Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 128, de 23/02/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 Núm. 128 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 126 celebrada el jueves, 23 de febrero de 1995

Página

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de expediente 4/000215 y 4/000105) (Página 6795)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 1/1995, de 10 de febrero, por el que se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimientos hidráulicos. «Boletín Oficial del Estado», número 37, de 13 de febrero de 1995 (número de expediente 130/000025) (Página 6795)

Página 6790


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 63.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000049) (Página 6805) --Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 64.1, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000050) (Página 6816)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco de la mañana con carácter secreto para debatir el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 6795)

Real Decreto-ley 1/1995, de 10 de febrero, por el que se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimientos hidráulicos (Página 6795)

En nombre del Gobierno, expone las razones que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley, el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles), manifestando que a través de esta norma se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimiento hidráulico, cumpliendo sobradamente, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la consideración de las razones de necesidad y urgencia que motivaron su adopción, los requisitos exigidos por el artículo 86.1 de la Constitución. En efecto, nos enfrentamos a una situación de sequía especialmente grave que hace del trienio 1991-1994, por su intensidad y persistencia, la racha de sequía más importante conocida en Andalucía, Extremadura, Murcia y gran parte de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Como reflejo de esta situación, señala que las aportaciones a los recursos hidráulicos producidos en estas cuencas de la mitad sur de la península a lo largo de este trienio han sido sólo el 28 por ciento de lo normal. En lo que va transcurrido desde el pasado mes de octubre, en que comienza el año hidrológico 1994-1995, la situación incluso se ha agravado con un otoñoen que la lluvia ha sido todavía menor que el año anterior, de manera que las aportaciones de agua han resultado inferiores en casi un 50 por ciento a las de hace un año. Como consecuencia de todo ello, el estado de las reservas embalsadas en las cuencas de los ríos Guadiana, Guadalquivir sur, Segura y Júcar han venido disminuyendo, situándose en este momento en el 73 por ciento de las que había hace un año, en un agravamiento progresivo de los efectos de la sequía mientras no cambie la situación hidrológica.
En cuanto a los recursos hidrogeológicos, los acuíferos están siendo sometidos a una sobreexplotación grave, con lo que sus niveles descienden de forma ininterrumpida. Menciona que en varias de las cuencas antes citadas el nivel de reservas se halla entre el 10 y el 12 por ciento de la capacidad de los embalses, mientras que, en contraste con esta situación, los embalses del Ebro se hallan al 70 por ciento de su capacidad y algo parecido ocurre en algunas partes del Tajo, el Duero y cuencas internas de Cataluña.
Destaca el señor Ministro los efectos inevitablemente graves de esta situación, tanto para los abastecimientos como para el riego y para las propias condiciones ambientales del dominio público hidráulico.
Menciona las obras urgentes acometidas para paliar la situación en cuanto al abastecimiento de la población se refiere, así como la serie de medidas de gestión adoptadas por la aplicación de lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Aguas, a pesar de lo cual ha resultado indispensable la promulgación de este Decreto-ley por el que se plantea un conjunto de obras de emergencia que vienen a sumarse a las ya tomadas en los últimos años. Se trata de unas obras que en su mayor parte no sería razonable acometer en circunstancias que no fueran tan extremas como las actuales y que tienen un coste muy elevado, de unos 12.000 millones, que la Administración central asume en su voluntad y capacidad de colaborar con las administraciones

Página 6791


competentes en esta materia de abastecimiento, como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ello se han declarado dichas obras de interés general, de acuerdo con las correspondientes comunidades autónomas y dentro de los planes coordinados que permitan hacer frente a la situación de una forma escalonada en el tiempo y en la gravedad e importancia de las actuaciones que el Decreto-ley prevé.
Advierte que la persistencia de la actual sequía durante un año más, hipótesis pesiminista pero que en ningún caso se rechaza, obligaría a adoptar otras medidas adicionales, progresivamente más costosas, en esta situación que podría llegar a afectar a 8 millones de habitantes con restricciones agudas.
Por último, el señor Ministro menciona varias de las obras que se prevé acometer e importe de cada una de ellas, así como el conjunto de medidas que las confederaciones puede adoptar en torno a la gestión y utilización del agua para hacer frente a una situación que se presenta como especialmentecrítica y que exige, por encima de todo, una actitudconsciente y responsable por parte de los consumidores de agua en las zonas afectadas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria y Ríos Martínez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora De Palacio Valle-Lersundi, del Grupo Popular.
Interviene de nuevo el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, replicando la señora De Palacio Valle-Lersundi.
Completa el turno de fijación de posiciones el señor Jerez Colino, en nombre del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 294 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Se rechaza su tramitación como proyecto de ley por 121 votos a favor, 161 en contra y 13 abstenciones.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 6805)

Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa (Página 6805)

El señor Gortázar Echeverría defiende las enmiendasdel Grupo Popular. Comienza señalando que el dictamen sometido a decisión del Pleno evidencia lo que da de sí una nueva alianza política entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, afirmando que si malo, antiguo, burocrático e intervencionista fue el primitivo proyecto de ley debatido en este Pleno hace cuatro meses, aún peor, si cabe, es el dictamen que ahora contemplan. Considera que el precio que ha tenido que pagar el Grupo Socialista en forma de cesiones para conseguir el apoyo de la izquierda, particularmente de la montaña, es absolutamente grave a los efectos de la existencia de la vida diaria de al menos 14.000 ciudadanos españoles que habitan los Picos de Europa.
No va a repetir los argumentos expuestos hace cuatro meses aludiendo al rechazo de dos de los tres gobiernos regionales y el de la mayoría de los municipios afectados por el proyecto de ley, centrándose en el hecho de que esta ley expulsa a los habitantes de la zona de los Picos de Europa por las limitaciones de todo género que incluye el plan de ordenación de los recursos naturales. Es un proyecto de ley que congela la situación de los municipios afectados, en contradicción frontal con el artículo 130 de la Constitución que establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y el desarrollo de todos los sectores económicos, dispensando un tratamiento especial a las zonas de montaña. Por si ello fuera poco, el artículo 5.2 del proyecto de ley introduce el derecho de tanteo y retracto para todas las transmisiones intervivos, derecho que, como ha enseñado la experiencia y dice la doctrina, termina con la propiedad privada en un lento proceso de falseamiento del mercado y del valor de las cosas. Pero el proyecto va aún más allá y, así, en el artículo 9 se establecen cinco planes de actuación sobre los afectados, que en su opinión no hay quien aguante y que ni siquiera padecen los ciudadanos de la República de Cuba.
Agrega el señor Gortázar que, frente al delito jurídico que supone el proyecto de ley y su despropósito planificador, el Partido Popular presenta alternativamente una enmienda de totalidad con la propuesta de que sea declarado el Parque Natural de los Picos de Europa, ya que la figura del parque natural lo que hace es congeniar, compatibilizar los usos y el hecho de que haya asentamientos humanos en aquellas zonas, frente a la figura del parque nacional, que está pensada para lugares donde no hay asentamientos humanos. La figura del parque natural tiene además en su haber la experiencia del Parque Natural de los Picos de Europa de Castilla y León, que cuenta con el respaldo de los afectados y es respetuoso con los derechos básicos de los vecinos.
El señor García Fonseca defiende las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza aludiendo a la intervención del señor Gortázar, tachándola de una sarta de incongruencias, de medias verdades o simplemente de mentiras para defender una postura que podría hacerse perfectamente con argumentos válidos, aunque para Izquierda

Página 6792


Unida no fueran suficientes. Considera que la defensa de la figura del parque natural es una postura perfectamente legítima, pero lo que no es legítimo es que una y otra vez se intente acudir a descalificaciones políticas.
Respecto a la afirmación del señor Gortázar de que el Parque Nacional va a afectar a 14.000 habitantes, tiene que recitificarle aclarando que no afecta ni a la décima parte de esos 14.000 habitantes. Lamenta que el señor Gortázar se atreva a decir que lo que se pretende es expulsar a los habitantes de la zona, cuando lo que se pretende y está convencido de conseguir, y así lo dicen muchos informes técnicos, es garantizar un futuro digno a los habitantes de la montaña, dando un valor nuevo a todossus productos, a toda la extensión de sus municipios y permitiéndoles un futuro digno y de desarrollo sostenible. Precisamente Izquierda Unida se muestra orgullosa de haber convencido al Grupo Socialista de la necesidad de hacer un plan de desarrollo sostenible para esta zona, muy alejado, por tanto, de la acusación de expulsar a sus habitantes. Considera que lo que el Grupo Popular está haciendo es retrasar que haya alguna figura de protección para la montaña de los Picos de Europa, permitiendo entre tanto que se realicen determinadas construcciones.
Termina reconociendo la democracia de fondo y profunda que hoy anima al Grupo Popular, pero no admite de ninguna manera que nadie de ningún Grupo, y menos el señor Gortázar, pretenda dársela a él o a su Grupo. Asimismo anuncia el apoyo al proyecto de ley, considerando que en su conjunto es una figura muy adecuada, aunque no sea la perfecta desde el punto de vista de Izquierda Unida, para proteger uno de los espacios más singulares, de mayor valor físico, faunístico y paisajístico de España.
En turno en contra de las enmiendas al dictamen interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Cuesta Martínez. Afirma que más bien va a realizar una defensa de la ley y de sus contenidos de protección rigurosa, que son ejemplo de una política decidida de conservación de los espacios naturales y no de una política decidida en favor exclusivamente de los intereses urbanísticos y de gestión especulativa del gobierno del señor Hormaechea, que parece ser la tesis defendida esta mañana por parte del Grupo Popular. Es una ley que afecta ciertamente a determinados intereses, que han sido denunciados por grandes e importantes colectivos de protección del medio ambiente y por asociaciones de ciudadanos y que, en una auténtica clase de filibusterismo parlamentario, han pretendido retrasar todo lo posible su entrada en vigor.
Frente a las manifestaciones del señor Gortázar sobre la oposición de determinados ayuntamientos y comunidades autónomas tiene que decir que precisamente el Principado de Asturias, desde la óptica de las comunidades autónomas, es quien más ha defendido la opción del parque nacional. Hablaba el señor Gortázar de la oposición de los ayuntamientos cuando por la Cámara han pasado algunos alcaldes que han explicado claramente su postura con relación al parque.
Añade el señor Cuesta que el proyecto de ley que analizan supone el cumplimiento de una vieja aspiración de muchos ciudadanos españoles, de muchos asturianos y de los sectores progresistas de esta sociedad, y también cumple un compromiso electoral de las elecciones de junio de 1993. Es, además, una ley claramente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y claramente respetuosa asimismo con el tenor constitucional. Se trata de un proyecto que combina la protección de los ecosistemas con un desarrollo social, económico y cultural sostenible de la zona, que es uno de los objetivos fundamentales del parque, es decir, la necesaria compatibilidad entre conservación del medio ambiente y el desarrollo de la ganadería de alta montaña.
Replica el señor Gortázar Echeverría, duplicando los señores García Fonseca y Cuesta Martínez.
Para fijación de posiciones interviene el señor Simó i Burgués, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a la votación de las enmiendas debatidas anteriormente, así como al texto del dictamen, que es aprobado por 176 votos a favor, 125 en contra y dos abstenciones.


Proyecto de Ley Orgánica del Jurado (Página 6816)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), recordando que en octubre de 1993, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, expuso como grandes objetivos del por entonces Ministerio de Justicia la mayor efectividad del sistema jurídico y la mayor eficacia de la acción de la justicia. La Ley Orgánica 16/94, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, abrió el camino a las grandes reformas procesales que en este período de sesiones llegarán a la Cámara y que se sitúan más en el ámbito de la eficacia de la justicia al servicio de los ciudadanos que en el ámbito de la participación y la integración de la ciudadanía con y en la justicia.


Página 6793


En cambio, el proyecto de ley orgánica del Tribunaldel Jurado tiene como eje central la participación de los ciudadanos en la justicia penal, habiendo despertado su restauración un apoyo abrumadoramente mayoritario entre los ciudadanos, aunque al mismo tiempo vemos que ha suscitado en algunos sectores de la profesión jurídica un cierto gradode reticencia, cuando no, en algún caso, de crítica abierta. En su opinión, ambas reacciones expresan la doble cara de una misma realidad: de un lado, una oferta ilusionante de ampliación del estatuto de ciudadanía y el reconocimiento de la mayoría de edad judicial de los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, un reto de responsabilidad y de cambio para los profesionales del foro.
Cree que el éxito del jurado va a depender en última instancia de que ambos factores se impliquen un mismo compromiso, el de convertir toda regulación jurídica, en buena parte novedosa, en una auténtica institución social que llegue a echar raíces en nuestra cultura jurídica y, sobre todo, en nuestra cultura cívica.
Recuerda, por otra parte, que el artículo 125 de la Constitución confiere inequívocamente a los ciudadanos el derecho a participar en la administración de justicia y, cumplidos 16 años de mandato constitucional, esta misma Cámara, en el debate del estado de la Nación celebrado en abril de 1994, acordó que constituía una prioridad legislativa la tramitación de este proyecto de ley.
Cree que con la ayuda de todos hay razones para el optimismo y que el marco estable de la Constitución de 1978 permite profundizar y enraizar la participación de la sociedad en la justicia. Reconoce, sin embargo, que el logro de tal objetivo aconseja su implantación gradual, paulatina y abierta a sucesivas mejoras, porque es evidente que no nos podemos permitir el fracaso de la institución del jurado, que supone una llamada a la participación directa de los ciudadanos en la administración de la justicia, y ése es esencialmente el contenido del proyecto de ley.
Alude a algunas otras características fundamentales del proyecto, como la prudencia en la implantación del tribunal del jurado a un ámbito preciso y limitado de delitos en una primera fase de su existencia, tras innovaciones procesales del proyecto de ley, afirmando finalmente que se hallan ante un modelo de jurado genuinamente original, prudente y ajustado a la realidad, un proyecto que forma parte de las grandes reformas procesales en marcha, que espera que con la colaboración de los señores Diputados proporcione esa justicia eficaz, efectiva y participada por los ciudadanos a que todos aspiran.
El señor López Garrido defiende las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, afirmando que la institución del jurado ha sido siempre en nuestro país una reivindicación progresista y que el jurado ha podido sobrevivir en épocas de libertad y ha desaparecido en épocas de no libertad.
Nuestra Constitución establece el jurado como forma de participar de los ciudadanos en la Administración de justicia, pero hasta hoy no ha existido una tramitación de una ley del jurado, vulnerándose incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que establecía que en el plazo de un año viniese este proyecto a la Cámara. Añade que las fuerzasprogresistas y, desde luego, Izquierda Unida, han pedido siempre en sus programas electorales que se regulase el jurado en nuestro país, y de ahí que hayan saludado como una buena iniciativa la presentación de este proyecto de ley, que ha sufrido una serie de modificaciones más bien técnicas en Ponencia y Comisión, mejorando el texto original con la incorporación de bastantes enmiendas, tanto de su Grupo como de otros de la Cámara. Aun así, piensa que el dictamen que ahora discuten adolece de insuficiencias significativas que les obligan en este momento a defender una serie de enmiendas y propuestas que consideran esenciales para que de aquí salga una ley del jurado que cumpla los objetivos expuestos por el Ministro de Justicia.
Seguidamente alude al contexto procesal en el que se incorpora la nueva ley, haciendo hincapié en algunas contradicciones en las que se incurre, considerando que existen insuficiencias en el proyecto que necesariamente hay que remediar. En este sentido, expone a la Cámara el contenido de las enmiendas de su Grupo dirigidas a tal fin, esperando que las mismas tengan una acogida favorable por parte de los grupos parlamentarios.
El señor Padilla Carballada defiende las enmiendas del Grupo Popular. Expone que su Grupo hubiera querido apoyar este proyecto de ley y cree que todavía están a tiempo de poder hacerlo, para lo que bastaría que en esta tarea legislativa, basada en la integración necesaria de voluntades distintas, se avinieran a quitar del proyecto de ley todo aquello que nada tiene que ver con el jurado y que el Grupo Popular ha enmendado. Insiste en que, partiendo de tales premisas, estarían dispuestos a apoyar el proyecto de ley, a pesar de que contiene muchas cosas que no les gustan y que les parece un proyectode ley muy malo. El Grupo Popular hubiera querido pactar este proyecto, que se refiere a una institución, y reconoce que el Partido Socialista ya va teniendo una cierta cultura de pacto, si bien cree que han aprendido a pactar mal, sólo respecto del poder y para el poder y no para la reforma y mejora de las instituciones. Considera que los socialistas siguen pensando que en política el vencedor es quien tiene razón y por ese camino no se puede venir

Página 6794


a hablar de pactos ni a hacer anuncios de aunar voluntades.
Alude a continuación a las 84 enmiendas presentadas por su Grupo, de las cuales no más de seis, y ni siquiera enteras, han sido acogidas, a diferencia de lo que ha ocurrido con las enmiendas presentadas por otros grupos de la Cámara, de lo cual se alegra en cuanto supone mejora del proyecto de ley. En cuanto a la reforma procesal encubierta sobre la prisión provisional que aparece colgada en una disposición adicional afirma que el Grupo Popular es el primero en considerar que tal reforma procesal es necesaria y los socialistas, que llevan años gobernando, han sido incapaces de hacerlo y, en cambio, la incorporan ahora con rapidez en la ley del jurado, norma que precisamente nada tiene que ver con la rapidez. El señor Ministro ha hablado de procedimientos judiciales y de la necesidad de agilizar la justicia, pero después de dos años como titular del Departamento todavía no ha enviado a la Cámara un solo proyecto que sirva para esa agilización de la Administración de Justicia, ya que este proyecto no tiene esa finalidad. Entiende que se ha hecho un uso oportunista y político del proyecto de ley, respecto del que reitera que no ha habido intención alguna de pacto, tanto sobre este aspecto de la prisión provisional como sobre otros aspectos que el Grupo Popular considera que deben mejorarse.
El señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Vasco (PNV), defiende las pocas enmiendas que les quedan vivas, reconociendo que han tenido bastante más suerte que el Grupo Popular en los trámites precedentes, ya que casi todas sus enmiendas han tenido la suerte de tener asentamiento en sus propios términos o, alternativamente, en forma de transacciones con el Grupo Socialista y con otros grupos de la Cámara. Recuerda también que su Grupo es de los que más reiteradamente ha pedidola regulación del jurado, a cuyo efecto han presentado varias iniciativas parlamentarias pidiendo el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución.
Termina aludiendo a algunas insuficiencias que todavía contiene el proyecto de ley, a las que se dirigen las enmiendas que mantiene su grupo parlamentario.
El señor Olarte Cullen defiende las enmiendas de Coalición Canaria. Expresa su satisfacción porque después de tantos años se traiga a la Cámara este proyecto de ley orgánica, cuyo mandato consta expresamente en la Constitución de 1978 y que permite que los ciudadanos puedan participar en la administración de justicia. Sin embargo, su Grupo cree también que el proyecto de ley contiene una serie de deficiencias, por lo que le agradaría que en el trámite del Senado se reflexionase y tratase de perfeccionar algunas incorrecciones que han sido puestas de manifiesto por algunos portavoces que le han precedido en el uso de la palabra. Aludea algunas de tales imperfecciones e insuficiencias, así como a las enmiendas de su Grupo encaminadas a corregirlas, solicitando nuevamente un análisis más sereno de algunos preceptos del proyecto de ley, con el que en términos generales se muestran de acuerdo.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Valls García. Expresa, en primer lugar, su satisfacción por encontrarse hoy debatiendo este proyecto de ley, de gran importancia para profundizar en la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, como contempla nuestra Constitución y ha sido puesto de relieve por varios intervinientes. Muestra también su satisfacción por entender que el proyecto supone un paso cualitativo en la participación de los ciudadanos, desarrollando en toda su dimensión el concepto de soberanía popular contemplado en nuestra Constitución, ya que considera la institución del jurado como una consecuencia directa y extrema del dogma de la soberanía popular. Esta satisfacción se hace asimismo extensiva al clima de diálogo, de consenso y de cesión que han encontrado los ponentes socialistas en toda la tramitación del proyecto de ley, bien es cierto que con una excepción, cuyo fruto ha sido la cantidad de enmiendas que se han aceptado o transigido en un esfuerzo para conseguir un texto más aceptable para todos los grupos.
Menciona ahora al que considera excepción, el Grupo Popular, que acusa al Grupo Socialista de no dialogar, de no transigir y no aceptar nada, remitiéndose en este punto a los debates en Comisión que constan recogidos en el «Diario de Sesiones» y que, en su opinión, vienen a demostrar que no querían que hubiese tribunal del jurado, ya que si hubieran tenido interés en que existiese, hubiesen realizado un esfuerzo de acercamiento a los demás grupos de la Cámara. Cree que en realidad el Grupo Popular deseaba hacer un jurado a la carta y, aún reconociendo que el proyecto siempre es mejorable como obra humana, de aceptarse el tratamiento especial que han dado al proyecto de ley a través de sus enmiendas les recordaría bastante a las jurisdicciones especiales, lo que demuestra, a su juicio, que el Grupo Popular lo que ha querido es que el proyecto de ley no saliese adelante.
Completa el turno en contra de las enmiendas el señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo socialista, que fija la posición de dicho Grupo en relación

Página 6795


con las enmiendas mantenidas al dictamen por los diversos grupos parlamentarios.
Para fijación de posiciones interviene la señora Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Replican los señores López Garrido, Padilla Carballada, Olabarría Muñoz y Olarte Cullen, duplicando los señores Valls García y Cuesta Martínez.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como a la del texto del dictamen, que es aprobado por 182 votos a favor y 124 abstenciones.
Asimismo se procede a la votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto de ley, que es aprobado por 183 votos a favor y 123 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Números de expediente 4/000215 y 4/000105)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


--CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES. REAL DECRETO-LEY 1/1995, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS DE CARACTER URGENTE EN MATERIA DE ABASTECIMIENTOS HIDRAULICOS (Número de expediente 130/000025)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo: Convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 1/1995, de 10 de febrero, por el que se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimientos hidráulicos.
Para exponer, en nombre del Gobierno, las razones que determinaron la publicación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Real Decreto-ley 1/1995, de 10 de febrero, por el que se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimientos hidráulicos, que hoy el Gobierno presenta a la convalidación de la Cámara, cumple sobradamente, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la consideración de las razones de necesidad y urgencia que motivaron su adopción, los requisitos exigidos por el artículo 86.1 de nuestra Constitución.
En efecto, nos enfrentamos a una situación de sequía especialmente grave, como han ido poniendo de manifiesto los informes que el Ministerio elevó al Consejo de Ministros en agosto y en diciembre de 1994, que confirmaban que el trienio 91/92 a 93/94 constituye, por su intensidad y persistencia, la racha de sequía más importante conocida en el conjunto de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura y Júcar, es decir, en Andalucía, Extremadura, Murcia y gran parte de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Para reflejar esta situación, basta señalar que las aportaciones de recursos hídricos que se han producido en estas cuencas a lo largo de este trienio han sido nada menos que sólo el 28 por ciento de lo normal, cifra verdaderamente impresionante a poco que se medite sobre ella.
En lo que llevamos transcurrido del presente año hidrológico 1994-1995, que comienza, como saben SS.SS., el uno de octubre, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado.
En efecto, el otoño, que es generalmente la estación lluviosa fundamental para la España meridional, ha sido todavía menor que la del año pasado, de tal forma que las aportaciones de agua han resultado aún inferiores --aunque parezca difícil aceptarlo-- en casi un 50 por ciento respecto a las de hace un año. Como consecuencia de ello, el estado de las reservas embalsadas permite extraer las siguientes conclusiones.
Las reservas existentes actualmente en los embalses del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura y Júcar son sólo el 44 por ciento de las existentes en un año medio. Las reservas actuales son sólo el 65 por ciento de las que teníamos hace dos años, y el 73 por ciento de las que había hace un año, lo que pone bien de manifiesto el agravamiento progresivo de los efectos de la sequía mientras no cambie la situación hidrológica.
A principios de 1991 o a finales de 1990, en las cuencas afectadas disponíamos de reservas estimadas en ocho kilómetros cúbicos y actualmente éstas se encuentran reducidas a tres. En cuanto a los recursos hidrogeológicos, de los que con tanta frecuencia y a veces con tanto desconocimiento hablamos, los acuíferos están siendo sometidos a una sobreexplotación grave, puesto que, por una parte, no se recargan y, por otra, las extracciones son, sin duda mayores de lo conveniente debido al agotamiento de los

Página 6796


recursos superficiales; consecuentemente, los niveles de los acuíferos descienden de forma ininterrumpida.
Así, los niveles del Campo de Montiel, en La Mancha, han descendido del orden de 20 metros en los dos últimos años, y en la Sierra de Mijas, que abastece Benalmádena, han descendido 60 metros en los últimos cinco años.
En su conjunto, a 7 de febrero disponíamos de un 26 por ciento de la reservas que podíamos almacenar en los 33 kilómetros cúbicos de los embalses destinados a uso consuntivo en el conjunto del país, pero este 26 por ciento... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio señorías. Un momento, señor Ministro. Si SS.SS. contribuyen con su silencio, seguramente podrán oir mejor. Continúe, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Me esforzaré para que me oigan SS.SS., si es consecuencia de la inadecuada colocación de los micrófonos.
Estaba diciendo que tenemos un 26 por ciento de las reservas que podríamos almacenar en los 33 kilómetros cúbicos de la capacidad de embalse para usos consuntivos de los que disponemos en el conjunto de las cuencas. Pero si nos referimos a aquellas que están afectadas por la sequía, en la cuenca del Guadalquivir sólo tenemos el diez por ciento de las reservas que podríamos almacenar en una capacidad que ha sido duplicada durante la década socialista. En el Segura y el Júcar estamos también en el diez por ciento. En el Guadiana estamos en el doce por ciento, y comparativamente a ello nos encontramos con una situación de extraordinaria abundancia en el Ebro, que tiene el 70 por ciento de sus embalses llenos, aun después de haber estado desembalsando sistemáticamente durante el último año hidrológico ante la incapacidad de guardar en sus embalses todos los recursos hídricos que han acudido a esa cuenca.
Algo parecido ocurre en algunas partes del Tajo, igualmente afectado por la sequía, en el norte, en el Duero y en las cuencas internas de Cataluña, que tienen un 72 por ciento de sus reservas.
Es muy importante destacar que las reservas embalsadas en el mes de febrero para las cinco cuencas afectadas han descendido de ocho kilómetros cúbicos en 1990 a tres kilómertros en 1995.
Voy a gastar algunos momentos, con su venia, señor Presidente, para explicar a la Cámara los efectos de una sequía tan crítica y persistente que son inevitablemente graves para el abastecimiento, para el riego y para las propias condiciones ambientales del dominio público hidráulico.
En lo que hace al primero, las medidas administrativas y las obras de emergencia que se han llevado a cabo en los tres últimos años, en los que el Gobierno ha invertido casi 40.000 millones de pesetas, han permitido que, salvo situaciones muy concretas, no se hayan producido problemas de abastecimiento importantes hasta finales de 1994.
Sin embargo, en lo que al riego se refiere, las superficies afectadas han sido muy importantes en los tres últimos años, en torno a un millón de hectáreas en Andalucía, Extremadura y La Mancha y así, según los años, o no se ha cultivado más que una tercera parte de la superficie regada, o no se ha regado prácticamente nada, con la eventual excepción de la supervivencia de plantaciones de árboles en Murcia y Alicante, donde las reducciones de los suministros para riego han sido superiores al 50 por ciento y en muchos casos estos suministros solamente han estado dirigidos a la supervivencia de los árboles.
La persisitencia y agravamiento de la sequía desde el pasado otoño ha obligado a establecer restricciones en suministro de agua a varias de las capitales y zonas más densamente pobladas de Andalucía; Cádiz las soporta ya desde hace tres años, pero ahora se han empezado a aplicar en Málaga, en la Costa del Sol occidental, en Granada y en Jaén, restricciones que afectan desde finales de 1994 a unos dos millones de habitantes.
La situación hace necesario contemplar, con carácter general, cuál puede ser su evolución en el supuesto de que las características de precipitaciones, escorrentías de agua en lo que queda del año hidrológico fueran parecidas a las acaecidas en los tres últimos años y, por ello, es necesario que las autoridades competentes, ayuntamientos y comunidades autónomas, adopten las medidas necesarias para administrar los recursos de abastecimiento a través de sus sistemas de distribución en baja y efectúen todas las campañas de concienciación ciudadana para que se tome clara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesaria colaboración y corresponsabilidad social.
El Ministerio, por su parte, se ha dirigido a todas las confederaciones hidrográficas en el conjunto de una serie de medidas de gestión adoptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Aguas, que ya fueron adoptadas en mayo en 1992 y que se han venido aplicando sistemáticamente a lo largo de estos períodos críticos, para que cada confederación hidrográfica limite o prohíba determinados usos de agua en beneficio de otros usos prioritarios que deban garantizarse plenamente, en especial los del abastecimiento.
La circular dirigida a las confederaciones hidrográficas está a disposición de SS.SS. y contiene un conjunto de medidas que pueden aplicarse en virtud de nuestra legislación y que permitirán a las confederaciones actuar como administradores de los escasos recursos actualmente disponibles.


Página 6797


El Decreto que se aprobó en febrero de 1994, que está vigente hasta finales del presente año, se refería a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y Baleares. Este Decreto sigue en vigor y lo hemos extendido a la cuenca del Tajo a través del presente Decreto-ley para adaptar las circunstancias actuales, en particular, a las circunstancias que afectan a la cabecera y a las reservas de Entrepeñas y Buendía.
El Decreto-ley plantea un conjunto de obras de emergencia que vienen a sumarse a los 37.300 millones de pesetas que el Ministerio ha gastado desde 1992, detrayéndolas de otros recursos presupuestarios, para hacer frente, de forma progresiva y escalonada a la situación a medida que ésta requiere tomar medidas que no estuvieran justificadas en circunstancias menos anormales. No cabe preguntarse por qué el Gobierno toma ahora estas medidas y no las ha tomado antes, porque hemos estado tomando medidas sistemáticamente, de forma pregresiva y razonable para adaptar nuestras actuaciones al ritmo creciente de gravedad de la situación. Estas medidas no serían en su mayor parte razonables de adoptar en circunstancias que no fueran tan extremas como éstas. Tienen un coste muy elevado, señorías, estamos hablando de 12.000 millones de pesetas de la Administración toma en su voluntad y capacidad de colaborar con las administraciones competentes, porque no debemos olvidar que la administración competente para los problemas de abastecimiento son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que la Administración central del Estado solamente actúa en aquellos caso en los que una declaración previa de interés general, como este Decreto-ley establece, le concede el título habilitante para ello, actuaciones de interés general que no pueden ser todas las que razonablemente se pueden acometer y que vienen a complementar las que las comunidades autónomas efectúen en el marco de su competencia.
El conjunto de obras que este Decreto-ley declara de interés general ha sido acordado con las correspondientes comunidades autónomas dentro de planes coordinados que permitan hacer frente a la situación de forma, como digo, escalonada en el tiempo y en la gravedad e importancia de las actuaciones que el Decreto-ley prevé.
Hay que advertir que la persistencia de la actual sequía obligaría a adoptar otras medidas adicionales progresivamente más costosas, de una situación que podría llegar a afectar hasta a ocho millones de habitantes, con restricciones agudas si las reservas de agua se agotasen técnicamente en el caso de que la situación durase todavía un año más. Es una hipótesis pesimista, pero en ningún caso una hipótesis a rechazar. Por ello, esos 12.000 millones de pesetas que se sumarán a las actuaciones de las comunidades autónomas nos parecen plenamente justificados.
La lectura del Decreto-ley permite recoger las zonas afectadas por estas obras, en particular Cádiz, con 800.000 habitantes de población fija y más de un millón en verano, para la cual la solución definitiva es el trasvase Guadiaro-Guadalete, cuyas obras se iniciaron el pasado agosto, una vez superados los problemas de tramitación ambiental de las mismas, en virtud de una Ley que autorice el trasvase, que recientemente fue también presentada a esta Cámara. Pero mientras efectuamos las obras del trasvase Guadiaro-Guadalete es necesario efectuar obras de emergencia, como son la explotación del acuífero del Sotillo, en la Sierra de las Cabras, con un presupuesto estimado en 650 millones de pesetas o, en otro orden de ideas, el transporte de agua en buque desde Huelva, cuyo coste se estima en 950 millones de pesetas en instalaciones portuarias de acogida. El coste del transporte en sí mismo será sufragado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, como lo será por la Comunidad Autónoma de Baleares en su caso.
En Granada capital y en la costa de Granada se propone la ejecución de una serie de pozos en la Vega de Granada, en su conexión a la red, en lo que invertiremos 450 millones de pesetas, así como perforaciones en la costa de Granada por un importe de 300 millones de pesetas.
En Málaga capital y en la Costa del Sol occidental, donde hay un millón de habitantes y en verano dos millones y medio, la persistencia de la sequía podría obligar a imponer restricciones mayores de las actuales si las obras que vamos a acometer no diesen los resultados esperados. Para evitarlo, vamos a efectuar dos tipos de actuaciones. Por una parte, vamos a conectar el sistema del embalse de La Viñuela, en la Costa oriental, con el Rincón de la Victoria y, por tanto, con Málaga capital, con un coste de 2.000 millones de pesetas; una actuación que no hubiera sido razonable emprender salvo en circunstancias tan extremas como éstas. Por otra parte, continuar en la cuenta del Guadalhorce, en Sierra Blanca y Sierra de las Nieves, como en la parte baja de la vecina cuenca del Guadiaro, el proceso de nuevas captaciones hidrogeológicas que hasta el momento han permitido alumbrar más de 500 litros por segundo, que son imprescindibles para asegurar el abastecimiento; captaciones en las cuales estimamos invertir 500 millones de pesetas adicionales.
En la Costa del Sol oriental, en la Axarquía y otras comarcas malagueñas, con 300.000 habitantes, la situación es más favorable que la anterior y se está resolviendo favorablemente gracias a las reservas del embalse de la Viñuela, pero para garantizar el abastecimiento a todos los núcleos de la población es necesario un conjunto de actuaciones en conducción y plantas de tratamiento valoradas en 550 millones de pesetas.
En Jaén, en Córdoba, en Loja, en Alcalá de los Gazules, un conjunto de captaciones hidrogeológicas y actuaciones

Página 6798


por 150 millones de pesetas; en el campo de Gibraltar por 700 millones y en Almería, Huelva, Córdoba y Sevilla por otros 2.000 millones de pesetas.
En el Taibilla, con casi dos millones de personas, los recursos hidráulicos depende, por una parte, del trasvase Tajo-Segura, que se encuentra en una situación difícil por el actual estado de Entrepeñas-Buendía y, por otra parte, del propio río Taibilla, afectado profundamente por la sequía. Por ello, para diversificar las fuentes de suministro del conjunto y garantizar plenamente el abastecimiento, vamos a efectuar actuaciones de desalobración de los drenajes de riego de La Pedrera y la reutilización de aguas residuales en Bullas, Mula, Torres de Cotillas y Alguazas, con casi 1.500 millones de pesetas de inversión.
En Badajoz y en las vegas bajas, por una parte, y en Cáceres y en Malpartida, por otra, unos 800 millones de pesetas en actuaciones, así como en La Mancha y en la Comarca del Bullaque, donde 300 millones de pesetas pueden venir a resolver los problemas de abastecimiento de unos 100.000 habitantes.
Vamos a reforzar el abastecimiento de Toledo, desde el canal de las Aves, 200 millones de pesetas adicionales, y a actuar en la Comunidad del Algodor con un coste de otros 250 millones de pesetas.
Igualmente, en la comarca valenciana de Chiva, en captaciones y conducciones de emergencia, y en la Marina Baja, otros 200 millones de pesetas para prestar servicio, en su conjunto, a casi 400.000 personas.
Finalmente, en las comarcas de, la Plana de Castellón, Alarcón (Cuenca), Pozuelo (Albacete) y Alto Mijares y Alfambra (Teruel) un conjunto de actuaciones complementarias permitirán hacer frente a situaciones puntuales de falta de abastecimiento.
Por último, el Real Decreto-ley permite o establece la posibilidad de que se expropien temporalmente los derechos sobre aguas privadas para que las confederaciones puedan asignar estos recursos a los fines prioritarios que se estimen en función de la aplicación de los poderes que le han sido conferidos por el Decreto-ley anterior y por el presente, extendida a la cuenca del Tajo a su correspondientes comisiones permanentes; un documento que, siendo la circular interna de la Dirección General de Obras Hidráulicas a las confederaciones afectadas por la sequía, está a disposición de SS.SS. y, en particular, de doña Loyola de Palacio, tan aficionada a leernos los documentos del Ministerio.
En ese documento aparece el conjunto de medidas que las confederaciones pueden adoptar para limitar o suprimir totalmente los riegos agrícolas, con la eventual excepción de las necesidades de supervivencia de las plantaciones de árboles; prohibir el riego de jardines y la limpieza de calles que no se efectúen con aguas residuales; prohibir el riego de campos de golf que no usen aguas residuales; limitar los desembalses de caudales ambientales; prohibir desembalses que o sean para abastecimiento o para usos autorizados; prohibir la captación de aguas públicas superficiales o de pozo; requisar temporalmente los derechos a que se refieren las disposiciones transitorias dos y tres de la Ley de Aguas; prohibir vertidos a ríos y a acuíferos; promover instalaciones de elementos de medida en captaciones y tomas individuales; solicitar la colaboración en la vigilancia de los cauces y otras administraciones; acordar la suspensión temporal de los expedientes de concesión de usos consuntivos; ampliar la extensión de la apertura de expedientes sancionadores al ejecutor material y no sólo al titular o propietario de la instalación; autorizar precintos cautelares de instalaciones o maquinaria; elevar al rango superior de calificación las faltas leves o menos graves, etcétera.
Estas son las medidas de gestión del recurso y las de inversión en actuaciones, que he resumido a SS.SS., pero que no son las últimas, sino aquellas que corresponde autorizar al Parlamento para aplicarles la calificación de interés general de la nación, y después habrá recursos presupuestarios de la Hacienda pública estatal que se verán complementados con los que adopten las comunidades autónomas en el ámbito de su competencias. De esta manera podremos hacer frente a una situación que se presenta --obligado es reconocerlo-- como especialmente crítica, y que exige, por encima de todo, una actitud consciente y responsable por parte de los consumidores de agua en las zonas afectadas. Y, naturalmente, medidas estructurales de más hondo calado, en las que el Gobierno está empeñado, pero que no forman parte del Decreto-ley que, por razones de urgencia, ha sido presentado hoy a la Cámara para su convalidación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria quiere hacer, en primer lugar, un testimonio aquí de solidaridad con todas aquellas comunidades autónomas, zonas, provincias o territorios de España que están afectados por la sequía.
Entrando en el fondo del asunto, nosotros, por un principio de solidaridad, vamos a dar nuestro voto afirmativo apoyando la convalidación de este Real Decreto-ley. Creemos, por este principio de realidad y de solidaridad, que hay razones objetivas, y ahí están las fotos dramáticas y las limitaciones para los suministros y abastecimientos humanos, agrícolas y ganaderos producidos por la sequía. Nosotros, al decir que damos este apoyo por solidaridad, queremos expresarle también al señor Ministro una queja. Damos este voto de apoyo

Página 6799


bajo un principio y un sentimiento de frustración y decepción, porque, señor Ministro, parece que aquí solamente se considera la sequía en la España peninsular y se habla de lo que son las cuencas hidrológicas o hidrográficas. Aunque es cierto que se está haciendo un cambio de suministro acuífero en España del modelo que llamaríamos de aguas superficiales frente al de aguas subterráneas, también llama la atención que con la existencia objetiva que tiene su departamento de datos graves de sequía, por la carencia de pluviometría en las Islas Canarias en los dos últimos años y la ralentización de los proyectos conjuntos del Gobierno central con el Gobierno autonómico para obras hidráulicas, haya obligado al Gobierno autonómico a incrementar prácticamente desde 2.000 a 4.500 o 4.600 millones de pesetas la inversión de la comunidad autónoma en estos abastecimientos. Bien es cierto que el modelo de aprovisionamiento canario, que usted bien conoce, señor Ministro, es distinto del peninsular. No tenemos dependencia más que hasta un 10 por ciento del agua superficial --el inverso con la Península--, mientras que el 90 por ciento proviene de nuestros acuíferos subterráneos. Eso hace que se produzca un fenómeno de distorsión, un espejismo, porque como estamos consumiendo agua fósil de nuestras reservas que solamente se recargan por las lluvias, al no llover parece que allí se nota menos la sequía por nuestro modelo de dependencia de hasta un 90 por ciento del agua subterránea.
Curiosamente, he tenido ocasión de repasar todos los decretos- ley que su departamento ha venido haciendo en este último decenio contra la sequía y nos encontramos con que en el Real Decreto-ley 6/1983, que contempla obras de sequía para toda España, aparecen obras en las Islas Canarias. El Real Decreto- ley 15/1984 contempla obras en el archipiélago canario, junto a las peninsulares, por la sequía. El Real Decreto-ley 3/1992, de 22 de mayo, contempla obras en el territorio peninsular y obras de urgencia, de emergencia en el archipiélago canario.
Finalmente, el Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, prácticamente no llega a dos años, está en correlación con las medidas que el Gobierno ha tomado.
Nos extraña, señor Ministro, que en las circunstancias actuales se rompa esta línea de solidaridad que ha tenido su departamento, que nosotros hemos apoyado siempre, y le recuerdo este último Decreto, el 3/1993, donde la mayoría de las obras comprometidas ni siquiera han salido a licitación, algunas no se han adjudicado y, por supuesto, terminadas hay muy pocas.
Señor ministro, pedimos la aplicación del principio de solidaridad en razón de un dato objetivo, y es la tremenda sequía que se está padeciendo en este momento en el archipiélago canario. Sabe también que allí no hay más solución alternativa que irse a las dos técnicas, digamos, no convencionales: bien las potabilizadoras o desaladoras de agua de mar, que sobre todo porque su alto coste permite que lo absorba el sector del turismo, el sector de ocio --ahí tenemos los campos de golf--, o la otra alternativa que es la reutilización de las aguas residuales depuradas, y usted, señor ministro, también conoce los problemas que su alta salinidad genera precisamente en determinadas aplicaciones, limitaciones en, el uso de abastecimiento de poblaciones, pero también, y fundamentalmente, las tremendas limitaciones que tiene por su calidad y, sobre todo, por las posibles exigencias de la exportación de productos hortofrutícolas canarios a mercados que pueden aplicar restricciones sanitarias.
Señor ministro, Coalición Canaria, lo digo ante esta Cámara, señor Presidente, va a pedir por estas razones su tramitación como proyecto de ley. Le doy dos ofertas en el mejor sentido de colaboración, señor ministro, para no romper esa línea de apoyo que ha habido con anteriores decretos. Decimos que vamos a votar afirmativamente por solidaridad, e invocando esa solidaridad, pedimos su tramitación como proyecto de ley para que se pueda incluir, con la enmienda pertinente, la contemplación de obras hidráulicas en Canarias contra la sequía, o la posibilidad, señor ministro, de que ante un posible agravamiento de la situación en Canarias, el Gobierno aprobara un Decreto-ley específico para Canarias en la misma línea del presentado hoy aquí respecto a la sequía de centro y sur de España con las aguas del territorio peninsular y también en razón de la propia especificidad de las leyes de aguas que rigen en Canarias derivadas de la ley nacional, con el tratamiento específico de la competencialidad canaria. Lo digo, señor ministro, porque las cifras son tan objetivas que apelo al sentido común, que yo sé que usted tiene, y al realismo de su planificación. No sé si puede afectar aquí un recorte presupuestario. El último acuerdo en obras hidráulicas del Consejo de Ministros, de 12.000 millones de pesetas, lo hemos apoyado por solidaridad; nos hubiera gustado que esta solidaridad constitucional también hubiera alcanzado al archipiélago canario. Espero de la buena voluntad, una solución.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente Borrell Fontelles, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, tomo buena nota de sus razones y de sus argumentos y me permito señalarle, para su conocimiento, que seguro lo tiene pero la Cámara quizá no lo tenga, que en el archipiélago canario las inversiones hidráulicas de la Administración central son de una extraordinaria importancia, con sequía o sin sequía, y que no

Página 6800


hace falta recurrir a un procedimiento de urgencia, a través de un decreto-ley, porque los convenios firmados con el Gobierno canario, desde 1991, han orientado una inversión estatal hacia el archipiélago, en materia de suministro de agua, es decir, de desalación y depuración por importe superior a los 25.000 millones de pesetas. Por tanto, la apelación a la solidaridad, que siempre es bien venida, en el caso concreto de Canariasllega, si usted me permite, de forma un tanto innecesaria, porque los convenios que ha firmado mi ministerio con el Gobierno canario, siendo entonces Presidente el señor Saavedra, han permitido canalizar un volumen de inversión hacia las Islas Canarias --insisto-- en desalación y, actualmente, en depuración y reutilización, que no guarda común medida con ninguna actuación de emergencia como la que ahora podamos plantearnos. Si ahora no hemos introducido medidas de este tipo en Canarias es porque con las obras en marcha y con los proyectos que tenemos elaborados hacemos todo lo que razonablemente podemos hacer, y no hay muchas actuaciones que podamos calificar de interés general que permitan una intervención adicional del Estado en las islas.
Sin embargo, como usted dice, tenga la seguridad de que si la situación en el caso de las Islas Canarias, fuera a agravarse, cosa que no esperamos, y hubiera alguna cosa que el Estado pudiera hacer adicionalmente a lo mucho ya que viene haciendo en el tiempo requerido para dar respuesta a esa situación, tenga la seguridad --repito--, de que sin necesidad de normas con rango de ley, al amparo de lo previsto en los vigentes convenios, actuaríamos de inmediato.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar este decreto, en teoría para los efectos de la sequía, pero nos gustaría dejar claro que este decreto es una actuación puntual.
Habíamos pedido la comparecencia del Ministro para que explicara en concreto, todas las actuaciones que se iban a acometer para Andalucía, del volumen aproximado de 12.000 millones de pesetas. Las actuaciones que ha detallado el Ministro se concentran en 9.000 millones de pesetas en la zona de Andalucía (en varias cuencas, no solamente en una, pero fundamentalmente en Andalucía) y creemos que algunas de las actuaciones que se recogen de inversión, y actuación en infraestructuras para captar aguas del subsuelo y para ejercer o realizar el trasvase del Guadiaro-Guadalete, o la obra puente, mientras se realiza el trasvase del Guadiaro- Guadalete, son obras algunas de ellas, ya programadas; son actuaciones que estaban previstas y actuaciones que se decantan hoy como una actuación puntual. Es verdad que hay un decreto sobre la sequía que está en vigor desde el año pasado, pero lo cierto es que no nos encontramos ante una actuación planificada. en este caso ha pasado al revés. Antes se decía que cuando Santa Bárbara truena podía venir cualquier situación complicada; la verdad es que no llueve y, como diría alguno, el tiempo no está para llover.
Creemos que esta intervención debiera ser parte de una actuación planificada, de una actuación coordinada, de una actuación decidida de todas las administraciones y no porque se haya agudizado ahora la sequía. La sequía ya viene anunciándose hace tiempo.
En realidad, el decreto sólo hace frente a dos actuaciones: a la gestión de los recursos, a lo que pudiéramos llamar actuaciones administrativas, que por cierto no son iguales en todas las cuencas que van a estar afectadas por el decreto, que tampoco funcionan de la misma manera, y ahí no se va a actuar, habiendo tenido ya muchos años --más de diez o doce-- para haberlo hecho. Tampoco se ha actuado igual en el ahorro y en el control de la distribución del agua, ni en lo que son los escapes de las propias conducciones. No se ha actuado de manera decidida precisamente en política de ahorro; incluso cuando se hacen actuaciones de socorro o de ayuda no llegan de la manera que debieran porque se producen unas pérdidas que no sabemos a qué obedecen, o se producen evaporaciones que no son tales, por el volumen que hay en su propia actuación.
Por tanto, nosotros creemos que una actuación excepcional como ésta, en lo que es el tema de la sequía, si estuviese enmarcada dentro de una planificación del recurso agua, si estuviese enmarcada dentro de lo que debiera ser ese Plan Hidrológico Nacional, entendido previamente desde la conjunción de los planes de cuenca y de una actuación coordinada con los riegos, y hacerfrente a la demanda de crecimiento del abastecimiento, tendría más encaje. Lo malo es que sigue siendo una especie de percha colocada en un perchero en el que no hay otras perchas.
Nosotros estaríamos por que no hubiese una actuación puntual, sino una actuación en su conjunto. Es verdad que es controvertido; es verdad que se han abierto, por así decirlo, dinámicas contrapuestas a la hora de la planificación del recurso agua, pero de aquí al futuro la ordenación y la administración del agua, junto con la telecomunicación, serán la mayor fuente de riqueza, o lo que puede decidir la mayor ordenación de la riqueza y, sobre todo, la mayor actuación ordenada para las propias ciudades.
Dentro de la declaración que el ministro hacía, me alegra haber visto hoy el tema del control del riego o los riegos con reutilización de agua, y también su relación con lo que pudiéramos llamar ocupación de ocio. En un tiempo de sequía la ocupación de ocio, los campos de golf, etcétera, estarían en sexto lugar, pero no

Página 6801


en el primero. Yo le puede decir a a usted que no se está actuando en todos los sitios de la misma manera. Me parece que ya hay una ordenación de actuaciones. Terminaría diciendo, señor Presidente, que aunque es una actuación que ya está en marcha y está en relación con actuaciones que estaban previstas dentro de las inversiones del Plan Hidrológico que ahora se suman aquí para actuar puntualmente, creemos que debieran abordarse a la vez otros efectos de la sequía que no se recogen en este decreto.
Hace poco, el Comisario de Aguas de la Unión Europea ha visitado nuestro país y parecía que de esa visita se desprendía que no iba a haber ayudas o colaboraciones por los efectos de la sequía para la gente que vive en el campo. Me imagino que junto con los usos de abastecimiento, junto con lo que es la gestión de los recursos y junto con estas inversiones para buscar pozos en los acuíferos el Gobierno debería actuar en ese sentido.
Nosotros creemos que como el efecto va a ser ya «de facto», si hay unanimidad en la Cámara, no nos parecería mal la tramitación después como proyecto de ley para poder enmendar la parte de gestión de recursos, no la parte de inversión. En todo caso, si el problema es que se pueda entender que queremos obstaculizar medidas que son de urgencia, no es ésa la posición de Izquierda Unida; lo malo es que estas medidas de urgencia no se ensamblan en otras actuaciones.
Estoy convencido, señorías, de que el tema del agua debe lograr consenso a través de los grupos aquí presentes, no sólo en las regiones puntualmente afectadas sino que debe producir consensos a nivel del Estado para actuar decididamente en todo lo que es la planificación del recurso agua, para hacer realidad la declaración de la Ley de Aguas, para hacer realidad lo que es la declaración posterior en ese recurso que debe ser gestionado desde el concepto público y distribuido con la participación de la gente que lo recibe. Estoy convencido de que en la medida que caminemos hacia ello, iremos reduciendo la resistencia a las actuaciones del agua que ahora mismo pueden existir en el conjunto del Estado español.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


El señor DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente por cuarto año consecutivo venimos a debatir la convalidación de un decreto-ley de medidas urgentes para luchar contra la sequía. Por cuarto año indudablemente en unas condiciones meteorológicas adversas que aquejan al sur de España pero que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no por adversas o aleatorias son menos previsibles ya que la sequía en España, señorías, es algo cíclico. Por tanto por cuarto año tenemos que hablar de que esto es consencuencia, en gran medida, de la imprevisión de una serie de gobiernos del señor González que han sido incapaces de hacer frente, de manera planificada a medio plazo, a una auténtica política del agua para resolver los problemas que en esta materia aquejan a nuestro país.
Ineficacia, imprevisión. Hace un año señalaba el señor ministro, cuando venía a exponer las medidas correspondientes, que la ejecución de las obras del año anterior contribuirían, sin duda, a evitar la necesidad de actuaciones urgentes, como las que nos ocupaban hace un año. Señor ministro, lo siento mucho, un año después estamos igual. Un año antes decía que con la inversión de casi 18.000 millones de pesetas se terminaban los problemas, entre otros lugares, de Sevilla y en Sevilla de nuevo hay problemas de abastecimiento. Eso lo decía en 1993. Ineficacia e imprevisión que al final suponen, en gran medida, despilfarro de recursos que no se utilizan adecuadamente, que no se manejan mediante una buena administración.
En materia de aguas vivimos en una política de parcheos. El Gobierno ha sido incapaz de desarrollar una auténtica política del agua y de tener unos criterios por los cuales guiarse y, sin embargo, se ve vapuleado por las circunstancias del momento.
El Grupo Popular precisamente busca conseguir una política a medio plazo e impulsar una política del agua digna de ese nombre. Este año y el pasado ha presentado en esta Cámara dos mociones en las que planteaba las grandes líneas de actuación en materia de aguas mociones que, además, han tenido el respaldo unánime de SS.SS.
Hoy estamos planteando medidas concretas para dar solución a problemas urgentes de abastecimiento. Suponemos que, en breve, vendrá otro decreto-ley que nos remitirá el Gobierno para hacer frente al problema pavoroso que tiene la agricultura como consecuencia de la sequía, pero hay cuestiones que no se han tocado a lo largo de este tiempo y sobre las que se debía haber actuado. Por ejemplo, abastecimiento, sí, pero no se ha hecho nada en el tema de las pérdidas en las redes de distribución.
Decía su señoría que en el tema del regadío se van a expropiar caudales y volúmenes de agua para darles una mejor utilidad, cuestiones además perfectamente contemplado en la Ley de Aguas, pero mientras tanto lo que no se ha hecho, de verdad, es una política de ahorro y de lucha contra las pérdidas en nuestras acequias, en nuestras conducciones y en la facturación en cuanto a los regadíos, que sabe S.S. se factura por hectárea y no por volumen consumido, lo cual es absolutamente desincentivador para cualquier práctica de ahorro.


Página 6802


Imprevisión. Ahora nos acordamos de las aguas subterráneas, después de años y años de abandono. Le puedo dar la inversión general en aguas subterráneas. Su ministerio ha invertido menos de 4.000 millones desde el año 1985; en los últimos nueve años, 3.700 millones de pesetas y ahora nos acordamos de las aguas subterráneas.
Al ver el anejo de obras que presenta el decreto-ley las múltiples captaciones que se plantean como solución, que además yo creo que es una buena técnica para dar suministro a los abastecimientos en período de sequía, nos preguntamos cómo el ministerio hace escasamente cuatro meses, cuando le echábamos en cara la escasez de inversiones en aguas subterráneas nos contestaba que a este respecto había que señalar que «para obtener inversiones importantes es necesario disponer de proyectos de obra importantes, porque la dificultad de esos proyectos hace que las obras importantes requieran plazos muy dilatados para su elaboración». Señor ministro, no es una improvisación del señor Zaragoza, estoy hablando de la contestación por escrito de su ministerio que nos enviaron con motivo del debate de Presupuestos y nos preguntamos si en estos cuatro meses han sido capaces de terminar todos estos proyectos importantes o ¿es que vamos a llevar a cabo unas actuaciones sin previsión, sin los estudios y sin el rigor necesario que al final, pueden convertirse sencillamente en focos de contaminación de acuíferos, que es lo único que nos faltaba? Desde hacer tiempo, desde distintos puntos de la Universidad española se vienen alzando voces reclamando una actuación decidida sobre las aguas subterráneas por parte de la Administración central y no sólo el señor Llamas, de la Universidad de Madrid. Estamos hablando de Custodio, en la Universidad de Barcelona; estamos hablando de Sauquillo, en Valencia; estamos hablando de Martínez Gil, en Zaragoza y de tantos otros catedráticos que han exigido a lo largo de estos años, ante los oídos absolutamente sordos y la falta de voluntad de ese ministerio, que se emprenda de verdad una actuación en el terreno de las aguas subterráneas, que es hoy día, en la mayor parte de los países desarrollados, el sistema para los suministros, un sistema que permite hacer frente de manera mucho más segura a situaciones de sequía.
Señor ministro, sabe usted muy bien que, en Madrid, al famoso bombeo de Picadas --más de 12.000 millones y veremos qué cuesta al final-- se le podría haber dado una alternativa mediante la utilización de aguas subterráneas; eso, sin contar la alternativa de la antigua conducción, que ya existía, a la que se le podría haber puesto al día y hubiera sido mucho más barata.
Al final, estamos hablando en gran medida de despilfarro, al hilo, al socaire de una situación de angustia y de urgencia como es la falta de abastecimiento, la sequía que padecen grandes poblaciones en este momento. Muchas veces, al hilo de esa urgencia, al hilo de esas necesidades, lo que se está haciendo es aprovecharse del artículo 27 de la Ley de Contratos precisamente para evitar proyectos adecuados, para evitar esos controles, en un ministerio del que S.S. ha dicho que hay comisiones; S.S. ha dicho en dos ocasiones que hay comisiones.
En el año 1992, se plantea como urgente necesidad el Guadiaro- Majaceite para el abastecimiento de la Bahía de Cádiz y resulta que hasta septiembre del año 1993 no se empiezan las adjudicaciones; año y medio después, y ahora se empieza la adjudicación del túnel de Buitreras. Estamos hablando de cuestiones que no eran tan urgentes, que se podían haber hecho con todas las garantías. No se entiende que en 1992 se haga la declaración de urgente necesidad y hasta septiembre de 1994 no se pida el estudio de impacto ambiental de una obra de esas características.
Tampoco se entiende, justo ahora que estamos en período electoral, el anejo que nos plantea este decreto; no entendemos un anejo donde, aunque S.S. nos ha especificado algunas de las obras concretas, pero hay otras serie de ellas que no están en absoluto determinadas. Efectivamente, nos habla de «otras actuaciones en la Costa del Sol». ¿Qué son otras actuaciones? Nos habla de «otras actuaciones en la provincia de Almería» ¿En qué consisten esas otras actuaciones en la provincia de Almería? Nos habla de «actuaciones en Extremadura», «de actuaciones en La Mancha», de actuaciones en diversas comarcas de la cuenca del Júcar.
Señoría, si usted mira los anejos de los otros decretos-ley de los tres anteriores, verá que se hace referenciaa proyectos concretos, muchos de ellos mencionando incluso el número, la clave del ministerio donde se contempla el proyecto. No eran un cheque en blanco, como se pretende con este anejo. ¿Cuáles van a ser esas «otras actuaciones», sobre todo cuando dentro de tres meses tenemos unas elecciones? Ya sabemos cómo se utilizó el decreto del 1 de mayo de 1993; se utilizó para hacer, por ejemplo, revestimiento de acequias, que no era una cuestión de urgencia del momento sino una manera de dar una serie de peonadas en un momento dado, justo en plenas elecciones. Lo digo tal cual porque así lo dije en su día y, además, es algo que estaba perfectamente demostrado.
Voy concluyendo, señor Presidente. Además, estos 12.000 millones se plantean en un ministerio que, contrariamente a lo que manifiesta su titular, que dice es un ministerio saneado que no tiene deudas con constructores ni con expropiados, resulta que sí, que las tiene. Un ministerio que, en obras hidráulicas, para este año tiene 158.000 millones de pesetas y en este momento le falta dinero porque a 31 de diciembre ya tenían comprometidos, para el año en curso, 134.000 millones de pesetas. Pero además hay que añadir los 4.000, por ejemplo, con que habrá que contar para maquinaria;

Página 6803


los 3.000 o 4.000 millones para el Cedex; para las inundaciones y otro tipo de imprevistos, que surgirán, tendrá que contar también con 3.000 o 4.000 millones de pesetas, para liquidaciones, modificados, revisiones de precios, obras complementarias, también tendrá que contar con 4.000, 5.000 o 6.000 millones de pesetas. Usted sabe, señor ministro, que tiene 16.000 millones nada más que en expropiaciones pendientes de obras hidráulicas. Si a esos sumamos los 12.000 millones de pesetas, estamos ya muy por encima de los 158.000 que contempla la Ley de Presupuestos. Eso quiere decir que ya están pidiendo reajustes en las partidas, ya están pidiendo reajustes en las anualidades, que en vez de 1995 las van a pasar a 1996. De nuevo, echando la pelota más años para atrás y dejando hipotecado su ministerio para muchos años.
Señor Presidente, concluyo.
Esta no es manera de llevar a cabo una política de aguas, esta no es manera de gobernar. Gobernar es prever, tomar medidas pensando en el futuro, pensando en cuáles son las situaciones, como por ejemplo la sequía, algo que se repite cíclicamente en España; gobernar es administrar adecuadamente los dineros de los ciudadanos, cosa que, lamentablemente, con esas precipitaciones, no es la mejor manera de hacerlo. Además, señorías, no se pueden pedir cheques en blaco, como el que contempla este decreto, en esa parte del anejo que habla de «otras actuaciones» de manera genérica.
No obstante, en función de las necesidades, de las urgencias que existe en este momento, el Partido Popular va a votar favorablemente la convalidación de este Decreto-ley, pero vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley para que, a lo largo del debate, podamos obtener, por parte del ministerio, las precisiones exactas en cuanto a esas «otras actuaciones» y cuáles son las cantidades que van a suponer para el erario Público.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Tenga usted cuidado, señoría, tenga usted cuidado porque se va a condenar. (Risas.) Ya sabe que las mentiras, a partir de cierto nivel, son pecados capitales. Hay mentiras pequeñas que sólo son pecados veniales, pero cuando se miente con mucha conciencia y con mucha insistencia, como usted ha hecho aquí, su salud eterna corre peligro. (Risas.) Francamente, señoría, cuando le oigo hablar, creo que sus conocimientos sobre el agua se acaban en el agua bendita.
(Risas.--Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Si, si, de agua bendita es de todo lo que sabe la señora Loyola. (Un señor diputado: ¡Mentiroso!) Más allá de eso, su aportación al debate consiste en repetir una serie de tópicos sin ningún valor real. (Rumores.) Después de haberle oído, lo razonable sería que votara usted en contra del decreto-ley, porque si tan malo y tan inaplicable le parece, tan mal definidas están las obras que pretendemos hacer, tan ineficaz y tan inútil es, francamente, no entiendo, señoría, por qué va usted a votar a favor. No entiendo cómo se puede decir que es una norma tan llena de imperfecciones y de inutilidades para, a continuación, acabar votándola. Sean ustedes un poco consecuentes por una vez; si están en contra de algo, voten en contra, pero si van ustedes a votar a favor será, digo yo, porque el decreto-ley en cuestión no es tan malo como usted pretende decir.
Digo que se va usted a condenar --y se lo digo ya con alguna acidez--, porque debería saber y esto ya no tiene nada que ver con el debate que hoy nos ocupa, que este ministro no ha reconocido nunca que en el Ministerio de Obras Públicas se estuvieran pagando comisiones. ¡Ya está bien, señoría, de mentir de una forma tan descarada y de una forma tan venenosa! (Fuertes rumores.--Un señor Diputado: ¡Felipe!--Aplausos.) Lo que este ministro ha dicho, y repite ahora, es que si a algún constructor alguien le pide una comisión por la adjudicación de una obra, que no tenga ninguna duda, que no es nadie del Partido Socialista (Rumores.); y si es alguien que él crea que es de algún partido político, tiene abierta la puerta de los responsables de todo el Gobierno para clarificar quién es el que así lo hace, no vaya a ser que sea un amigo del señor Naseiro. (Rumores y protestas.) ¿De acuerdo? Por tanto, señoría, cuando hable usted otra vez de comisiones, tenga un poco de rigor y un poco de responsabilidad, que es lo que le hace falta cada vez que sube usted a la tribuna a embadurnar la política hidráulica en este caso y a plantear, como ha hecho hoy, un conjunto de dislates, acusando al Gobierno de imprevisión, cuando usted sabe perfectamente, o debería saber si siguiera la política hidráulica con un poco cuidado, que, desde 1990, hemos venido tomando cada año las medidas adecuadas y necesarias a la gravedad de la situación y que las seguiremos también en función de su evolución. Un poco de rigor no le vendría a usted nada mal, señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, a usted se le conocen muchas aficiones, se habla de muchas aficiones de S.S. ... (Pausa.), pero la verdad es que no conocía que además tenía la afición de

Página 6804


pertenecer al clero, porque realmente lo que ha utilizado ha sido un lenguaje puramente curil. (Rumores.) Dicho lo cual, señoría, el Decreto-ley tiene unos anejos, y en los anejos hay cuestiones a las que no se puede decir que no por su imprevisión, señoría. Porque si Málaga tiene cortes de agua en este momento es porque ustedes no han sido capaces, a lo largo de doce años, de dar una solución al pantano de Guadalhorce --cosa que usted sabe muy bien--, que tiene unas surgencias salinas que no terminan de solucionar porque hasta el año 1993 no se han puesto en serio con ello, señor Ministro. No podemos decir que no a cuestiones como la conexión del embalse de la Viñuela-Torre del Mar-Rincón de la Victoria y Málaga capital. Tan sencillo como eso. Le pongo este ejemplo como le podía dar otros. No estamos en contra, sino al contrario, porque a una situación de emergencia en este momento hay que dar una solución de emergencia. Y como ésta hay algunas otras cuestiones que plantea aquí, que están suficientemente definidas y determinadas.
Pero frente a esto, en este anejo hay otra serie de cuestiones que no están definidas ni determinadas, sino que son cheques en blanco, señoría. Dice usted que han venido haciendo...
Desde el año 1990 a 1993, en cuatro años, han desacelerado en 170.000 millones las inversiones en obras hidráulicas en esa previsión plurianual de años. Lo siento mucho, señor Ministro, pero no han hecho lo que tenían que haber realizado.
Y llegamos al último punto. Señoría, el que al poco tiempo de llegar a ese Ministerio se reunió con los constructores y les dijo que no pagaran comisiones fue S.S. (Rumores.); el que al cabo de tres años largos, justo antes de Navidades, ha vuelto a repetir a los constructores lo mismo ha sido S.S. Y eso indica varias cosas. En primer lugar, le honra en tanto en cuanto es evidente que S.S. no cobra comisiones, lo cual me parece muy bien. Pero también señala, primero, que se cobran comisiones en su Ministerio, porque si no no lo diría, y segundo, que ha sido incapaz, a lo largo de más de tres años y medio, casi cuatro, que lleva en ese Ministerio, de evitar esas comisiones. Y todo esto, señor Ministro, en un momento en que en la Administración socialista en torno al «felipismo» se ha montado un auténtico sistema de rapiña, y lo digo así, señor Ministro. (Rumores.) Un sistema de rapiña, señor Ministro (Continúan los rumores.), un sistema de rapiña en el que empezando por la reprivatización de Rumasa (Fuertes rumores.), en el que siguiendo...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora De Palacio.
Señorías, silencio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: ... en el que siguiendo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio... (Continúan los rumores.) ¡Silencio, señorías! Señorías, saben que la Presidencia es partidaria de la intervención mínima en los debates. Y en éste, de características hidráulicas, no pretendo aguar pero sí por lo menos recomendar a SS.SS. que lo hagan a temperatura ambiente, si es posible. (Risas.) Señora De Palacio, le he concedido la palabra para que conteste a la intervención del señor Ministro.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Es lo que estoy haciendo, señor Presidente. El señor Ministro ha dicho que quien cobra comisiones es el señor Naseiro y yo le estoy explicando que aquí el que cobra las comisiones es el señor Roldán, de su partido (Rumores.); la señora de la Cruz Roja, de su partido; la del BOE, de su partido (Rumores.); Filesa, su partido (Rumores.); el de Renfe, que ahora lo tienen en Londres (Continúan los rumores.), de su partido. (Aplausos.) Es decir, un sistema de rapiña que termino con Intelhorce, que es la última guinda que acabamos de descubrir de la manera de expoliar al Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, haciendo caso a la idea de atemperar el debate y no queriendo incurrir en la situación de la señora De Palacio, que creo que se ha quedado sin nervios y sin voz, le diría con afecto: No va por buen camino, señora De Palacio, y eso es peligroso para usted. (Rumores y protestas.) Está cayendo, además, en una serie de latiguillos en la política hidráulica general.


El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, ruego a S.S. consuma el turno que crea conveniente en relación con el Decreto-ley.
(Rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! El turno es de fijación de posición del Grupo, no de contestación a las intervenciones de los grupos que han intervenido con anterioridad.


El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Ajustándome a las características del debate diré que mi Grupo apoya el Decreto-ley por muchas razones, entre ellas por ser consecuente con una trayectoria hidráulica que entiendo ha sido prácticamente única en muchos aspectos.
No debemos olvidar que, desde el punto de vista legislativo, corresponde a los gobiernos socialistas el avance más importante en materia de aguas desde 1879. Que en el capítulo inversor, con 170.000 millones este año, podemos decir que en ningún momento de nuestra

Página 6805


historia se incidió tanto en inversión en obras hidráulicas como en este tiempo. Y no olvidemos que a pesar de ser un país dedicado de manera muy especial a las aguas en toda su historia, con las dificultades que tienen los nuevos embalses en estos momentos, se ha aumentado en un 23 por ciento la capacidad de los mismos. Nada digo en cuanto a la investigación en aguas subterráneas, en las que en estos momentos y gracias a la Ley de Aguas podemos meternos en un futuro con inversiones superiores a 35.000 millones de pesetas, que nos van a permitir, en los próximos años, tener abastecimientos alternativos a través de sistemas hidrogeológicos. También por una cosa muy especial, porque el decreto es concreto. ¿Por qué digo que es concreto? Porque define zonas, territorios, tipos de obras y presupuestos.
Quizá le faltaría por concretar los puntos en que deben ir los sondeos, pero eso no es materia de un decreto de urgencia; no es materia de este decreto. Por tanto, está clarísima no solamente la definición de obras, no solamente la definición de presupuestos, sino también, con arreglo al informe del Consejo de Estado, su fuente de financiación.
Creo que en estos momentos este Real Decreto tiene todas las características necesarias para marcar una continuidad de responsabilidad y de buen hacer en la política hidráulica del Gobierno socialista. Pero tiene más. Tiene más en el sentido de que si vamos fijándonos en las sucesivas inversiones, la situación excepcional que marca el decreto es debida a una situación real excepcional. No olvidemos que, en estos momentos, la capacidad de algunos embalses en relación al año 1992, como el del Júcar, pasa de casi el 16 por ciento al ocho por ciento. No estamos en una situación que pudiéramos llamar difícil; estamos en una situación prácticamente crítica, desde el punto de vista de la pluviosidad, del almacenamiento e incluso desde el punto de vista de las aguas subterráneas, que bajan el nivel piezométrico de media en las cuencas del Júcar y del Guadalquivir cerca de los 20 metros. Diría más. Sobre todo porque esa política hidráulica que han seguido los gobiernos socialistas nos permite hablar de grandes dificultades pero no de situaciones críticas en las poblaciones afectadas. Sin una trayectoria verdaderamente clara en esta situación, con tres años consecutivos con la situación de sequía más alta del siglo --y si cogemos cupos de tres años prácticamente en la historia del registro de datos no se encuentran situaciones conjuntas similares hasta el siglo XIX-- no podemos decir que no es claro ni se puede decir, a propósito de un decreto de estas características, que no existe previsión y que no existe política hidráulica.
Desde mi Grupo entendemos que hemos llegado a una situación excepcional, creada por la naturaleza, que es mucho menor de lo que hubiera sido sin las previsiones en política hidráulica que se han seguido desde el Gobierno. Por eso estamos decididos a convalidar el decreto, pensando que es un acto de responsabilidad política en la situación actual, desde esa fuente. Por tanto, no se vaya a pensar que en estos momentos es un convencimiento nacido de otras fuentes; es un convencimiento nacido de la racionalidad, de la posibilidad y de la solidaridad con los territorios situados al sur del paralelo que pasara por Madrid, porque están en una situación auténticamente difícil. Por eso el apoyo a la convalidación del decreto, como no podía ser de otra manera, puesto que cualquier otra forma de tramitación, como pudiera ser una ley propuesta por otros grupos, alargaría y no entraría en la situación excepcional y de urgencia que el propio decreto marca. Por consiguiente, pido a la Cámara un voto unánime que sería el reconocimiento claro y directo de una situación excepcional y el reconocimiento también de que el Gobierno ha marcado lo que debía su responsabilidad en este caso concreto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jerez.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 1/1995, de 10 de febrero, por el que se arbitran medidas de carácter urgente en materia de abastecimientos hidráulicos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, consecuencia de la solicitud de algunos de los grupos que han intervenido en el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 121; en contra, 161; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

--PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (Número de expediente 121/000049)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.


Página 6806


Dictamen relativo al proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Gortázar. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupsa la presidencia.)

El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, el objeto de volver a traer al Pleno el debate del dictamen sobre la ley de Parque Nacional de Picos de Europa es evidenciar lo que da de sí una nueva alianza política entre el Partido Socialista e Izquierda Unida; lo que da de sí la unión de la izquierda a la hora de proponer un proyecto a la consideración de esta Cámara.
Señorías, si malo, antiguo, burocrático e intervencionista fue el primer proyecto de ley que debatimos aquí hace apenas cuatro meses, este dictamen es, si cabe, aún peor. Realmente, el precio que ha tenido que pagar el Grupo Socialista para tener una mayoría en esta Cámara, las cesiones que ha tenido que realizar para tenerel apoyo del conjunto de la izquierda, particularmente de la montaña, es absolutamente grave a los efectos de la existencia de la vida diaria de al menos 14.000 ciudadanos españoles que habitan los picos de Europa.
(Rumores.) No voy a repetir aquí los argumentos del debate de hace cuatro meses...


El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señor Gortázar.
Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.) Continúe, señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: No voy a repetir aquí los argumentos del debate de hace cuatro meses, en donde se expusieron claramente el rechazo de dos de los tres gobiernos regionales, el rechazo de la mayoría de los municipios y afectados por este proyecto de ley, y me voy a centrar en un argumento capital al que me parece que esta Cámara tiene que ser sensible, y es el hecho de que esta ley expulsa a los habitantes de la zona, expulsa a los vecinos de Picos de Europa. Veamos por qué --y no es una teoría subjetiva-- se da esta situación de expulsión.
En primer lugar, por las limitaciones de todo género que incluye el Plan de ordenación de recursos naturales. Se me dirá que se está revisando y que al cabo de un año pueden cambiarse algunas cuestiones como la eliminación de la caza, los aprovechamientos pesqueros, de la madera, etcétera. Pero es que la ley en sentido estricto establece una serie de limitaciones específicas. Por ejemplo, por lo que respecta a la posibilidad de nuevas edificaciones, dice el artículo 4.2 a): Queda prohibida la construcción de nuevos edificios o la remodelación de los existentes. Por si esto fuera poco, el artículo 4.3 dice: Todos los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional --señorías, estamos hablando de 60.000 hectáreas--, a excepción de los núcleos urbanos, quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial. En otras palabras, este proyecto de ley, caso de convertirse en ley, congela la situación de los municipios existentes afectados, lo que contradice frontalmente el artículo 130 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos; y el punto 2 se refiere explícitamente a que con el mismo se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. En otras palabras, señorías, estamos en una situación en la que la ley contradice claramente un artículo de la Constitución que vela por el desarrollo, específicamente por el crecimiento económico de las áreas de montaña y aquí vemos que hay un artículo bien claro que congela en la práctica el futuro económico y la posibilidad de desarrollo de estos municipios: congelación de los municipios, congelación de la vida diaria de sus habitantes.
Por si esto fuera poco, se introduce en el artículo 5.2 el derecho de tanteo y retracto para todas las transmisiones inter vivos que se efectúen en el objeto de esta ley, en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Como nos ha enseñado la experiecia, y dice repetidamente la doctrina, el derecho de tanteo y retracto termina con la propiedad privada en un lento proceso de falseamiento del mercado y del valor de las cosas.
Por si esto fuera poco, otro factor de expulsión de los vecinos es el artículo 9, que establece la friolera de cinco planes de actuación sobre los afectados. El artículo 9 señala los instrumentos de programación y planificación del Parque y dice que son los siguientes: a) El Plan de ordenación de los recursos naturales; b) el Plan rector de uso y gestión; c) los planes sectoriales; y d) el Plan anual de trabajo. Izquierda Unida, en su afán planificador e intervencionista, ha conseguido introducir una enmienda con la que, por si fuera poco a los ciudadanos de los Picos de Europa les cae un nuevo plan más --es decir, van a disfrutar de cinco planes-- el Plan de desarrollo sostenible, con un auténtico desenfoque del concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un concepto general que incluye acciones concretas, pero no es un plan nuevo. Sin embargo en el artículo 9.5 se incluye un quinto plan a los pobres ciudadanos y vecinos de aquella área.
¿Pueden ustedes imaginarse a los vecinos de la zona en las actividades pastoriles, queseras, artesanales, etcétera que, al levantarse por la mañana digan: Hoy estoy en el plan anual de trabajo; me toca hoy sacar el ganado; puedo seguir esto según el plan rector, el plan de ordenación me permite esto y lo otro? Yo creo que este disfrute de planes, conjuntos y sistemáticos, no lo padecen siquiera los señores ciudadanos de la República de Cuba, ni en su día los ciudadanos de Ceaucescu. Cinco planes a la vez no hay quien los aguante, señorías. Por eso se

Página 6807


produce una situación de expulsión de los vecinos de la zona.
Esto no es algo que se deduce solamente de la letra de la ley, sino que cualificadas opiniones en las comparecencias lo han expresado claramente. El señor García de Enterría, que no es sospechoso de radicalismos, señalaba al respecto: La congelación con que están amenazados estos pueblos es absoluta y no sirve para nada. Repito que no sirve para nada porque no se trata de proteger ninguna situación que esté en riesgo. En cierta manera se trataría de declarar estas zonas como una especie de reserva de indios. Se deja allí a los indicios antiguos con sus caballos y sus melenas, que es a lo que se llaman explotaciones tradicionales, pero que no se ponga ni una piedra más. En la misma dirección se manifestaron alcaldes, particularmente el de Cabrales, que hizo un llamamiento dramático señalando que iban a ser expulsados porque no podían seguir en ese territorio donde habían estado toda la vida.
Señor Presidente, señorías, el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pues he aquí que por decisión política de la izquierda, por clientelismo electoral ajeno a los afectados, en España va a haber 14.000 ciudadanos que lejos de poder desarrollar legítimamente sus tierras y municipios, como se hace en cualquier municipio español, les cae el peso de esta ley, con lo que van a conseguir expulsar a quienes han conservado hasta ahora una zona de equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
Señor Presidente, dudo mucho que el mandato de representación de la nación española que tenemos los 350 Diputados aquí presentes, con un mínimo de sentido común, nos permita imponer esta pesada carga a los vecinos afectados sin que haya en juego algún riesgo para la seguridad del Estado o algún riesgo en la integridad del territorio nacional.
Frente a este dislate jurídico, este despropósito planificador, estos cinco planes acumulados, que desde luego no se los deseo a mi peor enemigo, el Partido Popular propone alternativamente una enmienda de totalidad con la propuesta de que sea declarado el Parque Natural de los Picos de Europa.
Señorías, estoy convencido de que alguno de ustedes, movidos por la mejor de las intenciones, no se ha percatado del error de base que es desenfocar un tema como el presente. En el año 1975 la Ley de Espacios Naturales introdujo el concepto de parque natural que recoge la Ley 4/1989. La figura de parque natural lo que hace es congeniar, compatibilizar los usos y el hecho de que haya asentamientos humanos en aquellas zonas, en aquellas áreas, y ustedes, equivocadamente, por un error a mi juicio fatal, han elegido una de las figuras posibles dentro de la Ley 4/1989, que no es la que se adapta a zonas donde hay habitantes, donde hay personas que rechazan un tipo de actuaciones excesivamente estrictas. En consecuencia, yo les sugiero que recapaciten en esta dirección. Sepan ustedes que el parque nacional es una cosa pensada para lugares donde no hay asentamientos humanos, y el parque natural para donde los hay. Tenemos el ejemplo del Parque Natural de Castilla y León en funcionamiento desde hace un año. En aquellas circunstancias, el Gobierno de Castilla y León tuvo negociaciones con los afectados, y al día de hoy lleva un año funcionando sin ningún rechazo en las áreas afectadas de Picos de Europa en la zona de Castilla y León. De manera que hay un precedente de parque natural sin rechazo, sin problemas. ¿Por qué se empeñan ustedes en aplicar una figura que no corresponde a un lugar que no corresponde? La literatura científica en esta dirección, señor García Fonseca, sabe usted que es totalmente terminante. El Congreso Mundial de Parques Nacionales de Caracas del año 1992 --tengo aquí el informe y se lo puedo leer, pero no les quiero cansar- -, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, los documentos de la Unesco sobre la reserva de biosfera y la Directiva de la Unión Europea sobre hábitat establecen claramente que los parques nacionales son áreas casi museísticas, sin alteraciones del hombre y sin asentamientos humanos, mientras que los parques naturales son lo contrario, son áreas naturales con asentamientos humanos y que, consecuentemente, tienen unas restricciones de usos y de aplicaciones totalmente distintas. Reflexionen porque están totalmente errados con el diagnóstico y con la figura que ustedes pretenden aplicar.
Señorías, concluyo diciendo que el proyecto de ley de Parque Natural del Grupo Popular, que ha contado hasta ahora con el apoyo de toda la Cámara, a excepción hecha de la izquierda planificadora, tiene en su haber la experiencia del ejemplo del Parque Natural de los Picos de Europa de Castilla y León, que cuenta con el respaldo de los afectados y es respetuoso con los derechos básicos de los vecinos. Nuestro proyecto sobre los Picos de Europa cuenta con el apoyo de los de los tres gobiernos regionales y con la mayoría de los municipios afectados, prácticamente ocho de los diez, nueve de los diez, todos salvo Onís y Cangas de Onís. Señorías, sólo el error fatal, la arrogancia fatal de pretender regir el destino y el discurrir diario de la vida de 14.000 españoles explican este desatino que aún estamos a tiempo de rectificar. Me imagino que será más difícil persuadir de esto a la montaña que al valle. En cualquier caso, me dirijo al sentido común del que a veces hacen gala los señores del Partido Socialista, como por ejemplo vamos a tener ocasión de comprobar en el debate de la modificación de la Ley de Patrimonio Nacional, para que reconsideren su posición y no compitan con Izquierda Unida en el disputado voto del señor Cayo, no sea que, como ocurre en la novela de Delibes,

Página 6808


al final terminen ustedes como el rosario de la aurora.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortázar.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señores del Grupo Popular, debieran creerme que este Diputado se reprochó a sí mismo en ocasiones anteriores en las que tuve que soportar al señor Gortázar, quien no estoy seguro en qué medida representa el pensamiento de todos ustedes... (Un señor Diputado del Grupo Popular: Lo representa.) Yo no estoy tan seguro de que el señor Gortázar, con su filosofía ultraliberal conservadora, como él se define... (El señor Aguiriano Forniés: Y del Opus.) ...
represente hoy los esfuerzos que al menos el señor Aznar está intentando por dar al Partido Popular un carácter, no sólo democrático, que mi Grupo nunca se lo ha negado, sino un carácter moderado de derecha civilizada.
Para el señor Gortázar no hay trabas. Yo me había propuesto no enfadarme, porque es enfadarme conmigo mismo. Sin embargo, les confieso que me resulta difícil, me resulta difícil oír tanta necedad (Rumores.) de no saber y, al mismo tiempo, tanta presunción. Oyendo al señor Gortázar me acuerdo siempre de Unamuno cuando decía que el vanidoso era aquel estúpido adulterado por el estudio. En el caso del señor Gortázar, no sé de dónde le viene la adulteración, desde luego no del estudio. (Rumores.) No hace más que decir una sarta de incongruencias, de medias verdades o simplemente de mentiras para defender una postura que podría defenderla perfectamente con argumentos válidos, aunque para mi Grupo no fueran suficientes.
Para quien quiera defender la figura de parques naturales, dependiente de las comunidades autónomas, es una postura perfectamente legítima. Lo que no es legítimo, lo que es absurdo, lo que a mí, a pesar de mis esfuerzos, me cabrea es que el señor Gortázar, una y otra vez, intente acudir a descalificaciones políticas situándonos a los de Izquierda Unida en la montaña, él que se declara antiguo comunista, que debió dejar el comunismo justamente cuando murió Stalin...
(Risas.) Y ahora se hace el paladín, no ya del neoliberalismo, sino del liberalismo conservador.
Venía leyendo en el avión --si acaso insiste se lo leeré luego-- algún texto de historiadores sobre esos antecedentes de los que usted... que no creo que la mayoría de su Grupo proclame. En todo caso, señor Gortázar, quiero puntualizarle algunas cosas, para entrar en mi discurso. Y no quisiera ser alterado por ustedes.
Dice que es un parque nacional que va a afectar a 14.000 habitantes. El territorio del parque nacional no afecta ni a la décima parte de 14.000 habitantes. Según usted afecta a 40 millones de españoles. Que haya municipios en los que esté situado el parque nacional que tengan la suma de 14.000 habitantes... el territorio del parque nacional no llega a 1.000 habitantes. Pero usted ¿qué dice? ¿Cómo es posible que usted dé una cifra por otra, equivocándose en una multiplicación por diez? ¿Cómo se atreve a decir que lo que pretende esta ley y además la enmienda de Izquierda Unida es expulsar a los habitantes de allí? Es que usted no conoce, ¡hombre! Los que somos de verdad de la montaña... (el señor Robles Fraga: Del monte.) Del monte, claro del monte, no del valle sombrío y tenebroso de donde proceden algunos de ustedes. (Rumores.) Pero, por favor, den una imagen un poquitín menos ultramontana, que ahí sí que tiene una acepción negativa la palabra montañosa, no en el otro sentido físico- ecológico.
El señor Gortázar dice que esta ley expulsa, pretende expulsar, nos lo sitúa, además, intencionadamente, a los habitantes de estas comarcas, cuando, fíjese usted, estamos convencidos, y lo dicen muchos informes técnicos, de que es lo único que puede garantizar un futuro digno a habitantes de la montaña, de agricultura de montaña, para los cuales una figura de parque nacional sería una especie de insignia, de símbolo, que daría valor, un valor nuevo, a todos sus productos, a toda la extensión de su municipios y no solamente a la estrictamente del parque y que les crearía un futuro digno y de desarrollo sostenible.
Y cuando nos acusa a Izquierda Unida de contribuir todavía más a expulsar a los habitantes es porque uno de nuestros mayores orgullos consiste en que efectivamente hemos logrado convencer al Grupo Socialista de que había que hacer un plan de desarrollo sostenible para esta zona; es decir, que hacer un plan de desarrollo sostenible para esta zona es expulsar a los habitantes. Porque, claro, a los que expulsamos es a aquellos que quieren y no están, que quieren entrar y no están, y que, sin plan de desarrollo sostenible ninguno, meterían allí sus garras, como las están metiendo, y harían allí instalaciones que acabarían absolutamente con todo lo que es hoy el parque, que ya queda poco, y, por supuesto, con su futuro. El brillante futuro que augura el señor Gortázar --que no el Grupo Popular, espero-- sería convertir en camareros a los que hoy se dedican al queso artesanal, al pastoreo o a cualquier otro tipo de profesión, que vienen ejerciendo dignamente y que quieren seguir ejerciendo, señor Gortázar, y lo vienen haciendo siempre.
Señor Gortázar, la situación es que ustedes están retrasando que hay alguna figura de protección para la montaña de los Picos de Europa y mientras tanto algunos gobiernos de ustedes lo que están haciendo son cosas como las siguientes: hace un año, mejora mediante

Página 6809


afirmado y hormigonado de las pistas que suben a Aliva y a las que desde aquí comunican con las Vegas de Sotres, de tal manera que hoy es posible por vehículo normal cruzar los picos por su interior. Ampliación en un antiguo refugio de montaña en Aliva, convirtiéndolo en un hotel de dos estrellas, con varios edificios de gran volumen, uno de ellos de tres pisos y gran alteración del entorno para zona de servicios. Estas incongruentes edificaciones se encuentran a 1.650 metros en el corazón de los Picos de Europa. Esto es lo que se está haciendo. Y no sigo porque quiero decir alguna cosa más en relación a la ley. Esto es lo que ustedes pretenden: por una parte, con el retraso de la ley, que se siga haciendo y, por otra, en el supuesto de que triunfara la suya --que ese supuesto no va a ser realidad--que se perpetuara.
Señor Gortázar, en Asturias ya hay un parque nacional, el Parque Nacional de Covadonga. Ha sido mi Grupo quien en varias ocasiones ha dicho que en ese parque nacional, que está en el territorio de una sola comunidad autónoma, debería haber una gestión compartida. Nunca se lo oí a su Grupo, nunca. Ahora, sin embargo, cuando decimos que el Parque Nacional de Covadonga es sólo una parte de un conjunto único, unificado e integrado, que son los Picos de Europa, y que no tiene sentido ninguna separación, ustedes no solamente pretenden que haya tres administraciones y tres burocracias, decidiendo, de forma dispar, además, como lo están haciendo, sobre un conjunto tan frágil y tan integrado, sino que serían en realidad cuatro; un parque nacional que ya está y, según su lógica, expliquen ustedes a los asturianos por qué el Grupo Popular rechaza ahora que haya un parque nacional para los Picos de Europa y no ha dicho una sola palabra de que hubiera un parque nacional solamente para Asturias.
Usted dice que los parques nacionales, señor Gortázar, son algo que obedece a la primera etapa, a los pioneros, y que ahora no se hacen parques nacionales a no ser en territorios deshabitados. Repito, el territorio donde se hace el parque nacional es un territorio escasamente habitado y se están haciendo parques nacionales, fíjese usted, con gestión del Estado federal, en Estados Unidos, todavía, en Suiza, todavía, en Alemania, todavía. Y dígame usted si cualquiera de los parque nacionales de Suiza está menos habitado que el espacio delimitado para el parque de los Picos de Europa. ¡Por favor! Tiene usted argumentos, que nos convenzan o no es otra cosa, pero tienen ustedes argumentos válidos y legítimos; insuficientes. Pero no vaya usted por derroteros que lo único que hacen es enseñar realmente la parte de ustedes que debiera quedar oculta.
Termino ya. (El señor Robles Fraga: ¡Al monte!) Al monte iré, desde luego, el fin de semana con mucho gusto, a los Picos de Europa, y espero que pueda seguir yendo en la medida en que su ley no salga adelante. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca vaya terminando, por favor.


El señor GARCIA FONSECA: Mi Grupo nunca pretendió dar lecciones de democracia a ningún otro. Mi Grupo nunca pretendió, ni lo hizo ni lo hace, ligar a ningún grupo parlamentario con ninguna otra época, con ningún otro régimen.
Mi Grupo fue el primero que defendió el pacto por la libertad y que defendió la reconciliación nacional. Ustedes no son nadie para reprochar a mi Grupo la menor brizna de talante y de espíritu democrático, la menor brizna. No jueguen con esas cosas, porque ustedes tienen el techo de cristal. (Rumores.-- El señor Hernández-Sito García-Blanco: ¡No me vas a dar lecciones de democracia!--Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No las des!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor García Fonseca, por favor. ¡Silencio, señorías!

El señor GARCIA FONSECA: No doy lecciones de democracia.
Reconozco la democracia de fondo, profunda, que hoy anima al Grupo Popular; no admito, de ninguna manera, que nadie de ningún grupo, y menos del señor Gortázar o alguien similar, pretenda dármelas a mí o a mi Grupo. Que eso quede absolutamente claro y que no haga falta hacer estas desviaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, por favor.


El señor GARCIA FONSECA: Termino ya diciendo que mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va a apoyar esta ley, entre otras cosas, porque mi Grupo considera que ha aportado tres elementos importantes a esta ley y que ésta, en su conjunto, es una figura muy adecuada, aunque no sea la perfecta, al menos la perfecta desde la óptica de mi Grupo, para proteger uno de los espacios más singulares, de mayor valor físico, geomorfológico, faunístico, paisajístico, de Europa y, desde luego --permítanme decirlo también--, uno de los espacios más queridos para es montañés que les habla. Mi Grupo va a contribuir a aprobar con su voto favorable esta ley porque ya en 1990 mi Grupo planteó una proposición no de ley para que se declarara parque nacional al conjunto de los Picos de Europa. Y, miren ustedes por dónde, entonces el Grupo Popular reconoció que era justo declarar parque nacional al conjunto de los Picos de Europa y lo argumentó muy bien el portavoz entonces de ustedes, que me parece bastante más representativo que otros. Y votaron con Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya para la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa para todos los macizos, para los tres macizos.


Página 6810


Mi Grupo sigue en la misma línea por coherencia y porque responde a lo mejor para esa zona.
En segundo lugar, porque nosotros entendemos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca, termine por favor.


El señor GARCIA FONSECA: Termino ya.
Nosotros entendemos que cabe una declaración de parque nacional con una gestión compartida, y es el caso de la ley que nos ocupa.
Y, por último, porque nosotros hemos contribuido a que, junto con los aspectos conservacionistas, con los aspectos de futuro para el espacio físico, se apruebe un plan que asegure un desarrollo sostenible y un futuro digno para los habitantes de los municipios de los Picos de Europa.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Para el turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a consumir un turno en defensa no de la ley que nos imputan desde una concepción torticera (Risas.) los bancos de la derecha, sino de lo que es la ley y sus contenidos de protección rigurosa, que son ejemplo de una política decidida de conservación de los espacios naturales y no de una política decidida en favor exclusivamente de los intereses urbanísticos y de gestión especulativa del Gobierno del señor Hormaechea, que parecen ser las tesis que han sido defendidas esta mañana en la tribuna por parte de los populares.
Nos hablaban en su concepción aristocrático-elitista de que querían dejar reducidos si no en camareros, como muy bien decía el señor García Fonseca, a los habitantes de la zona, sí parece que buscaban ciertos lazarillos para que fuesen simplemente eso, mozos de compañía en partidas de caza, que es lo único que interesa hoy a esta derecha aristocrática que padecemos. (Rumores.) Derecha, además, que practica en esta ley como en ninguna otra el filibusterismo parlamentario.
(Rumores.) Fíjense el nivel de... (Fuertes rumores.) ¡Tranquilos, tranquilas, señorías!

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor CUESTA MARTINEZ: Fíjense, señorías, qué razones pueden existir o cómo esta ley está afectando a determinados intereses que ha sido denunciado por grandes y por importantes colectivos de protección del medio ambiente y por asociaciones de ciudadanos que ustedes aquí están planteando una auténtica clase de filibusterismo parlamentario. Esta ley venía con competencia legislativa plena; con la intención de retrasarla, han pedido que de nuevo retorne al Pleno, después de haber sido analizadas en Comisión, a través de múltiples e importantes comparecencias, las consecuencias de la misma.
Recientemente todavía escuchamos al responsable del Partido Popular de Asturias y Senador del Partido Popular amenazarnos también con que va a intentar bloquear la ley en el Senado y retrasarla todo lo que sea posible para que no entre en vigor.
¿Qué habrá detrás para aplicar este tipo de maniobras torticeras? ¿Qué puede haber detrás para intentar frenar una iniciativa de este tipo? (Rumores.) Efectivamente, hay una concepción salvaje en relación a la naturaleza por parte de la derecha. Usted me estaba hablando, señor Gortázar, de la oposición de determinados ayuntamientos y comunidades autónomas. Tengo que decirle algo que usted parece ignorar, y es que en el terreno del futuro parque nacional, en su extensión sigue siendo mayoritaria la Comunidad Autónoma de Asturias, el Principado de Asturias.
Pues bien, la Comunidad Autónoma, el Principado de Asturias es quien más ha defendido, desde la óptica de las propias comunidades autónomas, la opción del parque nacional.
Me habla usted de oposición de ayuntamientos. Por aquí han pasado algunos alcaldes que nos han explicado también cuál es su situación en relación al parque. Por ejemplo, pasó un alcalde que, por población o por actividades ganaderas, se ve claramente afectado en las consecuencias del desarrollo de los habitantes y de las actividades ganaderas tradicionales por la declaración de parque nacional. Ha sido el Alcalde de Cangas de Onís, quien nos recordaba --no voy a ilustrar a SS.SS.-- cómo, por ejemplo, de 3.781 vacas censadas, 2.428 pertenecen al concejo de Cargas de Onís para explicarnos que la mitad de la ganadería, de la actividad ganadera de la zona, afecta a ese ayuntamiento, que es uno de los más interesados en la figura de protección que implica este parque nacional. Pasaba también un representante del Partido Popular que, efectivamente, es el gran ejemplo de esa concepción un tanto extraña que tienen de la protección del medio ambiente los señores de la derecha española.
El Alcalde del Ayuntamiento de Cabrales enviaba, con motivo de las elecciones europeas del año 1994, una carta a los vecinos del concejo de Cabrales, en la que pedía que no se votara al Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, en ese ayuntamiento, con motivo de las elecciones europeas, la lista mayoritaria fue la del Partido Socialista Obrero Español. La carta que mandaba este señor alcalde de la derecha a los ciudadanos, decía: Al entrar en Europa nos hemos condenado.
Como no nos podían prohibir que meciéramos las vacas ni nos podía obligar a fusilarlas con una escopeta recortada, inventaron la ampliación del parque nacional. Esa es la estrategia de la Europa del PSOE; unos

Página 6811


países serán industriales y otros ganaderos. España, parque nacional.
Añadía este alcalde: Que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. El parque nacional es incompatible con nuestros usos tradicionales. Otros tipos de parque son más tolerantes.
Personalmente, no quiero ninguno. Decía el propio alcalde de la derecha conservadora: personalmente, no quiere ninguno, no quiero nada, no quiero ningún modelo de protección, no quiero la protección de este entorno. (Rumores.) Creo que son datos claros que demuestran cómo las actitudes son un tanto oscuras a la hora de defender otros modelos.
El proyecto de ley que estamos analizando, además, supone --y lo digo con orgullo-- el cumplimiento de una vieja aspiración de muchos ciudadanos españoles, de muchos asturianos y de los sectores progresistas de esta sociedad y supone también cumplir un compromiso electoral. Nosotros, con motivo de las elecciones de junio de 1993, cuando hablábamos de la necesidad de la protección de áreas, de especies singulares y del patrimonio natural, hablábamos de ampliar y nos comprometíamos a ampliar la red de parques naturales nacionales, incorporando hábitat todavía no incluidos en ella, y citábamos de manera muy expresa Picos de Europa. Por lo tanto, esta iniciativa también es el cumplimiento de un compromiso electoral.
Esta ley es a su vez claramente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y es claramente respectuosa con el tenor constitucional. Ni siquiera algunos ilustres comparecientes, que se personaron más como turistas que como juristas, impugnaron el carácter constitucional de esta ley y en ningún momento la acusaron de invadir competencias de las comunidades autónomas. Ese debate está bastante clarificado e incluso existen, ante intentos de dilatar iniciativas proteccionistas, iniciativas de suspensión de normativas mediambientales ante el Tribunal Constitucional que han merecido autos rechazando la suspensión solicitada por algunas comunidades autónomas.
Estamos en una protección que combina protección con desarrollo y, en efecto, en este proyecto de ley, uno de los objetivos fundamentales del parque, y no se puede ocultar esta realidad, es la de no sólo proteger la integridad de los ecosistemas y los objetivos que se señalan en el artículo 1, sino la de promover un desarrollo social, económico y cultural, sostenible para las personas y comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su participación en todo el proceso. Se está apostando por la necesaria compatibilidad entre la conservación del medio ambiente, entre la consevación de algo que es patrimonio no sólo de los ciudadanos y de los lugareños de la zona, sino que es patrimonio de todos los españoles. También por el propio desarrollo. Y no con una concepción distante o confrontada entre lo que son los mandatos constitucionales de desarrollo del medio ambiente o de protección del medio ambiente y de desarrollo de la ganadería de alta montaña. No son realidades incompatibles y este proyecto de ley, claramente proteccionista, que nos integra en la red estatal y en la red europea de parque nacionales es asimismo un proyecto de ley que apuesta por el desarrollo, que apuesta por la realización de las actividades tradicionales, que apuesta por sacar a muchos ciudadanos del atraso en el que viven en estos momentos. A veces, hay intereses ocultos --decía--, y es verdad, porque probablemente para los especuladores amparados por el Gobierno del señor Hormaechea la situación ideal actualmente es que exista un parque nacional en la montaña de Covadonga, pero que no se extienda a otras comunidades autónomas. Conservemos una reliquia en Asturias para, desde zonas limítrofes, lanzar toda una ofensiva de especulación.
Tengo en mi poder un informe de la Asociación para la defensa de los recursos naturales de Cantabria. En él nos hacen importantísimas denuncias para reivindicar la necesidad de ampliación de este espacio y de garantizar la figura del parque nacional. Nos hablan de importantes ataques al entorno, como ha sido la potenciación de un turismo masivo e incontrolado, porque el desarrollo de esta zona debe conseguir el equilibrio adecuado, también en clave de desarrollo turístico. Iniciativas como la ampliación reciente del teleférico de Fuente Dé o iniciativas como determinadas pistas en las que parece que se practica la idea del «rally» de los vehículos del 4x4, o la especulación urbanística cada vez más amenazada, se dice, a lo largo del eje Panes-Potes-Fuente Dé, cuya carretera está siendo ampliada para concertar en Unquera con la futura autovía del Cantábrico, permitirá un rápido acceso a la comarca.
Las normas subsidiarias de Camaleño y Cillórigo-Castro permiten que prolifere la edificación fuera de los núcleos urbanos. En Fuente Dé, puerta del futuro parque nacional, se están ocupando terrenos comunales por parte de particulares e incluso la junta vecinal de Espinama está vendiéndolos.
Fíjense ustedes, se están ocupando con mentalidad especulativa terrenos comunales pensando en que en este país se aplique el modelo ecológico especulativo que defiende la derecha.
Ustedes se están oponiendo a esa ley y yo tengo que recordarles algo muy importante: una protección de un entorno natural fundamental afecta no sólo a los ciudadanos de una comarca, sino a tres comunidades autónomas. La única forma real y seria de que haya una política coherente desde el punto de vista legislativo es garantizar en esta materia la unidad de gestión. Una unidad de gestión basada en el conocimiento también de las posiciones de las comunidades autónomas a través de una figura que hemos creado en este proyecto, que es la Comisión Mixta, a través de la implicación de todos los sectores sociales que se ven reflejados; asociaciones,

Página 6812


intereses ganaderos, movimientos ecologistas, etcétera.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, vaya concluyendo.


El señor CUESTA MARTINEZ: Todos estos sectores se ven reflejados en la composición del Patronato, cuyo presidente va a ser designado por el Ministerio, peroa propuesta del propio Patronato en virtud de una enmienda que también hemos asumido en esta Comisión.
Termino, señor Presidente, diciendo que la única forma de incrementar el nivel de protección de este especio es a través de la figura del parque nacional, porque si analizamos la realidad legislativa, protectora, que existe en los ámbitos territoriales afectados, como son Castilla y León, Asturias o Cantabria, nos encontramos con que no hay uniformidad legislativa, ni siquiera existe uniformidad en los niveles de protección. En el caso cántabro no existe legislación que desarrolle la necesidad de proteger esta zona, ni siquiera desde el punto de vista autonómico. No hay un planteamiento conservacionista, no hay un planteamiento riguroso, no existe la necesaria coordinación y, por tanto, la figura del parque nacional es la única garantía de combinar protección, defensa de la naturaleza, defensa de un patrimonio, defensa de unas peculiaridades con el desarrollo.
Decía --y acabo, señor Presidente-- Pedro Pidal, que fue el primer impulsor de la Ley de Parques Nacionales de 1916, en una intervención en el Senado: Un castillo, una torre, una muralla, un templo, un edificio, se declaran monumento nacional para salvarlo de la destrucción. Y, ¿por qué no un monte excepcionalmente pintoresco, con sus tocas de nieve, sus bosques seculares, su fauna nacional y sus valles paradisíacos, no han de declararse parque nacional para salvarlo de la ruina? ¿No hay santuarios para el arte? ¿Por qué no ha de haber santuarios para la naturaleza? Nosotros no defendemos sólo un santuario para la naturaleza, defendemos también un núcleo claro y concreto que apuesta por el desarrollo de los ciudadanos, por un desarrollo sostenible y compatible con la protección de la naturaleza.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, no contestaré a los argumentos «ad hominem» que no son argumentos políticos, sino que --digamos-- son planetamientos que lo único que demuestran son la debilidad de la argumentación política de cuanto he planteado hasta el momento. (Rumores.) Lo que sí puedo decir --y esto no es «ad hominem», sino al conjunto, al valle y a la montaña-- es que la izquierda no puede dar lecciones al centro-derecha, en ningún lugar del mundo, de ecología. Esto me parece que es un elemento absolutamente claro. (Protestas.--Un señor Diputado: ¡Pero qué barbaridad!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio! Continúe, señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Cuesta, unidad de gestión, espacio integrado, etcétera. Según este argumento, al haber un espacio natural, se requiere una unidad de gestión. ¿Por qué no lo aplican ustedes a los Montes de Toledo, y en vez de hacer el Parque Nacional de Cabañeros en 40.000 hectáreas lo amplían a 150.000 o a 200.000? ¿Por qué no aplican unidad de gestión al conjunto de los Pirineos? ¿Por qué no hay unidad de gestión en los Alpes? Sencillamente, porque sóloes una argucia para planificar e intervenir. Simplemente por eso, no tiene ninguna consistencia.
En Donaña hay unidad de gestión, y así está Doñana. Hay unidad de gestión en Daimiel, y así está Daimiel. Aquí tenemos al Ministro de Agricultura, que está tan contento y tiene a sus órdenes un Instituto para la Conservación de la Naturaleza que más podría llamarse instituto para la destrucción de la naturaleza. (Protestas.) El doctor Javier Castroviejo, que no creo que tenga ninguna dimensión de radical, ni de derecha elitista aristrocrática, en un informe sobre el Parque Nacional de Doñana, señalaba los costes de los planteamientos burocráticos del Icona y su incapacidad de gestión. En la página 75 de este informe se señala que es un espacio donde no viven personas, sino sólo en los aledaños, y dice lo siguiente: El rechazo y la crispación social que exiten entre el parque nacional y su entorno es ya preocupante. En buena medida, parece obedecer a la gestión llevada a cabo por el actual equipo responsable de Doñana y los que lo apoyan. El concepto que tienen del parque, la imagen que proyectan del mismo, su diaria interpretación de las normas o el espíritu de las elaboradas por ellos no sólo contribuyen a enrarecer la situación, sino que dificultan una administración racional y abierta del área protegida.
Es una opinión bien cualificada. Por lo demás, quiero decirles que no hay nada parecido a este proyecto en la geografía europea. Es absolutamente erróneo decir que hay proyectos similares a éstos en Europa.
Oposición de los vecinos, señor Cuesta. Me imagino que a usted le habrá llegado el manifiesto firmado por ocho de los diez alcaldes afectados: el de Amieva; de Cabrales, de Panes, de Camaleño, de Potes, de Cillórigo, de Riaño, de Prioro, de Burón, de Boca de Huérgano,

Página 6813


de Posada de Valdeón, etcétera, se manifiestan, en un texto del 1 de febrero de 1993, que dice así. Punto primero: Una oposición frontal a la creación del parque nacional, ya que es totalmente incompatible con los medios de vida de los habitantes de la zona de los Picos de Europa. Por si esto fuera poco, los grupos parlamentarios hemos recibido aquí casi 7.000 firmas. La izquierda está muy acostumbrada a recabar firmas y montar campañas de propaganda.
Cuando espontáneamente los vecinos afectados las mandan a los grupos resulta que no existen, que son 1.400. Señor García Fonseca, yo tengo 7.000 firmas, no sé si le han llegado a usted; será porque se ven afectados. Con lo aficionados que son ustedes a las firmas, ¿por qué no hacen caso de las firmas de los que van a padecer los cinco planes que ustedes han diseñado? Dos de los tres gobiernos regionales se oponen a este parque ¡Cuidado que se empeñan! Van ustedes contra la gente, contra los municipios, contra los gobiernos regionales. ¡Y dale! Insisten en la conveniencia de este planteamiento.
Estamos en una situación en la que me atengo a lo dicho: rechazo, expulsión y una figura que no es la adecuada. La adecuada es parque natural, porque respeta el equilibrio entre la naturaleza y los afectados.
Lamento que el Grupo Socialista tenga que aproximarse a la otra galaxia para sacar este proyecto de ley adelante. Es su responsabilidad, pero sepan que existe ese rechazo. Aquí no vamos a dar, por supuesto, lecciones de democracia a nadie.
Ese es un tema superado a partir del año 1978, pero yo les hago el siguiente planteamiento, señores del Grupo Socialista, aunque ya sé que con la montaña es más difícil entenderse: esperen ustedes a mayo; vamos a ver qué votan los diez municipios. Yo me comprometo a que si en los diez municipios ustedes en su programa electoral consiguen que haya un entusiasmo de los afectados hacia esta Plan Nacional de Picos de Europa, nosotros nos avendríamos a una modificación de nuestro planteamiento. ¿Están ustedes dispuestos a hacer lo mismo? ¿No son tan demócratas? En esta situación nos encontramos, en la que es evidente el rechazo y el error que ustedes han cometido. Estamos ante la fatal arrogancia planificadora de la montaña, sobre todo, que ha arrastrado al valle en esta dirección. de mano del Ministro de Agricultura y de esos dos grupos parlamentarios, la izquierda va a cometer un desaguisado con los habitantes de aquella zona.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor García Fonseca, para un turno de réplica.


El señor GARCIA FONSECA: Brevemente, señor Presidente.
Reconozco que en esta ocasión el señor Gortázar ha hecho un esfuerzo por adoptar un tono más sensato, lo que pasa es que se ve que, por más esfuerzo que haga, no es capaz. (Rumores.) El señor Gortázar --algo hemos conseguido-- ahora se definía...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca, es un turno de réplica sobre el contenido y no de alusiones.
Le hago esa pequeña advertencia.


El señor GARCIA FONSECA: Le agradezco, señor Presidente, su recomendación, porque además es verdad. Me había hecho el propósito en otras ocasiones de no contestarle al señor Gortázar, no merece la pena. En esta ocasión, ateniéndome a su ruego, lo voy a hacer así.
Simplemente quiero decir, en relación con el fondo del problema, con lo sustantivo de la ley, que insistimos en que, no siendo la mejor de las posibles, esta ley cumple sustancialmente los objetivos fundamentales que al menos mi Grupo considera necesarios para su aprobación. Es una ley que gestiona de forma unificada un espacio único, es una ley que gestiona de forma participada un espacio que pertenece a varias comunidades. Es hasta tal punto participada que en esa gestiónentra la Administración central, las administraciones autonómicas, los ayuntamientos y los propios afectados, tanto comunidades de vecinos, de propietarios, de pastores, como asociaciones profesionales y asociaciones defensoras del medio ambiente. Es una ley absolutamente participada que, además, puede marcar una pauta para la gestión en el futuro de otros parques que ya existen, modificando su actual planteamiento, o que puedan venir. Al mismo tiempo, es una ley que apuesta decididamente por el futuro de los vecinos de esta zona. Estoy absolutamente convencido de que el problema que se va a presentar va a ser con municipios circundantes a aquéllos en cuyo espacio está situado el parque nacional, cuando así se declare; todos van a querer participar, de una u otra forma, de las ventajas que les va a suponer, tanto para su desarrollo económico cuanto para su idiosincrasia, para el propio bienestar, en el sentido más amplio, profundo y antropológico del término, de los habitantes de los municipios que se encuentran dentro de este futuro, y esperemos que muy próximo, parque nacional.
Por eso, Izquierda Unida no tiene ninguna duda. En función del interés de los vecinos, en función del interés de los pastores, en función del interés de los artesanos, no en función del interés de los especuladores, no en función del interés de poderes económicos foráneos que pretenden enriquecerse destruyendo lo de hoy y el futuro de los demás, porque a otros campos irían a destruir; en función de todo eso, señor Presidente, mi

Página 6814


Grupo hoy no tiene dudas para apoyar claramente este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca.
Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, humildemente, yo no pretendía dar lecciones de ecología al señor Gortázar, pero sí estoy en condiciones de recibirlas y hoy hemos recibido una magistral lección de lo que es el modelo ecológico y especulativo del señor Hormaechea, que es la postura que ha defendido en esta Cámara el Partido Popular.
Nos ha citado una serie de manifiestos respecto de los que ha existido la adhesión --dice-- de los alcaldes afectados. De la lista que he oído, me he encontrado con mucho ayuntamiento que nada tiene que ver con los municipios que se ven afectados por esta ley. Se han citado ayuntamientos de Castilla y León, que no forman parte de este proyecto de ley. Repásese el anexo II del proyecto, porque cuando la ley menciona la Comunidad de Castilla y León se refiere a que sólo se ven afectados los ayuntamientos de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. A lo mejor era una adhesión inquebrantable distinta de las que puede preconizar el Partido Popular en su política ecológica.
En todo caso, la posición de los alcaldes no es representativa de la voluntad de los ciudadanos en este tema, y se lo demostraré con un dato. Antes hablábamos del alcalde del Ayuntamiento de Cabrales. También tengo aquí certificación del acuerdo del Ayuntamiento de Cabrales, en la que se opone a una moción del alcalde del Partido Popular, a través de la cual el Partido Popular pretendía que el Ayuntamiento se posicionase en contra del parque nacional. Tengo el acta del ayuntamiento.
Ya hemos hablado de eso. Se lo exhibí al propioalcalde cuando compareció ante la Comisión y adveró la documentación que le estaba mostrando. Es decir, no siempre el alcalde refleja la posición del ayuntamiento, y no siempre la posición del ayuntamiento en este tema refleja la posición de los colectivos, de los vecinos o de los ciudadanos en el compromiso de protección y de conservación de una zona tan necesaria como ésta.
Yo, en cambio, sí hablo con algunos datos más precisos. No quiero decir que en las elecciones municipales el voto que se emita sea un voto en función del parque nacional. Las elecciones municipales valoran otras cuestiones, otros problemas, otros temas de gestión, otras concepciones; no pueden convertirse en un referéndum. El que las convirtió en un referéndum, con motivo de las elecciones europeas, en el Concejo de Cabrales fue el alcalde que dijo: «Votar socialista en las europeas es votar Parque Nacional de los Picos de Europa». Y los ciudadanos de allí votaron Parque Nacional de los Picos de Europa porque secundaron la política de los socialistas en materia de protección del medio ambiente.
Otro dato, para ilustrar a la Cámara. Una de las enmiendas que se incorpora al proyecto de ley en el trámite de Ponencia fue la ampliación, en el caso asturiano, del número de ayuntamientos afectados. ¿Saben por qué? Porque una serie de ayuntamientos, por acuerdo plenario mayoritario, pidieron estar dentro del parque nacional, por ejemplo Peñamellera Baja, habiendo prosperado esa enmienda que partía de una petición expresa de uno de los ayuntamientos afectados. Digo esto para que vayamos analizando qué datos, qué certificaciones, qué acuerdos y qué documentos manejan unos a la hora de apoyar sus argumentos.
Estamos ante una unidad natural que afecta a varias comunidades autónomas, y la propia jurisprudencia constitucional residencia en la Administración central y en la figura del parque nacional la posibilidad de garantizar la unidad de gestión cuando el espacio afectado rebasa el ámbito de una comunidad autónoma.
No puedo aceptar, señor Gortázar, el planteamiento envenenado que me hace de que aplacemos esta ley, una ley que lleva más de dos años de tramitación, no sólo en la Cámara sino también a través del diálogo con las comunidades y los ayuntamientos afectados, que ha pasado por trámites de información pública, que es un modelo de ley dialogada y explicada en todos los confines territoriales que se ven afectados por la misma. No puedo aceptar el endiablado planteamiento que nos hace, porque lo que usted está preconizado es que bloqueemos la situación asturiana para que se consoliden determinados atropellos urbanísticos que en estos momentos --y le ponía el ejemplo de la venta de terrenos comunales en el área de Santander-- se están planificando desde la comunidad cántabra. Pero es que, además, no le puedo aceptar ese planteamiento endiablado por otra razón fundamental, porque no estoy dispuesto a llegar, en las elecciones de mayo, a Arenas de Cabrales, a Cangas de Onís, o al resto de ayuntamientos que se ven afectados, y que los ciudadanos me recuerden: usted ha incumplido el programa electoral regional en materia de parque nacional en mi zona, usted está incumpliendo su programa electoral en materia de protección de espacios naturales y de conservación de la naturaleza que ofertaron a los ciudadanos para ampliar la red estatal de parques nacionales con motivo de las elecciones de junio de 1993. Yo no puedo aceptar un planteamiento tan perverso como el que usted me hace que consiste en que bloquee lo que son compromisos e iniciativas electorales programáticas e ideológicas de mi Grupo Parlamentario y de mi Partido.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, termine, por favor.


Página 6815


El señor CUESTA MARTINEZ: Finalizo, señor Presidente.
Quiero dejar muy claro que el Parque Nacional de los Picos de Europa es algo que favorece y es de gran interés para Asturias, Cantabria y Castilla y León, que establece un marco de protección de la máxima relevancia y que supone un reconocimiento internacional de esta unidad de extraordinario valor natural porque se asegura la coordinación de políticas territoriales y de explotación equilibrada de los recursos desde las tres comunidades autónomas, impidiendo excesos que se venían cometiendo y que se estaban planificando. Porque la declaración de parque nacional supone un importantísimo compromiso del Estado, y también de Europa, con los vecinos en materia de recursos en la ayuda al desarrollo de esos vecinos, de esos ciudadanos, en la perspectiva de conservación de los Picos de Europa. Y porque el proyecto supone, en su conjunto, señor Presidente, señorías, una garantía para la conservación de los Picos de Europa, el disfrute de este espacio privilegiado, a la vez que un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, de todas las ciudadanas y ciudadanos afectados por el mismo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.-- El señor Gortázar Echeverría pide la palabra.--Rumores.) ¡Silencio, por favor, señorías! ¿En base a qué solicita este turno?

El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Por alusiones, señor Presidente.
He pasado de aristócrata a diablo. (Rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: Lo ha reconocido.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha habido alusiones en esta intervención.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Simó.


El señor SIMO I BURGUES: Señor Presidente, señorías, la posición de nuestro Grupo Parlamentario, contraria al proyecto de ley que nos ocupa, es bien conocida. Fue expresada en el debate de totalidad y en los trámites subsiguientes, aunque hoy queremos decir que el mantenimiento de nuestra posición se sitúa al margen de un debate que ha superado los márgenes de la defensa del hecho en sí mismo, en el que no tenemos ninguna intención de participar. Ya en un primer momento dijimos que, en nuestra opinión, el proyecto planteaba conflictos competenciales, y ahora nos ceñimos a ellos. Siempre hemos estado en contra de establecer mecanismos de control sobre competencias conferidas a las autonomías y, sobre todo, si este control tiene como justificación la desconfianza, y es lo que sucede en este caso con las tres comunidades autónomas afectadas.
También aludimos a la oposición que habían manifestado los ayuntamientos de la zona y sus habitantes. Resulta difícil que una iniciativa ecológica pueda tener resultados positivos, si cuenta con el rechazo de los vecinos de este espacio que se quiere proteger. Pero esta opinión inicial, expresada por la mayoría de comparecientes en representación de las administraciones locales afectadas, se afianzó aún más al conocer los razonamientos de algunos de los comparecientes en la Comisión de Agricultura, y muy especialmente las opiniones aportadas por el profesor García de Enterría, ilustre jurista y gran conocedor de la zona de los Picos de Europa.
Refiriéndose, por ejemplo, al artículo 5.2, precisaba algo que creemos de mucho interés. En este punto 2 se dice que la Administración General del Estado podrá ejercer, en la forma y plazos que establece el artículo 10.3 de la Ley 4/1989, los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones «inter vivos» de bienes y derechos en el interior del parque.
Es cierto que, como nos dijo, éste es un régimen de extinción paulatina de la propiedad privada, lo que se pretende allí es el vacío. Eso va a falsear absolutamente todo el mercado. Eso liquida toda posibilidad de un comercio normal con las propiedades de la zona y, por consiguiente, la congelación con que están amenazados todos estos pueblos es absoluta y no sirve para nada. Va contra el artículo 45 de la Constitución que aquí se invoca, que es el que declara el derecho al medioambiente, y el proyecto de ley no se priva de hacerlo.
Otro artículo más específico de la Constitución es el 130.2, que dice que se dispensará un tratamiento especial para atender la modernización y desarrollo de las zonas de montaña.
Los módulos que utiliza la Unión Europea en este momento también tienen un régimen de protección de zonas de montaña en el que canalizan subvenciones comunitarias importantes. Son subvenciones de desarrollo y de modernización, no de congelación. No se subvenciona para tantear las transmisiones de dominio que allí se realizan y procurar la extinción lenta de aquellas zonas, secularmente muy pobladas.
Por otra parte, del posible conflicto competencial que pueda derivarse de este proyecto de ley no se puede hacer ninguna evaluación previa, ya que sería un poco irresponsable por cuanto es cierto que el conflico tiene base en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que da competencia al Estado en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. Se habla de legislación básica. Y también en ese mismo artículo

Página 6816


149.1.23.ª se habla de legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. ¿La declaración del parque nacional es una legislación básica o es algo más que eso? Ahí es donde puede estar el problema. Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario es muy sensible a que la legislación emanada del Estado pueda invadir competencias que tienenlas comunidades autónomas perfectamente asumidas.
Por todo lo expuesto, nuestro Grupo, como advirtió desde el primer momento de su tramitación, se pronunciará en contra del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):Gracias, señor Simó.
Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a este dictamen de la Comisión. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 179; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, excepto la enmienda número 23, que es objeto de una enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 17; en contra, 283; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la enmienda número 23, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 179; en contra, 119; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda de corrección técnica al apartado número 5 del artículo 9.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 181; en contra, 120; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Popular a la exposición de motivos y al título.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 121; en contra, 180; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al texto articulado del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 176; en contra, 125; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictámen.
Votamos la exposición de motivos y el título, según el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 168; en contra, 133; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO (Número de expediente 121/000049)

El señor PRESIDENTE: Dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Antes de pasar al debate de este punto del orden del día, quiero comunicar a SS.SS. que la votación de conjunto correspondiente al carácter de Ley Orgánica de este proyecto tendrá lugar a la una de la tarde o en el momento posterior en que el curso del debate lo permita. (Rumores. Numerosos señores Diputados abandonan el hemiciclo.) Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior. (Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Ministro.


Página 6817


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
En octubre del año 1993, con ocasión de la primera comparecencia que tuve el honor de realizar ante la Comisión de Justicia e Interior, expuse, como grandes objetivos del por entonces Ministerio de Justicia, la mayor efectividad del sistema jurídico y la mayor eficacia de la acción de la justicia. Se trataba de ofrecer a los ciudadanos lo que razonablemente tienen derecho a esperar de la justicia: rapidez, resoluciones judiciales que se comprendan e integración activa en la administración de justicia.
La Ley Orgánica 16/1994, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, abrió el camino a las grandes reformas procesales que en este período de sesiones llegarán a esta Cámara. Estas reformas procesales, con la excepción de las normas penales que inciden en el régimen de derechos y libertades, se sitúan más en el ámbito de la eficacia de la justicia, del servicio a los ciudadanos, que en el ámbito de la participación, de la integración de la ciudadanía con y en la justicia.
El proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado tiene por contra, como eje central, la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la justicia penal.
La reinstauración del Jurado ha despertado un apoyo mayoritario, abrumadoramente mayoritario, entre los ciudadanos, pero, al propio tiempo --y así hay que reconocerlo--, ha suscitado, en algunos sectores de las profesiones jurídicas, un cierto grado de reticencia, cuando no, en algún caso, de crítica abierta. En mi opinión, más que una contradicción, ambas reacciones expresan la doble cara de una misma realidad: restaurar el jurado en España constituye, a la vez, una oferta ilusionante de ampliación del estatuto de ciudadanía; de hecho supone reconocer la mayoría de edad judicial de las ciudadanas y ciudadanos de este país, pero, al propio tiempo, supone también un reto de responsabilidad y de cambio para los profesionales del foro. El éxito del Jurado va a depender, en última instancia, de que ambos factores se impliquen en un mismo compromiso; el compromiso, en suma, de convertir una regulación jurídica, en buena parte novedosa, en otra cosa diferente y más importante: en una auténtica institución social que llegue a echar raíces, no sólo en nuestra cultura jurídica, sino, sobre todo, en nuestra cultura cívica.
Estamos, por otro lado, en el terreno de lo que Von Ihering llamaría la lucha por el derecho, en que, en realidad, todas las críticas tienen cabida, excepto, en opinión del Gobierno, aquellas que pretenden el incumplimiento, por omisión, de un mandato de la Constitución, enriquecedor del estatuto de la ciudadanía que, además, constituye una pieza decisiva para la reforma en profundidad del conjunto de la administración de justicia.
El artículo 125 de la Constitución confiere inequívocamente a los ciudadanos el derecho a participar en la administración de justicia, y, a su vez, el desarrollo de la institución del jurado cierra el modelo básico de administración de justicia diseñado por la constitución y por la Ley orgánica del Poder Judicial. Ambas constataciones explican sobradamente que, cumplidos ya 16 años de vigencia del mandato constitucional, esta misma Cámara, con ocasión del debate del estado de la Nación celebrado en abril de 1994, acordara que constituía una prioridad legislativa la tramitación de este proyecto de Ley del Tribunal del Jurado. El significado de esta iniciativa legislativa implica, a partir seguramente de la necesidad de distinguir entre la institución misma del jurado, recreada por el artículo 125 de la Constitución, el tribunal del jurado, diseñado en sus líneas generales por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el juicio por jurado, que sería el que, en suma, regularía «ex novo» el proyecto de ley.
La institución del jurado guarda en España, y es evidente, un aire evocativo de indiscutible raigambre liberal. Han sido las Constituciones de los períodos escasos de libertad y de reforma de la sociedad española las que han acogido la institución del jurado. La Constitución de Cádiz de 1812, las Constituciones de 1837 y 1869 y ya, en el presente siglo, la Constitución de 1931 y la Constitución de 1978. Por contra, la supresión del jurado se produce durante los regímenes absolutistas, primero por Fernando VII, con la suspensión del régimen de garantías constitucionales; después, en 1907, con el Directorio militar de Primo de Rivera, por los decretos de 1920 y 1923, y por la dictadura de Franco, a partir del célebre acuerdo de la Junta de Defensa Nacional de 8 de septiembre de 1936.
El proyecto, sin embargo, mira a las necesidades de la administración de justicia en el siglo XXI, evitando la atractiva tentación de intentar reconstruir la historia de la España del siglo XIX a partir de la virtualidad simbólica de la institución del jurado.
Por encima de concepciones pro o anti juradistas, la institución del jurado que se propone restaurar no debe obedecer a una u otra ideología u opción concreta, sino a la racionalidad evolucionada que recoge el artículo 125 de la Constitución, al conectar la institución del jurado con otros derechos fundamentales, con la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, acogida en el artículo 23.1 de la Constitución, y con el derecho al juez ordinario, predeterminado por el artículo 24.1 del propio texto constitucional. Porque no se trata sólo de cumplir el mandato del artículo 125 de la Constitución; se trata de algo más, de algo mucho más decisivo. Se trata de enlazar la forma de hacer justicia con una cultura de participación ciudadana. Esa es, en opinión del Gobierno, la esencia política de este proyecto; una cultura que ya se destaca en el artículo 1.1 de nuestro máximo texto legal, en el artículo 9.2, que reconoce la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social, y también

Página 6818


en el artículo 23.1 de la Constitución, al declarar que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos.
Entiendo que con la ayuda activa de todos --la ciudadanía, sin duda, y prioritariamente, pero también los profesionales del Derecho--, hay razones para el optimismo. Desde la Constitución del 78 disfrutamos de un marco estable en el que se han superado los viejos movimientos pendulares de la vida social española. Ese marco estable permite profundizar y enraizar la participación de la sociedad en la justicia. El logro de tal objetivo aconseja, al propio tiempo, su implantación gradual, paulatina y abierta a sucesivas mejoras, porque lo evidente es que no nos podemos permitir el fracaso de la institución del jurado; equivaldría a un fracaso de la sociedad española en el camino de la ampliación de sus propias y más ciertas libertades; sería tanto como dar razón a aquellos sectores de la sociedad que, desde la desconfianza, prefieren apostar por la imagen de ciudadanas y ciudadanos necesitados de tutela, de ciudadanas y ciudadanos configurados como menores de edad.
La institución del jurado es una llamada a la participación directa, y ése es esencialmente su contenido. Sería erróneo ver en el jurado una competición con los jueces y magistrados profesionales, una especie de mejor derecho, atribuyéndose una plusvalía derivada de mecanismos de representación ciudadana.
No es necesariamente un tribunal mejor, es otro tribunal, que tiene su habilitación en la Constitución y en la Ley y su virtud en la participación ciudadana.
Tocqueville, en su libro «La democracia en América», hacía una distinción muy clara en las dos vertientes del jurado, como institución judicial y como institución política. Tocqueville no era particularmente partidario del jurado. Decía que incluso la existencia le parecía en alguna medida discutible, porque no mejoraba necesariamente la calidad de la justicia.
El propio Tocqueville, no particularmente entusiasta, por tanto, de la institución del jurado configurada como una institución judicial, decía: «Como institución política, como medio de participación y de integración de los ciudadanos en y con la justicia, como sistema educativo de la sociedad y de valoración de la ley, del imperio de la ley, es simplemente indispensable».
El Gobierno llega más lejos; comparte esta valoración política tan clásica de Tocqueville, pero, además, está completamente convencido de que es una pieza básica para mejorar la calidad en el funcionamiento global de la administración de la justicia.
El tribunal del jurado regulado en este proyecto puede encuadrarse dentro del tipo de jurado puro, puesto que, componiéndose el tribunal de un colegio de nueve jurados, un magistrado, un integrante de la carrera judicial, que sería el presidente, se atribuye al colegio de jurados la función excluyente de emitir el veredicto, deliberando y votando de manera incomunicada y separada respecto del presidente o magistrado, mientras que al magistrado, por su parte, le corresponde, también de manera excluyente, dictar la sentencia e imponer las penas y/o medidas de seguridad que fueren procedentes.
No obstante, más allá de esta caracterización esquemática o primaria, el funcionamiento del tribunal del jurado que contiene el proyecto ofrece de hecho una articulación mucho más compleja de la relación entre los miembros del Colegio de Jurados y los jueces profesionales. Hasta el punto que creo que no es exagerar que llega a configurar un modelo que no coincide con el modelo histórico español, usualmente denominado después modelo anglosajón, cuanto más bien llega a crear un modelo genuino, adaptado a las necesidades genuinamente originales, para ser más preciso: adaptado a las necesidades de la administración de justicia, como antes indicaba, de final de siglo y de principios del que viene.
Singularmente le parece al Gobierno debe retenerse que en el modelo del proyecto va a corresponder al magistrado presidente la competencia de garantizar la totalidad de los derechos constitucionales subjetivos protegidos por el artículo 24 de la Constitución. El tribunal actúa en la fase de juicio oral y en el grado de primera instancia en el ámbito y sede de las audiencias provinciales, salvo el supuesto de aforados, en cuyo caso serían, según los supuestos, el Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo.
Como ya indiqué antes, la propia prudencia en la implantación del tribunal del jurado requiere un ámbito preciso y limitado de los delitos de que debe conocer en una primera fase de su existencia y, a la vez, una posibilidad clara y precisa de ir ampliando su contenido en la misma medida en que la institución se enraíce realmente en la sociedad.
Se ha seleccionado, por otro lado --parece que se va a ampliar a través de diversas enmiendas--, pero el proyecto del Gobierno, en definitiva, mantenía un determinado número de tipos delictivos, acudiendo, sobre todo, a dos criterios: uno, que no tuviera particular complejidad técnica y, otro criterio, que pudiera añadir un plus de legitimación a la actividad de esa forma de ejercer la justicia.
Por lo que respecta a los aspectos procesales, la introducción del tribunal del jurado ha exigido realizar al propio tiempo una serie de reformas procesales que no se refieren única y exclusivamente a la integración del jurado en el conjunto del sistema jurídico español, sino también a las líneas generales que ya expuso el Gobierno a través del Ministro que les habla en octubre de 1993. En definitiva, un proceso que debe basarse en el sistema acusatorio, en el predominio de la fase oral, con una reforzada posición de imparcialidad objetiva del juez y rapidez en las actuaciones.


Página 6819


La viabilidad de esta institución sería muy reducida si nos limitásemos a introducirla directamente en el actual engranaje procesal del ordenamiento jurídico. Por ello hay un cuerpo procesal que configura las que van a ser, por otro lado, las bases de la reforma procesal criminal.
El proyecto de ley se decanta por una instrucción que, desde el momento en que el hecho justiciable y la persona están determinados, obliga a las siguientes cosas: primero, que exista una imputación previa al inicio de la investigación judicial, formulada por alguien ajeno al juez; segundo, que, para que se prosiga la investigación, el órgano judicial efectúe una valoración de la imputación, previo debate entre las parte; tercero, que durante la investigación el juez mantenga una posición netamente diferenciada de las partes, y cuarto, que sea este juez así preservado de una reforzada imparcialidad el que decida la procedencia de la apertura o no del juicio oral.
Para no cansar más a SS.SS. expondré, dentro del conjunto procesal, dos modificaciones que posiblemente han podido llamar más la atención. Me refiero, en primer lugar, al régimen de la prisión provisional que regula el nuevo artículo 504 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Debo exponer que esta reforma aparece ya, como saben SS.SS., incluida en el proyecto de ley remitido inicialmente por el Gobierno a la Cámara en el mes de abril del año pasado. La necesidad de una nueva regulación se fundamenta de nuevo en el principio acusatorio requerido en general para todo tipo de procesos, pero, particularmente, para el juicio de jurados.
Este exige que la decisión del órgano jurisdiccional no venga predeterminada por un juicio adelantado sobre la culpabilidad, de conformidad con la jurisprudencia, por otro lado ya clásica, del Tribunal Constitucional.
La necesidad de extender este procedimiento, condicionando la privación de libertad a la subsistencia de una petición de parte, no es sino una exigencia más para que no se quiebre la confianza en la imparcialidad del juez.
La celebración de una audiencia conforme a principios de contradicción y pluralidad en la que intervengala defensa letrada del detenido constituye una garantía, por otro lado generalizada en el derecho comparado; por ejemplo, en Francia, Italia o Alemania.
Finalmente, resultaría una quiebra no razonable al principio de igualdad jurídica el establecimiento de un procedimiento distinto para determinar la prisión provisional únicamente en función de que el juicio fuere o no celebrado ante el Tribunal del Jurado.
El segundo extremo que quizás merezca ser destacado es el régimen de recursos de las resoluciones adoptadas por el Tribunal del Jurado, respecto a las cuales, como SS.SS. saben, se establece un nuevo recurso de apelación.
La necesidad de la doble instancia es prácticamente consustancial a todos los programas del jurado desde la vieja Ley del 88, que hablaba de un recurso que se llamaba, por cierto, «recurso de revista». El recurso de apelación que propone el proyecto se circunscribe a aquellas cuestiones cuya decisión venga atribuida precisamente al juez técnico, esto es, las eventuales indefensiones derivadas de infracciones de normas procesales; las infracciones que puedan observarse en la calificación jurídica de los hechos, respecto de la cual la decisión del presidente precondiciona el objeto del veredicto del jurado; la determinación de la pena y la responsabilidad civil, así como las decisiones sobre disolución del jurado.
Todas, pues, son cuestiones en las que la decisión se adopta por el magistrado y cuya revocación, por tanto, a través de la segunda instancia nunca implicaría desautorización de la decisión del jurado.
Por otro lado, nuestra Constitución, con elogiable sensibilidad ante la configuración del Estado autonómico, ha instaurado los tribunales superiores de justicia como culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de las respectivas comunidades autónomas. Por ello, la atribución del conocimiento de esta segunda instancia, en el supuesto de juicio por jurado, a las salas de lo penal de los tribunales superiores de justicia nos parece no sólo la respuesta orgánica adecuada, sino también la respuesta del modelo constitucional.
Finalizo esta intervención expresando a SS.SS. la singularidad de un sistema de jurado que recoge los aspectos positivos de las instituciones anglosajonas y latinas en la participación activa y directa de los ciudadanos en la administración de justicia. Constituye un modelo, decía antes, genuinamente original. Se trata de un proyecto de ley prudente y ajustado a la realidad, de un texto que está enmarcando y forma parte de las grandes reformas procesales que, con la necesaria y esperada colaboración de SS.SS., deben proporcionar esa justicia eficaz, efectiva y participada por los ciudadanos a que todos aspiramos.
Me permitirán que termine diciendo que no deja de ser una gozosa paradoja democrática que precisamenteun 23 de febrero, aniversario del episodio más dramático y triste de la democracia española, esté el Congreso de los Diputados discutiendo precisamente sobre un tema como la ley del jurado, que políticamente significa lo más opuesto a ese nefando día: la afirmación rotunda de la voluntad política de profundizar en nuestros ideales democráticos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor López Garrido tiene la palabra.


Página 6820


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, el jurado ha sido siempre en nuestro país una reivindicación progresista. El Ministro de Justicia e Interior hacía un excurso por la historia constitucional española y ciertamente que el jurado ha podido sobrevivir en épocas de libertad y, sin embargo, ha desaparecido en épocas de no libertad.
En nuestro siglo es sabido que la Ley, la vieja Ley de 1888 del Jurado fue derogada, desapareció, por tanto, el jurado en las dos dictaduras que hemos sufrido los españoles en este siglo: la dictadura de Primo de Rivera y una dictadura aún mucho peor, la dictadura franquista. Así que por razones históricas, aunque sólo sea por eso, el jurado siempre ha sido una reivindicación progresista. Y, naturalmente, por razones constitucionales. Nuestra Constitución establece el jurado como forma de participación de los ciudadanos en la Administración de la justicia, y, sin embargo, hasta hoy, y hace ya bastantes años que tenemos una Constitución democrática en España, no ha habido un proyecto de ley, una tramitación de una ley del jurado.
Incluso se ha vulnerado la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que establecía que en el plazo de un año viniese a la Cámara un proyecto de ley de jurado; no ha sido así. También es una reivindicación progresista por razones políticas, porque, sin duda, el jurado es una forma muy importante de participación en la vida pública de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Nuestra Constitución, no hay que olvidarlo, no es precisamente entusiasta de democracias directas. En el momento en que se hizo esta Constitución hubo una cierta reticencia a la democracia directa; hay dificultades, por ejemplo, para la iniciativa legislativa popular. Por tanto, en ese contexto es más importante aún el que se desarrollase una iniciativa como la del jurado.
Por eso, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --fuerza progresista-- ha tenido siempre en su programa electoral que el jurado se regulase en nuestro país. Así que este proyecto de ley es una buena iniciativa; la hemos saludado como una buena iniciativa que ha sufrido una serie de modificaciones, más bien técnicas, en la Ponencia y en la Comisión, y que ha mejorado al introducir bastantes enmiendas de mi Grupo y de otros.
Sin embargo, nos parece que el proyecto, en este momento, en este trámite procesal, en este instante, adolece todavía de insuficiencias que nos parecen muy significativas, y que incluso van contra la propia esencia de lo que es el sentido de esta iniciativa política del jurado. Por tanto, nosotros tenemos que defender aquí una serie de enmiendas, de propuestas que consideramos esenciales para que salga un buen proyecto de ley del jurado, que cumpla los objetivos que ha señalado anteriormente el Ministro de Justicia e Interior.
Pero permítanme que sitúe en un determinado contexto procesal el tema del jurado, para entender mejor la posición de nuestro Grupo al defender estos puntos que consideramos fundamentales para su introducción en este proyecto de ley en la sesión de hoy.
No olvidemos que el proceso penal es mucho más importante dentro del ámbito penal que lo que puede ser el proceso civil en el ámbito civil, puesto que hay toda una vida en el mundo del Derecho civil aparte del procedimiento que se desarrolla todos los días, por ejemplo, la vía contractual, y, sin embargo, en el ámbito del Derecho penal no hay otra fórmula que desembocar en un proceso; es la única terminación de las iniciativas, de los problemas que pueda haber en el ámbito del Derecho penal. De ahí la importancia de este proceso, de ahí el carácter no solamente secundario, adjetivo, sino un carácter sustantivo del proceso penal. Es muy importante, por tanto, la concepción que se tenga de este proceso. En este momento, y desde hace muchos años, tenemos un proceso penal que no corresponde exactamente al espíritu constitucional. Es sabido que tenemos una fase de instrucción muy inquisitiva, en el sentido napoleónico, y, sin embargo, tenemos una fase de juicio oral que es, naturalmente, mucho más acusatoria. Pero en la fase previa, en la fase inquisitiva, en la fase de instrucción, hay una situación que no se adecúa absolutamente, no digo que sea inconstitucional, pero que no se adecúa absolutamente al espíritu constitucional. Es una fase en la que el juez tiene un predominio absoluto --en esa fase de instrucción--, en donde puede tomar una serie de medidas por su única opinión y en función de las necesidades de la investigación y en la que, por tanto, el sumario, ese conjunto de papeles que normalmente tiene un carácter secreto, opaco, ausente de la relación con la opinión pública, tiene un peso muy considerable, un peso que se va a proyectar después en el juicio oral.
Eso es lo que hace que, en muchas ocasiones, en este juicio oral los jueces técnicos tengan la tentación --que se produce muy a menudo-- de dar por reproducidos aspectos que están en el sumario y, sin embargo, amparados en la jerga judicial, no aparezca en ese juicio oral, que tiene que ser transparente, todo lo que sería necesario: el conjunto de pruebas.
Naturalmente, esto tendría que ponerse patas arriba con la entrada de la institución del jurado.
El jurado es un elemento que subvierte este concepto de proceso penal, porque no tiene ningún sentido un proceso ante el jurado que no tenga un carácter del predominio del plenario sobre el sumario, del predominio de la oralidad, del predominio de la publicidad, del predominio de la concentración, de la inmediatividad, de la libre apreciación de la prueba, todo en un mismo acto ante un jurado que no tiene que tener ningún prejuicio, que no tiene que tener una posición reconcebida respecto de lo que va a haber --se han expulsado incluso de ese jurado a personas que puedan tener conocimientos jurídicos-- y, por tanto, todo tiene que desarrollarse transparentemente, absolutamente todo, ante

Página 6821


ese jurado. Eso, sin duda, tiene que influir en el procedimiento previo. Es una cierta contradicción introducir el jurado y, sin embargo, mantener una fase de instrucción de características inquisitoriales.
Por eso, nosotros entendemos, efectivamente, que la entrada del jurado en nuestro ordenamiento significa que hay que cambiar el procedimiento penal. Es fundamental cambiar el conjunto del procedimiento penal, entre otras cosas porque cambia también la posición de los agentes estatales que ahí están y las partes. El propio Ministerio Fiscal, lógicamente, adquiere un predominio que antes no tenía y el juez aparece en una situación arbitral mucho más acusada.
Dice el Tribunal Constitucional (y me parece que es procedente traer aquí la sentencia 54/1985), cuando se refiere al procedimiento acusatorio, que es una exigencia derivada de la Constitución --por tanto, es una toma de posición muy clara-- separar, por regla general, la función de juzgar de la de acusar para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del juez, evitando que actúe como parte en el proceso contradictorio frente al acusado cuando debe ser un órgano imparcial que ha de situarse por encima de las partes acusadoras e imputadas para decidir justamente la controversia determinada por sus pretensiones en relación con la culpabilidad o inocencia.
Por tanto, es claro que nuestra Constitución predica un procedimiento acusatorio, que, sin embargo, no se da del todo en estos momentos en nuestro ordenamiento, porque en la fase de instrucción sin duda que no hay un procedimiento acusatorio, sino que tienen elementos inquisitivos muy significados.
Por eso es por lo que nosotros consideramos, a la vista de esa situación, que el proyecto de ley adolece de insuficiencias que hay que remediar. Nosotros vamos a prescindir en este trámite de otras enmiendas y vamos a concentrarnos en las que someteremos a votación, esperando que haya una acogida por parte de los grupos parlamentarios, porque nos parece que es lo que permitiría hacer verdaderamente coherente este proyecto de ley y hacerlo adecuado a lo que significa como elemento claramente revolucionario --y habría que decirlo así en nuestro ordenamiento procesal-- la entrada del jurado.
Nosotros entendemos, para empezar, que hay que ampliar el ámbito del jurado; que el jurado no puede nacer con un carácter limitado, con un carácter tímido, como pidiendo perdón para entrar en la práctica procesal, sino que el jurado tiene que tener una pretensión y un horizonte de amplitud sin complejos. Por tanto, nosotros proponemos, en nuestra enmienda número 121 y en la 161, una amplitud mayor del ámbito del jurado, es decir, que llegue al enjuiciamiento de otros delitos como es el caso de los delitos contra la libertad, o el caso de los delitos contra la intimidad y el domicilio, o la omisión del deber de socorro o la libertad sexual, o los delitos relativos a la protección de los recursos naturales y de la vida silvestre, que ya están de alguna forma también introducidos en el proyecto.
En segundo lugar --y esto ha sido objeto de un debate muy detenido en la Comisión--, hay que precisar exactamente cuál es la posición del jurado en relación con la posición del juez, porque el jurado no puede llegar hasta entrar en la «iurisdictio», en decir el Derecho. La posición del jurado tiene que ser la de decir el hecho, establecer la culpabilidad o inculpabilidad sobre el hecho delictivo, pero no sobre el Derecho, no sobre su entrada, su adecuación a un determinado precepto del Código Penal. Esto no lo hace el proyecto de ley, y es un aspecto muy importante, cuando dice que el jurado dictará culpabilidad o inculpabilidad sobre el delito. Esta es una función que solamente puede hacer el juez técnico. El jurado tiene que tomar una decisión en su veredicto sobre el hecho delictivo, no sobre el Derecho. Por eso es por lo que las enmiendas 125, 155, 158 y 159, de nuestro Grupo, mantienen la necesidad de cambiar la expresión «delito» por la expresión «hecho delictivo» o «hecho justiciable».
Se ha manifestado que decir la culpabilidad es un elemento jurídico y que, por tanto, eso de que el jurado no entra en el Derecho es muy relativo. Pero si la culpabilidad es un concepto jurídico, habría que llegar a la conclusión de que solamente los entendidos en Derecho podrían ser culpables de conductas. Sin embargo, culpables o inocentes de conductas son todas las personas y no solamente los entendidos en Derecho.
Por tanto, creo que hay que hacer una distinción muy nítida entre la función del jurado, que tiene que valorar un hecho delictivo acotado por el juez, y la función del juez, que, a la vista del veredicto del jurado, tiene que dictar la sentencia, porque la sentencia no es igual que el veredicto.
En tercer lugar, consideramos --y esto engarza con la primera manifestación sobre el procedimiento-- que el procedimiento acusatorio no puede limitarse, en la fase de instrucción, a los delitos del jurado. Entraríamos en una esquizofrenia procesal si a partir de esta ley los delitos del jurado fuesen por un procedimiento acusatorio en la fase de instrucción y el resto de los delitos se juzgase con un procedimiento inquisitivo en la fase de instrucción.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente. Es decir, no tendría sentido que el fiscal y el juez tomasen una posición en delitos de jurado y otra posición distinta en los demás delitos.
Por eso hemos propuesto, en las enmiendas 146, 147 y 162 a 165, que se amplíe el procedimiento acusatorio

Página 6822


a todo el conjunto del proceso penal y que, por tanto, no sean solamente los procesos ante el jurado los que lleven ese procedimiento acusatorio, sino, insisto, que se amplíe el procedimiento acusatorio a todo el conjunto de los procesos penales. Es lo más adecuado a nuestra Constitución y, desde luego, sería el salto jurídico y político decisivo que habría en este proyecto de ley y que supondría, como he dicho anteriormente, una auténtica revolución procesal variando nuestro procedimiento, en el sentido, por cierto, en que lo han ido variando todos los países de nuestro entorno, porque Italia, Francia, Alemania y últimamente Portugal, todas estas naciones han ido claramente en el sentido de ir abandonando el procedimiento inquisitivo e ir a un procedimiento acusatorio.
Es la única forma de poder administrar justicia en el complejo mundo delictivo moderno.
Por último, hay dos aspectos que están en dos enmiendas transaccionales que defendimos en Comisión, que nos parecen fundamentales y que también se inscriben en la filosofía con la que hemos enfocado este proyecto de ley. La primera, la necesidad de suprimir el privilegio procesal del antejuicio.
El antejuicio, saben SS.SS., es un privilegio procesal de los magistrados frente a las querellas que puedan interponerse contra ellos y que permite hacer una especie de pantalla protectora antes de admitir el procedimiento penal contra ese juez. El antejuicio es una figura absolutamente obsoleta, que no cumple ningún sentido. Estamos en un momento en el que hay que ir acabando claramente con todos los privilegios procesales y creemos que hay que acabar con este antejuicio, que fue, por cierto, puesto en cuestión ante el Tribunal Constitucional y que difícilmente superó la prueba ante dicho Tribunal, porque, efectivamente, es una figura que va contra el principio de igualdad ante la ley. Por cierto, quedarían los privilegios procesales de los Diputados y Senadores, que también deben ir recortándose, porque ya no tienen sentido, como tampoco tienen sentido figuras de desacato que parten de la idea de una especie de principio de autoridad trasnochado.
Creo que lo adecuado es ir en esa línea.
Por último, señor Presidente, nuestra propuesta, que es importante y que creemos que debe suscitar una reflexión en los grupos parlamentarios, de que los veredictos del jurado, las sentencias del tribunal del jurado no puedan ser susceptibles de recurso de apelación. No es entendible que se monte toda esta parafernalia del jurado para que después, en una fase posterior, pueda un juez o un tribunal profesional echar abajo lo que el jurado ha señalado en su veredicto. Es decir, echar abajo lo que un conjunto de ciudadanos han decidido que debe decirse sobre la culpabilidad o inculpabilidad respecto de un hecho delictivo.
Sin embargo, el proyecto de ley mantiene un recurso de apelación ante tribunales superiores de justicia respecto de las sentencias de jurado. Creemos que eso debe revisarse.
Nosotros mantenemos que desaparezca esta capacidad de apelación; mantenerla para los autos, pero no para las sentencias, porque no sería lógico que fuese revisable lo que nueve personas han decidido en relación con la culpabilidad o inculpabilidad, en su conciencia, respecto de un hecho delictivo.
Estas son las enmiendas que mantenemos para su debate y votación. Creemos que su aceptación significaría hacer coherente lo que significa entrar el jurado en nuestra vida jurídica, en nuestra vida social, en nuestra cultura cívica.
Este proyecto de ley lo hemos saludado positivamente, pero entendemos debe modificarse en la línea que hemos señalado para llevar a sus últimas consecuencias el sentido transformador que tiene esta iniciativa legislativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular hubiera querido poder apoyar este proyecto de ley orgánica reguladora del tribunal del jurado y creo que, como estamos todavía a tiempo, hemos de decir que el Grupo Popular quiere apoyar este proyecto. Pero como a tarea legislativa se basa en la integración necesaria de voluntades distintas, he de decir que para nosotros bastaría con que se avinieran ustedes a quitar de este proyecto de ley todo lo que no tiene nada que ver con el jurado, que nosotros hemos enmendado (ustedes saben bien que son todas esas previsiones relativas a una reforma precipitada, poco transparente, nada debatida y muy poco prometedora de normas procesales) para que les anunciemos que estaríamos dispuestos, a pesar de que hay muchas cosas que no nos gustan y a pesar de que nos parece un proyecto muy malo, a apoyar esta iniciativa.
Algún indicio de que las cosas pueden ir por buen camino estaría en ese talante literal que ha expuesto el Ministro de Justicia en la intervención en la que ha presentado el proyecto, con la cita de Tocqueville, con la cita de una doctrina histórica del jurado que tiene mucho que ver con lo liberal, señoras y señores Diputados, y muy poco que ver con lo socialista, salvo que lo socialista vaya por un camino de mejora de su propia realidad muy próximo a la cita constante de ese importante socialista que es don Eligio Hernández cuando reitera, una y otra vez, que él es socialista a fuer de liberal, en una frase histórica que ustedes saben que no es suya, pero que él ha actualizado y creo que probablemente

Página 6823


es porque ustedes también están en un período de actualización. Y dicho eso, también hubiéramos querido poder hablar aquí de Derecho y no de política. Pero está claro que no es así, de la presentación del proyecto por parte del Ministro, y está claro también de los anuncios que ayer hacían los ponentes socialistas, los supérstites, porque hay uno que se fue, que no sé si se fue con el progreso o el progreso se quedó con los que están aquí. Lo digo porque ustedes, cuando no saben qué decir, siempre hablan de progreso y, entonces, uno se plantea esas dudas de si los progresos se van o se quedan con los que se marchan o con los que permanecen.
Ayer ustedes ya decían que las enmiendas del Grupo Popular eran un auténtico boicot al jurado, y traían a colación esa especie de «ritornello» que ustedes tienen cuando no saben qué decir. Nosotros hemos querido pactar este proyecto que se refiere a una institución. Yo creo que ustedes ya van teniendo cierta cultura de pacto; su situación en la Cámara les ha llevado a una cierta cultura de pacto. Pero han aprendido a pactar mal, porque lo malo --ya lo decía un proverbio castellano-- sin maestro se aprende. Entonces, han aprendido ustedes a pactar respecto del poder y para el poder, pero todavía no han aprendido ustedes a pactar para las instituciones y a pactar para la reforma y para la mejora de la ley. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!) Siguen ustedes pensando, sin duda, eso de que en política el vencedor es quien tiene razón y, naturalmente, por ese camino no se puede venir aquí a hablar de pacto, ni se puede venir a hacer anuncios de voluntades, de llegar a una ley en la que, efectivamente, pudieran concurrir todos los grupos políticos de la Cámara.
Hemos presentado más enmiendas a este proyecto de ley que ningún grupo. Nosotros hemos presentado 84, de las cuales creo que ustedes han acogido, y no enteras, no más de seis. El Grupo Socialista presentó 56, y prácticamente las han acogido todas. El Grupo Vasco planteó 31, de las que han acogido ustedes bastantes, y el socio de poder hizo veintitantas y lo cierto es que sólo mantine una. Suponemos que, efectivamente, es el que lleva más razón y sabe más de jurado y, por tanto, el que mejora más siempre todo en esta Cámara. Nosotros nos alegramos mucho y estamos en una gran disposición de aprender de esas lecciones importantes.
Sin embargo, resulta que entre los grupos de la Cámara hay coincidencias, incluso en la parte que podríamos decir más técnica del proyecto. En cuanto a reforma procesal encubierta ya le decía yo al Ministro que tenían ustedes preocupaciones anticipadas, porque él ha puesto mucho énfasis hoy en la reforma de la prisión provisional, y ya sabemos que en aquellos meses pasados, cuando se plantea esa reforma (que viene, efectivamente, colgada, como una disposición adicional, de una ley de jurado), determinados acontecimientos no habían sucedido, pero no nos vamos a detener en eso porque creo que no es la cuestión y además no está en la seriedad de este debate perder tiempo con esas cuestiones.
Lo cierto es que nosotros somos los primeros en considerar que es necesaria una reforma procesal, pero ustedes llevan doce años gobernando y han sido incapaces de hacerla. Al señor Ministro creo que le ha traicionado su deseo al hablar de rapidez. En su exposición para la presentación del proyecto ha empezado hablando de rapidez. Señor Ministro, vamos a ser serios, si algo no tiene nada que ver con la rapidez es el jurado. De manera que usted hable de la rapidez, pero en otros momentos, no ahora. Ahora estamos para hablar del jurado, que no es precisamente una norma que tenga que ver con la rapidez.
Para que no sea una autocita, para que no seamos nosotros los que lo decimos, recordaré que en todos los foros jurídicos hay una valoración de la oportunidad del jurado. Nosotros lo teníamos en nuestro programa electoral, he dicho que queremos apoyarlo y no vamos a votar en contra de este proyecto de ley, a pesar de que no nos parece muy bueno, pero quisiéramos -- repito otra vez-- apoyarlo.
Entre los varios textos que he consultado para preparar nuestra postura y nuestor intento de mejora del proyecto de ley me sorprendió ver que un ilustre catedrático de Derecho procesal, de los que suelen concurrir a todos los foros de debate sobre la reforma y la mejora del proceso, y además es uno de los que invitan personas próximas a quienes de alguna manera han preparado este proyecto, hace la presentación del libro y del autor y dice: «La afirmación de que supone el tribunal del jurado un mayor grado de democratización de la Administración de Justicia debe entenderse que lo sería en circunstancias de normalidad, pues ahora vendría a agravar los cuantiosos males existentes y eso me parece que no sería bueno para la democracia, que sólo puede asentarse en un verdadero Estado de Derecho, y es bueno que la Justicia sea democrática, pero antes tiene que ser más rápida y ajustada al ordenamiento jurídico, amén de efectiva, pues de otra manera no es justicia».
Le ha traicionado el subconsciente, señor Ministro, ha hablado usted de rapidez, y una vez más quiere usted confundir. Lleva usted ya dos años como titular de la Cartera y aquí no ha llegado un solo proyecto que pueda servir para agilizar la Administración de Justicia. Este no lo es.
Pero dicho eso, y hecha esa precisión, vamos a seguir hablando de la cuestión y le volvemos a decir que nosotros no estamos de acuerdo, fundamentalmente, con esas previsiones de reforma procesal --vuelvo a decir-- poco claras, poco meditadas, que, sin duda, producirán lo que le rocordaba yo ayer, señor Ministro, y es que el señor Ledesma hacía una valoración, al poco tiempo

Página 6824


de la primera reforma socialista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, diciendo que no había producido efectos positivos.
Las cosas que ustedes traen no suelen producir nunca efectos positivos, y nosotros, naturalmente, a esas cosas no nos queremos sumar. Además, no somos nosotros solos, porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tampoco está de acuerdo en la reforma que ustedes hacen en el proceso, en la fase de instrucción y en la fase intermedia, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque es precipitado, porque no tiene, en realidad, coherencia y porque no es armónico en ese enjarete que, de momento, hay que hacer necesariamente del jurado con el resto del ordenamiento procesal español.
No pretenderán ustedes que el Ministerio Fiscal --hacemos una afirmación pública de respeto y confianza hacia todos los componentes del Ministerio Fiscal--, señor Ministro, bajo los exclusivos y estrictos principios de imparcialidad y de legalidad con que actúa, ese Ministerio Fiscal, sin modificar su estructura, pueda ser el instructor y el que diga cuándo hay que solicitar o no, en un momento determinado, la prisión preventiva o la libertad provisional como medida cautelar en un proceso penal.
Entendemos que, por tanto, ustedes han hecho un uso oportunista y político de este proyecto de ley. Nosotros no nos vamos a detener más en ello. Le repito que no han tenido ustedes intención alguna de pacto y le digo también que habría otros aspectos que nosotros consideramos que debieron mejorarse.
El contenido de un pronunciamiento sobre la culpabilidad en el veredicto nosotros lo hemos enmendado. Estaba mejor en la ley de 1888, porque en esa ley ya se decía, en su artículo 2.º, que los juzgados declararían la culpabilidad o inculpabilidad de los procesados en relación con los hechos. Y se permitía al tribunal de Derecho, en su artículo 112, el devolver el veredicto al tribunal de jurado cuando por unanimidad de los miembros de ese tribunal de Derecho se apreciara en el resultado del juicio, manifiesta duda racional de que la inculpabilidad del procesado declarada por el jurado la hubiera depurado correctamente, o a la inversa, de que la declaración de inculpabilidad tampoco fuera correcta.
También pretendíamos que se admitiera la renuncia al tribunal de jurado, porque lo que queremos es que arraigue la institución, y la mejor manera es que se desenvuelva en un ámbito de libertad. Hemos dicho que nuestras enmiendas tenían el deseo de que se proyectaran sobre este proyecto de ley, como sobre cualquier otra norma jurídica en la que nosotros podamos intervenir, los valores de libertad y de igualdad contenidos en la Constitución. No vengan con esos corifeos de decir que eso es una previsión inconstitucional, porque en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial --que les recomiendo que se vuelvan a leer-- se dice que, a pesar de que hay quienes opinan de esa manera, el Consejo en modo alguno estima que esto tenga una presunción de inconstitucionalidad que le hiciera no acogible en un proyecto de ley. La propia asociación pro-jurado ha sido la que ha promovido esa idea.
Esta posibilidad de renuncia, de opción, está en otros muchos ordenamientos jurídicos en países donde ha arraigado la institución del jurado. Yo creo que ustedes también deben querer que, efectivamente, arraigue aquí, y nosotros volvemos a insistirles sobre esa posibilidad, porque, naturalmente, el jurado es una institución que, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución, es un instrumento a través del cual el pueblo español podrá participar en la Administración de justicia, pero podrá hacerlo en los mismos términos y de la misma manera en que la ley lo señale.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.


El señor PADILLA CARBALLADA: Término, señor Presidente.
Era mucho más clara la previsión del artículo 103 de la Constitución republicana. Decía un ilustre profesor, hombre próximo al socialismo --y tengo aquí el «Diario de Sesiones»-- , en la discusión sobre el jurado, que la Constitución, la Constitución republicana, que no decía «podrá» sino «participará»; lo único que dice es que el pueblo participará en la Administración de justicia por medio de la institución del jurado, pero será la ley la que lo regule; es decir, porque una ley recorte o amplíe, exceptúe o añada, no se ha hecho nada anticonstitucional. Les convendría leerse ese debate del 29 de junio de 1933 porque verán ustedes cómo la fe juradista de los socialistas, por lo menos de los socialistas históricos, no es justamente la que ustedes proclaman ahora.
Quisiera terminar diciéndoles que hay algunas enmiendas de nuestro grupo, la 175, la 192, la 193 y la 240, que nos gustaría volvieran a considerar. Sobre todo, ya que han acogido en parte la que se refiere justamente a la posibilidad de que los jurados puedan invocar o solicitar el amparo del Consejo General del Poder Judicial para preservar su independencia, no lo remitan ustedes, modificando nuestra enmienda, a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, porque o no saben cuáles son las funciones del Consejo General del Poder Judicial o creen que las salas del gobierno de los tribunales superiores de Justicia tienen unas funciones de las que carecen.
Quisiera terminar diciéndoles que, en definitiva, éste es un proyecto de ley en el que se tiene poca confianza en el pronunciamiento del jurado. El señor ministro hablaba de rapidez y va a ser el primer proceso penal español en el que va a haber dos recursos; la sentencia, el recurso de apelación y, después, un recurso de casación.


Página 6825


De manera que o confían muy poco en el pronunciamiento del jurado o no tienen interés en la rapidez.
Aquí, todo el mundo cita a Alonso Martínez, pues vamos a citarle para terminar. Decía en el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia del Estado. Debemos intentar hacer una buena ley del jurado para nuestros ciudadanos, pero entre todos, y el primero quien tiene la responsabilidad de gobernar, debemos intentar velar por una justicia por la que en esta legislatura, señoras y señores diputados, además de palabras, nada más se ha puesto en el intento de arreglarla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir en un único turno, en nombre de mi grupo parlamentario, para defender las pocas enmiendas que quedan vivas.
Mi grupo, en los trámites precedentes, ha tenido bastante más suerte que el Grupo Popular, que manifestabade forma muy enfática su desencanto en este momento. La verdad es que todas o casi todas nuestras enmiendas han tenido la suerte de tener acogida o asentamiento, bien en sus propios términos o, alternativamente, en forma de transacciones que mi grupo ha suscrito no sólo en le Grupo Socialista sino con otros grupos de la Cámara.
Señor Presidente, nosotros sí somos un partido, un grupo parlamentario por proyección, que de forma pugnaz, de forma recurrente, hemos pedido la regulación del jurado. Que yo recuerde en este momento hemos presentado tres proposiciones de ley y dos no de ley; hemos interpelado dos veces a gobiernos socialistas anteriores a éste para que se cumpla el mandato contenido con claridad en el artículo 125 de la Constitución; hemos presentado muchas preguntas donde se pretendía indagar sobre la real voluntad del Gobierno para cumplimentar este mandato constitucional que, reiterada y sistemáticamente era incumplido. Tenemos la impresión de que esta actividad tan recurrente de mi gurpo parlamentario en el ámbito de promoción del jurado sí ha despertado el celo intelectual, cuando menos el celo político del Gobierno, bastante aletargado, señor Presidente, hasta que el señor Belloch asumió la Cartera de Justicia y en este momento también la de Interior.
Sólo por esta razón nos tenemos que felicitar. Además, la ley es globalmente buena. Nosotros hemos hecho una reflexión genérica positiva de la ley, sin perjuicio de que mantenemos ciertas reticencias, ciertas contradicciones --algunas de relevancia que voy a explicar--, pero la ley nos parece buena casi en todos sus términos, señor ministro; nos parece buena sobre todo en aquello que resulta innovador, también en las normas procesales que se innovan. Nos parecen pertinentes las reformas que se acometen en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos parecen pertinentes en general, con algunas excepciones que comentaré a continuación, las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; nos parece muy pertinente --y eso es algo que hemos pedido también en forma de proposición no de ley-- la potenciación de la figura del Fiscal en la fasede instrucción de los procesos, potenciando de la únicamanera que entendemos se puede potenciar el principio acusatorio; nos parecen pertinentes, si bien con algunas matizaciones --y esto ya tiene un componente más crítico, señor ministro--, quizá un tanto subrepticias, quizá un tanto ocultas en el entramado de esas disposiciones finales y transitorias, algunas de las reformas de gran profundidad a las que también se ha referido el señor Padilla, particularmente la contenida en el nuevo artículo 504 bis, número 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la prisión provisional o libertad provisional. Nos parece que no es ésta la ley donde se debe regular esta cuestión, sobre todo cuando está en ciernes --usted mismo lo anunció ayer-- la presentación de la ley donde realmente se debe regular todo lo atinente a la prisión provisional o a la libertad condicional.
En una disposición final primera muy compleja, muy prolija en su configuración incluso literaria, de forma casi subrepticia --perdone que utilice expresiones de esta naturaleza--, incorporar algo de tanto calado procesal y de tanto calado político en este momento por la cotidianeidad de los acontecimientos que rodean la actividad política, que no nos parece pertinente. Nos hubiese gustado que este debate no se hubiera suscitado en esta ley, sino en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, además, es donde desgraciadamente se tiene que volver a reproducir. Sobre la prisión provisional o la libertad provisional vamos a hacer un debate parlamentario político por duplicado ejemplar, lo cual, desde una perspectiva parlamentaria, es algo de difícil comprensión, pero, en fin, estos son los acontecimientos, y como estaba haciendo una reflexión apologética de la ley voy a recuperar ese tono, señor ministro.
En general, nos parecen pertinentes las reformas que se introducen en relación a los nuevos recursos de casación y de súplica, de apelación, con alguna laguna que nosotros apuntamos en nuestras enmiendas, en concreto, la pertinencia del recurso de apelación cuando es la audiencia provincial la que se pronuncia sobre la libertad o prisión condicional, cosa que no contiene el proyecto de ley, si bien se aceptaron algunas enmiendas nuestras en relación con el recurso de queja cuando el Magistrado no asume los requerimientos de usar estos procedimientos (los nuevos que se prevén en este

Página 6826


proyecto de ley), pero, en definitiva, las medidas cautelares y, sobre todo, la mecánica de funcionamiento del jurado, nos parece bien. ¿Dónde nos deja de parecer buena esta ley? Nos deja de parecer buena, e incluso nos parece casi mala, nos parece perturbadora, señor ministro, cuando se regulan las competencias del jurado, fundamentalmente en el artículo 3.º de las competencias del jurado, o por utilizar una expresión mejor: el objeto del veredicto del Jurado.
La exposición de motivos de este proyecto de ley iba a decir que es muy reveladora, pero la verdad es que usa unas expresiones que yo, a pesar de que tengo una gran afición a la filología, a la lexicografía, no he podido traducir. Por ejemplo, cuando utiliza expresiones para determinar qué es lo que debe hacer en materia de hechos el jurado, la exposición de motivos dice que no se puede limitar a una determinación protéica de la accidentalidad de los hechos. La verdad es que es una expresión que no sería malo que, desde una perspectiva filológica, usted nos explicara aquí. Pero yo entiendo lo que quiere decir la exposición de motivos; se entiende muy bien.
Se entiende (en otras expresiones de la exposición de motivos se exponen con más claridad literaria) que a este jurado, que es un jurado lego, donde los profesionales del derecho no pueden tener nunca asentamiento en virtud del régimen de incompatibilidades que con mucha claridad prevé el artículo 10 del mismo proyecto de ley, se le atribuye nada menos que la determinación de la culpabilidad y también, desde una perspectiva dogmática jurídica, de la antijuridicidad de los hechos concurrentes. Esto nos parece muy peligroso, señor ministro. Nos parece que ésta no debe ser la función específica de un jurado lego, de un jurado que no estará nunca constituido por profesionales del derecho, a pesar de esas expresiones de la exposición de motivos diciendo que no hay que considerar los hechos desde una perspectiva reduccionista o desde una perspectiva naturalista y que los hechos no son sólo la valoración o elucubración sobre su concurrencia fáctica, sino que los hechos son relevantes --dice la exposición de motivos expresamente-- en cuanto a su inescindible conexión con las consecuencias jurídicas que de esos hechos se derivan, con su relevancia normativa, y por decirlo mejor, con su relevancia normativa plenaria.
A mí me preocupa mucho que el jurado se tenga que pronunciar nada menos que sobre la configuración de hechos, vinculados inescindiblemente --dice la exposición de motivos-- con las consecuencias jurídico-penales, con su relevancia jurídico- penal, cuando este jurado está constituido por legos, es un jurado puro constituido por legos, que no puede estar nunca constituido por profesionales del derecho, y se le obliga a la determinación de cuestiones de dogmática penal complicadísima, ya no para legos, incluso para profesionales del derecho y también para jueces y magistrados, señor ministro. Esta no puede ser la función de un jurado de legos. Determinaciones de antijuridicidad y de culpabilidad en las que se tienen que resolver cuestiones de la complejidad de las siguientes: grado de participación, concurrencia o no del error vencible o invencible; concurrencia de las circunstancias atenuantes, en su caso de la responsabilidad o concurrencia del dolo o de la imprudencia, en su caso, que en el nuevo Código Penal son las circunstancias que pueden configurar a una figura, a un tipo o a una conducta como delictiva. El grado de participación con análisis de cuestiones de dogmática jurídico-penal tan complejas como la proposición o inducción, como la propia apología, el grado de participación, etcétera, etc. No entendemos que sean competencias propias del jurado y sí, sin embargo, aquellas otras a las que se refieren los artículos 3 y 50 del proyecto de ley, es decir, la determinación del carácter probado o no probado del hecho justiciable. Esta es la función propia, en nuestra opinión, del jurado y esta es la función propia y el objeto del veredicto de un jurado, de un partido que sistemática e históricamente se ha proclamado como juradista y que ha presentado en esta Cámara múltiples iniciativas parlamentarias para cumplir eficientemente el mandato del artículo 125 de la Constitución y, colateralmente, otros mandatos constitucionales que usted ha citado, como son los contenidos en los artículos 23 y 24; es decir, posibilitar la participación de los ciudadanos directamente en los asuntos públicos. Bien decía el señor López Garrido que ésta no es una democracia en la que se articula constitucionalmente de carácter directo (y ésta es una de las pocas excepciones que posibilitan avanzar en esa dirección) o bien el derecho a la tutela judicial efectiva, que también es algo concatenado y directamente atinente a lo que estamos regulando aquí y también el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Desde esa perspectiva, éstas son las mayores renuencias que justifican el mantenimiento, por nuestro grupo parlamentario, de las enmiendas al artículo 3.º, en definitiva de las enmiendas números 3, 5, 13, 16, 23 y todas aquellas que pretenden que el jurado no pueda hacer dos cosas una la determinación de la culpabilidad que, en nuestra opinión, es una determinación de antijuridicidad. El jurado tampoco puede hacer otra cosa, que es la determinación sobre la pertinencia de la remisión condicional de las penas, o de la petición de indulto, que son institutos jurídicos de gran complejidad, en este momento coyunturalmente complicados políticamente, por las circunstancias que, de alguna forma, gravitan inevitablemente sobre las Cámaras, por mor de la situación política, y que tampoco son determinaciones que, en nuestra opinión --y con esto me estoy refiriendo al artículo 50.2 del proyecto de ley-- deba realizar el jurado, sino en todo caso el Magistrado-presidente.


Página 6827


Dicho esto, a mi grupo parlamentario le quedan sólo enmiendas de carácter menor, aunque algunas bien relevantes, en nuestra opinión.
Señor ministro, señor portavoz del Grupo Socialista --igual usted está en condiciones de explicármelo--, cuando se extiende la competencia del jurado al enjuiciamiento de delitos conexos, ¿por qué se exceptúa de esa extensión de la competencia del jurado el enjuiciamiento de delitos conexos con el principal el delito de prevaricación? Me gustaría saber esta especificidad qué fundamento jurídico tiene o qué fundamento político, en su caso, tiene porque en mi opinión es incomprensible. Si se hace una extensión de la competencia del jurado al enjuiciamiento de todos los delitos conexos con el principal, ¿por qué se exceptúa un tipo delictivo específico de esta automática extensión de competencia en materia de enjuiciamiento? Nos gustaría saberlo. También nos gustaría saber cómo se ha incurrido en un error que nosotros creemos muy grave. Se contiene una mención en el artículo 63 del proyecto de ley (me gustaría que escuchara el portavoz del Grupo Socialista esta mención) que nos parece contradictoria con los requerimientos del artículo 24 de la Constitución, posiblemente inconstitucional, cuando se establece que si el jurado no rectifica o no resuelve los defectos en el acta y el acta es objeto de devolución tres veces por el Magistrado- presidente, por no subsanación de dichos defectos, la previsión contenida en el proyecto de ley es que se volverá a rehacer, se disolverá ese jurado y se procederá a la nueva apertura del juicio oral con otro jurado diferente.
Esa nunca puede ser la consecuencia jurídica de un acta que resulta anulada tres veces por deficiencias no subsanadas. En estas circunstancias, la única consecuencia puede ser la absolución del acusado. No hay otra, porque si no estamos incumpliendo gravemente los requerimientos y las garantías procesales que consagra el artículo 24 de la Constitución. Se pierde la inmediación, que es uno de los valores más querido, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento procesal, entre otras cosas, porque en el segundo juicio que se va a celebrar todo el mundo conoce ya las declaraciones de los testigos; todo el mundo conoce las declaraciones de los peritos, y esto priva absolutamente de inmediación a este segundo juicio.
La única consecuencia posible en el supuesto de devolución por tres veces del acta por el Magistrado-presidente, puede ser la absolutación del encausado. Si no, repito, estamos incumpliendo flagrantemente los requerimientos generales del artículo 24 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo ya, señor Presidente.
Tenemos otras enmiendas de diferente naturaleza, que son conocidas y las doy por defendidas en su tenor literal. Por ejemplo, nos gustaría que para evitar influencias espúreas al jurado en una sociedad tan mediática, donde los medios de comunicación son tan capaces de influir en todo lo que condiciona la vida de las personas, y también la vida de los jurados, donde las reacciones muchas veces virulentas e instintivas, cuando se producen delitos brutales, impiden una ponderación reflexiva. Queremos que el Magistrado-presidente, en el escrito que acabado el juicio oral dirige al jurado, advierta con mucha claridad que las únicas pruebas que el jurado puede valorar son las practicadas en el juicio oral o las válidamente practicadas en la fase de instrucción. Esa nos parece una mención absolutamente ineludible.
Hay una última cosa, señor ministro, que tampoco puedo comprender. ¿Por qué al procesado, por qué al acusado respecto al cual se ha autorizado la apertura de un juicio oral se le priva de capacidad para ser jurado? ¿No estamos usted y yo de acuerdo, no lo hemos comentado públicamente así cuando compareció usted para explicar las declaraciones del señor San Cristóbal, que a un procesado no se le puede privar de ningún derecho constitucional? ¿Es que no es éste el sentido del artículo 25.2 de la Constitución, que a los procesados no se les puede privar de ningún derecho constitucional? ¿Es que no prevé expresamente el artículo 25.2 de la Constitución que sólo a los condenados en virtud de sentencia firme se les pueden limitar, o relativizar, sus derechos constitucionales? Luego si todos estamos diciendo --todos menos algunos-- que una instrucción no es una sentencia, que una instrucciones no es una condena; si todo estamos --o casi todos-- proclamando la presunción de inocencia, en estos momentos, ¿por qué a un procesado en este momento se le incapacita para ser jurado? Es una pregunta que dejo en el aire y con esto acabo mis reflexiones.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, creo que hoy es una fecha en la que cualquier demócrata que haya repasado el devenir de los tiempos, las etapas de nuestra historia en que no existía el jurado --infortunadas, tristes etapas de nuestra historia--, y también, por el contrario, los momentos en que existió esta institución, debe sentirse satisfecho por el hecho de que después de tantos años, nada menos que desde 1978 hasta la fecha, por fin, se haya producido la iniciativa de traer a esta Cámara el proyecto de Ley Orgánica de creación del jurado.


Página 6828


Creo que esto es extraordinariamente positivo porque se da un paso más (algunos faltan todavía en otros aspectos puntuales de la Constitución), evidentemente un paso importante, dando cumplimiento al artículo 125 de la Constitución, en cuanto establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de justicia mediante la institución del jurado.
Efectivamente van a poder participar en virtud de la normativa que hoy hace que, a través del debate correspondiente, se dé un paso procedimental muy importante en orden a la implantación de esta institución.
Nosotros creemos que esta ley tiene defectos. Es una ley que tiene una serie de defectos producto de la falibilidad y de los errores de toda obra humana, pero que es perfectible. A Coalición Canaria, que ha escuchado atentamente las intervenciones que han precedido a la que ahora tiene su portavoz, le agradaría que se siguiese reflexionando sobre la normativa que resulte de este debate, y que en el trámite siguiente, en el Senado, se trate de perfeccionar una serie de cuestiones que han puesto de manifiesto algunos portavoces, que merecen una profundización y un sentimiento a reivindicaciones que no son meramente teóricas sino que se sienten en la praxis más elemental.
Con ello, de manera muy concreta, expresamos nuestra profunda preocupación ante el hecho de que puedanproducirse recusos de apelación contra las sentencias que dicte el Tribunal del jurado. El señor López Garrido lo ha expresado anteriormente, y nosotros vemos que mediante esa posible revisión se puede desnaturalizar, en un trámite estrictamente judicial o jurisdiccional en que prevalezca la profesionalidad del tribunal, lo que en definitiva es ese pronunciamiento que nosotros queríamos de una participación que establece la Constitución y que podría hacerse estéril por la vía de esa revisión fáctica. Al fin y al cabo, la apelación es una revisión fáctica y nada tiene que ver con un recurso se casación o similar, que podría establecerse sin producir una distorsión tan grande en lo que es ese pronunciamiento tan importante que nuestro pueblo, a través del jurado, va a tener a partir de la entrada en vigor de esta ley.
El señor ministro ha hecho un esfuerzo no sólo para cumplir el compromiso que en octubre de 1993 contrajo ante la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, sino, de acuerdo con aquel compromiso, para conseguir el máximo consenso en la aprobación de esta ley, un consenso que se ha verificado en momentos previos a la eleboración del proyecto, en el cual nosotros tuvimos oportunidad de participar por esa deferencia que agradecemos evidentemente y, al igual que desde nuestro punto de vista, al margen de que alguna fuerza política pueda sentirse insatisfecha por un porcentaje importante en su enmiendas que no hayan sido estimadas, no presisamente en los trabajos de la Comisión y en la elaboración de este proyecto, nosotros sentimos especiales quejas al respecto.
Por ello, de nuestras enmiendas tan sólo mantenemos vivas, señor Presidente, la 251 y la 263. Creemos que hay una serie de cosas sobre las que, a lo mejor, en el trámite del Senado, que es lo que siempre se suele decir en esta instancia y desde esta tribuna, (y no siempre cumpliéndolo, señor ministro, hay que reconocerlo también, y recientemente hay alguna prueba de ello), es preciso reflexionar.
En el proyecto veo una especie de desconfianza bastante grande al hecho de que pueda impartir justicia la ciudadanía lega, y esa desconfianza se siente incluso en algo que parece meramente anecdótico y no lo es; la reiteración que se ve en el proyecto, que también en su intervención de hoy el señor Ministro incurría en ella, de hablar del Magistrado- presidente. Si hay un artículo, el artículo 4.º, que establece ya que el jurado será presidido por un Magistrado-presidente, esa reiteración al Magistrado-presidente en casi medio centenar de ocasiones (he tenido la paciencia de comprobarlo) demuestra evidentemente una especie de reticencia o desconfianza hacia ese jurado, en cuyas posibilidades de aciertos y de éxitos todos queremos confiar.
Junto a esta preocupación, quiero añadir otra a lo que constituye hoy una enmienda transaccional, que, en otro orden de cosas, ya hemos venido planteando, cuando se establece que también proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado. Nos parece que esta es la extrapolación de un concepto técnico-jurídico a un precepto rigurosamente específico de esta ley, en el que el jurado lo que tiene que proclamar es la culpabilidad o la inocencia, pero no en el sentido de inculpabilidad, porque en definitiva no se va a pronunicar el jurado si al procesado se le declara inculpado por los hechos realizados. Creo que en esto hay que precisar, y conviene no confundirlo con términos que la doctrina técnico-jurídica tiene perfectamente acuñados en el orden penal.
Nos preocupa igualmente --como ha puesto de manifiesto el portavoz de Izquierda Unida-- esa fase previa y creemos que no estaría de más aprovechar la reflexión que se produce en al Senado, en la segunda fase de este procedimiento legislativo, para que esta reflexión no sea meramente terminológica, gramatical, sino que podamos profundizar algo más en esta institución que todos queremos salga adelante con la mayor claridad, exactitud y acierto posibles.
Señor ministro, el artículo 504 bis constituye para nosotros la introducción subrepticia de un precepto que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal y creemos que no es precisamente por la puerta falsa por donde tiene que penetrar. Si creemos conveniente reformar este precepto no es preciso aguardar a la reforma integral y total de la ley adjetiva criminal, sino que incluso

Página 6829


se puede establecer una reforma puntual; pero no nos parece de recibo que se aproveche la ley del jurado para reformar un precepto importante, controvertido y que, además, en los momentos actuales, está, no cabe duda, en candelero. Nosotros hemos visto de muy buen grado esa ampliación del contenido que las posibilidades de conocimiento de determinados delitos tienen el jurado y que hoy se amplía en virtud de una enmienda transaccional, que se ha sometido a la consideración de Coalición Canaria y que estimamos positiva. Precisamente por ello no nos vale el argumento que se nos dio en su día para no incluir los delitos de agresiones graves, por ejemplo, por el cúmulo de trabajo que ello iba a producir. Si se incluyen una serie de delitos, como los cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos --que desgraciadamente cada día son más--, los delitos contra el honor, contra la intimidad del domicilio, contra la libertad y contra el medio ambiente (y nos congratulamos de que el delito contra el medio ambiente se haya incluido porque inicialmente no venía en el proyecto y no cabe duda de que hoy hay una sensibilidad social, afortunadamente importantísima, en orden al bien jurídico del medio ambiente que es necesario proteger al máximo y por esa sensibilidad nos parece oportuno incluirlo), creemos es más que discutible la inclusión de los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sobre todo por lo que respecta a algunos delitos; De ahí que de la completísima intervención del portavoz del Grupo Vasco, que se ha producido en esta tribuna con anterioridad a la mía, no estemos nosotros de acuerdo en la inclusión de la prevaricación, porque la prevaricación no cabe duda que tiene un compomente técnico- jurídico muy importante y no es perfectamente asimilable por un jurado integrado, fundamentalmente, por personas legas en derecho.
Creemos que debe quedar para lo máximo situado en los términos que está situado, y exactamente igual que determinados delitos contra el honor, nos preocupa que puedan ser sometidos al conocimiento por parte del jurado; me refiero, concretamente, a la calumnia. la calumnia en tanto en cuanto es la falsa imputación de un delito, requiere un análisis sobre la tipicidad y sobre la existencia o no de ese delito. Me parece que es mucho más fácil que un jurado se pronuncie, por ejemplo, sobre las injurias porque, al fin y al cabo son expresiones proferidas o ejecutadas en menosprecio de crédito de una persona, aunque se tengan públicamente como afrentosas, pero es mucho más asimilable por los componentes de un jurado, que no un delito de calumnia.
Por ello, señor Presidente, encontrándonos muy de acuerdo en términos generales, no sólo con que haya venido esta iniciativa, que pronto contemos con la institución del jurado y que sea una realidad, sino con su contenido de manera muy elemental, sin embargo, eso sí --sin perjuicio de poner a votación las dos enmiendas a que antes me he referido-- solicitamos que se profundice y se haga un análisis todavía más sereno a propósito de una cantidad de conceptos que se han formulado hoy por distintos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y que, evidentemente, no significan distorsión alguna sino que, por el contrario, me han parecido muy acertados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero manifestar, en primer lugar, la satisfacción que para nosotros supone que nos encontremos hoy debatiendo este proyecto de ley. Somos conscientes --y nos unimos a las palabras de bienvenida del resto de los grupos-- de la importancia que tiene para profundizar en la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida, sobre todo de la faceta pública, como puede ser en la Administración de justicia, como contempla nuestra Constitución. Por ello hoy podemos hacer nuestras las palabras de don Agustín Argüelles cuando hace 175 años se ponía en práctica en España por primera vez la institución del jurado. El célebre político decía que aquella institución no sólo la consideraba provechosa sino absolutamente necesaria.
No voy a referirme a los distintos proyectos ni a las distintas regulaciones constitucionales que ha tenido la institución a lo largo de nuestra historia, porque ya lo ha hecho el señor Ministro. Unicamente citaré a Vigliani cuando decía que el jurado nace con la libertad, crece y prospera con ella, y cuando la libertad muere el jurado perece. Quizás la prueba o el ejemplo más palpable de lo que acabo de decir es el texto del Decreto del 8 de septiembre de 1936, que al suspender la institución del jurado señala que se hace para que los tribunales de derecho restablezcan el imperio de la justicia misma, única e imparcial.
En segundo lugar, nuestra satisfacción tiene que venir expresada, como he dicho antes, por entender que se da un paso cualitativo en la participación de los ciudadanos. Creemos que esto es, nada más y nada menos, que desarrollar en toda su dimensión el concepto de soberanía popular contemplado en nuestra Constitución, porque consideramos la institución del jurado como una consecuencia directa y extrema del dogma de la soberanía popular.
En tercer lugar, nuestra satisfacción --permítame que me refiera a todos mis preopinantes, los portavoces de los distintos grupos-- por el clima de diálogo, de consenso, de cesión que hemos encontrado los ponentes

Página 6830


socialistas desde los trabajos de la Ponencia hasta hoy. Bien es verdad que ese clima ha tenido una excepción. Fruto de esta labor de diálogo es la cantidad de enmiendas que se han aceptado, que se han transigido para cambiar el lugar de artículos, etcétera; y fruto último de ella son las dos enmiendas transaccionales que en nombre de mi Grupo, presento en este momento. Una, a la enmienda 121, de Izquierda Unida, al artículo 1.º, con la ampliación de la competencia a los delitos de omisión de deber de socorro, la intimidad y el domicilio y contra la libertad. Y la otra enmienda, quizás la más importante de esta parte del proyecto, con la que mi Grupo querría ofertar al Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y al Grupo de Izquierda Unida, una redacción alternativa del artículo 5.º inicial, hoy 3.º del proyecto, que para que conste en el «Diario de Sesiones» dice textualmente: También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el magistrado-presidente hubiera admitido acusación.
Creemos que hemos hecho todos un esfuerzo para ello y puede quedar un texto más aceptable para todos los grupos.
Señorías, me van a disculpar los demás grupos que por lo que respecta a las enmiendas hasta el artículo 23 del proyecto vaya deprisa, porque he encontrado en todos los portavoces más concordancias que discusiones, y creo que las dos más importantes hacen referencia a estas dos enmiendas transaccionales que hemos presentado.
Pero queda la excepción: quien nos acusa de no dialogar, de no transigir y de no aceptar nada. Es verdad que, insisto, del artículo 1.º al 23 se habían presentado 95 enmiendas; es verdad que de esas enmiendas sólo quedan 39, y no es menos cierto que 26 de esas 39 corresponden al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, para basar lo que voy a decir hago referencia al «Diario de Sesiones» de la Comisión de Justicia.
¿Por qué no pactamos con el Grupo Parlamentario Popular? Enmienda 167. Se leen textualmente en el «Diario de Sesiones» las siguientes palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular: En parte ya ha sido recogida, pero la mantenemos.
Enmienda número 172. Se dice: No nos termina tampoco de disgustar --vaya términos negativos, no nos termina tampoco de disgustar-- tal como ha quedado el artículo 6, pero por coherencia la mantenemos. El proyecto dice: saber leer y escribir. El Grupo Popular en su enmienda 181 dice: certificado escolar o equivalente. Tampoco la aceptan.
Enmienda 190. Nosotros decimos que la jubilación será a los 65 años, para poner una fecha general para todos los ciudadanos.
El Grupo Popular dice: cuando la jubilación sea legal. ¿Cómo quiere usted que así aceptemos enmiendas, señor Padilla? Pero quedan otras enmiendas de mayor calado, quedan las enmiendas de verdad, aquellas que han motivado --y hoy se lo repito-- que ustedes hayan hecho una enmienda de totalidad encubierta. Porque ustedes, herederos de aquellos que se opusieron en las constituyentes a que hubiera jurado, no quieren que haya tribunal del jurado. Si ustedes tuvieran interés en que existiese un tribunal del jurado, hubieran procurado un acercamiento como todos los grupos. Porque la excepción son ustedes, la excepción no es el Grupo Socialista que no acepta, la excepción son ustedes que no transigen porque no quieren jurado.
Ustedes quieren hacer un jurado a la carta: Oiga usted, acusado, si quiere coja jurado, si no quiere no coja jurado.
Pues bien, ha hecho usted una cita corta del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dice que no sería inconstitucional, pero que no lo ve conveniente.
Sin embargo, muchos autores dicen que sí sería inconstitucional. Para ustedes --y cito textualmente sus palabras-- este proyecto de ley es una mala encuadernación de un refrito de una serie de cosas que no sabemos exactamente a dónde nos conducen. Yo comparto la opinión de algunos preopinantes que dicen que no sólo éste sino cualquier proyecto siempre es mejorable como obra humana. Y lo que sí sé es a dónde nos conduce. Nos conduce a la participación de los ciudadanos en una de las misiones más importantes y más nobles que pueden desarrollar, como es la de participar en la Administración de justicia.
Termino, señor Presidente, para que pueda intervenir mi compañero señor Cuesta, señalando únicamenteque ustedes dijeron que habían dado a la ley del jurado un tratamiento especial. Desde luego, si el tratamiento especial que ustedes han dado al proyecto de ley del tribunal del jurado es el que se manifiesta en sus enmiendas, me recuerda bastante a las jurisdicciones especiales, porque ustedes lo que han querido es que el proyecto de ley del tribunal del jurado no salga adelante en este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, quisiera, en nombre de mi Grupo, felicitarme también porque es esta sesión de hoy estemos aprobando un proyecto de ley de tanta trascendencia y que implica un desarrollo constitucional de un precepto básico, como es el artículo 125, de participación de los ciudadanos en la Administración de justicia.
En este contexto quisiera recordar también que el jurado, a pesar de algunas malformaciones que se hacen del pasado, está también en la tradición de los socialistas porque, efectivamente, en 1933 hubo en esta Cámara un tremendo debate sobre las circunstancias específicas del país y del jurado en aquel momento, e intervino un insigne jurista, el profesor Jiménez de

Página 6831


Asúa, en nombre de la Comisión que informaba la reforma parcial de aquella ley, y defendía una concepción positiva, que él llamaba utopía, que era el Derecho Penal del futuro que defendía el asesorado, defendía un modelo de tribunal basado en el escabinado, y afirmaba, dentro de lo que era una crítica al funcionamiento real y a las circunstancias históricas de aquel momento, 1933, en la aplicación de la Ley de 1988, lo siguiente: Yo creo --decía literalmente Jiménez de Asúa-- que hoy la supresión del jurado sería tal vez una equivocación, más que una equivocación una precipitación. Defiendo el jurado. Leamos y releamos esas páginas y no las descontextualicemos de una realidad. Como decía hoy estamos aprobando una institución de participación que conecta con lo que son las señas de identidad tradicionales de las ideas del socialismo democrático.
Uno de los temas que más han merecido la consideración constructiva de algunas enmiendas --digo constructivas por llamarlas de alguna manera, porque todas son exclusivamente de supresión-- es la reforma procesal, en la que subyace siempre una falacia importante en los argumentos del Grupo Parlamentario Popular. Ya ha afirmado rotundamente mi compañero que nosotros estamos absolutamente persuadidos de que ustedes tienen un segundo programa electoral que están ocultando a los ciudadanos españoles. (Rumores. El señor Ballesteros Morcillo: ¿Ahora tenemos dos?) Les voy a poner un ejemplo. Ustedes hablan del jurado, pero defienden una limitación en las competencias del mismo, hasta tal punto que el jurado ni siquiera debe pronunciar el veredicto en el proceso, según las enmiendas que ustedes contemplan. Ustedes quieren que el jurado sea un mero testigo, que esté reducido el ámbito de su actividad. Ustedes hablan de un concepto de opción también de una renunciabilidad del jurado, y luego se esconden en la coartada, como llegaron a afirmar en la Comisión, de que no procede el jurado en la España de hoy porque el marco procesal no es el adecuado; pero desconocen que la ley hace una regulación de un marco procesal y entonces plantean la supresión de ese marco procesal. ¿En qué quedamos? ¿En que no es necesaria una reforma procesal o en que es necesaria una reforma procesal para poner en práctica la ley del jurado? Una de las notas distintivas fundamentales de este proyecto de ley es que supone, simultáneamente, una transformación de gran relevancia desde el punto de vista de lo que son los principios informadores del nuevo proceso penal en España. La ley hace una aportación importantísima en ese sentido porque es una ley especial y como tal regula el jurado, un contenido concreto procesal y además introduce reformas parciales de gran trascendencia.
Llegados a este punto quiero anunciar a la Cámara que tan positiva es la línea de reforma procesal, que entendemos necesaria para aplicar este proyecto de ley del jurado y hacerlo viable, que creemos que debe generalizarse para todo el procedimiento. Desde este punto de vista presentamos una enmienda transaccional con la enmienda 165, de Izquierda Unida, a las disposiciones finales, que recoge una resolución aprobada por esta Cámara con motivo del debate del estado en la nación por la cual, en el plazo de un año desde la aprobación de la presente ley, el Gobierno enviará a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizando los criterios procesales instaurados en esta ley, y en el que se establezca un procedimiento fundado en los principios acusatorios y de contradicción entre las partes, previstos en la Constitución, simplificando el proceso de investigación para evitar su prolongación excesiva. Asimismo, en dicho plazo se adoptarán las reformas legales necesarias que adapten a tal procedimiento el estatuto y funciones del Ministerio Fiscal.
Es decir, lo que recoge y proyecta hacia el futuro esta enmienda transaccional son las importantísimas innovaciones procesales que hacen que sea viable en nuestro país poner en marcha, con fecha de enero de 1996, una institución tan fundamental como es el jurado.
Leía recientemente --por insistir en este tema procesal-- el prólogo a la Ley del Jurado, comentada por Francisco de Asís Pacheco, publicada en 1988 en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, prólogo realizado por el tan reiteradamente citado insigne jurista don Manuel Alonso Martínez, que decía: Para llegar hasta el jurado en el Derecho Procesal y en la organización de los tribunales hay que partir de ciertas bases que no son las de nuestro antiguo Derecho.
Efectivamente, estas palabras cobran sentido y sirven para explicar y dejar muy claro por qué el actual proyecto de ley apuesta por una simultánea reforma procesal de gran calado para hacer visible la aplicación del jurado, para hacer viable la realidad del principio acusatorio.
Se han planteado, asimismo, algunas objeciones a la regulación del sistema de recursos. Creo que en la exposición de esta mañana del señor Ministro ha quedado muy clara cuál es la razón de ser de la reforma en concreto del recurso de apelación, pero lo que hay que dejar muy claro es que estamos en una línea concordante con la filosofía que se desprende de todos los tratados internacionales. El proyecto de ley orgánica del tribunal del jurado recoge efectivamente la doble instancia. Esta es una de las principales innovaciones, de las principales reivindicaciones que dejan claramente reforzado el sistema de garantías jurídicas, porque la posibilidad de impugnación de las sentencias es en sí misma una garantía jurídica de primera magnitud. El derecho de recurso debe ser observado, fundamentalmente, no como una desautorización del jurado sino como una auténtica garantía. Por cierto, impugnación que tal como viene regulada en este proyecto se circunscribe a aquellas cuestiones cuya decisión viene atribuida

Página 6832


exclusivamente al enjuiciamiento del juez técnico. Es un recurso muy tasado y no supone hacer de menos al jurado. Nos parece fundamental mantener la idea del jurado como derecho de participación, pero también como deber de hacer público, como contrapartida a esa función pública, y viable ese derecho de participación colectivo. Creemos absolutamente inconveniente establecer la renunciabilidad y también un mecanismo que no sancione determinadas conductas que parece que el Partido Popular desea que queden sin sanción, por ejemplo, la abstención de los jurados, la no participación de los jurados en el tribunal, la no asistencia en el momento de ser llamado.
Nosotros creemos que precisamente tratándose de un derecho- deber, tratándose de una derivación necesaria del artículo 118 de nuestra Constitución, que habla de la obligación de los ciudadanos de prestar la colaboración necesaria con la Administración de justicia, cuando hablamos de la necesidad de hacer real el principio procesal del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, la consecuencia necesaria es, como también existía en nuestro precedente histórico, un sistema de sanción para aquellos incumplimientos, para aquellos que con una actitud erróneamente basada en las ideas de la libertad estén boicoteando un derecho de todos los ciudadanos a participar en la administración de justicia.
El señor Olarte nos planteaba un recelo al exceso de uso de la expresión magistrado-presidente a lo largo de este proyecto.
Yo quiero insistir en mis argumentos en la Comisión. Estamos usando una terminología que deriva de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, una terminología que deriva de la legislación procesal, una terminología que deriva de la propia Ley que establece que es magistrado aquel que ocupa la responsabilidad de presidente del tribunal de jurados. No vea usted ningún problema porque el papel del magistrado- presidente está claramente tasado. Es un papel de una gran responsabilidad --sobre todo a la hora de confeccionar el objeto del veredicto--, es un papel muy importante basado en la imparcialidad y en la independencia del Poder Judicial, pero está muy tasado para que no invada competencias que son de los miembros del jurado, por lo que cualquier acusación de este presidente-magistrado o magistrado-presidente siempre tiene que realizarse (la confección, por ejemplo, del objeto del veredicto y otros aspectos) con audiencia de los interesados en audiencia pública.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.


El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
Anuncio asimismo --ya con mucha brevedad-- dos nuevas enmiendas transaccionales que derivan de otra aceptación que se ha producido anteriormente en relación al artículo 5. Estas dos enmiendas transaccionales lo son con la enmienda 155, de Izquierda Unida, y la 13, del PNV, al artículo 50.1.d), para el que proponemos la siguiente redacción: Finalmente precisará --a la hora de hablar del veredicto-- el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable. En la misma línea de concordancia es la otra transaccional con la enmienda 159, de Izquierda Unida, al artículo 61.1 b), que habla de que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.
Son enmiendas que derivan de otras anteriormente aceptadas.
Por último, señor Presidente, señorías, quisiera resaltar que hoy el jurado cumple una función muy importante, y quisiera felicitarme por lo que decía al principio de mi intervención, que era una clara coherencia con las ideas del socialismo democrático. Considero que hoy, a la vista del sistema político que tenemos, sería una exageración dar vigencia a aquella frase que en 1820 pronunciara Flórez Estrada cuando afirmaba que mientras no tengamos jurado en nuestro país consideraré a mi patria sin verdadera libertad. Pero es lo cierto que el jurado es una institución fundamental en esa línea de permanente profundización de la democracia. Norberto Bobbio, en un brillante artículo sobre el futuro de la democracia, nos hablaba de que para calcular el nivel de democracia de un país había que ver el nivel de espacio donde esos ciudadanos intervenían. Sintéticamente decía Bobbio: Para dar un juicio sobre el estado de democracia de un país, el criterio no puede ser ya el de cuántos votan sino el de en cuántos sitios se vota. Efectivamente, creemos que esta institución desarrolla la idea de participación popular en la Administración de justicia; hace que la Administración de justicia sea penetrada también por la sociedad y por múltiples ciudadanos, y está en línea --y acabo, señor Presidente, señorías-- con aquella afirmación que brillantemente realizaba el ilustre jurista, tan reiteradamente citado esta mañana, Alonso Martínez, cuando decía: La aspiración general de los pueblos en esta época es que se gobierne la nación por la nación misma y ese gobierno no puede ser completo sin el jurado. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley, por varias motivaciones. En primer lugar, por nuestro compromiso electoral. En efecto, la elaboración de una ley del jurado estaba en el programa de cambios legislativos que

Página 6833


la coalición de Convergència i Unió sometió al pueblo de Cataluña en las pasadas elecciones generales. Nos satisface comprobar cómo una vez más podemos anunciar a nuestro electorado el cumplimiento de un apartado de nuestros objetivos electorales. En segundo lugar, nuestro respeto al mandato constitucional de creación de la figura del jurado. El jurado ha existido siempre en España cuando en ella ha habido democracia y era ya tiempo de instituirlo de nuevo, poniendo en práctica lo establecido por la Constitución. El mandato constitucional no debe estar desatendido por más tiempo y debe ser atendido sin reservas. Nuestro Grupo desea un jurado que se implante de manera gradual, por lo que nos parece adecuado que el catálogo de delitos que aborde sea limitado en una primera etapa. Pero a la vez deseamos un jurado realmente decisivo en la administración de la justicia. No nos sirven, señorías, los argumentos de que en la justicia hay actualmente tal desorden que el jurado no hará sino agravarlo más. A nuestro modo de ver, una parte importante de los actuales problemas de la administración de justicia es precisamente su alejamiento de los ciudadanos y su exceso de formalismo y de burocracia. La innovación del jurado ha de servir, sin duda, para iniciar un camino de modernización democrática de nuestro sistema de justicia. En este sentido, creemos que es importante el compromiso de abordar inmediatamente en esta Cámara la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner el proceso penal en sintonía con los nuevos planteamientos procesales de la ley que hoy nos ocupa. En este sentido quiero hacer mención a que la regulación que se hace de la libertad provisional necesita de una regulación más completa.
En tercer lugar, en el proceso de aprobación de este proyecto de ley se produce nuevamente la conjunción de nuestro Grupo con el Grupo Socialista, y también con otros grupos de esta Cámara que se han sumado a esta propuesta. En cuanto a la referencia que el señor portavoz del Grupo Popular nos ha hecho, no merece ningún comentario ya que estamos acostumbrados a su actitud. Esta colaboración parlamentaria de todos los grupos está produciendo también sus frutos y este proyecto de ley será una muestra más, a buen seguro perdurable, de los beneficios de esta colaboración. Nuestra ley del jurado nos parece una ley moderna, a la vez ambiciosa en sus objetivos y mesurada en su puesta en práctica, que completa de alguna manera un aspecto más de nuestra equiparación con todos los países democráticos y avanzados en estos momentos.
En cuarto lugar, la existencia de una mayoría parlamentaria en torno a este proyecto de ley del jurado no ha significado, como han dicho antes los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el aplastamiento de los otros grupos. Una buena parte de las enmiendas presentadas han sido atendidas bien en Ponencia, bien en Comisión. Las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo Catalán (Convergència i Unió) han sido aprobadas todas, algunas de ellas incluso con el voto del Grupo Popular, lo que permite hablar de un proyecto de ley elaborado. En las actuales circunstancias en que se da la imagen de un cierto distanciamiento entre los poderes del Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Judicial, la aprobación de esta ley debería producirse desde la serenidad de ánimo, desde el interés de todos por el apacigüamiento.
Esta ley introduce cambios relevantes, aunque todos estamos de acuerdo en que no agota el tema de la modernización de nuestro sistema de justicia penal. Habrá que dar otros pasos. Estamos convencidos de que solamente mediante avances concretos, avances parciales será posible este desarrollo. Señorías, este es el sentido profundo de nuestra aportación a la mayoría también legislativa en este Parlamento: conseguir avances concretos, precisos, percibibles por los ciudadanos, en la línea de modernización de nuestras instituciones, de todo nuestro sistema político.
Por todas estas razones, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente el proyecto de ley orgánica del tribunal del jurado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo acepta complacido las enmiendas transaccionales planteadas por el Grupo Socialista en relación con los tres primeros temas que hemos expuesto en nuestra intervención. Nos parece que es una adecuada transacción que contribuye a aceptar básicamente la pretensión que manifestábamos en cuanto a ellas. Por tanto, retiramos las enmiendas números 121 y 161 y nos sumamos a la enmienda transaccional de ampliación del ámbito del jurado planteada por el Grupo Socialista. Retiramos también las enmiendas números 125, 155, 158 y 159. Por tanto, aceptamos la redacción sobre «el hecho delictivo» en vez de «el delito».
También aceptamos la enmienda transaccional en relación con el procedimiento y retiramos las enmiendas 146, 147 y 162 a 165.
Aceptamos esa enmienda basada en nuestra enmienda 162, que significa ir a un procedimiento acusatorio generalizado y a una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Mantenemos únicamente dos enmiendas a votación, porque el resto ya las habíamos retirado; son dos enmiendas que se presentaron en su momento en Comisión como transaccionales: la enmienda transaccional a la disposición adicional primera sobre el antejuicio y la enmienda transaccional, defendida en su día en Comisión, sobre la disposición final segunda, punto 14, en relación con el recurso de

Página 6834


apelación. Son las dos únicas enmiendas que vamos a mantener a votación por parte de nuestro Grupo.
En definitiva, todo esto significa que nuestras pretensiones han sido básicamente recogidas y que nuestro Grupo va a votar favorablemente a este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a hacer alguna precisión a la intervención de los portavoces del Grupo Socialista. Creo que ya empiezan a aburrir con la cuestión del programa, porque el programa del jurado es sencillamente si se quiere o no el jurado. Les he hecho una oferta al comienzo de mi intervención y ustedes no han contestado. Comentario por comentario, yo les voy a comentarel suyo. Ustedes tienen un programa que se subdivide en dos: el incumplido y otra parte con dos subtipos, que son el agotado y el fracasado. Quédense con el que quieran.
Nosotros, naturalmente, nos quedamos con el nuestro, que es suficientemente explícito. Si 12 años después de que ustedes estén gobernando no hay jurado, les puedo asegurar que no es por culpa nuestra. Si quieren, pueden reclamar todo lo que deseen su propia historia --yo no voy a hacer más precisiones al respecto--, pero en la suya no está el jurado; en la suya están los tribunales populares, señor Cuesta; eso es lo que está. (Rumores.) De manera que aplíquense a eso. En definitiva, está en los libros. En todos los libros hay un comentario a esa figura histórica y ésa es la que está en su peculio político. De manera que cada uno se aplique a lo suyo.
(Rumores.) Desde estos bancos se ha hablado del delito de prevaricación; lo ha hecho con mucha sabiduría el señor Olabarría. Ustedes han sido incapaces de explicar en Ponencia y en Comisión el hecho de que se rechazara, por ejemplo, nuestra enmienda que proponía que el delito de prevaricación no figurara entre los que deben ser enjuiciados por el jurado. Desde estos mismos bancos, porque desde estos bancos, señor Cuesta, se ha defendido el jurado en muchas ocasiones, un gran político conservador español de principios de siglo, que fue don Antonio Maura, dijo que el hecho en sí mismo en determinadas ocasiones no se puede separar del Derecho más que desde el propio Derecho, y ésa es una de las circunstancias que concurren en el delito de prevaricación. En el delito de prevaricación se puede identificar el hecho, como en todas las ocasiones, como en todos los delitos, como en todas las figuras delictivas, pero solamente se puede determinar el hecho desde el Derecho y, como es natural, no se puede pedir a los jurados que conozcan el Derecho suficiente para enjuiciar un delito como ése. Esa es una manifestación constructiva del jurado que queremos.
Quiero terminar diciéndole una cosa. En el artículo 125 hay dos vías de participación del pueblo en la administración de justicia: una es el jurado y otra es el ejercicio de la acción popular. En 12 años de gobierno han sido ustedes incapaces de suprimir el requisito de fianza para el ejercicio de la acción popular. Esa es justamente la medida de su concepto liberal de la interpretación del ejercicio del derecho del pueblo a participar en la administración de justicia.
Quisiera terminar diciéndoles que el tema de la culpabilidad o la inculpabilidad, en la Comisión se lo expuse, en nuestra enmienda está perfectamente determinado, y lo que queremos es que se nos diga con claridad si ese concepto jurídico de la culpabilidad, ese concepto jurídico no determinado con claridad en el proyecto, tiene unas consecuencias --creo que lo expliqué con suficiente nitidez-- que impliquen un mandato al magistrado que tiene que pronunciar la sentencia; porque si, como resulta del proyecto, eso es así, el magistrado se puede ver compelido en alguna ocasión a pronunciar una sentencia sobre unos hechos que él estima que no son constitutivos de delito en función de un veredicto de culpabilidad que no puede devolver. Y como eso puede crear una circunstancia que es negativa para la administración de justicia, negativa para la ley y negativa también para los justiciables, justamente por eso, nosotros hemos enmendado esa previsión del proyecto de ley.
Si hubieran sido ustedes capaces de aclararnos esa cuestión, nosotros hubiéramos aceptado incluso una solución como la que daba la ley de 1888. Lo que no podemos aceptar es que el magistrado pueda recibir el mandato del jurado contenido en el veredicto de culpabilidad, en relación con unos hechos declarados probados por el jurado que no integran la figura delictiva respecto de la que se indica al magistrado que debe dictar la sentencia condenatoria.
Como ustedes han sido incapaces de resolver la cuestión, nosotros, por puro sentido de la responsabilidad, no queremos mantener esa previsión de la legislación del proyecto de ley y, por tanto, esa es nuestra disposición frente a la culpabilidad que tanto le preocupaba al señor Cuesta.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar mis palabras agradeciendo las amables reflexiones sobre mi persona hechas por el señor Padilla. Muy justas reflexiones, por otro lado, petulancia aparte.


Página 6835


Ajustándome, en todo caso, a la esencia de este trámite en el que nos encontramos, señor Presidente, voy a manifestar que la opinión de mi grupo es, en principio, favorable a la transacción ofrecida por los portavoces del Grupo Socialista.
Y si bien no despeja absolutamente las incertidumbres que mi grupo mantiene todavía sobre lo que podemos calificar, técnicamente, objeto del veredicto o competencias del jurado por proyección, en el ámbito de la determinación de la culpabilidad, que es una determinación de antijuridicidad -- esto es lo preocupante, la determinación de antijuridicidad--, esta transacción sí aclara cuál es el ámbito, la habilitación, el ámbito competencial del jurado y cuál es el objeto del veredicto. Por esa razón, vamos a retirar nuestras enmiendas número 1, por una parte, y número 13, por la otra, señor Presidente.
Vamos a mantener nuestra enmienda número 16, porque esta enmienda ofrecida por el Grupo Socialista no acoge algo que nos preocupa, por las mismas razones expuestas en relación a las enmiendas 1 y 13, que tampoco un jurado lego, donde los profesionales del Derecho no pueden tener asentamiento por el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 10 del Proyecto de Ley, puede pronunciarse sobre institutos jurídicos tan completos como la remisión condicional de las penas o la petición de indulto.
Por las mismas razones por las cuales el Grupo Socialista oferta una transacción que es pertinente porque aclara el ámbito de habilitación competencial del jurado, por qué no extiende esas mismas argumentaciones a otra transacción, que espero que ya en el Senado nos la puedan realizar, en relación a cómo el jurado o puede decidir ni sobre la remisión de la pena condicional, ni sobre la petición de indulto.
En cuanto a las demás enmiendas, señor Presidente, las vamos a mantener y me gustaría que se reflexione de forma más ponderada sobre nuestra enmienda al artículo 63, porque aquí estamos ante un peligro potencialde inconstitucionalidad de la ley. Si el magistrado-presidente devuelve tres veces el acta al jurado por defectos no subsanados, la consecuencia penal, la consecuencia jurídica, tiene que ser la absolución del acusado, no la reproducción de un juício que pierde la inmediatez y contradice todas las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Gracias, señor Presidente.
Sólo para precisar, como se infiere por el contenido de mi intervención y subsanando un error material que se produjo al nominar una de las enmiendas que mantenemos, que las que Coalición Canaria mantiene vivias para su votación son las números 251 y 262.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para dos cuestiones. Señor Padilla, no se marche, que quiero aclarar un tema.
En primer lugar, por razones técnicas, yo rogaría a la Cámara que, si es posible, el artículo que figura en el proyecto como 12 bis, pasara a figurar como artículo 3.º, apartados 2 y 3.
En segundo lugar, voy a dar una breve contestación a lo que se me ha dicho. Señor Padilla, no tiene usted que aducir el tema de la prevaricación en nombre del Grupo parlamentario Vasco (PNV) cuando usted tiene la enmienda 169, que dice literalmente: ...con excepción, en todo caso, del delito de prevaricación. Por favor, no defienda usted lo que tiene que defender el Grupo Vasco. Déjele usted solo. Eso quiere decir que, de todo lo que yo he dicho, usted no ha tenido ningún argumento para responderme a mí. (El señor Padilla Carballada: No tiene nada que ver.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Padilla!

El señor VALLS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, yo quisiera dedicar este último turno de réplica a algunas precisiones, justificando el jurado con aquellas palabras que pronunciaba Goldschmidt cuando, refiriéndose a los principios generales del proceso, insistía en que el Derecho moderno en materia penal se desarrolla sobre la base de la culpabilidad, sobre la intencionalidad de lo injusto, afirmando: La mejor prueba de la existencia de este presupuesto es que la injusticia de la conducta enjuiciada se reconozca y declare por una muestra representativa e idónea de la comunidad supuestamente lesionada por el inculpado, puesto que si, para apreciar la culpabilidad, hay que ser jurista, tan sólo éstos, en pura lógica, podría ser considerados responsables de infracciones legales. Repase esta cita en «Principios generales», de Goldschmidt, señor Padilla, y ya verá usted cómo en el fondo sus enmiendas están situando a su Grupo parlamentario en una auténtica y rotunda oposición al jurado.
Y le voy a decir algo más, porque me ha parecido muy grave no ya sólo por considerarlo un fallo desde el punto de vista científico o jurídico, sino en términos políticos.


Página 6836


Ustedes nos imputan a los socialistas y ha afirmado que en la tradición del socialismo democrático no está el jurado, sino los tribunales populares. Antes yo le hablaba del debate del año 1933 y del insigne penalista Jiménez de Asúa, cuando éste estaba defendiendo la reducción, la prudencia en el tratamiento de la institución del jurado y estaba también diseñando un modelo de futuro, quizá utópico, de justicia, basado en el escabinado o basado en otra modalidad que a lo mejor usted desconoce, pero si repasa la historia, la puede recordar, el llamado asesorado, otro modelo de organización de tribunales que se da en el ámbito de la organización de tribunales que se da en el ámbito de la organización de tribunales del Derecho comparado. Pero peor es, tradición por tradición, la tradición de los sumarísmos, en las que algunos de ustedes han estado claramente implicados. (Aplausos y protestas.) Esa es la tradición del modelo judicial de la derecha conservadora española.
Usted, señor Padilla están incurriendo en una deformación que se da a veces en el mundo político. Se lo recordaba el otro día en la Comisión. A veces existe la tentación de pronunciarse o dejarse llevar o influir por lo que son los comportamientos del lider político al que se admira.
Efectivamente, ustedes, hoy, con su planteamiento, han estado en la actitud del señor Aznar, han estado en la actitud del: Ríndase. Han estado haciendo realidad un principio muy profundo de clara inspiración de la teología que forma parte de sus señas de identidad, el principio de la santa intransigencia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmienda transaccional en relación con la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 29; en contra, 153; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 124; en contra, 176; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 142; en contra, 161; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, siete; en contra, 295; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 2, 5, 16, 17, 19, 20, 23, 24 y 25.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 128; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 27, 29, 30 y 31.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, siete; en contra, 175; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, ocho; en contra, 294; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmienda número 251.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 20; en contra, 282; abstenciones, una.


Página 6837


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 262.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 145; en contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Voto particular en relación con el artículo 26.1 y con el artículo 52.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 182; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmiendas transaccioneales presentadas por el Grupo Socialista en relación con las enmiendas 121 de Izquierda Unida y 13 del Grupo Vasco, 125 de Izquierda Unida y 1 del Grupo Vasco, 155 y 165 de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 168; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la enmienda número 159 del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 303; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación correspondiente a la corrección propuesta por el Grupo Socialista, de forma que el artículo 12 bis pase a ser el artículo 3, apartados 3 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la corrección.
Votaciones correspondientes al dictamen.
Votación del texto del articulado, con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 182; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación correspondiente a la exposición de motivos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 184; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 183; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, en votación de conjunto, el proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado.
Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal