Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 27/04/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 Núm. 143 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. RS. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 141 celebrada el jueves, 27 de abril de 1995

Página

ORDEN DEL DIA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 7545)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta.):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de expediente 4/000372, 4/000273, 4/000281 y 4/000350) (Página 7545)

Enmiendas del Senado:

--Al Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 56.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente 121/000042) (Página 7546) --Al Proyecto de Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. «Boletín Oficial de las Cor 1994 (número de expediente 121/000071) (Página 7546)

Página 7540


Al Proyecto de Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 86.1, de 7 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000073) (Página 7546)

--A la Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio 52.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 122/000041) (Página 7546)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de número 178.1, de 7 de febrero de 1995 (número de expediente 110/000144) (Página 7560)

--Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el 4 de agosto de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 180.1, de 7 de febrero de 1995 (número de expediente 110/000146) (Página 7561)

--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 182.1, de 17 de febrero de 1995 (número de expediente 110/000148) (Página 7561)

--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiemb Serie C, número 183.1, de 21 de febrero de 1995 (número de expediente 110/000149) (Página 7561)

Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercado (OCM) vitivinícola:

--Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercado (OCM) vitivinícola (número de expediente 059/000018) (Página 7561)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docent las Cortes Generales», Serie A, número 107.1, de 28 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000091) (Página 7578)

--Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 108.1, de 28 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000092) (Página 7587)

Votación de conjunto:

--De la Proposición de Ley Orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 4 de enero de 1994 ( número de expediente 122/000041)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 7545)

Continúa la sesión, con carácter secreto, para el debate y votación del dictamen de la Comisión Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado Página (Página 7546)

Página 7541


Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Página 7546)

Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados (Página 7546)

Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado (Página 7546)

Proyecto de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio (Página 7546)

Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públic los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); M Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gilet i Girart, del Grupo Popular, y Varela Flores, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados intervienen, para fijación de posiciones, los señores López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Martín Villa, del Grupo Popular, y Moheda En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Martínez Blasco, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Del Burgo Tajadura, del Grupo Popular, y Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio, intervienen, para fijación de posiciones, los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Robles Fraga, del Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.Se procede a la votación de las enmiendas del Senado cuya fijación de posiciones se ha realizado anteriormente.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 7560)

Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994 (Página 7560)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 272 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el 4 de agosto de 1994 (Página 7561)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 280 votos a favor y uno en contra.


Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994 (Página 7561)

Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor y una abstención.


Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiembre de 1994 (Página 7561)

Sometido a votación, se aprueba por 281 votos a favor.


Debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercado (OCM) vitivinícola (Página 7561)

El señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna) expone que, desde que la Comisión Europea propuesta para reformar la Organización Común de Mercado vitivinícola, mucho se ha discutido esa iniciativa comunitaria, y precisamente el Parlamento español ha sido un ejemplo de esta intensa actividad, donde son casi incontables las preguntas orales, mociones y debates en los que ha tenido la oportunidad de intervenir en representación del Gobierno.
También han sido innumerables las

Página 7542


tomas de posición, los comunicados, manifiestos y gestiones realizadas en los sectores profesionales vitivinícolas. Queda, por tanto, poco que decir sobre la bondad de los criterios de nuestros agricultores, en la forma en que se producen nuestros vinos, ni sobre la evaluación negativa de algunas importantes propuestas de modificación que pretende incorporar la Comunidad Europea a la regulación del mercado comunitario.
Tampoco queda mucho por decir sobre las estrategias que debiéramos mantener unos y otros para convencer a la Comisión y al resto de los Estados miembros de nuestrosargumentos y razones. Añade que tanta abundanc Ministerio a recomendar en más de una ocasión una cierta prudencia a sus interlocutores, al considerar que la reiteración de debates, sin que existannuevos elementos para ello, al no haber a la acentuación de diferencias internas, que son más de matiz que de fondo, en perjuicio del mantenimiento de una posición unitaria.
Cree no descubrir nada si afirma que este es uno de los temas en los que han coincidido prácticamente todos, desde partidos políticos hasta agentes sociales, en una rara unanimidad que llevó a la Comisión Mixta para la Unión Europea a aprobar por consenso, el pasado 14 de noviembre, una resolución que resume la posición de los diversos grupos parlamentarios.
Precisamente tiene que expresar su satisfacción por el contenido de dicha resolución, ya que las recomendaciones que se elevan al Gobierno para que fije su posición futura ante las instituciones comunitarias coinciden prácticamente con la postura defendida por el Gobierno ante la reforma de la OCM del vino. Espera que las demandas españolas puedan ser alcanzadas mediante la negociación en la Comisión, sin excluir el uso de ninguno de los instrumentos previstos para la defensa de nuestra posición y de nuestro sector.
Agrega el señor Ministro que, en su opinión, la reforma de la OCM del vino es necesaria por la poderosa razón del gran volumen de excedentes, debido fundamentalmente al descenso del consumo del vino que continúa en algunos países, si bien la tendencia se ha estabilizado, e incluso reinvertido moderadamente al alza, en el caso español. Insisteen que tal reforma es necesaria desde el actual desequilibrio de la oferta y la demanda del v Hay también otros aspectos que le parecen fundamentales en la regulación actual, como por ejemplo el que exista un arranque voluntario sin ningún tipo de control, o el reparto desequilibrado del ajuste actual, considerando que existen otras alternativas de reequilibrio del mercado qu más beneficiosas desde el punto de vista de los intereses del sector vitivinícola español. Considera, por otra parte, que reducir la producción comunitaria no es necesariamente malo para los agricultores españoles que, en condiciones normales, destilan anualmente un volumen importante de vino. Entiende que la aprobación de una futura OCM adecuada a las condiciones españolas puede ser positivo para el sector vitivinícola español.
Añade que en la propuesta hay un cambio fundamental, y es que se quiere regular tanto el vino de mesa como otros, ajustando la producción vía planes regionales de arranque y regímenes de adaptación de la viticultura. Considera preferible, por otra parte, partir de un arranque exclusivamente voluntario, sobre la base de que nunca se va a aceptar un arranque de viñedos de carácter obligatorio, manteniendo un cierto control sobre el mismo, en lugar de la situación actual, en la que no se puede hacer nada para evitar esos arranques. Informa que entre las campañas de 1988/1989 a 1993/1994 en España se han arrancado alrededor de 170.000 hectáreas, que representan más del 40 por ciento del total arrancado en la Comunidad Europea, por lo que la regulación actual, desde ese punto de vista, tampoco es satisfactoria.
Sin embargo, el que se reconozca que la reforma es necesaria no significa que el Gobierno vaya a aceptar cualquier tipo de reforma, por lo que reitera, una vez más, la firme oposición a la propuesta de la Comisión en su redacción actual, habiendo sido expuesta muy claramente la posición españolaen los diferentes Consejos de Ministros y a la Comisión Europea.
Nuestro rechazo sustancial s en considerar que los excedentes vínicos del mercado deben considerarse como excedentes comunitarios, como ocurre con el resto de los productos agrarios, mientras que la propuesta de la Comisión Europea equivale a adjudicar a cada Estado miembro sus propios excedentes y, por tanto, su propio ajuste. Por otra parte, como ocurre en el resto de las Organizaciones Comunes de Mercado, las actuaciones de regulación del mercado del vino y de los ajustes estructurales correspondientes deben financiarse íntegramente con cargo al presupuesto comunitario y no cofinanciados por los Estados miembros, como propone la Comisión.
Termina el señor Ministro informando a la Cámara que los debates están paralizados desde hace varios meses en el Consejo de Agricultura y será previsiblemente uno de los principales expedientes que heredará la Presidencia española del Consejo de Agricultura, siendo su intención activarlo para adelantar su discusión y conseguir una buena solución, aunque su aprobación dependerá de

Página 7543


la flexibilidad de las diversas delegaciones y muy en particular de la Comisión Europea. En todo caso, asegura que no le van a faltar fuerzas ni energías para defender la propuesta contenida en la resolución que hoy debaten y exigir las modificaciones necesarias para conseguir una reforma de la OCM vitivinícola que sea beneficiosa para los intereses españoles.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Isasi Gómez, del Grupo Popular; la señora Rivadulla Graci ciativa per Catalunya, y los señores Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Mardones Sevilla, de C Barber, del Grupo Mixto, y López Martín de la Vega, del Grupo Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 7578)

Proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos (Página 7578)

El señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra) presenta el proyecto de ley, así como el relativo a la participación, la evolución y el gobierno de los centros docentes, manifestando que, a lo largo de los últimos años, el Ministerio ha venido desarrollando un ambicioso proyecto que se recoge en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, proyecto que ha supuesto un importante avance en la etapa de educación infantil y primaria y un cambio sustancial en la estructura de la educación secundaria y de la formación profesional, con el fin de ofrecer una respuesta más ajustada a las demandas sociales. La experiencia de estos años de implantación de la reforma ha permitido comprobar la necesidad de seguir impulsando estas medidas y de avanzar en algunos ámbitos que exigían nuevas respuestas. Con este fin, el Ministerio de Educación y Ciencia presentó en el mes de enero del pasado curso una publicación titulada «Centros Educativos y calidad de la enseñanza» en la que se exponían las líneas básicas para seguir progresando en la mejora de la calidad de la educación. Precisamente el segundo de los proyectos que ahora les ocupa recoge las iniciativas de mayor relevancia en orden a ese objetivo prioritario para el Gobierno de mejora de la calidad de la enseñanza. Se trata de un proyecto de ley que es fruto del debate del conjunto de los sectores que componen la comunidad educativa y su desarrollo se llevará igualmente a través de un diálogo permanente con estos sectores sociales.
El objetivo del Gobierno al presentar el proyecto de ley al Parlamento es mejorar nuestro sistema educativo y, de forma más específica, la oferta de enseñanza de nuestros centros públicos, con una mejor participación de los sectores implicados, y ofrecer nuevos estímulos que dinamicen y hagan progresar a la institución escolar. En definitiva, que la sociedad conozca mejor los centros y se sienta más implicada y comprometida con los proyectos que en ellos se desarrollan, favoreciendo así una respuesta más adecuada a los retos que la sociedad plantea en el sistema educativo. No se trata de limitar las actividades que los centros públicos estánllevando a cabo sino que, por el contrari ellos se les abre una posibilidad para el funcionamiento más ágil y menos burocrático, con una separación de la excesiva uniformidad que no resulta estimulante para el avance de los progresos pedagógicos. Para ello se concede, en primer lugar, mayor autonomía a los centros docentes, autonomía que se ha revelado como una de las claves en la mejora de la calidad de la enseñanza, con la apertura de distintas posibilidades para los centros, aunque estableciendo mecanismos para que esta necesaria diversidad no conduzca a posibles desigualdades. Por otra parte, el proyecto de ley profundiza en la participación de los distintos sectores que componen la comunidad educativa, reforzando las asociaciones de padres, al incluir a uno de sus representantes en el Consejo Escolar. El refuerzo de la dirección es también uno de los objetivos de la ley, como elemento imprescindible para progresar en la vertebración de los centros docentes. Para este fin se exigen mayores méritos a los futuros directores, que se concentran en una mayor formación, que la Administración debe facilitar, y en una mayor experiencia en la gestión o la mayor dedicación en la labor docente.
Le sorprenden las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley, pero confía en todo caso en que, a lo largo de su tramitación parlamentaria, llegarán a un amplio acuerdo que permitirá mejorar el sistema público de enseñanza.
En cuanto al primero de los proyectos, por el que se prorroga el mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, afirma que su necesidad se deriva del proyecto de ley cuyas líneas generales acaba de exponer. En el Título II de este proyecto se modifica el período de mandato de los directores y demás órganos unipersonales de gobierno y se amplían sus competencias en materia de gestión, siendo

Página 7544


voluntad del Gobierno que la elección de los nuevos cargos unipersonales de gobierno de los centr condiciones de ejercicio de la función directiva por los claros beneficios que representan, tanto institucionales como personales. Dado que en el presente curso se da la circunstancia de que finaliza el mandato de un elevado número de órganos unipersonales de gobierno ligados a consejos escolares, parece razonable que la nueva convocatoria de directores se produzca con arreglo a la nueva normativa, con el fin de incorporar lo antes posible al sistema educativo estas iniciativas de mejora de la calidad de la enseñanza. Ello aconseja prorrogar los actuales mandatos de los órganos unipersonales de gobierno con tiempo suficiente para que los equipos directivos a los que puedan afectar las decisiones lo conozcan con antelación y el proceso de renovación se realice en las mejores circunstancias.
En defensa de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Popular al proyecto de ley interviene el señor Rodríguez Esp la razón principal de esta enmienda es la consideración de que este proyecto no se justifica suficientemente ni por el momento en que se presenta, pues les despierta serias dudas de oportunismo político, ni por el contenido del proyecto, dado que la regulación que se propone, aun admitiendo que el procedimiento vigente es manifiestamente mejorable, nada hace pensar que no se pueda prolongar un minuto más. Habla de oportunismo político porque el Gobierno recurre a toda una ley orgánica para mantener en sus puestos a los cargos unipersonales de los centros que él mismo nombró a dedo.
En definitiva, las modificaciones que se proponen no se justifican, a su entender, ni por las razones expuestas en la exposición de motivos del proyectoni por la realidad de las necesidades de los centros.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Nieto González, afirmando que el proyecto que ahora debaten es meramente instrumental del que van a discutir a continuación. Es una ley de artículo único por la que se prorroga por seis meses o un año el mandato de los directores y demás órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en los casos en que su mandato termina el 31 de diciembre de 1995. Más importancia tienen las modificaciones que se proponen en el proyecto que debatirán seguidamente y del que ésta es una ley de acompañamiento o instrumental.
Respecto al sentido de la prórroga, afirma que estámuy claro y plenamente justificado en la memoriaque acompaña al proyecto de ley. Insiste en la importancia del siguiente proyecto respecto a los directores de los centros docentes, tratándose, en el caso que ahora les ocupa, de prorrogar el actual mandato para unificar los criterios de selección de los nuevos directores a partir de la nueva normativa.
Replica el señor Rodríguez Espinosa, duplicando el señor Nieto González.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y González Blázquez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (Página 7587)

El señor González Blázquez defiende la enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, justificando la misma en que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no es, a su juicio, lo que necesita hoy el sistema educativo español. El proyecto del Gobierno está muy lejos de ser una ley de calidad del sistema educativo que desarrolla el Título IV de la LOGSE, limitándose, por el contrario, a aspectos parciales y no recogiendo factores fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza. Agrega que el verdadero reto de la calidad que tiene nuestro sistema educativo pasa por dotarlo de una adecuada financiación que no esté sujeta a los cambios de coyuntura o a vaivenes políticos del país, entre otras cosas por la tramitación parlamentaria de una ley marco reguladora de la financiación del sistema educativo y también por no aplicar políticas regresivas en educación, congelando los gastos en el ejercicio de 1993/1994 y aplicando recortes presupuestarios de 32.000 millones de pesetas en 1995, pocos días después de ser aprobados los presupuestos por el Parlamento. Afirma que con este tipo de políticas presupuestarias cualquier reforma educativa está condenada al fracaso.
Respecto a la base central del proyecto de ley relativo a la dirección e inspección, considera que supone medidas absolutamente regresivas que introducen la jerarquización entre los docentes y un aumento de la burocratización, que en ningún caso contribuirán a resolver los problemas de gestión que hoy tienen los centros. Por otra parte, la posición de los sindicatos representativos del profesorado es especialmente significativa y podrá suponer, en el caso de ser aprobado el proyecto, un serio obstáculo para su aplicación.


Página 7545


Termina pidiendo la vuelta al acuerdo político que en su día tuvo su Grupo con el partido del Gobierno de cara a hacer una verdadera ley de la calidad de la enseñanza, que es lo que todos los Grupos deberían procurar.
El señor Ollero Tassara defiende la enmienda de totalidad del Grupo Popular, que justifica en el objetivo no disimulad ley del Gobierno, de consolidar el territorio ocupado, de que los directores puestos a dedo sigan y que los inspectores que en su día pusieron, con unos principios absolutamente opuestos a los de esta ley, se conviertan en inspectores de la propia ley.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene el señor Nieto González, en nombre del Grupo Socialista, afirmando que, de prosperar cualquiera de estas enmiendas, haría un flaco favor a la mejora de la calidad de la enseñanza en nuestro sistema educativo. Por el contrario, están convencidos de que la aprobación del proyecto de ley va a contribuir de forma sustancial a la mejora de esta calidad de la enseñanza, ya que la nueva ley ayudará de forma importante al mejor funcionamiento de todos los centros docentes, en especial de los públicos. Agrega que el Grupo Socialista votará en contra de las enmiendas de totalidad, en primer lugar porque considera positivo el contenido del proyecto de ley para mejorar la calidad de la enseñanza, como antes decía y, por último, por las razones que ha explicado con amplitud el señor Ministro en su exposición inicial. Una segunda razón de oposición a las enmiendas es el vacío que representan, porque no hacen propuestas para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
Replican los señores González Blázquez y Ollero Tassara, duplicando el señor Nieto González.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad del Grupo Popular postulando la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es rechazada por 112 votos a favor, 147 en contra y cinco abstenciones.
Asimismo son rechazadas las enmiendas de totalidad postulando la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes por 123 votos a favor y 152 en contra.


Votación de conjunto (Página 7600)

De la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio (Página 7600)

Realizada la votación de conjunto, se aprueba la proposición de ley orgánica por 273 votos a favor y uno en contra.
Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Como punto previo al tratamiento de los puntos del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado proclamado electo en sustitución de don Eduardo Martín Toval.
Don Jordi Pedret i Grenzner ¿jura o promete S.S. acatar la Constitución?

El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Jordi Pedret i Grenzner ha adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara, señor Pedret.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (SESION SECRETA):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (Número de expediente 4/000372, 4/000273, 4/000281 y 4/000350)

Se somente a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Página 7546


ENMIENDAS DEL SENADO:

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)

PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL DE LOS CREDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS (Número de expediente 121/000071)

PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACION Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente 121/000073)

PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO (Número de expediente 122/000041)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo, enmiendas del Senado.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en relación con el proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las enmiendas al proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración general del Estado? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio? (Pausa.) Enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido la Alta Cámara a los efectos de lo que entendemos constituyen la introducción de mejoras técnicas, incluso desde el punto de vista de sintaxis gramatical; mejora por lo que respecta a una serie de puntualizaciones y acotaciones al texto que habíamos votado anteriormente en esta Cámara y remitido al Senado. Creemos que estas mejoras que se han introducido clarifican, sobre todo, los artículos 2.º y 3.º a través de las enmiendas que nosotros destacamos en primer lugar.Las enmidndas referentes a los apartados 3, 4 y 5, del artículo 25, han mejorado sustancialmente el texto en el trámite del Senado, así como las que se refieren a los artículos 26 y 29.3, concordantes con las complementarias introducidas por el Senado en los artículos 31 y 32.
Esto es, señor Presidente, lo que queríamos destacar fundamentalmente, volviendo a reiterar nuestro apoyo a todas las enmiendas del Senado presentadas a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente para manifestar que las enmiendas que el Senado ha introducido en el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso son enmiendas de contenido gramatical, de mejora técnica, que otorgan una mayor precisión jurídica a diferentes conceptos que a lo largo del articulado se contienen y, por lo tanto, van a recibir el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario.
Manifestar también, señor Presidente, que nos parece que el texto legal que hoy vamos a aprobar supone un paso importante en la medida en que implica una regulación armónica e integradora de la contratación de todas las administraciones públicas. En ese sentido, empieza a regular determinadas cuestiones que se encontraban fuera de la legislación de contratos, figurascontractuales como los trabajos, específicas, habituales y no habituales, en las admin Quizá podríamos haber avanzado más --y aquí ha habido una discusión interesante sobre el concepto de Administración pública-- en la determinac de aplicación y la traslación a entidades que no constituyen propiamente poder público administrativo, como pueden ser las sociedades mercantiles de los principios de la contratación administrativa. Ha habido diferentes planteamientos que al final se han plasmado en la extensión a las entidades públicas que se sujetan en su actuación al Derecho privado, pero que como en las sociedades mercantiles quedan excluidas, en lo que se refiere a la contratación, de la regulación imperativa de esta ley, únicamente se hace un llamamiento en una disposición adicional para que esos principios de actuación se regulen sobre la base de la concurrencia, publicidad y licitación pública.
Nos parece, señor Presidente, que se ha dado un paso importante en el tema de las prohibiciones de contratación y en las garantías que se han establecido para que no se produzcan determinadas contrataciones administrativas con entidadades, con personas físicas y

Página 7547


con personas jurídicas que se encuentran en situaciones de contravención en el ordenamiento jurídico- fiscal, jurídico- social, jurídico-laboral, jurídico- administrativo y jurídico- penal. Nos congratulamos de la regulación que ahí se contiene, que es un paso importante en las determinaciones de esas prohibiciones de contratación que ligadas con los criterios de solvencia profesional y solvencia económica, establecen un ámbito de garantías positivo. Es un paso importante el que da esta ley a la hora de la determinación de la relación jurídico-administrativas en materia de contratación administrativa.
Para finalizar, señor Presidente, queremos manifestar que quizá se podría haber logrado un texto en el que las competencias de las comunidades autónomas hubieran tenido un mayor contenido, aunque hemos de reconocer que se ha producido un avance importante en ello, pero hay determinados preceptos, bastantes, en la tramitación parlamentaria fruto de la negociación entre los diferentes grupos, como la disposición adicional primera, bien en su primer aspecto de naturaleza no básica o bien en el segundo aspecto de constituir un caracter de mínimo y máximo.
En definitiva, señor Presidente, debemos manifestar que se produce también un avance importante a la hora de la regulación del aplazamiento del precio en las relaciones entre el contratista y los suministradores y subcontratistas, regulación que ha dado lugar a un debate sobre las relaciones de los contratistas con la Administración y las relaciones a su vez, entre los subcontratistas con los contratistas, que nos ha ayudado a conocer con mayor causa, con mayor rigor y con mayor exhaustividad esta problemática.
Entendemos desde esta Cámara que el debate y las relaciones que hemos tenido entre los grupos para dar solución a tal cuestión buscan un punto de equilibrio en virtud del cual esta realación entre el contratista y el subcontratista queda ligada en los pliegos de bases administrativas, a que se produzcan las condiciones que relacionan a la Administración con el contratista. En definitiva, es un paso importante para evitar esa posición de influencia, predominante y abusiva que normalmente los grandes contratistas tienen con los pequeños suministradores. Por tanto, nos congratulamos por la regulación que se pone en la misma.
Por todo ello vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, en la medida en que suponen esa mayor precisión jurídica, corrección gramatical y mejoras de tipo técnico.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Carrera.El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Vamos a votar favorablemente el texto que nos llega del Senado y, por tanto las enmiendas introducidas, a excepción de la disposición final primera, en concreto el guión que hace referencia al apartado 2, del artículo 23, para el que en su momento pediremos votación separada.
Entendemos que, en general, en el texto se han introducido mejoras técnicas, lo que hace que no tengamos que variar nuestro voto, que ya fue afirmativo respecto al texto final en el trámite en esta Cámara.
En su conjunto, entre muchas e importantes cuestiones, dejaría constancia de que valoramos positivamente que haya una mejora en la regulación de los contratos de consultoría y asistencia y la garantía en el cumplimiento de la previsión constitucional en la integración de minusválidos; que se haya mantenido a los subcontratistas e incorporado los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar las expectativas de cobro de colectivos profesionales de suministradores, aunque también estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Vasco (PNV) en que ha quedado sin resolver un tema tan importante como son las cuestiones competenciales por lo que hace referencia a básicas o no básicas.
Repito que hay muchas consideraciones que hacer, pero en este trámite sólo es cuestión de valorar las enmiendas que nos llegan del Senado, por tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a votarlas favorablemente.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, después de varios años de tramitación en esta Cámara parece que ha llegado a su final el Proyecto de Ley de contratos de las administraciones públicas, que, como nosotros dijimos, nos hubiese gustado que hubiese sido una ley de todos los contratos públicos.
Las enmiendas que ha introducido el Senado, como se ha señalado, son fundamentalmente técnicas, mejoras de redacción, de cohesión entre los diferentes artículos, pero hay dos que vamos a rechazar. En primer lugar, la enmienda que ha suprimido los números 2 y 3 del artículo 27.
En la clasificación de los contratistas se fijaba, en el texto remitido por esta Cámara al Senado, que podía establecerse en esa misma clasificación un límite del volumen total de obra que pudiera ser ejecutado anualmente para que las diferentes administraciones contratantes supiesen que la capacidad real de las empresas era hasta ese límite. Esa posibilidad, que yo creo que

Página 7548


es una novedad importante en nuestra legislación, evitaría situaciones como las que estamos acostumbrados a ver de empresas que acaparan en las adjudicaciones más obra de la que en realidad pueden acometer; demoran la ejecución de las propias obras y dejan inconclusas muchas de ellas precisamente en razón a que han superado en la licitación la capacidad real.
El hecho de que, en la clasificación, la Administración, a la vista de unos datos objetivos que estaban en el texto del proyecto, pudiese establecer cuál era el límite, evidentemente revisable, que parecía que tenía esa empresa, a nosotros nos parecía una novedad importante. Pero, como digo, al Senado ha debido parecerle que novedades así no debían introducirse en la legislación española y por eso propone la supresión de los números 2 y 3 del artículo 27.
La otra enmienda ha sido la nueva redacción que se ha dado al artículo 133.1.b). En este artículo ya en Ponencia aceptamos la enmienda 377, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que era una enmienda que suprimía la excepción que se establecía, para aquellos contratos que realicen los concesionarios de obras públicas y que utilicen el procedimiento negociado sin publicidad. Al Grupo Catalán (Convergència i Unió), que presentó la enmienda 377, y al resto de grupos (porque fue aceptada por unanimidad en la Ponencia) les pareció absurdo que se excluyese de la publicidad de este tipo de contratos a aquellos que simplemente habían aceptado como fórmula de adjudicación el negociado sin publicidad, porque eso significaría que ningún contrato de los realizados por los concesionarios de obras públicas tendrían esta característica de publicidad. Entonces, esta Cámara suprimió el apartado que había en el proyecto remitido por el Gobierno de excluir este tipo de contratos; eso sí se mantenían como exentos de la obligación de publicidad a los contratos en los que la concesionaria sea la Administración pública. El Senado ha realizado un cambio, ha suprimido la excepción de que la Administración sea concesionaria y ha vuelto a incluir la excepción de que el procedimiento utilizado sea el negociado sin publicidad. De esta forma, señorías, como pudo comprobar la Ponencia, la Comisión y el Pleno de esta Cámara --p ninguna objeción la unanimidad de la Ponencia-- es superfluo el artículo 133, porque ningún contrato de los que realicen las concesionarias de obras públicas tendrá publicidad.
Quiero, señorías --puesto que este es el trámite final--, hacer una pregunta a toda la Cámara en el sentido de si este Proyecto de Ley cumple el objetivo que todos nos fijamos, por lo menos en el debate del estado de la nación de 1994. Me van a permitir que recuerde las resoluciones 106 y 107, que tantas veces se han repetido en esta tribuna. Recordaré la resolución 107, que es la más breve: «El Congreso de los Diputados acuerda como conveniente que la modificación en trá-mite de la Ley de Contratos limite al máximo la discrecionalidad y comprenda el conjunto de Algún otro portavoz ha dicho que esta ley no comprende el conjunto del sector público. Podemos todos autoengañarnos, decir que va a ser una ley que va a controlar mucho mejor las administraciones públicas. Sí, señorías, eso es cierto, y este proyecto significa un avance respecto a la legislación en estos momentos vigente, pero qué duda cabe --y SS.SS. lo conocen-- que buena parte de la actividad contractual de la Administración ya no la realiza la Administració estricto, sino que la realizan multitud de empresas; qué duda cabe que en estos momentos hay un programa de construcción de cárceles, por ejemplo, de 50.000 o 60.000 millones de pesetas, con contratos todos ellos superiores a 7.000 millones cada uno, en los que las obras las realiza una empresa sociedad anónima excluida del ámbito de aplicación de esta Ley; qué duda cabe que una buena parte de las obras públicas que se hacen en puertos y en aeropuertos ya no las hace la Administración en sentido estricto, las hacen empresas sociedades anónimas, con capital muchas veces exclusivo de la Administración, pero sociedades anónimas que están excluidas del ámbito de aplicación de esta ley.
Por tanto, señorías, haríamos mal engañándonos todos, diciendo que con esta ley se va a mejorar la contratación. Se va a mejorar la contratación de las administraciones públicas, pero la actividad económica y contractual sale fuera del ámbito de la Administración en sentido estricto. Y todo eso por voluntad de esta Cámara y del Senado, puesto que no se han aceptado las enmiendas que en ese sentido se proponían; quedarán fuera los aeropuertos, la sociedad de infraestructuras, puertos del Estado, autoridades portuarias, etcétera.
Creemos, señorías, que se ha perdido la oportunidad de agilizar el procedimiento de recursos. Había una recomendación de la Unión Europea en el sentido de que se agilizasen los procedimientos, y esta Cámara y el Senado han entendido que con la modificación de la Ley de procedimiento ha sido suficiente, nosotros creemos que no. Y, para terminar, ha quedado excluido todo el ámbito relativo a los sectores más punteros en estos momentos, los sectores de la energía, del agua y de las telecomunicaciones. Si quedando excluidos los mencionados sectores creen SS.SS. que hemos cumplido el mandato y el objetivo que nos habíamos propuesto para abarcar todo el sector público, están en su derecho en pensarlo, pero nuestro Grupo opina que no hemos cumplido ese objetivo, que hemos perdido la ocasión, que hemos mejorado la legislación vigente, pero que hemos dejado fuera del ámbito de aplicación de la ley excesivas cosas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet.


Página 7549


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando se produjo la primera reunión de la Ponencia encargada de informar el texto legal remitido por el Gobierno, más de un ponente mencionó sus dudas en relación a la posible impronta de gafe que pudiera adornar el proyecto legal, atendidos no solamente los precedentes en la pasada cuarta legislatura, sino también los acontecimientos que se iban produciendo paralelamente a su tramitación parlamentaria. Sin embargo, parece ser que en esta ocasión la conocida como «ley de contratos» inicia en estos instantes su último trámite parlamentario para convertirse ya en ley aplicable en toda su vigencia, superando con ello esa consideración a que antes nos referíamos.
En este último trámite de aprobación definitiva del proyecto de ley reguladora de las contrataciones de las administraciones públicas es, pues, dado recordar las, inicialmente, más de 400 enmiendas formuladas en esta Cámara al proyecto gubernamental, entre ellas 90, aproximadamente, del Grupo Socialista. A las aludidas enmiendas, el Senado, en su mensaje motivado, expresa que le han sido sumadas y recogidas unas 120 enmiendas más al texto normativo remitido por esta Cámara después de su trámite de aprobación en el Pleno de la sesión del 16 de febrero pasado, número de enmiendas --120-- de las cuales más de 110 son calificables de meramente técnicas o gramaticales y las escasas 10 restantes afectan al fondo del proyecto legal. En otras palabras, el proyecto legal que tuvo entrada en esta Cámara en marzo del pasado año resulta casi irreconocible ante la disconformidad con su contenido no solamente de los grupos integrados en la oposición, sino incluso, y también, del propio Grupo Socialista en ambas Cámaras.
La conclusión ante tal cúmulo de iniciativas de enmienda --más de 600 en la totalidad de su tramitación-- es de todo punto evidente: el proyecto gubernamental no daba la talla legislativa suficiente para afrontar la problemática contractual de las administraciones públicas, eliminando de raíz la sospecha que constantemente cae sobre las contrataciones públicas de cualesquiera ámbitos territoriales.
Lamentablemente, las incorporaciones de la Cámara Alta no han significado una mejora en la calidad de fondo del texto normativo, sino que, como ya se ha manifestado, en su mayor parte son enmiendas de carácter técnico-jurídico o gramatical, como, por ejemplo, el sustituir «1,5 por ciento» por el correcto «1,5 puntos» del artículo 100, o bien la revisión del artículo 116 con la modificación gramatical de cambiar «entre ambos» por la expresión más ajustada de «con unos y otros» o la adición de la palabra «igualmente» en el artículo 12, o sustituir «podrán» por «se podrá» en el artículo 15. Para el Grupo Parlamentario Popular resulta difícil oponerse a tal tipo de enmiendas. Sin embargo, lo fundamental, lo básico, lo verdaderamente trascendental, es decir, el artículo primero -- el ámbito de aplicación subjetiva-- o los artículos 72 y 73, relativos al contenido de los expedientes de contratación, o los fraccionamientos, o los modificados, o la discrecionalidad del contenido del artículo 15, o la inconcreción del procedimiento negociado --artículos 74 y 93--, o su no constancia o justificación administrativa, se mantienen exactamente igual, sin enmienda, sin cambio. Es decir, que siguen plenamente vigentes las palabras del compañero señor De la Vallina en el Pleno del 16 de febrero pasado: Con este proyecto de ley el ordenamiento jurídico no dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la regeneración pública. El Grupo Socialista en el Senado, con sus, en ocasiones, extraños apoyos, nos traslada un texto enmendado en lo accesorio, pero, en modo alguno, en lo sustancial, en lo trascendental.
Por tanto, la conclusión en cuanto a la postura del Grupo Parlamentario Popular, es evidente: las enmiendas aprobadas en el Senado, en su globalidad y con distinciones muy puntuales, no han afectado al fondo del texto normativo, no han conjugado el otrora famoso y hoy ya olvidado impulso democrático con una postura firme desde el imperio de la ley en la regulación de un campo de actuación administrativa que tantos problemas ha ocasionado y está ocasionando a la Administración González: la contratación pública. vez más, dejar constancia de que su oposición al texto regulador de las contrataciones públicas está en absoluta consonancia con su rechazo a cualquier clase de corrupción, y ello como consecuencia de considerar que este proyecto, esta ley, incluso con las enmiendas aportadas en su día a un incompleto e insatisfactorio proyecto gubernamental, no alcanzará, insisto, a evitar las corruptelas, los fraudes, los usos y abusos de las contrataciones en el sector público, sea cual sea su ámbito.
El Grupo Parlamentario Popular, con sus reiteradas enmiendas en ambas Cámaras, con su espíritu de consenso, de transacción, entiende, puede manifestar en este momento que ha cumplido durante la tramitación parlamentaria con su función: ejercer una oposición constructiva, positiva, al mismo tiempo que anunciadora de lo que estimaba y estima incorrecto, mejorable o modificable con carácter necesario. No resultará, pues, extraño que en los instantes finales de la tramitación parlamentaria de un texto normativo de tanta importancia o trascendencia en las Administraciones públicas, para el Grupo Parlamentario Popular, una vez más, sea necesario, sea posible rememorar la frase del clásico como último recurso, al referirse a que lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad; a ésta deberá propender ante la ocasión perdida.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.


Página 7550


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Varela.


El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, después de una larga tramitación de este proyecto de ley, hoy quiero manifesta estar precisamente en ese trámite final y también el voto favorable al texto remitido por el Senado, que, respetando sustancialmente el aprobado por esta Cámara, recoge muchas mejoras técnicas y algunas de contenido.
Quiero destacar dos de estas últimas porque me parecen muy importantes. En primer lugar, la enmienda de los senadores socialistas referida al artículo 20, que recoge las prohibiciones de contratar, por la que se introduce como causa nueva el haber sido condenadas o sancionadas con carácter firme por delito o infracción grave en materia de integración laboral de minusválidos, reforzando con ello, de forma extraordinaria, el contenido de la disposición adicional octava, que declara la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento. Creemos que de esta forma se recoge plenamente el mandato del artículo 9.2 de la Constitución española, al tiempo que se respeta el principio de libre concurrencia. Todo ello, creo, hará realmente operativa la legislación social que regula esta materia.
En segundo lugar, quiero destacar la nueva disposición adicional novena, establecida por enmienda del Grupo Socialista, que reduce al dos por ciento el límite señalado en el artículo 82.3 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, para la utilización del procedimiento negociado --la adjudicación directa, para entendernos-- de los contratos de las entidades locales, lo que supone una nueva medida para impedir que muchísimos pequeños municipios recurran de forma sistemática a la adjudicación directa de sus contratos, recayendo éstos en las mismas empresas e imposibilitando la aplicación del principio de libre concurrencia. De esta forma, el sistema que se establece limita, por ejemplo, a cinco millones los contratos de obra que pueden adjudicar las Administraciones públicas, en general, y las entidades locales por adjudicación directa y, en particular, las que tienen un presupuesto anual superior a los doscientos cincuenta millones. Para las entidades locales con presupuesto inferior a los doscientos cincuenta millones actúa como límite el dos por ciento del mismo.
No voy a reiterarme en los argumentos dados en los distintos trámites de este proyecto de ley en tantas jornadas de Ponencia, de Comisión, en los repetidos debates en el Pleno en torno a cuál es el ámbito de aplicación subjetiva de esta ley.
Se ha mencionado en esta sesión, de nuevo, a los sectores excluidos del agua, energía, transportes y telecomunicaciones, sectores excluidos porque tienen que responder, lógicamente, a la legislación comunitaria en esta materia y que tienen un tratamiento específico tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas.
Se ha mencionado, de nuevo, que los artículos 1 y 2 de este proyecto de ley no recogen a todo el sector público. Yo tengo que afirmar lo contrario. Todo el sector público está incluido dentro del ámbito de aplicación subjetiva de esta ley. Lo que no está incluido son, de nuevo, las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, porque consideramos --como hemos repetido de forma reiterada-- que las sociedades mercantiles que operan en condiciones de igualdad con las sociedades mercantiles de capital exclusivamente privado tienen que someterse a condiciones de mercado, y estas condiciones de mercado establecen la necesidad de agilizar y flexibilizar los trámites, cosa que no es requerida para las administraciones públicas, que en su ámbito son, exclusivas, y, por tanto, no tienen que competir con nadie.
A mí la postura de la derecha me parece congruente, porque lo que desean es la drástica reducción del papel del Estado, es decir, de las administraciones públicas y, por tanto, una privatización indiscriminada de las empresas con participación y control público. Una forma indirecta de conseguirlo, pero eficaz y segura, es someter a estas sociedades mercantiles a las mismas rigideces que tienen las administraciones públicas.
Es, por tanto, una postura congruente, aunque tremendamente perversa, la del grupo de la derecha, conseguir el objetivo garantizando el fracaso de las empresas públicas.
Pero más difícil es para mí la postura del Grupo de Izquierda Unida, porque, teóricamente al menos, defienden todo lo contrario; es decir, más empresas públicas, más intervención del Estado. Y esto ¿cómo se puede conciliar con el apoyo sistemático a las inyecciones de capital público en las empresas en crisis mayoritariamente participadas por las administraciones o la supresión de la flexibildad necesaria para una empresa que tiene que competir con otras atendiendo a esas reglas del mercado? Es algo que todavía, en estos momentos, no tiene para mí una explicación válida.
Yo quiero acabar diciendo que los objetivos que inicialmente nos hemos trazado en la tramitación de este proceso se logran plenamente, como son la determinación con precisión del núcleo de legislación básica en desarrollo del artículo 141 de la Constitución, con la mejora importante de la sistemática de la Ley actual, con la adaptación a las directivas comunitarias, la agilización de los procedimientos, el aumento de las garantías para los contratistas suministradores y proveedores, por ejemplo. Pero, además, como ley emblemática de la lucha contra la corrupción, está dotada de mecanismos importantes de control de las

Página 7551


adjudicaciones que satisfacen plenamente las resoluciones del debate del estado de la Nación del año pasado, con la drástica limitación a la contratación directa, la motivación de las resoluciones que se adopten en el expediente, la ampliación del ámbito de aplicación, la creación de los registros públicos de los contratos, la notificación necesaria de las adjudicaciones a todos los interesados, la generalización de órganos colegiados, como son las mesas de contratación o las juntas de contratación.
Creo que quienes se oponen hoy en este trámite al texto que nos remite el Senado hacen mal y, además, no son sinceros.
Esta es la ley de la transparencia y creo que pierden una oportunidad para apoyar un mecanismo que dota a las administraciones públicas precisamente de aquellos elementos de control que hoy demanda la sociedad española.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Han solicitado intervenir en este punto los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Popular y Socialista. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario apoya las enmiendas del Senado a este Proyecto de Ley, la aprobación del conjunto de la proposición de ley, puesto que constituye una importante innovación en nuestro ordenamiento jurídico, ya que, por vez primera, de una forma esperemos que sólida para el futuro, se plantea la regulación y control parlamentario de los créditos destinados a gastos reservados. Se trata de una proposición de ley importante, desde el punto de vista del control parlamentario, además de fortalecer el Parlamento en cuanto lugar en donde se tienen que debatir cuestiones políticas hasta de la importancia de la reserva en un aspecto tan delicado como es la utilización de esos fondos reservados.
A nuestro juicio, ha sido una forma adecuada de responder a escándalos importantes que han sacudido la vida pública española, aunque, desde nuestro punto de vista, podría incluso haberse avanzado algo más, mediante las enmiendas que presentamos en su momento, para que quedase claro que no hay ninguna dificultad para que haya una intervención e investigación judicial en el caso de que se hayan cometido delitos mediante la utilización fraudulenta de fondos reservados. En todo caso, entendemos --así se nos dijo y así hay que entenderlo-- que nuestra legislación procesal permite la investigación judicial de todos esos supuestos delitos y en ese sen supone un avance que no coarta esas posibilidades judiciales.
Reiteramos, por tanto, nuestro apoyo a esta proposición de ley, e instamos a que el Parlamento realmente la ponga en práctica para que exista una legitimación absoluta y no haya ninguna duda sobre la legitimación del conjunto de las instituciones del Estado de Derecho.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martín Villa.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente, para expresar, en nombre de mi Grupo, nuestra disposición a votar favorablemente las enmiendas del Senado y mostrar, sin reserva alguna, nuestra total satisfacción por el desarrollo y la culminación de estos importantes trabajos que hemos llevado a cabo a lo largo de prácticamente un año.
Durante el desarrollo de ese debate, tanto en Comisión como en Pleno, el Grupo Parlamentario Popular ha expresado que nos encontrábamos ante una situación paradójica, felizmente paradójica, dado que, siendo un proyecto de Gobierno, ese proyecto de Gobierno tenía su origen en una proposición del Partido Popular, que hemos de reconocer que el Gobierno hizo suya, después de haberla hecho suya la Cámara casi en su totalidad.
Yo creo, como ha indicado el señor López Garrido que se da un paso adelante, un paso decisivo, sobre todo por entender que hay cuestiones, las que afectan a la seguridad y a la defensa nacional, en las que el Parlamento no puede ejercer su control habitual de las actividades del ejecutivo, como sucede en este caso con la disposición de fondos reservados. Sin embargo, entre el extremo de pedir el control habitual y el otro extremo, es decir, que no hubiera control alguno, hay una solución media y prudente, y yo creo que hemos acertado.
Nosotros hemos manifestado también nuestra posición no favorable a que en este Proyecto de Ley del Gobierno se incluyeran unas soluciones conc relación con el control judicial, y lo hemos hecho por varias razones. La primera de carácter técnico, puesto que creemos que debiera haberse incluido este aspecto en las leyes procesales y no en esta ley; la segunda, porque creemos que este control es posible, aunque seguramente hemos de pensar en hacerlo de forma más ordenada, y, en tercer lugar, porque llevar el control en los términos que planteaban algunos grupos parlamentarios pudiera haber desvirtuado el uso eficaz de estos fondos. Si un policía alquila con nombre supuesto un

Página 7552


piso al lado de un piso que cree que ocupan unos terroristas, en ese momento está incurriendo en una falsedad de documento mercantil, y debe denunciarlo por ese incumplimiento. Como dice un compañero mío, cuando un policía de tráfico o guardia civil trata de alcanzar a un conductor que ha rebasado la velocidad permitida, hay unos minutos en que ese policía o ese guardia civil también está incurriendo en una infracción de tráfico. Por eso, en estos casos, nosotros, que somos partidarios del control, que creemos que el control es posible, que creemos también, con toda sinceridad que el control debe hacerse de otra forma por las autoridades judiciales a como se está haciendo en estos momentos, mostramos, como he dicho, nuestra satisfacción de conjunto.
Pienso que se inició con la Ley de secretos oficiales una intervención especial del Parlamento, se continúa en ésta y en algunos otros aspectos en que actividades del Ejecutivo que rondan a la Defensa Nacional y la seguridad merecen un control, pero no el control habitual, por lo que creo que esta Ley puede ser una prudente solución.
Por eso, señor Presidente, manifestamos nuestra posición favorable, al tiempo que agradecemos a los gruposparlamentarios, especialmente al Gru Socialista, su buena disposición para con nuestras posiciones, que culminaron incluso en la aprobación, en trámite de Senado, de las dos pequeñas cosas que nos quedaban de acuerdo con nuestras posiciones y nuestras enmiendas.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este proyecto de ley ya está todo hablado porque, felizmente, hemos concluido los debates y las votaciones tanto en el Congreso como en el Senado.
Recordará el señor Martín Villa y el Grupo Popular que en el debate de Pleno del Congreso, a su requerimiento, nos comprometimos a resolver el único problema que, a juicio del Grupo Popular, quedaba pendiente, que era el de la comunicación entre la Comisión parlamentaria «ad hoc», que se crea en el artículo 7 del proyecto, para el control de los gast Tribunal de Cuentas, siempre que que la resolución de este problema tuviera encaje en la característica de falta de publicidad que caracteriza estos gastos respecto el resto de créditos presupuestarios.
Hemos cumplido con nuestro compromiso, y, en definitiva, creo que la Cámara y los grupos han dado muestras en el debate de este proyecto de ley de una de las esencias de la democracia, que reside en el compromiso permanente entre la mayoría y la minoría.Durante la discusión de este importante proyecto de ley, que, además, forma parte de una serie de medidas y de normas del Gobierno y de la propia Cámara para dar transparencia a la vida administrativa y al control de los gastos públicos, nos hemos alejado del debate «a cara de perro», que es incompatible con el diálogo en la democracia, y creo que hemos cumplido con uno de los secretos de la democracia, que es la voluntad de compromiso permanente a través del diálogo de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento; por eso es precisamente el Parlamento el órgano central de la democracia, porque sólo en él se puede producir ese compromiso permanente entre la mayoría y la minoría.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.
Debate relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria se va a abstener, lo que señalo al señor Presidente, en la enmienda del Senado al artículo 2.4, en razón de que nos parecía que el texto primitivo del proyecto, al generalizar las personas previstas por la peculiaridad del alto cargo, abarcaba toda aquella casuística no sólo de determinadas empresas mercantiles públicas, sino todas aquellas otras posibilidades que, dentro de los principios generales señalados de altos cargos en el artículo 1.2, pudieran tener contratos de los denominados blindados a la hora de cesar en el cargo. El circunscribir esto, como hace la enmienda del Senado, al artículo 1.2, letra f), nos hace solicitar la votación separada para manifestar nuestra abstención, señor Presidente.
Votaremos favorablemente a todas las demás enmiendas. No haré ninguna referencia a las que conllevan una mejora técnica, pero sí queremos destacar aquellas que dan una clarificación al texto remitido por el Congreso al Senado en su día, como es la relativa al artículo 1.2 g), sobre la introducción de los directores de gabinete de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que no se recogía.
Asimismo, el artículo 6.1 hace una clarificación de las declaraciones voluntarias del cónyuge y su correlación con otra enmienda posterior al artículo 6.3, en la declaración de la renta y en el registro de intereses de los altos cargos.
También votaremos afirmativamente, porque lo consideramos positivo, al artículo 12.4, al especificar la actuación de los órganos competenciales en materia de sanciones. El texto queda mejorado con esto a nuestro juicio, señor Presidente, y evita no

Página 7553


tanto un principio de inseguridad jurídica como una indeterminación del órgano competencial, tanto en incoación de expedientes como en aplicación de sanciones, como se señala en el artículo 16.1 esta enmienda, para determinar, como he dicho anteriormente, el órgano competente en la incoación del procedimiento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, ¿de qué sirve que limitemos la tenencia de acciones a los cónyuges y a los h indicado que ahora se tramitan las acciones a través de los cuñados o de los suegros? Yo creo, señorías, que nos hemos quedado cortos otra vez. La buena voluntad de intentar atajar los problemas que se han suscitado en nuestro país se ha visto limitada con este proyecto, pues se ha quedado corto.
Nosotros propusimos que se llegase hasta el cuarto grado civil, sabiendo siempre que la ley va por detrás de la realidad. Pero, señorías, en estos momentos la realidad está en los cuñados y en los suegros. Por tanto, el esfuerzo para acotar en el 10 por ciento, en el caso de los cónyuges y de los hijos, es totalmente insuficiente.
Otra de las cuestiones que no ha quedado resuelta, señorías, es la absoluta contradicción de que, habiendo incurrido en una infracción muy grave, se limite a publicarse esa sanción en el «Boletín Oficial del Estado», pero que la sanción no comprenda el cese. Es algo que nadie entiende. Después de una infracción muy grave, en la que se establece que si está ocupando un puesto no podrá volver a ser nombrado, lo lógico sería que la primera medida fuese el cese fulminante. Los ciudadanos no entienden que alguien del que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» que ha incurrido en infracción muy grave contra esta ley no sea cesado. Eso sí, es sancionado a que no podrá ser nombrado de nuevo alto cargo, pero no es cesado. Por tanto, señorías, este proyecto queda muy limitado.
Hay dos enmiendas en las que también vamos a proponer votación separada. En la primera, a la que se ha referido el señor Mardones, no entendemos que en la limitación «a posteriori» para los presidentes y directivos de las empresas se les excluya ahora --cuando se reconoce que hay una prestación económica, etcétera-- de la obligación de que durante dos años, a partir de la fecha de su cese, no puedan realizar actividades relacionadas. Esta exclusión, con la mención al artículo 1.º 2.f) que se ha hecho, creemos que está injustificada. Se puede decir que los altos cargos de las empresas van a tener dificultades para acudir a las empresas públicas si no se les excluye, pero señorías, ¿para qué, entonces, estamos haciendo esta l elementos más importantes, como son los cargos de las empresas públicas, ahora se le excluye de esa excepción? La segunda enmienda, que ha sido aprobada por el Senado y que creemos que introduce una nueva distorsión en todo el esquema de la ley, es la del artículo 16.1. Lo lógico es que el órgano competente para imponer la sanción sea el que incoe el expediente. De esta Cámara salió el texto en el sentido de que el órgano competente para incoar el expediente sancionador es el Ministro para las Administraciones Públicas. ¿Por qué? Porque en el apartado tercero la imposición de sanciones por faltas muy graves corresponde al Ministro para las Administraciones Públicas.
El Senado nos trae un texto cuya razón no acabamos de comprender, en el sentido de que en los demás supuestos -- dice-- el órgano competente para la incoación será el Consejo de Ministros. Señor de Ministros es el órgano competente para imponer la sanción y para incoar el expediente en el caso de los ministros y de los secretarios de Estado, pero en el resto de los supuestos entendemos que esto es una distorsión y, además, en nuestro sistema, español, de procedimiento administrativo no tiene mucho sentido que incoe el expediente el Consejo de Ministros para que lo resuelva el Ministro para las Administraciones Públicas. Creemos sinceramente que estaba mucho mejor el texto remitido por el Congreso, que incoe el Ministro para las Administraciones Públicas, porque es el competente para imponer la sanción.
Por tanto, señorías, señor Presidente, también nosotros pedimos votación separada en las enmiendas a los artículos 2.º4 y 16.1.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero manifestar que nuestro Grupo va a apoyar las enmiendas del Senado por entender que mejoran, sobre todo desde el punto de vista técnico, el proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Entendemos que con esta ley --naturalmente todo en la vida es perfectible-- se ha dado un paso muy importante para garantizar la transparencia patrimonial de los altos cargo de la Administración. Con una ley como ésta probablemente habría habido más mecanismos de detección de casos tan escandalosos como el del

Página 7554


antiguo director general de la Guardia Civil y tal vez no se hubiera producido el llamado caso de Interior. No lo sé, porque evidentemente las posibilidades de corrupción son muchas y las de ocultamiento también; y, por muchos controles, por muchos registros, por muchas declaraciones, cuando hay una actividad delictiva hay una voluntad de encubrimiento, de ocultación, y, a veces, la ley no puede prever todo lo necesario para que estas conductas delictivas puedan ser detectadas, con prontitud al menos. Pero algo es algo y yo creo que se da un paso muy importante en esa transparencia patrimonial de los altos cargos y, en ese sentido, nos parece que con este proyecto se cumple un mandato de esta Cámara, recientemente aprobado en el debate del estado de la Nación, mandato que también coincide con aspiraciones y con propuestas reiteradamente expuestas por el Grupo Popular desde hace mucho tiempo ante esta Cámara.
Finalmente una satisafacción, señor Presidente, la satisfacción de que el Grupo Socialista no haya caído en la tentación de alterar el título del proyecto, del proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación. Estuvo a punto de aprobarse una enmienda en el Senado en la que se hablaba del Gobierno del Estado. Y aquí hay que recordar --y conviene que de vez en cuando lo hagamos y tal vez en momentos como éste sea oportuno hacerlo-- que en esta Cámara, cuando se debatió la Constitución, se produjo un interesantísimo debate sobre el artículo 2, que dice que la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española; y a continuación se estableció el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Quiero recordar que ilustres excompañeros nuestros en esta Cámara, como los señores Roca y Pujol, expresamente manifestaron su total conformidad con dicho texto de la Constitución por entender que se estaba haciendo una innovación profunda en un concepto nuevo para el Derecho Constitucional español cual es el de considerar a España incluso como una nación de naciones. Sin renunciar cada una de las nacionalidades a la posible consideración como nación, a su vez se asumía, insisto, por los señores Roca y Pujol, la consideración de España como nación.
Por tanto, es absolutamente congruente con ese mandato constitucional y con la aceptación de todos quienes hicieron el consenso constitucional proyecto en el que se habla del Gobierno de la Nación. Es legítimo hablar de Gobierno de la Nación, es constitucional hablar de Gobierno de la Nación y cualquier otra cosa a lo único que contribuiría sería a alejarnos de aquel consenso constitucional que fue beneficioso para la convivencia en paz y en libertad de todos los españoles.
Gracias, señor Presidente.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, felicitarme por la tramitación de este proyecto de Ley, que supone un avance importante ya no en relación con el sistema de incompatibilidades de altos cargos existente en 1982, cuando algunas personas de la derecha española tenían responsabilidades de gobierno --por aquel entonces había pluriempleo político--, sino que también supone un paso importante en la regulación, los mecanismos de control del sistema de incompatibilidades que existe en nuestro vigente ordenamiento desde 1983, modificado en 1991.
Efectivamente, este proyecto de ley está en esa línea de la transparencia y está en la línea de reforzar los mecanismos de impulso democrático en nuestro país, porque las incompatibilidades de los altos cargos tienen una razón de ser fundamental, que se consigue con este proyecto de ley y con el régimen que ya existía en la actualidad, y es garantizar la independencia del cargo público, la prevención de supuestos de corrupción, aunque siempre existirá la posibilidad de violar la ley, la posiblidad de introducir controles de intereses para impedir la violación de la independencia del cargo público. Por tanto, se reivindica la autonomía de lo político, la no confusión del cargo público, la evitación de prácticas de autocontratación, se garantiza la dedicación del cargo público desde la lealtad en garantía de la eficacia y con absoluta transparencia.
Este proyecto de ley supone reforzar un sistema que ya en nuestro país conocía un marco regulador positivo y progresista, que se había iniciado a través de la Ley 25/1983 y que se había reforzado mediante la Ley 9/1991, de 22 de marzo. Con aquellas leyes se ponía fin a una práctica que existía en la propia Administración española y era el pluriempleo político, la existencia o la posilibidad de percibir distintos sueldos o percepciones públicas por el desempeño de otros tantos cargos públicos. En 1983, se acabó con aquella práctica, pero el sistema ha venido conociendo importantes deficiencias, una deficiencia fundamental del sistema de 1983 y de la Ley de 1991 es la falta de datos en el registro de intereses, la de mecanismos sancionadores más contudentes o de mecanismos controladores más eficaces a disposición de la Inspección General de Servicios de la Administración pública.
Pues bien, con este proyecto de ley se garantiza la incompatibilidad absoluta, pero se refuerzan los mecanismos de control y los de sanción. También se refuerzan otros mecanismos muy importantes. Por ejemplo, se establecen y regulan las llamadas incompatibilidades «ex-post», es decir, la prohibición de intervenir con posterioridad

Página 7555


al cese en el desempeño del cargo en actividades directamente relacionadas con ese cargo. Se hace una excepción, a través de una enmienda del Senado, que consideramos adecuada, una excepción a esta incompatibilidad «ex-post» basada en las peculiaridades específicas de un supuesto que difiere, por la naturaleza del cargo, del resto de los altos cargos. Me estoy refiriendo al tema de los presidentes de las sociedades mercantiles con mayoritariamente con participación pública, al ámbito de lo que es la gestión empresarial. Hay una peculiaridad en ese cargo que le diferencia del resto y, en este sentido, nos parecen positivas las salvedades que introduce el Senado. Debe saber esta Cámaraque con esta ley se prohíbe absol altos cargos que hayan cesado o desempeñado una determinada función y también se prohíbe la intervención en actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que haya dictado resolución en el ejercicio del cargo. Es un instrumento más de transparencia, de prevención, un instrumento que nos coloca ante una ley muy importante en la perspectiva de la lealtad, la eficacia de la Administración pública y en el desempeño de los cargos públicos.
También quisiera resaltar que se refuerza el régimen sancionador, donde se establece la posibilidad de la incapacidad de ocupar un alto cargo a quien incumpla la ley, a quien oculte datos, a quien contraviniera de manera grave esta ley, por tiempo que puede ir hasta un máximo de diez años. Se introduce asimismo un mecanismo importante, y esta Cámara tiene que saberlo, la restitución de las cantidades indebidamente cobradas. Si un alto cargo ha desarrollado actividades incompatibles ocultándolo y ha percibido cantidades procedentes de Tesoro Público de manera indebida por efectos de esa icompatibilidad, va a tener la obligación de restituir las cantidades indebidamente cobradas. Creo que éste es un avance muy importante en el sistema legal español.
Se refuerzan los mecanismos de información parlamentaria. Ante esta Cámara hay que rendir cuentas. La Inspección General de Servicios de la Administración pública tiene la obligación de rendir cuentas semestralmente del grado de cumplimiento, evolución y aplicación de esta ley. Cualquier sanción llevará también aparejada una consecuencia, la de la publicidad, no sólo en el «Boletín Oficial del Estado», sino ante esta Cámara, el conocimiento exacto de los incumplimientos. Por lo tanto, reforzamiento de los mecanismos de control.
Algunos han intentado incurrir en el rídiculo, el registro de intereses, actividades y bienes; han intentado exigir que esta ley contemplara un registro de relaciones sentimentales.
Porque, cuando algunos hablan de cuñados desde una posición absolutamente demagógica, no sabemos dónde ponen el freno: en los cuñados, en los primos segundos, en los primos terceros, en los primos cuartos. Hay que establecer un límite y nosotros hemos establecido unas limitaciones basadas fundamentalmente en lo razonable.
Esta ley hay que ponerla en valor porque es un paso muy importante de nuestro sistema democrático. Introduce obligaciones fundamentales en el conocimiento y en la transparencia de los intereses y de los bienes patrimoniales de los altos cargos, que quedan obligados a declarar, por ejemplo, bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias, el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses, las sociedades participadas por las que sean objeto de declaración, según el apartado c), es decir las participaciones societarias, con señalamiento de sus respectivos objetos sociales.
Esta ley también supone un importante reto a esta Cámara. Pone de manifiesto la necesidad de adaptar el sistema regulador del funcionamiento de las obligaciones de esta Cámara con el que existe en el nivel de los altos cargos del Gobierno. Por lo tanto, supone un paso adelante en la perspectiva de reforzar los mecanismos de control, los mecanismos sancionadores, la transparencia, la dedicación, la independencia de lo político y la consideración al servicio del interés público y general.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.


El señor PRESIDENTE: Debate de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Antes de iniciar el debate correspondiente a estas enmiendas, comunico a la Cámara que la votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de esta proposición tendrá lugar a la una o en el momento posterior en que el estado del debate en curso lo permita.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido el Senado a este proyecto de ley que ahora se denomina de modificación del Código Penal tipificando la apología de los delitos de genocidio. Esta sería la primera enmienda que queremos destacar.
Una proposición de ley como ésta, en base a nuestra doctrina democrática fundamental de la defensa de los derechos humanos, no sólo circunscribe los delitos de genocidio, porque ya el propio Código Penal vigente,

Página 7556


pero sobre todo el que sale modificado de esta proposición de ley orgánica, habla en plural genocidio; en el primer párrafo de la exposición de motivos parece circunscribirlo sólo a Europa, quedando esas zonas solapadas de Europa y Asia. Me estoy refiriendo a Turquía y al pueblo kurdo o a lo que está ocurriendo actualmente en Africa o en cualquier otra parte del globo terraqueo, donde se dé cualquiera de las formas de persecución a las minorías por cuestiones étnicas, raciales, ideológicas, religiosas, etcétera, y cualquiera que sea su simbología, para que tengamos reflejado con honor democrático en esta pluralidad la sensibilidad y la persecución de los delitos de genocidio En cuanto a las enmiendas, la que se refiere al artículo 1, en la que se sustituye la frase que aprobamos en su día en el Congreso, «la apología para acometer los delitos», por la nueva que trae la enmienda del Senado, que nos parece más concreta y afortunada, de «la apología de los delitos tipificados en el artículo anterior», que se refieren a las fórmulas de los genocidios en la tipificación penal, queremos destacarla del resto. El resto, en verdad, son prácticamente los mismos textos que aprobamos en el Congreso; únicamente se ha hecho una reagrupación y ubicación sistemática para una mejor concreción y sobre todo las referencias ya explícitas en las enmiendas que hacen esta reubicación de que no falte el epígrafe siempre de llamada expresa al Código Penal español y al arîtículo que se modifica.
Considerando todo esto de orden instrumental positivo, nosotros vamos a votar favorablemente todas las enmiendas, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, voy a manifestar la opinión de nuestro Grupo, su posición favorable a la aceptación de las enmiendas introducidas en el Senado a esta importante proposición de ley orgánica, presentada con pertinencia y sentido de la oportunidad por el Grupo Popular y, además, con corrección técnico-jurídica, que merece ser destacada, señor Presidente.
Se produce este debate en un momento especialmente significativo, en un momento de cáracter simbólico inequívoco; estamos celebrando en este momento el holocausto judío. Por esta razón, mi Grupo, en el Senado, intentó precisar o dar mayor relevancia semántica, mayor relevancia jurídica al carácter antisemita de estas conductas que en este momento estamos configurando como delictivas. En todo caso, quiero decir, señor Presidente, que con vergüenza los ciudadanos de todo el mundo tenemos que declarar que genocidios se siguen produciendo, que genocidios se siguen produciendo en diversos puntos del mundo y no esporádica, de forma preocupantemente frecuente, y que la apología de este tipo de conductas debe merecer el más intenso reproche penal.
Por tanto, y desde esta perspectiva, queremos felicitar al Grupo proponente de esta importante iniciativa que incorpora a nuestro derecho punitivo una de las conductas en este momento más perniciosas, más repulsivas y que deben ser objeto de una atención punitiva de carácter intenso, con las connotaciones y las condiciones con que con la pertinencia que hemos comentado el Grupo Popular nos ha presentado esta proposición de ley.
Manifiesto de nuevo la opinión favorable de mi Grupo Parlamentario a la proposición, en primer lugar, y a las enmiendas incorporadas en el Senado, en segundo lugar.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, como ha señalado el señor Olabarría, se cumple en esto mismos días el cincuenta aniversario del holocausto; hoy mismo se celebra el Día Mundial del Holocausto. Por tanto, es una fecha simbólica para la aprobación en esta Cámara, con carácter definitivo, de esta proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio, presentada en su momento por el Grupo Popular, al que felicitamos y seguimos felicitando por esa acertada iniciativa, que ha sido objeto de un estudio detenido, de un enriquecimiento importante a lo largo del trámite parlamentario.
Creo que es un momento adecuado para recordar una vez más el carácter profundamente repugnante de la acción genocida, cuya apología se castiga precisamente en esta proposición de ley.
En 1944, Lemkin acuñó el término genocidio; hace 50 años se acuñó ese término para denominar las atrocidades de los nazis en la II Guerra Mundial. Pero antes de eso ha habido muchos acontecimientos desgraciados en la historia de la civilización, que han constituido exterminio de grupos humanos, que eso es, en definitiva, el genocidio, fundamentalmente, por tres causas a lo largo de la historia: por las guerras de conquista, que hacían que el vencedor exterminase al perdedor; por razón de religión, por ejemplo, las cruzadas en la Edad Media, la matanza de los árabes y más recientemente el caso de los hugonotes, en Francia; o por el dominio colonial, dominio colonial en Latinoamérica, en Asia, en Africa. Y en el caso de Latinoamérica no está exenta de culpa la acción de nuestro propio país, de España.


Página 7557


Sin embargo, los más graves casos de genocidio se han producido en el siglo XX, en nuestro siglo, que ha sido un siglo importante de avances tecnológicos, de avances democráticos, y también un siglo de genocidio, en el que se han producido constantes exterminios, con unas características incluso mucho más sofisticadas. Solamente hay que recordar el caso del genocidio de los armenios a manos de los turcos en 1915 o 1916, que tuvo una condena muy tibia de la comunidad internacional, o el genocidio de los judíos y también de los gitanos, que se produjo entre los años 1939 y 1945, perpetrado por los nazis en Alemania con características trágicas y del cual hoy, como decíamos, se cumple el cincuenta aniversario; un genocidio caracterizado por la intervención ya del Estado, con medios económicos y militares que antes no tenía, por tanto un genocidio planificado estatalmente, que se caracterizaba por la existencia de una religión distinta del exterminador, pero con una auténtica capacidad estatal de exterminio. Alguien ha señalado --creo que fue el sociólogo Horowitz-- que el genocidio en el siglo XX era un elemento de unificación del Estado; ha sido un elemento incluso de unificación del Estado la acción genocida.
Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días ha habido ejemplos clamorosos de genocidio que, una vez más, no han recibido la contundente oposición de la comunidad internacional. Y quiero recordar algunos de estos casos a título de ejemplo. Por ejemplo, en el año 1960, el caso del exterminio de congoleños por el ejército de ocupación, el ejército colonial en el Congo; en los años 1965 y 1972, en Burundi, acción hoy día tragícamente resucitada, la lucha entre tutsis y hutus; en el año 1971, el caso de Bangla Desh; en 1970 y 1974, en el Paraguay, la matanza de indios; en 1978, Kampuchéa; en 1974 y años sucesivos, matanza de indios en Brasil; en 1982, matanza de palestinos en Líbano; en 1986, Sri Lanka, y en los tiempos actuales, en estos mismos días, el caso de los kurdos y el caso de Yugoslavia, que es un ejemplo nuevo de exterminio, de genocidio, que no se había producido en Europa hasta este momento en el siglo XX, porque normalmente el genocidio se ha producido en el Tercer Mundo, casos de genocidio a causa de las estructuras sociales o políticas como causas últimas de imposibilidad de evitación, pero en el caso de Yugoslavia en nuestra propia Europa. En todos estos casos, la comunidad internacional ha reaccionado tarde y mal y en el caso de Yugoslavia, lo estamos viendo, de una forma lamentable. Hoy mismo, en los medios de comunicación se habla de las dificultades por las que atraviesa el Tribunal de La Haya, creado en el año 1993 por el Consejo de Seguridad, para juzgar los actos genocidas producidos en Yugoslavia, un Tribunal que tiene difícil apoyo político, pocos medios económicos y personales y dificultades jurídicas.
Esta proposición de ley, por tanto, es un avance, una aportación, naturalmente limitada, pero al menos una aportación, simbólica en alguna medida y real en otra, contra este delito contra la humanidad que es el genocidio. Además de eso, esta proposición de ley ha sido enriquecida, a lo largo del trámite de Ponencia de este Congreso de los Diputados, con la aportación de otro elemento que hay que destacar y que no aparece en el título de la proposición de ley, que es el caso del delito de la provocación o incitación a la discriminación de personas o grupos por motivos referentes o de origen racial, étnico o nacional o a su ideología, religión o creencias, y asimismo la aplicación de una nueva agravante en el Código Penal, y es cuando cualquier delito se comete por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen étnico o nacional o a la ideología, religión o creencias de la víctima. Es una aportación muy importante que también está reflejada en el proyecto de ley del Código Penal que está examinando la Ponencia --próxima a iniciarse ya la fase de Comisión en este Congreso de los Diputados-- y, por tanto, que hace de esta proposición de ley, a través de la condena de la apología del genocidio, de la condena de la provocación o incitación a la discriminación, de la agravación de las penas por delitos que se cometan por motivos racistas o por discriminación, una importantísima proposición de ley. Creemos que es una feliz coincidencia el que se haya producido precisamente en un día tan simbólico como el de hoy, en el que se celebra trágicamente el 50.º aniversario de uno de los acontecimientos más vergonzosos de la histori Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, discutimos hoy las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la tipificación de la apología del delito de genocidio.
Estas enmiendas, como ya se ha dicho aquí --no insistiré sobre ello--, aportan sustanciales mejoras técnicas y sistemáticas a un texto en el que los debates en el seno de la Ponencia y de la Comisión habían sido ya extremadamente enriquecedores.
Quiero hacer mención a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el Senado, que fueron derrotadas y que hacían referencia a la especificidad del antisemitismo y, por lo tanto, del genocidio, entendiéndolo fundamentalmente como el holocausto del pueblo judío.
Hoy se celebra el 50.º aniversario de la liberación del campo de Bergenbelsen. Hace poco acogíamos con aplausos unánimes de toda la Cámara a la amical de

Página 7558


supervivientes españoles de los campos de exterminio y hoy, precisamente, se celebra el Día Mundial del Holocausto Judío.
Seis millones de judíos - -1.200.000 niños-- murieron como víctimas de sus asesinos nacional-socialistas.
La especificidad del holocausto me lleva también a recordar desde esta tribuna a tres personas cuyos nombres deseo expresamente que consten en el «Diario de Sesiones» de esta discusión: en primer lugar, a doña Violeta Friedman, sin cuyo combate no sería posible hoy hablar de esta proposición de ley orgánica; a don Angel Sanbriz, diplomático español, aragonés, encargado de negocios de la Legación de España en Budapest, Justo de la Humanidad, que con sus cartas de protección y pasaportes temporales salvó, con riesgo de su vida y de su integridad, a varios miles de judíos húngaros, de origen o no sefardita y español; y a don José Ruiz de Santaella, de Baena (Córdoba), agregado agrícola de la Embajada de España en Berlín, que también fue declarado en su día Justo de la Humanidad y que, con riesgo de su vida y de su integridad, salvó a tres mujeres judías.
La historia de España y la de Europa se encuentran, pues, en este momento alrededor de un proyecto de ley en el que no hay que olvidar a esos 60.000 Judíos de Salónica que mueren hablando en ladino en las cámaras de gas de Auschwitz. Pero en esta discusión hemos recordado no solamente la historia de Europa y la historia de España, hemos recordado también la superioridad de los valores de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico, la superioridad de la libertad, de la verdad y de la dignidad en el ordenamiento jurídico español y en el ordenamiento político que los españoles libremente nos dimos como nación europea.
Por eso se incluyó en los debates de la Ponencia y de la Comisión del Congreso de los Diputados un agravante para los delitos cometidos por motivos que tenían su origen en el odio racial, étnico, religioso, nacional, etcétera, y por eso acabó incluyéndose el delito de apología por discriminación racial que si bien, como ha sido dicho, no figura en el título de la ley, sí es una de sus partes más fundamentales.
Se trataba, además, de hacerlo de manera urgente, de no esperar más al nuevo Código Penal, de incluirlo ahora, de dar una señal política concordada entre los distintos grupos políticos, apoyada en la mayoría del pueblo español y en los deseos del mismo de celebrar correctamente este Año Europeo de la Tolerancia.
Esto me lleva en este debate, en el que se aprueba por fin la inclusión en el Código Penal de los delitos de apología del genocidio y de apología de la discriminación racial, con el agravante ya mencionado, a hablar del problema político de la intolerancia, del problema que se nos plantea a los demócratas con respecto a la intolerancia y, más concretamente, sobre lo que debemos hacer los demócratas respecto de los intolerantes; de los intolerantes de aquí, de este país. Porque el problema genérico de la intolerancia tiene en España una principal plasmación concreta, que es la intolerancia de los violentos, la intolerancia de los terroristas.
Hay que recordar que el genocidio judío no hubiera sido posible sin el compromiso de Munich de 1938 y que las cesiones, las concesiones, las negociaciones con quienes utilizan la violencia para llegar a sus fines de todo tipo sólo sirven para alimentar, para dar más combustible, para dar ánimo a los que tratan de imponer sus doctrinas de exclusión, sus doctrinas de opresión y sus doctrinas de muerte sobre la gran mayoría de los ciudadanos libres, de los ciudadanos pacíficos y de los ciudadanos tolerantes.
Si uno ha visto en el Museo del Holocausto de Jerusalén, en el Memorial Yad Vashem, las actas de la Conferencia de Wansee, del año 1942, en la altas jerarquías nazis calculan los medios necesarios para llegar a la total exterminación del pueblo judío en Europa, a la solución final del problema judío, porque así lo llamaban --el problema judío--, verá que no falta nadie, que están mencionados hasta los judíos de los países neutrales, hasta los judíos de España que, en número de 6.000, integraban ese total de once millones a exterminar.
Permítanme decir, finalmente, para terminar, que éste debe ser fundamentalmente un acto de reafirmación de la fortaleza de la libertad y de la democracia, entendida como la voluntad de la mayoría y el respeto de la minoría sobre cualquier otra consideración; que la intolerancia, que la violencia de los intolerantes, que la utilización política de la violencia con objetivos no compartidos por la mayoría de los ciudadanos, sólo puede ser combatida a través del Estado de Derecho y de la Superioridad y de la fortaleza de las democracias, y que sólo la debilidad o la división de los demócratas es la que alienta, la que alimenta y la que fomenta y justifica la acción de los intolerantes.
Hoy es un día especialmente importante, no sólo porque se aprueba la inclusión de estos delitos en el Código Penal, sino que debe ser también un día importante porque recordamos que el genocidio del pueblo judío, el holocausto y la II Guerra Mundial fueron posibles no sólo por la naturaleza viciosa y perversa de la ideología que lo sustentaba y que desde aquí hemos condenado todos, sino también por la división, por las flaquezas, por la debilidad de los demócratas frente a quienes deseaban sólo y exclusivamente imponer su voluntad por métodos violentos, por métodos criminales y por métodos asesinos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.


Página 7559


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, permítanme que empiece mi intervención diciendo que gozosa semana la de un plenario del Congreso que empieza con la abolición total de la pena de muerte y acaba aprobando esta proposición de ley que condena la apología del genocidio y otros delitos de apología. Es verdaderamente una semana importante en la cual hemos tenido, además, la afortunada coincidencia de que venga a aprobarse hoy definitivamente esta proposición de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que tenía su origen en los artículos correspondientes del proyecto de Código Penal de 1992.
Permítanme que subraye que también resulta alentador que esta proposición de ley se haya visto enriquecida con tres enmiendas del Grupo Parlam Socialista y una de Izquierda Unida, fundamentalmente por el talante con que se llevó a cabo el debate, la discusión, la profundización, en definitiva, el celo que pusieron todos los grupos para perfeccionar estos delitos que hoy incorporamos al Código Penal; delitos que, como normalmente se conocen, son llamados contra la Humanidad.
No son delitos específicos o de rango menor. Quizá sean los mayores crímenes que se han cometido en la sociedad y, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, delitos que desgraciadamente se siguen cometiendo hoy día; delitos que hemos tenido la desgracia de padecer en nuestra nación; persecusiones que hemos tenido la desgracia de padecer en nuestra nación. Porque parece que cuando hablamos de la apología del genocidio, o del genocidio, nos referimos sólo a casos que han pasado fuera, cuando todos sabemos, desgraciadamente, que esos casos que pasaron fuera también tuvieron su antecedente concreto en esta nuestra España querida. Por último, quiero destacar en este preámbulo que me sumo a la felicitación de este Congreso de hace una semana para con los supervivientes de las víctimas de los campos de exterminio nazi, por una iniciativa de nuestro compañero del Grupo Socialista, el Diputado señor Yáñez.
Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, son tres los datos que debo resaltar. En primer lugar, como se ha dicho, la apología del genocidio que, como todos ustedes saben, no figuraba anteriormente en nuestro Código Penal. Si me permiten, yo pondría también el énfasis en la apología simplemente, en concreto, en el artículo 165 ter que se incorpora al Código Penal, que en línea con lo que se viene defendiendo en el proyecto de Código Penal que ayer vio finalizada su discusión en la Ponencia de esta Cámara, va a permitir que se adelante una tipificación de la apología que debe resolver cualquier duda que cualquier incrédulo jurista pueda tener al respecto.
Creo sinceramente que con este nuevo artículo 165 ter no puede quedar duda para condenar a todos aquellos que, como dice el artículo, provoquen o inciten directamente o mediante apología, a tr de comunicación, o por cualquier otra publicidad, a la discriminación de personas o grupos por su origen racial, étnico, nacional o su ideología.
Permítanme que en este momento reitere la condena que expresé en la Comisión del Defensor del Pueblo el martes pasado. Creo que este Congreso de los Diputados no puede permitir que personas, al socaire de la publicidad que dan determinados cargos deportivos, hagan arengas y soflamas de corte radicalmente racista, máxime cuando alguno de estos apologistas del racismo desgraciadamente ostenta el cargo de alcalde de una importante ciudad. Por lo tanto, reitero la condena de estas conductas discriminatorias contra personas que puede ser que el único gran delito que han cometido en su vida sea el de no haber colado un gol en una tarde desafortunada de fútbol.
Por último, quiero destacar igualmente, como lo han hecho mis preopinantes, la incorporación de un nuevo agravante genérico en el artículo 10 de nuestro Código Penal. El apartado 17 no deja tampoco duda cuando establece, a partir de su entrada en vigor, cometer cualesquiera de los delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas y otros referentes al origen étnico o nacional o a la ideología, religión o creencias de las víctimas.
En definitiva, señorías, anunciamos, como no puede ser de otra forma, el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición de ley y repetimos nuestra satisfacción por el ánimo de diálogo y consenso que se dio en su tramitación.
Quiero, asimismo, sumarme a todas las condenas que se han hecho antes de todas las conductas que pueden ser y son nada más que un atentado contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de los seres humanos, en definitiva, un delito contra la Humanidad.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.) Enmiendas del Senado al proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas. (El señor Carrera i Comes pide la palabra.) ¿Señor Carrera?

El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, quería solicitar la votación separada de la enmienda a la disposición final primera y, en concreto, a la supresión del guión que hace referencia al número 2 del artículo 23.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera. (El señor López Garrido pide la palabra.) ¿Señor López Garrido?

El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo pide votación separada de las enmiendas al artículo 27, números 2 y 3; y 133.1.


Página 7560


El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar conjuntamente? ( Asentamiento) Enmiendas del Senado a los artículos 27, números 2 y 3; y 133.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 152; en contra, 10; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda del Senado a la diposición final primera, en el punto relativo a la supresión de la referencia al número 2 del artículo 23.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 153; en contra, 10; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 159; en contra, uno; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 277; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administra del Estado. (El señor López Garrido pide la palabra.) Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, solicitamos votación separada de las enmiendas al artículo 2.4 y 16.1.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia tenía conocimiento ya de estas solicitudes de votación separada.
Enmienda al artículo 2.4.
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 267; en contra, 11; abstenciones, dos

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 16.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 133; en contra, 146; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS DE INTERES COMUN EN TIERRA SANTA, HECHO EN MADRID EL 21 DE DICIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000144)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
Vamos a proceder a las votaciones de los dictámenes. Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 272; en contra, uno; abstenciones, dos.


Página 7561


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE, HECHOS EN MONTEVIDEO EL 4 DE AGOSTO DE 1994 (Número de expediente 110/000146)

El señor PRESIDENTE: Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, FIRMADO EN TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DE 1994 (Número de expediente 110/000148)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 279; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, HECHO EN ASUNCION EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000149)

El señor PRESIDENTE: Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República del Paraguay.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) VITIVINICOLA (Número de expediente 059/000018)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercado vitivinícola.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.--Numerosos señores Diputados abandonan el Hemiciclo.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Señor Ministro, puede comenzar.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Señor Presidente, señorías, después de esta desbandada de algunas de SS.SS., espero que al menos acompañen su descanso con una buena copa de vino español.
Desde que la Comisión Europea presentó hace un año su primera propuesta para reformar la Organización Común de Mercado del sector vitivinícola, mucho se ha discutido ya sobre esta iniciativa comunitaria y, sin duda, el Parlamento español ha sido un ejemplo de esta intensa actividad. Son casi incontables las preguntas orales, interpelaciones, mociones y debates en los que he tenido oportunidad de intervenir en representación del Gobierno, y lo mismo les ocurre a los diversos grupos parlamentarios que, seguramente, han tenido que hacer todos un esfuerzo de imaginación para aportar nuevas ideas, nuevos puntos de vista al debate; y así es, como han sido también innumerables las tomas de posición, los comunicados, los manifiestos y las gestiones realizadas por los sectores profesionales vitivinícolas. Queda, por tanto, poco por decir sobre la bondad de los criterios de nuestros agricultores en la forma en que producen nuestros vinos, ni sobre la evaluación negativa de algunas importantes propuestas de modificación que pretende incorporar la Comisión Europea a la regulación del mercado comunitario, y tampoco queda mucho por decir sobre las estrategias que debiéramos mantener unos y otros para convencer a la Comisión y al resto de los estados miembros de nuestros argumentos y de nuestras razones. Tanta abundancia de iniciativas y aportaciones han llevado a este Ministro a recomendar, en más de una ocasión, a sus interlocutores una cierta prudencia. El razonamiento, desde mi punto de vista, es sencillo. La reiteración de los debates sin que existan nuevos elementos para ello, dado que no se han producido avances en la negociación, pudiera correr el riesgo de conducir a la acentuación de diferencias internas que son más de matiz que de fondo. Por tanto, convendría soslayar esos debates en beneficio del mantenimiento de una posición unitaria en este

Página 7562


tema, teniendo en cuenta, además, que no se han producido avances en las conversaciones mantenidas en el seno del Consejo de Ministros, que es donde corresponde hacerlo, con vistas a lograr un objetivo. Se trata de un debate unilateral más que multilateral, al que intentamos aportar argumentos nuevos sobre la base de una posición que, desde el punto de vista de los debates multilaterales en el Consejo de Ministros, ni siquiera a nivel técnico ha dado ningún resultado puesto que prácticamente no ha habido reuniones durante los últimos meses.
Creo que no descubro nada si afirmo que éste ha sido uno de los temas en los que hemos coincidido prácticamente todos, desde partidos político sociales. Tras esta rara unanimidad, no exenta algunas veces de intentos de engrandecer la polémica, en cualquier caso, sanas disputas que no han enturbiado el consenso, la Comisión Mixta para la Unión Europea aprobó el pasado 14 de noviembre una resolución que resume la posición de los diversos grupos parlamentarios. A la vista de su contenido, no puedo por menos que resaltar mi satisfacción ya que esas recomendaciones que se elevan al Gobierno para que fije su posición futura ante las instituciones comunitarias coinciden prácticamente con la postura que ha defendido el Gobierno ante la reforma de la OCM del vino. La resolución de la Comisión Mixta contempla también que no se renuncie al compromiso de Luxemburgo para la defensa de los intereses nacionales. No obstante, esperemos no tener que llegar a este extremo y que las demandas españolas puedan ser alcanzadas mediante la negociación y la flexibilización de la propuesta de la Comisión, aunque no excluimos el uso de ninguno de los instrumentos previstos para la defensa de nuestras posiciones y para la defensa de nuestro sector.
Sin embargo, quiero recordar a SS.SS. que, en mi opinión, la reforma de la OCM del vino es necesaria, y es necesaria por una razón poderosa: el gran volumen de excedentes, debido, fundamentalmente, al descenso del consumo de vino, que continúa en algunos países, si bien la tendencia se ha estabilizado e incluso se ha reinvertido moderadamente al alza en el caso español. Por tanto, la reforma de la OCM es necesaria desde el actual desequilibrio de la oferta y la demanda del vino, desequilibrio que se pretende corregir. Pero también hay otros aspectos que me parecen insatisfactorios en la regulación actual, como por ejemplo el hecho de que exista un arranque voluntario, voluntario sí pero sin ningún tipo de control; o la complejidad en la regulación; o el reparto desigual del ajuste actual de ese desequilibrio en el mercado, basado fundamentalmente en destilaciones realizadas básicamente por el sector italiano o por el sector español o como consecuencia de la sequía que padecen periódicamente los países mediterráneos. Creemos que hay otras alternativas de reequilibrio del mercado que pueden ser más beneficiosas desde el punto de vista de los intereses del sector vitivinícola español.
Tenemos que considerar que reducir la producción comunitaria no es necesariamente malo para los agricultores españoles que, en condiciones normales, no de sequía, como he dicho, destilan anualmente un volumen importante de vino. Por tanto, la aplicación de una futura OCM, por supuesto adecuada a las condiciones españolas, puede ser positiva para el sector vitivinícola español. Más tarde matizaré algunos de estos elementos.
En la propuesta hay un cambio fundamental, y es que se quiere regular tanto el vino de mesa como otros, efectuando esa regulación no sólo a través de la destilación del vino sino también evitando que se produzca el vino, ajustando la producción vía planes regionales de arranque y regímenes de adaptación de la viticultura. Por otra parte, partiendo de un arranque exclusivamente voluntario, en mi opinión, es preferible, sobre la base de que nunca vamos a aceptar un arranque de viñedos de carácter obligatorio, tener un cierto control sobre el mismo, en lugar de la situación actual en la que no podemos hacer nada para evitar estos arranques. Quiero señalar a este respecto que desde el inicio de la campaña 1988-89, del programa de arranques subvencionados, y hasta la campaña 1993-94, inclusive, en España se han arrancado alrededor de 170.000 hectáreas, que representan más del 40 por ciento del total arrancado en la Comunidad Europea. Por tanto, la regulación actual desde este punto de vista tampoco es satisfactoria, y tener el instrumento que permita poner un control a este tipo de arranques, que en ningún caso pueden se otra cosa que voluntarios, me parece que es importante desde el punto de vista de la capacidad de la regulación de nuestro sector y de la regulación de las funciones que este sector realiza en la vida económica, social y a la protección del suelo en muchas regiones españolas.
Pero que reconozca que la reforma es necesaria, no significa que el Gobierno vaya a aceptar cualquier tipo de reforma, y, en este sentido, quiero reiterarles una vez más nuestra firme oposición a la propuesta de la Comisión en su redacción actual. La postura española ha sido expuesta muy claramente en los diferentes consejos de ministros y a la Comisión Europea.
Nuestro rechazo sustancial se basa en que consideramos que los excedentes vínicos del mercado deben considerarse como excedentes comunitarios, como ocurre en las organizaciones comunes de mercado del resto de los productos agrarios, mientras que la propuesta de la Comisión equivale a adjudicar, al menos parcialmente, a cada Estado miembro sus propios excedentes y, por tanto, su propio ajuste.
Por otra parte, como también ocurre en el resto de las organizaciones comunes de mercado, las actuaciones de regulación del mercado y de los ajustes

Página 7563


estructurales correspondientes deben financiarse íntegramente con cargo al presupuesto comunitario, y no cofinanciados por los Estados miembros, como propone la Comisión. En este sentido, pedimos que se cumpla el compromiso del Consejo Jumbo, del 20 de septiembre de 1993, en lo que se refiere a que las reformas de las organizaciones comunes de mercado pendientes deben garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria, debiéndose tener en cuenta en dichas reformas las condiciones y principios agrícolas y financieros que se han aplicado para el conjunto del sector agrícola y, en particular, para los sectores ya reformados.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta de la Comisión está planteando un enfoque de ahorro presupuestario que no debe ser en absoluto uno de los objetivos de esta reforma para un sector que tiene un coste muy reducido para el presupuesto comunitario, y esto va a suponer también un elemento de discriminación en el enfoque de la regulación del sector respecto de otros sectores.
Asimismo, como saben, estamos en contra de la chaptalización, que no responde a la definición del vino y no tiene justificación técnica, ofreciendo además una clara ventaja económica a quienes lo practican, con efecto sobre el desequilibrio del sector, agravando este desequilibrio si no se produce con mosto concentrado.
Por último, a la vista de las medidas propuestas por la Comisión para la reducción de la producción regional, cosecha en verde, reducción de rendimientos y arranque, los países del norte, que tienen rendimientos altos, podrían reducirlos aplicando simplemente algunas modificaciones en las prácticas agronómicas; por el contrario, para los países del sur, que están en el límite más bajo de los rendimientos, el reducirlos puede suponer siempre medidas de carácter más traumático, agravado por el hecho de que la compensación prevista por la Comisión para medidas como la vendimia en verde está notablemente desequilibrada respecto del arranque, con lo que se fomentaría este último respecto de esta medida alternativa para la reducción de la producción de carácter menos traumático que el arranque que es la vendimia en verde.
Este aspecto del arranque, que es un elemento de la propuesta de la Comisión, es desde nuestro punto de vista, poco respetuoso con el medio natural, y siendo la medida más agresiva contra el mismo, tendría sin embargo una mayor indemnización que la vendimia en verde. Por el contraio, se propone mantener la chaptalización que permite el abonado y los tratamientos intensivos, cuya sustitución por el mo permitiría mantener cientos de miles de hectáreas de viñedo.
También nos preocupa notablemente que en la propuesta de la Comisión no se plantee la resolución del problema del precio de los alcoholes para los sectores del brandy y otros consumidores de alcoholes vínicos, con lo que no solamente se corre el riesgo de pérdida de competitividad para estos sectores sino el riesgo de que con ello se agrave el desequilibrio entre la oferta y la demanda comunitaria y, por tanto, se agraven las necesidades de la reducción de la producción del vino.
Estas son las líneas esenciales de la postura que venimos manteniendo en los debates comunitarios, que creo responden a las posiciones que se recogen en la resolución de la Comisión Mixta que hoy debatimos, que estoy convencido coincide con la opinión producida en España entre las diferentes fuerzas sociales y políticas representativas del sector vitivinícola y con las diferentes instituciones, especialmente con la Mesa para la defensa de la viña y el vino, plataforma que está luchando eficazmente en todos los frentes.
Pero me preocupan también no ya los aspectos técnicos de la defensa, sino algunos elementos de concepción, de espíritu, que ilustra esta refor una reforma que no da confianza al sector del vino europeo. El sector del vino europeo, es cierto, depende fundamentalmente del mercado y de sus exigencias. Mantener e incluso ampliar el mercado del vino es, por tanto, fundamental para la continuidad del sector. Y creo que hay argumentos importantes para apoyar esta acción sobre el mercado. El vino como producto natural, el vino como elemento fundamental de nuestra cultura y de nuestra tradición, el vino, que forma partede nuestra dieta alimentaria mediterránea, es también un componente saludable consumido en cantidades moderadas. Creo que cuestionar estos conceptos es hacer un daño irreparable a nuestra producción.
Por ello, considero conceptualmente peligroso el que el incremento artificial con sacarosa de grado alcohólico rompa estos conceptos de vino como elemento saludable de nuestra dieta o vino como producto natural. Por tanto, la chaptalización no solamente es rechazable desde un punto de vista material, sino incluso desde un punto de vista conceptual de lo que significa la defensa de la producción del vino como un elemento fundamental de nuestra dieta mediterránea, de nuestra cultura y también, consumido en cantidades moderadas, como un elemento favorable desde el punto de vista de la salud. Creo que las soluciones economicistas que rompan el concepto del vino como producto natural, el vino como cultura, el vino como producto de prestigio, deben ser rechazadas de base. El objetivo no está en ofertar un producto barato, sino en ofertar un producto natural, con calidad, imagen y prestigio, que responda al concepto tradicional de nuestra cultura vitivinícola.
Por otro lado, es preciso realizar un ajuste interno entre la oferta y la demanda, pero basado preferentemente en un incremento de la demanda, mediante el consumo moderado, alternativo a otros consumos perjudiciales para la salud, antes que proceder a un ajuste permanente de la oferta. Para ello, hay que pelear en

Página 7564


la defensa de los mercados interiores y en la ganancia de los mercados exteriores, promoviendo el consumo de vino europeo en los mismos. Ello sólo se conseguirá si la imagen y el prestigio del vino alcanzan las cotas precisas para poder incrementar el mercado.
Si verdaderamente queremos ser eficaces defendiendo los vinos españoles y, en consecuencia, conservar nuestros viñedos, tenemos que mentalizar a los diversos sectores implicados, incluido el comercializador y el consumidor, y plantearnos la producción de vinos de calidad, disminuyendo la producción de vino común y de vino destinado a la destilación; elaborar buenos caldos con personalidad, de acuerdo con el gusto de los mercados regionales y nacionales. La capacidad de acomodarse a las exigencias del mercado, ofertando productos de calidad, pero con las características que el mercado demande, dará la medida de las posibilidades de supervivencia y crecimiento del sector. Eliminar las trabas innecesarias en las denominaciones de origen para la elaboración de vinos al gusto del mercado, siempre que sean de calidad y garantía para el consumidor; incrementar cada día más la calidad del producto, son tareas fundamentales en nuestra estrategia de defensa del sector. El futuro se encamina a gran velocidad hacia el consumo exclusivo de vinos de calidad.
En España, en mi oponión, es necesaria la modificación en profundidad del vigente Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, acomodando, entre otras circunstancias, la normativa de las denominaciones de origen a la situación actual. Es preciso que la nueva OCM sirva para efectuar la adecuada estructuración del sector, elaborador y comercial, vertebrando el mismo para poder conseguir la adecuada competitividad en el mercado mundial. El viñedo español cumple, además de un sostén económico, un papel primordial en el mantenimiento del paisaje, así como en la creación de riqueza y en la ocupación de la mano de obra, que en muchas zonas no podría ser sustituido por otros cultivos.
Diría que a esta unanimidad de criterios se ha llegado porque en los países mediterráneos el vino no es sólo un producto agrario, es una seña de identidad, presente en nuestra dieta fundamental, en la literatura, en la historia, en la cultura, en la religión, en las fiestas y en el más hondo sentir de nuestros pueblos. Además, la presencia de las vides en la tierra no sólo es un elemento que caracteriza el paisaje de grandes zonas españolas, es también una garantía de lucha contra la desertificación y es una garantía de destino económico y social a unas tierras que, en muchos casos, carecen de otras alternativas de cultivo.
Por otra parte, también quiero insistir en la necesidad de defender los vinos comunitarios respecto de los vinos procedentes de terceros países. ¿Tiene sentido una política abandonista de la producción comunitaria para hacer hueco a las importaciones de vinos procedentes de otros países, como Australi Unidos? Países, por otro lado, con los que difícilmente puede emplearse el argumento de la necesidad de ayudar a su desarrollo, países a los que la producción de vino comunitaria ha enseñado a producir vinos. Es evidente que hay que insistir en que el principio de la preferencia comunitaria debe aplicarse también al sector vitivinícola.
Finalmente --como SS.SS. conocen y he recordado al principio de mi intervención-- los debates están paralizados desde hace varios meses en el Consejo de Agricultura, sin que se haya avanzado, ni siquiera en reuniones de carácter técnico, y no es previsible, en mi opinión, que la actual Presidencia francesa vaya a activarlos lo suficiente como para que la propuesta pueda ser aprobada en las próximas semanas. Será por tanto, previsiblemente, uno de los principales expedientes que herederá la Presidencia española del Consejo de Agricultura durante el segundo semestre. Mi intención es activarlos, si es posible, para adelantar su discusión y conseguir una buena solución, pero su eventual aprobación no dependerá sólo de la voluntad de la Presidencia española sino de la flexibilidad del resto de las delegaciones y muy en particular de la Comisión Europea.
Aseguro a SS.SS. que no me van a faltar fuerzas ni energía ni decisión para defender la postura que se contiene en la resolución que hoy debatimos y exigir las modificaciones necesarias para conseguir, finalmente, una reforma de la OCM vitivinícola que sea beneficiosa para los intereses españoles.
En definitiva, puedo asegurarles que en este tema como en los forrajes de secado, en la reforma del azúcar, en el acuerdo del tomate y en otros que se están revelando como reformas aprobadas muy beneficiosas para el sector, nuestros objetivos específicos van a ser prioritarios y no vamos a supeditarlos a ningún otro interés.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Abrimos un debate para fijar posiciones, expresar observaciones o pedir aclaraciones por parte de los distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar y en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Permítame una cuestión previa, en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta la situación catastrófica que estos días han supuesto para el sector agrario. Quisiera solidarizarme con este sector que ha padecido y está padeciendo la catástrofe de la sequía, sobre todo y fundamentalmente el sector vitivinícola, que estos días también está padeciendo el desastre de las heladas

Página 7565


en la hortofruticultura y en nuestros viñedos, y, a la vez, señor ministro, quisiera rogarle que agilice cuanto antes algunas medidas que palíen estas situaciones.
Señor Presidente, señor Ministro, este debate se celebra una vez más, a instancias del Grupo Popular, como consecuencia del último punto de la aprobada el pasado día 14 de noviembre en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Nosotros, señor Ministro, discrepamos de usted cuando afirmaba el pasado 8 de noviembre, y en alguna medida también esta mañana aquí, que esta demasiado sobre este tema, pues tenemos constancia de la importancia que los organismos comunitarios técnicos y políticos, han dado a las múltiples iniciativas y debates en las Cortes Españolas sobre la reforma de la organización común de mercado del vino.
Señorías, estamos padeciendo estos días la evidencia de lo que venimos denunciando desde el Grupo Popular desde hace más de 10 años: que este Gobierno aceptó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y su posterior desarrollo de una forma absolutamente humillante para el pueblo español. Hemos asistido a lo largo de estos diez años al desmantelamiento industrial, agrario, ganadero y pesquero. Nos han obligado a pagar durante siete largos años tasas de corresponsabilidad para pagar los excedentes de cereales, leche, etcétera, que el resto de los países europeos producían, al tiempo que ustedes les ponían en bandeja casi el único activo que tenemos los cuarenta millones de consumidores españoles.
Señor Ministro, como no estamos dispuestos a encontrarnos con hechos consumados y teniendo en cuenta el comportamiento de este Gobierno, capaz de firmar la claudicación española y, al mismo tiempo, empeñarse en vendérnoslo como todo un éxito, a la vez que asistimos al resquebrajamiento de los principios básicos de la Unión Europea, donde están primando las vinculaciones nacionales con terceros países y sus propios intereses económicos por encima de la solidaridad interna de la propia Unión, es por lo que pensamos que este debate es absolutamente pertinente y oportuno para que se pronuncie una vez más, y espero que de forma unánime, la soberanía nacional, recordándole al Gobierno de España que hasta aquí hemos llegado, que no estamos dispuestos a otra humillación, que tenemos la fuerza de la razón, que, por tanto, usted no está autorizado a firmar esta reforma u otra parecida, ni siquiera a cambio de cuatro pesetas más por hectárea de arranque de nuestras viñas; que el Gobierno español y su Presidente están obligados a cumplir los acuerdos adoptados por la soberanía nacional que representa esta Cámara.
Señor Presidente, señorías, dado el escaso tiempo que tenemos para este trascendental debate, voy a referirme a los aspectos más llamativos y que más evidencian el alto grado de cinismo y humillación que pretenden imponernos los dirigentes de los países supuestamente amigos y socios de la Unión Europea.
Nosotros decimos que sí es necesaria esta reforma, que es imprescindible esta reforma, que la actual reglamentación de la Organización Común de Mercado del vino no es nuestra, no se hizo para nosotros que se elaboró en el año 1984 para los miembros de la Comunidad Económica Europea, a la cual no pertenecíamos, y, por tanto, dada la trascendental importancia de España en el sector vitivinícola europeo, es imprescindible y urgente reformar la actual Organización Común de Mercado del vino, pero al mismo tiempo es absolutamente inaceptable, absolutamente infumable la actual propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado del vino, que se basa como única filosofía en definir que existen 194 millones de hectolitros de vino de producción en la Comunidad y un consumo, entre comillas, por todos los conceptos en torno a los 154 millones y que, en consecuencia, sobra y hay que destruir cuarenta millones de hectolitros de vino. Esto es todo lo que se les ocurre a los sesudos dirigentes de la Unión Europea, sobre todo del centro y norte de Europa.
Pues bien, nosotros decimos que hay otra filosofía, que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otras formas más progresistas, más imaginativas como es el intentar una promoción del consumo moderado del vino, que más tarde analizaremos. Y ¿cómo se propone repartir esa pobreza, esa miseria, esa destrucción de cuarenta millones de hectolitros de vino? Señorías, España es el país al que le obligan a reducir su producción en un mayor porcentaje, un 21 por ciento î--al resto de los países se les aplica una reducción menor--, a pesar de que somos el primer país del mundo en superficie dedicada a la viticultura y, sin embargo, el tercero en producción. Algo querrá decir, algo estaremos haciendo nosotros en favor de la calidad y en favor de una producción en extensificación.
Esta reforma no cumple para nada la filosofía y los principios básicos en que se ha fundamentado el resto de las reformas de los productos continentales establecidos en la reforma de la PAC; no cumple para nada los acuerdos que se adoptaron en el Consejo Jumbo, al que ha hecho mención el señor Ministro de Agricultura como son los principios de garantizar las rentas o la preferencia comunitaria. ¡Ya es un sarcasmo hablar en la Comunidad Económica Europea de preferencia comunitaria, señor Ministro, porque no aparece por ningún lado, no aparece en ninguno de los documentos! No hay preferencia comunitaria, como vamos a ver también más adelante, y es un principio del Tratado de Roma de obligado cumplimiento.
Nosotros, señor Ministro, producimos la viticultura en extensificación. Nuestros rendimientos están en 27 hectolitros por hectárea; en el resto de los países,

Página 7566


sobre todo en el centro y norte de Europa, rondan los 150 ó 200 hectolitros por hectárea. ¿Dónde están esos principios básicos de fomentar la extensificación en detrimento de la intensificación de las producciones, que se plasmaba en la reforma de la PAC y en los acuerdos Jumbo? ¿Dónde está la solidaridad financiera, la comunitarización de los excedentes de las producciones, etcétera, que requiere el Mercado énico? En ningún sitio.
Señor Ministro, las repercusiones, más importantes para nuestro país, para España, de la reforma de la Organización Común de Mercado del vino son catastróficas. Además, señorías, en España estamos cumpliendo ya los requisistos restrictivos que plantea la reforma de la Organización Común de Mercado del vino. Nosotros no regamos los viñedos; ellos sí tienen autorización parar regar los viñedos, a pesar de su clima más humedo, y así nos va y así tenemos en estos momentos muchos de los viñedos, sobre todo de Madrid hacia abajo. Yo los he visitado este fin de semana y daba pena ver muchas extensiones de viñedo sin brotar prácticamente. Nosotros hacemos unas prácticas agronómicas tendentes siempre a la limitación de los rendimientos. Nuestra densidad de cepas por hectárea es tres veces inferior a la de la Unión Europea. Señorías, la densidad de cepas por hectárea en España ronda las 1.500-2.000 cepas, mientras que en el centro y norte de Europa está entre 4.000 y 5.000. Además nosotros producimos vino natural, señorías y luego hablaremos de ese tema.
Hemos arrancado, señor Ministro, no 140.000 hectáreas; se han dejado de producir en España en los últimos diez años en torno a las 300.000 hec viñedo; unas subvencionadas, a las que se refiere el señor Misnistro, y otras sin subvencionar. La realidad cruda y dura es que se han abandonado en torno a 300.000 hectáreas de viñedo en los últimos diez años. ¿Qué quieren imponernos desde los organismos comunitarios? Ya hemos cumplido las medidas restrictivas. A nosotros no tienen que darnos lecciones en estos temas. Tenemos en nuestra legislación una graduación mínima natural, a partir de los 9 grados, como establece el Estatuto de la viña, del Vino y de los alcoholes; ellos establecen una graduación en torno a los 5 grados.
Señor Ministro, uno de los problemas más graves que se nos avecina no es solamente la reforma de la OCM del vino, es el GATT. Se ha hablado poco de este tema, pero señorías, mientras en la Unión Europea se quiere arrancar los viñedos, fundamentalmente los de España, en Australia, en Nueva Zelanda, en América del Norte y del Sur, en Suráfrica, se están triplicando las plantaciones de viñedo. ¿Qué política se está siguiendo en la Unión Europea? Señor Ministro, la Unión Europea es usted, no le quepa duda, la Unión Europea es usted.
Cuando se sientan los quince miembros allá deciden y usted asiente o firma. No digamos que la Unión Europea es un ente abstracto. Es usted, es este Gobierno y es don Felipe González en las cumbres de Jefes de Estado.
Señorías, nos van a invadir de vino. Hay ya ofertas, a partir del 1 de julio, a las puertas de la Unión Europea a 17 pesetas el litro de vino, con un arancel exclusivo del 25 por ciento, que ustedes han firmado, que ustedes han aceptado. Señorías, nosotros hemos elaborado una alternativa de cómo entendemos que debe ser la Organización Común de Mercado en defensa de los intereses de las producciones españolas y también hemos elaborado un balance comunitario en el sentido de demostrar, y lo demostramos, que no habría excedentes de vino en la Unión Europea aplicando las propuestas que hacemos. Nosotros decimos «no» a la chaptalización, pero «no» de una forma contundente, porque en nuestro país se ha dicho en muchas ocasiones por altos dirigentes que nos dicen que es una cultura y una tradición; es incierto, por no decir que es mentira. No hay cultura ni tradición en fabricar brebajes ni en fabricar vinos. Esa no es una cultura; es una práctica por intereses exclusivamente economicistas. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular). Eso lo inventó Michel Chaptal hace cien años aproximadamente para, en cosechas anómalas poder abastecer a sus mercados. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!). Pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, vaya concluyendo.


El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.
Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron a fabricar vinos, señor Ministro, y eso le suena mal a cualquier español. Porque nosotros estamos acostumbrados a elaborar vino con cultura, a elaborar con cariño el vino en la Península Ibérica, fundamentalmente desde hace 2000 años. Fue, digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando, por razones economicistas, empezaron a fabricar ese vino. Porque, señorías, fabricar un grado de alcohol con azúcar de remolacha es infinitamente más barato que elaborar un grado de alcohol con mosto de uva. Y esos son los intereses que están intentando imponernos nuestros socios de la Unión Europea.
Señor Ministro, aquí tiene una verdadera alternativa con la que defender los intereses de España y de los españoles ante la amenaza de desertización, ruina y pobreza que nos quieren imponer nuestros socios de la Unión. Señor Presidente, señorías, en los últimos meses he recorrido la práctica totalidad de las regiones vitivinícolas españolas, he mantenido multitud de encuentros en reuniones con los viticultores de nuestro país y puedo asegurarle que estamos corriendo un grave riesgo, por el rechazo que nuestros ciudadanos están manifestando a los principios básicos de la Unión

Página 7567


Europea. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para, a pesar de todo lo que ustedes están consintiendo con los cereales, la leche, las fresas, la pesca, las patatas, los espárragos, y ahora las viñas, convencerles de que no tenemos otro sitio que la Unión Europea, pero, eso sí, con otra política, con otra forma más firme y contundente de defender los intereses de los españoles (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) recobrando la dignidad nacional, señor Ministro, que este Gobierno está dejando absolutamente pisoteada, siendo el hazmerreír en todo el mundo, sobre todo después de los últimos acontecimientos.
Señor Ministro, no sabe usted la envidia que tienen nuestros agricultores de su compañeros ingleses, franceses o alemanes por cómo les defienden sus respectivos gobiernos. ¿Cuándo el Gobierno de España, ha ejercido el derecho a veto cuándo en diez años? Nunca, jamás, no ha encontrado ocasión --el Gobierno, nosotros sí-- Dígalo esta mañana aquí y comprométase de verdad a que va a ejercer el derecho a veto, pero dígalo y que quede escrito, para que luego usted se sienta vinculado con este Congreso, con la soberanía nacional; que no tenga siquiera la tentación de firmar la propuesta de reforma de Organización Común de Mercado del vino...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Voy terminando, señor Presidente.
No tenga siquiera la tentación de firmar este documento que nos quieren proponer, ni siquiera elevando las primas por arranque de viñedo, porque nosotros no queremos jubilar a nuestro sector productivo, no queremos vender nuestra capacidad de iniciativa, nuestro patrimonio, nuestra cultura de hace 2.000 años. No queremos convertir a los españoles en personas pasivas, dependientes de limosnas que caprichosamente quieran darnos nuestros socios. Queremos y podemos seguir trabajando nuestras viñas, queremos que los españoles sean libres, con iniciativas, y dependientes exclusivamente de su trabajo.
Entre todos tenemos que garantizar el mantenimiento al menos de nuestra capacidad productiva, señor Ministro. Rechace la cuota de referencia nacional que nos quieren imponer. Queremos conservar nuestra capacidad productiva actual, que además supone el mantenimiento de un preciado patrimonio cultural, socieconómico y medioambiental. Y, señor Ministro, hay que ser coherentes. Me parece muy bien que nos haya copiado buena parte de nuestro discurso, porque nosotros ya venimos hablando de esto hace dos años y alguna autoridad tenemos en ello, pero tengan cuidado porque el Presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, que creo que lo conocen y además es miembro de esta Cámara, acaba de decir que el texto de la reforma de la Organización Común de Mercado del vino es satisfactoriamente razonable. Vamos a ver en qué quedamos. Esto sí que es peligroso señor Ministro: el Presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, conocido en esta Cámara y seguramente también por usted.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Isasi.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, es cierto que el tema que nos ocupa hoy ha sido objeto de múltiples debates en esta Cámara, pero me extraña que no se haya introducido un elemento cualitativo, cual es el informe Fantuzzi del Parlamento Europeo, que, a nuestro entender, dificulta todavía más la situación en la que nos había puesto el primer proyecto de reforma de la Comisión. Si bien los informes del Parlamento Europeo no son vinculantes, desde luego pensamos que viene a reforzar una posición de la Comisión, que, por lo que hasta ahora se ha visto, es absolutamente contraria a los intereses españoles en el sector de la viña y el vino. Todo ello se ha producido a pesar de los esfuerzos de los parlamentarios españoles, que han reflejado a través de sus enmiendas en el Parlamento Europeo --de todos los grupos-- esta posición que hemos mantenido con unanimidad, reforzando la postura del Gobierno para que pueda llevar una negociación sabiendo que está apoyada por el conjunto de las fuerzas políticas del Estado español. Sin embargo, ya digo que estas enmiendas no han sido recogidas, sobre todo las más esenciales, las que hacían énfasis en los aspectos más negativos de la reforma.
Nuestros parlamentarios dijeron en el Parlamento Europeo que estábamos asistiendo, señorías, a una confrontación norte-sur.
Efectivamente, pensamos y estamos convencidos que así es. Los países del norte están defendiendo con uñas y dientes sus intereses a través del procedimiento de la chaptalización, que incluiría dos aspectos, el de la producción del vino --por tanto, su venta y comercialización--, pero también el del sector productor de azúcar de remolacha, que incorpora a ese proceso 800.000 toneladas. Por otra parte, los países del norte no productores están defendiendo una postura de recorte del gasto agrícola comunitario, una vez que sus organizaciones comunes de mercado, las que hacen referencia a cereales, vacuno, etcétera, ya están dotadas con la suficiente financiación comunitaria.
Efectivamente, señorías, todas las organizaciones comunes de mercado reformadas hasta el momento han

Página 7568


sido financiadas al cien por cien por el FEOGA-garantía, y la reforma que se nos propone supondría, al final de la misma, no un incremento de la financiación sino un recorte del gasto, del esfuerzo presupuestario de la Unión Europea en un 76 por ciento. Nos parece, señorías, que esto es absolutamente escandaloso e inadmisible. El Comisario Fischler dijo que ya sabía que algunos no iban a estar contentos con lo que de allí saldría, pero que estaba condicionado por la partida presupuestaria. El Comisario Fischler estaba condicionado por la partida presupuestaria, pero todavía lo estaba más, y eso debería ser recordado por el señor Ministro, por los acuerdos --como usted ha recordado hoy, señor Atienza-- jumbo en los que se comprometía la Unión Europea a dotar de los mismos mecanismos y de los mismos medios para estas reformas de los productos meridionales. Señor Ministro, todos hemos reconocido en los distintos debates que ha habido la necesidad de la reforma de la OCM del vino y de la reforma de frutas y hortalizas; pero una reforma en condiciones, una reforma justa, una reforma que respete los principios básicos de la PAC: unidad de mercado, preferencia comunitaria, solidaridad financiera, fijación de la población en el medio rural y respeto hacia el medio ambiente. Ninguno de estos principios comunitarios los cumple esta propuesta de reforma de la OCM del vino. Es más, se recurre a una interpretación arbitraria de la subsidiariedad con el único fin de recortar el gasto en el sector vitivinícola, cuando al mismo tiempo vemos que se están incrementando los gastos en los sectores de los productos continentales. Esta reforma, señorías, de ser llevada adelante de esta manera, va a incidir muy negativamente en el incremento de los desequilibrios estatales y regionales. La reforma no podemos decir que sea de una organización, no podríamos hablar ni de organización, porque una vez que se produce el abandono, no hay ningún instrumento para regular los mercados. No es común, porque no se estatalizan los excedentes ni las medidas. Los Estados más ricos del norte van a tener más posibilidades para hacer una aplicación laxa de los aspectos más negativos de la reforma, cosa que el Estado español no podrá hacer.
Las consecuencias de esta reforma, señor Ministro, señorías -- lo sabemos bien--, significarían el arranque de 340.000 hectáreas de viñedo, la pérdida de 30.000 empleos directos, 1.200.000 jornales de campaña, y se verían afectadas 100.000 explotaciones. Hemos tenido recientemente guerras, y las estamos teniendo en esta Cámara, en las que nuestro Grupo se ha posicionado, las hemos defendido con mucho ardor, han tenido mucha repercusión a nivel de los medios de difusión nacionales, pero de aplicarse esta reforma, tendría unas consecuencias todavía más negativas.El portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra le ha recordado que este no es un episodio aislado. de un acceso a la Unión Europea en unas condiciones nefastas, negativas, que se manifestaron en un principio en algunos productos, como podían ser los productos lácteos, pero que ahora se ven reflejadas en otros que son de importancia vital para la economía de nuestro país.
Yo quisiera pedirle señor Ministro, porque nos consta que ahora mismo estamos en un momento en que el Consejo no dice nada, pero hay unas conversaciones bilaterales, sin entrar en las profundidades de las mismas --porque entiendo que usted debe tener una cierta capacidad negociadora--, que nos diera su impresión sobre dichas conversaciones.
El ponente del PDS, Fantuzzi, en el Parlamento Europeo hablaba de la dificultad de poner de acuerdo a la «Europa de los mil vinos». Yo creo, señor Ministro, que usted tiene la obligación imperiosa de explicar al Diputado Fantuzzi que, si es cierto que estamos en la «Europa de los mil vinos», también lo es que estamos en la Europa de la única política agraria común y que, por tanto, habrá variedad de especies, de comercializaciones, de productos, pero lo que es cierto es que para no producir una discriminación absolutamente injusta con los intereses españoles se tienen que aplicar los principios para una única política agraria común, que no sea beneficiosa para los países del norte y perjudicial para los países del sur.
Yo quiero encarecerle para que esto no se convierta en un episodio del «Fletán 2». Yo reconozco su firmeza hasta el momento, tiene el apoyo de toda la Cámara, el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero que esto no sea otro episodio como el que recientemente nos ha tocado vivir en esta Cámara, porque después usted igual se echa para atrás en la mayor parte de los puntos que hemos aprobado en la última resolución de la Comisión Mixta y al final dice que es el acuerdo razonablemente posible e intenta además hacernos comulgar con ruedas de molino. Sepa, señor Ministro, que eso no se va a producir.
Me ha reconfortado saber que usted está dispuesto a aceptar el punto número ocho de la propuesta de resolución aprobada en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en el que se compromete a ejercer todos los mecanismos que el Tratado de la Unión pone en nuestras manos, y especialmente el compromiso de Luxemburgo. Para defender esta propuesta de resolución, que agrupa la voluntad de todos los partidos de la Cámara y que representa realmente la necesaria defensa de los intereses españoles, señor Ministro, usted tendrá el apoyo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Espero que no vuelva a defraudarnos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.


Página 7569


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
Gracias, señor Ministro, por su participación en este debate, ya que nos era imprescindible recibir de usted la información más actualizada y las precisiones que nos ha hecho, con las que coincidimos en general y prácticamente en su totalidad, incluso en la necesidad de que exista una OCM, pero siempre hemos dicho que no es esta nuestra OCM o que, si tiene que ser ésta, ha de ser manifiestamente mejorada.
El Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se reafirma en este momento en todas y cada una de las resoluciones que respecto al proyecto de reforma del reglamento de la Organización Común de Mercado Vitivinícola hemos apoyado en este Congreso, tanto en el Pleno como en las distintas Comisiones, resoluciones aprobadas por unanimidad por todos los grupos parlamentarios para proporcionar, entre otras cosas, al Gobierno un sólido apoyo que le reforzara para oponerse radicalmente al proyecto de OCM del vino, acuerdos que reflejan también la unanimidad de las posiciones de todo el sector y del conjunto, espero --sabemos seguro--, de la sociedad española.
No existe ni una sola razón para modificar nuestra posición, pero sí que existe una razón por la que este debate no sea una reiteración más de los muchos que hemos realizado desde que se conoció el primer documento de reflexión, porque se han producido recientemente declaraciones del nuevo comisario de Agricultura, Franz Frieschler, y acuerdos a nivel comunitario, concretamente en el Parlamento Europeo, que, aunque no sean vinculantes para la Comisión, pueden conducir a una redacción de la reforma de la OCM muy negativa para los intereses de nuestros viticultores y en general de nuestra viticultura. De acuerdo con esa posibilidad, consideramos que es alarmante el hecho de que de momento hayan prosperado las tesis de los viticultores centroeuropeos de legitimar la chaptalización añadiendo azúcar de remolacha a los mostos como procedimiento natural para mejorar la calidad de los vinos y de que el uso de los mostos concentrados sea considerado como un método que altera las características de las, según parece, excelsas producciones de vino, tal como diría el compañero del Partido Popular, señor Isasi, brebajes de regiones cuyo grado alcohólico natural puede ser de 6 grados, aproximadamente el que tienen las cervezas. Esta chaptalización supone en la Unión Europea una sobreproducción anual de 20 millones de hectolitros, aproximadamente igual a la cantidad en que se estima excedentaria la Unión Europea. Esto obliga a la Unión Europea a mantener como principal objetivo de la OCM la reducción de excedentes mediante el procedimiento estructural de arranque de viñedos y dejando a los demás de vendimia en verde y destilación para ser usados coyunturalmente tan sólo en añadas de sobreproducción. Desde esta premisa, el dictamen del Parlamento Europeo rechaza por insuficiente cualquier otro método de disminución de excedentes, por ejemplo, los de fomento de la calidad, promoción del consumo o incremento de la demanda, acompañado todo ello de la reducción de impuestos.
A partir de la asignación de cantidades nacionales de referencia, se asignarán en un plan quinquenal --dice el informe-- las superficies de arranque de viñedos a cada Estado, que, a su vez, las distribuirá por regiones, según planes regionales, en los que se valorará el autoconsumo y -- cosa curiosa-- las salidas comerciales de los vinos de la zona.
Por otra parte, no vemos ningún respeto por parte del dictamen por nuestra reivindicación del hecho de que el sector vitivinícola de nuestro país significa mucho más que el sector importante de la economía agraria al que no se le pueden aplicar drásticas reducciones sin que ello afecte irreversiblemente a la estructura social del medio rural. No vemos tampoco ninguna sensibilidad por la legitimidad histórica de un cultivo ancestral en nuestro país ni por las consecuencias ecológicas que significaría el abandono seguro, si prosperan estas orientaciones del Parlamento Europeo, de muchas explotaciones y cuyo destino fatal será la desertización, porque la única alternativa al aprovechamiento de estas tierras compatible con la reforma es la reforestación, y ésta, en la mayoría de las zonas, será imposible implantarla.
En su concepción actual la reforma sigue favoreciendo descaradamente los intereses de la viticultura centroeuropea y discriminando a los paíse especialmente a España por ser el primer país de la Unión Europea y también del mundo entero, en superficie destinada a cultivo de viña. Nuestro Grupo entiende que debemos seguir defendiendo si fuera necesario lo que queda por demostrar: que la disminución del potencial productivo comunitario es necesaria. Si se produjera esta demostración, deberíamos empezar por reducir los rendimientos más altos por hectárea antes de hacerlo con las superficies, antes de arrancar una sola cepa, pues en España el rendimiento medio nacional por hectárea está en menos de la mitad de la media europea, lo que en este cultivo, diferente de otros, es sinónimo de calidad. Además, si en el momento de la firma del Tratado de Adhesión España se vio forzada a aceptar razones de calidad y de adaptación al clima para limitar nuestras producciones, por ejemplo de cereales, leche y carne, para absorber los excedentes de la Europa continental, ahora es obligado estar a la recíproca y exigir que sean respetadas las producciones de vino de nuestro país, también por razones históricas, climáticas, sociales y de mejor calidad natural.


Página 7570


Por todo ello, este Congreso debe seguir manteniendo la exigencia al Gobierno para la que tendrá nuestro apoyo unánime, de que defienda la igualdad de trato de esta OCM del vino respecto a todas las demás, exigiendo la total comunitarización y solidaridad financiera y rechazando la cofinanciación, que añadiría todavía más ventajas para los países más ricos centroeuropeos. Al parecer, en las próximas semanas se irá avanzando en el proceso negociador ante la Comisión Europea, antes de que ésta defina y proponga una determinada redacción de la reforma al Consejo de Ministros. A nuestro juicio, sería aconsejable la creación de una comisión de seguimiento del día a día de la negociación en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Para finalizar, quiero recordar que, suponiendo que la negociación de la OCM no se oriente hacia los contenidos aceptables para nuestro país definidos en los acuerdos de este Congreso, existe el mandato para el Gobierno de que éste aglutine una minoría de bloqueo en el Consejo de Ministros comunitario, lógicamente entre los países afines a nuestros planteamientos.
Desconozco, señor Presidente, si en esta clase de debates es reglamentariamente posible acordar alguna resolución. Si así fuera, nuestro Grupo a todas las consensuadas en el Congreso la de rechazar enérgicamente el dictamen no vinculante del Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM del vino por si en alguna instancia europea se quisiera tener en cuenta este dictamen por muy no vinculante que sea.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
La Presidencia le aclara que en este tipo de debates no cabe la posibilidad de votación de resoluciones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Parlamentario Vasco le parece muy oportuno el planteamiento que hizo la Comisión Mixta para la Unión Europea de que el consenso polít allí se alcanzó pudiera ser revalidado en razón de las consideraciones políticas que hiciéramos los diferentes grupos de la Cámara, delante del Ministro y con su participación. Nos congratulamos del alto grado de consenso que hemos alcanzado sobre esta cuestión.
Señor Ministro, desde nuestro Grupo, y creo que también desde el resto de los grupos, a la luz de las intervenciones que ha habido, mantenemos de fondo con el dictamen del Parlamento Europeo sobre la reforma de la OCM del vino, debido a que está manteniendo las medidas esenciales y nucleares planteadas con carácter restrictivo por la Comisión Europea. Estamos de acuerdo en que el vino forma parte de la cultura española, del folclore, de la religión, y en que, además de eso, hay determinadas zonas de la geografía española que no tienen ninguna otra alternativa más que la dedicación a la actividad del viñedo, en razón de que las ubicaciones geográficas, la climatología y las condiciones medioambientales hacen que no haya otras alternativas agrícolas al arranque de viñedos. Es evidente que el debate está paralizado en la Comisión Europea, y obviamente nos encontramos, como en anteriores ocasiones, con conflictos, que en este caso denominamos agrícolas, pero que en definitiva son un conflicto político y un conflicto económico, como ocurre con el tema pesquero, entre países del norte y países del sur, con diferente configuración de la agricultura y diferentes intereses económicos, y eso suponeque las posiciones políticas de ca sean distintas. Nuevamente vemos cómo el sur, la agricultura española en este caso, el viñedo español, está en una posición de desamparo, y nos podemos encontrar nuevamente con una insolidaridad por parte de otros países de la Unión Europea. Señor Presidente, es admitido por todos los grupos de esta Cámara que es necesaria una reforma de la OCM del vino, pues en los últimos años se han generado excedentes en el mercado vinícola europeo debido al descenso generalizado de su consumo, lo que hace necesario equilibrar la demanda y la oferta. Si aceptamos esta premisa general de actuación, desde el Grupo Vasco en lo que no coincidimos es en el modelo de reforma de OCM propuesto, que contiene la obligatoriedad generalizada del arranque de viñedos y la destilación también obligatoria.
De los numerosos debates parlamentarios habidos en el Congreso se ha logrado un consenso general y unánime entre los distintos grupos políticos, lo cual es algo muy destacable y reseñable.
Si hacemos un análisis de las cuestiones afectadas por la reforma de la OCM del vino, apreciamos que hemos logrado un alto grado de consenso político y parlamentario sobre determinadas cuestiones, en primer lugar, la prohibición de la práctica de la chaptalización, es decir, el enriquecimiento artificial del grado alcohólico del vino mediante sacarosa, lo que está generando verdaderamente excedentes vínicos en el mercado y produciendo efectos contrarios al reequilibrio, que es lo que en verdad está persiguiendo el proyecto de reforma.
En el caso de que esta práctica de la chaptalización fuera prohibida, estamos de acuerdo en que, de manera inmediata y por carácter transitorio, se haga obligatoria la identificación de las botellas de vino de origen nórdico con la nota de que el vino está enriquecido con sacarosa. Es necesario que se logre el establecimiento de que la producción de vino en estado natural se acerque a los 9 grados que fija la normativa espeñola, y que en

Página 7571


los casos en que sea necesario el enriquecimiento para alcanzar el grado alcohólico necesario, se utilice la mezcla con el mosto concentrado y no la práctica de la chaptalización. Así lo ha expuesto con claridad el Ministro, porque ello, evidentemente, supondría aprovechar una técnica para reducir excedentes vínicos.
Utilizaríamos el mosto concentrado para ayudar a alcanzar el grado suficiente de alcohol. Aquí nuevamente podemos encontrarnor con intereses economicistas contrapuestos, el norte contra el sur. También se ha dicho por la portavoz de Izquierda Unida, con la que estoy de acuerdo, que hay intereses de los productores y comercializadores del azúcar y nos encontramos en una posición política distinta, pero aquí sí que es necesario que el Gobierno tenga firmeza, apoyo parlamentario y político para defender con tesón y seriedad tal cuestión en el ámbito de la Unión Europea.
En segundo lugar, es necesario que las medidas estructurales y de reducción de la productividad de arranque de viñedos y de destilación obliga financiadas íntegramente por el Feoga, es decir, por el presupuesto de la Unión Europea, tal y como ha ocurrido, y se ha dicho por otros portavoces, en distintas reformas de organizaciones comunes de mercado.
Esta reforma de la OCM del vino debe tener el mayor grado de comunitarización de las medidas de regulación del mercado, pues es ésta la filoso persigue la PAC, ya que, en definitiva, detrás de la PAC nos encontramos con esa materia que es la más comunitarizada desde el año 1957 junto con la política pesquera común, aunque ésta gradualmente ha ido adquiriendo un grado de comunitarización. Por lo tanto, las autoridades comunitarias deben tener una correspondencia, una cohonestación con lo que es la política agraria comunitaria, materia esencial, nuclear y eje central de la integración económica y política europea y fundamento de su creación en 1957. Lo contrario sería una ruptura de una de las esencias que personaliza y que le da ese matiz de ser la materia más comunitarizada de la Unión Europea dentro de las diferentes esferas de actuación política y competencial del ente Unión Económica y Política Europea.
En tercer lugar, señor Presidente, estamos de acuerdo también con que las producciones nacionales de referencia se realicen sobre la base de c producciones históricas, potencial alcohólico natural, así como el esfuerzo de reducción de la superficie vinícola efectuado en España. Hay que tener en cuenta que en el período 1989-1993 en España se ha efectuado una reducción de superficie de 130.000 hectáreas, a diferencia de otros países, como Francia, que ha reducido 70.000 hectáreas, y Alemania solamente 600.
En cuarto lugar, consideramos que el Gobierno central debe utilizar esa máxima firmeza que le han pedido el resto de los grupos parlamentarios discusiones a desarrollar en el Consejo de Ministros de Agricultura europeo, reservándose, como se ha dicho también por el portavoz del Grupo Popular, señor Isasi, la facultad de ejercer el veto, tal como quedó recogido en el contenido del Acuerdo de Luxemburgo.
En quinto lugar, señor Ministro, desde el Grupo Vasco solicitamos al Gobierno que defienda en la Unión Europea la exclusión de las reseñadas medidas estructurales, la reducción de la productividad, el arranque de viñedos y la destilación obligatoria a los vinos de calidad. Hay que llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, bien a nivel europeo bien a nivel interno español estatal, porque el vino de calidad no está generando excedentes en el mercado, puesto que su consumo se está efectuando totalmente, y así está ocurriendo --lo ha dicho también el señor Isasi--tradicionalmente con el vino de La Rioja.
En este sentido, desde el Grupo Vasco propondríamos que, bien en este proyecto de la OCM del vino o bien en la reestructuración de esa política, de ese proyecto europeo a nivel estatal, se efectuara una lista de aquellos vinos excluidos de la reestructuración, siempre que cumplan el requisito, estar amparados por los máximos distintivos de calidad dentro de cada Estado miembro. Así ocurre, por ejemplo, con la denominación calificada del vino de La Rioja.
El Gobierno central ha otorgado un determinado «status», un determinado régimen jurídico, una determinada protección a una producción vinícola española que es la de La Rioja, y ese acto del Gobierno, adoptado hace muchos años, tiene unos efectos políticos, jurídicos y económicos. En definitiva, es el mismo Gobierno el que estableció un régimen económico-jurídico para una producción vinícola española al otorgarle dentro de las diferentes clasificacionesde los vinos españoles, en primer en segundo lugar, las denominaciones de origen restantes y, en tercer lugar, el vino común o de mesa. Por tanto, ese régimen debe tener una trascendencia, algún efecto, porque fue el mismo Gobierno, repito, el que ha aprobado este sistema de funcionamiento interno español de la calificada del resto de las denominaciones de origen y del vino común.
Señor Ministro, también le indicaríamos que estos vinos que se obtienen en regiones agrícolas que no hayan recibido en los últimos años ayudas para la reestructuración, deberían quedar, de alguna manera, mitigados de esa política de arranque, de reestructuración de productividad y de destilación obligatoria. Es decir, que aquellas producciones vínicas que no estén afectadas por medidas comunitarias y ayudas de reestructuración, pudieran quedar excluidas. Y, finalmente, que los productores de estos vinos renuncien a cualquier tipo de ayuda pública, sea autonómica, estatal o europea, durante los próximos cinco años. Esta solución, bien se adopte en el marco de la reforma de la Organización Común de Mercado del vino a nivel europeo o bien a nivel estatal, creemos que es una actuación

Página 7572


sensata y racional para poder llegar a un equilibrio, en la medida en que los excedentes no se están produciendo por determinados vinos, sino por otros.
En este sentido, y para la actuación en esta medida, nosotros definiríamos como región vitivinícola aquella zona geográfica que presente características homogéneas desde el punto de vista del suelo, desde el clima, de métodos y tradiciones de explotación y elaboración. Así lo ha expuesto también pormenorizadamente el señor Isasi en relación al vino de La Rioja.
Por último, señor Ministro, desde el Grupo Vasco, y en relación al equilibro del mercado, defendemos la necesidad de actuar en un doble sentido. En primer lugar, mediante la puesta en marcha --esto se ha dicho también-- de una política de promoción del consumo moderado del vino, de las virtudes dietéticas que el mismo tiene, del valor histórico-cultural, de la trascendencia económica y social que tiene en muchas regiones españolas sin alternativas respecto a ello y de la protección medioambiental que supone que el agricultor se dedique a la plantación del viñedo.
En segundo lugar, es necesario, también, señor Ministro --y nuevamente apelamos a la solidaridad europea-- que haya un marco europeo homogéneo al tratamiento fiscal. El régimen de gravamen fiscal tributario, las accisas que se establecen por parte de los países nórdicos, están impidiendo que haya una comercialización y un consumo de vinos equilibrado. Es un producto carísimo, un producto muy oneroso, un producto que no está al alcance del consumidor nórdico ordinario y que, en definitiva, está originando un tráfico subrepticio, un tráfico fraudulento, un tráfico ilícito. Ahí, la Unión Europea, la Comisaría de la Fiscalidad, debe tender a una homogeneización del tratamiento fiscal que se le da al vino. Este Grupo Parlamentario cree que hay que proceder a una reducción importante de los impuestos especiales que tienen los países nórdicos y de esa estrategia de impedir el consumo y la comercialización ordenada que el mercado por sí mismo produciría y que se está impidiendo repito, por países nórdicos de la Unión Europea.
En definitiva, este es el planteamiento de nuestro Grupo Parlamentario. Estamos de acuerdo con la filosofía y el grado de consenso que hemos alcanzado y, señor Ministro, usted va a tener nuestro apoyo, y creo que también del resto de los grupos, para defender este tema con firmeza y con tesón. Y si en el último momento es necesario utilizar las medidas del compromiso de Luxemburgo, que se utilicen, porque esta Cámara lo va a solicitar y va a tener ese respaldo político.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria fija su posición en este debate partiendo, fundamentalmente, de la valorización política que queremos dar al mismo. En primer lugar, queremos, desde aquí, ofrecer un testimonio de solidaridad con todos los grupos parlamentarios que también han suscrito la resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea del pasado mes de noviembre. Esa solidaridad significa, igualmente, dar un impulso, un acicate al Gobierno como negociador en el seno de la propia Unión Europea, de la que forma parte, de lo cual queremos hacer aquí una primera valorización política. El Gobierno español tiene que sacar todo el partido posible de este acuerdo parlamentario que se lleva, que es una gran baza política para neutralizar la que le están poniendo y le van a poner encima de la mesa: el desdichado acuerdo --dicen que no es vinculante, pero esas cosas vinculan demasiado-- del Parlamento Europeo. Por tanto, expreso aquí, como portavoz de Coalición Canaria, nuestra disconformidad, nuestro contundente rechazo al lamentable acuerdo del Parlamento Europeo. Si a ustedes, a los negociadores españoles en el seno de la Unión Europea, les ponen por delante ese acuerdo, expongan el adoptado unánimemente en nuestra Comisión y en nuestro Parlamento. No hay ninguna duda, y menos para Coalición Canaria, de que es necesaria una organización común, una OCM del sector vitivinícola, como en el sector hortofrutícola o en cualquier otro, y lo decimos desde la satisfacción y comodidad con que nos encontramos en Canarias, señor Ministro --y usted es testigo de excepción, lo quiero reconocer aquí--, con la OCM del plátano, que ha resultado una experienc se negoció bien por España y, en su momento, por la Unión Europea, y en coordinación con la Consejería de Agricultura, con el Gobierno autónomo de Canarias, contando con el apoyo de todas las fuerzas políticas del archipiélago. Desde esa perpectiva, desde esa posición, vamos a ver si consiguiéramos una OCM del mercado vitivinícola que, al menos, se pareciera a la OCM que tenemos en el mercado del plátano y no sufriéramos ninguna contradicción.
Voy a ser restrictivo en cuanto a determinados juicios, que suscribo, de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra como portav grupos, porque, verdaderamente, el documento borrador de la reforma que se pretende hacer del mercado vitivinícola nos permite calificarla de salvaje y de auténtico despropósito, carente de la más elemental objetividad de tipo técnico, de cualificación profesional de lo que se está analizando.
Se nos dice que hay un excedente aproximado de 40 millones de hectolitros, pero esa cifra no puede admitirse por la parte española si no se dice cuál es la procedencia

Página 7573


y la calidad de esos hectolitros. No estamos hablando de un café con leche genérico, sino de una amplia variedad de vinos; dentro de esos 40 millones de hectolitros, lo mismo se meten vinos que tienen más de nueve grados de riqueza alcohólica, que vinos que estén en niveles nórdicos o europeos medianos, de cinco grados, que hectolitros de procedencia desconocida, vía la chaptalización. Como usted bien conoce, señor Ministro, ahí se meten hectolitros de viñedos europeos con riego. Muy bien, pero si hay una parte que afecte a España de vino de producción española, que se diga que está en la franja de más de nueve grados, que se diga que está en la franja de la sequía permanente de nuestro territorio y de las prácticas de cultivo de nuestro viñedo, cuya legislación no nos admite ni permite el riego de los mismos. Por tanto, no se le puede después imputar a España, a la producción vitivinícola española, su porcentaje de esos cuarenta millones de hectolitros en una cifra desproporcionada que no tenemos. Creo que es una buena pauta, señor Ministro, tanto los ocho puntos que acordamos fundamentalmente en los dos apartados de nuestra resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea sobre el tema agrario, como hacer esto compatible con los principios que han inspirado su intervención esta mañana, que yo suscribo y apoyo.
Usted ha dicho dos cosas importantes que quiero destacar. En primer lugar, si ellos quieren basar fundamentalmente esta política en el arranqu ha dicho que es la práctica más cara, la subvención será también la máxima. Nosotros tomamos el acuerdo, en el punto segundo de nuestra resolución, de que la financiación de las medidas estructurales y de regulación del mercado sean financiadas al cien por cien por el Feoga- Garantía. A ver qué dicen.
Usted también ha señalado los perjuicios que se van a derivar de un sacrificio salvaje en el viñedo español, por infringir - -como bien ha indicado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- todos los principios comerciales, económicos, de política social, poblacional, ecológica o de medio ambiente, de la Política Agrícola Comunitaria tradicional que arranca desde el Tratado de Roma.
Usted no va a aplicar ese hierro candente, esa auténtica tala y erradicación de dejar desertizados unos territorios de producción agrícola en España que no tienen alternativa. No es fácil ni la alternativa forrajera, ni la de un cultivo de sustitución por el tipo de tierra, por el tipo de climatología que tienen muchas zonas vitivinícolas españolas. Pues mire usted, ahí está la cartera, señores de la Unión Europea nórdica, del Feoga-Garantía para que apliquen en este tema: lo que alto vale, alto me cueste.
Quiero señalarle, señor Ministro, un problema para defender por parte de todos los instrumentos diplomáticos, políticos y negociadores españoles en el marco de la Unión Europea para contrarrestar ese desafortunado acuerdo del Parlamento Europeo y lo que se nos quiere aplicar en el borrador del nuevo reglamento de la OCM. Y me voy a basar también en una frase, señor Ministro, que usted ha dicho y que tiene, para nosotros, gran razón. Usted se pregunta: ¿tiene sentido reducir la producción de vino europeo para favorecer la importación de terceros países? Este es un gran argumento por dos razones, no solamente por la que usted ha aducido, por ser perjudicial al consumo de su propio vino por el mercado interior europeo, sino fundamentalmente porque hay una cuestión de valor en todo mercado de productos alimenticios, que es el gusto del consumidor. Es tremendamente peligroso introducir nuevos productos de consumo que desvíen el gusto del consumidor, cuando hemos estado defendiendo aquí prácticamente todos los oradores y los que falten por venir, porque lo tenemos suscrito en el documento, la vinculación de nuestros vinos con la dieta mediterránea como una valoración cultural. En cuanto demos paso a productos que acostumbren al paladar del ciudadano, que desvíen un segmento del mercado, es muy difícil recuperar el que perdemos.
El redactor europeo, por ponerle un nombre y no llamarle de otra manera, no puede hace omisión del derecho y del principio de la preferencia c porque como bien han señalado otros portavoces que me han precedido, parece que hasta han borrado la referencia a la preferencia comunitaria. Y es uno de nuestros derechos básicos, fue uno de los derechos que se invocaron en esta Cámara en la segunda legislatura, cuando en el año 1985 debatíamos el ingreso de España en la, entonces, Comunidad Económica Europea, para tener una garantía y decir qué pasa con lo que vamos a producir en competencia. Da la sensación de que aquí el redactor de este auténtico bodrio trata mejor a países de Africa, del Caribe, del Pacífico, de la ACP, en la importación de productos agrícolas que a los propios productores europeos, en este caso a España, o como le puede pasar también a Portugal en el mercado vitivinícola.
Señor Ministro, hay que recordarle --porque parece ser que en el Parlamento Europeo hubo esa sensibilidad-- que aquí sí hay un argumento que ustedes puedenesgrimir, que es el siguiente: si preo que no se produzca distorsión, si el mercado del vino --dice usted-- no da confianza por esta situación, ¿qué pasa si al reducir nuestras producciones favorecemos importaciones de terceros países? No solamente se distorsiona el mercado, sino que se van a acoger estos terceros países a los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.
Usted sabe bien, señor Ministro, que cuando se hicieron los acuerdos, que se firmaron en Marrakech, de la Ronda Uruguay del GATT, los acuerdos agrarios finales tienen tres bases fundamentales para todo desarrollo:

Página 7574


la disminución del montante global de apoyo a la agricultura, los compromisos de acceso a mercados y la disciplina en materia de subvención a exportaciones. Lo único que nos falta hoy aquí, con lo que se ha escuchado, es que vinos de producción de terceros países, como los que se han citado, vengan a sustituir, cuantitativa y cualitativamente, caldos de alta calidad de producción fundamentalmente española en el mercado europeo. Vamos a ver si los ministros colegas suyos de la Unión Europea, que firmaron el 20 de septiembre de 1993 las conclusiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, tomaron --y aquí llévese también el apoyo explícito de nuestro Grupo--, el compromiso de adoptar unas disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria. Esos dos principios --rentas agrarias y preferencias comunitarias-- están en el documento de 1993 del Consejo de Ministros.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya concluyendo.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, hasta que no se establezca la nueva OCM del sector vitivinícola no se podrá evaluar la repercusión completa del acuerdo GATT. Esto es muy preocupante, señor Ministro, porque si resulta que para saber el grado de perjuicio que nos puede producir el acuerdo GATT, va a haber que tener evaluada, aprobada y establecida la nueva OCM del mercado vitivinícola, apañados estamos si no sacamos una buena OCM de ese mercado vitivinícola; porque entonces pueden ser albarda sobre albarda los perjuicios si en la entrada en vigor de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT hay que favorecer todas estas importaciones, en territorio de la Unión Europea, de caldos y mostos procedentes de esas vías.
Por todo lo demás, y para terminar, por la advertencia que me señala el señor Presidente, quiero mostrar nuestro apoyo a una política solidaria, señor Ministro, con la unanimidad de este Parlamento soberano, que no tiene déficit democrático, como el otro; aquí no hay déficit democrático, aquí hay unanimidad en todos los principios de la resolución que adoptamos en la Comisión Mixta. Esto dicho desde nuestra solidaridad y con la preocupación concreta del mercado vitivinícola canario, que usted conoce también, señor Ministro. Ahorase está haciendo una política de ince política de financiación de estructuras y de comercialización vía cooperativa, con un fin social fundamental. Lo hacemos también, como digo, e preocupación y desde nuestro principio de solidaridad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, debatimos hoy la resolución elaborada por la Comisión Mixta sobre la reforma del Reglamento de la Organización Común de Mercados del sector vitivinícola. En esa resolución se contemplan las bases de lo que todos los grupos estamos manifestando que deben ser los puntales para la defensa del sector vitivinícola español; ocho puntos que asumimos todos los grupos parlamentarios después de oír la intervención de todos ellos, acuerdo que se adoptó el 14 de noviembre de 1994.
Unión Valenciana, en esa línea de defensa del sector vitivinícola, no estando presente en esa Comisión, sí quiere hoy manifestar y dar su respaldo a esta resolución en defensa de este sector, que está realmente, por motivos de sequía y de las recientes heladas y pedrisco, en agonía, y que la OCM, tal como está en el Parlamento Europeo, puede ser la puntilla a este importante sector productivo de nuestra agricultura y de nuestra economía.
Desde hace algo más de un año, los países integrados en la Unión Europea trabajan y debaten sobre los documentos básicos que tienen que regir la reforma de la OCM del sector vitivinícola. Recientemente, a principios de abril, el Parlamento Europeo aprobó ese informe que, a pesar de no ser vinculante, tiene que ser considerado por todos los españoles como inaceptable, y más que una propuesta razonable debe ser considerada como una propuesta arrasadora porque quiere acabar definitivamente con las explotaciones agrícolas del viñedo en todo el Estado español.
Los acuerdos de las diferentes posturas serán los que marquen el futuro del sector. Por ello, hoy resulta de vital importancia que todos los grupos parlamentarios cerremos filas en torno a la delegación española para que presione y se mantenga firme hasta conseguir un documento que no perjudique a nuestro sector vitivinícola.
El contenido actual de la OCM del vino es fundamental, porque va a representar el marco de actuación que va a regir todas las decisiones que a partir de ahora se tomarán respecto al futuro del vino y los países productores. Por tanto, no podemos aceptar el actual estado del documento, ni los contenidos en él integrados.
No hace falta que le comente, señor Ministro, la situación actual del sector, puesto que es de sobra conocida; es realmente agónica. La Unión Europea se sitúa a la cabeza de la economía mundial en el sector vitivinícola, con un 60 por ciento de la producción y un 55 por ciento del consumo; por delante, en orden crecientede producción, de la antigua Unión Soviética, Argentina

Página 7575


y Estados Unidos. Nuestro país, España, es el primero en superficie dedicada a este cultivo y el tercero en producción de uvas y vino. Además, caldos como los de Requena-Utiel, Rioja, Ribeiro y otras comarcas del Estado español, así como otras del área mediterráneo, gozan de un prestigio internacional bien merecido. El sector vitivinícola, al igual que el resto de los que forman parte de la agricultura, además de una importancia económica fundamental, tiene una social, ya que ocupa a muchísimas familias en regiones áridas que no pueden dedicarse a ningún otro tipo de cultivos. Además, la importancia histórica y cultural del mismo está fuera de toda duda, ya que el cultivo vitivinícola se ha ido transfiriendo, de generación en generación, desde los albores de nuestra civilización.
Respecto a la importancia medioambiental, como aquí se ha comentado, hemos de señalar que, según datos del propio ministerio, por cada hectolitro de vino retirado del mercado por la vía del arranque se desertizan el triple de hectáreas en los estados del sur que en los del norte. Las características propias del sector hacen que en muchas zonas de nuestro país tenga un marcado carácter de monocultivo. El sector ha sido uno de los grandes perjudicados por la política agraria comunitaria en los últimos años, sólo así se explica que los arranques efectuados dentro del régimen de primas, régimen de abandono definitivo de superficies vitícolas entre 1988 y 1993, hayan ascendido a 320.000 hectáreas, de las que 130.000 corresponden a nuestro país.<ð Por otra parte, la discriminación de estos productos también se refleja en la financiación europea del mismo. De esta manera, el vino, que representa el 5,4 por ciento de la producción final agraria, recibe únicamente el 3,2 por ciento de los fondos del Feoga- garantía, mientras que los cereales y las semillas oleaginosas, que suponen el 12 y el dos por ciento del producto final agrario, absorben el 17 y el 11 por ciento de los fondos comunitarios, respectivamente. En la Comunidad Valenciana, el sector vitivinícola tiene una importancia crucial en las zonas de Requena-Utiel, Alicante, Xalo, Lliver, Teulada, Benissa, Villena, Monovar, Ibi, Elda y Novelda; al igual que en otras comarcas del Estado español son la principal fuente de ingresos, por tanto, debemos intentar, por todos los medios posibles, poner fin a esa situación tan difícil por la que están atravesando, y esta OCM, como no me cansaré de repetir, puede ser la puntilla definitiva. Creo que debemos comentar esta reforma de la OCM propuesta, debatida recientemente por el Parlamento Europeo y que he considerado como arrasadora para nuestro sector vitivinícola. Aunque actualmente la aprobación definitiva, como usted muy bien ha dicho, está pendiente de que llegue el segundo semestre, sí que debemos ser conscientes del riesgo que corre el sector de ponerse en práctica la misma en los términos previstos. La Comisión Europea pretende, ante los excedentes estructurales del sector y ante la caída del consumo del vino de 70 litros «per capita», a principios de los 80 hasta los 30 actuales, equilibrar la oferta a la demanda mediante la solución de arrancar los viñedos; pretende disminuir la producción española a 29,2 millones de hectolitros.
La reforma del vino prevé reducir 1.300.000 hectáreas de viñedo, 7,5 millones de hectolitros que se cultivan actualmente en España, a 925.000, lo que conlleva el arranque de más de 350.000 hectáreas de viñedo, desapareciendo directamente más de 30.000 puestos de trabajo. De estas 350.000 hectáreas, se prevé en los primeros cálculos que cerca de 40.000 hectáreas corresponderían a la Comunidad valenciana, y no estamos dispuestos a tolerar esta salvajada.
De llevarse a cabo, finalmente, la propuesta, en algunas comarcas valencianas, habida cuenta del carácter de monocultivo de la explotación vitivinícola, se provocaría una ruptura de su entramado social, llevándolas a una delicada situación, y hay que evitar la pérdida de la renta agraria de los agricultores y el crecimiento importante del paro en este sector y en muchísimas comarcas valencianas.
Además, al igual que con el sector de frutas y hortalizas, en la financiación de los costes de la OCM del sector vitivinícola se propone la pa Estados miembros en la misma, rompiéndose de esta manera el principio de solidaridad financiera y agudizándose la discriminación respecto a los productos continentales, cuya OCM, señor Ministro, corre a cargo --usted bien lo sabe--, a cuenta de los fondos comunitarios de manera íntegra.
¿Qué propone Unión Valenciana? Unión Valenciana, asumiendo íntegramente el acuerdo de la Comisión Mixta y coincidiendo plenamente con el sentir mayoritario de los grupos de esta Cámara, propone la eliminación del procedimiento artificial denominado «chaptalización», práctica habitual en los países de Alemania, Luxemburgo o Francia, que consiste en la adición de sacarosa al mosto para incrementar el grado alcohólico de los caldos, un procedimiento artificial que en nada beneficia el futuro de los vinos. La eliminación de esta práctica solucionaría el actual excedente de producción vinícola, cifrado en 36 millones de hectolitros, ya que la «chaptalización» es la responsable de una producción de 30 millones de hectolitros de vino. Reivindicamos la etiqueta identificativa de vino «chaptalizado» o vino enriquecido con sacarosa, en el caso de que se prevea un período transitorio para la supresión de la «chaptalización» para estos países del norte, para que no engañen a los consumidores con un vino de menor calidad al producido en España y en los países de la cuenca mediterránea. Dispensación por parte de la Comisión Europea del trato específico adecuado en aquellas zonas cuya producción agrícola sea predominantemente vitivinícola, como es el caso de Requena-Utiel,

Página 7576


en Valencia, o las comarcas del Vinalopó y La Marina, en Alicante. Reducción de los rendimientos de las producciones del centro y norte de Europa (el rendimiento neto medio comunitario se sitúa en 50 hectolitros por hectárea, mientras que en nuestro país se sitúa en algo más de 25). Promoción del consumo moderado y del conocimiento y cultura del vino.
Establecimiento de programas destinados a mejorar la calidad y presentación de nuestros caldos, la mejora de redes de distribución de nuestros vinos y la búsqueda de nuevos mercados. También exigiremos la reivindicación de un incremento en la relación entre la importancia del sector y su financiación comunitaria y de programas de apoyo al sector, habida cuenta de la reciente entrada en vigor de los Acuerdos del GATT. Solicitaremos y exigiremos la financiación del coste de la OCM, costeada íntegramente a cargo del presupuesto comunitario, y que en la reforma de la OCM del vino se contemple claramente su carácter social, cultural, histórico y medioambiental, y la gran importancia económica que tiene para nuestro país.
Por ello, Unión Valenciana le pide, como en reiteradas ocasiones, que, de seguir adelante en el futuro la propuesta tal como está en estos momentos, nuestro Gobierno ejerza el derecho de veto. No podemos sacrificar de nuevo a nuestra agricultura.
Señor Atienza, ruego que me escuche unos segundos, aunque le interese poco mi postura: ejerza con toda firmeza la opción de veto en la próxima reunión a celebrar en el segundo semestre de 1995, en la que se va a decidir el futuro de la OCM del vino. No más sacrificios a la agricultura española. Tiene nuestro apoyo en el tema de la OCM del vino. Manténgase firme, pero no nos defraude como en el tema de la pesca ni como presumiblemente nos va a vender en el tema de las frutas y hortalizas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero saludar su participación en este debate, como hacía el portavoz de Convergència i Unió; agradecer su firmeza, como hacía la señora Rivadulla, representante de Izquierda Unida, y mostrarme satisfecho con la postura de los grupos, como supongo que lo estará el propio señor Ministro y toda la Cámara, una vez pasada la primera necesidad de quien se siente en la obligación de adobar con calificativos gruesos cualesquiera de sus intervenciones, vengan o no a cuento.A estas alturas d vez más, la unanimidad de la Cámara en el rechazo a la propuesta de reglamento de la OCM del vino, y puesto de manifiesto, una vez más, que mayoritariamente esta Cámara respalda en su postura al Ministro de Agricultura y por ello al Gobierno Español, hay pocas oportunidades en este sentido de ser original. De modo que, por lo menos, intentaré ser breve.
La verdad es que, por ir al grano, con la Comisión, señor Ministro, señorías, sólo estamos de acuerdo en que es necesaria la reforma. Por lo demás, sólo encontramos razones para rechazar la propuesta del reglamento.
La Comisión ha roto en este proyecto de reforma con todos los criterios que guiaban la reforma de la política agraria común.
Por tanto, para nosotros es imposible aceptar criterios distintos según la reforma se traten de productos agrarios continentales o de productos agrarios mediterráneos. Se ha dicho --ya lo dijeron compañeros nuestros en el Parlamento europeo-- que ésta es una reforma que defiende exclusivamente intereses de los países del Norte. Y esto es contraproducente para la misma reforma. No es sólo que se defiendan aquellos intereses que cada uno crea y tenga por conveniente en su situación individual como país, sino que va precisamente en contra de, por ejemplo, la reducción de excedentes que la reforma pretende conseguir.
No podemos estar de acuerdo con que al llegar a la OCM del vino se conculquen los tres principios básicos de la reforma de la PAC. Esto ni es una reforma que comunitariza los excedentes, ni tiene en cuenta la solidaridad financiera ni está a salvo del principio de preferencia comunitaria. Con la reforma de la PAC se quiso mantener un número suficiente de agricultores, preservar el medio ambiente, fomentar la «extensificación» para reducir excedentes y proporcionar productos de calidad. Es imposible conseguirlo, señorías, si la unica ocurrencia de la Comisión es potenciar el arranque de viñedos. Pero el colmo, a nuestro juicio, es que la reforma va en contra de sus propios criterios y objetivos La potencia de los intereses de los países del norte hace que se produzca un desplazamiento del viñedo de su hábitat natural, que no sólo va en contra del medio ambiente, no sólo tiene problemas socio-económicos, sino que, también ese desplazamiento del viñedo de su hábitat natural, que son los países mediterráneos, contribuye necesariamente a que la demanda sea menor y, por tanto, el excedente sea mayor.
Pero, para más colmo, pretender reducir el excedente manteniendo la práctica de la «chaptalización», no deja de ser sino un sarcasmo, por decir alguna palabra que pueda calificar este intento; pretender, como digo, reducir el excedente manteniendo la práctica de la «chaptalización» no deja de ser sino una paradoja que únicamente responde a intereses no sólo de países, sino de otros sectores agrícolas o de otros sectores que deben tener su propia solución en las OCM correspondientes.


Página 7577


La Comisión, por tanto, debería hacer caso de sí misma y seguir los criterios que ha seguido en todas las reformas de todos los sectores que hasta ahora han sido reformados. La PAC debe seguir basándose en los tres principios básicos: la unidad de mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. Pero nos sorprende, además, que no se hayan dado pasos en este sentido cuando otras instituciones se han aproximado a las posturas que este Parlamento, que esta Cámara y que el Gobierno español defienden. La Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento europeo, el Consejo de Ministros para los acuerdos del GATT, el llamado Consejo Jumbo u organizaciones como la Mesa para la Defensa de la Viña y el vino de España han dejado claro cuáles son los criterios que deben regir una organización común de mercado solidaria y eficiente.
No estamos de acuerdo con que se base el ajuste de la producción únicamente en la disminución de la oferta, sin incidir en la recuperación de la demanda. Y además, señor Ministro, señorías, no creemos que la Comisión haga bien las cuentas sobre el diferencial entre oferta y demanda. Para empezar, la Comisión no utiliza la misma cifra de previsión de demanda en todos los casos. Para continuar, en el último balance provisional que maneja habla de una cifra ya inferior a los 150 millones de hectolitros que la Comisión prevé como consumo del año 2000. ¿Qué hubiera ocurrido si ya se hubieran puesto en marcha las medidas que quiere imponer el reglamento? Dependeríamos de producciones externas a la Comunidad en cerca de 30 millones de hectolitros de vino. También hay que incidir en el lado de la demanda. La armonización fiscal, el mantenimiento de la vid en su hábitat natural, la potenciación de la calidad de los vinos inciden sobre la demanda y reducen también el diferencial entre ésta y la oferta.
Estamos en desacuerdo total con la cantidad nacional de referencia que se le asigna a España. Volvemos a insistir en la necesidad de comunitarizar los excedentes, pero, además, la revisión de la cantidad nacional de referencia propuesta tiene que tener en cuenta, para aumentarla en el caso de España, que en los años tomados para hallar la media hemos tenido condiciones meteorológicas adversas, que nuestras características agroclimáticas y el valor medioambiental que el viñedo tiene en amplias zonas de España es superior al de otras zonas, que la cantidad nacional de referencia debe ser calculada exclusivamente en base a la riqueza natural obtenida del viñedo. No estamos de acuerdo con la propuesta de financiación. Además, creemos que medidas como el arranque necesitan --como decía el señor Ministro-- de un estricto control, pero necesitan también de un control disuasorio. Y entendemos que el control disuasorio únicamente es posible si se equilibran las primas porarranque de viñedo y las primas por vendimia en verde, un desequilibrio que sigue provocan a provocar el desplazamiento hacia el norte del viñedo.
Naturalmente, nos oponemos frontal, total y absolutamente a la práctica de la «chaptalización», fundamentalmente porque crea excedentes. No es acuerdo con prácticas que artificializan el vino, pero que, sobre todo, crean excedentes. No creemos que una medida que se adoptó coyunturalmente, una medida que se hizo para campañas deficitarias en extremo, sea una medida que pueda ser generalizada y, desde luego, no confiamos, en absoluto, porque se ha demostradoineficaz, en ningún tipo de control sob por parte de la Unión Europea. Creemos --como se ha dicho aqui-- que corregir mostos deficitarios únicamente debe realizarse con mosto concentrado, sobre todo porque evita los excedentes y porque evita una competencia desleal en el sector, teniendo en cuenta --y también se ha señalado-- que hacer un grado con azúcar cuesta dos pesetas y hacer un grado con mosto cuesta 4,50 pesetas.
Quiero terminar, señor Ministro, animándole en la firmeza, diciéndole, como prácticamente todos los grupos de esta Cámara, que detrás de su firmeza está también nuestra firmeza, que le animamos a ella y que queremos que el Gobierno español utilice todas las medidas que tenga que utilizar para conseguir una OCM del vino que no perjudique los intereses de los viticultores.
Si el compromiso de Luxemburgo es ejercitable cuando una reforma afecta a los intereses generales de un Estado miembro, la reforma del vino en España afecta a nuestros intereses generales. Es verdad que es preferible llegar lo más lejos posible en la búsqueda de una reforma favorable; es verdad que hay que matizar porque la reforma es necesaria y porque no se pueden mantener posturas extremas indefinidamente; pero también es verdad que necesitamos estar seguros, que estamos seguros, de que vamos a contar con toda la firmeza posible precisamente para hacer imposible una OCM como la que la Comisión nos propone.
Señor Presidente, señorías, señor Ministro, termino diciendo que esta es la posición del Grupo Socialista, que esta es la posición que defiendo en nombre de todos y cada uno de los compañeros de mi Grupo; que hacer banderas de errores o de falta de información es una manera muy pobre de hacer banderas y que al Grupo Socialista, hoy dicho por mí como portavoz, estareforma no sólo no le parece razonablemente satisfactoria, sino que ni siquiera le parec razonable.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Martín de la Vega.


Página 7578


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS (Número de expediente 121/000091)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar al punto décimo del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Entramos en la discusión del proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, al que el Grupo Popular ha presentado una enmienda de devolución.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme hacer una presentación conjunta tanto del proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de lo docentes, como del proyecto de ley orgánica por la que se prorroga el mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, puesto que este último proyecto de ley es consecuencia del primero.
A lo largo de estos últimos años, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido desarrollando un ambicioso proyecto que se recoge en la Ley O Ordenación General del Sistema Educativo, un proyecto que ha supuesto un importante avance en las etapas de educación infantil y primaria y un cambio substancial en la estructura de la educación secundaria y de la formación profesional, con el fin de ofrecer una respuesta más ajustada a las demandas sociales. La LOGSE, junto con las medidas relativas a la nueva estructura y enseñanzas del sistema educativo, centraba especialmente su atención en su título IV en las iniciativas que era preciso poner en marcha para favorecer una progresiva mejora de la calidad de la enseñanza.
La experiencia de estos años de implantación de la reforma ha permitido comprobar la necesidad de seguir impulsando estas medidas y de avanzar en algunos ámbitos que exigían nuevas propuestas.
Con este fin, el Ministerio de Educación presentó en el mes de enero del pasado curso una publicación titulada «Centros educativos y calidad de la enseñanza», en la que se exponían las principales líneas de actuación que la Administración consideraba básicas para seguir progresando en la mejora de la calidad de la educación. Este documento suscitó durante todo el curso un interesante debate, cuyas principales conclusiones se recogieron en el libro de síntesis que tuve oportunidad de presentar el pasado mes de enero y que ha servido para definir de manera más ajustada a las opiniones de los distintos sectores de la comunidad educativa la posición que finalmente el Ministerio considera más adecuada.
El proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes recoge precisamente las iniciativas de ma a este objetivo prioritario para el gobierno de mejora de la calidad de la enseñanza.
Por tanto, señorías, estamos presentando un proyecto de ley que es fruto del debate del conjunto de los sectores que componen la comunidad edu desarrollo se llevará a cabo, igualmente, a través de un diálogo permanente con estos colectivos sociales. El objetivo fundamental que el Gobierno persigue al presentar al Parlamento este nuevo proyecto de ley es mejorar nuestro sistema educativo y, de forma más específica, la oferta de enseñanza de nuestros centros públicos. Conseguir un mejor funcionamiento de los centros, una mejor participación de los sectores implicados y ofrecer nuevos estímulos que dinamicen y hagan progresar a la institución escolar es el objetivo del proyecto de ley; conseguir, en fin, que la sociedad conozca mejor los centros y se sienta más implicada y comprometida con los proyecto que en ellos se desarrollan, favoreciendo así una respuesta más ajustada a los retos que la sociedad plantea al sistema educativo.
Por tanto, no hay en la ley ningún elemento que pueda interpretarse como limitador de las actividades que los centros públicos están ya llevando a cabo. Por el contrario, a todos ellos se les abren nuevas posibilidades para el funcionamiento, más ágil y menos burocrático, y una superación de la excesiva uniformidad, que no resulta estimulante para el avance de los progresos pedagógicos.
Voy a exponer con más detalle estos principios de progreso. La ley, como saben, concede, en primer lugar, una mayor autonomía a los centros docentes, tanto por lo que se refiere a su organización como a la gestión de los recursos. La autonomía de los centros se ha revelado como una de las claves en la mejora de la calidad de la enseñanza, ya que permite una respuesta ajustada a las demandas específicas del entorno social en que se encuentra ubicado el centro. Ciertamente, la ley supone, desde este punto de vista, la apertura de distintas posibilidades para los centros, y en este sentido resulta imprescindible establecer los mecanismos para que esta necesaria diversidad no pueda, en ningún caso, conducir a posibles desigualdades.
El proyecto de ley recoge ya estas garantías y puedo asegurarles que el Gobierno tiene una voluntad decidida de poner en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para que este riesgo no llegue a convertirse en

Página 7579


una realidad, pero resulta imprescindible situarse en línea de obtener los beneficios de la autonomía pedagógica.
La ley impulsa, asimismo, a los centros a ofrecer una información más amplia a la sociedad sobre sus características, identidad y oferta educativa. No sería bueno que los centros públicos dejaran de hacer llegar sus propuestas al conjunto de la comunidad educativa. Además, hay que tener en cuenta que una elección más razonada de los centros por parte de los padres tiende a aumentar su compromiso con el centro educativo, lo que a su vez contribuye a la mejora de la calidad.
El proyecto de ley profundiza, asimismo, en la participación de los distintos sectores que componen la comunidad educativa, refuerza las asociaciones de padres, incluyendo a uno de sus representantes en el consejo escolar. Puede decirse, por tan desarrolla, completa y fortalece a la LODE.
El refuerzo de la dirección es también uno de los objetivos de la ley, imprescindible para progresar en la vertebración de los centros docentes. En coherencia con la importancia que, como acabo de señalar, da el Gobierno a la participación, el consejo escolar seguirá siendo el responsable de la elección de los directores. No obstante, resulta ineludible avanzar en la vía de un mayor refuerzo de la tarea docente y en especial de la función directiva. Por ello la ley presenta iniciativas dirigidas a asegurar que el profesorado que quiera ejercer la dirección cuente con la adecuada preparación y con la suficiente incentivación. Una iniciativa, por otra parte, que recoge propuestas que han sido apoyadas por esta Cámara.
El procedimiento que se ha considerado más adecuado para conseguir este objeto es exigir mayores méritos a los futuros directores, méritos que en una myor formación, que la Administración debe facilitar, en una mayor experiencia en la gestión o en la mayor dedicación a la labor docente. Este refuerzo en la función directiva debe ir acompañado también de una incentivación para llevar a cabo esta tarea. En este sentido, la ley prevé varias medidas: la ampliación de las competencias de los directores de los centros, con el fin de posibilitar un auténtico liderazgo; el acceso a las actividades de formación permanente, que favorezcan la actualización de esta función, y la mejora de sus retribuciones durante el ejercicio del cargo y durante el resto de su actividad profesional, siempre que hayan obtenido una valoración positiva y dependiendo, por otra parte, de los años de duración de su mandato.
En relación con este último punto, el Proyecto de Ley presenta otra novedad al prolongar el mandato de los órganos unipersonales de gobierno hasta los cinco años, ya que se considera que la puesta en marcha de proyectos en los centros exige un período de tiempo mayor al de tres años que hasta ahora estaba establecido.<ðä El último factor de calidad al que la ley se refiere es el de la evaluación de los distintos elementos del sistema educativo. Toda administración necesita dotarse de procedimientos que le permitan conocer la situación del sistema educativo, con el fin de llevar a cabo las actuaciones que de ella se deriven en la mejora del sistema.
Así, el Proyecto de Ley regula las medidas necesarias para realizar la evaluación de los centros, de la función docente y directiva, de la inspección y de la propia administración. Se establece, asimismo, el compromiso de informar a la sociedad sobre los resultados más significativos de estas evaluaciones, con el fin de conseguir la mayor implicación social, a la que anteriormente me refería.
Finalmente --y quisiera hacer especial hincapié en este punto por la importancia que para el Gobierno tiene--, la ley establece la responsabilidad solidaria de todos los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. Todos los centros de una zona determinada deberán escolarizar a los alumnos que proceden de minorías étnicas y culturales. Es este un compromiso importante que pretende garantizar una mayor igualdad entre todos los centros ubicados en un mismo sector geográfico.
Estos son, señorías, nuestros objetivos. Este es el Proyecto de Ley que recoge el debate de la calidad educativa, prolongado durante un año, y objeto de estudio conjunto en este momento, como lo serán las medidas de desarrollo de la ley si finalmente, como espero, la ley llega a aprobarse. Se trata de una ley que ayudará, sin duda, a resolver los problemas educativos, especialmente los de los centros públicos, una ley que con toda seguridad generará mayor confianza de los ciudadanos en la enseñanza pública. Por ello no me sorprende, señorías, que el Partido Popular haya presentado una enmienda a la totalidad. Su modelo educativo no pretende potenciar una escuela pública de calidad para todos, sino que, más bien, hace subsidiaria a la escuela pública de otras ofertas de enseñanza.
Me sorprende más, en cambio, la enmienda presentada por la coalición Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ello porque sabemos que a amb el interés por encontrar soluciones para los problemas de los centros públicos. No es bueno cerrar los ojos como si esos problemas no existieran o pudieran arreglarse dejando correr el tiempo. No es posible argumentar con seriedad que impulsar la autonomía de los centros, favorecer la participación, reforzar la función directiva, crear una cultura de evaluación que aproxime el sistema educativo a la sociedad y obligar a todos los centros a que escolaricen a todos los alumnos sin discriminación es negativo para la calidad de los centros públicos o no responde a los problemas que la enseñanza pública tienen hoy planteados en España.


Página 7580


En todo caso, confío, señorías, en que a lo largo de la tramitación del Proyecto de Ley llegaremos entre todos a un amplio acuerdo que permitirá mejorar el sistema público de enseñanza.
Por lo que se refiere al Proyecto de Ley orgánica por la que se prorroga el mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, su necesidad se deriva del Proyecto de Ley que el Gobierno ha enviado conjuntamente con éste al Parlamento y cuyas líneas esenciales acabo de exponer.
En concreto, en el título II de este Proyecto de Ley, dedicado a los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, se establecen ciertas modificaciones con respecto a la función directiva que tienen como objetivo conseguir un mayor grado de preparación de los futuros directores, a través de una mejor preparación de los candidatos y de una serie de incentivos académicos y económicos que se asocian precisamente a estos puestos directivos.
Entre estas modificaciones, tiene especial relevancia el nuevo sistema de acreditación que se establece, según el cual los profesores que quieran ser candidatos a director tendrán que reunir una serie de requisitos y presentarse a las convocatorias públicas que a tal efecto llevarán a cabo las administraciones educativas.
Tal como he expuesto antes, el proyecto de ley modifica igualmente el período de mandato de los directores y de los demás órganos unipersonale amplía sus competencias en materia de gestión y establece la posibilidad de que aquellos directores que reciban una valoración positiva del ejercicio de su cargo puedan mantener una parte del complemento retributivo correspondiente, de acuerdo con el número de años que hayan desempeñado esta tarea.
La función directiva que se dibuja a partir de estas iniciativas del proyecto de ley presenta, pues, modificaciones relevantes con respecto a la actual situación. La voluntad del Gobierno es que la elección de los nuevos cargos unipersonales de gobierno de los centros docentes públicos responda ya a estas nuevas condiciones de ejercicio de la función directiva, ya que ello representa, en nuestra opinión, claros beneficios, tanto institucionales cuanto personales. Se da la circunstancia de que en el presente curso 1994-1995 finaliza el mandato de un elevado número de órganos unipersonales de gobierno, elegidos por los consejos escolares, de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como de los cargos nombrados por la Administración, conforme al artículo 37.4 de la misma Ley.
Entre un 85 y un 90 por ciento de los centros docentes del país cambiarán sus equipos directivos. Parece, pues, razonable, con el fin de incorporar lo antes posible al sistema educativo estas iniciativas de mejora de la calidad de la enseñanza, como se señalaba más arriba, que la nueva convocatoria de directores se produzca una vez haya sido aprobada la nueva ley sobre la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, de modo que la elección de los candidatos se ajuste a esta normativa. Dado que el período de tramitación de dicha ley excede del plazo en que tendría que llevarse a cabo la elección de nuevos directores y de sus respectivos equipos, que sería mayoritariamente entre los meses de mayo y junio, es preciso prorrogar por un año más, con carácter excepcional, el mandato de órganos unipersonales de gobierno cuyo ejercicio en el cargo finalice en el curso 1994-1995.
Por estas razones, el Gobierno ha promovido, junto con el proyecto de ley anterior, este otro proyecto de ley orgánica por la que se prorroga por un año la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. De esta manera, los actuales equipos directivos seguirían ejerciendo su función hasta finales del curso 1995-1996, momento en que se llevarían a cabo nuevas elecciones ya con la normativa que este proyecto de ley establece.
El proyecto de ley tiene naturaleza orgánica porque modifica un aspecto de la LODE, la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros. Tiene, igualmente, carácter básico y se aplicará, por tanto, en los centros dependientes de todas las administraciones educativas con competencias plenas.
Es importante, finalmente, tener en cuenta que de no aprobarse este anteproyecto de ley con antelación suficiente a la elección de nuevos órganos unipersonales de gobierno, los consejos escolares tendrían que elegir a los equipos directivos conforme a la normativa actualmente vigente establecida en la LODE, es decir, por un nuevo período de tres años. Junto con el perjuicio que ello conllevaría para los centros docentes hay que señalar también el que pueda suponer para los profesores que quisieran ejercer la función directiva en las nuevas condiciones que el proyecto de ley sobre participación, evaluación y gobierno de los centros establece, ya que se verían imposibilitados de hacerlo.
Los argumentos expuestos hasta aquí aconsejan, pues, señorías, adoptar las disposiciones de prórroga de los actuales mandatos de los órganos unipersonales de gobierno con tiempo suficiente para que los equipos directivos a los que pueda afectar la decisión la conozcan con antelación y el proceso de renovación se lleve a cabo en las mejores condiciones.
Todo ello justifica la petición de trámite de urgencia que el Gobierno ha cursado para este segundo proyecto de ley. Señor Presidente, señorías, nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


Página 7581


Como ya he indicado antes, al proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos se ha presentado una enmienda de devolución por parte del Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Espinosa.


El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica por el que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, y por ella se solicita su devolución al Gobierno, aunque he de manifestar, señor Presidente, que no sé si ha comenzado el debate que figura en el orden del día, dado que el señor Ministro en su presentación ha unido este proyecto con el que en el orden del día figura a continuación.
La razón principal que ha llevado a mi Grupo a presentar esta enmienda a la totalidad es la consideración de que este proyecto de ley no se justifica suficientemente, ni por el momento en que se presenta --más bien al contrario, nos despierta profundas dudas de oportunismo político-- ni por el contenido del propio proyecto. La regulación que se propugna en relación a la prórroga del mandato de los cargos unipersonales de los centros, aun admitiendo que el procedimiento vigente es manifiestamente mejorable, ya que lo ha demostrado su ineficacia, y ahí está como prueba el hecho de que el 60 por ciento de ellos han tenido que ser designados por la Administración por falta de candidatos (estos datos, señor Ministro, son los que figuran en la propia memoria del proyecto y no lo que usted ha expuesto en esta tribuna), para nada hace pensar que a la vez sea tan aceptable como para prolongar su resultado durante un año ni tan nefasta como para rechazar que puedan prolongarse un minuto más.
En lo que respecta a las razones de contenido, nos encontramos ante un proyecto de ley que de forma genérica y sin ninguna diferenciación igua fueron nombrados a dedo con aquellos directores que fueron elegidos por la correspondiente comunidad educativa, es decir, que trata de la misma forma a aquellos cargos unipersonales que gozan del máximo respaldo democrático y a aquellos otros que sólo gozan del respaldo de la Administración. Como señoló el propio Consejo Escolar del Estado en su dictamen del 9 de marzo pasado, no se distinguen en el proyecto de ley los diversos supuestos que pueden darse, ni se arbitra tampoco un único procedimiento de continuidad, ya que se admiten en el proyecto de ley tanto la prórroga del mandato como la elección para ciertos supuestos.
Con la prórroga generalizada se impide que aquellos cargos elegidos por la mayoría de su comunidad educativa que terminen su mandato en este curso puedan presentarse a la reelección.
Si quieren seguir desempeñando el cargo, han de pasar por el aro de la nominación, sin poder someterse a la opinión y el respaldo del respetable, o lo que es igual, han de pasar implícitamente a engrosar el conjunto de los directores designados a salirse del de los elegidos democráticamente. Por otra parte, aquel que quiera presentarse a la reelección, renunciando previamente a la prórroga, sabe que su mandato, de obtenerlo, será sólo por un año, al cabo del cual deberá concurrir a otra nueva elección, en la que, como paso previo, ha de tener la acreditación que en ese momento se requiera, y posiblemente ha de enfrentarse con otros candidatos acreditados pero que, sin embargo, pudieran tener menos respaldo democrático por mucha acreditación que obtengan. Es decir, la prórroga no parece destinada a estimular la aspiración a los cargos unipersonales por parte de los profesores que quieran serlo con el apoyo democrático de sus respectivas comunidades escolares, sino a otros fines que al menos nosotros sospechamos.
No menos llamativa es la situación de los cargos directivos que han sido nombrados a dedo, que por esta prórroga aumentan el tiempo de mandato, de forma que lo que pudo ser una situación de excepción se consagra con otra excepción, y lo que es más importante, adquieren nuevos méritos en relación a la acreditación que se les pedirá al cabo de un año. Es decir, aquellos cargos sin respaldo democrático demostrado de la comunidad educativa se colocan en primera fila de ser elegidos sobre aquellos otros que, sin tener la acreditación, gocen, sin embargo, del respaldo democrático.
Para mayor abundamiento en lo que exponemos se da la circunstancia de que el propio proyecto de ley contempla, para aquellos casos en los que no sea posible realizar la prórroga, la posibilidad de que los cargos unipersonales de los centros sean elegidos por el sistema anterior, con una duración de un año, estableciendo así la excepción de la excepción. De nuevo vemos cómo el objetivo que dice perseguirse en el proyecto ni siquiera el Gobierno ve que pueda cumplirse y se ve obligado a contemplar la posibilidad de mantener, en algunos casos, las cosas como están; de donde podemos deducir que, por lo menos, si sirven para unos casos, también pueden servir para los otros.
Vistas así las cosas, no sorprenderá a SS.SS. que hablemos de posible oportunismo del Gobierno cuando recurre a toda una ley orgánica para mantener en sus puestos a los cargos unipersonales de los centros que él mismo mombró a dedo. Puede dar la impresión de que el objetivo de este proyecto de ley es condicionar la posibilidad de ser candidato a director de un centro a que reciba previamente el visto bueno del Ministerio, por caminos más o menos encubiertos, o lo que es igual,

Página 7582


aspira a prolongar el mandato de los designados a dedo para que puedan beneficiarse de las perspectivas de perpetuación que se abren en las disposiciones transitorias de la LOPEG. En otro orden de cosas, la modificación de la legislación vigente que se propone en este proyecto de ley supone, de un lado, la modificación d cambiar el procedimiento utilizado hasta ahora por el Ministerio, sin explicar por qué se cambia. Es decir, adopta nuevos procedimientos sin admitir que no han funcionado hasta ahora los existentes y afirmando que todo va a ser mejor por el hecho de cambiar.
En lo que respecta a la modificación de la legalidad, uno de los aspectos más llamativos es el que se refiere al artículo 39 de la Ley Orgánica 5/85 --es decir, la LODE--, donde se dice que el director de centro cesará en sus funciones al término de su mandato. Pues bien, con este Proyecto de Ley no se cesa cuando termina el mandato democrático sino cuando termine la prórroga gubernamental.
Estas modificaciones, a nuestro entender, no se justifican ni con las razones expuestas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley que debatimos ni con la realidad de las necesidades de los centros.
Se argumentan como razones para estos cambios legislativos tres hechos: primero, que el Proyecto de Ley sobre participación, evaluación y gobierno de los centros que se encuentra en trámite de discusión parlamentaria establece un nuevo sistema de acreditación como requisito previo para aquellos profesores que aspiren a ejercer la función directiva de los centros sostenidos con fondos públicos; segundo, que el período de tramitación del Proyecto de Ley excederá del plazo en que tiene que llevarse a cabo la elección de nuevos directores y de sus respectivos equipos, y tercero, que es razonable y conveniente --dice la e para el mejor funcionamiento del sistema educativo, que la nueva convocatoria se produzca una vez haya sido aprobada la citada ley, de modo que la elección de candidatos se ajuste a esta normativa.
Frente a estos argumentos se olvida, por ejemplo, que hasta este momento y desde 1985 se ha venido aplicando la normativa vigente con sus virtudes y defectos, dictando órdenes puntuales curso tras curso, situación tras situación, para ir adaptando la realidad de los centros a las reformas legislativas que se han venido produciendo, sin recurrir a generalizaciones como las que en este proyecto se propugna, máxime cuando dentro de unos meses --si llegara a su fin el trámite de la LOPEG-- todos los centros se encontrarán con una normativa uniforme en lo que respecta a la elección de sus cargos unipersonales, aunque en situaciones distintas. No acabamos de comprender que para seis meses, o cuanto más un año, haya que entrar en la modificación de una ley orgánica, que aún no sabemos cómo quedará modificada tan pronto acabe el trámite parlamentario de la LOPEG, en lugar de dar tie esperar a que los hechos se produzcan en los términos y circunstancias que acontezcan.
Se olvida igualmente que desde la promulgación de la LODE se han convocado elecciones, unas veces, para todos los centros, otras, con carácter parcial, sin que haya pasado absolutamente nada en lo que respecta al procedimiento, y mucho menos en lo que respecta a los centros. Así, fueron de carácter general las elecciones de 1985-86 y de 1988-89 y parciales las de los cursos 1986-87, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 y 1993-94.
En este período, sin embargo, ha entrada en vigor y se ha puesto en funcionamiento la LOGSE y se han seguido convocando elecciones parciales, sin necesidad de prórrogas de mandatos, sin situaciones de excepción generalizadas, sino manteniendo la elección democrática donde ha sido posible y para el tiempo que se ha considerado imprescindible.
Con estas experiencias no parece ajustado que el Gobierno provoque un estado de excepción con apenas fundamento, cuando la práctica habitual ha sido en los últimos años la utilización de continuas situaciones excepcionales por parte del Ministerio.
Podemos concluir, en relación a la necesidad y a la oportunidad de este proyecto, afirmando lo dicho antes: que nada hace pensar que la regulación actual sobre la elección de cargos unipersonales, aun admitiendo que el procedimiento vigente es manifiestamente mejorable, ya que ha demostrado su ineficacia, sea a la vez tan aceptable como para prolongar su resultado durante un año ni tan nefasto como para rechazar que pueda prolongarse un minuto más.
Desde el punto de vista jurídico, este Proyecto de Ley se presenta como un complemento del proyecto anteriormente citado que, por sus características, más que un proyecto de complemento parece un proyecto de aprovechamiento. Ese carácter de apéndice sólo se puede explicar gracias a la imprevisión del Ministerio, actuación que sin embargo se puede encuadrar en el mismo marco de imprevisión que el ocurrido con el caso de la reforma de la Ley de Reforma Universitaria. En aquella ocasión se salvó la imprevisión con un Real Decreto- ley, al objeto de que los catedráticos de universidad no perdieran sus derechos de jubilación a los 70 años, mientras que el resto del Proyecto de Ley de reforma de la LRU dormita en esta Cámara el sueño de los justos.
En esta ocasión se da un paso adelante y se recurre a una ley orgánica que está condicionada, como indicábamos antes, a lo que pueda resultar de la tramitación de otra ley, la LOPEG.
Por otra parte, el aceptar una modificación de la normativa vigente, que tiene carácter de orgánica, basándose en el desarrollo de otro proyec inicialmente a las modificaciones que decide el Parlamento y sin que se pueda afirmar en estos momentos

Página 7583


que la situación actual vaya a modificarse según lo propuesto por el Gobierno en otro proyecto que está en trámite, podría llevar a plantear incluso la eventual toma en consideración del proyecto que debatimos.
Este proyecto de ley parece que da por sentado y por supuesto que lo que el Gobierno propone al Parlamento, éste lo acepta, precisamente en un momento en que no cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara. De seguir adelante este proyecto de ley, en nuestra opinión podría suponer, en cierta medida, el condicionamiento de las decisiones del Parlamento, olvidando que hoy por hoy lo que ha sancionado el Parlamento es la Ley 8/1985, la LODE, mientras que la que está en trámite podrá o no modificar la vigente, pero en ningún caso hemos de presuponerlo.
Esta improvisación tiene, además, un efecto sumamente negativo para aquellas comunidades autónomas que tienen reconocidas competencias educativas plenas, ya que precisamente por su carácter de orgánica afecta a ciertos aspectos cualitativamente menores que tienen regulados por su propia legislación las comunidades autónomas, lo que significa una intromisión en las competencias reconocidas por su propios Estatutos.
Todos estos inconvenientes nos llevan a incidir y a concluir que la verdadera razón de este proyecto de ley y el principio que guía esta iniciativa es el oportunismo, prinicipio que subliminalmente aparece incluso reflejado en la propia exposición de motivos al indicar que en este curso finalizan los nombramientos de numerosos cargos unipersonales de gobierno de los centros. Lo que realmente se busca a nuestro entender es mantener a los directores que ha nombrado la propia Administración por encima del 60 por ciento o por lo menos darles una situación de privilegio para más adelante, por el sistema que pretende establecer la nueva ley, quepa la posibilidad de que sean elegidos o designados mayoritariamente aquellos directores cuya tarea haya sido valorada positivamente por la Administración, sin especificar cuáles eran los criterios para valorar dicha tarea, pero desde luego exige que antes hayan sido directores, anteponiendo este criterio al de la libre concurrencia, a la elección por la comunidad escolar.
La discrecionalidad con que se contempla esta posibilidad es de tal calibre que prácticamente es un cheque en blanco para la Administración y con un criterio tan graciable que no ofrece ninguna garantía por cuanto la Administración puede legalmente modificar esos criterios a su propio antojo, dado que quedan sometidos a su libre albedrío.
Sin embargo, no perdamos de vista que este proyecto de ley se tramita cuando uno de los problemas más graves que están sufriendo los centros de enseñanza es la escasa voluntad de los profesores para someterse a los procesos de elección de director. Esta crisis ha llevado a una situación tan anómala como que casi el 60 por ciento de los directores actuales han sido designados por la Administración y no elegidos por los consejos escolares, lo que permitirí de ley anteriormente mencionado, es decir, la LOPEG, dejarles en sus puestos si esta legislatura se prolongara hasta 1997. En suma, se trata de mantener a los directores de los centros escolares nombrados por la actual administración sin abordar el problema de fondo, que no es otro que el débil gobierno de los centros educativos con un director híbrido, de administración y base electoral, condenado a vivir en la esquizofrenia diaria, como la misma memoria de la LOPEG reconoce.
Por estas razones, nuestro Grupo estima que este proyecto debe ser devuelto al Gobierno y para ello solicitamos el apoyo de todos los grupos d Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
Para un turno en contra tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que tras la intervención del portavoz del Grupo Popular no me ha le gusta el modelo electivo que existe ahora para designar a los directores escolares o, por el contrario, está añorando el antiguo cuerpo de directores escolares. No me ha quedado muy claro.
Lo que sí me ha quedado muy claro, clarísimo, es que quiere que el proyecto de ley que vamos a tramitar a continuación no se aplique en una parte esencial del mismo, cual es el nombramiento por el procedimiento electivo de los nuevos directores escolares, hasta dentro de tres años.
¿De qué estamos hablando? Este proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento es meramente instrumental del que vamos a debatir a continuación. Estamos proponiendo la prórroga en la duración del mandato de los órganos unipersonales de los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Es una ley de artículo único que lo que propone es la prórroga por un año del mandato de los directores y demás órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de régimen general en aquellos casos en que dicho período finalice durante el presente curso 1994-95, que es el caso más abundante.
Por otro lado, ¿qué propone? Una prórroga de seis meses en el período de mandato de los directores y demás órganos unipersonales en otro tipo de centros. ¿En qué centros? En los centros públicos de enseñanzas artísticas y en escuelas de idiomas. ¿En qué casos? En aquellos casos en que el mandato de estos órganos unipersonales termine a fecha 31 de diciembre de 1995.


Página 7584


¿Qué más propone el proyecto? Dice que en algunos casos excepcionales y siempre a solicitud fundada de quien desempeñe uno de estos cargos: director, jefe de estudios o secretario, cuando no sea posible hacer efectiva la prórroga, se procederá a la elección de los nuevos órganos unipersonales de gobierno, cuyo mandato se limitará a un año. Es decir, se hace una prórroga en todos los casos excepto en aquellos en que no sea posible y entonces se propone una elección, el procedimiento que existe en estos momentos regulado por la LODE, que tendrá la validez y la duración de un año. Es lo único que propone el Gobierno y que apoya, porque lo comparte, el Grupo Parlamentario Socialista en cuyo nombre intervengo en este momento.
Insisto en que es un proyecto de ley de acompañamiento, instrumental del otro proyecto que vamos a debatir a continuación y en el cual sí que se proponen modificaciones importantes en relación con los órganos de gobierno de los centros y con otras cuestiones. Es, insisto, un proyecto de acompañamiento del proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. Lo debatiremos más tarde. Veremos cuáles son las propuestas de su Grupo, cuáles las nuestras, reflejadas en el texto, y cuáles son las propuestas de otros grupos.
Por lo tanto, el sentido de la prórroga para nosotros queda muy claro, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y además queda plenamente justificado en la memoria que acompaña al proyecto. Dice el señor portavoz del Grupo Popular que me ha precedido en el uso de la palabra que no aparece la justificación por ningún sitio. Léase la memoria y en la misma queda clarísimamente justificada la razón de la presentación de este proyecto de ley.
Señoría, en el Título II del proyecto que regula los órganos de gobierno de los centros docentes se establecen, como usted sabe, ciertas modificaciones con respecto a la función directiva que tienen como objeto conseguir un mayor grado de profesionalización de los futuros directores a través de una mejor preparación de los candidatos y de una serie de incentivos, académicos y económicos, que van a ir asociados a los puestos directivos. Eso sí, manteniendo, como dice el texto del proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros escolares, la regulación de la LODE en lo que se refiere al carácter electivo de los directores escolares.
Por otro lado, S.S. habrá leído en la memoria justificativa que el proyecto de ley modifica igualmente el período de mandato de los directore órganos unipersonales de gobierno; amplía sus competencias en materia de gestión y establece la posibilidad de que aquellos directores que reciban una valoración positiva del ejercicio de su cargo puedan mantener una parte del complemento retributivo correspondiente en función del número de años en que hayan desempeñadola tarea de director. Por lo tanto, la función directiva que se dibuja en el otro proyecto de ley, que discutiremos a continuación, es una función directiva que sufre importantes modificaciones respecto de las que tiene en el momento presente. Por consiguiente, parece razonable, con el fin de incorporar a los nuevos directores conforme a las nuevas normas que vamos a aprobar en el otro proyecto de ley, que la nueva convocatoria para proveer las plazas de directores y otros órganos unipersonales se haga de acuerdo con la nueva norma, la que aprobemos, y no esperemos tres años --que es lo que conseguiría S.S. de prosperar su enmienda-- para poder aplicar la nueva normativa para la elección de los nuevos directores escolares y otros órganos de gobierno unipersonales de los centros.
Tenemos que evitar --en el supuesto de que triunfase su enmienda, no lo evitaríamos, lo posibilitaríamos--la existencia de dos colectivos de directores distintos, con emolumentos distintos con diferentes incentivos económicos, con diferentes incentivos profesionales y estaríamos creando dos grupos diferentes de directores escolares que, lógicamente, iban a realizar el mismo tipo de funciones en los centros, pero que en unos casos por haber sido elegidos por un procedimiento y en otros por el otro, tendrían --insisto-- diferentes incentivos económicos y profesionales. Este proyecto de ley pretende evitar esto y para ello propone la prórroga del mandato de los directores y otros órganos unipersonales en los centros sostenidos con fondos públicos durante seis meses o un año, para unificar los criterios de elección de los nuevos directores, a partir de la aprobación del proyecto de ley que --insisto-- vamos a debatir a continuación.
Por consiguiente, creemos que con esta iniciativa del Gobierno, a pesar de esa intervención torticera y tortuosa que ha tenido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no se persiguen fines extraños, no se pretende modificar el sistema de elección de los directores escolares; lo único que se pretende es una prórroga para unificar los criterios en la elección de estos directores de centros y, al mismo tiempo, hacer que todos ellos tengan, a partir del próximo año, cuando termine la prórroga, los mismos incentivos, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico.
Por todas estas razones, señor portavoz del Grupo Popular, nos vamos a oponer, vamos a votar en contra de su enmineda, y desde esta tribuna solicito al resto de los grupos parlamentarios que se sumen a nuestro voto negativo para que no salga adelante la enmienda que ustedes proponen.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.


Página 7585


Para un turno de réplica, tiene la palbra el señor Rodríguez Espinosa. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Nieto, yo he dado razones y argumentos que S.S. podrá o no compartir, pero no he utilizado ni una sola descalificación ni hacia su persona ni a su tono de discurso ni al Partido que representa, y para demostrarlo relea el «Diario de Sesiones», si es que no ha estado atento a mi intervención, y quedará convencido. Discrepe S.S. cuanto quiera y estime oportuno, pero no reaccione con esas posiciones verbales que no favorecen y sólo contribuyen a la crispación. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos) Parece que si no hay insulto no hay interpelaciones. (Rumores).
Dice S.S. en su intervención que parece que estoy defendiendo el cuerpo de directores escolares. Yo no he hecho ninguna mención a ello. Pero sí es cierto que en la memoria del Proyecto de Ley el Ministro asegura que ha estudiado la posibilidad de recuperarlo, por lo tanto, mucho les gustará a ustedes.
Por otra parte, dice usted que es una ley de artículo único.
Acepto que, efectivamente, es de artículo único, pero la intencionalidad es doble, puesto que, con la idea de prorrogar el mandato, parece ser que a algunos se les quiere prorrogar más que a otros.
Es un proyecto de acompañamiento, sí, pero yo le daba a usted antes las razones que me hacen sospechar que pudiera ser de aprovechamiento. En ese caso, señor Nieto, nuestro Grupo, después de oír las razones expuestas por usted, se reitera en cuanto ha dicho, insistiendo, no obstante, en los siguientes extremos.
Primero, que este Proyecto de Ley no garantiza ninguna mejora de la educación, puesto que el hecho de que todos los nuevos directores que se elijan se designen o no conforme a una misma normativa no asegura nada, y esa es la razón principal del cambio. Eso supondría poner en tela de juicio la capacidad personal y profesional en aras de los aspectos externos y normativos. Sería primar la burocracia sobre la eficacia, cuando todos conocemos a miles y miles de profesores que, independientemente de la forma en que hayan desempeñado y hayan accedido a la dirección, han desempeñado su cargo con eficacia pese a la carencia de medios materiales y de personal y, a veces, hasta incluso de normativa, y han sido capaces de hacer adaptación tras adaptación, según los cambios legislativos producidos, y los centros han funcionado. Por tanto, el hecho de que todos sean elegidos con la misma norma legal no es ninguna garantía. La cruda realidad en la que han de desenvolverse los cargos directivos en el día a día y que ha dado lugar al manifiesto desinterés por participar, por obtener cargos unipersonales, no se aliviaría, desde luego, protegiendo y potenciando a los designados a dedo; más bien, al contrario, produciría desaliento, puesto que entonces se vería que el procedimiento no persigue la mejor gestión, sino otros fines no tan claros como cuando están expresos en una norma. La mejor garantía de eficacia es que haya muchos candidatos con ganas de desempeñar el cargo y que esos cargos estén respaldados por la comunidad escolar en su totalidad.
Por último, tengo que decir que no vemos ningún inconveniente, más bien ocurre al contrario, en que se produzca una elección democrática de lo unipersonales de los centros para el próximo curso, de acuerdo con la legislación vigente, y, puestos a modificar, que se hiciera restringiendo el plazo de tres años a uno. De esta forma se mantendría el principio democrático, no se alteraría la norma vigente e incluso, si no se quiere modificar el plazo de tres años, se permitiría que muchos más profesores pudieran conseguir la acreditación que se les va a pedir en el siguiente proyecto. Por tanto, nada de necesidad y sí más de oportunidad para primar a aquellos directores que, hoy por hoy, son los únicos que ha nombrado la Administración.
En consecuencia, mantenemos nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
El señor Nieto tiene la palabra.


El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Señor Rodríguez Espinosa, ahora, al final, usted estaba hablando de una enmienda distinta. La que usted ha planteado es una enmienda de devolución, de retirada del proyecto, pero, como digo, al final, parece que ha reconocido su error con la presentación de una enmienda de esa envergadura y está haciendo un planteamiento de retirada más suave, de decir: vamos a elegirlos para un período de un año.
Esta ley de la que estamos hablando es una ley que, como le decía hace un momento, pretende exclusivamente una prórroga, que va a afectar tanto a los directores que fueron elegidos por el procedimiento marcado en la LODE como a aquellos que, por no existir candidato --no porque no se quisieran elegir, que es lo que ustedes siempre dan a entender; de ahí mi expresión torticera--, fueron nombrados por la Administración, como digo, por inexistencia de candidatos que se presentaran a la elección. Parece razonable que para todos haya una prórroga por un período de un año, tiempo durante el cual será posible que aprobemos el otro proyecto de ley, el de participación, evaluación y gobierno de los centros escolares, que vamos a debatir a continuación. A partir de ese momento, por el sistema de elección, o el de nombramiento, porque en algunos casos no habrá candidatos y también tendrá que producirse

Página 7586


un nombramiento por parte de la ad educativa, en los centros escolares tendremos directores elegidos, o nombrados si no ha sido posible su elección, que tengan los mismos derechos. En caso de haber triunfado su enmienda, estaríamos posibilitando la creación de dos colectivos con derechos distintos, unos derechos nuevos regulados en la ley que será aprobada en esta Cámara, si todo sigue su curso normal, dentro de unos meses -- la ley de evaluación, participación y gobierno de los centros- -, y los directores que actualmente lo son y que han sido elegidos hace ya unos años --algunos, en este caso, tres años puesto que termina su mandato ahora--, que tendrían una serie de derechos profesionales y económicos distintos.
Lo que pretende el proyecto es ir a un sistema único, el que nosotros vamos a regular a continuación cuando aprobemos la otra ley y que, a partir de ese momento, todos los directores escolares elegidos por ese procedimiento tengan los mismos derechos profesionales y económicos. Estaríamos haciendo un flaco servicio al sistema público educativo, al servicio público de educación, a los centros escolares públicos y concertados, a los sostenidos con fondos públicos, si mantuviésemos vigente un doble modelo en lo que se refiere a los derechos que deben tener los directores escolares, porque todos van a hacer las mismas funciones. Por consiguiente, reitero lo que decía antes, nos opondremos a su enmienda por estas razones. Hago un nuevo llamamiento al resto de los grupos para que apoyen la postura del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Al asistir a estos debates uno tiene la impresión de que el mundo está al revés. En la presentación de este proyecto de ley y del siguiente que nos va a ocupar, quedó suficientemente claro, y así consta en las memorias explicativas remitidas por el Ministerio, que ésta es una ley instrumental, complementaria de la que nos va a ocupar a renglón seguido, y que por razones de operatividad y de funcionalidad el Gobierno la presentaba de forma diferenciada para que el sistema escolar y los centros educativos no tuvieran unos problemas de funcionamiento real en el curso educativo posterior. Sin embargo, hoy damos un mal ejemplo en esta Cámara al debatir los programas en orden inverso al real, que tiene situados en la vida misma. Damos un mal ejemplo, digo al provocar un debate que está, en mi opinión, señor Presidente, muy lejos de donde se hallan los problemas reales que nos ocupan, en este caso respecto a la dirección de los centros educativos. Repito que uno tiene la impresión, al asistir a estos debates, de que el mundo está al revés.
Es muy legítimo plantear modelos alternativos a la actual situación de los centros y de sus direcciones, de su profesionalidad y de su gestión, de cómo habría que instrumentar estos temas. Está bien claro que el actual sistema impulsado desde la LODE ha dejado una serie de niveles con disfuncionalidades claras que ahora se tratan de corregir en el proyecto de ley que nos va a ocupar a continuación y que este artículo que se recoge en esta ley es un factor instrumental para las actualizaciones que se recogen en el siguiente proyecto de ley.
El Grupo Vasco, señor Rodríguez Espinosa, comparte sus argumentaciones en el tema competencial. Nos alegramos mucho de que ésa sea también la reflexión que se hace desde el Grupo Popular, entendiendo que con el carácter de ley orgánica que se recoge en este proyecto se están invadiendo funciones de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en estas materias. Señor Ministro, esto nos debe llevar a reflexionar ante esta situación, en la cual en algunas ocasiones --le reconozco que el Ministerio de Educación y Ciencia es uno de los Ministerios más sensible en estas materias-- se confunde lo que es la normativa básica del Estado con lo que es el territorio MEC. Como usted bien sabe, señor Ministro, recientemente hemos aprobado una Ley de la Escuela Pública Vasca que ordena el ámbito de los centros educativos, sus órganos unidireccionales, los centros y las inspecciones, y nos encontramos ahora con una marcha atrás en materias que han necesitado un amplio consenso en la Comunidad Autónoma vasca.
Hay ahí un nivel de reflexión que es muy importante.
No les vamos a ocultar, señorías, que el Grupo Vasco no tiene especial miedo a discutir la dirección de los centros y manifestar cuál es nuestra propia postura. Hemos visto que el portavoz del Grupo Popular, señor Rodríguez Espinosa, andaba diciendo: Bueno, es que tampoco yo quiero volver a los cuerpos de directores. Yo creo que hay que hablar con claridad en estos temas. La elección de directores, desde la propia base de los claustros de la comunidad educativa, ha dejado genéricamente una serie de disfuncionalidades muy claras.
Nosotros no quisiéramos ocultarles que participamos de un modelo en el que la gestión y la profesionalidad de los directores de los ce más acentuadas de lo que se recoge en este proyecto de ley. Tampoco tendríamos especial dificultad si se planteara correctamente el cuerpo de directores. No creo que se esté jugando aquí a ver quién es más democrático o quién es más liberal. De lo que se trata es de tener una dirección de centros, una serie de órganos unipersonales que en realidad se dediquen a dirigir el centro que les está encomendado y que puedan cumplir sus funciones. A nosotros lo que más nos echa atrás es esta situación, en la que el director «elegido

Página 7587


democráticamente» --entre comillas-- (ahí están los datos que ha expuesto usted, recogidos de la memoria del Ministerio, relativa a que el 47 por ciento de los directores no está elegidos por ese procedimiento de base) no consigue tener la autoridad suficiente para desarrollar su función en los centros educativos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que el claustro de profesores se dedique solamente a dar sus clases, se desapegue de la dirección, que el director del centro esté apechugando con unas asambleas colectivas que no hacen más que neutralizar su función y que, de alguna forma, se reduzcan sus funciones y la autoridad moral que a un director se le debe suponer en un centro educativo. Esa es nuestra preocupación. Pero yo creo que esa discusión se puede hacer perfectamente en el siguiente proyecto de ley. Esta es, como he dicho, una ley instrumental que viene a posibilitar que la reforma se haga en un corto plazo de tiempo, de forma que lo que recoge el otro proyecto de ley, que vamos a discutir a continuación, pueda establecerse en el tiempo correctamente, para que no se den aún más disfuncionalidades.
Por eso, señor Presidente, nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad del Grupo Popular, porque los ámbitos competenciales se pueden plantear en el debate posterior, en la ley de participación y evaluación de los centros docentes. Entendemos que la discusión debe realizarse sobre la función de los propios directores, aunque admitimos que se pueden hacer juicios respecto a las intenciones que pudiera tener cierta gente de los centros educativos para mantenerse en sus propios puestos. Eso, señor Rodríguez Espinosa, como todo en la vida, hay que demostrarlo; no vale con sugerir sospechas, hay que decirlas. Evidentemente, este tipo de reformas suele generar dinámicas en segunda derivada, pero, repito, eso, como todo en la vida, se demuestra y se dice con claridad, o lo mejor es callar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar también la posición de nuestro Grupo Parlamentario respect Hace breves instantes el Diputado, señor González de Txabarri, ha dicho, con mucho acierto, que razones de operatividad y de efectividad son las que acompañan a este proyecto de ley. Yo añado que se tramita por el procedimiento de urgencia, que esto viene a subrayar precisamente que éste es un proyecto de ley que va perfectamente enlazado con el que ahora vamos a discutir y que sólo, como dice el señor González de Txabarri, razones de efectividad --estamos a las puertas de un nuevo curso-- inducen a esta Cámara a una tramitación con carácter de urgencia. Respecto a este proyecto de ley, sin discutir su contenido absurdo votar una enmienda a la totalidad, por lo que nos vamos a oponer, señor Presidente.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, estamos discutiendo un Proyecto de Ley por el que se prorroga la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros públicos que es consecuencia del que vamos a debatir a continuación. Si no se aprueba la enmienda a la totalidad de mi Grupo al Proyecto de Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes, algo habrá que hacer con los órganos unipersonales. Desde esa apreciación, para nuestro Grupo, no ha merecido una enmienda a la totalidad este Proyecto de Ley que estamos discutiendo actualmente, aunque sí mantenemos alguna diferencia con el Proyecto de Ley del Gobierno, en el sentido de que nosotros pretenderíamos eliminar el carácter forzoso en la prolongación de las funciones directivas. En su día, cuando se tramite este Proyecto de Ley, presentaremos enmiendas en ese sentido, para que en aquellos casos en los que, a solicitud de quien desempeñe uno de los cargos a que se refiere este Proyecto de Ley, no sea posible hacer efectiva la prórroga, se proceda a la elección de los nuevos órganos unipersonales de gobierno, cuyo mandato se limite a un año, debiendo celebrarse nuevas elecciones al finalizar ese período, conforme a la normativa que esté vigente.
En estos momentos, nos vamos a abstener en la votación de la enmienda de totalidad y, en su día, presentaremos las enmiendas precisas para eli carácter forzoso.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (Número de expediente 121/000092)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate correspondiente a este Proyecto de Ley, vamos a iniciar el debate de totalidad del Proyecto de Ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes

Página 7588


A este proyecto han sido presentadas dos enmiendas de totalidad que postulan la devolución del mismo al Gobierno. En primer lugar, enmienda del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, el señor Ministro, en su exposición del Proyecto de Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de centros docentes, se sorprendía de que el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya hubiese presentado una enmienda a la totalidad. Seguramente no ha podido leer la amplia justificación de motivos que acompaña nuestra enmienda a la totalidad. Precisamente, esa amplia justificación de motivos que acompaña nuestra enmienda a la totalidad de devolución me permite abundar en aspectos más concretos del Proyecto de Ley orgánica que nos presenta el Gobierno y que justifican aún más si cabe nuestra enmienda.
Nosotros decimos que ésta no es la ley que hoy necesita el sistema educativo español. La reforma educativa derivada de la LOGSE debe pretender fundamentalmente, extender la educación, fomentar la igualdad de oportunidades mediante políticas compensatorias y mejorar la calidad de la enseñanza.
El proyecto de ley que nos presenta hoy el Gobierno está muy lejos de ser una ley de calidad del sistema educativo que desarrolle el título IV de la LOGSE; se limita a aspectos parciales y no recoge factores fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza. El verdadero reto de la calidad que tiene nuestro sistema educativo pasa por dotarlo de una adecuada financiación que no esté sujeta a los cambios de conyuntura o a los vaivenes políticos; pasa, entre otras cosas, por la tramitación parlamentaria de la ley marco reguladora de la financiación del sistema educativo, promovida por algún sindicato y que representa la primera iniciativa legislativa popular que ha llegado al Parlamento respalda por más de 500.000 firmas; y pasa también por no aplicar políticas restrictivas en educación, congelando los gastos educativos durante los ejercicios 1993/1994 y, por ejemplo, aplicando recortes presupuestarios de 32.000 millones de pesetas de los presupuestos de 1995 unos pocos días después de ser aprobados por el Parlamento. Con este tipo de políticas presupuestarias, cualquier reforma educativa es puro humo y está condenada al fracaso. que esta base central supone medidas absolutamente regresivas que introducen la jerarquización entre los docentes y un aumentos de la burocratización, aunque en ningún caso contribuirán a resolver los problemas de gestión con los que hoy se encuentran los centros.
Las medidas presentadas no son ni siquiera coherentes con los cambios organizativos que emanan de la LOGSE, con el trabajo colaborativo y con el sentir ampliamente expresado por el profesorado. Se hace una propuesta limitativa de la autonomía de gestión de los centros reduciendolos simplemente a la capacidad de éstos para arrendar sus instalaciones. Permítanme la broma de que, a lo mejor, lo que pretende el Gobierno con esta medida es suplir la insuficiente financianción pública de los gasto de funcionamiento.
En cuanto al capítulo dedicado a la participación, abunda en fórmulas totalmente genéricas y reiterativas sin dar respuesta efectiva a este tema, siendo más que nada un pretexto para poner un capítulo en la ley que diga «De la participación». La evaluación que se propone supone también un claro riesgo de establecer centros de diversas categorías, rompiendo las garantías de homogeneidad de los centros en los niveles de calidad. No contempla los indicadores de la calidad, por lo que se realizará la mencionada evaluciación abriendo un gran interrogante al respecto.
El capítulo dedicado a inspección es un claro retroceso sobre el modelo actual, y contribuirá a establecer una inspección burocratizada y alejada de los centros docentes. La disposición adicional quinta, por poner otro ejemplo referente a los centros concertados, no soluciona tampoco las demandas de este sector de posibilitar el pago delegado al personal de administración y servicios, de equiparar la composición y las funciones de los consejos escolares de centros concertados a las de los centros públicos, y de homologar salarios y condiciones de trabajo. Además, introduce la imposibilidad de la ampliación de los conciertos al segundo ciclo de educación infantil, sin que este nivel se haya establecido como obligatorio.
El temor a que se utilice la calidad de la enseñanza como pretexto para llevar a cabo reformas conservadoras (método utilizado en otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, que ha demostrado favorecer el incremento de las desigualdades sociales), es otro de los motivos que deberían convencer al señor Ministro de la oportunidad de esta enmienda de devolución.
Todo lo que hasta ahora he expuesto supone que esta iniciativa es una muestra más de la política de las administraciones educativas y cuestiona nuevamente la aplicación de este tipo de reformas. Una auténtica ley de calidad debe contemplar otros aspectos fundamentales, como son la innovación y la investigación educativas, los recursos educativos, la cualificación y formación del profesorado, la programación docente y la orientación educativa profesonal (Título IV, artículo 55 de la LOGSE).
Por otra parte, señor Ministro, señorías, señor Presidente, la oposición de todos los sindicatos representativos del profesorado es, una vez más, especialmente

Página 7589


significativa y podría suponer, en el caso de ser aprobado este proyecto de ley, un serio obstáculo para su aplicación.
No se puede olvidar que las leyes que modifica sí tuvieron un amplio consenso previo, al menos de las organizaciones más representativas del sector público de la enseñanza. Este consenso lo consideramos necesario, dada la naturaleza de los temas legislados, para su eficaz contribución a la mejora del sistema educativo español. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que dio su voto afirmativo a la LOGSE aun manifestando su disconformidad con determinados aspectos de la misma, considera que en este punto y en este momento se ha roto el acuerdo público entonces alcanzado en algunas cuestiones importantes.
Por todas estas razones, y no otras, señor Ministro, señorías, solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes y le instamos, a la vez, a que elabore el proyecto o los proyectos legislativos correspondientes que regulen por lo menos estos aspectos: la normativa-marco sobre la financiación de la enseñanza o, en su caso, apoye la tramitación de la mencionadaproposición de ley, resultado de la i relativos a la evaluación entre los centros del profesorado y del sistema educativo; el desarrollo del Título V de la LOGSE, sobre la compensación de las desigualdades de la educación; y el fomento de la participación y gestión de la comunidad educativa en la organización de los centros de enseñanza.
Pedimos que lo haga de acuerdo con los principios y orientaciones que nos llevaron a apoyar la legislación que hoy se pretende modificar de un modo, a nuestro juicio, inconveniente.
Por todas estas razones es por lo que nuestra enmienda de devolución pide al Gobierno la retirada de este proyecto y volver al acuerdo político que en su día nuestro Grupo tuvo con el partido del Gobierno, para hacer una verdadera ley de calidad de la enseñanza, que es la que todos los grupos deberíamos procurar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, abordo ahora, en nombre del Grupo Popular, el debate de este proyecto, de est educativa que nos ha traído el señor Ministro, proyecto de ley orgánica de participación, evaluación y gestión de los centros; la carpeta de asuntos pendientes volcada sobre el Parlamento.A la hora de la verdad, uno estudia el proyecto y se encuentra con el reconocimiento palmario de dos fracasos reales o aparentes. Por un lado, la participación, que es el eje de la dirección educativa, está desactivada. Concretamente, según cifras del Ministerio, las que aporta la memoria, sólo el 46 por ciento de los centros han elegido director. Por tanto, señor Ministro, no es verdad --lo ha dicho sin querer, seguro-- que esté en juego la dirección del 90 por ciento de los centros, sino que estamos hablando del 90 por ciento del 46 por ciento solamente. Los demás están puestos a dedo por usted. Por tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Por otra parte, la inspección, que fue desmantelada en su día y que ahora se remantela. De nuevo, a los manteles. no se sabe muy bien por qué.
Nuestra enmienda es a la totalidad porque encontramos unas fórmulas deficientes, e inexplicadas, para subsanar estos dos problemas --y desde luego el Ministro no ha hecho ningún esfuerzo hoy aquí por explicarlas-- y con un objetivo, a nuestro modo de ver, no disimulado, que no hace falta tercera derivada ni nada por el estilo, y es la consolidación del territorio ocupado: que los directores que ustedes han puesto a dedo sigan estando ahí; que los inspectores que ustedes han puesto con unos principios absolutamente opuestos a los de esta ley se conviertan en inspectores de esta ley. Esa es la finalidad de esta ley y de su homóloga de aprovechamiento, como muy bien ha dicho mi compañero el señor Rodríguez Espinosa.
Nosotros estamos claramente --lo hemos dicho ya en Comisión y lo decimos ahora en el Pleno-- por reintentar el sistema de participación como eje de la dirección escolar, no tenemos ninguna duda sobre el particular.
Agradecería al señor Sanjuán, si tiene que hablar con el Ministro, que se aparte un poco, porque su faz me inspira y me gustaría verle un poco.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ruego se ciña a su intervención y no interfiera con las actitudes de los Diputados. La Presidencia guardará el orden en el hemiciclo.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias por su amparo, señor Presidente.
Lo que queremos es que se replantee ese sistema de participación, pero en su proyecto queda claro que el director que ustedes diseñan no depende en absoluto de la comunidad educativa; tampoco depende del claustro, como algunos profesores proponen; depende de la Administración, clarísimamente.
Y un problema grave que hay, que no hay candidatos a director, lo solucionan ustedes de una manera muy original, hay que reconocerlo. Puesto que no hay candidatos a director, hagamos más difícil ser candidato. Ese es el proyecto. Hasta ahora, sin necesidad de acreditación previa de la Administración no hay candidatos.


Página 7590


A partir de ahora, para que los haya, en teoría, va a haber que acreditarlos. Usted lo que quiere es que haya más directores a dedo, porque no habrá candidatos, pero sí tendrá un cuerpo de docentes disponibles para operaciones de alto riesgo --unos GEO de la enseñanza--, de los que ustedes dispondrán para «parachutarlos» en los centros donde no haya candidatos, que van a ser más que ahora. Ese es el diseño de la ley, ese es el sentido de su homóloga de aprovechamiento y por eso claramente estamos en contra.
Y queda claro que depende de la Administración y no de la comunidad escolar porque ustedes generan una asimetría entre la duración del mandato de la comunidad escolar, del consejo escolar, que es de tres años, y se mantiene, y el del director, que es de cinco años. Por cierto, usted no ha explicado por qué es de cinco años. En la memoria no se dice ni una palabra y usted ha dicho aquí que es para que le dé tiempo a desarrollar el proyecto educativo. Yo le recuerdo, señor Ministro, porque usted es relativamente nuevo, que la primaria son seis años, con lo cual cinco no cuadra; la secundaria son cuatro; cinco tampoco cuadra. Respecto a cinco años, recuerdo una declaración de su Presidente que, a propósito de una sugrencia que hizo el Presidente de mi partido, le recordó que cinco años es más de una legislatura.
A lo mejor esa es la clave de la cuestión. Ustedes quieren que esos que ponen a dedo y que quieren dejar ahí estén más de una legislatura, porque son tan ingenuos que creen que van a volver en una legislatura. No se hagan ilusiones, no se los van a encontrar luego. Olvídense de eso. Esa es la finalidad.
Y ustedes hasta tal punto desconocen la soberanía que pretenden atribuir a la comunidad educativa que, por ejemplo, cuando la comunidad educativa, por dos tercios de los votos, revoca a un director ustedes dicen que el Ministerio podrá cesarle. Es decir, si no quiere no le cesa, con dos tercios de los votos en contra. Por el contrario, ustedes dicen que la Administración puede cesar a un director previo informe razonado --que podría ser contrario a la medida, razonadamente contrario a la medida-- no vinculante del consejo escolar.
Ustedes cesan a un director porque les da la gana y si el consejo escolar, con dos tercios, lo propone, pueden decir que no. Hasta tal punto vinculan el director a su comunidad escolar. Y a esto le llaman ustedes autonomía de los centros.
¡Pues menos mal, porque, sino, no sé qué hubiera pasado! Para colmo, hay un elemento que no estaba en el anteproyecto, que han incluido ustedes luego, que es lo de la asociación más representativa. ¡Muy bueno lo suyo, señor Ministro. Eso sí que es participación! Todos sabemos en qué consiste el truco. Hay una asociación que antes de las elecciones ya tiene un representante en el consejo escolar, sin necesidad de que se cuenten los votos. ¡Muy democrático! Ya sabemos para qué sirve eso; lo vimos en la ley de participación de órganos de la Administración, ya sabemos a dónde va eso. Muy bien.
Estupendo.
En caso de ausencia de candidatos, ustedes designan a dedo por cinco añitos --¡cinco añitos a dedo!--, ustedes ya dictaminan que aquí no va a haber candidatos en cinco años. ¿No sería más lógico designarlos por un año y ver si se anima la afición? Ustedes no tienen interés en que se anime la afición. Para ustedes lo de la participación es una pura excusa para colocar a dedo masivamente a los directores.
Por otra parte, señor Ministro, está usted tan preocupado con los elegidos a dedo que se le ha olvidado en el proyecto -- repáselo-- decir cuánto dura el mandato de los directores elegidos, no lo dice. Dice cuanto dura el de los designados a dedo y por analogía entendemos que el de los elegidos será también de cinco años. usted habla de cinco años para los a dedo, cinco años para otros cargos directivos y de los elegidos se ha olvidado porque, en el fondo no le interesan.
Usted tiene su fijación.
Si falta mayoría absoluta, nos parece más lógico que sea el más votado, aunque no tenga mayoría absoluta, a que sea alguien puesto por usted a dedo. Por tanto, esa exigencia de mayoría absoluta es absurda y justifica en muchos casos el que haya tan pocos elegidos.
En cuanto a los nombramientos provisionales, no entendemos que usted diga que los que nombre a dedo duran cinco años; ahora, si un director actual se niega a ser prorrogado, en uso de su dignidad, y hay elecciones, eso dura sólo un año. Una dirección hecha ahora, un año; una puesta a dedo por usted después, cinco. Muy bien. ¡Viva la democracia y la participación! Se puede tener el modelo que se quiera, lo que no se puede decir es que usted opta por la participación en esas circunstancias, porque es una tomadura de pelo.
Creo que simplemente con que usted hubiera introducido en este proyecto una transitoria, por la cual se respetara a los elegidos y se aplicara la Ley inmediatamente a los designados a dedo, se hubiera resuelto el problema.
De la mezcla que organizan ustedes de méritos, apreciación de los méritos por la comunidad escolar, etcétera, ya hemos hablado en Comisión y n cuanto a la acreditación para ser candidato, a partir de ahora, en vista de que hay pocos candidatos, para ser candidato hay que ser hombre de confianza de la Administración. Lógicamente, todos los puestos a dedo en los últimos cinco años, según una disposición de las que se suelen añadir al final, que son las interesantes, se convierten automáticamente en acreditados. El diagnóstico que hacen ustedes sobre por qué hay escasez de candidatos es realmente cómico. Según dicen ustedes, los directores son elegidos por tres años por el consejo escolar, sin otro requisito que tres años de antigüedad; o sea, que no hay candidatos porque es demasiado fácil serlo. A partir de ahora, que ustedes lo van a complicar,

Página 7591


van a llover los candidatos. Les recuerdo los datos, los que ustedes ponen en la memoria. En el año 1985, el 63 por ciento de los directores eran elegidos; en el año 1991-1992, sólo el 46, porque ustedes desde la Administración no les han respaldado, porque ustedes les han creado continuamente --y lo recoge la memoria-- una situación de auténtica esquizofrenia.
Dicen ustedes en la memoria, con una sinceridad encomiable: El director deberá incorporarse de nuevo al claustro como profesor del centro, una vez terminado su mandato, lo que puede influir en sus decisiones y explica en qué circunstancias se mueve el director; se producen diferencias entre los criterios de la Administración --que es lo que a ustedes les interesa-- y los del conjunto de la comunidad escolar; se encuentra en una difícil disyuntiva: o cumple con sus obligaciones --que por lo visto son obedecer a la Administración--, enfrentándose a aquellos que le eligieron, u opta por ejercer como representante de su centro, en perjuicio de sus responsabilidades.
Señor Ministro, si usted habla de autonomía, ¿cómo es posible que las obligaciones y las responsabilidades del director no le vengan dadas por la comunidad escolar, sino por la Administración? ¿Me lo quiere explicar? ¿Qué entiende usted por autonomía? Yo no sé en qué piensan los grupos sensibles a la autonomía cuando oyen esto; a lo mejor tienen una visión demasiado territorial del fenómeno, pero, desde luego, es sorprendente que se nos plantee un concepto así de autonomía.
En cuanto a la formación, está claro, señor Ministro, que viene muy bien como apoyo al director, pero no como condición.
Usted, por ejemplo, para nombrar un director provincial que tiene mayores responsabilidades y más vinculación a la Administración que un director de centro, no obliga a cursillos previos ni nada por el estilo; nombra a quien a usted le parece; basta la confianza del Ministerio para suplir cualquier otra cuestión.
Paso a ocuparme del segundo aspecto, que es el de la inspección. Ustedes desmantelaron el cuerpo de inspección, que era un cuerpo profesional, especializado y permanente. Ustedes dijeron, según dice la memoria --y vuelve a ser cómico--, por qué desmantelaron ustedes en la Ley 30/1984 el cuerpo. Dice que intentaban adelantarse a los profundos cambios e innovaciones en materia educativa que ya se estaban debatiendo. Para adelantarse a los cambios, se llevaron por delante el cuerpo de inspectores, y ahora que se han hecho los cambios lo vuelven a poner. ¿No será que han hecho ustedes lo mismo que con los catedráticos de universidad, que jubilaron a una serie de promociones porque sí y luego han vuelto a restablecer la jubilación a los 70 años? ¿No estamos aquí ante una depuración encubierta, señor Ministro? Porque esto realmente no tiene explicación alguna.Dice en la memoria que en el modelo de acceso a la función inspectora, que justificó desmantelar el cuerpo, estaba concebido que los docentes, en esta función, transcurridos los períodos de tres y seis años se incorporasen de nuevo a la docencia. No obstante, la realidad ha demostrado que para la adecuada organización de un servicio que tiene carácter permanente es preciso disponer de unos funcionarios permanentes. ¡Buenísimo! O sea, que ustedes reconocen que han desmantelado de espaldas a la realidad el cuerpo de inspectores y que luego han descubierto de pronto, cuando han tenido tiempo de enfrentarse a la realidad, que para una función permanente viene bien un cuerpo permanente.
¡Muy bueno lo suyo, señor Ministro! Yo le aconsejo que mire a la realidad un poquito más y con más continuidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego que concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente. Yo hago una pregunta que usted no ha contestado: ¿Por qué no se crea de verdad un cuerpo de inspectores? ¿Por qué recurren ustedes a ese término pintoresco de categoría? ¿Por qué no un cuerpo de inspectores para hacer una función profesional, especializada y permanente? Por una razón muy simple, porque resulta demasiado hiriente como término de comparación que ustedes se carguen un cuerpo, metan a 600 señores por un procedimiento atípico y ahora creen de nuevo el mismo cuerpo para meterlos dentro. Entonces, prefieren convertirlo en categoría. Eso parece; espero ahora alguna explicación de por qué esto no es un cuerpo, porque la verdad es que no tiene fácil explicación. Ustedes no desarrollan la alta inspección, que se contempla en los estatutos de autonomía. Por lo visto, no les interesa la alta inspección.
Para terminar, lo que diseñan es un clientelismo en circuito cerrado. Aquí, el que haya hecho determinados méritos, cursitos, etcétera, tendrá puntos y será acreditado para ser director, no se presentará nadie y ustednombrará a todos a dedo. Por cier condición de catedrático, que es otra fórmula mágica que inventaron para justificar el desmantelamiento del cuerpo de catedráticos de bachillerato; ahora, lo han corregido y dicen que hay que ser catedrático. ¿Van ustedes a enterrarlos de condición? ¿Van a dejar al olvido que se han cargado un cuerpo de catedráticos? En Andalucía, en primera página de los periódicos, árbol genealógico de familias políticas y no políticas que han accedido a la condición de catedrático. Se ha hecho mediante un sistema incalificable.
¿Ahora no se va a llamar condición de catedrático, se va a llamar catedrático para que parezca que lo son? ¿En eso estamos ahora? Eso es clientelismo en circuito cerrado.


Página 7592


Para colmo, dicen que la inspección es el punto de llegada.
Señor Suárez Pertierra, usted es catedrático de universidad.
¿Su punto de llegada es ser inspector? ¿Por qué cree que los profesores de secundaria o de primaria tienen unos objetivos profesionales distintos de los suyos? ¿Se cree más listo? Francamente, creo que quizá lo que tenía que hacer usted es ser inspector.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, anuncio, en nombre del Grupo Socialista, el voto en contra de las dos enmiend por Izquierda Unida como por el Grupo Popular.
Consideramos que de prosperar cualquiera de ellas haríamos un flaco favor a la mejora de la calidad de la enseñanza en nuestro sistema educativo.
Estamos convencidos, señor Presidente, señorías, de que la aprobación del proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros escolares va a contribuir de forma sustancial a la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestro sistema educativo. Creemos, lo digo sinceramente, que la nueva ley ayudará de forma importante al mejor funcionamiento de los centros escolares públicos; en general, de todos, pero especialmente a la red de centros públicos. Los centros públicos, desde mi punto de vista, son las células principales del tejido educativo, del cuerpo educativo, si quieren ustedes del sistema educativo español, cuyo mejor funcionamiento hará aumentar la calidad de nuestro servicio público de educación, en el que están integrados tanto la red de centros públicos como la red de centros concertados sostenidos con fondos públicos.
Señor Presidente, señorías, permítanme que explique por qué he anunciado el voto en contra del Grupo Socialista a dos enmiendas, permítame que explique cuáles son los dos tipos de razones por las que el Grupo Socialista votará en contra de estas enmiendas.
La primera razón es porque consideramos positivo el contenido del proyecto de ley. Creemos que es un buen proyecto para iniciar un debate en esta Cámara acerca de la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestro servicio público educativo; con los trámites que tiene por delante el proyecto de ley, pensamos que es un texto lo suficientemente elaborado, con un contenido lo suficientemente positivo como para posibilitar un buen debate y, además, favorecer que aprobemos una ley que, como decía al principio, vaya a mejorar la calidad de nuestro sistema escolar.
La segunda razón la expondré brevemente, puesto que en este sentido ya lo ha explicado de forma abundante el señor Ministro en su primera exposición. Para oponerme a las enmiendas en nombre del Grupo Socialista, la segunda razón, desde mi punto que representan, porque no existen, las propuestas que deberían haber hecho, tanto Izquierda Unida como el Grupo Popular, para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Hay carencia de alternativa por parte de los dos grupos en lo que se refiere a qué medidas deben aplicarse a nuestro sistema escolar para mejorar su calidad.
Es verdad que en esta ocasión el Grupo Popular e Izquierda Unida, como siempre en los últimos tiempos, han actuado juntos en estas lides de oposición al Gobierno, de oposición a los socialistas, pero no han hecho propuestas razonables y razonadas que deban ser puestas en marcha por la Administración para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. En éstas me detendré un poco más.
Señorías, en esta Cámara se han debatido y se han aprobado, además con alto grado de acuerdo, dos importantes leyes educativas que, desde mi punto de vista, han constituido hitos destacados en la política educativa que los socialistas hemos impulsado en estos últimos años. Me estoy refiriendo a la LODE y me estoy refiriendo a la Logse. La LODE, Ley que garantiza el derecho de todos a la educación, que garantiza la libertad de elección dentro de una oferta plural de centros financiados con dinero público, que garantiza una amplia participación de la comunidad escolar en el funcionamiento de los centros y en el funcionamiento del sistema educativo. Y la Logse, que pone en marcha una ambiciosa reforma educativa con unos objetivos muy claros, al menos dos: Más educación para todos los españoles --se eleva el techo de la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años-- y una enseñanza de más calidad en todas sus formas y modalidades, también para una población más escolarizada, al haber subido ese techo de escolaridad obligatoria.
El proyecto que estamos debatiendo en estos momentos pretende completar y complementar las reformas introducidas por la LODE y por la Logse en al menos cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, profundizando el modelo participativo establecido por la LODE. En segundo lugar, ajustando la organización y el funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros escolares sostenidos con fondos públicos, creados en su momento por la LODE, pretende adaptarlos a las exigencias establecidas en la Logse. En tercer lugar, desarrollando el Título IV de la Logse, referido a la calidad de la enseñanza. La presente ley pone en marcha una serie de medidas en relación con los centros escolares con el único objetivo de mejorar de forma progresiva la calidad de enseñanza de nuestros centros educativos. Y en cuarto lugar, reforzando la solidaridad de todos los centros escolares, públicos y concertados, para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.


Página 7593


Para conseguir esto, el proyecto de ley refuerza --podemos recurrir a los artículos que así lo regulan-- la participación de la comunidad escolar. No existe, como se ha dicho en alguna intervención, recorte de la participación escolar regulada en su momento por la LODE. Existe un reforzamiento de la participación de la comunidad escolar en los centros escolares especialmente.
La amplia participación establecida por la LODE queda reforzada con la incorporación al consejo escolar de eso que criticaba hace un momento el portavoz del Grupo Popular, un representante de las asociaciones de padres y un representante del mundo empresarial y laboral en aquellos centros de formación profesional específica y en los centros de artes plásticas y de diseño. Por lo tanto, esta ley no recorta sino refuerza el modelo participativo creado en su momento por la LODE.
Por otro lado, dota de mayor autonomía a los centros escolares, mayor autonomía en la elaboración del plan educativo del centro --proyecto le gustaría más al señor Ollero, estoy seguro--, mayor autonomía en la información a la comunidad educativa sobre el plan educativo del centro y mayor autonomía en la gestión de los recursos económicos en los propios centros escolares. Eso sí, en este último aspecto se establecen las cautelas necesarias para, como decía el Ministro en su intervención, que la diversidad que estamos propiciando no provoque desigualdades en los centros. Sí a la diversidad de centros, pero evitando la desigualdad entre los mismos.
Otra de las medidas propuestas en el proyecto de ley se refiere al reforzamiento de los órganos unipersonales de gobierno de los centros y, especialmente, al director. Se aumenta la duración del mandato a cinco años, se mantiene la elección del director, tal y como está establecido en la LODE, por el consejo escolar; eso sí se exigen ciertos méritos a los candidatos a director y se incentiva económica y profesionalmente a los directores, con un único y solo objetivo, no es dificultar, como decía el portavoz del PP en su intervención, no para dificultar la elección de directores en los centros escolares, no para evitar su elección y hacer posible que sean designados por la Administración --el señor Ollero siempre está pensando mal en estas cosas--, sino justamente para algo muy distinto, señor Ollero, para que los que accedan a la dirección de los centros escolares sean profesionales más preparados y que cuando ejerzan su función directiva ésta sea reconocida, sea más reconocida, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico.
En cuarto lugar, se impulsa la evaluación de los centros docentes y del sistema educativo en general, así como la publicidad de los resultados En quinto lugar, se define la función de la inspección educativa y se da estabilidad a los funcionarios docentes que ejerzan esta función inspectora, algo que consideramos muy importante, y por claramente las funciones que debe tener la inspección educativa: funciones de supervisión, funciones de asesoramiento, funciones de orientación, funciones de información y funciones de inspección, todas ellas, referidas tanto a los centros escolares como al sistema educativo en su conjunto.
Finalmente --por sólo citar éstas y no referirme a otras medidas que se contemplan en el proyecto-- se impone a todos los centros sostenidos con fondos públicos la obligación de escolarizar a los alumnos con necesidades educativas especiales o pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
Esta es la propuesta, estas son las razones que desde nuestro punto de vista nos hacen que, en positivo, apoyemos el proyecto de ley y tengamos que oponernos a las enmiendas que presentan tanto Izquierda Unida como el Grupo Popular. Porque frente a estas propuestas ¿qué dicen ustedes? ¿Qué proponen? ¿Qué propone el Grupo Popular? ¿Qué propone I Desde mi punto de vista proponen muy poco, o diría que no proponen nada. Lo que sí hacen son muchas objeciones al contenido del proyecto de ley, muchas objeciones poco consistentes desde mi punto de vista y, desde luego, insisto, ausencia total de alternativas.
Porque las objeciones que ponen --y se han referido a ellas los dos intervinientes que han defendido sus enmiendas-- son, entre otras, que ha existido escasa información, escasa discusión y escasa negociación con los interesados. Señor González, este proyecto de ley es producto de un documento de sesenta y siete medidas sometido a una fuerte discusión en los centros escolares, entre los sindicatos de profesores y entre las organizaciones de padres; y fruto de este debate salió su contenido. Por tanto, no se puede acusar de que no ha existido información, de que no ha existido discusión y no ha existido negociación. Lo que quizá no haya existido y en estos momentos no exista todavía sea el acuerdo que nosotros queremos que se produzca antes de finalizar la tramitación de este proyecto de ley, el acuerdo más amplio posible.
Como segunda objeción argumentan ustedes que se recorta la participación. Creo que he explicado abundantemente hace un momento que esto no era así. También objetan --dicen-- que la mayor autonomía de los centros y la posibilidad de obtener ingresos derivados de la utilización de las instalaciones y recursos de los centros públicos fomentará las diferencias entre los centros en función de los recursos propios que sean capaces de generar.


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.


El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.


Página 7594


Esto que ustedes ven como algo muy negativo nosotros lo queremos poner en positivo, porque nos parece positivo que existan centros diferentes. No queremos que existan centros desiguales y para evitar esa desigualdad el proyecto de ley contempla una serie de medidas en el artículo 7.3, repito, para evitar estas desigualdades y favorecer las diferencias.
Critican también la jerarquización --dicen-- de la profesión docente, que se impulsa una gestión no democrática y que se recrea el anterior modelo del cuerpo de directores. Nada más alejado de la realidad. No son ciertas ninguna de estas críticas u objeciones que ustedes ponen.
Dicen --y con esto voy terminando, señor Presidente-- que se va a una mayor privatización --esa crítica la hace Izquierda Unida--, rechazando la posibilidad de ampliar los acuerdos con centros privados para el segundo ciclo de la educación infantil. La ley contempla, igual que contemplaba en su momento la Logse, la posibilidad de acuerdos de financiación con centros de educación infantil. ¿Qué hace la nueva ley? Lo que hace la nueva ley es reforzar este planteamiento de la Logse en lo referente a aquellos centros que acojan a alumnos con necesidades educativas especiales en el segundo ciclo de la educación infantil.
En el polo opuesto, el Grupo Popular pide la gratuidad total para la educación infantil; lo hace en su texto escrito, hoy no se ha atrevido a presentarlo el portavoz desde esta tribuna.
Por tanto, señor Presidente, creemos que existen abundantes razones para rechazar las enmiendas y seguir la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, tramitación que vamos a abordar, como Grupo Parlamentario Socialista, con un espíritu totalmente abierto. Queremos llegar a acuerdos, al menos a los mismos acuerdos a los que llegamos en épocas anteriores, en tramitaciones anteriores, con las otras leyes educativas aprobadas por esta Cámara, compromiso del Grupo Socialista que queremos hacer llegar a todos los Grupos Parlamentarios y de forma especial a aquellos Grupos Parlamentarios que en la tramitación de la LODE y de la Logse apoyaron estos proyectos de ley y votaron favorablemente los mismos. Y además queremos hacerlo extensivo también a los sectores sociales afectados.
En la tramitación parlamentaria creemos necesario, y como Grupo lo impulsaremos, llegar al mayor acuerdo social y parlamentario posible para que la ley salga aprobada con el mayor número de apoyos de que seamos capaces.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme, en primer lugar, aclarar al señor Nieto una cosa que no consigo aclararle. Las propuestas que defiende el señor Ollero yo las respeto como demócrata, pero no comparto casi ninguna. Por tanto, no intente mezclar a mi Grupo y a mí mismo continuamente con las propuestas del señor Ollero para justificar otras cosas, porque corre el riesgo de que le pregunte yo algunas cosas en este tema.
Dice que nuestras propuestas van vacías de alternativas.
Estamos en un proceso, en un proceso de defender una enmienda a la totalidad y justif es su alternativa, pero le voy a adelantar algunas y verá usted, en todo el proceso de discusión, cómo tiene enmiendas que debatir. Cuando ustedes hablan en esta ley de la colaboración de la Administración para el impulso de las actividades extraescolares y complementarias, yo le digo que no hay ningún avance en relación con la formulación genérica que hacían en las setenta y siete medidas. ¿Qué compromiso presupuestario permanente y qué recursos humanos hay para llevar adelante esa colaboración? Tiene que haber un compromiso presupuestario y recursos humanos. Primera propuesta.
Cuando yo me refería a la vaguedad en el tema de la obtención de ingresos derivados de la utilización de sus instalaciones y recursos, yo pregunto: ¿Se están refiriendo al alquiler de los locales? ¿A qué actividades? ¿A la formación privada en un local público? Y yo le digo --siguiente propuesta--: los centros públicos deben estar abiertos a su utilización por la comunidad escolar y el entorno social para actividades educativas, culturales, sociales o deportivas y totalmente gratuitas, o como mucho con una compensación estricta para el impacto de la actividad en los gastos de funcionamiento del centro.
Cuando usted habla de la composición y competencia del consejo escolar se amplía la duración a tres años y parece que la justificación que dan, que pudiera ser para que adquieran un mayor rodaje o estabilidad, no es tal, porque creo que esta medida puede disuadir a posibles candidatos y además contribuye de hecho, al dilatar el período, a que participe menos gente en el consejo escolar. Mi Grupo mantendría el mandato en dos años, en la forma actual, aunque estaríamos dispuestos también a valorar si sería más conveniente crear un consejo escolar de mandato indefinido que se fuera renovando por mitades cada dos años y de este modo no habría tampoco ruptura de funcionamiento; se podría limitar a cuatro años seguidos como máximo la presencia en el mismo e introducir otros derechos, por ejemplo, el permiso laboral retribuido para la asistencia a las reuniones de los representantes de los padres de alumnos y podrían estar ahí de forma más efectiva.
En cuanto al director y al jefe de equipo, compartimos su idea de que el conocimiento del centro y la experiencia

Página 7595


docente es una valoración po creo que la valoración la puede y debe realizar el propio consejo escolar a la vista de los méritos y el currículum profesional que alegue el candidato, que debería facultarse al consejo escolar para contrastar los méritos y el programa de dirección mediante entrevista al interesado u otros medios.
La ampliación de la duración del mandato de los directores puede mermar, como decía en otros casos, la cantera escasa de candidatos. No es justificable un período tan largo de tiempo para desarrollar un programa por parte de los directores si usted mismo, si los gobiernos, si los partidos políticos, si los sindicatos, si los rectores de la universidad tienen limitado su mandato. ¿Por qué no lo van a tener los directores? Nuestro grupo sería partidario de un mandato de cuatro años, con un paso del Ecuador --podríamos llamar-- de dos años, en el que el director y el consejo hicieran un balance de su gestión y renovaran su confianza. Sería el momento en que de un modo natural un director podría decidir si sigue o no sigue en el cargo por voluntad propia o por pérdida de confianza, por ejemplo.
La designación de los jefes de estudio y secretarios. Mi Grupo considera irrenunciable la actuación del consejo escolar en la designación de los otros cargos unipersonales. Puede darse, si no, la situación de que un director elegido puede ver rechazada su propuesta de nombramiento de órganos unipersonales y, ante esta situación, ¿qué ocurriría? Lo mismo podríamos decir en relación a otras propuestas referidas a la ausencia de candidatos, a la evaluación de centros y profesores, a la inspección.


El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego concluya.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Concluyo ya, señor Presidente, porque, efectivamente, en todo el proceso próximo contará el señor Niet buena cantidad de enmiendas, en las que podremos discutir si volvemos a ese consenso político que un día tuvimos y que nos llevó a hacer una ley progresista, o si el señor Nieto y su Grupo están presos de otra situación y no pueden llegar a ese consenso político.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, quiero agradecer ante todo al portavoz socialista que haya alabado nuestro escrupuloso cumplimiento del Reglamento. Ha dejado claro que nos hemos limitado a hacer objeciones --o sea, a enmendar--, que nos hemos referido a la totalidad y no a detalles parciales y que hemos renunciado a defender ahora la proposición de ley de gratuidad de la educación infantil, que se debatirá aquí cuando la Mesa estime oportuno; o sea que hemos cumplido el Reglamento.
A mí me gustaría decir lo mismo de él, pero es más difícil porque parece que la presentación que ha hecho el Ministro le ha parecido muy pobre, y el señor Nieto ha hecho una representación del proyecto en la que ha tenido el detalle de hacer alguna alusión pasajera a nuestro Grupo, que le agradezco de corazón, ya que con esa preocupación comprendo que le habrá costado mucho trabajo. Quizás esté reservando sus argumentos para un turno ahora, donde ya no hay réplica y, así, con las espaldas guardadas, poder decir lo que le parezca.
Por supuesto que el Grupo Popular tiene alternativasy las plasmará en su momento en enmiendas parciales. Si de verdad, por ejemplo, se está por la participación, cabe perfectamente que, si no hay candidatos, el consejo escolar elija un director entre los profesores que forman parte de dicho consejo escolar, aunque no sean candidatos. Hay muchísimos órganos cuya cabeza se elige sin necesidad de candidatura formal. Los nombramientos provisionales, si se está por la participación, pueden ser por un año y no por tres. ¿Es que el Ministerio necesita, señor Ministro, tres años para poner en marcha un centro? ¿Es que no es capaz, en un año, de poner a un centro de nueva creación en condiciones de tener director? ¿De verdad es así? Sería muy preocupante. Nadie ha explicado por qué los cinco años. Seguimos a la espera de noticias sobre el particular.
En cuanto a la función de los inspectores, éstos deben ser profesionales que se sienten llamados a esa tarea, que van a desarrollarla con una especialización, de una manera permanente. No tiene ningún sentido que la figura del inspector se convierta en el premio de una tómbola, que es lo que ustedes hacen en este proyecto, eso no es serio. No tiene sentido decir: «pórtese usted bien con la Administración reiteradamente y le haremos inspector». Eso va a quitar categoría profesional a la inspección. Yo sigo preguntando: ¿Va a haber cuerpo de inspectores o no va a haberlo? ¿Es que a ustedes les parece mal incorporar --que eso significa cuerpo-- a quienes han introducido de una manera atípica para que disfruten de lo que es realmente un cuerpo? Señor Nieto, a lo mejor ha llegado ya a sus manos una enmienda que probablemente se presente en esta Casa, probablemente por un Grupo que no es el suyo y que probablemente usted acabará aprobando. Esta enmienda dice lo siguiente: Se crea un cuerpo de inspectores. En ese cuerpo de inspectores se incluye el cuerpo superior de Administración de la Generalitat y el cuerpo A.11 de la Junta de Andalucía. Todos los inspectores nombrados atípicamente que sean del grupo A entran por las bravas en el cuerpo de inspectores. Los que sean del grupo B - -se supone que teniendo la titulación-- harán un concurso- oposición de turno especial,

Página 7596


al que sólo se presentarán ellos, y los que no entren de ninguna manera se jubilarán siendo inspectores. Esta es una enmienda que le anticipo, que probablemente asome por aquí y que usted vote. Se lo digo para que sepa por dónde van a ir sus propias posturas. No se quejarán de que no les facilito la tarea.
La cuestión es si va a haber un cuerpo de inspectores o no y si ustedes van a seguir la tónica que han seguido con motivo de una sentencia que convocatoria de inspección. Al anularla, ustedes han mantenido interinamente a aquellos cuyo nombramiento había sido anulado. Los han mantenido como jefes de servicio de los que son inspectores de carrera, han mantenido a diecisiete de coordinadores de inspectores de carrera y ahora los introducen en un curso de formación y los mantienen como jefes de servicio mientras hacen un curso de formación sobre aquello que ellos deben organizar. Eso significa realmente mantener a los que hemos metido, pase lo que pase. Si esa es su filosofía, nuestra enmienda es a la totalidad. Esa es la cuestión.
En cuanto a otros aspectos a los que ha aludido S.S. en su turno, apuntaré lo siguiente. En efecto, en el proyecto se contempla la adscripción de determinados centros de primaria para acceso a centros de secundaria. Eso significa zonificación bloqueada y eso significa condicionar la elección de centro en un momento en que el proyecto educativo debe convertirse precisamente en el factor, primero, de libertad de los ciudadanos y, segundo, de posibilidad de evaluación. No hay posibilidadde evaluación cuando no hay el cr que elige, cuando se margina ese criterio y se crea una zonificación que cautiva al ciudadano y le obliga a ir a un centro determinado.
Ustedes contemplan la posibilidad de evitar el proceso de acceso a la primaria sólo para alumnos con necesidades especiales y admiten que sigan en primaria en el centro en que han estado en infantil. Por tanto, hace falta ser un alumno con necesidades especiales, marginado, con minusvalías, para gozar de algo tan elemental como el derecho a seguir en el centro donde están cuando tienen seis años, edad en la que es fundamental no cambiar de centro. Ustedes generalizan la integración de los alumnos con minusvalías o desigualdades por decreto sin garantía alguna de apoyo. A ustedes les preocupa más la igualdad de los centros, que todos los centros se vean obligados a recibir a esos alumnos, lo cual nos parece muy bien si hay puntos de apoyo en los centros, les preocupa más la igualdad entre los centros que la real atención a los alumnos cuando todos sabemos que no todos los centros están en condiciones de poderlos atender. Pero ya se ve que para ustedes lo fundamental de la integración es más que nada que todos los centros sean igual tratados y no que los alumnos sean atendidos debidamente.
Por todas estas razones y por la absoluta escasez y pobreza actual de sus argumentos, nuestro Grupo mantiene la enmienda a la totalidad e invita a los demás grupos a suscribirla.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ollero.
Tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Con suma brevedad, señor Presidente, para contestar al señor González.
Le decía, y le reitero en estos momentos, que no comprendo la oposición frontal o total, que es lo que representa una enmienda de devolución, a un proyecto de Ley como éste, señor González, que tiene un norte muy claro, que es el de mejorar la calidad de la enseñanza a través del mejor funcionamiento de los centros educativos y, especialmente, a través del mejor funcionamiento de los centros educativos públicos y en general, si usted quiere, de los sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, no termino de entender esa oposición frontal, porque es una ley que, como le decía en mi primera intervención, da más participación, más autonomía a los centros, allega más recursos a los centros y además forma unos equipos directivos con mayor capacidad de gestión y dirección de estos centros. Es cierto que usted ha planteado una serie de interrogantes sobre cuestiones que van en el proyecto de ley que deben ser objeto de discusión en el trámite de Ponencia y Comisión. Algunas de ellas me han parecido razonables y, desde luego, justifican enmiendas parciales, pero lo que desde mi punto de vista no justifican es una enmienda de totalidad pidiendo la devolución de este proyecto.
La preocupación que usted manifiesta de forma sistemática de que debe haber financiación adecuada y recursos económicos suficientes también la tengo yo y estoy convencido que más intensamente la tiene el Ministro de Educación, porque eso es imprescindible para dotar de mayor calidad a cualquier sistema educativo. Desde luego si hay más recursos, combinados con otras cosas, será posible que la enseñanza sea de más y mejor calidad. Dicho esto, en cualquier caso, reitero el compromiso de, en el trámite de Ponencia y Comisión, mantener un espíritu abierto y dialogante sobre aquellas cuestiones que sea posible incorporar, como siempre ha sucedido cuando hemos tramitado leyes educativas. En cuanto al planteamiento del señor Ollero tengo que decir que presenta alguna cuestión menor a la que dice que no le he respondido. Le preocupa la duración del mandato de los directores en cinco años. Es una cuestión discutible. El proyecto de ley lo plantea en esos términos.
Parece razonable que un mayor período en la duración del mandato de los directores haga posible que los equipos directivos se consoliden y puedan gestionar de forma más adecuada un centro educativo.


Página 7597


En cuanto a la inspección y a su preocupación sobre si existirá cuerpo o no yo, tengo que decir que desconozco esa enmienda que usted acaba de leer. Supongo que viene de otros lugares, de otras comunidades autónomas donde se está planteando la cuestión y, desde luego, es la primera vez que escucho la lectura de algo semejante. Lo que sí hemos mantenido, y mantengo en estos momentos en nombre del Grupo Socialista, es que la función inspectora, para que funcione y sea mejor, debe tener estabilidad, debe ser estable y los funcionarios docentes que ejerzan esa función inspectora deben tener la mayor estabilidad posible. En esa línea está redactado el proyecto de ley y esa es la postura que el Grupo Socialista ha defendido siempre y viene defendiendo desde que se inició el debate y discusión de las 77 medidas que han dado origen a este proyecto de ley.
Para terminar, señor Ollero, me ha preocupado la parte última de su intervención. Me la temía. Estaba viendo que no quería decirlo, pero al fi usted contenerse y lo ha dicho. No quiere, y lo ha manifestado de una forma que me ha dejado preocupado, que accedan a los centros concertados, financiados con dinero público, los alumnos con necesidades educativas especiales o los procedentes de minorías étnicas o culturales. Lo ha dicho usted. Lo único que le preocupa, y lo ha manifestado al final de forma nítida y clara --y es lo que sí que exige-- es que no quiere presencia de niños con necesidades educativas especiales en los centros concertados, no quiere niños procedentes de minorías étnicas. Lo que quiere es la financiación a la gratuidad de este tipo de centros cuando impartan la educación infantil. Evidentemente ahí no nos vamos a encontrar, señor Ollero. Nosotros creemos que la solidaridad en el acogimiento de este tipo de niños con necesidades educativas especiales debe ser compartida por todos los centros que son sostenidos con fondos públicos, sean centros públicos o concertados (Un señor Diputado: ¡Muy bien!). Desde luego la gratuidad de la educación infantil creemos que no será posible y desde luego nosotros no vamos a propiciar la gratuidad mediante la fórmula de conciertos de la educación infantil cuando haya otras necesidades que cubrir dentro del período de la enseñanza obligatoria, que es la que es gratuita por ley y la que debe, desde nuestro punto de vista, seguir siéndolo.
En otras cuestiones menores que ha planteado el señor Ollero...


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.


El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
En otras cuestiones menores que ha planteado el señor Ollero estaremos dispuestos a dialogar en los trámites de Ponencia y de Comisión.
Nada más y muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
¿Grupos que desean fijar su posición? Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quisiera, en primer lugar, felicitar al señor Ministro de Educación y a su Ministerio por haber suscitado este de la valentía suficiente para haber recorrido todo este proceso de debate social al que se ha visto sometido este proyecto de ley. Yo creo que en la actual coyuntura política, en un momento en el que la propia acción de Gobierno está en una serie de parámetros muy delimitados y concretos, es justo, desde un Grupo como el Vasco, reconocer la valentía del Gobierno en afrontar un tema como el educativo y haberlo hecho además con una metodología muy precisa, habiendo suscitado un debate social entre todos los agentes educativos, incluso publicando un libro, y, en esta última fase, habiendo preparado dos proyectos de ley que son los que nos ocupan en este momento.
Yo creo que en una coyuntura en la que se discute de la acción política del Gobierno, cuando ésta precisamente se mueve en otras direcciones, es una satisfacción poder comprobar que el Gobierno también tiene una serie de iniciativas y metodologías que implican a los distintos agentes sociales, y ante tal cúmulo de críticas que se han oído en las últimas horas, quisiera comenzar por aquí esta primera intervención, destacando la valentía del Gobierno en fomentar este debate social y en haber articulado este proyecto de ley en aras precisamente de desarrollar condiciones de calidad, de participación y de evaluación en el sector educativo, aunque a la vista de cómo ha ido el debate y la defensa de las dos enmiendas a la totalidad, uno tenía la impresión de haber asistido más a un planteamiento sindical sobre la educación que sobre los parámetros de calidad de participación y de evaluación.
Tras esta felicitación, señor Ministro, tenemos que empezar nuestra intervención manifestando que, desde el punto de vista educativo, es un proyecto de ley que nos gusta. Estuvimos, como Grupo Vasco, muy lejos de la Lode, rechazamos frontalmente sus contenidos; en la Logse se produjo una aproximación entre los modelos educativos que defendía el Gobierno socialista y el Grupo Vasco, y en este momento, al haber leído el libro y conocer el debate sobre las 77 medidas, encontramos unos contenidos muy cercanos a los que son los programáticos del Partido Nacionalista Vasco.
Dicho esto, indicaré que en esta perspectiva vamos acercando posturas y vamos acercando modelos educativos, lo cual entendemos que es correcto y positivo. Estamos muy lejos de los contenidos de la Lode, nos acercamos mucho a los contenidos de la Logse y yo creo

Página 7598


que hay una aproximación sustancial en este momento con este proyecto de calidad, de participación y de evaluación.
Evidentemente, el Grupo Vasco (PNV) tiene la obligación de apoyar este tipo de proyectos, que nos sitúan en líneas de más autonomía de gestión, de más participación, de más calidad y de más profesionalidad. Es verdad que todo es perfectible en este mundo y que también los modelos que se presentan aquí pueden ser perfeccionados.
Esperamos, tal y como ha indicado el portavoz socialista, que en el trámite en Ponencia y en Comisión de este proyecto de ley podamos encontrar las fórmulas de aproximación de posturas en relación a estas cuestiones.
No le voy a ocultar, señor Ministro, que, como he indicado en mi intervención anterior, hay un asunto que nos preocupa de manera especial y relevante: el ámbito competencial. Nosotros entendemos que la posición del Gobierno central y del Estado debería ser la de marcar el mínimo común denominador sobre todo el tema educativo en el Estado, dado que hay comunidades autónomas que mantienen competencias exclusivas en esta materia. Por eso, he afirmado anteriormente que en algunos momentos uno tiene la impresión de que se confunden las atribuciones que tiene el Gobierno, en cuanto que es Gobierno central y Gobierno de todo el Estado, con las atribuciones que se le confieren en la medida en que también están bajo su responsabilidad las competencias referidas a eso que se llama el territorio MEC; creo que en este proyecto de ley no se distinguen suficientemente, al asignar el carácter de ley orgánica a algunos de los aspectos que se desplazan en estos artículos y, en consecuencia, a partir de los contenidos que están caracterizados como ley orgánica en este proyecto de ley, las bases normativas del Estado engordan y las normativas de las comunidades autónomas, como la del País Vasco, que ya tiene en vigor la Ley de la Escuela Pública Vasca, quedan desplazadas. Entendemos que el proyecto de ley, en sus trámites en esta Cámara, debe encontrar una serie de acomodos suficientes para que estos ámbitos competenciales vayan ajustándose precisamente a los propios ámbitos competenciales del Estado.
Existe otra serie de aspectos que entendemos que deberían subsanarse en el trámite en esta Cámara. El proyecto de ley esta redactado desde la perspectiva de la escuela pública.
Anteriormente, el señor Nieto achacaba al Grupo Popular el que éste entendía que la escuela pública debía ser subsidiaria de la escuela privada, pero es evidente que de la lectura del proyecto de ley se desprende que es la escuela pública la que hace subsidiaria a la escuela privada. Nosotros creemos que las redes educativas deben ser redes complementarias. Es suficiente leer el proyecto de ley para ver que el sujeto de todas las fases del proyecto de ley es siempre el centro público y que en una disposición final hace cumplir a los centros de iniciativa social que están concertados todas y cada una de las normas que se recogen en el proyecto de ley, en virtud de esa concertación con el propio Ministerio. E habla de calidad de enseñanza señor Nieto, a estas alturas del siglo, no es procedente entender que, en principio, el titular del centro imprime carácter de calidad. Nosotros creemos que debe existir una fase en esta redacción de proyectos educativos donde se hable genéricamente de centros educativos y que el adjetivo de ese centro, sea público o sea de iniciativa social, no debe ser óbice para una mayor o menor calidad. Desde esta perspectiva de entender las dos redes como complementarias, nos alegramos de que en la redacción de este proyecto se incorporen a la escuela pública elementos que han sido muy típicos en la gestión en los centros privados y, sobre todo, de que se rectifiquen postulados esenciales de la Lode, sobre todo en los aspectos de la dirección y de la inspección.
En relación a los centros de iniciativa social, pensamos que existen elementos positivos que producen un salto sustancial, que hasta ahora no han sido destacados en el debate y que, por ello, voy a significar. Nosotros creemos que se mejora la regulación de las actividades complementarias y extraescolares de los centros de iniciativa social; que, además, se establece la analogía de cargos directivos de los centros concertados con los públicos y que se financian los programas de garantía social. Creemos que desde esta perspectiva existe un salto cualitativo, también desde la perspectiva de los centros de iniciativa social, aunque diré a renglón seguido que existen todavía algunos aspectos que son más restrictivos que la Logse: por ejemplo, el tema de la financiación de la educación infantil, la financiación de la FP, la regulación y cuantía del módulo de conciertos; que se dificulta el paso de la infantil a la primaria en los centros de iniciativa social y, también, el régimen sancionador de los centros concertados.
Entendemos, en su conjunto, señor Presidente, que el proyecto de ley acerca mucho sus posturas a las posturas tradicionales del Grupo Vasco en estas materias. Nos gustaría que la reforma fuera aún a más, es decir, que los trámites en esta Cámara devinieran en profundizar aquellos aspectos que están contenidos en el libro de las 77 medidas que entendemos es mucho más ambicioso que el proyecto de Ley. A nuestro juicio la orientación de esta reforma, en lo que concierne a los temas educativos, aunque tibia, es la correcta; estamos más cerca de la Logse que apoyamos en su día y, en todo caso, lanzamos el guante al Ministerio, al señor Ministro de Educación y al Grupo Socialista para que se haga un esfuerzo, dado que el Grupo Vasco al rechazar hoy las enmiendas a la totalidad así lo hace, para que se haga ese esfuerzo para ubicar los ámbitos competenciales en materia educativa en sus justos términos y se haga por parte del Ministerio, también, una lectura

Página 7599


de los contenidos de la Ley de la Función Pública Vasca que está pactada en el Parlamento Vasco por la mayoría de los grupos de la Cámara, se comparen dichos contenidos y se posibilite un sistema educativo en el Estado que no sea unidireccional, donde la pluralidad, tanto a nivel educativo, cultural, como lingüístico, pueda ser una realidad en este Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario va a oponerse a las enmiendas de totalidad que han presentado los Grupos de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y Popular. Va a hacerlo porque comparte los criterios que han llevado al Gobierno a la presentación de este proyecto de ley, y los comparte desde la congruencia y desde la coherencia con otros planteamientos de nuestro propio Grupo Parlamentario relativos a leyes ya citadas como la Lode y la Logse, dos leyes que nosotros, desde la discrepancia pero, eso sí, desde la pertinente colaboración parlamentaria, votamos a favor en su momento y sobre las que ahora, desde el propio Gobierno Socialista y desde el propio Grupo Parlamentario Socialista, se nos dice, a través de este proyecto de ley... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)

El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Se nos dice que en aquello en lo que no hubo acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i U posible tenerlo, porque, de hecho, este proyecto de ley recoge en su inmensa mayoría enmiendas que mantuvimos hasta el último momento y que el Grupo Parlamentario Socialista no quiso aceptar cuando debatimos esos proyectos de ley. Por tanto, vamos a rechazar estas dos propuestas de enmienda a la totalidad desde la congruencia, desde la coherencia, porque, repito, este proyecto de ley no hace otra cosa que darnos la razón años más tarde de la aprobación de la Lode y de la aprobación de la Logse.
Este proyecto que nos envía el Gobierno permite dar una respuesta satisfactoria, una respuesta posibilista, lógicamente, a una serie de necesidades reales que el sistema educativo tiene planteadas en estos momentos, a partir de la aplicación de la LODE y de la LOGSE. Voy a citar simplemente unos cuantos.
Por ejemplo, se refuerza la figura del director (gran polémica ha habido esta mañana acerca de ese tema, pero es algo que nosotros pedimos en su momento cuando se discutió la LODE, en el año 1983, si no recuerdo mal), incrementando sus competencias; se da un paso adelante en la línea de profesionalización de la función directiva (algo que pedía entonces este grupo), lo cual se establece mediante un procedimiento de acreditación previa de los profesores para prepararles en el ejercicio de la función directiva.
Otro aspecto: conciertos educativos. Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha defendido, desde esta tribuna y desde nuestros escaños con nuestros votos, un sistema mixto de enseñanza, posiblemente como ningún otro grupo, exceptuando el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), puesto que la realidad catalana es la de un sistema mixto de enseñanza, un sistema mixto que respete el derecho fundamental de los padres a elegir el centro educativo. Conseguimos unos mínimos cuando la LODE; este proyecto de ley está en esa línea que nosotros siempre hemos venido patrocinando y preconizando desde esta tribuna y mejora sustancialmente la LODE en este aspecto. ¿Qué hace también este proyecto de ley? Efectúa una mejor regulación de la comisión de conciliación en caso de conflicto entre el titular del centro y el consejo escolar del mismo o del incumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, para que no se produzca lo que ahora se puede producir con la ley en la mano, que es que, ante la duda o ante el incumplimiento de ciertas obligaciones, puede imponerse la sanción de pérdida del concierto educativo, lo que significa que el castigo no es tanto para el titular del centro como para los alumnos o alumnas que están presentes en él y para los padres que han escogido libremente ese centro.
¿Qué otra cosa hace este proyecto de ley? Hace que se incremente la participación de la comunidad educativa respecto del propio proyecto directivo presentado por el candidato a director; van a darle apoyo, van a coordinarse con él, y, por tanto, no supone otra cosa que una mejor participación de la comunidad educativa en el proyecto directivo, una conciliación de posibles intereses contrapuestos desde la corresponsabilidad en la aplicación de este proyecto, vía elección del candidato.
Cuestión importante es la utilización de las instalaciones docentes fuera del horario escolar. Este no es un país rico, tenemos escuelas con grandes instalaciones deportivas y, a su lado, el propio municipio o la propia comunidad autónoma crea otras instalaciones deportivas que convierten en uso deficitario las propias del centro escolar; con este proyecto se da autonomía en este aspecto y se facilita la integración no sólo de la comunidad educativa, sino también del conjunto de la comunidad en el propio centro docente.


Página 7600


Otro aspecto en el que se incide es en la evaluación del sistema educativo, en la línea que ya expuso el señor Ministro y que también ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de mejora de la calidad de la enseñanza, línea por la que hemos venido apostando todos los grupos parlamentarios a lo largo de estos últimos años, algunos más que otros, mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo. También en el proyecto anterior hay una prórroga de mandato de los órganos unipersonales de gobierno.
Por tanto, señor Presidente, vamos a oponernos a estas enmiendas a la totalidad y, en su momento, introduciremos las correcciones que consider oportunas, pero, en todo caso, apoyaremos este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmienda de totalidad del Grupo Popular, que postula la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica por la que se prorroga la duración de los órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 112; en contra, 147; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 123; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


VOTACION DE CONJUNTO:

--DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO

Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de la proposición sobre modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 273; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto la proposición de ley orgánica.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal