que me propongo examinar. Con el mejor de los ánimos, y me gustaría también que con acopio de razones suficientes, quiero indicarles por qué mi Grupo Parlamentario, como ya hizo en febrero en la Comisión de Educación y Cultura, se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición no de ley.
Las razones tienen que ser evidentemente muy similares a las expuestas en aquel momento. De lo que se trata aquí es de resolver un problema, no de crearlo. Nosotros entendemos que ese problema hoy ya no existe y, por ello, nunca podríamos entender que nuestra posición pueda suponer un agravio, una agresión a la memoria colectiva de un pueblo, lo cual está alejadísimo de nuestra intención. No es ése el camino, señorías, sino las razones que a continuación me propongo exponer. Ya, repito, en febrero indiqué un variado conjunto de las mismas.
Las hay históricas. Esta proposición no de ley --creo que lo ha aclarado perfectamente el representante del Grupo Popular, señor Fernández de Trocóniz--se refiere a una sección concreta del Archivo Histórico Nacional, la Sección llamada Guerra Civil. El contenido de ésta estaba constituido, efectivamente, por aquellos documentos que la tristemente famosa Delegación del Estado para la recuperación de documentos del Ejército franquista obtenía --ya dije también en Comisión que de forma selectiva, no indiscriminada-- en las unidades administrativas que iba ocupando. Entonces, estos documentos tenían un valor puramente administrativo. Es hoy, a la luz del tiempo transcurrido, después de los acontecimientos sucedidos, cuando estos documentos adquieren valor histórico.
¿Cuál era el procedimiento para su reunión? Se reunían en las delegaciones territoriales de recuperación de documentos.
Posteriormente se enviaban a la mencionada Delegación del Estado, sita en Salamanca, donde se integraban en su sección político-social.
Es cierto, como los son hechos históricos de triste memoria por mucho que queramos repudiarlos pero existen, que la clasificación y la ordenación de estos documentos, señorías, lejos de cualquier interés puramente documental, administrativo o incluso archivístico, la razón verdadera respondía al apoyo hacia la unidad administrativa encargada de la represión franquista y, en concreto, al Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo y con la finalidad esencial de obtener pruebas de carácter incriminatorio. Pero eso ocurría no sólo con los documentos obtenidos en Cataluña, sino con los documentos que se obtenían en todas aquellas ciudades que iban siendo ocupadas por el Ejército franquista.
Una vez más, aquellas trágicas circunstancias no deben nublarnos ahora la valoración del juicio que debemos formular.
No puede, creo yo, en modo alguno compartirse que la simple devolución de un documento constituya reparación alguna o cierre de heridas. Ello haría, señorías, imposible la misma existencia de archivos, así como la conservación de la memoria colectiva de un pueblo, en este caso por acumulación, como indicó el señor Trocóniz, de todos los documentos conservados en el Archivo de Salamanca del pueblo español.
Razones técnico-documentales, que son muy importantes. La clasificación en series de esta documentación atendía, en primer lugar, a la ciudad o lugar de incautación, produciéndose mezcla de la misma y constituyéndose un segundo principio de procedencia. En base a ello, no es posible, aunque quisiéramos, determinar con exactitud cuántos proceden realmente de la Generalitat de Cataluña.
Permítanme la cita de un conocido investigador, el profesor Bonanusa, que en su libro «La correlació de forcas políticas durant la guerra» nos lo recuerda. Dice él: Del análisis de los registros de entrada de documentos de la citada Delegación, se deduce que muchos de ellos habían sido producidos por organismos de la Administración central, tanto en Madrid como en Barcelona, al haber asumido ésta, a partir de 1937, competencias hasta entonces de la Generalitat.
Además, algunas de las dependencias que mantenían nombres de la Generalitat, en el momento de hacerse los registros ya habían pasado a depender de la Administración central, entre ellas los departamentos de Defensa, Orden Público y Asistencia Social, Abastos y Transportes, Economía y Finanzas, Industria de Guerra y otras.
Esta tantas veces mencionada Delegación del Estado para la recuperación de documentos se integró después en la estructura administrativa del Estado. Ya se ha indicado el íter administrativo por parte del señor Trocóniz, por lo que hago gracias de su repetición.


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Esto significa que debe considerarse un fondo único, con todo lo que ello supone para la función investigadora. Al formar unidad documental, debe mantenerse de acuerdo con los principios básicos de la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos. Aquí entra en juego ese gran principio de patrimonio común, que se aplica --ya se ha dicho también-- incluso para los casos de sucesión de Estados, a efectos de prevenir aquella posible pérdida de valor que la división de los documentos, la división del fondo documental, desde el punto de vista administrativo, jurídico, etcétera, pudiera acaecer si éstos se dividieran. En atención a este principio, el conjunto de archivos siempre queda físicamente intacto en uno de los países interesados, para el caso de sucesión de Estados y para éste, «mutatis mutandi», señorías, en una de las comunidades autónomas, la de Castilla y León, dándole tratamiento de parte integrante del patrimonio nacional de archivos.
También hay algunas razones de carácter político competencial, que me gustaría señalar brevísimamente. Aquí no discutimos titularidades dominicales, creo yo. Fuese cual fuese la ubicación del Archivo Histórico Nacional, señorías, la Administración general sería la única responsable de su custodia. Por tanto, es claramente un archivo de titularidad y gestión estatal.
El artículo 149.1.28 de la Constitución concede, como ustedes saben, al Estado --en este caso, al Ministerio de Cultura-- la competencia exclusiva en archivos de titularidad estatal como el que nos ocupa. En todo caso, nunca sería correcta, señora Rahola, sin complementarla, es decir, sin establecer complemento alguno, la afirmación que recoge la exposición de motivos de su texto sobre el hecho de que la Generalitat de Cataluña tiene competencias exclusivas en lo que hace referencia a la cultura, dado el carácter obviamente concurrente de esta competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Este sería el complemento que, a nuestro juicio, debería añadirse a esta posición.
En todo caso y como considero que a SS.SS. les guía un afán constructivo y utilitario, cualquier problema que pudiera surgir sobre el acceso a estos fondos documentales está afortunadamente resuelto por dos vías: una, ya mencionada, convenio firmado el 21 de diciembre de 1982 entre la Generalitat y el Ministerio de Cultura, en virtud del cual la última entrega, el 26 de febrero de 1993, de la microfilmación de los documentos se realizó a aquellos que hipotéticamente, porque no hay seguridad absoluta, fueron producidos por la antigua Generalitat. En segundo lugar, a través de un procedimiento o instrumento técnico, llamado digitalización del archivo que, a partir de su puesta en marcha definitiva, resolverá cualquier problema ulterior que pudiera plantearse que pudiera surgir pues permite la consulta y reproducción de documentos prescindiendo del soporte documental.
Hago mías las palabras del digno representante del Grupo Popular por la provincia de Salamanca, señor Fernández de Trocóniz, en el sentido de no guiarme un afán provincialista hacia la ciudad de Salamanca. Ya indiqué --lo hice a modo de exordio, de complemento en mi anterior intervención-- algunas de las razones que, sin demérito de algunos otros muchos lugares donde pudiera ubicarse en el futuro un archivo de esta naturaleza, nos llevaban a que Salamanca fuera un lugar ideal para el mantenimiento del mismo.
Voy a hacerle gracia a SS.SS. de recordarlas, pues ya lo dije entonces. En todo caso diré que un archivo, como parte de la memoria colectiva de un pueblo, aun cuando contenga secuencias de hecos luctuosos a superar, que nunca a olvidar, debe radicarse --repito-- como unidad, por todas estas razones, en un solo sitio. Creemos en este caso que, por las competencias descritas, este lugar debe ser la ciudad de Salamanca. Son simplemente estas razones las que nos llevan, señorías, a no votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Entiendo que como ha habido fijación en contra tengo derecho a réplica.


El señor PRESIDENTE: No. La señora Rahola sabe que el hecho de que se pronuncien los grupos de forma distinta a la proposición en este trámite no da lugar a un turno de réplica.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la proposición del Grupo Mixto (señora Rahola) sobre la devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 35; en contra, 266.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular subsiguiente a la interpelación, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la empresa Elosúa, S.A.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

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El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad, porque entendemos que esta cuestión ha sido suficientemente debatida, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Economía y en el Pleno de esta Cámara el pasado día 25 de mayo, cuando tuvimos ocasión de plantear y defender la interpelación de la que trae causa esta moción, mediante la cual solicitábamos del Gobierno de la nación que nos explicara cuál había sido la estretegia seguida por la Administración española, desde 1985, en todo lo relacionado con la empresa Elosúa desde la situación de privilegio que gozó, en su momento, al recibir una actuación crediticia del Banco de Crédito Agrícola, subvencionada al 50 por ciento, para que adoptara una posición de privilegio a la hora de comprar una gran marca aceitera; qué había sucedido después, cuando parte del accionariado había incumplido el compromiso expreso que había adoptado con la Administración y había vendido el 30 por ciento de su accionariado al grupo multinacional italiano Ferruzzi; por qué el Gobierno, a través de la empresa pública Mercasa, había dado instrucciones muy concretas de actuar rápidamente en el mercado libre, en la Bolsa, comprando a cualquier precio y sin tener en cuenta las reglamentaciones y la normativa legal que regula la actuación del grupo público en cuanto a actuaciones concretas de Bolsa se refiere; por qué se había logrado sindicar un 51 por ciento de las acciones de este empresa y por qué en 1991 el Gobierno español había girado 180 grados en su estrategia de defender la españolidad de este empresa. Estas preguntas no han sido respondidas jamás por el Gobierno y, en ocasión de la comparecencia del Ministro de Justicia en la Comisión de Justicia e Interior, en octubre del año pasado, cuando le preguntábamos al Ministro de Justicia qué sabía de la denuncia formal que existía ante los tribunales italianos, por parte de un alto administrador de la multinacional Ferruzzi, que, ante preguntas de la judicatura italiana, había manifestado que con dinero negro de la multinacional se habían comprado voluntades políticas de altos cargos de la Administración española, para facilitar el acceso al control de Elosúa por parte de la multinacional, el Ministro de Justicia solamente nos informó de que el anterior Fiscal General del Estado había abierto una comisión de investigación. Pues bien, once meses después de aquella teórica apertura de investigación, no sabemos nada de los pasos que ha dado la Fiscalía General del Estado. Lo único que sabemos es que el juez italiano encargado de esta cuestión, ante la incapacidad española de ponerse en contacto con él y ante el silencio de las autoridades españolas, tanto administrativas como políticas y judiciales, el juez italiano, digo, ha reabierto la causa y va a entrar --parece ser, por noticias de prensa-- a analizar el contenido de aquella denuncia. Pues bien, como decíamos, señorías, en 1991 la administración española cambia de estrategia y donde había una defensa a ultranza del mantenimiento de la nacionalidad del grupo Elosúa, se pasa a un arreglo rápido de posiciones con los representantes italianos, con los representantes de la multinacional Ferruzzi, de tal forma que se llega a una situación de hecho mediante la cual la presidencia corresponde al representante público español, pero la gestión corresponde, como quedó de manifiesto en estas actuaciones parlamentarias a las que he hecho referencia, a la multinacional Ferruzzi.
A raíz de aquella gestión y aquel pacto Elosúa empieza a perder dinero (así lo demuestra la auditoría hecha por Arthur Andersen, que figura en la documentación que hemos expuesto en sucesivas ocasiones ante la Comisión de Economía y en la interpelación del pasado día 25 de mayo) y se llega a la última actuación, que en el mes de febrero de 1994 los representantes de la multinacional adquieren el 20 por ciento que quedaba de acciones del grupo privado, y en este momento se encuentran en una situación de control y de absoluta propiedad del grupo mayoritario de acciones.
Como recordarán SS. SS., en la interpelación al Gobierno le solicitábamos que nos explicara cuáles habían sido los pasos que había seguido la Administración, qué estrategia se había perseguido, por qué se había cambiado de estrategia y qué íbamos a hacer, en mayo de 1994, ante la situación planteada oficialmente en la Comisión de las Comunidades, mediante la cual la multinacional comunicaba a la Comisión que se hacía cargo del control de Elosúa.
El señor Ministro de Agricultura, que contestó en nombre del Gobierno (ya no fue el Ministro de Economía, que es el que había adoptado la posición oficial del Gobierno ante la Comisión respectiva de la Cámara, nos cambiaron de Ministro, un Ministro recién llegado, como comprenderán ustedes), se limitó a repetir las palabras que ya conocíamos del Ministro de Economía, manifestadas tres meses antes en la Comisión respectiva, no aclaró ninguna cuestión y, lo que es más grave, no nos dijo cuál iba a ser la posición del Gobierno ante el requerimiento que hacía la Comisión de las Comunidades respecto al control que en este momento se iba a producir en la mayor aceitera española por parte de la multinacional italiana. Y no lo sabemos aún. Solamente hemos conocido que la Comisión ha dado el visto bueno a ese proyecto de absorción y que hoy, en junio de 1994, podemos decir públicamente que la mayor empresa aceitera española, la mayor responsable de la elaboración y distribución de aceite de oliva --grasa emblemática, porque hay que recordar que somos los mayores productores y consumidores del mundo--, esa empresa, con esa magnitud del mercado que llega casi hasta el 50 por ciento, no está controlada ni por capital español ni por presencia española,

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aunque tenemos, teóricamente, el 37 por ciento de la misma.
Desde hace un año, el Grupo Parlamentario Popular intentó investigar y aclarar las denuncias que se producían en tribunales italianos, pero los hechos se estaban sucediendo a una velocidad verdaderamente vertiginosa en el discurrir de esa empresa. Noticias y elementos nuevos aparecen con ocasión de la investigación del caso Ibercorp, y todos descubrimos que el antiguo Ministro de Agricultura, entonces Director General de Industrias Agroalimentarias, por tanto, la autoridad que de alguna forma participó e impulsó la concesión del crédito subsidiado a la empresa Elosúa para adquirir la situación de monopolio a través de Carbonell, aquel personaje, el señor Albero, era accionista de la multinacional italiana y tenía un paquete importante de acciones del grupo Ferruzzi. Todo eso no ha sido explicado. Nos hemos encontrado con dificultades verdaderamente insólitas a la hora de intentar aclarar este caso y hemos querido trasladar a la opinión pública una situación en la que no estamos conformes con la actuación de la Administración pues hemos encontrado algo raro en los pasos que se han seguido. Está la denuncia ante los tribunales italianos. Desconocemos lo que ha hecho la Fiscalía General y desconocemos si la Administración ha impulsado los trabajos de esa Fiscalía o se ha preocupado de facilitarle información y posibilidades de esclarecimiento.
Todo ello, señor Presidente, nos lleva a la necesidad de plantear ante la Cámara, hoy la moción objeto de aquella interpelación. Entendemos que es absolutamente necesario la creación de una comisión de investigación; una comisión de investigación que nos permita retrotraernos a 1985, comprobar en qué condiciones se dieron aquellos créditos, 4.500 millones de pesetas subvencionados al 50 por ciento; si se condicionó o no se condicionó ese dinero para que se mantuvieran determinadas estrategias y objetivos que se pretendían alcanzar; por qué cuando se rompieron aquellos compromisos, si existían, no se reclamaron las cantidades con intereses con efecto retroactivo; por qué hasta el año 1991 mantenemos una actitud de defensa a ultranza de la españolidad de la marca de nuestro país; por qué en 1991, a raíz de una crisis del Gobierno, a la salida de unos ministros, a la entrada de otros, se cambia drásticamente de estrategia; por qué acceden a la gestión de esta empresa los representantes del competidor más directo que tenemos representado en los intereses italianos, que, como recordarán SS.SS., es el otro país del mundo que produce y consume aceite de oliva en igual magnitud que nosotros.
Nada está aclarado, señor Presidente. No hay posibilidad de poder trasladar a los grupos interesados cuál es la versión del grupo mayoritario de la oposición respecto a estos acontecimientos. No ha habido ningún interés por parte de los ministros que han comparecido en trasladarnos esa información.
Creemos que el Partido Socialista no se opondrá a la creación de esta comisión. Si ustedes están convencidos de la transparencia en la actuación de su Administración, si creen que son inciertas las acusaciones que se han suscitado ante la judicatura italiana, graves, y que han puesto de manifiesto que ha habido voluntades políticas empañadas que se han doblegado ante la presencia de dinero comprando esas decisiones, supongo, señores del Partido Socialista, que ustedes no se opondrán a que el Parlamento español pueda investigar, y si no ha pasado nada, en quince días le decimos a la opinión pública que es incierto lo que se ha dicho en los tribunales italianos, que todo se hizo espléndidamente, que se tomaron las precauciones, que 4.500 millones de pesetas de dinero español no se han perdido, que cuando el señor Ministro de Economía dice en la Comisión de Economía el 22 de febrero que es partidario de la existencia...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez, le ruego concluya.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente.
Cuando el señor Ministro de Economía dice que es partidario de la existencia de las dos empresas, y lo dice textualmente, que tres meses después el giro que se detecta no significa ningún cambio de estrategia o algo inconfesado. Por tanto, señores del Partido Socialista, esperamos que, después de lo que ha caído recientemente, estemos todos en voluntad de que se cree esa comisión.
En segundo lugar, queremos que el Gobierno haga una valoración oficialmente y por escrito, transmitida a esta Cámara, de cómo ve el Gobierno la presencia de una multinacional controlando el 50 por ciento de la elaboración y distribución del aceite de oliva en España.
Entendemos que el Gobierno habrá contestado al requerimiento de la Comisión de las Comunidades, que le daba quince días para posicionarse ante esa noticia. El Gobierno debe tener hecho ese informe, y si ha sido diligente en la contestación a la Comisión de las Comunidades, sería doblemente diligente en una petición que le hiciera su Parlamento, el Parlamento español, de tal forma que pudiéramos conocer cuál es el criterio del Gobierno respecto a una situación de monopolio que se ha creado en el sector estratégico --en palabras de los ministros de agricultura que han pasado por esta tribuna-- para la agricultura española. Por consiguiente, señor Presidente, creemos que no va a haber dificultades, que vamos a crear esa Comisión, tal y como pide el Grupo Parlamentario Popular, y que tendremos la contestación del Gobierno valorando la nueva situación.


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En el supuesto de que el Partido Socialista se oponga a la creación de esta Comisión y de que aquellos otros grupos parlamentarios sigan la estrategia del Gobierno de obstaculizar el conocimiento de lo que ha sucedido en este sector importante, desgraciadamente tendremos que seguir sospechando que en este sector, como en otros, hay algo que alguien quiere que no conozca la opinión pública.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ramírez.
No se han presentado enmiendas a esta moción. En consecuencia, corresponde que los grupos fijen su posición en este debate.
¿Cuáles son los grupos que quieren fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo acerca de la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular podría resumirse en los siguientes criterios. Yo creo que hay una coincidencia general por parte de todos los grupos, y quiero pensar también que de la mayoría de los diputados del Grupo Popular, de que tampoco sería oportuno ni adecuado que en esta Cámara por cada circunstancia específica que hubiera aparecido o que se pudiera dar en el futuro en determinadas empresas, así como irregularidades y posibles incidencias que pudieran ir apareciendo, fuéramos constituyendo de forma inmediata en esta Cámara comisiones de investigación. Creo que no está en el ánimo de todos los diputados que por todos los eventos y todas las circunstancias que se vayan sucediendo en esta sociedad vayamos constituyendo comisiones de investigación. Sí deberíamos constituir aquellas que, creo yo, tienen una relación directa y por las que podamos tener un conocimiento certero sobre una relación con la administración pública de personas o cargos que ostentan responsabilidades dentro de la administración pública.
Yo he escuchado con interés la intervención del señor Ramírez, del Grupo Popular. Creo que, la verdad, usted mismo, al final, nos decía a todos los diputados que le parecía oportuno constituir esa comisión. Decía usted que si en el plazo de 15 días se muestra o se pone de relieve que la información aparecida o los hechos puestos en análisis dan a entender que no ha habido ningún hecho reprobable o actividad delictiva, esto se le dice al pueblo español y ya está. En todo caso, nuestro Grupo entiende que quizá sería oportuno no precipitar la constitución de esta comisión, y, si se trata simplemente de 15 días, como usted dice, 15 días pasan muy rápido señoría.
Creo interesante el punto 2 que ustedes plantean sobre que el Gobierno en 15 días nos remita a esta Cámara un informe sobre todos estos temas. Sabe usted también, como hemos conocido todos los Diputados, que la Fiscalía General del Estado ha instado las diligencias informativas sobre este tema y me parece que sería adecuado esperar al término de estas diligencias informativas. Las pido al Gobierno en esta intervención en nombre de mi Grupo e insto a la Administración del Estado y al Gobierno a que, con todos los medios que tiene a su alcance, acelere todos los trámites para que esta Fiscalía General del Estado pueda terminar con celeridad esas diligencias informativas.
El Fiscal deberá considerar si los hechos son tipificables penalmente; deberá hacerlo. Yo espero que lo haga en plazo muy breve. Si estos hechos fueran tipificables penalmente entonces deberían ser objeto de una reflexión; no antes, sino después.
Y, en todo caso, yo creo que entonces procederá, no antes sino entonces, interponer la correspondiente denuncia, y entonces es cuando yo entiendo que si hay elementos o personas de la administración pública involucradas es cuando esta Cámara debería considerar la propuesta número 1 que hacen ustedes.
Por consiguiente, la posición de mi Grupo sería, en cuanto al primer punto, no estimarlo oportuno; en cuanto al segundo, estimarlo muy oportuno y necesario. Por tanto, hay que urgir al Gobierno para que en este plazo de 15 días nos remita a la Cámara este informe que se solicita. En todo caso, por la información que tenemos en estos momentos, debemos dejar la posición en esta situación y esperar a que la Fiscalía termine de instruir esas diligencias. Urgimos al Gobierno para que en el plazo de 15 días nos presente ese informe. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tal como anunciamos en el proceso de debate de la interpelación parlamentaria que se produje hace, si no recuerdo mal, dos semanas, lo que se traslucía de dichas interpelación era que se iba a pedir una Comisión de investigación. Mi Grupo Parlamentario dijo que sólo traía consigo una Comisión de investigación. Pedir comisiones de investigación es un asunto serio que se está prodigando en exceso en esta Cámara, hasta el punto de que la Cámara pueda convertirse, en sí misma, en un elemento investigador de la economía y el tráfico de influencias en este país. Pero lo que es realmente penoso es que cuando un asunto como este de Elosúa lleva rodando siete meses, es decir, desde que

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el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya lo denunció y empezó a actuar para conseguir que se aclarara, todavía se encuentre pendiente de que comparezcan no menos de cinco personas ante la Comisión de Economía para explicar cuáles han sido las actuaciones del Gobierno. Esta es la gran pena de este asunto: la tardanza del Gobierno en comparecer, la tardanza del Gobierno en aclarar cuáles han sido las responsabilidades en un asunto de esta naturaleza.
Esto es lo que da lugar a que aparezcan propuestas como la que nos viene del Grupo de la derecha, en la que se plantea ahora recoger la rentabilidad política de este asunto, cuando podía y debía haberse aclarado en el transcurso de tiempo que va desde noviembre de 1993 hasta junio de 1994.
Quiero recordar que es en noviembre de 1993 cuando el Diputado de Izquierda Unida Antonio Romero va a Italia, se entrevista con el Juez Di Pietro y comienza la investigación; que la información de dicho Diputado se da al Fiscal General del Estado; que el Fiscal General del Estado utiliza esa información, pone en movimiento al Juzgado número 14 de Madrid; que el Juzgado número 14 de Madrid llama a declarar a varios testigos importantes, entre ellos al citado Diputado de Izquierda Unida, y se plantea una comisión rogatoria para que vaya a Italia a tomar declaraciones y tener conocimiento por parte de la justicia. Estas son las iniciativas que ha tomado Izquierda Unida.
Izquierda Unida se planteó, en su momento, pedir una Comisión de investigación. No lo hizo deseando y pensando que el tema se podía aclarar por los cauces normales porque iban a comparecer con celeridad ante la Cámara los diferentes responsables del Gobierno que habían tenido actuación en el asunto de aceites Elosúa. Sin embargo, todo esto no ha sucedido. ¿Habrá que pensar que el Gobierno no entiende otra manera de actuar, para que se aclaren estos temas, que la petición de comisiones de investigación? ¿Tendremos que tomar nota de que esta es la única manera de que el Gobierno entienda la forma de que se aclaren estos temas? Creo que sería una conclusión francamente penosa.
Mi Grupo Parlamentario no tiene otro remedio que apoyar este iniciativa para que la Comisión de investigación sea la encargada de aclarar este asunto, que no puede permanecer más tiempo sin esclarecer, sobre todo cuando están sucediendo actos tras actos que vienen a agravar cada vez más, si cabe, las diferentes actuaciones que ha habido sobre Aceites Elosúa por parte del Gobierno. El punto final de gravedad de lo que ha pasado con Aceites Elosúa ha ocurrido en los últimos días cuando, por fin, Ferruzzi ha conseguido controlar más del 50 por ciento de Aceites Elosúa, después de que al Estado español le ha costado muchísimo dinero dar un crédito, a través del Banco de Crédito Agrícola, a una familia española para que consiga el control de Aceites Elosúa y de Aceites Carbonell y, por consiguiente, el de la industria aceitera española.
Después de que ha costado muchísimo dinero al erario público, repito, vemos cómo el Gobierno, en un momento dado, cede el control español de Aceites Elosúa, cómo permite que Ferruzzi, a través de Koipe, se haga con el control de Elosúa y cómo, finalmente, permite que se haga con el control de la masa accionarial. Todos estos son elementos bastante graves que deben explicar. También se debe explicar cuál ha sido la actuación de las diferentes empresas públicas, fundamentalmente de Tabacalera, de la Dirección General del Patrimonio; cómo ha habido enfrentamientos entre diferentes sectores de la Administración, del Ministerio de Economía con el Ministerio de Agricultura, de las diferentes empresas públicas entre sí. Todo esto debe ser aclarado, y si el Gobierno en estos seis meses que ha tenido para comparecer ante las Cámaras (no solamente el Ministro Solbes, sino los diferentes responsables que han intervenido en este asunto) no lo ha hecho, se tendrá que proceder al mecanismo de la comisión de investigación para que así se haga. Aunque realmente lo que Izquierda Unida hubiera deseado es que, por un procedimiento normal, el Gobierno hubiera comparecido y que no quedaran dudas sobre este asunto y se pudieran plantear los mecanismos y las correcciones necesarias para que casos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir.
Nos parece también importante que el punto 2.º se cumplimente.
El que en el plazo de quince días se traiga este informe para que se conozcan cuáles han sido las actuaciones de la Administración y cuál es la situación real del sector aceitero español, nos parece también importante, y desde luego mi Grupo Parlamentario lo desea y lo va a apoyar.
Y no nos queda más que lamentar, junto con el apoyo a esta moción parlamentaria, que la actitud responsable que mi Grupo ha tenido durante todo este proceso no se haya visto correspondida con una actitud también responsable por parte del Gobierno y se haya aclarado ante toda la ciudadanía cuál ha sido la auténtica gestión que se ha llevado sobre Aceites Elosúa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moreno Monrove.


El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra del punto 1.º de la moción que ha presentado el Partido Popular y que tiene como origen --como origen inmediato-- la interpelación ante el Ministro de Agricultura hace dos semanas. Y esto lo va a hacer con la plena seguridad de que el Gobierno ha actuado con

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transparencia, de que el Gobierno ha actuado con coherencia, de que el Gobierno ha actuado en defensa del sector aceitero y porque, además, el Gobierno ha explicado a esta Cámara suficientemente todo el recorrido. Otra cosa bien distinta es que el señor Ramirez diga que todas las preguntas no han sido respondidas (nosotros creemos que sí, que todas las preguntas han sido respondidas) y otra cosa es que el señor Ramírez diga que no son suficientes todas esas respuestas.
El señor Ramírez basó su interpelación, que es la argumentación para la moción que ha presentado, en cuatro elementos que hoy ha vuelto a repetir en la tribuna: la ayuda pública financiera a Elosúa para adquirir Carbonell, la entrega --hipotética entrega-- a Ferruzzi de la gestión de Elosúa, el incumplimiento de un pacto de no superación del 40 por ciento, las indagaciones sobre supuestas irregularidades y la posición actual del Gobierno en el conjunto del sector aceitero a raíz de los últimos acontecimientos. Nuestro Grupo quiere responder a cada una de estas cuestiones con brevedad, pero inevitablemente acudiendo a argumentos que yo mismo tuve la ocasión de esgrimir en la Comisión de Economía de hace escasamente tres meses. Como ya dije entonces, y como el señor Solbes también anunció, la intervención en apoyo del sector aceitero español se produjo a la vista de una situación dramática de una marca absolutamente emblemática e insignia del sector aceitero, como muy bien saben todas sus señorías. Y fue un apoyo financiero a otro aceitero español, justamente para que no cayera en esos momentos en manos extranjeras. Y esto lo hizo teniendo en cuenta la importancia del sector desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, por lo que suponía para Andalucía, para la provincia de Jaén, para la superficie plantada, para la mano de obra empleada y por la importancia que España tiene como productor de aceite de oliva.
¿Qué hubiera pasado, señor Ramírez, si en aquel momento el Gobierno no hubiera hecho lo que hizo? ¿Qué nos hubieran dicho entonces? ¿Qué hubieran dicho si no hubiera dado el Gobierno un apoyo importante como el que produjo en aquel momento al aceitero Elosúa? Seguramente nos habrían criticado exactamente con los mismos argumentos que hoy. Sus contradicciones en este sentido, señor Ramírez, son tan evidentes que no requieren casi ningún esfuerzo para hacerlas comprender.
El Estado ayudó al sector con apoyo financiero, y un conjunto de circunstancias, a lo largo de muchos años, han ido modificando la situación accionarial, como bien sabe el señor Ramírez, y se ha ido desgranando en información en todas las intervenciones que ha tenido el Gobierno y este Grupo parlamentario en las distintas Comisiones.
En segundo lugar, señor Ramírez, el objetivo permanente del Gobierno ha sido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Moreno, el turno es de fijación de posiciones, no un turno en contra del señor Ramírez, que no lo hay en este debate.


El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, el objetivo permanente del Gobierno ha sido intentar que la mayoría del capital esté en manos españolas y esto ha sido posible durante un largo período de tiempo, hasta el punto de que ha ido creciendo la participación española hasta el 37 por ciento actual, yendo en apoyo de una situación que se iba deteriorando como consecuencia de desavenencias en el sector puramente privado de la familia Elosúa y de otros accionistas privados.
Por tanto, el sector público español no ha vendido una sola acción; el sector público español ha comprado siempre acciones en una línea de coherencia, de mantenimiento de una posición fuerte en el sector. Por consiguiente, nunca se ha entregado la gestión a Ferruzzi, por muy solemne que parezca la aseveración que aparece en las distintas intervenciones. Desde junio de 1992, lo que ha ocurrido es, sencillamente, que la gestión ha sido compartida, y esto cualquier ley mercantil lo evidencia de una manera tremenda; un consejo de administración con composición paritaria, en la que desde ese momento detenta la responsabilidad de la empresa Elosúa, hasta los acontecimientos de los últimos meses, de las últimas semanas.
Por otra parte, y como un elemento sustancial del texto de la moción que presenta el Grupo Popular, tengo que decir que, a partir de unas supuestas declaraciones periodísticas exclusivamente que atribuyen de manera genérica supuestas comisiones en torno a Elosúa sin que estas declaraciones se hicieran ante órgano judicial alguno y sin mencionar ningún nombre y ningún dato concreto, se pretende enjuiciar el comportamiento del Gobierno; y esta es la parte fundamental de la intervención y, sobre todo, del contenido de la moción. La Fiscalía General del Estado inició en su día el procedimiento correspondiente, por si pudiesen existir indicios de comportamientos irregulares, estando en estos momentos el asunto, como bien sabe toda la Cámara, en manos de un juez español que con toda autonomía deberá pronunciarse. Por tanto, pretender ahora una comisión de investigación cuando no existe indicio alguno ni imputación personal alguna, para nuestro Grupo tiene intenciones políticas absolutamente inaceptables.
Significa arrojar sombra de duda, como nos tienen acostumbrados, y esto entendemos que es una posición de irresponsabilidad.
En consecuencia, y a la vista de estos argumentos, se desprende, yo creo que de manera muy clara y muy evidente, que no hay tanto interés por esclarecer los hechos, los supuestos indicios o el desarrollo accionarial de un grupo tan importante como el Grupo Elosúa y

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del conjunto del sector aceitero, sino de, sin datos probados, que no existen, sólo con indicios, criticar una actuación en una línea habitual, como la que viene manteniendo el Partido Popular, sin el menor fundamento. Su conclusión, por tanto --y termino mi intervención, señor Presidente--, es una perla. Si lo que hacemos es lo que ustedes quieren, muy bien. Si la mayoría dice que no, a pesar de ser con argumentos, van a mantener un clima de sospecha. Yo más bien entiendo, sin embargo, que su único objetivo, probablemente, es ése: levantar sospechas sin ningún fundamento.
Por último, quiero decir que nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con el segundo punto de la moción. Nos parece muy importante que el Gobierno, con brevedad y, por tanto, en el plazo fijado en ese segundo punto de la moción, informe por escrito sobre todos los acontecimientos de los últimos tiempos y, sobre todo, de la incidencia y el impacto que sobre el sector aceitero están teniendo los últimos datos, especialmente la posición mayoritario que en estos momentos ya sabemos todos que tiene el Grupo Ferruzzi y la posición minoritaria que mantiene el sector público, con un 37 por ciento.
Nada más, señor Presidente. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moreno.
(El señor Ramírez González pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, creo que he sido lo suficientemente aludido por el portavoz del Grupo Socialista para que me dé un brevísimo turno de intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe usted, señor Ramírez, que estos debates son unos debates tasados. El Presidente ha advertido cuanto pensaba, pero, lógicamente, al fijar la posición, necesariamente tiene que ser aludido; sin embargo, la alusión que aparece reflejada en el Reglamento no se ha producido para poder concederle ese turno. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de los dos puntos de la moción.
Votación relativa al punto primero de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 144; en contra, 157; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado primero.
Punto segundo de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado segundo de la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DISMINUIR DE FORMA BRUSCA Y ACELERADA EL NUMERO DE POBRES EN NUESTRO PAIS, ASI COMO PARA ACERCAR A LA MEDIA NACIONAL LOS DISTINTOS INDICES DE POBREZA DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA SU POSTERIOR APROXIMACION A LA MEDIA DE LA UNION EUROPEA (Número de expediente 173/000041)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres de nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas comunidades autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Teniendo en cuenta que el otro día debatimos amplísimamente este tema con la presencia de la señora Ministra, que, a nuestro juicio, se mostró verdaderamente sensible --de ahí que agradezcamos de antemano la presunta posible aprobación de la moción que hoy presentamos--, voy a hacer una intervención breve, además haciendo gracia a SS.SS. que estarán cansados y cansadas de analizar la derrota y victoria electorales.
El otro día conveníamos, o por lo menos cruzábamos argumentos en la dirección de que la llamada recuperación económica puede coexistir con altísimo grado de paro y de pobreza, es decir, que puede estar creando la sociedad dual, donde al final el discurso que se nos lanza, teniendo en cuenta las perspectivas de las

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cifras macroeconómicas, es que la economía se ha recuperado, pero el pueblo vive peor.
Las cifras de parados que emiten los distintos estudios que en torno a este tema se están realizando en España son muy coincidentes, en torno a 7,5, 8 millones de personas en el umbral de la pobreza, tanto si esto lo analiza --teniendo en cuenta un baremo distinto de población-- el Banco de España, cuanto el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística o el último estudio que acaba de encargar la Junta de Andalucía al equipo de Investigación Sociológica EDIS, referido al horizonte de diciembre de 1990/enero de 1991. En las zonas urbanas la pobreza está llegando al 20 por ciento de las familias y en el conjunto de España crece en estos momentos casi el 23 por ciento. La pobreza se mide, como SS.SS. saben, teniendo en cuenta la distribución de las rentas familiares entre el número de personas que la componen que no supere 29.000 pesetas mensuales o, en el caso de la pobreza severa, de los pobres de solemnidad, que también se dice, que no pase de 15.000 pesetas mensuales. Pues bien, hay 8 millones de personas en esta situación (Cáritas también da esta cifra) actualmente en nuestro país. Incluso el estudio de OþHiggins y Jenkis --ya tuve ocasión de decirlo el otro día-- da una cifra de 7.701.000, y lo que vienen a decir es muy grave. Vienen a decir que hay gente que, por razones personales, coyunturales, entra y sale de la pobreza en función de la coyuntura económica, de los ciclos económicos de este sistema, pero que la pobreza permanece como una bolsa estructural, estática, entren o salgan algunas o algunos --fundamentalmente algunas, en función de que crece mucho la feminización de la pobreza-- de esta pobreza permanente estructural a la que nos estamos refiriendo.
Desde este punto de vista, nosotros pedimos que se constituya una ponencia, que, quizás, no va a ser espectacular por sus comparecencias, aunque debe haber bastantes, tanto del Banco de España como de estudiosos españoles y europeos que se están centrando cada vez con mayor intensidad y agudeza en este tema que, sordamente, pero está asolando, en la construcción de esta sociedad dual, los territorios de la Unión Europea, fundamentalmente España, Portugal, Grecia y dentro de España, zonas como Andalucía, Extremadura, Canarias. Hay que estudiar esto con la intensidad con que ahora se está estudiando y hay que hacerlo desde esta Cámara, desde el protagonismo de esta Cámara; que salgan los datos de esta Cámara, no de estudios particulares o de organismos oficiales, excesivamente solemnes y no democráticos, por lo menos no elegidos democráticamente.
Que se extraigan los datos reales de esta Cámara, de pobreza, del umbral de la pobreza, de pobreza solemne, de pobreza por comunidades autónomas y que se analicen las situaciones reales. Porque a veces se están utilizando módulos subjetivos, personales, singulares, de necesidad, de cara a intentar generalizar el subsidio, de cara a intentar una política mucho más matizada con respecto a la vivienda. La actual no serviría para afrontar el tema de la pobreza. Los pobres están ya fuera de situación, fuera de la sociedad. El otro día decíamos -- parecía una broma, pero es verdad-- que si actualmente se convocara una manifestación a favor de los pobres, los únicos que no irían serían los pobres. Están marginados totalmente y las políticas actuales están dirigidas a dos tercios de la población, fundamentalmente, pero no a un tercio, que es el que se hunde en la miseria. Hay que matizarlas, aunque no voten los pobres.
Esta interpelación la hicimos antes de las elecciones y la mantenemos después con la misma intensidad. Los pobres no votan. Estos pobres a los que me estoy refiriendo en este momento están fuera del sistema electoral, y si votan es por encargo. Por lo tanto, habrá que ver el tema de la vivienda, de la formación profesional, del salario social, aunque la competencia es de las comunidades autónomas. Hay que ver la enorme precariedad, la enorme insuficiencia, el fracaso absoluto del salario social en la comunidades autónomas; habrá que ver como se implementa, se incentiva, se complementa, porque esa situación es de auténtica vergüenza. Daríamos los datos correspondientes de cada comunidad autónoma.
Habrá que investigar las áreas de malestar social, que no están bien investigadas, porque, repito, hacemos política para los que están en el sistema, no para los pobres. Habrá que ver el tema del paro, del paro de larga duración, de la incultura, el tema de la minusvalía, el del equipamiento y el de la desintegración, de la marginación social, que aumenta. Habrá que ver porcentajes superiores de pobreza en colectivos como las mujeres. El empobrecimiento de las mujeres o la feminización de la pobreza, como se dice ahora más usualmente, es tremendo, sobre todo cuando son cabezas de familia; o los hogares con un solo miembro, o los hogares con un solo miembro activo, o los hogares monoparentales, con más de un hijo. Son situaciones, repito, excéntricas con respecto a la misma política económica que se practica, no sólo aquí, sino en el resto de los países de la Unión Europea. No se hace política para los pobres, porque no se espera nada de ellos, ni siquiera el voto.
Por lo tanto, pedimos que se constituya una ponencia --y agradecemos la sensibilidad que mostró la señora Ministra-- acerca de la pobreza en el Estado español, un estudio que tiene que surgir desde este Congreso y tiene que expandir ese conocimiento a la gente para que cobre sensibilidad. Es preciso, repito, constituir una ponencia que cite a mucha gente a declarar, debiendo desarrollar su trabajo y obtener conclusiones pertinentes a lo largo del presente año de 1994.


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Me parece que corresponde realizar este estudio en esta ponencia y que su constitución, ahora que acaban otras --y habría incluso justificación a la hora de no ocupar excesivo tiempo, aunque me parece que en este caso está absolutamente justificado--, se hiciera ahora para terminar sus trabajos a finales del presente año.
Si se confirma que se va a votar la constitución de esta ponencia nosotros de antemano se lo agradecemos, pues creemos que se trata de algo bastante importante o por lo menos nosotros le damos esta importancia. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, el señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Como dijimos el día que se presentó la interpelación, mi Grupo ve con simpatía la creación de esta ponencia dentro de la Comisión de Política Social y Empleo, pero quisiera enmarcar nuestro voto en el sentido de que, tal como también dije el día de la interpelación, este es un tema al que nos gustaría acercarnos con el mayor respeto posible, con la mayor humildad posible y con un cierto grado de escepticismo, porque no será la ponencia la que resuelva los problemas que tienen los pobres en nuestro país. Sé que el señor Alcaraz lo sabe y sé que también sabe que lo realmente importante para evitar la pobreza es luchar contra sus causas y en este caso intentar crear empleo, intentar crear viviendas y acondicionarlas para el alcance de los menos pudientes; tantos y tantos otros problemas que motivan que tengamos ciertas bolsas de pobreza.
Ojalá en la ponencia sepamos acercarnos con el respeto suficiente para no manipular este colectivo de pobres de nuestro país, sino más bien para buscar entre todos cómo atacar las causas y que, al final, sin levantar falsas expectativas, logremos resolver alguno de los problemas que tiene la pobreza en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular la señora Sainz tiene la palabra.


La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar posición, en nombre de mi Grupo, en esta moción consecuencia de la interpelación de Izquierda Unida, presentada el día 25 de mayo, por la que se pide la creación de una ponencia para estudiar a fondo los problemas de la pobreza en España. Señorías, nuestro Grupo no se va a oponer a la creación de esta ponencia. Sí expresamos que este problema requiere soluciones inmediatas, medidas urgentes, cambio en la política económica y que no debería dilatarse ni mucho menos hasta que la ponencia concluya sus estudios, alumbre propuestas de resolución para elevar al Gobierno, que, por otra parte, no sabemos tampoco cómo va a reaccionar. Esto, naturalmente, a mi Grupo le preocupa, porque estamos hablando nada más y nada menos que de unos ocho millones de españoles que rozan el umbral de la pobreza y sabemos, además, de la existencia de más de millón y medio de familias que tienen en estos momentos a todos sus miembros en paro. Y esto no sucede por casualidad; me van a permitir ustedes que diga claramente que bajo el poder socialista España se ha ido empobreciendo.
Hablamos de situaciones que van desde el desempleo, pero más allá incluso del desempleo, hasta la precariedad también en el mismo empleo, trabajos sin contrato fijo, economía sumergida, trabajos inestables y, en definitiva, en muchas ocasiones, con el agravante de que muchos carecen de preparación, de formación para poder encontrar un empleo. El círculo de estas personas en desigualdad clara frente al resto de los ciudadanos nos habla de precariedad, de marginalidad y, en definitiva, de carencias sociales, variadas y muy importantes, que afectan, en general, a personas, a familias y a grupos determinados.
Por parte del proponente se ha hablado ya de las mujeres --la pobreza se dice que tiene nombre de mujer-- y nuestro Grupo lo hizo ya en el momento en el que intervenimos para fijar posición en la interpelación, de que un grupo importante de personas mayores están en esta situación; no podemos olvidar la precariedad de un porcentaje importante de pensiones.
También hay que recordar que en España las mujeres no es raro que estén en muchas ocasiones en esa frontera que roza el margen de la pobreza, porque sufrimos el doble de paro que el resto de las mujeres europeas, y las pensiones de miseria que tienen muchas viudas en nuestro país. No me puedo olvidar, en definitiva, de que hay un 22 por ciento de todo tipo de pensiones que está por debajo del umbral de la pobreza, de lo que se considera como tal, de las minorías étnicas, raciales y de estratos sociales, como decía al principio, sin capacitación: problema social, señorías, que considera nuestro Grupo que el Gobierno tiene claramente enquistado. Entrando, además en los ámbitos socioterritoriales, hay que recordar que en los ámbitos rural y agrario hoy día hay un grupo importante de familias que han ido descendiendo en el nivel de su vida porque se les ha hundido su economía, provocado, en algunas regiones y entre ellas la mía, por esa falta de la cuota de la leche, bajada de los precios agrícolas, en definitiva, una falta de expectativas de futuro en lo que había sido su economía productiva. En el ámbito urbano, la pobreza y la exclusión vienen provocadas fundamentalmente por el desempleo.
Recordemos que hay casi cuatro millones de parados

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en nuestro país. Frente a esa realidad indudable se está hablando, por otra parte, de algo que preocupa mucho a nuestro Grupo, de una quiebra del estado del bienestar, de un futuro incluso incierto para esas pensiones, que son precarias en muchas ocasiones pero es lo único que permite comer a muchas personas. Ante ello, repito, el Gobierno está paralizado, es insensible. La resignación en el paro, en la que quieren instalar a la sociedad española, el ir yo diría incluso tirando no lo comparte el Grupo Popular y afortunadamente creo que tampoco ahora lo comparte la sociedad española.
Incertidumbres de futuro, incertidumbres, en definitiva, económicas, ambas malas para la sociedad, que provocan esa precariedad, que provocan una inquietud y, desde luego una insatisfacción. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Son urgentes? También. Y yo querría recordar cómo nuestro Grupo, preocupado por los problemas sociales, ha presentado ya en esta Cámara diversas iniciativas para ayudar solidariamente a los grupos más débiles; propuestas para las mujeres, para esas familias monoparentales, elevación de las pensiones más bajas y un sinfín de medidas de ayuda a la familia que hoy actúa solidariamente, dando cobertura a aquellos miembros de su familia que estén en paro. Lo hacíamos con carácter urgente porque ello es justo y porque es claramente social. Pero nuestro Grupo sabe, señorías, que es necesario apostar por una protección social activa. Es necesario que la sociedad española recobre el dinamismo y la confianza, y para ello, naturalmente, es necesario que se produzca un cambio en la política económica.
El Grupo Popular lo ha venido demandando, ha presentado muchas iniciativas y realmente nuestra petición va encauzada y centrada en la creación de empleo. En definitiva, mayor incorporación de la población a la actividad productiva, dando prioridad a lo que podemos llamar la cultura del trabajo sobre la cultura del subsidio, creando riqueza para que haya menos personas que necesiten el subsidio y para, en cambio, poder ayudar solidariamente y en términos de dignidad a aquellas personas que sí necesitan la ayuda.
Ahora bien, en la situación crítica en la que están muchos millones de españoles, necesitan de un cambio en la política económica, pero no hemos encontrado en esta Cámara el apoyo de otros grupos para ese giro, para ese cambio, que introduzca dinamismo, que genere riqueza y que apueste también, de una vez por todas, por la formación de una serie de personas que hoy se ven imposibilitadas, por esa falta de capacitación, para acceder a un puesto de trabajo.
Nuestra actitud es positiva. Si bien sabemos que lo urgente es lo que hemos señalado y que es preciso un cambio en esa política económica, nuestra voluntad de defender los intereses, que son justos, de los ciudadanos hace que el Grupo Popular, como anunciaba en mis primeras palabras, vaya a apoyar esta ponencia. Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que en esa ponencia nuestro Grupo aportará iniciativas ya presentadas aquí y aquéllas otras que consideremos que puedan hacer reaccionar al Gobierno para que cambie la actual situación, esa política paralizante que perjudica a muchos, por no decir, de alguna manera, a todos los españoles y de una manera muy especial --creo que nadie lo puede discutir-- a esos cerca de ocho millones de españoles que tienen en común una desesperanza, una marginalidad y una precariedad y que, desde luego, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a un bienestar, tienen derecho a decidir. Y esos objetivos son irrenunciables para el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Manzanares.


La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos ante una moción consecuencia de la interpelación urgente que sobre la pobreza presentó el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida el pasado día 25 de mayo. Ya en el debate que tuvo lugar en la interpelación, y también se ha repetido esta tarde, se nos anunció la presentación de la creación de una ponencia y se argumentó entonces y ahora por parte del Grupo proponente con cifras, con situaciones de diversa gravedad, con índices comparativos entre comunidades autónomas y con olvidos hacia ocho millones de silencios y de sufrimientos, en el más puro estilo personal y propio del señor Diputado.
Para situarnos ante un tema preocupante, doloroso, ha dicho el Diputado del Grupo proponente que, a través de los años de Gobierno socialista, nuestra política no ha rozado las estructuras injustas que han producido la pobreza y que no se ha echado cuenta de los pobres ni desde la política económica, ni desde la política social. Cita textual del «Diario de Sesiones» del día 25. Señorías, no quiero pensar que el señor Diputado desconoce la política de protección social del Gobierno, no quiero pensar que el señor Diputado desconoce las políticas y las iniciativas que, de manera coordinada, se están desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional a través de las distintas instancias de las administraciones públicas territoriales. Quiero entender que su discurso corresponde más bien a su particular estilo personal y desde el cual formula la moción.
Es verdad que existen grupos de ciudadanos en nuestro país que constituyen bolsas de pobreza, de exclusión social, de desigualdad social, de marginación o de cuantas variaciones semánticas queramos aplicar, y es verdad que nos preocupan enormemente. No es verdad que mantengamos en el olvido y en el silencio a ocho millones de ciudadanos.


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El texto de la moción, desde su literalidad, y siempre según el señor Diputado, plantea una ponencia que, a nuestro modo de ver, es excesivamente genérica y abierta en la que se propone iniciar políticas específicas como si partiéramos de cero, como si se tratara de algo recién descubierto, como si nada se hubiera hecho.
A mí me recordaba, leyendo el texto de la moción, señor Diputado, a Luis Vives. No sé si usted ha leído un librito maravilloso de 1525, en el cual aconseja a los señores del Senado de Lieja que atiendan a los pobres. Se llama: «De subventione pauperum». Se lo pasaré. Hacía una llamada a sus conciencias de que existen pobres y que algo hay que hacer.
Señorías, señor Diputado, parece que tampoco es eso a lo largo de todo este tiempo que llevamos de desarrollo de políticas sociales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha estado valorando la posibilidad de presentar una enmienda en la línea de concretar más el contenido de la ponencia o quizá de delimitar el ámbito de estudio, al objeto de lograr una mayor operatividad, porque así evitaríamos el riesgo que, a nuestro entender, tiene que se pueda convertir en un foro de debate filosófico enormemente interesante, es verdad, pero quizá interminable. También hemos valorado que podría ser interpretado como intento de limitación o quizá como el deseo de eludir algunos aspectos del problema. Y nada más lejos de nuestra intención, señorías, ni de nuestra total disponibilidad. Así que, no habiéndolo hecho, adelanto la postura del Grupo parlamentario Socialista favorable a la creación de dicha ponencia. No obstante, sí quiero exponer, señor Diputado, alguna reflexión. Señorías, el Gobierno socialista desde 1982 viene desarrollando una política de protección social a través de un conjunto de programas, medidas y recursos de diversa índole establecidas por distintas vías, con acciones diferenciadas integrales y coordinadas para tratar de dar respuesta a las situaciones de desigualdad y a los colectivos y grupos más desfavorecidos, más vulnerables y más desprotegidos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, como es bien sabido, desde el modelo de organización económica socialista o socialdemócrata, como prefieran, que pone el acento en la necesidad de la redistribución de bienes, en el concepto de la solidaridad que, como SS.SS. no ignoran, supone la acción protectora sobre el total de la colectividad ejercida desde la contribución no igualitaria de sus miembros, desde la política fiscal que viene desarrollando el Gobierno socialista y desde las políticas sectoriales y sociales complementarias. Ello ha permitido, a lo largo de esta larga década, y permite atender solidariamente y desde el sistema público al variado mosaico de necesidades que acompañan a los diversos colectivos más desfavorecidos. Saben sus señorías muy bien que casi siempre confluyen carencias sociolaborales, carencias educativas, sanitarias, de alojamiento, de integración, de integración étnica, económicas, psicológicas, familiares y sociales de diversa índole y no se trata exclusivamente de medidas económicas. Se trata de desarrollo de programas de integración social complementarios que modifiquen la forma de vida, que potencie el grado de autovalimiento y autodesarrollo de estas personas. En esta línea se han venido desarrollando a lo largo de estos años los variados programas complementarios.
Esta política de acciones diferenciadoras persigue la inserción plena de todos los ciudadanos.
Es verdad, señorías, que el pleno empleo es la mejor de las políticas para evitar las situaciones de pobreza, de dependencia o de exclusión, pero no es menos cierto que, paralelamente a la promoción de empleo, el Gobierno ha venido ampliando el sistema de protección social. No lo decimos exclusivamente los socialistas. En los últimos años hemos asistido a una reordenación del sistema de pensiones contributivas, a la extensión de las pensiones no contributivas, a las prestaciones por desempleo y a los subsidios, a los programas complementarios, etcétera, y SS.SS. los conocen bien. Otros son los motivos por los cuales no los quieren decir, pero SS.SS. saben muy bien que la realidad se impone. Sólo pretendo constatar que tanto el Grupo Socialista como el Gobierno han considerado de manera muy especial el incremento y el desarrollo de los programas dedicados a los grupos más desfavorecidos. Así se ha reflejado en el incremento producido en los presupuestos de los últimos años y así lo han reconocido los expertos. Solamente recordarle las conclusiones del último seminario celebrado recientemente en Madrid, en concreto los días 26 y 27 de mayo; casualidad, un día después de la propuesta de S.S. El seminario sobre la pobreza en España hoy, análisis y líneas de actuación, promovido por la Fundación Argentaria, donde han participado destacados sociólogos y profesores de universidad, expertos en materia de estudio y de programas sobre la pobreza, tanto de España como del resto de los países de la Comunidad. Sólo expondré a SS.SS. un par de avances de conclusiones. Una de ellas dice que, en cuanto a la situación actual y su evolución en la última década, la población española que se sitúa bajo el umbral de la pobreza, según la encuesta de presupuestos familiares y con el indicador del gasto monetario, sería el 17,9 por ciento, unos 6.900.000 personas, sin ánimo de entrar en guerras de cifras, evidentemente, las que se encontrarían en situación de pobreza. En lo relativo a la población en situación de pobreza severa, se encontraría tan sólo el 2,3 por ciento de los hogares.
Otra de las conclusiones dice que, en lo referente a la situación de España, los últimos años en nuesto país se ha realizado una clara extensión de la protección social, aunque la cobertura de la misma es todavía de baja

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intensidad ciertamente y coexisten diversas prestaciones, derivadas del trabajo y asistenciales.
Otra de las constataciones de estos expertos es el avance en el porcentaje del producto interior bruto en relación a la media de los países de la Comunidad, pasando de un diferencial por debajo de ocho puntos a otro de tres y medio. Y varias conclusiones que, si no conocen SS.SS., sin duda tendrán ocasión de conocer.
Me gustaría resaltar también, señorías, que en estos avances ha jugado un papel decisivo la política social que se viene desarrollando que, a pesar de la situación de crisis que vive el país, ha conseguido reducir las bolsas de pobreza y paliar sus carencias, porque, aunque el empleo ha experimentado una regresión importante, cuando menos se ha conseguido una extensión prácticamente universal en cuestiones claves en el Estado de bienestar, como son la educación, la sanidad, la protección social y los servicios sociales que, qué duda cabe, funcionan como bolsas complementarias a aquellos programas que, si bien es la situación económica la fundamental carencia, complementan esa situación económica y también son importantes.
Señorías, como les decía, vamos a apoyar la creación de esta ponencia, pero deberán tener en cuenta que es uno de los temas en los que contamos con más estudios recientes, estudios de la Comunidad Europea, de Cáritas, informe Foessa, distintos informes, el último informe de la Fundación Argentaria y tantos informes como comunidades autónomas que han tenido sus respectivos planes de acción de lucha contra la pobreza. Por ello, hacemos una sugerencia, aunque quizá tenga que ser en el propio seno de la ponencia, para delimitar algo más el cometido de la misma, al tiempo que se deberá tener en cuenta a todas las administraciones públicas territoriales que tienen competencia en la materia. Existen programas de prestaciones básicas de servicios sociales. El Ministerio de Asuntos Sociales ha venido destinando, desde la puesta en marcha de este programa, más de 40.000 millones de pesetas, que se multiplican por tres al concertar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos el desarrollo de los mismos.
Respecto a los programas de rentas mínimas de inserción, discrepo con S.S. en cuanto a que son exclusi-vamente rentas de miseria. Sabe perfectamente que no solamente se trata de los 20.000 millones de pesetas que vienen dedicándole desde 1992 las comunidades autónomas, sino de cantidad de programas de educación, de inserción social, de apoyo social a aquellos colectivos más desestructurados, apoyos que se complementan con programas de integración sociolaboral, de entrenamiento social, de autodesarrollo personal, y que son tremendamente importantes para poner a estos ciudadanos en condiciones de acceder al mercado laboral.


El señor PRESIDENTE: Señora García Manzanares, le ruego que concluya.


La señora GARCIA MANZANARES: Existen también los programas de la Comunidad Europea.
Efectivamente, vamos a apoyar la creación de esta ponencia, quizás con esta llamada en el sentido de centrar un poquito el tema en aras a una mayor operatividad y desde el análisis comparativo y compartido de todos los programas y de todas las medidas que existen, junto a las medidas generales de protección social del Gobierno. Seguramente podremos complementar aquellas medidas que resulten insuficientes, corregir aquellas que veamos inadecuadas o, en su caso, iniciar nuevas políticas, si así lo creyéramos oportuno.
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Manzanares.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 289.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la tarde.

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