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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 107, de 22/11/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 V Legislatura Núm. 107 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 106 celebrada el martes, 22 de noviembre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (número de expediente 121/000067) (Continuación) (Página 5519) --Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (número de expediente 121/000070) (Página 5547)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número 108, de 23 de noviembre de 1994).


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (continuación). (Página 5519)

Título VII y secciones 32 y 33 (Página 5519)

El señor Rajoy Brey defiende las enmiendas del Grupo Popular, que son de supresión o devolución al Gobierno del Título VII y de la Sección 32. Asimismo presentan otras enmiendas de supresión, modificación o adición, según los casos, a diversos artículos del título citado. Para una mayor claridad distingue las enmiendas relacionadas con la financiación de las corporaciones locales de las que hacen referencia a las comunidades autónomas y en un apartado posterior formulará algunas consideraciones sobre el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
Sobre la petición de devolución al Gobierno del Capítulo I de este título, regulador de la financiación de las corporaciones locales, lo justifica en que no garantiza la autonomía y suficiencia financiera de aquéllas. Reconoce que, al menos, en el Presupuesto de este año existe una cantidad, aunque sea discutible, de participación de estas corporaciones en los tributos del Estado, lo que no sucedía anteriormente. Aun así, mantiene la enmienda de totalidad y lo seguirá haciendo en el futuro mientras no se dé solución a cuestiones decisivas que afectan a la financiación de las corporaciones locales, como es, en primer lugar, la delimitación precisamente de sus competencias y, en segundo lugar, la falta de garantías a su autonomía financiera.
Afirma que, ante el actual galimatías competencial de las corporaciones locales, podrían arbitrarse fórmulas para ir tirando, como se hace en estos Presupuestos, pero tales fórmulas, en su opinión, no pueden responder a criterio lógico alguno. Urge, por tanto, un pacto local, reivindicado en muchas ocasiones con razón por la Federación Española de Municipios y Provincias, que delimite con claridad qué deben hacer las corporaciones locales y, a renglón seguido, fijar unos criterios de financiación que respondan a las competencias propias de las mismas y, mientras esto no suceda, poniendo fin a la actual srituación. La oposición, sea la que sea, no puede dar su apoyo a la norma de financiación de los entes locales que presenta el Gobierno, sea cual sea. Otra razón de peso importante por la que su Grupo pide la devolución del capítulo I al Gobierno es el incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales o, lo que es lo mismo, por no respetar la autonomía financiera de las entidades locales.
Mantienen otras enmiendas a este título que son conocidas por los señores Diputados de esta Cámara, por lo que no va a entrar en su análisis. Simplemente destacaría dos de ellas, relativas a la situación de los municipios de Canarias. Sobre las razones por las que pide la devolución del capítulo II de este título que establece el sistema de financiación de las comunidades autónomas, cree que son suficientemente conocidas y se pueden resumir en una afirmación perfectamente entendible por todo el mundo y es que han transcurrido más de diez años desde la aprobación de la Constitución Española y desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y aún no hay un sistema de financiación definitivo de las mismas. Están, en la práctica, en un modelo que es el inicial del coste efectivo sin que exista corresponsabilidad fiscal y con el famoso 15 por ciento del IRPF que, según el propio grupo de expertos, es manifiestamente inconveniente y no responde a ningún criterio científico, sino simplemente a una presión al Gobierno por parte de determinado grupo político. En definitiva, el Grupo Popular no puede dar su apoyo al sistema de financiación de las comunidades autónomas que se establece en los Presupuestos Generales hasta que no se cumpla la legislación vigente y se dé contenido al acuerdo de 20 de enero de 1992.
En cuanto al Fondo de Cohesión de la Unión Europea y su reparto entre las comunidades autónomas y corporaciones locales recuerda que el Presidente del Gobierno, en contestación a una pregunta que él le formuló en el Pleno, el pasado mes de septiembre, garantizó que habría transparencia, claridad, equidad y justicia, promesa que no se cumple en estos Presupuestos, donde se dice, lisa y llanamente, que el Gobierno decidirá como estime oportuno y conveniente sobre el Fondo de Cohesión. Señala que en el supuesto de que el Gobierno no remita a esta Cámara, o al Senado, una comunicación fijando claramente el criterio para repartir este fondo, él mismo volverá a preguntar al Presidente del Gobierno la razón del incumplimiento de la palabra que le fue dada en el pasado mes de septiembre y le afeará su conducta.
El señor Martín Menis defiende las enmiendas de Coalición Canaria, la primera de ellas referente a la participación de los ayuntamientos y cabildos canarios en los fondos del Estado dedicados a esta Administración. Señala que es histórica ya desde el año 1972 la reclamación de los ayuntamientos

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canarios sobre su participación en los tributos del Estado y la Ley 19/1994, de 6 de julio, aprobada en esta Cámara por amplio consenso, no deja lugar en ningún supuesto a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente y de inversión en las islas. No existe ningún fundamento para que dicho gasto corriente en el archipiélago canario no sea igual que en cualquier otra autonomía en lo referente a las administraciones locales. Considera injusta la limitación que se les fija para la participación en sus tributos, sin que encuentren justificación para tales restricciones, máxime cuando el costo de la insularidad grava claramente a los ayuntamientos canarios a la hora de prestar los servicios correspondientes a sus ciudadanos.
Alude, por otra parte, a la enmienda referida al transporte, afirmando que la mejora del transporte público insular es la única fórmula viable para resolver su futuro y, dado que desde Canarias no participan en todos los fondos que desarrollan la infraestructura del ferrocarril, considera necesario potenciar transportes públicos alternativos para poder desplazarse a los nuevos lugares de trabajo manteniendo las residencias actuales.
Espera que las enmiendas de su grupo sean apoyadas y de alguna manera resuelvan o palíen los graves problemas que tienen y, en cualquier caso, estaría dispuesto a buscar alguna fórmula transaccional sobre las mismas.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya dirigidas a hacer frente a la política de los municipios y a la nivelación de la prestación de los servicios, así como a la mayor inversión para corregir desequilibrios entre las comunidades autónomas.
Señala que la gran discusión con la FEMP ha estado quizás excesivamente centrada en los intereses o las demandas de los grandes municipios, los que se vienen en denominar las siete grandes ciudades, pero cree que la peor situación, la que más necesidad de apoyo tiene, la padecen los municipios pequeños y medianos. Sin embargo, la plasmación en estos Presupuestos de los acuerdos alcanzados sobre el particular no se ajusta al cien por cien a las demandas pactadas con la Federación Española de Municipios. Alude a la situación especial por la que atraviesan los municipios de menos de 20.000 habitantes, para los que Izquierda Unida propone crear un fondo con 30.000 millones de pesetas, encargando al Gobierno que en plazo determinado desde la aprobación de estos Presupuestos establezca las condiciones para su distribución. Otra propuesta que realizan, que reconoce que es controvertida, es la creación de un fondo de nivelación, recogido en el artículo 15 de la LOFCA y reiteradamente aplazado, fondo encaminado a corregir y nivelar servicios que reciben los distintos ciudadanos con independencia de la comunidad en que vivan. Se trataría de un fondo, que no tendría carácter permanente sino hasta se produjese dicha nivelación, para hacer frente al déficit en la gestión de determinados servicios. Termina mencionando dos enmiendas concretas a la Sección 32 para incrementar las inversiones destinadas al transporte del metro en Madrid y acometer las obras aplazadas, así como la modernización del material de este medio de transporte. El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, haciendo especial hincapié en aquellas referentes a la comunidad Autónoma Valenciana al considerar que dicha Comunidad sigue siendo discriminada en estos presupuestos. Pide, por último, que se dé por defendida en sus propios términos la enmienda número 234, de la señora Rahola, al artículo 88 del Proyecto de Ley. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la enmienda 315, al artículo 103, que regula la transferencia a las Comunidades Autónomas y el mecanismo de financiación de las mismas, proponiendo que se haga una referencia específica a las Comunidades Autónomas reguladas por concierto, como el caso de Navarra o el País Vasco.
En turno en contra de las enmiendas al Título VII interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Morlán Gracia, manifestando que el presente título tiene dos pilares fundamentales, como son todo lo que supone la financiación de las Comunidades Autónomas y lo que supone el tratamiento de financiación de las corporaciones locales. Se imagina que cuando se plantea la supresión de este título será porque se tiene una idea muy clara de cuál es esa financiación y qué fórmulas son las más adecuadas para que en el complejo mundo de la distribución competencial y de los recursos del Estado se tenga una varita mágica suficiente para poder determinar, sin ningún tipo de problemas, cómo se procede a esa distribución. Piensa que el señor Rajoy será consciente de que se trata de un tema bastante más complicado que decir simplemente que no se está de acuerdo con lo que se ha hecho y que se retire.
Agrega que se hallan ante un proceso abierto de transferencias a las Comunidades Autónomas y entre todos los grupos políticos deben buscar cuál es la salida más correcta para que, de la misma forma que en un momento determinado se llegó a un pacto autónomico respecto a las Comunidades

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Autónomas del artículo 143, se pueda llegar también a la consecución de un sistema de financiación que responda a las necesidades e inquietudes de todas las Comunidades Autónomas, proceso de financiación que tiene que ver mucho con lo que después han de hacer las Comunidades Autónomas respecto a las corporaciones locales, pues no se debe olvidar que también deben percibir sus correspondientes recursos de las Comunidades Autónomas. Consiguientemente, al retirar todo porque no hay nada hecho cree que no es una buena medida para plantear en un debate. Entiende, por el contrario , que se debe ir al revés, es decir, reconocer que se trata de un proceso complejo en el que todos tienen que intervenir y reconocer que los pasos que se han dado son positivos y encaminados para ir definiendo, poco a poco, el sistema de financiación. En cuanto a los ayuntamientos, estima que se ha dado un paso importante con el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios, acuerdo a cinco años que plantea una serie de medidas que vienen a corregir las deficiencias en la financiación que han tenido las corporaciones locales. Con dicho acuerdo cree que se ha tomado una buena dirección, aunque el tema no esté cerrado porque se trata de algo complejo en el que los pasos son más complicados de lo que a primera vista parece.
Piensa que con la anterior reflexión general quedan contestadas en buena medida las enmiendas formuladas por el Grupo Popular.
Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, defendidas por el señor Ríos Martínez, recuerda que ya en Comisión se mostró de acuerdo con esa especial sensibilidad por lo que sucede en los pequeños y medianos municipios que tienen unas posibilidades financieras menores que otros y que en esa dirección están dispuestos a trabajar en las próximas fechas. En todo caso, señala, hacer una modificación como la que se plantea en estos momentos puede vulnerar o alterar en gran parte el acuerdo alcanzado con la FEMP, que en gran medida viene a paliar las deficiencias de este tipo de municipios rurales. No obstante, no se niegan a estudiar el tema en el futuro para llegar a la fórmula de financiación mejor y más objetiva aplicable a los mismos.
Concluye aludiendo a las restantes enmiendas defendidas por los distintos portavoces de los grupos fijando la posición del Grupo Socialista sobre las mismas y remitiéndose en buena parte a los argumentos ya expuestos en Comisión. Replican los señores Rajoy Brey, Martín Menis, Ríos Martínez Chiquillo Barber y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor Morlán Gracia.


Título VIII y Secciones 32 y 33 (Página 5533)

El señor Aparicio Pérez da por defendidas en sus propios términos las enmiendas del Grupo Popular a este Título, rogando que en su momento sean sometidas a votación.
El señor Chiquillo Barber pide asimismo que se dé por defendida en sus propios términos la enmienda número 273, de la señora Rahola i Martínez. El señor Zabalía Lezámiz pide también que se den por defendidas las enmiendas del Grupo Vasco al Título VIII del Proyecto de Ley.


Disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos (Página 5533)

El señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Popular, da igualmente por defendidas sus enmiendas a estas disposiciones, realizando una mención especial de aquellas relativas al conocido 0,7 y a la voluntad política de acceder a los objetivos de solidaridad que plantea la reivindicacion de la Plataforma del 07. El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, haciendo una especial mención de las relativas a destinar al plan de empleo rural un volumen de dinero superior al propuesto por el Gobierno. Otras enmiendas de su grupo van también dirigidas a modificar el proyecto del Gobierno mejorando fundamentalmente la vertiente social del mismo, a través de actuaciones contempladas en las disposiciones adicionales segunda y séptima. Asimismo proponen la modificación de las disposiciones adicionales 19 y 20, con el objetivo de incrementar lo que denomina ayuda al Tercer Mundo.
El señor Chiquillo Barber pide que se den por defendidas las enmiendas de sus compañeros de Grupo, señora Rahola y señor Albistur.
A continuación expone el contenido de las 31 enmiendas formuladas por Unión Valenciana a estas disposiciones, haciendo especial hincapié en aquellas a las que atribuye personalmente un mayor interés en favor de la Comunidad Autónoma Valenciana y que espera que sean apoyadas por la mayoría de la Cámara. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del Grupo Vasco, limitándose a exponer sucintamente el contenido de las mismas y remitiéndose, en buena medida, a los argumentos expuestos en su día en la Comisión. El señor González de Txabarri Miranda completa la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco, aludiendo

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brevemente al contenido de las números 397 y 401.
En turno en contra de las enmiendas al Título VIII interviene, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jerez Colino, limitándose a fijar la posición de su Grupo en torno a aquellas que califica de preferentes y pidiendo disculpas por anticipado si no alude a todas y cada una de las presentadas, lo que haría en su caso en un turno posterior.
Replican los señores Aguirre Rodríguez, Ríos Martínez y Chiquillo Barber y duplica el señor Jerez Colino.


Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 5547)

Título I (Página 5547)

El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que retoma aquí la política de ingresos, es decir, el establecimiento de una serie de medidas encaminadas a recaudar los recursos necesarios paa hacer las políticas que se han planteado a nivel de actuación de cada sección. Expone que no comparte algo de lo que se ha planteado con esta Ley, como es la modificación de 27 leyes distintas fuera de la discusión presupuestaria pero paralelamente a ella. Afirma que el Gobierno prefiere, en la discusión presupuestaria de cada año, amoldar la legislación vigente a todo lo que le viene al efecto, modificando normas de cualquier y distinto rango.
Como centro de reflexión de todas sus enmiendas expone la creencia de que hay un excesivo gasto fiscal sin garantías de que con el mismo se vayan a cumplir los objetivos que el Gobierno se propone. El Gobierno manifestaba que con estas medidas se iba a facilitar que las empresas pudieran tener mayor cobertura, mayor plusvalía e invertir y generar empleo, pero lo cierto es que esto no está garantizado con esta política de gasto fiscal. Se establecen determinadas indemnizaciones para las empresas sin que el dinero que se ahorran con tales medidas esté condicionado a la generación de empleo, al dejar a las empresas que lo inviertan en lo que consideren más oportuno.
Por otro lado, considera que en la propuesta de ingresos hay una excesiva velocidad hacia una imposición indirecta, cuando persisten grandes diferencias entre las rentas de las personas de nuestro país, debiendo establecerse que pague más el que más tiene y no en función de lo que se consuma, puesto que es sabido que los ciudadanos con un nivel de rentas escaso invierten un porcentaje muy alto de sus salarios en consumir lo básico. Precisamente las enmiendas de su Grupo van dirigidas a incorporar figuras impositivas que darían mayores ingresos al Estado, provenientes de los que tienen mayores recursos. Otro gran objetivo de sus enmiendas sería el fraude fiscal, ya que en el proyecto del Gobierno se propone un par de iniciativas, pero no se aborda con rigor la lucha contra dicho fraude.
A través de otras enmiendas proponen el mantenimiento de la exenciones que funcionaron en los años 1992 y 1993, y que han dejado de estar vigentes en el año 1994, en relación con las pensiones e indemnizaciones recibidas como consecuencia de situaciones de incapacidad permanente, procedentes de la minería o cualquier trabajo gravoso.
Termina solicitando la supresión de los artículos 1 y 2 del proyecto, fundamentalmente para reducir los gastos fiscales, como decía al principio, y, por otro lado, propone un incremento del impuesto sobre el patrimonio, que en este país paga muy poca gente. Asimismo pide la supresión del artículo 8 para evitar la doble imposición y del artículo 9 para que las cuotas por los servicios prestados por las llamadas entidades de Derecho público y federaciones deportivas sean inferiores a las que se proponen en el proyecto. Por otra parte, propone exenciones de todas aquellas medias generadoras de actuaciones ecológicas.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas presentadas a esta ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales, sobre la base y los propios términos que aparecen en la justificación de las mismas. El señor Costa Climent defiende las enmiedas del Grupo Popular. Comienza señalando que, desde el punto de vista político, los ciudadanos españoles se encuentran ante un Gobierno incapaz de poner en marcha las medidas que necesita la economía española, un Gobierno que convierte el inmovilismo en la regla más segura de su gestión y que permanece impertérrito ante el espectáculo de las corruptelas, pelotazos y operaciones de ingeniería financiera que desfilan día tras día por las páginas de los medios de comunicación. Considera que estas circunstancias introducen falta de confianza y de credibilidad en la política del Gobierno para conseguir la calidad y duración de la recuperación económica que se les ofrece para 1995.
Sucede, además, que para realizar una valoración de la política tributaria que incorpore esta ley de acompañamiento hay que analizar la coyuntura económica en la que se encuentra situada la economía española. Afirma que en el año 1994 el

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crecimiento económico se ha apoyado fundamentalmente en el buen comportamiento de las exportaciones y de la actividad turística, pero el sector exterior está agotando en este momento su capacidad de impulso, en parte porque se agotan las reservas competitivas derivadas de las devaluaciones de la peseta y en parte también porque el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha las correcciones que necesitan los desequilibrios básicos de nuestra economía. Estas circunstancias acrecientan la necesidad de contribuir a que los componentes domésticos de la demanda puedan apuntalar el cremiento económico de 1995. Expone que el Título I de esta ley de acompañamiento merece al Grupo Popular una valoración negativa, en primer lugar porque las medidas de apoyo a la política económica son meros parches puntuales que, además, se incorporan con retraso; en segundo lugar, porque el Gobierno relega al olvido los incentivos necesarios a la inversión, e incluso reduce en 1995 el margen de incentivos fiscales a la inversión, y la necesidad de diseñar un política fiscal de protección al ahorro. Añade que el Grupo Popular considera prioritario más que nunca acometer una reforma de nuestro sistema tributario, poniendo en marcha un marco que dote de mayor neutralidad y seguridad jurídica las decisiones de los agentes económicos. Cree que en este momento tienen una oportunidad para ello. Termina exponiendo el contenido de las enmiendas de su Grupo, que plantean medidas básicamente en cuatro líneas, como son: primera, medidas destinadas a favorecer el ahorro a la inversión y la capitalización de las empresas; segunda, medidas de apoyo a la economía productiva de las pequeñas y medianas empresas; tercera, medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional, y cuarta, medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas. El señor Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), afirmando que las medidas que contempla el Título I de este proyecto de ley son, desde su punto de vista, unas medidas adecuadas, pero insuficientes. Piensan que habría que ir más lejos y apoyar más decididamente el ahorro y la inversión. De ahí que hayan presentado un conjunto de enmiendas que abarcan todas aquellas medidas que piensan serían importantes o al menos incidirían más en los aspectos antes señalados, es decir, ahorro e inversión. Expone seguidamente el contenido concreto de algunas de tales enmiendas.
Completa el turno del Grupo Vasco (PNV) el señor Garzagaetxebarría Bastida, mencionando la enmienda 17, por la que pretenden dotar de un ámbito de bonificación y de mejor tratamiento fiscal a los combustibles, y en concreto al biodiesel que es un carburante derivado de productos alimentarios. Con esta enmienda pretenden lograr diversos efectos como el impulso, primero, de una industria que en España está en ciernes y tiene posibilidades de desarrollo si cuenta con un marco fiscal adecuado; segundo, que los agricultores españoles puedan compensar con esa medida otras derivadas de los acuerdos de la Ronda Uruguay y del GATT; tercero, la utilización de carburante derivado de productos agrícolas y, cuarto, que tales medidas no suponen una menor recaudación para el Gobierno al tratarse de una actividad industrial complementaria que en este momento no existe en la economía española.
En turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor García Ronda, anunciando que se ahorrará cualquier preámbulo y limitándose a fijar la postura del Grupo Socialista en relación con cada una de las enmiendas defendidas a este Título I del proyecto de ley.
Replican los señores Ríos Martínez, Costa Climent, Zabalía Lezámiz y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor García Ronda.


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (continuación) (Página 5559)

Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas con anterioridad, así como del texto del dictamen, que es aprobado en la siguiente forma: Título V y Sección 06, por 172 votos a favor, 141 en contra y 13 abstenciones; Título VI, por 168 votos a favor, 153 en contra y cuatro abstenciones; Título VII y secciones 32 y 33, por 166 votos a favor, 157 en contra y una abstención; Título VIII, por 171 votos a favor, 134 en contra y 18 abstenciones; disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos, por 166 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones; exposición de motivos, por 168 a favor, 153 en contra y una abstención.
El señor Presidente anuncia que las votaciones correspondientes al título debatido del proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social se celebrarán, junto con las votaciones correspondientes al resto de títulos de la ley que serán objeto de debate, a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (continuación).


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Título II (Página 5568)

El señor Aparicio Pérez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Alude a la absoluta heterogeneidad de los contenidos de este Título II, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional indicaba muy nítidamente lo que no debían hacer, esto es, agregar al proyecto de Ley de Presupuestos materias conexas e inconexas de esa forma acumulativa, y entiende que abusiva, que se venía realizando.
Piensa que, de haber una ley de acompañamiento al proyecto de Ley de Presupuestos, debe ser de materias íntimamente relacionadas con los Presupuestos y no convertirse en un extraño o variado muestrario de iniciativas, que en algunos casos deberían tener su propio debate por su volumen e importancia.
Entrando ya de manera más directa en el apartado dedicado a la mejora de la acción reguladora de la Seguridad Social, en principio están de acuerdo, aunque les hubiese gustado conocer el alcance de las medidas propuestas por la unidad de lucha contra el fraude. Le sorprende, sin embargo, que no hayan aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas del Grupo Popular comprendidas entre los números 186 y 201, salvo la 189, tratándose, además, de enmiendas de carácter técnico que perseguían una mayor claridad normativa y en la línea de una mayor seguridad jurídica, así como una mayor concordancia con el resto del ordenamiento administrativo.
Las enmiendas 202 a 205 se refieren a las mutuas de trabajo y su posición inicial es que una materia de tanta envergadura debería haber sido objeto de un Proyecto de Ley diferenciado.
De ahí su rechazo, mediante enmiendas de supresión, de lo que consideran una práctica abusiva en las leyes de acompañamiento.
Entrando en otro tema, concretamente en la reciente reforma laboral y las deficiencias observadas en la misma, manifiesta que el Grupo Popular sigue considerando que el contrato de aprendizaje no goza del adecuado marco jurídico, y así parece entenderlo también la Inspección de Trabajo, que desaconseja la realización de inspecciones en este tipo de contratos. Cree que tienen ahora ocasión de corregir estos defectos, en base a la propia experiencia. También entiende que es la ocasión para retomar un modelo mucho más coherente con lo que es la formación profesional en Europa.
Concluye aludiendo a la enmienda 206, en la que plantean de nuevo la jubilación flexible, aceptada en debates públicos por Diputados del Grupo Socialista y que ahora tienen la ocasión de incorporar a la ley a través de una enmienda que puede ser perfectible, tanto aquí como posteriormente en el Senado, y a la contratación para servicios en los hogares familiares, lo que puede ser un paso importante en la normalización de determinadas situaciones en el límite de lo que podrían llamar economía sumergida o economía irregular. Respecto a la protección a la familia, tema objeto de modificación en el debate en Comisión, afirma que no ha dejado satisfecho al Grupo Popular, que considera necesario un tratamiento global y hablar de otro modelo de protección familiar en lugar de ir a una modificación parcial de una ley del año 1971. El señor Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Destaca el contenido amplio de este Título II, dedicado en su mayor parte a la temática de la Seguridad Social y buena parte del mismo objeto de acuerdo con las organizaciones sindicales, lo que considera un planteamiento positivo al contribuir a que los agentes sociales se responsabilicen de una institución tan fundamental como es la Seguridad Social. Desde esa perspectiva, las enmiendas de su Grupo son muy concretas y, habida cuenta del debate de totalidad que tendrá lugar sobre las secciones 19 y 60, se centra en estos momentos en aspectos más limitados relacionados con la mejora del procedimiento recaudatorio de la Seguridad Social, que les parece muy oportuna, sobre todo a la vista de la rebaja en un punto de las cotizaciones. En cuanto a las prestaciones de protección que otorga la Seguridad Social, concretamente la situación de incapacidad temporal por enfermedad, le parece lógica la modificación que se realiza del régimen anterior, pero pide que se dote de coherencia y unidad a la nueva institución, lo que requiere que se cotice durante toda la incapacidad temporal, a diferencia de lo que propone el proyecto.
En cuanto a la prestación por maternidad, objeto de nueva regulación, les parece muy positivo que deje de considerarse como una enfermedad y tenga prestación del 100 por ciento en lugar del 75 por ciento anterior, aunque no consideran adecuada la existencia de un período de carencia de 180 días, como el que existía anteriormente, y que en todo caso debería reducirse a 90 días si se quiere incentivar una nueva política de natalidad.
En cuanto a la invalidez permanente, entiende que tal como está redactado el apartado correspondiente no es viable desde un punto de vista constitucional, al afectar a un derecho fundamental, como es el de acceso a los tribunales, debiendo modificarse el precepto de manera que se establezca un plazo en virtud de ley aprobada por esta Cámara en lugar de dejarlo a la libre disposición de una de las partes.
Concluye resaltando la falta de coherencia que significa introducir en este capítulo sobre las prestaciones de la Seguridad Social un ente ajeno a la propia Seguridad Social como son las entidades de previsión, lo que en buena lógica requeriría que dichas

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entidades se sometiesen a las normas ordinarias de la Seguridad Social para evitar una ruptura importante del sistema.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), enmiendas de adición y que hacen referencia todas ellas a la misma materia, procurando resolver o remover las dificultades o el trato desfavorable que afecta a las entidades de previsión social voluntaria en relación a los fondos de previsión, Se trata de las enmiendas números 20 a 22, cuyo contenido explica a la Cámara, afirmando que un trato diferenciado para estas entidades no tiene ningún tipo de justificación ni es razonable jurídicamente, por lo que pide que se solucione definitivamente un problema que llevamos arrastrando desde la Ley de Presupuestos de 1986 y que afecta al principio de igualdad ante la Ley que consagra el artículo 14 de la Constitución.
Finalmente, da por defendidas las demás enmiendas de su Grupo a este Título II, así como las disposiciones adicionales y transitorias concordantes con el mismo. En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente interviene el señor Trujillo Oramas, en representación del Grupo Socialista. En relación con las manifestaciones del representante del Grupo Popular sobre la oportunidad o no de recoger en esta Ley las materias que en ella vienen reguladas, señala que no va a repetir los argumentos expuestos en Comisión hace escasas fechas. Sí desea, en todo caso, aclarar que las medidas que se plantean son muy concretas y en algunos casos absolutamente necesarias, rechazando que se estén produciendo grandes modificaciones con respecto a la regulación anterior y sí más bien en aspectos puramente puntuales.
Recuerda, por otra parte, lo que ya manifestaba el portavoz de Izquierda Unida sobre el amplio acuerdo alcanzado acerca de los aspectos contemplados en esta norma con las propias organizaciones sindicales y empresariales. A continuación procede el portavoz socialista a fijar la posición concreta de su Grupo respecto a cada una de las enmiendas defendidas por los portavoces de los diversos grupos de la Cámara.
Replican los señores Aparicio Pérez, Peralta Ortega y Olabarría Muñoz, duplicando el señor Trujillo Oramas.


Títulos III y IV (Página 5580)

El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), da por defendidas en sus propios términos las enmiendas correspondientes a estos títulos, habida cuenta de que no considera relevante volver a comentar lo que ya ha expuesto en Comisión.
El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular, manifestando que si el día anterior echaba en falta un proyecto de Estatuto para la función pública, hoy con mucho más motivo reclaman dicho proyecto para asuntos de la misma o mayor importancia, en lugar de obligarles a trabajar sobre unos textos que contienen medidas parciales, parcheadas, torpes y dadas en respuesta a los compromisos que figuran en el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, refrendado por el Consejo de Ministros del pasado 15 de septiembre. Pregunta para qué tratar estas cuestiones ahora de esa forma si, según los socialistas, dentro de unas semanas va a entrar en la Cámara el proyecto de Estatuto de la función pública, encontrándose, por tanto, ante un debate falso, casi fraudulento y desde luego inútil. Afirma que si participan en él con sus enmiendas es por el profundo respeto que tienen al Parlamento y para compensar el que el Gobierno no tiene a esta Cámara.
Agrega que el debate es inútil, no ya porque sus enmiendas vayan a ser rechazadas, sino porque a esa Ley de acompañamiento le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió o le está ocurriendo a la Ley 22/1993 que también dedicaba un título a normas sobre la función pública, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos previstos en los Presupuestos para 1994. Analizado el grado de ejecución y eficacia de la citada Ley, la conclusión es que las reformas no eran las adecuadas, no coadyuvaron en absoluto a rebajar el déficit público, como tampoco a mejorar la función pública.
Sin tiempo para reponerse de los decepcionantes resultados de la Ley 22/1993, se encuentran con otro proyecto semejante, al que su Grupo ha presentado una enmienda de totalidad y varias al articulado.
Expone que el Gobierno se ampara en el acuerdo con los sindicatos de la función pública para justificar algunas de las innovaciones que constituyen el contenido de este Título III del proyecto de ley, cuestiones que afectan al ámbito de lo que debe ser el Estatuto de la función pública, y tendría que ser cuando se enviase a la Cámara ese proyecto de ley el momento en que se debatieran y legislaran esas cuestiones.
Considera que no es presentable ni justificable que el Gobierno, después de doce años incumpliendo sus propias promesas, se descuelgue ahora con una serie de reformas y medidas parciales, descoordinadas entre sí y fuera de un contexto que defina claramente el modelo de función pública que se busca y se necesita. Califica de chapuzas e impertinencias las soluciones parciales que se reflejan en los artículos 56 a 59, que además no mejoran la situación actual en ningún aspecto y, por el contrario, agravan la falta de transparencia, incrementan la discrecionalidad, no contribuyen a la necesaria moderación del gasto corriente y se alejan de los principios constitucionales de capacidad

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y mérito en el acceso a la función pública, imparcialidad en su ejercicio y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Concluye el señor Núñez Pérez haciendo referencia al contenido de varias de las enmiendas parciales de su Grupo.
El señor Martínez Blasco defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que si realmente estamos a las puertas de una norma, y parece que el Gobierno ha asumido el compromiso por enésima vez de remitirla a la Cámara para regular todo lo referente a los empleados públicos, no tiene mucho sentido que se introduzcan en esta Ley una serie de artículos que modifican, en algunos casos sustancialmente, la normativa hasta ahora vigente. Cree que modificaciones importantes como las que se proponen deben realizarse en un marco global, cual es la ley de los empleados públicos. Expone que no sirve para justificarse aludir a los acuerdos del 15 de septiembre, puesto que de éstos se ha ido cogiendo sólo lo que se ha querido, e incluso en algunos casos la regulación que se propone es contradictoria con tales acuerdos. En resumen, que toda la parte referida a los funcionarios públicos, en lo que suponga modificaciones sustanciales, debe abordarse en el marco de la ley de los empleados públicos.
Concluye el señor Martínez Blasco aludiendo al contenido de algunas de las enmiendas parciales presentadas por su Grupo a los títulos objeto de debate. El señor Olarte Cullen, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, solicita que se dé por reproducido cuanto tienen expresado en sus enmiendas y que en su momento se sometan a votación.
Igualmente pide, en nombre del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, que se den por defendidas en sus propios términos las enmiendas presentadas. En turno en contra de las enmiendas a los títulos III y IV interviene el señor Trujillo Oramas, en nombre del Grupo Socialista, manifestando, en primer lugar, en contestación al señor Núñez, que ha vuelto a traer a la Cámara el debate tanto del Título III del proyecto de Presupuestos como el producido hace unos días como consecuencia de la proposición de ley de organización del Gobierno y la Administración central del Estado. Se trata de una música repetitiva, pero no de la buena, en la que no sale, en general, de los adjetivos descalificadores de todo lo público.
Ha hablado de un debate falso, de chapuza e impertinencia y de crisis en el sector público, lo cual no es cierto, con relación a la organización de nuestra Administración.
Agrega que, en efecto, en breves fechas, van a tener en la Cámara una ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y que vendrá el Estatuto de la función pública, y además con un nivel de acuerdo importante con las organizaciones sindicales, lo que al parecer no le gusta demasiado a su señoría.
Descalificaba también el señor Núñez la Ley 22/1993, señalando que no ha servido para mejorar la función pública, cuando el señor Diputado es consciente de que se está desarrollando y trabajando en la dirección adecuada, aunque se trate de una materia muy compleja.
Respecto a las acusaciones de trato discriminatorio y de conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad, recuerda lo dicho hace unos días en el sentido de que el año 1982 la totalidad de los ascensos eran de libre designación, mientras que en este momento es de sólo el 2,7 por ciento, potenciando así la carrera administrativa dentro de la Administración, como van a seguir haciéndolo y en cuya dirección van muchos de los artículos criticados por el enmendante.
A continuación procede a contestar a las numerosas enmiendas del Grupo Popular y que ha defendido el señor Núñez.
Respecto al Grupo de Izquierda Unida, reconoce que se proponen una serie de modificaciones importantes y significativas, aunque no todas las que pretenden traer en el Estatuto de la función pública, sino que entienden que algunas debían recogerse ya en la Ley de Presupuestos y ser objeto de aplicación inmediata, en algunos aspectos, los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales.
Por último, fija brevemente la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas de Coalición Canaria, del señor Chiquillo, Grupo Mixto, y del Grupo Vasco (PNV).
Replican los señores Núñez Pérez y Martínez Blasco, duplicando el señor Trujillo Oramas.


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (continuación).


Sección 08 (Página 5592)

El señor Gatzagaetxeberría Bastida defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), relativas al Consejo General del Poder Judicial, planteando que el Poder Judicial español se adecue al Estado autonómico y cumpla con la responsabilidad constitucional y política que tiene asignada, por entender que en la actualidad el órgano de gobierno del Poder Judicial no está adaptándose a esa legalidad constitucional y estatutaria.
Precisamente para colaborar a ese cumplimiento presentan una enmienda, con la que piden la creación de una partida de 20 millones de pesetas para formar a jueces y magistrados en catalán, gallego y euskera, ya que hasta la fecha no se está cumpliendo con la legalidad vigente. El señor Padilla Carballada defiende la enmienda presentada por el Grupo Popular, con la que proponen,

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en relación con los centros de estudios de la Administración de Justicia, que se dote de una partida para la puesta en marcha de un centro de selección y formación de jueces y magistrados, que se establece como uno de los objetivos nuevos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada recientemente por esta Cámara.
Añade que las reformas legislativas son buenas o no lo son y, si son buenas y además están ante una que ha merecido el apoyo de todos los Grupos de la Cámara, es porque es buena cuanto antes y no parece oportuno esperar a 1996 para que la previsión legislativa de la puesta en funcionamiento de ese centro de formación tenga lugar, lo que irremediablemente sucederá si en los Presupuestos para 1995 no hay previsión presupuestaria al respecto.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 08 interviene el señor De la Rocha Rubí, en nombre del Grupo Socialista.
Respecto a la enmienda del Grupo Vasco (PNV), adelanta que aceptarán lo que propone si bien desea aclarar que el Consejo General del Poder Judicial viene ya desarrollando una tarea de formación de jueces y magistrados, también en los idiomas distintos al castellano a través de convenios con las comunidades autónomas en las que existen dos lenguas oficiales.
Respecto a la enmienda del Grupo Popular, se ve obligado a repetir los argumentos que ya expuso en Comisión hace unos días, como por otra parte ha hecho el representante del Grupo Popular, señalando que las competencias en cuestión ya están atribuidas al Consejo General del Poder Judicial pero ocurre que no se traducen en el tiempo necesariamente en dotaciones presupuestarias inmediatas. Recuerda que el Consejo General ya ha anunciado que está ejerciendo sus competencias y va a convocar a principios del año 1995 el primer concurso- oposición para plazas de jueces y magistrados que convoca el Consejo, dando, por tanto, a lo largo de ese año, los primeros pasos para la constitución del nuevo Centro de Estudios Judiciales.
Será, en cambio, en el Presupuesto de 1996 donde tendrá que hacerse una dotación específica singular dentro de la Sección 08, Consejo General del Poder Judicial. No se trata, por tanto, de que no se cumpla la Ley, que se cumple, sino de que todo tiene su ritmo de puesta en vigor.
Replican los señores Gatzagaetxebarría Bastida y Padilla Carballada, duplicando el señor De la Rocha.


Sección 12 (Página 5596)

El señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga) presenta la Sección correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores, señalando que, como los señores Diputados habrán podido comprobar, tiene un incremento importante del 13 por ciento respecto al ejercicio anterior, incremento muy por encima del gasto público, lo que pone de manifiesto que la Sección se convierte en este ejercicio en una prioridad del Gobierno.
Como objetivos fundamentales de este presupuesto señala, en primer lugar, el mantener con la máxima dignidad el servicio exterior de España y la presidencia española de la Unión Europea, que tendrá lugar en 1995. En segundo lugar, y con la misma forma que el año anterior, poner a punto nuestro reloj desde el punto de vista de las obligaciones que tenemos en la esfera internacional con los organismos internacionales, fundamentalmente las operaciones de mantenimiento de la paz, y en el Presupuesto para 1995 se continúa con esa tendencia. En tercer lugar, una de las prioridades de la Sección, y quizá del presupuesto para 1995 en su conjunto, tiene que ver con la ayuda al desarrollo, existiendo el compromiso de todos los grupos de la Cámara de salir al encuentro de las crecientes necesidades de un mundo en el que, afortunadamente, nosotros estamos ya en una prosperidad relativa muy por encima de la media. Desea aclarar, sin embargo, que la ayuda al desarrollo que da España no se agota en los Presupuestos Generales del Estado puesto que la ayuda al desarrollo es un estado de ánimo de una sociedad madura y generosa que quiere cooperar de la mejor manera posible a paliar el sufrimiento ajeno que acontece allende nuestras fronteras.
El señor Rupérez Rubio defiende la enmienda del Grupo Popular.
Coincide con el señor Ministro en el aumento significativo del presupuesto de esta Sección, comparativamente mayor que el que tienen otras secciones del Presupuesto, aunque espera que el Ministro coincida con él en que este aumento, al igual que sucedió el año anterior, es en gran parte ficticio, ya que en su práctica totalidad se debía en aquella ocasión, como en parte se debe también en este caso, al pago de cuotas a organismos internacionales, todavía pendientes de satisfacer.
También coincide con el señor Ministro en que el incremento fundamental de la Sección se debe a las partidas correspondientes a la ayuda al desarrollo, sobre todo en este particular, coincide igualmente con las palabras del señor Ministro. Cree, sin embargo, que existe un problema adicional en el que tendrían que centrarse, que es precisamente la acción a favor del servicio exterior del Estado, y el Grupo Popular estaría dispuesto a apoyar cualquier medida que el Gobierno tomara encaminada a mejorar la calidad de ese servicio, para lo que el presupuesto que se presenta sigue siendo insuficiente, al mismo tiempo que se produce una mala distribución de los escasos fondos disponibles, con una mayor burocracia en Madrid y una menor presencia de España en el mundo. Agrega que la burocracia del Ministerio de Asuntos Exteriores no

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siempre se ha caracterizado en los últimos años por ser ejemplo de austeridad y rigor presupuestario y, por el contrario, han encontrado algunos casos de derroche e ineficiencia en la utilización de los fondos públicos.
Entiende asimismo que se trata de un presupuesto desequilibrado, no resultando lógico que más de su tercera parte se dedique al pago de cuotas internacionales, no sirviendo este año el argumento empleado el año anterior de que se trata de abonar deudas pendientes con numerosos organismos internacionales. En este sentido hace una reflexión, ya expuesta en otras ocasiones a la Cámara, y es si existe una adecuación entre los objetivos, cada vez más ambiciosos, de nuestra política exterior y unos medios, por el contrario, cada vez más escasos. Concluye el señor Rupérez dando cuenta del contenido de sus enmiendas relativas a la ayuda al desarrollo.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende la enmienda 251 al Programa 134.B, proponiendo aumentar dicho programa en 100 millones de pesetas.
Respecto al resto de la Sección 12 considera que se trata de un presupuesto equilibrado en líneas generales.
Finalmente pide que se someta a votación la enmienda de la señora Rahola i Martínez, dándola por defendida en sus propios términos.
El señor Espasa Oliver defiende la enmienda número 222, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relacionada con las obligaciones y cuotas internacionales y proponiendo la congelación de dichas cantidades. Por otra parte, se extiende en el tema de la ayuda al desarrollo recordando el compromiso de llegar a un gasto efectivo del 0,5 por ciento en el año 1995 y la postura de su Grupo Parlamentario, siempre favorable al incremento de esta ayuda.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 18 interviene el señor Martín Mesa, en nombre del Grupo Socialista, expresando su satisfacción por el alto grado de aceptación que para el conjunto de los grupos parlamentarios suscita el contenido de esta sección, en consonancia con el esfuerzo de consenso que todos los grupos y partidos vienen realizando en los planteamientos de nuestra política exterior. Añade que en Comisión se ha realizado un importante esfuerzo por incorporar las enmiendas asumibles a la sección.
Respecto a la presentada por Izquierda Unida cree que estarán de acuerdo en que el camino elegido no es el adecuado y más bien correspondería una ley al efecto. En cuanto a la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular, entiende que tiene más bien carácter testimonial, siendo la habitual enmienda de totalidad presentada por este Grupo a todas las secciones del presupuesto. Creen, en todo caso, que para justificar una enmienda tan decisiva deberían haber hecho un mayor esfuerzo en presentar alternativas a la actual distribución de los créditos de la Sección.
Concluye fijando la posición del Grupo Socialista respecto a las demás enmiendas presentadas por otros grupos a esta sección.
Replica el señor Rupérez Rubio, duplicando el señor Martín Mesa.


Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. (Continuación.) (Página 5605)

Se procede a la votación de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley y debatidas con anterioridad, así como al texto del dictamen, que es aprobado en su Título I por 167 votos a favor, 152 en contra y ocho abstenciones; el Título II, por 167 votos a favor, 144 en contra y 14 abstenciones, y los títulos III y IV y disposiciones adicionales, transitorias y finales por 167 votos a favor, 154 en contra y seis abstenciones.


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995. (Continuación.) (Página 5608)

Secciones 01, 02, 03, 04 y 05 (Página 5608)

Sometidas a votación, se aprueban por 321 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Asimismo se procede a las votaciones de las enmiendas a las Secciones 08 y 12 y del dictamen correspondiente a las mismas, que es aprobado, en relación con la Sección 08, por 192 votos a favor y 135 abstenciones, y la Sección 12 por 192 votos a favor, 133 en contra y una abstención.


Sección 15 (Página 5609)

El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta la Sección, cuyos objetivos son los mismos que ya tuvo ocasión de exponer al presentar los Presupuestos Generales, es decir, conseguir la consolidación presupuestaria y el ajuste de los gastos de funcionamiento del Estado.
Informa, en primer lugar, que los presupuestos no financieros del Departamento van destinados, fundamentalmente, a financiar gastos de funcionamiento, entendiendo por tales los de personal, bienes y servicios y las transferencias corrientes y de capital a los organismos autónomos y a la Agencia Territorial. En segundo lugar, las operaciones financieras tienen un peso importante, y entre ellas destacan las adquisiciones de acciones del grupo de patrimonio y los créditos a favor del Fondo de Ayuda al Desarrollo. En tercer lugar, el presupuesto del Departamento

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debe tener un comportamiento ejemplarizante, en función de la política de austeridad y contención del gasto.
Expresa a continuación, de forma pormenorizada, el contenido de algunas partidas presupuestarias y su evolución para el próximo ejercicio, afirmando, como conclusión final, que tales presupuestos se han diseñado de acuerdo con la política de consolidación presupuestaria y de austeridad en el gasto público, continuando con las líneas seguidas en el año 1994, pero siendo unos presupuestos suficientes para hacer frente a las obligaciones del Departamento. El señor Frutos Gras, en nombre de Izquierda Unida, manifiesta que más que centrarse en la defensa de la enmienda de totalidad a la Sección desea realizar una reflexión en voz alta sobre los Presupuestos para 1995, coincidiendo con el señor Ministro, en primer lugar, en que se trata de una continuación de los de 1994, planteando en su conjunto un modelo económico de crecimiento sin creación de empleo, lo que considera socialmente injusto y que continuará fomentando determinadas desigualdades territoriales que ya tienen fuerte implantación en nuestro país y produciendo fuertes impactos medioambientales. Añade que la eliminación de rigideces laborales y medidas correctoras de los déficit presupuestarios suponen un conjunto de cosas a las que el Fondo Monetario llama por su nombre y que son despidos más baratos y desmantelamiento gradual de los sistemas públicos de prestación social.
Concluye señalando que su enmienda a la Sección tiene plena identificación con la presentada al conjunto de los Presupuestos y es coherente con todo lo que ha venido defendiendo su grupo en el último año, especialmente desde que empezaron a discutir sobre lo que se ha conocido como reforma laboral. No se trata de desacuerdos con tal o cual partida de esta Sección sino de un desacuerdo global con la política económica diseñada y que practican desde este Departamento, con la política financiera, con la política fiscal y con la política laboral. El señor Montoro Romero, defendiendo las enmiendas del Grupo Popular, destaca la importancia de esta Sección dentro de los Presupuestos y lamenta que el comportamiento del Ministerio de Economía no esté a la altura de las circunstancias que exige el contexto económico de nuestro país. Más que comportarse este Departamento como un buque insignia de la Administración lo está haciendo como una pequeña barca a merced de la tormenta, reproduciendo vicios y defectos del resto de la flota, en vez de colaborar activamente a dirigir ésta, a corregir sus vicios y a orientarla hacia un comportamiento eficaz de la política económica en España.
Agrega que con la enmienda de totalidad que presentan a esta Sección pretenden que el señor Ministro reconsidere las cuentas del Ministerio y proceda a su reordenación para conseguir, en primer lugar, una mayor austeridad; en segundo lugar, eliminar altos cargos y unidades administrativas y, por último, reorganizar el Ministerio para evitar disfuncionalidades, dispersión de recursos y, en definitiva, despilfarro e ineficacia. Junto con la enmienda a la totalidad piden la devolución de programas específicos, en los que aprecian las mayores debilidades y defectos en el funcionamiento del Ministerio. El señor Albistur Marín defiende la enmienda presentada conjuntamente con el Grupo Vasco (PNV), relacionada con los incentivos regionales a la liquidación industrial y las empresas acogidas a los programas ZUR y ZID, proponiendo que se destinen los medios financieros oportunos para hacer frente a la deuda acumulada por las empresas acogidas a estos regímenes y que superan los 1.200 millones de pesetas.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 15, el señor Martínez Sanjuán, en nombre del Grupo Socialista, alude a las intervenciones de los representantes de Izquierda Unida y Grupo Popular en la defensa de sus enmiendas de totalidad, con intervenciones diametralmente distintas y contrapuestas, por lo que no sabe si es verdad lo de que en el punto medio está la virtud, pues en ese caso estarían hablando de un buen presupuesto del Ministerio. Señala al señor Frutos que no es cierto que se esté apostando por la receta que da en los medios de comunicación el Fondo Monetario Internacional, aunque está preocupado por las cosas que dice sobre la evolución del déficit público y la marcha de una serie de variables respecto de las que se marcan unos objetivos que creen que se pueden cumplir.
En cuanto a la intervención del señor Montoro, que ha utilizado los símiles del buque insignia y de la barca que navega a la deriva, le tiene que decir que, en su opinión, su enmienda a la totalidad ha tocado agua porque no ha entrado en serio en el problema de fondo, limitándose a repetir las mismas cosas que le viene oyendo en esta tribuna, en comisión, en artículos de prensa, etcétera, basando toda su intervención en que los presupuestos no son creíbles, que este Gobierno no lidera los objetivos económicos y, además, que no genera confianza. Replican los señores Frutos Gras y Montero Romero, duplicando el señor Martínez Sanjuán.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (Continuación)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Debate del título VII y de las secciones 32 y 33.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender de manera conjunta las enmiendas de mi Grupo al título VII y a la sección 32, en donde se plasman los criterios del Gobierno sobre financiación de los entes territoriales. Las enmiendas son de supresión o de devolución del título VII, de sus dos capítulos y de la sección 32. Asimismo, presentamos otras enmiendas de supresión, modificación o adición, según los casos, a diversos artículos del título VII antes citado. Defenderé también tres enmiendas, dos de adición y una de modificación, para fijar nuestro criterio y opinión sobre determinados aspectos relacionados con la parte del Fondo de Cohesión de la Unión Europea que se destina a Comunidades Autónomas y a Corporaciones Locales. Voy a distinguir en mi exposición, para una mayor claridad, las enmiendas relacionadas con la financiación de las Corporaciones Locales de las que hacen referencia a las Comunidades Autónomas, dejando para una tercera parte de esa exposición unas breves consideraciones sobre el Fondo de Cohesión.
Pues bien, hemos pedido la devolución al Gobierno del capítulo I, que regula la financiación de las Corporaciones Locales, por no garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las mismas. Quiero comenzar mi intervención en este punto afirmando que, al menos en los Presupuestos Generales del Estado de este año, existe una cantidad, sin duda discutible, pero, al menos, una cantidad, en concepto de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, lo que no sucedía en los Presupuestos del pasado año, donde existía una remisión a normas legales posteriores que establecerían los criterios para fijar definitivamente esa participación.
Ahora hay un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias que establece el procedimiento para fijar esa participación y que tiene un período de vigencia de cinco años. Sólo cabe decir de ese acuerdo que le deseamos mejor suerte que la que tuvo el plasmado en su día en la Ley de Haciendas Locales, que luego se encargó unilateralmente de cumplir el señor Solchaga, algunas de cuyas decisiones sobre este asunto están hoy pendientes de recurso en el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, y a pesar de lo dicho, mi Grupo mantiene la enmienda a la totalidad y seguirá haciéndolo en el futuro, mientras no se dé solución a dos cuestiones que inciden de manera decisiva en la financiación de las Corporaciones Locales: en primer lugar, la delimitación precisa de sus competencias y, en segundo lugar, la falta de garantías a su autonomía financiera.
Sobre las competencias que hoy ejercen las Corporaciones Locales hay que afirmar, y desde luego hacerlo con claridad, que nuestra legislación vigente en este punto está constituida por un conjunto de normas de las cuales no es posible deducir cuáles son las competencias de las Corporaciones Locales, que son en este momento las de la Ley de Régimen Local, las que le atribuyen las leyes sectoriales del Estado sin financiación para su ejercicio, las que le atribuye la legislación de las Comunidades Autónomas, las que tradicionalmente ejercen por la vía de hecho y las que no tienen más remedio que asumir por presión ciudadana al ser las Corporaciones Locales las administraciones más próximas al vecino. Comprenderán ustedes que con este galimatías competencial podrán arbitrarse fórmulas para ir tirando, como se hace en estos presupuestos, pero desde luego estas fórmulas no pueden responder, como en mi opinión no responden, a criterio lógico alguno. Urge, por tanto, un pacto local, reivindicado en muchas ocasiones, en mi opinión con razón, por la Federación Española de Municipios y Provincias y también por el Grupo Parlamentario Popular, que delimite con claridad qué deben hacer las Corporaciones Locales, qué deben hacer las otras instituciones públicas y, a renglón seguido, fijar unos criterios de financiación que respondan a las competencias propias de las mismas, y mientras eso no sea así y no se ponga fin a esta situación que afecta al resto de los poderes territoriales, la oposición, sea la oposición la que sea, no puede dar su apoyo a las normas de financiación de los entes locales que presente el Gobierno, sea éste cual sea.
Pero, además de por esta razón, que me parece una razón de peso e importante, mi Grupo pide la devolución al Gobierno de Este Capítulo I por incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales o, lo que es lo mismo, por no repetar la autonomía financiera de las entidades locales. Como es sabido, la Ley de Haciendas Locales de 1988 determina, en el referido artículo 9.2, que los beneficios fiscales que el Gobierno decida y reconozca sobre los tributos locales serán compensados por el propio Gobierno a las Corporaciones Locales, lo cual se entiende perfectamente y creo que no requiere de mayores explicaciones, pero es lo cierto que esa norma no se cumple, y de hecho la propia FEMP ha puesto de relieve que desde la entrada en vigor de la Ley de Haciendas Locales han sido diecisiete las normas que han establecido bieneficios fiscales sobre los tributos locales y sólo en cuatro de ellos se ha producido esa compensación, lo que supone una clara vulneración del principio de autonomía financiera, además

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de una minoración considerable en los ingresos de las Corporaciones Locales. Estas son las dos razones fundamentales por las que pedimos la devolución al Gobierno del capítulo en el que se establece la regulación de la financiación de las corporaciones locales.
Hay otras enmiendas, creo que son conocidas por los Diputados de esta Cámara, al menos por los que van a intervenir en nombre de su respectivos grupos, y no voy a entrar en el análisis de las mismas. Simplemente me remito a la enmiendas presentadas por mi Grupo, de entre las cuales destacaría las dos enmiendas que se presentan sobre la situación de los municipios de Canarias. Sí voy a hacer una referencia, igualmente breve, sobre las razones por las cuales pedimos la devolución al Gobierno del capítulo II de este título, que es el que establece el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Las razones por las que mi Grupo pide la devolución al Gobierno de este capítulo son suficientemente conocidas, desde luego por el Grupo Socialista y por el Gobierno al cual apoya este Grupo, razones que, por otra parte, le acaban de recordar al Gobierno los miembros del grupo de expertos que, a petición del propio Gobierno, han redactado el llamado libro blanco sobre financiación autonómica y que se pueden resumir en una afirmación perfectamente entendible para todo el mundo, y es que han transcurrido más de diez años desde la aprobación de la Constitución española y desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y aún no hay un sistema definitivo de financiación de las mismas. Estamos, en la práctica, y así lo ha reiterado este Grupo en múltiples oportunidades, y ahora lo dice el propio grupo de expertos al que antes he hecho referencia, en un modelo que es prácticamente el inicial del coste efectivo, cierto es que algo evolucionado. Aquí no hay corresponsabilidad fiscal, y recordemos el compromiso asumido por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero del año 1992; aquí lo único que hay es el famoso 15 por ciento del IRPF que, como dice el propio grupo de expertos, es manifiestamente inconveniente y desde luego no responde a ningún criterio científico, sino sólo, como es sabido, a una presión de un determinado grupo político al Gobierno. Por consiguiente, este Partido político no puede dar su apoyo al sistema de financiación de las comunidades autónomas que se establece en los Presupuestos Generales hasta que no se cumpla la legislación vigente y particularmente hasta que no se dé contenido al acuerdo de 20 de enero del año 1992 y a las recomendaciones, muy puestas en razón, de esos expertos a los que acabo de hacer referencia y que casualmente coincidían con las recomendaciones que en su día le hizo el Partido Popular al Gobierno.
Sobre este aspecto vuelvo a reiterar el planteamiento del Grupo Popular: creemos que es necesario, puesto que el actual período de vigencia de financiación de las comunidades autónomas termina en diciembre de 1996, que el Gobierno propicie un pacto al que invite a los partidos políticos para resolver el tema de la corresponsabilidad fiscal, el asunto de la nivelación de servicios mínimos del artículo 15 de la LOFCA y fijar de una manera definitiva el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Creo que no es mucho pedir que cuando ya llevamos más de diez años de funcionamiento de las comunidades autónomas el Partido de la oposición le ofrezca y, al mismo tiempo, le pida al Gobierno un pacto sobre estos asuntos.
Por último, voy a hacer una brevísima referencia a tres enmiendas que presentamos y que hacen referencia al reparto del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Me refiero al reparto entre comunidades autónomas y corporaciones locales.
El Presidente del Gobierno, don Felipe González, en respuesta a un pregunta que yo mismo le formulé en esta Cámara el pasado mes de septiembre, garantizó que en el reparto y gestión del Fondo de Cohesión de la Unión Europea había transparencia, había claridad, había equidad y había justicia. Yo, naturalmente, no dudo de la palabra del Presidente del Gobierno, aunque razones si que tendría para ello, como es suficientemente conocido por los presentes, pero en cualquier caso, tengo que decir que esa promesa de transparencia, de equidad, de justicia y de claridad que hacía el Presidente del Gobierno en esta misma Cámara el pasado mes de septiembre no se cumple en estos Presupuestos. Y no se cumple porque en estos Presupuestos se dice, lisa y llanamente, que el Gobierno decidirá como estime oportuno y conveniente sobre el Fondo de Cohesión. Nosotros lo que pedimos es que no se hagan las cosas así y que antes del 31 de marzo de 1995 el Gobierno remita a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados una comunicación en la cual se fijen los criterios de reparto para su debate y aprobación por las Cortes Generales. En el supuesto de que el Grupo Socialista o en el supuesto de que el Gobierno no remita, bien a esta Cámara o bien al Senado, una comunicación en la que fije claramente cuál es el criterio para repartir el fondo de cohesión de la Unión Europea, yo mismo volveré a preguntarle en esta misma Cámara al Presidente del Gobierno la razón del incumplimiento de la palabra que me ha dado en el pasado mes de septiembre y le afearé su conducta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente. Subimos aquí para defender básicamente dos enmiendas,

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aun cuando el número sean tres. La primera se refiere a la participación de los ayuntamientos y cabildos canarios en los fondos del Estado dedicados a estas administraciones. Es histórico ya, desde el año 1972, la reclamación de los ayuntamientos canarios. En la Ley 30/1972, sobre el régimen económico y fiscal de Canarias, carece de contenido la forma específica en que deben participar los ayuntamientos canarios en los tributos del Estado. Sin embargo, la Ley 19/1994, de 6 de julio, aprobada en esta Cámara, en la que se modifica el régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo tercero establece la existencia de un régimen económico y fiscal específico en el archipiélago, que no deja lugar en ningún supuesto a la disminución del volumen de gastos público estatal corriente y de inversión destinable a las islas en ausencia del mismo. Esta Ley se aprobó aquí por amplio consenso; por tanto, creemos que no existe fundamento para que el gasto corriente en las islas del Estado no sea igual que en cualquier otra de las autonomías en lo referente a las administraciones locales. Además, habría que añadir una sentencia de la Audiencia Nacional relativa a una impugnación de una orden de 19 de febrero de 1981 de la Presidencia del Gobierno, que regula la participación de los ayuntamientos canarios en los impuestos indirectos del Estado y en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal, que da la razón a los ayuntamientos canarios demandantes. Y en los argumentos expuestos, no sólo ya los formales, sino en la cuestión de fondo, cuando habla de la imposición directa no encuentra cobertura legal para la limitación respecto de la participación correspondiente al IRPF. Como tampoco encuentra justificación en lo concerniente al rendimiento de la tasa sobre juegos del azar. Pero es más: tampoco encuentra inconveniente en la participación en la imposición indirecta del Estado, ya que las restricciones deberían estar convenientemente justificadas y no de una forma inercial a lo largo de la historia; y a lo largo de la historia nos hemos movido en ese 36 por ciento de participación, que parece totalmente injusto, y más injusto cuando se aduce por parte del Gobierno central que la imposición indirecta se cobra toda en Canarias. Ese argumento no es real, porque el Estado detrae de las transferencias a la Comunidad Autónoma 15.000 millones de pesetas, más las correcciones correspondientes que van en cada uno de los presupuestos del Estado, en virtud del ITE que cobraba el Estado a la entrada en vigor del nuevo régimen económico y fiscal, que, al sustituir el nuevo impuesto IGIC a los arbitrios insulares y al ITE, el Estado cede la recaudación de estos impuestos a la autonomía canaria, pero, en contrapartida, deduce, como digo, 15.000 millones de pesetas, con los coeficientes de corrección.
Es más: el Reglamento del Consejo de la Unión Europea relativo a la aplicación del derecho comunitario en las islas canarias, de 26 de junio de 1991, dice, en su artículo 5.2, textualmente: Hasta el 31 de diciembre de 1995 los tipos de impuestos se fijarán de conformidad con el apartado 3. A partir del 1 de enero de 1996 estos tipos se reducirán en una proporción del 20 por ciento anual con el fin de permitir la supresión en los plazos establecidos en el apartado 1. Este descreste --repito que se dice textualmente-- se refiere a las figuras que financian exclusivamente a las corporaciones locales canarias; se dice que en los arbitrios sobre la producción e importación en Canarias se aplique la tarifa especial y que esto será paralelo a la aplicación progresiva del arancel aduanero común, de forma que, al finalizarel período transitorio, año 2000, se aplique íntegramente, ya que esta recaudación financia los presupuestos comunitarios.
Luego un arbitrio, el que hoy se denomina Apim, histórico en Canarias, se tiene que desarmar, descrestar para ser sustituido por un arancel aduanero cuya recaudación va a engrosar los presupuestos comunitarios. Por tanto, por ese lado, la recaudación de esa imposición indirecta tradicional en Canarias, va a pasar, a partir del 1 de enero de 1996, con un 20 por ciento anual, gradualmente a fondos comunitarios.
Esto justifica aún más el que en estos momentos los ayuntamientos canarios reclamen la participación al ciento por ciento en los fondos dedicados a las corporaciones locales en los Presupuestos del Estado. Hay argumentos técnicos para ello también. El costede la insularidad grava claramente a los ayuntamientoscanarios; los grava cuando tienen que prestar servicios por un mayor coste de vida; los grava cuando tienen que prestar servicios de forma doble cuando se refiere a una isla menor, donde los servicios están gravados por la doble insularidad, y los grava cuando tiene que realizar una obra en un territorio abrupto, de una orografía muy difícil y cuyos costos son muy superiores --y se puede demostrar-- a la mayoría del territorio peninsular.
Igualmente, podríamos barajar argumentación política. Es indudable que todos los ayuntamientos canariosde todos los colores políticos, han hecho históricamente una reclamación: la participación, de forma igualitaria, como cualquier otro ayuntamiento del Estado, en los fondos.
Si en el Régimen Económico Fiscal que aprobamos en esta Cámara en 1994 se decía claramente que las vengajas del RECF no debían de menoscabar la participación del Estado, parece bastante claro que no hay razones de peso para que se siga manteniendo ese 36 por ciento y no se pase al ciento por ciento. Por otro lado, querríamos sólo en un momento hacer una referencia a la enmienda dedicada al transporte. Canarias, y sobre todo sus islas grandes, tiene una densidad de las mayores del Estado; tiene problemas gravísimos de impacto ambiental de las infraestructuras

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del transporte, y se necesita urgentemente, de forma inexcusable, mejorar su transporte público como única fórmula para resolver su futuro, y eso viene agravado en las islas grandes por un desplazamiento de la economía de los lados norte a sur; en el norte es donde está la vivienda y en el sur donde está el trabajo. La única solución es la mejora del transporte público. Desde Canarias no se participa en todos los fondos que desarrollan la infraestructura del ferrocarril, que nos parece un elemento a potenciar en la España peninsular, pero en Canarias se necesita potenciar transportes públicos alternativos que den la oportunidad de, manteniendo las residencias actuales, poderse desplazar a los nuevos lugares de trabajo, ya que es imposible en tan corto plazo construir el número de viviendas necesario para esa población.
Además, crearía gravísimos problemas que significarían, en tan corto plazo, tener que desarrollar infraestructuras urbanísticas de gran potencia en las zonas sur de la isla para poder resolver un problema grave, auténticamente grave, que es el del paro en Canarias, que alcanza porcentajes que están en los máximos de toda España. Sin embargo, los empleos se crean en zonas en las que no está la población residente. La única solución es el transporte público. Por eso defendemos una enmienda por la que, de acuerdo con el artículo 8 del Régimen Económico Fiscal, también aprobado, se crean organismos insulares que deben administrar el transporte. En tanto esos organismos no estén en marcha, las subvenciones que el Estado debe mantener deben ser recibidas por la Comunidad Autónoma Canaria. Por eso esperamos que estas enmiendas puedan ser apoyadas y de alguna forma resuelvan y palíen los graves problemas que tenemos. En cualquier caso, estaríamos dispuestos a buscar alguna fórmula transaccional que nos acerque a mayor velocidad de la prevista a estos presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Menis.
Enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que cuando el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya comenzó a reflexionar cómo recogen las políticas hacia los entes territoriales los Presupuestos Generales del Estado, nos encontramos con dos grandes limitaciones que hemos pretendido corregir y mejorar con nuestras enmiendas.
La primera es cumplir aquella declaración de intenciones que en todo el proceso electoral y en el debate de investidura hacían el Presidente y el Partido mayoritario: entramos en la etapa de los municipios, hay que dar un salto cualitativo en la ordenación del Estado y hay que apostar por un proceso municipalizador del poder. Por tanto, vamos a apostar por fortalecer, clarificar nítidamente las competencias de los municipios, la financiación de los mismos, haciendo residir en ellos un volumen importante de la gestión del poder. La segunda, entrar en otra fase de la relación del poder central con las propias comunidades autónomas y abordar las limitaciones que estas comunidades autónomas habían tenido, sobre todo las del proceso más restringido, las del artículo 143 de la Constitución, para equipararse al mismo nivel de poder que podían tener las del artículo 151; limitación que la Constitución acercaba fundamentalmente a cinco años y no a toda la evolución posterior.
Pues bien, el proceso ha sido distinto. Por eso las enmiendas de Izquierda Unida van dirigidas a hacer frente a la política de municipios y a la nivelación de la prestación de los servicios y a la mayor inversión para corregir desequilibrios entre las comunidades autónomas.
La gran discusión con la Federación Española de Municipios, que al principio de la legislatura estaba en un proceso de presión-negociación, ha estado quizá excesivamente centrada en los intereses o en las demandas de los grandes municipios, lo que se viene en denominar las siete grandes ciudades. Pero creemos que la peor situación, la que más necesita de apoyo, la padecen precisamente los municipios pequeños y los medianos, los intermedios. Pero es que la plasmación en estos presupuestos de los compromisos a los que el Gobierno ha llegado con la Federación son una interpretación del propio Gobierno y no se ajusta al cien por cien a las demandas firmadas o pactadas con la propia Federación Española de Municipios. Pero no voy a hacer referencia en mis enmiendas a esa filosofía, sino a la previsión para fortalecer la capacidad de los municipios en tres vertientes diferentes.
Primero, los municipios de menos de 20.000 habitantes, 7.500 municipios en nuestro país que tienen un volumen pequeño de población, tienen una gran diseminación territorial y para prestar los servicios tienen una dificultad importante, y para los que la previsión presupuestaria es reducida. Es verdad que ha aparecido una Federación Española de Municipios Rurales que está haciendo unos planteamientos determinados. Pues bien, Izquierda Unida propone crear un fondo, a través de una enmienda al artículo 87, añadiendo un apartado 7, nuevo, con 30.000 millones de pesetas y encargando al Gobierno que en un determinado plazo, después de aprobados los presupuestos, ponga unas condiciones para esta distribución. Es verdad que esta federación de municipios rurales ha planteado una distribución por igual de dos millones de pesetas para cada uno; nosotros creemos que no se puede tratar igual a los desiguales y que, por tanto, hay que hacer un planteamiento más global.


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El otro objetivo ha sido equiparar a los municipos con las comunidades autónomas. En la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, del volumen valorado, el 98 por ciento se hace entrega a cuenta en este ejercicio y el 2 por ciento restante se aplaza a la liquidación del presupuesto y entonces se ajusta al presupuesto siguiente.
Para los municipios no es así; es el 95 por ciento. ¿Qué proponemos? Que para las corporaciones locales la entrega a cuenta sea igual que la que se fija para las comunidades autónomas. Estas entregas a cuenta, que se deben realizar para este ejercicio, se incrementarían, por tanto, respecto a la propuesta del Gobierno, de 662.000 millones de pesetas, hasta 694.000 millones de pesetas. Por tanto, es equiparar a las corporaciones locales con las comunidades autónomas, entendiendo que aquí no hay ningún mayor gasto en la liquidación ni tampoco adelantamos más de lo que pueden gastar, porque el 98 por ciento es menos del cien por cien; por tanto, no es posible que haya ningún problema de evolución posterior.
El otro objetivo de nuestra enmienda es intentar que los pagos mensuales establecidos en el artículo 92 se produzcan establemente y que cuando haya retraso de esos pagos mensuales a los municipios, para evitar el endeudamiento o el recurso a lo que son movimientos de tesorería que significan un tipo de interés, que el tipo de interés revierta en quien no hace el pago. Por tanto, proponemos que se aplique un interés de demora del 9 por ciento, al margen de que ya se ha anunciado hoy que se van a subir los tipos de interés (lo ha anunciado el Banco de España, que no sé si mandará mucho o poco) pero la evolución estaba cifrada más o menos en esa cifra.
La otra enmienda va dirigida a lograr una apertura de línea de crédito. Se establece una previsión de acceso de los municipios a los fondos de cohesión, fundamentalmente para infraestructuras y medio ambiente, en un volumen de 30.000 millones de pesetas, y de 15.000 millones de pesetas para los municipios de menos de 50.000 habitantes. ¿Qué pretende esta enmienda? Establecer una línea de crédito para los municipos pequeños que tienen escasos recursos para actuar y desde el propio Ministerio de Hacienda, en convenio con las distintas entidades financieras, se pueda anticipar ese dinero y puedan acometer las obras. Los municipios harían frente a los intereses que provocara ese crédito y se anularía cuando se cobrasen cuando estuviera ejecutada la obra; es decir, facilitar la ejecución y el desarrollo de esos planes de inversiones y no encontrar la limitación en la capacidad financiera o de actuación de los propios municipios. Ese sería el objetivo.
También hay otras enmiendas, que ya veremos en las disposiciones adicionales, sobre todo cuando hablamos en la disposición adicional vigésima de la aportación de 5.000 millones de pesetas a los municipio de menos de 50.000 habitantes para ese fondo de infraestructura local y también en la decimonovena, sobre la distribución y la participación de las comunidades en los fondos de cohesión, que es otra de las discusiones importantes que tenemos en nuestras manos. El otro gran objetivo de las enmiendas de Izquierda Unida es comprometer que el Estado, de todo el volumen de inversión nueva que va a tener en este ejercicio, destine un porcentaje mayor del establecido hasta ahora, el 35 por ciento, a corregir los desequilibrios territoriales y, por tanto, a compensar territorialmente la actuación del propio Estado. Es verdad que hay una Ley del fondo de compensación que establece una cifra, pero lo cierto y verdad es que el volumen de recursos que destina el Estado a las comunidades autónomas para compensar --estas inversiones son gestionadas por cada comunidad autónoma-- es el mismo en los últimos tres años: 128.000 millones de pesetas. Es cierto que se puede decir que si la inversión nueva está contenida en cifras absolutas, el porcentaje del 35 por ciento puede ser incluso inferior. Pero, ¿cuál es el planteamiento? Incrementar al 40 por ciento este año y al 45 por ciento al año siguiente para que el Estado tenga como primer objetivo, corregir desequilibrios territoriales, además de los sociales que mediante otras políticas se establecen en otras secciones y, por otro lado, actuar sobre todo el territorio en su conjunto. Por tanto, lo que proponemos es que el Fondo de Compensación interterritorial se incremente este año al 40 por ciento y, por tanto, se pase de la cifra de 128.000 millones de pesetas, que se propone este año, a 145.000 millones de pesetas.
Por último, la otra propuesta nueva que pretendemos introducir es controvertida. Es la creación de un fondo de nivelación que nosotros creemos está recogido en el artículo 15 de la LOFCA, que es un compromiso aplazado reiteradamente desde hace bastante tiempo, a pesar de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya se plantease abordar esta actuación. Es una propuesta que pretende corregir, en esa nivelación, los servicios que reciben los distintos ciudadanos de cualquier comunidad, habida cuenta por un lado, el número de habitantes; por otro lado, el nivel de renta; y, por otro lado, la dispersión. El objetivo de nuestra propuesta es una nivelación, por tanto, temporal. Nosotros hemos hecho un cálculo en esta propuesta a cinco años, lo dividimos y una anualidad la hemos abordado este año. No sería, por tanto, un fondo estable y permanente incorporado a los presupuestos, sino sólo mientras se produce esa nivelación, para hacer frente al déficit en la gestión de determinados servicios. El segundo objetivo sería que la participación en los ingresos del Estado recoja un volumen de recursos que podrían estar señalados en los artículos 13 y 15 de la LOFCA.
El tercero sería una reasignación de esos recursos de

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la participación en los ingresos del Estado. Fundamentalmente, la corrección de la renta sería actuar con las comunidades de menor renta, porque creemos que en la medida que los ciudadanos tienen mayor volumen de renta en sus manos para administrar recurren más a servicios privados que al servicio público. Por tanto, creemos que hay más volumen de servicio público consumido donde hay menor nivel de renta, precisamente donde más dispersa está la prestación de servicios, puesto que en las grandes ciudades la concentración de servicios es mayor. Este fondo de nivelación pretende reasignar 122.000 millones de pesetas. Está establecido en un cuadro para todas las comunidades autónomas. Nuestra propuesta contempla un programa nuevo; sería la adición de un nuevo programa, el 911.E. Esta nueva filosofía iría incluida en el texto mediante objetivos y actividades, y, por otra parte, la concreción de la distribución del gasto para incorporar a la sección 32.
He defendido, señorías, las enmiendas tanto a las Secciones 32 y 33 como al Título VII, que era nuestro compromiso. Voy a terminar defendiendo dos enmiendas concretas dirigidas a la sección 32 para incrementar las inversiones destinadas al metro en Madrid a fin de acometer las obras que están aplazadas, compromisos acordados entre la Comunidad y el propio Gobierno, que en estos presupuestos no acometen sino que se aplazan; y, por otro lado, una mayor inversión para modernización de material del propio metro de Madrid.
Estoy convencido de que el debate sobre la financiación de los entes territoriales, municipios y comunidades autónomas es un debate parejo al del poder y estoy convencido también, señorías, de que ustedes entenderán que en política, como en todo, el que paga manda. Mientras las comunidades tengan gestión por transferencias y no haya gestión de recursos propios y autonomía financiera suficiente, no estamos ordenando el poder con las tres patas que debe tener (municipio, comunidad autónoma y administración central) y el desequilibrio juega a favor de la central, que tiene mayor capacidad de actuación y de endeudamiento.
Nada más, señorías, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Enmiendas del Grupo Mixto. El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, voy a defender las enmiendas presentadas por Unión Valenciana al Título VII y a la sección 33, relativa a los entes territoriales; y la enmienda de totalidad al Fondo de Compensación Interterritorial.
La primera de las dos enmiendas que hemos presentado, la número 37, al artículo 88, del Título VII, propone la adición de un nuevo apartado seis. Es una enmienda tradicional que presenta Unión Valenciana, relativa a la financiación del Consell Metropolitá de L"'Horta. Unión Valenciana presenta esta enmienda número 37 en el sentido de que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado la correspondiente financiación para el ente metropolitana que engloba la ciudad de Valencia y 43 municipios de su área de influencia. Nosotros consideramos que el área metropolitana de Valencia debería beneficiarse de las dotaciones previstas en los mismos términos que las áreas metropolitanas de Madrid y la extinta de Barcelona. Consideramos que la cantidad a percibir por esta área metropolitana no debería ser inferior a los 3.000 millones de pesetas y se debería dotar presupuestariamente con la baja en igual cuantía de la Sección 31, correspondiente a gastos de diversos ministerios. La justificación que nos lleva a presentar por enésima vez esta enmienda es que con ella proponemos que se ponga fin, de una vez por todas, a la discriminación del área metropolitana de Valencia y que ésta perciba las dotaciones presupuestarias compensatorias previstas para áreas metropolitanas que sí son reconocidas vía Presupuestos Generales del Estado.
Nuestra enmienda pretende obtener financiación para ese Consell Metropolitá de L"'Horta que agrupa, como he comentado anteriormente, a 44 municipios en condiciones similares a otras dos grandes áreas metropolitanas del Estado, Madrid y Barcelona. Valencia soporta los efectos de un área metropolitana que tiene que reconocerse porque esta ciudad presta servicios a más de un millón de ciudadanos. Es absurdo ignorar la realidad del área metropolitana de Valencia. Esta realidad no puede ser olvidada ni desconsiderada. Pensamos que un millón doscientos mil ciudadanos, un transporte público colectivo prestado por la Empresa Municipal de Transportes del Consorcio Valenciano de Transportes, servicios de saneamientos de aguas, residuos sólidos, cuestiones de infraestructura viaria, ejes viarios así como planteamiento urbanístico común, no deben ser desconsiderados por parte del Gobierno central.
De una vez por todas, que se contemplen estas asignaciones y la consignación presupuestaria haga justicia a muchos años de discriminación.
Otra enmienda es la presentada a la Sección 33 en la que solicitamos la devolución de toda la sección, referente al Fondo de Compensación Interterritorial. Unión Valenciana considera que este fondo nuevamente vuelve a dejar de lado y a discriminar a la Comunidad Valenciana respecto a otras comunidades. La incidencia de este fondo y de los presupuestos, en general, tienen una incidencia en Alicante, Castellón y Valencia bastante negativa y desde todo punto recesiva. Un año más, se ha consagrado y agudizado el olvido de la Comunidad Valenciana que se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos años. La nacionalidad valenciana sigue perdiendo competitividad y mercados exteriores

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a pasos agigantados y más que preocupantes, según datos del propio Ministerio de Comercio. En 1993 las exportaciones de la Comunidad Valenciana se incrementaron siete puntos por debajo de la media nacional y ello a pesar de las devaluaciones practicadas sobren nuestra moneda. De esta manera, las inversiones reales y las dotaciones, a la Comunidad Valenciana vía Fondo Compensación Interterritorial para el ejercicio 1995, descienden de manera muy notable respecto a años anteriores. El Fondo de Compensación Interterritorial para Alicante, Castellón y Valencia se ha visto disminuido y reducido a la mitad en los últimos cinco años y, como he comentado anteriormente, se vuelve a producir olvido en la financiación del área metropolitana de Valencia mientras otras zonas similares continúan gozando de estas ayudas compensatorias.
Unión Valenciana considera que la política económica aplicada estos últimos años por el Ejecutivo ha afectado de manera negativa a nuestra comunidad. Una peseta sobrevaluada ha destrozado nuestro tejido exportador; una ausencia de inversiones ha mermado nuestra capacidad competitiva y el sometimiento del Ejecutivo valenciano unido a la tan idílica como falsa imagen del Levante feliz han derivado en nuestra situación actual.
Nuestra denuncia se refiere también al conjunto del actual sistema de financiación autonómico. Por ello hemos presentado una enmienda que posteriormente debatiremos, la enmienda número 38, respecto a un acuerdo o concierto económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana. Se ha demostrado que el actual sistema de financiación no sirve a los intereses de las comunidades autónomas. Alicante, Castellón y Valencia no pueden seguir aportando al Estado durante más tiempo 700.000 millones de pesetas cada año por encima de lo que reciben, mientras nuestra tasa de paro está un punto por encima de la media nacional, la caída de nuestro producto interior bruto es superior a la registrada a nivel nacional y perdemos competitividad a pasos agigantados. En resumen, puede decirse que el Fondo de Compensación Interterritorial está fomentando el desequilibrio de la Comunidad Valenciana respecto a otras comunidades. Los datos hablan por sí mismos y son del propio ministerio. Mientras la Comunidad Valenciana recibió 15.000 millones de pesetas en el año 1991, un poco más del seis por ciento de lo asignado vía Fondo de Compensación Interterritorial, en el año 1995 recibimos, 7.000 millones.
Con ello queda más que demostrado que la caída, respecto al año 1991, ha sido del 51 por cien. Es evidente que si la Comunidad Valenciana no va adelante es porque el trato del Gobierno central no permite que salgamos de la grave situación de crisis que atraviesa la economía valenciana.
Como conclusión, quiero comentar que tanto en la enmienda al título VII, respecto a los entes territoriales, como en la enlazada con ese mismo título de la Sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial, consideramos que se ha consagrado y agudizado el olvido de los últimos años hacia la Comunidad Valenciana. A pesar de los ataques que recibimos debido a que muchos ministros son o eran valencianos, poca rentabilidad sacamos los valencianos a nuestros ministros en las partidas presupuestarias que se contemplan para el año 1995, muchas de ellas muy jugosas.
Es evidente que si la Comunidad Valenciana continúacon estos problemas, no podrá afrontar con garantíade éxito el umbral del año 1996. La Comunidad Valenciana sigue siendo discriminada por estos presupuestos y es evidente que todos debemos tomar cartas en el asunto. Desde aquí espero esa buena voluntad que a veces no tiene que ser sólo buena voluntad, tiene que demostrarse con los hechos y con las obras.
Esperemos que a partir de hoy el Gobierno central sea un poco más sensible hacia los problemas de la Comunidad Valenciana.
Esto no lo digo yo sólo desde esta tribuna. Tan lejos como el lunes pasado, en una conferencia que nuestro Presidente autonómico, miembro del Partido Socialista Obrero Español, dio en el Club Siglo XXI, utilizó gran parte de los argumentos que yo he dado hoy en el sentido de que durante los últimos diez años a la Comunidad Valenciana se le habían negado muchas cosas necesarias para afrontar el futuro con garantías. Por tanto, no es sólo mi palabra, es la palabra de muchos valencianos, empezando por el máximo responsable de nuestra autonomía, que piensa que la Comunidad Valenciana a este paso se convertirá en un territorio insular o probablemente tendrá más problemas que muchas comunidades que los tienen por su condición insular, o Ceuta y Melilla. La Comunidad Valenciana, a este paso, va a convertirse en una comunidad de difícil supervivencia porque desde luego ustedes lo están haciendo superbien con ella. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas de la señora Rahola. (Pausa.) Señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: La enmienda 274, de la Diputada señora Rahola, al artículo 88, del título VII, se da por defendida y reproducida en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Paso a defender la enmienda número 315, de modificación del artículo 103, que regula las transferencias

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a las comunidades autónomas y el mecanismo de financiación de las mismas. Nuestro grupo parlamentario plantea en esta enmienda que se modifique la redacción contenida en dicho precepto para hacer referencia a la financiación específica que disponen las comunidades autónomas reguladas por convenio, como es el caso de Navarra, o por concierto, el caso del País Vasco. Además, señor Presidente, existen Reales decretos aprobados por el Gobierno central que regulan de forma específica el régimen de traspaso a estas comunidades autónomas.
Por tanto, en este momento ofrecemos al Grupo Parlamentario Socialista una enmienda transaccional por la cual añadiríamos al final de la letra d) o añadiríamos una nueva letra e) que vendría a decir lo siguiente: En las comunidades autónomas sujetas a régimen de convenio o concierto la valoración del coste efectivo se realizará conforme a sus propias normas. Con esta enmienda modificamos el texto, mejorándolo, e incluimos en el ámbito de aplicación del artículo 103 a las comunidades con régimen de financiación específico que no están ahora expresamente recogidas. Por eso presentamos esta pequeña adición a la regulación general que se contiene en el precepto. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi Grupo respecto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos al título VII, entes territoriales, y a la Sección 32.
En cuanto a la Sección 33 hará uso de la palabra mi compañero, señor Jerez Colino, al final de mi intervención.
Efectivamente, nos encontraremos con este título VII, un título que tiene dos pilares fundamentales: todo lo que supone la financiación de las comunidades autónomas y todo lo que supone el tratamiento de financiación de las corporaciones locales. Me imagino que, cuando se plantea la supresión de este título, será porque se tiene una idea muy clara de cuál es esa financiación, qué fórmulas son las más adecuadas para que, en este complejo mundo de la distribución competencial, de la distribución de los recursos del Estado entre Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, se tenga la varita mágica suficiente para poder determinar, sin ningún tipo de problemas, cómo se produce esa distribución. Me imagino, señor Rajoy, será consciente de que es un tema bastante más complicado que decir no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho, lo retiran y vamos a ver lo que pasa.
Respecto a los procesos de transferencias a las comunidades autónomas que se han llevado y se continúan llevando a cabo, da la impresión de que no se van a finalizar, es decir, se trata de un proceso abierto. Lo cierto es que entre todos los grupos políticos debemos buscar la salida más correcta para que, de la misma forma que en un momento determinado se llegó a un pacto autonómico por el que las comunidades del artículo 143 de la Constitución están llevando a cabo un proceso de asunción de competencias, de la misma manera se pueda llegar a un sistema de financiación que responda a las necesidades e inquietudes de todas las comunidades autónomas; proceso de financiación que tiene mucho que ver con lo que después han de hacer las comunidades autónomas respecto a las corporaciones locales. A veces nos concentramos en que es una competencia del Estado, una atribución del Estado, coger recursos y distribuirlos a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, sin pensar que las corporaciones locales también deben percibir sus correspondientes recursos de las comunidades autónomas. Por eso, digo que negar la mayor, es decir, retirarlo todo porque no hay nada hecho, no es una buena medida para plantear un debate. Debemos ir al revés. Es decir, reconocemos que el proceso es complejo, reconocemos que es un proceso en el que todos tenemos que intervenir y reconocemos que los pasos que se han dado -- algunos pensarán que insuficientes, otros pensamos que menos insuficientes-- son pasos positivos, tendentes a que poco a poco se vaya definiendo ese sistema de financiación. Creo que el desarrollo de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera hace imposible que en esta ley se pueda plantear cuál es el sistema definitivo de financiación, del que ustedes dicen que adolece este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, en ese proceso de reflexión que se ha llevado a cabo por el conjunto de expertos al que ha hecho referencia, la materialización de esas reflexiones en normas, en textos, no es un proceso sencillo y, desde luego, tiene que estar sujeto a la participación y al debate que debe haber con las propias comunidades autónomas. Me imagino que, en ese proceso, las comunidades autónomas regidas por el Partido Popular tendrán ya alguna fórmula correcta, alguna fórmula concreta, de cómo debe ser este sistema de financiación, aunque creo que no está tan claro que dispongan ya de esa alternativa, pues imagino que, si fuera así, lo habrían puesto encima de la mesa a la hora de plantear esta enmienda de supresión.
Respecto a los ayuntamientos, creo que se ha dado un paso importante con este acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. Es un acuerdo a cinco años, que indudablemente plantea una serie de medidas que vienen a

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corregir esa deficiencia en la financiación que han tenido las corporaciones locales, que supone la aportación, en cuanto a la liquidación del ejercicio de 1993 --me imagino que usted lo sabrá--, la cantidad de 75.000 millones de pesetas o supone que la participación de los ingresos del Estado se complemente con dos fondos de infraestructuras: un fondo destinado a financiación de infraestructuras para mejorar el medio ambiente, con una dotación de 30.000 millones de pesetas; y otro de infraestructuras locales, complementario de la cooperación económica local, con 20.000 millones de pesetas.
Por supuesto, no es un tema que esté cerrado; por supuesto es un tema en el que, de acuerdo con esa distribución a la que muchas veces se ha hecho referencia entre cuál tenía que ser el volumen de recursos del Estado, a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, no se ha llegado a esa cifra.
No obstante, ese problema, que no se puede solucionar en el plazo que a todos nos gustaría porque los pasos que hay que dar son bastante más complicados de lo que a primera vista parece, creo que ha tomado una buena dirección con la firma de este acuerdo entre el Gobierno y la FEMP; acuerdo que va a ser positivo para la fórmula de financiación y para el desarrollo de la gestión de las distintas corporaciones locales.
En definitiva, señor Rajoy, yo no acabo de entender lo que usted dice salvo que el planteamiento inicial que han tenido ustedes en estos presupuestos es que primero hay que negar la mayor y luego ya veremos lo que sucede; lo primero que hay que hacer es plantear la enmienda de supresión y devolución al Gobierno, como una fórmula de oposición. Me imagino que usted no dejará de reconocer que tanto los pasos que se están dando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como el trabajo del grupo de expertos, con el retraso mayor o menor que usted quiera, así como el acuerdo entre FEMP y Gobierno, son pasos positivos que tienden a corregir, en gran medida, las deficiencias que existen en estos sistemas de financiación.
Respecto a las enmiendas que ustedes han planteado, creo que, en gran medida, vienen a ser contestadas por la propia reflexión general que he hecho hace un momento. Por ejemplo, la enmienda 995, al artículo 91.4, establece un mínimo garantizado de participación en el tributo del Estado de 2.480 millones de pesetas para las diputaciones, cantidad mínima que, en modo alguno, puede considerarse como una cantidad fija; en todo caso se trata de una garantía. ¿Y por qué se hace así? Porque la cantidad que se garantiza (podemos poner el caso de dos diputaciones, como la Diputación de Soria y la de Segovia) está muy por encima de la que les correspondería en un reparto objetivo, aplicando los criterios legales que hay establecidos. ¿Qué sucede en este caso? Que la media nacional por habitante y año, en territorio común, por la financiación incondicionada está en 8.847 pesetas y por asistencia sanitaria está en 1.907 pesetas, mientras que en esas dos diputaciones a las que anteriormente hacía referencia, en Soria estaría en 23.000 pesetas la cuota por habitante en financiación incondicionada y en 1.809 pesetas la cuota por habitante por asistencia sanitaria; en Segovia, la primera de ellas sería 14.980 pesetas. Creo que el hecho de mantener una cantidad mínima, una cantidad que se mantiene como garantía, es un elemento importante y es la razón que nos obliga a impedir la admisión de la enmienda que usted plantea.
En cuanto a la enmienda 999, que propone sustituir el texto «no se les reconocerá el derecho a percibir» por el de no se hará el ingreso hasta que no se aporte la documentación justificativa, creo que no se puede admitir puesto que la Ley de Procedimiento Administrativo, tanto en la redacción actual como en la anterior, establece que el incumplimiento de requisitos exigibles y de los plazos en la aportación de documentos puede hacer decaer sus derechos a los particulares e instituciones que promuevan o se beneficien con la tramitación de los correspondientes expedientes. Pensamos que el término que utiliza el proyecto de ley es más completo que el que denota la enmienda a que he hecho referencia. En definitiva, señorías, son enmiendas que no aportan nada nuevo al problema que se plantea, o que ustedes plantean, respecto a la financiación de los entes territoriales, y nosotros creemos que deben ser rechazadas porque no significan ninguna modificación sustancial desde esa perspectiva. Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, ya en Comisión planteé al señor Ríos, respecto a los municipios rurales, que, efectivamente, nosotros también tenemos esa especial sensibilidad por lo que sucede en este tipo de municipios que tienen una posibilidad financiera menor que la de otros municipios y que estamos dispuestos a trabajar en esa dirección en las próximas fechas.
Pero sí que es cierto que, en estos momentos, hacer una modificación como la que usted dice, que puede vulnerar o alterar en parte el acuerdo que hay con la FEMP, que, en gran medida, viene a paliar las deficiencias que puedan surgir en este tipo de municipios, ahora que las fórmulas de atención a los mismosen los planes de obras y servicios, en la cooperación económica local, en las fórmulas que vienen recogidas para temas de infraestructura por parte del acuerdo al que he hecho referencia anteriormente, creo que va a paliar las deficiencias que tienen estos municipios rurales. No obstante, no nos negamos a estudiar para un futuro cuál puede ser la fórmula de financiación mejor y más objetiva que pueda aplicarse a estos municipios.
Ha hecho referencia a ese 98 por ciento de entregas a cuenta para equiparar las comunidades autónomas. Nosotros nos hacemos la siguiente reflexión: son quince las comunidades autónomas a las que se aplica el

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98 por ciento. Ese tres por ciento que usted dice, entre el 95 al 98 por ciento, de entrega a cuenta no hay ninguna seguridad de que entre los 8.000 municipios no fuera superior al 100 por cien de la liquidación definitiva que hubiera que practicarles al final del ejercicio. Por esa razón, pensamos que ese tres por ciento es un colchón suficiente para evitar que existan esos problemas de financiación o de tesorería en los municipios que puedan resultar afectados por ese incremento en las entregas a cuenta.
Sobre el fondo de nivelación, es un tema que, filosóficamente, es bonito; la idea de que se produzca esa equiparación entre el sistema de financiación y los servicios que tienen que ir prestando las comunidades autónomas es una idea que, en la teoría política, es preciosa. Pero, a la hora de plasmarla en un papel, a la hora de escribir unas líneas y decir en qué va a consistir ese fondo de nivelación (aunque ustedes han hecho un esfuerzo y la verdad es que se lo agradecemos, porque es un esfuerzo importante), pensamos que no da solución, no da salida a todos los problemas que se dan en ese fondo de nivelación. Yo creo que el trabajo que están realizando los expertos, el libro blanco sofre financiación de las comunidades autónomas, con la finalidad de dar contestación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Lofca, va a ser un instrumento que intentará aglutinar los diversos criterios que existen en este país para ver si se puede encontrar una fórmula de equilibrio entre la prestación de servicios y la forma de financiación.
Yo espero que los debates que se están realizando con las comunidades autónomas y los que se están llevando a cabo por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera sean lo rápido que todos creemos que es necesario, que vengan a satisfacer este problema, no desde la perspectiva de un grupo político solamente, sino porque entendemos que es un tema que afecta al conjunto del Estado, y que, cuanto mejor sea el estudio, cuanto mejor sea el informe y cuanto mayor sea el debate, mejores serán las salidas, o, al menos, las salidas serán más uniformes y más equilibradoras de todoslos intereses de las distintas comunidades autónomas.
Respecto a la enmienda 274, de la señora Rahola, pienso que, si se aceptara, afectaría a la lógica coherente que debe existir entre las entregas a cuenta y la liquidación definitiva, explicación similar a la que he dado al señor Ríos hace un momento, y también la vamos a rechazar.
Enmiendas de Coalición Canaria. He de indicar que mi compañero Néstor Padrón, en la Comisión, les dio una contestación políticamente muy correcta y muy adecuada, respecto al conocimiento que él posee sobre la forma de financiación que existe en los municipios canarios, pero no dejarán de reconocer, señorías, que el propio acuerdo de la FEMP, que el propio desarrollo del REF va a suponer, para los municipios canarios y para las Islas Canarias, en su conjunto, una importante mejora de su forma de financiación. Y me da la impresión de que ustedes estarán de acuerdo; me parece que era el señor Mauricio quien decía que no hablábamos nunca del REF en nuestras contestaciones. Por supuesto que es un punto de referencia que tenemos que tener en cuenta, además de ustedes, nosotros, y nosotros, desde luego, lo vamos a tener presente a la hora de desarrollar nuestras políticas en las Islas Canarias.


El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego concluya.


El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente, acabo inmediatamente. Sobre las enmiendas de Unión Valenciana y del Grupo Nacionalista Vasco, tengo que decirle, señor Chiquillo, que, como ya le dije en la Comisión, dar al área metropolitana de Valencia ahora, como usted dice, el mismo tratamiento que a las de Madrid o de Barcelona, es materialmente imposible. ¿Por qué? Pues porque esas áreas metropolitanas obedecen a unos conceptos que se hicieron en su momento, que tuvieron su plasmación en la Ley de Régimen Local, que se deben a una serie de circunstancias que se produjeron en ese momento. Si se pusieran ahora encima de la mesa, me imagino que no habría ninguna dificultad para iniciar su estudio, pero plantearlas aquí como una enmienda a aceptar, mi Grupo lo ve muy complicado.
Por último, al representante del Grupo Nacionalista Vasco he de decirle, como ya lo hice en Comisión, que pretender modificar este artículo, que es sólo aplicable a las comunidades de régimen común, planteando que se adecúe a las reglas de los traspasos de servicios a la comunidad foral, me da la impresión de que no es la fórmula más adecuada.
Usted nos ha presentado una enmienda de transacción, y acepto su buena intención, pero permítame que le diga que el corto espacio de tiempo que me ha dado para evaluar la admisión o no de esa transacción no es suficiente para ver las consecuencias que puede plantear. Por eso, si no le importa, señor Gatzagaetxebarría, estaríamos dispuestos a estudiarla para que fuera tramitada en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
El señor Rajoy tiene la palabra.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
En realidad, más que replicar se trata de reafirmar algunas de las ideas de mi exposición inicial.
Yo agradezco al portavoz del Grupo Socialista, señor Morlán, la atención, no el apoyo, evidentemente, que ha prestado a las enmiendas del Grupo Popular, aunque

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quiero recordarle que en Comisión manifestó la posibilidad de apoyar e incluso no vio mal el contenido de algunas de las enmiendas que presentaba nuestro Grupo, la 999, la 1.000, la 1.003 y la 1.004. La sensación que deduzco de sus palabras es que se ha producido un cambio de criterio desde la Comisión hasta el día de hoy.
En cualquier caso, el sentido fundamental de mi intervención es afirmar que el Gobierno --y, desde luego, estos capítulos I y II del Título VII es una buena muestra de ello-- gobierna constantemente para salir del paso, gobierna en el día a día, cuando surge un problema intenta taparlo o resolverlo y, al final, la única forma seria de gobernar --y creo que es una obligación que desde la oposición tenemos que asumir y pienso que también desde el Gobierno-- es hacer planteamientos de cara al futuro, es fijar reglas de juego y es establecer fórmulas definitivas.
Nosotros hemos pedido la devolución al Gobierno de este Título VII y de su Sección 32, porque no establece un sistema definitivo de financiación ni de las corporaciones locales ni de las comunidades autónomas y porque ya son muchos los años que han transcurrido desde que debía existir ese sistema definitivo de financiación. Volvemos a solicitar y volvemos a ofrecer los apoyos de nuestro Grupo para que se firme un pacto local, en el que se delimiten con claridad cuáles son las competencias de las corporaciones locales, cuáles de las comunidades autónomas y cuáles de la Administración central del Estado. Y, naturalmente, una vez que haya una fijación clara y definitiva de las competencias que debe ejercer cada una de las instituciones que conforman el poder público, podremos establecer un sistema de financiación definitivo.
Mientras tanto, estaremos en una política de parches, que es lo que llevamos haciendo a lo largo de los últimos años.
Sin duda, como ha dicho el señor Morlán, no es fácil el establecimiento de lo que yo estoy solicitando en esta Cámara, pero sí es necesario. Para hacer políticas fáciles vale cualquiera; desde luego, para hacer planteamientos más difíciles, sin duda se requieren otras condiciones que, a lo que se ve, no tiene en este momento, y lo digo, como es natural, con todos los respetos, el Gobierno socialista.
Lo mismo sucede respecto de la financiación de las comunidades autónomas. Llevamos años diciendo que es necesario que se cumpla una ley, que ya fue aprobada en el año 1980, que es la Lofca, como sabe perfectamente el portavoz del Grupo Socialista y el resto de los señores Diputados. La Lofca recoge la necesidad de que exista una corresponsabilidad fiscal entre las comunidades autónomas y la Administración central del Estado, exige un fondo de nivelación de servicios fundamentales en todo el territorio nacional, en su artículo 15. Todo esto se ha debatido en múltiples ocasiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la reunión del 20 de enero del año 1992 se fija el sistema de financiación para los siguientes cinco años y, por tanto, hasta el 31 de diciembre de 1996, hay nuevamente un compromiso claro del Gobierno. El Gobierno incumple ese compromiso y luego el Grupo de Convergència i Unió le hace aprobar algo como la cesión de una participación del IRPF, concretamente el 15 por ciento, que todas las personas que entienden una palabra de este asunto saben que no sirve absolutamente para nada. De hecho, el grupo de expertos que ha entregado recientemente el trabajo que le ha solicitado el Gobierno dice lo que ya todos sabemos, que esto del 15 por ciento es una fórmula transitoria para salir del paso, que no sirve para nada, y yo añado que es una fórmula solicitada por los señores de Convergència i Unió y a la que el Gobierno tuvo que acceder porque no le quedaba otro remedio.
Lo que yo ofrezco --al igual que hacía en el caso anterior-- es el apoyo del Grupo Popular para, entre todos, fijar un sistema definitivo de financiación de las comunidades autónomas que contemple la necesaria corresponsabilidad fiscal, terminando con chapuzas como la del 15 por ciento y, al mismo tiempo, un procedimiento de nivelación de servicios.
Por último, en cuanto al Fondo de Cohesión, vuelvo a recordar lo que dije en mi intervención. No ha hecho --al menos yo no lo he oído-- ninguna referencia el señor Morlán a este asunto.
El señor Presidente del Gobierno se ha comprometido en esta Cámara a que, en el reparto y asignación del Fondo de Cohesión de la Unión Europea a comunidades autónomas y a corporaciones locales, hubiese transparencia, equidad, claridad y justicia.
Yo no digo que no vaya a haberla, lo que sí digo es que es mucho más posible que haya esa transparencia y esa claridad que prometió el Presidente del Gobierno si los criterios de reparto del Fondo de Cohesión se traen a esta Cámara y se debaten, que creo que no es mucho pedir. Tal y como está redactado el proyecto de presupuestos que estamos debatiendo, da la sensación de que lo que pretende hacer el Gobierno es aprobar de manera unilateral el reparto del Fondo de Cohesión entre comunidades autónomas y corporaciones locales. Vuelvo a señalar que, en el supuesto de que esto sea así y de que se hurte el debate a esta Cámara, yo tendré que reiterar el señor Presidente del Gobierno la pregunta que le hice el pasado mes de septiembre, tendré que preguntarle cuáles son las razones por las cuales se compromete a una cosa en esta Cámara y en la ley de presupuestos se establece un sistema que conduce a todo lo contrario.
Este y no otro es el sentido de mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Termino, señor Presidente. Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Brevemente, señor Presidente.
Creo que los argumentos expuestos al defender las enmiendas de Coalición Canaria siguen sin rebatirse. El acuerdo de la FEMP era que participaran los ayuntamientos canarios al 100 por 100, lo mismo que cualquier otro ayuntamiento. De la imposición indirecta, repito, el 50 por ciento lo retiene el Estado en las transferencias, por lo que no toda está recaudada y empleada directamente en Canarias.
El argumento del descreste del APIM a partir del año 1996 va a dejar a las corporaciones locales canarias con ingresos muy inferiores a los actuales y van a pasar grandes dificultades.
Ese ingreso pasa a la recaudación comunitaria y, por un acuerdo internacional, nosotros tenemos que descrestar los arbitrios canarios. Nos parece que la argumentación global sigue siendo válida; que si se fuera por el camino actual de ir subiendo todos los años un punto nos quedarían 64 años para igualarnos a los ayuntamientos peninsulares y parece que 64 años es demasiado tiempo incluso para que podamos verlo gran parte de los Diputados que estamos en esta Cámara.
Por consiguiente, no sólo nos parece que la enmienda sigue siendo totalmente válida, sino fundamental para los canarios, por lo que la mantenemos. En cualquier caso, aprovecho para decir que, en la parte en que hay un compromiso por el portavoz del Grupo Socialista de desarrollar el REF, en cuanto puede ayudar a resolver el problema del transporte -- indudablemente, si el desarrollo del REF mejora las infraestructuras siempre ayudaría a las instituciones canarias--, estamos dispuestos al desarrollo de ese REF, tanto con las enmiendas presentadas en este Congreso como con las que podamos presentar en el Senado, así como en la Comisión bilateral, para que el Régimen Económico Fiscal sea una realidad y no sólo una Ley aprobada en este Congreso.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que, después del tono del portavoz socialista, a mí me quedaría una sensación y es tener mucha autoridad moral, mucha posición positiva a la hora de la filosofía de la propuesta pero, luego, a la hora de la concreción, no haber conseguido convencer a su señoría de que algunas de nuestras propuestas son positivas. Por tanto, como estamos haciendo política --la política es el arte de hacer posible lo necesario--, nosotros vamos a reiterar los argumentos que hemos dado en tres grandes vertientes. Primera, los municipios pequeños de menos de 20.000 habitantes no reciben un apoyo suficiente y no sería vulnerar el acuerdo con la Federación Española de Municipios que ses aceptara la enmienda que nosotros proponemos. Pero es más, nuestra propuesta, conforme está redactada nuestra enmienda, consiste en crear un fondo de 30.000 millones de pesetas; el desarrollo del mismo sería por el propio Gobierno, que fijaría unas condiciones de distribución de ese fondo y se abriría un proceso para demandar o incorporarse al mismo. No habría complicación para que esto, que es necesario, que su señoría veía como positivo, se haga posible vía una propuesta determinada. En todo caso, yo he entendido de sus palabras que va a haber un compromiso para trabajar en conseguir esto que aquí se dice. Es verdad que hay municipios que reciben el plan de obras y servicios, es verdad también que hay un fondo de cooperación municipal.
Bien. Pero usted sabe como yo que la capacidad adquisitiva de estos municipios, la capacidad de inversión y de endeudamiento es bastante reducida.
En cuanto a la participación, yo no sé si habrá un estudio hecho de lo que se ha producido en el último año, pero estoy convencido de que habrá municipios, de estos 8.000 que tiene nuestro país, que a lo mejor el 95 por ciento de entrega a cuenta también haya sido mayor que el cien por cien, y ustedes lo habrán solucionado de alguna manera porque la voluntad de poner en manos de los ayuntamientos ese tres por ciento más, que es un volumen de dinero que yo se lo he cifrado a usted en una cuantía determinada, en 31.000 millones de pesetas, podrá evolucionar en la ejecución definitiva de una manera u otra, pero estoy convencido de que es hacer residir mayor capacidad de financiación a los propios municipios antes de poder decidir si este camino es el más adecuado. Señor Presidente, la otra gran filosofía de nuestra enmienda iba dirigida a capacitar a los ayuntamientos para una posibilidad de acometer los Fondos de Cohesión. El proyecto de ley del Gobierno establece la participación en los Fondos de Cohesión a través de dos grandes bloques: 40.000 millones de pesetas para los de más de 50.000 habitantes y otro volumen para los de menos de 50.000 habitantes. Bien. Nosotros lo que proponemos es que, para gestionar esos Fondos de Cohesión, haya créditos a los propios ayuntamientos.
Y termino, señor Presidente. El fondo de nivelación no es un invento nuevo, no es una propuesta o una apuesta nueva. Está sacada de un compromiso aplazado desde hace mucho tiempo. Es verdad que no puede considerarse como propuesta desde una sola formación política, es verdad que esto debe ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es verdad que es posible que nuestras valoraciones no sean las que puedan hacer

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otros expertos. Yo estoy convencido de que si hay un grupo de expertos lo puedan producir, pero el problema es que la cosa se está aplazando en exceso. Ese grupo de técnicos o de expertos está reuniéndose para hacer una propuesta muchos años y no consigue poner en marcha este proceso de nivelación. Si hablamos de autonomía financiera, si hablamos de incrementar la capacidad fiscal de las propias comunidades autónomas con transferencias de tramos de IRPF o de otros impuestos, si hacemos eso, a la vez debemos abordar los fondos de nivelación. De los servicios que los españoles reciben hoy no son ni siquiera parecidos o similares los de una zona rural con los de una zona urbana; los que se pueden recibir en Madrid, en Barcelona, en Valencia, con los que se pueden recibir en las zonas rurales de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, de Cataluña, en cualquiera de sus territorios.
En cualquier caso, ¿qué es lo que les estoy proponiendo poner en marcha? Yo aceptaría que usted me dijese: Esta cifra es muy alta; podríamos reducir hacia otro lado; tenemos el compromiso de abordarlo. Yo me voy a dar por satisfecho con que usted haya dicho que van a iniciar ese proceso o que se va a poner en marcha. Esa satisfacción sería si, al final, se culmina.
Como tenemos --como yo le decía ayer-- mucho tiempo y arrieros somos y en el camino nos vamos a ver reiteradamente, estoy convencido de que, a final de año, comprobaremos si esa voluntad que usted dice es voluntad para aplicar o es voluntad de declaración, y, entonces, se quedará usted como yo en la misma filosofía, pero sin ver en las manos lo que debe concretarse en números.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente.
Respecto a la intervención del portavoz socialista sobre la enmienda 37, tengo que decir que no he oído ningún comentario ni justificación para no aceptar esa enmienda relativa a la financiación del Consell Metropolitá de L"'Horta. Lo único que pienso es que, una vez más, ha demostrado que no hay voluntad política para consignar esta financiación. La justificación que se ha dado es que técnicamente es imposible, que nunca se ha contemplado. Yo pienso, como he comentado en mi primera intervención, que ésta es la realidad del área metropolitana y que está ahí. La ciudad de Valencia y 43 municipios suponen en sí un área metropolitana de entidad, que tiene que ser reconocida y pensamos que tendría que haber un poco de voluntad política, si no de financiarlo en condiciones similares a otras áreas metropolitanas, sí de ayudar, contribuir a que esas obras de infraestructura, esos servicios de saneamiento, ese transporte público colectivo del área metropolitanasea considerado, apoyado y respaldado por el Gobierno.
En las nuevas enmiendas, la 106, relativa la Sección 33, que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, seguimos con la duda, porque, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el montante asignado a las comunidades autónomas, vía Fondo de Compensación Interterritorial, depende en casi un 90 por ciento de la población relativa. Otro coeficiente que se tiene en cuenta es la tasa de paro, el producto interior bruto de la comunidad y otros indicadores. La Comunidad Valenciana, que representa algo más del 10 por ciento, por desgracia, tiene una tasa de paro de un punto por encima de la media nacional, nuestro producto interior bruto va creciendo por debajo del producto interior bruto del Estado español, y no entendemos cómo, con todos esos coeficientes, con toda esa información y con esos puntos que influyen negativamente, coeficientes que, en teoría, deberían suponer que la Comunidad Valenciana recibiera, por lo menos, el 8 por ciento del Fondo de Compensación Interterritorial, se queda en el 5,5 por ciento del total asignado; 7.000 millones de algo más de 128.000. A nosotros nos parece que, si los coeficientes a tener en cuenta a la hora de determinar el FCI son los que he comentado, población, tasa de paro, etcétera, la Comunidad Valenciana debería estar mejor considerada en el conjunto de las comunidades autónomas que reciben esta aportación vía Fondo de Compensación Interterritorial.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero manifestar brevemente que nos llama la atención que el señor Morlán vuelva a tener comportamientos que son habituales en él.
No sabemos si el portavoz del Grupo Socialista no tiene habilitación, no tiene capacidad de obrar o jurídica a efectos parlamentarios, porque este Diputado ha tenido debates con el señor Morlán y siempre traslada la cuestión a decir que no alcanza a ver la repercusión de la enmienda transaccional que nosotros presentamos y que será estudiada.
Señor Morlán, yo creo que usted tiene inteligencia suficiente para ver la trascendencia de una enmienda transaccional de dos líneas, pero es habitual en sus intervenciones parlamentarias trasladarlo a que se haga un estudio pormenorizado de la trascendencia de una enmienda transaccional, cuando a nosotros, en el caso de que el Grupo Socialista presenta una enmienda transaccional, nos urgen a dar una contestación rápidamente. En usted es una práctica habitual parlamentaria utilizar esta sistemática para ver la repercusión que

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pueda tener una enmienda transaccional de otros grupos parlamentarios.
A nosotros esto nos preocupa porque, en definitiva, refleja que usted no tiene capacidad de negociación política en el marco parlamentario y está supeditado a no sé qué instancia, al Gobierno o a otra autoridad del Grupo parlamentario. Nos preocupa, repito, porque usted es el interlocutor, en estas materias y en otras que se debaten en esta Cámara, del Grupo parlamentario Socialista. Por ello, nos quedamos perplejos con las contestaciones que usted, en este caso y en otros, nos está dando reiteradamente a este Grupo parlamentario. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a empezar por el final. Señor Gatzagaetxebarría, usted me ha entregado la enmienda transaccional quince segundos antes de subir a esa tribuna. ¿Qué pasa? ¿No ha tenido tiempo en todo el día, o qué? ¿Ayer por la tarde no podía haberlo hecho? Señor Gatzagaetxebarría, no me diga si tenemos o no capacidad para contestar en un momento determinado. Yo lo único que le estoy diciendo es que lo que usted me ha dicho quince segundo antes de subir a esa tribuna los vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo ni a escribir la enmienda en un papel. Y, por favor, a la hora de hacer este tipo de valoraciones yo no sé cómo funcionarán ustedes, pero yo creo que nosotros debemos hacerlo en razón de la responsabilidad que tenemos como Grupo de apoyar o no las enmiendas que nos plantea la oposición; tenemos que hacerlo con absoluta responsabilidad. Y desde esa perspectiva le he dado la contestación, no con el ánimo de pasar este trago como pueda e intentar buscar una solución o no, sino con el ánimo de estudiarlo, porque no ha dado tiempo material a hacerlo antes.
Señor Chiquillo, yo le he contestado, como le dije en la Comisión, al tema del área metropolitana de Valencia, y no puede usted decir que en estos presupuestos, sin previo aviso, por así decirlo, se declare el área metropolitana de Valencia ahora y ya, porque no se hace con la tranquilidad que requiere. Hay que dar una serie de pasos, hacer una serie de estudios y consideraciones que usted no ha hecho y nosotros en este momento tampoco estamos dispuestos a asumir tal y como usted lo plantea.
Señor Ríos, le dije que el tema de los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes es reciente, porque me imagino que usted habrá tenido, como nosotros, las reuniones con la Federación de Ayuntamientos Rurales, que son los que han iniciado esta interesante labor de estudio y de fijación de soluciones respecto a sus problemas, pero, de la misma manera que usted en seguida ha hecho una enmienda, lo que hemos dicho nosotros es que, después de un acuerdo con la FEMP como el que hay, que incide en el desarrollo de los propios ayuntamientos, lo que es bueno es tomarlo con más calma y más sosiego.
Le voy a contestar lo mismo que le he dicho antes respecto a todas sus enmiendas. No puede ser que, cuando habla usted del fondo de nivelación, me diga que se lo aceptemos. Yo le he dicho que el fondo de nivelación es una bonita frase, una preciosa filosofía, pero que, a la hora de plasmarlo, es muy complicado hacerlo en dos líneas o en cuarenta folios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha encargado a un grupo de expertos que lleve a cabo el desarrollo de esa nivelación de servicios entre las comunidades autónomas y de acuerdo con los sistemas de financiación que sean más procedentes. Está hecho el libro, se va a empezar el estudio y me imagino que es un deseo de todos los grupos parlamentarios que ese libro, que va a incluir los recursos necesarios para llegar al desarrollo del artículo 15 de la Lofca, sea al menos asumido por todas las comunidades autónomas, y yo espero que todos los grupos políticos que tengan responsabilidad e iniciativa parlamentaria en las distintas comunidades autónomas echen una mano en su momento para que no tenga ningún problema la definitiva financiación de las comunidades autónomas.
Al representante de Coalición Canaria le tengo que decir que el acuerdo de la FEMP no establece nada del cien por cien.
Establece, en su cláusula décima, que, al efectuar la liquidación de la participación en los ingresos del Estado correspondientes a 1994, se adicione la cantidad precisa para introducir entre los criterios de reparto de la misma una modificación relativa al porcentaje de participación de las entidades locales canarias en la imposición indirecta con la siguiente modulación: para 1994, el 36 por ciento; para 1995, el 37; para 1996, el 38; para 1997, el 39 por ciento y, para 1998, el 40 por ciento. Aparte de que esto es así, yo me imagino que ustedes son conscientes de que las características impositivas que hay en las Islas Canarias no tienen nada que ver con las que hay en el resto del país, y los ayuntamientos canarios no están en las mismas condiciones que los del resto del país. Yo lamento que ustedes no acaben de entender o no sean sensibles a la percepción que nosotros tenemos de que el desarrollo del acuerdo del REF con la FEMP va a ser un elemento importante para el desarrollo de los ayuntamientos canarios. Señor Rajoy, le he contestado a la enmienda 999 y a la 1.003 y 1.004, sobre las cuales, efectivamente, yo hice un comentario sobre la posibilidad de su admisión en el Pleno. No se admiten porque en el apartado cuatro

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del artículo 100 y en el artículo 102, creo, se prevé la habilitación de un crédito para la Sección 32 de los presupuestos generales del Estado para 1996, destinado al pago de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado para 1995, crédito que deberá tener el carácter de ampliable hasta dicha liquidación. Por tanto, es evidente que para el pago de la citada liquidación no es necesario recurrir a un anticipo de tesorería como solicita el Grupo Popular en ambas enmiendas. Esa razón es la que nos ha movido a no admitir esas enmiendas, aunque comentamos la posibilidad de estudiarlas. Hubo otras que rechazamos desde un principio, pero éstas las estudiamos y vimos que no era posible su admisión.


El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego concluya.


El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente.
Señor Rajoy, yo no conozco todavía cuáles son sus alternativas. No sé qué es lo que quieren hacer con la financiación de las comunidades autónomas. No le gusta el 15 por ciento, sí quieren hacer esfuerzos para que exista la corresponsabilidad en todas las comunidades autónomas y que exista un mayor equilibrio financiero, pero no acabo de ver cuál es su diseño. Por esa regla de tres, señor Rajoy, si está en contra del proyecto, nosotros tenemos que rechazar lo que propone S.S. porque no presenta ninguna alternativa nueva.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.


OJO LADILLO 67

Concluido el debate de las enmiendas del Título VII y de las secciones 32 y 33, pasamos a debatir el Título VIII.
Enmiendas al Título VIII del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas en sus términos las enmiendas correspondientes a este Título y rogamos que sean puestas a votación, sin perjuicio de que algunas aclaraciones de carácter conceptual que afectan a estas enmiendas sean formuladas en el debate correspondiente a las secciones 19 y 60. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente.
La enmienda de la Diputada, señora Rahola Martínez, número 273, al Título VIII se da por defendida en los términos recogidos en la propia enmienda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, damos por defendidas las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario al Título VIII.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.


OJO LADILLO 68

Pasamos al debate de las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular da por defendidas en este turno las enmiendas restantes a las disposiciones adicionales, transitorias y finales, pero quisiera hacer una mención especial a las enmiendas relativas al conocido 0,7. Hemos asistido a un debate en el que se ha expresado, en primer lugar, la voluntad política de acceder a los objetivos de solidaridad que plantea la reivindicación de la plataforma 0,7. Como saben SS.SS., en un principio fue compromiso parlamentario acceder al 0,35 por ciento del PIB como objetivo en estos presupuestos. Hay que aclarar que el texto de los presupuestos traía exclusivamente 185.000 millones, que no alcanzaban ese objetivo del 0,35. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Mi Grupo Parlamentario, a través de las enmiendas, ha presentado el aumento de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, así como el aumento de la cooperación internacional en la Sección 12 del Ministerio de Asuntos Exteriores, al objeto de alcanzar ese 0,35 por ciento, que supondría la diferencia existente entre 185.000 millones y 240.000 millones. Para estas enmiendas pedimos en este turno un voto favorable, pero hemos considerado que la voluntad política tiene que llegar mucho más allá. Con ese objetivo hemos presentado una enmienda que tiene como fin alcanzar el 0,50 por ciento; es decir, un total de 340.000 millones, 100.000 millones más de lo que representa el objetivo del 0,35. Nosotros consideramos, en contra de lo que han planteado otros portavoces en esta Cámara, que este objetivo de los 340.000 millones, a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo y de la cooperación internacional, ha de alcanzarse vía créditos extraordinarios y nunca vía créditos ampliables, como otros portavoces de grupos parlamentarios, y concretamente del Grupo Parlamentario Socialista, han argumentado. Ayer defendimos con insistencia que los créditos ampliables son modificaciones de crédito, del presupuesto, que realizan una ejecución absolutamente perversa de los presupuestos. Entendemos que la vía para alcanzar el objetivo de los

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340.000 millones, es decir, del 0,50 por ciento, tiene que ser a través de créditos extraordinarios, créditos que apruebe esta Cámara, créditos que estén en concordancia y en correspondencia con proyectos muy concretos, presentados al efecto, y que nunca se pueda alcanzar este objetivo a través de créditos ampliables, que están en la discrecionalidad del Gobierno, que están, por decirlo de una manera suave, en la falta de transparencia --yo diría que casi en el ocultismo-- para este Parlamento. Por tanto, no insistamos en alcanzar estos objetivos por un instrumento que se ha revelado perverso, y procuremos que se alcance este objetivo de los 340.000 millones a través de créditos extraordinarios.
Cabría poner una segunda condición a la concesión y al cumplimiento de este objetivo. Señor Presidente, saben SS.SS.
que este Parlamento está debatiendo estos presupuestos y este articulado sin que en ninguno de sus preceptos haya norma alguna que comprometa al Gobierno a reducir el déficit. Saben SS.SS. que ayer mantuvimos un debate --concretamente ante la enmienda del Grupo Popular al artículo 4.º-- en el que se le pedía al Gobierno que se comprometiera, desde la norma y con mandato del articulado de esta ley de Presupuestos, a eliminar déficit vía mayores incrementos de recaudación que se puedan producir en los ingresos del Estado en 1995. Como saben SS.SS., el Grupo de la mayoría y el Grupo de Convergència han insistido en que no exista un precepto en los presupuestos, han insistido en que esto sea una mera excursión verbal en la exposición de motivos. Señorías, eso es expresar un voluntarismo, eso no es comprometerse con el objetivo ambicioso de reducir déficit. Eso es, sencillamente, intentar hacer una maniobra huidiza a través de la exposición de motivos.
Nosotros quisiéramos, señor Presidente --y esa es la segunda condición que quisiéramos poner al objetivo del 0,50--, que el Gobierno se comprometiera a eliminar déficit en un precepto de este articulado de la ley, no en el preámbulo. El preámbulo, como saben SS.SS., no entraña ningún mandato para el Gobierno, es una declaración de intenciones. Ustedes quieren saltarse este objetivo con un malabarismo en la redacción, y no quieren adquirir el verdadero compromiso político a través del articulado.
Comprendo que estén ustedes insistiendo en recuperar el tiempo perdido en sus conversaciones en el mes de septiembre, mes en el que hablaron prácticamente de cómo subir los impuestos, de cómo cancelar algunas deudas de la Sanidad de algunas comunidades autónomas. En el mes de septiembre hablaron ustedes vaya usted a saber de qué cosas que han quedado reflejadas de qué manera en este presupuesto. Pero en ese mes de septiembre ustedes no hablaron para nada de ningún mecanismo para reducir el déficit. Como se han visto sorprendidos por la crítica internacional, por la crítica de los centros de análisis económicos, por la crítica de prestigiosos catedráticos de la universidad española, ahora quieren salvar la cara a través de este malabarismo, de esta redacción descomprometida, de este voluntarismo, de esta solución huidiza y no quieren adquirir el compromiso de eliminar déficit con un artículo que mande al Gobierno esa reducción del déficit.
Por eso nosotros en esta enmienda resaltamos que sería objetivo a alcanzar el 0,50 a través de créditos extraordinarios, no de créditos ampliables, e insistimos en que sería objetivo alcanzable en tanto en cuanto ustedes se comprometan a eliminar déficit con la mayor recaudación que se va a producir en el año 1995.
Estas son las razones, señor Presidente, por las que solicitamos la votación favorable de estas enmiendas al objetivo de ayuda y cooperación al desarrollo de los países en vías de desarrollo. Son tres enmiendas que defendemos con nuestros argumentos y para las que pedimos el voto favorable de esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, una vez que hemos tramitado todo el articulado de la ley vamos a intentar defender las precisiones que al mismo haríamos a través de disposiciones adicionales, los mandatos temporales que le daríamos al Gobierno con las disposiciones transitorias, desde la óptica de proyectar a este texto modificaciones a lo que el Gobierno nos propone, después me referiré a ese paquete de disposiciones adicionales modificando las que el Gobierno nos propone.
Por otro lado, tengo que reconocer que hemos ubicado en las disposiciones adicionales una serie de propuestas de voluntades que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende introducir y que no ha encontrado el camino presupuestario para incorporarles en otro lugar.
Hemos presentado una propuesta de disposición adicional para destinar al Plan de Empleo Rural una cuantía superior a la que el Gobierno había propuesto, hemos solicitado incorporar las partidas para paliar un déficit histórico en la gestión de la Sanidad; en suma, hemos propuesto una serie de disposiciones adicionales nuevas, aunque si hubiésemos tenido mayores precisiones presupuestarias, que no hemos podido lograr porque no tenemos la información suficiente, las habríamos ubicado en el texto articulado. El objetivo de nuestras enmiendas al proyecto del Gobierno va dirigido, fundamentalmente, a mejorar la vertiente social del proyecto en las actuaciones recogidas en las disposiciones adicionales segunda y séptima. El

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proyecto del Gobierno tiene, por alguna razón que desconocemos, una especie de congelación de los subsidios dedicados a los minusválidos, que dimanaban de una Ley de 1982. En 1982 el Gobierno se comprometió a que en diez años este subsidio se equiparara al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional. Lleva tres años congelado en la cuantía de 24.000 pesetas y todos los minusválidos que perciben esta pensión (aunque en 1992 tuvieron una modificación a través de una ley facilitándoles que se incorporaran a pensiones no contributivas los que lo desearan) tienen congelada esa asignación. Nosotros proponemos que esa asignación se incremente hasta el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional.
El segundo objetivo de nuestras enmiendas va dirigido a las disposiciones adicional decimonovena y vigésima. La decimonovena trata de todo lo referido a la ayuda al Tercer Mundo. Es cierto que en la discusión de estas enmiendas en Comisión hubo una transacción por parte del Grupo mayoritario de la Cámara que establecía la creación de un consejo asesor para distribuir estos fondos y fijar una cuantía de asignación de recursos para este año en torno a los 32.000 millones de pesetas, como indicación, por acuerdo de esta Cámara. Pero lo cierto es que ese volumen de recursos queda cercano al 0,32 por ciento, ni siquiera llega al 0,35. Se nos decía en Comisión que sumándole lo que van a decidir los ayuntamientos y las comunidades eso irá creciendo hasta el 0,35. Después cifraban el acuerdo verbalmente hasta el 0,5 por ciento. En la enmienda transaccional que se votó no se hablaba del 0,5 por ciento. Era un compromiso a través de un crédito ampliable.
¿Qué pretende Izquierda Unida? Que la disposición adicional diga que para este año vamos a caminar hacia el 0,5 por ciento, 340.000 millones de pesetas, y para el año 1996, al 0,7 por ciento. Es cierto que en la transacción que se ofreció en la Comisión también se hablaba de que en el consejo asesor no tendría mayoría la Administración. Nosotros creemos que eso no figura y que debiera constar. Retiramos nuestra enmienda que hacía referencia a una composición, con unas funciones, porque teníamos la voluntad de que fuera positivo el avance.
Sin embargo, tampoco se ha establecido, es una limitación.
Nosotros estaríamos dispuestos a retirar estas dos enmiendas o hacer una transacción, simplemente con dos matizaciones: primera, que en la enmienda sobre la cuantía se hablase de autorizar al Consejo de Ministros el crédito extraordinario hasta el 0,5 por ciento; y, segunda, que se dijese que en el consejo asesor no tendrá más del 50 por ciento la representación institucional. Con eso retiraríamos nuestras enmiendas y haríamos la transacción, esperando continuar el año que viene en función de la movilización que tengan las plataformas o que tengamos nosotros como voluntad propia de los grupos parlamentarios.
La enmienda 580 que hemos presentado significa una nueva disposición adicional décima. Pretende una bonificación especial para las empresas de economía social, es decir, no que haya una partida destinada a las cooperativas, sino que además de las ayudas que ahora mismo reciben las empresas que son cooperativas y sociedades laborales, se les prime con discriminación positiva --ahora que se utiliza el término «discriminación positiva» para cualquiera de las actuaciones de la Administración--. Sería bueno que el Gobierno tratase mejor a las empresas que representan una acción de participación de los trabajadores en la economía de sus propias empresas, con independencia de que las sociedades anónimas tengan una realidad distinta a las propias cooperativas.
Nosotros creemos que el dinero de la venta de cuarteles debe ir a una caja única y que no debe haber una caja del Ministerio de Defensa que administre sus ingresos para sus propios gastos. Debe primar el criterio de caja única. Todos los ingresos del Estado tienen que ir a una caja para destinarlos a satisfacer los gastos. Proponemos que se incorpore en esta disposición adicional, a pesar de que en el articulado de la ley hay un apartado, para que se pueda conseguir que los ingresos de estas actuaciones, en lugar de estar ligados al gasto de Defensa, se destinen a las políticas que el Gobierno quiera decidir, que en un caso irán a Defensa y, en otro, a otro tipo de política.
Proponemos en la enmienda 589 una disposición adicional para que el Gobierno reconozca, en el plazo de tres meses, a los pensionistas mayores de 80 años, que tengan necesidad de una ayuda de tercera persona parapoder mantenerse o con recursos inferiores a un millón de pesetas, el derecho a un complemento de pensión. ¿Qué estamos proponiendo con esto? Todos los ciudadanos no son iguales, hay ciudadanos que, además de una edad avanzada, tienen una complicación para poder mantenerse, no son autónomos y necesitan de la ayuda de personas externas.
Ese es un gasto adicional y creemos que debe tener una compensación del propio Estado.
La enmienda 591 pretende introducir una disposición adicional nueva que incorpore una ampliación, desde una planificación global y plurianual, de la investigación y el desarrollo para usos civiles, fundamentalmente. Nosotros creemos que hay investigación y desarrollo excesivamente escorada hacia la defensa, hacia lo militar, pero faltan planificaciones plurianuales. Un proyecto de investigación de gente joven que sale de la universidad debe tener garantía de continuidad, sin esperar cada año a ver si va a tener continuidad o no.
Solicitamos que el Gobierno presente una coordinación de todos los planes de investigación para que se pueda hacer una indicación plurianual, incrementando los recursos que el Gobierno destina hoy a investigación y desarrollo. No habrá relanzamiento y autonomía de

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nuestra realidad productiva si no hacemos frente a este incremento de la investigación y el desarrollo.
La enmienda 593 pretende introducir el déficit histórico con la Sanidad, aunque tenemos que reconocer que este año ya hay un avance para hacer frente a ese déficit en la propuesta presupuestaria del Gobierno. ¿A qué circunscribimos nosotros esta cobertura del déficit histórico? A las valoraciones que hagan los tribunales de cuentas. Puede darse el caso de que el tribunal de cuentas de una comunidad decida que el déficit histórico sanitario está en una cifra determinada o que sea otro distinto. Para cubrir ese déficit histórico en estas comunidades y que el Insalud lo pueda llevar a cabo, proponemos una actuación extraordinaria.
Retiro la enmienda 594, señor Presidente, por una sencilla razón. Con el mismo texto se ha admitido la enmienda 56, del Grupo Socialista, a la ley de acompañamiento. Como es idéntica, aunque en lugar de en los presupuestos se recoge en la ley de acompañamiento, vamos a retirar nuestra propuesta para facilitar el encuentro de posiciones políticas.
Termino, señor Presidente, con las enmiendas a dos disposiciones adicionales que queremos resaltar por su importancia. Si hay un año de crecimiento económico, el Gobierno debe dar un paso más en el cumplimiento de un compromiso: la gratuidad de la enseñanza. Nosotros proponemos que este año se incrementen los dineros que se destinan a la gratuidad de la enseñanza, fundamentalmente de los libros, que no se ha conseguido en ninguna de las etapas de la enseñanza obligatoria. Por último, el PER. Como he anunciado al principio, nuestra enmienda se refiere al acuerdo alcanzado entre Administración y sindicatos. Como decía esta mañana el señor Morlán, cuando hay un acuerdo se debe proyectar también a los números, para que la declaración teórica también se vea reflejada en la cuantificación económica, con objeto de que tenga credibilidad su ejecución. Proponemos que haya una partida para el Plan de Empleo Rural, demandado en zonas concretas, como pueden ser Andalucía o Extremadura, por 15.00 millones de pesetas. Es un compromiso que el Gobierno ha contraído con las centrales sindicales y que queremos reflejar nosotros en los propios presupuestos.
Las enmiendas a la disposiciones transitorias, señor Presidente, van ahondando en la filosofía que hemos mantenido, en lo que pudiéramos llamar plazos de actuación del Gobierno.
Las enmiendas a las disposiciones finales pretenden precisamente que funcione el propio Gobierno en el programa de empleo rural que decía antes, como el Estado en las inversiones públicas. Nosotros creemos que la oferta de empleo debe ser innominada y genérica, como señalamos en la enmienda 618 que hemos presentado a la disposición final única. En la enmienda a la última disposición final creemos que el Gobierno debe desarrollar reglamentariamente las ayudas y bonificaciones que anunciábamos para las cooperativas.
Estoy convencido de que con toda esta batería de enmiendas, que doy por defendidas con el texto que tienen ustedes en sus manos, hemos intentado seleccionar y concretar cuál sería la actuación complementaria. Termino, señor Presidente, añadiendo en el anexo 9, cuando el Gobierno propone una serie de declaraciones plurianuales para el próximo ejercicio de 1995, disposiciones que significan que el Gobierno se compromete a actuar con inversiones en los años futuros. Por ejemplo, en carreteras, hay una inversión para los años 1996, 1997 y 1998.
También para recursos hidráulicos, para actuaciones en costas, para saneamiento y agua.
El Grupo de Izquierda Unida pretende en el anexo de inversiones --las cifras no las hemos inventado, son las que el Gobierno ha anunciado que se compromete hoy a hacer mañana- - añadir como planes plurianuales la protección y mejora del medio ambiente, con la cuantía que el Gobierno proponía para los años 1996, 1997 y 1998, que van creciendo anualmente.
Hoy, desde aquí, intentamos ampliar este anexo, entendiendo que el compromiso con los próximos tres ejercicios presupuestarios debe recoger también unas inversiones plurianuales en mejora del medio ambiente, a la vez que se recogen las actuaciones en carreteras, en costas o en ferrocarril. Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por parte del Grupo Mixto, han presentado enmiendas los señores Albistur, Rahola y Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, doy por defendidas, en primer lugar, las enmiendas de los distintos Diputados del Grupo Mixto, señora Rahola y señor Albistur, como he comunicado a la Presidencia. Intervengo para defender un total de 31 enmiendas que hemos presentado desde Unión Valenciana, contempladas en distintas disposiciones adicionales. Voy a intentar ser breve, extendiéndome un poco más en aquéllas que considero de mayor interés, aunque pienso que todas ellas deben ser atendidas, y esperemos que apoyadas, por la mayoría de los miembros de esta Cámara.
La primera de las enmiendas es la número 38, relativa al acuerdo económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana. Se encuentra en el fondo de esta enmienda el planteamiento de Unión Valenciana de que se establezca el concierto económico como instrumento de financiación de la Comunidad Autónoma Valenciana. El Reino de Valencia, el sustrato histórico de la moderna Comunidad Valenciana, mantuvo un régimen fiscal de conciertos económicos hasta el Decreto de Nueva Planta de principios del siglo XVIII, que

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supuso la destrucción de las libertades nacionales valencianas por Felipe V tras la Guerra de Sucesión. Atrás quedaban varios siglos de esplendor económico foral, en particular los siglos XIV y XV, en los que el Reino de Valencia tuvo la hegemonía económica del Mediterráneo Occidental, ocupando el rango de primera potencia económica europea, como así lo atestiguan los documentos y referentes, ciertamente numerosos, de aquella época.
En la actualidad, la Comunidad Valenciana pertenece al conjunto de comunidades autónomas que posee el llamado sistema de financiación común, que comprende una fórmula mixta que ofrece escaso margen para una verdadera autonomía financiera de nuestras comunidades autónomas. Este sistema sólo permite a las comunidades disponer libremente de menos del 15 por ciento de sus presupuestos totales, el 85 restante posee un carácter finalista; es decir, se trata de servicios que están previamente asignados, de los que no se puede prescindir so pena de ilegalidad, bien con impuestos propios, sucesiones, patrimonio, tasas, etcétera, con una limitada participación en los ingresos del Estado. Los expertos prestan especial atención al modesto crecimiento de la recaudación impositiva propia de las comunidades, como la valenciana, que se ven continuamente necesitadas de recurrir a la financiación procedente del Gobierno central. Así, por ejemplo, en 1992, más del 70 por ciento de los ingresos del presupuesto valenciano procedían de transferencias del Gobierno central, en tanto que tan sólo el 15 por ciento tienen su origen en los recursos propios, correspondiendo el resto a un endeudamiento que crece de forma vigorosa en los últimos años. Esta asimetría funcional en los ingresos presupuestarios valencianos es una de las restricciones más evidentes al diseño de una verdadera política autonómica, a diferencia de lo que sucede con los sistemas de financiación forales del País Vasco o Navarra, donde las prioridades de cada Comunidad se atienden antes de participar en el sostenimiento de los gastos del Estado.
Unión Valenciana cree necesario, justo y viable la extensión del régimen de conciertos económicos al conjunto de aquellas 15 comunidades autónomas de régimen común que así lo soliciten, o al menos de aquéllas que manifiesten una voluntad política y estén capacitadas para llevarlo a cabo. Es posible que no todas las comunidades autónomas estén preparadas para afrontar los gastos de funcionamiento que exige la gestión y liquidación de los grandes impuestos estatales ahora recaudados por el Gobierno central: renta, sociedades, IVA, etcétera. En cualquier caso, y como en todo proceso de negociación basado en el consenso, la voluntad política del Gobierno central también sería necesaria para impulsar un cambio de esta magnitud, ya que departamentos como la Agencia Estatal Tributaria, podrían ser transferidos a las comunidades autónomas, con el fin de que éstas pudieran dirigir su propia política recaudatoria. Unión Valenciana cree que el régimen de conciertos económicos para la Comunidad Valenciana sería muy beneficioso. El sistema financiero regional, basado en los conciertos económicos, no sólo permitiría acercar o equilibrar la relación entre lo que se recauda y gasta en nuestra Comunidad, sino que aportaría dosis crecientes de justicia fiscal al Estado de las autonomías y a los residentes en cada una de las regiones, al tiempo que obliga al Gobierno central a reducir su participación en la economía, en estricta correspondencia con el mayor peso de los gobiernos regionales.
Unión Valenciana ha estimado en más de 350.000 millones de pesetas los ingresos que se podrían destinar a inversiones en la Comunidad valenciana durante el actual año 1994 si se hubiera establecido un sistema de concierto económico con el Gobierno central. Con ese sistema todavía habríamos contribuido a la solidaridad regional con más de 400.000 millones, seríamos la tercera comunidad con mayor aportación a los Presupuestos Generales del Estado y podríamos mantener un nivel de actividad en la Generalitat valenciana similar a los de años anteriores con un presupuesto que superaría el billón de pesetas.
El sistema de conciertos económicos traslada mayores poderes competenciales a las comunidades autónomas bajo la perspectiva de que son éstas las que por estar más cerca del ciudadano pueden realizar una política económica más adaptada a sus necesidades. Por otra parte, la mayor cercanía de los gobernantes autonómicos y su gestión más transparente favorece el control, por parte de la sociedad, y ello fuerza a una gestión más eficiente.
Por último, el Gobierno central, que ha sido desprovisto progresivamente de funciones que ahora son prestadas por las comunidades autónomas, posee mayores incentivos para realizar con más eficiencia sus competencias más reducidas y controlar mejor los gastos. Federalismo fiscal y concierto económico van unidos de la mano y propenden a la eficacia económica en las sociedades avanzadas. En cuanto a las economías regionales más débiles, no tiene por qué existir problema alguno con la adopción de este sistema de conciertos económicos. El propio sistema fiscal puede fijar un fondo autonómico de desarrollo regional integrado por la aportación de las comunidades autónomas más ricas y que se distribuya por un comité integrado por el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo que facilita la responsabilidad del gasto y la valoración, por parte de los residentes en las zonas llamadas pobres, del esfuerzo realizado por los residentes en las zonas llamadas ricas, algo que el actual sistema financiero español no permite y que parece injusto.


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La recuperación económica de la Comunidad valenciana depende en gran manera de la modificación del sistema de financiación actual. Sólo de esta manera se podrá llevar a cabo una política económica valenciana correcta, adecuada a las necesidades de Alicante, Castellón y Valencia. La realización de las competencias transferidas sólo se podrá llevar a cabo con una suficiencia financiera, esto es, una reducción de esa burocracia que poco a poco nos viene comiendo y que en determinados momentos se ha discutido y se ha visto con compañeros de S.S., del Partido Socialista que es una gran máquina y que en muchos casos no atiende las verdaderas necesidades de nuestra Comunidad. Que este federalismo fiscal que defiende Unión Valenciana sea necesario para nuestra Comunidad no quiere decir que trasluzca una insolidaridad por parte de los valencianos. Pensamos que el federalismo fiscal bien aplicado, bien entendido, para todo el Estado español, puede contribuir a que todas las comunidades avancemos hacia mayores cotas de bienestar y de progreso. Por eso mantenemos esta enmienda, la número 38, en la que recogemos como se puede apreciar en la documentación que se adjunta a la propia enmienda, toda la regulación normativa que podía desembocar en que la Comunidad valenciana y aquellas comunidades que así lo solicitaran pudieran beneficiarse de un concierto o acuerdo económico entre el Estado central y las diversas comunidades que componen el Estado español.
Paso a comentar muy brevemente otra de las enmiendas que intentamos que sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado como disposición adicional nueva. Es la enmienda 79, que se complementa con la enmienda número 78, al departamento de Agricultura, la Sección 21, que es la referente a que se dicte un proyecto de ley de ayudas a los agricultores afectados por la enfermedad de la tristeza del naranjo; por lo que se comentó, y así se comprometió el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presupuestos, parece que de alguna manera, por medio de una enmienda transaccional, puede aprobarse esta demanda de los agricultores, no sólo valencianos sino de otras comunidades del Estado español cuyos cultivos se ven afectados por esta enfermedad, como son Cataluña y Murcia.
Otra de las enmiendas que presentamos es la número 104, relativa al coste sanitario de los desplazados y extranjeros en la Comunidad valenciana. Es una enmienda de adición que consistiría en añadir una nueva disposición adicional que debería quedar redactada de la siguiente manera: El Ministerio de Sanidad y Consumo tranferirá a la Sección 32, entes territoriales, servicio 09 --Comunidad valenciana-- los créditos presupuestarios necesarios para la financiación del coste sanitario realizado por los desplazados y extranjeros en la Comunidad valenciana. La citada tranferencia no debería ser inferior a 10.000 millones de pesetas. La motivación es que consideramos --y éste es el cálculo aproximado que se ha hecho desde la Consellería de Economía y Hacienda, por parte del señor don Aurelio Martínez, Conseller del Partido Socialista-- , que este gasto adicional no puede ser soportado por la sanidad valenciana y está, de alguna manera, frenando las inversiones en ese departamento tan importante como es el de Sanidad de nuestra Comunidad. Por tanto, de lo que se trata es de garantizar la existencia de créditos para financiar ese coste sanitario añadido que es el realizado por los desplazados y extranjeros en la Comunidad valenciana, una comunidad en la que por sus condiciones y por ser receptora de turistas existe un gran número de ciudadanos del Estado español y de otras nacionalidades que producen un gasto añadido a la sanidad autonómica. Por tanto, pienso que esta enmienda 104 puede ser considerada, si no en su integridad, sí parcialmente. Otra de las enmiendas que presentamos como disposición adicional nueva es la número 116, que afecta a un colectivo muy elevado de ciudadanos del Estado español. Se refiere al abono de cantidades adeudadas por el Ministerio de Justicia e Interior a abogados del turno de oficio no sólo en la Comunidad valenciana, sino en todo el Estado español. En concreto, para los casos que conozco de la Comunidad valenciana y de la Comunidad de Murcia, solicitamos que el Ministerio de Justicia e Interior abone, en el plazo más breve posible --yo he puesto un mes-- las cantidades adeudadas a los profesionales del Derecho que han prestado sus servicios en el turno de oficio en la Comunidad valenciana. Basta comentar que del ejercicio de 1993 están pendientes de pago el 30 y el 40 por ciento de cada uno de los semestres respectivamente, y del año 1994 todavía no se ha abonado nada a los profesionales del Derecho que se dedican a la defensa de los intereses de aquellos que por no tener los recursos suficientes acuden a abogados del turno de oficio.
Para concluir, quiero comentar muy brevemente las enmiendas números 1 y 2 y las que van de la 120 a la 128, que se refieren a sectores concretos de la actividad económica valenciana y que afectan a otras comunidades del Estado español. Desde un punto de vista sectorial hemos de señalar que sectores de crucial importancia económica en la Comunidad valenciana y que son un componente muy importante para la economía nacional son olvidados por los presupuestos ante los nuevos retos que se avecinan y que han sido comentados en el debate de totalidad y en los debates en Comisión. Podemos empezar citando al pequeño comercio --enmienda número 2--, amenazado por la libertad de horarios comerciales para el año 2001 y no asegurando las ayudas pertinentes para la modernización del citado sector por parte del Gobierno.
Por otro lado --y esto afecta ya a las enmiendas que van de la 120 a la 128-- la conclusión de la Ronda del

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GATT, con el desarme arancelario y la práctica de dumping social por parte de muchos países, unido al Acuerdo sobre Libre Comercio en América, afectará muy negativamente al sector del calzado. Actualmente el mercado oriental de estos productos copa ya el 27 por ciento del mercado europeo. Otros sectores como el del juguete, mueble, azulejo y el del textil y confección verán también incrementada de manera espectacular su competencia en los próximos años. Respecto a la agricultura tampoco se adoptan medidas relativas al sector vitivinícola y al de frutas y hortalizas, amenazados uno y otros por la reforma de la organización común de mercados con el arranque de viñedos y por el incremento de importaciones procedentes de terceros países, sin que se esté haciendo nada para que prevalezca la preferencia comunitaria. Según datos publicados por el Boletín de información comercial española, del Ministerio de Comercio, las exportaciones de la Comunidad valenciana durante el ejercicio de 1993 se incrementaron un 13,33 por ciento, por debajo de la media nacional, que se situó en el 19,9 por ciento. (El señor Padrón Delgado: ¡Tiempo!) La conclusión de la Ronda del GATT, con el desarme arancelario que conlleva, afectará muy negativamente al sector del calzado. Actualmente la penetración de esas importaciones, como he comentado, de productos de China, Corea y Taiwan es muy elevada.
Otro de los sectores valencianos que verá muy afectado su futuro...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, vaya concluyendo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, concluyo, pero en otros turnos he sido muy breve y ruego un poquito de benevolencia.
(Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! Ya la ha tenido la Presidencia.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ir concluyendo.
Otro de los sectores valencianos que se verá más afectado será el de los juguetes. Actualmente las importaciones de China y Japón suponen el 33 por ciento del consumo interno y que se verá incrementado con el progresivo proceso de desarme arancelario.
Para concluir, quiero defender la enmienda 131. Ya que en estos momentos se está debatiendo en la Cámara la proposición de ley sobre la indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous, pido que por medio de una disposición adicional se contemplen al menos 6.000 millones que, complementados con los 19.000 que se fijaron por el Real Decreto del año 1993, puedan, de una vez por todas, compensar y resarcir a los damnificados por la rotura de la presa de Tous.
Por tanto, mantengo las treinta y una enmiendas a las disposiciones adicionales, con el ruego de que sean consideradas por esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Vasco (PNV) y por el señor Albístur, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
En la defensa de las enmiendas, por parte de nuestro Grupo Parlamentario nos vamos a repartir el turno de intervención entre este portavoz y mi compañero González de Txabarri. Lo digo, señor Presidente, para que la Mesa tenga conocimiento de ello.
Pasando a defender las enmiendas de nuestro Grupo, respecto a la número 325 y la 321, damos por reproducidos los argumentos esgrimidos en la Comisión y estamos a la espera, como se indicó en su día, de que se analicen por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, para no ser reiterativo, señor Presidente, me remito en bloque a la argumentación expuesta en la Comisión. Con relación a la enmienda número 322, observamos que la redacción de la disposición transitoria quinta a nuestro juicio no es del todo correcta, porque pretende dar amparo a unas actuaciones del Gobierno que, de alguna manera, están en contradicción con el planteamiento político del Gobierno de no incrementar el capítulo 1, de no incrementar la política de gastos de personal. Esta disposición transitoria quinta, señor Presidente, está estableciendo una autorización al Gobierno para poder ofertar puestos de trabajo que estén dotados presupuestariamente. Si ello es así, señor Presidente, si los puestos de trabajo están dotados presupuestariamente, es obligación la realización de la oferta de empleo público. Si están dotados presupuestariamente y no se realiza la oferta de empleo público, lo que corresponde, con arreglo a la Ley 30/1984, de la Función Pública, es la amortización de esos puestos de trabajo. Por lo tanto, señor Presidente, vemos un engordamiento del capítulo 1 por esta vía, vía que a nuestro juicio entra, repito, en contradicción con la filosofía general que se plasma en los presupuestos, de contención de los gastos de personal, del capítulo 1, y además, por otra consideración, señor Presidente, y es que se dice en otro apartado que se podrán incluir en las ofertas de empleo las plazas desempeñadas por interinos o temporalmente, por lo que entramos en una nueva incorrección, puesto que si las plazas están dotadas presupuestariamente, están cubiertas por interinos o por

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personal temporal, evidentemente lo que procede es ofrecerlas en la oferta de empleo público.
Por lo tanto, vemos que la disposición transitoria quinta es el totum revolutum que está dando, en definitiva, el amparo para poder realizar cosas diferentes a lo establecido en la política general de la ley de presupuestos. Queremos llamar la atención por ello sobre lo que está amparando la disposición transitoria quinta en lo relativo a la gestión de los gastos de personal. En definitiva, es aquí donde verdaderamente está el escape en los Presupuestos Generales del Estado de la política de personal a realizar por el Gobierno central. La enmienda número 323 de nuestro Grupo Parlamentario pretende la modificación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el cual se procedía a la integración en el Régimen General de la Seguridad Socialde la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. Esta integración ha supuesto para las corporaciones locales españolas tener que cotizar por los funcionarios que prestan servicios en las mismas mediante un tipo adicional de un 8,20 por ciento. Señor Presidente, nos parece excesiva esta obligación fijada para las corporaciones locales; nos parece excesiva porque la regulación va en detrimento de aquellas corporaciones locales que han ido cubriendo puestos de empleados públicos mediante funcionarios, mediante personal ligado a la Administración correspondiente por una relación de naturaleza estatutaria, y ha ido en detrimento de estas corporaciones en relación a aquellas que contrataban personal que estaba ligado por una relación de naturaleza laboral que no tenía la cotizacióna la MUNPAL.
Además, señor Presidente, nos parece excesiva por un segundo argumento, que para procesos análogos de integración en el Régimen General de la Seguridad Social de regímenes especiales se han establecido tipos adicionales de cotización muy inferiores a los que se recogen en el Real Decreto 480 de 1993. Empresas públicas dependientes del Instituto Nacional de Industria han pactado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la integración de su personal en el Régimen General con tipos del 1, del 1,5 por ciento, del 2 por ciento. Nos parece muy onerosa y muy gravosa para las arcas de todas las corporaciones locales españolas esta regulación contenida en el Real Decreto 480/93, y por ello solicitamos su modificación.
Por último, en el turno que a mí me corresponde, quería hacer referencia a la enmienda 324, relativa al anexo II, cuarto, de los Presupuestos Generales del Estado. Con ella pretendemos, señor Presidente, buscar una redacción adecuada en lo que se refiere a los gastos sanitarios de farmacia. Una interpretación integradora, una interpretación armónica de ese anexo II nos puede dar a entender que hay una derogación implícita de la Ley General Presupuestaria, en su artículo 149, en lo relativo a los créditos ampliables, y nosotros, señor Presidente, queremos salvaguardar que, dentro del ámbito del gasto sanitario, los gastos farmacéuticos no estén contingentados, no estén limitados, no estén constreñidos en los Presupuestos Generales del Estado, como ha sido norma habitual en la política sanitaria del Gobierno socialista.
Queremos que se siga como hasta ahora, con la posibilidad explícita contenida en el artículo 149 de la Ley General Presupuestaria de que los gastos sanitarios, en lo que concierne a los gastos farmacéuticos, tengan la naturaleza y el carácter de créditos ampliables. Por ello, presentamos esta enmienda de modificación puntual, para garantizar que no nos encontramos ante una derogación tácita, no aparece en las derogaciones expresas de la disposición derogatoria, pero una interpretación correcta del ordenamiento jurídico nos puede llevar a tal confusión, que es lo que pretendemos evitar en el ámbito sanitario.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. A continuación intervendrá mi compañero, señor González de Txabarri.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Voy a defender brevemente las enmiendas 397 a 401, todas ellas referidas a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados, recogidos en los anexos de referencia, en coherencia con las enmiendas presentadas por este Grupo al Título II y a la Sección 18 y a la argumentación allí expresada, siempre teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco, en sus ámbitos de competencia y de actuación en el sector educativo, mantiene estas premisas y su consiguiente actuación y reflejo presupuestario en cada uno de los sectores que se recogen en estos anexos, tanto en los módulos como en los salarios de personal, en la educación infantil o en el desglose de las partidas de otros gastos o de gastos variables, tanto en la criteriología del concierto educativo como en el cómo y en el cuánto. No estamos, señor Presidente, predicando ni vendiendo humo; estamos, de alguna forma, dando trigo, en el convencimiento de que el actual ordenamiento jurídico del sector educativo (la LODE y la LOGSE, apoyadas por este Grupo) necesita para su cumplimiento, por parte de los agentes sociales, de un respaldo presupuestario más decidido. Por ello, el Grupo Vasco entiende que es en la Ley de Presupuestos Generales del Estado donde se deben recoger estos criterios y sus correspondientes dotaciones presupuestarias, porque, si no, de nada servirá legislar sectorialmente, en este caso en el tema de la educación, si luego la legislación no va acompañada de dotaciones presupuestarias suficientes, o si la Ley de Presupuestos Generales del Estado (que es la que ahora nos ocupa) sirve para aguar las leyes del sector

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educativo por no recoger las consignaciones presupuestarias que de la legislación sectorial se derivan. Si esta situación se mantuviera así, parece lógico que los grupos que sustentan la necesidad de una ley específica de financiación de la educación encuentren día a día más respaldo y más adeptos, que es lo que tratamos de evitar, señor Presidente, porque, en nuestra opinión, se está produciendo una interpretación sesgada en la aplicación de la LOGSE, ya que, a través de la ley presupuestaria, año tras año, se prioriza el sector público de forma excesiva y extensiva, en perjuicio, en nuestra opinión, del sector de iniciativa social, que observa, año tras año, un mayor desfase, en relación con el sector público, desde todos y cada uno de los parámetros de la aplicación presupuestaria.
Este es, señor Presidente, el fundamento de estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quizás el ámbito en el que se mueven las adicionales, transitorias, finales, derogatorias y anexos nos permite que cada grupo político facture, en función de los intereses y a última hora, las enmiendas que considera preferentes. Por eso voy a empezar pidiendo disculpas por si, teniendo en cuenta la velocidad, no se contestan todas y cada una de las enmiendas presentadas, a lo que podríamos entrar en el segundo turno.
En principio, el Partido Nacionalista Vasco nos habla de que se quedó en estudiar la enmienda 325, pero, analizada dicha enmienda, resulta que la fijación de las cuantías del complemento de destino con el resto de las retribuciones complementarias son competencias de las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, entrar, en un aspecto general, a ir definiendo lo que son competencias de las comunidades autónomas parece que se sale del ámbito de competencias de estos propios presupuestos, pero, si se dijo que se iba a estudiar, será que habrá algún matiz que en estos momentos no se localiza y seguiremos estudiando por si pudiéramos perfeccionar nuestra opinión y entrar en lo que nos pide en su enmienda.
En cuanto a la enmienda 322, creo que no se le oculta el pacto con los sindicatos y la tendencia que lógicamente tiene que tener a la baja el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a la Administración central, puesto que la salida de competencias de la Administración central tiene que llevar consecuencias lógicas en el Capítulo 1. No hay ningún problema de legalidad en aquellos puestos de trabajo que tienen dotación aunque estén ocupados interinamente. Por lo tanto, entiendo que se está haciendo uso de lo que pudiéramos llamar responsabilidad dentro de los presupuestos para ir limitando los gastos a mínimos. En esa línea está el Partido Socialista y en ella seguiremos.
La enmienda 323, que se refiere a la integración del régimen de la MUNPAL en el Régimen General de la Seguridad Social, como comprenderá S.S., el crecimiento del tipo adicional de cotización se corresponde con el aumento de las prestaciones que se deriva al pasar de la MUNPAL al Régimen General de la Seguridad Social. Usted sabe que tanto en jubilaciones como en otros aspectos hay una mejora para los funcionarios de Administración local, que se debe corresponder con una subida en las cotizaciones; por lo tanto, la subida en las cotizaciones es un elemento técnico en función de las prestaciones que se realizan.
Lo mismo le podía decir en cuanto a que la racionalidad de la situación en que se encuentran en estos momentos los gastos de farmacia hace que su plasmación en el anexo II sea la más correcta a juicio del Partido Socialista. Por otra parte, por lo que se refiere a las enmiendas globales que van a la aplicación de la LOGSE, yo le diría que es bueno el reconocimiento del gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno a través de estos presupuestos para incorporar la LOGSE, le recuerdo, por encima de los 80.000 millones de pesetas. A la apreciación de que se invierte más en el sector público que en el privado, yo le diría que lógicamente hay un filosofía en el Partido Socialista dentro de los presupuestos, que debe ser consecuente con ella y en esa misma línea se mueve.
Respecto a Unión Valenciana, yo le rogaría que en los sucesivos presupuestos no considerara las adicionales y transitorias como un cajón de sastre que permite cualquier cosa. Voy a intentar contestarle a aquellas en las que ha hecho especial hincapié para que podamos darnos cuenta por lo menos de que en presupuestos y en sucesivos debates se debe clarificar lo que necesita de adicionales y no de cualquier tipo. Por eso le digo que ya va siendo una tradición que se hable del concierto de la Comunidad valenciana cuando usted sabe perfectamente que este es un tema que necesitaría cambio en la Constitución, cambio en los propios estatutos del País Valenciano y cambio en el propio concepto de la Ley General Presupuestaria. No parece adecuado que se repita la tradición de venir aquí, con una adicional de la ley de presupuestos, con un tema de esta envergadura que afectaría a modificaciones que no son ni de este ejercicio ni de este año ni del calado ni del rigor que debe llevar la ley de presupuestos. Por lo tanto, yo le rogaría que la presentara en otro contexto para que pudiéramos ya clarificar el debate.
Sobre la enfermedad de la tristeza del naranjo es muy posible que, cuando se hable en la sección correspondiente

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de agricultura podamos iniciar una transaccional que nos permita encontrar una solución intermedia a la propuesta que usted realiza, que parece correcta en su teoría, pero alguno de cuyos conceptos tendríamos que retocar. Esperemos contar con su apoyo cuando se le proponga.
Es extraño también que, al socaire de una pequeña adicional que propone la modificación de la ley del pequeño comercio, ustedes incluyan unas indemnizaciones que en concepto de gasto ascienden a tres billones de pesetas. Eso, metido en una adicional de manera pasajera, llevaría a que todo el aspecto del control de déficit, que nos interesa tanto, se nos viniera abajo, por esta pequeña adicional.
También parece que deberíamos ser consecuentes --nos mete el añadido, creo que me ha dicho, de 6.000 millones para la presa de Tous-- y para ser consecuente usted debiera haber votado a favor del crédito ampliable en la misma presa de Tous, porque si suprimimos el crédito ampliable en la presa de Tous, eliminamos la posibilidad de aumentar el crédito, en la situación de incertidumbre en que usted sabe que se están moviendo las indemnizaciones alrededor de la presa de Tous.
Por lo tanto, sería deseable una cierta consecuencia en sus planteamientos para que supiéramos en qué dirección camina.
Izquierda Unida plantea también, año tras año, otra enmienda clásica, y es la cobertura que recogía antiguamente la Lismi.
Le decimos todos los años: léase la Ley 26/1990, que contiene ayudas mayores. Se dará cuenta de que además superan el 50 por ciento del salario mínimo. Luego no se pueden invocar estas concepciones cuando ya está regulado por ley y en marcha. Es necesario que sea así.
Por otra parte, también es bueno que todas aquellas obras que afectan al futuro Plan Director de Infraestructuras, que en estos momentos está en fase de Ponencia, o las que afecten al Plan Hidrológico, cuando venga, se enmarquen, para hablar de algo de lo que creo que ustedes son muy partidarios, en la planificación adecuada, no a través de enmiendas adicionales.
Por lo tanto, habrá que tener paciencia para abordarlas en su momento dentro de una planificación global que daría mucho más sentido a las propuestas que nos hacen. La planificación I+D, señoría, en estos momentos se lleva a cabo a través del plan nacional de I+D, en el que, como usted sabe, participa el PATI, que lleva tres o cuatro años. Además, en cuanto a la coordinación existe un órgano adecuado, que se llama la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, se planifica a años suficientes y las actuaciones se coordinan como usted pide en esta enmienda. Yo creo que en estos momentos, con las deficiencias que lógicamente siempre tienen los programas I+D, porque somos un país que arranca de una situación muy baja y lógicamente nos queda mucho camino por recorrer, debemos ir reconociendo lo que se avanza en esta dirección, aunque, por supuesto, el estar insatisfechos creo que es sano, desde el punto de vista mental, y entiendo su insatisfacción en este campo.
Respecto al PER usted sabe que está pactado con las centrales sindicales y que en algunos casos ustedes entran en contradicción hasta en el número de porcentaje de trabajadores eventuales que deben incluir con respecto a lo que ha sido aceptado por las centrales sindicales. Creo que ha sido un logro de todos en estos momentos que el PER esté pactado y debiéramos guardar un respeto para no ir aumentando al alza, como se hace en muchas de sus enmiendas, los pactos conseguidos con las centrales sindicales. Es evidente que toda posición al alza es siempre bienvenida, pero debíamos ser respetuosos con lo que se pacta. Respecto al 0,7 por ciento -- y con ello entro a responder tanto a los planteamientos de Izquierda Unida como del Partido Popular--, creo que tenemos que hacer un debate sereno sobre la profundidad del llamado 0,7 por ciento. Fijarnos en su cuantía tiene interés, pero fijarnos en su cualidad y en qué elementos deben acompañar a la financiación de este concepto también es muy importante, y nos estamos olvidando de ello. Yo creo que la calidad, la transparencia y la colaboración con que se destinen esos fondos es tan importante como los fondos en sí. ¿Por qué digo esto? Porque sin esa transparencia y sin ese control los fondos podrían derivarse --y de hecho sabemos que hay historia en este sentido-- a aspectos que no busca ninguno de los defensores del 0,7 por ciento. Por lo tanto, tenemos que ir profundizando cada vez más en esa calidad, en esa transparencia y en esa participación que deben tener los fondos destinados al 0,7. Por eso hemos llegado a unanimidad en la constitución del consejo. Y por eso, partiendo de una cuantía, se coloca una partida abierta, en función de esos proyectos concretos, de su visión de participación con el consejo, de su viabilidad y de su transparencia. No podemos marcar cantidades que serían de difícil justificación sólo por el hecho de conformarlas en coeficientes. En estos momentos no se ha puesto límite a esa partida abierta y depende únicamente de la realidad y transparencia de ese gasto. Creo que todos estamos de acuerdo en cuál es el fondo. Pero no por pensar a dónde debe ir y decir que cuanto más dinero mejor, estamos haciendo una mejor gestión de unos fondos que todos estamos de acuerdo respecto a dónde deben ir, pero que ha de ser con sus cautelas, con sus prudencias y con sus participaciones. Por tanto, creo que en esa línea vamos a estar de acuerdo, vamos a hablar menos de compromisos del 0,5 o de cantidades cada vez mayores, y vamos a entrar en el aspecto cualitativo, que también tiene su importancia. Hablamos del déficit. De vez en cuando, el Partido Popular busca un elemento para intentar, a través de él, no conseguir lo que pretende la letra sino el desgaste

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del Gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se les proponía a ustedes un compromiso político en el preámbulo --un compromiso político, que tiene su importancia en esta Cámara-- y ustedes se refugian en aspectos formales para no aceptar, porque ustedes no quieren la corrección del déficit; ustedes quieren echar en cara, en cualquier momento, al Gobierno su situación en su lucha contra el déficit. Porque me contará usted si son ustedes defensores de la corrección del déficit cuando en sus enmiendas incluyen no menos de 700.000 millones de pesetas en intentar que el dinero de la Seguridad Social se pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no menos de 700.000 millones de pesetas de disminución de ingresos suponen sus mejoras en los aspectos fiscales. Por tanto, esas cantidades no se pueden pagar con los doscientos veintitantos mil millones que ustedes quitan, de manera bastante arbitraria, del capítulo II. También le señalaría algo respecto del deterioro. Si ustedes hacen el sano ejercicio de leerse el «Diario de Sesiones» del año pasado verán que, a costa de este mismo concepto, decían que no iban a crecer las exportaciones porque era imposible desde el punto de vista económico; ustedes decían que el crecimiento cero era la mejor de las opciones posibles, con una pérdida por encima de los 200.000 puestos de trabajo; ustedes decían que no era posible el crecimiento de la demanda interna con un estudio económico serio y riguroso. Imagino que a estas alturas ustedes tendrán que dar una explicación para todo esto, porque están ustedes abonados a la política del desastre y es malo apostar en contra del beneficio del pueblo de España, es malo apostar en contra del beneficio del país.
Creo que debieran ustedes entrar en el reconocimiento de lo que se consigue y en la crítica de lo que no se consigue, porque así podríamos estar --creo yo-- en un debate real.
Porque cuando ustedes hablan de disminuir el déficit sólo nos han hablado de deshacerse del patrimonio, que puede ser una situación temporal, pero poco nos hablan ustedes...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jerez, vaya concluyendo, por favor.


El señor JEREZ COLINO: Voy concluyendo, señor Presidente.
...poco nos hablan ustedes de en qué van a disminuir el déficit, porque yo sospecho --y perdóneme que se lo diga-- que va a ser en gastos sociales. El Ayuntamiento de Madrid sigue esa línea: frente a un 10 por ciento de crecimiento en amueblamiento urbano disminuyen un 10 por ciento las ayudas vecinales y los gastos sociales. Mucho me temo que, para no perder ustedes ningún tipo de concepto en cuanto a voto se refiere, nunca dirán con cargo a qué va a ir la eliminación del déficit. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Jerez, en el problema que nos plantea su exposición ante el llamado 0,7, de ayuda a la cooperación internacional, no se trata de que estemos frente a una actitud --como usted nos pide-- de crear un debate de serenidad (serenidad hay en las palabras, lo va a ver usted y ya lo ha visto en todo el debate transcurrido en Ponencia, Comisión y Pleno); no se trata tampoco de profundizar, porque se ha hecho suficientemente en este debate; se trata de cumplir los compromisos parlamentarios, señor Jerez. Usted votó a favor, como toda la Cámara, de forma unánime, en noviembre de 1992 y en febrero de 1994, de adquirir el compromiso político en esta Cámara de alcanzar el 0,35 por ciento de ayuda a la cooperación internacional.
¿Sabe usted lo que dice su adicional diecinueve? Que dotarían ustedes de 32.000 millones de pesetas más al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a la cooperación internacional. ¿Sabe usted lo que significan 32.000 millones de pesetas más en ese capítulo? Sencilla y llanamente sólo el 0,31 por ciento. Por lo tanto, su propia enmienda no cumple el compromiso aprobado unánimemente por esta Cámara. Fíjese usted si se lo digo con toda serenidad y sin intentar adjetivar ni descalificar.
Simplemente, ustedes con su enmienda a la adicional diecinueve no alcanzan el compromiso unánime de esta Cámara, compromiso adquirido, como le he dicho, en dos ocasiones, en noviembre de 1992 y en febrero de 1994. Por lo tanto, los coeficientes a los que usted hacía referencia los ha aprobado esta Cámara. Lo que ocurre es que ustedes no quieren alcanzar el cumplimiento de las resoluciones de esta Cámara.
Ha vuelto usted a traer aquí el debate sobre cómo cuadran o no cuadran las cuentas. Usted me pide que me lea el debate del año pasado. Como comprenderá, no sólo me lo he leído sino que participé en su exposición y, por lo tanto, conozco bien cuáles fueron los argumentos que defendimos en aquella ocasión y también conozco bien cuál fue el cuadro macroeconómico que ustedes presentaron con los presupuestos de 1994. No quiero recordarle cuáles eran las previsiones de crecimiento porque ustedes mismos se han visto sorprendidos, como prácticamente todos los centros de análisis económicos. Ustedes, como recordarán, planteaban un crecimiento del 0,7 y han tenido que ir revisando al alza ese crecimiento económico porque todos los observadores económicos se han visto sorprendidos por el tirón de la recuperación internacional, al que se ha enganchado la economía española. Por lo tanto, respecto al cumplimiento de las previsiones de crecimiento, le

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remito exclusivamente al cuadro macro que ustedes presentaron para los Presupuestos de 1994.
Cuando ustedes cuantifican las enmiendas del Grupo Popular, tanto del lado de los gastos como del lado de los ingresos, lo único que les pediría ya a estas alturas del debate es que se pusieran de acuerdo en las cifras, porque si uno lee al Ministro, señor Solbes, éste las cuantifica en cifras muy diferentes a las que usted acaba de dar. Por lo tanto, denos una cifra oficial, en cuánto lo cuantifican. Nosotros, de entrada, sabemos que en cuanto planteamos unas enmiendas, ustedes lanzan una cifra desorbitada. En cambio, cuando las propuestas son de ustedes (y son idénticas en algunos casos en materia tributaria), esas no crean nunca minoración de ingresos. Cuando son suyas, no hay minoración de ingresos; cuando son del Grupo Popular, la minoración de ingresos es tremenda, como ustedes pretenden defender.
Le he insistido en mi intervención anterior respecto a su falta de compromiso en la reducción del déficit. Usted sabe, señor Jerez --y lo digo también con una serenidad pasmosa-- que falta a la verdad cuando dice... (El señor Jerez Colino hace gestos.) Sí, sí, señor Jerez, no haga gestos, usted falta a la verdad cuando pretende hacer ver que la declaración de intenciones que figura en la exposición de motivos es un precepto, es un mandato para el Gobierno. Por ejemplo, en la exposición de motivos incluyen ustedes una referencia a cómose van a efectuar las liquidaciones de las comunidades autónomas y del Insalud. Sabe usted que esa referenciase ve complementada por un artículo --el 11, concretamente-- que mandata al Gobierno a cumplir esos objetivos. Cuando en la exposición de motivos hacen una referencia al incremento salarial de los funcionarios públicos, sabe usted que esa referencia tiene su reflejo en el articulado del título III.
Por tanto, en el articulado se mandata al Gobierno a cumplir esa exposición de motivos. Cuando la exposición de motivos se refiere a las pensiones públicas, sabe usted que en el título IV hay un mandato al Gobierno a cumplir el concepto que queda expresado en esa exposición de motivos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Ahora mismo termino, señor Presidente. Sabe usted que en materia tributaria también están especificadas en la exposición de motivos no sólo las referencias a la deflactación del IRPF, al incremento de la deducción por hijos, a la reducción de los coeficientes que han de aplicarse para la determinación de los rendimientos íntegros de los bienes inmuebles de uso propio, al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sociedades, todas esas referencias que aparecen en la exposición de motivos tienen después su reflejo en el articulado, con el cual el Gobierno queda obligado y mandatado a cumplir esa declaración de intenciones que hay en la exposición de motivos. ¿En qué artículo va a figurar, señor Jerez, el compromiso, la orden, la instrucción, el precepto, el mandato al Gobierno para que cumpla el compromiso de reducción del déficit? ¿Que quieren? ¿Hacer una declaración de intenciones simple y llanamente en la exposición de motivos y no complementarla con un precepto? Ya le he dicho antes: esa es una posición huidiza; es intentar salvar la cara en un compromiso que no quieren adoptar. ¿Por qué no quieren votar un precepto que comprometa al Gobierno a la reducción de déficit? Porque no estáen sus planes; porque no estuvo en sus conversaciones; porque no hay ni un solo mecanismo, dentro del articulado, para cumplir ese compromiso y quieren ustedessalvar la cara con una simple referencia en la exposición de motivos.
Le he demostrado, con toda claridad, que toda mención en la exposición de motivos tiene su reflejo en el articulado. Yo le pido que si quiere incluir en la exposición de motivos la referencia a la reducción del déficit, incluya el mandato al Gobierno en un precepto del articulado. Lo demás, son juegos de artificios.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre. El señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a centrar la réplica en las tres grandes reflexiones que me ha hecho el portavoz del Grupo Socialista a tres propuestas, aunque le voy a recordar que hemos defendido otras enmiendas a las que no hemos recibido respuesta.
El portavoz del Grupo Socialista ha centrado su réplica, fundamentalmente, en el tema de la Lismi; es decir, en la congelación de la pensión de los minusválidos en una cuantía de 24.000 pesetas; en el tema del PER y su pacto con los sindicatos; y en el tema del 0,7, el consenso producido en su tramitación en la Comisión y el mantenimiento aquí de la cifra.
Lo cierto es que cuando se dicen las cosas sin referirse a todas las partes que componen la verdad absoluta de esos conceptos, podemos llegar a una equivocación. En el año 1990, el Gobierno modifica la Ley del año 1982 y dice: las personas minusválidas, a partir de ahora, pueden acogerse a lo que es la pensión no contributiva, que significa más dinero que esta asignación. Pero, como usted reconocerá, para asumir la pensión no contributiva se tienen que cumplir una serie de requisitos, mientras que con la anterior valoración solamente se requería ser minusválido. Usted me tendrá que reconocer que el compromiso de 1982 era que en 10 años (ustedes

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se lo fían largo, no se ponen objetivos muy cercanos) se iba a equiparar esta pensión al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional y hay ciudadanos que esa Ley del año 1990 les facilitaba no acogerse a la pensión contributiva. Pues bien, los que no se han incorporado a la pensión no contributiva, usted me tiene que reconocer que tienen su pensión congelada en 24.000 pesetas, lo que es un derroche de capacidad adquisitiva para ese señor que es inválido: la Lismi. ¿Que puede ser complementaria o no en función de su edad y sus condiciones económicas con otras pensiones? Bueno, pero cualquier persona, cuando está en una situación que no compite en igualdad con otros ciudadanos, recibe la indemnización de la propia sociedad.
En cuanto al tema del desarrollo, yo retiré la enmienda puesto que había cosas positivas: la movilización de la plataforma del 0,7 había llevado a la creación de un consejo que marcaría políticas y en el que se distribuiría el dinero; y segundo, un compromiso, que no llegaba al 0,35 por ciento estable, de 32.000 millones de pesetas. El 0,7 por ciento es un compromiso de veintidós años, y usted me dirá: hay muchos países que no lo han cumplido. Es verdad, por ejemplo Estados Unidos está por debajo de nosotros. Pero ustedes han tenido tiempo para caminar, hemos corrido más en la medida en que la sociedad ha demandado de los grupos parlamentarios y de esta Cámara posicionamientos. Es cierto, pero aquí aprobamos para el año 1994 el 0,35 por ciento y no se ha cumplido, y para 1995 tampoco. Usted sabe que el volumen de 32.000 millones que ustedes autorizan al Gobierno en esa disposición adicional decimonovena no llega al 0,35 por ciento; si sumamos todo lo que puedan dar otros agentes, a lo mejor se llegará, pero yo le he hecho una oferta y usted no me ha respondido: ¿Por qué no ponen lo que han dicho fuera en el papel? ¿Por qué no cumplen y dicen: hasta el 0,5 por ciento en este año? ¿Por qué dejan hasta el 0,32 por ciento y luego «el Gobierno decidirá créditos ampliables»? ¿Pero en función de qué? ¿Va a haber economía? ¿De qué manera van a producirse los créditos extraordinarios? ¿Con qué requisitos? No, lo que dicen ustedes en la explicación, díganlo en los números, que no haya distancia entre lo que se promete y lo que después se pone, y pongan ustedes: para el año 1995, hasta el 0,5. Yo les acepto los créditos extraordinarios, aunque no me parece bien lo del crédito ampliable, con poner la partida hubiera sido suficiente, pero bien, crédito ampliable, créditos extraordinarios, hasta el 0,5, y yo retiro mi enmienda, y al año que viene al 0,7. Usted ya habla del año 2000, ya no habla del año que viene, sino para el año 2000, en función de las circunstancias, porque tenemos que ir lentos... Parten de una filosofía equivocada, la solidaridad no se ejerce con lo que me sobra, sino compartiendo lo poco que uno tiene, ese es el concepto de partida. Un Estado que tiene muchas complicaciones aquí, que tiene que hacer frente a sus problemas sociales internos y al bienestar, etcétera, tiene que compartir esos recursos escasos. En ese sentido debería ir la teoría en la que nosotros tendríamos que avanzar. En cuanto al PER --y termino, señor Presidente--, no hay ninguna contradicción entre el planteamiento nuestro y el de defender las treinta peonadas, igual que no hay ninguna contradicción en pedir el 0,7 ya y luego negociar progresivamente y a dos años, porque estamos hablando de ir a compromisos progresivos. Fue el compromiso que podíamos haber tenido para este año, pero no hay ningún problema, en nuestra enmienda hemos puesto 0,5 para este año y 0,7 para el próximo. Igual pasa con las peonadas, en el programa de Izquierda Unida iba que el PER recibiera subvención de treinta peonadas para que pudieran cumplir con sus propias peonadas, y en nuestra propuesta además está la desaparición del requisito de las peonadas. Usted me dice: hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos que dice que, en lugar de las treinta peonadas, van a ser solamente quince y que el volumen de recursos que vamos a destinar (que, por cierto, no ponen, hay una disposición adicional que habla de eso y a mí me gustaría que pusieran ustedes: hasta 17.600 millones de pesetas; nosotros proponemos 15.000 más, es verdad) es equis, pero en la plataforma que se planteaba negociar con su Gobierno había otros planteamientos. ¿Qué estamos nosotros trayendo a esta Cámara? Una discusión de fuerza política a fuerza política. Ustedes han reducido la negociación, por las circunstancias que sean, porque una negociación se produce entre dos partes, a un acuerdo determinado, y nosotros creíamos que hay condiciones en este país para atender primero a los más débiles que a otras actuaciones y detraer de un sitio para destinar a eso.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya concluyendo.


El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Hay otras propuestas que nosotros les hemos ido haciendo que no eran solamente éstas, como eran la idea de los fondos de cohesión y la participación en ellos, a lo que no hemos recibido respuesta; el tema del déficit y el tema de cumplir la Logse --50.000 millones de pesetas para hacer frente a la Logse y la gratuidad de los libros--. En fin, yo entiendo que el tiempo es reducido y que muchas veces es difícil poder cumplirlo. De todas formas, yo espero que, en la votación, lo que usted no ha podido decir aquí sea que acepta nuestras propuestas y no que las rechaza. En todo caso, y con esto termino señor Presidente, lo que hoy no puede aceptar, porque los números no lo hacen posible, a lo mejor al año que viene sí es posible. Como esto es largo, a lo mejor

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lo vemos el próximo año. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente para hacer al señor Jerez unas cuantas puntualizaciones sin ningún tipo de agresividad ni de mala conducta. Respecto a la enmienda número 2, que hace referencia al plan de modernización del pequeño comercio, no solicito que ese plan se haga en un año, de enero a diciembre. Si en el año 2001 está prevista la liberalización de horarios comerciales, solicito que de aquí a esa fecha, como tenemos unos cuantos años, los tres billones de pesetas se contemplen sucesivamente, vía presupuestaria, 300.000 ó 400.000 millones anualmente y se pueda contribuir a esa modernización del pequeño comercio, que nos costaría un dinero, pero que nos vendría muy bien porque significaría mayores ingresos si a estos pequeños y medianos comerciantes les fuera mejor en su actividad.
Respecto a las enmiendas 120 a 128, que contemplan planes de modernización a diversos sectores comerciales de importancia más que demostrada en el contexto de la economía nacional, es evidente que van a suponer un desembolso importante para las arcas del Estado. Pero si mejoramos la competitividad de sectores tan importantes para nuestra economía como el calzado, el textil, el azulejo, el juguete, el mueble, el mimbre, la cerámica, el vidrio, el pirotécnico, el vitivinícola, las frutas y las hortalizas, esa inversión será buena y reconfortante a corto y a medio plazo. Porque si esos sectores mejoran en competitividad y aumentan nuestras exportaciones a terceros países, es evidente que eso va a suponer grandes ingresos para las arcas del Estado, lo cual no sería dinero tirado en un pozo sin fondo. Lo que sí que está claro es que ese dinero serviría para modernizar y contribuir al relanzamiento de estos sectores, que falta les hace.
Respecto al tema de la sanidad que no ha comentado, es una reivindicación que en Valencia ha costado un grave enfrentamiento entre el Conseller de Sanidad, del Partido Socialista, y el Conseller de Economía y Hacienda, también del Partido Socialista. No es justo que la Comunidad Valenciana soporte un gasto sanitario adicional por los desplazados y extranjeros que están de paso en nuestra Comunidad, cifrado en, aproximadamente, diez mil millones. Solicitábamos que de alguna manera se intentara cofinanciar a la Comunidad Valenciana para que pueda soportar ese gasto adicional que estrangula los presupuestos de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana.
Respecto a la enmienda 131, referente al tema de Tous, no hay ninguna incoherencia. Sigo pensando que el Real Decreto del año 1993, con los 19.000 millones quedaba corto. Esa cantidad está ahí. En esta enmienda proponemos que en los Presupuestos se contemple una consignación presupuestaria de 6.000 millones que, unidos a los 19.000, podrían satisfacer las necesidades que están reivindicando los damnificados después de doce años y cumplir las indemnizaciones que todavía están pendientes.
Mantenemos las 31 enmiendas, vía disposiciones adicionales, aunque no es un cajón de sastre. Lo que pasa es que son enmiendas que tienden a solucionar algunos de los desastres, entre comillas, que estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana en los últimos años. De alguna manera, usted puede pensar que son enmiendas testimoniales, de campanario o provincianas, pero creemos que si estos sectores económicos de la Comunidad salen adelante y mejoran en competitividad, el progreso, no sólo de la Comunidad Valenciana, sino del Estado español, estará garantizado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Contesto primero a Unión Valenciana. En la Ley de Modernización del Pequeño Comercio, si se lee despacio las partidas presupuestarias existen 2.000 millones de pesetas con cargo al Gobierno, 10.000 millones de pesetas con cargo a las comunidades autónomas y 3.000 millones de de pesetas con cargo a los fondos europeos. Es decir, es superior de lo que nos estaba diciendo usted en esta última intervención. Tres billones de pesetas no puede ser, y le decía, además, que no puede estar dentro de las adicionales porque todo gasto, en cualquier técnica presupuestaria, debe llevar consigo el sitio de donde procede ese gasto, porque si no todo se acumula a déficit, y eso es lo que no quiere nadie en esta Cámara. Por tanto, en esa dirección iba el asunto.
En cuanto a la sanidad, usted sabe que estos aspectos forman parte de un concierto globalizado con la Comunidad Autónoma.
No podemos ir aquí desgranando cada uno de los aspectos que pueden tener un concierto global, y siempre los aspectos que suponen gasto para el Estado. Vamos a entrar en ese concierto global para tener una dimensión exacta y estructurada de todo lo que supone Sanidad, Comunidad Valenciana, Estado. Por tanto, yo le pido que cuando hablemos de estos conceptos, lo hagamos desde la globalidad, que es como los podemos entender.
Por otra parte, le decía que los gastos sin contrapartida eran cajón de sastre, porque mete usted cantidad de gastos sin contrapartida: gastos en aeropuertos, gastos en puertos, gastos que deben ir en su sección correspondiente para llevar la contrapartida adecuada dentro de esa misma sección. Al no hacerse eso, no podemos

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utilizar las adicionales en esa dirección, y sólo en ese sentido se lo decía. En cuanto a la Lismi, le recordaría a Izquierda Unida otra vez la Ley 26/1990, porque (se puede pasar con mucha facilidad) queda muy poco con cargo a la Lismi exclusiva, y le vuelvo a decir otra vez: por encima del 50 por ciento. Y en cuanto al PER, yo creo que es una cosa que debemos ir clarificando. Ustedes están diciendo continuamente que hay que conseguir acuerdos con los sindicatos. Esta Cámara ha escuchado muchos reproches de SS.SS. sobre conseguir acuerdos con los sindicatos. Cuando se consiguen acuerdos con los sindicatos, ustedes, desde esta Cámara, los perfeccionan.
Ya nos contarán ustedes si lo que quieren son acuerdos o no acuerdos. Vamos a dejar los acuerdos con los sindicatos en sus justos términos, para que en esa dinámica sindicatos y Gobierno podamos encontrar fórmulas que lleven a lo que todos queremos, que es a la paz social y a que se beneficien los trabajadores que más necesidad tienen, y en esa línea están los acuerdos.
Respecto al 0,7, me va a permitir que, con afecto, le diga que están ustedes haciendo oportunismo. ¿Por qué digo esto? En estos momentos el Gobierno propone una fórmula que, entiendo, es la más adecuada a la realidad de cómo se produce el gasto.
Partimos de una cuantía, pero dejamos una partida abierta, que no tiene límite, en función de los proyectos que se vayan presentando, en los que participa ese consejo creado por todos los colectivos del 0,7. Por tanto, la racionalidad es mucho mayor. No se hace más en ese sentido porque fijemos una cuantía alta de entrada. Estamos fijando una cuantía que la experiencia nos dice que puede ser, pero no la ponemos límite, es una partida abierta para que pueda crecer en función de los proyectos --ya le digo que la colaboración y la transparencia son claves--, y creemos que el fin se consigue mucho mejor con esta distribución que parte del Grupo Socialista. Ustedes, hasta hace muy poco, decían: «0,7 ya» (alguno de su Grupo lo decía en los medios de comunicación), no el año que viene, la semana que viene. Ahora estamos hablando del 0,5 este año, y ya dejaremos el 0,7 para el año que viene. Yo le digo a usted que, en función de las experiencias de este año, el 0,7 del año próximo tendrá la unanimidad de todos los grupos. Ese, por lo menos, es el deseo del Grupo Socialista. En cuanto a lo que dice el Grupo Popular sobre el incumplimiento del compromiso del 0,35 y bajarlo ahora al 0,32, admitirá usted que al ser partida abierta permite que al final del ejercicio, si se presentan proyectos en función de ese consejo, podamos conseguir el 0,35, el 0,40 o el 0,45. No hemos puesto límite, lo ponen ustedes, como siempre, en función de su razonamiento: ustedes dicen lo que nosotros hacemos y se contestan a lo mal que hacemos. En esta ocasión esto no es así, es abierto. Al final del ejercicio hablaremos de ello. Queremos encontrar esa solución, pero bien. Usted sabe que se están desviando a gastos de armamento una parte del 0,7. Por tanto, tenemos que ir con el 0,7 hacia lo que se quiere. La solidaridad en este caso es una solidaridad razonada. No es ni lo que me sobra ni lo que me falta, es que para que nuestro propio crecimiento tenga sentido, los países del tercer mundo tienen que conseguir un crecimiento adecuado. Es una solidaridad en la racionalidad, y en esa búsqueda estamos. Es importante que se entienda este mensaje del Partido Socialista. Yo creo que están ustedes, en este afán de deslegitimar todo, en una ofensiva contra cualquier cosa que suponga ingresos del Estado o contra cualquier tarea del Estado. Algún día tienen ustedes que presentar en blanco y negro cuáles son las propuestas que hace el Grupo Popular a los grandes problemas económicos y sociales que tiene el país. Abandonen ustedes el catastrofismo para que podamos comparar y nuestro pueblo, a la vista de situaciones y de soluciones, pueda elegir sin la confusión que ustedes normalmente crean.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.


--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del texto articulado del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, vamos a pasar al debate de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social. En primer lugar, aquellas que hacen referencia al título I de este proyecto de ley.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene en primer lugar, la palabra el representante del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, retomamos en la discusión de esta mañana lo que ayer estuvimos viendo dentro del articulado de la ley, que era cómo vamos a financiar los gastos que el Estado ha decidido o que esta Cámara ha decidido; es decir, retomamos aquí la política de ingresos, el establecer, a través de una serie de medidas políticas, cómo vamos a recaudar los recursos necesarios para hacer las políticas que nos hemos planteado a nivel de la actuación de cada sección. Lo cierto y verdad es que se hace política tanto en el gasto como en el ingreso; es más: creo que es tan importante o más la política de ingresos que la del propio gasto.
Pero, en todo caso, quiero decirles que entramos a discutir

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esta ley en esta Cámara hoy precisamente con algo de lo que nosotros no compartíamos: esta ley modifica 27 leyes, esta ley viene a utilizarse fuera de la discusión presupuestaria, pero paralela con ella, algo que el Tribunal Constitucional mandataba al propio Gobierno. Y es que también participa en esto la filosofía en el ejercicio del poder, y es: cuando voy a hacer la política presupuestaria, ¿debo de ajustarme a las normas o leyes que tengo o a la vez puedo modificar todo? El Gobierno prefiere en la discusión de cada año, en lo que pudiéramos llamar debate presupuestario de cada año, amoldar la legislación a todo lo que le viene al efecto y estamos modificando normas de cualquier o distinto rango. Pero como en el título I hace referencia a la política fiscal, creo que es el que menos entraría en esa colisión. Por tanto, voy a intentar exponer lo que podríamos considerar el centro de reflexión de todas nuestras enmiendas.
Primero, nosotros creemos que hay un excesivo gasto fiscal sin garantías de que el mismo vaya a cumplir el objetivo que el Gobierno se proponía. El Gobierno decía: Con estas medidas nosotros vamos a facilitar que las empresas puedan tener mayor cobertura, mayor plusvalía e invertir y generar empleo. Lo cierto y verdad es que eso no está garantizado con esta política de gasto fiscal. Se le exime, se le declara exenta de determinadas actuaciones al margen de lo que la empresa haga después; si ese dinero lo dedica a una actuación o a otra es un problema de la empresa, no está condicionado a que genere empleo, a que invierta, a nada; es más: todas las empresas lo pueden pedir. Segundo, creemos que en la propuesta de ingresos hay una excesiva velocidad hacia la imposición indirecta.
Nosotros creemos que habría que asentar la política fiscal todavía hoy, puesto que hay grandes márgenes de diferencia entre las rentas de cada una de las personas de nuestro país; como hay grandes diferencias salariales debe establecerse que pague más el que más tiene y no en función del que más consuma, porque no es verdad que consume más el que más dinero tiene, no es verdad, en algunos elementos sí. El problema es que los ciudadanos que tienen un nivel de renta escaso invierten un porcentaje muy alto de su salario en consumir lo básico. Por tanto, creemos que la política de ingresos debe mantenerse a nivel de imposición directa.
Muchas de nuestras enmiendas van dirigidas precisamente a añadir figuras impositivas que darían mayores ingresos al Estado de los que tienen mayores recursos.
El segundo gran objetivo de nuestras enmiendas iría precisamente hacia lo que pudiéramos llamar tibias propuestas sobre el fraude fiscal. Nosotros creemos que aquí sí que se proponen un par de iniciativas, pero no se aborda con fuerza, con rigor estructurado la lucha contra el propio fraude fiscal. ¿Cuáles son nuestras enmiendas? La primera enmienda sería ir a una actualización estable de lo que podríamos llamar tabla del IRPF, la tarifa del IRPF. En lugar de que cada año proyecte a la tabla del IRPF la inflación, que cada año automáticamente se proyecte esa inflación hacia las propias previsiones de ingresos del IRPF. La segunda enmienda va dirigida hacia las exenciones y posibilidad de ingresos.
Miren ustedes, el Impuesto sobre la Renta, a pesar de tener ya una Ley establecida desde el año 1991, tenía para los ejercicios de los años 1992 y 1993 exentos de cotizar al IRPF y, por tanto, de tener retención de IRPF a las personas que recibían una prestación por incapacidad permanente de la Seguridad Social o de las entidades que pudieran sustituir a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que estábamos proponiendo? Que señores que tenían una pensión o una indemnización recibida, porque estaban en una situación de incapacidad permanente, procedentes de la minería o de cualquier trabajo gravoso, estaban percibiendo una asignación en función de esa indemnización y no se les retenía. A partir del 1 de enero de 1994 se les aplica una retención y ha habido pensionistas que han perdido 30.000, 40.000 y 50.000 pesetas al mes. Es verdad que al final del ejercicio van a hacer una declaración de la renta y, por tanto, en función de esa declaración podrá verse si ha tenido mayores o menores ingresos.
Por tanto, lo que proponemos es mantener esa exención que funcionó en los años 1992 y 1993 y que ha dejado de funcionar en el año 1994; compromiso que cuando nos lo han pedido las organizaciones sindicales de pensionistas todos lo hemos dado como positivo; hemos respondido favorablemente; alguno, inclusive, como el partido de la oposición mayoritaria, había anunciado un proceso de inconstitucionalidad; incluso el Partido que sostiene o soporta al Gobierno, distinto del partido mayoritario, había anunciado que podría apoyar en el proceso de este debate, no en la Ley que yo presenté hace cosa de unos meses, sino ahora, en los presupuestos, precisamente esta exención. Espero que todos los grupos podamos apoyar esta exención; si no, que cada uno diga la razón de por qué tampoco en los presupuestos se va a poder conseguir. Pero, fíjense ustedes, aquí hay unas exenciones que, por tanto, serían menores ingresos. ¿Qué proponemos ahora en la siguiente parte? Podemos recaudar dinero de algo que ustedes declaran exento.
Ustedes tienen marcada una exención del 100 por cien en todos los premios de las loterías. En el país de los juegos, hay infinidad de sorteos, loterías, bonolotos, etcétera. Pues bien, al señor que recibe un premio se le puede declarar exento el 50 por ciento y el otro 50 por ciento que cotice.
Eso daría unos ingresos directos al propio Estado; tienen ustedes donde buscar. Es más: no le dolería. Al que recibe 2.300 millones de premio no le importa que el 50 por ciento esté exento y el otro 50 por ciento no. La verdad es que no les van a preguntar a ustedes

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mucho. Ahora, el que trabaja y cobra un salario de ciento y pico mil pesetas sí se va a resentir por una actuación determinada.
Por tanto, esta es una propuesta que compensa una cosa con la otra. Me podrán decir ustedes lo que quieran: que es oportuno u oportunista, que son elementos que no se deben comparar; como ustedes crean. Pero lo cierto y verdad es que hay una posibilidad de ingreso a través de esto.
Proponemos la supresión de los artículos 1 y 2 del proyecto que ustedes nos proponen, fundamentalmente para reducir los gastos fiscales, como decía al principio. En la enmienda 62 proponemos sustituir el párrafo segundo, en el que nosotros decimos que no estarán sujetos los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto, como consecuencia de transmisiones, por un importe de 250.000 pesetas, ustedes proponen 500.000. Es decir, si el patrimonio que se vende, la plusvalía, la diferencia entre el valor por el que se compró y por el que se ha vendido es inferior a 500.000 pesetas, no tributa. Nosotrso proponemos que sea inferior a 250.000 pesetas.
Proponemos precisamente un incremento del Impuesto sobre el Patriminio, que en este país, le insisto por tercera vez en este debate presupuestario, paga muy poca gente. Nadie tiene patrimonio en este país, o muy poco. Ingresamos aproximadamente 29.000 millones de pesetas; 25.000 tienen exenciones: unos 4.000. Proponemos precisamente hacer una tabla progresiva en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Proponemos una modificación del artículo 7 en el sentido de que, terminado el plazo de cinco años, con las mismas condiciones y requisitos, se pueda fraccionar el importe en 10 pagos semestrales. Por tanto, reduciríamos también gastos fiscales.
Proponemos suprimir el artículo 8, que favorece la doble imposición, así como el artículo 9, para que las cuotas de los servicios prestados por lo que pudiéramos llamar las entidades de derecho público y federaciones deportivas tengan una cuota inferior a la que ustedes señalan. Estamos hablando de las actividades deportivas que se realizan por determinadas entidades y por cualquier persona. Pretendemos precisamente excluir el IVA de estas medidas que pudiéramos considerar buenas, generadoras de actuación ecológica. Todas las actuaciones de recuperación y reciclaje proponemos que estén exentas de ese IVA. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En otra de nuestras enmiendas proponemos una modificación añadiendo la idea de los transportes fabricados total o parcialmente en nuestro propio territorio para favorecer los productos elaborados en nuestro país.
En suma, y termino, señor Presidente, pretendemos con todas nuestras enmiendas relativas a la figura impositiva remarcar que hay posibilidad de otra política fiscal, igual que hay posibilidad de otra política de gastos. Yo no sé si todas las enmiendas son lo más precisas posible, lo que sí sé es que están presentadas con la voluntad de conseguir los objetivos que me marcaba al principio: incrementar la imposición directa, reducir la imposición indirecta, incrementar la política de lucha contra el fraude fiscal, reducir la política de gasto fiscal o, por lo menos, condicionarla a conseguir los objetivos. Estoy convencido de que serán tenidas en cuenta en el debate y, en todo caso, por lo menos habrán forzado la discusión o la admisión de alguna de ellas. Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Enmiendas del Grupo Mixto. El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Las seis enmiendas que presentamos a la ley de acompañamiento sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social las doy por defendidas en los propios términos que aparecen en la justificación. Algunas se refieren al Impuesto sobre la Renta; otras al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, del que pedimos una modificación legislativa; al Impuesto de Sociedades y, sobre todo, las dos referentes a la inclusión en el artículo 70 de inversiones para saneamiento y depuración de ríos de la Comunidad valenciana para mejorar la calidad de los recursos hídricos.
La enmienda número 5, al artículo 27, pretende que se declare el área metropolitana de Valencia, en consonancia con mi anterior intervención en el debate de las disposiciones adicionales, beneficiaria de las dotaciones referidas en el párrafo anterior de este artículo con los mismos derechos que la de Madrid y la extinta de Barcelona, para poner fin a esta discriminación histórica.
Doy por defendidas todas y cada una de estas enmiendas a la ley de acompañamiento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, efectuar una valoración de la política tributaria que incorpora el título I de la ley de acompañamiento exige, en primer lugar, un análisis del contexto político y económico en el que se enmarca la economía española.
Desde el punto de vista político, los ciudadanos españoles se encuentran ante un gobierno incapaz de poner en marcha las medidas que necesita la economía española; un gobierno que convierte el inmovilismo en

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la regla más segura de su gestión y que permanece impertérrito ante el espectáculo de corruptelas, pelotazos y operaciones de ingeniería financiera que desfilan día tras día en las páginas de los medios de comunicación. Esta circunstancia, señor Presidente, introduce falta de confianza y de credibilidad en la política económica del Gobierno; una falta de confianza y de credibilidad que carga de lastre las posibilidades de la economía productiva española para alcanzar la calidad y la duración de la recuperación económica que se nos ofrece en 1995. Pero, además, efectuar una valoración de la política tributaria que incorpora la Ley de Acompañamiento exige analizar también la coyuntura económica en la que se encuentra situada la economía española.
En 1994, el crecimiento económico se ha apoyado fundamentalmente en el buen comportamiento de las exportaciones y de la actividad turística. Sin embargo, el sector exterior está agotando en estos momentos su capacidad de impulso, en parte porque se agotan las reservas competitivas derivadas de las devaluaciones de la peseta y en parte también porque el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha las correcciones que necesitan los desequilibrios básicos de la economía española. Esta circunstancia, señoras y señores Diputados, acrecienta la necesidad de contribuir a que los componentes domésticos de la demanda puedan apuntalar el crecimiento económico en 1995.
¿Cuál es la valoración que merece el título I de la Ley de Acompañamiento para el Grupo Parlamentario Popular? Una valoración negativa: en primer lugar, porque las medidas de apoyo a la política económica, a la economía española que incorpora son meros parches puntuales que, en cualquier caso, se incorporan con retraso; y, en segundo lugar, también porque el Gobierno relega al olvido los incentivos necesarios a la inversión. Es más, el Gobierno, en 1995, reduce el marco de incentivos fiscales a la inversión y relega al olvido la necesidad de diseñar una política fiscal de protección al ahorro.
Por ello, señoras y señores Diputados, mi Grupo Parlamentario considera prioritario más que nunca acometer una reforma de nuestro sistema tributario, poner en marcha las bases que marquen criterios o líneas de tendencia de lo que sería una reforma de nuestro sistema tributario, poner en marcha un marco que dote de mayor neutralidad y seguridad jurídica las decisiones de los agentes económicos. Creo que en estos momentos tenemos una oportunidad para ello. Me alegro de haber oído con anterioridad a un portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que criticaba las propuestas realizadas por el Grupo Parlamentario Popular. Tenemos ahora la oportunidad de abrir un debate sobre propuestas concretas; esas propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista prefiere desconocer para transmitir ante la opinión pública un fácil mensaje: que no existen. Tenemos, como he dicho, una oportunidad para abrir un debate sobre propuestas concretas y espero, señoras y señores Diputados, que los restantes Grupos Parlamentarios que se pronuncien sobre estas propuestas lo hagan con argumentos sólidos y no intentando huir.
Por ello, mi Grupo Parlamentario plantea medidas básicamente en cuatro líneas: en primer lugar, enmiendas destinadas a favorecer el ahorro, la inversión y la capitalización de las empresas; en segundo lugar, medidas de apoyo a la economía productiva y a las pequeñas y medianas empresas; en tercer lugar, medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional, y, en cuarto lugar, medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas.
Dentro del paquete de medidas de fomento del ahorro, la inversión y la capitalización de las empresas, voy a señalar las siguientes: en primer lugar, mantener la no tributación de los incrementos de patrimonio derivados de la amortización de participaciones en instituciones de inversión colectiva cuando el total de las enajenaciones realizadas por los sujetos pasivos del impuesto durante el período impositivo no exceda de 500.000 pesetas. La justificación de esta enmienda es clara: no penalizar el ahorro de las economías familiares y evitar discriminaciones con relación a otro tipo de ganancias de capital. En segundo lugar, mi Grupo Parlamentario propone también mejorar el tratamiento de las ganancias de capital en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mejorar un tratamiento adecuando nuestro actual régimen tributario a las tendencias internacionales. En tercer lugar, mi Grupo Parlamentario propone modificar el régimen para eliminar la doble imposición económica sobre dividendos que introduce el proyecto de ley y propone para ello aplicar un coeficiente del 1,53, en lugar del 1,4.
La finalidad de esta enmienda es eliminar plenamente la doble imposición económica sobre dividendos y, por tanto, no penalizar las distribuciones de dividendos y, en consecuencia, no introducir discriminaciones entre los agentes económicos cuando desarrollan su actividad empresarial directamente o a través de una sociedad y, además, evitar distorsiones entre las distintas fuentes de financiación que puede utilizar un sujeto para financiar su actividad económica. En cuarto lugar, en este bloque mi Grupo parlamentario propone también aplicar en 1995 un régimen de libertad de amortización compatible con la deducción por inversiones para las adquisiciones de activo fijo nuevo que se realicen en 1995. La finalidad de esta medida es apuntalar la capacidad de la inversión para contribuir al crecimiento económico en 1995.
En quinto lugar, dentro de este bloque también, el Grupo Parlamentario Popular propone actualizar el valor de los elementos del activo de las empresas; una actualización que tiene como finalidad eliminar el impacto de la inflación acumulada en los balances de

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las empresas y que, teniendo en cuenta la fecha de la última actualización, asciende ya a un cien por cien. Los objetivos que se alcanzarán con esta medida son varios: en primer lugar, favorecer la capitalización de las empresas y su capacidad para captar recursos ajenos; en segundo lugar, evitar esos incrementos de la presión tributaria que se producen en el impuesto como consecuencia de computar amortizaciones y ganancias de capital meramente nominales, y, en tercer lugar, evitar la dispersión de tipos de gravamen que se produce en función de la estructura de los elementos del activo de la empresa y de sus períodos de vida útil. De esta forma se corregirán, señoras y señores diputados, las ineficacias de nuestro sistema económico en la asignación de recursos como consecuencia del impacto de la inflación.
El segundo bloque de medidas tiene como finalidad apoyar la economía productiva y las pequeñas y medianas empresas. Dentro de este bloque, mi Grupo parlamentario propone, por ejemplo, la creación de una reserva para la financiación de las empresas individuales, una reserva que se articule de la siguiente manera: nosotros creemos que para facilitar la integración entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, los empresarios individuales, los empresarios que desarrollan una actividad empresarial directamente y no a través de una sociedad tienen que tener derecho a tributar a un tipo máximo del 35 por ciento mientras las rentas que obtienen como consecuencia del ejercicio de su actividad continúen afectas al desarrollo de esa propia actividad empresarial o profesional.
En segundo lugar, mi grupo parlamentario propone también medidas para eliminar los obstáculos fiscales a las transmisión de pequeñas empresas dentro de las unidades familiares. La aplicación de estas medidas estaría condicionada básicamente a dos circunstancias: que el valor de la empresa no exceda de setenta y cinco millones de pesetas y que el adquirente continúe en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del transmitente. Para ello proponemos que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se articule un mínimo exento por importe de setenta y cinco millones de pesetas, cuando una persona física transmite una empresa en favor de su cónyuge, su ascendiente o su descendiente. Y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para eliminar también esos obstáculos que se producen en el momento de transmitir la empresa dentro de la unidad familiar, hay que establecer un sistema de diferir la tributación de los incrementos y disminuciones de patrimonio.
En tercer lugar, con respecto a las medidas que propone el Grupo Parlamentario Popular en materia de lucha contra el fraude fiscal, quiero señalar que valoramos positivamente la iniciativa del Gobierno en esta materia. Y la valoramos positivamente porque el Gobierno está copiando dos medidas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el anterior período de sesiones sin siquiera haber esperado a su debate en esta Cámara. Sin embargo, discrepamos de alguna manera, en el modelo que introduce para luchar a favor de la transparencia fiscal internacional, y discrepamos porque introduce falta de seguridad jurídica en las decisiones de los agentes económicos y distorsiones en el desarrollo de las actividades económicas en el exterior. En cuarto lugar, señoras y señores diputados, voy a hacer referencia a las medidas que incorpora el Grupo Parlamentario Popular en materia de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Estas medidas tienen como finalidad ofrecer un modelo distinto al que plantea el Gobierno en su proyecto de ley, un modelo más acorde con las tendencias internacionales, un modelo que incentive en mayor medida la presencia activa de la empresa española en los mercados extranjeros y un modelo que mejore la posición de nuestro país para atraer y mantener capitales y actividades y, en consecuencia, para mantener y mejorar nuestros niveles de empleo.
Para ello, frente al régimen de eliminación de la doble imposición jurídica internacional que introduce el proyecto de ley --el método crédito fiscal país por país--, nuestro Grupo parlamentario propone la aplicación de un sistema de crédito mundial, ya que éste es de más fácil aplicación práctica y elimina al máximo los supuestos en los que se producen no compensaciones de impuestos extranjeros.
Para eliminar la doble imposición internacional sobre las actividades empresariales desarrolladas en el exterior, mi Grupo parlamentario, frente a los sistemas propuestos por el proyecto de ley, en particular frente al sistema de crédito fiscal por impuesto subyacente, propone generalizar la aplicación del método de exención. Con esta medida, señoras y señores Diputados, se persigue que la empresa española tribute con arreglo a los sistemas tributarios de los mercados de destino y, por tanto, tribute de la misma manera que cualquier otro agente económico que está operando en ese mercado de destino. Así, señoras y señores Diputados, no se penalizará, por un lado, la repatriación de actividades a nuestro país y además incorporaremos un sistema de más sencilla aplicación.


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA CLIMENT: Sí, voy concluyendo, señor Presidente, pero le agradecería que tuviera en cuenta el elevado número de enmiendas que ha presentado mi Grupo parlamentario porque estoy haciendo un gran esfuerzo de síntesis.


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El señor PRESIDENTE: Agradezco a S.S. el esfuerzo de síntesis, pero los turnos están establecidos con carácter general para este debate. Por otra parte, no es un momento para abrir debates, sino más bien para irlos cerrando.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Voy concluyendo y estoy intentando cerrar el debate.
Además de ello, mi Grupo parlamentario, frente al modelo que propone, ofrece enmiendas técnicas que tienen como finalidad mejorar el contenido de la normativa que establece el Gobierno en esta materia.
Finalmente, mi Grupo parlamentario ofrece otro paquete de enmiendas, entre las que destaca, por ejemplo, el no sometimiento a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las acciones representativas del capital de las empresas para las que los trabajadores prestan sus servicios cuando esas acciones sean entregadas a los trabajadores en contraprestación por los servicios que prestan en la propia empresa. De esta manera incorporaremos un mecanismo de acceso a compartir los resultados de las actividades económicas entre empresarios y trabajadores, un mecanismo que existe de forma generalizada en los países de nuestro entorno económico y un mecanismo que mejorará notablemente nuestro actual sistema tributario.
Las enmiendas que ofrece en este trámite el Grupo parlamentario Popular persiguen mejorar el actual marco de nuestro sistema tributario; persiguen incorporar modificaciones que incentiven la inversión, el ahorro y la economía productiva; modificaciones, señoras y señores Diputados, que deben marcar esas líneas de tendencia que nuestro sistema tributario debe adoptar para mejorar el marco de la actividad económica; medidas, señoras y señores Diputados, que nuestro Grupo parlamentario considera que son las que en este momento necesita la economía española.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Me voy a referir muy brevemente a las enmiendas que nuestro Grupo parlamentario, junto con el señor Albístur, ha presentado a este título I del proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Las normas fiscales que contempla el título I de este proyecto de ley, y que se recogen en el proyecto de Ley de Presupuestos, significan, desde nuestro punto de vista, unas medidas adecuadas, pero también insuficientes. Pensamos que se tenía que haber ido más lejos, que se tenía que haber apoyado más decididamente el ahorro y la inversión. De ahí que nuestro Grupo parlamentario haya presentado un conjunto de enmiendas que, sin abarcar todas aquellas medidas que pensamos serían importantes, al menos intentamos que incidan más en los aspectos que antes hemos señalado, es decir, el ahorro y la inversión.
Me voy a referir, en primer lugar, a dos enmiendas, las números 9 y 13, que regulan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el de Sociedades. El artículo 2.º significa que las rentas obtenidas por sociedades no residentes estarán incluidas en la base imponible del Impuesto. No es que no estemos de acuerdo con esta regulación, al contrario, nos parece adecuada; con lo que no estamos de acuerdo es con la técnica de regular elementos tributarios esenciales del impuesto fuera de la Ley que lo regula. Esta técnica, utilizada habitualmente, complica la aplicación de las leyes básicas, aumenta la proliferación de textos a utilizar y al final, irremisiblemente, desemboca en el establecimiento de un texto refundido. Por ello, nuestra propuesta es añadir en el proyecto de ley un nuevo apartado para los dos artículos, tanto en renta como en sociedades, remitiendo esta regulación de las rentas obtenidas por sociedades no residentes a sus respectivas leyes básicas, es decir, a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Del resto de enmiendas, voy a destacar exclusivamente aquellas que se refieren a los aspectos que más preocupan al Grupo Parlamentario Vasco. Por una parte, el apoyo a los planes de ahorro popular. Nos parece adecuado que el proyecto de ley elimine la norma que se estableció en los Presupuestos Generales del Estado para 1994 sobre los planes de ahorro popular, y también nos parece adecuado el efecto retroactivo de la exención de 500.000 pesetas en incrementos de patrimonio procedentes de participaciones en instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, entendemos que la exención de 500.000 pesetas debe de extenderse a futuros ejercicios. Hay que tener en cuenta que el ahorrador, sobre todo el pequeño ahorrador, el ahorrador doméstico, necesita cierta seguridad y cierta garantía en la planificación de sus planes de ahorro. No podemos incentivar hoy para atraer el ahorro y suprimir mañana el incentivo cogiendo al ahorrador en una especie de trampa. Ya sabemos que los incentivos fiscales no son con carácter indefinido, y no deben de serlo, pero tampoco podemos estar cambiando constantemente introduciendo un elemento de inseguridad.
Otra de las enmiendas de nuestro grupo, la número 15, propone un nuevo artículo al capítulo IV del Impuesto sobre Sociedades. Es un artículo que regula la creación de una reserva especial para inversiones productivas durante el año 1995. Consiste en que los sujetos

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pasivos sometidos al tipo general del Impuesto podrán minorar de la base imponible el 10 por ciento de las cantidades procedentes del beneficio contable. Es una medida importante, a nuestro entender, que propugna un apoyo más decidido a la inversión empresarial en unos momentos en que, dada la situación económica, creemos que debe hacerse un esfuerzo para empujar precisamente la inversión empresarial.
Del resto de enmiendas, damos por defendidas en los justos términos las números 16, 18 y 19, que tratan del IVA y de la Ley de Haciendas Locales para centros docentes. Son unas enmiendas que creemos ya han sido defendidas suficientemente en el trámite de Comisión y también creemos que no respondidas suficientemente en ese trámite. Quizás en este otro, el ponente del Grupo Socialista tenga a bien contestarnos con más precisión.
Finalmente, queda una enmienda, la número 17, que, si lo permite el señor Presidente, va a ser defendida por mi compañero señor Gatzagaetxebarría. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 17, del Grupo Vasco, va dirigida a adicionar, dentro del capítulo relativo a los impuestos especiales que se contienen en la ley de acompañamiento, una enmienda por la que pretendemos dotar de un ámbito de bonificación y mejor tratamiento fiscal a los biocombustibles, en concreto al biodiesel, que es un carburante derivado de productos alimentarios. Con ello, señor Presidente, pretendemos lograr diversos efectos. En primer lugar, impulsar una industria en España que en este momento está en ciernes y que tiene posibilidades de desarrollo siempre que la dotemos de un marco fiscal adecuado, puesto que la producción de biocarburantes en España no es competitiva en el mercado si no va dotada de este tratamiento fiscal favorable, por lo que no podría ser un sustitutivo directo de los productos carburantes derivados del petróleo.
El segundo efecto, señor Presidente, es que la política agraria comunitaria, aprobada en la reforma de mayo de 1982, establece la obligatoriedad de retirada de tierras en el 15 por ciento (lo que se denomina el «set aside»), complementada con los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, que en el acuerdo con los Estados Unidos establece un ámbito, dentro de la Unión Europea, de producción de oleaginosas destinadas no a fines alimentarios sino industriales. En ese sentido, Francia se ha convertido en el país pionero en la puesta en marcha de esta medida en Europa (de hecho ha aprobado una ley por la cual se exime de la legislación de impuestos especiales a los carburantes derivados de productos agrícolas), situándose Italia en el segundo lugar de los impulsores de esta industria y de esta política. Por ello nosotros, vista la gran trascendencia que en España tiene la agricultura y vista también la obligatoriedad existente de retirada de tierras como consecuencia de la política agraria comunitaria y los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, pretendemos, con este segundo efecto, que los agricultores españoles puedan compensar esas ayudas dimanantes del Feoga, por retirada de tierras, con la utilización de esas tierras para realizar actividades agrícolas que no tienen una finalidad agroalimentaria de originar excedentes de producción sino que van desviadas al mercado industrial y a obtener unos productos que puedan ser verdaderamente sustitutivos, sin ninguna modificación, en los automóviles o en los autobuses como carburante diferente del gasóleo.
En tercer lugar, señor Presidente, tiene un efecto positivo la utilización de carburantes derivados de productos agrícolas puesto que no se produce la contaminación del medio ambiente que originan los derivados del petróleo; no se produce contaminación por monóxido de carbono (del CO2), con lo que, en definitiva, se está estableciendo una política medioambiental auspiciada también por la Unión Europea.
En cuarto lugar, no supone una menor capacidad de recaudación para el Gobierno, por las siguientes consideraciones. Primero, se produce una actividad económica e industrial complementaria que en este momento no existe en la economía española; segundo, se produce una actividad de mayor inversión en el plano agrícola, bien con la utilización de semillas, bien con la utilización de fertilizantes, que está originando una actividad para los productores de éstas, y que por tanto está originando una actividad económica; tercero, el Gobierno no tendría que pagar en divisas la compra de productos energéticos a los países exportadores de petróleo al obtener un sustitutivo de tal energía producido en la industria española, que también tendría sustento en la agricultura de gran parte de zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y el País Vasco.
Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario plantea este tratamiento fiscal beneficioso a la utilización de productos carburantes derivados de la agricultura. El proyecto de ley únicamente contiene bonificaciones o un tratamiento fiscal favorable para experiencias piloto, pero, señor Presidente, en este momento ya existe una experiencia contrastada en la economía española de industrias que pueden comercializar los carburantes derivados de productos agrícolas, después de haber avanzado y haber superado con creces las experiencias piloto que el proyecto de ley prevé.
Por tanto, nosotros damos un salto más hacia adelante, en

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aras de no quedarnos atrás, en aras de no quedarnos en un segundo paquete de velocidad en relación con países como Francia e Italia, que son los que verdaderamente tienen gran interés en aprovechar la fijación de tierras para cultivo de oleaginosas establecida en la Ronda Uruguay del GATT, en lo relativo al capítulo agrícola. Para evitar eso, instamos al Gobierno, con esta corrección de la ley de Impuestos Especiales, a dotar de este marco fiscal favorable al agricultor español y, en definitiva, a las industrias que generarían los biocarburantes derivados de productos agrícolas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, ahorrando cualquier preámbulo, voy a contestar a las enmiendas que han quedado vivas para este trámite por parte de los diversos grupos que han intervenido, para, seguidamente, hacer un breve epílogo sintético.
Refiriéndome a la enmienda número 59, presentada por Izquierda Unida al artículo 1.º; en la que ha puesto cierto énfasis el señor Ríos, realmente yo nunca le diré que es oportunista por presentar esta enmienda, en absoluto; es una enmienda aceptable como tal enmienda, aunque no admisible por nosotros en este momento. Cuando pretenden conservar el carácter de indemnización de las rentas por invalidez, he de decirle que ya se hicieron las consideraciones en su día para un tratamiento distinto. Lea usted el debate de aquel momento y verá que nuestro grupo y nuestro Gobierno, al plantearlo, tenían suficientes razones para hacerlo así.
Por lo que se refiere a la compensación que quieren obtener mediante la tributación de los premios de lotería, creo que no deben cercenar ustedes parte de la ilusión de los españoles que, además, lo es en cuanto que todavía la ilusión es mayor cuando se trata de que esos premios están exentos de imposición.
En relación a la enmienda número 3, presentada por el señor Chiquillo, de Unión Valenciana, cuando pretende que, en la modalidad de signos, índices y módulos de la estimación objetiva se reduzca el 25 por ciento, aquí no tengo más remedio que hacer una alusión a la justificación de esta misma enmienda cuando habla de voracidad fiscal de Hacienda, porque yo creo que S.S. tiene una voracidad contraria, una voracidad excesiva a favor del contribuyente, que los que están incursos en este sistema yo creo que no piden.
En cuanto a la enmienda número 178, que pretende un artículo 1.º bis, nuevo, presentada por el Grupo Popular, creo que ya contesté ayer a esa pretensión de que los signos, índices y módulos reflejen realmente los beneficios. Eso no puede ser porque es un sistema que, como S.S. bien conoce, trata de llegar a cifras que sean medias del reflejo de los beneficios.
Respecto a la enmienda 229, presentada al artículo 2.º por el Grupo Popular, a la que S.S. le da tanta importancia, que, aunque no fuera más por su extensión la merece --yo creo que porque ha sido trabajada detalladamente también lo merece--, he de contestarle que el ámbito de aplicación de la norma no puede reducirse exclusivamente al supuesto de que la entidad esté en un paraíso fiscal, que es uno de los aspectos que contiene su enmienda. Creo que también debe referirse fundamentalmente al nivel efectivo de tributación de la entidad con independencia de la residencia que tenga. Por un lado, creo que no se puede hablar de control solamente respecto de los socios residentes, y, por otro lado, hablar con detalle de las actividades realizadas nos llevaría a una complejidad excesiva, incluso para ley. En todo caso, me parece que alguno de los aspectos podría ser contemplado reglamentariamente.
Sobre la enmienda número 9, presentada al artículo 2.º por el Grupo Parlamentario Vasco, ayer ya tuvimos ocasión de discutir un poco este aspecto. Creo que es una materia bastante urgente y es más rápido hacerlo aquí aunque no sea exactamente de una técnica exquisita.
En cuanto a la enmienda número 232, también presentada al artículo 2.º, cuando el Grupo Popular pretende que se admita como prueba en contrario un balance auditado, por desgracia S.S. sabe que todavía no hemos alcanzado que las auditorías y los balances auditados tengan la veracidad que nos gustaría a todos. A mí me parece que aún estamos en rodaje en alguno de esos aspectos, y no quiero extenderme más.
Por lo que respecta a la enmienda número 62, del Grupo de Izquierda Unida, al artículo 3.º, cuando tratan de que la cifra exenta sea 250.000 en lugar de 500.000 pesetas y como motivación aducen el ajuste de la tributación de los incrementos, haría una pregunta nada más: ¿por qué esa cifra y no la de 500.000 pesetas, que en principio parece bastante lógica y ya estaba recogida en una serie de aspectos de la ley? ¿Por qué quieren rebajarla? Quizás por ese afán por reducir los gastos fiscales, a lo que luego contestaré.
En cuanto a la enmienda número 10, al artículo 3.º, del Grupo del PNV, en realidad yo diría que la cuestión de atender a los fondos de inversión y llegar también a esta cifra de 500.000 pesetas, S.S. conoce --y si no se lo digo-- que ha habido un incremento desmesurado de desinversiones de partícipes en fondos de inversión y se ha complicado de alguna manera lo que se esperaba de un mercado financiero que en parte estuviese regulado por esos mismos fondos de inversión. En relación con la enmienda 180, también al artículo 3.º, del Grupo Popular, yo creo que quizás se pueda hacer

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una reflexión sobre ella hacia un futuro no inmediato. De alguna manera, esa consideración que hacían --y que estiman contradictoria-- sobre los incrementos y disminuciones de patrimonio quizá mereciera, como he dicho, y quizás sea redundante, una consideración por nuestra parte a un plazo que yo no puedo ni quiero definir en este momento, porque no me parece procedente.
Por lo que se refiere a la petición por parte de Izquierda Unida, en su enmienda número 63, de suprimir el artículo 4.º, creo que este artículo viene impulsado por una lógica compensación que no se puede ignorar a estas alturas. En cuanto a la enmienda número 11, del Grupo del PNV, que trata de suprimir el número 2 del artículo 4.º, a mí me parece que nada tiene que ver una cuestión con la otra que plantean en su justificación.
Respecto a la ortodoxia tributaria, ¿qué es la ortodoxia tributaria? No sé bien qué puede significar eso. La ortodoxia en este caso lo es en cada momento en que pueden cumplirse unas determinadas reglas, unas determinadas líneas tributarias, que son siempre las que conviene a cada momento económico y a cada momento fiscal.
Voy tratando de eliminar aquellas enmiendas que me parecen menos importantes, aunque quizás a SS.SS. les parezcan más importantes que a mí; hay una diferencia de criterio y de percepción que es indudable entre una y otra persona. Con relación a la enmienda número 64, de Izquierda Unida al artículo 6.º, creo que el intento de incrementar el Impuesto sobre el Patrimonio aduciendo que no tiene demasiada importancia, un impuesto que no es recaudatorio, he de decir que sí lo es. Creo que es demasiado grande el salto que quieren hacer, pasan del 0,30 al 0,50 en el segundo tramo; y dice que nadie tiene patrimonio en este país. Pregunte usted; claro que tiene patrimonio. Lo que pasa es que se ha ido incrementando la cifra exenta todos estos años y muchas personas ya no tienen que declararlo. Afortunadamente, mucha gente sí tiene patrimonio en España, de lo cual nos alegramos y ojalá se vaya incrementando para todos los ciudadanos. No se puede decir que éste sea un impuesto banal, ni muchísimo menos; a quien afecta, empieza por el segundo tramo, que no son grandes fortunas. En cuanto a la enmienda 237, del Grupo Popular, también al artículo 6.º, me parece excesivo. Si S.S.
se da cuenta, aunque ha hilado bien la enmienda --y habría que tener cautela si se hiciera algo en este sentido en algún momento--puede haber muchos trucajes por traspasos interfamiliares y no creo que podamos dejarlo pasar tranquilamente.
En cuanto a la enmienda de supresión del artículo 8.º, de Izquierda Unida, le digo lo mismo que respecto a la enmienda al artículo 4.º, también de supresión. Creo que era necesario hacerlo. No se puede estar con doble imposición internacional, sin que eso se contemple, a medida que van siendo de mayor complejidad nuestras relaciones económicas internacionales.
Respecto a la enmienda al artículo 8.º, del Grupo Popular, creo que el proyecto es suficiente. Léanlo bien y verán como en buena parte también da --estoy seguro-- satisfacción a sus pretensiones.
En relación a la enmienda número 13, del Grupo Vasco, vuelvo a decirle que fundamentalmente son razones de urgencia, teniendo que olvidar la exquisitez jurídica, en ocasiones.
Hay otra enmienda del Grupo Popular, la 249, respecto a la cual creo --como he dicho antes-- que la doble imposición se elimina en esta ley sin acudir de nuevo a restaurar el régimen de transparencia fiscal voluntaria. Creemos que es un régimen que ya no tiene la virtualidad que en su momento tuvo y, por tanto, no nos parece lógica esa restauración.
En cuanto a la enmienda número 70, del Grupo de Izquierda Unida, con referencia a un artículo 12 bis, nuevo, me parece que es atendible si tuviera contemplada su complejidad de mejor manera. Creo que es algo en lo que habrá que pensar, y no lejanamente.
Respecto a la enmienda número 16, del Grupo Vasco, no he de ocultar al interviniente que miramos con inevitable y deseable simpatía todo aquello que se refiere a la educación a los estudios, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.


El señor GARCIA RONDA: Sí, señor Presidente, muchas gracias.
Trataré de hacer la síntesis que he anunciado al principio.
Esta, como alguna otra enmienda referida a los mismos aspectos, le aseguro que seguiremos contemplándola por si es posible encajarla adecuadamente en este proyecto de ley.
En relación a la enmienda 17, que ha defendido el señor Gatzagaetxebarría, quiero decirle claramente que es una de las enmiendas que --sin aceptarla en este momento-- contemplamos con mayor simpatía y vamos a tratar de hacerla encajar en un trámite siguiente del proyecto de ley, para que se convierta en ley. Me parece que tiene importancia, tiene interés y que está contemplando una directiva comunitaria; por lo que, además de todas esas externalidades positivas que S.S. se ha encargado de poner de relieve, nos parece que es atendible pero necesita un encaje que en este momento no puedo contestar positivamente. Respecto a los intervinientes --y sintetizando, como he dicho antes--, creo que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) nos pide un apoyo más decidido a la inversión. Si lee bien este proyecto de ley, como el de presupuestos, verá que sí tiene un apoyo a la inversión y a las empresas

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productivas. ¿Que no puede ser en la medida que S.S. quisiera? Es posible que no, porque eso es limitado, pero desde luego lo contempla seriamente. En cuanto al representante de Izquierda Unida, ha hecho una consideración sobre que el Gobierno aprovecha esta ley para introducir de todo. Le señalaré que venimos obligados a incluir ciertas cosas, que irían en la ley de presupuestos, por aquella sentencia del Tribunal Constitucional a la que también ha aludido S.S. Y respecto a que lo que quieren es eliminar en lo posible gasto fiscal sin garantías, he de recordarle que en ocasiones el gasto fiscal tiene un carácter «gratuito» --por decirlo así y entre comillas-- tiene un carácter social, tiene un carácter de justicia, y no puede tener una compensación ni unas garantías específicas. Es gasto fiscal sin contrapartida, y así debe ser también. Pienso que esto es lo principal que el Grupo de Izquierda Unida ha planteado. En cuanto a su señoría, señor Costa, del Grupo Popular --y con esto termino--, ha hablado, en principio, de un contexto político-económico, donde hay que situar evidentemente todas las leyes fiscales (esta ley, por lo menos, en el título que contemplamos en esta parte del debate lo es) y, sin embargo, que el Gobierno socialista y el partido que lo apoya tienen el inmovilismo como base. Creo que S.S. lo puede ver así porque, con frecuencia, su punto de partida preferido es la información deficiente, errónea o torcida y naturalmente creo que pueden tener como resultado una visión completamente distinta de lo que es la realidad.
Hablar de inmovilismo (y supongo que se refiere a todos estos años de gobierno socialista o al último año) me parece, cuando menos, poco exacto; precisamente en otras ocasiones nos han acusado de que hemos cambiado o hemos adaptado demasiado las leyes. Creo que esa prioridad que da a la reforma del sistema tributario algún día y en otro contexto se podría discutir, debatir y quién sabe si llevar a cabo.
Sus enmiendas claro que existen. Dice que pretendemos que no existan, y en ese sentido las minimizamos o las anulamos. No, no, en absoluto. Existen, claro que existen, lo que pasa es que el mensaje que tenemos que dar inevitablemente es peor: no son procedentes, no son interesantes.
En cuanto a todas las medidas a que ha dicho van encaminadas las enmiendas que S.S. ha defendido, nos ha preguntado si podríamos estar de acuerdo con la finalidad que tienen. Claro que sí. ¿Quién no quiere apoyar a las PYME? ¿Quién no quiere hacer que la inversión sea importante? ¿Quién no quiere internacionalizar nuestra economía crecientemente? Claro que sí. Lo que pasa es que en política, como S.S. sabe, lo importante fundamentalmente es el cómo, incluso más que el qué. El qué mal hecho no nos sirve, y nosotros tratamos de hacerlo bien.
Creo que S.S. debe leer no con mala intención el proyecto de ley. A veces creo que lo lee con mala intención y de ahí las consecuencias que saca no son las que realmente se derivan del propio texto.
Nada más. Muchas gracias, señorías, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para responder a las cuatro consideraciones que el portavoz del grupo mayoritario ha hecho a nuestras enmiendas.
Cuando nosotros decíamos que esta ley era un ley río, una ley con muchas reformas legales (27 reformas legales; algunas tienen que ver con presupuestos y otras no), hacíamos referencia a que quizás debiéramos limitar esta discusión exclusivamente a lo que tiene relación con la cuantificación de números. Cuando hablábamos del gasto fiscal sin garantía, queríamos decir lo siguiente. Cuando alguien pretende que a través del gasto fiscal se favorezca la inversión pública, lo que tiene que hacer es condicionar ese beneficio fiscal de exenciones del 95 por ciento a las sociedades o a cualquier actuación para que se consiga ese fin de invertir y generar empleo porque en otro caso, no es así. Usted lleva razón cuando hablamos de la protección familiar, usted lleva razón en las exenciones ligadas a las rentas de trabajo, pero nosotros no las reducíamos a ésas sino las ligadas a esas pretendidas políticas activas. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando queremos hacer políticas activas nosotros creemos que se deben hacer desde otra vertiente, desde la política del gasto. En cuanto al tema del patrimonio, yo no me invento las cifras. Le digo a usted que, según los datos del Gobierno, los ingresos previstos para 1995 por el Impuesto del patrimonio son 29.800 millones de pesetas y los beneficios fiscales o los gastos fiscales, 25.600 millones de pesetas; es decir, apenas 4.000 millones de pesetas vamos a ingresar por patrimonio. Yo le hacía la ironía de si nadie tenía patrimonio. No, no, si yo sé que tenemos patrimonio afortundamente en unas rentas mínimas. El problema no está en los que tienen poco patrimonio y están exentos; el problema está en los que tienen patrimonio, lo camuflan, y luego nada más se les encuentra la pulsera y la sortija porque no hay manera de encontrarles patrimonio. Esos son los que deben pagar impuesto. Los dos impuestos nuevos que hemos propuesto nosotros van ligados precisamente al patrimonio para que paguen las grandes fortunas, las grandes propiedades, y van ligados también a las viviendas desocupadas para los propios municipios. Por tanto, los tres ejes de nuestra enmienda eran: Ingresemos por donde podamos.


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El tema del juego. Y con esto termino señor Presidente.
Usted me dice que no quitemos la ilusión. ¡Pero si no quitamos ninguna ilusión a un señor que recibe un premio de 2.000 millones de pesetas porque le digamos que el 50 por ciento está exento y el otro 50 tiene que cotizar! La ilusión está a la hora de jugar, no a la hora de obtener el premio. Usted me podría decir que esto tendríamos que reglamentarlo para que los premios pequeños, inferiores a un millón de pesetas, no tributaran, para que los premios ligados a obra social, como la ONCE, no entraran. Lo que ocurre es que en este país se ha generalizado el juego; es la única manera de tener posibilidad de cambiar y pasar de botones a otra posición. Tiene usted lotería el sábado, bonoloto en cualquier momento, los ciegos, tiene usted todas las posibilidades de juego. Nosotros decimos: Ingresemos por esa realidad. Usted me puede decir que la fiscalidad ya había puesto tasas, puesto que recibimos ingresos por ello. Pero yo no quiero hablar de la participación, sino de la obtención del beneficio.
Por tanto, señor Presidente, creemos que hay figuras para ingresar a nivel de políticas activas de ingresos y también que las políticas fiscales de exenciones no son las positivas para generar inversión.
En todo caso, nuestras enmiendas se encaminaban ahí, a establecer una cierta progresividad social en la política de ingresos. Que usted cree que ya está establecida en la propuesta del Gobierno es una aceptación de la propuesta del Gobierno. Nosotros discrepamos de que eso esté recogido. Es más, pensamos que las amistades que ustedes llevan para aprobar estos presupuestos les inclinan y dice un refrán que el que se junta a un cojo, si al año no cojea, renquea. Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Costa.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera manifestarle, señor García Ronda, que estamos encantados de volver a oír ese discurso con el que, de forma continuada y reiterativa, nos deleita. Para ustedes no resulta oportuno aceptar nuestras enmiendas. No lo hemos estudiado bien; se miran con malos ojos o parten de una información errónea. Yo no sé si se miran o no con malos ojos.
Lo que sé es que se miran. Ustedes ni siquiera miran nuestras enmiendas.
Voy a hacer un pequeño esfuerzo para intentar abrirles los ojos sobre cuál es el contenido de algunas de nuestras enmiendas. Por ejemplo, la enmienda que tiene como finalidad que en el régimen de estimación objetiva se parta de beneficios reales y no se penalice el empleo. ¿Qué es lo que perseguimos? Pues perseguimos única y exclusivamente eso.
¿Sabe usted que el propio Ministerio de Economía y Hacienda está reconociendo que en estos momentos el régimen de estimación objetiva está favoreciendo el fraude fiscal y la economía sumergida? Lo único que pretendemos con nuestra enmienda es dar un paso adelante y evitar que se produzca ese tipo de situaciones.
¿Por qué proponemos limitar el ámbito de aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional a las sociedades establecidas en paraísos fiscales? Yo le preguntaría, señor García Ronda, si usted sabe si el Gobierno puede ampliar, cuando lo considere conveniente, el listado de paraísos fiscales. ¿Puede el Gobierno, cuando lo considere conveniente y lo desee, en función de las circunstancias que concurren, en función del régimen de tributación de una sociedad, incorporarla al listado de paraísos fiscales? Si puede incorporar el tipo de sociedad o ese país al listado de paraísos fiscales, ¿por qué tenemos que fijar unos criterios en el proyecto de ley para que sea la empresa la que verifique si concurren o no las circunstancias para calificar a una sociedad como sociedad establecida en un territorio de baja tributación? ¿No cree usted que con esto mejoramos la seguridad jurídica? Le voy a preguntar más: ¿Existe algún país en el que se siga el sistema de lista cerrada? ¿Existe algún país en el que única y exclusivamente se aplica el régimen de transparencia fiscal a las sociedades establecidas en paraísos fiscales? Sí que existe algún país. ¿Sabe usted, además, cómo se funciona, en la práctica, en los países en los que no existe un listado cerrado de paraísos fiscales cuando se aplican normas antielusión? De la siguiente manera: la empresa acude a la administración tributaria y le pregunta si el país o el tipo de sociedad que pretende incorporar está dentro de esa lista negra de territorios de baja tributación. Así es como se funciona en la práctica.
Le voy a preguntar otra cosa más. ¿Por qué cambia el modelo el Gobierno? ¿No tiene el Gobierno un modelo de lista cerrada para evitar operaciones de elusión fiscal? ¿Por qué cambia el modelo y por qué no aplica ahora el mismo modelo que ha venido aplicando en los últimos años, el modelo de lista cerrada? Yo creo que las razones que le he dado justifican sobremanera que nosotros hayamos optado por un modelo de lista cerrada.
Además, no podía ser de otra manera. Si nosotros queríamos poner en marcha y ofrecer al Gobierno medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional, lo que intentamos fue seguir el modelo que ya estaba abriendo el Gobierno. Ese fue el motivo por el que optamos por un listado cerrado.
En cuanto a la enmienda 180, ¿qué justificación existe para no permitir a un contribuyente que se deduzca una disminución de patrimonio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas si han transcurrido más de dos años desde que se adquirió ese elemento patrimonial? Yo creo que no existe ninguna justificación, y la

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manera de resolverlo es muy sencilla. ¿O es que ustedes no comparten esa justificación y esa finalidad? Porque si lo que les preocupa es cómo llegar a eso, es muy sencillo, suprimiendo las palabras «disminuciones de patrimonio» de un artículo de la Ley del IRPF. ¿Que no considera oportuno el Grupo Parlamentario Socialista favorecer la transmisión de empresas dentro de unidades familiares cuando se trata de pequeñas empresas? No lo considera oportuno, o no considera oportuna nuestra regulación, porque dice que puede dar lugar a trucajes para traspasar las empresas dentro de las unidades familiares.


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente. ¿Es el fallecimiento de una persona física un trucaje para transmitir la empresa? ¿Qué ventaja puede tener una persona física para transmitir su empresa en favor del cónyuge o del descendiente cuando no se le concede ningún beneficio fiscal, cuando el descendiente o el cónyuge va a tener que amortizar sobre valores históricos? Yo creo que no se le ofrece ninguna ventaja fiscal por la que pueda tener un interés en transmitir la empresa. Es solamente para evitar el obstáculo a la transmisión de empresas dentro de las unidades familiares. Voy a concluir con un tema concreto, el de la internacionalización de la empresa española. ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos ofrecido un modelo distinto? Pues porque es el modelo que en estos momentos utilizan la mayor parte de los países de nuestro entorno económico: en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en parte en Italia, en Francia, en Portugal e incluso en Alemania, en la práctica. ¿Sabe qué es lo que queremos evitar con esta medida? Que las empresas públicas, por ejemplo españolas, para operar en el exterior se sitúen en países como Holanda, donde existe un régimen mucho más favorable para eliminar la doble imposición económica.
Con los mimbres que nos ofrece el Gobierno, los ciudadanos españoles podemos tener un año 1995 relativamente oscuro, porque esos cantos de sirena de la recuperación económica pueden acabar en tragedia si ustedes, como resulta previsible, no son capaces de poner en marcha las medidas que necesita la economía española.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero consumir mi turno de réplica agradeciendo al señor García Ronda sus explicaciones a nuestras enmiendas, aunque no ha aceptado ninguna, pero por lo menos reconoce que, en una enmienda, por ejemplo la 9, donde se regula el tratamiento de rentas de los no residentes, no es una técnica exquisita la que han empleado.
No es que nosotros queramos establecer técnicas exquisitas en la regulación de los tributos, pero nuestra propuesta pretende al menos ser ortodoxa. Enlazo esto con la aclaración que pedía el señor García Ronda sobre qué es ortodoxia tributaria.
Señor García Ronda, ortodoxia tributaria es lo opuesto a heterodoxia tributaria. Y heterodoxo es usted cuando lo que pretende es regular figuras tributarias cuando quiere y como quiere, fuera de lugar, para conseguir unos fines determinados. Eso es heterodoxia y eso es lo que nosotros no queremos que se haga. De ahí viene la explicación, en nuestra justificación a una de las enmiendas, de la palabra ortodoxia.
No sé si lo he explicado suficientemente, pero usted, que es un ducho fiscalista y hombre de letras, lo habrá entendido perfectamente.
También quiero agradecerle que mire con tanta simpatía nuestras enmiendas. Todos los años, en todos los debates presupuestarios, mira simpáticamente nuestras enmiendas y yo se lo agradezco, pero, por favor, aparte de mirarlas así, apruébenos alguna.
En línea con esto y como pienso que van a seguir mirando simpáticamente las enmiendas 16, 18 y 19, a las que ya se ha referido antes, y también la 17, espero que esa simpatía se traduzca en algo positivo en el Senado, que es a donde parece que quiere trasladar nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Zabalía.
Señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para manifestar al señor García Ronda que nos vuelve a decir que sobre la enmienda número 17, que defendimos en Comisión, relativa al establecimiento de un marco fiscal favorable para la agricultura y la industria de carburantes de origen agrícola español, están madurando el estudio de tal cuestión. Ese argumento lo conocimos en Comisión y lo volvemos a conocer en el Pleno. Ha habido un plazo de dos semanas para debatirlo. Por lo tanto, entendemos, mientras no se nos demuestre lo contrario, que la posición del Grupo parlamentario Socialista es decir no, pero de una manera elegante. Son los argumentos que señalaba mi compañero señor Zabalía; usted, año tras año, mira las enmiendas con simpatía, pero luego eso no tiene

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ninguna traducción en actitud positiva del Grupo parlamentario Socialista. En cuanto a esta enmienda, ha enfatizado el estudio por parte del Grupo parlamentario Socialista, lo mismo que lo hizo en Comisión y también cuando se aprobó la proposición no de ley que pretendía, por vía no legislativa, instar al Gobierno a una actuación. Nosotros mantenemos una presunción de negación en este momento, porque mientras ustedes no adopten una postura positiva, la posición que tenemos es de desconfianza respecto a las afirmacone que ha realizado. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Gatzagaetxebarría.
Señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, con la brevedad que exige el caso, voy a tratar de cerrar este turno contestando a SS.SS. Empiezo por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco. En primer lugar, y esto sirve para todos los grupos que han intervenido, hay un afán pedagógico, no sé si con respecto a mi Grupo o a mi persona, que yo agradezco.
Siempre he dicho que en cualquier foro, incluida esta Cámara, se puede aprender, de cualquiera de SS.SS. que intervenga. La verdad es que todos me han querido dar lecciones que yo agradezco mucho. Por ejemplo, el señor Zabalía me ha aclarado lo de la ortodoxia. No me ha aclarado su definición, simplemente me lo ha dicho como contraposición a heterodoxia.
Pues bien, sí soy heterodoxo, puedo serlo y no me importa nada. Creo que la ortodoxia queda para los funcionarios, que deben cumplir la ley tal cual es e interpretarla adecuadamente, y hasta para el Poder Ejecutivo, pero los políticos del Poder Legislativo tenemos la obligación de ser heterodoxos, para cambiar las cosas. Si no, se quedarían como hace cientos de años. Tampoco está mal una cierta dosis de heterodoxia.
En cuanto al señor Gatzagaetxebarría, no se enfade. Me parece que he hecho una manifestación verdaderamente positiva y en lo que a mí respecta y a nuestro Grupo haremos todo el esfuerzo necesario para encajar adecuadamente la pretensión de su enmienda, que consideramos, como he dicho, positiva. El Grupo de Izquierda Unida, también con su voluntad pedagógica, me ha enseñado, me ha explicado lo que querían decir, y yo se lo agradezco, pero lo que ocurre es que había captado por lo menos lo que son las intenciones visibles, si las hay invisibles, esas ya permanecen en lo sutil, en esa sutil ironía que S.S. ha empleado anteriormente, según me han tenido que aclarar. No lo había captado y disculpe. Lo que sí me parece --y esto se lo digo con toda claridad-- difícil es cobrar por el Impuesto sobre el Patrimonio a aquéllos a los que no se encuentra el patrimonio o cuyo patrimonio no se conoce --entramos en el asunto de la investigación del fraude fiscal--, pero no que haya que cobrar a aquellos que no definen ni declaran un patrimonio.
Habla de la ilusión. Yo creo que usted debe conocer a su pueblo, al pueblo español, tan bien como yo, por lo menos.
Usted sabe que sí que le hace ilusión que algo sea libre de impuestos, vamos a dejárselo por el momento. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que su afán también pedagógico y de un cierto despotismo ilustrado le lleva a querer obligar a que el pueblo no sea como es. Pero es de una determinada manera, y no mala, a mi juicio.
El señor Costa también ha incidido en los aspectos pedagógicos, por supuesto. Creo que las enmiendas por nuestra parte han sido no solamente bien miradas, sino largamente miradas, y lo que ocurre es que no encaja en lo que nuestro Grupo, en conexión con el Gobierno socialista, quiere hacer realmente. ¿Qué ustedes lo harían de otra manera? Por supuesto que sí, pero no nos parece procedente en este momento y dentro de la línea política que queremos llevar y que, desde luego, está en defensa de nuestra economía tanto como lo puedan estar ustedes o más.
En cuanto al listado de paraísos fiscales o su modelo de lista cerrada, etcétera, podría ser discutido, pero aquí retomo lo que antes habíamos hablado. Si hacemos una lista abierta es porque realmente nos parece que el asunto tiene una fluidez suficiente para que no nos atengamos a listas cerradas. Por desgracia, los defraudadores, y más los defraudadores internacionales, son lo suficientemente listos y tienen unas características de peces resbaladizos que les hace ir de una isla a otra antes de que las legislaciones de los países se den cuenta. Por eso hay que estar alerta.
Por lo que se refiere a la internacionalización de la empresa española, creo que la estamos favoreciendo también. No nos augure tragedidas que afortunadamente no sucederán en el campo económico, y si no, ya lo verá su señoría. Hablaremos dentro de un año.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.


--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (Continuación)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este Título I vamos a proceder a la votación de los Títulos debatidos de la ley de presupuestos y a éste de la ley de acompañamiento.
(Pausa.) Votaciones correspondientes al Título V y Sección 06.


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Enmiendas del Grupo Popular números 954, 960 y 962.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 952, 953, 955, 956, 957 y 959.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 140; en contra, 184; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 951.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 961.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 321; en contra, una; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda 1.071.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 135; en contra, 171; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista en relación con la enmienda 958, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo, números 31, 32 y 33. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas las enmiendas.
Enmienda del Grupo Vasco, PNV, número 300.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya número 540. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 166; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo de Coalición Canaria número 440.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 167; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación correspondiente al texto del dictamen del Título V y de la Sección 06. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 172; en contra, 141; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título VI.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 966, 970 y 977.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 166; abstenciones, siete.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 946, 965, 967, 968, 969, 971 a 976, 978 y 979.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 963, y 980 a 989.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 137; en contra, 167; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmiendas 541 a 544 y 560.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 167; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 545, 547, 550, 557, 558, 559 y 561.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 12; en contra, 167; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 546, 548, 549, 551 a 556, 562 y 563.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 13; en contra, 303; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albístur.
Enmienda 301.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 146; en contra, 178; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 302 y 306.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 314; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 303.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 145; en contra, 166; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 304.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 305.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 10; en contra, 167; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 307.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 308 y 314.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 145; en contra, 167; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 309.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 310 y 312.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 311, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 305; en contra, cinco; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Chiquillo.
Enmienda número 4. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 22; en contra, 166; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 34, 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, ocho; en contra, 180; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmiendas números 260 y 262. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 178; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 261.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 263.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 146; en contra, 179.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 258 y 259.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 144; en contra, 167; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Enmienda número 441.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 168; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente al dictamen del Título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 168; en contra, 153; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votaciones relativas al Título VII y Secciones números 32 y 33. Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 993 a 996, 1.000, 1.002 y 1.005. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 156; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 997 y 998.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 177; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 990 a 992, 1.001, 1.003 y 1.004.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 145; en contra, 168; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 999.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 5563


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 143; en contra, 167; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmiendas 442, 443 y 444.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 445.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 166; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 484.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 165; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmiendas 566, 567, 569, 570 y 571.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 564.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 19; en contra, 302; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 565 y 568.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 826 a 832.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 166; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo. Enmienda número 37. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 166; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 106.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de la señora Rahola número 274.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 304; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV), del señor Albístur. Enmienda 313. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 169; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 315.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 158; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación correspondiente al dictamen del Título VII y de las Secciones 32 y 33. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 166; en contra, 157; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas al Título VIII.
Enmiendas del Grupo Popular números 1.006 y 1.007.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmienda número 263. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 17; en contra, 165; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV), del señor Albistur, número 316. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 156; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente al dictamen del Título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 171; en contra, 134; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votaciones relativas a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
Enmiendas del Grupo Popular 1.027 a 1.033, 1.035, 1.037, 1.038, 1.040 a 1.044, 1.046, 1.052, 1.055, 1.059, 1.060, 1.061 y 1.063 a 1.065. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.828, 1.045, 1.049, 1.058, 1.066 y 1.067.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.034, 1.036, 1.039, 1.047, 1.048, 1.050, 1.051, 1.053, 1.054, 1.056, 1.057, 1.062 y 1.215.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.068 a 1.070.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 140; en contra, 167; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1.026.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 143; en contra, 167; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 1.012 a 1.016, 1.019, 1.020, 1.022, 1.024 y 1.025.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 1.009 a 1.011, 1.017, 1.018, 1.021 y 1.023.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 167; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


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Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 141; en contra, 168; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmiendas 572, 586, 589, 590, 598, 600 a 602 y 604.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 165; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 575, 587 y 599.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 16; en contra, 306; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 573, 576 a 581, 583 a 585, 588, 591 a 597, 603 y 605. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 16; en contra, 168; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 608 a 611, 613, 615 y 616.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 18; en contra, 167; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 606, 607, 612, 614 y 617.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 167; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 297; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 279 del Grupo Mixto, del señor Albistur.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 171; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmiendas 318, 319 y 320.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 325.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 321 y 322.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 167; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 323.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, ocho; en contra, 166; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


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Enmienda 324.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, ocho; en contra, 178; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmiendas 264 y 265. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 150; en contra, 169; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 271 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 19; en contra, 168; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 268 y 486.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 302; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, cuatro; en contra, 168; abstenciones, 153.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmienda 446.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 447.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo.
Señorías, en relación con las enmiendas del señor Chiquillo y a tenor de las solicitudes formuladas por los grupos, vamos a realizar 20 votaciones. Ruego a SS.SS., sobre todo a los señores portavoces, que están encargados del dictamen del proyecto de ley de presupuestos y de la ley de acompañamiento, que hagan un esfuerzo por concentrar el voto en relación con las enmiendas de cada uno de los grupos o de los señores Diputados que tienen enmiendas para ser sometidas a votación.
Enmiendas números 1 y 2, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 143; en contra, 168; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, nueve; en contra, 168; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 79 y 102.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 38 y 103.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, ocho; en contra, 170; abstenciones, 144.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 104 y 105.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, diez; en contra, 180; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 61 y 100.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 167; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 111 y 115.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 20; en contra, 168; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 120 a 125.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 126.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 141; en contra, 168; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 127.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 154; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 128.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 112.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 113.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, siete; en contra, 180; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 114.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 151; en contra, 168; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 117.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 153; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 130.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 180; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 131.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 152; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 116 y 182.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, nueve; en contra, 180; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 129 y 131.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo. (Rumores.) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, siete; en contra, 166; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 166; en contra, 154; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmiendas a la exposición de motivos.
Enmienda del Grupo Popular número 880.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 487 a 490 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 14; en contra, 299; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de la exposición de motivos. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 168; en contra, 153; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Las votaciones correspondientes al título debatido del proyecto de ley sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social se celebrarán junto con las votaciones correspondientes al resto de títulos que serán objeto de debate a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Continuación)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.


¡¡¡OJO LADILLO!!!

Pasamos a debatir el Título II del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En primer lugar, y para la defensa de las enmiendas presentadas a este Título II, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Parece lógico que, en nombre de mi Grupo, la primera precisión que se haga respecto de los contenidos de este Título II sea su absoluta heterogeneidad. Por muchas interpretaciones que se den a lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que queda claro que esa sentencia les indicaba muy nítidamente lo que no debían hacer, esto es, agregar al proyecto de ley de presupuestos materias conexas e inconexas, de esa forma acumulativa y entiendo que abusiva que se venía realizando. Pero no me gustaría que se siguiera sustentando desde esta tribuna que es esa sentencia la que obliga a que siga habiendo un proyecto de ley paralelo al de Presupuestos Generales del Estado, con las mismas características de ley ómnibus o de ley jumbo, en la que cabe todo. Primero porque creemos que, de tener una ley de acompañamiento, como coloquialmente denominamos a este proyecto de ley, debe ser de materias íntimamente relacionadas, directamente conectadas con el texto de la ley, y no convertirse en --insisto-- un extraño surtido o variado muestrario de iniciativas que, algunas de ellas, entendemos que deberían

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tener su propio debate por su volumen y por su importancia.
Entrando ya en lo concreto, y tratando de seguir de alguna manera la difícil estructura de este proyecto de ley, en el apartado dedicado a mejora de la acción recaudadora de la Seguridad Social debemos decirles que, en principio, estamos de acuerdo. Y digo en principio porque nos hubiese gustado conocer a todos los grupos parlamentarios (por supuesto al Grupo Popular, pero creo hacerme en este caso representante de los demás) el alcance de las medidas propuestas por esa unidad de lucha contra el fraude, y me permito recordarles que no han tenido la deferencia ni la delicadeza de enviarnos a los demás grupos el conjunto de medidas propuestas. Las que nos envían debemos darlas por buenas si con ello se mejora la acción recaudatoria. Lo que nos ha sorprendido es que no hayan aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas comprendidas entre la 186 y la 201, de nuestro Grupo, salvola 187. Se lo digo porque dichas enmiendas, de carácter básicamente técnico, redactadas no sólo desde la buena fe sino desde la experiencia y el conocimiento de la realidad recaudatoria de la Seguridad Social, perseguían tres objetivos. Primero, una mayor claridad normativa. Podemos decir que muchos grupos nos hemos resignado a que no haya leyes claras y a que no haya leyes buenas, pero vamos a seguir intentando que si no son buenas por lo menos sean claras. Y trabajábamos en esa línea de claridad normativa. Trabajábamos también en nuestras enmiendas en la línea de seguridad jurídica, que no puede entenderse sólo en términos absolutos sino en términos relativos. Creíamos y creemos que las normas que afectan a la recaudación de la Seguridad Social tienen que guardar relación, tienen que ser concordantes con el resto del ordenamiento administrativo del que nos hemos dotado. Por cierto, me permito recordarles que bien reciente es su legislación al respecto mediante la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, o nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Creíamos también que en este terreno debían seguirse las directrices que marca la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con estos tres ejes y desde una perspectiva técnica se han planteado nuestras enmiendas que tan brillantemente fueron defendidas en Comisión por mi compañera la señora Montseny. Solamente se ha aceptado --y no sé si a título testimonial--una de ellas. Le puedo asegurar --insisto-- que este tipo de enmiendas, que no están afectas a contenido ideológico sino que reflejan la experiencia y el esfuerzo de estudio de algo que creemos mejorable y, sobre todo, adaptable a lo que es el resto del ordenamiento administrativo, debería haber sido estudiado tal vez con mayor intensidad.
Un segundo bloque de nuestras enmiendas, las comprendidas entre los números 202 y 205, se refieren a las mutuas de accidentes de trabajo. Quede claro que nuestra posición inicial es que una materia de esta envergadura debía haber sido objeto de un proyecto de ley diferenciado. De ahí nuestro rechazo, mediante enmienda de supresión, de lo que entendemos que es práctica abusiva en las leyes de acompañamiento. Tiene suficiente entidad, tanto económica como importancia social, para creer desde el Grupo Popular que merecía un proyecto de ley y un debate mucho más sereno. Naturalmente no vamos a dar la batalla del rótulo, como algún otro grupo ha pretendido darla; no es tan importante la denominación como la función social. Pero quede claro que muchas de nuestras enmiendas buscan cosas sencillas; buscan que no se pueda responsabilizar a las mutuas de accidentes de trabajo de obligaciones por parte del Gobierno sin que se las dote de mecanismos que permitan, de alguna manera, llevar a cabo esas mismas responsabilidades que el Gobierno unilateralmente puede imponerles. Decimos también que debe hacer equilibrio financiero, esto es, que no caiga el Gobierno en la tentación --que en alguna ocasión ha caído-- de trasladar simplemente problemas. Los problemas hay que resolverlos; no basta con trasladarlos. Y hay que evitar ese peligro de que lo único que se haga en situaciones en las que sabemos que existen deficiencias de funcionamiento, tales como la hasta ahora incapacidad laboral transitoria y la hasta ahora invalidez provisional, es que se limite el Gobierno a trasladar estas situaciones a las mutuas de accidentes de trabajo. Estas mutuas pueden y quieren colaborar. Me permito recordar que sobre la mesa del Ministro de Trabajo lleva ya mucho tiempo un reglamento de colaboración que había sido objeto de diálogo, el cual no sabemos muy bien por qué se ha interrumpido. Creemos que no se está en este momento cuestionando ese régimen de colaboración. Nos sorprende --lo digo sinceramente-- que se haya incluido como materia en esta ley de presupuestos y nos sorprende desagradablemente que no se esténintroduciendo las garantías de que aquellas responsabilidades que pueden ser asumidas por las mutuas no tengan esa contrapartida de mecanismos de seguimiento y de aplicación. Por cierto, permítame que ante una crítica que he escuchado a un compañero del Grupo Socialista, al hablar sobre fraccionamiento y dispersión del debate por parte del Grupo Popular, le recuerde que si alguien ha sido objeto de crítica por fraccionamiento y dispersión de las normas, impidiendo su fácil comprensión, ha sido el Gobierno socialista por parte del Consejo Económico y Social, que como usted sabrá y por unanimidad se expresó en ese sentido. Tengo la sensación de que a ustedes les han estado enviando este tipo de medidas, tanto las contenidas en la ley de acompañamiento como en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por fascículos y en forma desordenada. Luego lo único que le pido con esto --y quiero dejarlo claro-- es que no nos lance a otros grupos una crítica de ese

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tenor, como creo que frívolamente ha hecho algún compañero de su grupo. Entrando en lo que es inevitablemente heterogéneo, quiero decir que hemos entendido, ya que la dinámica que ustedes nos imponen es la de las materias heterogéneas, que en este debate podría tener lugar una reflexión sobre deficiencias ya observadas en la reciente reforma laboral.
Seguimos entendiendo en el Grupo Popular que el contrato de aprendizaje no goza del adecuado marco jurídico. Lo entendemos nosotros y parece entenderlo también así la Inspección de Trabajo, que desaconseja la realización de inspecciones en este tipo de contratos. Pues bien, creo que estamos en la ocasión (precisamente ya pasados unos meses desde la aplicación de la reforma laboral) de corregir estos defectos, no sólo en base a las recomendaciones que efectuó la Defensora del Pueblo sino en base a la propia experiencia. Ustedes sabrán si entra dentro de la lógica política que la Inspección de Trabajo tenga que desaconsejar la realización de ese tipo de controles sobre los contratos de aprendizaje. Ustedes sabrán si el contrato de aprendizaje responde realmente a su objetivo cuando no se garantiza de forma efectiva la formación. Permítanme que diga que es una buena ocasión para retomar un modelo mucho más coherente con lo que es la formación profesional en toda Europa. Permítanme también que recuerde que está pendiente de entrada el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Por tanto, hasta que ese catálogo tenga plenitud, hablar de una nueva formación profesional no deja de ser un ejercicio de voluntad, pero de escasa eficacia. Me van a permitir también --y confío en la indulgencia de la Presidencia-- que dedique un poquito más de tiempo a la enmienda número 206, del Grupo Popular. En ella planteamos de nuevo la jubilación flexible. Tengo que decir al representante del Grupo Socialista que esta propuesta ha sido aceptada en debates públicos por compañeros suyos, alguno tan cualificado como el portavoz en este momento del grupo. Hoy mismo leíamos en la prensa que el Grupo Catalán --ausente de la Cámara-- tenía una excelente disposición para reconsiderar la jubilación flexible como un elemento positivo, tanto en términos personales, es decir, para aquellos ciudadanos que voluntariamente quieran prolongar su vida laboral, como en términos de funcionamiento de la Seguridad Social. Pues bien, todos los grupos tienen a su disposición una enmienda que trata de equiparar la situación de jubilación flexible a una situación de contrato a tiempo parcial, con compatibilidad en la percepción, por supuesto también parcial, de retribuciones por parte de la Seguridad Social. La tienen perfectible. Si ustedes quieren en el Senado puede ser objeto de determinadas mejoras. Pero sería, sin duda, una prueba de buena voluntad que aceptasen al menos la redacción inicial que le hemos dado.
Insisto en que si alguna de esas manifestaciones de voluntad la quieren llevar a la práctica aprovechen. Ahí tienen jubilación flexible, ahí tienen --permítanme que lo diga-- el evidente fracaso de su modelo, el contrato de relevo. Ustedes sabrán si es buena o mala la utilización de 33 contratos al año, para toda España, en esa modalidad alternativa que ustedes suscitaban. Y ahí tienen también la posibilidad de recuperar, para los contratos en prácticas y para la formación, las bonificaciones existentes de Seguridad Social.
No me digan que siempre estamos planteando bonificaciones. Lo que yo no puedo dejar de comparar es la utilización que los contratos en prácticas y para la formación tenían cuando existía la bonificación con la que actualmente tienen. Con una particularidad. Este tipo de contratos es el que, hoy por hoy, con más facilidad se convierte en contrato indefinido. También lo digo a la vista de las estadísticas laborales. Creo que es una buena inversión de futuro que el modelo de contrato que con mayor frecuencia conduce a la contratación indefinida sea objeto de un tratamiento como el que ya tuvo --desde la realidad constatada de que se está utilizando menos-- y con esa finalidad clara de obtener, eso que ustedes también dicen, mejor calidad de empleo, empleo estable.
Creemos también que debe explorarse la vía de lo previsto en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, contratación para servicio en los hogares familiares. Creemos que puede ser un paso importante en la normalización de determinadas situaciones --que supongo que para ustedes tampoco son fuente de satisfacción--, en ese límite de lo que podríamos llamar economía sumergida, en ese límite de lo que podríamos llamar economía irregular. Les brindamos también la posibilidad de trabajar sobre ese supuesto. Creo que sería bueno para todos; para personas de mayor edad que requieren asistencia, para trabajadores que durante muy pocas horas al día prestan trabajo. Sobre todo, normalización de la situación frente a Seguridad Social y frente al sistema fiscal general.
Pedimos cosas que no tienen costo económico alguno. Pedimos que esta Cámara sea informada, por ejemplo, del cumplimiento de la Lismi, de la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Desde la constatación de que no ha sido correctamente aplicada, desde la constatación de que era una ley de carácter mucho más voluntarista que eficaz, pedimos que esta Cámara sea informada, al menos periódicamente, del cumplimiento de esta ley. Supongo que no tendrán mayor inconveniente.
Pedimos que se avance, y se avance decididamente, en un gran capítulo (supongo que este debate tendrá mayor vigor cuando se discutan las secciones 60 y 19) la desvinculación financiera de las prestaciones universales, de las prestaciones contributivas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aparicio, vaya concluyendo.


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El señor APARICIO PEREZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.
Gracias.
Quede también en este proyecto de ley, precisamente porque sí que estamos ante un caso que se proyecta por encima de un ejercicio. Ese es nuestro concepto, que debería ser objeto de una ley de acompañamiento y que no es una medida aislada para un ejercicio. Estamos pidiendo una proyección, una programación de una reducción efectiva, sustancial, en un plazo más dilatado de tiempo. Supongo que habrá ocasión en el debate de las secciones 60 y 19 de traer a colación este tema, pero quiero que quede constancia también en este apartado.
Finalmente, uno de los temas que fue objeto de modificación a lo largo de su debate en Comisión, la protección a la familia, no ha dejado satisfecho al Grupo Popular. Vamos a ser en este momento cuidadosos. Bienvenida sea, por supuesto, cualquier medida que mejore la situación actual de la familia en España.
Nunca va a tener una propuesta de mejora de las circunstancias familiares en España la oposición del Grupo Popular. Creemos que es necesario un tratamiento global. Creemos, como ustedes mismos dicen, que han cambiado lo suficiente las circunstancias en España como para hablar en este momento de otro modelo de protección a la familia. Pero imagínense la profunda decepción que tiene que ser para muchos ciudadanos que todo el esfuerzo de imaginación política de esta Cámara, en relación a una nueva política de protección familiar, sea la modificación parcial de una ley del año 1971. Ustedes sabrán si han cambiado o no las cosas. Ustedes sabrán si la protección a la familia es un simple problema de equiparación de otras situaciones a la familiar, o es una revisión a fondo y de principio del actual marco de protección a la familia en un país que, puesto a encabezar algún ranking, encabeza en Europa el de los países de más baja demografía; no se sabe si nos superan o están exactamente igual Italia y San Marino.
Ustedes sabrán si frente a ese problema demográfico, de falta de visión global de la protección a la familia...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aparicio, termine ya, por favor.


El señor APARICIO PEREZ: Ustedes sabrán, repito --y con esto concluyo--, si es suficiente una modificación parcial de una ley del año 1971. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Título II de la ley de acompañamiento sobre el que ahora debatimos lleva por epígrafe «Normas laborales y de Seguridad Social». Dentro del amplio contenido de este título, la mayor parte del mismo está dedicado a temática de Seguridad Social y buena parte del mismo ha sido objeto de acuerdo con organizaciones sindicales. En nuestra opinión, es un planteamiento positivo interesante porque contribuye a que los agentes sociales se responsabilicen de una institución tan fundamental como es la Seguridad Social. Desde esa perspectiva, señorías, las enmiendas que presenta nuestro Grupo son muy concretas. Habida cuenta de que vamos a llevar a cabo un debate de totalidad sobre la sección 19, Ministerio de Trabajo, y sobre la sección 60, Seguridad Social, que previsiblemente se desarrollará mañana, voy a centrar este debate en la defensa de esas enmiendas concretas que presenta nuestro Grupo al citado Título II de la ley de acompañamiento.
Insisto en que una buen parte de la temática de este Título II hace referencia a la Seguridad Social y que una parte de esa temática va referida a normas de mejora de los procedimientos recaudatorios de la Seguridad Social. Nos parece muy oportuno ese apartado relativo a mejora de las normas. Cuando se ha establecido una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto, parece como mínimo, razonable reforzar sus mecanismos recaudatorios en orden a que no se produzca una mayor e imprevista caída de la recaudación de la Seguridad Social. Todo ese apartado relativo a mejora de las normas o de los mecanismos recaudatorios de la Seguridad Social cuenta con nuestro apoyo. No hemos presentado enmiendas al mismo y nos parece que es oportuno y tiende a compensar mínimamente esa reducción de un punto en las cotizaciones a la Seguridad Social, que nuestro Grupo no ha considerado oportuna, no tanto en sí misma, sino fundamentalmente en cuanto a la posible tendencia que pondría en gravísimo peligro el mecanismo financiero de una institución tan fundamental como la Seguridad Social.
Dejando ese apartado de normas recaudatorias, la otra parte hace referencia a un bloque importante: las prestaciones de protección que otorga la Seguridad Social. Dentro de este segundo bloque cabe distinguir dos: la reforma de lo que se pasa a denominar incapacidad temporal, que engloba lo que era la anterior ILT (incapacidad laboral transitoria) e invalidez provisional, y una segunda, la maternidad.
Conocen SS.SS. que la antigua --todavía vigente-- incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional es un período de incapacidad para el trabajo motivada por enfermedad que, en principio, no tiene carácter definitivo y que dura en tanto el tratamiento médico del trabajador recomienda la permanencia en esa situación.
Esta institución tiene ya muchos años en nuestra realidad,

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tantos que la modernización de la medicina hace pensar que hoy sea posible emitir un diagnóstico definitivo sobre la capacidad para el trabajo del afectado mucho antes de los seis años que sucesivamente pueden durar la ILT y la invalidez provisional.
Por ello se ha pretendido sustituir esas dos instituciones (la ILT y la invalidez provisional) por una nueva, la incapacidad temporal, con una duración inicial máxima de doce meses, prorrogable por otros seis, y que además puede alcanzar un año más todavía, en total 30 meses, frente a los 72 meses que podía durar el anterior cúmulo de situaciones (ILT e invalidez provisional). Insisto en que quizá la modernización de los tratamientos médicos posibilita el que sea alcanzable un diagnóstico definitivo en este plazo de tiempo y, por tanto, puede parecer justificada esa sustitución. Pero lo que no nos parece adecuado es que se mantengan, para la nueva regulación de la incapacidad temporal, mecanismos que se explicaban en la anterior; por ejemplo, el que no se cotice durante lo que anteriormente era la invalidez provisional y que ahora se traslada a la no cotización en los doce meses que pueden continuar a los 18 primeros. Si se ha producido una modificación porque se ha considerado que lo anterior era obsoleto, y se introduce una nueva figura (la incapacidad temporal), es necesario dotarla de una cierta coherencia. Esa coherencia se rompe cuando se prevé que en esa situación de incapacidad temporal se cotice durante los primeros 18 meses y, a continuación, si se prolonga la situación, por responsabilidad fundamentalmente de la Administración que no tramita el expediente de invalidez permanente o de alta, resulte que el que sufre las consecuencias es el trabajador que tiene períodos sin cotización en su carrera profesional.
Falta coherencia.
Anteriormente la coherencia venía de que una cosa era la ILT y otra la invalidez provisional. Ahora no, ahora es todo lo mismo, incapacidad temporal y, sin embargo, durante un período de tiempo se cotiza y durante otro período de tiempo no se cotiza. Nos parece, insisto, señorías, que dotar de coherencia a esa nueva figura, dotarla de unidad, requiere que se cotice durante toda la incapacidad temporal.
Pasando a la otra prestación que es objeto de regulación nueva, la maternidad, nos parece muy positivo que deje de considerarse como una enfermedad y tenga una prestación del cien por ciento en lugar del 75 por ciento anterior. Pero no nos parece adecuado que a esa prestación de maternidad se le requiera un período de carencia como el que existía hasta la fecha: 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores.
¿Y por qué? Por una evidencia empírica. Esos 180 días de carencia que se exigían hasta la fecha han demostrado sus resultados y, en concreto, la caída en la tasa de natalidad de este país durante los años en que ha estado vigente. Por tanto, no cabe pensar que estemos dando una protección adecuada.
Pero es más. Segundo argumento, señorías. Se ha producido un cambio radical en el mercado laboral. A un crecimiento espectacular del paro en nuestro país, se añade un crecimiento no menos espectacular de los contratos a tiempo parcial. Como se ha modificado el cómputo de las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial en la reforma laboral y el contrato a tiempo parcial se ceba fundamentalmente en las mujeres, para alcanzar esos 180 días de cotización, a ocho horas para las mujeres, tendrán que trabajar muchísimo más de lo que normalmente trabajaban hasta ahora para tener derecho a esa prestación de maternidad.
Por estas dos razones, por dotar de una protección adecuada a una política de natalidad que se quiere incentivar, y por atender a los cambios que se han producido en el mercado de trabajo y en la legislación laboral, creemos que es necesario reducir la carencia a 90 días en lugar de los 180 días que actualmente se exigen y que se plantean en esta reforma.
El tercer tema, dentro de este bloque de protección, es el que hace referencia a la invalidez permanente. En esta norma se plantea que cuando se declare una invalidez permanente, la resolución que declare esa situación establecerá el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión. Está claro que esta es una formulación en términos positivos. En términos negativos significa que durante la vigencia de ese plazo no se puede reclamar a los tribunales. Señorías, estamos afectando un derecho fundamental: el derecho de acceso a los tribunales, y ese derecho fundamental se afecta desde la más absoluta inseguridad jurídica. La norma dice: Una de las dos partes en litigio --en la Seguridad Social está el trabajador, por una parte, y, por otra, la Administración--, en este caso la Administración, de manera unilateral dice: la otra parte no puede reclamar a los tribunales durante el período de tiempo que yo fije. Eso es lo que se dice en lenguaje román paladino.
En términos bonitos y presentables es como se dice en la norma: el plazo a partir del cual se podrá reclamar. Pero lo que está claro es que durante la vigencia de ese plazo no se puede reclamar a los tribunales un derecho fundamental: el artículo 24 de la Constitución Española. Y la decisión de vetar el acceso a los tribunales se otorga a una de las partes en litigio: a la Administración.
Tal como está redactado ese apartado, nos parece claramente que no es viable desde un punto de vista constitucional. Es necesario establecer un plazo objetivo y razonable que vincule a las dos partes. Por eso presentamos una enmienda en la que recuperamos el plazo que tenía una cierta tradición en el derecho español, que era de dos años, sin perjuicio de las excepciones concretas y determinadas que procedan. Pero tal y como está redactada, insisto, señorías, esa disposición

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afecta a un derecho fundamental en unos términos que entendemos rozan la arbitrariedad y que, por tanto, deben ser objeto de una modificación; una modificación que establezca el plazo en virtud de una ley aprobada por esta Cámara y que no lo deje a la libre disposición de una de las partes en litigio.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, vaya concluyendo, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino en breve, señor Presidente.
Dentro de este mismo apartado de prestaciones de la Seguridad Social queremos hacer referencia a la previsión que se contiene en estas normas de cobertura de la prestación económica de enfermedad, de incapacidad temporal por enfermedad, a cargo de entes distintos de lo que ha sido el INSS. Se prevé la posibilidad de cobertura por las mutuas.
Incluso en el caso de los trabajadores autónomos se prevé la posibilidad de la cobertura por las mutualidades de previsión.
Señorías, esto de introducir un ente ajeno a la Seguridad Social, como son las mutualidades de previsión, en el ámbito de prestación de la Seguridad Social, nos parece que es poco coherente y que, en buena lógica, requerirá de normas que nuestro Grupo presentará para que esas entidades que van a pasar a gestionar prestaciones de la Seguridad Social se sometan a las normas ordinarias de la Seguridad Social. En caso contrario, hay una ruptura importante en el sistema de la Seguridad Social.
Finalmente, señorías, quisiera hacer referencia al tema relativo al cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo parcial. Ya he hecho referencia anteriormente a este tema y he puesto de manifiesto cómo la reforma laboral introdujo un cambio sustancial en este apartado. Hasta ese momento, hasta las leyes 11 y 12 de 1994, los trabajadores a tiempo parcial cotizaban de manera unitaria por cada jornada que trabajaban, con independencia de la duración de la misma; fueran cuatro, cinco, seis, siete horas, era una cotización la que se hacía.
A partir de la reforma laboral, se les computan las cotizaciones por horas, con lo cual, sin necesidad de alterar en lo más mínimo los períodos de carencia requeridos por la Seguridad Social, seguimos manteniendo 15 años para la jubilación. Sin embargo, al cambiar el sistema de cómputo de las cotizaciones en los términos indicados, los trabajadores a tiempo parcial tienen que trabajar mucho más de lo que lo hacían anteriormente para alcanzar esos mismos niveles carenciales.
En nuestra opinión, el cambio radical, importantísimo y que pueda dar lugar a una exclusión de muchos miles de trabajadores, porque el contrato a tiempo parcial se está incentivando y está creciendo de manera espectacular, requiere de un período transitorio. Nosotros lo planteamos con el objetivo de que los trabajadores mayores de 40 años a 1 de enero de 1994 tengan derecho a un incremento del 25 por ciento en las cotizaciones que efectúen a partir de esa fecha como trabajadores contratados a tiempo parcial. Nos parece que de ese modo esos trabajadores, en un contexto de carencia de trabajo, como es el que atravesamos en nuestro país y que previsiblemente se va a extender durante muchos años en el futuro, mayores de 40 años, con especiales dificultades para acceder al trabajo, van a poder disfrutar más o menos de la misma situación que tenían anteriormente. Sería, por tanto, un período transitorio especialmente idóneo para conseguir que esa reforma laboral no produzca un efecto especialmente nocivo e indeseable.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Vasco (PNV) y por el señor Albistur, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo tiene presentadas tres enmiendas de adición, tres enmiendas de nueva creación para incorporar al Título II del proyecto de ley sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social. Las tres hacen referencia, señor Presidente, a la misma materia: ponen de manifiesto y pretenden resolver o remover las dicultades que afectan o el trato desfavorable que afecta a las entidades de previsión

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social voluntaria en relación a los fondos de pensiones.
Las primeras, las entidades de previsión social voluntaria, de economía social, no lucrativas, están relacionadas con un instrumento que también constituye el denominado sistema complementario libre o complementario voluntario de la Seguridad Social, pero de carácter lucrativo, y que, «ex lege» al menos, por mandato legal, no deberían tener ningún tipo de promoción o de bonificación específica. Desde luego, no están consignadas por el ordenamiento jurídico, so pena de incurrir en dificultades de inconstitucionalidad y de alterar los propios requerimientos del principio de igualdades ante la ley que consagran los artículos 1, 9 y 14 de la Constitución. Son las enmiendas 20, 21 y 22. Empezaré por las más sencillas, la 21 y la 22, señor Presidente. Lo que pretendemos con la número 21 es que el acceso a las entidades de previsión social voluntaria se pueda realizar a través de los convenios colectivos. Es decir, que se pueda tomar de forma colectiva la decisión de incorporación de los trabajos de una empresa, de un sector de actividad, un sector productivo, a través de los convenios colectivos, a entidades de previsión social voluntaria, no sólo a los fondos de pensiones, que es en este momento lo que habilita la ley.
Es una discriminación que debe ser corregida y, por tanto, la enmienda 21 que mi Grupo propone pretende que se posibilite jurídicamente que el acceso a entidades de previsión social voluntaria se pueda decidir a través de convenios colectivos o también por decisiones de los órganos de gobierno de los colegios profesionales.
La enmienda 22 pretende que se mantenga --algo que ya el ordenamiento previgente admitía-- la consideración de las entidades de previsión social voluntaria como entidades colaboradoras en la gestión del sistema público de Seguridad Social, en los términos previstos por la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
La más relevante, señor Presidente, en opinión de mi Grupo parlamentario, y sobre la que pediríamos una consideración más específica, es la enmienda número 20. En ella se pretenden corregir las disfunciones más significativas configuradas por la propia ley, paradójicamente, que afectan a las entidades de previsión social voluntaria en relación a los fondos de pensiones, agravios o discriminaciones de naturaleza fiscal y tributaria. Pretendemos, a través de esta enmienda, que se extiendan los beneficios fiscales y tributarios que reconoce el ordenamiento tributario a las entidades de previsión social voluntaria en las mismas condiciones. Un trato diferenciado no tendría ningún tipo de justificación, ni razonable ni jurídico, señor Presidente. Pretendemos que se solucione definitivamente un problema que llevamos arrastrando desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1986 --el denominado problema de la concurrencia--, que se remueva, en definitiva, la prohibición que ya esta ley de presupuestos consignaba de financiar en todo o en parte con recursos públicos a las entidades de previsión social voluntaria que se constituían en el seno de las administraciones públicas del Estado, en el seno de órganos constitucionales o de empresas públicas.
Esto es un agravio, una discriminación absolutamente irracional que lesiona la consolidación de entidades de previsión social voluntaria en el seno de la Administración, en el seno de los órganos constitucionales, en el seno de las empresas públicas, mediante una opción que nosotros consideramos ilegítima, pero que ha sido tomada por el Gobierno: la de propiciar en exclusiva los fondos de pensiones en detrimento de cualquier otro instrumento de los llamados a configurar el sistema complementario voluntario o complementario libre de la Seguridad Social.
Por último, en el caso de concurrencia de pensiones pedimos que cuando una es pública y la otra es privada complementaria o privada libre, el régimen de revalorización, el régimen de cuantías máximas consignadas por leyes de presupuestos sea idéntico que para los fondos de pensiones y para las entidades de previsión social voluntaria y que la cuantía máxima del supuesto de la concurrencia mediante la aplicación de las denominadas técnicamente medidas anticúmulo afecte por igual a los fondos de pensiones que a las entidades de previsión social voluntaria, así como que los sistemas de revalorización también afecten por igual a los fondos de pensiones y a las entidades de previsión social voluntaria.
Señor Presidente, estas enmiendas, y particularmente la última defendida, la número 20, son requerimientos de genuina constitucionalidad y respeto estricto, como no puede ser de otra manera, al principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución.
En cuanto a las demás enmiendas del Título II y disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, concordantes con éste, las damos por defendidas en sus propios términos. Han sido suficientemente argumentadas en la Comisión, son conocidas nuestras posiciones sobre las demás enmiendas de este Título y no es cuestión en este ambiente familiar que nos acompaña, señor Presidente, de reproducir de forma superabundante más argumentaciones.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Olabarría. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzaba el portavoz del Grupo Popular haciendo un análisis --ya lo había realizado en el debate en Comisión-- sobre la oportunidad o no de recoger en una ley como ésta las materias que en ella vienen reguladas. No voy a repetir los mismos argumentos que hacíamos hace escasas fechas, pero sí convendría concretar algún aspecto que parece olvidarse cuando se hace esa reflexión general.
Las medidas que se plantean son muy concretas; en algunos casos, incluso, son medidas absolutamente necesarias. No se están regulando grandes modificaciones con respecto a los asuntos que se recogen. Por ejemplo, el tema de mutuas, a que usted se refería. No se está modificando toda la sustancia de la normativa que regula básicamente los aspectos que tienen que ver con la regulación de estos entes. En modo alguno.
Simplemente se recogen una serie de mecanismos muy concretos, básicamente, como usted bien sabe, destinados a reforzar la transparencia en la gestión de estos entes sin perjuicio de su carácter privado, que, evidentemente, como usted sabe, gestionan dineros públicos. Por lo tanto, nos parece oportuno regular esos aspectos muy puntuales. Pero, como señalaba en aquel debate, incluso

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vamos a tener en breve fecha --y no se ha roto el debate con el sector-- un reglamento, que usted sabe que está elaborando la Dirección General de la Seguridad Social, con respecto a la normativa de regulación de estos entes. Incluso hay aspectos que son necesarios. Por ejemplo, si estableciéramos, como usted hace, que no hay que regular los aspectos, que incluso esta ley, poco más o menos, sobra en la mayoría de los términos que regula, nos quedaríamos sin algo tan evidente como el plan de fomento de la ocupación del año 1995. En la ley que hemos aprobado tiene que contemplarse lo relativo al próximo año y se recoge en este texto su regulación. Por lo tanto, son elementos, como digo, que incluso son necesarios.
No hay ningún problema --yo creo que usted lo sabe perfectamente, con independencia de que recalque ese argumento-- de seguridad jurídica a la hora de abordar en un texto de esta naturaleza aspectos como los que se contemplan.
Ha hecho otra serie de valoraciones en términos generales, incluso con relación a los pronunciamientos de otros órganos de consulta, como el Consejo Económico y Social. No tendría que recordarle lo que acaba de explicitar en esta tribuna el propio portavoz de Izquierda Unida y el amplio acuerdo, en muchos aspectos de lo que contempla esta norma, a que se ha llegado con las propias organizaciones sindicales y empresariales con respecto a gran parte de esta materia. Por lo tanto, al CES no se le ha enviado por fascículos el contenido de la ley --se le ha enviado como se le debe enviar- - y, como digo, en gran parte la propia respuesta ha sido satisfactoria.
Usted ha entrado en los temas básicos que plantea dividiéndolos, como ha hecho en su exposición, en tres bloques de enmiendas que presentan, relacionados con los mecanismos de regulación, de reforzamiento de las normas recaudatorias de la Seguridad Social. De paso, agradezco la valoración positiva que hacía el portavoz de Izquierda Unida con respecto a esta materia. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante buscando la máxima eficacia, simplicidad y celeridad en la gestión recaudatoria, pero debe ser un objetivo de todos. Como decía, han presentado un bloque de enmiendas con respecto a esta materia; otro bloque de enmiendas con respecto a las mutuas (que, como digo, ya señalaban ustedes en el debate que era una modificación sustancial, cuando no es así; es una modificación bastante puntual) y un último relacionado con materias como contratos, flexibilización de las jubilaciones, etcétera. Con respecto al primer bloque, en un análisis que voy a intentar que sea lo más pormenorizado posible dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos, ustedes presentan una serie de enmiendas que van de la número 185 a la 199. En la mayoría de ellas argumentan que lo que pretenden es proteger al ciudadano y dar mayor seguridad jurídica. Nosotros en muchos de sus aspectos no consideramos justificadas las enmiendas, entre otras cosas porque incluso, como ustedes bien saben, el propio texto que modifica, a través del artículo 28, algunos artículos de la Ley General Presupuestaria, lo único que hace es trasladar a una ley no presupuestaria aspectos que ya se habían contemplado en las leyes de presupuestos y que precisamente por indicación del propio Tribunal Constitucional, como usted ha señalado, parece más oportuno ubicar en una norma de esta naturaleza, pero no se está legislando «ex novo» aspectos que no estén contemplados y vamos a entrar en alguno concreto.
Con la enmienda 185 pretenden limitar la cesión de datos. A lo que conduciría de manera práctica es a la paralización de la actuación de la Administración y, por supuesto, en nada cambia el precepto con lo que está establecido actualmente. Con la enmienda 186 pretenden que la autorización se conceda a través de un determinado procedimiento. Simplemente quiero recordarles que se concede de manera automática en el día de hoy. Por lo tanto, no parece razonable introducir elementos que ya están regulados de una manera clara.
Presentan una enmienda, como la 189, que en nada modifica la regulación del artículo 27.1.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Así ocurre también con otras enmiendas como la 190.
Con las enmiendas 191 y 194, que son consecuencia de la anterior, se desvían de una manera clara de lo que es uno de los ejes de la reforma que se pretende con respecto a las normas recaudatorias de la Seguridad Social, y es precisamente dar mayor seguridad jurídica en la determinación de las deudas de la propia Seguridad Social. Por lo tanto, no nos parece oportuno --ya se lo señalábamos en la propia Comisión-- introducir este tipo de enmiendas, al igual que tampoco nos parece necesario ni justificado poner dos nuevos motivos de oposición a la providencia por la vía de apremio, tal y como ustedes pretenden establecer. En la enmienda 197 ponen un mismo texto que el artículo 111.2 de la Ley General Tributaria.
Estas son las razones, como le digo (he entrado un poco en los pormenores, cosa que no hicimos mucho en la Comisión y me lo requirió), por las que para nosotros este bloque de enmiendas no nos parece aceptable.
Respecto a las mutuas, ustedes presentan algunas enmiendas que ya han sido debatidas con referencia a otras leyes. La propia enmienda 200 ya fue rechazada en el trámite de la Ley 10/1994.
Sobre la enmienda 201 ustedes saben perfectamente que la Seguridad Social sería responsable de la gestión de las mutuas en los términos en que ustedes lo plantean. No habría ninguna responsabilidad por parte de las mutuas; y con independencia de recoger algunos aspectos de las normas reglamentarias, los instrumentos de control deberían respetar, al menos, la competencia

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de los servicios de salud en la emisión de altas y bajas.
Ustedes piden que no haya ningún tipo de control y lo trasladarían a las propias mutuas a la hora de gestionar este aspecto de la ILT.
Con la enmienda 202 pretenden suprimir algunos aspectos que nosotros consideramos que deben estar recogidos. Por eso los ponemos en la propia ley, de tal manera que haríamos un pequeño análisis de los aspectos que ustedes quieren suprimir.
En primer lugar, los propios órganos directivos de las mutuas quedarían sin ningún tipo de responsabilidad. Ustedes les excluyen de cualquier tipo de responsabilidad en la regulación que representan si suprimiéramos el actual texto de la ley.
Con el segundo punto que pretenden suprimir, lo que dificultaría de manera clara es la posibilidad de que la Administración requiriese a las mutuas para que repusieran reserva.
En el tercer punto se eliminaría la posibilidad de suprimir determinadas actuaciones que llevan a confusión de intereses.
No sé cómo lo regularían ustedes. Simplemente hablan de suprimir, pero eso no parece muy claro. En el punto cuarto, tal y como ustedes lo plantean, lo que estarían propiciando sería precisamente un aspecto que en otros apartados de este texto, con respecto a otros entes, pretenden evitar, que es imposibilitar que se realicen contratos blindados con recursos públicos. Ustedes pretenden que se suprima esto que se recoge en la ley, o al menos parece contradictorio con lo que luego preconizan con respecto a los entes públicos. Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con esa supresión.
En las enmiendas número 203 y 204 inciden en las reponsabilidades de los directivos de las mutuas descargándolos a los mismos, y también pretenden una redacción alternativa de las incompatibilidades de los que ocupen órganos directivos de las mismas, que va en contra claramente con lo que nosotros pretendemos en la norma.
Finalmente, plantean una enmienda, la última relacionada con este aspecto, con la que lo que vienen a hacer es descafeinar claramente las competencias de los propios órganos contenidos en el proyecto, y ya le señalábamos que no nos parecía oportuna la composición tripartita de esos órganos. Con mayor celeridad diré que en relación con las enmiendas --ya lo discutimos en la Comisión-- que plantean sobre la reforma laboral, la enmienda 206 ya la rechazamos en la Ley de medidas urgentes del fomento de la ocupación, pretenden extender más allá de los 65 años la jubilación. En cualquier caso, sí convendría la necesidad de una enmienda con una propuesta de esa naturaleza, pero habiendo realizado un estudio exhaustivo, detallado, de cuáles son los efectos que puede tener introducir en el sistema una medida de esa naturaleza. Ya le señalaba que la regulación que ustedes hacían del contrato en prácticas tendría un coste cifrado en alrededor de 150.000 millones de pesetas, calculándolo por lo bajo. Usted me negaba ese coste, yo se lo vuelvo a recordar porque estoy convencido de que usted no querría que fuese ése el efecto que producirían propuestas como ésas. La propuesta que hace en relación con las empleadas de hogar desequilibraría el actual esquema que está planteado de financiación de la seguridad social. Sería más bien un debate propio de la Sección 60 y, desde luego, no estamos de acuerdo en introducir este tipo de cambios que van a modificar substancialmente el equilibrio finaciero del sistema. Las enmiendas de Izquierda Unida, como bien señalaba su portavoz, están relacionadas, la mayor parte de ellas, con la propia nueva regulación de la ILT y la invalidez provisional, con esa nueva figura que la ley establece como invalidez temporal. Ustedes aducen en muchas de esas enmiendas para modificar la regulación que nosotros pretendemos que la regulación suponga un recorte del derecho de los trabajadores y alegan, entre otras cuestiones, que estaríamos minorando claramente la propia acción protectora.
Yo creo que usted lo señalaba con claridad, con independencia de que luego establecía algunos aspectos que no le parecían muy claros. He de decir a su señoría que la nueva regulación no supone en modo alguno desprotección de los trabajadores. Yo creo que vamos a mejorarles claramente, vamos a darles una mayor seguridad, porque todos los datos y análisis que se hacen señalan que, aunque no es una situación adecuada, sin embargo va a posibilitar incluso una atención más pormenorizada a efectos del tratamiento de la salud de los trabajadores y, en consecuencia, creemos que va a ser un elemento tremendamente positivo, va a obligar a la Administración a declarar esa situación de invalidez de una manera más eficaz que actualmente, incluso el cambio de traspasar las unidades de valoración del Insalud al INS ha sido permanentemente una reclamación de las organizaciones sindicales y, como usted señalaba, estos aspectos contenidos en la regulación de la norma han contado, además, con el respaldo de las organizaciones sindicales. Por tanto, no estamos de acuerdo con ese conjunto de enmiendas que ustedes plantean, ni tan siquiera con los argumentos en los que las fundamentan, en cuanto a que esto supone una mayor desprotección y una disminución de los derechos de los trabajadores.
Respecto de la maternidad, en la ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, vaya concluyendo, por favor.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Concluyo, señor Presidente.
En la ley --creo que S.S. lo verá claramente-- hay

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una base importante en relación con la regulación de la maternidad. Me parece que ése es un aspecto que no se puede negar. Incluso se suprime la exigencia de la filiación de los nueve meses anteriores al parto; sí se mantiene la exigencia de 180 días de cotización, como usted señala, pero se pasa de un año a un período de cinco, y hemos ampliado el 75 por ciento de la cobertura de la prestación al cien por cien.
Por tanto, creo que estamos en línea de proteger claramente esa situación, además, dándole un tratamientono como enfermedad, sino como una situación totalmente distinta. Por consiguiente, no estamos de acuerdo con las críticas que S.S.
y su Grupo realizan a los aspectos que regulan esta figura en el texto. Con respecto a los plazos, estaba señalando que se producía una clara indefensión de los trabajadores frente a la Administración. Creo que S.S. está en un error, no estamos de acuerdo. En primer lugar, no se fijan los plazos porque, entre otras cuestiones, las situaciones a considerar son tremendamente distintas, por lo que parece razonable que, ante situaciones diversas, en la práctica haya también consideración individualizada de cada una de esas situaciones.
La enmienda de ustedes pretende volver a una situación que ya los tribunales entendieron no ajustada a Derecho, que no era otra que la revisión de la invalidez no se pudiese efectuar hasta transcurridos dos años. Creo que aquí colocamos al ciudadano en una mejor situación frente a la Administración, incluso se pone en pie de igualdad a la Administración y al interesado. Hasta que no se fije la correspondiente resolución, ni una parte ni la otra pueden instar la revisión de invalidez, por lo que no hay ningún tipo de indefensión.
Además, S.S. conoce perfectamente que la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ya reconoce que las mutuas puedan gestionar la prestación económica de la ILT. Por lo tanto, no estamos introduciendo ningún factor que conlleve a cambiar sustancialmente aspectos que ya están considerados en la propia realidad. Además, tendríamos que reconocer que las mutuas forman parte a su vez del entramado de la Seguridad Social, porque parece que hay un discurso separado...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, por favor, termine.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Termino, señor Presidente.
El resto de las enmiendas que plantean con respecto a los contratos, vendría a reproducir el debate de la reforma laboral. Incluso si atendiéramos alguna de las enmiendas que ustedes plantean, supondría en la práctica eliminar el programa de fomento de la ocupación para el año 1995 tal y como recoge la norma. En el otro turno me extenderé un poco más a este respecto, pero no estamos de acuerdo con lo que plantean.
Por lo que hace referencia al Partido Nacionalista Vasco, que plantea una serie de enmiendas, su Portavoz ha hecho especial hincapié en tres. En la contestación al resto, me voy a remitir a la que le dimos en su momento en la Comisión. Creo que parece más lógico que lo que pretende regular la enmienda 21 lo ubiquemos en el debate del proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
En cuanto a la enmienda 22, creemos incluso que se fundamenta en un error, ya que la disposición adicional undécima de la Ley 22 ya ha sido derogada. Por lo tanto, el fundamento en el que se establece no parece muy adecuado. No obstante, también convendría recordar que ya las mutualidades de previsión social pueden colaborar en la gestión de la ILT, por lo que no nos parece oportuno. Con respecto a su enmienda 20, hemos analizado el contenido de la misma, como habíamos señalado en la Comisión, y estamos en condiciones de ofrecerles una transaccional en la línea de ir equiparando los beneficios fiscales de que gozan los planes y fondos de pensiones a los concedidos por las mutualidades privadas de previsión social y que no determine esos beneficios la naturaleza pública o privada de sus prestaciones, y también establecer el sistema de la determinación de cuantías y revalorización y unificación de valores de las pensiones públicas concurrentes con las de mutualidades privadas.
El punto dos de su enmienda es un aspecto que nosotros no hemos terminado todavía de concretar. Le emplazo a que al menos ese aspecto lo podamos debatir en el trámite del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trujillo. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Popular le hubiese gustado que la oposición a nuestras enmiendas hubiese sido mucho más concreta que la que, sin duda ninguna, ha producido el señor Trujillo. Creo que alguno de los conceptos que hemos vertido se sustenta no sólo en la opinión política de nuestro Grupo, sino en hechos reales. Me gustaría que el señor Trujillo admitiese que, por ejemplo, en lo que se refiere a la protección informática de datos, sería un buen ejemplo saber que para la redacción de esta norma no ha sido consultada la Agencia Estatal de Protección de Datos Informáticos. Sin duda que el señor Trujillo conoce como yo que ha tenido

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entrada en la Cámara con posterioridad, no sólo la queja, sino el informe que concerniente a esta ley ha producido la propia Agencia, la que ustedes en su proyecto de ley anterior establecieron.
Nuestra filosofía no es de bloqueo, como le he dicho hace un momento. No se trata, en absoluto, de obstruir la acción recaudadora de la Seguridad Social, sino de dotarla de seguridad jurídica. Y en eso también admítame, señor Trujillo, que su Grupo tiene la experiencia de que, por no se sabe qué criterios de agilidad o de rapidez, muchas de las normas elaboradas por ustedes han tenido posterior modificación tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, y en este caso no nos gustaría cometer un error precisamente en una materia tan delicada y tan importante como es la Seguridad Social. En relación a las mutuas, ¿qué es lo que busca el Partido Popular? Le insisto que tres ideas bien sencillas: en primer lugar, que no sea simplemente una evasión de responsabilidades del propio Gobierno, que no se limite a trasladar sólo responsabilidades si no es capaz de trasladar también medios de compensación, de seguimiento y de control de aquello que deban hacer y supongo que están dispuestos a hacer, puesto que hay unos antecedentes de colaboración leal de las propias mutuas.
En segundo lugar, que las responsabilidades sean efectivamente sobre los propios actos de los órganos directivos, pero no responsabilidad de los órganos directivos por posibles imposiciones unilaterales desde normas dictadas por el Gobierno; por supuesto que me puede bastar con su palabra, con su compromiso de que eso no se va a producir, pero es muy deseable que en la ley figure ese tipo de garantías.
Finalmente, en una propuesta bien concreta, la propuesta de jubilación flexible, le he citado el hecho de que en debates públicos, en televisiones públicas, personas cualificadas de su Grupo, como, por ejemplo, el señor Almunia, han dicho que era una buena propuesta y que estaban dispuestos a estudiarla.
Mire, mejor será que lo estudien en su momento y con tiempo que forzados en el tiempo y en el espacio, y se lo digo después de haber leído la prensa de hoy y haber visto la disposición de otros Grupos parlamentarios a estudiarla. Yo les aconsejaría que la estudien por propia iniciativa; no a toda velocidad ni de hoy para mañana, como sucedió, si lo recuerda usted, en la reforma laboral, donde se nos decía que determinadas propuestas nuestras no estaban cuantificadas, pero en plazo de menos de 72 horas eran aprobadas por el Gobierno propuestas idénticas que sólo tenían como diferencia el Grupo parlamentario que las formulaba. Con ello quiero decirle que, ciertamente, en el tema de jubilación flexible nos gustaría un esfuerzo de atención y nos gustaría que esa posible consideración en el Senado se anticipara a esta Cámara. ¿Por qué? Porque tanto mayor y más intenso sea el debate mejores normas seremos capaces de producir. Por último, quiero anunciar que será obligado que algunos de los debates que hemos tenido se repitan en el Senado. Ello no nos parece negativo, sino positivo, pero me gustaría que no prime la escenografía o puesta en escena en este Parlamento sobre la eficacia de las medidas que los ciudadanos nos demandan. Al menos así entendemos la política desde el Grupo Popular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aparicio. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente en la medida en que también ha sido de ese talante la intervención que en relación con las enmiendas de mi Grupo ha realizado el representante del Grupo Socialista.
Quiero decirle que en la intervención que he llevado a cabo anteriormente he tenido ocasión de dejar claro la valoración positiva que hacíamos como Grupo parlamentario de los acuerdos que se habían alcanzado en esta materia, y no sólo la valoración positiva de los acuerdos como tales, como método, sino también de la normativa concreta resultante de esos acuerdos. No obstante, entendemos que el contenido de esos acuerdos es susceptible de mejora, en unos casos mejora técnica, y le he citado, por ejemplo, una: ¿por qué razón en una parte de la duración de la nueva incapacidad temporal se cotiza y en otra parte no se cotiza? Esta diferencia se justificaba hasta la fecha porque una cosa era la incapacidad laboral transitoria durante la que se cotizaba y otra era la invalidez provisional durante la que no se cotizaba. Pero esa diferenciación ha desaparecido en la nueva regulación y, sin embargo, se mantiene legalmente la cotización durante una parte y la no cotización durante otra parte. Se produce claramente una incoherencia y una traslación a una nueva institución unitaria de una regulación que procedía de una anterior regulación diversificada. En el tema de maternidad, el representante del Grupo Socialista me ha alegado que se producen mejoras. Sin lugar a dudas. El que no se conceptúe la maternidad como una enfermedad, el que tenga una prestación del cien por cien, en lugar del 75 por ciento, son mejoras; algunas de ellas guardan relación con el contexto europeo. No es idea concreta cuya paternidad se pueda atribuir al Grupo Socialista, sino que guarda relación con directivas aprobadas en el marco comunitario. Pero le he planteado una mejora de esa regulación y le he dado razones muy concretas. ¿Por qué mantenemos la carencia de 180 días en 5 años para tener derecho a esa mejora, a esa prestación? ¿Cuándo se ha producido

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una modificación en el cómputo de cotizaciones de los trabajadores de los contratos a tiempo parcial que afecta fundamentalmente a las mujeres y que da lugar a que para llegar a esos 180 días tengan que trabajar mucho más de lo que trabajaban hasta que se ha producido ese cambio en el cómputo de las cotizaciones? Si queremos mantener una situación más o menos como antes y los resultados de la situación anterior se ponen de manifiesto en la caída de la tasa de natalidad de nuestro país, parece lógico que se redujera el período de carencia.
Finalmente, en el tema del plazo de revisión, el representante del Grupo Socialista me ha dicho que yo no tenía razón cuando decía que se producía una indefensión de los trabajadores con la nueva regulación que produce la normativa. Creo, sinceramente, que esa alegación que ha hecho el representante del Grupo Socialista no es ajustada a la realidad. Piensen, señorías, en lo que dice la norma a la que presentamos enmienda: Toda resolución por la que se reconozca el derecho a prestaciones de invalidez permanente hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión. Vean que dice «el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión». Luego durante ese plazo no es posible instar la revisión. Y es evidente, señorías, que eso está condicionando un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho de acceso a los tribunales. Por una decisión de una de las partes, la Administración, el ciudadano no puede acceder a los tribunales durante un plazo de tiempo que la Ley no precisa. Queda al libre albedrío de una de las partes: la Administración. No es verdad, señor Trujillo, que el plazo de dos años hubiera sido revocado por los tribunales, como usted ha dicho. No; lo que los tribunales dijeron, cuando ese plazo de dos años fue modificado por un decreto posterior que indicaba que la administración de la Seguridad Social podía instar la revisión antes de los dos años, fue que el principio de igualdad de partes implica que también los trabajadores puedan instar la revisión antes de los dos años. Pero el plazo de los dos años vinculante para las dos partes estaba aceptado por los tribunales. Por tanto, señor representante del Grupo Socialista, insistiría en que, puesto que hoy no terminamos la tramitación parlamentaria de estos proyectos, atienda adecuadamente las razones que le he expuesto y consigamos avanzar en una mejora de esta normativa. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, sólo quiero comentar que vamos a aceptar la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista en relación a la enmienda 20. Vamos a retirar nuestra enmienda número 20, sobre todo, y me interesa consigar esta expresión en el «Diario de Sesiones», en atención a sus manifestaciones sobre la posibilidad, que entendemos cierta, de que va a ser considerada, y no sólo considerada, sino aceptada en el Senado la parte de la enmienda que no ha sido objeto de transacción, señor Presidente. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. El señor Trujillo tiene la palabra.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, intervendré con mayor brevedad que en el turno anterior.
Señor Aparicio, en el análisis detallado que le he hecho sobre los aspectos normativos, recaudatorios de la Seguridad Social de algunas de sus enmiendas le he señalado incluso que lo que hacen es copiar preceptos que están en otras normas. Yo creo que no tiene SS.SS. que sentir ningún tipo de preocupación, créame, y así se lo señalaba en la Comisión cuando le decía que lo íbamos a estudiar con detenimiento, por si se podía producir algún efecto no deseable en ese nuevo marco normativo recaudatorio cara al ciudadano, y créame que no hemos encontrado una sola razón de las que ustedes alegan en las justificaciones a las enmiendas que plantean.
Por otra parte, no se pretende, y ya lo decíamos en la Comisión, y, evidentemente, se seguirá diciendo y debatiendo en el Senado, que se trasladen responsabilidades sin más a las mutuas, como ustedes dicen, se les plantean responsabilidades a las mutuas, en un ejercicio de mayor transparencia en la gestión, porque, con independencia de su carácter privado, gestionan fondos públicos y, por tanto, parece lógico que establezcamos una serie de medidas que ustedes además pretenden suprimir. Algunos de los aspectos que ustedes quieren suprimir impedirían que pudiéramos exigir las lógicas responsabilidades a quienes gestionan fondos públicos en entes de esta naturaleza. Y, desde luego, yo creo que hemos introducido una mejora clara de la regulación (aunque sea de una manera concreta, a la espera de ese reglamento) de este tipo de entes. Con relación al otro aspecto que usted volvía a fijar, el de la jubilación flexible, y que es otro debate que también tenemos permanentemente con su Grupo, y en concreto con el señor Núñez, respecto a los empleados públicos, lo que le hemos dicho, y no es un no rotundo, absoluto, es que, en estos momentos, una medida de esa naturaleza, que requiere toda la prudencia del mundo, necesita el más exhaustivo de los análisis en cuanto a las repercusiones posibles. Y no es cierto, como dice usted, que, cuando se vaya a adoptar una medida de esta naturaleza, se tenga que producir deprisa y corriendo, ni por nuestro Grupo ni por ningún otro Grupo de la Cámara, por cuanto usted conoce perfectamente que se

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lleva muchísimo tiempo trabajando en una ponencia ex profeso, que hemos acordado en esta Cámara, para analizar todo el sistema de financiación de la Seguridad Social, y en ese marco es donde un aspecto como éste, tan importante, deberá ser contemplado o no; pero, en cualquier caso, no de una manera tan sencilla o tan gratuita como ustedes plantean.
En cualquier caso, en términos generales, las enmiendas que ustedes presentan con respecto a la Seguridad Social llevan (al menos a nuestro Grupo le llevan) a la preocupación; están, por la vía de los ingresos, reduciendo recursos de la Seguridad Social, y luego, por la vía del gasto, en algunos momentos, y por utilizar hasta un lenguaje coloquial, nos pasan por la izquierda. Esa táctica, o esa estrategia (no sé exactamente cuál sería el término adecuado), desde luego nos parece tremendamente peligrosa en un debate de esta naturaleza. Nosotros esperamos que ustedes aborden todos los temas relacionados con la Seguridad Social de una manera prudente y con la responsabilidad que requiere un asunto como éste. Ayer tuvimos ocasión de ver una buena parte del debate con relación a aspectos relativos a clases pasivas, y no ofrecían ustedes modelos diferenciados que fuesen garantía alguna para los ciudadanos en el exterior. Por tanto, nosotros queremos estudiar eso con bastante detenimiento, lo estamos haciendo, y no primamos la escenografía; al menos ni a mí ni a mi Grupo creo que nos pueda usted acusar de estar primando la escenografía; más bien al contrario: serían otros Grupos (y le invito a que haga hasta una autorreflexión) los que estarían permanentemente primando la escenografía sobre los contenidos.
Con respecto a los planteamientos que hacía el portavoz de Izquierda Unida, evidentemente, yo le agradezco la valoración que hace de los acuerdos con las organizaciones sindicales y, por supuesto, cualquier acuerdo siempre es mejorable. Pero en los aspectos que ustedes están planteando, nosotros consideramos que no son correctos, o al menos no estamos de acuerdo con ellos. Ha puesto nuevamente algunos ejemplos.
Repito: hemos pasado el plazo de un año (con respecto a la consideración de 180 días que hemos mantenido) a cinco. Parece tremendamente importante, y eso en aras a dar pie, responder a la nueva regulación y al uso que el mercado de trabajo está haciendo de modalidades contractuales que se han potenciado.
Por eso se amplía de manera significativa ese plazo, y nos parece que ese elemento es suficiente, junto con el resto de mejoras que usted mismo ha reconocido, para tratar la maternidad como consideramos se merece.
Con respecto a las cotizaciones, las enmiendas que ustedes presentan lo que hacen es romper con el principio de proporcionalidad que fundamenta el propio carácter contributivo de las prestaciones, cuando rompen los períodos de cotización con el tiempo a que luego se pueden acoger. Por eso no nos parece adecuado. Incluso ustedes pretender romper con toda la actual regulación del contrato a tiempo parcial.
Yo creo que usted reconoce, o al menos podría reconocer, que no se produce ninguna desprotección, siempre y cuando, evidentemente, se respete escrupulosamente ese principio de proporcionalidad que yo le estaba señalando.
Respecto a los plazos, el que se debe plantear en la resolución es en términos positivos, como usted bien señalaba; no creo que tengamos que hacer lecturas perversas de la relación que va tener la Administración con los ciudadanos. No olvidemos que ni una ni otra parte podrá instar la revisión de la propia invalidez. Por lo tanto, están en igualdad tanto la Administración como el ciudadano al que se le está prestando determinado servicio. Al señor Olabarría --y concluyo-- le agradezco el aceptar la transacción. Evidentemente, en los mismos términos que me expresaba en la Comisión, mantengo lo dicho respecto a ese punto 2. Lo vamos a analizar y ver de qué manera se puede abordar en el Senado.
Señorías, en el trámite de Comisión hemos introducido, si no un número cuantitativo de enmiendas, sí tremendamente positivas. Ha habido enmiendas --y no sólo de nuestro Grupo, sino del Grupo Vasco y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--, como las relativas a la condonación de las deudas antes del 1 de enero de 1985 de las empresas que tenían deudas con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que van a suponer una medida enormemente importante para las empresas de economía social, y hemos dado un impulso importante a la regulación, a la protección, a la consideración hacia la familia. No es cierto, como está argumentando el Partido Popular --y lo estamos viendo en la Ponencia que estudia la familia--, que en España exista una desregulación y un desinterés con respecto a las políticas de familia. Las políticas relacionadas básicamente con la protección social, que son más de la mitad de este presupuesto que estamos debatiendo, son políticas relacionadas con la familia. El acuerdo que hemos adoptado y que se va a llevar a la práctica en los Presupuestos para 1995 con respecto a las pensiones, significa más de 400.000 millones de pesetas de rentas transferidas directamente a las familias. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esas valoraciones que hacen ustedes de los grandes avances que se producen en el presupuesto, porque éste es un presupuesto hecho desde las posibilidades económicas hacia la solidaridad.


¡¡¡OJO!!! LADILLO

Títulos III y IV

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del Título II, vamos a pasar al debate conjunto de las enmiendas presentadas a los títulos III y IV del mismo proyecto de ley.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente

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por el Grupo Vasco (PNV) y por el señor Albistur, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, intervengo para dar por defendidas en sus justos términos las enmiendas correspondientes a estos capítulos, dada la defensa que de los mismos hicimos ya en Comisión. Creemos que no es relevante volver otra vez a comentarlo. Por lo tanto, damos por defendidas las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Zabalía. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, si ayer, al debatir el título III de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, echábamos de menos un proyecto de estatuto de la función pública para poder estudiar y reflexionar sobre el sistema retributivo de los funcionarios con la serenidad y el tiempo que un asunto de esta naturaleza requiere, hoy, con mucho más motivo, reclamamos dicho proyecto, porque para otros asuntos, de la misma o mayor importancia que el anterior, se nos obliga a trabajar sobre unos textos que son medidas parciales, parcheadas, torpes, dadas en respuesta a los compromisos que figuran en el acuerdo Gobierno-sindicatos, refrendados por el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre. ¿Por qué hacerlo ahora si, según ustedes, dentro de unas semanas vamos a tener en esta Cámara el Estatuto de la Función Pública? ¿Por qué hacerlo ahora? Por tanto, estamos ante un debate falso, casi fraudulento y, desde luego, inútil. Si participamos en este debate con nuestras enmiendas es por el profundo respeto al Parlamento y para compensar el que no tiene a esta Cámara el Gobierno.
El debate es falso porque el texto de los Títulos III y IV de la ley de acompañamiento trata de sortear la clara doctrina del Tribunal Constitucional que en varias sentencias cortó de raíz la perniciosa manía de los gobiernos socialistas de incluir año tras año, en anteriores leyes de presupuestos, preceptos y normas sin sustancia presupuestaria.
El debate es inútil no ya porque nuestras enmiendas van a ser totalmente rechazadas sino porque a esta ley-comparsa le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió o que le está ocurriendo a la Ley 22/1993. La citada ley dedicaba también el Título II a normas sobre la Función Pública que, conforme anunciaba la exposición de motivos, tenían la finalidad de coadyuvar al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en los presupuestos para 1994. Como recordaba en Comisión el pasado día 9, cumplido prácticamente el ciclo normal de vigencia de la Ley 21/1993, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para el año en que estamos, hemos chequeado el grado de ejecución y eficacia de la famosa y estéril Ley 22/1993, para comprobar estas tres cosas: si las reformas eran adecuadas; si las reformas habían dado sus frutos; y si estaban justificadas las razones de tanta urgencia como nos exigió el Gobierno a los legisladores. La conclusión es la siguiente: las reformas no eran las adecuadas; no coadyuvaron, en absoluto, a rebajar el déficit público (las cifras cantan), ni tampoco a mejorar la Función Pública.
En lo que a nuestros títulos respecta, hicimos al Gobierno -- se lo recordé al señor Trujillo en Comisión-- las siguientes preguntas: ¿Cuántos planes de empleo de los regulados por la Ley 22/1993 están publicados --señor Trujillo, publicados-- en el «BOE» y cuántos en vigor? No me diga que los están preparando. ¿Cuántos son los ministerios implicados en dichos planes de empleo? ¿Cuál es el número de funcionarios afectados por la consiguiente reasignación de efectivos? ¿Cuál es la previsión de posibles excedentes? ¿Cuáles son los mecanismos de reasignación de efectivos en otros ámbitosde la Administración del Estado y en las comunidades autónomas? No es necesario esperar a que se produzcan (¿no reclamaba usted el otro día la potestad reglamentaria del Gobierno?) para haber desarrollado la Ley en este sentido? La respuesta para todas las preguntas, pese al loable esfuerzo del señor Trujillo por disculpar al Gobierno en la Comisión de Economía, ha sido la siguiente: Hay algunos planes en preparación, pero desde luego ninguno publicado ni en vigor; no hay ministerios implicados; no hay excedentes; no hay mecanismos de reasignación, que debieran estar preparados --repito-- aun cuando no hubiera excedentes.
Recordé en la Comisión y recuerdo en este Pleno que desde las filas socialistas nos engatusaron diciendo que era urgente contar con aquel bálsamo milagroso --le llamé de fierabrás el pasado día 10-- que destilaba la Ley 22/1993 porque con él se reduciría el gasto público y, por tanto, el déficit.
Pues bien, sin tiempo para reponernos de los decepcionantes resultados de la Ley 22/1993, nos encontramos con otro proyecto semejante al que nuestro grupo ha presentado una enmienda de totalidad y varias al articulado, la mayor parte de las cuales ya han sido defendidas por mis compañeros, correspondiéndome defender las relativas a los Títulos II y IV y a las disposiciones finales, transitorias y adicionales que con ellos guardan relación.


El Gobierno, señorías, se ampara en el acuerdo con los sindicatos de la función pública para justificar algunas innovaciones en materia de retribuciones, carreraadministrativa, laboralización, consolidación de empleo temporal, oferta de empleo público, etcétera, que constituyen el contenido del Título III de este proyecto de

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ley. Pues bien, tales cuestiones afectan, directa o indirectamente, al ámbito de lo que debe ser el Estatuto de la Función Pública, y tendría que ser cuando se enviase a esta Cámara el oportuno proyecto de ley cuando estas cuestiones se debatieran y legislaran.
Además, a este propósito, el Gobierno y los sindicatos adquirieron únicamente el compromiso de discutir y negociar, antes del 31 de marzo de 1995, los que podrían ser criterios o líneas básicas que sirvieran al Gobierno para elaborar el correspondiente Estatuto de la Función Pública. Por eso no es presentable ni justificable que el Gobierno, después de 12 años mareando la perdiz e incumpliendo no sólo sus promesas sino lo dispuesto en el artículo 103.3... Nos han mareado tanto, señor Caldera, que cuatro ministros seguidos tienen promesas en el «Diario de Sesiones» con fechas de envío y ninguno las ha cumplido; si eso no es marear la perdiz, dígame usted otro modo más ameno de calificarlo. Ahora se descuelgan con una serie de reformas y medidas parciales descoordinadas entre sí, fuera de un contexto que defina claramente el modelo de función pública que se busca y se necesita.
Ayer considerábamos la necesidad de reformar el sistema retributivo como uno de los motivos para acometer la elaboración del Estatuto de la Función Pública, que se revela como imprescindible para clarificar y simplificar su régimen jurídico y dotar a las administraciones de los recursos humanos idóneos para dar respuesta a las crecientes demandas sociales. Hoy añado otro motivo. Y es la necesidad de perfilar la carrera administrativa basada en los principios de mérito y capacidad, a través de un cuadro normativo estable que impida las distorsiones a que continuamente se ve sometida la organización administrativa por el procedimiento abusivo de solucionar, mediante sucesivas reorganizaciones, los problemas creados por el deficiente sistema retributivo y la inexistencia de una verdadera carrera administrativa en el seno de la función pública. Es objetivo general del Estatuto que se necesita contribuir, por tanto, a la cohesión global del sistema de administraciones públicas en el camino ya iniciado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas y del procedimientoadministrativo común en materia de Función Pública, así como homogeneizar el régimen jurídico del personal al servicio de la Administración General del Estado, tanto el destinado en los órganos centralizados como el que presta sus servicios en cualquiera de sus entes, agencias y empresas descentralizadas funcionalmente, sin perjuicio de las modalidades de contratación estrictamente derivados de la naturaleza de los fines que estos últimos tengan encomendados.
Que ante tamañas necesidades este proyecto de ley adelante soluciones parciales, como las que se reflejan en los artículos 56, 57, 58 y 59, no sólo es una chapuza; es una impertinencia. Pero es que, además, las medidas propuestas no mejoran la situación en ningún aspecto, al contrario, agravan la falta de transparencia, incrementan la discrecionalidad, no contribuyen a la necesaria moderación del gasto corriente y se alejan de los principios constitucionales de capacidad y mérito en el acceso a la función pública, imparcialidad en su ejercicio y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Son, pues, profundas y sólidas razones de procedimiento y de fondo las que justifican la enmienda de totalidad.
En cuanto a las enmiendas al articulado, las voy a agrupar, como ya hice en Comisión para un mejor debate de las mismas, en los cuatro apartados de entonces. El primero hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo. A ello se refieren las enmiendas números 210 y 222, que introducen una disposición transitoria nueva emplazando al Gobierno para que concluya todas las relaciones de puestos de trabajo antes del 31 de marzo y las publique en el «Boletín Oficial del Estado».
Ayer, al defender las enmiendas al Título III, ya tuve ocasión de referirme a los perversos resultados que el bosque espeso y maloliente de las RPT está produciendo en la Función Pública y al «Diario de Sesiones» me remito. Simplemente añadiré que la elaboración y continua revisión de las RPT, de las relaciones de puestos de trabajo, abrió la posibilidad de que puestos del mismo nivel reciban retribuciones sustancialmente diferentes - -¿o eso no es verdad?--, y ha convencido a los funcionarios de que la mejora de retribución de su puesto no depende finalmente de criterios objetivos. Por eso las oficinas públicas se han convertido en hervideros de conspiraciones con las que todo nepotismo, influencia política o sindical, agravio comparativo interno o externo tiene su asiento. El Gobierno no puede mantener «sine die», como le permite el proyecto, esta situación, que, a pesar de las continuas denuncias, sigue siendo, señorías, cada día más grave.
Dentro de este apartado, las enmiendas números 211, 212 y 213 solicitan la supresión de los artículos 57, 58 y 59 de este proyecto de ley. Las cuestiones relacionadas con la adscripción de puestos a personal funcionario laboral, la promoción interna en convocatorias independientes y la aprobación interna del Grupo D al C con posible dispensa de titulación son cuestiones de mucho interés, pero no pueden ni deben ser tratadas de forma aislada fuera del estatuto de la Función Pública que, además, según ustedes y repito otra vez, estána punto de enviar a esta Cámara. ¿Cómo se compagina esta urgencia con la promesa de un pronto envío? ¿Por qué? Además, la nueva excepción que pretenden introducir al artículo 57 supone nada menos que la infracción de un principio sentenciado por el Tribunal Constitucional, según el cual todos los puestos de la Administración pública deberían ser desempeñados por funcionarios y sólo excepcionalmente por quienes no lo fueran.


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Similares reflexiones sirven para defender la enmienda 224, que solicita la supresión de la disposición transitoria novena, que autoriza, durante el tiempo que va de 1995 a 1997, a crear plazas de carácter laboral a través de un alambicado y confuso procedimiento, cuya finalidad última sólo puede ser, una vez más, la tapadera para consolidar situaciones de algún privilegio, en claro menoscabo de los principios --otra vez-- de mérito y capacidad. ¿No les basta a ustedes con el artículo 32 de la ley de presupuestos para hacer estas chapuzas? Las enmiendas 217, 218 y 221 tienen relación con lo anterior y se refieren a los funcionarios y al personal fijo de la Administración del Estado, que deben tener, según la disposición adicional que nuestro grupo propone, preferencia absoluta para cubrir los puestos de trabajo en los entes públicos a que se refiere el artículo 6.º de la Ley General Presupuestaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya concluyendo. El señor NUÑEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor Presidente, pero tenga en cuenta que estoy defendiendo dos títulos y todas las enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Estoy colaborando en acelerar el debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia ya lo ha tenido en cuenta.


El señor NUÑEZ PEREZ: Lo agradezco mucho.
En lo tocante a retribuciones poco puedo añadir a lo que expuse ayer al defender las enmiendas al Título III. A ello me remito, en el bien entendido de que el propósito principal y la mayor preocupación es limpiar de impurezas y ambigüedades el sistema; que la transparencia y los criterios objetivos sean la base del sistema retributivo. Por eso la enmienda número 216 prohíbe que los altos cargos perciban sobresueldos y dietas por asistir a consejos de administración de las empresas públicas. Será también la enmienda 216 una enmienda inevitable al proyecto de ley de incompatibilidades que ya han enviado a esta Cámara y que permite a determinados altos cargos, más de quinientos, que sigan disfrutando de estos privilegios.
La enmienda 218 prohíbe los famosos contratos blindados, pero no de la tímida y ambigua manera que lo hace el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 1993, sino con carácter general y con efectos retroactivos. ¿Saben, señorías, sabe señor Trujillo, cuántos contratos blindados permanecen en el sector público después de que el Consejo de Ministros los prohibiera por el acuerdo a que antes he hecho referencia? Los mismos, exactamente los mismos. El tercer apartado lo hemos reservado para el problema de las jubilaciones de las cuales se ocupa la enmienda número 220 que, coherente con nuestras iniciativas anteriores, y coherente, como es lógico, con el planteamiento que ha hecho con carácter general mi compañero señor Aparicio, trata de modificar el artículo 33 de la Ley 30/1984, proponiendo un sistema de jubilaciones para todos los grupos de funcionarios basado en la voluntariedad y en la flexibilidad. Decía en Comisión que el paso del tiempo hace cada día más necesaria la modificación del artículo 33. Ahora ya no son únicamente razones de carácter intrínseco a la Función Pública las que desautorizan dicha medida, son razones puramente pragmáticas y prueba de ello han sido las rectificaciones llevadas a cabo por el propio Gobierno socialista para los docentes universitarios y para la carrera judicial. Las rectificaciones parciales han producido discriminaciones difíciles de explicar ante el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución española.
Con la enmienda que proponemos se lograrían tres objetivos principales: Primero, adecuar la Función Pública al sistema general de la Seguridad Social, donde no existen las jubilaciones obligatorias a los 65 años. Segundo, tomaríamos la iniciativa ante lo que todos los analistas pronostican, acerca de la necesidad de impulsar medidas flexibilizadoras en razón de parámetros demográficos y de financiación de las pensiones, a la que antes se refería mi compañero el señor Aparicio. Tercero, tendría efecto inmediato sobre el gasto público porque el Estado vería sustancialmente reducido el gasto corriente de retribuciones y clases pasivas.
Termino ya, señor Presidente, refiriéndome rápidamente al cuarto apartado de nuestras enmiendas al Título IV, normas de gestión y organización, al que hemos presentado las enmiendas números 214, 215, 219 y 223. De nuevo volvemos a preguntarnos, si el Gobierno va a enviar a esta Cámara, como prometió el Ministro para las Administraciones Públicas, y su Secretario de Estado hace muy pocas semanas en esta Cámara, la llamada Lofage, y traduzco: ley de organización y funcionamiento de la Administración y Gobierno del Estado; Lofage, si uno repite las siglas varias veces puede necesitar el otorrino. ¿Por qué estas aisladas y descoordinadas normas sobre organización y gestión? Si vamos a tener ese texto ¿por qué este adelanto? ¿Por qué este tráiler tan mal hecho? ¿No podíamos esperar unas semanas para debatir todo junto? Rechazaron ustedes la posibilidad que les brindaba la proposición de ley de nuestro grupo, defendida el pasado día 15 en esta Cámara por nuestro compañero señor Martín Villa, porque, según ustedes, y fue su argumento principal, tenían preparado su propio proyecto.
Esperemos que después de doce años de desidia venga a esta Cámara pero, entre tanto, repito, no deberían adelantar acontecimientos con objetivos pacatos, como los que figuran en el proyecto de ley, y con planteamientos equivocados.
El gran objetivo a alcanzar sería la elaboración de

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un diseño global de las administraciones públicas, teniendo en cuenta tres circunstancias fundamentales: primero, la crisis del sector público y la necesidad de su reforma; segundo, la necesidad de fijar la posición y competencia de la Administración del Estado, respecto de la Comunidad Europea; y, tercero, la realidad de nuestro Estado autonómico.
Las medidas que nos proponen en el título IV, ni de lejos sintonizan con estas circunstancias, ni siquiera con el último del que nace la duplicidad de servicios para prestar una misma función, con duplicidad de medios y, lo que aún es peor, con desorientación, confusionismo para funcionarios y ciudadanos.
A falta de ese marco normativo en el que concretar la organización y estructura de la Administración del Estado, el Gobierno opta una vez más, en este proyecto de ley, por la discrecionalidad más absoluta, mediante el mecanismo de amplias autorizaciones para que el Presidente del Gobierno pueda hacer de su capa un sayo. Así lo dice el artículo 72 al que nuestra enmienda número 214 se refiere. El Presidente del Gobierno, según nuestra enmienda, no debe establecer por decreto más cambios que los que se refieren a la organización interna de los ministerios. Para cambiar el número de los mismos o para introducir modificaciones que supongan aumento de gasto público tendrá que utilizar el proyecto de ley y será el Parlamento quien tenga la última palabra. Del mismo modo el artículo 33 de este proyecto dice al Gobierno que reduzca los organismos públicos, pero cuando quiera; es decir, en cualquier legislatura de éstas. El texto del artículo es bueno porque copia literalmente una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular viene presentando a los Presupuestos Generales del Estado desde 1992, pero para que sea una norma eficaz y produzca la drástica reducción de los organismos públicos inútiles, o que se hayan quedado vacíos de competencias, hay que pedirle al Gobierno que lo haga antes del 31 de enero de 1995.
Del mismo modo, y ahora ya sí que termino, señor Presidente, y en el mismo tiempo el Gobierno tiene que determinar el número de puestos con sus características y retribuciones que podrán ser desempeñados con carácter eventual dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto. Los referidos puestos serán desempeñados preferentemente por funcionarios, y excepcionalmente por personal eventual. La enmienda nuestra en concordancia con la proposición de nuestro Grupo Parlamentario Popular, a la que antes me he referido, deja los límites máximos de los asesores que puede nombrar cada Ministro o cada Secretario de Estado.
Finalmente, la enmienda número 219 se refiere a los altos cargos y puestos directivos de alto nivel. No se trata de seguir denunciando el excesivo número de los mismos (han crecido de la manera exorbitada que todos sabemos) y la falta de transparencia en relación con su sistema retributivo, pero a quienes desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario que le apoya sigan tildando de exagerada y demagógica nuestra información, les aconsejo que se dirijan a los registros de personal del Ministerio para las Administraciones Públicas, y a los datos suministrados por el Gobierno que figuran en el anexo correspondiente a la estructura orgánica del personal en la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Nuestra enmienda pretende que, dado el traspaso de competencias a las comunidades autónomas desde 1983, los Ministerios guarden una estructura de altos cargos y puestos directivos que se asemeje lo más posible en su número a la que había en aquel año cuando todas las competencias estaban residenciadas en los ministerios. Los datos actuales y los de reducción figuran claramente en la enmienda y no voy a cansar a SS.SS. describiéndoselos. No quiero, por tanto, perderme en cuantificarla, porque lo importante es el mensaje principal, y eso queda claramente reflejado en el texto de nuestras enmiendas. Para ellas pido el voto favorable de SS.SS.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, en relación con nuestras enmiendas a estos dos títulos (el III, del personal, y el IV sobre normas de organización y gestión) las del primer título podrían también resumirse de forma parecida a como se acaba de escuchar en esta tribuna. Estamos a la puertas de una norma que parece ser que el Gobierno ha asumido el compromiso por enésima vez de remitir a la Cámara - -puesto que la Ley 30/1984 se denominaba de medidas urgentes-- para regular todo lo que se refiere a los empleados públicos.
Si eso es así no tiene sentido que se introduzca en esta ley una serie de artículos que modifican en algunos casos sustancialmente lo que ha sido la normativa hasta ahora.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo sobre si los funcionarios del Grupo D que no tengan titulación pueden acceder a los niveles C, pero no discutirán SS.SS. que esta es una modificación sustancial al sistema de empleados públicos de nuestro país; por tanto, estas modificaciones tan importantes al sistema deben hacerse en un marco global, cual es el de la ley de los empleados públicos. Existe el argumento de que esto está en los acuerdos del 15 de septiembre. También están los de los niveles C al B, están otras cosas y las otras no las han puesto, supongo que porque exigen más reflexión, son unas cosas más importantes, pero, señorías,

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estoy llamando la atención de que la quiebra del sistema vigente hasta ahora exige una reflexión y es que sin titulación se pueda acceder de un grupo a otro, de un nivel a otro nivel. Hasta ahora eso era una cuestión que nadie se había atrevido a tocar en el sistema de empleados públicos de nuestro país, y digo que podemos estar de acuerdo o no, pero no tocar sólo los del grupo D. Además, señorías, de los acuerdos del 15 de septiembre se ha cogido lo que se ha querido. Tengo aquí el acuerdo número 24 que dice: Durante el período 1995-97 se impulsará el proceso de funcionarización, etcétera. Van SS.SS. al artículo 57 del proyecto, actual 59, y se dice que incluso las funciones administrativas podrán ser desempeñadas por laborales y no por funcionarios; por tanto, se está en contradicción con algunas cosas firmadas también el día 15 de septiembre. En definitiva, señorías, toda esta parte referida a los funcionarios públicos, en lo que supongan modificaciones sustanciales debería abordarse en el marco de la regulación de la ley de los empleados públicos.
Hay algunos artículos que se refieren a problemas detectados ya en otras leyes de presupuestos y planteados por diferentes grupos como, por ejemplo, los funcionarios locales docentes.
Estamos de acuerdo puesto que es una reivindicación antigua, pero hemos presentado una enmienda, la número 105, que pretende que otro colectivo de funcionarios docentes, como son los de instituciones penitenciarias, también puedan incluirse dentro de la función docente general por las distintas administraciones públicas con competencia en la materia.
Cada cinco o seis meses, creo que por enésima vez, se toca el tema de los funcionarios de habilitación nacional. Tengo que comenzar reconociendo que la aceptación en Comisión de la enmienda número 53, del Grupo Socialista, efectivamente, por lo menos ha impedido la quiebra del sistema existente hasta la fecha, puesto que nosotros habíamos advertido que con este precepto se iba a permitir que los municipios contratasen a personal no funcionario para hacer funciones reservadas a los de habilitación nacional. Y ¿por qué se iba a contratar a no funcionarios? Aunque sólo sea porque eran más baratos, argumento que he escuchado en muchas corporaciones; es mucho más barato contratar a un no funcionario que a un funcionario de habilitación nacional. Como se permitía la contratación indiscriminadamente, eso iba a ser una quiebra del principio y podía traer consecuencias nefastas. Al provocar mediante la enmienda 53, del Grupo Socialista, la intervención de la comunidad autónoma, esperamos que el desafuero no sea tan grande como era previsible. En todo caso, queríamos que esto se eliminase y se mantuviese lo que ya existe, es decir, que se pueden nombrar en determinados casos y sólo cuando falla, tanto la intervención del Ministerio para las Administraciones Públicas como la intervención de la Diputación provincial, es decir, todos los que tienen obligaciones, se pudiera ir a este tipo de contrataciones accidentales.
También estamos de acuerdo en que las relaciones de puestos de trabajo que faltan se hagan cuanto antes y que, una vez que se terminen todas, podamos establecer una evaluación de ese método, la relación de puestos de trabajo, que ya sabemos que ahora no es del gusto del ministerio, pero para poder hacernos una idea de cómo ha funcionado hasta ahora.
De las enmiendas referidas al Título IV, de gestión y organización, voy a hacer mención sólo a dos o tres. Por una parte, la número 108 pretende establecer con carácter general y en la norma, que los anexos de inversiones tengan que estar territorializados. El año pasado el Ministerio remitió a los diferentes grupos una información, que consideramos muy valiosa, de las inversiones por comunidades autónomas. Creemos que es un elemento útil que de hecho sabemos que el Grupo Socialista lo utiliza todos los años, pero sólo dicho Grupo Socialista tiene acceso a esa información. No sabemos si este año también lo tendrá el Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero, a pesar de haberla solicitado, el ministerio no ha remitido este año a los grupos las inversiones territorializadas por comunidades autónomas. Creemos que es bueno, que no cuesta dinero, salvo el papel, y puesto que la información de los dígitos de las provincias figura en los proyectos, es cuestión de utilizar la informática para sacar ese anexo de inversiones territorializadas.
Y hemos incluido algunas propuestas en el debate en estos días, como el tema de los gobernadores civiles y algunas cuestiones de este tipo. Dentro de las obras de interés general, obras hidráulicas, presentamos dos enmiendas, la 111 y la 112, una referida al pacto del agua en Aragón, para incluir tres pantanos y, otra, un canal en Cataluña, del río Segre, obras de interés general. Después hay una enmienda sobre la que me gustaría llamar la atención a SS.SS., que es la 118, respecto a los que sufrieron prisión durante la Guerra Civil y la dictadura. Señorías, este Congreso no saldó una deuda --porque ya se dijo en su momento que no era saldar ninguna deuda--, pero tuvo un gesto, puramente simbólico, puesto que, efectivamente, se trataba de indemnizar con un millón de pesetas a quienes hubieran sufrido prisión por razones políticas durante tres o más años.
Cuando se aprobó la norma ya advertimos que iba a ser insuficiente, porque había una serie de requisitos, por ejemplo, que la viuda debía tener pensión de viudedad, lo cual se quitó al siguiente año; también dijimos que debía tener los 65 años cumplidos en el momento de dictarse la norma; otro, que muchos de los afectados que sufrieron la cárcel, la prisión por razón de sus ideas, pudiera ser que ya no estuvieran en estos

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momentos vivos. Ese tema, señorías, no lo hemos resuelto a pesar de los intentos que se hicieron en los años sucesivos.
En estos momentos creemos que hay que resolver por lo menos dos de las cuestiones: una, la referencia al 31 de diciembre de 1990 debe suprimirse. Nadie entendió entonces, ni lo entiende ahora, que quienes tuvieran 65 años percibieran un millón, que es, insisto, un gesto simbólico, no es el coste, y quienes tenían sesenta y cuatro años y medio no pudiesen percibirlo. Además, esos señores o señoras que tenían sesenta y cuatro años y medio ahora tienen ya más de 65 años. ¿Qué problema hay ni para las arcas del Estado ni para nada en abrir de nuevo el período y quitar el requisito de tener cumplidos los 65 años en 1990? Señorías, ahora sí que estamos hablando del chocolate del loro; es un problema de gesto político y de sensibilidad de la Cámara, no es un problema que vaya a hundir más de lo que está a la Hacienda pública. En relación con este tema están las enmiendas números 118 y 127. Hay otra serie de enmiendas que, en aras de la brevedad, doy en estos momentos por defendidas.
Nada más. Muchas gracias.


En señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco. Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero solicitar que se dé por reproducido cuanto hemos expresado en nuestras enmiendas y que se sometan en su momento a votación. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Finalmente, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor OLARTE CULLEN: Nos ha pedido, señor Presidente, que se den por reproducidas sus enmiendas en los mismos términos que acabo de expresar en cuanto a las mías, lo cual hago muy gustosamente.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, ha vuelto usted a traernos el debate tanto del Título III como el producido hace varios días precisamente como consecuencia de la proposición de ley de organización del Gobierno y de la Administración general del Estado que su Grupo planteaba.
Señala S.S. que ese discurso suena como el bolero de Ravel. Yo creo que nos va sonando un poco más a música bakalao, pero no de la buena, porque es repetitiva. No sale, además, de los adjetivos descalificadores en general de todo lo público.
Usted ha establecido que esto es un debate falso, una chapuza, una impertinencia. Ha hablado de crisis del sector público. Yo no sé qué tipo de reflejo psicológico puede usted plantear, quizá incluso algún anhelo, con relación a lo público, pero esto no es cierto con relación a la organización de nuestra Administración.
Efectivamente, como usted señala, en breves fechas vamos a tener en la Cámara una ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado. Ya tenemos la Ley de Incompatibilidades, vendrá el estatuto de la Función Pública y eso, además, con un nivel de acuerdo importante con las organizaciones sindicales, cosa que, al parecer, a S.S. no le gusta demasiado. Probablemente sea de los aspectos que menos le gustan del debate actual sobre los empleados públicos.
Para descalificar la regulación que se pretende con relación a los empleados públicos, a la Administración pública, en los Títulos III y IV, emitía usted un juicio negativo de la Ley 22/1993, señalando que no mejora la Función pública; habla de que no hay planes de empleo, etcétera. Su señoría es consciente de que se está desarrollando. Estamos hablando de una materia de una gran complejidad. Ya me advertía que yo le iba a decir esto, pero S.S. es perfectamente consciente de que se está trabajando en la dirección adecuada en cada uno de los aspectos que regula dicho principio normativo.
Voy a procurar --ya lo intenté el otro día con su compañero el señor Martín Villa-- desmontar alguno de los argumentos que S.S. establece de manera descalificadora para el sector público, para la Administración Pública. Señor Núñez, usted está permanentemente acusando al Gobierno socialista de trato discriminatorio, de trato de favor, de conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y yo creo que el otro día le dábamos un dato bastante relevante, que es muy importanteque se sepa. En el año 1982, y usted lo sabe perfectamente, la totalidad de los ascensos, la totalidad, el cien por cien de los ascensos, era de libre designación. Y usted lo sabe perfectamente. Al día de hoy, la libre designación en los ascensos es el 2,7 por ciento de los puestos que concursan. El resto son puestos que se ocupan por procedimientos concursales en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es un dato que está ahí. Usted luego pone todos los adjetivos que quiera, pero el cambio me parece tremendo, por utilizar un calificativo tan radical como los que usted utiliza. Precisamente hemos sido nosotros los que hemos potenciado la carrera administrativa dentro de la Administración

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y pretendemos seguir potenciándola. En esa dirección van muchos artículos que usted ha señalado, que son mero reflejo de los acuerdos con las organizaciones sindicales, para promocionar internamente a los empleados públicos. Por tanto, no nos acuse de lo que no somos. El dato me parece de una evidencia que cualquier profano en la materia entendería de una manera clara. Hay aspectos que son incluso de principio.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si en el debate del otro día de la Lofage, como la llama usted, planteaban ustedes el mismo modelo que el de 1957? Una carrera administrativa que llega hasta las jefaturas de negociado, dondeno cambiaban siquiera un solo organismo, salvo elevar del rango de Dirección General al de Secretaría de Estado a la Intervención General del Estado, que no sé qué efecto práctico tiene eso, salvo incrementar, desde luego, el gasto público.
Siguiendo la precisa sistematización de sus enmiendas, que me ha parecido adecuada, voy a contestarle con mucha brevedad, a ver si no me pasa lo que en el debate anterior, aunque es muy difícil ceñirse al tiempo. Ustedes presentan enmiendas respecto a las relaciones de puestos de trabajo. Establecer en una norma legal el plazo para presentar o para tener terminadas las relaciones de puesto de trabajo usted sabe, igual que yo, que no es la vía más adecuada, y con esto contesto de paso a una enmienda similar que presentaba Izquierda Unida. Usted, además, sabe --porque conoce y solicita los datos y creo que se le remiten-- que a lo largo de 1994 se han modificado muchísimas relaciones de puestos de trabajo. En este momento, señoría, solamente queda catálogo de puestos de trabajo en el ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, la delegación del Gobierno en el monopolio de Tabaco, el Tribunal Económico-Administrativo, la Intervención General del Estado y los servicios periféricos del Ministerio de Industria. Esos son los únicos organismos o departamentos que les queda por cerrar sus catálogos de puestos de trabajo y probablemente vayan a estar cerrados en el primer semestre de 1995. Por lo tanto, no estamos ante la situación que usted pretende dibujar de una absoluta discrecionalidad y de una absoluta no regulación de lo que son los catálogos y la organización del trabajo.
Las enmiendas números 212 y 213, que usted señala como menoscabo de esos principios de mérito y capacidad y a las que creo que ya le he contestado, son meros reflejos de los acuerdos con las organizaciones sindicales. Yo pienso que ellos serán los primeros en garantizar que los empleados públicos puedan tener una promoción interna adecuada.
Vuelve S.S. a hacernos todo un canto nuevamente con los altos cargos. Sorprende, en cualquier caso, que usted confunda términos. No sabe que las indemnizaciones por razón del servico que cobran los altos cargos por responsabilidades en entidades, etcétera, no son retribuciones en los términos que usted señala, aunque le invito a que ese debate --porque me parece interesante en cualquier caso-- lo podamos tener en el foro adecuado, que puede ser la propia Ley de Incompatibilidades. Pero, señor Núñez, y por hacer números, con respecto a sus propuestas concretas, ¿sabe cuál es la diferencia entre el volumen de asesores que ustedes proponen - -quieren fijar número, además por ley; deberán ser los que hagan falta, obviamente dentro de la eficacia necesaria y la regulación actual, con la normativa vigente? 21. No son un canto al ahorro y a la bajada sustancial del déficit las propuestas que hace S.S. con relación a estos temas. Con respecto a las jubilaciones de los funcionarios en cuanto a prorrogar la edad, ya tuvimos precisamente usted y yo el debate en la proposición de su Grupo. Es un debate que no está absolutamente cerrado, pero, como le decía, partimos de un principio sustancial que nos diferencia. Usted, cuando plantea este tema, no vela por lo que son los servicios públicos que tiene que prestar la Administración al ciudadano; lo plantea como si fuera un delegado sindical de un sindicato corporativo, lo plantea como reivindicación de los empleados públicos, cuando por lo que, desde luego --y, evidentemente, teniendo en cuenta esa lógica aspiración que pueden tener algunos empleados públicos de prorrogar su vida en la Administración pública--, hay que velar es por la eficacia de los servicios públicos de la propia Administración.
Y no es cierto que se produzca un ahorro en los términos que usted plantea. Eso producirá un ahorro inmediato, un descenso en los gastos de clases pasivas. Sí, pero también mantendrá el volumen de gastos en el capítulo I, que a lo mejor disminuye si no cumplimos la tasa de reposición, porque consideramos que hay empleados públicos que no nos son necesarios o adecuamos o reorganizamos los empleados públicos que tenemos vigentes. Por lo tanto, no creemos que ese argumento que ustedes plantean esté de acuerdo con la lógica de lo que es el actual funcionamiento de la propia Administración pública. Con respecto a Izquierda Unida, efectivamente se hacen una serie de modificaciones que son importantes, significativas. No son todas las modificaciones que pretendemos para el estatuto de la Función Pública porque, evidentemente, las pretendemos hacer en esa ley, como usted bien señala, pero sí hay elementos que ya debería contemplar la propia ley de presupuestos, porque suponen una aplicación inmediata de algunos aspectos de los acuerdos con las organizaciones sindicales, que consideramos que deben ser contemplados. Igual ocurre con algunas normas de reorganización que el Grupo Popular y la propia Izquierda Unida plantean como un exceso de competencia, que son las normas

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relacionadas con la reorganización que se atribuyen al presidente. Como bien señalaba el señor Núñez, lo único que estamos recogiendo son disposiciones que ya estaban en anteriores leyes de Presupuestos. El pretende atribuirse la paternidad y la bondad de ese beneficio. Entonces, no se entiende muy bien ahora el rechazo que le provoca algo que es positivo que tengamos para la reordenación de los ministerios.
Sobre algunas enmiendas concretas que ha mencionado el portavoz de Izquierda Unida, nosotros consideramos que ya está contemplado ese tipo de personal que señala la enmienda número 105 en la disposición adicional décima de la Logse. Por lo tanto, consideramos que no es necesaria. Agradecemos que reconozca la mejora que ha introducido la enmienda número 53 de nuestro Grupo a esos cuerpos de carácter de habilitación nacional. Las RPT también pretende fijarlas por norma legal y me remito a los argumentos que le daba al propio señor Núñez.
Sobre las enmiendas al Título IV, de su enmienda 108 el punto 1 nos parece adecuada; sin embargo le tengo que decir que el punto 2 no terminamos de comprender cómo se articularía en la práctica; de ahí que estemos estudiando la parte de esa enmienda que hace referencia al anexo de inversión. Con respecto a las enmiendas que pretenden introducir obras de interés general, pensamos que no es la mecánica oportuna la que SS.SS. presentan de poner vía enmienda una obra nueva o distinta a las que ya se recogen, con independencia de que pudieran ser susceptibles de ser consideradas de interés general o no. En cualquier caso, requerirían un estudio más pormenorizado para ver si es necesaria esa consideración o no.
Sobre las enmiendas 127 y 118, en las que hacía usted mención a esas indemnizaciones por prisión, etcétera, nosotros consideramos que la enmienda 127 ya está contenida en el proyecto de ley. Por lo tanto, no es necesaria. De la enmienda 118 lo que le tiene que quedar claro a S.S. es que con la disposición adicional tercera no se pretende modificar el ámbito subjetivo previsto en la misma, en modo alguno, porque evidentemente eso sí que pudiera tener efectos sociales indeseados. No pretendemos cambiar el ámbito subjetivo y S.S., al menos en ese aspecto, podría estar tranquilo.
Con la enmienda de Coalición Canaria no estamos de acuerdo por cuanto contraviene lo acordado con las organizaciones sindicales. Sobre la enmienda del señor Chiquillo, que hace referencia también a obras de interés general, el argumento para nuestra posición contraria sería el mismo que he dado a las enmiendas de Izquierda Unida.
El Grupo Vasco (PNV) presenta toda una serie de enmiendas relacionadas con los empleados públicos, modificación del sistema de incompatibilidades, etcétera. No nos parece oportuno, aun cuando hay dos enmiendas que estamos estudiando, la 36 y la 37, y me remito básicamente a los argumentos que le señalábamos a S.S. en el debate de la Comisión. Consideramos que hay aspectos de la propia Ley 30 que son contenido básico y no se puede renunciar a él; además, establecen de manera flexible los aspectos para que las comunidades autónomas puedan regular aquellos aspectos a los que hace referencia. Me remito, por ejemplo, al tema de las retribuciones complementarias que tanta preocupación producía al señor Gatzagaetxebarría.
Tienen también una serie de enmiendas al Título IV por las que pretenden introducir, entre otras cuestiones, también obras de interés general. El argumento en este caso es que algunas de ellas forman parte de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, en cualquier caso, si figuran en ese convenio, la respuesta sería la misma que he dado a los otros dos grupos que presentan temas sobre esta materia pero, de todas formas, si están en este convenio tenga la seguridad S.S. de que cumplirán.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Trujillo, los que no salen de la descalificación por la descalificación son ustedes. Aprenda usted, en todo caso, a usar los adjetivos calificativos. Eso de que nosotros estamos en la descalificación por la descalificación se lo hemos oído a todos los portavoces que han subido a esta tribuna desde que comenzó el debate de los presupuestos y de ahí no salen, señor Trujillo.
Intentar desmontar los argumentos nuestros necesitaría desmontar las cifras que vienen en los presupuestos. Yo no voy a leerle estos dos tomos, pero sí voy a referirme a dos páginas muy ilustrativas para que no traigamos fotocopias, sino originales. A lo primero que tengo que referirme es a ese cuento de la libre designación de antes de 1982 y de después.
Aunque fuera así, que no lo era --entonces existía el concurso de méritos y la oposición--, aunque fuera así, nosotros no podíamos aplicar eso más que a 1.500 personas, ustedes a 7.300, con el sistema nuevo, ahora se lo voy a demostrar. Por tanto, no se ponga usted plumas que le van a lucir de una manera esperpéntica, las pone donde hay que ponerlas, en los datos y cifras.
La carrera administrativa no está planteada por nosotros todavía, no está en el proyecto de ley de gobierno y administración que defendimos el otro día, no está. ¿Cómo dice usted que está? Estará en el estatuto que enviemos, y se lo vamos a enviar otra vez antes de que ustedes envíen el suyo, porque la pereza les invade, o no sé qué otro vicio u otro handicap, en el funcionamiento de los ministerios.
En cuanto a las relaciones de puestos de trabajo, señor Trujillo, publíquenlas en los «Boletines Oficiales

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del Estado», no digan ustedes que las tienen o que están a punto de acabarlas, porque el artículo 15, que las regula, es del año 1984, de la Ley 30/1984, y algunas RPT, algunas relaciones de puestos de trabajo, ¿sabe cuántas modificaciones han sufrido? Hasta diecisiete. Y eso es perverso, eso destroza todo lo que es un sistema retributivo y todo lo que es una carrera administrativa, sin contar los decretos de reorganización de aquellos ministerios que no consiguen colar sus RPT o las modificaciones de las RPT. Voy a citarle tres cosas nada más. Primero, consolidación de empleo temporal; es la famosa disposición transitoria novena. La exposición o la redacción de esta transitoria se las trae, se las trae. ¿Cómo se puede hablar de consolidación? Si se ha utilizado la contratación indebidamente para puestos permanentes, la solución es muy simple, que se cumplan los contratos temporales en sus propios términos y se proceda a cubrir el puesto permanente por el procedimiento legal que corresponda.
¿Cómo a una situación tan sencilla se le da una solución tan alambicada? Hay que concluir que también aquí el Gobierno opta por la discrecionalidad, la opacidad y el trato a favor, y, si no, demuéstreme lo contrario.
En cuanto a los puestos de asesoramiento no me compare usted datos y cifras que conozco por experiencia. Los puestos de asesoramiento, en respuesta escrita del Gobierno a este Diputado, ascienden a 835. Tengo la relación Ministerio por Ministerio. 835. No diga usted lo que dice la ley porque ustedes no cumplen la ley. ¡Encima eso! ¡No cumplen la ley! (La señora Palacio del Valle-Lersundi: ¡Muy bien!) Por tanto, cuando nosotros establecemos en nuestra proposición de ley unos límites máximos para cada ministro y para secretario de Estado estamos introduciendo un criterio de austeridad en el gasto público y nuestra enmienda no hace más que ser coherente con lo que decimos en la proposición. Pero, con el máximo respeto para las personas implicadas, también resulta imposible comprender actuaciones como las llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo y por el de Exteriores en la cobertura de los puestos de consejeros laborales en las embajadas. Tal como se está haciendo últimamente, es bastante sorprendente; ahí no intervienen para nada los funcionarios y destrozan ustedes la carrera administrativa.
Y termino con la traca final. Dice usted que los altos cargos no han crecido y que no son ni muchísimo menos los que nosotros hemos dicho este año, incluso ha dicho que se han reducido con respecto al año pasado. Ahí está el «Diario de Sesiones» que puede demostrar lo que estoy diciendo. Paso a referirme a los altos cargos señalados en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a ver si dejamos esta situación aclarada, usted decía que quería un debate aparte; vamos a dejarla aclarada aquí de una vez por todas, en dos minutos se lo aclaro. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Los altos cargos a los que se refieren los presupuestos generales del Estado son, como sabe usted muy bien, subsecretarios, secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales y asimilados. ¿Sabe cuántos figuran en los presupuestos generales del Estado para 1995 en la página 351? 596, solamente para ésos. ¡Cuidado! Han crecido con respecto a 1992, que eran exactamente 588 --le cito también la página, la 382-- y han crecido con respecto a 1983, 274 más; también le doy la página del anexo de personal, que es del año 1983 y que tiene en el Gabinete de Documentación de esta Casa. Respecto a los puestos directivos, no los altos cargos --ustedes no quieren que les llamemos así--, subdirectores generales, subdirectores generales adjuntos, consejeros técnicos y asimilados: 1.720 para el primero, 1.123 para los segundos, 8.783 para los terceros; en total, 6.626, más los 596, hacen un total de 7.222; 5.400 más que en 1983.
Le he hecho las cuentas, pero no se las volveré a hacer, compruébelas usted mismo en casa, en el Ministerio de Administraciones Públicas o aquí, en el Gabinete de Documentación. Sí quiero decirle, porque su argumentación no resiste el menor análisis y la ha repetido tres veces ya, que no mezcle en esta guerra a los diplomáticos, a los abogados del Estado, a los inspectores de trabajo, etcétera.
En 1983 --señor Trujillo, atienda que le interesa--, los altos cargos y puestos de alto nivel apenas pasaban, repito, de los 1.500; los abogados del Estado eran más o menos los mismos que hay hoy; los inspectores de trabajo eran más o menos los mismos que hay hoy; los diplomáticos eran más o menos los mismos que hay hoy. Por lo tanto, la reducción que proponemos no supone en absoluto que reduciremos el Cuerpo de abogados del Estado u otros cuerpos superiores de la Administración.
Eso es una falacia, eso es una insidia que ustedes han lanzado como un bote de humo para destrozar nuestro plan de austeridad en la Administración. Por lo tanto, no vuelvan a utilizar ese espantajo de la expulsión de los funcionarios para rechazar nuestra enmienda. Lo que propone es mucho más fácil y concreto, suprimir direcciones generales, subdirecciones generales, subdirecciones generales adjuntas, lo cual no significa sólo ahorrar sueldos, como usted dice --en muchos casos así será--; el ahorro viene dado por las cantidades más sustanciosas, como son gastos de representación, viviendas y despachos, coches, asesores y otro personal eventual.
¿Lo entiende usted ahora? Yo creo que lo han entendido desde el primer momento, usted, el Ministro, el Presidente del Gobierno y todo el Gobierno en pleno, lo que pasa es que les cuesta reconocer tan monumental derroche, les cuesta mucho trabajo dar su brazo a

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torcer. Reconozcan que tenemos razón, acepten nuestras enmiendas y las cosas empezarán a marchar mejor.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos del 15 de septiembre, se pueden no cumplir, cumplirlos o cumplirlos en parte, como se hizo con acuerdos anteriores. Se ha optado por incluir en este proyecto de ley algunos elementos parciales. Lo que ocurre es que el argumento de que los elementos parciales puedan estar en vigor de forma inmediata antes del también inmediato proyecto de ley de los empleados públicos no se sostiene. No va a dar tiempo a que se pongan en práctica las medidas, que son muy importantes en cuanto he señalado que quiebran el sistema general actualmente vigente. Yo no sé si va a haber muchos procesos de promoción interna de funcionarios del grupo D al grupo C. Creo que no es posible si el Gobierno mantiene su promesa de remitir a la Cámara de forma inmediata el estatuto de los empleados públicos. Al trocear, se da una serie de giros que creo que son graves. He señalado la funcionarización. El Gobierno ha firmado con los sindicatos incrementar la funcionarización.
¿Qué sentido tiene modificar ahora de nuevo el artículo 15, que ya llevó consigo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre qué funciones deben desempeñar funcionarios públicos y qué funciones de la Administración pueden ejercer los laborales en todo ese debate?

Ahora ustedes han incluido la coletilla de que se puedan laboralizar las funciones administrativas. Eso es abrir otra vez el melón de un debate cuyo sitio oportuno será el marco general del estatuto de los empleados públicos. Eso puede tener graves perjuicios. ¿Qué prisa hay, salvo que se esté reconociendo que el Gobierno no va a cumplir los plazos y que no vamos a tener estatuto de los empleados públicos? Si lo vamos a tener de forma tan inmediata, estos quiebros tan importantes del sistema actualmente vigente, como es el de que sin titulación suficiente se pueda pasar de grupo, como es el de laboralizar funciones administrativas, etcétera, ¿qué sentido tiene incluirlos en la ley? Sobre la declaración de interés general, le quiero advertir a S.S. una cosa. El Grupo Socialista tuvo hace unas semanas en el Senado un pequeño problema y es que el Grupo Popular proponía la declaración de interés general del pantano de Lechago, que es un pantano a construir en Aragón. Parece ser que el Grupo Socialista votó en contra de la declaración de interés general y ahora ha pedido que se repita la votación, que se haga un nuevo trámite, porque están de acuerdo con la declaración de interés general. Yo les ofrecía a SS.SS. la posibilidad de incluirlo en esta ley, puesto que se declaran de interés general una serie de obras: las depuraciones de Logroño, y de otra serie de poblaciones. Su señoría, por segunda vez, ha rechazado esta posibilidad de resolver un planteamiento, que yo creía que estaba aceptado por todos los grupos, de que el pantano de Lechago se declare de interés general.
En cuanto a los que sufrieron prisión no estamos planteando un cambio del ámbito subjetivo. También nosotros discutimos en su día el que o se tenían tres años de prisión o no se tenía derecho a ningún tipo de indemnización. Lo discutimos porque nos parecía tremendamente injusto que alguien teniendo dos años y nueve meses --se dieron muchos supuestos-- no tuviera derecho a nada y alquien teniendo justo tres años sí que tuviese derecho a un millón de pesetas. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo una cosa que nos parece razonable. Hay una decisión del Parlamento de que para tener estos beneficios es necesario tener cumplidos, a 31 de diciembre de 1990, 65 años. Todo el mundo en ese momento se dio cuenta de que eso era tremendamente injusto. Es perfectamente válido en cuanto a decisión legislativa y política, pero es tremendamente injusto porque a personas que habían sido compañeros de cárcel, compañeros de trinchera, uno con 64 años y otro con 65 recién cumplidos, a uno se le daba un millón y a otro, no. Es un problema humano. He dicho que no es un problema económico, de la Hacienda. He dicho que es un problema humano, de los vecinos que se sientan en el mismo banco a tomar el sol todos los días, ése es el problema humano, y ahora han cumplido ya los 65 años, porque entonces tenían 64 o 63 o 62. Señorías, lo que estamos diciendo es que se quite el requisito de que, a 31 de diciembre de 1990, tuviesen 65 años; que conforme vayan cumpliendo los 65 años, si ustedes quieren, se vayan obteniendo el beneficio, pero que se quite ese requisito de tener los años a esa fecha. Esto no es buscar efectos sociales no queridos. No estamos quitando el requisito de los tres años --yo creo que S.S. y yo nos entendemos--, sino que sea para quienes vayan cumpliendo 65 años.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto en primer lugar al señor Núñez.
Señor Núñez, yo no creo que haya hecho ninguna intervención repetitiva en los términos en que lo han hecho los compañeros de mi Grupo en otros aspectos relacionados con este debate.
Simplemente me he limitado

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a contestar en los términos en que usted ha expresado aquello que consideraba más oportuno y precisamente usted ha utilizado unos adjetivos bastante descalificatorios de la actuación del sector público. Ha hablado hasta de crisis del sector público.
¿En qué está en crisis el sector público, señor Núñez? ¿La Seguridad Social española está en crisis? ¿La gestión de la Seguridad Social, si somos el país de la Unión Europea que mejor gestiona y a menor costo la Seguridad Social? ¿En eso estamos en crisis, por ponerle un ejemplo, señor Núñez? Nosotros no estamos de acuerdo con esas aseveraciones que probablemente vienen de la visión de que a ustedes lo público no termina de hacerles mucha gracia. Desde luego, no es cierto; no sería correcta una afirmación --y usted lo sabe--de esa naturaleza. Creo que S.S. no quería decir eso en esos términos por cuanto luego es un defensor --al menos a mí me consta en lo que le conozco-- de lo público y de los propios empleados públicos. ¿Cuestiona usted, cuando dice eso, el trabajo de todos los empleados públicos españoles? Entonces no se entienden afirmaciones de esa naturaleza.
Usted sabe perfectamente, y hemos tenido ocasión de debatir estos aspectos en distintas ocasiones, que si algo me caracteriza es analizar con el máximo rigor sus propuestas y, precisamente por ello, darle las contrapropuestas que le podemos ofrecer desde nuestro Grupo manifestado el rechazo de las suyas. Vamos a aclarar algunos asuntos relacionados con los números porque, como usted bien sabe, yo soy más hombre de números que de letras y, por lo tanto, me muevo en un terreno que me gusta y creo dominar algo, solamente algo. Me alegra que usted haya señalado por primera vez --no lo decía así su compañero, el señor Martín Villa-- que son 596 los altos cargos que tiene la Administración General del Estado. Usted ha dado el dato de que, en el año 1982, eran 1.500. Luego hace una suma y eleva a 7.300 los actuales altos cargos. Y dice: los 596 altos cargos más todos aquellos --e incluso usted lo ha reconocido por primera vez, señor Núñez; se lo decía yo al señor Martín Villa hace una semana escasamente-- que pertenecen a los niveles 30, 29 y 28. En esa cuenta usted está sumando todos los niveles 30, 29 y 28, y usted sabe que hay puestos que por su propia naturaleza conllevan ese nivel y no tienen estructura administrativa alguna. Por eso le preguntaba al señor Martín Villa en el debate pasado si lo que estaban solicitando es que se suprimieran puestos que conllevan de por sí esos niveles, sean los diplomáticos, sean los catedráticos, sean los inspectores de finanzas del Estado, sean los de Trabajo. Habría que descontar esos puestos de esa suma de seis mil y pico para saber qué puestos que conllevan estructura administrativa detrás son de nivel 30, 29 y 28. Me ha alegrado crearle la duda, porque la duda en usted es síntoma de darme la razón, con respecto al sistema de ascensos del año 1982.
Usted sabe perfectamente que el cien por cien de los ascensos eran de libre designación en el año 1982 y al día de hoy son el 2,7, señor Núñez. Por lo tanto, no puede decir que estamos atentando contra el principio de igualdad de mérito, capacidad, etcétera, y que estamos en contra de la promoción interna. Precisamente por eso los sindicatos han avalado nuestras propuestas. Yo creo que ése es uno de los elementos - -ya se lo decía-- que a S.S. no le terminaba de agradar con respecto a este proyecto de ley que estamos discutiendo. Las relaciones de puestos de trabajo sufren modificaciones. Es obvio, señor Núñez. La prestación de los servicios públicos es algo vivo y se introducen mejoras, cambios y, por lo tanto, hay que adaptarse. No puede haber algo absolutamente estático.
Ese es el modelo que ustedes planteaban en la proposición de ley del otro día. ¡Claro que no regulaban la carrera administrativa! La prefiguraban estableciendo que hasta el nivel de negociado tenía que regularse de una determinada manera. Eso va en contra de cualquier principio de flexibilidad --ya lo decía en el debate anterior-- de la gestión de los recursos humanos.


El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, le ruego que concluya.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Voy concluyendo, señor Presidente.
Usted me había pedido que le escuchara. Anteriormente quien no me escuchó fue usted, señor Núñez, y ahora sigue sin hacerlo.
En cualquier caso, de ahí se desprende que usted haya planteado el debate de los altos cargos cuando yo le señalaba que con la Ley de incompatibilidades podíamos discutir las retribuciones de los altos cargos. Como no me escuchó, obviamente, planteó un debate que no era el que yo estaba señalando.
Con respecto al portavoz de Izquierda Unida quiero mencionar brevemente tres cuestiones. Los aspectos que el propio Gobierno ha considerado necesario introducir --y el Grupo lo apoya-- en este proyecto de ley son aquellos cuya aplicación y desarrollo pueden tener una traslación de una cierta inmediatez en el tiempo. Sí le voy a decir (y no quisiera que tergiversara mis palabras) que el Estatuto de la Función pública no es la Lofage, que el Gobierno se ha comprometido a presentarlo en la Cámara a través de una moción aprobada en estas Cortes, antes del 20 de diciembre. Se pretende que el Estatuto de la Función pública --según palabras del Ministro para las Administraciones Públicas y el propio Secretario de Estado-- venga en el período de sesiones posterior al inicio del próximo año, y probablemente antes del verano, pero no es la inmediatez de la que estamos hablando de la Lofage.


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Con respecto a las obras de interés general, quiero remitirme a lo que le señalaba. Lo que yo le explicaba sobre la prisión era que el requisito de las personas que, fuera del plazo, no pudieron presentar la solicitud de indemnización, ya lo recogía la ley y, por tanto, en esa enmienda estamos de acuerdo. Y con respecto a la otra enmienda por la que ustedes pretenden ampliar el ámbito de aplicación, lo que yo le señalaba era que la disposición adicional tercera no cambia para nada el ámbito subjetivo. Nosotros pensamos que eso debería conllevar un análisis más sereno porque podría tener efectos sociales perjudiciales. No es una posición contrariamente radical, sino que no compartimos el razonamiento que ustedes hacen por los motivos aludidos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.


--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (Continuación)

¡¡¡OJO!!! LADILLO

Sección 08

Concluido el debate del dictamen del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, pasamos al debate de las secciones. Habiéndose defendido las enmiendas a las Secciones 06 y 07, pasamos a las enmiendas a la Sección 08.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
A la Sección 08, relativa al Consejo General del Poder Judicial, tenemos las enmiendas números 326, 327 y 389. Las enmiendas 326 y 327 proponen la creación de un nuevo gasto con las correspondientes contrapartidas en la modificación en lo que se refiere a las indemnizaciones por razón de servicio.
Señor Presidente, lo que nosotros estamos pidiendo es que el Poder Judicial español se adecue al Estado autonómico, que el Consejo General del Poder Judicial cumpla con la responsabilidad constitucional y política que tiene asignada.
A nosotros nos ha llamado la atención, señor Presidente, el que hace dos semanas hayamos recibido una contestación oficial del Presidente del Consejo General del Poder Judicial que decía que, en todos los años de historia de la vigencia de este organismo constitucional, en ningún caso se ha tenido en cuenta, a la hora de la cobertura de plazas de jueces y magistrados en las comunidades autónomas con lengua oficial distinta del castellano, el cómputo del meritaje del conocimiento de estas lenguas o del Derecho civil vigente en las mismas. Ello suscitó que nuestro Grupo Parlamentario interpelara oralmente en este Pleno al Ministro de Justicia quien reconoció --ahora como Ministro de Justicia, y como anterior miembro del Consejo General del Poder Judicial-- que este órgano estaba incurriendo en una responsabilidad política. Nosotros nos hemos dirigido a las más altas instancias del Consejo General del Poder Judicial sobre esta cuestión y lo que estamos solicitando es la adecuación de la actuación del Consejo General del Poder Judicial al Estado autonómico, en definitiva, a la legalidad constitucional y estatutaria, porque el órgano que tiene que ser responsable del cumplimiento de la legalidad vigente y que lleva el Gobierno del Poder Judicial no está en este caso adaptándose a la legalidad constitucional y estatutaria.
Señor Presidente, nosotros, para colaborar en ese cumplimiento, hemos presentado una enmienda con la cual pretendemos que, dentro de los indicadores de actividades del Consejo General del Poder Judicial que se contemplan en uno de los anexos del presupuesto correspondiente al Consejo, se cree el objetivo de formación de los jueces y magistrados en estas lenguas cuyo conocimiento se computa como mérito en la cobertura de plazas y vacantes. Pedimos la creación de una partida de 20 millones de pesetas para formar a jueces y magistrados en catalán, en gallego y en euskera, porque hasta ahora, como ha reconocido el propio Presidente del Consejo General del Poder Judicial, no se está cumpliendo con la legalidad vigente. Es voluntad del Consejo, que así nos lo ha manifestado, cumplir y adecuar su quehacer público a la legalidad constitucional y estatutaria. Ha habido un reconocimiento implícito de una responsabilidad política y, por ello, señor Presidente, nosotros, teniendo confianza en esas manifestaciones efectuadas por altas instancias del Consejo General del Poder Judicial, hemos presentado esta enmienda, en aras a coadyuvar a esa voluntad política que se ha expresado por los responsables del organismo constitucional. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Mantuvimos en la Comisión esta enmienda, en la que proponemos que, transfiriendo la cantidad que señalamos en la misma y que en los Presupuestos Generales del Estado se prevé para la antigua Escuela Judicial, hoy Centro de Estudios de la Administración de Justicia, se dote una partida para la puesta en marcha precisamente de ese centro de selección y formación de jueces y magistrados, que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la Ley Orgánica recientemente aprobada por esta Cámara señala como uno de los objetivos nuevos, como uno de los principales

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pivotes en los cuales descansaba esa reforma. Se nos dijo en la Comisión, por parte del Grupo que sostiene al Gobierno, que en el anteproyecto de presupuesto del Consejo General del Poder Judicial no se hacía ninguna propuesta en ese sentido, pero yo creo que cuando uno analiza un anteproyecto, un proyecto o una propuesta, tiene que tener en cuenta el momento histórico en que se produjo, y ese anteproyecto que el Consejo General del Poder Judicial remitió a las Cortes Generales para su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado, previo debate en estas Cámaras, naturalmente no podía adelantar circunstancias que solamente podían tener un respaldo legal desde el momento en que la ley hubiera sido reformada y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Ese acontecimiento ya ha sucedido y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial entrará en vigor, con arreglo a las previsiones al respecto, en el próximo mes de diciembre.
Señoras y señores Diputados, las soluciones legislativas o son buenas o no lo son. Si son buenas y además estamos ante una de las que ha merecido el apoyo de todos los grupos de la Cámara, es porque es buena cuanto antes. No parece oportuno esperar a 1996 para que esa previsión legislativa de la puesta en funcionamiento del centro de formación de jueces y magistrados tenga lugar, lo que irremediablemente ocurrirá si en los Presupuestos para 1995 no hay ninguna previsión presupuestaria al respecto.
Se dijo en el debate presupuestario (lo dijo el Ministro de Justicia e Interior en la comparecencia que el pasado martes tuvo en la Comisión, a petición propia y de varios grupos de la Cámara, entre otros, el nuestro) que es bueno que todos los grupos parlamentarios participen en las inquietudes básicas de un mejoramiento de las administraciones públicas, y yo añado, también de los órganos constitucionales. Se ha insistido en una cierta jactancia de las mejoras que ha supuesto esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y nosotros, después de pensarlo una y otra vez, llegamos a la conclusión de que, si la receta es mejor que lo que había, si la solución es mejor que la que había, no entendemos por qué hay que esperar a 1996.
Yo creo que hay que añadir una cosa más. Cuando la ley se que se promulga, la ley que entra en vigor, la ley que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», la ley que desde ese momento obliga a todos los poderes públicos, pretende que se produzca un tiempo en el que no despliegue sus efectos, la técnica legislativa correcta, como SS.SS. saben muy bien, sería la de una disposición transitoria que hubiera establecido que esa previsión, que en este momento ya es una norma --como digo y repito porque creo que hay que poner énfasis en ello--, obliga a todos los poderes públicos y no tiene por qué esperar a 1996. Estamos todavía en el mes de noviembre de 1994 y, como quiera que la ley no tiene ninguna disposición transitoria, que se pudo introducir pero que no se ha metido, esa postura, sean cuales sean las justificaciones dialécticas que se quieran buscar, únicamente responde a una cierta insumisión al mandato de la ley.
Como nos encontramos en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, nuestro Grupo ha propuesto la incorporación de esa enmienda y hemos de pensar que si esa previsión presupuestaria no se incorpora hasta 1996 los efectos de la ley no van a empezar a producir lo que la ley quería hasta 1997, nos parece de una coherencia legislativa, política e institucional incontestable que se proceda a recoger al menos el espíritu de la enmienda --tampoco hacemos cuestión de la cuantía que nosotros habíamos propuesto-- para que se empiecen a producir esos efectos que la ley quería.
Yo les podría añadir un dato. El actual Ministro de Justicia e Interior, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial y responsable en él del área de formación, ya había buscado el lugar que entendía que físicamente podía ser idóneo para que en él se pudiera instalar este centro de formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados. Si no recuerdo mal, incluso se habían hecho algunas visitas a un edificio, que es el del Patrimonio del Estado, y en el que se encontraba hasta hace algún tiempo el Tribunal de Defensa de la Competencia. Si esperamos para 1996 las reformas necesarias para la puesta en marcha de ese edificio y el acondicionamiento preciso, significará que esta previsión de la ley no empezará a ser una realidad práctica, una realidad viva hasta 1997, y nosotros creemos que en política hay que ser coherente. Si todos hemos estado de acuerdo en que había que transferir al Consejo General del Poder Judicial la competencia de selección y eso necesitaba un centro, la solución es buena o es mala, se comparte o no se comparte. Ustedes dicen que nosotros generalmente hacemos pocas propuestas positivas; naturalmente es su opinión y los argumentos suelen ser bastante peregrinos para mantenerlo. Aquí tienen ustedes una propuesta que nosotros, haciendo un examen de la misma y reflexionando sobre ella --y por eso la hemos traído al Pleno--, cremos que es bsolutamente sensata. Y no solamente sensata, sino que es sencillamente el cumplimiento de la ley. Nosotros como Poder Legislativo, que tenemos esta responsabilidad de confeccionar el Presupuesto que permita que la Administración y los órganos constitucionales funcionen, estamos obligados a contemplarla desde ahora, desde el momento en que esa ley entra en vigor. Y no encontramos que ninguno de los argumentos que ustedes han dado para no sé qué prácticas dilatorias y retardatarias al respecto produzcan en el fondo una cierta insumisión del legislador en este trámite presupuestario a la ley, tengan una justificación razonable.
Por ello insistimos en que entendemos que eso es lo que la ley ha establecido, eso es en lo que ustedes y el

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Gobierno han insistido en que era algo muy positivo, han puesto mucho énfasis en el logro de ese impulso que suponía la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, han puesto un especial acento en que esto era algo emblemático.
Nosotros añadimos --como todos los grupos de la Cámara venimos pidiendo desde hace tiempo-- que esto viene del principio del mandato de este Consejo General del Poder Judicial. En la comparecencia de 1991, todos los grupos de la Cámara, menos ustedes y el propio Consejo, pusieron de relieve la oportunidad, la conveniencia de que fuera el Consejo el que asumiera la competencia de selección y quien, en definitiva, configurara una articulación nueva, coherente, que asegurara una mejor formación de los jueces y magistrados. Creo que se debe apoyar esta enmienda. Vuelvo a repetir que no hacemos cuestión de la cuantía. Queremos sólo que la previsión presupuestaria determine la acción de gobierno del Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha ese centro y que pudiera iniciar sus actividades a finales de 1995. Todo lo demás, respetando las apariencias, nos lleva a la conclusión de que las intenciones de inmediatez no existen en este caso.
Quiero terminar diciendo que todos sabemos que una organización de esta naturaleza no se improvisa. De manera que la opción es muy clara. O en 1995 se han ultimado los medios necesarios para poner en marcha este centro o este centro estará en 1996. El tiempo, señoras y señores Diputados, es nuestro principal enemigo, es un enemigo implacable.
Entendemos que el tiempo en política tiene una especial significación. Cuando la voluntad política es decidida, cuando una decisión política traducida en la ley es positiva, no hay excusa para buscar dilaciones que únicamente impiden esos efectos beneficiosos que la ley quiere propiciar. Ustedes elegirán si prefieren lo que de alguna manera era más pernicioso, es decir, que la situación actual se prolongue, o, por el contrario, prefieren que efectivamente la ley produzca sus efectos cuanto antes. La ley buena debe tener efectos inmediatos. Eso es lo que nosotros proponemos con nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar brevemente la posición de nuestro grupo en relación con las dos enmiendas, la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y la del Partido Popular, que han sido defendidas.
En cuanto a la enmienda que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señor Gatzagaetxebarría, tendente a crear una partida en la Sección 08, programa 141.C, sobre cursos de idiomas oficiales del Estado para que, en la tarea de selección y formación de jueces y magistrados se visualice el objetivo específico de formar también en las lenguas españolas distintas del castellano, aparte de adelantarle que vamos a aceptar la enmienda con una pequeña transacción, quisiera hacer una pequeña reflexión. Una reflexión al hilo y en ampliación de lo que ya fue el debate en Comisión sobre esta cuestión. El Consejo General del Poder Judicial viene ya desarrollando una tarea de formación de jueces y magistrados también en los idiomas españoles distintos del castellano. Lo viene haciendo a través de convenios con las comunidades autónomas en la que existen dos lenguas oficiales, no sólo en la Comunidad Autónoma vasca, sino también en la catalana, en la gallega, incluso, a través de programas de formación específicos, en el País Valenciano y en Baleares. Debo decir que por la información que tengo, absolutamente rigurosa, en esos programas se suscriben convenios cuya financiación está siendo llevada a cabo, al 50 por ciento, por ambas instituciones, es decir, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. Por tanto, se están haciendo esos trabajos de aprendizaje o de ampliación de idiomas, pero no sólo de la lengua vasca o de la lengua catalana, sino también programas específicos de análisis del lenguaje jurídico gallego, del lenguaje jurídico catalán. Ahora bien, lo que mi Grupo comparte con usted es la necesidad de visualizar de manera clara, de manera expresa, que esa tarea es un mandato que el Parlamento, como representante de la soberanía popular, le da al Consejo General del Poder Judicial. Creemos que debe hacer esta tarea y, en ese sentido, vamos a aceptar la enmienda --de 20 millones de pesetas--, con el único matiz de que la minoración no se produzca en la partida 230 del mismo programa 141.C, de indemnizaciones por razones de servicio, sino que se produzca en la partida 22. Usted pretende crear un tercer dígito. Si no recuerdo mal, la partida 22 tiene algunas subpartidas. Nosotros proponemos que sea de la partida matriz 22, que es de donde están saliendo ya los fondos para esos cursos de idiomas oficiales del Estado distintos del castellano, de donde salgan los fondos para alimentar la partida 22.6 que usted nos propone y que nosotros aceptamos.
En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que propone una partida nueva de 100 millones de pesetas, en el año 1996, para el funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales, yo me veo obligado a repetir aquí, como ha hecho S.S., los argumentos que expuse en nombre de mi Grupo en la Comisión de Presupuestos hace unos días. En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la reforma que acaba de ser aprobada por las Cortes Generales, atribuye

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al Consejo General las funciones de selección y formación de jueces y magistrados, y en ese sentido crea un centro de estudios judiciales nuevo cuya atribución orgánica y funcional se residencia en el Consejo General del Poder Judicial. Esas competencias ya están atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurre es que no se traducen necesariamente en el tiempo en dotaciones presupuestarias inmediatas, como S.S. conoce bien. El Consejo General ha anunciado el día 8 de noviembre pasado (hace escasamente trece o catorce días compareció ante la Comisión de Justicia e Interior don Pascual Sala, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, para exponer la memoria del Consejo del año 1993 y lo dijo con claridad) que está ejerciendo sus competencias, y va a convocar a principios de 1995 la primera oposición o el primer concurso-oposición --no sé exactamente en qué términos-- para plazas de jueces y magistrados que convoca el Consejo; por tanto, se va a desarrollar a lo largo de 1995. A lo largo de ese año el Consejo va a dar los primeros pasos para la constitución del nuevo centro de estudios judiciales. Dijo su Presidente ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que iban a aprobar su reglamento, a nombrar sus directores, a establecer las líneas básicas de funcionamiento, y que para ello las dotaciones del proyecto de presupuestos eran suficientes, que no se necesitaba una dotación superior.
Dijo textualmente que el nuevo centro, al cual acudirá como primera promoción esa que va a salir de la primera convocatoria que va a hacer el Consejo General del Poder Judicial, comenzará a funcionar en abril de 1996. Por tanto, será en el ejercicio presupuestario de 1996 donde tendremos que hacer una dotación específica, singular, para formación, como ya se hace este año a través de un programa específico y singular, dentro de la Sección 08 del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, no es que no se cumpla la ley. La ley se cumple, pero tiene su ritmo, su propio tempus de funcionamiento, de puesta en vigor. El Centro de Estudios Judiciales no empieza a impartir enseñanzas al día siguiente, sino que el mandato de selección y formación, que sí empieza a depender del Consejo General del Poder Judicial, no se va a traducir en un centro con paredes, con aulas y profesores, un centro específico, hasta dentro de un año, porque tiene una serie de trámites previos que S.S. conoce bien. Y dijo más el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que las tareas de formación de los actuales jueces y magistrados que requieran un centro se van a desarrollar, a lo largo de 1995, a través de un concierto con el actual centro que depende del Ministerio de Justicia e Interior. Por consiguiente, no se deja de cumplir la ley, sino que, cumpliéndola, cree mi Grupo que no hay necesidad de una dotación específica para el año 1995, sino que con las dotaciones genéricas está suficientemente cubierto y que, desde luego --comparte la inquietud y la sensibilidad de S.S.--, para el año 1996 tiene que estar ya el Centro de Estudios Judiciales funcionando a ritmo completo, y en ese presupuesto sí habrá que dotarlo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Rocha.
El señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista la aceptación de nuestra enmienda 326, que coadyuva a poner en marcha mecanismos dirigidos a que el Consejo General del Poder Judicial asuma la responsabilidad política que el señor Ministro de Justicia e Interior indicó en esta Cámaa, en sesión celebrada hace tres semanas, de adecuación de su actuación pública a la legalidad estatutaria, a la legalidad constitucional y, en definitiva, a los regímenes de cooficialidad vigentes en Comunidades Autónomas. Como digo, nos congratulamos de la posición que ha adoptado el Grupo Parlamentario Socialista y no tenemos más que reiterar que esperamos que siga ese talante que ha mostrado el Grupo Socialista, en la última fijación de posición, en relación a las enmiendas de este grupo. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Lleva usted razón, señor De la Rocha, en que ustedes tienen un gran conocimiento de los ritmos, y sus ritmos no suelen coincidir con los nuestros. Son unos ritmos de pérdida de tiempo histórico. Sabe usted, tan bien como yo, que la Ley Orgánica de 1985 modificó las competencias del Consejo, sustrayéndole esa de selección de jueces que tenía atribuida por la Ley Orgánica que lo creó en 1980, y que 11 años después de la promulgación de esa ley se vuelve a la receta original.
O sea, que van ustedes perdiendo ritmos de 10 años y nosotros, queríamos al menos recuperar uno.
Ha definido usted muy bien lo que se puede hacer con los presupuestos respecto de la orientación de determinadas decisiones de un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial. Ha explicado usted muy bien, porque conoce perfectamente el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, que para formación ya se encontraba en el presupuesto una previsión para las otras lenguas españolas. A nosotros nos parece muy bien que esa previsión, que se encontraba englobada en el concepto general de formación, quede ahora especificada, tal y como propone el Grupo

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Parlamentario Vasco (PNV), en una partida singularizada que contenga, como usted ha dicho muy bien, un cierto mandato al Consejo para que en el desarrollo de la política de gobierno del Poder Judicial de alguna manera ponga un especial énfasis, si no lo hubiera puesto ya, en el reforzamiento de esa previsión y de esa competencia. Nosotros queríamos que el mismo explícito mandato fuera también para que en 1995 el Consejo reforzara su agilidad y su concentración de esfuerzo para poner en marcha en 1996, no con módulos de concierto sino con los módulos de una competencia propia, ese centro de jueces y magistrados. Dígame usted por qué no se puede hacer en 1995 lo que está reconociendo que hay que hacer en 1996. Si me lo explica se lo agradeceré. No obstante sí le digo una cosa, que eso es un mandato expreso de la ley. Le vuelvo a repetir que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial estaba dando cuenta de una memoria y de una relación de necesidades confeccionada antes de que esa ley fuera una norma imperativa; él venía a dar cuenta de esa memoria. Y le he de decir también que en el curso de esa comparecencia no se planteó este debate porque, si se hubiera planteado, a lo mejor el propio Presidente habría contestado de otra manera.
En cualquier caso, la ley dice lo que dice. Ustedes dicen que se haga en 1996 y nosotros, para que se haga en 1996, queremos que se comience ese trabajo en 1995. En ese sentido queremos ser absolutamente coherentes con la ley que hemos contribuido a aprobar.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego, concluya.


El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
Ustedes nos hablan muchas veces de que hay que pactar.
Nosotros entendemos que esta es la mejor solución, pero ustedes siempre deciden pactar con unos y no con otros.
Nosotros, naturalmente, tomamos nota de ello.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, muy brevemente voy a contestar a la última intervención del señor Padilla. En efecto, las leyes tienen sus ritmos de estudio, de aprobación y de aplicación, y en una materia como la de justicia esos ritmos tienen que estar dotados, tienen que estar insuflados de una cierta prudencia, no de una aceleración que pueda ser perjudicial. Señor Padilla, en el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial para el año 1995 que probablemente usted conoce mejor que yo porque ha sido un notorio miembro de dicho Consejo y se lo reconozco, se introduce el programa 141.C, de formación de jueces y magistrados, que no estaba en 1994; y se ha introducido no sólo porque el Consejo ya venía haciendo una tarea de ese tipo, sino porque en la reforma que el Congreso y el Senado han aprobado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha potenciado esa tarea. Y el Consejo al preparar el anteproyecto de presupuestos --usted sabe que es el Consejo quien lo prepara--, conociendo una ley que estaba ya en marcha aunque no estuviera aprobada del todo, conociendo el contenido de la ley, el ritmo de la misma y calendario de aprobación de la ley, ha previsto ya ese programa. Y conociendo también esta otra faceta --no se trata de que el Presidente del Consejo del Poder Judicial no supiera, al venir a la Comisión de Justicia e Interior, si se iba a aprobar la ley, lo sabía perfectamente--, precisamente porque lo conocía lo que ha hecho es establecer su propio calendario. Según ese calendario, usted sabe bien que, en el año 1995, se van a iniciar las tareas de selección, se van a potenciar las tareas de formación y se van a iniciar los primeros trámites para constituir el Centro de Estudios Judiciales dependiente del Consejo, pero no van a necesitar una visualización presupuestaria hasta el año 1996. Si eso es así, ¿qué necesidad tenemos de incrementar el gasto en esta sección para generar más déficit? Probablemente ninguna. Como yo creo que usted comparte este criterio, el puro aspecto estético de que pongamos un epígrafe distinto de otro, sin un objetivo político claro, como puede ser la enmienda que nos ha planteado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, mi grupo cree que no debe aceptar su enmienda, aun entendiendo los objetivos que usted plantea, aun entendiendo la sensibilidad de la que usted parte; objetivos y sensibilidad que nosotros compartimos, pero que no nos llevan a aceptar su enmienda sino a decirle que en el año 1996, sin duda, ese centro tendrá su visualización, su expresión en el programa. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.


¡ÇOjÇO!, LADILLO

Sección 12

Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la máxima brevedad y por cortesía parlamentaria voy a presentar la Sección 12, correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores, en los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Como SS.SS. habrán podido comprobar, la Sección 12 en estos presupuestos tiene un incremento importante, un incremento del 13 por ciento, y el tener un crecimiento muy por encima de la media del gasto público pone de manifiesto que la sección correspondiente se convierte,

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en el ejercicio de este año, en una prioridad del Gobierno.
El objetivo fundamental al que este presupuesto trata de salir al encuentro es --como no podía ser de otra manera-- el mantener con la máxima dignidad el servicio exterior de España. Ese ha sido el planteamiento que ha tenido la sección a lo largo de los últimos años en los Presupuestos Generales del Estado, y ese debe seguir siendo el objetivo fundamental en los presupuestos que esta tarde estamos contemplando. Sí me gustaría señalar y subrayar que son, a mi juicio, tres las prioridades más sustanciales que este presupuesto trata de enfocar. En primer lugar, desde la perspectiva del Gobierno, tratar de que en el año 1995 la presidencia española de la Unión Europea se pueda llevar a cabo con la máxima dignidad.
Por tanto, hay partidas presupuestarias que se incrementan en función de las obligaciones que España ha contraído, en el año 1995, en relación con su presidencia de la Unión Europea y a su vez de la Unión Europea Occidental. Como SS.SS. saben, el año 1995 va a ser especialmente rico en acontecimientos desde la perspectiva de la construcción europea, y a España le va a corresponder en el segundo semestre ostentar la presidencia tanto de la Unión Europea como de la Unión Europea Occidental.
Salir al encuentro de los desafíos que plantea desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista político y desde el presupuestario, es uno de los objetivos de este presupuesto.
En segundo lugar, quisiera subrayar que de la misma manera que el año pasado, en los presupuestos de 1994, pusimos a punto nuestro reloj desde el punto de vista de las obligaciones que teníamos en la esfera internacional con los organismos internacionales, fundamentalmente las operaciones de mantenimiento de la paz, este presupuesto de 1995 continúa en esa tendencia. Estamos acogiendo en los presupuestos del próximo año los compromisos potenciales conocidos que tiene España en relación con las operaciones de mantenimiento de la paz. Digo los conocidos, porque desgraciadamente pueden surgir otros compromisos que no pueden ser previstos y, por tanto, en este momento no están contemplados en los Presupuestos Generales del Estado.
Y la tercera prioridad, no sólo de esta sección sino del presupuesto de 1995 en su conjunto, tiene que ver con la ayuda al desarrollo. Como SS.SS. saben bien, el Gobierno ha querido dar cobijo en estos presupuestos a una creciente sensibilización de nuestra sociedad en relación con la ayuda al desarrollo. Tenemos el compromiso --como todos los grupos parlamentarios que en las resoluciones correspondientes lo aprobaron en el Parlamento-- de salir al encuentro de las crecientes necesidades de un mundo en el que afortunadamente nosotros estamos ya en una prosperidad relativa muy por encima de la media. Tenemos, por tanto, obligaciones sustanciales con los países y con los ciudadanos de esta tierra que viven en condiciones de prosperidad relativa, desgraciadamente muy inferior a la nuestra. Como saben SS.SS., el organismo fundamental de la Administración para ello es la Agencia de Cooperación, que tiene un incremento importantísimo.
Seguramente les costaría a SS.SS. encontrar en todos los Presupuestos Generales del Estado una partida que tuviera un crecimiento mayor. Aproximadamente crece un 70 por ciento para salir --como decía antes-- al encuentro de esa preocupación de nuestra sociedad que el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios no podían dejar de escuchar. Este será el objetivo fundamental de la sección correspondiente que tengo el honor de defender en nombre del Gobierno, pero insisto en que es también una prioridad no sólo de esta sección, sino de los Presupuestos Generales del Estado. Antes de terminar, señor Presidente, me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre la ayuda al desarrollo y decir a SS.SS. que la ayuda al desarrollo de España no se agota en los Presupuestos Generales del Estado. Tenemos que tomar conciencia de que la ayuda al desarrollo es un estado de ánimo de una sociedad madura, de una sociedad generosa que quiere cooperar de la manera más rica posible con el sufrimiento ajeno, es decir, el sufrimiento que acontece, más allá de nuestras fronteras. En este presupuesto hay también una apelación a la sociedad en su conjunto para que se movilice en sintonía con lo que el gasto público va a hacer --aprobado por los representantes de la soberanía popular--para plasmar en la práctica y en su comportamiento cotidiano el esfuerzo de solidaridad con aquellos que en este planeta desgraciadamente viven peor que nosotros. Hay otros aspectos de la cooperación al desarrollo que no tienen una plasmación en los Presupuestos Generales del Estado, que corresponden también a políticas del sector público y que son de enorme importancia para resolver los problemas de esos ciudadanos a los que estoy haciendo referencia. El Gobierno, sensible a todo ello, también quiere hacer esta reflexión a los representantes de la soberanía popular. Cuando en esta Cámara acontezca que tengamos un debate sobre el comercio mundial, cuando acontezca que tengamos un debate sobre la apertura de las fronteras al comercio, tendremos que ser consecuentes con lo que estamos aprobando hoy y ser conscientes de que a veces es mucho más importante la ayuda a esos países que se puede hacer rebajando nuestros aranceles, permitiendo que sus productos sean consumidos en España, que toda la ayuda al desarrollo que los presupuestos de 1995 estén contemplando. A lo largo de la legislatura seguramente será objeto de múltiples debates, pero al hilo de esta defensa, que en nombre del Gobierno tengo el honor de realizar, sí quisiera dejar sembrada esta idea para que sea recogida en debates posteriores y para que sea recogida realmente en las

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decisiones políticas que unos y otros tendremos que tomar a lo largo de los próximos años.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, como nos acaba de decir el señor Ministro, cuyas explicaciones, aunque breves, agradecemos, es cierto que el presupuesto para el año 1995 de la Sección 12, Asuntos Exteriores, conoce un crecimiento significativo. Es cierto también que ese crecimiento comparativamente es mayor que el que conocen otras secciones del presupuesto. Sin embargo, coincidirá conmigo el señor Ministro en que este aumento, igual que sucedió el año pasado, es en gran parte ficticio. Ya tuve ocasión el año pasado de decir en esta misma tribuna que la práctica totalidad del incremento se debía en aquella ocasión, como en parte se debe también en ésta, al pago de cuotas a organismos internacionales todavía pendientes de satisfacer.
Es cierto también (y coincido con las explicaciones del señor Ministro, incluso con su voluntad y su propósito de invitar a toda la sociedad española a participar en todo lo que supone no únicamente el dato físico, material, de la ayuda al desarrollo, sino incluso en su filosofía) que hay que reconocer que el incremento que se produce en la que sección correspondiente a Asuntos Exteriores se debe fundamentalmente a ese importante y en gran parte bienvenido aumento de las partidas correspondientes a la ayuda al desarrollo. ¿Qué es lo que ello quiere decir? Que en cierto sentido el Ministerio de Asuntos Exteriores se está convirtiendo en el recipiendario de unos fondos que vienen ya marcados en su atribución y que el Ministerio lo que hace es simplemente dedicarlos a las finalidades correspondientes: como el año pasado y este año, al pago de cuotas internacionales, no por debidas menos significativas desde el punto de vista de lo que es el presupuesto, y en el caso de la cooperación al desarrollo exactamente lo mismo. Naturalmente se puede argumentar que, al fin y al cabo, es mucho más propio de la acción exterior del Estado, en un sentido propio, dedicarse a la ayuda al desarrollo que no exclusivamente convertirse en un buzón para el pago de cuotas. Pero creo que hay un problema adicional en el cual tendríamos que centrarnos, que es precisamente lo que es y lo que el señor Ministro llama la acción a favor del servicio exterior del Estado y, consiguientemente, las medidas que el Gobierno quiere tomar y que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar que el Gobierno tomara para mejorar la calidad del servicio exterior.
Pues bien, creo que donde pudiera el Gobierno o nosotros estimar que se está mejorando la acción del servicio exterior del Estado no es con este presupuesto que ahora nos presenta porque, desde este punto de vista, el presupuesto sigue siendo insuficiente y, al mismo tiempo, se produce una clara mala distribución de los escasos fondos disponibles. Por una parte se incrementan los gastos burocráticos de la administración central del Departamento. Por ejemplo, dentro del aumento general que conoce la sección, el programa de dirección y servicios generales experimenta un crecimiento superior al 10 por ciento, mientras que los servicios de nuestra administración en el exterior crecen pero lo hacen en mucha menor medida. El programa de acción diplomática bilateral crece por debajo del 8 por ciento. En definitiva, en una traducción un poco inmediata de esas cifras, lo que podemos y debemos concluir es que hay más burocracia en Madrid y menos presencia de España en el mundo.
Por otra parte, señor Ministro, es evidente que la burocracia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que suele tener un comportamiento realmente exacto en la atención de sus funciones, sin embargo, no se ha caracterizado en estos últimos años por ser un ejemplo de austeridad y rigor presupuestarios. Por el contrario, en algunos casos nos hemos encontrado con algunas manifestaciones de derroche o de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos. Daré algunos ejemplos para demostrar esta afirmación. Por ejemplo, el gasto en asesores ejecutivos en alguno de los sectores del Ministerio, y me refiero concretamente a la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, está claramente sobredimensionado. También en algunos casos que hemos traído a esta Cámara de derroche o despilfarro o de inadecuada utilización de los fondos públicos cabría referirse a algunos ejemplos donde no siempre la administración exterior del Estado ha estado a la altura de las circunstancias. Nos hemos encontrado con gastos excesivos en la construcción de determinadas embajadas --caso de la de Santo Domingo o la de Islamabad--, cuando, por otra parte, es patente que algunas de las embajadas conocen una incuria que realmente llama la atención, caso de la residencia de nuestro embajador en Washington. El Ministerio ha procedido al alquiler, por demás caro, de una gran cantidad de oficinas en Madrid, mientras no sabemos exactamente todavía en qué situación y cuándo se va a producir el posible traslado del Ministerio a la nueva sede.
Incluso nos encontramos en este presupuesto para 1995 con que la cantidad fijada para los gastos reservados del Ministerio se ha reducido de manera significativa. Esto nos hace pensar en la hipótesis de que otros años esa cantidad era ya de por sí superflua.
Consideramos, por otro lado, que es un presupuesto desequilibrado. No resulta lógico que más de la tercera parte del presupuesto de la sección se dedique al pago de cuotas internacionales. Ya lo denunciamos el año pasado, pero el agumento de que España debía ponerse al día en numerosos organismos internacionales

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abonando deudas pendientes no puede ser esgrimido nuevamente para 1995. Lo fue en 1994. ¿Cómo es posible que con respecto al año anterior no se produzca éste un ahorro significativo en esta partida? No se trata de debatir si debemos o no pagar esas cuotas y si debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores el que lo haga, sino de abrir una reflexión --que yo creo, señor Ministro, que sería importante que hiciéramos entre el Gobierno y la oposición-- sobre el equilibrio que ha de existir entre nuestra potencia económica como nación y la carga que el Gobierno se compromete, quizá a veces con cierta alegría, a asumir en el seno de la comunidad internacional.
¿Es razonable que España se haya convertido en el noveno contribuyente de las Naciones Unidas? ¿Se corresponde ello con nuestro peso específico en el entorno internacional? Y eso, reconociendo, al mismo tiempo, naturalmente, cosa que nos honra --en primer lugar al Gobierno, que es el directo responsable de los pagos, pero en segundo lugar a toda la nación española--, el hecho de que seamos un pagador puntual y preciso de nuestras obligaciones.
Una segunda reflexión que no es la primera vez que planteo al señor Ministro y que no es la primera vez que planteamos en esta Cámara, pero que parece siempre, desgraciadamente, pertinente cuando hablamos de los presupuestos relativos a la acción exterior del Estado: ¿Es que acaso hay en el presupuesto de 1995 una adecuación entre los objetivos cada vez más ambiciosos de nuestra política exterior y unos medios, por el contrario, cada vez más escasos? Para nuestro Grupo, lamentablemente, la respuesta es que no existe ese necesario equilibrio entre objetivos y medios porque, tal y como ya he señalado, el aparente crecimiento del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores no está en realidad propiciando una potenciación y modernización de nuestra administración exterior.
Respecto a la ayuda al desarrollo, sector en donde no nos cuesta coincidir en gran medida con los propósitos a los cuales se ha referido el señor Ministro de Asuntos Exteriores, es cierto que estamos viviendo, desde hace algunos meses, una espectacular movilización social encaminada a incrementar de manera significativa los fondos que nuestro país dedica a la ayuda al desarrollo a través de los Presupuestos Generales del Estado. Nuestra reflexión al respecto es claramente positiva.
Creemos que la sociedad española ha demostrado una vez más una gran capacidad de generosidad colectiva, en esta ocasión a través de una movilización que desde luego trasciende los intereses inmediatos y particulares de quienes la realizan.
Esta positiva consideración, sin embargo, no significa que nuestro Grupo no quiera ser y no invite a todos los demás grupos a ser conscientes del coste que tiene la solidaridad y de la necesidad de que asumamos solidaria y realistamente ese coste. Los fondos que dediquemos al desarrollo de los países más pobres necesariamente tendrán que sustraerse de otras necesidades internas de nuestro país; necesidades que también en muchas ocasiones son percibidas de manera dramática. La solidaridad con los países en vías de desarrollo debe, por tanto, convertirse en un objetivo y en una reflexión generosa sobre si estamos dispuestos, como nación y como sociedad, a prescindir de nuestro bienestar para ayudar a quienes carecen de casi todo. Consideramos en todo momento que el objetivo prioritario de la ayuda al desarrollo debe ser aliviar la pobreza y, a partir de ahí, se puede empezar a pensar en la articulación de otras prioridades políticas y económicas.
Tiene razón el señor Ministro (y en eso suscribimos plenamente las palabras que él, en nombre del Gobierno, dirige en esta Cámara) cuando dice que hay que acostumbrar a la sociedad española a que la ayuda al desarrollo no sólo sea una manifestación de los Presupuestos Generales del Estado, sino de la sociedad civil. De manera que, en un momento determinado, podemos decir que el cómputo --y no hablemos del 0,35 ó del 0,5 ó del 0,7 por ciento-- no sólo incluya las aportaciones que se hacen a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino las de toda la sociedad directa o indirectamente. Ese sería el sentido más profundo y filosófico que nosotros queríamos abonar al apoyar esta parte de los presupuestos.
En ese sentido, nosotros hemos presentado toda una serie de enmiendas que tienen precisamente como objetivo incrementar las partidas presupuestarias destinadas a ayudar al desarrollo hasta alcanzar el 0,5 por ciento del PIB. Era un compromiso que nuestro Grupo tenía contraído y que hemos traducido en un incremento global de 165.000 millones de pesetas.
Desearíamos, por una parte, que, al entrar en esta discusión, poder asegurar que el Gobierno queda obligado a realizar este gasto por este concepto y, por otra, también asegurar el adecuado control parlamentario de los fondos. La distribución propuesta por nuestro Grupo para este incremento consiste, en primer lugar, en un aumento de 18.000 millones de pesetas de los créditos FAD para el próximo ejercicio presupuestario.
Querríamos también de esa manera subsanar varias deficiencias que hemos venido denunciando al respecto: desfases presupuestarios que se vienen solapando año tras año, deficiencias normativas y técnicas puestas de manifiesto, entre otros, por el informe del Tribunal de Cuentas. En este sentido esperamos que la próxima ley de cooperación, que el Gobierno se ha comprometido enviar al Parlamento antes de que termine este período de sesiones y por iniciativa precisamente de nuestro Grupo, suponga la imprescindible garantía de la eficacia y control de los mismos.


El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego concluya.


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El señor RUPEREZ RUBIO: Voy acabando, señor Presidente.
En segundo término, nuestro Grupo ha propuesto una dotación adicional de 37.000 millones de pesetas para el Programa 134.A, de cooperación al desarrollo. Con estos dos incrementos pretendemos llegar a los 240.000 millones de pesetas, que constituirían el 0,35 por ciento para ayuda al desarrollo. Los 100.000 millones de pesetas necesarios adicionales para alcanzar el 0,5 por ciento procederían de una modificación de la disposición adicional decimonovena que quedaría, según la propuesta que ha realizado nuestro Grupo, de la siguiente manera: Al objeto de atender proyectos de ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo, el Consejo de Ministros enviará al Congreso de los Diputados créditos extraordinarios hasta un importe de 100.000 millones de pesetas, siempre y cuando el objetivo de la reducción del déficit público de España sea revisado oficialmente a la baja hasta situarse en el 0,5 por ciento del producto interior bruto. La razón por la que incluimos en la mayor parte de este incremento los créditos extraordinarios es el mayor control parlamentario que permite esta fórmula con respecto a los créditos ampliables. La cuestión clave debe ser, a nuestro juicio, garantizar un máximo grado de eficacia en la gestión de estos fondos con una estructura administrativa y burocrática lo más ligera posible.
Ahorro a esta Cámara la lectura o la exposición de las restantes enmiendas que con respecto a la Sección 12 mi Grupo ha presentado, pero me gustaría acabar recordando que nuestra preocupación ha sido la de recoger el dato que, por una parte, tiene el aspecto positivo que supone el registro del aumento de algunas cantidades significativas para funciones también significativas de la acción exterior del Estado, como es la ayuda exterior, pero, al mismo tiempo, también reflejar el claro desfase que se produce en la articulación de esos fondos con respecto a prioridades a las cuales el señor Ministro no ha hecho referencia. De hecho están en la exposición genérica de las prioridades de la acción exterior del Estado y reflejan un inadecuado tratamiento de las necesidades de la presencia cultural y lingüística de España en el exterior y se traducen, por ejemplo, en un adecuado tratamiento del centro Cervantes.
En definitiva, señor Presidente, señor Ministro, señorías, estas son las razones que abonan la presentación de la enmienda a la totalidad a los presupuestos correspondientes a la Sección 12 y las enmiendas correspondientes. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Enmiendas del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para defender la enmienda número 251 que hemos presentado a la Sección 12, Servicio 12.03 Programa 134.B que literalmente dice: Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior.
A nosotros, en líneas generales, nos parece equilibrado el presupuesto de Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque bien es verdad que con la intervención del señor Ministro ha quedado claro que el año que viene va a ser un año en el que hubiera sido necesario una mayor dotación presupuestaria, dado el protagonismo que el servicio exterior del Estado y, en concreto, los eventos previstos para el año próximo van a necesitar. pero ello no debe hacernos olvidar la labor de cada día, y quizá esa labor que debe hacerse no solamente con los medios propios, sino también en colaboración con otros organismos que pueden colaborar perfectamente en la promoción y difusión de nuestra cultura en el exterior.
Bien está el presupuesto del Instituto Cervantes que, aunque de manera incipiente, está haciendo una gran labor en este terreno, pero creo que hay experiencias muy positivas en orden a los convenios que se firman con organismos internacionales no gubernamentales de los cuales se puede aprovechar su infraestructura, su experiencia, su aportación y que con una pequeña --en su cuantía-- cantidad de los presupuestos generales, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, se puede potenciar esa promoción y difusión del hecho cultural español en el exterior.
Ese es el sentido de nuestra enmienda, que prevé aumentar a ese programa 100 millones de pesetas.
Parece una cantidad pequeña, pero a la vista de las experiencias y de los convenios que hay firmados actualmente con organismos como la Unesco, Unión Latina, con fundaciones públicas radicadas en el extranjero, podría permitir aumentar algunos de los convenios que están en marcha o firmar alguno nuevo de gran interés por su repercusión y el prestigio que tiene la organización internacional no gubernamental, que lo llevaría a cabo en el exterior. Esta es la finalidad de nuestra enmienda, que espero merezca el apoyo de SS.SS. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Enmienda de la señora Rahola. Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, pido que se dé por defendida en sus propios términos y se someta luego a votación.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Espasa.


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El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo parlamentario ha mantenido una única enmienda a la Sección número 12 relacionada con uno de los temas que tanto el señor Ministro como el portavoz del Grupo Popular han subrayado como importantes en estos presupuestos, puesto que es uno de los incrementos más relevantes de la sección que estamos contemplando; esto es, las obligaciones y las cuotas internacionales. Eso me permitirá referirme también al compromiso de esta Cámara que hemos presentado en forma de enmiendas, no a esta sección, pero sí a la disposición adicional decimonovena, esto es el compromiso sobre la ayuda oficial al desarrollo. Quisiera precisar claramente desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuál es el compromiso que esta Cámara ha adoptado por unanimidad y que, por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, como responsable directo e inmediato de vehiculizar lo que contemplan los presupuestos y lo que son los acuerdos de esta Cámara, debe comprometerse a realizar. El compromiso de la Cámara fue llegar al 0,5 por ciento en el año 1995; no como dice la enmienda, que finalmente está aprobada, a través de créditos extraordinarios ampliables sin especificar la cuantía, sino que la moción que se aprobó por unanimidad a consecuencia de la interpelación habla explícitamente del 0,5 como nos lo recordaba el señor Rupérez ahora respecto de las enmiendas del Grupo Popular. Quisiera aprovechar esta intervención de defensa de enmiendas a la Sección 12 para volver a recalcar el compromiso que nuestro grupo entiende que ha tomado esta Cámara y que, por tanto, tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, Sección 12: llegar a un gasto efectivo del 0,5 en el año 1995, no en función de si se presentan o no créditos extraordinarios ampliables y en función de proyectos entre el 0,35 y hasta el 0,5 sino, insisto, llegar al 0,5. Si llegan los impulsos, mejor que mejor, pero, si no, es responsabilidad de esta Cámara, de la Sección 12 y del Ministro de Asuntos Exteriores invertir este gasto en ayuda oficial al desarrollo.
Comparto con el señor Ministro que esa no es toda la ayuda al desarrollo que puede y que hace nuestro país, ni mucho menos; que en la firma de convenios internacionales, en el GATT -- vamos a discutirlo en fechas próximas-- también hay un gran elemento --puede haberlo-- de ayuda al desarrollo si este convenio es firmado de forma equilibrada. Algo hemos ganado en las discusiones que hemos tenido en esta Cámara y en Comisión.
Les recuerdo a SS.SS. que la posición global, general de nuestro grupo era, para decirlo muy brevemente: GATT, sí; OIT, también; es decir, GATT, sí, pero cláusulas sociales también como expansión de un sistema de intercambios más acorde, más igualitario y también como expansión de un sistema de derechos y protecciones a los trabajadores de todo el mundo. Esta es nuestra aproximación a este importante tratado que, como decía el señor Ministro, implica también en su aspecto de rebajas arancelarias ayuda importante a los países en vías de desarrollo, a los países en crecimiento. A eso habría que añadir --hace poco lo señalaron nuestro Ministro, nuestro Gobierno-- trabajar por un auténtico nuevo orden económico internacional; no es sólo el GATT, sino que hay muchas más cosas que deberían ser cambiadas para poder hablar de una real contribución desde los países ricos o no tan ricos, aunque España ya está en este club que podemos llamar de los países ricos, para contribuir al desarrollo general del planeta. De todas formas, quisiera relacionar la cuestión de la ayuda oficial al desarrollo con el tema del puntual pago de las cuotas internacionales, y ahí va nuestra enmienda. Nosotros proponemos en nuestra enmienda que en 1995 las cuotas de nuestra contribución a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la UEO no se abonen, como signo político de disconformidad de nuestro grupo en el tema de la OTAN, de nuestro país en su proyección de política exterior a los necesarios cambios que deben introducirse en el funcionamiento de la UEO y a la necesaria extinción, en nuestra opinión, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La cifra que figura en nuestra enmienda es un cálculo aproximado. Ese es el sentido de nuestra enmienda, y quisiéramos preguntar al Ministro qué sentido político tiene, qué virtualidad política tiene este puntualísimo pago de todas las cuotas internacionales. ¿Hay algún objetivo político que se nos escapa a los demás grupos en esta puntualidad en el pago cuando somos, quizá, si no el único, sí uno de los poquísimos países que está al día en todos los pagos internacionales, cuando el peso de nuestra economía en el conjunto de las economías del mundo no es tan relevante como para estar tan preocupados en este puntual pago de cotizaciones? Puntual pago que no se corresponde con una predisposición; ha tenido que ser la sensibilidad de la sociedad civil, la plataforma del 0,7, esa sensibilidad de la sociedad española, de la que todos los grupos nos sentimos partícipes de la misma ahora, pero que no todos los grupos parlamentarios han contribuido en la misma medida a propiciarla y a levantarla. En este sentido, creo que nuestro Grupo parlamentario puede presumir de haber sido de los primeros en plantear este objetivo, en estar entre las gentes que han promovido esta explosión general de sensibilidad social de nuestro país respecto de la ayuda al desarrollo. El Gobierno, al final y por acuerdo de todos los grupos, ha tenido que sumarse a ella con un paso algo cambiado, aunque al final se ha sumado, que es lo importante y lo que hay que subrayar.
Al lado de eso, vuelvo a insistir, está esta preocupación, casi diría que obsesiva, no sé si freudiana, por este puntual pago de todas las cuotas internacionales. Quisiéramos saber qué se esconde políticamente detrás

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de esta puntualidad porque quizás, con el retraso en el pago, con la congelación del pago, podríamos hacer valer más nuestras posiciones, por ejemplo, a favor de la reconversión de la Unión Europea Occidental, no en una alianza occidental que se subarrienda a la Unión Europea, sino en un auténtico elemento al servicio del poder civil de la Unión Europea. En 1996 tendremos ocasión de discutir las posibles reformas o extinción y renacimiento de sus cenizas de un auténtico espacio de defensa de la Unión Europea, pero auténticamente hijo y dependiente de la Unión Europea, no subarrendado como sucede ahora. Si estuviésemos de acuerdo con eso desde los bancos del Gobierno y desde los bancos de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya supondría marcar alguna diferencia con los objetivos que están cumpliendo hoy Unión Europea Occidental, Organización del Tratado del Atlántico Norte y su incardinación y su, para nosotros excesiva, subordinación.
Este es el sentido, más político que económico, de nuestra enmienda cuando proponemos, concretamente en la enmienda 622, congelar el pago de estas dos contribuciones internacionales.
A la vez, como ya he dicho --insisto y con eso voy a terminar, señor Presidente--, quisiera recordar a toda la Cámara, especialmente al Ministro, que el compromiso de esta Cámara, por lo tanto de su Ministerio, es hacer efectivo un gasto del 0,5 en ayuda oficial al desarrollo para 1995.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, supone para mí una gran satisfacción defender, en nombre del Grupo Socialista, en este trámite parlamentario, el presupuesto de la Sección 12. Supone una gran satisfacción por el alto grado de aceptación que, para el conjunto de los grupos, suscita el contenido que en dicha Sección está presupuestado; ello en consonancia, claro está, con el esfuerzo de consenso que todos los grupos y partidos venimos realizando en los planteamientos de nuestra política exterior.
En efecto, en este trámite parlamentario ya no quedan enmiendas vivas ni del Grupo Socialista ni del Grupo de Convergència i Unió ni del Grupo del PNV. Se ha hecho un importante esfuerzo en Comisión, tanto como por nuestro Grupo como por otros, para introducir aquellas enmiendas que, a nuestro juicio, eran asumibles en el conjunto de la Sección 12. Sólo queda una enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida, la relativa a la supresión de las cuotas a la OTAN y a la UEO, que responde, más, usted me lo permitirá, señor Espasa, a un planteamiento que trasciende lo que es un debate parlamentario; para salirnos de la OTAN o de la UEO, creo que estará de acuerdo conmigo en que el camino adecuado no es una enmienda presupuestaria, sino una ley al efecto.
El Grupo Popular sí que mantiene una enmienda de totalidad a la Sección, así como ocho enmiendas parciales. A nuestro juicio, se trata de una enmienda de totalidad de carácter más bien testimonial. En definitiva, es la habitual enmienda a la práctica totalidad de las secciones del principal Grupo de la oposición.
¿En qué basamos tal calificación? Señorías, señor Rupérez, utilizan ustedes en la justificación de tal enmienda, así como en la intervención que usted ha realizado aquí esta tarde, una descalificación yo diría que dura, una descalificación global.
Habla de inadecuada distribución de créditos, de falta de control y excesiva discrecionalidad en la aplicación de los mismos, de imposibilidad de alcanzar los objetivos de discrepancia en las prioridades políticas de los gastos, etcétera.
Ahora bien, ¿qué hay tras una justificación tan decisiva, y diría «decisiva» entre comillas? Señorías, solamente existe un conjunto de ocho enmiendas parciales por un monto global de 254 millones de pesetas, una cantidad --asómbrense, señorías-- , equivalente al 0,25 por ciento del presupuesto total del Departamento, y ello a pesar de que el señor Rupérez haya hecho en esta tribuna piruetas incluyendo enmiendas relativas a las disposiciones adicionales o enmiendas que no están incluidas en la Sección 12, que es la que estamos discutiendo.
Permítanme que les diga, para justificar tan decisiva descalificación, que deberían haber hecho un mayor esfuerzo en presentar alternativas a la actual distribución de crédito de la Sección. Por ejemplo, habla reiteradamente de las cuotas.
Yo le preguntaría: ¿Qué es lo que plantea el Grupo Popular? ¿Que bajemos las cuotas? ¿Que nos salgamos de algún organismo en concreto o, por el contrario, que haya un incremento de la partida? Usted no lo ha especificado. Creo que usted se queda en este aspecto en la mera retórica. Otro de los elementos esenciales que usted ha tratado aquí es la ayuda oficial al desarrollo. Viene a decir, en esencia, que están ustedes de acuerdo en el incremento que el Grupo Socialista ha propiciado. Como ya ha ocurrido en ejercicios presupuestarios anteriores, hay un aspecto en el que sí podemos estar parcialmente de acuerdo con el señor portavoz del Grupo Popular, y es que estos presupuestos probablemente nos parecen cortos. Nos parecen cortos en función del papel que España viene desempeñando en la esfera internacional durante los últimos diez, doce o quince años. No decimos --entiéndase bien-- que sean unos presupuestos insuficientes, pero sí cortos quizá para obtener todo el fruto potencial que nuestro país puede sacar de su actual posición internacional. En este sentido, ustedes reconocerán conmigo que durante los últimos ejercicios se vienen realizando importantes

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esfuerzos para incrementar el presupuesto del Departamento, y como usted sabe perfectamente, es un incremento que viene superando la media de los Presupuestos Generales del Estado.
Hemos pasado, por sólo citar los últimos años, de un presupuesto de 71.000 millones en 1993 a 95.000 millones en 1994; es decir, un incremento en torno al 33 por ciento, y a 108.000 millones en 1995, lo que supone un incremento del 14 por ciento, aproximadamente, respecto al ejercicio anterior, aunque usted también sabe que el presupuesto que finalmente se ejecute, como consecuencia de la partida destinada a la ayuda oficial al desarrollo, superará los 108.000 y, en consecuencia, el incremento inicialmente previsto del 14 por ciento. A pesar de todo esto, nosotros compartimos que durante los próximos años, en la medida en que se supere la crisis de la economía española y las actuales tensiones generadas por el déficit público, habrá de producirse --ahí estamos de acuerdo- - un salto cualitativo y cuantitativo en la asignación de crédito a nuestra política exterior, de forma que el presupuesto permita responder a nuestra actual posición en el grupo de los países más desarrollados del mundo. No obstante, ustedes estarán de acuerdo en el más que provechoso fruto que se viene obteniendo de los recursos asignados a nuestra política exterior durante los sucesivos gobiernos socialistas.
Sirvan a título de ejemplo los siguientes. Hemos pasado, y ustedes lo saben bien, de ser un país receptor de ayuda oficial al desarrollo a ser un país donante. Este próximo año podremos alcanzar la cifra del 0,5 en el PIB para llegar a la mítica cifra del 0,7 por ciento. Se ha producido nuestra plena integración en la Unión Europea, en la UEO. Participamos en numerosas nuevas organizaciones internacionales, la OTAN entre otras. Se ha creado el Instituto Cervantes para la difusión de nuestra lengua y cultura. También ha sido en la etapa de los gobiernos socialistas. Participamos en operaciones de mantenimiento de la paz. Hemos incrementado la ayuda de emergencia, etcétera.
Todo ello no viene sino a poner de manifiesto la altísima productividad de los recursos asignados al Departamento, así como la entrega, la vocación y la profesionalidad del personal de nuestro servicio exterior, aspecto que tengo especial interés en resaltar. Usted mismo, señor Rupérez, es un profesional que sabrá apreciar perfectamente esta afirmación.
En conclusión, los recursos, aunque cortos, en absoluto han sido insuficientes para garantizar una presencia creciente y ampliamente digna de nuestro país en la esfera internacional.
Sinceramente, señor portavoz del Grupo Popular, creo que para justificar una enmienda de devolución de la Sección 12 no debería quedarse en mera retórica, en meras declaraciones de principio, sino presentar alternativas de redistribución, de reasignación de créditos y de redefinición de objetivos de nuestra política exterior.
Señor Presidente, no quisiera terminar mi intervención sin hacer referencia antes, aunque sea brevemente, a algunas de las enmiendas parciales que aún permanecen vivas en este trámite parlamentario. Por ejemplo, quisiera poner de manifiesto que las enmiendas presentadas por la señora Rahola, a pesar de la trascendencia de las mismas, hablan ni más ni menos que de la supresión de la Jefatura del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, las enmiendas de la señora Rahola no han sido admitidas a trámite por la Mesa; por lo tanto, no están en el debate ni van a ser objeto de votación.
El señor MARTIN MESA: En ese caso, y tras su indicación, no me referiré a ellas. El Partido Aragonés Regionalista, del Grupo Mixto, mantiene viva una enmienda que propone una reducción de cien millones de pesetas en la participación en organismos y conferencias internacionales.
Señor Mur, estas contribuciones se presupuestan muy ajustadas y, naturalmente, cualquier fluctuación de la peseta originaría serias dificultades para atender nuestros compromisos. En consecuencia, no podemos admitirla. La enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, propone la supresión o la reducción de la partida de 1.900 millones de pesetas.
Independientemente de que la cantidad no esté ajustada, debo decirle que nuestra contribución a la UEO, según nuestra información, es de 400 millones de pesetas y a la OTAN de 784, en total son 1.184 millones de pesetas. Ya le decía antes, y le reitero, que no parece el procedimiento adecuado discutirlo en un debate presupuestario, sino que será una decisión de otra trascendencia, en cualquier caso una proposición de ley, un proyecto de ley.
Respecto a las ocho enmiendas que mantiene vivas el Partido Popular, me referiré a algunas de ellas. Por ejemplo, en la enmienda 1.075 propone incrementar en 25 millones la ayuda de emergencia y reposición. Es evidente que nosotros compartimos este loable deseo de disponer de mayores dotaciones para ayuda a países necesitados. Sin embargo, no podemos compartir la financiación que propone.
Igual ocurre con la enmienda, 1.076, de dotaciones para becas de alumnos de la Escuela Diplomática. Usted, señor Rupérez, debe saber que los alumnos de la Escuela Diplomática de nuevo ingreso cobran las retribuciones que corresponden a funcionarios en prácticas, de acuerdo con la normativa vigente. Las becas destinan ayudas a otros alumnos que asisten a cursos de perfeccionamiento y consideramos que están suficientemente dotadas.
Respecto a las enmiendas sobre el Instituto Cervantes,

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que pretenden que se dote de 200 millones de pesetas el capítulo de inversiones, ya decía a sus compañeros que defendieron la enmienda en Comisión, y le reitero aquí, que compartimos el loable interés de los Grupos por fortalecer el Instituto Cervantes. De hecho, ha sido el Grupo Socialista al que ha presentado una enmienda de 300 millones de pesetas, aceptada en Comisión, pero para aquello que consideramos prioritario, como es precisamente el dotar los capítulos de gastos corrientes. Los nuevos centros se realizan en muchas ocasiones mediante convenios con organismos o con gobiernos internacionales. El gran reto del Instituto es disponer del capítulo 1 para pagar al profesorado que ha de impartir los cursos de español y para atender a los gastos de funcionamiento. En un ejercicio de restricción presupuestaria, nosotros sí hemos considerado indispensable el dotar de estos 300 millones, pero no así en el capítulo de inversiones, ya que alentamos a que el propio Instituto, mediante la vía de convenios, pueda sufragar las inversiones en nuevos centros.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, le ruego concluya.


El señor MARTIN MESA: Sí, señor Presidente. Concluyo diciendo, señorías, similares argumentos a los que empecé poniendo de manifiesto: el alto nivel de acuerdo existente en el presupuesto de la sección 12 y en la política exterior española como política de Estado. Me interesa resaltar especialmente esto. También termino haciendo votos para que la situación general de la economía del país permita, en un futuro inmediato, el salto cualitativo y cuantitativo que todos deseamos en la política presupuestaria del Departamento de Asuntos Exteriores que permita, claro está, el reforzamiento y la consolidación de nuestra ya importantísima presencia en la esfera internacional. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, el señor Martín Mesa, como otros portavoces socialistas en trámite similar, acusa al Grupo Popular de utilizar la retórica en la formulación de la enmienda a la totalidad y, al mismo tiempo, se pregunta cuál es la razón de la presentación de esta enmienda a la totalidad. Lo primero que le quería decir, señor Martín Mesa, es que a mí me bastaría con escuchar su respuesta para saber que nuestra enmienda a la totalidad estaba bien planteada y que, únicamente con esa justificación, ya tendría suficiente explicación. Sus palabras, más leídas que dichas, más dictadas que pensadas y, sobre todo, más basadas en el guión que le habían escrito que en las palabras que aquí se han pronunciado, en el fondo le han llevado a mantener posturas, que son ciertamente las del Gobierno (me gustaría que ya no fueran las de ustedes sino las del Gobierno) y que, en cualquier caso, no corresponden en absoluto a muchas de las cosas aquí dichas. Como le digo, a la pregunta de por qué presentamos esta enmienda a la totalidad, únicamente por el placer de poder contestarle a las cosas manifiestamente erróneas a las que usted se ha referido, porque, señor Martín Mesa, todos estamos de acuerdo en que la dotación del Ministerio de Asuntos Exteriores es insuficiente. Todos estamos de acuerdo en que la acción exterior del Estado ha contado con medios insuficientes a lo largo de estos últimos años, y nosotros (ciertamente, no ustedes) somos de los que, además, creemos que la distribución de esos medios nunca ha sido la que las necesidades o las posibilidades razonablemente aconsejaban.
Decir que únicamente por una narración de las cuotas que debemos y pagamos, o de los organismos a los que pertenecemos, la política exterior española está absolutamente justificada en sus actuaciones, no es cierto, señor Martín de Mesa; no es cierto. Este país, en este momento, y no únicamente por la insuficiencia presupuestaria, no tiene la capacidad de presencia internacional que debería tener y que merecería tener, y eso no es producto de la insuficiente presupuestaria.
Esto es, entre otras cosas, el resultado de una mala dotación presupuestaria, efectivamente, pero ése es el producto y el resultado de otras deficiencias muy graves que se producen en la misma concepción de la acción exterior. Porque no se trata de cantar los méritos de aquellos que yo tengo honrosamente como compañeros, los diplomáticos, en su dedicación y en su capacidad; se trata de saber también que no sólo están actuando bajo situaciones en donde los medios difícilmente alcanzan para la realización de sus funciones, sino que, además, el Gobierno --el Gobierno socialista-- difícilmente les ha dotado de medios, y sobre todo de instrucciones, para articular una acción exterior del Estado que mereciera efectivamente tal nombre. Eso es lo que nos está pasando y ésa es la justificación última de nuestra enmienda a la totalidad y de las enmiendas parciales correspondientes. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos que se aumente la dotación correspondiente a la ayuda de urgencia, ustedes dicen que les gustaría, pero que no pueden. Cuando les decimos que hay que aumentar un aspecto fundamental, que ustedes tienen bastante olvidado, que es el de la presencia cultural y lingüística de España en el exterior, ustedes nos dicen que ya se ocuparán de tratar de los salarios de los profesores del Instituto Cervantes. Cuando nosotros les decimos una cosa tan simple y en el fondo tan barata como que vuelvan a dotar con nueve millones de pesetas a un programa tan significativo como es el programa archivos, en donde España

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debería tener una participación importante, ustedes dicen que, después del 92, para qué ocuparse de estos temas que no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Cuando ustedes nos dicen que comparten lo que ha sido la decisión unánime de esta Cámara sobre la ayuda al desasrrollo, para aumentar los fondos correspondientes a esa ayuda en el año 1995, ustedes dicen que no pueden llegar más lejos, y nosotros les hemos propuesto vías que están contablemente garantizadas para que efectivamente lleguemos en el año 95 a lo que esta Cámara dijo: al 0,5 por ciento. Y además lo hagamos de manera racional y razonable, de forma que también la Cámara sea capaz de comprender exactamente cómo se gasta el dinero que estamos diciendo.
A todos esos argumentos, que a mí me parecen enormemente poderosos y suficientes para ser entendidos, ustedes contestan diciendo simplemente que la enmienda a la totalidad no tiene ninguna justificación. Estas son las justificaciones de la enmienda a la totalidad. Además, señor Martín Mesa, lo que ocurre es que aquí estamos discutiendo cosas que, teniendo un reflejo presupuestario, van más allá de los Presupuestos, y es que este país, como antes le decía, desgraciadamente, no está a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que la Nación exige, a la altura de lo que los españoles necesitan. Y los españoles necesitan un país que esté fuertemente articulado en el interior, como para ser capaz de mostrar en el exterior lo que este país debería mostrar. En eso el Gobierno no está, y la insuficiencia de la dotación presupuestaria es simplemente una manifestación de esa incapacidad. Al hacer esa enmienda a la totalidad...


El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego concluya.


El señor RUPEREZ RUBIO: ... Lo que nosotros queremos hacer es no sólo demostrar la insuficiencia presupuestaria, sino además demostrar la incapacidad gubernamental para hacer la política exterior que España necesita. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Yo esperaba que en esta nueva intervención del señor Rupérez se nos aportara algún nuevo argumento. Sólo ha reiterado los escasos argumentos que ya sostuvo en su primera intervención.
Dice que el país no tiene la presencia internacionalque le correspondería. Señor Rupérez, deberá estar de acuerdo conmigo, si no quiere faltar a la verdad, en que la presencia internacional de España durante la época de los gobiernos socialistas es la más importante que jamás ha tenido este país. En la última década estamos teniendo una presencia creciente, yo le diría incluso que brillante, en los distintos foros, en las distintas esferas, en los distintos organismos internacionales, y ello con unos presupuestos de política exterior que ya le he dicho y le reitero --no me duelen prendas-- que compartimos que se deben incrementar en el futuro. Habla de escasa presencia lingüística. Señor Rupérez, ha sido con los Gobiernos socialistas cuando se ha creado el Instituto Cervantes. Hoy, afortunadamente, todos compartimos la importante labor que viene desarrollando; todos compartimos que habrá de dotarse de forma importante el presupuesto del Instituto, y ha sido precisamente una enmienda del Grupo Socialista la que, para el ejercicio presupuestario de 1995, va a permitir, sobre las cantidades inicialmente presupuestadas, incrementar 300 millones de pesetas el presupuesto del organismo.
Señor Rupérez, yo no tengo que hacer méritos. Mis méritos son, sencillamente, los de ser Diputado. Probablemente usted responda a otros intereses. No le voy a entrar al toro de las descalificaciones personales que usted ha pretendido propalar en su segunda intervención. Yo, por el contrario, discrepando con la enmienda a la totalidad profundamente, pensando que es una enmienda más de retórica, que le reitero, o de argumentación típica del principal grupo de la oposición, creo que no hay contenido de fondo, lo que sencillamente, en consonancia el Grupo Socialista con el Gobierno, nos lleva a fijar la posición tanto en la defensa de nuestas propias enmiendas como en el rechazo de las suyas.
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín de Mesa.


--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la Sección 12, vamos a pasar a la votación correspondiente al Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social y de las secciones debatidas.
Enmiendas al título I.
Enmiendas del Grupo de Izquirda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 153; negativos, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


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Enmiendas números 59, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 120 y 124.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 16; en contra, 171; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 15; en contra, 304; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo. Enmiendas números 3, 4, 5 y 6. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, diez; en contra, 178; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 167; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 11; en contra, 164; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252 y 253.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 186; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 11; en contra, 166; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 10 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 157; en contra, 165; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 11; en contra, 302; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 298; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 166; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 10; en contra, 182; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen del título I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 167; en contra, 152; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas al Título II.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmienda número200.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 186; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 15; en contra, 307; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 24.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 182; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco, excepto la número 20, afectada por una enmienda transaccional relativa al artículo 51 bis, nuevo. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 11; en contra, 181; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 20, del Grupo Vasco. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 177; en contra, 15; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación correspondiente al dictamen del Título II.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 167; en contra, 144; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a los Títulos III y IV, y a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 29.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 161; en contra, 165; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 38 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 12; en contra, 179; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 164; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas números 214, 219, 259 y 260. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 134; en contra, 187; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 151; en contra, 172; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmiendas números 101, 106, 107, 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 154; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 112.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 173; en contra, 152; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (Rumores.-- Aplausos.) Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 172; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 11; en contra, 177; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 165; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen de los Títulos III y IV y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 167; en contra, 154; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las secciones.
No hay enmiendas presentadas a las Secciones 01, 02, 03, 04 y 05. Pasamos, por consiguiente, a la votación del dictamen de estas secciones. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 321; en contra, una; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a la Sección 08.


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Enmienda número 327, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 10; en contra, 164; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 139; en contra, 183; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista en relación con la número 326, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 190; en contra, tres; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votación relativa al dictamen de la Sección 08.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 192; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores. Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 138; en contra, 174; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 11; en contra, 307; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 18; en contra, 306; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen de la Sección 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 192; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


¡¡¡OJO LADILLO PAGINA 414!!!

Pasamos al debate de la sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda. Para la presentación del presupuesto de esta sección, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (Numerosos señores diputados abandonan el salón de sesiones.--Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) ¡Señorías, estamos en sesión! Ruego guarden silencio. (Pausa.)

Sección 15 El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señorías, con motivo de la presentación ante esta Cámara de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 tuve ocasión de centrarme en los grandes objetivos de los presupuestos. En ese contexto, los presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda lógicamente pretenden la consecución del mismo objetivo de consolidación presupuestaria y ajuste de los gastos de funcionamiento del Estado. (El señor Vicepresiente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Antes de comentar el contenido específico de los créditos presupuestarios, permítanme que realice algunas reflexiones de carácter general pero que me parecen imprescindibles para efectuar un correcto análisis del presupuesto del departamento.
En primer lugar, y si excluimos las operaciones financieras...
(Murmullos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, un momento, por favor. Ruego a SS.SS. que guarden silencio, y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solves Mira): Muchas gracias, señor Presidente.


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Decía que, en primer lugar, quiero resaltar el hecho de que el presupuesto no financiero del departamento va destinado fundamentalmente a financiar gastos de funcionamiento.
Excluyendo las operaciones financieras, el 83 por ciento del presupuesto no financiero son gastos operativos, entendiendo por tales los de personal, bienes y servicios, las transferencias corrientes y de capital a los organismos autónomos y a la Agencia Tributaria. Incluso las inversiones reales del departamento se dedican en su práctica totalidad también al funcionamiento operativo. Por tanto, las políticas activas son relativamente escasas en el departamento y sólo destacaría en primer lugar la política de incentivos económicos regionales, las actuaciones de las revisiones catastrales, las inversiones para la elaboración de censos y encuestas del Instituto Nacional de Estadística y, finalmente, la administración y gestión de la cartera de valores del Estado.
En segundo lugar, las operaciones financieras cabe indicar que tienen un peso importante y, entre ellas, destacan las adquisiciones de acciones del grupo de Patrimonio, los créditos a favor del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el reaseguro por riesgos extraordinarios de los créditos a la exportación llevados a cabo por la compañía española de Seguro de Crédito a la Exportación. Este conjunto de partidas suponen el 60 por ciento de los créditos totales del departamento. En tercer lugar, querría resaltar el hecho de que el presupuesto del departamento debe tener lógicamente un comportamiento ejemplarizante en función de la política de austeridad y contención de gasto.
En el año 1994 el ministerio realizó ya un serio esfuerzo de contención y racionalización de los gastos, de forma que la previsión de liquidación de los gastos no financieros de 1994 se sitúa en el 22 por ciento de reducción respecto a lo gastado realmente en el año 1993. Son significativas las fuertes caídas que experimentan los gastos de adquisición de bienes y servicios y las transferencias corrientes a organismos y a la Agencia Tributaria. Pues bien, en el año 1995 el proyecto de presupuestos del departamento continúa con esta política de reducción y consolidación de los gastos de funcionamiento. Los gastos no financieros para 1995 suponen un aumento del 3,3 por ciento en relación con el presupuesto inicial del año 1994 y una caída del 1,2 por ciento en relación con las previsiones de liquidación. Esta contención afecta prácticamente a todas las partidas.
Me referiré a los grandes conceptos de forma que podamos apreciar esta evolución.
En gastos de personal se produce un incremento del 2,5 por ciento, tasa inferior al crecimiento del 3,5 por ciento acordado para los salarios y que se compensará, evidentemente, con menor contratación como consecuencia de la reducción de la oferta pública de empleo.
En segundo lugar, los gastos corrientes en bienes y servicios tienen un crecimiento del 2,1 por ciento en términos relativos pero una fuerte disminución, de más de 5.000 millones, si lo comparamos con la previsión de liquidación de 1994. Esta reducción significa en términos porcentuales el 29 por ciento.
En tercer lugar, las transferencias corrientes del departamento crecen únicamente el 3,9 por ciento, el 3,5 por ciento las dedicadas a la Agencia Tributaria y al INE como consecuencia fundamentalmente de gastos de personal y una subida muy fuerte de 1.600 millones de pesetas en las cuotas a organismos internacionales como consecuencia de que anteriormente dichas cuotas eran pagadas por el Banco de España y se pagan ahora por los Presupuestos Generales del Estado y, en este caso, en algunos organismos, por el Ministerio de Economía y Hacienda.
En cuarto lugar, las inversiones reales del departamento van destinadas exclusivamente al funcionamiento operativo de los servicios y se ha previsto una reducción de las mismas del 1,5 por ciento adicional a las disminuciones del 30 por ciento experimentadas en 1994.
Las transferencias de capital que financian las inversiones de los organismos autónomos y de la Agencia Tributaria se mantienen en los mismos niveles prácticamente en el año 1994, pero la suma de todas las transferencias de capital aumentan el 3,7 por ciento debido a la creación del Consorcio de la Zona especial de Canarias para la que se incluye un crédito de 750 millones de pesetas destinado a dotar el patrimonio inicial del mismo. La única excepción de esta política de contención de gasto es el comportamiento de las operaciones financieras que tienen un crecimiento muy importante, el 42,7 por ciento, respecto al año anterior. Me gustaría explicar, evidentemente, cuáles son las razones por las que se produce este incremento. Las dos subidas son coyunturales y afectan básicamente a dos partidas. En primer lugar, el aumento de los préstamos para financiar las pérdidas de la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación en la cobertura del seguro de crédito a la exportación que aumenta en 92.000 millones de pesetas, consecuencia de la grave situación que se ha planteado en Argelia y en otros países. Es cierto que parte importante de estos préstamos se podrán recuperar en el futuro pero tienen que ser incluidos en el momento actual como operaciones financieras. En segundo lugar, también hay una partida adicional de 5.600 millones de pesetas para la compra de acciones de los organismos financieros multilaterales y del Banco Europeo de Inversiones. En estos casos, como en los anteriormente citados, eran actuaciones que en el pasado realizaba el Banco de España. Si excluimos estas dos partidas reaparece nuevamente,

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de forma clara, el criterio de política de austeridad en los gastos financieros. Por una parte la compra de acciones por las sociedades del grupo Patrimonio se mantienen en el mismo nivel que en 1994 y lo mismo hacemos en los préstamos al ICO para financiar el Fondo de Ayuda al Desarrollo que se mantiene con la cifra de 80.000 millones, sin variación respecto a 1994.
El carácter austero de los presupuestos se manifiesta también si analizamos el presupuesto consolidado del departamento.
El presupuesto de gastos no financieros para 1995 supone un ligero crecimiento del 3,9 por ciento en relación con las cifras de 1994 y este crecimiento se debe, fundamentalmente, al aumento de gastos de personal y a las cuotas de organismos financieros multilaterales.
En definitiva, podemos afirmar que los presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda para 1995 se han diseñado de acuerdo con la política de consolidación presupuestaria y de austeridad en el gasto público. Son, en suma, unos presupuestos que continúan con la línea del año 1994 pero suficientes para hacer frente a las obligaciones del departamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. A esta Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, se han presentado enmiendas por parte de los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Popular y Vasco (PNV), con el señor Albistur.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, el señor Frutos tiene la palabra.


El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo muy brevemente para explicar no la enmienda a la totalidad centrada ya en todos y cada uno de los apartados del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, sino para intentar hacer una reflexión en voz alta a la que nos han llevado los presupuestos generales del Estado para el año 1995.
En primer lugar --y permítanme una digresión--, muerto Keynes y compartimentado ya David Ricardo, prácticamente, en este país también, sólo queda la brillante política y filosofía que el tándem Milton Friedman y Reagan pusieron en marcha en la década de los 80. Por tanto, ya produce un poco de melancolía venir aquí a discutir en concreto ministerio por ministerio, intentando arrancar alguna cosilla. Si podemos hacer algo en aspectos intersticiales, vamos a hacerlo, vamos a negociarlo a través de una enmienda, pero, en fin, como diría o dirá el Ministro, no hay más cera que la que arde.
Yo creo que ustedes, el Gobierno, han metabolizado esta filosofía, ésta que he señalado anteriormente, en los presupuestos generales del Estado para 1995, que son continuación de los de 1994, como ha señalado, muy acertadamente, el Ministro. Plantean, en definitiva, en su conjunto, un modelo de crecimiento económico, de crecimiento sin creación de empleo, pensamos nosotros socialmente injusto, que va a fomentar o continuará fomentando determinadas desigualdades territoriales que ya tienen una fuerte implantación en nuestro país y, al mismo tiempo, continuarán produciendo, no es que vayan a producir de nuevo, fuertes impactos ambientales. Para citar un ejemplo concreto de todo lo que quiero decir, el producto interior bruto se supone o se dice que crecerá un 3 por ciento en el año 1995 y, sin embargo, el paro continuará atrincherado en el 24 por ciento, según sus propios datos, análisis, valoraciones, etcétera. Y todo ello para garantizar un crecimiento sostenido --sostenido dicen sus papeles, ni tan siquiera sostenible-- del producto interior bruto que exige, según ustedes, liberalizaciones, privatizaciones, ley de enajenación de las participaciones públicas --pronto vamos a ver esta ley en este Parlamento y vamos a discutirla--y desregulaciones. Y con todo eso se dice, se afirma en el conjunto de los presupuestos, se avanzará en una mayor flexibilidad microeconómica a partir de lo cual se caminará naturalmente hacia un entorno macroeconómico estable, y cito textualmente la explicación de los presupuestos, con la eliminación de rigideces laborales y medidas correctoras de los déficit presupuestarios. Señor Ministro, señoras y señores Diputados, a todo este conjunto de cosas el Fondo Monetario lo llama por su nombre: despido más libre y más barato y desmantelamiento gradual de los sistemas público de prestaciones sociales. Ustedes lo tratan con eufemismos pero, en todo caso, la realidad es la realidad, y podríamos hablar de ella abundantemente en estos presupuestos y posteriormente en esta Cámara. Por eso hacemos la enmienda de devolución de esta Sección, enmienda que dice: Necesidad de dotación presupuestaria adecuada. Yo entiendo las cifras que he dado, son las que son, no son otras, estamos hablando de otras cosas y me permitirá utilizar el turno que me corresponde para la defensa de esta enmienda a la totalidad y de una parcial para intentar decir estas cuatro cosas para nosotros elementales.
Por tanto, necesidad de dotación presupuestaria adecuada para ser reelaborada con otra distribución y descripción de programas que en sus objetivos incorporen las previsiones necesarias para el desarrollo de otra política desde la izquierda en ese Departamento.
Esta enmienda tiene una plena identificación con la enmienda al conjunto de los presupuestos generales del Estado que presentamos para este año y, además, es coherente con todo lo que hemos defendido desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el último período y especialmente desde diciembre del año pasado, cuando empezamos a discutir sobre lo que se ha conocido como reforma laboral.


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Por tanto, no puede haber acuerdo por nuestra parte con esta Sección 15, no por tal o cual partida de gasto corriente o de personal, quizá también en algún aspecto, pero muy concreto y parcial, sino por desacuerdo con la política económica global que han diseñado y que practican desde su Departamento, con la política financiera, con la política fiscal y con la política laboral. En definitiva, no hay acuerdo con el diseño que hacen, ni con la realización práctica después, de la política económica, que, como todo el mundo sabe, y desde que yo aprendí marxismo así lo he entendido, es la madre de todas las políticas, es decir, para hacer todas las políticas. No hay acuerdo general con todo esto, por lo que planteamos, naturalmente, una enmienda a la totalidad. En segundo lugar y dentro de este mismo marco de explicación, hay incluso una reducción de gastos --usted mismo lo ha dicho--, que afecta en concreto a programas de planificación, gestión presupuestaria y política fiscal. Al mismo tiempo, en el análisis que hemos hecho de los Presupuestos de 1994 y de la propuesta que hacen, tampoco hemos visto una buena administración de los recursos de la Unión Europeas, que se aplican a través de la Ley de Incentivos Regionales, que era para captar dinero de los fondos FEDER para asentar y modernizar la industria endógena.
Ustedes lo han dedicado fundamentalmente a la entrada de capitales extranjeros de grandes empresas, que se han quedado en muchos casos con el santo y con la moneda; incluso ya se ha criticado desde sectores económicos, naturalmente más conservadores que yo, que ha habido un exceso de liberalización y un exceso de apropiación de empresas y de sectores españoles importantes por parte de empresas transnacionales. Nosotros pensamos que sería mejor invertir en el sector alimentario conservero, en el que podríamos ser fuertes, habida la tradición, la cultura que hay en este sector, las capacidades y las tecnologías que hay; se trataría de potenciar un sector endógeno en el terreno alimentario conservero.
Por eso, hemos presentado una enmienda de adición, la número 655, en la que pedimos que haya un programa de incentivos regionales para la realización empresarial, para el sector agroalimentario y conservero principalmente, que representaría, para el conjunto del Estado, no solamente para una región, una inversión de 15.000 millones de pesetas. Estos 15.000 millones de pesetas serían minorados de la Sección 31, Servicio 03, Programa 612, es decir, adquisición de acciones, con lo cual la cifra dedicada a esta Sección pasaría de 37.000 a 22.000 millones, aproximadamente.
Por tanto, señor Ministro, señoras y señores Diputados, pienso que esta enmienda a la totalidad y esta enmienda parcial van en una línea diferente a la que, lo reconozco, es mayoritaria en esta Cámara, tanto en los bancos azules como en los rojos, de mi izquierda y mi derecha, con la excepción de algunos escasos bancos. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta misma Sección por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, el debate de la Sección 15 en el conjunto del debate de presupuestos es importante, puesto que el Ministerio de Economía tiene una gran responsabilidad en lo que es la figura y la naturaleza del presupuesto del Estado. En el Ministerio de Economía es donde se gestan los presupuestos, donde se dictaminan los criterios que inspiran los presupuestos, donde se confeccionan materialmente los presupuestos, con la orientación, los criterios y las cuantificaciones de los otros departamentos ministeriales, y es donde se controla la efectiva, la real, ejecución de los presupuestos.
Por tanto, la responsabilidad de este Ministerio, la que hoy valoramos en forma de esa Sección 15 dentro del conjunto de los presupuestos, es una responsabilidad grande y como tal tenemos que acercarnos a valorar cómo ejecuta, cómo materializa esa reponsabilidad el Ministerio, algo que nos permite valorar a su vez los presupuestos de los correspondientes programas que integran este Ministerio.
Si me permiten un símil, el Ministerio de Economía debería ser el buque insignia del comportamiento de la Administración pública en unos momentos en los que la economía, la recuperación de nuestra economía nos está exigiendo austeridad en las cuentas públicas, ahorro de gasto; nos está exigiendo también claridad máxima en esas cuentas públicas y nos está exigiendo, sobre todo, eficacia en la Administración pública, reorganización de la Administración pública para ganar mayores cotas de eficacia.
Realmente, el comportamiento del Ministerio de Economía no está a la altura de las circunstancias que exige el contexto económico de nuestro país. Por eso, el Ministerio, más que como un buque insignia, se está comportando como una barquita a merced de la tormenta y en vez de dirigir la flota lo que está haciendo es quedarse a merced de los tirones de la flota, reproducir los vicios, los defectos que le vienen del resto de la flota, en vez de colaborar activamente a dirigir esa flota, a corregir esos vicios, a orientar el conjunto de la flota hacia un comportamiento eficaz de la política económica en España. Por eso, el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad de la Sección, una enmienda que lo que pretende es que el Ministerio, en definitiva el señor Ministro,

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reconsidere las cuentas de ese Ministerio, proceda a su reordenación, para conseguir, en primer lugar, una mayor austeridad; proceda, en segundo lugar, a eliminar altos cargos y unidades administrativas, porque en su propio Ministerio están las personas que opinan que la vía más eficaz de ahorrar gasto público es precisamente la supresión de unidades administrativas; y también para que el señor Ministro reconsidere que cabe reorganizar ese Ministerio para evitar disfuncionalidades, para evitar dispersión de recursos, para evitar, en definitiva, despilfarro a ineficacia.
Después de esa enmienda a la totalidad de la Sección, pedimos la devolución de programas específicos, que son aquellos en los que apreciamos las mayores debilidades, los mayores defectos en el funcionamiento de este Ministerio. El primer programa del que solicitamos la devolución es el programa sobre el que el señor Ministro, aunque con brevedad, ha intentado explicar por qué se producen esas operaciones financieras dentro del ámbito de la Dirección General del Patrimonio, dentro del ámbito del grupo patrimonio.
No es sencillo explicar por qué se producen esas operaciones financieras y lo que tenemos que lamentar es que sea precisamente en el seno del Ministerio de Economía donde se produzcan incrementos de gasto, gasto que responde a activos financieros, cuando lo que se debería estar haciendo, señor Ministro, es proceder a transferencias a empresas públicas para clarificar la contabilidad pública y de esa manera evitar que la cuenta financiera del Estado esté sirviendo de auténtico desagüe de lo que son las carencias, los defectos de funcionamiento de esas empresas públicas.
El crecimiento de los gastos financieros, en definitiva el crecimiento de los activos financieros, unos activos financieros de naturaleza ficticia, por descontado es un crecimiento muy importante, que se registra para el año próximo. Es un crecimiento que decía, sin duda alguna, sirve para enmascarar la auténtica dimensión del déficit público, que afloraría si esos gastos financieros los transformáramos en transferencias e incluso en transferencias de capital, si aumentáramos la cuenta de inversión del Estado, en vez de hacerlo por la cuenta financiera.
Nos llama la atención que se esté yendo a ampliaciones de capital en empresas cuya actividad es una actividad de servicio, prácticamente de dotación de infraestructuras, por ejemplo penitenciarias, y lo que se hace es procurar que aumente, que se mejore la dotación de instituciones penitenciarias a través de activos financieros.
Esa es una mala práctica contable, una deficiente práctica presupuestaria que lo que hace, en definitiva, es engordar, ampliar la cuenta financiera del Estado, lo cual perjudica el volumen de deuda pública de nuestro país. También nos llama la atención y encontramos difícilmente explicable las ampliaciones de capital de Agesa, restos del pasado en el caso de Empresa Nacional de Autopistas, en fin, un conjunto de gastos financieros que el Ministerio de Economía debía ser el primero en intentar limitar a la hora de ofrecer unos Presupuestos del Estado claros y eficientes a esta Cámara para la recuperación económica.
Asimismo llamamos la atención sobre el fracaso de otros programas, como son los de estadística, de previsión económica, de política económica en general, que son programas en los que se incrementa el gasto público sin que haya una revisión, un replanteamiento de los objetivos de esos programas. Mala conducta es ésta, señor Ministro, mala vía es ésa que lo que hace es, sin revisar objetivos, aumentar inercialmente los gastos destinados a esos programas. En lo que se refiere a otro programa, el de la planificación, es obligado solicitar su devolución puesto que en esa materia de programación y presupuestación es donde se están registrando los mayores errores de política económica, que se trasladan negativamente a la evolución de la economía española, en la que se está dando un incumplimiento más reiterado. Ahí está el triste recuerdo de ese Programa de Convergencia que hemos debatido en esta Cámara, con datos incorrectos sobre el contenido de la deuda pública en nuestro país. Tenemos un importante reproche a hacer a ese departamento de programación que está incorporando datos erróneos a un debate parlamentario tan fundamental, como es el debate del que depende nuestro futuro en forma de inserción, de integración en la Unión Europea.
También pedimos la devolución del programa de aplicación del sistema tributario, porque lo que estamos viendo es un resultado nefasto, no sólo para la economía sino para la sociedad española, como es el fraude fiscal. Su propio Grupo parlamentario le está diciendo, señor Ministro, que el fraude fiscal en España supera los tres billones de pesetas. Eso es reconocer el error en la aplicación de los programas destinados a hacer viables, a hacer útiles los grandes impuestos españoles, aparte de lamentar también comportamientos erráticos de lo que sería el programa de aplicación del sistema tributario, lo que pudiéramos llamar una estrategia espasmódica de aplicación del mismo, que es negativo porque lo que hace es desconcertar al contribuyente español. No sigo con el rosario de fracasos de los programas para insistir en otras enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que lo que pretenden es recortar los gastos de funcionamiento. Como habrá apreciado, supongo que lo habrá valorado el señor Ministro, lo que pretendemos es un recorte moderado, porque vemos también que, obviamente, no se puede estrangular el funcionamiento del Ministerio; lo que sí reclamamos es una mayor eficacia en su funcionamiento.


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Con ese objetivo también pedimos la supresión de altos cargos y la supresión de una secretaría general que realmente no entendemos qué hace, existiendo direcciones generales que son las que están ocupando su espacio, y no vale la expresión de coordinación de esas áreas cuando tenemos por encima un Secretario de Estado de Hacienda. La supresión de altos cargos debería haberse hecho en este Ministerio pretendiendo servir de ejemplo a los demás, pretendiendo que los demás ministerios, los demás departamentos imitaran esa actitud por parte del Ministerio, pero no es eso lo que observamos en este Ministerio. Lo que observamos es la proliferación de altos cargos, incluso de secretarías de estado cuya función es bastante discutible, como no sea la de matizar los objetivos económicos de nuestro país y confundir a los agentes económicos en su conducta, en su asimilación de esos objetivos económicos.
Vemos, ése es el espíritu de nuestras enmiendas, que estamos ante una reestructuración del Ministerio inevitable y, por supuesto, una reestructuración deseable del mismo. Es deseable, e incluso decía inevitable, la reestructuración, para conseguir, en primer lugar, que haya más claridad en la política económica de España, también para que haya más ambición, pero ambición realista, en los objetivos de política en España, no para que el señor Ministro se ponga objetivos que corresponden, en una comparación de estudios, a lo que serían niveles de Educación General Básica y después diga que los cumple, que cumple bien esos objetivos. Realmente se los pone tan cortos el señor Ministro, que eso, en una situación económica difícil como la que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en los próximos años, es una dejación en la definición de políticas económicas claras y ambiciosas.
También es una reestructuración para conseguir una programación más realista y, además, una política económica definida, confeccionada a medio y largo plazo; por supuesto, es una reestructuración para conseguir austeridad, el aprovechamiento óptimo de los recursos del Ministerio, que no están aprovechados óptimamente, empezando por los de personal y para conseguir introducir mayor eficacia en la gestión de esos programas, en definitiva, en la gestión de todo el Ministerio, lo que nos lleva a toda la temática de la ejecución presupuestaria y de la aplicación del sistema tributario. Y en lo que se refiere a la reestructuración, sólo quiero mencionar el asunto al que he hecho alusión anteriormente, el del patrimonio, que vemos que padece la falta de una política de empresa pública. No hay política de empresa pública en este Gobierno, y eso hace que la estrategia de la Dirección General del Patrimonio sea errática, vacía de contenidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, vaya concluyendo, por favor.
INT-2Archivo: 107.88 Disco: BEATRIZ 5Nombre: BEATRIZ El señor MONTORO ROMERO: Acabo en seguida, señor Presidente.
Hemos observado, al analizar el contenido del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, en primer lugar, una incapacidad manifiesta para controlar el gasto público, lo que lleva a que el señor Ministro de Economía, después de un Consejo de Ministros, tenga que anunciar en una rueda de prensa a nuestro país, a la opinión pública española, que el Gobierno va a proceder a controlar el gasto público, como si el Gobierno no estuviera haciendo eso mensualmente, como si los informes de la Intervención General del Estado carecieran de contenido o de sentido. O le lleva a provocar un tutelaje como del que el Ministerio de Economía se ha provisto en estos presupuestos del Estado sobre el Insalud que, más que un tutelaje, acaba siendo una auténtica invasión, seguramente por desconfianza en cómo se elaboran, cómo se gestionan y cómo se aplican esos presupuestos en el principal centro de gastos de la sanidad española.
Vemos también incapacidad de aplicar con eficacia los impuestos (no me extiendo en este punto, al que ya me he referido). Vemos incapacidad a la hora de presupuestar, vemos al señor Ministro de Economía prisionero de modelos inerciales en la elaboración de los presupuestos, lo que le lleva, como usted mismo ha defendido hace unos minutos en esta tribuna, a repetir el mismo modelo de presupuesto de gasto público, en definitiva, que el año anterior, y ese no es el presupuesto que está esperando la sociedad española; espera unos presupuestos diferentes, acordes con la situación que estamos viviendo. Y vemos una incapacidad de sanear la cuenta financiera del Estado; es una gran cuestión el crecimiento de la deuda pública que está, decíamos ayer, incluso amenazando al propio crecimiento económico.
Acabo resumiendo, señor Presidente, lo que es el conjunto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a esta Sección.
El conjunto de esas enmiendas lo que pretende es devolver al Ministerio de Economía y Hacienda el protagonismo que no tiene en este momento. El protagonismo significa devolverle la capacidad de ser el director de la política económica de nuestro país, que es como decir también de la política social de nuestro país.
Ese protagonismo, desde luego, entendemos, señor Ministro, que no es una cuestión de cifras, no es una cuestión de recursos presupuestarios; es una cuestión de ideas, es una cuestión de criterios, y esa carencia de ideas y de criterios es el principal defecto que apreciamos en la gestión del Ministerio de Economía y Hacienda.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.


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Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco, PNV, y el señor Albistur, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Yo no sé qué sino me persigue, pero tanto ayer como hoy me toca exponer una enmienda que tiene los pies más puestos en el suelo, en medio de un debate prácticamente sobre casi toda la teoría económica, que afecta al universo entero. Ayer me pasó igual, y espero que hoy por lo menos resulte esta pequeña cuña, metida en medio de semejante e importantísimo debate, mejor acogida de lo que fue ayer.
La enmienda está presentada a un programa del Ministerio de Economía y Hacienda relacionado precisamente con los incentivos regionales a la localización industrial y pretende llamar la atención sobre la situación en la que se hallan empresas acogidas a los programas ZUR y ZID, Zonas de Urgente Reindustrialización y Zonas Industriales en Declive. Estos programas, vigentes en los años 1985 y 1990, hechos precisamente para momentos posteriores a una grave crisis económica y en el inicio de una época de expansión, comprometieron una serie de importantes ayudas por creación y desarrollo de determinados proyectos empresariales, también con unas determinadas condiciones de empleo e inversión, en estas zonas denominadas de urgente reindustrialización y zonas industriales en declive.
En los dos programas, la participación de los Ministerios de Industria y de Hacienda se vio complementada, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, por la del Gobierno vasco a través del departamento de Industria y Energía de la Sociedad para la promoción y reconversión industrial, que aportaron un tercio de las ayudas, en el caso del Gobierno vasco, y la asunción del coste de mantenimiento de las oficinas ejecutivas gestoras de los programas, en ambos casos. Los compromisos del Gobierno vasco, en nuestro caso, han sido cubiertos en su totalidad, pero en lo que a liquidación de las ayudas a las empresas, en cumplimiento de resoluciones ya publicadas en los respectivos «Boletines Oficiales del Estado», no ha sido así, ya que los retrasos en el pago por parte de la Administración central son permanentes, por no decir constantes. En todo este período y los años posteriores a la existencia de los programas no ha existido una regularidad en los pagos. En el momento presente se acumulan deudas a las empresas por un importe superior a los 1.200 millones de pesetas y la actual situación de impagos está produciendo un efecto opuesto al pretendido por los programas, ya que las empresas han visto defraudadas sus expectativas de cobro y esta defraudación ha ido acompañada precisamente de una situación de una estructura financiera débil, como consecuencia de la coyuntura económica vivida en los últimos años.
Con nuestra enmienda pretendemos proponer los medios financieros oportunos para solventar esta situación, que pone en grave riesgo a varias de las empresas afectadas, a la vez que genera descrédito para las administraciones intervinientes en los programas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Turno en contra.
Señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
No se queje, señor Albistur, que yo tengo que hablar un poco más tarde que usted; cuestión de solidaridad.
Las intervenciones de los dos grupos básicos que han presentado una enmienda de totalidad, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han sido diametralmente distintas y contrapuestas.
Yo no sé, señor Frutos, si es verdad eso de que en el punto medio está la virtud. Si fuera verdad, estaríamos hablando de un buen presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, porque creo que, si ha seguido la intervención del señor Montoro, ha dicho todo lo contrario de lo que ha dicho usted, absolutamente.
¿Qué decía usted, señor Frutos? Nos ha hecho una explicación rápida por los modelos económicos de la Prehistoria incluso, y ha llegado a una conclusión que mi Grupo Parlamentario lógicamente no puede compartir. Muerto Keynes, compartimentado Ricardo, la mezcla de Friedman y Ronald Reagan está en el espíritu de los Presupuestos. Eso no se lo cree usted. Lo dice porque cree que lo tiene que decir. Eso posiblemente esté más cerca de la realidad de otros, no del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Me puede explicar S.S. un modelo tan neoliberal, un modelo que consagra una serie de males de los que adolece este mundo y que parece que el Partido Socialista los lleva encima? ¿Cómo me explica usted un modelo que, con un crecimiento global de la economía en términos nominales del 6 y pico por ciento, un crecimiento del gasto público en torno al 3,5 por ciento y que haya partidas que en los Presupuestos Generales del Estado crecen por encima del 6 e incluso del 8 por ciento? Partidas como la de Sanidad, pensiones, viviendas, fomento del empleo, educación... ¿Ese es un modelo neoliberal, ese es un modelo de libre competencia, ese es un modelo que responde a esa mezcla de filosofía económica milton-friedmana o ronald-reaganiana? Eso no está en los Presupuestos del Estado. Eso es lo que alguno piden que debiera estar en los Presupuestos del Estado. Está en este documento, que seguramente conocerá muy bien; está en las enmiendas de muchos grupos parlamentarios, en las que siguen hablando de menos gasto público, más mercado,

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menos Estado, menos gastos sociales... Eso dice el Fondo Monetario Internacional, eso lo dicen algunos otros, pero no lo dice el Partido Socialista. Me ha parecido más oír al señor Montoro que a lo que verdaderamente está en los Presupuestos del Estado.
Señor Frutos, si en el fondo pudiera decir lo que verdaderamente siente respecto a estos Presupuestos sin ataduras, sin mensajes de cara a la galería, entrando a fondo en los presupuestos de ingresos y de gastos, S.S. estaría de acuerdo con que es un modelo bastante socialdemócrata, con que es un modelo que trata de apoyar a determinados colectivos que sufren problemas como consecuencia de un reparto desigual que la crisis económica ha establecido. Porque es verdad que tenemos en España el tema del déficit público de los años 1993, 1994 y, por qué no decirlo, del año 1995, que se produce como consecuencia de estabilizadores automáticos. En época de crisis económica, disminuyen claramente los ingresos y aumentan los gastos destinados a corregir desigualdades sociales. Y no hemos ido, como algunos nos están pidiendo, más deprisa de lo que parece que es la lógica política, la lógica económica y, sobre todo, la lógica social. Mantenemos una filosofía, una reducción de ese déficit público, porque somos conscientes de que hemos acumulado mucho déficit público en estos últimos años como consecuencia de esos problemas que le he explicado a su señoría. Es verdad que hemos incorporado ayer una filosofía, que no ha podido ser integrada desde el punto de vista formal en la Ley de Presupuestos, de trasladar los excesos o mejoras de recaudación a ir eliminando ese déficit público. Pero no estamos obsesionados, porque hemos apostado por un modelo de crecimiento que, basándose en unas piezas sólidas en torno al año 1994, en el que el desarrollo se ha asentado básicamente en el sector exterior, queremos consolidar ese crecimiento trasladándolo a dos partidas o dos elementos básicos, como son el consumo o la demanda interna y los gastos de inversión. Creemos que lo podemos hacer sin producir graves desequilibrios fomentando, a través de medidas fiscales, una política fiscal más racional, más liviana, en un momento en el que se puede permitir el despegue económico.
Creemos que podemos consolidar un modelo de desarrollo sano, un modelo de desarrollo que verdaderamente sirva a los intereses de este país y pueda crear empleo, como ya se está creando en el año 1994.
No es un modelo económico que no quiera ver los problemas y no dé soluciones a esos problemas del empleo o del desempleo. Es verdad que tenemos todavía altas tasas de crecimiento de la población activa, consecuencia de épocas anteriores y de incorporaciones en momentos en los que se atisba un crecimiento económico de una incorporación mayor de personas al mundo del trabajo. Creemos que estos Presupuestos consolidan ese crecimiento y empiezan a dar solución.
El señor Frutos decía algo que yo no puedo contrastar de una forma favorable. Estos no son unos Presupuestos que apuesten por un modelo de crecimiento sin creación de empleo. Lo crea.
Posiblemente no todo el necesario, pero lo va creando. Este no es un modelo económico que expande o amplía el modelo de desigualdad territorial. Léase todos los datos de la Fundación Fies de los últimos años. Verá cómo se están estrechando las diferencias profundas que ha habido históricamente en España en desequilibrios territoriales. Lo que pasa es que hablamos muchas veces para la galería. No digo que lo diga usted sólo, pero a veces se acuñan conceptos que por decirlos muchas veces se piensan que son verdad. No es verdad que los desequilibrios territoriales se hayan ampliado en España en los últimos años.
Como no es verdad que hayan aumentado las desigualdades sociales. No es verdad estadísticamente. Cuando se aproxima uno a los problemas con realismo, con datos objetivos, se puede ver que muchas veces las cosas que se dicen no sustentan un análisis puramente racional y verdaderamente crítico.
No estamos apostando por las recetas que nos da en los medios de comunicación el Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que es verdad. Que no estamos haciendo caso. Es verdad que estamos preocupados por las cosas que nos dice, es verdad que estamos preocupados por la evolución del déficit público, es verdad que estamos preocupados por la marcha de una serie de variables, pero también es verdad que no sacralizamos las cosas que se nos dicen. Nos marcamos objetivos que creemos que podemos cumplir.
Por último, antes de pasar a contestar al señor Montoro, le repito lo que le decía en Comisión. Usted, que habla de la economía productiva, de los modelos de desarrollo económico propio, del apoyo a la economía nacional, ¿cómo puede presentar una enmienda que, para ampliar lo que usted quiere ampliar, más dinero a la industria agroalimentaria --que tiene sus partidas también a través del Ministerio de Agricultura--, quiere quitar los 15.000 millones de pesetas de la Corporación Siderúrgica Integral, que afecta de una forma importantísima al desarrollo económico y a la siderurgia del País Vasco y de Asturias, si cuando ha estado haciendo campaña hace poco tiempo en el País Vasco les decía que les iba a quitar dinero a la Corporación Siderúrgica Integral? Sabe usted que esta enmienda la han hecho mal. Es verdad. Pero, posiblemente, a través de una enmienda transaccional que vamos a presentar luego, vea algún horizonte, no a este problema concreto, sino, en general, a la propia dinámica de esta cuestión. Señor Montoro, usted que ha utilizado esos símiles al principio de su intervención de buque insignia, barco que navega a la deriva, barco que no dirige la flota, creo que, como hacen los niños en ese juego de los barcos,

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su enmienda a la totalidad ha tocado agua, porque no ha entrado en serio en los problemas de fondo. Ha repetido las mismas cosas que le vengo oyendo en esta tribuna, en Comisión, en los artículos de la prensa, etcétera, y basa exclusivamente toda su argumentación en que los Presupuestos no son creíbles, que este Gobierno no lidera los objetivos económicos y que este Gobierno, además de otras circunstancias, no genera confianza. Creo que lo que no genera confianza en este país es su permanente catastrofismo. Lo lleva usted diciendo desde el año pasado.
Señor Montoro, a usted que pide esa especie de devolución a los Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda porque planifica mal, porque no acierta en sus predicciones, porque dice que no acierta ningún elemento ni en la política de ingresos ni en la política de gastos, yo le diría una cosa: repase sus intervenciones del año pasado, mire lo que decía, contraste con la evolución económica que está habiendo en este país y diga quién se equivoca más y quién se equivoca menos, si las previsiones, los objetivos y la evolución. Este país no tenía futuro. Cuando estaba creciendo, el Partido Popular y usted mismo decía que no crecía, que no había evolución de ningún tipo de las magnitudes económicas. Han tenido que verlo con mucho retraso y, a pesar de todo, siguen haciendo una especie de catastrofismo, cuando todo el mundo, todos los organismos internacionales, todos los observatorios económicos, están anunciando que este país puede tener incluso un crecimiento superior al 2,8 ó al 3 por ciento. Siguen ustedes diciendo que estos Presupuestos y este Gobierno están impidiendo la recuperación económica, como lo han dicho a lo largo de todos los años. Yo creo que los que verdaderamente echan atrás a muchos sectores económicos, a un elemento de confianza necesaria en el consumo, que tiene que ver tanto o más con los tipos de interés, con la inflación, con el clima genérico de la economía, son ustedes, que con sus declaraciones hacen menos por la recuperación económica que las maldades que piensan que encierra este Presupuesto.
Yo no voy a entrar en el fondo, porque S.S. solamente ha enunciado que el sistema tributario no funciona. Usted sabe los esfuerzos que se están haciendo y todos los planes y programas que el Gobierno tiene en marcha para la lucha contra el fraude fiscal: una ley de contrabando, una nueva ley general tributaria, una organización nueva de la administración tributaria, una ley contra el delito fiscal, etcétera. Son verdad esos elementos que surgen en un momento determinado indicando que el fraude tiene un monto importante, pero parece que lo dice usted como si el Gobierno estuviera encantado con que hubiera fraude fiscal. Nos preocupa como a ustedes, como a Izquierda Unida, como a todos los sectores, que haya fraude fiscal, y por eso queremos luchar contra él, pero no solamente por decirlo muchas veces uno piensa que va a luchar más. Ya veremos en la Comisión de Economía las propuestas de cada grupo parlamentario con las intervenciones correspondientes. Yo he oído muchas cosas respecto a su modelo fiscal, que yo no comparto, porque no salen las cifras, aunque ustedes digan que les salen perfectamente, que cuadrarían todo su presupuesto económico de ingresos y de gastos (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Pues anda que las vuestras!) Es verdad, aunque, a la señora De Palacio no le parezca bien (Protestas.) Nosotros sumamos, multiplicamos y repartimos, pero ustedes, con su modelo fiscal, sólo restan en ingresos, nunca dicen cómo recortan en gastos.


El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Señor Martínez Sanjuán, vaya concluyendo.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Voy terminando, señor Presidente.
Eso no es un modelo consistente ni coherente.
En cuanto a las enmiendas que ustedes han presentado desde el punto de vista de programas y de determinadas partidas que quieren recortar en el capítulo 2, no tengo tiempo para entrar en cada una de ellas, pero si le dijera exactamente en qué se gasta el dinero y para qué son necesarias; a pesar de los recortes que ha habido este año en el capítulo 2 de gastos corrientes del Ministerio de Economía y Hacienda, que no solamente ha hecho un esfuerzo, sino que ha dado un ejemplo al conjunto de los diferentes Ministerios, posiblemente usted retiraría las enmiendas. (Un señor Diputado: Se ha quedado calvo el Ministro.) Por último, señor Presidente, coincido con la interpretación y con la enmienda que ha presentado el señor Albistur en representación del Grupo Vasco y del Grupo Mixto repecto a incrementar la partida de incentivos regionales y, más concretamentre, la que va dirigida a resolver un problema histórico, no solamente en el País Vasco, sino en algunas otras comunidades autónomas, donde se ha producido una reconversión industrial y existen zonas ZUR y zonas ZID, como Cataluña y otras regiones de España.
Sus señorías presentaban una enmienda que no podíamos aceptar --se lo dijimos en Comisión-- por cuanto que la propuesta de baja creíamos que no era lo más oportuno al respecto, ni el monto total, por cuanto que modificar 3.000 millones de pesetas era una cantidad verdaderamente importante. Pero reconociendo que existe un problema en el País Vasco y en Cataluña, de acuerdo con otros Grupos Parlamentarios como el Grupo Catalán (Convergència i Unió), presentamos una enmienda transaccional que pretende incrementar en 1.500 millones de pesetas para las zonas ZUR y ZID en el apartado total del presupuesto de incentivos regionales, junto con la enmienda número 633 del Grupo Vasco (PNV). Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Sanjuán. Señor Martínez Sanjuán, no sé si ha indicado usted o ha oído mal la Presidencia que iba a presentar también una transaccional con alguna enmienda del señor Frutos.
(Pausa.) Perdón, hacía referencia a esta transaccional. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Da gusto hablar a estas horas porque parece que estemos en una charla de mesa camilla y se pueden decir las cosas, incluso las más gordas, sin que haya crispación.
Señor Martínez, usted tiene más servidumbres que yo en el momento de subir a la tribuna y ante la galería. Tiene más servidumbres que yo porque tiene más poder. Usted está en representación del Grupo Parlamentario que es el que da apoyo mayoritariamente al Gobierno. Y tiene más servidumbres que yo al subir allí (señalando la tribuna.), es menos libre en la expresión. Seguramente algunas cosas me las reconocería en el pasillo.
Yo discrepo --aunque puede ser verdad desde un terreno físico- - de que en el punto medio está la virtud, porque muchas veces en el punto medio, señor Martínez, está la mediocridad, la incapacidad de enfrentarse a políticas de derecha y no subirse al monte, señor Martínez. No pedimos subir al monte, sino una serie de alternativas articuladas que pensamos que serían muy fáciles y posibles de desarrollar pero que, naturalmente, necesitarían voluntad política para desarrollarlas. No son políticas prehistóricas, se enfrentan a políticas que ya son prehistóricas pero que todavía tendrán una larga duración en nuestras sociedades y en concreto también en España. Los modelos que yo he citado son modelos liberal-conservadores, y he nombrado en concreto dos personas: una que, desde el punto de vista teórico-económico, los ha desarrollado, y otra, que los ha aplicado desde el punto de vista político.
Señor Martínez, los Presupuestos Generales del Estado para 1995 son ya un elemento que consagra, ratifica, remacha una política desarrollada durante todo el año 1994. Aquí tengo un recorte de periódico --por cierto, un periódico que no es demasiado ajeno a su opinión, a veces parece el «Boletín Oficial del Estado»-- que dice: Los contratos indefinidos han caído un 5 por ciento, el 2 por ciento desde la reforma laboral. Firmar un contrato indefinido se ha convertido en una quimera.
Cuando hablamos de contrato indefinido --que a aquellos señores no les debe gustar mucho-- (señalando los bancos del Grupo Parlamentario Catalán.) hablamos de una cierta estabilidad en el empleo, no una total estabilidad en el empleo, con mucha fluidez, con mucho movimiento para los trabajadores, explicando a los trabajadores y a la sociedad que será necesario que el trabajador en su vida laboral útil cambie seguramente varias veces de puesto de trabajo. Lo que exigimos, planteamos o defendemos es que esos trabajadores no sean pasto de una serie de leyes que en estos momentos han introducido en el cuerpo laboral el temor y el miedo. En este momento --usted debería saberlo y, si no, vaya usted a los despachos laboralistas, no a los sindicatos, que teóricamente son de izquierdas-- no se defienden ya legislaciones que vienen del franquismo en cuanto a algún derecho individual que tiene un trabajador o un colectivo en la empresa. A esto se le añaden las contrarreformas laborales, que es como llover sobre mojado. Es a esto a lo que nos referimos nosotros en concreto: los Presupuestos de 1995 sancionan esta política. No puede ser de otra forma. Son consecuentes.
Señor Martínez, ¿no cree usted que en la acumulación del déficit público de los últimos años han jugado un papel muy importante las políticas económico-monetaristas que han liquidado tejido productivo, que han liquidado empleos, que han liquidado cotizaciones a la Seguridad Social, que han liquidado impuestos, que han laminado empresas, que han laminado tejido social en todas partes, en el sector industrial; en el sectorde servicios se hablaba de 14.000 empresas desaparecidas sólo en Madrid en el último año? Esto, señor Martínez, se llama reestructuración. Es una política y unos presupuestos consecuentes con esta política. ¡Qué le vamos a hacer! Nosotros tenemos otra, minoritaria en esta Cámara y en la Sociedad, e intentaremos que no sea tan minoritaria para el futuro, para defender otras políticas que se expresan en un montón de cosas, incluso en cosas que no tienen directamente que ver ahora con los Presupuestos Generales del Estado, pero que sí tienen que ver con otros sectores. Señor Martínez, yo creo --lo digo sin ninguna acritud personal, a usted le consta que no es así, aunque a veces yo tengo una forma de expresarme temperamental, menos mediterránea de lo que debería ser-- que están contribuyendo ustedes sin resistencia a una política socioeconómica que está creando una sociedad extremadamente preocupante para el futuro. Yo no sé si habrá otra fuerza política que, de cara a una visión inmediata, se lo agradecerá. Yo le digo que se lo puede agradecer, pero no le va a dar ni un duro. Interprete usted históricamente qué quiere decir esto. Es verdad que en esta Cámara hay posiciones bastante más radicales en la misma línea que las que mantienen ustedes. ¡Y tanto que las hay! Aquí, en el centro (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Catalán.) mis paisanos catalanes, los paisanos del Grupo de Convergència. (Rumores.) Perdón, no había visto al señor Homs. ¡Claro que las hay! Ustedes han cogido la parte del programa sobre política económica, social y laboral, que es lo que estos señores tienen más conservador

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en su programa, porque luego todavía tienen un reflejo de su lucha por la democracia y por las libertades, etcétera. En lo económico estos señores se entenderán muy bien con ustedes y mañana, con los otros. Luego, si vamos un poquito más alla, también tienen...


El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Señor Frutos, vaya concluyendo, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Concluyo, señor Presidente.
Aquellos señores harán lo mismo que ustedes (señalando los escaños del Grupo Popular.), pero yo le aseguro que lo harán sin complejos. ¿Por qué? Porque tienen tronío, porque ellos sí saben hacer esta política. Perdone, señor Presidente, que me haya alargado mucho.
Muchas gracias. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Señor Homs, me parece que ha sido una alusión afectuosa.
(Risas.) El señor HOMS I FERRET: Si así lo entiende la Presidencia... Mi Grupo sólo quisiera decirle al Portavoz de Izquierda Unida que evidentemente está en desacuerdo con nuestro programa electoral, pero que su programa electoral no se aplica en ningún lugar del mundo y donde se ha aplicado su programa electoral económico ha sido el fracaso más absoluto de todos los fracasos en materia económica.
Nada más. (El señor Frutos Gras pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Las alusiones, señor Frutos, no tienen réplica.
El señor Montoro tiene la palabra.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, realmente hemos asistido a una réplica que ha preferido ir al debate general de política que ir al debate específico de la Sección 15. Esperemos que el Ministro de Economía se sienta invitado a aclarar los puntos de la Sección 15 y a justificar cuál sería la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque da la impresión de que el señor Martínez Sanjuán no se las ha leído. Ha preferido ir a un intento de descalificación sobre intervenciones de mi Grupo y de este Portavoz en sesiones parecidas el año pasado, pero confiamos en que eso lo sustente en declaraciones en el «Diario de Sesiones» relativas a dónde está el error cometido a la hora de valorar los Presupuestos de 1994. A lo mejor el señor Martínez está muy satisfecho de cómo ha ido el déficit público el año 1994, porque se va a cumplir el objetivo del Gobierno gracias a un crecimiento superior a lo esperado por el Gobierno del producto interior bruto.
Quizás está muy satisfecho de que el gasto público se haya desviado más de 500.000 millones de pesetas. Una minucia, señorías, comparado con las cantidades récord a las que nos tienen aconstumbrados los gobiernos socialistas, de acuerdo con la documentación presupuestaria, señor Ministro de Economía. Para ser exactos son 510.000 millones en gastos corrientes. Esa es la desviación exacta, y gracias a la desviación negativa de los gastos de inversión se queda en 470.000 millones, de acuerdo con la documentación de los presupuestos. O quizás está muy satisfecho del incremento de deuda pública que se está produciendo este año en nuestro país y se siente radiante de que aumente en España más de 11.000 millones de pesetas cada día, esos cinco billones de pesetas de nueva deuda pública que se va a registrar. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Qué barbaridad!) Esto es lo que le satisface, señor Martínez. Estos son los presupuestos que tienen que tener continuidad, éstos son los presupuestos de la socialdemocracia española. Los españoles cada vez valoran más esos presupuestos y cada vez están más convencidos de que los Gobiernos socialistas lo que saben es gastar con ese despilfarro que en ellos es habitual, lo que saben es elevar los impuestos, lo que saben es elevar el déficit público y la deuda pública. Ahí está ese déficit público de naturaleza estructural en sus tres cuartas partes, como advierten todos los organismos internacionales. Ahí están también sus compañeros de viaje en estos presupuestos y ahí están nuestros representantes de planteamientos liberales que apoyan unos presupuestos donde el gasto público no crece un 3,5 por ciento, como dice usted de acuerdo con no sé qué extraña homogeneización, sino un 5,5 por ciento, sin contar las desviaciones. Ahí está el incremento de esa presión fiscal que el año que viene supondrá 200.000 millones más de recaudación, por encima de lo que se deja de ingresar por la bajada de las cotizaciones sociales. Una medalla más para Convergència i Unió a la hora de apoyar esos presupuestos.
Convergència lucha por reducir en determinadas partidas y consumos un punto del IVA y luego se satisface de que suba el IVA, de que suban los impuestos especiales y apoya, en clara coherencia con su estrategia presupuestaria de recuperación económica, el contenido de estos presupuestos.
Ahí está también ese incremento inexorable de gastos de funcionamiento que ustedes arropan siempre bajo la bandera de la protección social. ¿Saben lo que quieren decir cuando hablan de gastos de protección social? Más burocracia, más descontrol de gasto, más despilfarro y más deuda pública. Y así no se realiza una protección social en un país moderno, en un país obligado a ganar competitividad en su proceso de integración

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europea, en su apertura a la economía internacional. Eso es lo que ustedes saben hacer con unos presupuestos del Estado. Y lo van a intentar repetir para el año próximo.
Lo que ha dicho usted desde esta tribuna es volver a hacerle un flaco servicio a la imagen internacional de la economía española. Eso es lo que ha hecho al defender estos presupuestos desde esas condiciones. Así nos están penalizando desde los mercados financieros internacionales. ¿Qué ha pasado con la prima de riesgo que está soportando nuestro país desde que se han presentado estos presupuestos, señor Ministro? ¿Podría contestarme esa pregunta? ¿Ha bajado la prima de riesgo? ¿Ha subido? ¿O los mercados financieros han penalizado esos presupuestos? ¿Cree usted que es serio subir a esta tribuna a decir que la culpa de la prima de riesgo que está soportando la sociedad española la tiene el Partido Popular? ¿Cree que es serio decir que el Partido Popular tiene la culpa de la desconfianza de la pérdida de la imagen internacional de España por la extensión de la corrupción? ¿Cree que es serio subir a esta tribuna a decir que nosotros somos los reponsables de los escándalos financieros con fuertes vinculaciones políticas? ¿Cree que es serio venir a decir que somos los responsables del fraude fiscal que lo que está haciendo es atentar contra la equidad horizontal del sistema impositivo? Porque no hay mayor atentado contra la equidad de un sistema impositivo que el registro de un fraude fiscal importante. Lo que estamos diciendo a los españoles es que ese sistema impositivo ha fracasado. Y no diga usted que es un problema general y que después de doce años de gobierno tenemos que creer que estamos en el progreso. ¡No! Estamos ante un fraude importante porque ustedes se empeñan en mantener un sistema que lo que está produciendo es esa falta de equidad horizontal. No hable de propuestas de equidad vertical, cuando ustedes están incumpliendo el principio fundamental de un sistema tributario moderno, como es el de la falta de la equidad horizontal. Y ahora nos dirá usted que también somos los responsables de que en España la tasa de paro esté situada en el 24,5 por ciento de la población activa, o de que el año pasado, en esa crisis económica tan profunda, que es justificada por nuestro análisis, por nuestras manifestaciones ante la opinión pública, realmente fuimos nosotros los que estábamos destruyendo 600.000 puestos de trabajo en un país que padece esa falta de empleos.
Estamos en un cambio de ciclo económico, señor Martínez Sanjuán, estamos ante una subida de marea de la economía europea que arrastra a la economía española y estamos, sobre todo, en un país que tiene mucho futuro ante sí; estamos en un país que tiene un gran potencial de crecimiento, y ese potencial de crecimiento despierta cuando se le da la oportunidad para que efectivamente lo haga (La señora Martínez Saiz: ¡No le soples!), cuando desde las políticas económicas se le da esa opción. Y estos presupuestos, señor Martínez Sanjuán, señor Ministro, lo que hacen es restar esa capacidad, ese potencial de crecimiento, esperar que la marea suba y tape los defectos en vez de resolverlos. Por eso, señor Ministro, estos presupuestos no son los que necesita la economía española. Se lo han dicho todos los expertos que han analizado los Presupuestos Generales del Estado; se lo ha dicho la Universidad, se lo han dicho...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, le ruego que concluya. El señor MONTORO ROMERO: Acabo enseguida, señor Presidente. Se lo han dicho los organismos dedicados al estudio más prestigiados de España; se lo han dicho los organismos internacionales; se lo han dicho los mercados financieros y se lo ha dicho la oposición, el Partido Popular, este Grupo Parlamentario desde el momento en que ha tenido conocimiento de esos presupuestos. Esa es la advertencia que hay que hacer, desde el ejercicio de una oposición responsable, a una opinión pública que está esperando que ese potencial que seguimos atesorando, esa capacidad de crecimiento despierte, algo que no ocurrirá hasta que no tengamos en España una política económica diferente.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro. Tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para bajar de los efluvios del discurso del método a agradecer al señor Martínez Sanjuán la propuesta que realiza y el reconocimiento del contenido de la enmienda, y aceptar la transacción.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Montoro, sólo le ha faltado terminar su intervención diciendo: Todo esto se acabará cuando llegue yo al Ministerio de Economía y Hacienda. (La señora De Palacio del Valle- Lersundi: No sería malo.) Desde luego, señor Montoro, le creía más científico, tanto que ha hablado al final de la Universidad. Sabe que le hemos seguido incluso en esta Cámara cuando a veces nos mandaban cosas que sabíamos que tenían su firma, y

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las leíamos con deleite, criticando las cosas y viéndolas desde otro lado. Pero la verdad es que cuando ha subido a esta tribuna a mí personalmente me ha defraudado. Primero, porque ha utilizado descalificaciones que no van con su estilo. Yo no sé que transmutación le acaba de suceder en esta última temporada que todos los discursos económicos los termina hablando siempre de lo mismo: de la corrupción del Gobierno y de la falta de responsabilidad del Partido Socialista y del Gobierno.
Está usted permanentemente lanzando un mal discurso económico.
Le decía anteriormente que los que no han dado ni una, no en previsiones sino incluso en intenciones, del año pasado a éste, han sido ustedes. Yo he leído las cosas que usted dijo hace un año en esta Cámara: que no iba a haber crecimiento económico, que no se iban a producir todos los elementos positivos que se han producido en la economía española. Este Gobierno --también este Grupo Parlamentario Socialista-- así lo creía e hizo unas previsiones sobre las que en su último informe el Fondo Monetario Internacional dice: Nuestras proyecciones macroeconómicas para el 95, en función del año 94, no difieren de forma notable de las del Gobierno.
Es fácil basarse en sus declaraciones desde el anonimato.
Todos sabemos qué se está pidiendo o qué están diciendo. ¿Que fuera más deprisa la reducción del déficit público? Pues nosotros quisiéramos también lo mismo, pero creemos que hay que hacer un modelo de crecimiento económico que esté basado también en el consumo y en la reactivación económica; basado no solamente en la inversión privada sino en la pública, no solamente en el consumo interno de las familias sino también en el consumo público. Y hemos planteado unos presupuestos moderados. El presupuesto consolidado del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, capítulos 1 a 7, es decir, los gastos, operaciones no financieras, crece el 3,7 por ciento, bastante menos que el producto interior bruto en términos nominales. Esta es una aportación positiva a un modelo de crecimiento sano, a un modelo de contención del déficit.
Además, con un compromiso doble, mejor dicho, triple: un modelo económico y un modelo real de lucha contra el fraude fiscal; un modelo que vaya destinado en serio a corregir los elementos que están introduciendo en algunos sectores unos desequilibrios y unas rigideces en la economía que impiden la disminución de precios en la prestación de algunos servicios; un compromiso de control del gasto público que tiene una serie de medidas legislativas y unas medidas de gestión; y un compromiso político que quiere ser lanzado como un mensaje de credibilidad en un año, además, en que, a pesar de que usted hable del medio billón de pesetas de desviación, que parece que suena mucho, estamos hablando de la menor desviación presupuestaria de los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha tomado en serio desde el conjunto de las administraciones públicas el control del gasto público. Es que no se puede estar permanentemente lanzando mensajes diciendo que éste es un gobierno manirroto, un gobierno al que no preocupa el gasto público, al que no preocupa el déficit público.
No le acepto, en absoluto, que diga que para nosotros el modelo de protección social es un modelo de más burocracia, un modelo que no se corresponde con la realidad. Mire, su modelo socialdemócrata, entre comillas, ese modelo de bienestar, es el de la desregulación. El modelo que otros se atreven a decir en escritos, en documentos, y ustedes, por motivos demagógicos y porque les interesa no quedar mal con ningún sector económico de la sociedad, con ningún sector social, no dicen lo que verdaderamente piensan sino lo que los otros quieren escuchar.
Habría muchas diferencias, señor Frutos. Dice que nosotros estamos haciendo con vergüenza lo que otros harían sin vergüenza. Nosotros estamos haciendo una política razonable, una política de crecimiento sano, una política que tiene que introducir elementos de flexibilidad, pero no queremos ir a donde otros nos quieren llevar, se llame Fondo Monetario Internacional, se llame CEOE o se llame el Partido Popular. No se llama Convergència i Unió. (El señor Homs i Ferret: ¡Muy bien!--Risas.) No se llama Convergència i Unió, se llamaría otras cosas. Y no queremos ir más allá de lo puramente razonable, porque tenemos que hacer una economía que se adapte a la realidad, porque la obligación, la servidumbre, señor Frutos, supone gobernar todos los días para todos los españoles y dar mensajes de esperanza no solamente al que tiene puesto de trabajo, sino al que está en el desempleo; para el padre de familia que prefiere tener un puesto de trabajo, aunque no de la calidad que nos gustaría, pero tiene que tener unas posibilidades no solamente de disponer de un dinero para llevarse a casa, sino de realizarse como persona.
Cuando se tiene la obligación de ser gobierno, de tomar decisiones todos los días, a veces es fácil hacer una crítica fácil --valga la redundancia-- desde posiciones que quieren parecer más justicieras, más socialdemócratas o más, como dice usted, señor Frutos, de izquierda. La izquierda no solamente es predicar. La izquierda real es predicar y dar trigo, asumir responsabilidades. Y creo que es lo que está haciendo este Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la Sección 15, el Pleno se reanuda mañana a las nueve horas de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y diez minutos de la noche.

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