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DS. Senado, Pleno, núm. 10, de 03/11/1993
 


Año 1993 V Legislatura Núm. 10

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1993

ORDEN DEL DIA:

Autorización del Pleno para tramitación en lectura única.


--Proyecto de Ley de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. (Número de expediente 621/00001.)

--Proyecto de Ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. (Número de expediente 621/000002.)

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.


--Proposición de ley de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que recae sobre los servicios de hostelería (autor: Grupo Parlamentario Popular) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 4, de fecha 22 de septiembre de 1993).
(Número de expediente 622/000003.)

--Toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial (autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Senado, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Coalición Canaria del Senado y Mixto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 5, de fecha 22 y 28 de octubre de 1993). (Número de expediente 626/000002.)

Petición de creación de Comisiones Especiales.


--Petición de creación de una Comisión Especial de Juventud (primer firmante: don Bernardo Bayona Aznar) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 32, de fecha 23 de octubre de 1993). (Número de expediente 650/000001.)

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Mociones:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una reforma de la Administración Central por medio de la cual se residencien todas las competencias de dicha Administración en materia de medio ambiente en un único organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de funcionarios ni un incremento del gasto público (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993). (Número de expediente 662/000013.)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación para que con la máxima urgencia remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley Orgánica de modificación del Código Penal a fin de que taxativamente se disponga de los beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y el cómputo del tiempo para la libertad condicional, se referirán siempre a la totalidad de las penas respectivamente impuestas en las correspondientes sentencias por delitos relacionados con la actividad de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, así como por cualesquiera de los delitos comprendidos en los artículos 344 a 344 bis k) de dicho Código (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 35, de fecha 29 de octubre de 1993). (Número de expediente 662/000018.)

--Del Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se insta la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca, para que elabore un informe que sirva al Gobierno como base para resolver la situación actual del sistema de Previsión Social en el sector agrario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 34, de fecha 28 de octubre de 1993). (Número de expediente 662/000016.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


AUTORIZACION DEL PLENO PARA TRAMITACION EN LECTURA UNICA (Página 316).


Proyecto de Ley de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 316).


Proyecto de Ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 316).


Se aprueba la autorización para tramitación en lectura única de ambos proyectos de ley por asentimiento de la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 316).


Proposición de ley de reforma del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) que recae sobre los servicios de hostelería (autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 316).


La señora Agüero Ruano defiende la toma en consideración de la proposición de ley. No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, y Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Agüero Ruano, por el Grupo Popular, y el señor Segura Clavell, por el Grupo Socialista. La señora Agüero Ruano y el señor Segura Clavell intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley por 111 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones.


TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO EN LO QUE ATIENDE A LA POTENCIACION DE SU FUNCION TERRITORIAL (autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Senado, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Coalición Canaria del Senado y Mixto) (Página 323).


No se hace uso del turno de defensa de la toma en consideración. En turno de portavoces, intervienen los señores Petrizán Iriarte, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ruiz-Gallardón Jiménez, por el Grupo Popular, y Bayona Aznar, por el Grupo Socialista.


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Se aprueba la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por 234 votos a favor y 6 en contra.


PETICION DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES (Página 334).


Petición de creación de una Comisión Especial de Juventud (primer firmante: don Bernardo Bayona Aznar) (Página 334).


El señor Blanco López presenta la petición. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Colsa Bueno, por el Grupo Popular.
Vuelve a intervenir el señor Blanco López.


Se aprueba la creación de una Comisión Especial de Juventud por asentimiento de la Cámara.


Mociones (Página 336).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una reforma de la Administración Central por medio de la cual se residencien todas las competencias de dicha Administración en materia de medio ambiente en un único organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de funcionarios ni un incremento del gasto público (Página 336).


El señor Ripoll Serrano defiende la moción. El señor Vicepresidente (Ortí Bordás) comunica a la Cámara que, respecto a esta moción, han sido presentadas una enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como una propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. El señor Alonso Colacios defiende dicha propuesta de modificación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Codina y Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ripoll Serrano, por el Grupo Popular, y Alonso Colacios, por el Grupo Socialista.


Se aprueba la propuesta de modificación por 208 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación para que con la máxima urgencia remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal a fin de que taxativamente se disponga que los beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se referirán siempre a la totalidad de las penas respectivamente impuestas en las correspondientes sentencias por delitos relacionados con la actividad de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, así como por cualesquiera de los delitos comprendidos en los artículos 344 y 344 bis k) de dicho Código (Página 343).


El señor Cañellas Fons consume su turno a favor. El señor Arévalo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Cañellas Fons, por el Grupo Popular, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.


Se rechaza la moción del Grupo Popular por 98 votos a favor, 127 en contra y 5 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, mediante la que se insta la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca, para que elabore un informe que sirva al Gobierno como base para resolver la situación del sistema de Previsión Social en el sector agrario (Página 351)

El señor Arguilé Laguarta defiende la moción. No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Cacharro Pardo, por el Grupo Popular; Galindo Santana, por el Grupo de Coalición Canaria, y Arguilé Laguarta, por el Grupo Socialista.


Se aprueba la moción del Grupo Socialista por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las quince horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


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AUTORIZACION DEL PLENO PARA TRAMITACION EN LECTURA UNICA.


--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES. (621/000001.)

--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES. (621/000002.)

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley del Senado, solicito a la Cámara unos minutos de atención.
Ayer, la Mesa, oída la Junta de Potavoces, resolvió proponer al Pleno que acuerde que los Proyectos de Ley de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales, y de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales se tramiten directamente y en lectura única, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado.
¿Se puede entender este procedimiento aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Muchas gracias.
Anuncio asimismo que la Mesa resolvió abrir un plazo de presentación de propuestas de veto a ambos proyectos, que finaliza el 15 de noviembre.
Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO.


--PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) QUE RECAE SOBRE LOS SERVICIOS DE HOSTELERIA. (622/000003.)

El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que recae sobre los servicios de hostelería. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular, y ha sido publicada en los boletines correspondientes, con fecha 22 de septiembre de 1993.
En su momento no se presentó ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual vamos a proceder a debate y votación la presentada por el Grupo autor de la misma.
Para su defensa, la Senadora Agüero Ruano tiene la palabra. A continuación, habrá dos turnos a favor y dos en contra, alternativamente, y para finalizar, el turno de portavoces.
La señora Senadora tiene la palabra.


La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la crisis de la economía española y de los diferentes sectores que la integran ha adquirido tales proporciones que resulta indispensable un cambio de orientación de la política económica aplicada por el Gobierno.
Las reformas estructurales que nuestra economía viene reclamando desde hace años, el ajuste y austeridad en los gastos públicos, la reforma en la fiscalidad sobre trabajadores y empresas y la contención de los tipos de interés, constituyen las principales líneas de la política económica a aplicar de forma inmediata en nuestro país.
Con mayor urgencia aún, hay que eliminar las trabas que desde la Administración impiden el funcionamiento correcto de determinados sectores productivos que ahondan en la gravedad de la crisis que padecen.
Tal es el caso del sector de hostelería en el que, junto a la caída general de la demanda que registra, se añade una discriminación fiscal que no tiene razón de existir: la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del seis por ciento o del 15 por ciento de hotel y restaurante según la categoría que ostenta. Esta discriminación que el Gobierno introduce en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y en la reforma de la misma para 1993 ha dado lugar a una reclasificación de las categorías de estas instalaciones hosteleras que para el mismo servicio pasan a facturar un nueve por ciento menos de impuestos a sus clientes, encareciendo aún más a este sector de servicios que cualitativamente se ha tratado de fomentar en nuestro país por hacer referencia al turismo de alto poder adquisitivo.
La actual crisis económica internacional y nacional está teniendo su lógica repercusión en la actividad turística en general pero para el sector hotelero, y más concretamente para el sector de hoteles de cinco estrellas, esta injustificada carga fiscal del tipo medio del 15 por ciento del IVA está poniendo en grave peligro la continuidad de estos establecimientos en su máxima categoría.
La crisis de las empresas no les permite asumir este sobrecosto y los hoteles pierden clientela dramáticamente y se ven obligados a defender su categoría. Si tienen que reducir plantilla, que además son los que tienen el ratio más alto, o sea, entre camas ocupadas y personal trabajando, ¿cuánto pierde el Gobierno? Para argumentar lo que se expone, la aportación de datos y números es importante, pero en materia fiscal es imprescindible acogerse a lo que estos datos y números nos dicen. Desde el mes de agosto de 1992, mes en que subió el tipo medio de IVA del 13 al 15 por ciento han ido reduciendo su cantidad de establecimientos hoteleros. Ya supuso un duro golpe este incremento en dos puntos del tipo medio del IVA, ya que al colocarse con una diferencia de nueve puntos respecto de los hoteles de inferior categoría ven dificultada su comercialización, produciéndose por esta causa el efecto

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dominó: caída de estrellas, recalificación de categoría, pérdida de competitividad, menos personal, menos IRPF y más desempleo. A los datos me remito afirmando que desde el pasado uno de enero hasta el uno de agosto del presente año han sido 20 los establecimientos hoteleros que han perdido su categoría, estimando que antes de finales de año más de l50 por ciento de estos hoteles se habrán recalificado. Sobre los restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, diré que o han cerrado o casi no queda ninguno porque han pasado a la categoría de dos tenedores, aunque los precios deben considerarse muy elevados para esa categoría.
Junto a los fríos datos hay que tomar en consideración las consecuencias que de ello se derivan. Con la bajada de una estrella que se está produciendo en hoteles de máxima categoría por causa del injustificado gravamen del 15 por ciento del IVA se está empobreciendo la imagen del sector de cara al exterior, echando por tierra el esfuerzo que desde la propia Secretaría General de Turismo se ha estado haciendo durante estos años encaminado a potenciar la imagen del sector turístico a base de mejores hoteles, mejor calidad y categoría de los mismos. Esta labor se está viendo dinamitada por el propio Gobierno que, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, está penalizando a estos establecimientos con unos impuestos excesivos para el cliente que en ellos se aloja e insoportables para la empresa propietaria del hotel de cinco estrellas que se abocaba a perder estrellas, imagen de categoría en definitiva, para poder ser competitivo en el mercado.
En los presupuestos de 1993 se había asegurado reiteradamente al sector que todo sería reducido. La Secretaría General de Turismo defendió, a través de su Secretario General, la homogeneización del tipo reducido del IVA para todas las empresas turísticas por considerar que éste es un sector estratégico en el que las diferencias no deben mirarse por este impuesto, sino por la calidad, el servicio y mercado.
La justificación del Ministerio de Economía y Hacienda para mantener tercamente este tipo del 15 por ciento en los hoteles de cinco estrellas y restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, sin homologarlos al tipo reducido del seis por ciento, es una teoría eminentemente recaudatoria. Pues bien, vamos a hablar de recaudación. El Ministro de Comercio y Turismo ha pedido al de Hacienda un informe sobre la repercusión de la disminución del IVA del 15 al seis por ciento en los hoteles de cinco estrellas, pero se desconoce el impacto que esta disminución del IVA tendría en los ingresos del Estado, aunque el Ministro de Comercio y Turismo se adelantó a este informe y afirmó el pasado día 27 de octubre en el Congreso de los Diputados lo que es obvio, y es que la minorización de ingresos por este concepto sería tan pequeña que no valdría la pena considerarla.
Cualquier estudio nos demuestra que estos hoteles tienen dos opciones, o bajar a cuatro estrellas para mantener su clientela o perder de 25 a 50 puestos de trabajo si se les baja su nivel de ocupación y tienen necesariamente que reducir personal. El ingreso medio que le produce al Estado mantener el 15 por ciento para estos hoteles puede estar aproximadamente en 70 millones de pesetas por cada hotel: cifra realmente insignificante si se tiene en cuenta que los ingresos consolidados del sector público que figuran en los presupuestos para el año 1994 será de 22,7 billones de pesetas.
Por otro lado, les diré que esta cantidad resulta ridícula, y el señor Ministro de Economía lo sabe, en el volumen de recaudación del IVA de todo el Estado español. Estas cifras rompen con la teoría eminentemente recaudatoria del Ministerio de Economía y Hacienda que no reduce el tipo de IVA en los hoteles de cinco estrellas al tipo reducido del seis por ciento por motivos que no se pueden entender después de lo expuesto, y que sea exclusivamente recaudatorio y no de otra índole. Es ahora, pues, el momento oportuno para aliviar de esa injustificada carga fiscal a los hoteles de cinco estrellas y restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores. Hay que aliviarlos fiscalmente porque el turismo es un sector que está en crisis desde hace tiempo y especialmente en los dos últimos años se hace más patente en la ciudad donde mayoritariamente están los hoteles de cinco estrellas y restaurantes de alta categoría, negocios de los que viven muchas familias en España. Cuando hay crisis es obligación del Gobierno apoyar a los sectores productivos, y el sector hotelero lo es sin duda, y crear las condiciones óptimas para crear riqueza para España.
Por todo ello, señorías, es urgente la reforma propuesta para modificar el artículo 91. Tipos Impositivos Reducidos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hay que suprimir las letras a) y b) que hacen referencia a los servicios prestados por hoteles de cinco estrellas y por restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, del número dos, subapartado segundo del apartado uno de este artículo, para igualar los tipos que recaen sobre hoteles y restaurantes al seis por ciento, cualquiera que sea su categoría, siempre lógicamente contando con el consenso de todas sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Alternativamente habrá turnos a favor y en contra. (Pausa.) Pasamos directamente al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que recae sobre los servicios de hostelería, no sólo nos parece importante, puesto que recae en un gremio muy afectado por la crisis, sino que nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ya se adelantó a ella en la tramitación del proyecto de ley que tuvo lugar en aquella sesión celebrada el 21 de diciembre del año pasado, en la que con nuestra enmienda número 118 solicitábamos la supresión de uno de los apartados ahora propuestos por el Partido Popular.
En aquella ocasión, tratábamos de echar un cable para

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salvar a este importante gremio mediante la supresión del Impuesto del 15 por ciento, sobre todo en los servicios prestados por restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, debido a que este tipo de restaurantes está en clara decadencia y a que, en él, un gran número de empresas, muchas veces familiares, se encuentran afectadas por la crisis, y las que no lo están o lo estaban y siguen estándolo, se ven en una situación de difícil sostenimiento. Sólo hay que ver el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Economía y Hacienda de la sesión que hemos citado antes.
También justificábamos la actividad de la restauración como el pilar básico para el desarrollo y mantenimiento de la industria turística en ciertas Comunidades Autónomas, incluida la nuestra, claro está. En nuestras propuesta no incluíamos los hoteles de cinco estrellas porque, como es lógico, dejábamos la opción de descender una estrella, o bien considerábamos que el turismo de excelente calidad o la distinción requerida en determinados hoteles podría marcar quizá las diferencias.
Entendíamos que muchos de ellos se habían visto obligados a descender su categoría cuando, en realidad, cumplían con todos los requisitos de un hotel de cinco estrellas, cuyos precios y servicios tienen una clientela muy interesante. Se supone que este tipo de turista interesa a nuestra economía, sobre todo aquella gente que viene a realizar negocios a nuestro país y que requiere otro tipo de prestaciones, como la localización de unos servicios funcionales ofrecidos por hoteles de esta categoría.
Por tanto, señorías, nuestro voto a esta proposición concreta será positivo, sin perjuicio de que la reciente adaptación del IVA sea objeto de nuevas reflexiones que se acomoden a la realidad coyuntural y al entorno socioeconómico en que nos movemos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, Presidente.
De entrada, quisiéramos decir que nos parece entender que el fondo de lo que manifiesta la proposición de ley es una tremenda preocupación por la fiscalidad que, a través del IVA, se coloca a estos establecimientos y a todos los relacionados con la hostelería: hoteles, restaurantes, etcétera.
Dada la situación del sector, estamos de acuerdo con esa preocupación de fondo de incremento de la fiscalidad, pero también lo estaríamos en que se realizase un estudio muchísimo más amplio. Creemos que los problemas que tienen en los hoteles --y se lo dice este Senador en cuya Comunidad Autónoma el 65 por ciento de los ingresos del PIB son debidos precisamente al turismo, y una de las zonas de las que éste se nutre es la hostelería-- no es sólo el de la reconversión del número de estrellas.
Nosotros tenemos un abanico de ellas --digámoslo entre comillas--; no sólo tenemos hoteles con cinco o cuatro estrellas. Es un problema que, por hacerlo analítico, diría que es de reconversión. Los hoteles y la restauración se han quedado obsoletos para el nuevo turismo que viene caminando, para los nuevos servicios que hay que dar.
Asimismo, hay que ser consciente de que esa industria, en años gordos, ha obtenido una serie de ingresos que, al menos en una parte, no ha dedicado a su propia reconversión --hay que ser serios con eso también--, pero que hoy se encuentra en una terrible disyuntiva con unas instalaciones y con unos servicios que no son adecuados a cómo se están moviendo mundialmente las ofertas de paquetes turísticos, y se lo decimos nosotros que no tenemos IVA, es decir, que nos movemos por un impuesto especial que se llama el Impuesto General Indirecto Canario, aunque los mecanismos de movimiento sean los mismos que los del IVA.
Creo que esto se enmarca en un programa general de ayuda a la reconversión de la parte de la industria turística que afecta a la hostelería. Recomiendo, opino, pienso --como se quiera denominar que el fondo de la moción que se presenta debería poseer una mayor y tremenda enjundia de la que posee. Debería ser muchísimo más ambiciosa y llegar incluso a ser una proposición de ley que abarcase el tema de fondo, no sólo de la fiscalidad y no sólo de la fiscalidad de determinadas actividades de la hostelería, de determinados establecimientos con un cierto número de estrellas. Creo que esto es concretar demasiado el grave problema que tiene esa industria.
No creo que deba extenderme más Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marca.


El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, inicio mi intervención con la afirmación de que la proposición de ley que suscribe el Grupo Popular y que hoy debatimos para su toma en consideración por esta Cámara es racional, está bien fundamentada y responde a una preocupación que nuestro Grupo comparte totalmente. Hemos de confirmar que en nuestra campaña electoral formó parte de nuestras reivindicaciones un texto sensiblemente igual y unas argumentaciones muy parecidas a las que hemos oído esta mañana.
Es del dominio público que la recesión del turismo europeo ha causado un grave quebranto a la economía española del sector en general y a la hostelería en particular. Los esfuerzos que están realizando en sus infraestructuras muchos establecimientos de categoría superior para ofrecer mejores servicios puede influir notablemente en la calidad y cantidad del turismo europeo, estimulado nuevamente por los precios mejorados por las últimas devaluaciones de nuestra moneda.
El incipiente turismo de los países del Este de Europa necesita también facilidades y estímulos. Estados Unidos, Canadá y Japón están descubriendo los países y las playas de la vieja Europa, el Mediterráneo.
Sólo el binomio calidad/precio podría lograr que las primeras y tímidas

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incursiones de un potencial fabuloso se vieran multiplicadas.
En este marco de inquietudes, que compartimos totalmente, llega la proposición de ley del Grupo Popular que, sin duda, trata de paliar la problemática de los precios y tarifas hoteleras y de restaurantes de las máximas categorías. Qué duda cabe que añadir un 15 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a unas facturas ya de por sí elevadas por la necesidad de un servicio que dé nivel y categoría al sector, es gravoso, doloroso, enojoso y otros muchos «osos» más.
Por otra parte, la autoprotección de que han hecho uso muchos de los establecimientos afectados renunciando voluntariamente a su categoría superior para poder así aplicar el nivel inferior del IVA del 6 por ciento es totalmente contraproducente en el sentido de que en el momento en que queremos recalificar la oferta aparentemente la rebajamos. Las guías turísticas, los porcentajes de establecimientos por categorías, los estudios de ofertas examinados por los «tours» o simplemente por los usuarios individualmente, perderán calidad, penetrabilidad y nivel.
Por todo lo expuesto, estamos de acuerdo. Otra cosa es que en este momento lo consideremos oportuno. Este es un momento sumamente delicado para la economía de nuestro país y en el que hay que medir delicadamente cada paso. Sus señorías saben perfectamente que estamos apoyando en este momento en el Congreso, y también dentro de pocos días en este Senado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994. No vamos a entrar hoy aquí en consideraciones sobre nuestra actitud y posición ya que habrá tiempo y oportunidad para ello. Lo que sí diré es que el presupuesto que estamos apoyando, a nuestro entender es, si no el mejor, por lo menos el adecuado para una situación crítica como ésta. La gobernabilidad del país depende en buena parte de que la aprobación de este presupuesto sea rápida, con pocas variantes, y de que su ejecución y las medidas paralelas económicas, sociales y laborales que la acompañan sean aplicadas y entren en vigor el 1.º de enero del próximo año. Qué duda cabe, créanlo sus señorías, que la renuncia a justas y antiguas reivindicaciones será para nosotros dolorosa y a buen seguro incomprendida por muchos. Un presupuesto cogido por los pelos en los ingresos, ajustado a la baja en los gastos y en el que se prevé ya desde el comienzo un fuerte déficit en su resultado no se puede retocar en principio con minoraciones de partidas de recaudación de impuestos que no afectan directamente a la economía productiva.
Por otra parte, la vertiente social que emana de la filosofía de que tribute más el que más pueda, en este caso restaurantes de alto nivel y hoteles de lujo, se aplica aún con la convicción de que, caso de poder, sería mejor no aplicarla.
Estamos avanzando en otras facetas del mismo impuesto. Ya sea en la ley paralela o en otras sucesivas, trataremos de introducir variaciones que actúan rápidamente sobre la maltratada economía de nuestro país. En cuanto a las devoluciones del IVA anticipado en las liquidaciones y las correspondientes a los impagos, puedo anticipar desde aquí que, respondiendo a una vieja y justa reivindicación, serán una realidad rápidamente, así como lo serán otras que --esperemos-- seguirán.
Señorías, por todo ello nuestro Grupo votará negativamente la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular.
Finalmente, he de decir que el ejercicio 1994 será largo; esperemos que larga sea la legislatura. Cuando las condiciones lo aconsejen, no lo duden, nuestro Grupo apoyará todas las modificaciones que sean necesarias.
Muchas gracias, señorías, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Agüero.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.
Señor Torrontegui, tengo que agradecerle su intervención ya que ha dicho que la proposición que presenta el Grupo Popular le parece importante.
Efectivamente, ustedes habían presentado una enmienda a este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado. La verdad es que yo confiaba en que la ayuda fuera ampliada a los hoteles de cinco estrellas y no afectara solamente a los restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores, por eso le agradezco su apoyo.
Senador Barbuzano, también le agradezco que su Grupo Parlamentario apoye esta moción. Como usted bien ha dicho, el sector turístico en Canarias es importantísimo y vital para las Islas. Usted me ha dicho que tendría que haber estudiado más a fondo y con mayor amplitud este tema, pero, señoría, tengo que decirle que tan sólo disponía de diez minutos para ello. Pero, al margen de esto, sí le diré que para abarcar todos los problemas de la hostelería hubiera necesitado como mínimo --y no quiero exagerar ya que soy andaluza-- unas tres o cuatro proposiciones de ley y mucho tiempo para hablar sobre ello si es que el Presidente del Senado me lo hubiera permitido.
Sí le digo que lo que en este momento está pidiendo el Grupo Popular es la toma en consideración de la proposición de ley, que se podrá ampliar tras el debate en el Congreso y el posterior en el Senado, tal y como su señoría pretende, lo que me parece muy acertado.
Al Senador Marca, de Convergència i Unió, quiero decirle que he ido pasando de la euforia al oír sus primeras palabras a la desilusión más terrible cuando ha terminado su intervención. Yo le agradezco que su señoría diga que mi exposición ha sido oportuna. Usted ha expuesto prácticamente lo mismo que su compañero en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Industria celebrada el pasado 27 de octubre en esa Cámara. He leído todas las intervenciones, las del Ministro y las de los intervinientes de todos los grupos parlamentarios, y he podido comprobar que su Grupo Parlamentario estaba muy preocupado por este tema. Por tanto, señoría, el que usted en este momento no apruebe esta toma en consideración, el que usted me diga que eso tendrá que ser cuando

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la ocasión lo aconseje, me obliga a responderle que, al paso que vamos, el próximo año no hará falta discutirlo porque ya no quedarán establecimientos hoteleros en la categoría superior.
Tengo que decirle que precisamente en Barcelona los hoteles más emblemáticos han pasado a ser de cuatro estrellas. La publicidad de una serie de hoteles, pertenecientes a una cadena conocidísima, hace referencia a que son un 9 por ciento más baratos porque se les ha obligado a bajar de categoría, por ejemplo, el Princesa Sofía que ha tenido que bajar a cuatro estrellas, el Avenida Palace, el Melía Barcelona Sarriá y tantos otros. Me extraña muchísimo que su Grupo Parlamentario no se haya puesto de acuerdo en esto. Por otra parte, su Grupo decidió que concretamente en la Comisión correspondiente no se votara, pero lo cierto es que estaban a favor de todo esto. Aquí puede pasar lo que en Francia, que a causa de la aplicación del IVA en este momento apenas quedan hoteles de cinco estrellas. Por tanto, señoría, siento enormemente que su voto sea negativo.
En cuanto al representante del Grupo Socialista, no puedo contestarle ya que en este turno de portavoces intervengo antes que su señoría, pero he visto que en el turno en contra levantaba la mano solicitando la palabra, por lo que deduzco que va a votar negativamente esta proposición de ley.
Señoría, tendría que decirle muchísimas cosas pero solamente me referiré a que el empleo está basado en este país y en todos en que las empresas sean rentables y ganen dinero, pero con la bajada de una estrella en hoteles de máxima categoría se está perdiendo nuestra imagen de cara al exterior. Sólo mantendrán las cinco estrellas unos pocos establecimientos de alojamiento de carácter exclusivo. Por eso, ya que tenemos una planta hotelera y unos departamentos turísticos reglamentados con una capacidad de dos millones de plazas --estoy utilizando las palabras exactas del Ministro--, no deterioremos la calidad; utilicemos nuestras diferentes ofertas para que España siga siendo el tercer país turístico.
Como de sabios es rectificar, y yo creo en la sabiduría de su señoría, espero que tomen en consideración esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que los diferentes Grupos que integran esta Cámara y la del Congreso de los Diputados, manifestó reiteradamente, tanto en la tercera, como en la cuarta legislatura, su preocupación por el sector hotelero y por el sector turístico en su conjunto.
Como consecuencia de ello, se constituyó una Ponencia que, casi con carácter permanente, y durante un período aproximado de tres años, desde 1989 a 1991, analizó la realidad del sector turístico en España, esencial en nuestra economía. Por consiguiente, ninguna de las personas que integra el Senado puede pensar que un sector tan básico para la economía de nuestro país no requiera de la actuación permanente de los diversos poderes públicos: de las administraciones locales y autonómicas, de la Administración central del Estado y de los diferentes colectivos existentes, llámense cámaras de comercio, asociaciones hoteleras, o los sectores sociales agrupados en torno a las estructuras de la dirección empresarial, o sindicales.
Dicha Ponencia permanente analizó con rigor, método y de forma exhaustiva, la realidad de los sectores hotelero y turístico, y existe un conjunto de textos, que están a disposición de sus señorías, en los que se recogen un número importante de recomendaciones para el Gobierno.
Pero, permítame que le indique, señora Senadora, que la supervivencia del sector, o su reconducción a una senda de elevación de productividad, no puede vincularse exclusivamente a la propuesta singular que presenta su señoría en representación de su Grupo, consistente en la modificación de un precepto específico, el artículo 91 de la Ley del IVA, que fue aprobada por esta Cámara a finales del año pasado.
Señorías, voy a recordarles algunos de los conceptos recogidos en el Preámbulo y en las motivaciones de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por cuanto soy consciente --y creo que todos lo somos-- de que cuando los temas de naturaleza tributaria se analizan sectorialmente y de manera puntual, se impide el análisis global de la intencionalidad de leyes de estas dimensiones y características.
Entre los fundamentos de la modificación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la citada Ley 37/1992 se decía lo siguiente: La creación del mercado interior en el ámbito comunitario implica la supresión de las fronteras fiscales y exige una regulación nueva y específica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las operaciones intracomunitarias, así como una mínima armonización de los tipos impositivos del Impuesto y una adecuada cooperación administrativa entre los Estados miembros.
En ese sentido, a lo largo de 1991 y 1992 el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó directivas de regulación del régimen jurídico del tráfico intracomunitario y de armonización de los tipos impositivos y dictó reglamentos relativos a la cooperación que deben prestarse las administraciones tributarias de la Comunidad entre sí, creando con todo ello un cuadro normativo que requería su incorporación a la legislación española, por imperativo del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.
Todas esas razones, de naturaleza comunitaria, unidas a las necesidades recogidas en la normativa española y a la realidad económica de nuestro país, condujeron a la aprobación de una Ley, integrada por 171 artículos, seis disposiciones adicionales, doce transitorias, varias derogatorias finales y un anexo final.


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Comprenderá su señoría que, con la propuesta que usted hace en estos momentos, pretende la modificación de un precepto concreto, específico, puntual, singular y sencillo desde el punto de vista procedimental; la modificación de una norma recogida en una Ley, que constituye un conjunto normativo que --le guste, o no-- fue aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con una filosofía y metodología globales en las que participaron todas las fuerzas políticas. Y si una normativa tributaria fuera distorsionada por una modificación puntual, la filosofía que impregna la estructura tributaria global aprobada en esta Cámara se vería distorsionada y lesionada comparativamente por los diferentes preceptos recogidos en una ley compleja.
Señoría, me consta que resulta relativamente sencillo presentarse ante el Pleno de esta Cámara pidiendo la aplicación del tipo reducido, pero todos disponemos de datos diferenciados y, desde luego, los que usted ha aportado son notablemente diferentes de aquéllos a los que este Senador ha tenido oportunidad de acceder, como consecuencia de la búsqueda de informes, tanto en el Ministerio de Comercio, como en el de Economía y Hacienda y en la Asociación Nacional de Hoteleros Españoles.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta este proyecto, con estructura de proposición de ley, mientras que en el Congreso lo ha hecho como una enmienda a un artículo concreto del proyecto de ley de presupuestos del Estado para 1994, lo que desde el punto de vista procedimental parece, en efecto, más lógico --aun cuando es correcto y ortodoxo que se haya presentado de esta forma en el Senado--, ya que la Disposición Final Primera --sobre modificaciones por ley de presupuestos-- de la Ley a la que he hecho referencia, señala textualmente: Mediante ley de presupuestos podrán efectuarse las siguientes modificaciones de las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido. Primero: Determinación de los tipos del Impuesto y del recargo de equivalencia.
Es decir, la Ley ya establece que en la ley de presupuestos pueda producirse la presentación de enmiendas, para su modificación. Por tanto, el Grupo Socialista en el Congreso votará en contra de esa enmienda de su Grupo, y el Grupo Socialista en el Senado lo hará en contra de esta proposición de ley.
Si analizásemos esta cuestión exclusivamente desde la óptica de nuestra preocupación por el sector turístico, nos gustaría votar a favor --qué duda cabe--, ya que posibilitar las bajas de los tipos impositivos siempre es gratificante y fácil desde el punto de vista político, pero el ejercicio de la responsabilidad que se nos ha conferido nos impide llevar a cabo actuaciones puntuales, modificando aspectos singulares de la Ley en cuestión. También nos gustaría bajar los tipos tributarios, por ejemplo, en bebidas refrescantes, en las tarifas que tienen que pagar los usuarios de los servicios por tierra y por aire, etcétera, pero la repercusión que se produciría en los ingresos tributarios del Estado distorsionaría notablemente los mecanismos recaudatorios. Parece muy poco presentable ante la opinión pública en general que, precisamente, se produzca una especie de exención tributaria para los que más tienen en detrimento de los que menos tienen, como por ejemplo los parados, que --como sabe su señoría-- van a tributar en el IRPF, mecanismo legislativo que hoy está en tramitación en las Cortes Generales.
Los datos de que disponemos nos indican que se puede producir un descenso de los ingresos tributarios en una cantidad aproximada a los 15.000 millones de pesetas. Esos son datos objetivos informados por el Director General de Tributos y que le puedo entregar a su señoría. También se puede argumentar que ello puede generar mayor número de puestos de trabajo o que puede aumentar el número de usuarios de instalaciones de estas características, pero todo ello es rotundamente discutible.
Señoría, el Ministro de Comercio en su comparecencia ante la Comisión de Industria y Comercio del Congreso de los Diputados el pasado miércoles, manifestó, en efecto, su simpatía hacia una iniciativa de estas características si ello fuese un hecho puntual que no repercutiese en los ingresos del Estado. Palabras equivalentes a las que está utilizando en estos momentos este Senador, son las que empleó el señor Gómez-Navarro en su argumentación ante la Comisión. Señoría, usted también sabe que esta ley tributaria sólo lleva diez meses de aplicación en el Estado español que entró en vigor el día primero de enero del año 1993 y que dispone de un mecanismo que establece una transitoriedad, a efectos de poder producir con globalidad la adaptación de la realidad tributaria española, una vez que las Cortes Generales y el propio Gobierno lo decida.
Consiguientemente, señora Senadora, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista reiteró en la Ponencia a la que he hecho referencia --Ponencia permanente en el Congreso de los Diputados sobre el sector turístico--, la conciencia clara y rotunda de la necesidad de todo un conjunto de actuaciones estructurales que posibiliten la competitividad del sector turístico español con los sectores equivalentes de los restantes países de la Comunidad Europea --hoy la Unión Europea--, además de manifestar su preocupación por el creciente incremento de la competitividad de los sectores extracomunitarios, sobre todo de países del Caribe, que obligarán a nuestro sector turístico a adoptar medidas estructurales que, en efecto, permitan incrementar sus posibilidades de competitividad en el mercado internacional. Pero, señoría, esto no se consigue en exclusiva con la decisión que usted propone. Tendrá que adoptarse un conjunto de medidas que el Ministro de Comercio elevará al Gobierno de la Nación --como ha indicado en declaraciones públicas y en comparecencias parlamentarias--, entre las que no sería nada de extrañar que se incluyese la modificación del tipo tributario. Pero, señoría, singularmente...


El señor PRESIDENTE: Senador Segura, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
... una actuación de estas características no va a producir

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en absoluto el relanzamiento del sector al cual su señoría quiere defender con esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias. (La señora Agüero Ruano pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: La Senadora Agüero me pide la palabra por el artículo 89 y le ruego que termine en dos minutos.


La señora AGÜERO RUANO: Le iba a pedir la palabra por alusiones...


El señor PRESIDENTE: Senadora, le recomendaría que utilizara el artículo 89, porque si no tendré que ser más severo.


La señora AGÜERO RUANO: Señorías, después de haber hablado el Senador del Grupo Socialista, en principio no estaba muy segura de si realmente era yo la que no sabía leer o que el que no sabía hablar --con todos mis respetos-- era el Ministro. Señoría, le voy a leer textualmente lo que el señor Ministro dijo en el Congreso de los Diputados el día 27 de octubre.
Primero, que se desconoce el impacto que esta disminución del IVA tendría en los ingresos del Estado. Usted me dice que ya sabe que son 15.000 millones de pesetas. Señoría, hagan Ministro al señor maravilloso que le ha podido decir, en el plazo que media del día 27 de octubre a hoy --tres de noviembre--, exceptuando los días festivos --durante los cuales supongo que habrá tenido que trabajar--, que es el 15 por ciento, porque vale muchísimo. El señor Ministro seguía diciendo textualmente que la minorización de ingresos por este concepto, sería tan pequeña que no valdría la pena considerarla. Supongo que, lógicamente, usted se habrá leído todo lo que dijo el Ministro en la Comisión de Turismo. Dijo que este sector hotelero tuvo una mejora significativa con la bajada del resto de los hoteles al 6 por ciento, pero que este año es especialmente difícil para tomar esa medida y que lo compartía el Secretario General de Turismo, no por motivos presupuestarios ya que, desde el punto de vista presupuestario no supone mucho. No olvidemos, señoría, que estamos hablando de, aproximadamente, 75 hoteles de cinco estrellas.


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senadora Agüero. Ruego silencio.
Vamos a ir concluyendo el debate.
Su señoría tiene la palabra.


La señora AGÜERO RUANO: Es difícil que usted pueda hacer cuentas y que sean 15.000 millones de pesetas. Además, en este momento hay 20 hoteles menos. Yo tengo la relación de todos los hoteles de cinco estrellas que han bajado a cuatro. Pero ése no era el motivo principal al que aludía el señor Ministro, sino que eran motivos políticos, ya que es difícil --por lo menos puede ser un mensaje contradictorio-- que ustedes hagan pagar impuestos a los parados y, al mismo tiempo, tengan que bajar los impuestos de hoteles de cinco estrellas. Señoría, una discriminación fiscal no puede eludirse ni posponerse porque no sea oportuno políticamente, ya que ello es falta de responsabilidad del Gobierno que antepone su imagen a los intereses de un sector económico que el propio Ministro --y todos los sectores-- ha considerado estratégico en el Congreso de los Diputados. El Ministro también ha dicho que este sector tiene un papel relevante en la economía española, que significa más del 8 por ciento del PIB, que genera ingresos por encima de los dos billones de pesetas y un empleo de 1,4 millones de pesetas que, además, juega un papel importantísimo en el equilibrio territorial de nuestro país. Por tanto, señoría, le vuelvo a insistir que no me diga que el señor Ministro no sabe, cuando hace unos días --el día 27 de octubre-- expuso textualmente lo que he leído --yo sé leer-- y no tiene nada que ver con lo que ha dicho su señoría.
Siento enormemente que esta proposición de ley no sea considerada por ustedes, a pesar de que se ha presentado una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero mi Grupo parlamentario lo ha puesto en el Congreso, sencillamente porque en el anteproyecto del IVA no venía esta modificación, señoría, en el artículo 91 no venía esta excepción. En cambio, un mes después, cuando se aprueba el proyecto de ley, sí aparece la modificación. Después, encima, se presentó una enmienda, como bien se ha dicho en esta Cámara, a este artículo en los presupuestos de 1993 y también fue rechazada. Por tanto, señoría, no me diga que a qué viene esta proposición de ley, aunque en el Congreso se haya presentado una enmienda a este articulado.
Yo creo que un estudio detallado de este problema ha hecho que mi Grupo parlamentario insista nuevamente en el estudio diferenciado de los Presupuestos Generales del Estado. Y, por supuesto, vamos a seguir defendiendo esta enmienda. (Aplausos en los bancos de la derecha y protestas en los de la izquierda.) Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Senador Segura, por el mismo artículo 87, tiene la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora Senadora, permítame que le ruegue que no manifieste lo que yo no le he dicho. Yo no le he dicho que usted no sabe leer. Eso es algo que probablemente, no me lo oirá nunca en esta tribuna.
Jamás hago referencias de esa naturaleza. Sin embargo, permítame que le indique que en documentos que tengo en estos instantes y que utilizó el Grupo Parlamentario Socialista en el mes de septiembre de 1992, cuando se produjo la tramitación de la Ley del IVA, el informe que la Dirección General de Tributos aportaba hablaba de que la modificación previsible para los hoteles de cinco estrellas, tal como el Grupo Parlamentario Popular planteó en aquel momento, significaba una minoración de 8.000 millones de pesetas. Estoy hablando de datos de septiembre de 1992.
En el informe que tengo en estos instantes, y que lógicamente estará a su entera disposición y constará en el «Diario de Sesiones», en escrito de la Subdirección General

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de Impuestos sobre el Consumo, firmado por el Subdirector General correspondiente el 27 de octubre, es decir, el miércoles de la semana pasada, se cifra en una pérdida de 15.000 millones de pesetas, lo que el Ministerio --y yo no soy un experto del Ministerio--, lo transcribo textualmente, cifra como pérdida previsible.
Consiguientemente, señoría, yo no estoy utilizando alegremente datos numéricos que se han generado como fruto de actuaciones coloquiales o de informes del sector interesado que pueden tener mayor o menor rigor; yo estoy dando datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Y permítame que le diga, señoría, que el ordenamiento español en el artículo 31 de la Constitución dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Permítame que le diga también que el artículo 3.º de la Ley General Tributaria establece que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos.


El señor PRESIDENTE: Senador Segura, este turno no es para reproducir documentos en el «Diario de Sesiones».
Le ruego que vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Y permítame que le diga, señoría, que sobre la base de esas filosofía tributarias es como se redactó, se elaboró por parte del legislativo el texto de ley que usted ahora quiere modificar con una enmienda puntual.
Nosotros estamos convencidos de que al sector al que usted quiere beneficiar no se le beneficia exclusivamente con una actuación puntual de esa índole. Ese es un hecho coyuntural que beneficia a quienes más tienen, que son aquellos que utilizan establecimientos de este alto «standing», no precisamente a los sectores populares.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre los servicios de hostelería.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 111; en contra, 117; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO EN LO QUE ATIENDE A LA POTENCIACION DE SU FUNCION TERRITORIAL.
(626/000002.)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial. Sus autores son los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Mixto. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III-A, número 5, de fechas 22 y 28 de octubre de 1993.
Al no haberse presentado ninguna propuesta alternativa, vamos a iniciar el debate y votación de la presentada por los Grupos Parlamentarios anteriormente citados. (Rumores.) Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños.
Para la defensa de la toma en consideración de la propuesta no se ha pedido turno, por lo que directamente se abre el turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto del Senado, tiene la palabra el Senador Petrizan Iriarte.


El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a exponer la postura de Eusko-Alkartasuna en la toma en consideración de la reforma del Reglamento del Senado.
En primer lugar, hace falta referirse al proceso de reforma del Reglamento, porque al examinar el propio proceso, es decir, la historia de esta reforma, vamos a encontrar pistas para valorar lo que hoy se propone.
Desde el comienzo del período democrático, y salvo la legislatura constituyente, todo el mundo coincide en decir que el Senado ha ido languideciendo y no encontrando su sitio entre las instituciones del Estado. No es ni carne ni pescado. No es una verdadera Cámara legislativa, ya que ese lugar está ocupado por el Congreso de los Diputados, ni es una Cámara de representación territorial, porque mezcla distintas clases de representación: Senadores por la Comunidad Autónoma y Senadores por circunscripción provincial. Incluso las ciudadanas y ciudadanos han hecho blanco de sus ironías al Senado, y es notorio que casi ninguna Senadora o Senador se libra de que la primera pregunta de una persona cualquiera respecto de la Cámara sea sobre sus instalaciones deportivas.
Todo esto ha traído un enorme desprestigio y ha puesto de manifiesto la urgencia de una reforma, más bien diría que puso de manifiesto, porque ya en el año 1989 el Pleno del Senado hizo un mandato para consensuar una reforma del Reglamento. Estamos a finales de 1993 y, en efecto, se ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento, pero que está prácticamente desautorizada por excesivamente corta y superficial. Hace pocos días, el Gobierno del Estado, por medio de su portavoz, anunció que va a instar a los grupos parlamentarios del Senado la creación de una ponencia específica para que reflexione sobre una reforma más profunda del Senado.
En román paladino, se viene a decir que no es suficiente con la reforma cosmética, que sería la propuesta que hoy vemos, sino que hace falta ir más allá. No sabemos si el Gobierno propone esta profundización por propio convencimiento o suavemente impulsado por sus actuales «partenaires».
Resumiendo mucho, diríamos que después de quince

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años de Constitución aprobada, y siendo notorio que el Senado es inoperante, es muy poco presentable que no se intente hacer una reforma en profundidad, y con todos los respetos, no se ha intentado. No ha habido el coraje político suficiente para enfrentarse con el problema de una Cámara híbrida, y desgraciadamente la realidad política va a poner en su sitio a esta reforma del Reglamento. La verdad, hablar de representación territorial y afirmar que otras lenguas del Estado sean oficiales una vez al año en el seno de una Comisión suena a sarcasmo o a migaja impresentable. Las realidades políticas o de otro tipo están para asumirlas, y esta oficialidad sincopada una vez al año significa que no se asume la realidad lingüística del Estado ni siquiera por parte de la institución que quiere ser o tener la representación territorial. Habrá que buscar, obviamente, otras fórmulas para resolver, por ejemplo, el problema lingüístico.
Considerar insuficiente esta reforma parece que es la posición lógica de un nacionalista; pero, miren ustedes por dónde, estos últimos días los socialistas vascos del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Eskerra han pregonado esta insuficiencia a los cuatro vientos. Han afirmado que es necesario reformar la Constitución con un doble objetivo: para salvar la intromisión de leyes básicas que recortan la autonomía y para transformar en serio el Senado.
Desde luego, por nuestra parte afirmamos que no les falta razón a los colegas del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Eskerra, porque, como venimos diciendo desde el principio, para que el Senado tenga alguna virtualidad es necesario un cambio constitucional. Así pues, decimos que la Constitución requiere un cambio para adecuarla a las realidades actuales, para que no existan los desajustes que se han puesto de manifiesto en estos quince años pasados desde su aprobación. La realidad siempre es tozuda, y la vieja percepción de la inadecuación de la Cámara alta no es que haya ido a menos, sino todo lo contrario: ha convertido la reforma en tarea urgente y, lo que es peor, ha erosionado la credibilidad en las instituciones por la inadecuación de la que hablaba antes.
A continuación, y como explicación del sentido de nuestro voto, voy a tratar un espinoso tema que, aun siendo consciente de su incomodidad, creo absolutamente necesario mencionar. En efecto, el entramado de leyes Básicas para un trato homogéneo de 17 autonomías deja sin resolver el problema de las nacionalidades. La aplicación de la política de todos café trae como consecuencia inmediata la insatisfacción de esos territorios calificados como nacionalidades históricas. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que al paso actual se va a acabar exigiendo la revisión de los diferentes estatutos o de la propia Constitución, ya que en ella se ha basado el entramado del que hablaba antes de leyes básicas o leyes marco. Aquí habría que añadir que toda la jurisprudencia existente respecto de los conflictos competenciales ha caminado en un sentido unívoco. En pocas palabras, entre las leyes básicas y las sentencias, han dejado los estatutos capitidisminuidos. Desde esta situación hasta la exigencia de la reforma de los estatutos hay un corto trecho, y este camino, en nuestra opinión, se está recorriendo.
Y en este punto debemos decir, con todo respeto a las diversas regiones del Estado, que la reforma debe ser consecuente con el doble concepto que la propia Constitución establece: nacionalidades y regiones. Y que conste que no trazamos dos categorías que se jerarquicen siendo la primera mejor que la segunda, sino que tratamos exclusivamente de conjugar un ordenamiento jurídico con los deseos de autogobierno de unos territorios respecto de otros. Además, la fórmula de café para todos no ha sido para igualar los techos competenciales por arriba, sino por abajo. En definitiva, el café, en nuestra opinión, ha sido de mala calidad, frío y pasado dos veces por la máquina.
En este momento, y para dibujar y expresar bien esa diferenciación entre nacionalidad y región que he mencionado, podríamos hacer referencia al derecho de autodeterminación, que se les podría reconocer perfectamente a las llamadas nacionalidades, que creemos sería una decisión acorde con la realidad y con los pactos y convenciones internacionales.
Volviendo al Senado y a su necesaria reforma, para nosotros debe basarse como decíamos, en una previa reforma constitucional. La reforma, pues debe ser a fondo, y sus rasgos básicos serían: representación de nacionalidades y regiones; elección de sus participantes por procedimientos análogos y definición de competencias específicas del Senado. En este último punto, es muy importante la definición de las competencias específicas; por ejemplo, debiera existir el derecho a veto en temas que atañen a competencias exclusivas, porque de otro modo nos encontramos con lo que describía anteriormente. Por mucho que se reconozca en un estatuto una competencia exclusiva, si al cabo de un tiempo se promulga una ley básica que cercena o deja en papel mojado esa competencia, debiera existir la posibilidad de ejercer el derecho a veto por parte de la Cámara territorial. También, y dentro de este perfil que daríamos a esta Cámara, estaría su carácter consultivo en temas de interés general.
Todo esto, pues, es lo que explica el sentido del voto, que va a ser negativo, de Eusko-Alkartasuna ante esta toma en consideración. Estamos a favor de una reforma del Reglamento del Senado, pero no de una operación cosmética que lo único que puede conseguir es ocultar las carencias y deficiencias que existen. Si la reforma que se propone ha quedado desbordada por la realidad, debiera tener la Cámara el coraje de expresarlo, y quizá este reconocimiento sería la primera piedra para la normalización de esta institución.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, pocas veces se ha visto este servidor de ustedes en una tesitura tan fácil para alegar en contra de un Reglamento como el que ahora debatimos, concretamente de la reforma del Reglamento de esta Cámara para convertirla en Asamblea de Representación Territorial. Y digo que es fácil porque la propuesta es endeble y se opone a la más mínima lógica.
Por otra parte, no desconocemos que es previsible que la aritmética parlamentaria sea una vez más insensible a la razón de nuestros argumentos.
Esto que acabo de manifestar, sin embargo, no es obstáculo para el reconocimiento de la laboriosidad de los grupos parlamentarios, los cuales llevan interviniendo largo tiempo en la redacción de esta reforma, concretamente desde el año 1987. La labor de los redactores, como la tarea general de esta Cámara, ha sido, al igual que tantas veces, eficiente internamente en cuanto a método y en cuanto a dedicación, pero ineficaz en cuanto a resultado. Lo vamos a ver.
En primer lugar, se crea esta denominada Comisión General de las Comunidades Autónomas, la cual no tiene carácter legislativo a pesar de absorber las funciones de la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, que sí tenía dicha condición legislativa.
Esta Comisión General, en la práctica, y para entendernos, viene a ser algo así como un nuevo Senado dentro del Senado o, si se quiere, la burocratización por la burocratización.
Si nadie lo remedia, en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas cada grupo parlamentario podrá nombrar el número doble de los miembros que corresponden a cada grupo en las demás comisiones del Senado. Con ello, según nuestro parecer, se desperdicia la oportunidad de asignar una representación diferenciada a las nacionalidades históricas y a las regiones. Y esto que proponemos, señorías, no es romper las reglas del juego marcadas por la Constitución y los estatutos de autonomía es, sencillamente, reconocer la realidad y adecuar las normas a la misma. A este respecto, recordaré, en palabras del Lehendakari Ardanza, que la Constitución prefigura la construcción de un Estado asimétrico, y que el Estatuto de Guernika lo consagra, ya que su propia razón de ser es, en sí misma, respuesta a una situación política y sociológica peculiar: la peculiaridad de una situación de fondo a la que trató de responder nuestro Estatuto de Guernika que confirió dos notas a éste: singularidad y carácter fraccionado. Por esta singularidad entendemos que las naciones podemos y debemos seguir nuestro propio camino, y en este sentido conviene señalar que nadie está facultado para poner límites a la libertad de un pueblo, ni siquiera esta Cámara y lo decimos con todo el respeto que profesamos a esta Asamblea.
Por tanto, no es acorde con nuestra identidad como nación obtener una representación, por demás exigua, sometida a mayorías ajenas a los intereses de Euskadi. Nuestro criterio en esta materia es favorable a la representación ponderada, huyendo del criterio poblacional y optando por una representación mínima común y otra variable, en función del carácter nacional o regional de la circunscripción electoral autonómica.
Las funciones asignadas a la mencionada Comisión General de las Comunidades Autónomas son por sí mismas muy significativas por su carácter uniformador, informativo y, además, interpuesto entre dichas Comunidades Autónomas y la Administración del Estado. Jocosamente recordaba hace unos momentos al señor Barbuzano que esta Comisión General de las Comunidades Autónomas me recuerda esa canción de Los Sabandeños que dice «es un intermediario»; esta Comisión General de las Comunidades Autónomas «es un intermediario» entre ellas y la Administración del Estado. Además, tiene otra función, a nuestro entender, muy contraproducente --si quieren la entrecomillamos-- y es la de causar efectos dilatorios en la elaboración de determinadas normas e, incluso, en la materialización de determinadas transferencias y delegaciones de competencias de la Administración del Estado en favor de las Comunidades Autónomas.
Mención aparte merece el ánimo armonizador que preside esta propuesta de reforma del Reglamento; ánimo armonizador que nos recuerda a pasadas «Loapas», y quizás a futuras «Loapas», lo cual no tendría nada de particular si no supiéramos que la Administración del Estado, cuando habla de armonizar, habla siempre --y lo sabemos por experiencia, como digo-- de armonizar a la baja o de igualar, y todos sabemos que no hay mayor arbitrariedad que dar tratamientos iguales a situaciones desiguales.
Una vez realizada esta crítica a la reforma reglamentaria que se propone, nuestra alternativa es clara, y creo que, además, es clara para todos los Grupos de esta Cámara: si queremos convertir el Senado en auténtica Cámara de representación territorial, debemos reformar la Constitución.
Las razones, a nuestro entender, son varias. En primer lugar, existe un vacío legislativo entre las expectativas que despierta el artículo 69 de la Constitución, que, como sabemos, define al Senado como «Cámara de representación territorial», y el escaso, por no decir nulo, desarrollo que de este principio se hace a lo largo de todo el texto constitucional debido --y esto no hay que olvidarlo-- entre otros factores, a que el Título VIII de la Constitución no diseñaba el mapa autonómico del Estado español. Cuando el constituyente elabora la Constitución no se sabían cuántas Comunidades Autónomas podrían existir, por lo que el Senado, y esto se ha comentado por el interviniente anterior, ni siquiera tiene la circunscripción electoral idónea; la mayoría de los Senadores aquí presentes somos elegidos directamente por los ciudadanos a través de una circunscripción electoral que es la provincial, mientras hay una minoría que son Senadores autonómicos, cuando todos entendemos que ésta es la auténtica circunscripción electoral. De esto se ha hablado, además, por muchos portavoces de los Grupos aquí presentes --señor Gallardón, le recuerdo su intervención, en este sentido, antes del verano en El Escorial.
Quiero repetir aquí unas palabras de un profesor de

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Derecho Constitucional, Manuel Martínez Sospedra --a la sazón Senador y, por tanto, con cierto conocimiento de la problemática de esta Cámara-- en la que decía: El Senador es una víctima de la propia Constitución, pues se encuentra atrapado entre la imagen de lo que social y doctrinalmente debiera ser y una normativa constitucional que hace imposible la realización de esta expectativa. Podríamos decir que es la propia Constitución la que postula su propia reforma.
¿Por qué entonces --se preguntarán ustedes, señorías-- no se reforma la Constitución? La respuesta, por lo menos según mi parecer, es muy clara: hay miedo a tocar la Constitución; existe un temor irrefrenable a tocar la Constitución. Cuando se habla de la reforma de la Constitución, se tiende una cortina de humo y se aplaza «sine die». Aquí todos hemos hablado de reforma de la Constitución, desde el Presidente hasta el último Senador, y resulta que no se toca la Constitución salvo el retoque consecuencia del Tratado de Maastricht.
Frente a este temor, yo creo que sería bueno recordar el caso alemán, cuya Ley Fundamental de Bonn, de 23 de mayo de 1949 es, precisamente, su Constitución, y que desde dicha fecha hasta 1976 fue objeto de 34 leyes de modificación, que supusieron la reforma de, nada más y nada menos, 109 artículos. El problema de la reforma no es, pues, jurídico, hay que decirlo de una vez; es un problema estrictamente político. A mayor abundamiento, la mayoría de los Grupos Parlamentarios aquí presentes han expresado serias dudas de que la reforma reglamentaria del Senado vaya a ser la panacea, o la solución, siquiera parcial, para esta Cámara, hasta el punto de que aquí se ha hablado de «banco de pruebas», de «experimento», etcétera.
Si ustedes, señorías, como por desgracia todo hace prever, votan a favor de esta propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, que ahora debatimos, habrán dejado sin resolver los dos grandes problemas que aquejan a esta Asamblea: el de la representatividad y el problema de las funciones; y esto les consta a ustedes. No olvidemos, además, que ambas cuestiones están interrelacionadas. A mi entender, la más preocupante es la de las funciones que tiene que desempeñar el Senado; hay que dar un mayor papel a esta Cámara en la elaboración de las leyes, y precisamente en la elaboración de las leyes de carácter territorial.
Convendrán conmigo, señorías, en que los problemas del Senado no son resolubles a través de la reforma del Reglamento. Esta mutación reglamentaria, como he señalado, no va a arreglar absolutamente nada.
Simplemente, y quiero que mediten sobre esto, va a proporcionar al Senado cierto desprestigio e, incluso, una merma de su autoridad moral. Por el contrario, la reforma de la Constitución que nosotros planteamos es una mera alteración del texto Constitucional y no una revisión del mismo, porque se mantendrián los grandes principios que consagran a nuestra Magna Carta, por lo cual sería instrumentable a través del procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución.
Nosotros, como también se ha dicho, sostenemos que la mejor defensa de la Constitución es su paulatina reforma, y ahí está el caso americano, por citar un ejemplo. Se trata, por tanto, de sustituir preceptos que han quedado obsoletos, de subsanar las disfunciones que padece el Estado de las Autonomías; disfunciones que --no lo olvidemos-- afectan esencialmente a nuestro sistema democrático. En definitiva, nuestro criterio, por otra parte coincidente con el manifestado por el señor Ministro Pérez Rubalcaba es reformar la Constitución dentro de esa política, si se quiere denominar así, de impulso democrático.
Pensamos, y lo decimos con ánimo constructivo, que esta Cámara debe liderar el proceso; debe partir de esta Cámara el proceso de reforma de la Constitución, mediante tres pasos: primero, pergeñando las líneas generales de la reforma; en segundo lugar, elaborando un acuerdo marco de en qué debe consistir dicha reforma, y en tercer lugar, concretando cuáles son los preceptos a modificar, para someterlo todo ello a la voluntad de los Grupos democráticos representados en las Cortes Generales. Por tanto, no es hora de diversificar esfuerzos. Creemos que hay que poner fin a la política de parcheos que aqueja a este país; es hora de concentrarnos en lo auténticamente importante.
Me recuerda esta proposición a la que ha aludido el señor Ministro Pérez Rubalcaba a ese refrán castellano de «Quien mucho abarca poco aprieta».
Apretemos en lo esencial, en lo fundamental, en la reforma del Senado a través de la reforma de la Constitución; no nos distraigamos. Ahí fuera hay una realidad que nos está pidiendo resultados y, sinceramente, creo que no estamos a la altura de las expectativas que la sociedad está poniendo en nosotros.
Por todo ello, señorías, y como conclusión, no pido a esta Cámara, no les pido a ustedes generosidad, simplemente me queda apelar al sentido común de todos ustedes.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, siento opinar que no debo hacer una exposición o un discurso --como se le quiera denominar-- constitucional. Es decir, pienso que una intervención sobre la toma en consideración de una modificación del Reglamento del Senado para tratar de mejorar su función territorial no es, desde luego, discutir, exponer, debatir por dónde deben ir los caminos de una modificación constitucional que ataña al Senado en su función territorial, como Cámara de representación territorial, aunque, indudablemente, afecta a la visión que tenga cada fuerza política sobre la organización político-administrativa del Estado, que, sin duda, no está acabada --y ya lo hemos dicho más de una vez desde esta tribuna.
Efectivamente, como esta organización político-administrativa

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no está terminada, se tendrá que hablar sobre ello en un contexto en el que exista el consenso suficiente para modificar la Constitución. Pero ese consenso no existe, y no lo digo sólo porque lo sepamos, no sólo porque lo estemos intuyendo permanentemente, sino porque hoy mismo se ha reflejado en esta tribuna esa falta de consenso para modificar la Constitución en orden al Senado y en orden a algunas cosas más del Título VIII para acabar la organización político-administrativa del Estado. Ya han intervenido varios portavoces y han dado su visión: la de algunos ha sido que desean llegar, caminar, producir un Estado asimétrico, diferenciando entre nacionalidades y regiones, cuando todos conocemos que en la Constitución se hizo esta diferenciación por determinados condicionamientos en su construcción, y eso, repito, es tratar de profundizar en un Estado autonómico cuasi federal asimétrico, y otros no han manifestado esas visiones. Por tanto, díganme ustedes si eso manifiesta la existencia hoy día de condiciones objetivas en este Estado para una reforma constitucional. Ni de broma; ni de broma.
Luego, no se nos alcanza en profundidad por qué no puede modificarse el Reglamento de una Cámara que sesudos señores --y no precisamente el que les habla-- han estado estudiando desde el año 1987 para mejorar su función territorial, como dice el enunciado de la propuesta. El enunciado no está diciendo que se vaya a reformar el Reglamento de la Cámara para conseguir lo que dice --creo recordar-- el artículo 68 de la Constitución, es decir, que el Senado es una Cámara territorial. Está diciendo: modifiquemos nuestra forma de caminar, muestro modo parlamentario de vivir dentro de esta Cámara, para tratar que cumpla mejor ese objetivo --que es máximo para todos los que estamos aquí dentro, para todos los partidos políticos-- de conseguir una verdadera Cámara de representación territorial dentro de la organización político-administrativa del Estado en la que nos vemos inmersos, y que lleguemos a un acuerdo. Reformemos el Reglamento y haremos un «modus vivendi» territorial mejor dentro de esta Cámara.
Y, señorías, que alguien me diga si en política no existe el posibilismo político, el dar pasos adelante en la consecución de lo que es común en las diferentes visiones del Estado. ¿Por qué no se puede seguir caminando en lo que es común? No se nos alcanza por qué no puede ser.
La modificación de este Reglamento no pretende otra cosa más que lo que dice el enunciado de la propuesta, y a la vez pretende que, precisamente por esas modificaciones, pueda ser posible --repito, pueda ser posible-- que se vaya fomentando el consenso necesario para llegar a aquello a lo que ningún Grupo en la Comisión de Reglamento, cuando se discutía sobre esta modificación, hizo renuncia: ningún Grupo hizo renuncia a llegar a la consecución final de una Cámara de representación territorial, previo ponernos de acuerdo en qué organización del Estado queremos, porque, por ejemplo, algunas de las que se han manifestado aquí no son las nuestras.
Señorías, he anotado algo que se ha dicho aquí, y tengo que decirles que en política yo no creo absolutamente nada más que en la muerte. Desde los treinta años que llevo dedicado a ella, creo que puedo decir que en política no existen las palabras nunca, jamás y siempre --que creo que son adverbios--. Yo cuando escucho eso de absolutamente, totalmente, completamente, me pongo muy nervioso; cuando se emplean me pongo nerviosísimo porque me recuerdan otras cosas, de las cuales no deseo acordarme.
Por tanto, defendemos este Reglamento --en el que desafortunadamente, sólo he participado en su etapa final-- desde el punto de vista de que es la utilización del posibilismo en política, y nosotros creemos en él.
Creemos en el avance permanente, no en los retrocesos. No hay ningún «pitoniso» --ni ese que sale por la «tele», que creo que se llama Rappel-- que sea capaz de decir que con esta modificación del Reglamento de esta Cámara va a disminuir sus capacidades en su función territorial.
Lo siento pero no me lo creo. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con ello.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barbuzano.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.


El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al iniciar esta intervención hoy en el correspondiente turno de portavoces, referido a la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado, es inevitable recordar que hace unos meses, concretamente el 26 de febrero, realizábamos ya una presentación del proyecto que, tras un período para la formulación de enmiendas y la preceptiva sesión de la Comisión de Reglamento, quedó para ser debatido, y previsiblemente entonces aprobado, en el Pleno de esta Cámara que debía celebrarse a finales del mes de abril, pero que la convocatoria de elecciones legislativas interrumpió.
Tras aquellas elecciones, y tras la constitución de la Cámara, se reemprendió el proceso. Y ésta es la razón por la que hoy, señorías, a muchos de los aquí presentes nos parecerá que estamos asistiendo a aquella sesión.
Así pues, hoy, y por lo que concierne al Grupo de Convergència i Unió, podemos decir, simplemente, que nos reafirmamos con lo dicho en aquel Pleno del mes de febrero, y nos disponemos a votar favorablemente esta propuesta de reforma del Reglamento del Senado nuevamente --por así decirlo-- que ahora, como entonces, hemos suscrito en su presentación.
Pero quizá la repetición de este proceso parlamentario, imprevisible entonces, nos proporciona una buena oportunidad para recordar en síntesis cuál ha sido y continúa siendo la óptica política por la que Convergència i Unió ha actuado, y actúa, en un tema de tan extraordinaria importancia cual es la reforma del Senado, motivada por la convicción generalizada en todas las fuerzas políticas de que debe hacerse un esfuerzo para que esta Cámara cumpla exactamente con lo que de ella se espera, de acuerdo con la definición constitucional de Cámara de representación territorial.


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Porque --hay que recordarlo-- esta reforma en el Senado no viene motivada por la necesidad de ajustes más o menos importantes en su funcionamiento: un ejemplo de este tipo de correcciones ha sido la modificación del artículo 51 para adecuar la composición de las Comisiones a la actual correlación de fuerzas existentes: éste es un tipo de corrección que no tiene nada que ver con el que en este momento nos ocupa. La reforma del Reglamento del Senado fue motivada ya en la moción que presentó nuestro Grupo tras el debate del Estado de las Autonomías de 1987, por la convicción --repito-- de que el Senado debe experimentar una profunda reforma para ocupar adecuadamente el lugar que la Constitución le tiene previsto.
Hecha esta breve intervención, hoy es un día apropiado --o este es un debate apropiado-- para enumerar las cuestiones a las que la reforma del Senado deberá dar respuesta. Hay que empezar recordando, señorías --nuevamente quizá--, que España no fue nunca un único país, una única cultura y una única lengua; desde siempre --quiero decir, naturalmente, desde hace muchos siglos-- han existido en ella diversos pueblos, culturas y lenguas y, como es lógico, la relación que se estableció entre ellos, también durante siglos, fue a partir del reconocimiento de esta realidad plural. Ninguno de estos pueblos durante siglos --repito-- se atrevió a imponer a los demás sus instituciones políticas, su lengua y su cultura y, por consiguiente, durante siglos funcionó, con los lógicos problemas que toda relación humana conlleva, una excelente relación entre ellos hasta que, a principios del siglo XVIII, se adoptó un modelo para el Estado español, copiado del francés, que se fundamentaba en el centralismo político y en la primacía de una lengua y una cultura sobre las demás. Ahí empezaron dos siglos y medio de conflictos frontales entre aquella obsesión centralista y uniformista y la realidad política que continuaban presentando los diversos pueblos que formaban parte de aquel Estado.
Durante dos siglos y medio aquella estructura importada, ajena a nuestra tradición política, se empeñó una y otra vez en violentar la realidad y consiguió, naturalmente, dañarla, pero le resultó imposible hacerla desaparecer pues --como es lógico-- los pueblos agredidos procuraron defender con todos los recursos a su alcance algo tan importante y vital para un pueblo como es su identidad, y que está depositado en su historia, en el Derecho, en la cultura, en la lengua, en sus instituciones políticas y formas de vida. Como muestra de la realidad que se intentó destruir, quizá es elocuente que en nuestro caso, en el caso de Cataluña, la Generalidad, la institución tradicional de gobierno de los catalanes, que había sido creada en el siglo XIV, fue suspendida por el Decreto de Nueva Planta de 1716.
Aquellos dos siglos y medio de centralismo y uniformismo, lógicamente, han provocado infinidad de conflictos difíciles ahora de resumir en esta sesión, pero lo que ahora sí es interesante subrayar es el hecho de que es la Constitución de 1978 la primera que reemprende la lectura de la realidad, abandonada a principio del siglo XVIII, y afirma con rotundidad, entre otros elementos básicos de un Estado de Derecho, que el Estado español comprende nacionalidades y regiones, que comprende diversas culturas y lenguas que hay que respetar y desarrollar, y que todos tienen derecho a la autonomía política.
La aplicación de esta Constitución ya ha propiciado una primera etapa, la de los años 80, en la que se ha establecido e iniciado el normal funcionamiento del Estado de las Autonomías. Un inventario de este período ofrece aspectos positivos y negativos; entre los primeros, el grado de compenetración de las renacientes instituciones en las nacionalidades y regiones y, en el segundo, las inercias aún existentes que han intentado recortar las previsiones autonómicas contenidas en los Estatutos.
Ahora estamos acometiendo, señorías, la década de los 90, que debe significar un avance en la construcción del Estado de las Autonomías, rectificando errores y acometiendo asignaturas pendientes, cual es el que el Senado, en este Estado compuesto, que es el Estado español, ejerza de cámara de representación, de cámara especializada en cuanto se relacione con la representación territorial. Como es evidente, para ello sera necesario reformar la Constitución; pero para aproximarnos con todas las garantías que requiere la importancia de la empresa, esta reforma que hoy se propone del Reglamento del Senado es un paso previo que, en el trámite de enmiendas, procuraremos mejorar hasta el último minuto, y constituye una experiencia que puede resultar útil para comprobar y perfeccionar los criterios y las necesidades a las que debe responder.
El Grupo de Convergència i Unió, que fue justamente quien propuso en aquella ya lejana moción de 1987 --que, por cierto, fue aprobada por unanimidad-- la reforma del Reglamento del Senado, ha participado en todo momento en esta tarea con el propósito de que ésta fuese una significativa experiencia que iluminara el paso siguiente: la reforma constitucional. Esta fue, y es hoy, nuestra posición; o podríamos decir que ésta fue y continúa siendo nuestra posición.
Resumiendo, señorías, el Estado de las Autonomías no es una estructura dictada por el criterio de la simple eficacia administrativa sino, y fundamentalmente, una respuesta al primer problema político que ha empañado la vida de las nacionalidades y regiones que comprende el Estado español durante nada más y nada menos que dos siglos y medio. Por consiguiente, cuado ahora acometemos la segunda etapa de su construcción y nos encaramos con la reforma del Reglamento del Senado, en la vía pura y simple de reformar esta Cámara para que en ella se trate fundamentalmente el pulso territorial, hay que tener presente que en cada uno de estos pasos deben encontrar encaje todos los elementos que configuran la personalidad de estas nacionalidades y regiones, con todas las garantías que impone el cumplimiento constitucional pero, al mismo tiempo, con toda la voluntad política que necesita su desarrollo.
Señorías --y termino--, esta reforma del Reglamento del Senado es un paso previo a la reforma, sin más, de esta

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Cámara. Procuremos que recoja al máximo las realidades a las que tiene que responder para que rápidamente podamos realizar la experiencia de su aplicación y que ésta ilumine el paso siguiente.
Muchas gracias, señor presidente: Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, señorías, yo hago mía la reflexión con la que el Senador Barbuzano empezaba su intervención esta mañana, cuando decía que una reforma del Reglamento nos debería llevar a hablar de la reforma del Reglamento, más que aprovechar la ocasión para introducir otros elementos que sin duda pueden ser objeto de debate, pero que sin duda habrán de tener, si los Grupos Parlamentarios así lo estiman conveniente, su lugar y su tiempo adecuado.
Lo que ocurre, señorías, es que cuando se dejan --en el uso de la absoluta libertad de expresión y del derecho democrático de manifestar las opiniones de los Grupos Parlamentarios y de los electores a los que se representa--, se dejan, digo, sobre la mesa determinadas afirmaciones, creo que todos nos tenemos que sentir en la obligación de cumplir el trámite de decir por qué y para qué hoy vamos a solicitar a nuestros compañeros de escaño el voto favorable para una reforma del Reglamento, pero quizá también tratar de reflexionar, tratar de buscar, por encima de las frondosas copas de los árboles, el bosque que a veces estos árboles nos impiden ver. Y yo creo que, en todo caso, es obligada una reflexión sobre algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho. Pero no podemos dejar de atender a lo que aquí nos convoca hoy. Hoy estamos convocados para dar un paso importante; importante en un camino en cuya necesidad creo que todos coincidimos, aunque por lo que aquí hemos escuchado esta mañana ciertamente me da la impresión de que no nos vamos a encontrar en la coincidencia de criterios.
Vivimos una época difícil de la política, una época donde hay una indiferencia generalizada por parte de los ciudadanos con respecto a las instituciones, y --lo decía el portavoz del Grupo Mixto-- donde el desprestigio general de las instituciones quizá tenga en esta Casa, en el Senado, una representación injusta, pero ciertamente real ante la opinión pública, un Senado del que dado su aparente vacío y su aparente insignificancia cuesta mucho explicar a los ciudadanos españoles su razón de ser dentro del entramado constitucional. Y, ¿por qué? Se ha dicho aquí y es verdad, porque hay una cierta contradicción constitucional; una contradicción entre aquellos preceptos de la Constitución que nos dicen que tenemos que ser una Cámara de representación territorial y aquellos otros que, sin embargo, nos condicionan, nos obligan muchas veces a ser un mero eco del Congreso de los Diputados donde se reproducen los mismos argumentos, cuando no un instrumento para sorprender aquí por parte de iniciativas del Gobierno, como ha ocurrido en nuestra historia, con argumentos políticos que previamente no se atrevieron a defender en el propio Congreso de los Diputados.
¿Qué es lo que queremos? Lo que dice la Constitución: ser una Cámara de representación territorial, ser el Parlamento en el que se residencie el diálogo entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas y entre las Comunidades Autónomas entre sí, y ser capaz en esta hora actual de España de hacer una gran tarea, una tarea que, a mi juicio, debe superar, muchas veces, los particularismos que han quedado aquí manifestados esta mañana, que creo que son precisamente los árboles que nos impiden contemplar el bosque de la Historia de España.
Decía bien, don Nicolás Pérez Serrano, cuando decía del Reglamento de las Cámaras parlamentarias que de la sabiduría de sus preceptos y de la prudencia de sus disposiciones depende la acertada elaboración de las leyes y la buena marcha de los debates. Por tanto, cumplamos con nuestra obligación; cumplamos incluso con nuestros compromisos electorales; prácticamente todos los programas electorales de los Grupos Parlamentarios aquí presentes llevaron en las últimas Elecciones Generales el compromiso de reformar el Senado a los efectos de conseguir convertirlo en una Cámara de representación territorial. Y celebramos el consenso. Un consenso que en este caso no es coyuntural; un consenso que no se limita al acto concreto de la aprobación de una disposición normativa, sino que trae causa del propio consenso constitucional; un consenso en el que no estuvo nuestro Grupo Parlamentario en la anterior legislatura, y que ha realizado un esfuerzo importante de aproximación, porque era consciente de la necesidad de trabajar conjuntamente en algo tan importante como es la ordenación interna de una Cámara que es representante de la soberanía popular, y un consenso en el que con los mismos, exactamente con los mismos preceptos que hoy se someten a la consideración de sus señorías, estuvo de acuerdo el Partido Nacionalista Vasco, y que, en uso de su legítimo derecho, en estos momentos ha decidido abandonar. Por tanto, cumplamos con esa obligación y tengamos bien claro que la Constitución de 1978 nos marcó un objetivo que tenemos que cumplir. Hagamos de verdad del Estado de las Autonomías una consolidación que necesariamente exige una institución parlamentaria.
Pero dejemos también, señorías, algunas cosas bien claras.
Decía el Senador Barbuzano, y tiene razón, que el posibilismo en política es obligado, y que hay palabras como nunca, jamás y siempre que dichas en política, cuando no ampulosas, muchas veces pueden sonar a poco sinceras.
Yo, sin embargo, hoy voy a asumir ese riesgo, y voy a hacerlo en positivo, voy a hacerlo en el siempre; en el siempre de comprometer una actitud por parte de nuestro Grupo Parlamentario. Y es que avanzar en la necesaria representación territorial, avanzar en el reconocimiento de la realidad histórica, de la realidad cultural, de la realidad lingüística, no significa ir en contra de nuestra propia historia, sino ir hacia adelante. Y yo comprometo el siempre en que la reforma que nosotros hoy iniciamos de esta Cámara es una reforma que avanza en la defensa

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de la unidad de España; que avanza en la consolidación de esos principios constitucionales a los que se refería el portavoz del PNV y que él decía que en ningún caso se pretendían modificar y que están recogidos en su Título Preliminar. Y si queremos una Cámara donde de verdad las Comunidades Autónomas tengan voz propia es porque creemos lo que dicen los artículos primero y segundo de la Constitución, porque creemos que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en la totalidad del pueblo español, y eso es lo democrático. Por eso hay que decir con absoluta tranquilidad al portavoz del Grupo Mixto que no cabe el derecho de autodeterminación de una parte del titular de esa soberanía. Porque la soberanía corresponde a todos, porque si la fraccionásemos, ¿dónde llevaríamos el límite de esa fracción? ¿Por qué una región o una comunidad y no una provincia? ¿Por qué una provincia y no un municipio? ¿Por qué un municipio y no una pedanía? La soberanía es un derecho que se ejerce colectivamente por la totalidad del pueblo español, como dice el artículo primero. Reconozcamos que el artículo segundo de nuestra Constitución cuando habla del fundamento de la misma en la indisoluble unidad de la nación española y la define, con palabras que tenemos que hacer nuestras, como patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y las regiones, nos está marcando, señorías, no unos límites, sino que nos está marcando un camino por el que tenemos que avanzar. Y ése es el camino que exige no caer en absurdos centralismos, no caer en absurdas actitudes unitaristas que pueden romper el proyecto político que, como aquí se ha dicho, y coincido con ese análisis, desde la Constitución de 1978 es, sin duda, el más seductor que en estos momentos podemos plantearnos desde nuestras responsabilidades políticas.
Por eso, señorías, hoy damos un paso ciertamente limitado. ¡Quién lo duda! Y un paso que tiene otros objetivos, nuestro Grupo lo ha dicho desde el primer momento: la reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para convertir el Senado en una institución que sirva a los intereses de España, para eso necesitamos avanzar en la reforma de la Constitución pero tiene que quedar bien claro que lo que hoy hacemos no solamente no está en contradicción con ese objetivo --no voy a utilizar expresiones de experimento ni a hacer ningún tipo de pruebas artificiosas-- sino que avanza, adivina, anuncia un camino de encuentro en el que espero que nos encontremos la gran mayoría de los Grupos Parlamentarios.
Qué duda cabe que si queremos hacer de esta Casa la Casa común de las Comunidades Autónomas; si queremos hacer el lugar de encuentro de las Comunidades entre sí y entre ellas con la Administración Central y a través de la Administración Central con las Instituciones europeas, tenemos que dar un paso más importante que el que hoy damos. Qué duda cabe --aquí se ha dicho y no voy a insistir-- de que a los Senadores debe vinculárselos con las Comunidades Autónomas por encima de esa vinculación provincial que parece más adecuada para la representación de nuestros compañeros del Congreso de los Diputados. Y qué duda cabe de que tenemos que tener competencia legislativa plena en aquellas cuestiones que afecten a la estructura territorial del Estado y de manera particular a las distintas Comunidades Autónomas. Y qué duda cabe de que todos esos avances no tienen que suponer, en ningún momento, invadir la autonomía política de las Comunidades Autónomas ni tampoco establecer ningún mecanismo que sustituya la obligatoria labor de control que realizan los Parlamentos Autónomos sobre sus respectivos Ejecutivos trasladándolo a esta Cámara. Hay supuestos excepcionales, recogidos en el artículo 155 de la Constitución, que tienen que marcar y marcan el límite de nuestra intervención en las políticas autonómicas. Pero eso, evidentemente, no es obstáculo para que avancemos en esa necesaria representación territorial, demos sentido a esta Institución y, sobre todo, y lo que es más importante, demos eficacia a la Constitución de 1978 que es la garantía práctica de la unidad nacional. La garantía práctica de la unidad nacional defendiendo una unidad y un unitarismo que, en expresión feliz de Julián Marías, en nada tiene que ver con el centralismo. Porque como él dice, en rigor, cuando un país tiene una estructura representativa política y socialmente no hay centralismo, pues todo el cuerpo social interviene en las decisiones que no son impuestas por un centro sino que son conjuntas con la participación de la nación entera, de la nación española.
Decía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, y es verdad que España no es un único país, ni tiene una única cultura, ni tiene una lengua única. España es una nación, una nación resultado de la suma histórica de la acumulación de proyectos históricos de esas culturas, de la voluntad de esos pueblos de convivir en una convivencia pacífica y democrática y en la voluntad de compartir no solamente la historia pasada, sino el proyecto de futuro que es lo que en definitiva aquí nos convoca. Y por eso, sí tiene la nación española una cultura propia, diferente de la cultura de Cataluña o del País Vasco, de la de Castilla o de la de Andalucía, o de cualquier otra de las distintas Comunidades Autónomas; una cultura que es la cultura de la nación, un proyecto que es el proyecto de la nación, y, desde luego, unos objetivos políticos de convivencia democrática, en los que hoy tenemos que estar comprometidos.
¿Cómo? No solamente con discursos, no solamente con declaraciones, sino haciendo bueno aquello que nos permite y nos obliga a ejercer la representación política, dando verdadero sentido a las instituciones, haciendo útil aquello que en estos momentos consideramos insuficiente dentro del contesto institucional, y, muy concretamente, esta Cámara.
Nuestra obligación, como Senadores, hoy, es avanzar en ese sentido. Nadie va a salir de aquí pensando que hemos alcanzado los objetivos políticos que nos marcamos, pero nadie, sinceramente, puede salir de aquí hoy diciendo que hemos dado un paso atrás. Avancemos; aprobemos esta reforma; estudiemos después la reforma de la Constitución, y quede claro que en esa reforma de la Constitución --y lo anuncio desde ahora-- nuestro Grupo Parlamentario, el Popular defenderá con el mismo principio

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la razón de ser de nuestro propio proyecto político, que es la unidad de España, con la defensa de un mecanismo de representación propio, y que permita el desarrollo político máximo de nuestras Comunidades y de nuestras regiones.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ruiz-Gallardón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bayona Aznar.


El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, hablar en último lugar tiene la ventaja de poder referirme a lo que han avanzado ya los demás portavoces, pero tiene también, necesariamente, el riesgo de resultar reiterativo. Procuraré no serlo, y espero también, señor Presidente, no dar causa en mi intervención a que haya peticiones por el artículo 87, porque voy a ceñirme estrictamente a fijar la posición de mi Grupo sobre la propuesta, sobre el fondo de la propuesta, que hoy inicia su tramitación en esta Cámara. Y esto porque, además, estoy firmemente convencido de que el protagonismo de esta reforma no es de ningún portavoz, no es de ningún Grupo Parlamentario --que nadie se confunda--; de lo que se trata con esta reforma es de dar protagonismo a esta Cámara.
Y permítanme sólo, señorías, empezar diciendo que para mi Grupo, como para la mayoría de los Grupos que han intervenido en la Cámara, el Senado, que forma parte --que parece obvio, pero que hay que repetirlo-- de las Cortes Generales, y representa, por tanto, la soberanía nacional, no tiene una importancia relativa, como algún portavoz --quizá, al parecer, todavía no muy identificado con los trabajos de esta Cámara-- ha tenido la ligereza de decir públicamente. Sobre quien piense eso, a lo mejor lo que sucede no es que se plantee un tipo u otro de reforma; a lo mejor lo que sucede es que, desde esas posiciones, sobra la propia existencia de una segunda Cámara de representación territorial. Pero éste es un debate en el que no voy a entrar --creo que hacerlo en este momento, eso sí, sería una pérdida de tiempo--, y quiero fijarme en el acuerdo sustancial, arduamente elaborado, como se ha recordado aquí, no sólo durante la Legislatura pasada, sino durante las dos Legislaturas pasadas. Y al mismo tiempo recojo en mi intervención la voluntad política --yo creo que de todos los Grupos Parlamentarios-- de dar pasos hacia adelante, y al recoger esa voluntad política, aporto también la de mi Grupo, para dar pasos con ellos, incluidos con el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al que agradezco la disposición --no obstante, su cambio de posición-- a trabajar en la ponencia y en la Comisión de Reglamento, y, además, le invito a que haga explícitas sus aportaciones, en positivo, no solamente a enunciados metodológicos, sino a cuestiones concretas, que sean posibles. Pero, como quiero fijar la posición de mi Grupo, describiré, en primer lugar, lo que no es, a nuestro modo de ver, esta propuesta de reforma del Senado.
Mi Grupo discrepa de quienes piensen que la reforma del Senado se pone en marcha para justificar la existencia de esta Cámara, y con mayor legitimidad, si cabe, porque el Grupo Socialista, por tradición histórica, no era precisamente un ardiente defensor del bicameralismo.
Por eso, con mayor legitimidad, si cabe, puede decir desde esta tribuna que el Senado ha cumplido con dignidad sus atribuciones constitucionales, que ha trabajado, y que ha trabajado bien, que incluso antes de que algún portavoz llegara a esta Cámara o fuera siquiera portavoz, esta Cámara ha trabajado bien, y no ha sido ineficaz, como se ha dicho aquí, en cuanto al resultado. En la Legislatura constituyente hay ejemplos del trabajo de esta Cámara, y alguno tan importante como la propia redacción del artículo 69.1, que hoy es el objeto que nos obliga a presentar una propuesta de reforma, y otros resultados tan explícitos en nuestro ordenamiento jurídico, en multitud de enmiendas que se han incorporado a las leyes de este país, y en las variadas y múltiples Comisiones de investigación. Esta Cámara, señorías, ha hecho aportaciones valiosas a problemas de esta sociedad: sobre los incendios forestales, sobre la violencia en el deporte, sobre los problemas de seguridad vial, que han pasado después también a formar parte de las leyes españolas. Es más, algunas Comisiones mixtas --y a veces esto también se olvida-- tuvieron su origen en esta Cámara: la Comisión sobre los problemas de la mujer, o sobre la droga, o, incluso, en cierto modo, la Comisión Mixta sobre investigación y desarrollo tecnológico.
Por tanto, como el Senado ha desarrollado satisfactoriamente la tarea colegisladora que la Constitución le encomienda, no nos planteamos esta reforma porque el Senado no haga bien lo que hace. En una palabra, no hay que reformar el Senado para legitimar su existencia, ni para lavar ninguna mala conciencia de nadie. Si alguna frustración existe --y se ha dicho en esta tribuna-- será no por falta de capacidad de iniciativa, no por falta de capacidad de enmienda; si alguna frustración existe es porque la opinión pública le está exigiendo, porque todos le estamos exigiendo al Senado, que cumpla, además, otro papel, el de Cámara de representación territorial, que es un papel que el constituyente proclamó, pero, como muy bien se ha dicho esta mañana, no desarrolló.
El artículo 69.1 de la Constitución es, por tanto, más hoy la expresión de una voluntad del constituyente que un mandato que pudiera realizarse inmediatamente. La Constitución apenas le atribuye funciones territoriales a esta Cámara, y ni siquiera podía describir la estructura territorial que resultaría del proceso puesto en marcha por el Título VIII. Hubo una renuncia expresa a constitucionalizar el mapa territorial de España, que se dejó a la iniciativa de los pueblos y regiones.
La única frustración, por tanto, que sí existe --reconozcámoslo-- es que las Comunidades Autónomas no participan en el conjunto del Estado a través de una segunda Cámara legislativa. Porque es verdad que el Senado no ha jugado el papel que debería en el proceso de consolidación

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del Estado de las autonomías, el papel que los Senadores constituyentes, cuando defendieron y aprobaron la enmienda a la Constitución, idearon para esta Cámara. Se trataba, decía entonces el Senador aragonés Martínez Retortillo, de convertir el Senado en Cámara de encuentro de las diversas Comunidades Autónomas, y no lo ha sido durante estos años. Es más, para el Senador constituyente que defendía la enmienda, el Senador Josep Benet, la actual redacción del artículo 69.1 de la Constitución significaba la auténtica consagración --decía él-- de que el Estado autonómico sería una realidad política en España.
Por tanto, y segunda descripción de lo que no es la reforma --a pesar de algunas afirmaciones esta mañana en la tribuna--, para el Grupo Socialista esta reforma no es, no puede ser, la puerta para abrir una revisión constitucional del Estado de las autonomías, diseñado, yo creo que con indudable acierto político, para resolver el problema histórico de las nacionalidades, y, al mismo tiempo, afrontar una profunda transformación, no sólo administrativa, sino también política, de un Estado centralista y autoritario.
Esto es lo que reconoce la Constitución, y esto es lo que no queremos cambiar con la reforma del Senado. No queremos que esto sirva de pretexto para hablar del principio de autodeterminación, que no se encuentra en la Constitución. Sinceramente, señorías, si fuéramos a reformar el Estado de las Autonomías, para hacerlo más o menos federal o para cualquier aventura confederal; si fuera políticamente conveniente, que no lo es, plantearnos esa reforma, no lo haríamos a través de la reforma del Senado; al contrario, es la madurez del propio Estado de las Autonomías el que exige que se lleve a cabo la reforma del Senado, que se adecue el Senado a la nueva situación del Estado de las Autonomías. Debemos reformar el Senado para que cumpla eficazmente aquello que el constituyente quiso que fuera, y que no lo ha llegado a ser durante estos años.
Por tanto, el supuesto cierre constitucional del que a veces se habla --como se ha visto hoy por la mañana en esta tribuna-- no cierra nada; al revés, abre nuevas incógnitas y nuevos problemas. Por tanto, el primer compromiso que debe unirnos, yo creo, a la hora de abordar esta reforma es no cuestionar el modelo territorial del Estado diseñado por la Constitución, sino, al contrario, contribuir a mejorar su funcionamiento.
La posición del Grupo Socialista se puede sintetizar afirmando que la reforma que hoy tomamos en consideración no es, pues, una necesidad tanto del Senado, como una urgencia --y creo que la palabra «urgencia» se ha utilizado hoy por la mañana-- del propio Estado; como voy a tratar de explicar.
En primer lugar, es urgente equilibrar la descompensación que ha padecido durante estos años la política autonómica entre una rica experiencia de relaciones entre las Administraciones central y autonómica, a través de múltiples Comisiones bilaterales, multilaterales, de negociación, de cooperación, sectoriales, y una escasa presencia parlamentaria de esas mismas cuestiones, que circulaban con bastante fluidez por los pasillos de las diferentes Administraciones; descompensación que también se ha producido, en detrimento del ámbito parlamentario, con relación a una amplia y densa jurisprudencia sobre cuestiones autonómicas, en parte conflictivas, como era lógico, al arrancar un proceso de transformación tan profundo.
Gran parte de los desarrollos actuales, de los perfiles actuales de nuestro Estado autonómico, se han ido fijando a base de sentencias del Tribunal Constitucional, a base de jurisprudencia; de modo que puede decirse, yo creo que sin exagerar, que el diseño autonómico de España se ha ido cincelando en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, sin el correlativo espacio parlamentario.
Por consiguiente, la reforma, señorías, se emprende, ante todo, para cumplir el mandato constitucional de que la política autonómica tenga lugar específico en las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional. El segundo gran objetivo es que las Comunidades Autónomas estén presentes en estas Cortes Generales; es garantizar la presencia de las Comunidades Autónomas en las Cortes Generales, para que éstas no se relacionen exclusivamente con los poderes del Estado, a través del Gobierno, sino también a través del Parlamento, y que así la voluntad del Estado, en materia de política autonómica, se exprese en una Cámara territorial, y con participación de las Comunidades Autónomas.
Resumiendo, se trata de que las Cortes Generales participen de manera más significativa en la política autonómica, y de que, al mismo tiempo, las Comunidades Autónomas, participen también en el sentido de formar parte de las Cortes Generales, a través del Senado. Sólo así el Senado será Cámara de representación y vertebración territorial.
Pues bien, para conseguir esos objetivos, iniciamos ahora una reforma del Reglamento, con la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de la que formarán parte las Comunidades Autónomas, y en la que se introduce de manera limitada, simbólica, si se quiere, el uso de las lenguas españolas oficiales distintas del castellano.
Sin duda es un paso importante --y utilizo el término que ha utilizado el portavoz del Grupo Popular: un paso importante--, tan importante que al principal Partido de la oposición le ha resultado difícil durante los últimos años participar en ese consenso, y ese retraso, cuyo principal responsable no es el Partido Socialista, ese retraso, sin duda, ha contribuido también en gran medida a una valoración negativa de esta Cámara, valoración que el portavoz del Grupo Popular inmediatamente calificaba --y yo lo comparto-- de injusta. Lo que sucede es que hoy el Partido Popular ha rectificado, y ésta, lo reconozco, es la mayor diferencia con el debate que se hubiera producido --como recordaba el portavoz de Convergència i Unió-- en el mes de abril, si no se hubieran disuelto las Cortes Generales. Mi Grupo agradece, en este momento, ese giro del Grupo Popular ante la reforma del Senado, y, sin ir a la búsqueda del tiempo perdido, recoge la palabra

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«siempre», que el Portavoz Popular solemnemente ha querido pronunciar en esta tribuna.
Decía que es un paso importante y decisivo. En la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuya exhaustiva enumeración de funciones territoriales figura en la propuesta, van a poder participar los principales actores del Estado de las Autonomías, que son las Comunidades Autónomas, que son los Gobiernos de las Comunidades Autónomas; van a poder participar, junto con los representantes del Gobierno y los Senadores, abriendo así un espacio de diálogo multilateral sobre política autonómica en este país, y dependerá de su voluntad política, de la voluntad política de las Comunidades Autónomas que este paso sea más o menos importante.
Iniciamos una experiencia parlamentaria, que es la de crear ese espacio para el análisis, del debate y la cooperación entre las Cortes Generales y las Comunidades Autónomas, que debe dar sus frutos, y que supone un desafío también a los propios Senadores que integramos la Cámara en esta legislatura; un desafío para intentar responder a las expectativas que ha levantado el anuncio de que la política autonómica va a tener, por fin, un tratamiento específico en las Cortes Generales.
Sé que es sólo un primer paso; sé, como acabo de decir, que mucho o casi todo dependerá de la voluntad de las propias Comunidades Autónomas en consolidar, en consagrar, este Estado de las Autonomías, pero no estoy dispuesto a entrar en el debate de si ese paso es suficiente o insuficiente.
Yo creo --como decía el portavoz del Grupo Mixto, o mejor que del Grupo Mixto, puesto que su posición aquí ha sido otra, la de Eusko-Alkartasuna-- que sí hay que poner esta reforma del Reglamento en su sitio, y voy a tratar de hacerlo.
Más que un paso previo --que se ha dicho también-- es un primer paso, que no es lo mismo, porque para llegar a cualquier meta, el primer paso suele ser el más difícil, pero hay que darlo, hay que echar a andar. También en esta ocasión el primer paso ha sido el más difícil; espero que haya sido el más difícil; pero lo damos, porque, insuficiente o no, es imprescindible. Esta reforma tiene el carácter de limitada, ¡claro que sí!; limitada al Reglamento. Esta reforma --lo puedo conceder-- tiene también el carácter de transitoria, pero es una reforma, permítanme que lo diga, señorías, prudente; tiene la virtud de ser enormemente respetuosa con las Comunidades Autónomas, tiene la virtud de ser flexible en su aplicación, tiene la virtud de ser reversible en aquello que viéramos que fuera disfuncional, y es también ampliable en todo lo que consideráramos preciso. Pero eso es coherente; no es incoherente; al contrario, es la mayor muestra de coherencia sacar lecciones de esta experiencia, que vamos a iniciar con la reforma del Reglamento, para acertar mejor en la hipotética reforma de la Constitución. Este es el lugar de esta reforma, y ¿habrá, además, que reformar el texto constitucional? Si es preciso, el Grupo Socialista está dispuesto a reformar el texto constitucional, y es obvio decirlo si además hay consenso. Ya lo expresó así el Presidente del Gobierno, en el debate de Investidura.Y en este momento, como portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, ratifico el compromiso de trabajar para alcanzar ese consenso, de esforzarnos en alcanzar ese consenso, pero en el bien entendido, porque no puede ser de otra manera, de que vamos a hacerlo desde la plataforma que ofrece la propuesta de reforma del Reglamento que hoy vamos a tomar en consideración. Y recojo aquí los tres puntos metodológicos, que decía el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, pero eran sólo --repito-- metodológicos. Espero sus propuestas concretas.
¿O es que alguien, acaso, pretende que, mientras debatimos qué artículos hay que reformar de la Constitución, vamos a posponer cualquier reforma del Senado que pueda entrar en vigor inmediatamente? ¿O es que vamos a despreciar la inigualable experiencia que puede darnos el funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas? ¿O es que vamos a dudar de la voluntad de las Comunidades Autónomas en participar y en avanzar hacia esa reforma de la Constitución, aportando también su punto de vista? ¿Es que vamos a dudar de la falta de lealtad de las Comunidades Autónomas en trabajar con el Senado en esa reforma constitucional? ¿Es que algún Grupo puede tener interés en condenar a esta Cámara a permanecer pasiva ante la política autonómica, cuyo desarrollo y consolidación no puede, ni debe detenerse? ¿Cómo vamos a ser tan irresponsables, de alimentar el escepticismo ante la opinión pública sobre nuestros deseos de reforma? Como estoy persuadido de que ningún Grupo quiere utilizar la apelación a la reforma constitucional como coartada dilatoria, nuestra obligación es empezar a hacer ya lo que está en nuestras manos, y desde ahí, ponernos a reflexionar sobre el alcance de la reforma constitucional, que deberá, en todo caso, ser limitada al objeto que nos trae, que es la reforma del Senado.
Termino ya, diciendo que la reforma del Reglamento podría entrar en vigor a comienzos del próximo período de sesiones; la reforma de la Constitución, aunque fuera necesaria, aunque en esta legislatura obtuviera el consenso necesario, y, máxime, si se trata como probablemente se trata también, no sólo de cambiar el sistema de elección de Senadores, no podría entrar en vigor hasta la próxima legislatura, hasta que terminara el mandato de los actuales Senadores y se convoquen nuevas elecciones generales, y eso, mal que le pese a la oposición, ni está en el horizonte político previsible, ni le conviene a España.
(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! Aplausos en los escaños del mismo Grupo.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la propuesta de reforma del Reglamento del Senado, en lo que atiende a la potenciación de su función territorial, a los efectos de su toma en consideración.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, seis.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración. Se abrirá un plazo de presentación de enmiendas de diez días. (Aplausos.) Muchas gracias, señorías. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)

PETICION DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES.


--PETICION DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD.
(650/000001.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto sexto del orden del día es la petición de creación de una Comisión Especial de Juventud. El primer firmante es don Bernardo Bayona Aznar. Para su presentación, tiene la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: La presentación la hará el Senador don José Blanco.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra su señoría.


El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en la defensa de esta iniciativa, que, de ser aprobada, supondría la constitución, en esta legislatura, de una Comisión Especial de Juventud, como continuación del trabajo iniciado y desarrollado en la legislatura pasada, en la que hemos venido avanzando sobre el diagnóstico de la problemática de los jóvenes españoles, prestando especial atención a los ámbitos educativos, laborales, asociativos, culturales, sanitarios y sociales, especialmente en el tema de la vivienda, y a los problemas concretos del servicio militar y de la objeción de conciencia, así como a los problemas que tienen los jóvenes marginados.
Abríamos en aquel entonces, en la legislatura pasada, en foro parlamentario, un foro de encuentro y reflexión, con la idea de acercarse a la realidad heterogénea que constituye el mundo juvenil, y también abríamos un foro de reflexión para tratar de complementar el mandato constitucional, que en su artículo 48 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Como decía nuestro portavoz en la anterior intervención, el Senado español se ha caracterizado por constituir Comisiones que han aportado a esta Cámara importantes y valiosísimos trabajos. Y también esperamos que esta Comisión aporte a esta Cámara importantes conclusiones ante los problemas y preocupaciones que tiene la juventud española, y ante las respuestas que la sociedad española demanda de los poderes públicos. Así se ha puesto de manifiesto en el interés con que ha venido trabajando esta Comisión, a lo largo de sus más de ochenta comparecencias de altos cargos de la Administración, responsables del Plan Integral de la Juventud; de la práctica totalidad de directores generales de las Comunidades Autónomas y de numerosos representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y organizaciones empresariales, así de como asociaciones de jóvenes, que fueron aportando a esta Comisión valiosísimos puntos de vista y sugerencias relacionadas con sus actividades, y la perspectiva desde la que cada asociación, desde la que cada interlocutor, aborda las inquietudes y los problemas de los jóvenes.
Hemos avanzado, señorías, en lo que deben ser las conclusiones de la Comisión. Es por ello por lo que, en el día de hoy, proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que se retome el trabajo de la Comisión, y, si es posible, se haga en el mismo clima de consenso y entendimiento con el que hemos venido trabajando a lo largo de la legislatura pasada, y de esta forma podamos presentar ante esta Cámara un informe que culmine con el trabajo emprendido y sirva de referencia al Gobierno de la nación, al conjunto de las Administraciones públicas, a la sociedad civil, en el desarrollo de sus actuaciones, con vistas a la juventud, que nos permita afrontar con rigor y éxito la sociedad europea del año 2000.
Por ello, señorías, solicito su apoyo, en la idea de sumar los máximos esfuerzos parlamentarios en torno al trabajo que pretendemos seguir impulsando. Porque, señorías, como ya manifesté en la defensa de la constitución de esta Comisión en la legislatura pasada, una sociedad que avanza en la capacidad de integración de sus jóvenes es aquella que profundiza en sus niveles de democracia, en sus niveles de madurez, en sus niveles de prosperidad social.
Es por ello, señorías, por lo que solicito el apoyo de la Cámara para esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Sólo deseo decir, en nombre de nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que vamos a apoyar la creación o la continuación de esta Comisión Especial de Juventud, en la que hemos participado activamente, para el conocimiento más profundo de la problemática de los jóvenes del Estado español, de la relatividad nacional e internacional. Está también nuestro punto de vista, como Senadores Nacionalistas Vascos, respecto de los trabajos que nosotros hemos realizado y seguimos realizando en nuestra Comunidad Autónoma, los acuerdos y discrepancias, las diferencias y analogías de nuestro país con el resto del Estado, y, por tanto, vemos con agrado el retomar el trabajo y hacer definitivamente las conclusiones de la problemática de la juventud del Estado español.


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Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
¿Coalición Canaria? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente Voy a ser muy breve. Sólo deseo manifestar el acuerdo de Convergència i Unió en reiniciar los trabajos que en la anterior legislatura y por el avance de las elecciones legislativas tuvieron que suspenderse en la Comisión Especial de la Juventud.
También deseamos manifestar el acuerdo con el portavoz socialista, el Senador Blanco, en todo lo que ha dicho. No me extraña en absoluto que haya sido capaz de enumerar la mayoría de los problemas de la juventud, porque es probable que, sin duda alguna, las comparecencias que se produjeron durante la anterior legislatura en esa Comisión Especial, la conviertan en una de las Comisiones que más comparecencias ha tenido. Por tanto, tuvimos entonces la oportunidad de conocer multitud de problemas, algunos de los cuales ha enumerado hoy el Senador Blanco. Por consiguiente, lo que ha dicho el Senador Blanco justifica, ya de por sí que el trabajo que se realizó en la anterior legislatura no quede estéril, que seamos capaces de retomar las conclusiones que en su día estuvimos elaborando, siempre dentro del contexto, señoría, del consenso que debe pronunciarse cuando establezcamos las conclusiones que se puedan reflejar en el trabajo definitivo, y siempre dentro de este respeto a las competencias transferidas en materia de juventud a las Comunidades Autónomas, que yo creo que se va a producir --ya se produjo en la anterior legislatura--, y, sin duda alguna, en este trabajo, en esta continuación del trabajo de esta Comisión de Juventud, también vamos a continuar en esta misma línea, y, por tanto, por esto mostramos nuestro acuerdo y nuestra disposición de buena colaboración.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bertrán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Colsa.


El señor COLSA BUENO: Señor Presidente, señorías, adelantando ya la posición favorable de nuestro Grupo a la propuesta de creación de una Comisión Especial de Juventud, es necesario recordar al mismo tiempo que se van a cumplir ya casi dos años desde la aprobación, por esta Cámara, de la creación de la anterior Comisión Especial de Juventud.
En la presentación de aquella iniciativa, apoyada por todos los grupos, se realizaba, dentro de la fundamentación general de la necesidad de su puesta en marcha, una amplia referencia al Plan Integral de Juventud, como uno de los pilares básicos de la política de juventud, que el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del INJUVE, realizaba para todos los jóvenes españoles.
Dicho Plan se presentaba como la solución ideal para los problemas de los jóvenes españoles, diciendo, a modo de declaración general de intenciones --y cito textualmente--: «Tratando de favorecer a todos los jóvenes, favorece a unos más que a otros, a quienes más necesitan de la solidaridad, a los asociados, a los emprendedores, etcétera.» También se decía --y sigo citando textualmente-- que, con su puesta en marcha, se intentaba evitar los descuelgues sociales, evitar que hubiera gente que quedase retrasada, reducir desigualdades, y, finalmente, acortar el período de transición juvenil, conquistando posibles espacios de autonomía personal.
Pues bien, de todas estas declaraciones, que, en líneas generales, se podrían suscribir por cualquiera de los grupos políticos presentes en esta Cámara y que podrían llegar, incluso, a enternecer y emocionar a todo el colectivo juvenil, realmente después de un año y nueve meses, no se ha logrado cumplir --de este Plan, no del trabajo de esa Comisión-- prácticamente nada, quizá porque se ha partido de planteamientos equivocados. Se han producido, incluso, efectos totalmente contrarios. Se han incrementado las desigualdades, se ha incrementado el paro juvenil, las medidas políticas y administrativas se adoptan de espaldas a las organizaciones juveniles y al joven en general; a modo de ejemplo, bastaría citar la última y brutal subida de tasas académicas, no consultada ni consensuada con ninguna asociación estudiantil representativa --tema este del que se podrá tratar en otra ocasión--, y que se contradice con el espíritu de consenso del que se hablaba en el Plan Integral de la Juventud.
Actualmente, los jóvenes españoles siguen encontrándose con importantes problemas que impiden su incorporación social plena. Lo errático y erróneo de las distintas políticas adoptadas en los últimos años por el Gobierno socialista han generado en la población juvenil española un sentimiento de decepción, desencanto, frustración y escepticismo. Son estos algunos de los conceptos que pueden describir cuál es el estado de ánimo, en general, de la juventud española. Aun así y con todo, nuestro voto va a ser afirmativo, lo cual entendemos que no debe significar ni se debe entender como un gratis total al trabajo que vayamos a desarrollar dentro de esa Comisión, fundamentalmente porque creemos que toda esta situación es y puede ser reconducible.
Anunciamos ya desde aquí que la actitud que va a mantener el Grupo Popular en el seno de esta Comisión será una actitud de compromiso con los problemas que aquejan a este colectivo tan importante de la sociedad.
Esta actitud se traducirá en un seguimiento constante y riguroso de la política del Gobierno en esta materia. En este sentido, y ya en concreto, nos interesará conocer cuanto antes lo que ya se ha dado en denominar el segundo Plan Integral de Juventud y que, en nuestra opinión, no es otra cosa que una revisión del fracasado Plan anterior al que hacía referencia al comienzo de mi intervención,

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Plan que, tal y como estaba planteado, no era un plan, porque sólo recopilaba propuestas preexistentes y de fines deseables, pero que eran ilusiones al no existir presupuesto ni calendario, y que tampoco era integral porque no se tenían en cuenta todos los factores necesarios para su desarrollo, y que en la mayoría de los casos se trataba de cláusulas abiertas y ambiguas que podían prestarse a muchas y distintas interpretaciones.
Por consiguiente, señorías, vamos a votar afirmativamente, pero exigimos un cambio de actitud y de política que solucione alguno de los problemas aquí mencionados, que ya se han enquistado dentro de nuestra sociedad y que amenazan con convertirse en permanentes.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Blanco López pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Blanco.


El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, voy a agradecer brevemente a todos los grupos parlamentarios su apoyo a esta iniciativa del Grupo Socialista. Yo preveía la intervención del Grupo Parlamentario Popular en el tono en que lo ha hecho. Ustedes han confundido lo que podría ser una iniciativa del Gobierno sobre las políticas de gobierno con lo que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para abrir un foro de reflexión sobre los problemas de juventud, las propuestas y las alternativas que a esos problemas tenemos que plantear desde esta Cámara.
No vamos a discutir; no lo hicimos la pasada Legislatura en la Comisión, como así se lo puede indicar su anterior portavoz don Rafael Hernando, que hizo un buen trabajo. No planteamos la Comisión para hacer un análisis y un seguimiento de la política del Gobierno. Planteamos la Comisión para abrir un foro de discusión, para continuar con un foro de reflexión sobre los problemas de los jóvenes, así como las propuestas y alternativas que desde esta Cámara debemos plantear. Además, nuestro espíritu es el de llegar al mayor consenso posible para que las conclusiones sean las del conjunto de la Cámara, las del conjunto de los parlamentarios y no las de una parte de la Cámara.
Sus aportaciones serán tan interesantes como las de cualquier portavoz o de cualquier miembro de la Comisión y hemos de buscar los puntos de encuentro para que sus aportaciones y las nuestras tengan un punto intermedio que luego se refleje en un documento que sea el documento de posición de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Propongo a la Cámara, si no hay ningún inconveniente, que sea aprobada por asentimiento la creación de esta Comisión, pues tal y como se han expresado los distintos grupos me parece oportuno. (Pausa.) Por tanto, queda aprobada por asentimiento de toda la Cámara.
Muchas gracias.


MOCIONES.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, REALICE UNA REFORMA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL POR MEDIO DE LA CUAL SE RESIDENCIEN TODAS LAS COMPETENCIAS DE DICHA ADMINISTRACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN UN UNICO ORGANISMO, SIN QUE ESTA MEDIDA GENERE UN AUMENTO DEL NUMERO DE FUNCIONARIOS NI UN INCREMENTO DEL GASTO PUBLICO. (662/000013.)

El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Pasamos ahora al punto séptimo del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una reforma de la Administración central por medio de la cual se residencien todas las competencias de dicha Administración en materia de medio ambiente en un único organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de funcionarios ni un incremento del gasto público.
A esta moción ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y una propuesta de modificación los Grupos Parlamentario Socialista, Popular en el Senado, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos, Mixto y Coalición Canaria del Senado.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el representante del grupo firmante del Partido Popular.
Tiene la palabra el señor Ripoll.


El señor RIPOLL SERRANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el tema que trata el Partido Popular en esta moción es realmente importante, tanto por el fondo, el medio ambiente, como por la forma, la metodología que se ha de acometer por parte de los poderes públicos para dar una respuesta adecuada al mismo, que es más una necesidad que un problema.
Nuestra moción que creo que goza en el fondo de la unanimidad de la Cámara: todos los grupos tenemos en nuestros programas un lugar de privilegio para el medio ambiente; quizás, genera discrepancias en la forma: la manera de acometer y gestionar las medidas precisas para conseguir el fin.
Mi Grupo y yo quisiéramos que esas discrepancias desaparecieran hoy aquí y que todos apoyáramos esta moción, ya que el tema requiere, por su importancia, el trabajo en común para que no dejemos que pase más tiempo hablando y para que el organismo que pueda surgir de esta moción se ponga a andar lo antes posible.
Para la justificación de la moción sería conveniente,

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primero, exponer el problema, mejor dicho la necesidad. Segundo, hacer un recorrido por las soluciones dadas al mismo en los países europeos. A continuación, recorrer el panorama autonómico sobre el medio ambiente. Y finalmente, hacer una breve memoria de la actuación del Estado para observar con más rotundidad la urgencia de su enunciado.
La moción dice textualmente: El Senado insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una reforma de la Administración central por medio de la cual se residencien todas las competencias de dicha Administración en materia de medio ambiente en un único organismo, sin que esta medida genere un aumento del número de funcionarios ni un incremento del gasto público.
He leído textualmente la moción para que se entienda que no se trata sólo de la creación o retitulación de un organismo, del rango que se pueda estimar más conveniente (aún no hemos enunciado lo que realmente queremos porque irá surgiendo en la propia justificación de la moción), sino que la parte realmente importante es que en ese organismo se residencien todas las competencias de la Administración.
Una vez enunciada la moción, como decía antes, voy a pasar a su justificación. En primer lugar, quiero poner de manifiesto la importancia del fondo de la moción. En esto voy a ser breve, ya que a mi entender el grado de confluencia es aquí total. Qué duda cabe que la degradación del medio ambiente es uno de los problemas capitales de la sociedad actual.
La política ambiental, así como las distintas estrategias que la arropen, debe articularse en un contexto de crecimiento económico, racionalizando éste y tendiendo a su desarrollo donde el elemento ambiental sea decisorio.
Es necesaria una política ambiental que influya o se traslade a las distintas políticas sectoriales del Estado. Esta influencia debería verificarse especialmente basándonos en el desarrollo de estrategias preventivas, sin excluir las que definen los sistemas correctores y de vigilancia o control. La política ambiental ha de concebirse de modo que la interacción entre el desarrollo de los diversos sectores económicos y el medio ambiente no produzcan necesariamente efectos negativos.
En segundo lugar, veremos cómo entiende Europa el medio ambiente. Europa respecto del medio ambiente tiene un largo recorrido de inquietudes y trabajos y una tradición en la forma de resolverlos. Nuestros vecinos le han dado al tema la importancia que realmente tiene y así siete países le conceden al organismo el rango de Ministerio: Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Reino Unido y Luxemburgo. Otros cuatro países tienen también un ministerio, aunque no exclusivamente para el medio ambiente, pero sí unido a temas cuya problemática es coincidente. En Bélgica existe el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, en Alemania el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. En Holanda existe el Ministerio de la Vivienda, Planificación Física y Medio Ambiente y en Portugal, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto en cuanto al organismo administrativo que ejerce las competencias.
En cuanto a las competencias mismas hay que decir que en los países con una administración centralizada, por ejemplo, Dinamarca, donde existe la Agencia Nacional de Medio Ambiente y el Ministerio del mismo nombre, quedan aglutinadas todas las competencias del medio ambiente. En Francia ocurre lo mismo, es el Ministerio del medio Ambiente el que tiene todas las competencias. En Grecia, el Ministerio de Medio Ambiente ostenta competencias en el medio ambiente en general, en impacto ambiental, en las emisiones del aire, en vertidos, en aguas y residuos. Asimismo, el Ministerio de Sanidad ostenta competencias en calidad de aguas y salud públicas, mientras que es el Ministerio de Industria el que ostenta las competencias en las instalaciones industriales y en accidentes mayores.
En Irlanda, todas las competencias están en el Ministerio de Medio Ambiente, excepto los accidentes mayores y la protección a los trabajadores que se sitúan en el Ministerio de Sanidad y Trabajo.
En Luxemburgo, las competencias de medio ambiente en general, impacto ambiental, aire y residuos residen en el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que las aguas y bosques radican en el Ministerio de Protección de la Naturaleza. De los accidentes mayores se ocupa el Ministerio de Trabajo y de Minas.
En Holanda, el Ministerio de Vivienda, Planificación Física y Medio Ambiente tiene todas las competencias, excepto la de los vertidos a las aguas que radica en el Ministerio de Transportes y Obras Hidráulicas, y las de los fertilizantes y abonos que radican en el de Agricultura.
En Portugal, intervienen cuatro ministerios, pero con una delimitación muy clara. Medio Ambiente y Recursos Naturales se ocupa del medio ambiente y de la naturaleza. Industria y Energía, de las instalaciones industriales. Agricultura, de las instalaciones agrarias, y Salud, de la salud ambiental y de la calidad de las aguas. En el Reino Unido todas las competencias residen en el Ministerio de Medio Ambiente, excepto los accidentes mayores que residen en Sanidad y Seguridad.
En otros países con una Administración más descentralizada las cosas están de forma similar.
En Bélgica es el Estado, con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, el que asume la energía nuclear y la salud pública, y las regiones tienen competencias legislativas y ejecutivas en los demás sectores. En Alemania es el Estado el que asume las funciones legislativas a través del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear, mientras que son las regiones las que tienen competencias ejecutivas y normativas tanto en medio ambiente como en impacto ambiental, aire, residuos, vertidos y accidentes mayores. En Italia el Estado también se reserva las competencias legislativas dentro del Ministerio de Medio Ambiente, estando todas en él excepto riesgos y aguas, que están en Salud y donde el medio ambiente se trata a través de una Dirección General unida a Urbanismo que son Galicia y Baleares.


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Las Comunidades Autónomas han concebido un modelo organizativo mediante la unificación de la materia ambiental en un órgano administrativo único, superando el proceso fragmentario y disconexo de los temas ambientales y de ordenación del territorio.
Una vez analizado el medio ambiente en Europa y en las Comunidades Autónomas volvamos al inicio. ¿Qué ocurre a nivel estatal y por qué esta moción? La Constitución española consagra en su artículo 45 el derecho de todos a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, en contrapartida, la obligación de conservarlo. El artículo 149.1.23 otorga al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas, que podrán asumir competencias de gestión en la materia.
Así pues, el Estado tiene competencia exclusiva para dictar unas normas básicas de protección medioambiental y también ha de ejercer un papel de coordinador y moderador de las competencias de las demás Administraciones públicas, tanto a nivel de moderarlas, como en los casos en que esta intervención afecte a más de una Comunidad.
Hay que señalar también que son competencias estatales las relaciones con los organismos de la Comunidad Europea, que tienen una importancia fundamental a la hora de dictar una normativa supranacional sobre medio ambiente.
Quiero señalar aquí --y hago un pequeño alto en el camino-- que la misma Comunidad Europea reiteradamente ha denunciado como uno de los problemas de la protección medioambiental en España la carencia de una adecuada coordinación. ¿A qué es debida esta descoordinación? Fundamentalmente se debe a dos aspectos. En primer lugar, la ausencia de criterios; en segundo lugar, la dispersión de competencias dentro de la Administración central.
Ausencia de criterios. Antes de la llegada de los socialistas al poder España contaba como órgano ambiental con la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Tal órgano fue degradado por el primer Gobierno socialista pasando de Subsecretaría a mera Dirección General.
Posteriormente se da marcha atrás y se crea por el Real Decreto 199/1990, de 16 de febrero, la Secretaría General de Medio Ambiente, con rango de Subsecretaría, y seguidamente se la eleva al rango de Secretaría de Estado, eso sí, uniéndola a los temas del agua. El Real Decreto 576, de 21 de abril de 1991, crea la Secretaría de Estado para las Políticas de Agua y de Medio Ambiente. Inicialmente dependen de esta Secretaría de Estado la Dirección General de Obras Hidráulicas y la Secretaría General de Medio Ambiente. Ahora bien, pasados tres meses se produce un nuevo cambio. El Real Decreto 1316, de 2 de agosto de 1991, reestructura la Secretaría de Estado, suprime la Secretaría General y se adscriben al Secretario de Estado las Direcciones Generales dependientes de la extinta Secretaría, dificultando así la necesaria coordinación de funciones dentro de la misma.
Todo este baile de órganos que suben y bajan en el escalón de la jerarquía, que aparecen y desaparecen y que al final no tienen competencia suficiente para englobar la materia ambiental, nos da una idea clara de la gran desorientación que existe a la hora de configurar una estructura ambiental estable y operativa.
Paralelamente a esta sucesión de ineficiencias, se utiliza una retórica justificativa muy propia de tiempos pasados. El Real Decreto 1316 se expresa con el siguiente grado de triunfalismo: la configuración de la administración ambiental de ámbito estatal como Secretaría de Estado ha supuesto un auténtico cambio cualitativo en su corta historia.
La aparición del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en la última reestructuración de los Departamentos ministeriales por el Real Decreto de 13 de julio de 1993 puede llevarnos a un error, a pensar que el Estado ha optado por un modelo de autoridad nacional única para el medio ambiente. El nuevo nombre del Ministerio no resuelve ninguno de los problemas que arrastra el modelo organizativo español, en el que la total dispersión de competencias dentro de los distintos Departamentos produce una disgregación completa de la materia ambiental.
Pero para acabar esta ausencia de criterios, está la guinda final: desde la presentación de esta moción hasta su discusión en el Pleno de hoy ha habido un cambio orgánico dentro del Ministerio (Real Decreto 1671, de 24 de septiembre), y se ha transformado la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y del Medio Ambiente en la nueva Secretaría de Estado del Medio Ambiente y Vivienda, agudizándose el problema organizativo.
Esto en cuanto a la falta o ausencia de criterios.
En cuanto a la dispersión de competencias dentro de la Administración central, la dispersión es tal que la Comunidad Europea ha denunciado la existencia de 32 organismos sin coordinación alguna, lo que ha llevado a un incumplimiento sistemático de las leyes, no por quererlo los propios organismos, sino por la falta de coordinación.
Aparte de las competencias ahora adjudicadas a la nueva Secretaría, tiene competencias también en esta materia el Ministerio de Sanidad y Consumo en la ejecución de programas de diagnóstico de los problemas de salud vinculados al hábitat, especialmente en los relativos a contaminación atmosférica de las aguas, seguridad química, protección radiológica, gestión de la red de vigilancia ambiental y planificación y apoyo al programa de ciudades saludables.
También tiene competencias el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Secretaría General de Pesca Marítima y a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, donde se elaboran normativas básicas relativas a la protección de animales y plantas. También las tiene el ICONA, que se ocupa de la ordenación y conservación de espacios naturales, y el Instituto Español de Oceanografía.
Dentro del Ministerio de Industria y Energía, la Dirección General de Política Tecnológica, que se ocupa del

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seguimiento del programa PITMA, la Dirección General de Energía, con competencias sobre ahorro energético y la Dirección General de Minas, que se ocupa del medio ambiente minero.
Dentro del Ministerio del Interior existen competencias que tiene la propia Dirección General de la Guardia Civil o la Dirección General de Protección Civil.
Otros organismos implicados en la materia y adscritos a algunos de estos Ministerios también tienen competencias en los mismos, por ejemplo, la CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), que tiene una influencia decisiva en lo que se refiere a incendios forestales así como en el Plan de vigilancia medioambiental; el ITGE (Instituto Tecnológico Geominero) que se ocupa de la información sobre constitución del suelo y del subsuelo en España y elabora un banco de datos y mapas cartográficos; el CEDEX, etcétera. Es evidente la multiplicidad de competencias y la dificultad de coordinación.
Resumiendo, y para terminar, nosotros opinamos que es el momento de exigir al Gobierno la configuración de un auténtico Ministerio de Medio Ambiente constituido en auténtica autoridad de cara a la elaboración de una política propia ante los foros europeos, con capacidad para el diseño y con impulso de unas verdaderas y globales políticas ambientales que supongan la posibilidad de diseñar objetivos de conformación social mediante la instrumentalización de los medios normativos y los presupuestos adecuados.
Por ello, la única propuesta eficaz para la protección del medio ambiente, desde el punto de vista de la organización administrativa, es la de la unificación de la gestión en un solo organismo, sin que esto represente aumento del gasto y del número de funcionarios.
Deseando el apoyo de sus señorías a esta moción del Grupo Popular, nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ripoll.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. ¿Se va a proceder a su defensa?

El señor CODINA I CASTILLO: Señor Presidente, si me permite diré que después de la presentación de esta enmienda se ha presentado una moción alternativa firmada por todos los grupos. Si el señor Presidente lo estima oportuno, podría intervenir en defensa de la enmienda, bien en el turno de portavoces que corresponde a mi Grupo, bien cuando proceda.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Efectivamente, su señoría tiene razón. También se ha presentado, no una moción alternativa, sino una propuesta de modificación a la moción originaria, suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Por tanto, hay un turno para la defensa de esta propuesta de modificación.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Alonso.


El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera presentarles la modificación que han efectuado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a la moción número 12, del Grupo Parlamentario Popular, que antes ha defendido el señor Ripoll.
Todos los grupos de esta Cámara han llegado al acuerdo, después del diálogo, de que el Gobierno debe seguir profundizando en una mayor coordinación e integración de las competencias de medio ambiente, que se encuentran distribuidas en diferentes Ministerios y organismos de la Administración central, y que realice, en su caso, las adaptaciones administrativas correspondientes, sin que se genere un aumento de funcionarios ni un incremento del gasto público.
A mi juicio, básicamente, son dos las razones de contenido por las que efectuamos esta modificación. La primera se refiere a que es cierto que en España existe una gran dispersión de las competencias en materia de medio ambiente. Dicha dispersión se produce, no sólo como consecuencia de la organización existente en la Administración central del Estado, sino también como resultado del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En este sentido, las sucesivas transformaciones organizativas en el campo de la administración ambiental ya realizadas, desde la primitiva Dirección General de Medio Ambiente con que se encontró el Gobierno socialista en 1982 --cuya responsable, entonces perteneciente al Gobierno de UCD, fue en la anterior legislatura Diputada por el Partido Popular--, pasando por la Secretaría General, hasta la reciente adaptación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, siempre han estado basadas en la citada distribución competencial, de modo que no parece que pueda existir una absoluta centralización de las competencias sobre medio ambiente en un único organismo, como recogía la moción primitiva. Se trata de una función compartida en la que, por otra parte, también tienen competencias las corporaciones locales, de acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que aprobamos en 1985.
La segunda razón se refiere a que debemos tener en cuenta que, en el contexto de la Administración central del Estado, la centralización no es siempre sinónimo de mayor eficacia. Así, en numerosas ocasiones --y hay muchos ejemplos al respecto-- resulta más eficaz una desconcentración o descentralización funcional, que permita una mayor autonomía en la gestión.
En materia ambiental, la dispersión existente se debe al concepto mismo del medio ambiente y al ámbito plurisectorial que éste abarca. Por consiguiente, desde un punto de vista de organización administrativa, debemos contemplar dos tipos de política. Una, de carácter global, que puede realzarse por un órgano administrativo superior, y que actualmente se lleva a cabo a través de la

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Secretaría de Estado de Medio Ambiente y del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente; y otra política, de carácter puntual, dirigida a la realización de actuaciones sectoriales, y a veces muy coyunturales, que pueden implementarse por órganos diversos.
De esta concurrencia de políticas, que en el caso español desarrollan diversos organismos, no tenemos por qué concluir --como justificaba la moción que vamos a modificar-- la existencia de ineficacia o despilfarro.
señoras y señores Senadores, basta que leamos detenidamente las funciones que recoge el Real Decreto 1.671/1993, y que se atribuyen a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para comprobar que el modelo funcional tiende hacia el esquema antes referido. Así las funciones de dicha Secretaría de Estado están recogidas en dos grandes grupos. Por una parte, las funciones generales sobre todo el territorio del Estado, como son el diseño de una estrategia nacional de medio ambiente --ya avanzada en comparecencias del Ministro de o de Obras Públicas, señor Borrell, en el Congreso de los Diputados-- y, a su vez, la elaboración de una normativa básica medioambiental y la evaluación del impacto ambiental.
Por otra parte, también se contemplan funciones de coordinación entre los diversos órganos de la Administración central del Estado con las Comunidades Autónomas, e incluso con el resto de los países que conforman la reciente Unión Europea. Con esta opción, España se está alineando con un 45 por ciento de los países de la OCDE y con la mitad de los Estados de la Unión Europea.
Asimismo, no parece menos racional agrupar el medio ambiente con Obras Públicas y Transportes, área que, como ha señalado su señoría, también se encuentra en el territorio español de referencia. También se podría agrupar, como ocurre en otros países de Europa --a los que usted se ha referido-- con el área de juventud y familia, como sucede en Austria; con la salud pública e integración social, como ocurre en Bélgica, o con la de vivienda y urbanismo, como en los Países Bajos, por no referirme a casos como el de Suiza, país en el que las competencias del medio ambiente corresponden al Ministerio del Interior.
Por consiguiente, debido a las dos razones básicas expuestas, hemos llegado --y con esto finalizo-- al acuerdo de todos los grupos políticos para modificar la moción presentada que, a mi juicio, ahora es más acertada, más pragmática y rigurosa, para seguir avanzando hacia la mejora de nuestra administración ambiental en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Alonso.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra su portavoz, el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Mixto está básicamente de acuerdo --y concretamente la coalición de Izquierda Unida-- con la modificación de la moción, y por eso la ha firmado. Pero creo que lo valiente por nuestra parte --y me refiero a lo que represento en esta Cámara-- hubiera sido llegar directamente a la creación de un ministerio de medio ambiente. En diferentes ocasiones, tanto en el Congreso, como en otras instituciones autonómicas, Izquierda Unida ha expresado esta necesidad porque, por mucha voluntad que se pueda tener desde el Ministerio de Obras Públicas --que, hoy por hoy, es el que mayor número de competencias tiene a nivel estatal en materia medio ambiental--, es como poner un zorro a guardar un gallinero. Y así, vemos las continuas denuncias de organizaciones ecologistas sobre las posiciones del Ministerio de Obras Públicas a la hora de acometer muchas obras de infraestructura que, pudiendo ser realizadas de otra forma, por motivos económicos, o de otro tipo, producen grandes impactos medioambientales, tanto en la Comunidad, como en nuestro Estado.
Por tanto, lo mismo que tenemos un Ministerio de Cultura --aunque se discuta si es válido o no--, tendríamos que tener un Ministerio de Medio Ambiente que pudiera, no sólo canalizar sus propias competencias dentro del Estado, sino también las competencias dispersas y afortunadas de las Comunidades Autónomas. Podría poner un ejemplo que ha sucedido más de una vez en la Comunidad Autónoma que represento en el Senado. Podría estar ardiendo un monte y apagarse una parte por el IARA --competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía-- y la otra parte, al pertenecer a Icona, seguiría ardiendo hasta que sus técnicos no pudieran concretar el tema del incendio. Aunque parezca un absurdo y un ridículo es una realidad.
Por tanto, necesitaríamos un Ministerio que fuera capaz de coordinar y legislar una política medioambiental a niveles generales que posteriormente tendría su desarrollo coordinado con las Comunidades Autónomas. En estos momentos uno no entiende cómo en el Estado español no hay una ley de impacto medioambiental y no se sabe cómo se evalúa tal impacto, si en función de los intereses de la Administración o de los de los ciudadanos, que deberían ser comunes pero que, muchas veces, van por diferentes caminos. Creo que haría falta concretar mucho más la figura del delito ecológico en el Código Penal, que parece que se está considerando con mucha timidez y sería un elemento --por lo menos-- disuasorio desde el respeto al medio ambiente. Mi opinión particular --la de Izquierda Unida-- es que la política medioambiental que se está efectuando hasta ahora no es todo lo deseable que debería ser. Creo que algo ha tenido que ver que en la última reunión de Jefes de Estado --en la puesta en marcha del Tratado de Maastricht-- nos hayamos quedado a dos velas con esa tan deseada agencia medioambiental europea. Aparte de otras cosas, algo tendrá que ver --en nuestra opinión-- una política muy desafortunada del Gobierno y de algunas Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, creemos que esta propuesta es un avance positivo y es un paso pero, mi opinión particular --y la de Izquierda Unida-- es que nos hemos quedado

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cortos y que no conseguiremos una coordinación medioambiental hasta que no tengamos un Ministerio de Medio Ambiente --creo que lo tendrá toda la Comunidad Europea-- que sea capaz de legislar y coordinar a la vez cualquier acción que potencie y proteja el medio ambiente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Cuevas.
Tiene la palabra el señor Gangoiti Llaguno.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Presidente, haré uso de la palabra muy brevemente para explicar la postura del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que es de apoyo a la proposición conjunta firmada por todos los Grupos. Somos conscientes de que, en estos momentos, los temas de medio ambiente se encuentran en diversos Ministerios --como se ha citado aquí--; dentro del Ministerio de Agricultura, del de Industria y del propio Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. De todas formas, tal como se ha señalado, también hay que indicar que, de acuerdo con nuestra Constitución y los Estatutos de Autonomía, el tema de medio ambiente es, en muchos casos, competencia de Comunidades Autónomas e, incluso, en nuestro caso --la Comunidad Autónoma Vasca-- hay una transferencia de algunos temas a las diputaciones por parte del propio Gobierno vasco y, en algunos casos, también es competencia de los municipios.
Por tanto, nosotros pensamos que el crear un único organismo en el que se centralice todo, no es lo correcto ni lo oportuno. Apostamos por el hecho de seguir profundizando en una mayor coordinación e integración entre los diversos Ministerios afectados, y de esta forma, creemos que se podrá adoptar una postura más común y una actitud más acorde con los retos que nos plantea, tanto el Acta Unica Europea como el Tratado de Maastricht, en el cual se da un impulso al tema del medio ambiente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, el señor Barbuzano González.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Haré uso de la palabra muy brevemente para decir que creemos --no por tópido es menos cierto-- que la moción es oportuna porque, a nuestro juicio, lo único que hace es revitalizar o traer de nuevo a esta Cámara el problema --ya lo hemos hablado en varias ocasiones-- de la diseminación de competencias de medio ambiente entre Comunidades Autónomas, municipios y el Estado y la falta de engarce que existe entre el tremendo y paulatino reto que está teniendo en el mundo el tema de la conservación del medio ambiente. Ayer comentaba con el Ministro de Obras Públicas que en un país, como es por ejemplo Alemania, con una descentralización política y administrativa, cuando un länder encuentra que se sale de sus posibilidades desarrollar correctamente una competencia que tiene casi exclusiva, se piensa algún tipo --no sé cómo ni qué denominación se le da-- de coordinación, de conjunción o de ejecución de la competencia --no de reversión total--, de forma que sea eficiente y eficaz su plasmación. Esto lo hemos discutido o dialogado claramente en esta Cámara en muchísimas ocasiones. Por tanto, esa enmienda de consenso que hemos firmado todos los Grupos Parlamentarios va en ese sentido, es decir, en seguir profundizando en un tema tan importante; en qué forma puede actuar el interés general del Estado sin que se produzcan resentimientos de reversión de competencias y cosas extrañas, cuando una Comunidad Autónoma no puede desarrollar correctamente sus competencias. Obviamente, apoyaremos la enmienda para que se siga profundizando en ese tema.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Barbuzano.
Tiene la palabra el señor Codina i Castillo.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Tomo la palabra para posicionarme en nombre de mi Grupo y explicar el motivo por el cual se ha llegado a una enmienda de modificación de lo que había sido la propuesta inicial del Grupo Popular. Quiero decirle, señoría --aunque sea testimonial--, que una enmienda que habíamos presentado a su texto original iva dirigida exclusivamente a la temporalidad. (El señor Vicepresidente, Rigol y Roig ocupa la Presidencia.) Nos parecía excesivo pedir que el Gobierno, en un plazo de seis meses, pudiera reconducir la política en materia de medio ambiente.
Era la única parte del texto que deseábamos enmendar. Por lo demás, estábamos --y estamos-- de acuerdo porque no podía ser de otra manera, porque así lo plasmó nuestro programa electoral en las últimas elecciones generales y porque, no en vano, el día 22 de marzo del año 1991 el Parlament de Catalunya creó por ley el Departament de Medi Ambient.
La voluntad del Grupo Catalán en el Senado es que se vayan organizando las materias que queden reservadas al Estado. Eso me interesa que quede muy claro. Aprovecharé esta intervención para mostrar mi desacuerdo con aquellos portavoces que han pedido la creación de un Ministerio de Medio Ambiente.
Mi Coalición, el Grupo Catalán en el Senado, está en desacuerdo con la posible creación de un Ministerio de Medio Ambiente. La mayoría de las Comunidades Autónomas tienen la gestión transferida. Algunas de ellas, además, tienen la capacidad legislativa para hacer todo lo concerniente a medio ambiente, y esto no lo queremos perder. Pero no es menos cierto que una parte de la legislación tiene que residir en el Gobierno central, en lo que es la política general del Estado.
Nuestro voto va a ser favorable para la propuesta de modificación que se ha presentado, lo que ya se ha dicho

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también por parte de todos los grupos. Es una modificación que nosotros suscribimos, pero dejando, insisto, muy claro nuestro punto de vista de que sí es conveniente la concentración en un solo departamento o en una sola dirección o en un solo estamento de las competencias que deben seguir residiendo en el Estado, aunque no de todas. Decimos no a un Ministerio de Medio Ambiente y sí a una concentración de esas otras competencias.
Por tanto, y como no podía ser de otra manera, la firma de esta propuesta conjunta, y que nos satisface que haya sido posible gracias a una primera enmienda del Grupo Catalán en el Senado, ha hecho posible que hoy la Cámara la vote por unanimidad. Esto nos satisface. Aunque pensamos que aún queda mucho por hacer en el campo del medio ambiente, hoy damos un paso más, convencidas todas las fuerzas políticas de que es lo que hoy conviene al Estado.
Señor Presidente, señorías, muchísimas gracias por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ripoll.


El señor RIPOLL SERRANO: Muchas Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular ha suscrito esta enmienda porque piensa que es importante no mantener el texto, sino profundizar, como dice la enmienda, en el camino que quizá nos llevará a la solución final. Lo que nosotros proponemos es un poco el posibilismo que comentaba con anterioridad el portavoz de la Coalición Canaria.
Voy a dar un repaso a las intervenciones de los portavoces. Izquierda Unida, lógicamente, insiste en la creación de un Ministerio. Es algo que llevan reivindicando desde hace mucho tiempo. Nosotros no hemos querido ponerle nombre. Hemos dicho un organismo único. En lo que sí coincidimos es en que quizá la separación de Obras Públicas es necesaria, sobre todo para evitar lo que comenta del zorro y los gallineros. Quizás uno de los problemas mayores del medio ambiente está motivado, y sin querer, por el Ministerio de Obras Públicas.
Con respecto al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero destacar que el organismo que nosotros proponemos es un organismo a nivel de la Administración del Estado. No pretendemos quitar las competencias que corresponden a otros entes, como son las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos.
En cuanto a la Coalición Canaria, coincidimos en el posibilismo y en que lo realmente importante de este momento es que aprobemos todos por unanimidad esta moción, que trata un asunto que no es nuevo, sino que viene de hace mucho tiempo, sobre el que quizás estamos hablando demasiado y haciendo demasiado poco.
En lo referente al Grupo de Convergència i Unió, tengo que decir que no tenemos ningún inconveniente en el cambio de los seis meses. Poner este tiempo ha sido un poco para que la propia moción no quede perdida en el tiempo. Nosotros habíamos pensado aceptar la enmienda inicial de su Grupo, pero al proponerse la enmienda de modificación de todos los Grupos, firmamos ésta.
En cuanto al fondo de lo que es la enmienda de modificación, quiero resaltar los puntos que fijaba nuestra enmienda: en primer lugar, respecto a la temporalidad, que ya he señalado, no nos importa suprimir los seis meses, pero es evidente que si el organismo o Ministerio que tiene que regir estos intereses no actúa, dentro de seis meses haremos otra moción o interpelación o la iniciativa parlamentaria que consideremos conveniente en ese momento.
En segundo lugar, la enmienda de modificación reconoce la dispersión de las competencias. Por tanto, en esto coincidimos con la enmienda de modificación, lo mismo que hicimos en la propia justificación de la enmienda. Lo único que suprime es lo de organismo único, que es algo a lo que nosotros habíamos dado muchas vueltas para buscar el consenso, que al final se ha conseguido, porque si hubiéramos pedido un Ministerio, no hubiéramos coincidido con el Grupo de Convergència, pero sí con Izquierda Unida. Pensamos que no es cuestión de nombre, sino que lo realmente importante son las competencias que tenga ese organismo de la Administración central.
Lo último que pedíamos es que esto no generara ni aumento de funcionarios ni incremento de gasto público. Creo que en eso hemos coincidido todos, por lo que se ha recogido tal cual.
Por tanto, apoyamos la enmienda de modificación, la suscribimos, como lo hemos hecho por escrito con anterioridad, y solicitamos el voto favorable de toda la Cámara- Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Colacios.


El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir en este turno de portavoces muy brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en lo referente al tema concreto de la enmienda de modificación presentada por todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara a la moción número 13, respecto, en líneas generales, a las competencias de la Administración central en materia medioambiental.
En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente a todos los Grupos Parlamentarios en nombre de mi Grupo --a los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, de Senadores Nacionalistas Vascos, al Grupo Catalán y al Popular-- su posición, su tono y su actitud, que yo creo que es positiva, sobre la necesidad de que el Gobierno de la nación siga profundizando en una mayor coordinación o integración de competencias sobre medio ambiente que se encuentran distribuidas en diferentes Ministerios y organismos de la Administración

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central y para que, en su caso, realice las adaptaciones administrativas correspondientes sin que se genere un aumento de funcionarios ni un incremento de gasto público.
En segundo lugar, señoras y señores Senadores, quiero reiterarles el voto positivo del Grupo Parlamentario Socialista, porque el contenido de la enmienda de modificación de la moción, que me imagino que vamos a aprobar por unanimidad, responde con coherencia a la oferta electoral recogida en el programa que el Partido Socialista ha ofrecido a los ciudadanos de impulso democrático y de desarrollo sostenible, en lo que los recursos naturales y el medio ambiente constituyen un signo distintivo de nuestro modelo progresista. Así decíamos y decimos que respecto a la organización de la administración ambiental estamos por mejorarla y reforzarla progresivamente, unificando la gestión de los distintos organismos y también decíamos y decimos que constituiremos un consejo de medio ambiente, integrado por los representantes de organizaciones y agentes sociales interesados en materia medioambiental.
En tercer lugar, y para acabar, el Grupo Parlamentario Socialista se encuentra satisfecho, como otros Grupos han manifestado en esta tribuna y yo personalmente estoy contento, de que avancemos, de verdad, sin prisa y sin pausa, de que todos nos sensibilicemos por los problemas ambientales que vive la sociedad española, desde posiciones que yo denomino de estética medioambiental hacia posiciones de ética medioambiental. En definitiva, estoy contento de que dirijamos nuestras acciones por el camino de un desarrollo sostenible en el contexto ético que recoge nuestra Constitución en su artículo 45, que textualmente dice, en su apartado 2, que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva de todos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Vamos a someter a votación la propuesta de modificación. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 208; en contra, uno; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La propuesta de modificación ha sido aceptada. (El señor Alonso Colacios pide la palabra.) ¿Para qué pide la palabra, Senador Alonso Colacios?

El señor ALONSO COLACIOS: Porque creo que no está suficientemente informada la Cámara de qué hemos votado que, con el permiso de la Presidencia, aclaro que es la enmienda de modificación a la moción número 2 del Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. Así ha sido anunciado en su momento que se sometía a votación la propuesta de modificación de la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO DE LA NACION PARA QUE CON LA MAXIMA URGENCIA REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL A FIN DE QUE TAXATIVAMENTE SE DISPONGA QUE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS QUE PUEDAN SUPONER ACORTAMIENTO DE LA CONDENA Y EL COMPUTO DEL TIEMPO PARA LA LIBERTAD CONDICIONAL, SE REFERIRAN SIEMPRE A LA TOTALIDAD DE LAS PENAS RESPECTIVAMENTE IMPUESTAS EN LAS CORRESPONDIENTES ORGANIZACIONES O GRUPOS TERRORISTAS, ASI COMO POR CUALESQUIERA DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 344 A 344 BIS K) DE DICHO CODIGO.
(662/000018.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir la moción número 26 que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación para que con la máxima urgencia remita a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal a fin de que taxativamente se disponga que los beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se referirán siempre a la totalidad de las penas respectivamente impuestas en las correspondientes sentencias por delitos relacionados con la actividad de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, así como por cualesquiera de los delitos comprendidos en los artículos 344 y 344 bis k) de dicho Código recientemente aprobado.
Procede un turno a favor y un turno en contra por un tiempo no superior a 20 minutos cada uno.
Para el turno a favor, tiene la palabra el Senador Josep Cañellas.


El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, señorías, la moción que en nombre de mi Grupo voy a pasar a defender ante la Cámara no es la primera iniciativa de este tipo que el Grupo Parlamentario Popular presenta, si no ciertamente en esta Cámara, sí al menos en el Congreso de los Diputados y, evidentemente, los Senadores del Grupo Popular asumimos como propias las iniciativas presentadas por nuestros compañeros de la otra Cámara.
Si mis datos no me fallan, siete son, o, por mejor decir, siete han sido en el tiempo las medidas propuestas por nuestro Grupo, no todas ciertamente iguales en su formulación ni, evidentemente, tampoco en sus contenidos. Cuatro adoptaron la forma de proposición de ley, en

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septiembre de 1990, julio de 1991, febrero de 1992 y, recientemente, en julio de este mismo año. Otras dos lo han sido como proposiciones no de ley, en diciembre de 1989 y en julio también de 1993. Finalmente, hubo otra iniciativa algo atípica, cual fue la enmienda que mi Grupo, el Grupo Popular, presentó al artículo 94 del proyecto de ley de Código Penal, que realmente no era una enmienda «per se», sino un intento de atraer hacia ese artículo el contenido del 364 del mismo proyecto. Pero todas ellas han tenido, salvo, naturalmente, las que están pendientes de tramitación, un idéntico resultado, una característica común: ninguna de ellas ha prosperado; unas, porque fueron expresamente rechazadas; otra, porque el Grupo la retiró fiado en la promesa, en la palabra del Ministro del ramo, y otra, concretamente, esa enmienda citada, porque, aun sin ser contradicha, aun sin ser realmente debatida, fue votada en contra conjuntamente con otro cúmulo de enmiendas varias en razón, o sin razón, como sus señorías prefieran, de esa inexplicable prisa, que luego se demostró injustificada, con que se pretendía tramitar el proyecto de ley de Código Penal.
Expuestos sucintamente estos antecedentes de hecho, cabe que algunas de sus señorías se pregunten: ¿Entonces, a qué viene ahora esta moción? ¿A qué viene semejante insistencia si, vistos los precedentes, es predecible, o puede serlo, la suerte que la presente iniciativa pueda correr? Pues bien, señorías, viene a cuento, la estimamos oportuna porque entendemos que hoy en día siguen plenamente vigentes las palabras del Diputado del Grupo Catalán de Convergència i Unió en el Congreso señor Trías de Bes cuando, a una iniciativa del Grupo Popular, decía en representación del suyo: «Es decir, ¿la sociedad española entenderá que rechace esta proposición no de ley, que puede, por supuesto, mejorar técnicamente y que está abierta a cuantas enmiendas quieran presentar los grupos parlamentarios? ¿Entenderá el ciudadano que un condenado por terrorismo o narcotraficante no cumpla la condena que los tribunales le imponen por un sistema de reducción de penas incluido en nuestra ley penitenciaria o en nuestro Código Penal? Viene, señores, a la Cámara esta inquietud con la moción que estoy defendiendo porque es una iniciativa que ha sido recogida en programas electorales en estas últimas elecciones de diversas formaciones políticas, evidentemente de la nuestra, pero no sólo de la nuestra, según he podido constatar. Viene, señorías, a que en definitiva, y a pesar de que les he dicho antes que las propuestas del Grupo Popular habían corrido una única suerte, que era la de no prosperar, ésta ha sido una mera apariencia de «no éxito», porque, en definitiva, el éxito apareció más tarde. Porque en diciembre de 1990, después de la defensa que el Grupo Popular hizo de una proposición de ley sobre la materia que nos ocupa, el entonces Ministro de Justicia, sin esperar a que los demás Grupos de la Cámara fijaran su posición, pidió la palabra para afirmar: Creo que no falto a la verdad al expresar que, a la vista de la intervención del señor Calero y de su proposición de ley, existen coincidencias importantes con la preocupación y la decisión del Gobierno para que terroristas y narcotraficantes cumplan, en su totalidad, las penas que les impongan nuestro tribunales. Y añadía, por si no había quedado claro: Les aseguro por ello, en nombre del Gobierno, que vamos a adoptar las medidas legales necesarias para el cumplimiento, en su totalidad --reitero-- de las penas impuestas por los tribunales a los terroristas componentes de bandas armadas y a los narcotraficantes.
Y, ciertamente, el Ministro del Gobierno, en este tema, cumplió su palabra. Cumplió su palabra porque, aunque no figuraba en el anteproyecto de ley de Código Penal, en el proyecto sí aparecieron dos artículos, los números 94 y 364, a los que ya me he referido, en los que se contenía, precisamente, una regulación específica del cumplimiento de las penas por parte de componentes de bandas terroristas y por parte de componentes de bandas de narcotraficantes; un texto que nos satisfizo, porque ha hecho que la enmienda que presentamos sea más de conclusión que de rechazo; un texto, este de los artículos 94 y 364, que, a través de esta moción, pretendemos que quede incorporado al actual Código Penal, sin esperar a que llegue a las Cortes un proyecto nuevo.
¿Por qué esa razón de no esperar? Por dos motivos. En primer lugar, porque, en cuanto a lo de esperar un nuevo proyecto de Código Penal, ya tenemos una experiencia nada alentadora. Le decía a la Cámara hace un momento que en 1990 el señor Ministro del ramo había prometido incluir las medidas y propuestas de la proposición de ley del Grupo Popular en el proyecto de Código Penal; pero había añadido algo más, que tales medidas «serán articuladas en el Código Penal que el Gobierno se propone presentar a la Cámara el próximo año». Estábamos en diciembre de 1990; el Código Penal llegó al Congreso de los Diputados en septiembre de 1992, prácticamente dos años después de la promesa del señor Ministro, y eso que el señor Múgica, que era a la sazón el Ministro tenía --o al menos parecía tenerla, o al menos decía que tenía-- una urgencia en presentar el nuevo proyecto de Código Penal, de eso que se ha dado en llamar --y él abunda en la denominación-- el Código Penal de la democracia. Pero, aun así, tardó todavía dos años.
De la intervención del actual señor Ministro en esta Cámara, el día 5 de octubre próximo pasado, no se desprende, en absoluto, que el titular de la Cartera tenga alguna previsión en cuanto a la presentación de un Código Penal; no obstante, al día siguiente, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para explicar la política que iba a desarrollar desde su nueva sede ministerial, sí habló de que tenía la intención de presentar un proyecto, que ahora se pretende revisar, con la pretensión, naturalmente, de perfeccionarlo, y, en cuanto a su presentación, no dio plazo, no dio ni siquiera una pista, pues se limitó a decir que lo que quería era presentar un texto que contase con el máximo consenso posible en el ámbito científico y, si pudiera ser, en el político. Ahora, eso sí, se entretuvo, se recreó en hablar de toda una serie de proyectos de ley de una forma mucho más explícita, mucho más clara, mucho más amplia que del proyecto de nuevo Código Penal. Si con una promesa formal, solemne y pública de un Ministro ante

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una Cámara legislativa tardamos dos años en poder ver el proyecto de Código Penal en la pasada legislatura, yo me pregunto qué no tardaremos en ésta. Tendría que decir como en una conocida obra teatral: largo me lo fiáis. Y mi Grupo Parlamentario no quiere esta vez «fiar» en ese largo proyecto que no se sabe cuándo se realizará.
La segunda de las razones para no esperar la posible entrada de un nuevo proyecto de Código Penal estriba en que desde el Grupo Socialista a las iniciativas de la oposición siempre se les oponía que lo lógico, lo normal, lo correcto, lo realmente válido, útil, práctico --busquen los calificativos que sus señorías quieran--, era no ir haciendo pequeñas enmiendas, no ir modificando pequeñas parcelas del Código Penal vigente, sino ir a la reforma global del Código Penal. Eso lo vengo oyendo desde el año 1983 y no lo vi hasta 1992. Era, ya digo, un «ritornello» prácticamente constante, pero en una sola dirección, naturalmente. Esa filosofía se aplicaba solamente a las iniciativas de la oposición; a las del Gobierno, como es natural, no.
Desde la primera reforma urgente y parcial --que más bien se hubiera podido calificar de precipitada-- del Código Penal, en 1983, se ha modificado dicho texto en dieciséis ocasiones: la primera, en 1983; tres, en 1984; tres, en 1985; tres, en 1987; tres, en 1988, y tres en lo que queda de 1988 a 1992. Parece que el 3 es un número mágico, pues yo siempre había oído hablar del 7 y el 8, pero aquí el 3 tiene una preponderancia definitiva. Pero lo más significativo, lo más paradigmático, es que la última reforma, precisamente referida a tráfico de drogas, la de la Ley Orgánica 8/1992, se aprobó el 23 de diciembre de ese año, es decir, en una fecha en que el texto del proyecto de nuevo Código Penal estaba de «texto presente» en el Congreso, y aun así no hubo óbice para modificar el anterior.
De manera que, amparados en estos antecedentes, mi Grupo trae hoy la iniciativa que estoy defendiendo. Hemos abandonado la figura de proposición de ley para limitarnos a una moción en la que se insta al Gobierno a que remita un proyecto de ley --que lo haga el Gobierno-- que recoja las medidas que expresamente contiene el texto de nuestra iniciativa; porque otra de las objeciones que se opusieron reiteradamente a nuestras iniciativas era que las proposiciones de ley estaban mal construidas, que situábamos en la parte general del Código lo que debería haberse llevado a la parte especial, al articulado específico de los delitos en cuestión. Pues bien, nada que afecte a la forma se contiene en esta moción que hoy defiendo; lo que estamos defendiendo es el fondo, es la esencia de la moción lo que nos interesa. Insértela el Gobierno en la parte del Código que estime más conveniente; hágalo aunque sea de una forma tan salomónica como la del proyecto de ley periclitado de Código Penal, que incluía lo relativo a terroristas en la parte general y lo relativo a los narcotraficantes en la parte especial, y así «tutti contenti».
Finalmente, quiero destacar --porque algún Grupo Parlamentario nos lo reprochó ante nuestras proposiciones de ley-- que no se trata de excluir a ningún penado, a ningún condenado de los beneficios que la ley le concede. No; se trata únicamente de establecer la fórmula en la que estos beneficios han de estimarse o computarse, y tratándose de beneficios, es decir, de excepciones a la regla general, entendemos que el legislador, las Cámaras legislativas, están perfectamente legitimadas para establecer las condiciones en que se puede tener acceso a estos beneficios y disfrutar de ellos.
También en esta materia hay precedentes. Por ir al más claro, al que los profesionales tenemos siempre en mente, el beneficio de la justicia gratuita, que no se concede a todo el mundo. No todo justiciable, por el hecho de serlo, tiene derecho al beneficio; lo tiene el justiciable que reúne unos requisitos determinados, muy estrictos, con lo cual se veda el acceso a ella a bastante parte de la población, sobre todo si, como últimamente se está haciendo, hay un control estricto de esas condiciones, que se tienen que declarar antes para gozar de este beneficio.
Para finalizar, señor Presidente, mi Grupo somete a la Cámara una propuesta que entendemos puede ser y será asumida por todas las fuerzas políticas que en ella tienen representación por una sencilla razón: los artículos 94 y 364 del proyecto de ley de Código Penal, a los que reiteradamente he hecho referencia, no fueron objetivo de ninguna enmienda de supresión, ni de otro tipo, que desvirtuara o limitara su contenido por parte de aquellos Grupos que conformaban una mayoría más cualificada en el Congreso de los Diputados. Hoy mi Grupo le pide al Senado que apruebe una iniciativa que trata de que se inserten en el Código Penal vigente unos principios que fueron objeto de ese consenso generalizado, que el actual y los anteriores Ministros de Justicia han deseado en todo momento para un nuevo Código penal. Y en esta confianza, señorías, solicitamos el voto favorable de la Cámara.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Josep Cañellas.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Arévalo Santiago.


El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el hecho terrorista es, tiene que ser, algo más que una circunstancia agravante. Los delitos de terrorismo producen desasosiego y pánico, mucho más que el crimen aislado. Los delitos de narcotráfico producen una repulsa social singular; son acosos indiscriminados a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes, donde los autores, sin ningún escrúpulo, sólo buscando su provecho económico, matan o ponen en peligro muchas vidas y mucha paz. Hago este preámbulo para oponerme a la moción presentada por el Grupo Popular y en cuya defensa el Senador que lo ha hecho se ha limitado a aspectos exteriores y no al fondo de la cuestión.
Nosotros sí que acusamos y sí que condenamos con ahínco los comportamientos delictivos en estos casos, en el terrorismo y en el narcotráfico, como hacemos con los

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demás, algunos de los cuales también producen indignación pública.
El tratamiento penal de estas conductas tiene que estar rodeado de objetividad, de racionalidad, de eficacia y hasta de frialdad. No son buenos consejeros ni los entusiasmos publicitarios ni la segura y fácil aceptación, el aplauso y el elogio. La importancia de las iniciativas del tratamiento de estos casos tiene que prescindir de todo lo que no sea muy meditado y muy serio.
Cuando se producen hechos terroristas o sonados episodios de narcotráfico, o también otros actos violentos de indudable repercusión social --violaciones, asesinatos, etcétera--, se alteran muchos ánimos y se gritan peticiones de altas condenas. En todo momento el espíritu del legislador y el del juez tienen que superar esas situaciones concretas, y tiene razón el Grupo Popular cuando dice que éstas, las que están contenidas en su moción, son formas de criminalidad excepcionalmente graves, que son modos delictivos externos, y siendo como son de especial consideración estos delitos, nuestras leyes en vigor así lo han considerado. La de 26 de diciembre de 1984, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución, agrava la punibilidad de estas acciones, artículo 3, y tipifica como delito todas las actuaciones dirigidas a favorecer o realizar el terrorismo. También presta atención a la graduación individual de la pena, atenuándolas en el desistimiento, con propósito de reinserción social del arrepentido, que también forma parte de la lucha antiterrorista.
En materia de tráfico de drogas se agravan las penas en la reforma del Código Penal de 1992 y también --lo recordarán ustedes muy bien porque es reciente-- las iniciativas sobre el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, discutidas en la anterior legislatura y también iniciada su discusión en ésta.
La moción presentada pretende una modificación parcial del Código Penal para que los beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en esta clase de delitos.
Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se han extraído del proyecto del Código Penal que se presentó en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura dos artículos, el 94 y el 364, resultando imposible desgajarlos del conjunto del proyecto, como voy a demostrarle a continuación.
El objetivo de esos artículos del proyecto era evitar el cómputo de la libertad condicional sobre la penalidad resultante de la aplicación de las reglas de la acumulación jurídica en el concurso real de infracciones. La moción no se da cuenta que, de prosperar, se incorporarían esos cambios al Código Penal vigente, y digo que no se da cuenta en el texto, aunque sí que lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ya que hace referencia, por ejemplo, a la actividad de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. Eso es lo que decía el proyecto del Código Penal en los artículos 66, 521.1, 530, 531, 532 y 535.1, pero no es lo que dice el Código Penal vigente, donde se incorporarían estos preceptos, que se refiere a las actividades de bandas armadas o de elementos terroristas o rebeldes, que no es exactamente igual. Y así se dice en los artículos 10.15, 57.a), 57.bis b), 174.3, 174 bis a) y 174 bis b).
Otro error de la moción al citar los artículos 344 a 344 bis k) del Código Penal: en estos artículos, no en todos, existe tipificación de delito, por tanto, la modificación a la que se refiere --porque los cita expresamente la moción-- sería imposible.
Otros problemas. Siendo imposible, como le vengo diciendo, la reforma parcial del Código Penal en este punto, le pregunto también cómo se aplicaría existiendo como existe la redención de penas por el trabajo, artículo 100, que se suprimía en el proyecto de Código Penal; asimismo, cómo se aplicaría el principio establecido en el Código vigente, artículo 84 en relación con el 70.2, que también fueron modificados en el proyecto, y cómo se aplicaría, en fin, el sistema progresivo mantenido en la Ley General Penitenciaria, porque ustedes no hacen ninguna referencia a la Ley General Penitenciaria.
En aquel proyecto de Código Penal, el que inició su debate en la pasada legislatura, se aplica un nuevo sistema de penas, basado en el principio de adecuar el período de cumplimiento efectivo de condena al fijado en la sentencia, pero reduciendo de modo general la duración de las penas; la pena máxima de privación de libertad se reducía en aquel proyecto a 20 años frente a los 30 actuales. De aplicarse las medidas que pretenden con el vigente Código, en materia de terrorismo y de tráfico de drogas, se produciría un efecto distinto del pretendido, ya que los límites jugarían sobre las actuales cuantía de las penas.
Hay que recordar también que el proyecto de Código Penal aumentaba la pena en grado, llegando al máximo en los delitos cometidos por miembros de bandas armadas y organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo permitía a los tribunales ser benevolentes con aquellos delincuentes terroristas que se arrepintieran, se entregaren, facilitaren la solución que eviten situaciones de peligro, daños, o facilitaren la captura de otros responsables, beneficios que pueden llegar a la total remisión de la pena, salvo si concurren delitos contra la vida o la integridad de las personas; esto es del proyecto de Código Penal que se empezó a debatir en la pasada legislatura.
Es, por tanto, imposible encajar lo pretendido con la moción en el Código vigente. Y merece la pena algún comentario sobre la eficacia de la suspensión de todos los beneficios penitenciarios y la supresión del sistema de individualización científica en el cumplimiento de la pena.
Es evidente que el principio de igualdad y la orientación de la pena a la reinserción social, no sólo es discriminación, sino que el interés de la sociedad está en recuperar la normalidad. Y es cierto que el principio de igualdad no impide el trato desigual; es cierto; y que diversidad no es siempre discriminación, de modo que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio

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de proporcionalidad. Pero no cabe duda que, aplicadas las medidas propuestas en la moción, sin reformar todo lo que se refiere a penas en el Código Penal, se quiebra el principio de igualdad; y no digamos cuando la moción se refiere tan ampliamente al tráfico de drogas, incluyendo conductas individualizadas y actividades de menos importancia de las que, en el fondo, intenta la moción.
A nuestro juicio, la iniciativa del Grupo Popular es inoportuna en el fondo, es imposible de aplicar con el actual Código Penal --con el vigente, no con el proyecto en el que han basado toda la moción-- y, aún más, si llegara a aprobarse, se conseguirían efectos que, seguro, no pretende la moción. Porque la moción, en el fondo, está bien intencionada, pero está equivocada de arriba abajo.
La eficacia y la ejemplaridad coinciden con la razón, que puede ser o no espectacular: decir que se supriman todos los beneficios penitenciarios, decir que se haga un cumplimiento íntegro de las penas, queda muy bien, pero todo eso hay que aplicarlo, primero, a la realidad social, después, a la realidad jurídica, y adecuar unas cosas con las otras y poder dar paso a textos que sean eficaces y que consigan el cumplimiento de la pena efectivamente.
Tenemos que esperar a la discusión del Código Penal; el Ministro lo ha anunciado. Hubo un proyecto de Código Penal --ese mismo, mejorado--, que probablemente será presentado próximamente a las Cámaras. Ese será el momento de discutir eso, porque será técnicamente posible incorporar estas iniciativas, pero hoy no lo es. Ese será el momento en que podamos discutir si conviene o no esa iniciativa, si estaban bien los artículos 94 y 364 del proyecto anterior y debatiremos todo lo que convenga sobre el cumplimiento de las penas. Precisamente cuando se trate de delitos de terrorismo y de narcotráfico, que son comportamientos excepcionalmente graves, que son modos delictivos extremos, tendremos que tratarlos como lo que son, pero en ese momento y con esa eficacia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Corresponde ahora un turno de portavoces. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente .
Hace pocos días tuvimos en esta Cámara un debate, como consecuencia de una interpelación presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el que el Ministro de Justicia dejó un estado de satisfacción interesante en este Senador. En la medida en que avanza el tiempo y uno va conociendo datos, el estado de satisfacción sigue, pero ya menos, y no tanto por la voluntad expresada por el Ministro de Justicia --voluntad que le honra y que además creo que es sincera--, sino por el recorte presupuestario que a la Justicia el señor Solbes le ha efectuado. Por tanto, es muy difícil casar voluntades políticas cuando no coinciden los objetivos de un Ministerio con el entramado económico.
Izquierda Unida no cree que el tema de fondo de esta moción, al igual que hemos planteado en otras ocasiones, se solucione haciendo un Código Penal a salto de mata. Cuando se plantea un problema, acudimos al Código Penal e intentamos, con muy buena voluntad, reformar algún artículo, y cuando tenemos otro problema, queremos volver a reformar el Código Penal que, por cierto, contiene elementos predemocráticos. Izquierda Unida estima que la solución definitiva a estos problemas --y ahí puedo coincidir con el Portavoz del Partido Socialista-- ha de ser un Código Penal, el Código Penal de la democracia. Pero no podemos seguir profundizando, porque de tanto profundizar y profundizar, al final nos podemos ver enterrados en una injusticia; por tanto, yo creo que una labor importante sería avanzar en el Código Penal y contemplar todos estos problemas.
Esta Cámara, al igual que el Congreso de los Diputados, ha tenido ejemplos. Hemos estado reformando algunos elementos de la Justicia, y luego hemos visto que se han mostrado ineficaces y, además, en muchos casos han violentado los derechos de los ciudadanos. El propio Ministro, en la interpelación, lo llegaba a reconocer. Por consiguiente, yo creo que no por mucho correr se llega antes a la meta, aunque es cierto --y también tengo que reconocerlo-- que existe una sensibilidad importante en la sociedad y en los grupos políticos por los temas del narcotráfico, el terrorismo y por otros delitos que serían --aunque de otra índole-- equiparables a ambos fenómenos, como decía el Portavoz del Grupo Socialista.
Ahora bien, también digo que no seríamos muy consecuentes si continuamente estuviéramos legislando, tanto el Ejecutivo como el Congreso y el Senado, en base a sensaciones de la calle o en base a encuestas; yo siempre he criticado esto y, por tanto, aun reconociendo esa sensibilidad que todos los Grupos Políticos y la sociedad civil tienen en estos temas, pienso que el elemento fundamental de la Justicia es que, de una vez para siempre, el Gobierno --e invito al Grupo que apoya al Gobierno, que lógicamente tiene mucha más influencia que yo, a que le anime-- traiga a debate ese Código Penal, que fue fruto de un consenso importante, y profundicemos en ello. Yo estimo que la idea que persigue la moción se puede ajustar a esas sensibilidades, pero creo que la labor del legislador, aun estando de acuerdo con las sensibilidades, debe ir, por lo menos, completando el otro camino.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el Senador Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar debo manifestar que nuestro Grupo comparte la preocupación que siente el Grupo Parlamentario Popular, y que, en general, siente la sociedad sobre la perpetración de determinados delitos por bandas de terroristas y por organizaciones dedicadas al

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tráfico de drogas. Pero también debemos señalar qué medidas de política criminal, consistentes en el establecimiento de tratamientos penitenciarios diferenciados --y aquí radica la cuestión--, deben ser tomadas en consideración con la necesaria cautela y siempre a la luz de los principios y normas establecidos por la Constitución; uno de los cuales, como bien saben, es la búsqueda de la reintegración social del delincuente. No en vano, la reinserción social es una meta que ha ido ganando terreno en el campo de los legisladores y de los constituyentes, en la medida en que también ha ganado terreno la dignidad de las personas. Pero esta búsqueda de la dignidad de las personas, como digo, no sólo es un anhelo del legislador, sino que también es una aspiración sentida por la sociedad. Hoy día no hay que olvidar que también esta sociedad, y nosotros, dentro de ella, cuestionamos la idoneidad de la prisión para lograr que quien ha pasado por ella se reintegre a la vida social cumpliendo la ley penal.
Por otro lado, tampoco es obviable que una parte de la responsabilidad de que la prisión actúe como factor criminógeno se debe atribuir a la escasa aplicación de los beneficios penitenciarios, los cuales, como todos sabemos, en cierta medida, permiten paliar los efectos antisociales del encierro en las cárceles. Por consiguiente, la inserción social del penado exige de la Administración una actividad de apoyo a éste, que permita superar los obstáculos que dificultan su acceso a la vida social, normal y ordinaria. Y, además, este acceso debe ser en condiciones de igualdad con otros presos. No debemos establecer discriminaciones apriorísticas. Sería tanto como incumplir el artículo 14 de la Constitución: establecer un auténtico principio discriminatorio, significando negativamente --y hago hincapié en este adverbio «negativamente»-- a dos colectivos de reclusos: a los que cometen delitos de terrorismo y a los que cometen delitos de narcotráfico.
A este respecto, yo quiero razonar, señor Cañellas, con usted, que si ceñimos precisamente el objeto de su moción a dos tipos concretos de delito no daríamos --por lo menos, a mi modesto entender-- amplia satisfacción a determinadas demandas sociales que se postulan para otros delitos tan execrables como pueden ser éstos, y pongo por ejemplo la violación --y en este sentido se han recolectado más de dos millones de firmas, como consecuencia de una iniciativa popular-- e, incluso, tampoco se daría satisfacción a otras demandas sociales, como pueden ser las relativas a otros delitos, como el tráfico de órganos humanos o la trata de blancas. Es decir, concretamente estamos señalando a dos colectivos de autores de delitos, cuando creo que podríamos señalar a más, y que, por tanto, el objeto de la discusión no debe tratarse con el apresuramiento con el que usted propone ahora esta moción.
Entendemos que, jurídicamente, no es de recibo este planteamiento.
Pensamos que, además, el artículo 1.º de la Ley Orgánica General Penitenciaria --que, como muy bien ha dicho el señor Arévalo, se han olvidado ustedes de mencionar su contenido, siquiera sea de pasada-- también obliga a velar por la reinserción social de los delincuentes. Y, por tanto, insisto, jurídicamente, no creemos que sea adecuada la moción que ustedes plantean. Nos recuerda, eso sí, un triste derecho medieval, propio de determinados países bárbaros, que se conocía como el derecho de escarmiento. También esta moción nos trae un triste recuerdo porque se reproduce con un carácter cíclico cuando se producen determinados acontecimientos desdichados y violentos que todos tenemos en la mente, y es que, como usted muy bien ha señalado, señor Cañellas, es por lo menos la quinta vez que se presenta una proposición o moción de este tipo en el seno de las Cortes Generales, y, señorías, a mi modesto entender, si queremos reducir la influencia de la violencia, no debemos hacer uso partidista, precisamente, de los actos violentos.
Tampoco es oportuna la moción, que ustedes ahora presentan, desde una perspectiva puramente temporal. Confiamos en que tengamos oportunidad de debatir ampliamente cuestiones como las que ahora se plantean, cuando aquí se traiga el denominado Código Penal de la democracia, e instamos, respetuosa, pero firmemente, al Gobierno y al partido que lo sustenta a que, de una vez por todas, presente para su tramitación en las Cámaras la nueva reforma del Código Penal.
Frente a este razonamiento, yo sé que usted, señor Cañellas, y su Grupo pueden plantearnos la incongruencia del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que hace poco presentaron una proposición de ley de protección a denunciantes, testigos y peritos, y que ustedes apoyaron, y nosotros, por supuesto, agradecemos en lo que vale ese gesto, pero es que se trataba de una legislación especial, de una legislación específica, de una ley ordinaria y no de una ley orgánica. Se trataba, además, de un texto completo y acabado, y no de una moción.
Finalmente, y frente a cualquier tipo de malentendido, nuestro Grupo quiere hacer constar que nuestra actitud de voto contrario, que ya anuncio, a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, no supone, en modo alguno, debilidad frente al terrorismo, ni frente al narcotráfico. Nuestro Grupo es beligerante y contrario a la violencia y al delito, venga de donde venga. Así lo demuestra nuestra trayectoria política y parlamentaria. Basta remitirnos al ejemplo que anteriormente he expuesto.
Entendemos que éste es uno de los temas que debe tratarse desde la unidad de las fuerzas políticas democráticas, con el necesario consenso, y, en este sentido, emplazamos a esta Cámara a que así se haga. Nosotros mantendremos posiciones fuertes, enérgicas, frente a todo este tipo de delitos, y, desde luego, estamos abiertos a llegar a cualquier tipo de acuerdo que se nos plantee, bajo estas bases de luchar enérgicamente, como digo, contra la delincuencia, venga de donde venga.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por parte del Grupo Canario, tiene la palabra el señor Travieso.


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El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria se va a abstener en la votación de esta moción porque estamos de acuerdo en que la regulación actual de los beneficios penitenciarios y de la libertad condicional no es acorde con el sentir social respecto a determinados delitos. Y eso hay que modificarlo, mejorando la legislación y adaptándola a los tiempos que corren. Compartimos algunos aspectos concretos del contenido de la moción, pero nos parece inoportuna en el tiempo y que una problemática como ésta no se puede tratar de la manera que se pretende.
En primer lugar, el Ministro se ha comprometido públicamente a presentar a trámite parlamentario el proyecto de nuevo Código Penal a principios del año que viene. Y no estamos en las mismas condiciones que hace dos años, porque ya hay un trabajo previo, y no pensamos que se vaya a seguir dilatando su presentación. ¿Para qué vamos a pedir ahora al Gobierno que modifique parcialmente una ley, que pronto va a modificar en su totalidad? No estamos en contra de que el Código Penal se pueda ir ajustando a las necesidades concretas de cada tiempo, por medio de sucesivas y continuas modificaciones parciales, pero en este caso estamos hablando de medidas que afectan a la reinserción social, que no olvidemos que están consagradas en el artículo 25.2 de la Constitución, como objetivo último de las penas privativas de libertad, y las modificaciones en esta materia no se entienden sin un tratamiento unitario de conjunto.
Yo me pregunto: ¿por qué solicitar el endurecimiento de estos beneficios sólo para estas dos clases de delitos? ¿Por qué no solicitarlo también para los delitos de violación --como decía el portavoz del PNV-- o, incluso, para el delito continuado de estafa, donde se engaña a un gran número de personas y se amasan considerables fortunas, delito que produce una gran alarma social y que muchas veces se hace consciente de las consecuencias, que se echan las cuentas y compensa: dos años en Carabanchel y 30 ó 40 en el Caribe o en Brasil? Las medidas que tienden a la reinserción hay que modificarlas en conjunto, estudiando bien cada tipo y haciendo una comparación integral de todos ellos, pero teniendo siempre claro que las penas tienen que ir orientadas a la reinserción, en todo caso. No podemos retroceder en los avances progresistas de la legislación. Nosotros, sin más, pensamos que hay que utilizar el trámite de la modificación del Código Penal, y ahí, si queremos, podemos modificar de arriba abajo todas las medidas y beneficios que tienden a la reinserción social.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso Darias.
Por parte del Grupo Catalán, tiene la palabra el Senador don Manuel Ibarz.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con la mayor brevedad, al solo efecto de fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario.
El Código Penal vigente arranca de un texto del año 1944, que, a su vez, tenía su eje conductor en el texto del año 1932. El texto refundido de 1973 ha servido de base durante veinte años a las dieciséis reformas a que ha hecho mención el Senador Cañellas.
Bueno es constatar que el texto original respondía a una serie de sensibilidades y a una realidad social propia de su tiempo. Las cosas, en el transcurso de los años, han cambiado. Prueba de ello es que ya en la anterior legislatura --y se ha recordado aquí-- se presentó ante el Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de Código Penal. Este proyecto, que decayó, fue asumido en parte por el Ministro de Justicia en la comparecencia que hizo ante esta misma Cámara el día 5 de octubre pasado y reiteró al día siguiente ante el Congreso de los Diputados.
Según sus palabras, según su compromiso, al inicio del próximo período de sesiones, tendremos ante el Congreso de los Diputados un nuevo texto de Código Penal.
A la vez, debo reconocer que las mismas palabras del Ministro confirmaron la voluntad del Grupo que sustenta al Gobierno de hacer en paralelo el análisis o la reforma de la legislación penitenciaria, elemento que creemos sustancial para dar virtualidad a las eventuales reformas del Código Penal que afecten al cumplimiento de las condenas.
En este sentido, y para dotar al nuevo texto de la mayor eficacia, que recordaba el Senador Arévalo, pienso que es oportuno demorar el debate de las medidas propuestas por el Grupo Popular al momento parlamentario del debate del nuevo texto. Por esto, debo anunciar que el Grupo al que represento votará en contra de la moción, a la espera del nuevo Código, que esperamos, según el compromiso del Ministro, que sea presentado de forma inminente, y, como muy tarde, al empezar el próximo período de sesiones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. Senador Ibarz.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Cañellas.


El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Con carácter previo, yo diría, casi como un título preliminar, si no al Código, a las intervenciones de los distintos portavoces: «Quousque tandem?» ¿Hasta cuándo vamos a esperar el Código Penal? Senador Ibarz, si usted en la comparecencia del señor Ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados encuentra la frase esa de que a principios de año está, no ya un 10, le pongo a usted un 20. Pero me lo he repasado de cabo a rabo, y no está. Hay el proyecto, el propósito, la intención, de, con un consenso muy general, traer un proyecto de ley de Código Penal modificado.
Sé lo que costó el consenso en las legislaturas pasadas, con tres Ministros diferentes, para llegar a tener un Código

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Penal. Por eso repito: «quousque tandem?» ¿Demorar hasta ese Código, Senador Ibarz? Me parece muy bien, pero no es la postura que ha adoptado, por lo menos, en el Congreso, que es el que mejor conozco, el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Yo les he leído a ustedes unas palabras textuales del «Diario de Sesiones». Les voy a leer otras, las últimas que pronunció José María Trías de Bes: «La segunda razón, por coherencia con nuestra propia posición, puesto que tantas veces como ha venido este proyecto aquí, haya sido en forma de proposición no de ley o de proposición de ley, nuestro Grupo Parlamentario, incluso sugiriendo algún tipo de modificación que ha sido recogida por el Grupo proponente, ha votado afirmativamente, y, por tanto, no podemos tampoco votar en contra o de otra manera.» Demoren, demoren, Senador Ibarz; si el señor Presidente me lo permite, «¿què vols que le digui?», ¿qué quiere que le diga? Es su postura. Luego, explíquensela ustedes a ustedes mismos y a su programa electoral, el 15.5.1.
Sí, ciertamente, lo refieren a un nuevo Código Penal, pero, lo repito, esperen. Iba a hacer un chiste, pero lo dejo.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo de Coalición Canaria, le digo lo mismo. ¿Dónde ha dicho el señor Ministro que vamos a tener ya un Código Penal? No lo ha dicho, ni lo dirá. Es más, le puedo repetir que lleva una intención de demora, desde el momento en que sí, que ha anunciado ya que iba a sacar del contexto del texto del Código Penal determinados delitos en los que no va a poder tener ese consenso. Y no se los digo. El primero empieza por «a», la primera letra del abecedario; de modo que consenso, no sé cuándo lo tendremos; a principios de año, me temo que no.
Senador Sanz: las imágenes son las imágenes, y a veces resulta que rebotan en contra de uno. No me hable su señoría de imágenes de la Edad Media. ¿O es que un señor que declara con una capucha, al estilo inquisitorial, es una imagen de modernidad o de futuro? Yo le digo que declarar un testigo con una capucha es volver a los tiempos de la Inquisición. Imagen por imagen.
Reinserción, búsqueda de la dignidad. Ese es el discurso que ya esperaba de sus señorías, porque ése es el discurso que han tenido siempre en todas nuestras proposiciones. Ese es el discurso, y, en definitiva, las enmiendas que tenían ustedes al artículo 364 y al 94. Y no me digan que no valen, para mantener condiciones de igualdad, situaciones apriorísticas: las eximentes, las atenuantes, las agravantes; son situaciones apriorísticas, en las que se dice: al señor que esté en esta situación, no se le va a tratar como a aquel señor que no está en esta situación. Eso es, en definitiva, lo que pedimos; que al señor que esté en una situación, se le compute de una forma la concesión del beneficio y el disfrute de ese beneficio; que ha dicho que no, que lo habíamos hecho en alguna propuesta anterior: excluirlos. No; no excluimos a nadie. Lo que fijamos son las reglas del cómputo, como se fijan las reglas del cómputo en la declaración de la renta: a este señor se le aplica esta tabla, y a este señor se le aplica la otra, porque este señor está en una situación totalmente diferente, absolutamente distinta a la del otro señor.
Apresuramiento, Senador Sanz: ¿le llama su señoría apresuramiento a que instemos al Gobierno, sin plazo, a que nos mande un proyecto de reforma del Código Penal actual, que va a ir al Congreso, que se va a discutir en el Congreso, que va a venir luego al Senado, y que, posiblemente, volverá al Congreso? ¿A eso su señoría le llama apresuramiento? No sé qué noción tienen en el País Vasco de lo que es una cosa dilatada en el tiempo, porque, si eso es apresuramiento, no me cabe en la cabeza.
Senador Cuevas: le digo lo mismo, y perdóneme que sea muy breve con su señoría, porque ya lo he dicho a los demás. Su señoría sigue fiándolo todo a la presentación del nuevo Código. Nosotros no podemos, no queremos, por lo menos: tendremos, si la Cámara nos obliga, que esperar o buscar otras iniciativas u otras alternativas.
Senador Arévalo, lo del hecho terrorista y ese discurso con que ha iniciado su intervención, que está en la moción, es, evidentemente, una constatación de hechos. No le iba a repetir en mi discurso, desde la tribuna, algo que está en la mentalidad de todos. El hecho es el hecho.
La calificación y las consecuencias de la calificación es lo necesario.
Me dice su señoría que la moción es de imposible cumplimiento, por parte del Gobierno. Porque no hemos hecho una proposición de ley; la moción sólo insta al Gobierno. No le hemos puesto cauce, ni le hemos puesto márgenes, ni le hemos puesto límites. Hágalo, le he dicho; hágalo como quiera, incluso con esta disquisición, un poco esquizofrénica, de poner, como estaba en el proyecto del Código Penal, el tema del terrorismo en la parte general, y el de los narcotraficantes en la parte especial. Nos da lo mismo; lo que le pedimos al Gobierno es que lo haga, y que lo haga en la forma que estime más conveniente; que traiga el proyecto, y luego discutiremos y veremos si es posible o no, y no apriorísticamente decir que es imposible. Esa es la postura que denunciaba yo del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Las proposiciones de ley estaban mal construidas, pero no las admitían a trámite para reformarlas; y como estaban mal construidas y sólo se trataba de toma en consideración, no las admitían.
Ahora me dice su señoría que la proposición está bien intencionada, pero equivocada. Pues, señoría, le voy a decir que de buenas intenciones --dice el refrán-- está el camino del infierno empedrado. Ustedes siempre encuentran la buena intención, pero la mala disposición.
¿Que no hablamos de la Ley penitenciaria? No, si no hablamos más que de los delitos; las conexiones a la Ley penitenciaria --creo que también algún otro Grupo lo ha tratado-- que las haga el Gobierno, si considera que tiene que hacerlas; que las haga el Gobierno; ni hemos hablado de condenas. ¿Que hay que adecuar las penas? Pues que se adecuen; tampoco tenemos ningún inconveniente ni objeción que oponer a que, a propósito de que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Gobierno, con motivo de esta reforma del Código Penal, nos traiga una reforma penológica.


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No tenemos nada que objetar. Si lo que queremos es una reforma, vamos por partes, puesto que no podemos, desde un Grupo Parlamentario, hacerle un Código Penal al Gobierno, o puede que sí, todo es cuestión de planteárselo, Senador Arévalo. A lo mejor, en el Grupo Popular nos decidimos y lo hacemos, que tampoco es tan difícil, que ya hay precedentes, que hay trabajos de la Comisión General de Codificación. No me diga que el Gobierno, con todos los medios de que dispone, únicamente con el pie forzado de una moción que le insta a traer un proyecto de ley, no es capaz de hacerlo. No lo entiendo.
Le agradezco realmente todas sus consideraciones de carácter general, que no vienen a cuento con la moción, que son, desde luego, jurídicamente correctas, sobre el principio de igualdad, y que la igualdad «summum ius, summa iniuria» no quiere decir igualdad en todos los casos; eso es lo que había dicho yo, eso es lo que sostenemos desde el Grupo, eso es lo que he dicho contestando al Senador Sanz, que lo que no pretendemos es que todos los condenados sean iguales, porque no lo son. Y contestando a una pregunta que ha flotado en el ambiente sobre por qué no se extienden a otros colectivos las peticiones del Grupo Popular, en cuanto a terroristas y a narcotraficantes, pues tráiganlas también, y a lo mejor resulta que no nos oponemos. Nosotros hemos cogido una parcela que estaba en nuestro programa electoral, y a ella nos dirigimos, pero puede que si nos decidimos a ampliar el tema del beneficio, o incluso el de las condenas, a otros colectivos, se encuentren ustedes --con lo aparente, porque son juicios de intenciones lo que sus señorías han hecho-- con que el Grupo Popular está más que dispuesto a apoyar determinadas posiciones que otros Grupos --de palabra sí, pero de facto no-- no se atreven a traer a la Cámara.
Por eso, insisto, no se trata de que el Grupo Popular le haya dicho al Gobierno cómo lo tiene que hacer, como hemos hecho en las ocasiones en que hemos presentado una proposición de ley, sino que le pedimos, le instamos, le decimos que nos la traiga, y si nos gusta, se la aceptaremos, se la aprobaremos, se la aplaudiremos y, encima, le daremos la enhorabuena.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Josep Cañellas.
Antes de dar la palabra al Grupo Socialista, quisiera informar a la Cámara, y para uso de sus señorías, de que probablemente el último punto del Orden del día será relativamente breve y lo haríamos a continuación de esta moción. Lo digo para que sepamos a qué atenernos todos.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, me complace coincidir con todos los Grupos de la Cámara y con las palabras que han pronunciado los señores Cuevas, Sanz, Travieso e Ibarz, en cuanto a la oportunidad de discutir esta materia en el proyecto de Código Penal que será presentado a las Cámaras próximamente: Código Penal, que, por otra parte, si la legislatura no hubiera concluido el 12 de abril de 1993, estaría hoy en vigor. Los retrasos no se producen más que por esa causa, y, por tanto, la presentación de un nuevo proyecto de Código Penal está anunciado por el Ministro de Justicia, y será próxima.
No entiendo por qué no ha aprovechado su turno el representante del Grupo Popular para razonar en contra de los motivos que yo he expuesto en cuanto a la imposibilidad de encajar esta reforma con el actual sistema de penas, puesto que ése era el fondo de mi argumentación. Estando de acuerdo en las consideraciones que hace sobre estos delitos, no lo podemos estar en cuanto a que en el sistema de penas el Código Penal vigente pudieran incluirse los procedimientos previstos en el proyecto de Código Penal que ha decaído. Por tanto, al no haberme contestado a eso, es por lo que pongo también en duda esa oferta del Grupo Popular de ser ellos los que hagan el Código Penal, porque, si utilizan la misma técnica jurídica que en esta moción, arreglados estábamos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Sometemos, pues, a votación el texto de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 98; en contra, 127; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda, por tanto, rechazado el texto de la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, MEDIANTE LA QUE SE INSTA LA CREACION DE UNA PONENCIA EN EL SENO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y PESCA, PARA QUE ELABORE UN INFORME QUE SIRVA AL GOBIERNO COMO BASE PARA RESOLVER LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL EN EL SECTOR AGRARIO. (662/000016.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Socialista, mediante la cual se insta la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca para que elabore un informe que sirva al Gobierno como base para resolver la situación actual del sistema de Previsión Social en el sector agrario.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Arguilé.


El señor ARGUILE LAGUARTA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la verdad es que el señor Presidente me ha cogido «in fraganti», porque pensaba

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que esta Moción la íbamos a tratar después de comer, como así me lo había anunciado el Presidente de la Cámara, señor Laborda, pero ahora me han dicho que había que intervenir. Los papeles los tengo arriba en el despacho, de manera que voy a ser breve.
Señorías, la Moción que se trae aquí no tiene más objeto que proponer la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca para abordar un asunto muy complejo y muy importante como es el de resolver de manera global el problema ancestral del Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria. Nosotros entendíamos que debíamos abordarlo de forma global y en profundidad en una ponencia de estudio, porque, naturalmente, este Régimen Especial ha venido teniendo muchos problemas a lo largo de su vida y de su implantación.
Creo que fue en el año 1966 cuando se creó la cotización por jornadas teóricas. En 1979 se modifica el sistema y se combina una cotización por jornadas teóricas con una cotización por jornadas reales. Intentaba, entonces, la Administración de UCD modificar el sistema de cotización, implantando las jornadas reales y eliminando las jornadas teóricas, pero en la situación actual conviven ambos sistemas de cotización, el de cotización por jornadas teóricas y el de cotización por jornadas reales.
Para modificar este sistema, no sólo el de cotización, siempre ha habido reticencia por parte de las Administraciones que en diferentes momentos les ha tocado gestionar la cosa pública, sean de un signo político o de otro, así como un miedo al déficit que arroja el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Han intentado que ese déficit no aumentase, implantando otros medios como el de la cotización por jornadas reales, pero, naturalmente, no ha dado el resultado apetecido. También encontramos reticencias en la parte empresarial ya que, naturalmente, la parte empresarial del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social se beneficia de ese sistema, en relación con los empresarios del Sistema del Régimen General de la Seguridad Social, porque los empresarios del Régimen Agrario cotizan por jornadas reales y no por cotización directa, como sucede en el Régimen General y, por tanto, salen beneficiados.
También se benefician todos aquellos trabajadores autónomos que se acogen al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social porque tienen una cotización baja pero no así los trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el sistema que son los grandes perjudicados de dicho Régimen Especial.
Cuando al contratar a un trabajador se le dice que se le va a encuadrar en el Régimen Especial Agrario no le gusta nada y si puede buscar otro trabajo en el que le encuadren en el Régimen General, de ahí mi reflexión en cuanto a por qué hemos de cargar, a veces justificándolo de mala manera, una mala situación hipotética de la agricultura, haciéndole recaer sobre los trabajadores por cuenta ajena. Nos parece más correcto que esa carencia la soporten o bien los empresarios, o bien las Administraciones Públicas, pero que no vaya en detrimento del trabajador por cuenta ajena.
Otra de las cuestiones que argumento es que para pertenecer al Régimen Especial de la Seguridad Social como trabajador autónomo es preciso no rebasar 50.000 pesetas de líquido imponible. Por tanto, aquel agricultor que tiene 51.000 pesetas de líquido imponible está automáticamente encuadrado en el régimen de autónomos. La diferencia en la cotización mensual es de diez pesetas --yo creo que es importante--, pero, además de esa cotización, que es mayor que la del Régimen Especial Agrario, tiene que cotizar por jornadas teóricas, con lo cual nos encontramos con que los trabajadores autónomos del Régimen Agrario de la Seguridad Social están cotizando, en muchos de los casos, por encima de los niveles que cotiza un empresario por un trabajador en la rama general. Por consiguiente, también es una incongruencia en la que debemos tratar de llegar a un acuerdo.
Además, otro aspecto que resaltaría es que cada vez que en esta Cámara o en la otra tratamos de los valores catastrales para modificar los impuestos sobre fincas rústicas, nos encontramos siempre con que está tan relacionada esa situación con el pertenecer o no al Régimen Especial de la Seguridad Social que tenemos que tomar medidas que complican más el sistema; así vemos cómo en 1982, en la última época de UCD, mediante un texto refundido de dos leyes, se revalorizaban los valores catastrales.
Nosotros lo pusimos en marcha en 1983 y, automáticamente, en febrero y en marzo de ese año hubo que sacar sendas órdenes ministeriales del Ministerio de Trabajo para que todos los agricultores que pertenecían hasta ese momento al Régimen Especial Agrario, aunque superasen las 50.000 pesetas de líquido imponible, no fueran expulsados del sistema por rebasar esa cantidad con la revalorización de los valores catastrales.
No hace muchas fechas, creo que fue en 1991, aplicamos la Ley de Haciendas Locales, y aquí en el Senado tuvimos que modificar el artículo 70 de la Ley de Presupuestos para que no sobrepasaran los agricultores las 50.000 pesetas de líquido imponible --lo que supuso una repercusión directa en menores ingresos para los ayuntamientos-- y no fueran expulsados del Régimen Especial Agrario. Por tanto, también es una incongruencia que cada vez que tocamos el sistema impositivo esté fuertemente relacionado con la pertenencia, o no, al Régimen Especial de la Seguridad Social.
Señorías, ya no les voy a cansar más. Yo creo que son suficientes las razones para entender que este problema es muy complejo, que no se debería tratar parcialmente más, que estamos haciendo, en cierta manera, bastantes mejoras pero que no arreglan de forma global un sistema que cada día resulta más complejo por este tipo de normativas.
Por tanto, el Grupo Socialista ha creído oportuno proponer la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca para que, de manera acelerada, trabaje en este asunto que les propongo, y lleguemos a conclusiones y recomendaciones que hagan que el Gobierno trate este problema de manera global. La Comisión de Agricultura y Pesca tiene suficiente experiencia en este tipo de cuestiones para intentar el consenso de

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todas las fuerzas políticas en problema tan acuciante y tan grave.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas, al que sugiero, como a los restantes intervinientes, que sea breve.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Sugerencia aceptada.
Sólo deseo decir que el Grupo Mixto va a apoyar la creación de esta ponencia y que, a pesar de que se nos ha prometido rapidez, ya conocemos el trabajo de las ponencias, algunos de los cuales se pueden eternizar.
En cualquier caso, yo creo que el problema de fondo es que la Seguridad Social parece como una clínica dietética (Risas.), que mantiene diferentes regímenes y, al final, ni Dios sabe a qué atenerse. No estoy en la Comisión de Agricultura, pero me atrevo a insinuar aquí que uno de los elementos fundamentales, tanto en el régimen de agricultura como en otros sectores, sería que empezáramos a unificar criterios, porque entiendo que las prestaciones a los trabajadores, ya sean del campo, del mar o de la construcción, deberían ir aproximándose progresivamente, y no tener las diferencias que existen.
En cualquier caso me alegro, puesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la de Extremadura, los trabajadores se verán afectados favorablemente por cualquier conclusión positiva --no me cabe duda de que lo será-- que esta Comisión saque adelante.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo deseo intervenir para manifestar la postura de nuestro Grupo a favor de la creación de esta ponencia en el seno de esa Comisión de Agricultura.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Catalán, tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.


El señor FERRER I PROFITOS: Gracias.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió apoyará la creación de esta ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura para poder estudiar en profundidad un problema tan complejo como es el de la modificación del sistema especial de la Seguridad Social Agraria.
Aunque sea con brevedad, señor Presidente, deseo decir que la complejidad viene de un sistema desequilibrado desde el punto de vista de su financiación. Señorías, yo sólo les daré tres datos para ver este desequilibrio económico.
El Régimen Especial Agrario recauda 180.000 millones de pesetas, gasta un billón y medio en prestaciones, y las cuotas relacionadas con las prestaciones sólo representan un 12 por ciento. Yo creo que la iniciativa del Grupo Socialista de crear esta ponencia es un gran acierto, sobre todo para que cuando salga el anteproyecto de ley, que en la otra legislatura ya estaba camino de las Cortes Generales, pueda perfeccionarse como consecuencia del estudio realizado en profundidad dentro del seno de la Comisión.
Esta es la metodología de trabajo en nuestro Grupo de Convergència i Unió. El día 5 de octubre, cuando se debatió la iniciativa --creo que fue del Grupo Popular-- de modificación de la financiación del sistema, el portavoz de nuestro Grupo ya dijo aquel día en el Congreso, refiriéndose al Régimen General de la Seguridad Social, que también habíamos presentado una iniciativa igual que, en vez de consistir en crear una ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura, se hiciera en la Comisión de Presupuestos para así examinar todo el sistema complejo del Régimen General.
Para terminar, señor Presidente, sólo quiero decir al portavoz del Grupo Socialista que este estudio tiene que hacerse en profundidad y con mucho cuidado, señor Arguilé. No se puede trasvasar este déficit de financiación a lo que podríamos llamar, aunque sea eufemísticamente, empresarios agrarios, porque esto sería el derrumbe de la mayor parte de las explotaciones. La consideración de empresario en el sector agrario es muy endeble. Estoy de acuerdo, y además yo creo que la sociedad lo sabe, en tener la solidaridad suficiente para que esto se traspase a los otros regímenes o a las administraciones. Creo que este estudio servirá para esto: para dar derechos en prestaciones a los trabajadores agrícolas que puedan compararse progresivamente con los de los otros regímenes y, sobre todo, para no cometer un error que, queriendo arreglar un mal, lo estropee; o sea, hacer un equilibrio entre prestaciones y financiación, pero nunca cargando más, como decía el Presidente de la Comisión de Agricultura, el socialista Josep Bau, las cuotas a lo que podríamos llamar empresarios agrarios porque, en la situación actual y en la situación que se ve venir, no sería soportable para ello.
Nosotros apoyaremos, señor Presidente, la creación de esta ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer i Profitós.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su señoría.


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El señor CACHARRO PARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo fijar nuestra posición ante esta propuesta que entendemos que podía haber sido tratada perfectamente en la Comisión, en la que se pueden constituir las ponencias que se quieran para llevar a cabo estudios.
Deseo también anunciar desde ahora nuestra posición favorable a que se constituya esta ponencia, que se elaboren los estudios, que se dé un tratamiento y una solución global al problema. Pero también quisiéramos exponer nuestro deseo de que la constitución de esta ponencia no sirva como instrumento para retardar el cumplimiento por parte del Gobierno, reiterado recientemente todavía en esta Cámara, de suprimir la cotización por jornadas teóricas del Régimen Agrario de la Seguridad Social.
El sector agrario se encuentra en una situación muy delicada --coincido con esto con la intervención del Senador anterior-- y necesita ayuda, necesita estímulo, porque está endeudándose, se están reduciendo sus rentas, está envejeciendo y está desapareciendo la población.
Desde este buen deseo de que el estudio va a servir para mejorar y dar una solución adecuada, damos nuestra conformidad a la constitución de la ponencia.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra su señoría.


El señor GALINDO SANTANA: Señor Presidente, señorías, necesito aunque sólo sea un minuto, porque esto tiene para nosotros una importancia vital.
El Grupo Socialista nos presenta hoy en esta Cámara una moción muy interesante y muy importante. Importante, porque afecta a un sector social, como es la agricultura, que yo diría que es bastante amplio. Sus señorías compartirán conmigo el que, entre otras cosas, la esencia de un pueblo, la esencia de un país está dentro del contexto de su agricultura, pues de ella depende su propia libertad y su propia autonomía. Pero sus señorías van a ver cómo voy a tener parte de razón... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por favor, Senador, espere un momento.


El señor GALINDO SANTANA: Yo comprendo que estén nerviosos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, por favor.
Pido silencio a los señores Senadores.
Muchas gracias.


El señor GALINDO SANTANA: Gracias.
En el Pleno pasado se presentó una moción del Grupo Popular sobre la importancia y la necesidad que tiene el que, de alguna forma, se homogeneíce o se organice todo lo que es el Régimen General de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos y por cuenta propia y esto también afecta a esos trabajadores. Por tanto, señorías, nosotros, evidentemente, vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista respecto de la agricultura.
Quisiera dejar algo claro en esta Cámara, y no quiero resultar ofensivo.
Señor Ruiz-Gallardón, hay algo que quiero dejar tremendamente claro y espero que no se enfade ni usted ni su Grupo, al que su señoría tan digna y honradamente representa. En aquel momento en el que el Partido Popular presentó la mencionada moción, yo voté a su favor y sólo quería introducir un elemento importante. Este Senador que le habla, que viene de una cultura, de una esencia, de una educación profundamente marxista, entiende que esos elementos son importantes porque, sin lugar a dudas, eso beneficia al conjunto general de la sociedad, y por eso mismo también vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador proponente.


El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todos los grupos el apoyo que han prestado a esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. No quiero abrir aquí el debate, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque tiempo habrá dentro de la ponencia para profundizar en la solución de este asunto tan importante y para despejar todas las reticencias que pueda haber respecto de la posición del Gobierno en este asunto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el texto de la moción. Si les pareciera bien a los grupos podríamos aprobarla por asentimiento. (Pausa.) Así se entiende. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las quince horas y cinco minutos.

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