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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 16/02/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 Núm. 125 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 123 celebrada el jueves, 16 de febrero de 1995

Página

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados (Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de expediente 4/000369, 4/000362, 4/000366, 4/000066, 4/000236, 4/000320 y 4/000368) (Página 6628)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 90.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000075) (Página 6628)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 56.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente 121/000042) (Página 6641)

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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia para la construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustoges (Francia). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 155.1, de 25 de noviembre de 1994 (número de expediente 110/000127) (Página 6662) --Convenio relativo a la importación temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990. «Boletín Oficial de las C ortes Generales», Serie C, número 156.1, de 26 de noviembre de 1994 (número de expediente 110/000128) (Página 6662)

Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 6662)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Continuación):

--Proyecto de Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 84.1, de 28 de octubre de 1994 (número de expediente 121/000071) (Página 6662) --Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 87.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000074) (Página 6674) --Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 122/000041) (Página 6683)

Votación de conjunto:

--Del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LeyOrgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 90.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000075) (Página 6686)

Elección del Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con acceso a secretos oficiales (número de expediente 052/000001) (Página 6686)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


Se inicia la sesión con carácter secreto para tratar sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 6628)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 6628)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba), señalando que, aunque se trata de un proyecto de ley tramitado a iniciativa del Gobierno, en realidad es el fruto de un trabajo elaborado por toda la Cámara, que hace menos de un año aprobó un dictamen de la Comisión Constitucional, de acuerdo con el informe de la Ponencia especial que había estudiado la modernización del censo electoral, proponiendo algunas modificaciones de la ley Electoral. Esas medidas las asumió el Gobierno, sin otros cambios que los indispensables para mantener la coherencia de la Ley Ectoral vigente, y este es el texto que hoy presentan a la Cámara. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley orgánica que es el resultado de la confluencia de preocupaciones entre el Parlamento y el Gobierno, un texto fruto de un amplio consenso.


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Agrega el señor Ministro que han transcurrido dieciocho años desde la primera elección democráticay diez años desde la aprobación de la Ley Electoralvigente, tiempo suficiente para detectar y analizar las pequeñas disfuncionalidades que se producen en operaciones tan complejas, en las que intervienen tantos organismos y donde hay que realizar un despliegue logístico muy amplio. La reforma que hoy se propone a la Cámara facilitará el ejercicio del derecho de voto, y así lo vio la Ponencia cuyo informe inspira el proyecto de ley.
Como objetivos fundamentales de la reforma destaca, en primer lugar, la pretensión de acrecentar la información que debe poseer cada elector para determinar dónde y cómo vota, si bien el verdaderocambio que aporta el proyecto de ley es la reordenación de la gestión y contenidos del censo electoral, con el establecimiento de un censo electoral permanente, cambio dirigido a que el elector no sea dado de baja cuando cambia de residencia. Se trata de una modificación en torno a la cual giran todas las reformas contenidas en el proyecto de ley, cuyo éxito en buena parte dependerá de la estrecha colaboración entre las diversas Administraciones que participan en el proceso electoral.
El señor Vera Pro defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Comienza indicando la pereza del Gobierno en abordar una reforma electoral que la Cámara le pidió por unanimidad que acometiera el mes de junio de 1994, presentando ahora el proyecto de ley correspondiente cuando nos encontramos con unas elecciones en puertas y la oficina del censo va a tener que trabajar contra reloj para poner el censo al día.
Respecto al contenido del proyecto de ley, señala que se divide en dos partes, una de ellas aceptable, dado que recoge en parte las recomendaciones aprobadas por esta Cámara en junio de 1994, y una segunda parte que considera rechazable, porque el Gobierno pretende, sin duda por un desconocimiento negligente de la realidad, retrasar la solución del problema, trasladando a 1996 la efectividad de la reforma al mantener la actual dependencia del censo electoral respecto del padrón municipal de habitantes, con lo que hay más de 150.000 ciudadanos que van a tener que quedarse sin poder ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales hasta 1999 por voluntad del Gobierno. Pretender que el nuevo sistema de actualización del censo adquiera plena eficacia a partir de 1996 es tanto como poner las bases para que el lamentable espectáculo que les tocó vivir en las elecciones generales de 1993 se repita en próximas convocatorias electorales.
Afortunadamente, el Grupo Socialista ha revisado su posición inicial al enmendar el propio proyecto de ley del Gobierno, desapareciendo así los obstáculos políticos que existían para que el Grupo Popular pudiese mostrar hoy una disposición favorable. En este sentido, retiran la enmienda de totalidad presentada al proyecto de ley y prestan su apoyo al texto que hoy debaten, procediendo en este momento a dar cuenta del contenido de las nueve enmiendas parciales que mantienen a dicho texto. Asimismo fija la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas presentadas por los demás Grupos Parlamentarios.
Concluye expresando su satisfacción porque finalmente se haya podido llegar a una redacción que, a su entender, devolverá al censo la fiabilidad, la transparencia y la universalidad necesarias para ser soporte eficaz del derecho que consagra la democracia, el derecho de todos los ciudadanos a ejercer libre y voluntariamente su voto.
El señor González de Txábarri Miranda defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Comienza resaltando que el proyecto de ley que debaten es una buena visualización del momento político actual, pues han oído una intervención del Ministro de la Presidencia mostrando su buena disposición al diálogo, pero nada más terminar su intervención se ha ido de la Cámara.
Alude a continuación a su participación personal en los trabajos de la Comisión Constitucional, donde se llegó al consenso, y la sorpresa que se llevó al observar el proyecto de ley remitido por el Gobierno, que llevó a su Grupo a pensar en presentar una enmienda de totalidad al mismo. Esta situación les hizo comprender las razones del Grupo Popular para presentar, a su vez, una enmienda de totalidad, intentando poner al día la Ley Electoral mediante la correspondiente reforma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Vasco se ha visto en la necesidad de presentar veinticinco enmiendas parciales que agrupa en cuatro apartados: el primero de ellos sobre la situación de los residentes ausentes; el segundo, sobre los residentes temporales en el extranjero; un tercer grupo de enmiendas que trata sobre mejoras técnicas del proyecto de ley y, por último, aquellas enmiendas que hacen referencia a las competencias de las comunidades autónomas en relación a materias de censo y de Junta Electoral. Termina dando cuenta de los rasgos fundamentales de algunas de estas enmiendas. El señor López de Lerma i López defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Incide en el hecho de que el proyecto de ley que hoy debaten tiene su arranque en un debate habido en la Cámara después de las últimas elecciones generales en torno a la conveniencia de mejorar nuestra

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ley Electoral, sobre todo en aquello que hacía referencia al censo electoral, habida cuenta de los errores materiales de hecho detectados en las últimas elecciones generales. Fruto de aquel debate nació, como se ha recordado, una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional que dio lugar a un texto que el 16 de junio de 1994 recibía el apoyo prácticamente unánime o muy elevado del plenario de esta Cámara, con un mandato al Gobierno para que remitiese el proyecto de ley sometido hoy a debate.
Insiste en el consenso alcanzado con anterioridad y la necesidad de que persista en la aprobación definitiva de la ley, señalando que este es el hilo conductor de las enmiendas presentadas por su Grupo, cuyo contenido expone brevemente. El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza manifestando que las deficiencias que han existido durante mucho tiempo en nuestro país y su importancia llevaron a que se crease una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional, Ponencia que ha realizado un buen trabajo y en el que se ha alcanzado un importante grado de acuerdo. El resultado de todo ello es este proyecto de ley que piensan que se ajusta básicamente a los trabajos de esa Ponencia Constitucional. Por consiguiente, el Grupo de Izquierda Unida va a apoyar el proyecto de ley, así como algunas de las enmiendas que los Grupos Parlamentarios han presentado al mismo y que mejoran técnicamente el contenido del proyecto.
Añade que Izquierda Unida también presentó tres enmiendas, las números 49 a 51, cuyo contenido menciona, fijando por último su posición respecto a las enmiendas de otros Grupos de la Cámara.
El señor Marcet i Morera defiende las enmiendas del Grupo Socialista. Comienza señalando que el proyecto que debaten responde al acuerdo de la Ponencia que trabajó en el marco de la Comisión Constitucional sobre la actualización y los problemas que rodean al censo. En este momento se encuentran con una iniciativa del Gobierno, al margen de anécdotas de recorrido que el señor Vera ha querido magnificar. Es un texto sobre el que no va a entrar en si es el del Gobierno o del Partido Popular, pero en cualquier caso se parece mucho al preparado en el marco de los trabajos de la mencionada Ponencia.
Agrega que el Grupo Socialista ha enmendado el proyecto de ley, como hace siempre que lo considera necesario, y esta vez así lo ha considerado en muchos aspectos técnicos y en otros quizás de mayor calado, reconociendo que errores los cometen también los grupos al presentar sus enmiendas. Alude brevemente a algunas de ellas y seguidamente se extiende en la fijación de la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas de los demás grupos de la Cámara. Pide a todos que realicen un esfuerzo para la búsqueda de un texto definitivo de forma consensuada, haciendo hincapié en la enmienda transaccional relativa a los residentes en el extranjero, enmienda presentada por el Grupo Popular, a la que considera una buena aproximación, aunque en su literalidad ofrece algunos problemas de aplicación. Personalmente se compromete, desde el Grupo Socialista para, a en el trámite del Senado puedan llegar todos a un acuerdo, de manera que la cuestión planteada deje de ser objeto de polémica y alcancen una solución al problema planteado.
Replican los señores Vera Pro y González de Txábarri Miranda, duplicando el señor Marcet i Morera.
Para fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, en nombre de Coalición Canaria.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas con anterioridad, así como del texto del proyecto de ley, que es aprobado por 315 votos a favor.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 6641)

Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Página 6641)

El señor Martínez Blasco defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que su Grupo presentó 84 enmiendas a este proyecto de ley, de las que permanecen vivas 62 para este trámite, señalando que no va a cansar a SS.SS. con la defensa pormenorizada de cada una de ellas, entre otras razones porque a lo largo de cinco sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas tuvieron oportunidad de debatir en profundidad la posición de los diferentes grupos sobre este proyecto de ley.
Consiguientemente, anuncia que se referirá únicamente a algunas de dichas enmiendas, especialmente a aquellas que pretenden la introducción de variaciones en el proyecto de ley, en algunos casos sustanciales, incluso para cumplir el acuerdo de esta propia Cámara con motivo del debate sobre el estado de la Nación de 21 de abril de 1994. Recuerda que la resolución 106 establecía unos criterios claros sobre contratación que, a su juicio, no han sido cumplidos en el dictamen de la Comisión y finaliza manifestando que de nada habrán servido todas las mejoras que se han incorporado en el proyecto de ley o que se puedan introducir en el futuro en la legislación española

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si se sigue produciendo una huida hacia el Derecho privado con la creación de empresas e incluso entidades de derecho público sobre las que se dice expresamente en sus leyes de constitución que se regirán por el Derecho privado en materia de contratación. Asimismo se sigue huyendo al Derecho privado en materia inmobiliaria.
El señor De la Vallina Velarde defiende las enmiendas del Grupo Popular. Comienza reconociendo la labor de perfeccionamiento del proyecto de ley habida en los trámites de Ponencia y Comisión, tanto en aspectos puramente técnicos como en orden a la concepción política del proyecto, aunque para el Grupo Popular, desafortunadamente, siguen vigentes algunos de los graves reparos que el proyecto les ofrecía y que motivó en su día la enmienda de totalidad defendida ante este Pleno.
Afirma que la reforma proyectada en materia de contratación administrativa, aparte de otras finalidades tales como dar cumplimiento a las previsiones constitucionales contenidas en el artículo 149.1.18 o acomodar nuestro Derecho a la normativa comunitaria europea, ha de tener como objetivo fundamental devolver a la contratación pública las necesarias garantías y controles jurídicos preventivos que aseguren la legalidad y acierto en la actuación de todo el sector público y el recto uso de las potestades y privilegios propios del poder en la gestión patrimonial. Añade que esas garantías y controles, en buena parte suprimidos en los últimos años de Gobierno socialista, no son incorporados al proyecto de ley en la medida que estiman precisa y que en los actuales momentos se hacen imprescindibles para cortar abusos y corruptelas. El propio Gobierno, al remitir el proyecto a la Cámara, lo encuadra dentro de las medidas precisas para luchar contra la corrupción, y así lo intenta presentar ante la opinión pública, aunque no llega hasta sus últimas consecuencias en ese intento de disponer de los instrumentos legales precisos para luchar contra esa corrupción. Consiguientemente, tienen que reiterar que con este proyecto de ley el ordenamiento jurídico no dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la regeneración de la vida pública en cuanto que abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios e importantes sectores de la actuación del poder, con grave quebranto para el interés público. Reconoce que, en relación al proyecto de ley, los trabajos de Ponencia y Comisión han dado pasos importantes rectificando el criterio gubernamental para someter en cierta medida a la regulación de la ley la actuación contractual de los entes públicos, aunque actúen sometidos al Derecho privado, lo que inicialmente el proyecto no contamplaba.
En relación con las enmiendas mantenidas por su Grupo, centra su intervención en relación con las relativas al ámbito de aplicación de la ley, el contenido de los expedientes de contratación y la posición jurídica de los suministradores frente al contratista privado de la Administración. Expone diversas consideraciones en apoyo de estas enmiendas y dando por defendidas las restantes, sobre las que se remite a las consideraciones expuestas en su momento en los debates de Comisión, pidiendo, por último, que no se deje pasar esta oportunidad para establecer las reglas precisas para el debido control del poder que les permita iniciar la necesaria regeneración de la vida pública que la ciudadanía está demandando. Este es precisamente el objetivo y la finalidad de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de ley.
El señor Mauricio Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Destaca la importancia del proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas como pieza clave en la lucha contra la corrupción, considerando que este debate debería servir para demostrar si realmente hay voluntad de luchar contra ella o si, por el contrario, se trata simplemente de una batalla electoral para la conquista del poder. Lamenta que una ley tan decisiva como la que les ocupa no despierte gran pasión en la Cámara, pareciendo que se hallan ante una ley menor, ante un debate técnico-administrativo y no un debate de profundo calado político, en el que, como mínimo, debería existir un gran compromiso de todos los grupos parlamentarios en la lucha importantísima contra la corrupción, que afecta a la eficacia del sistema económico, a la ética política, a los sistemas de valores, al prestigio de las instituciones y, sin duda, al consenso de los ciudadanos, que es básico y raíz fundamental del sistema democrático que defienden. Agrega que en la discusión de esta ley no se trata de una batalla de concepciones de derechas ni de izquierdas sino que es una ley de decencia política que debería contar con el apoyo unánime de la Cámara, cosa que desgraciadamente no ocurre, lo cual supone, a su juicio, una derrota parlamentaria de la democracia española.
Manifiesta, por último, que su Grupo apoyará en general las enmiendas presentadas por la oposición, que considera que eran perfectamente negociables por el Grupo Socialista si de verdad se quiere hacer frente a los problemas de la corrupción, y lamenta una vez más que hayan perdido una ocasión histórica para recuperar el consenso de los ciudadanos españoles y su credibilidad en un sistema político que no sólo hace retórica sobre la corrupción sino que de verdad quiere hacerle frente y erradicarla.


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El señor Nadal i Malé defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Anuncia que votarán a favor del proyecto sometido a debate, manteniendo como básicas sus enmiendas números 345, 401 y 404 a 406, así como la 329 relativa a la posibilidad de que los subcontratistas y los suministradores obtengan garantías de la Administración contratante en el momento de establecer sus posibles devengos.
Alude a los debates y negociaciones habidos en Ponencia y Comisión, señalando que las enmiendas admitidas constan en el informe correspondiente, pero reconoce que en realidad existe otro camino que los diferentes grupos parlamentarios están planteando en este momento y que difiere bastante del que personalmente y en nombre de su Grupo entiende que debe seguir esta ley. Expresa sus discrepancias con algunos extremos de las intervenciones de los señores Martínez Blasco y De la Vallina, afirmando, en relación con la corrupción, que la Ley de Contratos anterior era suficiente para que no se hubiera producido, ya que la corrupción se puede dar en función de actitudes personales antijurídicas que no hubiesen tenido lugar en muchas ocasiones de haberse aplicado lisa y llanamente la Ley anterior. No se trata en este momento, por tanto, de debatir sobre si han perdido o no una ocasión en la lucha contra la corrupción sino de adaptar nuestra legislación a la normativa comunitaria y también de adaptar a las necesidades las nuevas fórmulas de contratación aparecidas en los veinticinco años de historia de la Ley vigente.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Reconoce que durante la tramitación del proyecto de ley se han logrado avances tanto de carácter técnico como material en el texto presentado por el Gobierno, otorgando, a su juicio, mayor seguridad a la contratación administrativa y sirviendo, por consiguiente, para que haya una mayor transparencia en la contratación. Sin embargo, en relación con el ámbito de aplicación de la ley considera que la intervención del señor De la Vallina ha sido rigurosa y muy conocedora del problema existente, defendiendo una enmienda bien estructurada, a la que en este momento hace público su apoyo.
A continuación hace algunas consideraciones en torno a la normativa comunitaria y a las competencias de las comunidades autónomas en materia de contratación y concluye aludiendo al contenido de algunas de las enmiendas de su Grupo Parlamentario.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Varela Flores. Expone que el proyecto de ley ha sido debatido con mucha atención y profundidad durante su tramitación en Ponencia y Comisión y no va a reproducir aquí todos los argumentos allí esgrimidos. Por otra parte, no hay posibilidad, en tan breve espacio de tiempo, de tratar todos los temas sobre los que mantienen diferencias en una ley de tanta extensión como ésta, en la que se abordan temas muy diversos y complejos.
Expone que los objetivos originales del proyecto cuando fue presentado a la Cámara eran los de dotar a la ley de una sistemática nueva, incorporar la materia dispersa, adaptarla a la normativa comunitaria, determinar el núcleo de legislación vigente en desarrollo del artículo 141 de la Constitución, corregir las deficiencias observadas en aplicación de la legislación existente y, al mismo tiempo, tratar de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de la contratación.
Contestando al señor Mauricio, puede afirmar que, al menos en opinión del Grupo Socialista, las resoluciones números 106 y 107, adoptadas en el debate sobre el estado de la Nación del año anterior, se han cumplido plenamente, como lo demuestra el que ningún Grupo Parlamentario ha propuesto en el debate de la semana anterior nada respecto a esta cuestión.
Seguidamente procede a la defensa, en primer lugar, del voto particular de su Grupo Parlamentario para el mantenimiento de la disposición final tercera del proyecto de ley, disposición suprimida en el trámite de la Comisión, intentando convencer a la Cámara de que su inclusión no vulnera el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Al contrario de lo que afirma el señor Gatzagaetxebarría, considera que la ley que debaten debe contener esta disposición habilitante cuya supresión, sin incluir otro texto alternativo, dejaría, además, a la ley sin la autorización que las demás tienen con carácter general para dictar disposiciones de desarrollo. En cuanto al ámbito de aplicación al que se han referido todos los intervinientes recuerda que las resoluciones del debate del estado de la Nación del año 1994 encomendaban ampliar el ámbito de aplicación subjetiva de la ley, y piensa que así se consigue a través de la aceptación en comisión de las enmiendas del Partido Socialista al artículo 1.1 bis.
Termina afirmando que con la aprobación de este proyecto de ley se logrará la finalidad que de él se puede esperar en la lucha contra la corrupción, demandada en esta Cámara en varias ocasiones, a través de las diversas medidas contenidas en el propio proyecto de ley y todo ello sin perder de vista el necesario equilibrio con los principios de agilidad y eficacia administrativas exigidos por todos los sectores sociales.


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Completa el turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Socialista, el señor Morlán Gracia, destacando que el debate actual tiene importancia, como todo lo que contribuya a regenerar la vida pública, a luchar contra la corrupción, pero todo ello tiene que estar plasmado en artículos, no siendo suficiente con pronunciar aquí discursos grandilocuentes que no conducen más que a generar la idea de que hay alguien que lucha contra la corrupción y otros que no lo hacen. Alude a la extensión y profundidad de los debates en Ponencia y Comisión, donde el Grupo Socialista ha estado siempre dispuesto a discutir sobre lo planteado por los demás grupos de la Cámara y cree que nadie puede negar el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar el mayor grado de consenso.
Finalmente, dada la imposibilidad de hacer referencia a todas las enmiendas y argumentaciones defendidas por los intervinientes, se remite a los debates en Ponencia y Comisión donde se explican de forma muy clara y extensa las razones que existían para no admitir dichas enmiendas.
Replican los señores Martínez Blasco, De la Vallina Velarde, Mauricio Rodríguez, Nadal i Malé y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando los señores Varela Flores y Morlán Gracia.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como del texto del dictamen sobre el proyecto de ley, que es aprobado.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 6662)

Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia para la construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustoges (Francia) (Página 6662)

Sometido directamente a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 314 votos a favor y dos abstenciones.


Convenio relativo a la importación temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990 (Página 6662)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 316 votos a favor.


Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 6662)

El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente sesión de la elección del Diputado correspondiente al Grupo Catalán (Convergència i Unió), autorizado para acceder a la información clasificada en la categoría de secretos, de conformidad con la resolución de la Presidencia sobre acceso por el Congreso de los Diputados a secretos oficiales.
Se aprueba por asentimiento la inclusión de este punto en el orden del día.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Continuación.) (Página 6662)

Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados (Página 6662)

El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, limitándose a exponer el contenido de las mismas, las números 23 a 26, recogidas por lo demás en el texto escrito correspondiente.
El señor Romero Ruiz defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que han estado básicamente de acuerdo con el contenido de este proyecto de ley, salvo en la necesidad de introducir enmiendas que refuerzan de manera importante el control en la utilización de esos fondos reservados, incluso de una forma esencial en sede judicial. Está claro que con este proyecto se refuerza el control parlamentario sobre la utilización de estos fondos que todo el mundo conoce que desde el año 1983 al año 1994 se han elevado a 19.500 millones de pesetas, con una alteración muy sustancial en relación con los créditos iniciales contemplados en los presupuestos anuales. De dicha cantidad cerca de 10.600 millones se han utilizado por el Ministerio de Justicia e Interior.
Añade que todos los controles que se establecen con norma interna para la utilización de estos fondos son, a su juicio, interesantes y positivos, pero la Ley quedará incompleta si no se regula de una manera clara lo pedido por Izquierda Unida en las dos enmiendas presentadas, dirigidas al artículo 8, y que plantean con claridad que el carácter secreto de los fondos reservados y las restantes limitaciones

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a la publicidad de su utilización prevista en ésta y otras leyes no puede impedir ni perjudicar en ningún caso la investigación judicial de cuantas conductas puedan ser constitutivas de delito.
Termina reiterando su valoración positiva del proyecto de ley y espera la incorporación de las dos enmiendas presentadas, que coinciden con las peticiones de la Judicatura, para reforzar, junto al campo político, parlamentario y administrativo, el que se incorpore en sede judicial el control sobre los delitos que se puedan cometer con la utilización de estos fondos.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, expone que la voluntad final de su Partido es la de que estos fondos reservados desaparezcan, pero en el caso de que sigan existiendo se deben garantizar unos mecanismos de control parlamentario que permitan un seguimiento lo más amplio posible, no sólo de las partidas presupuestarias correspondientes sino también de las personas que están a cargo de las mismas. A esta finalidad se dirigen las seis enmiendas que han presentado al proyecto de ley.
Concluye felicitándose por la tramitación de una ley fundamental que tiene como objetivo que nunca más ocurra lo que parece que ha ocurrido: que los fondos reservados han sido auténticos fondos descontrolados y un repulsivo agujero negro desde el que los «roldanes» de turno se han engordado y promocionado, así como la sospecha terrible de que hayan podido servir para pervertir la democracia y financiar el otro terrorismo.
El señor Martín Villa defiende las enmiendas del Grupo Popular. Comienza recordando que en los trámites de Ponencia y Comisión su Grupo manifestó su especial satisfacción por el proyecto de ley que les ocupa y su coincidencia básica con el mismo. Se trata de un proyecto de ley resultado de un mandato prácticamente unánime de esta Cámara y cuyo origen es una proposición no de ley del Grupo Popular. Afirma que el proyecto de ley trata de resolver la especial naturaleza de los fondos reservados y la especial administración y control de los mismos.
Termina reiterando su acuerdo sustancial con el proyecto de ley, que inicialmente proviene del Grupo Popular, y su deseo sería poder culminar esta deliberación reiterando sus cuatro enmiendas, lo cual depende del Grupo Socialista.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Mohedano Fuertes. Comienza expresando su coincidencia con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que se hallan ante un acto legislativo verdaderamente concluyente en relación con los llamados fondos reservados, que no han estado regulados nunca en España por norma de rango legal, pero que son necesarios para la defensa del Estado de Derecho, desde la legalidad y desde la defensa de los valores democráticos, y que siempre tienen un cierto margen de discrecionalidad, pero respecto del cual el Grupo Socialista ha sido partidario durante toda la tramitación del proyecto de ley de suprimir todas las zonas de opacidad y de indeterminación legal. No hay actos o acciones administrativas o políticas que puedan quedar eximidas o impunes respecto a cualquier clase de acción de responsabilidad política y en esta línea hoy esta Cámara da un paso adelante concluyente en la regulación de estos créditos destinados a gastos reservados.
A continuación procede a fijar la posición concreta del Grupo Socialista en relación con las enmiendas de los diversos Grupos Parlamentarios.
Replican los señores Romero Ruiz y Martín Villa, duplicando el señor Mohedano Fuertes.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, así como al texto del dictamen, que es aprobado por 304 votos a favor.
Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Proyecto de ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (Página 6674)

El señor Frutos Gras defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que en su momento ya expresaron ampliamente y en profundidad la opinión que les merecía esta ley, posición que no ha cambiado durante el trámite de la misma en Comisión, en el que no se ha tenido en consideración ninguna de las enmiendas de su Grupo. Habían planteado que antes de aprobar leyes de las características de la presente hubiera un estatuto de la empresa pública y ni tan siquiera se tiene en cuenta la constitución de una ponencia para conocer la realidad del sector público en España, como también pedían.
Termina defendiendo las seis enmiendas de su Grupo, que no han tenido ninguna fortuna en el trámite de Comisión.


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El señor Gámir Casares defiende las enmiendas del Grupo Popular. Expone que a su Grupo, desde el principio, esta norma no le parece que haya tenido un encaje adecuado, ya que lo lógico hubiera sido que el Gobierno planteara, primero, un estatuto de la empresa pública para, acto seguido, en ese mismo estatuto o en una ley de privatizaciones, se establecieran las normas de transparencia y claridad que evitaran corrupciones en el proceso de privatización y, por último, una normativa en la que se fijaran determinados controles sobre estas empresas. Sin embargo, se ha actuado al revés, empezando por el final, haciéndose mal las cosas y encontrándose en este momento con un proyecto que califica como auténtico bodrio. Afortunadamente, el proyecto ha sido mejorado de forma importante en Comisión, encontrándose así con una norma comparativamente mejor que la que entró en esta Cámara, aunque sigue con defectos importantes que dan origen a las enmiendas del Grupo Popular, que defiende a continuación.
El señor Albístur Marín, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas por él presentadas, así como las del Grupo Vasco (PNV). Afirma que los fines fundamentales perseguidos por sus enmiendas son: primero, una mejora técnica de la ley; segundo, la defensa de las competencias específicas de las comunidades autónomas, en este caso de las diputaciones forales, con su régimen específico dentro del régimen administrativo local, y, tercero, amparar las competencias de las comunidades autónomas en materia de legislación básica y la participación en el proceso legislativo, en particular en el proceso de desarrollo reglamentario.
El señor Sánchez i Llibre defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Expone que el proyecto de ley tiene dos objetivos fundamentales que son: primero, posibilitar la privatización de determinadas empresas públicas y, segundo, retener en manos de la Administración el poder decisorio y de control sobre determinados actos que puedan afectar a empresas públicas adscritas a un fin, servicio o actividad de interés público. Las enmiendas de su Grupo iban dirigidas fundamentalmente a reducir el intervencionismo público del proyecto, basándose en razones estrictamente económicas y cualquiera que fuese la ideología política al respecto. El resultado de los debates sobre las mismas ha sido moderadamente satisfactorio y en este trámite desearían, entre todos, limitar la intervención del Estado en estas actuaciones.
Termina exponiendo el contenido concreto de algunas otras enmiendas de su Grupo, a la par que fija su posición respecto de las enmiendas del Grupo Popular.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Sáenz Lorenzo. Afirma que más bien va a realizar un turno en defensa del dictamen de la Comisión, en relación con una ley que pretende mantener determinadas capacidades de decisión en el seno de la Administración cuando una empresa con mayoría pública pasa a tener mayoría privada. Cree que no es correcto hablar estrictamente de ley de privatizaciones, como se ha venido haciendo, cuando lo que se pretende, por el contrario, es salvaguardar, en cualquier caso, los intereses públicos que pueda haber en algunas de estas empresas que de ser públicas pasan a ser privadas. Aclara que el texto mantiene que no a todas las empresas se puede aplicar la norma legal sino solamente a aquellas que prestan servicios públicos o las que de una u otra manera, en líneas generales, están en un sector intervenido, regulado o, en definitiva, no están sometidas a reglas de libre mercado, puesto que a las que están sometidas a las reglas de libre mercado no se les puede aplicar la ley.
Anuncia, en consecuencia, que van a mantener el texto del dictamen de la Comisión en sus términos actuales, porque piensan que no se pueden suprimir los apartados que pretende el Grupo Popular, ya que supondría dejar fuera de la posible aplicación de la ley a sectores tan importantes como puede ser el petrolero, al que previsiblemente podría aplicarse este texto legal.
Concluye haciendo referencia a la postura del Grupo Socialista en relación con algunas otras enmiendas concretas presentadas por los Grupos de la Cámara.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas al proyecto de ley, así como el texto del dictamen, que es aprobado.


Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio (Página 6683)

No habiendo enmiendas mantenidas al dictamen de la Comisión, en turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Alemany i Roca, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya; Robles Fraga, del Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.
Se procede a la votación del dictamen, que se considera simultáneamente como votación de conjunto correspondiente al carácter de Ley Orgánica de la proposición, siendo aprobado por 276 votos a favor y cuatro abstenciones.


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Votación de conjunto (Página 6686)

Del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 6686)

Efectuada la votación de conjunto correspondiente al carácter de Ley Orgánica de este proyecto, se aprueba por 275 votos a favor.


Elección del Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con acceso a secretos oficiales (Página 6686)

El señor Presidente anuncia la forma en que se realizará la votación, que será por papeletas, tal como está establecido en el Reglamento, informando asimismo de que hay una candidatura presentada, que es la de don Joaquín Molins i Amat.
Realizada la votación y verificado el escrutinio, el señor Presidente dio cuenta del mismo, señalando que se habían emitido 269 votos, 227 a favor del señor Molins, 29 en blanco y tres nulos, por lo que, al haber obtenido la mayoría de tres quintos de los votos del Pleno de la Cámara a los que se refiere la resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992, había resultado elegido para el acceso a la información clasificada de secreta don Joaquín Molins i Amat.
Se levanta la sesión a las seis y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta.):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Números de expediente 4/000369, 4/000362, 4/000366, 4/000066, 4/000236, 4/000320 y 4/000368)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 121/000075)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Para presentar el proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor Presidente, señorías, me corresponde, en nombre del Gobierno, presentar el proyecto de ley orgánica de modificación de la vigente Ley del Régimen Electoral General. Presento ante SS.SS. un proyecto de ley tramitado a iniciativa del Gobierno, pero que se diferencia de otros muchos textos remitidos por el Ejecutivo en que es en realidad un trabajo elaborado por toda la Cámara.
Hace menos de un año el Pleno del Congreso aprobó un dictamen de la Comisión Constitucional que contenía, sin la menor modificación, el informe de una Ponencia especial que había estudiado la modernización del censo electoral y que proponía algunas medidas de modificación de la Ley Electoral. Esas medidas las asumió el Gobierno sin otros cambios que los indispensables para mantener la coherencia de la Ley Electoral vigente y este es el texto que hoy presento ante SS.SS.
El proyecto de ley orgánica que hoy van a debatir SS.SS. es el resultado, pues, de la confluencia de preocupaciones entre el Parlamento y el Gobierno. Es un texto, por consiguiente, fruto de un amplio consenso, como no podía ser menos en una reforma electoral acordada por todos los grupos parlamentarios, pero no es solamente el fruto de un consenso que pudiéramos denominar formal entre los grupos de la Cámara y el Gobierno.
El ejercicio del derecho de voto en España desde las primeras elecciones democráticas de 1977 se ha desarrollado, en términos generales, en condiciones muy aceptables, lo que ha permitido que los ciudadanos participen plenamente en las sucesivas convocatorias de elecciones sin exclusiones ni errores. Han transcurrido, no obstante, dieciocho años desde la primera elección democrática y diez años desde que se aprobó la Ley Electoral vigente. Ha habido, pues, tiempo suficiente para detectar y analizar las pequeñas disfuncionalidades que se producen en operaciones tan complejas en las que intervienen tantos organismos y donde hay que realizar un despliegue logístico muy amplio.
Por otro lado si hay una materia en la que no se debe dejar al azar ningún punto, es justamente la del campo

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de la participación electoral. En democracia la seguridad de que cada ciudadano emita su voto es la esencia misma del sistema, y cada voto no depositado por deficiencias de la administración electoral es por sí solo un fracaso relevante.
En esa línea se ha venido trabajando estos años principalmente con las reformas de 1991 y de 1992 que tuvieron su origen en varias proposiciones de ley, en muchos casos coincidentes con proyectos del Gobierno.
La reforma que hoy propongo a la Cámara en nombre del Gobierno facilitará sin duda el ejercicio del derecho de voto y así lo vio la Ponencia cuyo informe inspira el proyecto de ley.
Permítanme que señale brevemente estas reformas, que se pueden agrupar en dos grandes bloques.
Se pretende, en primer lugar, acrecentar la información que debe poseer cada elector para determinar dónde y cómo vota.
Para ello el proyecto de ley acentúa la publicidad sobre la ubicación y límites de las secciones y mesas en el convencimiento de que el primer escalón es decisivo para llevar a la práctica el derecho del elector.
Ahora bien, el verdadero cambio que aporta el proyecto de ley es la reordenación de la gestión y contenido del censo electoral. En este punto la gran novedad que han de considerar SS.SS., conforme propuso en su momento la Ponencia, es el establecimiento de un censo electoral permanente. Este cambio va dirigido a que el elector no sea dado de baja cuando cambie de residencia. De esta forma los ciudadanos no tendrán que acudir a una nueva inscripción censal, ya que será la propia administración electoral la que procederá a realizar la oportuna modificación.
En torno a este cambio giran el resto de las reformas contenidas en el proyecto de ley, es decir, procedimiento de actualización del censo, sistema de reclamaciones y régimen excepcional de las certificaciones censales específicas. Me gustaría resaltar a este respecto que la nueva regulación que el Gobierno propone a la Cámara se fundamenta en una estrecha cooperación entre las diversas administraciones que participan en el proceso electoral: ayuntamientos, oficina del censo electoral, registros civiles y consulados. En la buena colaboración de estas entidades está la clave del éxito de la reforma. Creo que todos debemos ser conscientes del esfuerzo que la nueva legislación les impone.
Más allá, señor Presidente, señorías, de las legítimas posiciones políticas de cada grupo parlamentario y de cada partido, el Parlamento es y debe ser sede de encuentro institucional, de reformas que todos aceptamos y proponemos.
Este proyecto de ley es un ejemplo de cómo el Congreso puede trabajar consensuadamente para profundizar y dotar de la mayor transparencia a los procesos de participación política de nuestros ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Vera.
Antes de que el señor Vera inicie su intervención, quiero comunicar a la Cámara que la votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto, así como la correspondiente al número 39, proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio, tendrán lugar en el momento en que el debate lo permita, a partir de la una de la tarde.
Tiene la palabra, señor Vera.


El señor VERA PRO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, una vez más el Pleno de esta Cámara vuelve a debatir asuntos relativos al censo electoral, en esta ocasión con motivo de la necesaria modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una modificación que es consecuencia del mandato de esta Cámara al aprobar por unanimidad el pasado 16 de junio el dictamen de la Comisión Constitucional correspondiente a los trabajos de la Ponencia que estudió en su momento la elaboración del censo electoral.
Interesa recordar que ante los errores que se produjeron en el censo electoral, que se pusieron de manifiesto en las elecciones generales de 1993, el Grupo Popular --que venía denunciando estos errores, como también lo hacían algunos medios de comunicación-- el 2 de noviembre presentó una proposición no de ley para que la Ponencia se pusiera en marcha. También conviene recordar que el resultado de aquel estudio dejó en evidencia que nuestro marco legal era mejorable y que los mecanismos y medios de la administración electoral eran defectuosos y escasos. Precisamente por ser esto así el dictamen de la Comisión Constitucional contenía hasta dieciséis resoluciones, y la primera de ellas era precisamente que se efectuaran las transformaciones legales oportunas para poder alcanzar una gestión continua del censo.
Pues bien, pese a la urgencia que requería aquel dictamen en cuanto a las medidas que había que adoptar, el Gobierno dejó transcurrir más de cuatro meses sin tomar iniciativa alguna.
Por ello, en octubre del pasado año, el Grupo Popular se vio nuevamente obligado a presentar en este caso una proposición de ley para cubrir el vacío que la pasividad del Gobierno socialista estaba creando en nuestro marco legal, porque, de lo contrario, si no abordásemos esta reforma, las elecciones de mayo de 1995 las celebraríamos con un censo cerrado a 31 de diciembre de 1993, es decir, con un desfase de diecisiete meses.
Espoleado por esta nueva iniciativa del Grupo Popular, el Gobierno, por fin, despierta de su pereza y un mes después de la entrada en el registro de la proposición de ley del Grupo Popular presenta un proyecto de ley para mejorar nuestro censo. La verdad es que me

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ha sorprendido la desidia del Gobierno en esta materia, cuando todos los grupos parlamentarios estábamos de acuerdo en abordar esta reforma. ¿A qué se ha debido tanta pereza? ¿Cuáles han sido las razones que les han hecho retrasar la aprobación de las medidas correctoras que esta Cámara les urgió adoptar en el mes de junio de 1994? Ahora, con unas elecciones en puertas, la Oficina del Censo va a tener que trabajar contra reloj para poner al día el censo.
El proyecto de ley que hoy debatimos contiene dos partes bien distintas, una aceptable, dado que recoge en parte las recomendaciones que en lo referente a la modificación de la Ley Electoral aprobó esta Cámara en junio de 1994, y otra rechazable porque el Gobierno, sin duda por un desconocimiento negligente de la realidad, pretende retrasar la solución del problema, trasladando ni más ni menos a 1996 la efectividad de la reforma al mantener la actual dependencia del censo electoral respecto del padrón municipal de habitantes, aunque debo decir que, después de lo resuelto en el pasado Consejo de Ministros, todavía tenemos suerte porque el retraso propuesto en la disposición transitoria segunda es sólo hasta 1996, mientras hay más de 150.000 ciudadanos que van a tener que quedarse sin poder ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales hasta 1999 por voluntad del Gobierno.
Fue precisamente aquella dependencia a la que me refería, la dependencia del censo respecto de las revisiones quinquenales del padrón municipal, una de las causas principales del caos que se produjo en el censo vigente en 1993, que no era otro que el que traía su causa del padrón municipal de habitantes de 1991. La disposición transitoria segunda del proyecto de ley nos llevaría a que nuestro censo vuelva a incurrir en el caos que vivimos entonces. Por tanto, a la pereza gubernamental a la que me he referido hay que añadir ahora la torpeza de esta propuesta que no hace sino esterilizar la reforma.
Yo puedo comprender que la ausencia en los bancos socialistas de personas que participaron en los trabajos de la Ponencia les haya podido dejar descolocados en esta materia, pero ¿es que nadie les ha podido asesorar? Nuestro Grupo se pregunta quién habrá podido ser el genial autor de esta propuesta, porque, si comparamos el proyecto de ley con la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, se da uno cuenta que el redactor del proyecto no ha sido muy original y, desde luego, cuando lo ha pretendido ser ha puesto de manifiesto su falta de voluntad política. Y digo esto por el hecho de que en todas las comparecencias ante la Ponencia, tanto el Director de la Oficina del Censo, como el Subdirector, los delegados provinciales de esa oficina y hasta los propios miembros de la Junta Electoral Central han manifestado la necesidad de establecer la independencia entre el censo y las revisiones quinquenales del padrón municipal, precisamente todo lo contrario de lo que hace el proyecto.
Señorías, somos muchos los que coincidimos en que el censo es el nervio en el que se apoya la posibilidad práctica de un auténtico sufragio universal. Pretender por tanto que el nuevo sistema de actualización del censo, permanente y continuo, adquiera plena eficacia a partir de 1996, coincidiendo con la revisión quinquenal del padrón municipal de habitantes, es tanto como poner las bases para que el lamentable espectáculo que nos tocó vivir en las elecciones generales de 1993 se repita en próximas convocatorias electorales. Esta razón condujo al Grupo Popular a presentar una enmienda de totalidad al proyecto de ley para impedir que se cometiera un error irreparable. Afortunadamente, el Grupo Socialista ha revisado su posición inicial, posición que se ha traducido en enmendar el proyecto de ley; algo así como corregirle la plana al Gobierno. Pues bien, siendo esto así y habiéndose presentado, por parte del Grupo Socialista, una enmienda que propone la supresión de la disposición transitoria segunda del proyecto presentado por el Gobierno, alentado, sin duda, por la iniciativa de mi Grupo Parlamentario, han desaparecido, a nuestro entender, los obstáculos políticos que existían para que el Grupo Popular pueda hoy mostrar una disposición favorable. En manifestación de esta disposición favorable quisiera que, a los efectos del trámite y votación correspondiente, esa Presidencia tomara nota de que mi Grupo Parlamentario retira la enmienda de totalidad. Por tanto, señor Presidente, he de manifestar mi apoyo, el apoyo de mi Grupo al proyecto de ley que hoy debatimos, del que se descuelga el precepto dilatorio que contenía y, en consecuencia, procederé en este momento a la defensa de las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular, porque entendemos que el proyecto es susceptible de ser mejorado en algunos aspectos.
La primera de estas enmiendas, que corresponde a la número 2 del registro, propone, en coherencia con la resolución decimosexta del dictamen de la Comisión Constitucional, el reforzamiento de las competencias de la Junta Electoral Central como órgano permanente de la administración electoral.
A tal efecto proponemos que la Junta Electoral Central informe acerca de los proyectos de disposiciones que se dicten en desarrollo y aplicación de la presente ley. Señorías, parece ser que el autor del proyecto se ha olvidado de recoger el contenido de la resolución decimosexta del dictamen de la Comisión Constitucional y que nos corresponde a los grupos parlamentarios corregir este olvido, subsanando una vez más los reiterados defectos que comete el Gobierno al abordar esta reforma.
Las enmiendas 3, 4, 5 y 6 son de carácter técnico y, a nuestro entender, dan mayor precisión al texto del proyecto. Pretenden una mayor concordancia entre la elaboración del censo y el espíritu de la reforma de mantener un censo continuo.
La enmienda número 7 pretende suprimir otra desafortunada propuesta contenida en el texto del Gobierno

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porque entendemos que carece de sentido que en una ley se establezca un control periódico o una sesión informativa periódica del Presidente del Instituto Nacional de Estadística ante una Comisión de esta Cámara. En todo caso, a quien debe informar como Director de la Oficina del Censo, y no como Presidente del Instituto Nacional de Estadística, es a la Junta Electoral Central, que es precisamente el órgano encargado de dirigir y supervisar los trabajos de la Oficina del Censo. Señorías, una vez más se pone tan de manifiesto la falta de acierto del redactor del proyecto que el Grupo Socialista se ve obligado a enmendarle nuevamente de la misma manera que lo hace el Grupo Popular.
La enmienda número 8 hace referencia a la necesaria protección de los datos contenidos en el censo electoral. Con independencia de la reformas que deban introducirse en otras disposiciones, parece oportuno que la Ley Electoral limite la utilización de las copias del censo exclusivamente a los fines previstos en la ley. Esta era una cuestión que preocupaba de forma notable a los miembros de la Ponencia, al objeto de evitar la comercialización de los datos personales contenidos en el censo. Pues bien, el Gobierno también se ha olvidado de ella, incumpliendo la resolución decimoquinta del dictamen de la Comisión Constitucional, aprobado en esta Cámara por unanimidad, lo que demuestra una vez más que ni siquiera se han leído este dictamen.
Finalmente, en lo que respecta a la enmienda parcial número 9, que ha sido el caballo de batalla en la enmienda a la totalidad, no voy a argumentar más sobre ella. Propone la supresión de la disposición transitoria segunda del proyecto y coincide con la enmienda número 14 del Grupo Socialista. Como ya me he referido a esto con profusión anteriormente, no voy a seguir haciéndolo.
Respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, vamos a dar nuestro apoyo a la mayoría de las que tienen relación con la materia censal y vamos a rechazar aquellas otras que pretenden modificaciones de la Ley Electoral que no guardan relación directa ni indirecta con el censo electoral.
De las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, nos abstendremos en la enmienda número 13 y votaremos en contra de la número 17. En el caso de la primera referida a la disposición transitoria primera, porque nosotros entendemos que es más correcto el texto del proyecto, y en el caso de la segunda porque el texto que nos propone el Grupo Socialista es idéntico al contenido en el proyecto de ley.
De las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco votaremos favorablemente las enmiendas números 18, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32 y 41, y también daremos nuestro apoyo a la enmienda número 29 si se modifica la mención al «onceavo» día posterior a la convocatoria y se sustituye por «undécimo» o «décimo primero».
Rechazaremos las enmiendas números 19, 20, 33, 34, 39 y 40, porque consideramos un error aprovechar un trámite concreto, como es el de la reforma y mejora del censo electoral, para retocar otros aspectos de la ley que nada tienen que ver con el censo. También rechazaremos las enmiendas números 27 y 42, esta última referida a la disposición transitoria, puesto que el Grupo Popular solicita su supresión.
He de referirme en este momento a un conjunto de enmiendas del Grupo Vasco que merecen un mayor y más amplio comentario. Se refieren al censo de residentes ausentes --enmiendas 23, 24 y 26-- y a las modalidades de ejercer su derecho al voto --enmiendas 35, 36, 37 y 38--. Son dos cuestiones que, como manifesté en mi intervención, del 16 de junio, pese al interés de mi Grupo en ellas, el Grupo Socialista las había dejado aparcadas en los trabajos de la Ponencia y por tanto no fueron recogidas en el dictamen de la Comisión Constitucional.
El Grupo Popular ha presentado en alguna ocasión enmiendas sobre esta materia en el Senado y hoy, ante el interés que este asunto tiene y el que ha demostrado el Consejo General de la Emigración, que lleva años intentando que se aborde la reforma del artículo 32.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que ha llegado incluso a recibir las promesas, sin duda con carácter electoralista, del mismísimo Presidente del Gobierno y en otras ocasiones y últimamente de la Ministra de Asuntos Sociales, el Grupo Popular está dispuesto a que en esta Cámara se pueda alcanzar un consenso razonable sobre estas cuestiones. A tal efecto, hemos ofrecido al resto de los grupos parlamentarios dos enmiendas transaccionales para la reforma del artículo 32.3 y del artículo 75.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por lo que voy a omitir aquí la lectura de estos artículos. Señorías, habiendo ofrecido estas enmiendas transaccionales, presumo que mi Grupo rechazará la enmienda número 23 del Grupo Vasco, ofrecemos una enmienda transaccional a la número 24, que es la referida al artículo 32.3, y aceptaremos la enmienda número 26.
Finalmente, acerca de las cuatro enmiendas relativas al voto de los residentes ausentes, pensamos que se han presentado repetidas, que son prácticamente idénticas y se refieren a la reforma de los mismos artículos de la ley. La número 35 es idéntica a la 37, y la 36 es idéntica a la 38. En cualquier caso, hemos ofrecido la enmienda transaccional en esta materia con la cual pretendemos que los residentes ausentes, además de poder utilizar la modalidad del correo certificado empleado hasta ahora, puedan depositar sus sobres de votación directamente en las oficinas consulares o remitirlos por correo a dichas oficinas.
Respecto a las del Grupo Catalán (Convergència i Unió), apoyaremos todas sus enmiendas excepto las números 46 y 47, y señalamos que, en todo caso, la enmienda

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43 necesita una pequeña corrección técnica si prospera, como así parece --nosotros la vamos a apoyar--, la enmienda del Grupo Socialista que suprime el párrafo tercero del artículo 35 al que se refiere la enmienda número 43.
Bastaría que en dicha enmienda se suprimiera la referencia al párrafo tercero del artículo 35 sustituyéndolo por la mención a la disposición adicional primera.
De las presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, les había comunicado que íbamos a aceptar la número 50, pero parece que está recogido ya el texto que proponen en el artículo 36 de la ley. Por tanto, no la vamos a poder aceptar, igual que la número 51, porque se refiere a un párrafo del artículo 35 del que también se ha solicitado la supresión. En cuanto a la número 49, que es la relativa al censo de residentes ausentes, hemos ofrecido una enmienda transaccional.
Señor Presidente, no quisiera finalizar sin recordar, una vez más, desde la tribuna, que la Ley Electoral es pieza medular del sistema democrático, lo que conduce a que el Grupo Popular haya reclamado para todas las modificaciones que han de producirse respecto a ella un consenso parlamentario cercano a la unanimidad. Con esa voluntad política hemos asistido y asistiremos a todas las reformas que de esta ley sea preciso realizar, y de ello hemos dado pruebas más que suficientes. A nosotros nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera tomado la iniciativa, que el Gobierno hubiera acertado inicialmente en sus propuestas y en definitiva, que no se hubiera perdido un tiempo precioso para abordar esta reforma. No obstante, hoy queremos mostrar nuestra satisfacción al comprobar que este Parlamento es sede de un debate que, aunque innecesariamente prolongado, finalmente puede encontrar una redacción que, a nuestro entender, devolverá al censo la fiabilidad, la transparencia y la universalidad necesaria para ser soporte eficaz del derecho que consagra la democracia: el derecho de todos los ciudadanos a ejercer libre y voluntariamente su voto.
Estas son las razones que nos conducen...


El señor PRESIDENTE: Señor Vera, le ruego concluya.


El señor VERA PRO: Termino, señor Presidente.
Estas son las razones que nos conducen a mostrar nuestra posición a favor del proyecto de ley, así como a solicitar el voto favorable para las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
El señor González de Txábarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, entiende el Grupo Vasco que este inicio del debate sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es una buena visualización del momento político actual que estamos viviendo en el Estado.
Hemos oído una intervención del señor Ministro de la Presidencia que nada más terminar su discurso ha desaparecido de la Cámara, de un Ministro que debe vivir en el país de Alicia y las maravillas. Nos ha dicho que esta reforma se basa en un consenso adquirido en la Comisión Constitucional del Congreso. Nos ha manifestado su buena disposición al diálogo.
Nos ha cantado las excelencias de la Ley de Régimen Electoral General dentro del sistema democrático, y ha desaparecido de la Cámara, señor Marcet. Se ha ido.
Uno que tuvo la suerte de poder participar en esta Ponencia y haber sido, en consecuencia, quizás el artífice más pequeño de ese consenso que se logró en dichos trabajos en la Comisión Constitucional, se llevó una gran sorpresa al observar el proyecto que remitía el Gobierno. El Partido Nacionalista Vasco estuvo pensando en presentar una enmienda a la totalidad al propio proyecto y no lo hicimos, en el mes de diciembre.
Entendimos perfectamente por qué razones el Grupo Popular presentaba la enmienda a la totalidad y hoy hemos podido observar a un portavoz del Grupo Popular que tiene la reforma muy trabajada, muy leída; que, como portavoz joven que es, ha puesto toda su carne en el asador para trabajar debidamente este proyecto de ley que, uno por uno, ha ido desgranando los contenidos de la Ponencia y desarrollándolos en relación a los trabajos que sí se hicieron en la Comisión Constitucional.
Labor, señor Marcet, que no ha realizado el Gobierno y esperemos que en su intervención pueda decirnos que sí ha realizado el Grupo Socialista.
Por eso digo, señor Presidente, que este inicio del debate puede ser una buena fotografía de lo que es en este momento la situación general en el Estado. Un Grupo Popular que está intentando actualizarse, que está intentando trabajar los temas, que está intentando ponerse al día en estas reformas, que indudablemente son medulares en un sistema democrático; un Grupo Socialista que --asombrados lo observamos nosotros-- no entra en los temas; y un Ministro de la Presidencia que canta las excelencias de una reforma que este Gobierno no presenta; un Ministro de la Presidencia que nos indica con qué labor de concenso se ha realizado esta reforma, cuando nada más y nada menos que el principal Grupo de la oposición había presentado una enmienda a la totalidad a la que ni siquiera se ha referido, que es consciente de que en el Grupo Vasco tuvimos la misma tentación y que hemos tenido que presentar 25 enmiendas, señor Marcet a un proyecto que viene de un consenso logrado en la Ponencia constitucional.
Con relación a las enmiendas que presenta el Grupo Vasco, señor Presidente, las podríamos clasificar en

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cuatro grupos. Han sido explicadas con sumo detalle por parte del portavoz del Grupo Popular y no voy a ser excesivamente reiterativo en la exposición de las mismas. Un primer bloque habla de la situación de los residentes ausentes; un segundo, de los residentes temporales en el extranjero; en un tercero hay una serie de medidas que son mejoras técnicas, a tenor de lo recogido en el informe de la Ponencia, aprobado por unanimidad en esta Cámara; y un cuarto apartado hace referencia a las competencias de las comunidades autónomas en las materias de censo y de Junta Electoral.
Quisiera anunciarle al portavoz del Grupo Popular que vamos a aceptar las transaccionales que él ha ofrecido y también aquellas mejoras que se sustentan en razones técnicas en relación a los días de convocatoria. Estamos de acuerdo.
Entendemos que el Grupo popular ha trabajado con mucho rigor esta materia, como he indicado al principio, que ha seguido los trabajos de Ponencia con mucho detenimiento, y nos felicitamos por coincidir con ellos en un trabajo serio y riguroso como el que se realizó en esta Comisión Constitucional.
Lo único que lamento, señor Presidente, es que don Virgilio Zapatero, o el portavoz del Grupo Socialista en aquella Comisión Constitucional, no estén en este momento en la Cámara. Sería la mejor memoria de lo que hace un año sucedió en esa Comisión Constitucional.
En cuanto a las enmiendas números 23, 35 y 37, que hacen referencia a los residentes ausentes, se proponen una serie de procedimientos para agilizar el voto por correo.
En las enmiendas 36 y 38 se trata de posibilitar el derecho de voto a los residentes temporales en el extranjero, dado que aquí se dan una serie de circunstancias muy curiosas en la condición distinta de unos ciudadanos del Estado que puedan estar en el extranjero. Cuando se les posibilita a los europeos que residen en el Estado la participación en estas elecciones, entiende el Grupo Vasco que carecería de sentido que en las próximas elecciones municipales, en las que se ha habilitado el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios residentes en el Estado español, se cercene este derecho de voto de los residentes temporales fuera de los límites del Estado, así como que se perpetúe esta situación para posteriores convocatorias electorales.
Las enmiendas números 18, 22, 25, 27, 28, 30 y 39 son mejoras técnicas en coherencia con lo aprobado en la Ponencia.
Difícilmente el Ministro de la Presidencia podrá decir que no puede aceptar estas enmiendas, cuando están recogidas íntegramente y están traspuestas del propio dictamen de la Comisión Constitucional aprobado por el Pleno de esta Cámara.
Y, por fin, señor Presidente, las enmiendas números 19, 20, 32, 33, 34 y 40 hacen referencia a la salvaguarda de las competencias de la Comunidad Autónoma vasca y, en general, de aquellas comunidades autónomas con competencias en materia electoral.
Tiene razón el portavoz del Grupo Popular al indicar que estas materias no hacen referencia a la reforma que en este momento nos ocupa, pero debería añadir, a renglón seguido, dos consideraciones desde la perspectiva del Grupo Vasco. La primera, que estas materias las sometió a consideración de los demás grupos parlamentarios el Grupo Vasco en los trabajos de la Comisión Constitucional, y que, en aras al consenso, quedaron fuera, pero hubo una promesa por parte de los grupos mayoritarios de estudiar cuál era el momento oportuno para entrar en estos temas. Es decir, no se discutía el fondo de la cuestión, sino que estábamos hablando de oportunidad de la reforma, del momento en el que se abordaba esta reforma. En segundo lugar, hay que decir también que los contenidos de estas seis enmiendas están íntegramente recogidos en el informe aprobado por unanimidad en el Parlamento Vasco, en relación al informe del 1 de julio de 1993 en materia de transferencias a la Comunidad Autónoma vasca, relativo a estas materias electorales; que este informe fue aprobado por unanimidad por el Partido Socialista de Euskadi así como por el Grupo Popular en Euskadi, y que es un informe que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento Vasco.
No deben existir, razones de fondo en cuanto a los contenidos de estas enmiendas. Son, por otra parte, enmiendas que tradicionalmente han venido sosteniendo el Grupo de Convergència i Unió en distintas reformas que se han venido realizando de esta Ley Electoral. La pregunta que yo quiero dejar en el aire esta mañana es cuándo van a entender ustedes, señor portavoz del Grupo Socialista, señor portavoz del Grupo Popular, que es oportuno. Un grupo minoritario en la Cámara hace el esfuerzo de sumarse a los consensos de los demás por querer que el debate político se realice de forma razonable.
¿En qué momento de esta legislatura van a entender ustedes que es razonable el abordar estas reformas? Aquí tiene, señor Presidente, una clara materia de transferencias en la que no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de transferencias de personal. Estamos hablando exclusivamente de que en el momento en que existan elecciones en un parlamento autónomo y sólo en ese parlamento autónomo, como es el caso de la Comunidad Autónoma vasca o de la Comunidad Autónoma catalana, en ese momento el control y las funciones que debe desarrollar la junta electoral se realicen por la junta electoral propia de cada parlamento autónomo. En consecuencia, no se nos diga que hay problemas de validación económica de esa transferencia, de qué personal debe transferirse... No, no, no existe nada más que esto; no existe nada más que el dibujo de que en el momento en que hay elecciones al Parlamento vasco o al Parlamento catalán, en este Estado las funciones de control de esas elecciones, señor Presidente, se realizan desde esta Cámara.
Yo quisiera llamar la atención a SS.SS. de lo absurdo de este sistema, de la bondad de las enmiendas, que

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son enmiendas que en el Parlamento vasco, como digo, están sustentadas por todos los grupos menos por HB; enmiendas que ustedes, Partido Socialista, Grupo Popular, han venido sosteniendo y admitiendo en sus propios contenidos. Para terminar, yo quisiera dejar, señor Presidente, esta pregunta en el aire: ¿Cuándo van a entender, señores del Grupo Socialista, señores del Grupo Popular, que es el momento oportuno? Cuando van ya cinco reformas de esta Ley Electoral General, ¿cuándo van a entender que es el momento oportuno? Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, este proyecto de ley que hoy debatimos tiene su origen en un debate que hubo en esta Cámara después de las últimas elecciones generales, sobre la conveniencia de mejorar nuestra norma electoral, sobre todo en aquello que hace referencia al censo electoral, habida cuenta de los errores materiales que se habían detectado a lo largo de los últimos comicios, de las elecciones legislativas del Estado español. Fruto de aquel debate nació, como aquí se ha recordado, una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional. Esta Ponencia trabajó con una perspectiva de consenso desde sus propios orígenes y, por tanto, todos dejamos en nuestras respectivas cunetas aspectos importantes de nuestros planteamientos políticos para ir hacia un texto que, como arrojó el resultado de las votaciones del día 16 de junio de 1994, recibía el apoyo prácticamente unánime o muy alto, altísimo, del Pleno de esta Cámara; con un mandato al Gobierno para que éste articulase cuanto se decía en ese informe de Ponencia y, por tanto, nos trajera un proyecto de ley, que es el que hoy debatimos.
Seguimos, pues, con un hilo conductor que nos parece muy importante, nacido con la primera de las leyes electorales, que fue un proyecto que nos envió el primer Gobierno socialista a partir de sus elecciones ganadas en 1982. Un hilo conductor de un alto consenso en la Cámara, que hoy seguramente --esperemos-- va a reproducirse, pero que no por ello --como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)-- deja de haber aún interrogantes o cuestiones dibujadas a lo largo de las distintas revisiones de la Ley Electoral. Lo fueron ya en sus orígenes, por lo que es necesario que esta Cámara, de una vez por todas, cuando lo crea oportuno, lo trate con cariño, es decir, con el mismo espíritu de mutua colaboración, y de mutuo acuerdo con que ha venido actuando desde los comienzos de nuestra norma electoral y a lo largo de todas las revisiones, como, por ejemplo, ésta de hoy, que es la última.
Nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, en aras a ese consenso y a que --la verdad sea dicha-- enmiendas de otros grupos mejoran las enmiendas que hemos presentado y mantenido hasta la fecha, retiramos la número 43, porque la disposición adicional segunda que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, dice, en el fondo, lo mismo que nuestra enmienda, hace la misma aportación técnica --no ideológica--, pero con matizaciones que nos parecen más interesantes que nuestra propia redacción. Es decir, la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista, a la disposición adicional segunda viene, en la práctica, a coincidir con nuestra enmienda número 43, que queda retirada en este acto, e incluso la mejora, teniendo una mejor ubicación en la ley resultante de este debate.
Retiro también en este acto, señor Presidente, la enmienda número 44, por entender que no es el lugar más idóneo ubicar en esta ley algo referente al padrón de habitantes. Por otro lado, se refiere al registro de penados y rebeldes cuando afecta a la confección del padrón municipal, pero esto ya se hace. Estamos hablando de un censo electoral y no de un padrón de habitantes. Asimismo, retiramos las enmiendas números 47 y 48. Esta última propone una nueva redacción de la disposición final, que diría: «Se faculta al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Orgánica». Como lo que hace este proyecto de ley es modificar, aunque, a la vez, se incorpora en el texto definitivo de la Ley General Electoral, es una disposición que, de hecho, ya se mantiene en el texto original y, por tanto, la enmienda es absolutamente innecesaria.
En cambio, señor Presidente, mantenemos para su votación las enmiendas números 45 y 46. En cuanto a la primera, al artículo 6, referido al artículo 38 de la Ley Orgánica vigente, nosotros tratamos de precisar que también es posible efectuar la consulta sobre si se está inscrito o no en el censo electoral no sólo en los ayuntamientos o consulados, en su caso, sino en la propia delegación provincial de estadística, que es donde, de hecho, reside el censo electoral, oficina a partir de la cual la central da orden al conjunto de las del censo electoral. Nos parece que es una aportación --repito-- simplemente técnica, de precisión, para lograr una mejora de esta Ley Electoral.
La enmienda número 46 responde a algo que en esta Cámara se ha venido sugiriendo a lo largo de los últimos años, a partir de las elecciones generales: el uso indebido, por parte de terceros, de datos que sólo se contienen en el censo electoral; uso indebido simple y estrictamente por motivos mercantiles relacionados con la publicidad. Nosotros pensamos que hay datos en el censo electoral, como son el nombre, los apellidos y el domicilio de las personas, a los que puede tener acceso el público en los términos establecidos en la hoy

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vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, que es la que regula los datos de carácter personal. Pero el resto de datos que puede contener un censo electoral --también un padrón municipal, pero, repito, no es el caso que nos ocupa en este proyecto de ley-- no puede ser facilitado para uso indebido, de acuerdo con el contenido de esta ley; es decir, para un uso comercial, un uso mercantil. De ahí nuestra enmienda número 46, señor Presidente.
No me resta sino anunciar nuestro apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) porque, de hecho, vienen a modificar, más allá de lo que hace este proyecto de ley, la Ley Electoral, si bien son enmiendas que en otros intentos de modificación de la Ley Orgánica Electoral nuestro Grupo Parlamentario también ha planteado. Es bueno que quede constancia, al menos por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), nuestro parecer sobre unas mejoras autonómicas en una ley tan importante como la Electoral.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley que hoy examinamos en lectura única tiene una gran importancia, a nuestro juicio. Como señalamos en su momento, en una democracia representativa, que se basa en el sufragio universal, las deficiencias en el censo tienen como consecuencia el que no se lleve a cabo ese principio a que me refería: el del sufragio universal.
Estas deficiencias han existido durante mucho tiempo en nuestro país y su importancia llevó a que se crease una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional, que ha hecho un buen trabajo y en la que se ha alcanzado un importante grado de acuerdo. El resultado de ello es este proyecto de ley, que creemos que se ajusta básicamente a los trabajos de esa Ponencia constitucional. Por eso nuestro Grupo va a apoyar este proyecto de ley, así como algunas de las enmiendas que los grupos han presentado y que mejoran técnicamente, a nuestro juicio, el contenido del citado proyecto.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó en su momento tres enmiendas a este proyecto de ley, la 49, 50 y 51, que, de una forma u otra, se van a ver subsumidas bien en el propio proyecto o en enmiendas transaccionales presentadas. Por tanto, nuestro Grupo las va a retirar, en aras a ese deseable consenso.
En cuanto a la enmienda 51, dejaría de tener sentido, ya que otras enmiendas proponen la supresión del artículo 35.4, por lo que carece de sentido. Se cumple el objetivo de la misma y, por tanto, anunciamos su retirada. En relación con la enmienda 50, entendemos que también está subsumida en el artículo 36 del proyecto. Nosotros pretendemos que se garantice la actualización mensual del CERA para los electores que viven en el extranjero, así como para el resto de electores para evitar discriminaciones por razón de residencia. Entendemos que el artículo 36 --y las intervenciones de nuestro Grupo Parlamentario lo han puesto de manifiesto así-- contiene la posibilidad de que ese objetivo que pretendemos con la enmienda número 50 se consiga, por lo que la retiramos.
En cuanto a la enmienda número 49, sin duda la que más nos preocupa y en la que más énfasis ponemos, destacamos su objetivo. El objetivo es que se garantice en todo momento la efectividad del derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero, con carácter temporal o permanente, por razones laborales, de estudio, familiares o de cualquier otro tipo, desde el mismo momento de su comunicación de cambio de domicilio al consulado de la demarcación correspondiente.
Nuestra enmienda pretende, por tanto, que los españoles residentes-ausentes que vivan en el extranjero se inscriban en el censo electoral de residentes-ausentes en el momento mismo de su inscripción consular. Creemos que este primer apartado se puede ver perfectamente acogido en la enmienda transaccional que el Grupo Popular ha presentado en relación con la enmienda número 24, del Partido Nacionalista Vasco. En este sentido, incluso nos parece que puede mejorar la redacción que proponemos, ya que se trata de que los consulados tramiten de oficio la inscripción de los españoles residentes en su circunscripción electoral.
La segunda parte de nuestra enmienda coincide con lo planteado en la enmienda número 26 del Grupo Vasco (PNV), que vamos a votar favorablemente, que se refiere a que las altas, bajas y los cambios de domicilio de los inscritos en el censo electoral de residentes ausentes, así como las modificaciones posteriores de sus datos, reciban igual tratamiento y tengan los mismos efectos electorales que las realizadas por los censados en territorio español. Esto se ve acogido en la enmienda 26 del Grupo Vasco (PNV), por lo que tampoco nos parece necesario su mantenimiento.
Por tanto, consideramos retiradas las enmiendas números 49, 50 y 51 de nuestro Grupo, pedimos que se considere así y que no se pongan a votación, ya que su contenido se ve acogido en otras propuestas de grupos parlamentarios. En este sentido, nos parece que la economía parlamentaria --si se me permite utilizar esta expresión-- aconseja que retiremos nuestras enmiendas, en aras incluso de mejores relaciones, por estar recogidas en propuestas de otros grupos parlamentarios.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Enmiendas del Grupo Socialista y turno en contra de las presentadas.
Tiene la palabra el señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, efectivamente, como se ha señalado, el proyecto que estamos analizando responde al acuerdo de la Ponencia que trabajó en el marco de la Comisión Constitucional sobre la actualización y sobre los problemas que rodean al censo.
Aquí tenemos una iniciativa del Gobierno, que está ahí, al margen de anécdotas de recorrido, que el señor Vera ha querido magnificar, pero el proyecto está aquí y es el proyecto que estamos debatiendo. Y debatimos un texto, señor Vera, que no sé si es el texto del Partido Popular o el texto del Gobierno, pero, en cualquier caso, el texto del Gobierno, como su texto señor Vera, se parecen mucho al ya preparado en el marco de los trabajos que la citada Ponencia realizó. Por consiguiente, tanto el texto que presentó en su día el Partido Popular como el que hoy presenta el Gobierno no se podían distanciar en mucho de aquel proyecto.
El Grupo Socialista ha enmendado el proyecto, como lo hace siempre que lo considera necesario, y esta vez lo ha considerado necesario en muchos aspectos técnicos, y en otros quizá de mayor calado, porque los grupos también cometen errores al presentar sus enmiendas. Por ejemplo, anuncio que vamos a aceptar las enmiendas 2, 4, 7, 8 y 9, del Grupo Popular pero la 8, si me lo permite, con una corrección de algo que han olvidado. Estamos hablando en dicha enmienda de que los representantes de cada candidatura pueden obtener al día siguiente a la proclamación de candidaturas una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por Mesas, en soporte apto para su tratamiento informático... Y se han dejado la palabra informático. Errores los cometemos todos, nosotros mismos, señor Vera, cometimos el error de presentar una enmienda, la número 17, que ya estaba planteada en el proyecto. Retiramos dicha enmienda en este acto --la 17-- porque en el proyecto figura el mismo texto de nuestra enmienda.
Con respecto a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular, coincidente en espíritu con la 18, del Grupo Vasco (PNV) --nunca mejor empleada la expresión coincidente en espíritu--, hemos ofrecido a los dos Grupos una enmienda transaccional. Nos parecía que el proyecto del Gobierno no había recogido uno de los acuerdos de la Ponencia, pero ni el texto del Grupo Popular en su enmienda ni el del Grupo Vasco (PNV) recogían con fidelidad lo que había sido el acuerdo, es decir, que se informara por parte de la Junta Electoral de aquellos aspectos relacionados con el censo electoral, no todos los proyectos de disposición que debe desarrollar la ley electoral, sino solamente aquellos relacionados con el censo electoral. Este era el acuerdo de la Ponencia. Por eso nuestra enmienda transaccional.
Voy a referirme a las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). He de señalar al señor González de Txábarri que vamos a aceptar las enmiendas 25, 26, 28, 30 y 32 de las presentadas. Nos parece que mejoran en muchos aspectos las aportaciones que se hacían en el proyecto. Ya me he referido a la transacción con su enmienda número 18.
Nos decía el señor González de Txábarri que ha presentado hasta 25 enmiendas. Sin duda, varias de ellas no tienen ninguna relación con el objeto de la reforma. Abordamos, señor González de Txábarri, una reforma de los aspectos censales de la Ley Electoral. No nos cerramos a que se trate la cuestión que usted ha planteados respecto a las competencias de las juntas electorales, en concordancia con las competencias estatutarias. No nos cerramos a que esta cuestión sea analizada también, pero si se alcanza el consenso con todos los grupos, si llegamos a un acuerdo sobre este cambio de fondo, si nos llegamos a poner de acuerdo --que yo creo que podemos-- sobre la forma en que se conjugan mejor las previsiones del Estatuto de Guernika y las constitucionales.
El ensamblaje de las dos previsiones es posible y debemos llegar a un acuerdo. En todo caso, no parece ahora, en el marco de esta reforma circunscrita al censo, el momento oportuno. Usted se preguntaba cuál es el momento oportuno. No parece que sea ahora. Yo estoy de acuerdo en que debemos tratar esta cuestión. Tratemos en conversaciones con todos los grupos, más que en qué momento debemos reformarlo, cómo debemos reformarlo, de qué forma debemos conjugar las previsiones del Estatuto Vasco y de la Constitución.
Anunciamos al Grupo Catalán (Convergència i Unió) la aceptación de la enmienda 45. Este Grupo ha retirado las enmiendas 43, 44, 47 y 48.
Respecto a la número 46, nos parece mejor redacción, más oportuna, más acorde con las resoluciones de la Ponencia la propuesta que nos hace el Grupo Popular en su enmienda número 8. Es más coherente con las resoluciones de la Ponencia. Por tanto, yo pido al Grupo Catalán (Convergència i Unió) que no mantenga esta enmienda 46, que apoyemos todos la enmienda número 8, del Grupo Popular, que nos parece más coherente con las resoluciones de la Ponencia respecto a la utilización por terceros del censo electoral.
Por último, voy a referirme, señor Presidente, al tema debatido a lo largo de la mañana sobre el censo de los residentes ausentes. Hay varias enmiendas del Grupo Vasco (PNV); también una enmienda de Izquierda Unida y una transacción que ofrece el Grupo Popular.
Señorías, tengo que manifestarles que mi Grupo se compromete solemnemente en este acto y ante los demás grupos, de la misma forma que se han comprometido

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mi Grupo y el Gobierno ante el Consejo General de la Emigración, a llegar a un texto consensuado en el trámite del Senado, trámite que vamos a abrir hoy mismo, a partir de la aprobación en esta Cámara de la ley, para que en él podamos fijar dos cosas. Por un lado, una cosa que me parece obvia a estas alturas de la reforma del censo: que se pueda realizar de oficio por los consulados la inscripción en el censo; pero busquemos la fórmula que sea la más adecuada, la más útil, la que menos problemas pueda plantear en la práctica. En segundo lugar, que la votación de nuestros ciudadanos y ciudadanas que residen en el extranjero sea, además de por correo, también a través de los consulados.
Pero busquemos un texto que hayamos podido analizar y sopesar de forma consensuada. Me parece que los textos presentados por el Partido Nacionalista Vasco, por Izquierda Unida y la transaccional que ofrece a estos textos el Partido Popular, es una buena aproximación, pero plantea en su literalidad, sobre todo la transaccional que parecen aceptar los grupo enmendantes, algunos problemas de aplicación; por ello, pido a todos los grupos, especialmente a quien ha ofrecido la enmienda transaccional, que hagamos un esfuerzo para que en el trámite del Senado podamos llegar a un acuerdo, al que yo me comprometo en nombre del Grupo Socialista, para que, de una vez, este tema deje de ser objeto de polémica entre nuestros ciudadanos y ciudadanas residentes en el extranjero; que podamos, por fin, solucionar lo que son sus peticiones, diríamos, que tienen un pósito en el tiempo. Creo que todos hemos llegado al convencimiento de que, con unas modificaciones muy acotadas, en estas dos direcciones que hemos señalado y que, de hecho, en el contenido de las enmiendas planteadas están previstas, hemos de llegar a este texto de consenso y, por fin, poder solucionar este tema. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcet.
Tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero reconocer la actitud receptiva de algunos grupos respecto de algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
En relación a la enmienda referida a las competencias de la Junta Electoral Central para informar de los proyectos que se dicten en desarrollo y aplicación de la Ley, no tenemos inconveniente en aceptar la enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Socialista. Por tanto, señorías, retiramos la enmienda número 2.
Nos alegramos de que otros grupos se hayan posicionado favorablemente, tanto respecto a esta enmienda como a la relativa a la protección de los datos personales contenidos en el censo, porque si no se aprobasen estas dos enmiendas estaríamos incumpliendo el mandato de esta Cámara, acordado el pasado 16 de junio, contenido en el dictamen sobre esta resolución.
El Grupo Socialista no aceptaba las enmiendas números 5 y 6 del Grupo Popular. Debo insistir en estas enmiendas, puesto que en mi intervención prácticamente no me he referido a ellas. Son dos enmiendas que decía que eran de mejora técnica; realmente pensamos que aportan aspectos positivos a la reforma. La primera, porque mantiene la actual estructura del artículo 34 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y creemos que establece una mayor precisión en lo que se refiere a la actualización mensual del censo y, la segunda, porque añade un aspecto, cual es el de que los ayuntamientos comuniquen a los mayores de 18 años su inclusión en el mes siguiente a cada renovación. Creemos que esto mantiene mayor coherencia con lo que es el espíritu de la reforma de tener un censo continuo.
Señorías, respecto a las enmiendas transaccionales que hemos ofrecido y que se refieren a los residentes ausentes, el Grupo Socialista ofrece que lleguemos a un acuerdo en el trámite del Senado. Nosotros estamos de acuerdo en que se alcance ese consenso mayoritario y, por tanto, estamos dispuestos a hacerlo. En cualquier caso, quiero recordar al Grupo Socialista que en caso de no hacerlo así estarían incumpliendo una promesa del mismísimo Presidente del Gobierno al Consejo General de la Emigración. El sentido de estas enmiendas perseguía sensibilizar a esta Cámara sobre un problema que afecta a un millón y medio de ciudadanos y que por razón de la distancia en muchos casos se ven impedidos a ejercer su derecho al voto.
Al señor González de Txábarri voy a responderle a la pregunta que retóricamente hacía. En primer lugar, quiero decirle que sí he defendido la enmienda a la totalidad. He criticado, y he empleado bastante tiempo en ello, la disposición transitoria segunda y he explicado que retiraba esa enmienda puesto que el Grupo Socialista había corregido al Gobierno.
Señor González de Txábarri, respecto a la pregunta que nos ha formulado, he manifestado que esta reforma traía su causa o era consecuencia del mandato de esta Cámara al aprobar por unanimidad el dictamen de la Comisión Constitucional que correspondía a los trabajos de la Ponencia que estudiaba los problemas de la elaboración del censo. Por tanto, si estamos hablando de censo, hablemos de censo, porque el Grupo Popular tiene otras reivindicaciones que hacer en cuanto a la reforma de la Ley Electoral. Hablemos de cabinas electorales, hablemos de interventores informáticos. Es decir, tenemos otras reivindicaciones. No hemos aprovechado un trámite que se refería a una comisión, a un dictamen aprobado por esta Cámara por unanimidad, para traer estas reivindicaciones, que son reivindicaciones históricas de mi partido. Por tanto, estoy dispuesto

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a sentarme en cualquier mesa para discutir e intentar solucionar las aspiraciones que todos los grupos parlamentarios pongan encima de la mesa, pero no aprovechemos un trámite que no es el que corresponde.
Finalmente, señor Presidente, permítame indicarle que, al coincidir algunas de nuestras enmiendas con otras presentadas por otros grupos, estamos dispuestos a retirarlas para votar favorablemente las de los otros grupos, siempre y cuando se mantengan vivas al finalizar el debate; en caso contrario, mantendríamos nuestras enmiendas. Estas enmiendas son la número7, que coincide con la número 10 y con la número 25 del Grupo Vasco, y la número 9, que coincide con la número 14 del Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera, en primer lugar, agradecer el tono y los contenidos manifestados por el portavoz socialista, señor Marcet, que yo creo que ha centrado el debate en sus propios y justos términos.
Es verdad que estas enmiendas de contenido competencial que presenta el Grupo Vasco no hacen referencia exacta a la reforma que en estos momentos se nos tiene encomendada.
También es verdad, señor Marcet y señor Vera, que ustedes mismos, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular, en distintas enmiendas a distintos artículos, han presentado enmiendas que los servicios de la Cámara han clasificado como no contemplado en la reforma. Todo es verdad y todo depende del interés con que se tienen que mirar estos temas.
Lo que sí está claro, señor Marcet, es que el espíritu común que ha animado al Grupo Popular y al Grupo Vasco (PNV) en este tema es el espíritu de trabajo y de rigor. Somos los dos únicos portavoces que hemos mantenido los trabajos de la Comisión Constitucional en esta Ponencia y los dos únicos portavoces que hemos seguido los trámites detallados a lo largo de esos trabajos y que nos encontramos con la sorpresa del proyecto de ley que presentó el Gobierno, que devenía de los trabajos de aquella Ponencia de la Comisión Constitucional.
Agradezco, señor Marcet, su disposición al diálogo, su disposición a encontrar posiciones consensuadas. Comparte usted lo que expresó el Presidente del Gobierno en sus intervenciones en el último debate sobre el estado de la Nación.
Mi pregunta sigue siendo la misma. Si nosotros hemos mantenido reiteradamente --y usted lo sabe bien-- estas posiciones, las hemos manifestado en las sucesivas reformas que ha habido desde el año 1985 hasta ahora; si han existido proposiciones de ley de reforma de estos artículos y ustedes, Grupo Socialista y Grupo Popular, han votado en contra; si en el Parlamento vasco se ha encontrado en esta misma redacción que hoy aquí presentamos un consenso entre todos los grupos, salvo HB, yo estoy con usted en las posiciones de diálogo y de consenso, pero, ¿me puede explicar qué más tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Qué más le puede quedar a una minoría que expresar sus posiciones, que mantenerlas, que lograr los consensos mínimos con relación a todos los demás grupos, que manifestar no ya su propia posición sino la posición consensuada del Parlamento Vasco, y venir a esta Cámara y escuchar reiteradamente que no es el momento oportuno y que, evidentemente, los grupos mayoritarios están por el consenso y por el diálogo, posición que, evidentemente, se agradece pero que, tras diez años, uno admite sus propias reservas no ya políticas sino intelectuales? Ese es el problema, la reserva intelectual hacia ciertas palabras, que más que a posicionamientos políticos, señor Marcet, muchas veces suenan a humo. Esa es la verdad.
Señor Presidente, desde el Grupo Vasco (PNV) vamos a querer dar una nueva muestra de que nosotros estamos por el diálogo y con el consenso. Vamos a retirar todas las enmiendas de mejora técnica y aquéllas a las que se nos han ofrecido transaccionales a lo largo del debate, vamos a dar un nuevo paso, es decir, que no sea por nosotros que el consenso no se produzca. Vamos a mantener las enmiendas números 19, 20, 32, 33, 34 y 40, que son las referidas a los temas competenciales, en la confianza de que a los grupos mayoritarios la reflexión que pueda surgirles a través de este debate les haga ver la bondad de estos planteamientos, les haga ver la bondad de lo que votan sus correligionarios en el Parlamento Vasco, en este caso, y que, como decía el señor Marcet, se pueda llegar a ese consenso.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor Presidente.
Voy a referirme en primer lugar a las dos enmiendas técnicas que ha defendido ahora con mayor ahínco el señor Vera.
Efectivamente, señor Vera, las mejoras técnicas son siempre opinables. A algunos nos puede parecer...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Marcet. Un momento. Señor López de Lerma, ¿deseaba utilizar turno de réplica? (Pausa.) Gracias.
Señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor Presidente.


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Decía que las mejoras técnicas son siempre opinables.
Efectivamente, la enmienda que usted plantea, la número 5, se refiere a la ordenación de uno de los artículos. A usted le parece mejor su enmienda. A nosotros nos parece bien y suficiente el texto del proyecto.
Con respecto a la enmienda número 6, sí debo decirle, señor Vera, que en el apartado segundo del artículo 4.º (es decir, tal como quedaría actualmente el artículo 35) se prevé que en las actualizaciones correspondientes al primer mes del año se acompañaran, en los términos previstos en el párrafo anterior, las altas con la calificación de menor de los residentes que cumplieran 18 años..., lo cual significa que su enmienda puede ser técnica, con el fin de colocar en otro sitio los mayores de 18 años, pero nos parece que esta previsión del apartado segundo ya cumple el objetivo que usted pretende con su enmienda, que es que, mes a mes, se vayan incorporando los que van cumpliendo los 18 años.
Por tanto, mantengo que las enmiendas que vamos a votar son las que he dicho que nos parece que sí aportan una mejora técnica o de mayor calado al proyecto del Gobierno. No nos parece que estas dos enmiendas sean de capital importancia.
Con respecto a lo que ha señalado el señor González de Txábarri, en nombre del Grupo Vasco (PNV), efectivamente, quizá, nosotros, como Grupo Socialista, hemos planteado en alguna enmienda algún aspecto que no podía estar contemplado en el proyecto, pero conectado con el objeto de la reforma, no aparte.
Estoy de acuerdo, señor González de Txábarri en que, al fin y al cabo, nos toca mover piezas. Ustedes han hecho el camino que debían realizar en varias ocasiones y quizás los grupos mayoritarios y, en este caso, el Grupo Socialista, en primer lugar, es a quien le toca mover piezas en este aspecto que hace referencia a una cuestión que ustedes vienen reivindicando desde hace algún tiempo. No nos parece que sea éste el momento. Por tanto, moveremos la pieza en el momento oportuno y, coherentemente, con lo que hemos votado también en el Parlamento Vasco, señor González de Txábarri.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra para fijar posición en nombre de su Grupo.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria.
El Grupo de Coalición Canaria está, en primer lugar, dentro del espíritu que habíamos tenido en la Ponencia Constitucional en cuanto al consenso de todos los grupos para desarrollar este proyecto de ley en los aspectos de perfeccionar los inconvenientes censales de todo proceso electoral. En segundo lugar, lamenta que aquel espíritu, que tenía que haber recogido el Gobierno, no viniera totalmente reflejado en el proyecto que nos reunía para este fin. En tercer lugar, vamos a apoyar todas las enmiendas de los grupos parlamentarios Popular, Catalán, Vasco e Izquierda Unida, además de otras enmiendas técnicas del Grupo Socialista, por entender, señor Presidente, que estamos perdiendo una ocasión para conseguir un proyecto de ley que no nos tenga que obligar en estos aspectos, como ha dicho el señor Marcet, a abrir otra nueva negociación.
Nosotros creemos que, por ejemplo, las enmiendas que vamos a votar, todas del Grupo Vasco... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, un momento.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor González de Txábarri ha anunciado que retira la enmienda 41 del Grupo Vasco, pero yo debo dejar constancia de que es importante que, al menos en esa segunda fase que se abre por el señor Marcet, se dé entrada al instrumento que propone el Grupo Vasco en cuanto al uso del documento nacional de identidad en todos estos procesos, porque resulta que estamos o menospreciando o no utilizando un instrumento de control censal que está plenamente informatizado. El Ministerio de Hacienda ha dado el número de identificación fiscal, basándose fundamentalmente en el documento nacional de identidad, y aquí podía haberse aprovechado para que los soportes informáticos de la Oficina del Censo Electoral utilizaran como base el documento nacional de identidad.
Nosotros creemos que por parte del Grupo Socialista es un error no aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que nosotros vamos a apoyar, y perfeccionar así, de una vez por todas, el censo de los residentes en el extranjero, dando un papel a las oficinas consulares. Este tema suscita una alta sensibilidad en el archipiélago canario.
Canarias tiene un excedente de población, por llamarlo de alguna manera, en las medias de emigrantes españoles en países de Centro y de Sudamérica, que queda frustrada en todo proceso electoral porque el voto por correo no atiende eficazmente su demanda y tiene que ser el voto a través de las oficinas consulares, instrumentalizado de forma legal y correcta, el que resuelva este tema de los españoles y, en este caso, de los canarios emigrantes en estos países de Centro y de Sudamérica fundamentalmente, población que, por ejemplo, en el caso de Venezuela es altamente significativa.
Por esas razones nosotros hubiéramos deseado que, de una vez por todas, en todo el proceso censal referido a los inconvenientes actuales se hubiera dado un paso definitivoy no un medio paso como ocurre con este proyecto de ley.


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Por estas razones nosotros vamos a votar todas estas enmiendas, incluidas las del Grupo Parlamentario Vasco o las concordantes del Grupo Parlamentario Catalán, que tienen el reconocimiento ya para el futuro --nosotros creemos que está implícito en la Ley-- de las competencias autonómicas, para que las juntas electorales de las comunidades autónomas vayan preparando el terreno y el papel que tienen, constitucional y estatutariamente, que jugar.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas números 3, 4, 7, 8 y 9; la número 8 corregida técnicamente en los términos resultantes del debate, con la adición de la palabra «informático» después de «soporte».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas números 5 y 6, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 162; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 314; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas números 19, 20, 33, 34 y 40, del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 25; en contra, 286; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Enmienda número 45.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 27; en contra, 285; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 311; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas transaccionales del Grupo Popular. Enmienda transaccional en relación con la enmienda número 24, del Grupo Vasco (PNV), y las enmiendas números 35 y 36, del mismo Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 154; en contra, 160; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con las enmiendas números 2, del Grupo Popular; y 18, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 312; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votación correspondiente al texto del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.


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DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) Perdón.
Disculpe, señor Olarte, ha habido un error por parte de la Presidencia.


--PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)

El señor PRESIDENTE: El punto que corresponde debatir relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas es, en primer lugar, el proyecto de ley Contratos de las Administraciones Públicas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
(Rumores.--El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco, espere un momento por favor.
Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señorías, nuestro grupo presentó 84 enmiendas a este proyecto de ley, de las que en este trámite permanecen vivas 62. No voy a cansar a SS.SS. con la defensa de las 62 enmiendas una a una, entre otras razones porque a lo largo de cinco sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas hemos tenido oportunidad de debatir en profundidad la posición de los diferentes grupos. En todo caso, voy a referirme a algunas de ellas, porque creo que es preciso introducir en el proyecto de ley algunas variaciones, en algún caso sustanciales, incluso para cumplir el acuerdo de esta propia Cámara con motivo del debate sobre el estado de la nación del pasado 21 de abril de 1994.
Como SS.SS. recordarán, la resolución 106 establecía unos criterios claros que, a nuestro modo de ver, no han sido cumplidos en el dictamen de la Comisión que hoy se trae al pleno.
Comenzaré precisamente por la enmienda número 100, al artículo 11; de los órganos de contratación. La resolución de la Cámara pedía en su apartado c) que se generalice la intervención de órganos colegiados. Esto es fundamental en la contratación. Si se puede atribuir a un órgano unipersonal la posibilidad de contratar 1.000, 2.000, 10.000 millones de pesetas --en este caso con autorización del Consejo de Ministros--, estamos introduciendo un elemento que puede perturbar, y así se ha podido comprobar en los últimos meses, la Administración del Estado. Es excesivo riesgo atribuir a un órgano unipersonal la capacidad de contratar cifras tan importantes. Insisto en que esto estaba en la propia resolución de la Cámara y nuestra enmienda 100 lo único que pide es que, en todo caso, en todas las administraciones públicas los órganos de contratación tengan que ser órganos colegiados, a diferencia de lo que propone el proyecto, que atribuye a órganos unipersonales la capacidad de contratación.
En segundo lugar quisiera referirme, en relación con las actuaciones relativas a la contratación, a algunos elementos que creemos son importantes. Las enmiendas números 115, 116 y 117 se refieren al tema del fraccionamiento. El fraccionaminto de los contratos es uno de los elementos perturbadores que hemos observado en la actividad de la Administración. Se elude la ley, habitualmente se hace un fraude de ley y se fraccionan contratos para evitar los controles, para evitar determinados procedimientos.
¿Cómo resolver el tema del fraccionamiento? La enmienda 115 propone que, antes de contratar, el expediente debería abarcar la totalidad de la perspectiva, sin perjuicio de que se puedan hacer después diferentes contratos, pero, inicialmente, el expediente debería advertir que se van a producir una serie de contrataciones. En Comisión he puesto el ejemplo de que se quiera llevar a cabo la informatización de todo el Congreso de los Diputados, puede ser que, por razones presupuestarias, se acometa en varios ejercicios, pero es preciso señalar al comienzo que aunque se esté contratando una décima parte de la informatización, en sucesivos ejercicios va a haber todo un proceso de informatización. Las empresas que concurran a esa informatización sabrán que puede haber un determinado volumen de contratación. A nosotros nos parece fundamental, por tanto, que se advierta, al comienzo del expediente, todo lo que se va a contratar respecto a esa contraprestación objeto del contrato.
Nos parece suficiente con que haya dos tipos de contratación de procedimientos: el procedimiento ordinario y el procedimiento de emergencia. Se mantiene, porque ya existía en nuestra legislación, un procedimiento urgente. Todos los procedimientos, al final, terminarán siendo urgentes. Es cierto que se ha introducido en la legislación la cláusula penalizadora de que cuando un expediente se tramite por procedimiento urgente, si no se ejecuta en un determinado plazo, devenga nulo, es cierto; pero nosotros creemos que a la Administración española le resuelve el problema simplemente con que se advierta que puede haber procedimientos ordinarios (los normales) y procedimientos de emergencia, porque es necesario. Sin embargo, el de urgencia ha devenido, por lo menos en la experiencia que nosostros tenemos, como una especie de puerta falsa por la que se están tramitando excesivo número de expedientes.


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En cuanto al título V, sobre extinción de los contratos, está el tema del silencio positivo si transcurre un mes desde la entrega. Esto tiene que ver también con el problema de las garantías de los contratos. Tiene que ver porque, señorías, como ya señalé, en estos momentos está en tramitación en la Cámara un proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en lo referente a los contratos de servicio y obra. En esa modificación del Código Civil, en el artículo 1.592, se establece que si no hubiere recepción expresa habrá silencio positivo en favor del particular, y después, el artículo 1.595, establece una garantía de las obras de tres años para los particulares. ¿Cómo es posible que entre dos particulares haya una garantía de tres años de las obras ejecutadas y la Administración sólo reclame un año de garantía? ¿Es más tonta la Administracción --desde luego va a salir más perjudicada-- que los particulares? Si un particular hace una obra para otro particular hay una garantía para esa obra ejecutada de tres años; si un particular hace una obra para la Administración hay sólo un año de garantía. No tiene ningún sentido. Y eso está en la modificación del Código Civil que, en estos momentos, estamos tramitando.
La enmienda 135, relativa al registro público de contratos, insiste en la conveniencia de que quede reflejado en el proyecto de ley qué datos quedarán en el registro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos estadístico y hay una reserva de ley. No puede decirse por vía reglamentaria que en el registro aparecerá este dato de la empresa, el sistema de adjudicación, etcétera; no puede decirse por reglamento porque, en nuestro país, de acuerdo con la Constitución, para los datos estadísticos --y para eso hay una legislación específica-- hay una reserva de ley. Por tanto, las razones que se argumentaron en Comisión de remitir a un reglamento qué datos deben figurar en el registro no va a ser suficiente, porque podría alguien argumentar que por vía reglamentaria no se puede regular este tema.
El proyecto establece unas disposiciones que a nosostros nos parecen muy interesantes, y es que al comienzo del ejercicio presupuestario la Administración debe advertir de los contratos que va a hacer a lo largo del año. El inconveniente que nosotros vemos es que esta obligación de anunciar todos los contratos del ejercicio presupuestario se produce sólo para las obras superiores a 681 millones. Nosotros creemos que sería una buena oportunidad, en aras de la planificación y previsión de las administraciones, que este anuncio al comienzo del ejercicio, como se hacía antes con la oferta de empleo público, no sea sólo para las obras superiores a 661 millones, sino para muchas más obras. Nuestra oferta es que por lo menos sea para las obras superiores a 100 millones de pesetas.
Hay, después, algunas enmiendas sobre las adquisiciones centralizadas, tanto en contratos de suministro como en contratos de asistencia; nosotros creemos que se debe obligar a hacer determinadas adquisiciones por vía centralizada.
La enmienda número 168, señorías, es la propuesta de un nuevo Título III sobre los tribunales de contratación pública. No es algo que nosotros nos estemos inventando, ya he señalado que es la práctica en este país, que se están estableciendo tribunales administrativos para resolver --digamos-- los litigios menores con la Administración; para no tener que ir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Hemos establecido ese tipo de tribunales en la Ley de Arrendamientos Urbanos; está en la legislación de expropiación forzosa; están los tribunales económico-administrativos. Pero, señorías, hay una reciente recomendación de la Comisión a los Estados, del pasado año, sobre pagos en transacciones comerciales y en contratación pública, que en su artículo 4.º --y es una recomendación a los Estados-- dice: Procedimiento de recursos.
Fomentar la creación de procedimientos extrajudiciales para la solución de litigios. Eso es lo que hay que hacer, señorías en una sociedad avanzada, donde no todo tiene que ir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, sobre todo porque no están creados los provinciales. Ya veremos a ver cómo se resuelve. Para determinados problemas de contratación, insisto, problemas que están establecidos en nuestra enmienda número 168, deberían establecerse estos órganos extrajudiciales, estos órganos administrativos insisto que, como hay otros en nuestro ordenamiento jurídico.
He dejado para el final, señorías, las enmiendas que se refieren al ámbito de aplicación de la ley. Esta ley no servirá para nada si el texto que ha enviado aquí la Comisión se mantiene en sus justos términos. Si esta ley sólo se refiere a los contratos administrativos pero no de todo el sector público, habremos hecho, señorías, el viaje en balde.
Vuelvo de nuevo a traer aquí la resolución 107, del Congreso, de este Pleno del 21 de abril de 1994. Termina diciendo que comprenda al conjunto del sector público. Esta es la clave. La mayor parte de las empresas que se han estado creando en los últimos años, desde 1988 sobre todo, que se han creado la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ente público Aeropuertos Españoles, la Sociedad para la Exposición Universal de Sevilla, Barcelona Holding Olímpico, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, últimamente los Puertos del Estado, e incluso el Consejo Económico y Social se dice que se van a regir por el derecho privado en contratación (¡hasta el Consejo Económico y Social!), señorías, hemos hecho el viaje en balde.
Si la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que cada uno de sus contratos son de 7.000 millones de pesetas (¡7.000 millones de pesetas!) los hacen sin ningún procedimiento, sin tener que dar cuenta absolutamente a nadie porque es una sociedad

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regida por el derecho privado, de nada sirve todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora; de nada sirve. La huida al derecho privado para evitar los controles, es lo que está haciendo que en este país (y ahí están no sólo las condenas que ha tenido el Estado español sino que ha habido jurisprudencia suficiente en la Comunidad Europea para decir que no hay un concepto formal del Estado, y SS.SS. conocen y no hace falta que recuerde las sentencias. La noción del Estado) dice el Tribunal en este sentido de la disposición y se está refiriendo a las últimas directivas, debe recibir una interpretación funcional. La finalidad de la Directiva, que atiende la realización efectiva de la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, estará en entredicho en la práctica, si la directiva fuera excluida por el solo hecho de que un contrato de obras públicas sea adjudicado por un organismo que, habiendo sido creado para realizar las tareas que la ley le confiere, no estéformalmente integrado en la Administración del Estado.
Esto es de cajón. Si se crean empresas públicas (y no voy a decir que se creen para sustraerse de los controles--fíjense-- ) para facilitar la gestión y voy a admitir que sólo es para facilitar la gestión, pero por el hecho de que formalmente no estén integradas en la Administración, se les excluye del procedimiento y de los controlesde esta ley, hemos hecho, señorías, el viaje para nada. Por tanto, hay una serie de enmiendas que van al capítulo I del título I del ámbito de aplicación de la ley. Nuestra propuesta es ir hasta el máximo que ha ido en estos momentos la Unión Europea. Primero, es la Administración, todas las administraciones --insisto, todas--, porque he hablado del Consejo Económico y Social, pero vuelvo a recordar a SS.SS. que de la Ley de Contratos del Estado están excluidos organismos constitucionales, que hay que incluirlos, todas las administraciones del Estado, por supuesto, todas las empresas públicas, todas, las que están constituidas como derecho público, pero que se regulan por el derecho privado y las que van por el derecho público; todas las empresas públicas.
Pero nosotros vamos más allá, como acaba de decir la Unión Europea hay que entender que son también contratos públicos todos los contratos, aunque los hagan empresas privadas, que afecten a servicios públicos. La revolución jurídica se ha producido en la Unión Europea conceptuando como contrato público lo que hágalo quien lo haga se refiere a servicios públicos, porque está regulado por la Administración, porque está financiado muchas veces por la Administración, porquetiene privilegios muchas veces de monopolio de serviciopúblico, y por eso entiende la Unión Europea que esos contratos deben ser públicos. En este proyecto de ley se les excluye expresamente, se les pospone a una nueva regulación que nosotros creemos es improcedente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente, voy a ir concluyendo.
Pero es que en algunos casos en que se permite la inclusión de algunas de estas empresas, de estos entes de derecho público en el proyecto de ley, expresamente se les quita a los efectos, por ejemplo, de la compraventa de inmuebles. Este es un tema también muy importante. Ha habido huida al derecho privado, no sólo en los procedimientos, sino en los contenidos. Estamos viendo que entidades públicas regidas por el derecho público o por el derecho privado están huyendo del control administrativo, del control de la legislación en materia inmobiliaria y en estos momentos, señorías, esos son los contratos más escandalosos.
Por tanto, termino, señor Presidente, señorías, diciendo que aunque hemos mantenido esas 62 enmiendas (a algunas de ellas me he referido, especialmente a la de la creación de los tribunales extrajudiciales para resolver los litigios), de nada habrán servido todas las mejoras que se han introducido o se puedan introducir en la legislación española si se sigue produciendo una huida al derecho privado con la creación de empresas incluso entidades de derecho público pero que se dice expresamente en sus leyes de constitución que se regirán por el derecho privado en materia de contratación, y si se sigue huyendo al derecho privado en materia inmobiliaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco.
Para defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Vallina.


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, de nuevo conoce el Pleno de la Cámara el proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas después de los trabajos de Ponencia y Comisión y he de comenzar diciendo que, sin perjuicio de reconocer la labor de perfeccionamiento del texto en los trámites de Ponencia y Comisión, tanto en aspectos puramente técnicos como en orden a la concepción política del proyecto, para el Grupo Popular, desafortunadamente, siguen vigentes algunos de los graves reparos que el proyecto nos ofrecía y que motivó en su día la enmienda de totalidad defendida ante este Pleno.
En efecto, la reforma proyectada en materia de contratación administrativa, aparte de finalidades tales como dar cumplimiento a las previsiones constitucionales contenidas en el artículo 149.1.18 de la Constitución, promulgar la legislación básica al respecto o acomodar nuestro Derecho a la normativa comunitaria europea, recibiendo el contenido de las directivas referentes a contratos de obras públicas, servicios y suministros, la reforma proyectada, digo, ha de tener por objetivo fundamental devolver a la contratación pública las necesarias

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garantías y controles jurídicos preventivos que aseguren la legalidad y acierto de la actuación de todo el sector público y el recto uso de las potestades y privilegios propios del poder en la gestión patrimonial.
Esas necesarias garantías y controles, en buena parte suprimidos en los últimos años de Gobierno socialista, no son incorporadas al proyecto en la medida que estimamos precisa y que en los actuales momentos se hacen imprescindibles para cortar abusos y corruptelas.
El propio Gobierno, al remitir el proyecto a la Cámara, lo encuadra dentro de las medidas precisas para el llamado impulso democrático, para, en definitiva, luchar contra la corrupción, y así lo intenta presentar ante la opinión pública, aunque, sin embargo, no llegue hasta sus últimas consecuencias en ese intento de disponer de los instrumentos legales precisos para la lucha contra esa corrupción.
Por ello tenemos que volver a reiterar que con este proyecto de ley el ordenamiento jurídico no dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la regeneración de la vida pública, en cuanto que abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios e importantes sectores de la actuación, en último término, del poder, con grave quebranto para el interés público. Y ello a pesar de que, en relación al proyecto inicial del Gobierno, los trabajos de Ponencia y Comisión han dado pasos importantes, rectificando el criterio gubernamental, para someter en cierta medida a la regulación de la ley la actuación contractual de los entes públicos, aunque actúen sometidos al Derecho privado, lo que inicialmente el proyecto no contemplaba.
Pero la huida al Derecho administrativo, la huida a la regulación propia de la contratación pública, sigue teniendo abierta manifestación en lo que se refiere a las sociedades estatales y, más concretamente, a las que la Ley General Presupuestaria incluye en su artículo 6 como sociedades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración del Estado, de sus organismos autónomos y demás entidades de Derecho público. A este tipo de entidades, a estas sociedades estatales, según el proyecto de ley, tal como llega en este momento al conocimiento del Pleno, simplemente se les aplica la disposición adicional sexta, que se conforma con establecer una mera recomendación, sin mayor eficacia y vinculación jurídica, disponiendo que ajustarán su actuación a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con esos principios; precepto que hay que decir que ya se encontraba en el ordenamiento jurídico vigente, en la disposición transitoria segunda del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, incluso con una redacción más rotunda y precisa y que jurídicamente no ha tenido virtualidad alguna, como la experiencia de estos últimos años pone de manifiesto.
Si hace cerca de 30 años, cuando se aprueba ese precepto reglamentario, el Consejo de Estado ya polemizaba con la Dirección General de lo Contencioso, entonces Dirección General de lo Contencioso, del Ministerio de Hacienda, considerando que no era acertada la fórmula que se recogía en esa disposición transitoria, hoy disposición adicional sexta, en la actualidad es evidente que no podemos contentarnos con tan simple y pobre regulación.
Por ello el Grupo Popular mantiene y defiende su enmienda 258 al artículo 1.º en relación al ámbito de aplicación de la ley, pretendiendo una regulación omnicomprensiva de los negocios jurídicos en que intervengan tanto las Administraciones públicas, en cuanto tales, como todos los entes instrumentales creados, dependientes y financiados por ellas, ya sean públicos o privados, incluyendo, por tanto, las sociedades estatales, que quedan al margen de la regulación directa del proyecto.
Hay que ser consciente de que, cada vez en mayor medida, el poder ejecutivo de las distintas entidades que componen el Estado autonómico acuden a entes instrumentales denominados por la Ley General Presupuestaria como sociedades estatales, incluso bajo la adopción de una veste mercantil. Pero, por debajo de la vestidura de esas personificaciones, al levantarse el velo de que habla la doctrina anglosajona, hoy recibida pacíficamente por nuestra jurisprudencia, nos encontramos, lisa y llanamente, con una actuación sustancialmente pública. El control político a que quedan sometidas en teoría este tipo de sociedades estatales a través de los PAIF (los programas de actuación, inversiones y financiación), en base a las previsiones constitucionales y a lo previsto en la propia Ley General Presupuestaria, exige que en materia de contratación queden sometidas directamente a las normas reguladoras referentes a la preparación y adjudicación propias del poder. Si los contratos privados de las administraciones públicas quedan sometidos a dicha normativa, dando lugar a la llamada zona común de los contratos y a los actos separables, tal como se regulan en el artículo 8 del proyecto de Ley; si, incluso, contratos de auténticas personas jurídicas privadas, que nada tienen que ver con las administraciones públicas, quedan sometidos a las prescripciones de la ley referentes a la preparación y adjudicación cuando se trata de determinados tipos de contratos que hacen referencia a los servicios públicos o contratos subvencionados, tal como aparecían regulados en la disposición final cuarta de la Ley, incorporada hoy como párrafo segundo al artículo 1 bis por la Comisión, y todo ello por exigencia del derecho comunitario, con mucha mayor razón lo deberán ser los contratos de las sociedades estatales, aunque lo sean bajo el ropaje de entidad mercantil.
No debe olvidarse, como ya queda apuntado, que, cada vez en mayor medida, el poder, mediante simple acuerdo del Gobierno, acude a la creación de estas entidades de gestión. Así es el caso, entre otros muchos,

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de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios o las sociedades interpuestas para los llamados acontecimientos del 92, la Barcelona Holding Olímpico, o la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla, Expo 92. Si la actuación patrimonial de dichas entidades hubiera quedado sometida en materia de contratos a la regulación que se propone con la enmienda que en estos momentos estoy defendiendo, sin duda se hubieran evitado en gran parte las situaciones a que han dado lugar recientes interpelaciones de mis compañeros de Grupo, señores Gil Lázaro y Fernández de Trocóniz, sobre contratación de la Administración penitenciaria y contratación del sector público con el Grupo CAE, respectivamente.
Para dar este paso, para ampliar el ámbito de aplicación del proyecto que recoge la enmienda 258 que defiendo, tengo que denunciar que ha faltado voluntad política en los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno. Por ello, cuando en ponencia y en comisión se ha avanzado en la línea adecuada para establecer garantías y controles debidos y propios de la contratación administrativa, lo ha sido más por exigencias del Derecho comunitario que por voluntad decidida y propia para poner fin a estas vías, a estas huidas del Derecho Administrativo, a través de las cuales la actuación del poder escapa a las limitaciones y controles que le deben ser propios, con graves consecuencias jurídicas, políticas y económicas que todos lamentamos.
Entiendo que esta plena sumisión de toda la contratación del sector público a la regulación de la Ley es una exigencia, en última instancia, de principios constitucionales tales como el Estado de Derecho, que se proclama en el artículo 1, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes, que se recoge en el artículo 9, o la plena sumisión de la actividad administrativa a la ley y al Derecho, que consagra el artículo 103 de la Constitución. En definitiva, exigencia constitucional de someter el poder al Derecho que le es propio, en cuanto garantía institucional que asegure el cumplimiento de los principios que el constituyente ha considerado como esenciales.
Junto a esta enmienda relativa al ámbito de aplicación de la ley, me quiero referir en esta intervención a otras dos enmiendas que considero, asimismo, importantes, dando por defendidas el resto de las enmiendas que llegan vivas a este trámite plenario, remitiéndome a las consideraciones expuestas en su momento en los debates de la Comisión.
En primer lugar, me refiero a la enmienda número 292, de adición de un artículo 72 bis, que regula el contenido de los expedientes de contratación. Con su incorporación al proyecto de ley se trata de disponer de un mecanismo que, delimitando adecuadamente la necesaria discrecionalidad administrativa en materia de contratación, permita disponer del instrumento adecuado que demanda la lucha contra la corrupción en que todos debemos estar empeñados. Con esta enmienda número 292 se intenta lograr que todas las grandes decisiones de los procedimientos de contratación, que por su propia naturaleza han de tener elementos discrecionales, tengan que estar debidamente justificadas, entendiendo por tal algo más que la simple y mera motivación sucinta de hechos y fundamentos de Derecho a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de noviembre de 1992. Para lograr que las justificaciones de esas decisiones discrecionales de los órganos que intervienen en la contratación administrativa figuren en el expediente y sean directamente asumidas por quienes las adoptan, se establecen en la enmienda que defiendo una serie de cautelas y garantías que, ante la situación en que nos encontramos en la gestión patrimonial de las Administraciones públicas, no cabe calificar como excesivas o reglamentarias.
La otra enmienda a la que expresamente quiero referirme hace alusión a la posición jurídica de los suministradores frente al contratista privado de la Administración. Es de señalar que los distintos Grupos enmendantes hemos manifestado, todos en general, la preocupación por garantizar debidamente la situación jurídica y los derechos de los subcontratistas y suministradores del contratista de la Administración.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De la Vallina, vaya concluyendo.


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Voy terminando, señor Presidente. Muchas gracias.
Dicha preocupación quedó reflejada en la incorporación de una serie de enmiendas, fundamentalmente en el artículo 114 del proyecto, con lo que la situación de los subcontratistas puede considerarse como satisfactoria. No resulta así en relación a los suministradores, lo cual motiva que expresamente hagamos referencia en este trámite al mantenimiento de nuestra enmienda número 309, que incorpora un apartado tercero al artículo 146, que, juntamente con las enmiendas números 24 y 45, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), a los artículos 99 y 143 --que votaremos favorablemente--, garantizan debidamente, en nuestra opinión, los derechos de los suministradores del contratista de la Administración.
Señor Presidente, termino con una apelación a los Grupos Parlamentarios que sostienen a este Gobierno; apelación acerca de la necesidad de disponer de los mecanismos jurídicos precisos para evitar abusos y arbitrariedades en un ámbito tan sensible a ellos como es el de la contratación administrativa.
Piensen que si hoy son poder ejecutivo y existe el natural deseo de tener las manos libres, intentando escapar al control jurídico que les debe ser propio por exigencia de la Constitución,

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no está lejano el día en que dejarán de ser poder y el interés general, el correcto funcionamiento de las instituciones exigirá entonces como ahora, no sólo voluntad política para depurar actuaciones irregulares, sino, sobre todo, la existencia del marco jurídico adecuado para evitar esas situaciones.
No dejemos pasar, por tanto, esta oportunidad de establecer las reglas precisas para el debido control del poder que nos permita iniciar la necesaria regeneración de la vida pública que la ciudadanía está demandando.
Este es el objetivo, señor Presidente, señorías, es la finalidad de las enmiendas que he tenido el honor de defender ante el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor De la Vallina.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, voy a hacer un breve turno de defensa de las diez enmiendas que presenta el Grupo de Coalición Canaria y explicar su sentido.
La primera idea que quisiera expresarles es que estamos asistiendo, aunque no lo parezca, ante la presencia, desde luego no masiva, de Diputados en esta Cámara ni de expectación, a uno de los debates seguramente más importantes que ha tenido lugar este año en esta Cámara.
Si durante este año hemos presenciado unas campañas tremendas sobre la corrupción, si el fenómeno hoy llamado «política-espectáculo» ha predominado, si el espectáculo público de debates importantísimos para este país se tenían que haber expresado y concretado, sin duda la Ley de Contratos de Administraciones públicas es la pieza clave. Ese debate demostraría si hay una voluntad real de luchar contra la corrupción o, si por el contrario, lo que hay es simplemente una batalla electoral para la conquista del poder.
Desgraciadamente, observo que no produce gran pasión en este Congreso de Diputados una ley tan emblemática, tan decisiva, tan preventiva contra los fenómenos de degeneración del poder como es la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.
Esta mañana oía por la radio al Presidente del Gobierno, señor González, en su intervención ayer en Honduras, explicar al mundo --entre comillas-- su enorme preocupación por el tema de la corrupción.
Sin duda, el declinar de un sistema político se manifiesta de la manera más evidente cuando la retórica del discurso nada tene que ver con la realidad de la acción política. La retórica de ese discurso tiene el contrapeso del debate a que estamos asistiendo, en el que parece que asistamos al debate de una ley menor; el debate parece técnico-administrativo y no un profundo debate político, en el que debería haber habido, como mínimo, un gran compromiso de todos los grupos parlamentarios en la lucha importantísima contra la corrupción. La corrupción afecta a la eficacia del sistema económico, a la ética política, al sistema de valores, al prestigio de las instituciones y, sin duda, al consenso de los ciudadanos, que es básico, la raíz fundamental del sistema democrático que defendemos.
Yo creo que una ley tan importante como ésta, para que fuera una victoria política parlamentaria, tendría que haber logrado un amplísimo consenso de todos los grupos parlamentarios; consenso porque en la discusión de esta ley no hay una batalla de concepciones de derecha ni de izquierda. Esta ley sólo divide a los decentes de los indecentes, y podría haber habido una enorme mayoría, yo diría la unanimidad de esta Cámara, en un proyecto de ley de la decencia política. Desgraciadamente, el debate que vamos a tener, que estamos teniendo, divide a esta Cámara entre ciento setenta y tantos Diputados y ciento sesenta y tantos Diputados. Eso es una derrota parlamentaria de la democracia española.
Las enmiendas que presentan los grupos de la oposición, que en general mi Grupo va a apoyar, eran perfectamente negociables por el Grupo Socialista, si de verdad se quiere hacer frente a los problemas de la corrupción. Porque si es verdad que en algunas ocasionesla oposición cae en la tentación --por otra parte, lógica-- de la utilización del debate político y del debate legislativo para simplemente hacer campaña política y propaganda, sin duda en esta ocasión el conjunto de enmiendas presentado por la oposición es auténticamente responsable, constructivo y en defensa del interés del Estado democrático.
Porque hay que pretender, como defendemos nosotros en nuestras enmiendas y coinciden todos los grupos de la oposición, que el ámbito de aplicación de esta ley no se circunscriba o limite simplemente a las administraciones públicas, sino que se extienda a todas las empresas mercantiles donde haya mayoría de las administraciones públicas, de los entes públicos, etcétera; que, donde haya una mayoría pública, no se huya -- como aquí se ha dicho-- del Derecho público al privado, del Derecho administrativo a la simple gestión privada de los tecnócratas de las empresas públicas para la defensa, en último término, de impedir la entrada en esas zonas oscuras del poder, donde se produce la arbitrariedad, el abuso de poder, la prevaricación, donde se produce, sin duda la corrupción.
Por eso, en nuestra opinión, esta ley, tal como va a salir de aquí, es una derrota de la voluntad de la democracia española para hacer frente a una degeneración del poder político, porque todos nos llenamos la boca gritando contra la corrupción, pero cuando llega la hora

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de atacar de verdad el fondo de la corrupción aquí está el Parlamento vacío y no hay posibilidad de un consenso democrático.
Creo que cuando el Grupo Parlamentario Socialista, que sólo ofrece enmiendas transaccionales de carácter técnico y menor, gane hoy la votación parlamentaria, cuando mire en el registro las votaciones, debe sentir la misma sensación de soledad, de abatimiento y de derrota, en último término, que sintió Pirro cuando vio el desastre de la batalla de Heraclea, porque va a tener una victoria pírrica. El Presidente del Gobierno habla en Honduras de la lucha contra la corrupción, pero aquí, en esta Cámara, no hay un consenso democrático, no hay una voluntad democrática, no hay un acuerdo de todos los grupos, un gran compromiso contra la corrupción, porque no basta sólo con votar una ley, sino que hace falta voluntad política para hacerle frente.
Y si la alternativa de poder está preparada para gobernar, si el Gobierno está preparado para defender la democracia, sin duda tenía que haberse conseguido un acuerdo sobre las reglas del juego, porque, en último término, la democracia es fortalecer el poder judicial --como aquí se dice-- y fortalecer el poder legislativo. ¿Y cuándo va a funcionar un poder legislativo sino, simplemente, cuando se pretende establecer reglas de juego, marco de actuación del control del poder público, para que no haya degeneración del sistema democrático? En esta ocasión. Y en esta ocasión hemos dejado, perdido, malogrado y frustrado una oportunidad histórica para recuperar el consenso de los ciudadanos españoles, la credibilidad de los ciudadanos españoles en un sistema político que no sólo habla, hace retórica sobre la corrupción, sino que de verdad quiere hacerle frente y de verdad quiere erradicarla como uno de los fenómenos más graves de la democracia de nuestra época, pero no hay de verdad voluntad política para hacerle frente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
El artículo 149 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre la contratación administrativa. No obstante, deseamos la posibilidad --y la mantendremos-- de que algunas de las competencias exclusivas establecidas en esta ley no sean aprobadas.
La Comunidad Económica Europea exige la adecuación de nuestra legislación interna al ordenamiento jurídico comunitario, razón por la cual esta Cámara intenta modificar o cambiar la Ley de contratos del Estado. La antigua Ley de contratos del Estado, que es la que ahora derogaremos, intentaba agrupar sistemáticamente la diferente legislación que existía sobre la contratación pública. Realmente esta Ley, sobre la que durante 25 años se ha contratado en las administraciones, tenía como principal objetivo la contratación de obras. Es evidente que a lo largo de estos 25 años se ha demostrado insuficiente.
Por tanto, es lógico y prudente su modificación. Así pues, vamos a entrar a negociar o a votar una nueva ley que probablemente sea más moderna, que probablemente se adapte a la normativa comunitaria, que impondrá más medidas básicas de las que el Grupo Catalán desea, pero que, en definitiva, potenciará y modificará bastante la actual ley. Esto desde un punto de vista genérico.
Vamos a votar favorablemente la ley, manteniendo como básicas nuestras enmiendas 345, 401, 404, 405 y 406, así como la enmienda 329, que hace referencia a la posibilidad de que los subcontratistas y los suministradores obtengan garantías de la Administración contratante en el momento de establecer sus posibles devengos.
Esto, en síntesis, es lo que hemos tratado en la ponencia, lo que se ha negociado. Las enmiendas que se han admitido constan en el informe elaborado, pero la realidad es que existe otro camino que los diferentes grupos parlamentarios están planteando en este momento y que difiere bastante de lo que personalmente, y en nombre de mi Grupo, entiendo que tiene que ser la ley.
Ha habido una intervención jurídica, legislativamente comprensible, del señor Martínez Blasco, de Izquierda Unida.
Ya en Ponencia señalé cuáles eran nuestras discrepancias en algunos de esos extremos. Sobre todo entendemos que el ámbito de aplicación y las garantías que se establecen en la propia ley son suficientes. Pero hay un tema que reiteradamente quiero exponer para que conste en el «Diario de Sesiones».
Señor Martínez Blasco, el problema no es si la ley sale del derecho público, del derecho administrativo y entra en el campo del derecho privado. El problema sigue siendo el mismo: mientras la ley, mientras las fórmulas de contratación se sujeten al derecho, démonos todos por contentos. Porque el problema que se plantea en España desde un punto de vista de la tan reiterada corrupción y del tan reiterado planteamiento, como hace Coalición Canaria, sobre la oportunidad de que esta legislación marcara un hito para fortalecer la lucha contra la corrupción no está justamente ni en esta ley, ni en la ley anterior ni lo estará en las sucesivas que se vayan aprobando.
Se trata, simplemente, de que aquella gente que contrata lo haga sujetándose al derecho. ¡Qué bien hubieran funcionado las instituciones de este país si se hubieran ajustado al derecho! Ya no al derecho administrativo o al derecho penal: al derecho simplemente.


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El señor De la Vallina, que es un excelente catedrático, intenta establecer una cuestión que incluso usted comparte con el Presidente del Gobierno y que yo no comparto: que ésta sea una ley para que funcione el impulso democrático. No, esta es una ley para que mejore la contratación, para que los que venden revistas a la Administración pública lo tengan más fácil, para que los que trabajan de suministradores de los subcontratistas lo puedan hacer mejor, para que exista más transparencia. Pero no estamos trabajando --al menos yo y en representación de mi Grupo-- en una ley anticorrupción. Puede que haya gente en esta Cámara que lo haga. Yo sigo diciendo que la Ley de Contratos anterior era suficiente para que no se hubiera producido corrupción; no tiene nada que ver la existencia de aquella Ley con los eventuales elementos de corrupción que han aparecido en este país. Separémoslo de una vez. La corrupción se puede dar en función de actitudes personales antijurídicas, pero no es porque la Ley de Contratos anterior lo permitiera. Creo que en esto estamos de acuerdo. Porque si se hubiera aplicado en muchas ocasiones la Ley de Contratos anterior, simple y llanamente, no se hubieran dado los elementos de corrupción que eventualmente se han producido en este país.
Por tanto, separemos una vez más este tema. No es el momento hoy --y con esto quisiera señalarlo, ya lo hice en Ponencia-- de debatir si hemos perdido la gran oportunidad de establecer una Ley anticorrupción; no es este el momento. Se trata, pura y simplemente, de adaptar la normativa comunitaria a la Ley; se trata, pura y simplemente, de que las nuevas fórmulas de contratación, que han aparecido en el Estado español como consecuencia de los 25 años de historia que tiene la Ley, se adapten a las necesidades. Pero aplicando la Ley anterior, incluso hoy mismo, y aplicando por analogía otros elementos, incluso hoy mismo, determinadas cuestiones que se han producido no se tenían que haber producido y creo que este es simplemente un debate equivocado en este momento. No podemos debatir que en función de esta Ley se solucione la corrupción de este país, al menos que conste en el «Diario de Sesiones» del Congreso que Convergència i Unió dice que si esta Ley se aplica correctamente, al igual que si se hubiera aplicado correctamente la Ley anterior, a lo mejor no se hubieran producido elementos de corrupción y que, por mucho que esta Ley se aplique correctamente y en su totalidad, si existen elementos que están dispuestos a salir del ámbito del Derecho para entender que la contratación son otras cosas y que manifiesten voluntad extraña a los elementos contratadores, esto dará lugar nuevamente a elementos de corrupción.
Simplemente estamos modernizando una Ley, simplemente estamos adecuando una Ley a las normativas que establece la Comunidad Económica Europea, simplemente tratamos de que los nuevos campos de contratación que han aparecido en la vida de este país tengan cabida dentro del ámbito de la Ley. Esto es lo que estamos haciendo. Pero, por favor, señores Diputados, no pretendamos que con una Ley tan simple como la Ley de Contratos se solucionen los problemas que planean sobre nuestro país, porque nos estamos equivocando de debate y, además, nos estamos equivocando de Ley. Si en este debate, en este momento, estuviéramos planteando cuestiones de ética, de ética política, de ética administrativa, quizá; pero simplemente en esta Ley lo que se está haciendo es adaptar la normativa comunitaria, adaptar las nuevas fórmulas de contratación a una nueva Ley. Porque la Ley que tenemos en estos momentos, con 25 años de antigüedad, no regula todo lo que ha aparecido sobre la mesa.
Pero que quede claro que dentro del ámbito público o dentro del ámbito privado, la cuestión radica en aceptar el derecho y si todos aceptáramos las normas de derecho como tales, en la especialidad que sea, incluso en la administrativa, probablemente no hubieran aparecido los elementos de corrupción de los que hoy tanto se habla. Esta Ley no tiene nada que ver con la corrupción. Esta es una Ley para que las administraciones públicas puedan trabajar, puedan realizar infraestructuras, puedan realizar servicios y suministros, puedan ejercer dentro de los diversos ámbitos. No tiene nada que ver con una ley que luche contra la corrupción.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas del Grupo parlamentario Vasco y a fijar la posición respecto a enmiendas de fondo, trascendentales, de otros grupos parlamentarios, así como al texto final del proyecto de ley.
Desde el Grupo parlamentario Vasco pensamos que el proyecto de ley sobre contratos de las administraciones públicas supone una regulación nueva, una regulación armónica de la legislación en esta materia y corrige un defecto que existía, que era la fragmentación en materia de legislación administrativa de contratación. Por lo tanto, nos parece bien la existencia del proyecto de ley con este carácter.
También nos parece oportuno que durante la tramitación del proyecto se hayan logrado avances de mejora, tanto de carácter técnico como de carácter material, puesto que se regulan cuestiones como la solvencia financiera, la solvencia técnica, la clasificación --creo que se han producido avances en cuanto a las potestades de clasificación que pueden tener las comunidades autónomas--, las prohibiciones de contratación han sido

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mejoradas con enmiendas de diferentes grupos parlamentarios.
Señor Presidente, a primera vista parece un avance que este proyecto de ley sea aprobado por esta Cámara puesto que va a otorgar mayor seguridad y, a nuestro juicio, va a servir para que haya mayor transparencia en la contratación.
También hay que decir que la intervención del señor De la Vallina, del Grupo parlamentario Popular, rigurosa, conocedora del tema y verdaderamente profesional, nos parece que también daba en el meollo del asunto, cuando, al defender una enmienda que tiene ese Grupo respecto al ámbito de aplicación, nosotros coincidiríamos con el espíritu que en esa enmienda se mantiene. Está bien estructurada, bien pensada y en este momento hacemos público nuestro apoyo.
Entendemos que el proyecto de ley se ha mejorado. El proyecto de ley contiene en su ámbito de aplicación a las entidades de derecho público pero que actúan en su quehacer de conformidad al derecho privado; es un avance importante y se complementa también con la disposición adicional sexta. Pero desde el Grupo parlamentario Vasco nos parece que la enmienda del Grupo Popular tiene, en cuanto al artículo número 1, una solidez y una estructura técnica muy ordenada y muy buena.
Señor Presidente, el problema con el que se encuentra, primero el Gobierno y luego el legislador, en definitiva esta Cámara, es el de la integración del derecho comunitario en el derecho interno. En definitiva, uno se hace la pregunta: ¿Dónde está el título competencial de la Unión Europea para legislar en materia de contratación administrativa? ¿Conoce alguien en el Tratado de Maastricht dónde está ese título competencial o incluso, con la ampliación del Acta Unica o con el Tratado de la Unión, dónde está? No está, señorías. Es toda una construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Unión Europea está legislando, está normando en materia de contratación administrativa en base a la teoría del efecto útil. El efecto útil, construcción jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo, viene a determinar que la Unión Europea puede normar, puede establecer directivas sobre aquellas otras materias complementarias que sean necesarias para hacer efectiva la regulación sobre la materia principal o matriz. Esta construcción jurisprudencial también ha sido admitida por el Tribunal Supremo norteamericano o por el Tribunal Constitucional alemán.
Ahí está el fundamento por el cual nos encontramos en la confrontación entre la integración en el derecho interno de las directivas comunitarias. Y, como ha dicho el Tribunal Constitucional, la normativa comunitaria, en este caso las directivas, directivas concretas, muy detallistas, en definitiva, podían entrar en aplicación en el ordenamiento jurídico positivo, puesto que son de una concreción tal que ha reconocido el Tribunal de Luxemburgo que, cuando sean de esa concreción y pormenorización, pueden ser de aplicación directa sin necesidad de trasposición por parte de las autoridades de un Estado. El problema está en que el Tribunal Constitucional español dice que el sistema de reparto de distribución competencial interno no queda afectado; no queda afectado, en definitiva, porque el desarrollo de ese marco establecido por la Unión Europea tendrá que hacerlo el poder público del Estado español que sea competente. Y aquí, ¿qué ocurre? Que teóricamente, doctrinalmente, no queda afectado, pero en la práctica sí, puesto que la competencia de esta Cámara para establecer bases en materia de contratatación administrativa queda muy limitada, porque esas bases vienen ya cercenadas y constreñidas por las directivas de la Unión Europea dictadas en base a la teoría del efecto útil. En segundo lugar, las competencias de las comunidades autónomas quedan todavía más cercenadas porque el ámbito de lo básico de los poderes centrales del Estado de esta Cámara está tan constreñido y a reglón seguido está más constreñido en las comunidades autónomas.
Por lo tanto, nos encontramos con un problema técnico importante, que teóricamente no afecta al repartocompetencial interno pero, en la práctica, esta intervención concreta, detallista y pormenorizada de la Unión Europea, en base a esta teoría del Tribunal de Luxemburgo, está afectando al reparto competencial interno.
Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario quería hacer referencia también a una serie de enmiendas, que vamos a defender en grupo con carácter general. La primera se refiere al artículo 20. Entendemos que era necesaria una equiparación de la Junta consultiva de contratación administrativa con los órganos consultivos que, en materia de contratación administrativa, pueden crear las comunidades autónomas. Se da una prevalencia, se da una prioridad a la Junta consultiva dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y la enmienda nuestra va en la línea de lograr una reciprocidad, una equivalencia, un plano de igualdad entre estos órganos consultivos de los poderes centrales del Estado y de las comunidades autónomas.
Segundo, señor Presidente, queremos también hacer expresa referencia a los artículos 102 y 103, relativos a la revisión de precios. Nos parece que tiene que ser básico, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en materia de revisión de precios, lo siguiente: primero, que exista revisión de precios; segundo, que la revisión de precios se realice por unas fórmulas nos parece también básico, pero lo que no nos parece básico es que en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se fijen las fórmulas matemáticas por las cuales se van a determinar los criterios para la revisión de los precios. Entendemos que eso debe dejarse al ámbito de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas.
Esa pormenorización nos parece excesiva

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y detallista. Nosotros aceptamos lo básico en cuanto a la existencia de la revisión como tal y la existencia de fórmulas, pero la concreción de las mismas creo que debe ser dejada al ámbito de la potestad normativa de las comunidades autónomas.
En tercer lugar, señor Presidente, incluyo en este capítulo diversas enmiendas, que, a nuestro juicio, van a incorporar a la disposición final primera determinadas cuestiones muy concretas que aparecen en el texto de la ley, es decir, la determinación de datos estadísticos, la escala de finalidades.
Entendemos que, a nuestro juicio, son preceptos que están a lo largo de la ley y que deberían quedar incorporados a la disposición final primera, para quedar plasmados como legislación que no sea de carácter básico.
En cuarto lugar, señor Presidente, me refiero al artículo 99.
Nuestro Grupo parlamentario mantiene una enmienda a este precepto. El Grupo parlamentario Socialista logró una transacción sobre la misma materia de la enmienda número 24 de nuestro Grupo parlamentario, en el artículo 114, que es el relativo a la regulación del pago y los efectos contractuales, cuando se produzca un incumplimiento en la relación adjudicatario de la administración pública con el subcontratista o suministrador. Nuestro Grupo parlamentario, reconociendo que hay un avance en el texto transaccional que pactamos en la Comisión, del Grupo parlamentario Socialista, queríamos hacer alguna corrección o algún añadido.
Señor Presidente, muchas veces los contratistas se quejan de que la Administración paga mal y tarde. Efectivamente, eso es verdad. Con esta ley yo creo que se corrige. Se han producido unos avances en cuanto a los plazos para realizar los pagos por parte de la Administración. Pero todavía son más sangrantes, más onerosos, más gravosos para los subcontratistas, para los suministradores, para los pequeños empresarios españoles, para los autónomos, para los que de verdad crean el empleo directo, para la infinidad y la numerosa plantilla que crean de trabajadores los autónomos y los pequeños empresarios españoles, que son los que, en definitiva, se encuentran ligados con las subcontratas y los contratos de suministro a los grandes adjudicatarios.
Señor Presidente, es una cuestión de política legislativa y es una cuestión ideológica, y desde el Grupo parlamentario Vasco mantenemos que hay que defender al pequeño empresario. Nuestro Grupo entiende que debemos mejorar de alguna manera al pequeño suministrador español, que se encuentra, en definitiva, y si uno examina los contratos de adhesión, contratos onerosísimos que establecen las grandes empresas de contratación pública a los pequeños suministradores, de verdad la Administración queda en una posición de santa o de beata, puesto que, si se quejan de la Administración, es injusto; los plazos que establece para pagar a los subcontratistas son muchísimo más gravosos.
Por lo tanto, señor Presidente, yo creo que hay una voluntad de proteger al pequeño empresario español, al empresario autónomo y entendemos que ese régimen que se establece en los artículos 99 y 114 debe determinar la relación subcontratista o suministrador con el adjudicatario, que, cuando ahora regulamos, es una relación de naturaleza civil. Esta Cámara no está invocando el artículo 149.1.18.ª para establecer una regulación básica. No es una regulación básica en materia de contratación administrativa, es una regulación de carácter civil, competente esta Cámara en exclusiva para hacerlo.
Señor Presidente, nosotros trasladamos a esta Cámara el mismo esquema que acordamos los grupos parlamentarios en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que era la necesidad de proteger al más necesitado, al más debilitado, en ese caso al arrendatario, y que esta regulación que aquí se establece, bien sea con la enmienda que nosotros planteamos o con una pequeña correción, la del Grupo parlamentario Socialista, sea una regulación de carácter imperativo, porque en la práctica, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las grandes contratas van a obligar a los pequeños subcontratistas y suministradores a hacer una renuncia, válida en el Derecho civil y mercantil, puesto que este precepto del artículo 114.13 no es regulación de Derecho administrativo, sino que es regulación de carácter civil y mercantil.
Señor Presidente, creo que había que hacer de algunamanera, con nuestra enmienda o con la que se quiera, una referencia a que ese texto es de carácter imperativo y que, como establece la ley de Arrendamientos Urbanos, no pueda ser susceptible de negociación o renuncia por parte del más desprotegido.
Voy a terminar haciendo referencia a un voto particular que tiene el Grupo Parlamentario Socialista relativo a la disposición final tercera del proyecto de ley. Esa relación inicial del proyecto fue eliminada, fue suprimida, en el debate en Comisión y el Grupo parlamentario Socialista, en ejercicio de su derecho reglamentario, presenta un voto reservado.
Cuando se dice que el desarrollo reglamentario de los preceptos básicos aprobados en esta ley se realizará por la Administración central y que, a su vez, tendrán naturaleza básica, nosotros discrepamos de manera fundamental y con carácter material y de fondo de esa regulación. Por un lado, entendemos que lo que no sea básico podrá ser desplazado por la legislación de las comunidades autónomas. Eso es materia por todos aceptada. Y lo que es básico tendrá que ser desarrollado por quien tiene competencia para el desarrollo legislativo y ejecución, y quien lo tiene no son los poderes centrales del Estado, ejecutivos o parlamentarios, sino que son las comunidades autónomas. Yo creo que no debemos aceptar el voto reservado del Grupo parlamentario Socialista porque está distorsionando el reparto competencial interno y el desarrollo de lo que se

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establece con carácter básico ha de corresponder a las comunidades autónomas.
Señor Presidente, este texto legal, este proyecto de ley de Contratos es muy extenso, tiene 217 artículos y diversas disposiciones adicionales de las que bastantes, las más importantes, son básicas. Dejemos que el desarrollo legislativo y que su ejecución lo puedan realizar las comunidades autónomas y que lo básico sea lo establecido en esta legislación de carácter general y básica, fundamentada en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Nosotros mantenemos esa discrepancia, la única de fondo, con el Grupo parlamentario Socialista, respecto al proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Varela Flores.


El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, hemos debatido este proyecto de ley con mucha extensión y profundidad durante su trámite en Ponencia y Comisión. Por tanto, no quiero reproducir todos los argumentos esgrimidos.
Además, no hay posibilidad alguna de poder tratar, en tran breve tiempo del que disponemos, los temas sobre los que se mantienen diferencias en una ley de tanta extensión como ésta, en la que se abordan cuestiones muy diversas y complejas.
Desde luego, los objetivos originales que tenía este proyecto cuando fue presentado en esta Cámara, que era dotar a la ley de una sistemática nueva, incorporar la materia dispersa, adaptarla a las directivas comunitarias, determinar el núcleo de legislación básica en desarrollo del artículo 141 de la Constitución, corregir las deficiencias observadas en la aplicación de la legislación existente y, al mismo tiempo, tratar de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de la contratación, podemos hoy decir que han sido trasladados a un segundo plano después del debate del estado de la Nación del pasado año. Tras ello esta ley cobra ese papel emblemático que le reclamaba el señor Mauricio con aquellas resoluciones 106 y 107 que resumen en una ampliación del ámbito de aplicación subjetiva de la ley, en la generalización de la intervención de los órganos colegiados y en las limitaciones a la contratación directa.
Hoy podemos afirmar, al menos esa es nuestra opinión, que las resoluciones del Estado de la Nación se han cumplido plenamente. La prueba de ello está en que ningún grupo ha propuesto, en las resoluciones emanadas del debate de la semana pasada, nada respecto a esta cuestión. Se da, por lo tanto, como una cuestión zanjada.
Me gustaría tratar todos los temas que han sido expuestos por los intervinientes anteriores, pero es obligado proceder, en primer lugar, a la defensa del voto particular de mi Grupo para el mantenimiento, para su debate, de la disposición final tercera del proyecto de ley, disposición suprimida en el dictamen de la Comisión. Con ello pretendo convencerles de que su inclusión no vulnera el ámbito competencial de las comunidades autónomas, como acaba de afirmar, en sentido contrario, el señor Gatzagaetxebarría; no impide el desarrollo legal y reglamentario en función de sus facultades inherentes en materia de contratación administrativa ni, mucho menos, se trata de una inclusión caprichosa. Para ello caba formularse la cuestión de si un reglamento puede tener normas de carácter básico, si el Gobierno, por tanto, tiene facultades para dictar normas con carácter básico. Estoy convencido de que nadie --no me pareció entender eso al señor Gatzagaetxebarría en su intervención-- discute hoy semejante posibilidad. A continuación cabe preguntarse qué limitación tiene tal posibilidad, para lo que es necesario recordar que la doctrina del Tribunal Constitucional ya consolidada afirma que es al Estado a quien corresponde realizar, por encargo directo de la Constitución, la definición de norma básica en la ingente masa de disposiciones legislativas y reglamentarias estatales que evite a las comunidades autónomas una situación de incertidumbre jurídica.
La definición de lo básico corresponde hacerla al legislador estatal sin alterar el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias y con observancia de las garantías de certidumbre jurídica, sin que ello suponga que la definición de lo básico quede a la libre disposición del Estado, porque para impedirlo entra en juego el concepto material de norma básica para garantizar en todo el Estado un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales, siendo, por tanto, al Tribunal Constitucional, al que corresponde revisar esa clasificación. Y si una determinación cierta y estable de los ámbitos respectivos sólo puede alcanzarse con la aplicación del principio de ley formal para que sea la ley la que declare expresamente el alcance básico de la norma, la doctrina constitucional admite que el Gobierno de la nación pueda hacer uso de su potestad reglamentaria para regular, por decreto, alguno de los aspectos básicos de una materia cuando resulte, por la naturaleza de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las bases. A ello se refieren las sentencias del Tribunal Constitucional 32, de 1981; 1, de 1982 y 69, de 1988.
Dicho esto, ¿qué es lo que no puede hacer el Gobierno? El Gobierno no puede ser quien decida declarar básica toda la regulación reglamentaria de una materia sin habilitación legal para ello y cuando ya el legislador ha definido directamente o por remisión qué es lo básico.


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En supuestos excepcionales puede que toda la regulación, inclusive la reglamentaria, deba ser declarada básica, según la sentencia del Tribunal Constitucional 35, de 1992. Por tanto, no puede el reglamento innovar tal clasificación más allá de lo previsto en la ley previa, como señala la citada sentencia.
Por todo ello, consideramos que la ley que debatimos debe contener esa disposición habilitante. Además, la supresión de la disposición final tercera, sin incluir otro texto alternativo, deja a esta ley sin la autorización que las demás tienen con carácter general para dictar disposiciones de desarrollo, que no es técnicamente bueno.
Ahora quiero centrarme, fundamentalmente, en un tema que ha sido objeto de debate y al que se han referido todos los portavoces de los grupos; es el ámbito de aplicación subjetiva de la ley que encomienda ampliar a este Parlamento las resoluciones del debate sobre el estado de la Nación del año 1994. Yo creo que con la ampliación realizada a través de la aceptación en el trámite de Comisión de las enmiendas que el Partido Socialista ha presentado al artículo 1 y 1.bis se consigue dicho objetivo.
Efectivamente, las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los organismos autónomos y las entidades de Derecho público sometidas a Derecho privado que han sido creadas con un fin específico de interés público y que, además, no tienen carácter mercantil o industrial y que tienen una participación económica o están dirigidos mayoritariamente por representantes de esas administraciones, todo este conjunto, bien delimitado y concretado, aportando la debida seguridad jurídica, es hoy reconocido y recogido de forma correcta y completa --creo yo-- en el dictamen de la Comisión. Estas entidades, esas administraciones públicas en sentido estricto quedan sometidas, por tanto, al conjunto de normas que contiene este proyecto de ley.
Existe un segundo nivel que hemos debatido ya muy largamente en Ponencia y en Comisión. Ese nivel está compuesto por el resto de las entidades de Derecho público, que sí tienen una finalidad de carácter mercantil o industrial y, por lo tanto, operan en el mercado compitiendo con otros entes o empresas de carácter privado, en condiciones de igualdad en el mercado, pero que se sujetan a la Ley, en los aspectos más importantes de ésta, desde el punto de vista del control, de la transparencia y de la objetividad a la hora de la adjudicación de los contratos. Se sujetan a la Ley en todas aquellas normas relativas a la preparación y adjudicación de los contratos y se sujetan en las obras que tienen una trascendental importancia, las obras que superan los umbrales marcados por la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Asimismo se sujetan a éstos aquellas entidades que reciben subvenciones del Estado para obras de carácter social, de interés público, como son obras sanitarias, instalaciones de carácter deportivo o instalaciones de carácter educatico y también aquellas cantidades que superan las establecidas por la Unión Europea.
Yo creo que el sector público en general está afectado por la aplicación de la Ley. Queda lo que se llaman las sociedades mercantiles, participadas mayoritariamente con capital público; es cierto que la disposición adicional sexta las sujeta a los principios de publicidad y concurrencia. Son los principios más importantes que puede tener esta Ley de contratación pública. ¿Qué significa éso? Significa que tendrán que publicar también las contrataciones que desean hacer, que tendrán que establecer normas para permitir la libre concurrencia de contratistas, pero, lógicamente, no tendrán que sujetarse a los plazos determinados por las distintas normas de esta ley para las administraciones públicas. ¿Y ello por qué? Porque estas sociedades mercantiles operan con las mismas condiciones en los sectores que las demás sociedades de carácter privado, las demás sociedades mercantiles. No quiere decir no sujeción a todas las normas de esta Ley. Significa que no están sujetas a ningún régimen jurídico. A estas sociedades mercantiles, lógicamente, les afecta toda la legislación específica mercantil, pero además, están sujetasa...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Varela, termine, por favor.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
... están sujetas a otro tipo de controles, como puede ser el Tribunal de Cuentas.
Me gustaría dar respuesta al resto de los temas aquí planteados, resulta imposible, pero no quiero acabar sin afirmar que este proyecto logrará el papel que de él se puede esperar en la lucha contra la corrupción, lucha que ha sido demandada en esta Cámara en varias ocasiones, y lo hace a través de medidas como la motivación en los expedientes de las resoluciones que se adoptan, la publicidad, la creación de registros públicos sobre las contrataciones, la necesaria notificación de las adjudicaciones a todos los interesados, etcétera, y todo ello sin perder de vista el necesario equilibrio con los principios de agilidad y eficacia administrativas exigidos también por todos los sectores sociales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.
El señor Morlán tiene la palabra.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que éste es un debate que tiene importancia por muchas de las

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cuestiones que se han puesto de manifiesto en esta tribuna, pero también tiene importancia saber que todo lo que contribuya a regenerar la vida pública, a luchar contra la corrupción, tiene que estar plasmado en artículos, en letras, y no es suficiente venir aquí con discursos grandilocuentes que no conducen más que a generar en la Cámara la idea de que hay alguien que lucha y alguien que no lucha.
Señorías, en este proyecto de ley, que ha tenido un trámite parlamentario muy largo, que ha sido debatido de manera profusa y profunda tanto en Ponencia como en Comisión, que ha supuesto que de las 400 enmiendas que hay presentadas 249 se incorporen al texto del proyecto, en relación con el cual el Grupo Socialista ha estado en todo momento dispuesto a discutir y debatir sobre todos aquellos temas que han planteado los diferentes grupos, nadie puede negar el esfuerzo que se ha hecho para que exista un mayor volumen de consenso; hay que reconocerlo y tenerlo presente a la hora de evaluar el contenido futuro de este proyecto de ley.
Debido al escaso tiempo que tengo para dar contestación a las enmiendas presentadas por los grupos que quedan pendientes para esta sesión plenaria, hemos de indicar que en el trámite parlamentario en Ponencia y en Comisión hemos explicado de forma muy clara y precisa por qué razón algunos tipos de enmiendas no sólo no contribuyen a que exista una mayor claridad y transparencia, sino que entorpecen el funcionamiento de la propia Administración. Es bueno mezclar lo que es transparencia, lo que es claridad, lo que es concurrencia, es decir, que no haya ningún tipo de dificultad a la hora de ver que la contratación pública goza de todo tipo de elementos que permitan confiar en la misma, pero también es bueno que esa contratación pública sea lo que es: la manera más adecuada de gestionar los dineros públicos en beneficio de los ciudadanos.
El plantear ese equilibrio, esa dicotomía entre esas dos posiciones es lo que hemos intentado desde el Grupo Socialista y creo que se está consiguiendo en gran medida, porque las aportaciones que se han hecho y que han sido incluidas han ido en esa dirección, y como en esa dirección queremos seguir trabajando hemos planteado, y planteamos, tres enmiendas transaccionales a distintos grupos parlamentarios, cuya entrega ya he efectuado a sus portavoces y a la propia Mesa y que obviaré defender, porque van en la dirección de contemplar la figura de los suministradores, tal y como ha quedado reflejado aquí por alguno de los intervinientes, si bien es cierto que la enmienda que plantea el PNV respecto a ese carácter imperativo nos parece que en estos momentos es muy difícil de asumir, sin perjuicio de que, cara al Senado, se estudie si esa enmienda, tal y como se plantea, es lo más adecuado para ver si la Administración puede introducirse en lo que son unas relaciones eminentemente privadas. Como ésa es una duda que se le sigue planteando a nuestro Grupo, espero que el portavoz del PNV acepte la transacción que ofrecemos, con el compromiso de que, en el trámite del Senado, seguiremos estudiando si esa necesidad imperativa que él plantea es perfectamente asumible para incluirla en una ley de contratos administrativos.
Las otras dos enmiendas transaccionales lo son con respecto a la enmienda 78 del Grupo de Coalición Canaria y la 103 del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Respecto al conjunto de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, he de indicar que todas las fases de contratación que se establecen en este proyecto de ley, todos los controles, todas las garantías, todas aquellas fórmulas que permiten que exista un adecuado seguimiento del funcionamiento de la Administración, cara a contratar con personas o empresas ajenas a la misma, creo que están perfectamente recogidas en el propio proyecto de ley. De ahí que, en estos momentos, todas las enmiendas que quedan pendientes serán rechazadas por nuestro Grupo en la votación que va a tener lugar a continuación, manteniendo el texto del proyecto, sin perjuicio de seguir estudiando que las fórmulas que se presenten en el Senado sean fórmulas que contribuyan a que se mantenga ese equilibrio entre funcionamiento de la Administración y control y garantía de todos los ciudadanos respecto a dicho funcionamiento en la contratación administrativa.
Quiero acabar mi intervención haciendo una especial referencia al comentario que ha hecho el señor Mauricio en su intervención, porque creo que ha sido desafortunado. Creo que los Diputados que estamos en esta Cámara nos merecemos algo más de respeto, y no que se nos trate de indecentes a unos y de decentes a otros. Yo le pediría al señor Mauricio, por el bien de la Cámara y por la cortesía parlamentaria, que retirara ese tipo de comentarios y que cuando los haga sea con fundamento; si quiere defender las posiciones políticas, tiene esta tribuna y otras para hacerlo, pero creo que una mínima consideración a los Diputados que estamos trabajando con seriedad en estos temas debe tenerla presente en todas sus manifestaciones.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias.
Para un turno de réplica, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, yo creo que haríamos un flaco servicio al país si nos limitásemos a discutir si esta ley va a resolver la corrupción o no. Ese sí que es un tema casi metafísico. Yo estoy absolutamente convencido de que esas cosas no las resuelven las leyes. Lo que ocurre es que las leyes pueden permitir situaciones y tentar, y quitada la tentación no es garantía de que se quite el pecado, pero hay menos posibilidades. Por ejemplo, hay un artículo que ha

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sido incluido en el texto y que no estaba en la legislación anterior, que dice que cuando alguien utilice la contratación de urgencia --que se había demostrado que casi todo el mundo lo hacía, declarando urgentes los procedimientos para eludir controles-- se entiende que dicha urgencia es objetiva, especificando que si en el plazo de dos meses, después de adjudicar el contrato, éste no se ha empezado a ejecutar, la ley, el legislador, esta Cámara supone que no había tal urgencia y por tanto declara nulo el contrato, rescindido y nulo. Eso es muy importante, ya que no era sólo cuestión de que estuvieran las cosas reflejadas en la ley porque todo el mundo la eludía. A este Diputado le han dicho en muchas ocasiones: vaya usted a los tribunales, dentro de cuatro o cinco años el tribunal le dará la razón, se ha obviado todo procedimiento, pero no hay ninguna solución al problema. La declaración de nulidad por una infracción del procedimiento es un tema clave. Por tanto, no hay que menospreciar la ley. En ese sentido, en este turno de réplica, voy a referirme única y exclusivamente al tema del ámbito de aplicación de la ley.
Acepto la transaccional presentada a nuestra enmienda 103 y, por tanto, la retiramos. Lamento que algunas enmiendas no hayan sido aceptadas en sus propios términos o con alguna transaccional, como a la que me he referido, una cosa absurda en estos momentos, en que está en tramitación en la Cámara, la modificación del Código Civil, y que la Administración no reclame para sus obras frente al ejecutor de las mismas la misma garantía que un particular va a tener frente a otro particular, la garantía de tres años. Yo lo lamento porque es un absurdo jurídico, pero en todo caso allá los diferentes grupos con el sentido de la votación cuando se produzca.
El tema del ámbito. Señorías, creo que haremos una importante tarea en esta Cámara si desmenuzamos el problema del ámbito, porque, efectivamente, cuando estamos hablando de empresas, no todo el mundo conoce a qué empresas nos estamos refiriendo, no todo el mundo conoce de qué forma están incluidos los diferentes entes públicos y empresas en este proyecto de ley.
Comienzo por reconocer que, efectivamente, fruto de la aceptación de una enmienda fundamentalmente del Partido Socialista y del acuerdo de diferentes grupos, se ha avanzado en este proyecto respecto a lo remitido por el Gobierno. No me duelen prendas. El proyecto del Gobierno era lo peor en cuanto al ámbito. Fruto de la enmienda, fundamentalmente socialista, en este tema se ha avanzado.
Ahora bien, de ahí a deducir que estamos cumpliendo la resolución de la Cámara, lo dirá la Cámara, evidentemente; de ahí a deducir que estamos cumpliendo la normativa europea, no, señorías; ni estamos cumpliendo la normativa europea ni, a nuestro modo de ver, estamos cumpliendo el sentido de la resolución de la Cámara. No estamos abarcando al sector público, no ya a las empresas privadas con contratos públicos de servicios públicos, que eso puede sonar aquí a utópico aunque es legislación de la Unión Europea, sino que no estamos abarcando a todo el sector público.
El señor Varela dice que hemos incluido a algunas empresas públicas en los temas de los principios de publicidad y libre concurrencia. Bien, eso ya estaba, como se ha señalado, en la legislación antes. Pero, señorías, no están incluidos, por ejemplo, en dos temas en los que esta Cámara ha puesto mucho interés en la tramitación, en las prohibiciones de contratar con esas empresas públicas del holding de Barcelona olímpica, o de la Expo de Sevilla, o el nuevo AVE cuando se haga con un holding parecido, o la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, o algunas de Aeropuertos y Puertos, etcétera, esas empresas no estarán afectadas por las prohibiciones de contratación. Por tanto, podrán contratar los corruptos, los incursos, los sobrinos, todos esos que hemos visto en el debate podrán contratar con esas empresas. Otra cosa en la que no les afectará y donde esta Cámara ha demostrado una especial sensibilidad y cariño: la protección a los subcontratistas y a los suministradores. No les afecta a esas empresas que contratan miles y millones, incluso a algunas concesionarias de autopistas (ya digo que en el futuro las puede haber para construir el AVE y otras muchas cosas), no les afectará la protección a los subcontratistas y a los suministradores.
Por lo tanto, para que no haya confusión, yo he empezado reconociendo que ha habido un cierto avance y se han incluido algunos de los entes públicos del artículo 6 de la Ley General Presupuestaria (está bien, qué menos que eso), pero desde luego se sigue excluyendo a un sector público importante.
Pero, además de eso, nuestra opinión es que el concepto de contrato público debería abarcar los servicios públicos, y eso, señorías, es el presente y sobre todo el futuro. Lo que se enumera en este proyecto de ley como sectores excluidos, es decir, el agua, el gas, la electricidad, las comunicaciones, esos son los grandes contratos billonarios del presente y del futuro. Excluirlos, los haga la Administración central, los ayuntamientos, el Consorcio de Aguas de Barcelona (perdón por la alusión a uno concreto), los haga quien los haga, esos son los contratos suculentos que hay en el presente y en el futuro.
No tiene, señorías, sentido que esta Cámara se ponga la venda y no vea dónde están realmente las tensiones contractuales en nuestra sociedad, y no estamos extralimitándonos.


El Señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco, vaya terminando.


El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente.
Nos lo está reclamando incluso la normativa europea que, como he dicho, ha dado un salto gigantesco,

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efectivamente en cumplimiento de jurisprudencias previas, y ha considerado que contratos públicos es una definición objetiva, no se puede eludir por cuestiones formales que cualquier Estado introduzca una cierta o gran separación formal de lo que es Administración pública en sentido estricto.
Por tanto, reconozco los avances, pero, señorías, flaco servicio hacemos al país y a las empresas de este país y a la transparencia del mercado si no damos el salto definitivo de entender, como nosotros creemos que pedía la Cámara, que todo el sector público esté dentro del ámbito de aplicación de esta ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco.
El señor De la Vallina tiene la palabra.


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Gracias, señor Presidente, con brevedad en este turno de réplica.
En primer lugar, a los portavoces socialistas debo decirles que ciertamente no puede haber consenso por parte del Grupo Popular con relación a este importante proyecto de ley porque hay unas diferencias importantes de concepción sobre el ámbito de aplicación del proyecto de ley. Creo que ha quedado suficientemente puesto de manifiesto cómo esos entes instrumentales, cada vez más utilizados por todos los poderes ejecutivos, quedan al margen de la regulación de este proyectode ley, y que esa remisión a los principios de publicidad y concurrencia que se contiene en la disposición adicional sexta es insuficiente para regular adecuadamente los contratos de estas sociedades estatales, que cada vez proliferan más en el Estado y en general en todos los poderes ejecutivos del Estado autonómico.
En mi primera intervención ya ponía de manifiesto cómo esa disposición adicional sexta es el trasunto fiel de la disposición transitoria segunda del Reglamento de Contratos del Estado, y ya en su momento en los años sesenta el Consejo de Estado entendía que no era suficiente para controlar estas entidades, estas sociedades privadas, financiadas, creadas y dependientes del Estado y en ese sentido en estos momentos mucho menos se puede aceptar esa fórmula que propone el proyecto de ley.
Quiero llamar la atención sobre cómo en relación a esta cuestión toda la Cámara --excepto los grupos que sostienen al Gobierno--, Izquierda Unida, el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Vasco, han puesto de manifiesto cómo el dejar al margen estas sociedades estatales abre una vía peligrosa con consecuencias graves desde el punto de vista político, jurídico y económico. Por estas razones, efectiva y desafortunadamente, el Grupo Popular tiene que oponerse al ámbito de aplicación de este proyecto de ley y en ese sentido mantenemos la enmienda que en su momento fue defendida.
Ciertamente, se han dado pasos importantes en relación al control, a la sumisión de los contratos del sectorpúblico, como consecuencia de los trabajos de Ponencia y Comisión. Pero una vez más tengo que poner de manifiesto desde la tribuna cómo ha faltado voluntad política para que de verdad que todo el sector público quedase sometido a la regulación de esta ley de contratos del Estado, porque cuando se han dado pasos ciertamente importantes en la sumisión a la regulación de la ley de los contratos de las entidades públicas, no ha sido tanto por voluntad del propio Grupo Socialista, sino por exigencia del derecho comunitario. El derecho comunitario es el que ha obligado a incorporar determinadas cuestiones a este proyecto de ley que no venían en el proyecto del Gobierno. El Gobierno quería seguir teniendo las manos libres en materia de contratación, y exigencias del derecho comunitario han obligado a recoger determinados contratos del sector público.
Basta hacer una lectura del artículo 1.º bis que se incorpora a este dictamen de la Comisión, que es una pura y simple transcripción de preceptos, de directivas comunitarias.
Quiero agradecer al portavoz del Grupo Vasco el apoyo a la enmienda que hemos defendido en relación con el ámbito de aplicación de este proyecto de ley.
Al señor Nadal tengo que decirle que me parece que no ha entendido la finalidad de este proyecto de ley y, en general, no entiende el sentido y función que el derecho tiene en una sociedad, en un Estado democrático de derecho. Baste pensar en la intención que ha tenido el Gobierno (y él mismo lo reconocía citando al Presidente del Gobierno) al remitir este proyecto a la Cámara. Pero, lo que es más grave, su postura está en contra de los propios acuerdos de su Grupo con el Grupo Socialista y de las votaciones de determinadas recomendaciones y mociones que han tenido lugar en esta Cámara. Yo comprendo que al señor Nadal no le agrade oír hablar de corrupción en los debates parlamentarios, lo entiendo muy bien, pero, si me lo permite, le diría que cerrar los ojos a la realidad resulta peligroso y denota una actitud poco prudente, en el sentido más estricto del término.
Y, por mi parte, señor Presidente, nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De la Vallina.
Señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el debate por supuesto no ha ayudado a avanzar ni un paso más en el largo trabajo que hemos tenido en Ponencia y en Comisión sobre esta ley que, sin duda --y quiero insistir en ello--, es una ley emblemática, junto con otras, y con otro conjunto de medidas, para hacer frente a la corrupción en este país. A mí me asombra oír que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no es uno de los instrumentos

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esenciales para combatir fenómenos que cada día se han ido produciendo, en este y en otros países, y el Parlamento francés u otros parlamentos europeos precisamente han atacado justamente en este marco, junto con el registro de los bienes de los Diputados y cargos públicos, con las incompatibilidades, con el fortalecimiento de los poderes judiciales, etcétera. Pero, en fin, vivimos unos tiempos en los que, por lo visto, como decía ya el clásico, hay que intentar de nuevo demostrar lo evidente.
Por suerte, la intervención del propio Grupo Socialista ha intentado justificar esta ley como que, efectivamente, tiene instrumentos suficientes para la lucha contra la corrupción.
Nosotros creemos que ha habido un fracaso político, y voy a repetir algunos conceptos, muy brevemente, que antes dije en mi primera intervención, a efectos de que los señores portavoces del Grupo Socialista, menos atentos a las notas internas que les están pasando y más atentos a mis palabras, no vengan a pedir rectificación de palabras que no han entendido.
Mi argumentación es que los grupos de la oposición, el Grupo Popular, el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, el Grupo de Coalición Canaria, han coincidido esencialmente en un bloque de enmiendas fundamentales y que, curiosamente, se refieren a no dejar espacio, en el ámbito del poder público, para ningún tipo de zonas obscuras donde se desarrollan precisamente los abusos de poder y la corrupción. Ustedes han dado un pasito pequeñito en esa dirección, pero no se atreven a más, en nombre probablemente de la eficacia de la gestión, de la agilidad administrativa y de otras muchas razones, sin duda importantes pero insuficientes, porque la experiencia del funcionamiento de los poderes públicos y de la empresa pública en este último período ha sido lamentable, con enfermedades muy graves que no se corrigen simplemente con pasitos tan cortos como los que ustedes han querido dar.
Por esta razón yo hacía referencia a que si en otro tipo de leyes no se ha podido lograr consenso, a lo mejor por culpa de la oposición, de nosotros mismos, por ofrecer alternativas no suficientemente constructivas y responsables, en esta ocasión el mantenimiento de una innumerable cantidad de enmiendas de la oposición no refleja una actitud no constructiva de la oposición. En mi opinión, por lo menos, la oposición ha dado una dimensión de su responsabilidad, de su preocupación de Estado al ofrecer un conjunto de alternativas que no entiendo en absoluto cómo el Grupo Socialista ha rechazado, porque para que esta ley saliera sólida y eficaz hace falta que la ley sea técnicamente buena y que tenga un amplio consenso y apoyo político, y no lo tiene y no lo ha conseguido y eso es un fracaso que yo atribuyo exclusivamente al Grupo Socialista, a una actitud que ha roto algo fundamental para la democracia española y que hay que recuperar con urgencia dentro de la democracia española, y es la cultura del consenso.
Ustedes no sólo no oyen, sino que cuando oyen no entienden.
Cuando yo he dicho que en esta Cámara había que hacer un amplio acuerdo de toda la Cámara --y lea las palabras que dije antes, señor portavoz del Grupo Socialista--, de la decencia contra la indecencia que está fuera --no me refería por supuesto a ningún Diputado de aquí; hablaba de todos los Diputados--, lo han entendido tan bien los del Grupo Socialista que me han felicitado como seis o siete. Usted es que ni siquiera escucha, y como no escucha, precisamente por eso no se logra consenso, porque han acumulado doce años de prepotencia y doce años de actitudes sectarias (Rumores.), donde los elementos partidistas predominan siempre sobre los intereses generales de la democracia, del país y del Estado (Rumores.), y por eso están entrando ustedes en un proceso de degradación y de declive, porque no saben ni escuchar, ni oír, ni transar, ni negociar.
Por esas razones, señores del Grupo Socialista, hubiesen contribuido decisivamente a este debate dialogando con el Partido Popular, con el Partido Nacionalista Vasco, y no teniendo este miedo tremebundo a afrontar un reto que tenía la sociedad española de credibilidad democrática, de recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, metiendo a todo el sector público y no a una parte, dejando a otra fuera, en el control, la transparencia, en las necesidades de medidas que eviten vergüenzas como las que ha vivido este país en este último período. Por esa razón no rectifico ni una sola de mis palabras, eso sí, se las explico mejor, para que esos seis o siete Diputados socialistas que han escuchado y me han felicitado le expliquen a usted por qué me felicitaron en relación con que en esta Cámara hay 350 Diputados decentes y que deberíamos hacer un pacto, un gran compromiso de la decencia contra la indecencia que ha existido en muchos poderes públicos de este país y que este Parlamento debía haber tenido el coraje de afrontar con esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
El señor Nadal tiene la palabra.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Martínez Blasco, muchas veces hemos estado debatiendo cuestiones relativas a esta ley, y creo que reconociendo como reconoce que se ha realizado un avance, supongo que esto le facilitará que se una a la posibilidad del voto afirmativo para, justamente con este avance, intentar mejorar las cosas.
En todo caso, yo sé que usted como aragonés tiene una auténtica ilusión y una auténtica obsesión por el río Ebro. Me parece muy bien. Pero yo como catalán le he de decir que no toda Cataluña es Barcelona y que el Consorcio de Aguas

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no es de Barcelona, sino que es el Consorcio de las Aguas del Ebro, de Tarragona. Es una pequeña precisión.
Señor De la Vallina, yo hace aproximadamente 20 años que aprobé el Derecho Administrativo. Yo sé que usted es un excelente catedrático, pero yo no estoy aquí para que usted me apruebe o me suspenda y para que diga si entiende o no entiende lo que yo digo. Quien dirá si se entiende o no se entiende son mis votantes y mi Grupo. Gracias a Dios el Derecho Administrativo lo he aprobado y usted no me tiene que aprobar o suspender. Es otro sitio y es otro momento. Si usted quiere hablar de corrupción, siempre que quiera, pero supongo que cuando usted explica Derecho Administrativo a sus alumnos en clase no utiliza el Derecho Administrativo ni la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para hablar de corrupción, sino que lo utiliza para explicar cuáles son los elementos que se tratan en la ley. Por tanto, aquí, que estamos discutiendo una ley con un articulado normal, tiene que hablarse de la ley, y no mezclar esta ley con el problema de la corrupción. En todo caso, queda usted emplazado por mi parte para hablar de corrupción siempre que quiera y en donde sea, pero en el momento adecuado. (Rumores.) Señor Presidente, creo que la ley significa, en todo caso, un avance positivo.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra brevemente para replicar a las intervenciones de los dos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero referirme, en primer lugar, al señor Morlán Gracia respecto a la relación del adjudicatario con subcontratistas y suministradores. Los diferentes grupos parlamentarios hemos realizado un esfuerzo importante en esta cuestión. Yo creo que su enmienda transaccional y la nuestra van a dar una solución a lo que las demandas sociales nos están solicitando a los diferentes grupos parlamentarios. Vuelvo a argumentar aunque, por lo menos, he visto buena disponibilidad cuando usted decía que en este momento no están habilitados para realizar aquí una modificación, aunque sí en el Senado, por lo cual, creo que debemos dejar abierto este punto. Deseo reiterar, señor Presidente, el argumento de que cuando el artículo 114 establece una regulación de Derecho administrativo con carácter general, su letra c) no está regulando una relación de Derecho administrativo, está regulando una relación de naturaleza civil o mercantil. Por ello, esta Cámara, que es el Poder Legislativo, sobre la base del artículo 149.1.6.ª de la Constitución y al título competencial sobre legislación civil y mercantil, puede --como lo ha realizado en anteriores ocasiones-- normar, con un carácter tuitivo y protector, esa relación de naturaleza privada. La relación de naturaleza administrativa siempre tiene esa preferencia, esa prevalencia, esa prioridad, ese carácter de protección por parte de los intereses públicos. Con respecto a ese artículo 114, c), me puede valer como argumento que usted diga que va a ser nuevamente estudiado por parte del Grupo Socialista.
Estúdienlo porque es una cuestión de naturaleza civil y es susceptible, en base al principio general de la libre contratación y de libertad de pactos, de ser renunciado por la parte más débil de la relación del subcontratista con el contratista principal. Señor Presidente, yo entiendo que se mejoraría el texto con la inclusión del inciso de carácter imperativo, pero tengo esperanzas de que en el trámite del Senado tal cuestión pueda ser plasmada en el texto de la ley.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero referirmeal señor Varela. Tenemos una discrepancia en cuanto a la disposición final tercera. Nuestro Grupo Parlamentario no está en sintonía con el voto particular que ustedes han propuesto. Nosotros somos partidarios de que la plasmación y pormenorización de lo que ha de ser una norma de carácter básico, ha de realizarse en base al principio de ley formal. La posibilidad reglamentaria es muy excepcional. Estoy de acuerdo en que la doctrina jurisprudencial del TC lo ha reconocido, pero es muy excepcional. Lo que ha hecho esta Cámara, con relación a estos poderes centrales legislativos del Estado, es establecer con carácter básico la regulación de contratación administrativa, por lo cual, nuestro Grupo se pregunta dónde queda el ámbito para el desarrollo legislativo; si lo básico va a ser desarrollado por los poderes centrales ejecutivos del Estado, dónde queda la potestad normativa de desarrollo. No me vale que lo que no sea básico pueda ser desarrollado; no es eso. Lo que no sea básico puede ser desplazado y regulado de manera diferente.
Nosotros, en sintonía con otros grupos parlamentarios, somos partidarios del texto acordado por la Comisión en el debate del proyecto de ley y, en consecuencia, mantenemos la posición aprobada en la Comisión para las Administraciones Públicas, aunque seguimos discrepando respecto al voto reservado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
El señor Varela tiene la palabra.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero comenzar con la aceptación de un texto transaccional del Grupo Parlamentario de

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Izquierda Unida al voto particular del Grupo Socialista, por el que se propone mantener el texto original de la disposición final tercera. Ese texto, que no ha sido leído aquí, pero que está en posesión de la Mesa de la Cámara, es aceptado porque, además, recoge lo que dijeen mi primera intervención, precisamente en la defensade ese voto particular y en respuesta anticipada a la intervención del señor Gatzagaetxebarría; es decir, recoge el complemento necesario del carácter básico de las disposiciones reglamentarias. Digo esto respaldado por la sentencia del Tribunal Constitucional 141/1993, que refiriéndose al Real Decreto 2528/1986, por el que se aprueba el Reglamento general de contratación --es decir, norma reglamentaria-- y todavía sin determinar el carácter básico de las normas en materia de contratos, dice que todos los preceptos de ese Reglamento que tiendan directamente, en complemento necesario de la Ley de Contratos, a dotar de efectividad práctica aquellos principios básicos de la contratación administrativa, deben ser razonablemente considerados como normas básicas.
Señor Mauricio, yo creo que no se enteró de qué va este debate ni del contenido de la ley. Si no se enteró, ¿cómo lo puede entender? Usted habló también en el debate de totalidad, en el mes de mayo, de que no se había producido diálogo. ¿Cómo se puede dialogar con un Diputado que no ha estado presente en los debates en Ponencia y que ha estado mínimamente presente - -creo que en una sola ocasión-- en los debates en Comisión y que ha presentado sólo enmiendas a los primeros artículos de este proyecto? ¿Cuál es su intención? Es inaceptable que, aprovechando este debate, introduzca aquí la división entre Diputados o incluso entre personas ajenas a esta Cámara, en términos de decencia o indecencia, cuando estamos hablando de procedimientos de contratación administrativa.
Contesto al resto de los portavoces de los demás grupos, que han abundado otra vez en la cuestión del ámbito, diciendo que hay una idea central: o las sociedades mercantiles se crean -- y estamos de acuerdo con ellas para que operen en sectores privados y, por lo tanto, en las mismas condiciones que el resto de las empresas privadas-- o no se crean, pero si han de operar en esos sectores, tiene que ser en igualdad de condiciones, porque no podemos estar sosteniendo con fondos de las administraciones públicas sociedades mercantiles y, al mismo tiempo, atarles las manos a través de procedimientos administrativos que son ajenos a la naturalezade estas sociedades. Si queremos sociedades mercantiles serán sus propias normas de creación, y cuando no la propia legislación en materia mercantil, las que las regulen. Eso no quiere decir, necesariamente, que al estar al margen del Derecho administrativo sus gestores tengan que corromperse porque será lo mismo que decirle a la sociedad española que todas las empresas privadas que operan a través de la legislación mercantil también están sujetas a esos mecanismos corruptores.
La corrupción se puede producir, a pesar de que sea una ley emblemática, como decía, en esa lucha contra la corrupción, por establecer procedimientos de publicidad y procedimientos tasados que después permiten a la jurisdicción controlar si en el expediente se han motivado bien las resoluciones para lograr esa interdicción a la arbitrariedad. Sin embargo, la ley en sí misma no tiene la virtualidad de impedir la corrupción, porque ni siquiera la tiene el Código Penal, que es el que tipifica estas actuaciones delictivas.
Quiero agradecer las palabras de los portavoces de Izquierda Unida y del PNV, que han considerado que el conjunto de la ley aportaba mejoras, no sólo técnicas, sino también de contenido, que van a permitir precisamente, como decía en la primera intervención, que las situaciones que no se ajustan al cumplimiento de la legislación sean mucho más fácilmente detectables por los distintos controles: Tribunal de Cuentas y la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando no intervenga la jurisdicción penal.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Varela.
El señor Morlán tiene la palabra.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Gatzagaetxebarría, me ratifico en lo que he comentado en mi intervención anterior. En el trámite en el Senado vamos a tratar de ver si ese carácter imperativo que usted quiere dar a la protección de los subcontratistas o suministradores procede, o si tiene que articularse en el Derecho civil.
En segundo lugar, señor Mauricio, no sé qué discurso tiene.
Usted ha venido aquí a hacer un discurso que no acabo de entender, porque quiere decir que no se ha leído la ley. Yo no sé si mis compañeros le han hecho algún tipo de felicitación, pero no creo que haya sido por llamarles indecentes, como usted ha puesto de manifiesto públicamente en la tribuna.
También le quiero decir que si usted hubiera estado, como hemos estado todos nosotros, en las sesiones de Ponencia y Comisión --aunque haya asistido en algún momento, no se lo discuto-- se hubiera dado cuenta de que el nivel de diálogo, de consenso y de escucha ha sido bastante mayor que el que usted está poniendo de manifiesto en su intervención.
Al Grupo Socialista usted no tiene que darle ejemplo de nada.
Ni de lucha contra la corrupción, ni de lucha por la regeneración pública; de nada. (Rumores.) Hay una cosa que sí queda clara y me parece que se lo ha comentado mi compañero.
Ustedes han presentado enmiendas a 37 artículos y el proyecto de ley cuenta

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con más de 200 artículos. Ustedes han presentado enmiendas que en nada --o en muy poco-- tienen que ver con lo que usted ha dicho en esta tribuna.
Lo único que le pido es que sea coherente, que respete lo que podamos decir los demás portavoces y que, desde luego, retire esa terminología, que para nosotros es bastante inaplicable, sobre la decencia o la indecencia. Creo que todos los que estamos aquí trabajamos y trabajamos bien, o deberíamos hacerlo. Yo pongo en duda que usted lo haga con ese tipo de manifestaciones.
Nada más, señor Presidente. (El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mauricio, usted ha hecho las manifestaciones que ha creído oportunas en su turno de réplica y en el turno de réplica o de rectificaciones ha hecho las suyas el portavoz socialista. No hay turno.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmiendas números 92, 94, 108, 111, 113, 115, 116, 130, 133, 140, 170 y 171.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 146; en contra, 166; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del mismo Grupo números 96, 97, 100, 107, 110, 125, 135, 168 y 174.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 17; en contra, 293; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 19; en contra, 165; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 267 y 274.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 130; en contra, 165; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 265, 271, 275, 276, 277, 278, 287, 288, 295, 296, 299, 311, 312 y 320.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 130; en contra, 178; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 258.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 149; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 165; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Enmiendas 72, 73 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 291; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 75.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, ocho; en contra, 166; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 74, 76 y 77.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, cinco; en contra, 181; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 23; en contra, 164; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) (El señor Nadal i Malé pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: A los efectos de resumir, sólo mantendríamos las números 401, 404, 405, 406 y 345, en un bloque, siendo la 329 objeto de transacción, por lo que se debe votar aparte.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Nadal, que las enmiendas que ha mencionado S.S. son las únicas que deben someterse a votación.
Enmiendas 345, 401, 404, 405 y 406.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 23; en contra, 290; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmiendas números 20 y 38.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 150; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 45 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 165; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 39, 51, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 85 y 87.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, ocho; en contra, 305; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 13 y 19.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, siete; en contra, 180; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, seis; en contra, 291; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas transaccionales del Grupo Socialista en relación con la número 24 del Grupo Vasco (PNV) y con la 329 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, seis; en contra, 291; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la número 24, del Grupo Vasco (PNV), y 329, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 312; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Al parecer, quedan por votar las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) que no habían sido objeto de votación en los distintos bloques.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, diez; en contra, 165; abstenciones, 142.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con el número 78 del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 312; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la número 103 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmienda transaccional del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con el voto particular del Grupo Socialista a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 165; en contra, 149; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votaciones correspondientes al dictamen de este proyecto de ley.
Artículos 1, 1 bis, nuevo, y 35.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 173; en contra, 142; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 171; en contra, 18; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Artículos 11, 71, 133 y 145.3.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 297; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Artículos 50, 192, 218 a 223 nuevos, disposición adicional sexta y disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 185; en contra, 129; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Artículos 14, 15, 19, 21, 24, 52, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 72, 74, 83, 88, 92, 99, 109, 114, 146, 150, 179, 207 y 213.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 186; en contra, uno; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Artículos 20, apartado 4, 102 y 103.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 312; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al resto del texto articulado del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 315; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al dictamen de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 189; abstenciones, 128.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-CANJE DE CARTAS DE FECHAS 19 Y 21 DE OCTUBRE DE 1994, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE FRANCIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MAJOR ENTRE LAS LOCALIDADES DE MASSANET DE CABRENYS (ESPAÑA) Y COUSTOGES (FRANCIA) (Número de expediente 110/000127)

--CONVENIO RELATIVO A LA IMPORTACION TEMPORAL, HECHO EN ESTAMBUL EL 26 DE JUNIO DE 1990 (Número de expediente 110/000128)

El señor PRESIDENTE: Antes de continuar con el orden del día, y en relación con el punto séptimo, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales, ¿desea algún Grupo intervenir respecto a alguno de los puntos de este apartado? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación de los mismos.
Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia, para la construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustoges (Francia).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 314; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio relativo a la importación temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


INCLUSION DE UN NUEVO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la inclusión, en el orden del día de la presente sesión, de la elección del Diputado correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) autorizado para acceder a la información clasificada en la categoría de secretos, de conformidad con la resolución de la Presidencia sobre acceso por el Congreso de los Diputados a secretos oficiales.
¿Acuerda la Cámara la inclusión de este punto en el orden del día? (Asentimiento.) Queda aprobada la inclusión.
Este punto tendrá su tramitación adecuada al término del resto del orden del día en que, como saben SS.SS., se procederá a la elección por papeleta, en votación secreta.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (CONTINUACION):

--PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL DE LOS CREDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS (Número de expediente 121/000071)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías en un breve turno voy a defender, en nombre de Coalición Canaria, las cinco enmiendas que mi Grupo ha presentado a este proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
La primera enmienda, la número 23, a la exposición de motivos, que está coordinada con la que hemos presentado pidiendo un artículo 8.º nuevo, la número 26, hace referencia al mandato del que se habla en el artículo 118 de la Constitución Española relativo a que se cree un mecanismo de colaboración entre el poder Ejecutivo y el Judicial en todos aquellos supuestos en que el proceso judicial abierto por un magistrado pueda necesitar información sobre gastos reservados.
Precisamente cuando en el denominado caso Amedo, en el asunto de los GAL, la Audiencia Nacional, así como el Tribunal Supremo, dieron sus dictámenes respectivos, en los mismos se hacía referencia explícita al hecho del vacío legal existente en el ordenamiento jurídico español derivado del incumplimiento del artículo 118 de la Constitución Española referido a gastos reservados. Por ello, también nuestra enmienda número 26 solicita la adición de un nuevo artículo que recoja en el texto articulado del proyecto de ley, en concordancia con lo que pedimos en el preámbulo, que en el proceso judicial cuando se solicite una prueba documental

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o testificada sobre utilización de fondos reservados en relación a una posible actuación delictiva, aquélla se deba prestar por el titular del departamento afectado, de acuerdo con las normas internas de control previstas en el artículo 6 de esta ley. Puesto que los artículos 2 y 3 de este proyecto de ley dan entrada a esta responsabilidad administrativa e incluso de la Comisión de Secretos Oficiales, según figura en el ordenamiento actual del Congreso de los Diputados, nosotros entendemos que para dar satisfacción a esta indicación, tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional y en concordancia con el artículo 118 de la Constitución, se pueda atender al mismo.
Respecto a la enmienda número 24, nosotros proponemos en el artículo 2 la adición de un nuevo apartado que comprometa a los titulares de los departamentos ministeriales que están autorizados por Ley a disponer de fondos reservados, a informar --hay que tener cuidado con esto y se lo señalo al portavoz socialista-- a las Cortes Generales, a través de la Comisión prevista en el artículo 7 de esta ley, y a justificar la cuantía de los créditos cuya aprobación se solicita.
¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque en la ley falta, a nuestro juicio, una vertebración entre los artículos 2 y 3. Si el artículo 2 hace referencia a los créditos destinados a gastos reservados --en su punto 1--, si en su punto 2 se refiere a la actualización de cualquier modificación, que dice que corresponderá a las Cortes Generales por medio de la Comisión, no se puede pasar directamente al artículo 3 que dice que toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización..., etcétera. Porque, ¿quién recibe la información y quién la tiene que dar? Para ello hemos presentado nuestra enmienda número 24, en la que decimos que tienen que ser los ministros correspondientes, los titulares de los distintos departamentos que manejan los fondos reservados, los que informen a la Comisión, porque si no no sé está entendiendo a qué información se refiere el artículo 3. Nosotros queremos vertebrar el artículo 2 con el 3 y no dejar ahí una indeterminación legal de quién da la información y ante quién se da. Nosotros proponemos que sean los titulares de los departamentos con asignación de gastos reservados y que, por parte de las Cortes Generales, la Comisión prevista en el artículo 7 sea la encargada de que el procedimiento funcione con toda normalidad, por tanto, esta enmienda es de carácter normativo.
La enmienda número 25, señor Presidente, se refiere a una modificación que pretendemos introducir en el artículo 4.2.
Nos llama la atención que en el texto del proyecto del Gobierno se les diga a los ministros titulares de los departamentos que informen con carácter anual al Presidente del Gobierno. Partiendo del principio del funcionamiento colegiado del Consejo de Ministros, no podemos comprender cómo un ministro queda obligado a dar cuenta al Presidente del Gobierno sólo anualmente. A nuestro entender este proceso tiene que ser permanente; no podemos reducir la capacidad del Presidente del Gobierno para recibir información de los señores Ministros y, por supuesto, tampoco amparar --con los problemas que hay en la política española en relación con el uso de los fondos reservados-- que esto se pueda producir con carácter anual. Por tanto, nosotros proponemos en nuestra enmienda es sencillamente que los ministros mantengan permanentemente informado al Presidente del Gobierno sobre la utilización de los fondos reservados que se hayan consignado.
Por supuesto, que nos estamos refiriendo a las aplicaciones direccionales de amplio espectro, no a que se termine pagando a un confidente por un tema de drogas en determinada comisaría o en determinado puerto español, nos estamos refiriendo a este aspecto, y así creo que se entiende.
La enmienda número 26 ya la he referenciado con respecto a la primera, la número 23.
Termino, señor Presidente, con la defensa de la enmienda número 27, dirigida a una disposición adicional segunda, con carácter de adición respecto a las garantías de esta disposición adicional segunda. Se trata de hacer responsables a aquellos que han utilizado fondos reservados. Se está diciendo aquí: en la toma de posesión de sus cargos. Nosotros creemos que la garantía no debe circunscribirse sólo al momento de la toma de posesión, sino también «a posterior», por lo cual nosotros proponemos que en los tres meses siguientes a la fecha de su cese también se exijan estas garantías, remitiéndose además en cada ejercicio copia de las declaraciones de renta y patrimonio. Creemos, y ahí está la casuística de los escándalos denunciados, que al cesar o ser destituidos en sus cargos estas personas deben seguir rindiendo las cuentas al menos en la declaración de la renta y en el conocimiento de la Comisión de estas Cortes Generales, correspondientes a su patrimonio, para que no ocurran afloramientos de renta llamativos y posteriores al cese o destitución en su cargo.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario consideró oportuna la presentación de este proyecto de ley, que siempre hemos demandado, además de manifestarse de acuerdo en la votación de la proposición no de ley que, a iniciativa del Grupo Popular, aprobó esta misma Cámara sobre la necesidad de que una ley regulase la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. Por eso, hemos estado

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básicamente de acuerdo con el contenido de este proyecto de ley, salvo en la necesidad de introducir enmiendas --a las que luego me referiré-- que refuerzan de manera importante el control en la utilización de estos fondos, incluso de una forma esencial en sede judicial.
Está claro que con este proyecto de ley se refuerza el control parlamentario de la utilización de estos fondos, así como se precisa que la autorización para el incremento de los créditos presupuestarios destinados a fondos reservados corresponde realmente a las Cortes Generales y no puede hacerse en el seno mismo del Gobierno o de sus ministerios correspondientes, como se venía haciendo hasta ahora. Todo el mundo conoce que desde 1983 hasta 1994 se han utilizado más de 19.500 millones de pesetas para uso de fondos reservados y que ha habido una alteración muy sustancial en relación con los créditos iniciales contemplados en los presupuestos anuales; más del 50 por ciento. De esa cantidad, cerca de 10.600 millones se han utilizado por el Ministerio de Interior y Justicia.
Todos esos controles que se establecen con normas internas para la utilización de estos fondos son, a nuestro juicio, interesantes, positivos, pero la ley quedará coja si no se regula de una manera clara, políticamente, según las dos enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario ha incorporado. Una de ellas es al artículo 8, y plantea con claridad que el carácter secreto de los fondos reservados y las restantes limitaciones a la publicidad de su utilización, previstas en ésta y en otras leyes, no pueden impedir ni perjudicar en ningún caso la investigación judicial de cuantas conductas puedan ser constitutivas de delito. Nosotros planteamos textualmente en el segundo apartado del artículo 8 que la autoridad, funcionario o agente, que tenga conocimiento de la realización de conductas relacionadas con los créditos destinados a gastos reservados que pudieran ser constitutivas de delitos deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, conforme a lo establecido en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es muy importante que estas garantías se den, porque el propio Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía General del Estado, ha entendido que si se llegase a la conclusión de que efectivamente se ha producido una utilización fraudulenta de los fondos reservados, es necesario que se analice como malversación de dichos fondos puesto que no deben ser utilizados para la comisión de delitos. Y hoy los juzgados de la Plaza de Castilla están entendiendo de este asunto en torno al proceso abierto por el caso Roldán y también en el caso GAL. No se puede decir, como ha dicho el Presidente del Gobierno ahora en Centroamérica con otra expresión distinta a la que utilizó en su día cuando dijo que el Estado de Derecho se defendía desde las alcantarillas, desde los desagües, lo que significa la justificación intelectual, jurídica y política de la guerra sucia, del terrorismo de Estado, que el Estado democrático se defiende también con los fondos reservados. Con los fondos reservados se consigue una mayor información para las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para defender la democracia y los valores constitucionales, pero hay que decir a continuación que, con los fondos reservados, no se pueden comprar apartamentos en Miami, chalets en la costa, abrir cuentas en Suiza o cobrar sobresueldos.
Tengo aquí un documento que dice lo siguiente: Desde el día 1 de junio de 1990 hasta el día 30 de noviembre de 1991 desempeñé el puesto de jefe de una sección en la Secretaría de Estado para la Seguridad, a propuesta del entonces titular de dicha secretaría, don Rafael Vera. Está claro que durante los 18 meses que ejercí el cargo como jefe de la mencionada sección percibí, puntualmente, al final de cada mes un sobre cuyo contenido siempre era el mismo: 40.000 pesetas. La cantidad total percibida por este procedimiento fue de 720.000 pesetas (40.000 pesetas por 18 meses: 720.000 pesetas) Este tipo de entrega de dinero era percibido por todo el personal destinado en la Secretaría de Estado para la Seguridad antes, durante y después de que este compareciente prestara sus servicios en la misma, dependiendo las cantidades percibidas del nivel administrativo del puesto de trabajo desarrollado.
Los jefes de sección y los jefes de grupo percibían todos los meses 40.000 pesetas y las personas que ostentaban puestos de trabajo de categoría inferior 30.000 pesetas. El compareciente ignora la cantidad que percibían las personas con puestos de trabajo de categoría superior, incluyendo los responsables políticos de la Seguridad del Estado y del ministerio correspondiente, pero podría ser una cantidad indeterminada.
Todos estos datos que aparecen reflejados en este documento están también en sede judicial y demuestran que se han pagado sobresueldos con cargo a los fondos reservados. Y para eso no son los fondos reservados, porque no son fondos para pagar sobresueldos a altos cargos, que los tienen regulados por las funciones que desempeñan en el Ministerio del Interior y Justicia o en otras dependencias de la Seguridad del Estado o de la Administración pública, y en ningún caso deben ser para financiar delitos, no son unos fondos que den licencia para matar. He dicho públicamente y lo repito aquí en sede parlamentaria que el Gobierno no puede actuar, en un Estado de Derecho, como Harry el Sucio, no puede hacerlo, tiene que contemplar su actuación de acuerdo con las leyes, de acuerdo con el Estado de Derecho. Y es muy importante que se incorpore, en el tema de los fondos reservados, que el funcionario que tenga conocimiento de una irregularidad delictiva lo ponga en conocimiento del juez para que éste abra una investigación. Para que con los fondos reservados se haga lo que se ha hecho hasta ahora, mejor

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que no existan en un país democrático. Y si tienen que existir, que se mejoren los controles. Y que esos controles contemplen no sólo una comisión parlamentaria, no sólo una contabilidad interna, sino que también garanticen el anonimato de las personas que dan información para que el Estado actúe con mayor eficacia contra los grupos criminales, mafiosos, de narcotráfico o de terrorismo. Pero, desde luego, lo que no se puede decir, como ha dicho Felipe González, es que con los fondos reservados se defiende el Estado democrático, sin decir a continuación, de manera clara, que no deben ser utilizados para financiar actividades terroristas como el GAL, cuyo sumario se ha reabierto, y sin decir, de manera clara y contundente, que no se pueden utilizar para pagar sobresueldos o para comprar apartamentos, con esa peregrina idea de tomarle el pelo a la opinión pública diciéndole que, como son reservados, no se puede decir nada de ellos, incluso aunque se utilicen para temas corruptos, fraudulentos o delictivos, pero que, al ser reservados, una buena capa todo lo tapa. Yo no creo que debamos aceptar esa teoría. Hay mecanismos de control sobre los fondos reservados. Aquí no han existido hasta ahora; esto ha sido una viña sin vallado; esta ley es importante, aunque queda coja si no se incorporan estas enmiendas que nosotros planteamos en los artículos que aquí se contemplan, pero significa un avance en el control de los fondos reservados y en su uso.
Tenemos una experiencia muy negativa en España de lo que ha pasado con los fondos reservados, que han sido una viña sin vallado en nuestro país. Vamos a dar, como hemos dado en la Ponencia y en la Comisión, una valoración positiva a la ley y a todos los artículos que en ella se contemplan, pero pedimos que se contemplara en estos dos artículos lo que nosotros planteamos, que lo han sugerido Jueces para la Democracia y otras asociaciones de la judicatura para que el potente control judicial quede reforzado, dándole garantías a un jefe policial como el que ha hecho esta denuncia de que, en base a esa ley, puede ir a la Justicia para, si se ha cometido un delito, que la justicia lo investigue.
Es muy importante que eso se haga. Todo el mundo ha planteado que los fondos reservados sean sólo para luchar contra el delito, el narcotráfico, el crimen y el terrorismo, pero que no sean para cometer delitos o para actuar en las cloacas en contra del Estado de derecho. Lo han dicho todas las asociaciones con prestigio, con rigor; asociaciones que mantienen una línea de coherencia, que es la que hay que mantener en estos casos, y no una política errática.
Nosotros seguimos pensando lo que pensábamos, lo mismo. Lo han dicho Jueces para la Democracia, antes y ahora, no es que ahora Jueces para la Democracia digan algo distinto de lo que había dicho antes. Lo ha dichola Asociación de Derechos Humanos, antes y ahora, no ha cambiado; es decir, si han cambiado otras personas, porque han dado un salto al estilo de Pinito del Oro, seránesas personas las que den cuenta, pero no asociaciones coherentes, asociaciones muy coherentes, planteando con claridad lo que pensaban antes y lo que piensan ahora.
Esa ha sido nuestra posición. Podemos pedir aquí el índice del «Diario de Sesiones» de nuestro grupo, de los grupos de los que somos herederos, y de personas concretas que han hablado aquí; podemos pedir los datos a los archivos del Congreso y mostrarlos ante la opinión pública. Nosotros somos gente coherente. Podemos equivocarnos, pero tenemos coherencia y principios para no tapar los escándalos ni hacer con esta ley una interpretación de borrón y cuenta nueva.
Esta ley inaugura una nueva etapa, pero no borra lo que haya pasado con anterioridad. Por eso se ha hecho muy bien en la Audiencia Nacional al abrir la investigación sobre si se han utilizado o no fondos reservados en el tema del GAL. Yo creo que eso es lo correcto, lo decente, lo honesto, lo que tiene principio en un Estado de derecho y democrático. Así es que, valorando muy positivamente la ley, nuestro grupo parlamentario espera que se sea sensible para incorporar estas dos enmiendas que piden los sectores de la judicatura para reforzar, junto al campo político parlamentario y administrativo, que se incorpore en sede judicial el control sobre los delitos que se puedan cometer en la utilización de dichos fondos.
Muchas gracias, señorías, por la atención prestada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: La posición de Esquerra Republicana de Cataluña ante el proyecto de ley de gastos reservados, tiene una doble vertiente. En primer lugar, constatar que nuestro partido cree que la utilización de fondos reservados por parte de algunos departamentos ministeriales pone en entredicho la filosofía política que emana de la concepción de lo que debe ser un Estado que se define como democrático y de derecho. La actuación de dicho Estado debe circunscribirse a procedimientos de completa transparencia en donde pueda responderse públicamente de los actos realizados por los poderes públicos, para que de esta forma no haya la más mínima duda por parte de la ciudadanía de que dichas actuaciones se encuentran enmarcadas dentro de la legalidad vigente.
En segundo lugar, teniendo presente que nuestra voluntad final no es otra que la desaparición de los fondos, en el caso de que estos sigan existiendo, debemos garantizar unos mecanismos parlamentarios de control que permitan un seguimiento lo más amplio posible, no sólo de las partidas presupuestarias sino también de las personas que están a cargo de las mismas.
Seis son las enmiendas presentadas por Esquerra que se definirían en estos términos. Con la primera pretendemos

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en este caso que los gastos reservados no puedan ser nunca utilizados con finalidad política. Hay sospechas en este sentido. Se evitaría, por tanto, la utilización partidista de los mismos y garantizaría un comportamiento democrático con el resto de fuerzas y partidos políticos legalmente constituidos.
En el segundo artículo, el 5, pedimos justificación documental puesto que es la condición «sine qua non» para que pueda existir una auténtica transparencia en la utilización de los gastos reservados. Además, las propias fuerzas gubernamentales a raíz del caso Roldán especificaron que siempre existe justificación documental de los pagos efectuados, pero que dicha documentación al final del año era debidamente destruida, con lo cual es obvio que siempre deben existir los comprobantes que permitan justificar las operaciones efectuadas a cargo de dichos fondos.
Las enmiendas a dicho artículo pretenden aumentar el control parlamentario sobre los gastos reservados. Para ello, en primer lugar, se exige que la comisión parlamentaria pueda tener acceso a la relación de personas que tengan a su cargo gastos reservados. No habrá una total transparencia si se desconoce quiénes son las personas que pueden hacer uso de los mencionados fondos. Es imprescindible que se puedan conocer los nombre de estas personas para de esta forma poder evaluar correctamente la gestión efectuada con los fondos reservados.
En segundo lugar, la comisión debe estar facultada para exigir la documentación necesaria para comprobrar el uso correcto de los créditos destinados a gastos reservados.
En la disposición adicional primera planteamos que de cualquier operación, por muy confidencial que sea, debe tener conocimiento la comisión, para examinar que su contenido se ajuste a lo marcado y autorizado por la Ley.
Finalmente, y en aras de una mayor transparencia en la gestión de determinadas autoridades que puedan usar partidas de gastos reservados, deben poner en conocimiento de la comisión parlamentaria su situación patrimonial. De esta forma se conocerá la situación patrimonial antes y después de hacerse cargo de los fondos reservados, la cual cosa permitiría que sobre dichas personas no recaiga ningún tipo de sospecha que afecte a su honorabilidad.
En fin, por supuesto, felicitarme por la tramitación de una ley fundamental que tiene como objetivo que nunca más ocurra lo que parece que ha ocurrido: que los fondos reservados han sido auténticos fondos descontrolados y un repulsivo agujero negro desde el que los roldanes de turno se han engordado y se han promocionado; sobre todo esa sospecha terrible de que los fondos reservados hubieran podido servir para pervertir la democracia y para financiar el otro terrorismo. A la luz de esta ley, que nunca más planee en esta Cámara ni en la sociedad esa terrible sospecha de que pudiera haber existido otro terrorismo, el terrorismo de Estado, financiado con dinero público. Esta es una perversión de la democracia que ningún Estado de derecho se puede permitir.
Esperemos, por tanto, que con esta ley se pongan los obstáculos necesarios para que nunca más se pueda repetir.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Enmiendas del Grupo Popular. El señor Martín Villa tiene la palabra.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, ya en trámite de los trabajos de Ponencia y en el seno de la Comisión mi grupo manifestó su especial satisfacción por el proyecto de ley que nos ocupa y nuestra coincidencia básica con el mismo. En nuestro caso era natural.
Es un proyecto de ley que resulta de un mandato parlamentario y ese mandato parlamentario de esta Cámara, tomado prácticamente por unanimidad, tiene su origen en una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, en abril, el 14 de abril de 1993, el Grupo Parlamentario Popular tuvo esta iniciativa. Esa iniciativa fue aprobada coincidiendo casi en su integridad por el Pleno de la Cámara y hemos de reconocer que el Gobierno puntualmente, con un leve retraso de quince días, ha enviado el proyecto de ley que responde, también esencialmente, a la decisión de la Cámara y a la iniciativa del Grupo Popular.
En definitiva, el proyecto de ley trata de resolver la especial naturaleza de los fondos reservados y la especial administración y control de estos fondos. Unos fondos públicos se aprueban por esta Cámara normalmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado. Nosotros en el proyecto de ley reforzamos esta actuación de las Cortes Generales, indicamos que cualquier modificación de los créditos debe de ser aprobada por las Cortes mediante norma con rango de ley.
No tratamos de dificultar posibles ampliaciones de crédito, perosí que tiene que ser la Cámara, por ley o por decreto-ley (quizás haya razones de urgencia que aconsejen el decreto-ley) y, por tanto, en este sentido nosotros mantendremos nuestra posición y nuestra enmienda. No nos basta el texto del dictamen de la Comisión, que indica que posibles modificaciones puedan realizarse por la comisión, a que se refiere el artículo 7.º Esta comisión es de control, pero es una comisión que no puede, que no debe tener capacidad para aumentar los créditos presupuestarios.
En segundo lugar, cualquier crédito es dispuesto por una determinada autoridad, el Consejo de Ministros, el Gobierno, los ministros. El proyecto de ley señala, y señala bien, de acuerdo con nuestra posición, que solamente los Ministros de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa tienen capacidad para administrar

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fondos reservados. Es natural. Son aquellas funciones del Estado, las relaciones exteriores, la seguridad, la defensa nacional las que están en juego. Nosotros indicamos también, y mantendremos esta enmienda, que dichos ministros tienen que informar periódicamente, de acuerdo con nuestra proposición y con el acuerdo de la Cámara, al señor Presidente del Gobierno, no con ánimo de complicar al Presidente del Gobierno en estas cuestiones, pero si el Presidente del Gobierno tiene el liderazgo político, quien personalmente es responsable político ante la Cámara, ante el Congreso de los Diputados, la administración de estos fondos, que ya sabemos que por su cuantía son exiguos, pero por su naturaleza son importantes, debe ser conocida habitualmente por el Presidente del Gobierno.
Me parece que el texto del dictamen de la Comisión, en el que se indica que una vez al año el Presidente del Gobierno será informado, no tiene ningún sentido en las habituales relaciones que el Presidente del Gobierno debe tener con los ministros y en las responsabilidades, no para agrandarlas, sino para situarlas en su justo término, que tanto los ministros como el Presidente del Gobierno deben tener.
En tercer lugar, hay unas determinadas normas para administrar fondos públicos. Estas normas deben atemperarse en este caso a la naturaleza reservada de los gastos; pero creemos que estas normas deben ser conocidas por la Comisión de control parlamentario. En este sentido, nosotros mantendremos también nuestra enmienda, pero esperamos de la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que ya se nos anunció por su portavoz en la Comisión, el señor Mohedano, alguna propuesta que nos permita retirar nuestras cuatro enmiendas porque, en definitiva, señoras y señores Diputados, nosotros lo que pretendemos es retirarlas.
En cuarto lugar, esa comisión, en la que delega la Cámara para el control político de los fondos reservados, que es la comisión constituida en la práctica por los líderes de los grupos parlamentarios, que es la comisión que entiende de secretos oficiales, nosotros entendemos debe elevar informes al Gobierno y al Tribunal de Cuentas, a través del señor Presidente del Congreso de los Diputados. Lo hacemos así porque creo que, del trabajo de esa comisión, del conocimiento del trabajo de esa comisión por el Consejo de Ministros y por el Tribunal de Cuentas, derivarán cuestiones muy positivas para el funcionamiento de este difícil y tan actual tema como son los fondos reservados.
Y nada más, señor Presidente, señoras y señores diputados.
Nosotros mantendremos dos de nuestras cuatro enmiendas para votarlas; mantendremos dos de nuestras cuatro enmiendas para abstenernos, porque queremos dejar claro, si el Grupo Socialista no admite nuestras posiciones, o no admite una determinada postura intermedia, cuál ha sido nuestra opinión sobre la composición de la Comisión y sobre las funciones de la comisión.
He de referirme al final a dos cuestiones planteadas por los grupos que han precedido al Grupo Popular en la defensa de sus enmiendas, que es el control judicial de los fondos reservados. Es claro, y parece que esto está sucediendo ya, que hay un control judicial del posible uso ilícito de los fondos reservados. Si ese control ya existe, me parece que no nos podemos dejar llevar por los acontecemientos, por muy próximos que estén, en la redacción del proyecto de ley.
De otra parte, algunas enmiendas, que explican y expresan la obligación de determinados servidores públicos, sobre determinadas utilizaciones de los fondos reservados, servirían ni más ni menos que para hacer absolutamente inútil la utilización de estos fondos.
En definitiva esta ley, señoras y señores diputados, tiene un problema y es decir hasta dónde va a llegar la información del Gobierno a la comisión parlamentaria, y hasta dónde va a llegar el deseo de información por parte de esa comisión. La prudencia del Gobierno y la prudencia de la comisión parlamentaria espero resuelva esta difícil cuestión. Nosotros terminamos nuestra intervención, diciendo, como empezamos, que estamos sustancialmente de acuerdo con el proyecto de Ley que inicialmente es nuestro, es del Grupo Popular, es una propuesta del Grupo Popular, y que nuestro deseo sería poder culminar esta deliberación retirando nuestras cuatro enmiendas, pero ello depende de la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señoras y señores diputados, coincido con la mayoría de los oradores en que estamos, como algunas veces no ha pedido alguna señoría en relación con esta materia, ante un acto legislativo verdaderamente concluyente. Los llamados fondos reservados, o sea los créditos destinados en su utilización a gastos reservados para los servicios de información del Estado, no han estado regulados nunca en España por una norma con rango legal, con rango de ley. Unicamente una circular del año 1966, que es una mera norma interna dirigida a autoridades y funcionarios, pero que difícilmente se puede considerar como una norma que tenga eficacia en general, es la que regulaba hasta ahora los gastos reservados; gastos reservados que son necesarios para la defensa del Estado de Derecho desde la legalidad y desde la defensa de los valores democráticos, que tienen siempre cierto margen de discrecionalidad, pero respecto a los cuales nuestro grupo parlamentario ha sido partidario durante toda la tramitación, desde la remisión por el Gobierno de este proyecto de ley, de suprimir todas las zonas de opacidad y de indeterminación

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legal. No hay actos o acciones administrativas o políticas que puedan quedar eximidas o impunes respecto a cualquier clase de acción de responsabilidad política y, por tanto, ante la evidencia, por otra parte satisfactoria para todos los representantes de la soberanía popular, de que nuestras sociedades democráticas cada vez exigen un mayor grado de transparencia a sus gobernantes y a la administración de los fondos públicos. Hoy esta Cámara da un paso adelante concluyente en la regulación de estos créditos destinados a gastos reservados. Es, efectivamente, un paso que se inició con el debate del estado de la nación, del año 1994, y con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y que, después de diferentes enmiendas, fue aprobada por unanimidad por esta Cámara; una proposición no de Ley que ha cumplido su función de orientación y de impulso político importante a la hora de elaborarse este proyecto de ley, y que ha condicionado no sólo la iniciativa legislativa del Gobierno, sino también esa iniciativa parcial que es el derecho de enmienda del resto de los grupos.
Voy a entrar, por tanto, en la consideración que a nuestro grupo parlamentario merecen las diferentes enmiendas que han sido presentadas a este proyecto de ley, no sin recordar que, durante el trámite de Ponencia y el debate en Comisión, nuestro grupo ha coincidido y, por consiguiente, ha aceptado plenamente distintas enmiendas, y enmiendas importantes, fundamentalmente del Grupo Vasco (PNV) y del Grupo Popular; algunas de ellas tan importantes como la que se refiere al artículo 1.º, relativo a cuál es la definición conceptual de los gastos reservados, con un acotamiento más claro y preciso que el que traía el proyecto de ley del Gobierno; la supresión de la disposición adicional primera, en la que se daba el rango o naturaleza de gastos reservados a unos gastos de la Agencia Tributaria que no eran tales y que se equiparaban a gastos reservados, por lo cual, ya en Ponencia, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aceptamos la supresión de esta disposición adicional primera; y también a una enmienda del Grupo Vasco (PNV), en relación a la capacidad de las comunidades autónomas para poder disponer también de gastos reservados. No sólo han sido enmiendas de mejora técnica sino enmiendas que han tenido y tienen un alcance trascendente para la delimitación y precisión, mucho más clara, no sólo de la utilización de estos gastos reservados sino también de su control parlamentario.
Junto a estas enmiendas, ya aceptadas, hay dos grupos de enmiendas que han quedado para este Pleno: las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de Coalición Canaria y del Grupo Mixto, que coinciden, estas últimas, en algunas de sus tesis o propuestas.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decir que la sagacidad política con que normalmente actúa el señor Martín Villa ha dejado para este Pleno un número exiguo de sus enmiendas, porque, prácticamente, casi todas ellas han sido aceptadas, con un talante de diálogo que, a pesar de que el ambiente externo no lo favorecía ni lo propiciaba, se ha producido en el seno de los legisladores que hemos intervenido en los trámites de Ponencia y Comisión, un espíritu de diálogo de verdad, no de cesión impuesta al adversario en este trámite parlamentario, sino de escuchar e ir aceptando recíprocamente la mayor parte de las propuestas no sólo de mejora, sino, a veces, de cambio importante del proyecto de ley. En ese íter parlamentario, al Grupo Popular, de la mano de don Rodolfo Martín Villa, prácticamente le han quedado muy pocas enmiendas para defender en este Pleno.
De esas enmiendas, hay fundamentalmente tres que han sido defendidas desde la tribuna hace unos momentos. Una de ellas se refiere a que la autorización para la modificación presupuestaria que suponga un incremento de los créditos relativos a los gastos reservados, tenga rango de ley y que no se apruebe solamente en la comisión a que se refiere el artículo 7.º de la ley, la comisión compuesta por un diputado de cada grupo parlamentario. Estamos de acuerdo en lo fundamental con la enmienda del Grupo Popular; esto es, que las Cortes Generales aprueben o autoricen estas modificaciones presupuestarias con una norma con rango de ley o de decreto-ley, y a esos efectos presentamos una enmienda transaccional a la enmienda número 14, del Grupo Popular, al artículo 2.º, punto 2, del proyecto de ley, en la que aceptamos dicha enmienda, diciendo que la Comisión parlamentaria que se creará, según al artículo 7.º, hará el informe previo, con lo que, además, evitamos los informes previos de la legislación presupuestaria que consideramos deben suprimirse para la modificación presupuestaria de estos créditos destinados a gastos reservados por el carácter secreto y por la prohibición de publicidad que existe sobre ellos. Por tanto, lo aprueban las Cortes Generales como ley, con informe previo de la comisión, pero sin los informes previos del Consejo de Estado, Intervención General del Estado, etcétera, a que se refiere la legislación presupuestaria.
La segunda enmienda del Grupo Popular se refiere a la información que los ministros titulares de los departamentos que administran y utilizan fondos reservados tienen que dar al Presidente del Gobierno. El proyecto de ley habla de información anual; pero vamos a aceptar, mediante una enmienda transaccional, la enmienda del Grupo Popular, en el sentido de que periódicamente y no sólo anualmente, de acuerdo con lo que ya decía la proposición no de ley, los ministros titulares de los departamentos de Justicia e Interior, Defensa y Asuntos Exteriores informarán al Presidente del Gobierno. Con eso transamos con la enmienda número 17, del Grupo Popular, artículo 4.º, apartado 2,

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y aceptamos, por tanto, otra de las enmiendas importantes planteadas por este grupo.
No podemos, al menos por el momento, hacer lo mismo con lo que se refiere a la información que se pide que haga la comisión, que se prevé en la ley, al Tribunal de Cuentas, y ello por una cuestión muy clara. Se establecen en el proyecto de ley todos los requisitos que permitan hacer efectivo el principio de prohibición de publicidad de los debates de la Comisión y el carácter secreto de estas deliberaciones. Pero si con todo el esfuerzo que hacemos para evitar esa publicidad y el mantenimiento del secreto de las deliberaciones, trasladamos luego ese debate y esos informes al Tribunal de Cuentas, que no tiene obligación de mantener ese secreto ni la prohibición de publicidad, romperemos inmediatamente que los informes pasen al Tribunal de Cuentas con ese carácter secreto de las deliberaciones y de los asuntos que se tratan en la comisión.
No renunciamos a encontrar una fórmula. No sabemos si será cuando se debata la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas o cuando pase por el Senado este proyecto de ley; pero creemos que nuestra posición es razonable, lo hemos hablado en la Comisión con los representantes del Grupo Popular, porque precisamente queremos evitar que todo el esfuerzo que se hace para mantener el secreto en la comisión, cuando pase al Tribunal de Cuentas quede desguarnecido desde el punto de vista de que se haga efectiva la prohibición de la publicidad de estos gastos. Esto no obsta para que, como ya saben SS.SS., el Tribunal de Cuentas ya está interviniendo en la cuenta del año 1993 en relación con los gastos reservados.
En cuanto a las enmiendas de Coalición Canaria y del Grupo Popular, sobre todo aquellas que se refieren al control judicial de la utilización desviada de los gastos reservados, tengo que decir en nombre de mi grupo que a pesar de que algunas de las afirmaciones en defensa de esta enmienda hayan sido un poco temerarias y bastante poco juiciosas, sin embargo es noble la aspiración que se pretende con esta enmienda; es noble, porque todo aquello que suponga un control judicial de conductas desviadas o delictivas no debe tener ningún obstáculo en un Estado de derecho. Ahora bien, el que sea noble esa aspiración no quiere decir que sea una enmienda precisa; es una enmienda imprecisa, incorrecta procesalmente y confusa desde le punto de vista de su finalidad procesal y de su finalidad judicial.
Me voy a referir muy concretamente a las sentencias que se han traído al hilo de ese debate y que, además, están de plena actualidad con motivo del caso Amedo; la sentencia de la Audiencia Nacional, de septiembre de 1991, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Amedo, de 12 de marzo de 1992.
¿Qué plantean estas sentencias? ¿Que haya algún obstáculo o que no lo haya para la investigación judicial de los delitos que se cometen utilizando como medio los créditos destinados a gastos reservados? En ningún caso la legislación ni las sentencias de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo dicen que haya obstáculo para poder investigar judicialmente.
Esa es la tesis del Grupo Parlamentario Socialista. No hay ni puede haber ningún obstáculo, más allá de las garantías procesales, que impida que un juez cualquiera pueda investigar un delito aunque se haya utilizado para la consumación de ese delito cualquiera crédito destinado a gastos reservados.
¿Qué ocurre? Aunque cite de memoria --dice literalmente-- la sentencia del mes de septiembre de 1991 de la Audiencia Nacional, que se propugna un equilibrio entre la capacidad investigadora del órgano jurisdiccional para desplegar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el equilibrio entre ese derecho y, por otro lado, también el equilibrio entre el derecho-deber del Gobierno para garantizar la seguridad del Estado de derecho que le compete, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución. Es una cita textual, aunque sea de memoria, de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Este problema se vuelve a plantear en la sentencia de 12 de marzo del Tribunal Supremo sobre el caso Amedo. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo? La sentencia del Tribunal Supremo lo que proclama es la posibilidad y la capacidad de investigación de todos los juzgados y tribunales sobre los fondos reservados. Pero dice que, a su vez, también hay que tener en cuenta que este derecho a investigar tiene restricciones que se señalan en los supuestos excepcionales previstos en las leyes y en la Constitución. Concretamente se señala en el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de la obligación de declarar a determinados funcionarios, igual que a eclesiásticos y ministros del culto, y también se recoge en el artículo 24 de la Constitución, donde reconoce el derecho al secreto profesional de funcionarios por razones de obediencia debida y de secreto profesional.


El señor PRESIDENTE: Señor Mohedano, le ruego concluya.


El señor MOHEDANO FUERTES: Concluyo en seguida, señor Presidente.
Por lo tanto, no hay ningún obstáculo a la investigació.
Unicamente hay unas garantías reconocidads en la Constitución y en el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como garantía de determinadas personas, son las que tienen que encontrar el equilibrio con ese derecho a la investigación.
Por consiguiente, no podemos aceptar esta enmienda, porque lo que habría que haber planteado es suprimir el artículo 417.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o una reforma concreta de preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No hay ningún obstáculo para que los jueces investiguen a fondo, ningún impedimento, ninguna limitación,

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excepto aquellas limitaciones establecidas en el artículo 24 de la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es como si planteáramos que otras garantías constitucionales, el derecho a la integridad física y a no obtener una declaración o una confesión por medio de malos tratos o de torturas o el derecho al secreto profesional de los periodistas, fueran un impedimento que obstaculizara la investigación judicial. El secreto profesional de los periodistas o de los médicos para que no se puedan investigar sus expedientes en la clínica o de los abogados no es un impedimento ni un obstáculo, es una limitación en función de la protección de una garantía de un derecho fundamental. Por lo tanto, no vamos a aceptar, señores de Coalición Canaria, señores de Izquierda Unida, esta enmienda, porque está perfectamente garantizado la capacidad investigadora de los jueces en delitos que se puedan cometer utilizando fondos reservados.
Señor Presidente, me voy a referir en medio minuto a las enmiendas del Grupo parlamentario Mixto que han sido defendidas en la mañana de hoy, diciendo que algunas de ellas se recogen ya en las enmiendas que hemos aceptado. La otra no la vamos a aceptar porque lo que plantea mediante la exigencia de justificación documental de los gastos reservados es algo que rompe con la naturaleza y las características del carácter reservado de estos gastos; estaríamos hablando, creo, de gastos que no son reservados.
Para terminar, señor Presidente, si antes me he referido a que los fondos reservados son necesarios para el mantenimiento y defensa del Estado democrático y de los valores democráticos del Estado de Derecho, ahora quiero decir que con este proyecto de ley, tal y como ha quedado enmendado por las señorías de los distintos Grupos parlamentarios, tenemos un buen proyecto de ley, que no sólo define y enmarca legalmente cómo deben utilizarse estos fondos reservados, que es lo que pedía la proposición no de ley del Grupo Popular, sino que, yendo incluso más allá de la proposición del Grupo Popular, además de enmarcar legalmente cómo deben utilizarse y destinarse estos fondos reservados, establece también un sistema de control parlamentario que, si lo comparamos con los otros países democráticos de Europa Occidental, es, sin duda alguna, el que va más lejos y el que rompe más zonas de opacidad y suprime más zonas de impunidad a cualquier exigencia de acción política.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.
Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo desde aquí, desde nuestro banco, para ser breve, utilizando el turno a que nos da derecho la defensa de nuevo de unas enmiendas en relación con el turno que ha utilizado el portavoz del Grupo parlamentario Socialista.
Se ha referido a ellas como incorrectas, como imprecisas procesalmente. Eso lo dice el señor Mohedano, pero no lo dice ni la Asociación de Jueces para la Democracia ni los juristas de nuestro Grupo ni otras entidades que se han pronunciado en jornadas y en seminarios sobre cómo deben regularse los fondos reservados.
Lo que dicen, y es de donde nosotros hemos extraído las enmiendas, es que, independientemente de que el poder judicial intervenga para juzgar un delito, se haya cometido con utilización de fondos reservados o no, como nunca es mal año por mucho trigo, se incorpore en esta ley que los funcionarios que tengan conocimiento del uso delictivo de los fondos reservados lo pongan en conocimiento de la autoridad judicial, sin que por ello burlen ningún tipo de secreto ni pongan en riesgo la seguridad del Estado, sino la seguridad de aquellos delincuentes que, amparándose en ese decreto, amparándose en esa legislación, hayan cometido ese delito.
Por lo tanto, aquí hay una ley positiva, manifiestamente mejorable con la incorporación de estas enmiendas de nuestro grupo y de otros que van en la misma dirección, y es situar en sede judicial un control. La última sentencia, a petición de la Fiscalía General del Estado, ha sido que los jueces investiguen para ver si se ha hecho un uso fraudulento de los fondos reservados y no pueden llegar a ser un obstáculo en torno al secreto que ampara dichos fondos y sea también secreto o una estrategia para tapar actos delictivos o corruptos y fraudulentos.
Aquí se votó en el debate del estado de la nación --y uno de los diputados que ejerció el derecho a voto hoy no nos acompaña-- a favor de que se creara una comisión para investigar lo que había pasado con los fondos reservados. Es verdad lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista respecto a que no había más que una circular y no existían mecanismos precisos de control hasta ahora. Y ahora vamos a tener esta ley que perfila controles, parlamentarios y administrativos y que deja a los jueces actuar aquí como en otros campos, pero sin incorporar esta garantía que al señor Mohedano le puedeparecer incorrecta. Pero eso lo dice él; es una opinión; eso no es la Biblia ni es algo tan decisivo como para que nosotros debamos tenerlo en cuenta. Al contrario, de las fuentes del derecho donde nosotros hemos cogido estas apreciaciones se refuerza que, hay mayor calidad desde el punto de vista jurídico y profesional que la que él ha esgrimido aquí para rechazarla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Martín Villa.


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El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, y muy sinceramente, muchas gracias al señor Mohedano por haber aceptado bastantes de nuestras enmiendas, culminando así una buena tarea que yo creo hemos hecho en Ponencia y en Comisión.
Nosotros en este momento, de nuestras cuatro enmiendas --14, 16, 17 y 19--, retiraríamos las números 14, 16 y 19, aunque queremos manifestar nuestra posición de que, quizá, a través de nuestros compañeros del Grupo parlamentario del Senado, podamos allí buscar una mejor redacción sobre la conveniencia de que tanto el Tribunal de Cuentas como el Gobierno tengan conocimiento de las tareas de la Comisión del artículo 7.º, no con ánimo de entorpecer, sino, al contrario, con ánimo de facilitar tanto la tarea del Gobierno como la del Tribunal de Cuentas.
La enmienda número 16 creo que no ha sido objeto de comentario por parte de S.S., señor Mohedano, y, sin embargo, pienso que, tanto en su intervención en la Comisión de Justicia e Interior como en algunas de las conversaciones que posteriormente hemos tenido, podría yo albergar la esperanza de que la Comisión del artículo 7.º si no participara en la elaboración de las normas, al menos las conociera, y creo que ello es necesario por puro sentido común. Si la Comisión del artículo 7.º va a controlar, de acuerdo con lo específico de la naturaleza de los fondos reservados, la utilización de esos fondos y hasta el nivel que prudente y políticamente se aconseje, difícilmente va a poder controlar si no conoce la norma.
Tiene razón S.S. en los argumentos que expresó en la Comisión de Justicia e Interior y en algunas conversaciones de que no sería bueno que una comisión de control participara en la elaboración de las normas, pero las normas que se han de dictar por los ministros competentes --Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa-- para el uso de los fondos reservados, la lista de las autoridades habilitadas para utilizar esos fondos, tienen que ser conocidas por la Comisión porque, de otra manera, ésta no podría ejercer su prudente control, al fin y al cabo, su control.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me gustaría conocer la posición del señor Mohedano y del Grupo parlamentario Socialista sobre este tema, porque ello nos llevaría a lo que yo deseaba, que es retirar las cuatro enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Para referirme muy brevemente a la enmienda de Izquierda Unida y también a lo que ha planteado el señor Martín Villa.
Respecto a la enmienda de Izquierda Unida, que propone la creación de un artículo 8.º nuevo, efectivamente he dicho que es una enmienda noble en su finalidad, pero imprecisa, incorrecta y confusa, y lo sigo sosteniendo.
Desde luego, mi debate no es con ninguna asociación de jueces, es con el portavoz de Izquierda Unida, y de la misma manera que no creo que ningún juez aceptara que desde otra sede institucional se le indicara cómotiene que dictar sus sentencias, aquí yo estoy discutiendo con un Grupo parlamentario y no estoy discutiendo la enmienda de ninguna asociación de jueces, porque ni la conozco ni la defienden en este hemiciclo. Por tanto, es lo único que tengo que decir. En apoyo de mis tesis he citado dos sentencias, la únicaSentencia del Tribunal Supremo en materia de fondos reservados, porque pienso que los jueces hablan siempre por boca de las sentencias, y precisamente como sólo hay una sentencia, es lo único que he citado en apoyo de esa sentencia, porque la misma refuerza también la tesis de rechazar la enmienda planteada por Izquierda Unida.
En cuanto al segundo apartado de esa enmienda, sólo tengo que decir que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde se deben regular los problemas que plantea Izquierda Unida, dice que los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo al Ministerio Fiscal y a los tribunales. Por tanto, cualquier funcionario que por razón de su cargo tenga noticia de que con esos fondos reservados se está cometiendo un delito, tiene que denunciarlo a juzgados y tribunales, pero eso se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no en la ley de utilización y control parlamentario de los gastos reservados, que no es una ley procesal.
En cuanto al señor Martín Villa, decirle que estamos de acuerdo en cuanto a lo que se refiere a la modificación del crédito presupuestario, norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.
Respecto al Tribunal de Cuentas, estamos de acuerdo en buscar una fórmula sensata que no impida el mantenimiento del secreto y que mantenga la prohibición de la publicidad de los debates de la Comisión, y que esa prohibición de publicidad no se rompa a la hora de llegar al Tribunal de Cuentas, pero desde luego estamos dispuestos a mantener la voluntad política que hemos tenido durante todo el debate y durante la tramitación de este proyecto de ley para encontrar, si es posible, en el Senado una solución a lo que ustedes plantean.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano. (Rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri.


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El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco y la del señor Albistur, del Grupo Mixto, en relación a este proyecto de ley reguladora de la utilización y control de créditos destinados a gastos reservados.
Una vez establecida la premisa de la necesidad del uso de estos fondos reservados sin ninguna reserva, partiendo de la posición acerca de la necesidad de estos fondos para el mantenimiento de la seguridad y la defensa de los ciudadanos, entendemos que también es necesario realizar un ejercicio de honradez intelectual en torno a los controles que se establecen en este proyecto de ley, controles que compartimos y a favor de los cuales nos vamos a manifestar; una manifestación de honradez intelectual en el sentido de que este proyecto de ley, en nuestra opinión, va justo hasta el punto límite al que puede llegar desde el punto de vista del control parlamentario al que pueden ser sometidos unos fondos que tienen la consideración de naturaleza secreta.
Establecido este principio, entendemos que es necesario afirmar que, de cara al nombramiento de las personas que deben de disponer del uso de estos fondos reservados, existe una condición que es muy difícil de regular: aquella condición que se basa en la confianza política y eso, indudablemente, señorías, no se puede llevar a un proyecto de ley. Diríamos que debe de existir una especie de «label» de calidad de cara a las personas que usan de estos fondos reservados. Quizás esa es la reflexión intelectual que a lo largo del debate no se ha recogido en nuestra opinión suficientemente. Hay aspectos de la actividad privada y política que difícilmente se pueden controlar y aspectos que es importante destacar para no llevarse luego sustos a continuación, no sea que entendamos que porque este proyecto de ley se ponga hoy en vigor ya el control parlamentario del uso de los fondos reservados está suficientemente vallado; máxime cuando se nos indica que hasta hace poco, quizás hasta ahora mismo, ésta ha sido una viña sin vallado. La propia reflexión intelectual lleva a una consideración muy difícil: cómo se pone el vallado a temas que tienen la naturaleza de secreto. Yo creo que es querer abordar una serie de temas desde una perspectiva difícilmente asumible desde el punto de vista intelectual.
El debate, tanto en Ponencia como en Comisión, se ha centrado en sus justos términos. Se garantiza con el proyecto de ley la naturaleza secreta del uso de esos fondos reservados y se asegura, como he dicho en mi primera intervención, hasta el límite el control parlamentario, una vez establecida la naturaleza secreta del uso de estos fondos y admitiendo la renuncia de esta Cámara al conocimiento finalista, en el destino final, del uso de estos fondos.
En consecuencia, el proyecto de ley recoge los controles parlamentarios «a posteriori», renunciando al establecimiento de controles «a priori», que imposibilitaría el uso real y eficaz de estos fondos.
Por ello, señorías, entendemos que, en lo que ha sido el debate de este tema del uso de los fondos reservados, habría que remarcar tres conclusiones de carácter general que están en el fondo de la discusión que hemos tenido todos estos meses.
En un primer lugar, que la existencia de estos fondos reservados no debe contradecir la soberanía parlamentaria que en materia presupuestaria encuentra ya desde los orígenes de esta institución sus manifestaciones más genuinas. Más aún: que una mejor sujeción a otro tipo de controles puede considerarse que aconseja acentuar la presencia de la institución parlamentaria en algunas de las modificaciones que estos créditos presupuestarios puedan experimentar y, en particular, las referidas a su propia cuantía.
En segundo lugar, que quede con suficiente claridad que debe garantizarse con rigor que la competencia para la realización de los fondos reservados no puede traducirse, ni en el enriquecimiento injustificado del titular o de los titulares que usan de estos fondos ni que, a través de su propio uso, se puedan cometer delitos.
Por ello, señor Presidente, el régimen especial de la utilización y control de los fondos reservados no debe ser obstáculo para la investigación de delitos que hipotéticamente pudieran llevarse a efecto prevaliéndose del abuso de los mismos; eso sí, esa investigación deberá utilizar, como indicaba el portavoz del Grupo Socialista, el señor Mohedano, las técnicas adecuadas al efecto.
Desde el Grupo Vasco entendemos que es preciso afirmar hoy en esta Cámara con una sola voz que no se pueden cometer delitos en el uso de los fondos reservados e igualmente que los jueces pueden investigar el uso de los fondos reservados, siempre que tengan indicios suficientes de que en su uso se hayan cometido delitos. Entendemos que son dos consideraciones que hoy deben proclamarse con solemnidad en esta Cámara en este trámite. En relación con las enmiendas números 10 y 11, de Izquierda Unida, manifestamos que estamos de acuerdo con los contenidos de las mismas, tal y como lo hemos hecho en los trámites de Ponencia y Comisión, aunque creemos, que su incorporación nos parece innecesaria por obvia, por entender que se encuentran suficientemente recogidos en el corpus jurídico en vigor y que, además, la propia práctica judicial en los procesos abiertos lo está dejando en este momento bien patente.
En relación a las enmiendas que presentó el Grupo Vasco a este proyecto de ley, manifestamos nuestra satisfacción por la consideración que han tenido y porque han sido aceptadas; enmiendas que establecen, por

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un lado, la consideración de que este proyecto de ley se circunscriba al control parlamentario del uso de los fondos reservados recogidos en exclusividad y en las leyes de Presupuestos Generales del Estado, consideración que está recogida en la exposición de motivos y porque se concreta y fijan la labor y las funciones de la Intervención General del Estado en el control del uso de los fondos reservados.
Para terminar, señor Presidente, sí quisiera dejar constancia de que, llegados al límite del control parlamentario del uso de los fondos reservados, estos límites y controles serán insuficientes si las personas que se nombran para usar este tipo de fondos no cuentan con el «label» de calidad ético y moral suficiente que un Estado de Derecho moderno necesita y exige en su propio uso y en su propia consideración.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, para fijar la posición de nuestro Grupo parlamentario a este proyecto de ley que vamos a votar desde la convicción y la satisfacción. Satisfacción porque en este trámite parlamentario vamos a cubrir tardíamente --eso sí-- un vacío legal. Por más que hablemos de fondos reservados, por más que se hable en los medios de comunicación, por más que incluso se instrumenten los mismos como arma arrojadiza entre grupos políticos, lo cierto y verdad --y vergüenza nos debía de dar-- es que no están ni tan siquiera definidos en las leyes. Hoy no sabemos, con la normativa --inexistente-- en la mano, qué son fondos reservados. Por lo tanto, repito, lo hacemos desde la satisfacción porque vamos a definirlos, figuran en los Presupuestos Generales del Estado, están declarados secretos por acuerdo del Consejo de Ministros, pero sólo están regulados por una circular de 1966 que han usado los gobierno franquistas, los gobiernos de la UCD y los gobiernos socialistas hasta la fecha.
Votaremos con satisfacción porque esta iniciativa nacede la propia Cámara, que en un momento dado se da cuenta que hay que ordenar todo este tema --y ya me entienden a qué me refiero cuando digo todo esto--, a travésde una propuesta del Grupo parlamentario Popular y a través también de una de las recomendaciones de la Comisión de investigación del llamado «caso Roldán». Por lo tanto, es la propia Cámara la que en un momento dado reconoce que hay un vacío legal, que hay que poner orden y coto, las dos cosas, en este tema y que pide al Gobierno que instrumente un proyecto de ley para su regulación.
La propia Cámara ha venido tratando el tema en fases de Ponencia y Comisión y he de destacar, porque es cierto, y además es bueno que se sepa, que se ha hecho desde el sosiego, desde la tranquilidad y desde la buena cooperación por parte de todos los grupos parlamentarios.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor también desde la convicción, porque en este proyecto de ley se pone orden en lo que es la administración de los fondos reservados. Se definen, se instrumenta un control interno por el propio Gobierno, con concreción de órganos y responsabilidades de esos órganos. Hay una prohibición expresa al Gobierno de incrementar la partida de fondos reservados mediante el traspaso de dinero de unas partidas a otras sin contar con la autorización previa de las Cortes Generales, que era un mandato de esta Cámara, hace unos meses, al Gobierno, con una participación activa, no sólo pasiva, no sólo administrativa, de la Intervención General del Estado, con un control del Parlamento, creándose una Comisión especial para el seguimiento del uso de los fondos reservados, con una declaración especial ante el Congreso de los Diputados y ante la Presidencia de esta Cámara sobre la situación patrimonial de todos aquellos que van a administrar los fondos, y también con un papel importante del Tribunal de Cuentas, es decir, con una fiscalización especial del mismo.
Por tanto, señorías, señor Presidente, es desde la satisfacción y desde la convicción, por el texto, por la forma y por la iniciativa, que nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Vamos a proceder a la votación.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, nueve; en contra, 280; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 11 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 281; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, seis; en contra, 282; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Socialista en relación con las enmiendas números 14 y 17 del Grupo Popular, que se entienden retiradas; habiéndose hecho llegar a la Presidencia la retirada de la enmienda número 16, no quedan enmiendas de este Grupo para ser sometidas a votación.
Enmiendas transaccionales del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 22; en contra, 282.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 23; en contra, 279; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación relativa al dictamen, excepto la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación correspondiente a la exposición de motivos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 301; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO EN CASO DE ENAJENACION DE PARTICIPACIONES PUBLICAS EN DETERMINADAS EMPRESAS (Número de expediente 121/000074)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, se reanuda la sesión con el debate del proyecto de ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señorías, nosotros ya expresamos ampliamente y en profundidad, en el momento de la toma en consideración de la ley, cuál era la opinión que nos merecía esta ley. Reiteramos, por tanto, nuestra posición, que no ha cambiado en el tránsito de la Comisión, antes al contrario, no ha variado porque no se ha tenido en consideración ninguna de las enmiendas que hemos planteado. En concreto, no hay estatuto de la empresa pública cuando nosotros habíamos solicitado que, antes de aprobar leyes de las características de las que vamos a debatir hoy, debería existir un estatuto de la empresa pública. Ni tan siquiera se tiene en cuenta la constitución de una Ponencia para conocer la realidad del sector público en España, como pedimos también. Parece ser que ahora el señor Eguiagaray, en flagrante contradicción con lo que opinan otros ministros, y aunque el día de la toma en consideración de la proposición de ley sonreía cínicamente ante alguna de nuestras intervenciones, pide un marco que regule la industrialización de este país, etcétera. Tampoco se tiene en cuenta la propuesta de participación de los trabajadores, como expresamos nosotros de forma explícita --no se aceptó nuestra enmienda en la Comisión--, ni la imprescindible información a las Cortes y el consentimiento de éstas ante alteraciones del patrimonio público. En definitiva, este proyecto de ley va a poner un parche a las agresiones que se puedan producir, a lo que consideramos nosotros agresiones que vienen derivadas de un proceso, de una filosofía de privatización permanente, que es la que han defendido en la Comisión y continuarán defendiendo en este Pleno el conjunto de los grupos.
Nosotros mantenemos, en concreto, seis enmiendas que van en el sentido de intentar hacer imperativos algunos elementos que se ponen muy condicionados en las enmiendas 41 y 42; enmiendas que se pueden considerar menores pero que, en todo caso, imponen una

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participación clara de la Administración, en vez de dejarlo al libre albedrío. Hay otras enmiendas que van en la línea de conseguir que en el momento en que haya un problema pueda haber una participación estructural de los trabajadores a través de sus sindicatos. Mantenemos estas enmiendas que no han tenido ninguna fortuna en la Comisión y con esto termina nuestra intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Frutos por su amabilidad en atender al ruego de esta Presidencia para alterar la ordenación lógica de enmiendas ante la ausencia de distintos ponentes.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.


El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, al Grupo Parlamentario Popular no le parece desde el principio que esta norma haya tenido un encaje adecuado. Lo lógico --casi me atrevería a decir en términos cartesianos-- es que primero el Gobierno hubiera planteado un estatuto de la empresa pública que definiera sectores, áreas, actividades en los que la empresa pública debe actuar; que dejara claro, por ejemplo, las formas de control y de nombramiento de los consejos de administración de la empresa pública, etcétera, y que esto se comparara con el actual sistema en el cual, por acumulación, se han creado, y sin ninguna norma lógica, una serie de empresas públicas en nuestro país, de donde se derivaría probablemente también en la misma normativa una lista de empresas lógicamente privatizables. Acto seguido sería lógico que en el mismo estatuto de la empresa pública o en una ley de privatizaciones se dieran las normas de transparecencia, de claridad, que evitaran posibles corrupciones en el proceso de privatización. Y a continuación, como último acto, que haya también una normativa en la que se diga que habrá determinados controles para empresas públicas privatizadas en el caso de que el Gobierno quiera seguir manteniendo dicho control.
Aquí hemos actuado al revés, hemos empezado por el final. Pues bien, aunque hemos empezado por el final y aunque nos ha extrañado esta postura del Grupo Parlamentario Socialista que cuando estaba en la oposición insistía una y otra vez en la necesidad del estatuto de la empresa pública y cuando está en el Gobierno no quiere ni oír hablar de él, luego las cosas no valen por sí mismas, sino según uno esté situado en el Gobierno o en la oposición, a pesar de ello hemos aceptado entrar en este proyecto, como es lógico; proyecto que en origen, además de que no venía en el orden procesal adecuado, tenía defectos de lo que se puede llamar una cosa mal hecha.
En el Diccionario de la Lengua Española una de las diversas formas de definir una palabra en castellano muy conocida, bodrio, es cosa mal hecha. En este sentido, el proyecto que aquí recibíamos fue un auténtico bodrio. Afortunadamente ha sido mejorado de manera importante en Comisión, merced a las aportaciones de los representantes de Convergència i Unió, del Grupo Mixto, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular. Nos encontramos con una norma comparativamente mejor que la que entró en esta Cámara, pero aun así tiene defectos importantes, y voy a resumir los más básicos que dan origen a las enmiendas que quedan en pie por parte del Partido Popular.
El primero es que ésta es una norma que se debe aplicar no a todas las empresas públicas que se privaticen, no tiene eso sentido, sino a determinadas y específicas empresas públicas que se privaticen. Como tal, deben estar tasadas y debe ser un criterio restrictivo. Pues bien, lo que tiene el proyecto es un criterio extraordinariamente amplio.
Nosotros hemos pedido que de los cuatro supuestos extraordinariamente amplios que se contemplan en el proyecto del Gobierno se supriman el b) y el c). Ahora propondría a los Grupos Socialista, Catalán o Vasco una enmienda transaccional en la que en vez de eliminar los supuestos b) y c) se suprima exclusivamente el c). ¿Qué es lo que dice este supuesto c)? Algo tan peculiar como que se puede someter al ámbito subjetivo de esta ley toda empresa que goce de un derecho especial. ¿Pero qué es esto de los derechos especiales? En el ordenamiento español no existe la expresión derechos especiales. Es una expresión que proviene de la ordenación del Mercado Común no asimilada por nuestro ordenamiento jurídico, que aun así es muy poco clara en el ordenamiento del Mercado Común y viene a implicar que tenga algún tipo de ventajas: va a dar lugar a una aplicación arbitraria; va a dar lugar a una aplicación en la cual nos encontraremos con un alto sentido de la discrecionalidad, y probablemente a muchas discusiones jurídicas sobre esa extraña expresión. Le proponemos al Grupo que soporta más al Gobierno que suprima claramente el apartado c), dentro del artículo que marca el ámbito de aplicación subjetiva de esta norma.
Si vamos a lo que luego pide la norma, el problema es aún más grave y más claro. Se dice que los actos que aprueben los consejos de administración de todas estas empresas los tendrá que aprobar el Gobierno. ¿Pero qué actos? Por lo menos, que se dé una lista de los actos que aprueben los consejos de administración de estas empresas privatizadas que necesitan autorización del Gobierno. Pues bien, la norma que nos remite el Gobierno y que ha pasado así por Comisión lo que hace es, a título de ejemplo, poner dos casos en los cuales se exige autorización administrativa, pero con una fórmula genérica, que dice: en particular en estos dos casos. Esta fórmula jurídica tan extraña de decir: en estos dos casos en particular hará falta autorización administrativa,

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quiere decir que en cualquier caso que se le ocurra al Gobierno hace falta autorización administrativa, porque se dice: a modo de ejemplo, en estos dos casos, pero lo deja en la discrecionalidad, en la ambigüedad, no lanza un mensaje claro a los agentes económicos de cuándo va a hacer falta la autorización administrativa y cuándo, no, lo cual va en contra de todo el derecho comparado en esta materia. Por lo tanto, consideramos especialmente importante la eliminación de esta expresión en particular y de ahí nuestra enmienda al respecto.
Sigamos con una ley que es menos mala, pero que sigue siendo una mala ley, una ley mal hecha cuando, por ejemplo, se plantea que, cuando se venda un paquete del diez por ciento de las acciones de una empresa que se privatiza, el Gobierno tiene la facultad discrecional de decir: a éste, sí y a éste, no. No es que las pueda comprar el que más pague, ni siquiera es una especie de concurso o subasta. No. Es a éste, sí y a éste, no, según sea amigo o no del ministro correspondiente.
No hay nada en el derecho comparado parecido a este tipo de discrecionalidad y arbitrariedad por parte de la Administración.
Hay un amplio estudio de derecho comparado que se ha acompañado con la ley. Que se vea ese estudio. Nada hay absolutamente sobre este tema. Lo que pedimos son reglas no discrecionales y que, al final, no pueda ser un gobierno el que diga: a estos señores no les quiero vender y a éstos, sí.
¿Por qué? Porque si les vendo a éstos seguiré controlando el poder de la empresa, porque llegaré a un acuerdo sobre quiénes son los órganos ejecutivos. Querer tener el dinero y el poder simultáneamente es un mensaje muy extraño que se lanza a los mercados que no conocen, en absoluto, ningun sistema en el que el Gobierno se reserve estas facultades en el derecho comparado.
Nosotros, en vez de eso, proponemos algo bien conocido por el derecho comparado. Los derechos más restrictivos en Europa sobre esta materia son el francés y el inglés. ¿Y qué dicen? No marcan esta discrecionalidad. Vienen a decir en algunos casos que el capital extranjero --entendiendo por extranjero fuera de la Unión Europea-- no pueda ser más del 25 por ciento. Incluso en algunos casos excepcionales, que nadie pueda tener más del 15 por ciento, pero no que pueda tener más del 15 por ciento, usted sí porque me gusta y usted no porque no me gusta. Esas normas del 25 y del 15 por ciento las conocen los mercados financieros internacionales, se han manejado con ellas, las han aplicado y no les plantean problemas. Sin embargo, por desgracia, con las normas que propone en este momento el Gobierno nos plantea algo que va a establecer una situación de falta de claridad en los mercados económicos internacionales verdaderamente grave, que puede hacer perder valor a empresas que son de todos los españoles porque no han asimilado esas normas, porque no es lo normal en Europa. Es más, con esta normativa, los gobiernos europeos se han defendido perfectamente de cualquier problema. ¿Por qué no aplicar incluso la más restrictiva de las normativas europeas, que es la mezcla entre la francesa y la inglesa, con el 25 por ciento para la inversión extranjera y con el 15 para un único inversor, en vez de esa extraña discrecionalidad relativa a que cualquier paquete del diez por ciento lo tiene que autorizar «ad hominem» el Gobierno para esa persona?. Es un cambio básico que europeizaría fundamentalmente esta ley. Por todos estos defectos hemos insistido en que cuando salgan los decretos que desarrollen esta ley tengan que pasar por la Comisión de Industria. Repito, especialmente por estos defectos, porque si tienen que pasar, en el sentido puramente de información, por la Comisión de Industria, es más difícil que para evitar sonrojarse se utilice una normativa de este tipo con un exceso de arbitrariedad.
Tenemos ya el precedente de la LOGSE según el cual hace falta una información a la Comisión sobre los determinados nombramientos. Pues bien, que aquí haga falta una información a la Comisión, que no queda sustituida por decir que los grupos parlamentarios pueden pedir que el Ministro venga. Ayer escuchamos al Ministro decir que le cuesta ir a la Comisión.
Esta es una Comisión tan sobrecargada que el Ministro no puede venir, le cuesta dos meses acudir. Ayer, en una reunión de la mesa y portavoces de la Comisión, eliminamos montones de temas porque no tienen cabida en la Comisión. Pues bien, desde que un Grupo pida que el Ministro venga hasta que venga, ¿cuánto tiempo transcurrirá? Sin embargo, si tiene la obligación de venir en un mes después, es mucho más normal que ejerza con mucho más cuidado esas extraordinarias potestades, excesivamente discrecionales, que pueden caer en la arbitrariedad que le concede esta ley.
Acabaré diciendo que también en las disposiciones adicionales, entre ellas la quinta, nos parece mucho más adecuada la normativa que propone el Partido Popular.
En resumen, nos encontramos con una norma que entró en esta Cámara sin el estatuto de la empresa pública antes y como una cosa mal hecha. Se ha mejorado claramente en Comisión.
Tenemos, señorías, una oportunidad en este momento para que salga de esta Cámara no comouna cosa mal hecha, ni siquiera como una cosa un poco menos mal hecha, sino como una norma bien hecha. Sus señorías tienen la oportunidad de la reconversión de esta norma. Sus señorías tienen la palabra y el voto.
Nada más. Muchas Gracias.


El Señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gámir.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albístur.


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El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en lo mejor de la tarde vamos a ver si podemos entrar en una discusión que intentaremos que sea lo menos cruenta posible, pero que sea también lo más amigable para poder llegar a los acuerdos que este proyecto de ley necesita para ser aprobado con el rigor y la seriedad que como tal se merece.
El objetivo que pretende este proyecto de ley, la racionalización del sector público en el marco del Derecho comunitario europeo, sobre todo, aparte ya del marco referente a la Constitución, coincide con un deseo largamente expresado en esta Cámara por el Grupo Vasco, además de manifestar la necesidad del cumplimiento del artículo 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que en su artículo 7 fija la participación de la Comunidad en el sector público estatal dentro del ámbito territorial del País Vasco. Otros estatutos, como el catalán, tienen además en un artículo --creo que es el 10-- un planteamiento similar.
En un Estado moderno de finales del siglo XX, el sector público empresarial sigue siendo necesario, y en particular el industrial, porque está destinado a jugar un importante papel promotor y subsidiario en la economía general y en la política industrial en particular. Nuestro Grupo reconoce el protagonismo del sector público, pero indicando o poniendo como premisa que su papel en la actividad económica nunca puede ser sustituir a la iniciativa privada y, mucho menos, eliminarla, y que su actuación y presencia debe siempre regirse por criterios de rentabilidad sostenimiento y generación de empleo, además de contribuir a un fuerte impulso tecnológico. Todo ello sin menoscabo de aplicar la presencia e iniciativa del sector público a una política de desarrollo regional, en particular a zonas donde se ha producido un significativo retroceso de la actividad industrial, como consecuencia de la reducción de sectores básicos o en zonas donde es necesario el impulso industrial ante el estancamiento del desarrollo económico. El principio de subsidiariedad quedaría definido en estos conceptos, completados además con la introducción de requerimientos medioambientales, fundamentalmente en los procesos productivos, y plataformas logísticas en los mercados internacionales.
En este contexto, manifestamos nuestro apoyo al presente proyecto de ley en cuanto que pretende mantener el control público haciendo reducir el peso accionarial del Estado en empresas del sector público y dando entrada al capital privado industrial, con lo que se puede obtener una evidente innovación en la gestión, en la penetración en el mercado nacional e internacional, en la obtención de recursos financieros, en la rentabilidad y, en particular, en la influencia en el propio sector de actividad y sectores colindantes, por arriba y por abajo, o colaterales. Pero queremos llamar la atención sobre dos hechos. Uno, relativo a las consecuencias de la aplicación de la presente ley y, otro, sobre el desarrollo reglamentario de la ley y su afectación al papel y competencias de las comunidades autónomas. En el primer caso, la experiencia nos ha demostrado que desde el sector público empresarial se han utilizado con una fría gestión empresarial para deslocalizar centros de decisión y producción con criterios ajenos al desarrollo regional y a la subsidiariedad, entrando en competencia directa con empresas privadas, e incluso sometiendo a pequeñas y medianas empresas a medidas de subcontratación esquilmadoras más que contribuyentes a la consolidación empresarial y desarrollo tecnológico, objetivos que debe cumplir el sector público fundamentalmente.
Tampoco estamos de acuerdo en que los ingresos extraordinarios provenientes de estas potenciales privatizaciones sirvan únicamente para maquillar el déficit público o, de alguna forma, se correspondan con ingresos presupuestarios genéricos, sino que exigiremos y haremos un seguimiento especial de ello para que sean destinados a la consolidación de empresas del propio sector público, a la promoción tecnológica y a la promoción de nuevas empresas en zonas afectadas por la reconversión industrial o necesitadas de desarrollo.
Nuestro Grupo ha presentado 13 enmiendas que persiguen tres fines fundamentales. Primero, una mejora técnica de la ley; segundo, la defensa de las competencias específicas de las comunidades autónomas, en este caso de las diputaciones forales, con su régimen específico dentro del régimen administrativo local; y tercero, amparar las competencias de las comunidades autónomas en materia de legislación básica y en la participación en el proceso legislativo, en particular el proceso de desarrollo reglamentario.
En ese sentido, el acuerdo transaccional conseguido con Convergència i Unió respecto a su enmienda número 23, donde se reconoce un papel relevante de las comunidades autónomas a la hora de elaborar los reglamentos, nos permite poder retirar las enmiendas número 3 y 6, al haber considerado que se ha podido llegar a un acuerdo que nos hubiera gustado que se hubiera extendido a todo el espíritu y la letra de la ley. Se nos ha aceptado la calificación del sector público como estatal, con lo que definimos mejor el objeto de actuación y el destinatario de este proyecto de ley. Sin embargo --y ésta es la parte negativa de mi discurso--, no hemos podido aceptar, pese a la buena disposición del portavoz del Grupo Socialista --que ahora no me escuha--, la transación a nuestras enmiendas 9 y 13 que, a nuestro entender, suponen defender a las comunidades autónomas con competencias en materia de sector público de la injerencia que representa la disposición final primera al declarar básicos hasta los procedimientos administrativos.
Quiero advertir --no es la primera vez que lo hago, sucedió ya con la ley de Ordenación del Sector Eléctrico y también en una disposición final-- que se está

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convirtiendo en práctica habitual el desvirtuar competencias, y diría más, en modificaciones virtuales de los estatutos de autonomía a través de la declaración de textos básicos de determinados artículos de las leyes que se van aprobando en este Congreso, y con ello nadie se pone nervioso. Aquí, a las cuatro y media de la tarde de cualquier día, las cosas pasan de cualquier manera. Pero quiero advertir que estamos iniciando un proceso de remisión a los tribunales de actuaciones del Estado que no debería producirse, dado que pertenecen estrictamente al ámbito político y en el debate político se deben arreglar, si existiese rigor jurídico y respeto a las leyes orgánicas aprobadas, como son los respectivos estatutos de autonomía. Y no quiero cargar las tintas en este tema sobre el Parlamento sino sobre quienes son autores del proyecto de ley o, de alguna forma, gestores del proyecto de ley que presentan a este Parlamento.
Hemos enmendado la exposición de motivos y la dispoción final primera. Mantendremos estas enmiendas fundamentalmente por las siguientes razones: porque en el caso de una ley con destino meramente coyuntural, como el proyecto que estamos discutiendo, que incluso tiene un listado concreto de empresas afectadas o destinatarias, se quiere dar un carácter básico a un procedimiento administrativo que tiene vocación de ser aplicado sólo temporalmente y con objetivos concretos. La ley estará durante mucho tiempo, el tiempo que este Parlamento decida, en el mundo jurídico, pero sin aplicación, una vez se hayan cumplido los objetivos del listado que está previsto.
Incluso en actuaciones futuras debemos presumir que habrá otro contexto político, económico y, por tanto, otro instrumento jurídico y legal. ¿Por qué, entonces, hacer una declaración de básica? ¿Por qué convertirla en instrumento para las comunidades autónomas y administraciones locales cuando para el Gobierno del Estado es sólo instrumental y conyuntural? ¿Por qué ese afán uniformador e interventor? ¿Cuándo van a predominar los criterios políticos de racionalidad, de colaboración, de entendimiento y acuerdo, y no la confrontación y yo diría que de alguna forma la «falta de respeto» a la legalidad básica que son los estatutos de autonomía? Se puede entender que este proyecto de ley contiene temas del Código Mercantil o del Código Civil. No lo discutimos y reconocemos las competencias del Estado, pero pretender que en todas las administraciones debe aplicarse esta ley cuando quieran privatizar, es una exageración.
Para terminar diré que si la habilitación del Estado es para regular la legislación básica, lo que no puede hacer el Estado es aprovechar ésta y otras leyes para regular como básicas lo que son meras actuaciones de control administrativo, porque entonces nos encontramos ante una extramilitación que contradice la jurisprudencia constitucional en materia de determinación de qué son las bases, no siendo nunca las bases mecanismos de actuación administrativa, como establecen las sentencias del Tribunal Constitucional todavía prácticamente recientes, de 8 y 17 de marzo de 1987. Yo invito cordialmente a los autores del proyecto de ley y a los cargos públicos que la presentan a que lean esas sentencias. A lo mejor se produce un propósito de enmiendas y me gustaría que en el Senado pudiéramos llegar a un acuerdo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Albistur.
Entiendo, señor Albistur, que las enmiendas que han sido retiradas son las números 3 y 6, pero que se mantienen todas las demás. (Asentimiento.) Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el proyecto de ley que estamos tamitando en esta Cámara tiene dos objetivos fundamentales: en primer lugar, posibilitar la privatización de determinadas empresas públicas; en segundo lugar, retener en manos de la Administación el poder decisorio y de control sobre determinados actos que pueden afectar a empresas públicas adscritas a un fin, servicio o actividad de interés público.
Es decir, este proyecto de ley posibilita, en el inicio de su tramitación, la privatización de empresas públicas de interés público, pero sometiéndolas a un estricto régimen de intervención pública, como lo demuestran especialmente los artículos 2 y 3.
Las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a este proyecto de ley iban encaminadas fundamentalmente a reducir este intervencionismo público, basándonos en razones estrictamente económicas y cualquiera que sea la ideología política al respecto. Este intervencionismo constituye un óbice al normal tráfico mercantil. Las sucesivas autorizaciones administrativas previas que recogía el proyecto de ley no hacían sino entorpecer la normal actividad de la empresa, restándole eficacia y competitividad.
El resultado de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario en el ámbito de la intervención pública y el resultado y del debate de la Comisión ha sido calificado desde Convergència i Unió de moderadamente satisfactorio. Ello se ha logrado a través de nuestras enmiendas y de otras enmiendas transaccionales que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a las nuestras y a enmiendas que iban en la misma dirección, provenientes del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Mixto y del Grupo Popular. Por tanto, es un resultado que hemos conseguido entre todos y aquí

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también me gustaría agradecer la sensibilidad que ha tenido el Grupo Socialista y el Gobierno, que ha dado luz verde a nuestras enmiendas, ya que se ha conseguido limitar la intervención del Estado, tanto en el ámbito de aplicación de la ley como en el ámbito de la autorización administrativa, en todas aquellas operaciones mercantiles previstas en esta ley que excedan el 10 por ciento en cuanto a ampliación, reducción, en cuanto a todo tipo de operaciones mercantiles que superen el 10 por ciento de participación a la sociedad.
Teniendo en cuenta que el procentaje previsto inicialmente en esta ley por parte del Gobierno era del 5 por ciento, entendemos que a través de nuestras enmiendas y de las de los demás grupos parlamentarios, consiguiendo una posibilidad del 10 por ciento, limitamos la capacidad de actuación del Gobierno y damos una prioridad fundamental a la iniciativa del libre mercado para poder privatizar empresas públicas que estén en situación, lógicamente, de beneficios en determinados aspectos y en determinados circunstancias.
Pensamos que este objetivo de poder limitar la actuación pública a porcentajes que superen el 10 por ciento posibilitará que dicha ley en su aplicación sea ágil, sea moderna y que cuando el Estado decida poder incorporar al mercado privado determinadas acciones de empresas públicas que estén en una situación acertada para conseguir fondos, podrá dársele un adecuado funcionamiento.
Otra enmienda muy importante que hemos presentado desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que hemos introducido en el debate en Comisión es la relativa a la privatización de todas aquellas compañías que no eran la empresa matriz de la empresa pública, sino que iba dirigida a todas aquellas empresas filiales o subsidiarias de las empresas fundamentales. En el proyecto inicial que el Gobierno remitió a esta Cámara, si se trataba de una empresa filial de una empresa pública, aunque no tuviera su actividad en la misma dirección que la empresa matriz, era de obligado cumplimiento someter dicha privatización a una autorización previa. Con la enmienda que nosotros hemos introducido solamente estarán sometidas al régimen de autorización administrativa previa todas aquellas compañías que sean empresas fundamentales, que sean empresa matriz, y lógicamente no abarcará a todas aquellas empresas filiales y subsidiarias que no están efectuando la misma actividad principal.
Desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) quedaba viva para debatir en el Pleno de la Cámara la enmienda número 23, que iba encaminada única y exclusivamente a que existiera la posibilidad de participar, por parte de todas las comunidades autónomas, en las futuras privatizaciones y en las futuras autorizaciones administrativas previas, siempre y cuando las actividades fundamentales se desarrollaran en la comunidad autónoma correspondiente. Esta es una de las enmiendas que nosotros considerábamos fundamentales. Agradeceríamos y pediríamos el voto de todos los grupos parlamentarios de la Cámara para poder aprobarla e incluirla dentro del dictamen definitivo que hoy mismo se efectuará en este trámite parlamentario.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) cree que con la aprobación de esta ley el Gobierno tendrá en sus manos un mecanismo muy importante para cumplir y poner en práctica la proposición no de ley, aprobada en la Comisión de Industria y Energía, en la que se instaba al Gobierno a presentar un plan para fijar los criterios sobre presencia del Estado en empresas públicas y sobre su progresiva privatización donde no sea necesaria su presencia.
También con la puesta en marcha de esta ley daremos seguramente cumplimiento a otro de los puntos importantes aprobados en el reciente debate sobre el estado de la nación, por el que el Gobierno se comprometía a la privatización y racionalización del sistema empresarial público español, a fin y efecto de poder dar más competitividad y agilidad a nuestro tejido industrial.
Creemos además que junto a este mecanismo existen también otras iniciativas con las que, dado el período de recuperación económica que se está produciendo, es el momento adecuado para que el Gobierno se tome en serio la cuestión de las privatizaciones para ejecutar una drástica reducción del número de empresas públicas en nuestro país, antes de que la economía, pasado el siguiente trieño de bonanza económica, inicie otra fase de recesión y no sea posible poder incorporar en nuestro tejido industrial la privatización y la racionalización del sistema empresarial público español.
Estamos convencidos de que si se inicia un ciclo en el proceso de privatización de empresas públicas, seguramente mejoraremos la eficiencia económica de nuestro tejido industrial, con la reducción de precios que esto lleva consigo, estimularemos la inversión de investigación más desarrollo y mejoraremos la eficiencia de las empresas privadas dándoles el papel que les corresponde, que es administrar y fomentar la iniciativa privada, excepto en aquellas cuestiones que el Estado considere estratégicas y cuyas acciones es lógico que las pueda dirigir el Gobierno de la nación. También, lógicamente, reduciremos el déficit público.
Cuando en el año 2005 se haga un balance de lo que esto ha costado en el decenio de 1995 a 2005, también sería muy interesante que hubiera cambiado el signo negativo de la tendencia que estamos padeciendo actualmente y no nos encontráramos con que en dicho ciclo hasta el 2005 pasara lo que ha pasado en el ciclo económico que va desde 1985 hasta 1995, en el que según aseguran algunos medios de comunicación las pérdidas que las empresas públicas del Estado español han costado al erario público han sido de 23 billones de pesetas.
Con la puesta en marcha del proceso de privatización

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y si el Gobierno se toma en serio la racionalización del sector público, intentaremos --y estamos convencidos de ello-- cambiar el signo negativo que tenemos hasta la fecha de números rojos, números rojos, números rojos. Seguramente pasaremos a números azules y cambiaremos la tendencia, que, en definitiva, es lo que pretendemos todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
También queremos fijar nuestra posición respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. En cuanto a su enmienda número 30, nosotros vamos a votarla favorablemente, así como la número 9 presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), de orientación autonómica y administrativa respecto a las haciendas locales.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a consumir un turno para defender el texto del dictamen de la Comisión de esta ley que pretende mantener determinadas capacidades de decisión en el seno de la Administración cuando una empresa con mayoría pública pasa a tener mayoría privada. Por tanto, estrictamente no es correcto hablar de una ley de privatizaciones, como se ha venido en denominarla, sino que, por el contrario, lo que pretende es salvaguardar, en cualquier caso, los intereses públicos que pueda haber en alguna de estas empresas que de ser pública pasa a ser privada.
El texto de la ley mantiene que no a todas las empresas se puede aplicar el texto legal, sino solamente a aquellas que prestan servicio público o aquellas que, de una manera u otra, en líneas generales o están en un sector intervenido, regulado, o, en definitiva, no están sometidas a las reglas del libre mercado. A las que estén sometidas a las reglas del libre mercado no puede aplicarse la ley; solamente se puede aplicar en aquellas empresas, por tanto con un carácter restrictivo, que tienen algún tipo de intervención, que están en un sector regulado, que prestan un servicio público, tal y como señala el artículo 1.º. Por tanto vamos a mantener dicho texto en los términos actuales del dictamen de la Comisión porque pensamos que no se pueden suprimir los apartados que plantea la enmienda del Grupo Popular, porque eso dejaría fuera de la posible aplicación de la ley a sectores tan importantes como puede ser el petrolero, al que previsiblemente se podría aplicar este texto legal.
¿Cuándo se puede intervenir? Cuando el sector público, en primer lugar, haya perdido la mayoría de la empresa y, además, cuando haya movimientos de capital que puedan permitir que se modifique la correlación de fuerzas para la toma de decisiones básicas de la empresa. Es decir, que no en todos los casos se puede aprobar el correspondiente decreto, sino solamente en aquellos en los que efectivamente esa pérdida de mayoría por parte del sector público signifique que también se pierde la capacidad de decisión respecto de las decisiones estratégicas de la empresa. Por tanto una capacidad de intervención, pero indudablemente limitada a la defensa de los intereses públicos en aquellas empresas públicas que justamente tienen entre sus objetivos la defensa de esos intereses públicos.
Ha habido bastantes enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, y yo creo que en la tramitación de esta ley, en Ponencia y en Comisión, se han acercado posiciones de forma significativamente, particularmente con las enmiendas de los grupos Popular y Catalán (Convergència i Unió) que pedían unas mayores exigencias para que una empresa pueda ser sometida a autorización o la limitación de los actos de decisión que pueden estar sometidos a autorización administrativa. Por otra parte también ha habido enmiendas que se referían al tema autonómico como las de los grupos Vasco y Catalán (Convergència i Unió). Sobre algunas de ellas se han presentado enmiendas transaccionales a lo largo del debate de Comisión, y en este momento presentamos una enmienda transaccional a la única viva del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para que en el desarrollo reglamentario se garantice la participación de las comunidades autónomas en las decisiones que correspondan a empresas públicas que se ubiquen en su territorio. De esta manera yo creo que se salvan, en buena medida las preocupaciones autonómicas.
Hay una enmienda, la número 9, del Grupo Vasco (PNV) sobre la que el Grupo Socialista está pensando qué puede hacer para buscar un acercamiento, pero para dar una señal de buena voluntad y para poner de manifiesto nuestro deseo de acuerdo, vamos a votarla favorablemente ya en este trámite para que así queden disipadas todas las dudas a ese respecto. Pensamos que no es necesario, que incluso es más correcto el texto legal que sale del dictamen de la Comisión, pero para que esa voluntad de acercamiento se ponga de manifiesto, para tener un gesto positivo con todos los grupos parlamentarios, vamos a votar favorablemente la enmienda número 9 del Grupo Vasco (PNV).
También vamos a votar favorablemente la enmienda del Grupo Popular número 30, al artículo 3.1, no en lo que conllevaría esa enmienda de supresión del apartado 2, pero el texto del artículo 3.1 pasaría a tener la redacción que se propone en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, puesto que en ella se establecen con rigor cuáles son las decisiones que se pueden someter a autorización administrativa, eliminando así

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cualquier tipo de arbitrariedad que pudiera plantearse en el texto legal. Con ello pensamos que damos un paso más en ese acercamiento; acercamiento que no vamos a llevar a cabo con las enmiendas de Izquierda Unida porque, como ya se puso de manifiesto en el debate de totalidad, la aceptación de estas enmiendas nos llevaría a un modelo totalmente distinto que nada tiene que ver con la ley que estamos discutiendo y nos alejaría de todos los textos legales que a este respecto existen en los países de nuestro entorno, los países de la Unión Europea.
Por tanto, vamos a votar en contra de la enmienda número 31 del Grupo Popular y de la 44 del Grupo de Izquierda Unida porque pensamos que no es bueno que en los textos legales se plantee la obligación de que los reglamentos pasen por las Cámaras. Creemos que esa no es una buena técnica legislativa, que, además, en los reglamentos de las Cámaras existe la posibilidad de que cualquier grupo parlamentario ejerza el control que crea necesario cuando se publica cualesquiera de las decisiones del Gobierno, y como no es necesario y nos parece una mala técnica legislativa, por ello vamos a votar en contra de la enmienda 31 del Grupo Popular y la 44 del Grupo de Izquierda Unida y también vamos a votar en contra de las enmiendas 32 y 33 del Partido Popular; estas enmiendas van en un sentido contrario a las anteriores, puesto que son más intervencionistas, en una dirección que nos parece poco eficaz. Limitar la propiedad individual de acciones o limitar la propiedad de personas jurídicas de fuera de la Unión Europea pensamos que no añade nada a los objetivos que pretende la ley y creemos que innecesariamente se podría dar una imagen de mayor intervención que, en definitiva, no resolvería los problemas básicos de la ley. Pensamos que están mejor resueltos con los planteamientos que hacen los artículos 3.2 y 3.1 en el que hemos aceptado el texto que su Grupo nos ha planteado.
Por consiguiente, desde nuestro punto de vista no hay ningún tipo de arbitrariedad posible por parte de la Administración en el texto del dictamen de la Comisión. Creemos que hemos hecho un esfuerzo significativo a todos los grupos de la Cámara respecto al contenido básico de la ley y también sobre el respeto debido --respeto escrupuloso-- a las compentencias de las comunidades autónomas, que queremos llevar a cabo con el gesto de votar a favor de la enmienda número 9 del Partido Nacionalista Vasco, como ya he anunciado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Señor Sánchez i Llibre, ¿acepta su Grupo la enmienda transaccional que le ofrece el Grupo Parlamentario Socialista?

El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario acepta gustosamente la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista porque entendemos que asume los objetivos que habíamos presentado en nuestras enmiendas al proyecto de ley de privatización.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Albístur, ¿acepta su Grupo la enmienda transaccional?

El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, también aceptamos la enmienda transaccional. Permítame, señor Presidente, que me explaye porque...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Albístur, no...


El señor ALBISTUR MARIN: Permítame un segundo simplemente, porque creo que es un momento histórico en el que estamos en estos momentos. Por parte del Grupo Socialista hemos tenido la aceptación de una enmienda que ha sido --yo creo-- suficientemente bien razonada. La verdad es que con don José Félix Sáenz me entra un poco el síndrome de Estocolmo porque me coge en sus redes, pero realmente creo que ha sido un gesto brillante y tengo que dar las gracias a don José Félix Sáenz y a la señora Mendizábal por la colaboración obtenida en este tema.
Señor Presiente, quisiera decir que retiraremos el resto de las enmiendas existentes.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Albistur. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas números 25, 29, 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 116; en contra, 164; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 31 y 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 130; en contra, 152.


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(El señor Albístur Marín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Señor Albístur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, anteriormente he pasado a los servicios de la Cámara precisamente una solicitud de votación de la enmienda 31 separada de la 32. Ello nos ha obligado a votar de forma diferente a la que estaba prevista.
Ha sido pasada con tiempo más que suficiente, esta mañana precisamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Albístur, lo lamento mucho. La Presidencia las ha sometido a votación en los términos en que se le ha informado que eran los deseos de los grupos y de los Diputados. Lo siento mucho. Ruego nos disculpe a la Presidencia y a los que asesoran a la Presidencia.
Enmienda número 33, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 119; en contra, 157; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 9, del Grupo Vasco (PNV), y del señor Albístur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 274; en contra, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 14; en contra, 268; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la número 23, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 283; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la número 30, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 278; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda del Grupo Popular número 24 a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 123; en contra, 162; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 1, del Grupo Vasco (PNV), del señor Albístur a la exposición de motivos. (El señor Albístur Marín pide la palabra.) Señor Albístur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, yo no sé qué problemas han surgido en la Mesa, pero he dicho anteriormente que he retirado las enmiendas al ser aceptada la número 9. Lo mismo ocurre con las votaciones que se acaban de producir de las enmiendas del Grupo Popular y de Izquierda Unida, de las que había presentado solicitud de votación también especificada por partes.


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, no hay que someter a votación esta enmienda, de acuerdo con lo manifestado por el señor Albístur.
Procedemos a la votación del dictamen (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
De la propuesta que hemos llevado a la Mesa de considerar el artículo 3.º en un bloque, le solicito que sea eliminado de ese bloque y pasarlo al resto de los artículos sometidos a votación.


El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen. Artículos 1.1.b), 1.1 c), 1.2, 2.2, 4 y 6.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 161; en contra, 125.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación del resto del dictamen, excepto la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 278; en contra, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285, a favor, 161; en contra, nueve; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO (Número de expediente 122/000041)

El señor PRESIDENTE: Dictamen relativo a la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. No hay enmiendas mantenidas a este dictamen.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, señorías, quiero manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, nuestro reconocimiento a la oportunidad de la presentación de esta proposición de ley (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia) por parte del Grupo Popular, que, con el trabajo cuidadoso de la Ponencia, se ha mejorado hasta conseguir el consenso de todos los grupos políticos y se ha convertido en un elemento valioso para avanzar en el objetivo de luchar contra la apología de actitudes discriminatorias contra grupos o personas por motivos de origen étnico, por ideología, por religión o por creencia. (Rumores.) La aprobación de esta proposición de ley debería traducirse en una apuesta por la tolerancia...


El Señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Alemany.
Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Coincide el hecho de que el año 1995 ha sido declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de la Tolerancia, avalado por la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa. La tolerancia, señorías, por definición, no puede ser impuesta sola y sencillamente por unas medidas legislativas. Consideramos que tanto esta proposición de ley como la aprobación de la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, así como los acuerdos internacionales ya firmados por España son aportaciones que deben hacerse desde las Cámaras legislativas para evitar la proliferación y la apología de actos discriminatorios y racistas que suponen una vulneración total de los derechos humanos.
No debemos obviar hechos que se están produciendo tan cercanos a nosostros como la guerra de los Balcanes, Chechenia y tantos otros. Tampoco los problemas que se suceden en relación con el racismo en las principales ciudades europeas.
Quisiera hacer hincapié en las palabras pronunciadas por Su Majestad el Rey en su mensaje navideño. Las citaré textualmente: Hemos de procurar, con generosidad y justicia, la integración de los extranjeros que residen entre nosotros y rechazar y perseguir las manifestaciones de intolerancia, racismo y xenofobia que atentan tan directamente a la dignidad de la persona. Tenemos que aprender a convivir con quienes son social, cultural o religiosamente diferentes. Estas eran las palabras de nuestro Monarca.
También quisiera lamentar el incidente producido ayer en Argel, donde un grupo de fundamentalistas argelinos asesinó a tiros a Nabila Yahnin, presidenta de la asociación feministra bereber Tagrit Nematut, en la localidad de Tizi Uzu. El asesinato de esta política progresista conmociona también a nuestra sociedad.
Quisiera reseñar asimismo el acto, que se celebró ayer en Cataluña, de compromiso de los responsables de veinticuatro medios de comunicación, el Colegio de Periodistas de Cataluña y la Consejería de Bienestar Social, en nombre de la Generalitat de Catalunya, suscribiendo el Convenio de protección de la cultura y la imagen de las minorías étnicas en los medios de comunicación social. El texto sitúa la tolerancia y el respeto a la dignidad de las personas como premisa de la información e incluso como referente para la publicidad. Este convenio compromete a todas las partes a destacar los valores positivos de las diferentes culturas, a erradicar mensajes que impliquen discriminación a causa del color, de la raza, del sexo, religión o ideología, y estos hechos demuestran que la sociedad también debe movilizarse a favor del civismo.
Por todo ello, señorías, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario votará favorablemente esta proposición de ley.
Muchas gracias.


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El Señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Alemany.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo se suma a la condena por el asesinato al que ha hecho referencia la representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en este momento en que vamos a aprobar en el Pleno una muy importante ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. Es una proposición de ley que en su momento presentó el Grupo Popular, al que felicitamos una vez más por su iniciativa, pero se trata de una ley que se ha enriquecido sustancialmente a lo largo de los trámites de Ponencia y Comisión, hasta el punto de que en este momento se podría decir que incluso su título se queda corto porque se refiere a la tipificación en el Código Penal de la apología del delito de genocidio, pero también se refiere a la tipificación de otras conductas por motivos racistas, más allá del delito de genocidio. Entendemos que se trata de una de las propuestas legislativas más importantes que se han tratado, a pesar de que haya pasado algo desapercibida, en esta legislatura, ya que a la tipificación del delito de apología del genocidio, a través de los trámites en Ponencia y en Comisión --y creo que en esto han colaborado todos los grupos parlamentarios--, se ha añadido una muy importante modificación en el artículo 10 apartado 17 del Código Penal, que es algo así como el preludio de lo que podría ser en el futuro una ley contra el racismo, una ley que está necesitando la sociedad española y que quizá este año podía ser el mejor momento para tomar esa iniciativa, dado que estamos ante el año contra el racismo en Europa, el año 1995. En efecto, en ese apartado 17 del artículo 10 --y es algo que queremos destacar y enfatizar en este momento-- se considera como agravante la comisión de cualquier delito siempre que se haga por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen étnico o nacional, o la ideología, religión o creencias de la víctima. Y en el nuevo artículo 165 ter también se considera como delito la provocación, la apología de la discriminación de personas o grupos por motivos referentes a su origen racial, étnico o nacional, o a su ideología, religión o creencias.
No estamos precisamente en el mejor momento de la evolución de nuestro continente en cuanto a las conductas de tolerancia.
Todos los días nos encontramos en los medios de comunicación, españoles y no españoles, actos vergonzantemente racistas que llegan hasta la cotidianidad. Cotidianamente se producen actos racistas cuando se le niega, por ejemplo, el alquiler de una casa a alguien por el color de su piel o cuando se producen redadas por la Policía simplemente en función del color de la piel; esto se está produciendo todos los días. Es muy oportuno que aquí podamos aprobar un proyecto de ley que va mucho más allá de lo que es la tipificación del delito de genocidio para entrar en la condena de actos racistas mediante modificaciones muy importantes del Código Penal. Es cierto que la regulación contra el racismo debería extenderse a más ámbitos que este meramente penal. Esta proposición de ley ha dado un primer paso muy importante que elogíamos y que significa la entrada clara en el Código Penal de la condena y del castigo de las conductas por motivos racistas o por motivos de discriminación. Queremos destacar la importancia de este texto legislativo que, como decía antes, desgraciadamente ha pasado desapercibido y que, sin embargo, queremos destacar de una forma muy especial porque tiene una enorme trascendencia para el futuro en este año en 1995, año contra el racismo.
Por todas estas razones nuestro Grupo va a apoyar con absoluta decisión, de forma muy positiva, esta proposición de ley se somete esta tarde a votación en la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Yo también quiero reiterar la felicitación a los ponentes y a quienes trabajaron en la Comisión en la elaboración de esta proposición de ley orgánica, en primer lugar, porque fue una iniciativa de nuestro Grupo de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Esta iniciativa legislativa fue modificada y mejorada en el trabajo de la Ponencia. Quiero recordar a un Diputado que en este momento no está aquí, por estar en desacuerdo en otras importantes ocasiones con su Grupo, para defender la posición del Grupo Socialista. Me refiero al Diputado Pérez Mariño, que contribuyó mucho al desarrollo y al éxito del acuerdo y de la concordancia en el seno de la Comisión y de la Ponencia, por lo que no podía menos que citarlo en este momento.
Creo que si en la política interna el sentido del respeto a los pactos y a la palabra dada no está a la orden del día, esto en el mundo de las relaciones internacionales es especialmente obligado. Pacta sunt servanda, especialmente cuando se trata de compromisos internacionales: El Convenio de 1948, en Nueva York, sobre prevención y sanción del delito de genocidio; el Convenio de 1965 sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Se trataba, además --y ése era el sentido de la iniciativa del Grupo Popular--, de hacer coincidir la aprobación de esta modificación importante del Código

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Penal con el Año Internacional de la Tolerancia y también con el Año Europeo de la Tolerancia; con el cumplimiento por parte de España de unos de los apartados de la Declaración y el plan de acción de Viena de los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa en el que se hace un llamamiento contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Uno de sus apartados fundamentales es la revisión, el examen y la mejora de los instrumentos nacionales e internacionales legislativos en la lucha contra estos fenómenos graves de intolerancia. Creíamos y creemos que no conviene dejar al albur de la inestabilidad política, al riesgo de las convocatorias electorales, una modificación como ésta y que, por tanto, había que vencer --me congratulo y me alegro de que lo hayamos hecho-- algunas reticencias, expresadas aquí en el debate de toma en consideración, sobre la conveniencia de dejar para el gran nuevo Código Penal, que una y otra vez se presenta a esta Cámara, la modificación legislativa correspondiente a la creación del delito de apología de genocidio.
Creo también que es importante que hayamos incluido el delito de apología de la discriminación racial, por un motivo muy importante, porque existe y queda constancia y firmemente establecida la voluntad concordada de creencia y de defensa de los valores domocráticos y de los valores de la Constitución que no deberán ser, a partir de este momento, utilizados en ninguna contienda electoral o política por ninguno de los grupos que participamos en este acuerdo de modificación del Código Penal. Es también un llamamiento a las autoridades judiciales, policiales y al Gobierno para que utilicen este instrumento y castiguen y persigan los brotes, que también se han reproducido en nuestro país, que se reclaman de las ideologías que cometieron y justificaron el genocidio y que justifican y alientan la discriminación racial, el crimen racial. Es también, creo, la respuesta a una inquietud expresada por importantes partes de la ación española, la comunidad judía, la comunidad gitana y otras, que exigían una modificación legal que les permitiera encontrarse bajo el amparo de la ley y protegidos de las acciones de algunos grupos que, bajo la impunidad que daba la legislación española, se permitían actividades y acciones que en cualquier otro país europeo hubieran sido condenadas y perseguidas. Es también, creo yo, una modificación legislativa que va en el sentido de la voluntad común europea de contruir una base moral y ética sobre la que fundamentar la identidad política, la identidad de los valores de la Europa en la que participamos y que queremos.
Quiero recordar, finalmente, que ha quedado claro y se ha recogido en las discusiones de la Ponencia y de la Comisión que no se trata de establecer un delito de opinión. Estamos condenando la apología del crimen de humanidad que ni prescribe ni caduca, que no cabe revisión posible, que no cabe justificación posible, y que no cabe amparo posible en la ley española para cualquier actividad que se reclame de esas ideologías criminales. Nosotros pensamos que la base moral de Europa y la base moral de nuestro país necesita de las modificaciones legislativas que permitan ejercer acciones de carácter represivo contra ese tipo de actitudes. Pero no hay que olvidar tampoco --y concluyo, señor Presidente-- que la lucha y el esfuerzo fundamental es de educación, es un esfuerzo de formación, es un esfuerzo de explicación de la solidez y de la firmeza de los valores sobre los que se asienta la tolerancia y la pluralidad de nuestra Constitución y de nuestra misma convivencia nacional. No es sólo un crimen contra la humanidad lo que condenamos y los que perseguimos; es un crimen de lesa Europa y de lesa patria que debe quedar firmemente establecido en esta voluntad concordada y que no debe ser motivo de disputa o de divergencia ni de utilización en las contiendas políticas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, con enorme satisfacción fijo la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición de ley que yo llamé ya en Comisión la ley del doble consenso. Afortunadamente hay que hacer hincapié en que en un proyecto de tanta importancia, por segunda vez, los distintos Grupos de la Cámara acuerdan un consenso muy importante porque, como SS.SS. recuerdan, el texto presentado en la Cámara no era más que la separación de aquel artículo que había obtenido unanimidad en el anteproyecto de Código Penal que se debatía en la Cámara.
Posteriormente, una vez aceptada su tramitación, el Grupo Parlamentario Socialista presentó cinco enmiendas que sinceramente creemos que han enriquecido el texto y lo han prolongado más allá de la idea inicial, enriqueciéndolo, como digo, y haciendo de él lo que yo llamaría un modelo no sólo de lucha contra la apología del genocidio sino, como se ha dicho por algún preopinante que me ha precedido, el primer embrión de una lucha contra todo tipo de racismo, de xenofobia, de antisemitismo, etcétera. Por ello, señor Presidente, en nombre de mi Grupo ruego a la Mesa que, si lo estima oportuno, comunique al Consejo de Europa, este año en que se celebra el Año de la Tolerancia, la aprobación de este proyecto por esta Cámara, porque sin duda contribuiremos a cumplir ese mandato de paz, de igualdad y de tolerancia que las distintas instituciones internacionales nos piden.
Quisiera adherirme a las palabras del señor López Garrido, para sin quitar ningún mérito a la tipificación de la apología del genocidio que, como SS.SS. saben

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no constaba en nuestro Código Penal (constaba el delito de genocidio, pero no la apología), hacer hincapié en esa enmienda que propuso mi Grupo y obtuvo el consenso y el apoyo del resto de los grupos de la Comisión, para añadir un punto nuevo, con el número 17, a las agravantes generales que van a configurar el Código Penal. Creo que aquí es, sin menospreciar la apología del genocidio, donde se da el paso cualitativo que, como ha puesto de manifiesto el señor López Garrido, nos puede situar en la frontera o dando el primer paso hacia una legislación mucho más progresista, no sólo contra el antisemitismo, no sólo contra el genocidio, sino para tratar de erradicar de una vez por todas cualquier brote racista, antisemita o aquellos que puedan ir en contra de una persona o de un grupo por su raza, por su etnia, por su religión o por su ideología.
Otro acierto que ha tenido la redacción de este tipo del Código Penal es que hemos tenido una especial sensibilidad en la Ponencia para adaptarlo totalmente a lo que yo creo que es la gran norma de la tolerancia española: la Constitución.
Hemos procurado que los términos fuesen los exactos, los precisos, los mismos que figuran en nuestra Carta Magna, con el fin de poder contribuir a una mayor pedagogía de difusión de estos principios.
Si la tolerancia es la virtud esencial de la democracia, también es verdad que desde este Parlamento no podemos hacer más que endurecer las medidas que traten de luchar contra todo intento de violación de la tolerancia. Pero no nos podemos quedar en eso. Hace falta, desde la ciudadanía, desde todos aquellos grupos sociales, desde los grupos políticos y desde cualquier órgano directivo de la sociedad encomendar una campaña de difusión de estos ideales. Porque si bien la tolerancia tuvo su inicio contra aquello que era la intolerancia religiosa, es verdad que incluso hoy en nuestro país lamentablemente se dan brotes contra una serie de valores que ningún país del mundo libre, ningún país al final del siglo XX debería permitir.
Reiterando mi agradecimiento a todos los grupos por la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y celebrando que todos podamos proponer a la sociedad un texto que yo diría que es de los más progresistas que hay en Europa en esta materia, mi Grupo, como no podía ser de otra forma, anuncia su voto entusiasta a esta proposición. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El Señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación de la presente proposición de ley orgánica. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio. La votación sobre este dictamen será simultáneamente a la votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de esta proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 272; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la proposición de ley orgánica en votación de conjunto.


VOTACION DE CONJUNTO:

--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica del proyecto de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 275.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.


--ELECCION DEL DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO) CON ACCESO A SECRETOS OFICIALES (Número de expediente 052/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto nuevo del orden del día: elección del Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con acceso a secretos oficiales.
Vamos a proceder a la votación por papeletas, como está establecido en el Reglamento.
Ruego colaboren en la forma habitual para proceder con celeridad a esta votación.
Antes de iniciar la votación, quiero indicar a SS.SS. que hay una candidatura, que es la de don Joaquín Molins. Serán válidas las papeletas que lleven el nombre del señor Molins o las que simplemente contengan la expresión «sí», como adhesión a la candidatura.
Comienza la votación.


(Por los señores Secretarios se procede al llamamiento de los señores Diputados.)

Terminada la votación, dijo

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El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Diputado o señora Diputada que no haya sido llamado? (Pausa.) Concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio.
(Pausa.)

Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 269; votos a favor del señor Molins, 227; votos en blanco, 29; votos nulos, 13.Al haber obtenido la mayoría de tres quintos de los votos del Pleno de la Cámara, a los que se refiere la resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992, ha resultado elegido para el acceso a la información clasificada de secreta el señor don Joaquín Molins i Amat. Se levanta la sesión.


Eran las seis y veinte minutos de la tarde.

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