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Congreso de los Diputados

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DS. Senado, Pleno, núm. 12, de 17/11/1993
 


Año 1993 V Legislatura Núm. 12

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 17 de noviembre de 1993

ORDEN DEL DIA:

Delegación de Competencia Legislativa:

--En la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el Proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 4, de fecha 15 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
621/000004) (número de expediente C. D. 121/000001).


Lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley de Impuestos Especiales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 1, de fecha 3 de noviembre de 1993) (número de expediente S. 621/000001) (número de expediente C. D.
121/000007).


--Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a la Ley de Impuestos Especiales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 2, de fecha 3 de noviembre de 1993) (número de expediente S. 621/000002) (número de expediente C. D. 121/000008).


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Conocimiento por el Pleno de tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 1, de fecha 29 de octubre de 1993) (número de expediente S. 610/000001) (número de expediente C. D. 110/000003).


--Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y tres Protocolos anejos. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 2, de fecha 4 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
610/000002) (número de expediente C. D. 110/000002).


--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 3, de fecha 4 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
610/000003) (número de expediente C. D. 110/000011).


--Dictamen de la Comisión de incompatibilidades (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de fecha 15 de noviembre de 1993) (número de expediente S. 542/000026).


Petición de creación de comisiones especiales:

--Comisión Especial de encuesta y estudio sobre la incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española y sobre las posibilidades de la televisión como refuerzo y desarrollo educativo y cultural. (Primer firmante: don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez) (número de expediente 650/000002).


Mociones:

--Del Grupo Parlamentario Popular por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación para que aumente el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D) hasta alcanzar el objetivo del 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2000 y favorezca el desarrollo de la investigación en las empresas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993) (número de expediente 662/000006).


--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que regule la publicidad con mensajes sanitarios (número de expediente 662/000019).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos.


Delegación de Competencia Legislativa Plena (Página 412).


En la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el Proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (Página 412).


Se autoriza dicha delegación por asentimiento de la Cámara.


Lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Página 412).


Proyecto de ley de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 412).


Página 411


No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de ley.


Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (Página 412).


No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de ley.


Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados (Página 413).


Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 413).


El señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga) presenta el Acuerdo a la Cámara. No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ramírez Pery, por el Grupo Popular, y González Laxe, por el Grupo Socialista.


Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y tres Protocolos anejos. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 421).


No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 421).


No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Dictamen de la Comisión de incompatibilidades (Página 421).


El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No habiendo hecho uso del turno de portavoces, se aprueba por asentimiento.


Petición de creación de Comisiones Especiales (Página 423).


Comisión especial de encuesta y estudio sobre la incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española y sobre las posibilidades de la televisión como refuerzo y desarrollo educativo y cultural. (Primer firmante: don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez) (Página 423).


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Agramunt Font de Mora, por el Grupo Popular, y la señora Camps i Cervera, por el Grupo Socialista.


Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la Cámara.


Mociones (Página 426).


Del Grupo Parlamentario Popular por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación para que aumente el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D) hasta alcanzar el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2000 y favorezca el desarrollo de la investigación en las empresas (Página 426).


El señor Presidente comunica a la Cámara que ha sido presentada una propuesta de modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.


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El señor Ripoll Serrano defiende la moción originaria.
No se hace uso del turno de defensa del texto que contiene la propuesta de modificación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.


Se aprueba el texto de la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que regule la publicidad con mensajes sanitarios (Página 432).


El señor Presidente anuncia a la Cámara que ha sido presentada una propuesta de modificación a esta moción suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. El señor Bertrán i Soler defiende la moción originaria.
El señor Borderas Gaztambide defiende la propuesta de modificación. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Martínez Soriano, por el Grupo Popular.


Se aprueba el texto de la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


--DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA EN LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA TRAMITAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES (S. 621/000004) (C. D. 121/000001).


El señor PRESIDENTE: Ruego una breve atención, porque quiero solicitar de la Cámara, de conformidad con lo que ayer fue estudiado en la Junta de Portavoces y, posteriormente, acordado en la Mesa para proponerlo al Pleno, que éste autorice la delegación de competencia legislativa en la Comisión de Economía y Hacienda, para tramitar el proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Este proyecto se ha publicado en los boletines correspondientes con fecha 15 de noviembre del año 1993.
Entiendo que la Cámara autoriza dicha delegación por asentimiento.
Muchas gracias.
Por tanto, queda delegada en la Comisión de Economía y Hacienda, la competencia legislativa plena para tramitar el proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Muchas gracias, señorías.


--LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (S. 621/000001) (C. D. 121/000007).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, el proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. Este proyecto se publicó en los boletines correspondientes con fecha 3 de noviembre de 1993.
Informo a la Cámara que no se presentaron propuestas de veto. Por tanto, de acuerdo con los artículos 120 y 129 del Reglamento, procede, en principio, un debate de totalidad con turnos a favor y en contra. ¿Algún Senador o Grupo Parlamentario va a hacer uso de los turnos? (Pausa.) Pasamos, por tanto, al turno de portavoces. (Pausa.) No hay intervenciones y, por tanto, vamos a someterlo a votación, que puede entenderse por asentimiento de la Cámara. ¿Hay alguna objeción a esta propuesta? (Pausa.) No hay ninguna objeción, por lo que se aprueba por asentimiento y, por tanto, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.
Muchas gracias.


--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (S. 621/000002) (C. D: 121/000008).


El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, pasamos al proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico

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entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. También se publicó con fecha 3 de noviembre de 1993 en los boletines correspondientes. No hubo enmiendas de veto presentadas en el plazo que al respecto se abrió. Procede iniciar el debate, de acuerdo con los turnos anteriormente previstos. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) No se solicita ningún turno a favor ni en contra, por lo que pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) No hay intervención de ningún Grupo Parlamentario, por lo que solicito el criterio de la Cámara acerca de si puede entenderse aprobado por asentimiento dicho proyecto. (Pausa.) Se declara aprobado por asentimiento, por tanto, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.
Muchas gracias.


--CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000001) (C. D. 110/000003).


El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Este Acuerdo se tramita por el procedimiento de urgencia y se publicó en los boletines correspondientes, con fecha 29 de octubre de 1993.
Comunico a la Cámara que no se presentaron propuestas en relación con este Acuerdo dentro del plazo abierto al respecto. Por tanto, este Acuerdo fue incluido directamente en el orden del día del Pleno de la Cámara.
Tiene la palabra el Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Con la máxima brevedad, tomo la palabra para poner en el marco que corresponde al Acuerdo que sus señorías van a votar esta mañana. Como sus señorías saben es un convenio internacional que configura el espacio económico, seguramente, más importante que en este momento existe.
Esperamos que durante el día de hoy se vote en el Parlamento de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Méjico y Estados Unidos, que quizá sea un espacio un poquito mayor que éste. En cualquier caso, damos un salto de gran importancia en la construcción de un gran espacio económico en el ámbito europeo.
La historia de este Acuerdo la conocen sus señorías. Fue un Acuerdo que se alcanzó el 2 de mayo de 1992 entre la Comunidad Europea y los doce países de la EFTA. Posteriormente, tras el referéndum de Suiza, hubo que volverlo a renegociar al votar los ciudadanos suizos su no deseo de participar en él y, finalmente, con ese Acuerdo Adicional o Protocolo de Adaptación, vuelve hoy a esta Cámara para su ratificación.
El Acuerdo, señorías, es muy importante. Les decía que es el más amplio suscrito por la Comunidad Europea con terceros países. Abarca casi dos tercios del acervo comunitario, de todo el acervo comunitario que existe en este momento, y prácticamente casi la totalidad del programa del mercado interior. Por tanto, es la construcción de un espacio de libre comercio, como les decía, el más alto que en este momento existe en el mundo: 380 millones de ciudadanos, de consumidores van a beneficiarse de él. Por consiguiente, también va a ser una instancia intermedia previa a la plena integración de un buen número de los países de EFTA a la Comunidad Europea de ayer, a la Unión Europea de hoy, tras la ratificación del Tratado de Maastricht.
Sus señorías se pueden preguntar cuáles son las modificaciones que este Acuerdo ha tenido tras su renegociación y tras el referéndum de Suiza. Se han mantenido, fundamentalmente, los mismos extremos que contenía y se ha conseguido que lo que para España era significativo, importante, es decir, la presencia del Fondo de Cohesión asumido por los países de EFTA, se mantenga, prácticamente, en su totalidad. Otro aspecto que tiene que ver con la situación de Suiza es que en este momento se está negociando bilateralmente con dicho país y creo poder anunciar a sus señorías que en fechas muy próximas se dará satisfacción a los problemas que España había planteado en esta renegociación.
¿Cuáles son, a nuestro juicio, señorías, las ventajas de este Acuerdo para nuestro país? Sin duda alguna, va a ser un Acuerdo que estimule el crecimiento económico general al abrir este espacio europeo, como les decía, a 380 millones de ciudadanos. Prácticamente existe ya un libre comercio industrial con estos países, pero las nuevas ventajas de tipo arancelario se concentran, fundamentalmente, en el agrícola, que representará, aproximadamente, el 25 por ciento de nuestras exportaciones a la zona. Este Acuerdo también supone la suspensión de obstáculos previos a alguna de nuestras exportaciones que tenían dificultades para llegar a estos países. La libre circulación de capitales de esos países con España, sin duda alguna, facilitará las inversiones

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en nuestro país, y de esa manera también se generará un estímulo desde el punto de vista económico.
Nos dará también, desde el punto de vista de la pesca, cuotas adicionales en caladeros de Islandia y Noruega, que lo repartiremos, fundamentalmente, con Portugal, en unas proporciones que estamos negociando en este momento, una parte de ellas fueron tratadas cuando hablamos de los fondos de cohesión, y crea un mecanismo financiero de cinco años para la reducción de disparidades regionales, financiado por los países EFTA, es decir, por los países que se incorporan y administrado por el Banco Europeo de inversión.
Como saben sus señorías, España, que prácticamente tiene la totalidad de su territorio en el objetivo 1 de La Comunidad Europea para las ayudas estructurales, tendrá la posibilidad de acceso a estas cuestiones.
Yo creo, señorías, que este Tratado llega a la Cámara en un momento oportuno, en el adecuado, en tanto en cuanto el Tratado de la Unión ya ha sido ratificado por todos los países, ya está en vigor y, por tanto, este Tratado de Espacio Económico Europeo llega en el momento que todos deseábamos que llegara. Sé que algunos grupos parlamentarios tenían dificultades para su ratificación en tanto en cuanto no estuviera ratificado el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión. Este trámite se ha terminado. La Unión Europea es una realidad desde el punto de vista jurídico formal y, por consiguiente, no debe haber ningún problema, ninguna preocupación para la ratificación por parte de España de este Espacio Económico Europeo.
Con ello, señorías, y en nombre del Gobierno, solicito el voto afirmativo de lo que creo que es una decisión buena para España, buena para su economía y, por tanto, buena para sus ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Procede abrir el debate de totalidad, con los correspondientes turnos a favor y en contra. (Pausa.) Si no es así, pasamos directamente al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el Senador Bolinaga, en representación de su grupo.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, partiendo de una valoración positiva, aunque no sin preocupaciones, con la que el Grupo Nacionalista Vasco conceptúa el Acuerdo que hoy atrae la atención de esta Cámara, debemos destacar que los elementos básicos y las razones en que se sustenta el espacio Económico Europeo, perfectamente expuestas hace un momento por el señor ministro, introducen, sin duda alguna, la lógica del Acuerdo. Dicho de otro modo, han hecho que se imponga la necesidad de crear entre la Unión Europa y los países de la EFTA unas fórmulas idóneamente concertadas para aprovechar con la máxima plenitud las ventajas y potencialidades de un mercado tan impresionante, sustentándolo sobre las bases de un contrato equilibrado al mismo tiempo que exigente.
Al extenderse el mercado interior comunitario en función de sus conocidos componentes de libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales a los países de la ALC, que, dicho sea de paso, ostenta un mayor equilibrio y cohesión entre ellos que los de la Comunidad, se genera un nuevo marco esperanzador que pueda permitir estrechar entre unos y otros no sólo lazos económicos, que ya de por sí son muy importantes, sino también lazos políticos y sociales, generándose, por consiguiente, una fructuosa dinámica de entendimiento mutuo y mejor comprensión de los valores propios de cada país. Por lo menos, es ésta la primera valoración que mi Grupo quiere dar al Acuerdo, dimensionándolo más allá de su importante contenido económico.
Nos encontramos, por tanto, ante un Acuerdo de enorme trascendencia política y económica, que supera el concepto tradicional de zona de libre cambio, sin llegar a constituir una unión aduanera, y se nos muestra, inclusive, como un elemento de racionalidad que ha de jugar un papel sustancial en el impulso y desarrollo mismo del país, a condición de que seamos capaces de aminorar nuestra secular distancia con respecto a otros países situados en el grupo de cabeza y si sabemos activar los resortes necesarios y medios de acción eficaces para alcanzar una presencia digna en el Espacio Económico Europeo. En ese espacio donde unos y otros cada vez podremos imponer menos nuestros criterios particulares y donde no podemos pedir que los demás se adapten a nosotros o a nuestras inercias, toda vez que estamos comprometidos en un campo de trabajo nada estático y sí dinámico, en el que van a imperar los ratios de competitividad y donde no es posible jugar al sálvese quien pueda.
Y es aquí donde surgen nuestras preocupaciones, sin menoscabo de la confianza en nuestro propio futuro y en la bondad que puede generarnos el Espacio Económico Europeo, que, como digo, se concrete en un acuerdo bueno para el país, conveniente y necesario y que, además, es fruto, cómo no, de la madurez y de la comprensión. Incluso nos atrevemos a decir que este Acuerdo es calificable como un elemento de estabilidad para lo mucho que aún nos resta hasta resolver con dignidad nuestra adaptación definitiva a los países cimeros del espacio económico europeo, que sin duda se nos han de mostrar cada vez más exigentes con respecto al nivel competitivo de nuestra economía productiva y de la calidad/precio de nuestros productos puestos en el mercado. Un mercado, por supuesto, en el que no es posible especular con los fallos de los demás, dada la exigencia acordada de unas reglas comunes de obligado cumplimiento y concernientes al origen y calidad de los productos.


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Siendo así, nuestro Grupo considera que se está, tal vez, a falta de ofrecer las debidas expectativas por carecer de una dirección política clave, que en las actuales circunstancias tan sólo podrá surgir de un Gobierno fuerte sustentado en coalición o por acuerdos estables y serios para una política de colaboración sincera que propicie la adopción de compromisos mutuos entre todos los niveles institucionales y que defina la política económica industrial y empresarial del sector público.
Por tanto, el gran reto de nuestra adaptación a los niveles exigibles de competitividad se ha de constituir como la gran operación de Estado que a todos, sin excepción, ha de interesar, puesto que a su través nos dilucidamos prácticamente todo nuestro ser o no ser dentro del Espacio Económico Europeo. Y no habiendo una receta válida, se impone un cambio de actitudes, principalmente por parte del Gobierno, sobre el concepto empresa y el comportamiento económico-social en referencia tanto a la productividad del capital y del trabajo como a su justa distribución, tanto en la prima por el riesgo a largo plazo asumido por el empresario como a la participación de los trabajadores en las decisiones que afectan al futuro de las empresas en pro del desarrollo sostenido a medio y largo plazo.
En consecuencia, es preciso reorientar nuestra política económica y soltar inercias del pasado haciendo uso de un sentido práctico y de un consenso responsable que debieran encontrar un primer punto de contacto y solución en los Presupuestos Generales del Estado para 1994, dirimiéndolos con ideas claras y sin perjuicio preestablecidos.
La ocasión se nos presentará próximamente en este Senado, y a ella emplazamos al Partido gobernante y a la responsabilidad compartida de cuantos componemos el arco parlamentario, tras marginar nuestras conveniencias partidistas y conscientes de que quien más puede ceder es el que más tiene para ceder.
Señorías, necesitamos del diálogo económico. Para todo ello tendremos que actuar con coraje y a partir de una primera exigencia fundamental, que no es otra que la de nuestra propia concienciación en profundidad y la de demostrar nuestra capacidad de crear entre nuestros conciudadanos una conciencia colectiva de que todos, sin excepción, nos encontramos en la hora de los grandes esfuerzos colectivos que siempre son previos a la recompensa final. Esfuerzos colectivos de los que nosotros, Gobierno y partidos políticos, debemos ser no sólo el elemento impulsor, sino el ejemplo a seguir por los demás, ya que son tiempos de tenacidad en el esfuerzo. No en vano nos encontramos en un campo de trabajo más amplio, en un campo de más competencias y de más protagonistas, en un campo, finalmente, de más exigencias para nosotros y en el que terminarán por imponerse la seriedad y el trabajo dedicados a la mejora de la competitividad y a la economía productiva, que siempre, no lo olvidemos, habrán de tener como motivación y punto de mira el bienestar de todos nuestros conciudadanos.
Es hora ya, señorías, de eliminar la división y la confrontación por el mero hecho de mantenerlas. Incidamos sin complejos en lo que es capaz de unirnos, y no en lo que nos separa, pues éstos son tiempos de emergencia y el pueblo nos reclama respuestas claras y prácticas y una orientación leal. Este es el reto sustancial para nuestra integración efectiva y consecuente en el Espacio Económico Europeo, que por sí solo no puede asegurarnos las tres funciones de la política a seguir: primera, la búsqueda de una mayor estabilidad, lucha contra la inflación y contra los desequilibrios exteriores; segunda, la asignación óptima de recursos que se beneficie del efecto de la dimensión y el estímulo de la innovación y la competitividad, investigación y avances técnicos; tercera, la distribución equilibrada de la riqueza, que también es función de cada partícipe en el Espacio Común Europeo. Sin estos pilares básicos no nos será posible superar el reto de la adaptación. La cuota es cara, pero no hay otra posibilidad.
La puesta en aplicación de estas medidas deberán ser preferentemente fruto del acuerdo político y del diálogo social entre todos aquellos elementos capaces de crear conducta social, política y económica, teniendo como imperativo el desarrollo solidario. Las posiciones de mejora tenemos que ganarlas nosotros mismos abordando de frente los problemas de fondo de la economía y no sus efectos. Hay que implantar innovaciones financieras indispensables para la investigación y el desarrollo y no debemos parar hasta conseguir efectos de competencia para productos menos caros y de mejor calidad, sin obviar medida alguna contra el paro, para la inserción profesional de los jóvenes, la formación profesional permanente y el desarrollo del mundo rural y pesquero como elementos primordiales.
Y termino, señor Presidente. Este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y a tenor de cuanto en él es constatable, nos inspira la confianza de que la integración económica creada para el gran mercado puede procurar grandes beneficios al país. Pero al mismo tiempo, repito, nos hace ser conscientes de que el progreso no puede venir regalado y nos hace dudar sobre la capacidad orientadora del Gobierno en la actualidad.
Partiendo desde un punto de vista objetivo y constructivo, el Partido Nacionalista Vasco, europeísta convencido desde siempre, da su más firme apoyo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre el axioma de que el mismo no podrá ser próspero si llega a realizarse carente de armonización o incapaz de conciliar el ideal con la necesidad. Y necesidades, tal como el alivio de nuestra ingente tasa de paro laboral, hay muchas. Un paro horroroso que, si no hay capacidad para encararlo y reducirlo de modo estable y notable,

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quedará cantado el fracaso del Espacio Económico Europeo y de la propia Unión Europea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, viene de nuevo a esta Cámara y por primera vez a Pleno el Acuerdo referente al Espacio Económico Europeo, tramitado por el procedimiento de urgencia.
Quisiéramos brevemente dejar fijada nuestra posición ante este Acuerdo que prácticamente significa, a nuestro juicio, una ampliación, digamos, «sui generis» de la Comunidad Europea. Significa, igualmente, una integración por pasos --importantes pasos, como veremos-- de países europeos como Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza; países europeos que han comprendido que hay que avanzar en la construcción de una Europa unida donde es posible superar viejos recelos étnicos, rencillas territoriales, y no dirimir los conflictos mediante el empleo de las armas y, como reza el primer convencimiento del acuerdo, aportar esfuerzos en la construcción de una Europa basada en la paz, la democracia y los derechos humanos.
Este acuerdo entre la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA) y las Comunidades Europeas, comienza a eliminar las casi últimas barreras de incomprensión que se generaron allá por los años de la década de los cincuenta, cuando avanzaba a pasos agigantados la creación de las Comunidades Europeas como consecuencia del Tratado de Roma. Algunos países, cuando eso sucedía, tomaron la decisión de separarse de ese proceso. Hoy día, aun cuando hayan pasado algunos años de la culminación primaria de ese proceso iniciado con el Tratado de Roma de 1957, se reconoce por casi todos la errónea valoración negativa que hicieron en su día.
Gran Bretaña, cuyos fervores europeos, entre comillas, hay que poner permanentemente en entredicho --opinamos-- abandera la creación de esta Asociación de Libre Comercio, de la EFTA, que, como objetivo fundamental, trataba de la creación de una zona de libre cambio industrial, es decir, la supresión de derechos arancelarios, restricciones cuantitativas, protección fiscal y la armonización de los obstáculos técnicos y administrativos en esa zona, amén de otras políticas, digamos, que de menor cuantía. Esta iniciativa del Reino Unido consiguió dividir a Europa en tres zonas: la zona de Libre Cambio o EFTA, la Comunidad Europea y otros países fuera de ellas. Esta Asociación Europea de Libre Cambio se distinguió por su no pretensión de integración y por su pragmatismo, pero la EFTA seguía sin satisfacer los deseos de sus países miembros. Sus problemas para conciliar políticas económicas comunes, desarmes arancelarios, desarrollo armónico de la agricultura y sus celosos programas nacionales en la pesca, sólo hicieron posible una corriente industrial en doble sentido: Gran Bretaña-Países Escandinavos y Países Escandinavos-Gran Bretaña. A esta situación se le unió, en 1973, la salida de Gran Bretaña y Dinamarca, que se integraron en las Comunidades Europeas.
Los avances, evidentes, de esta zona de Libre Cambio hasta la mitad de la década de los setenta, que incluso resistían hasta esa época los embates de las Comunidades Europeas, comienzan a debilitarse paulatinamente ante la pujanza de la Comunidad Europea de los Doce. No creemos necesario recordar que el actual acuerdo que hoy repasamos es fruto de un lento acercamiento, pero seguro, de las Comunidades Europeas hacia los países de la EFTA que se nos alcanza, en lo que hemos podido estudiar, que comienza allá por los años setenta, y porque estos países habían llegado a la conclusión de que sus intereses nacionales estarían mejor defendidos dentro de las Comunidades Europeas que en esa Asociación de Libre Comercio.
Si estudiamos detenidamente la parte primera del acuerdo suscrito observaremos que, prácticamente, este acuerdo es una semiintegración, como la aceptación, por ejemplo, de la parte de las libertades básicas de Roma: personas, mercancías, servicios, capitales, de la competencia, la cooperación estrecha en Investigación y Desarrollo, en el Medio Ambiente, en la Educación, la política social, etcétera, es decir, la interaceptación de las partes de los acervos comunitarios, de las disposiciones que ambos han hecho, de normas jurídicas derivadas del Derecho derivado, etcétera.
Esto nos permite opinar, como deducción de nuestro estudio, que es una especial, entre comillas, ampliación de la Comunidad Europea, insisto, al menos en nuestra opinión. La política social, cuestión importante, diríamos que decisiva, en este tipo de acuerdos, está reflejada para tratar de armonizar la de los países que los firman, en un camino claro hacia la mejora de las condiciones de vida y bienestar de los trabajadores. Prácticamente será aunar esfuerzos en las directrices que marca el Tratado de Maastricht.
Desde nuestra óptica política, este acuerdo facilitará, en mejor medida, la consecución de los objetivos de la Unión Europea. Es un largo camino, no siempre cómodo, el recorrido por la conciencia europea desde la II Guerra Mundial que la asoló. Largo camino, y es bueno recordarlo, desde aquel discurso --que los estudiosos recordarán-- de Winston Churchill en la Universidad de Zurich, desde aquella Unión Europea de Pagos, del Comité para la Cooperación Económica Europea, la Organización Europea de la Cooperación Económica, la Agencia de Seguridad Mutua, el Comité de Coordinación de los Movimientos a Favor de una Europa Unida, el Movimiento Europeo, etcétera, hasta nuestros días.


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Creemos, después de todo lo dicho, que no hará falta anunciar, aunque sí lo hacemos, nuestro voto fuertemente favorable a este acuerdo. Estamos en el buen camino de crear, por fin la Europa unida, y nos sentimos orgullosos de participar en este proceso histórico como parte integrante de nuestro país y en defensa de los valores máximos de la paz, la democracia, la libertad, la solidaridad y un progresivo bienestar social.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marca.


El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, señorías, señor Ministro.
El primer artículo del texto del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo dice textualmente: La finalidad del presente acuerdo de Asociación es la de promover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las partes contratantes, en igualdad de condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes con miras a crear un Espacio Económico Europeo homogéneo. Y sigue el texto: A fin de alcanzar los objetivos enunciados, la Asociación implicará, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Acuerdo, la libre circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la libre circulación de servicios, la libre circulación de capitales, el establecimiento de un sistema que garantice que no se distorsionará la competencia y que sus normas serán respetadas por igual, y una estrecha cooperación --termina-- en otros campos como la investigación y el desarrollo, el medio ambiente, la educación y la política social.
Nos encontramos, pues, señorías, ante la ratificación de un acuerdo que significa un gran paso adelante en la configuración de la Unión Europea que, a su vez, deberá dar paso a la Unión Política Europea, preconizada por el Tratado de Roma y posteriormente por el Tratado de Maastricht, en la línea de este proceso de construcción europea.
Nuestro Grupo, Convergència i Unió, siempre ha defendido la conveniencia de integración de España en lo político, lo económico y lo social al proceso evolutivo de Europa.
No ha sido ni será fácil, señorías, la construcción de un gran espacio económico en Europa. Los acontecimientos vividos los últimos años dan buena fe de lo complejo que resulta avanzar en la integración de unas economías con niveles de desarrollo bien distintos, con desigualdades productivas, con niveles sociales con acusadas diferencias y con caracteres demográficos sensiblemente distintos. Sólo el estímulo que genera la competencia de Japón y Estados Unidos y de los países asiáticos --nuevos, pero también, por diversas razones, competitivos-- llamados el «grupo del dragón», hará que podamos ofrecer desde una Unión Europea nuestra alternativa económica y social al importante ajuste estructural que se está produciendo en el mundo. Conectando con los países de la EFTA primero, e integrándolos después --algunos ya están en avanzadas negociaciones con la Comunidad Europea--, podremos poner en marcha este gran mercado, como citaba el señor Ministro, de 380 millones, que absorbe hoy el 42 por ciento del comercio mundial y que en términos de PIB es el más importante del mundo, aun por encima del mercado de Estados Unidos y Japón, salvo, como decía el señor Ministro, que la firma del Tratado entre Méjico, Canadá y Estados Unidos nos relegue a un triste pero brillante segundo lugar. Este nuevo mercado se estima que podría generar un crecimiento en torno al 1,5 por ciento a los países de la Comunidad Europea, y un 2,5 por ciento para el PIB de los países de la EFTA. Y no hay que cerrar las puertas pensando ya en la futuras aproximaciones de países como Hungría y las Repúblicas checa y eslovaca.
El horizonte se dibuja un tanto optimista desde el punto de vista europeísta; tiene una gran significación sociológica y, por tanto, nos debe satisfacer. Sin embargo, desde el punto de vista meramente comercial y económico, es cierto que para España el acuerdo va a generar un aumento de la competencia en el nuevo y ampliado mercado. Una segura concurrencia a los nuevos mercados marcará discriminaciones de precios y disminuciones, contra las que sólo podremos luchar intensificando el proceso de especialización con mayores economías de escala y con menores costos de producción.
La desaparición de aranceles y el incremento de intercambios, factores positivos por una parte, son mecanismos que ejercen, por otra, exigencias de una política económica, comercial y laboral más ajustada al tiempo en que vivimos y al espacio que pretende ocupar nuestro país. Si nuestro país no se sacude la pseudo-modorra que ha acumulado, fruto del placer y el gozo excesivo que nos han producido varias décadas de bienestar, insuflando nueva confianza a los empresarios, construyendo, instalando, creando, estudiando, investigando, produciendo y, sobre todo, laborando, contemplaremos desde dentro lo que todavía será más triste: cómo Europea recupera la pujanza sin que nuestro país pueda disfrutar de ella.
El tan esperado, y al fin, parece ser, iniciado, giro del Gobierno socialista en la política generalizada que ha aplicado en su mandato, plasmada sólo ligeramente en los Presupuestos Generales del Estado que dentro de pocos días veremos en esta Cámara, deberá continuar sin pausas con todas las modificaciones que hagan falta, dolorosas o no dolorosas, para que rápidamente, y dentro del espíritu de Maastricht y de los planes de convergencia, podamos integrarnos, y además de hacerlo de derecho podamos hacerlo de hecho, a esta Unión Europea, preconizada y esperada y que

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ya está a las puertas de realizarse totalmente en los últimos años de este fin de siglo.
Nuestro Grupo votará afirmativamente el Acuerdo, convencidos de que no es posible ni conveniente frenar el impulso integrador de Europa. El señor Ministro ha comentado las ventajas que el Acuerdo ha de representar para nosotros, lo hemos oído con atención y esperamos que sus predicciones se conviertan pronto en una auténtica realidad.
Muchas gracias, señor Ministro, señorías y señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Ramírez Pery.


El señor RAMIREZ PERY: Gracias, señor Presidente, señorías.
Gracias, señor Ministro, por su presencia y por sus amables palabras.
Creo que interpreto el sentir de esta Cámara si digo que todos nos congratulamos hoy de la aprobación del Tratado del Espacio Económico Europeo. Por nuestra parte, el Partido Popular tiene afirmada desde hace tiempo su vocación europeísta --porque lo demás no pasa de ser taifas o tribus y pequeños egoísmos políticos que van contra la historia-- y su decidida simpatía por las soluciones de mercados amplios y libres que oxigenen la economía.
Ahora se extiende el Mercado Unico a todos los países de la EFTA, salvo alguna ratificación pendiente, como todos sabemos --no quiero cansar tampoco a sus señorías repitiendo la historia del Tratado ni su contenido--, pero se va a lograr que a través de los mecanismos institucionales pertinentes estos países apliquen las normas de las Comunidades Europeas, respetándose una zona de libre comercio industrial, y ya veremos si logramos también la agrícola, según lo que serán fundamentales principios de la libertad de mercancías, servicios, personas y capitales, como ya se ha expresado en esta tribuna.
Para ello se han instituido el Consejo de Ministros, un Consejo ejecutivo, un Comité mixto, y lo que es más complicado, un sistema jurisdiccional, que habrá que terminar de encajar, pero en el cual ya se ha logrado dar primacía a las resoluciones de la Unión Europea.
El ámbito europeo, pues, se amplía a diecinueve países cuando termine la negociación, que desean establecer, según el Tratado, un principio básico de cohesión económica y social, con fundamentales concesiones en materia de agricultura y pesca a nuestro país, España. Se fijan como sectores preferentes los de infraestructura, medio ambiente y educación, debiendo ser consolidados los acuerdos sobre libre circulación de trabajadores.
Yo diría que, vista la posición relativa de España en el conjunto de los diecinueve --y esto me permito subrayarlo, señor Ministro--, y si bién creo que hemos estudiado en profundidad el trámite parlamentario, tanto a niveles europeos como en nuestro propio país, hay una cosa que me atrevo a sugerir y sobre lo que quiero hacer hincapié: que el Partido Popular cree muy importante se preste por el Gobierno la máxima atención a la competencia y competitividad de nuestras empresas, al estudio del impacto que el Tratado va a causar en nuestro país en los sectores implicados. Yo no quiero equivocarme ni quiero hacer falsas imputaciones --Dios me libre--, pero me parece observar que en toda la tramitación del Tratado no se ha llegado a estudiar en profundidad el impacto, y no digo por el Gobierno, porque no es él el que sufre el impacto, ya que quien sufre el impacto son las empresas, los trabajadores y, además, las personas interesadas. He visto un estudio hecho por el Gobierno, que se somete al Parlamento, pero no he visto ninguna Comisión en nuestras Cámaras, ni en este Senado ni en el Congreso de los Diputados, en la que se estudió el impacto.
Yo entiendo --y el Partido Popular así lo expresa a través de mí-- que debería prestarse la máxima atención a este impacto, que produce nuevos retos en un amplio y potente mercado interior, así como a políticas comerciales independientes, y que se proporcione la debida información al Parlamento --estoy seguro de que si la pedimos nos la van a dar, pero es que, quizá, no se haya pedido, o si se ha pedido a lo mejor no se ha trabajado lo suficiente sobre ella-- para que haya un amplio debate, teniendo muy en cuenta la opinión, como dije antes, de los empresarios, de los trabajadores y de todas las partes interesadas.
Estoy seguro de que con dichas informaciones y razonados debates, como precauciones que aminoren el impacto, debemos felicitarnos por este Tratado, ya que es evidente que la única solución moderna para Europa es ser cada vez más Europa.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González Laxe.


El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, un día como el de hoy, en el que se está votando en estos momentos el Tratado de libre cambio de la NAFTA --en Estados Unidos en la Cámara de representantes americanos--, donde dentro de unos días tiene lugar una reunión del Foro Asociación de países del Pacífico, que a mediados del mes de diciembre está previsto que pueda culminar, afortunadamente, la Ronda del GATT, es indudable que el día de hoy también es importante en España, y sobre todo en el Senado, cuando estamos

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discutiendo --y posiblemente ratificando felizmente-- el Tratado del Espacio Económico Europeo.
Menciono estos tres acontecimientos económicos porque, sin duda alguna, estamos constituyendo un espacio económico europeo con unos 380 millones de habitantes, entre la CEE, la Unión Europea y la EFTA, mientras que la NAFTA tiene aproximadamente 360 millones de habitantes, aunque representan mucho más en Producto Interior Bruto que nosotros. Y, en segundo lugar, también porque este Acuerdo del Tratado Económico Europeo se ha producido después de haber avanzado en la realización del Mercado Unico, de haber extendido las ramas de este mercado único a los países de la EFTA y haberlo completado con los acuerdos de asociación con países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, las Repúblicas checa y eslovaca y, recientemente, la semana pasada, el viaje de Delors o de Willy de Claes a ver a Yeltsin en la Federación rusa. Con lo cual, estamos abriendo unas líneas de cooperación a corto plazo y con una perspectiva sólida y consistente de fortalecer todo lo que significa el Viejo Continente europeo. Por eso, los considerandos políticos a donde ha ido caminando el Espacio Económico Europeo parten de una concepción de la Europa dividida entre lo que era la Comunidad Económica Europea inicial, lo que era la EFTA, y hemos visto cómo históricamente los países de la EFTA como Reino Unido, Dinamarca y Portugal han ido dando pasos sucesivos para formar parte de la Comunidad Económica Europea y, después, con la adhesión de nuevos países, formar esta Unión Europea.
El Mercado Unico ha creado unas nuevas expectativas: un mercado interior, ha suprimido las fronteras, y los cambios históricos en la Europa del Este, con sus reformas constitucionales, económicas y sociales dan a este contexto un cambio de actitudes que va a permitir a muchos Estados inscribirse en esta Unión Europea.
Por tanto, el Espacio Económico Europeo va a suponer, en principio, la extensión de los beneficios del Mercado Unico Europeo a los países de la EFTA, a condición de que éstos acepten jugar con las reglas comunitarias, lo que exige la aceptación del acervo comunitario. Y, además, la propia teoría de la integración económica y política ha supuesto que este acercamiento progresivo y prolongado de las relaciones entre la CEE y la EFTA desde el año 1984, por medio de acercamientos que profundizaron en convenciones aduaneras y en acuerdos multilaterales sobre el transporte y otras materias, se vayan conformando hacia el texto que hoy en esta Cámara tenemos que votar.
El acuerdo del Espacio Económico Europeo comprende cinco grandes grupos de negociación: la libre circulación de mercancías --excluyendo ciertos productos agrícolas, pero no los pesqueros--, la libre circulación de capitales y de servicios, la libre circulación de personas, la cooperación fuera de estas cuatro libertades, y las cuestiones institucionales, además de los mecanismos de cohesión.
Del contenido de este Acuerdo, reflejado en 129 artículos, 49 Protocolos, 22 Anexos y declaraciones interpretativas del mismo, yo creo que podemos sacar las siguientes conclusiones: Por el Tratado del Espacio Económico Europeo, los países de la EFTA incorporan de forma unilateral a su propia legislación el acervo comunitario en las materias objetivo del mismo; es decir, es una miniadhesión de los países de la EFTA a los países de la Unión Europea. Porque el espacio económico europeo no constituye en sí mismo un mercado único, o sea, no constituye una única y exclusiva extensión del Mercado Interior, y tampoco es una unión aduanera ni un Mercado Común, sino que los propios países de la EFTA mantienen sus propias políticas agrarias, sus propios aranceles frente a terceros países, lo que todavía no nos permite hablar de eliminación de las fronteras físicas. Pero el Tratado del Espacio Económico Europeo va mucho más allá de ser una zona de libre comercio, ya que establece la libertad de movimientos de capital, de servicios, de personas, pero sin crear esas fronteras exteriores ni eliminar las fronteras interiores. El Espacio Económico Europeo, en definitiva, no cubre ciertas materias, como las políticas agrarias y pesqueras, ni las fiscales, ni de seguridad, ni exterior, ni política regional, económica ni monetaria, pero sí da los pasos para que esta miniadhesión permita progresivamente avanzar en esa construcción europea.
En consecuencia, de aquellos antecedentes de los años 1972-73, en los que entre la CEE y la EFTA se permitió una zona de libre cambio para productos industriales, este Acuerdo del Espacio Económico Europeo va mucho más allá, incorporando elementos jurisdiccionales, elementos de libertad de circulación de servicios, personas y capitales y elementos de cooperación en materias como el medio ambiente, defensa de los consumidores, I+D, etcétera. Por eso este Tratado del Espacio Económico Europeo es un tratado fundamentalmente económico y, por tanto la pregunta que nos hacemos todos los españoles es qué consecuencias tiene para nuestro país el haber firmado, el poder ratificar, el Tratado del Espacio Económico Europeo.
Lo podemos analizar desde el ámbito o punto de vista económico: España va a participar en un mercado interior europeo mucho más amplio, con países mucho más ricos y competitivos y con una estructura económica, industrial y tecnológica idéntica a aquellos países más avanzados de la CEE. Y, además, los países de la EFTA tienen una población inferior al 10 por ciento del total comunitario, pero poseen el 15 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad Económica Europea. En conclusión, los interrogantes para España, como pregunta quizá el Senador del Partido Popular: cuál sería el impacto para la sociedad española, yo creo que podemos resumirlo de la siguiente forma: En productos industriales, España, que importa

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de la EFTA el 8,3 por ciento del total de sus importaciones y que exporta el 4,3 por ciento de nuestras exportaciones a dichos países --es decir, tenemos una balanza negativa y creciente en los últimos años--, si se liberalizan los mercados y existe una liberalización total entre los acuerdos de la CEE y la EFTA, lo lógico es que se incremente el comercio, las fronteras son libres, los aranceles se quedan desmantelados y aquellas empresas competitivas españolas tienen mayores posibilidades de poder exportar todos sus productos a estos nuevos países integrantes del Espacio Económico Europeo. Radica, en definitiva, en la capacidad que tengan los empresarios españoles en sus políticas de estrategia y de ampliación de mercados de poder captar esa cuota en los nuevos mercados que se están abriendo.
En los productos agrarios, el Espacio Económico Europeo ha negociado una serie de concesiones agrarias de la EFTA a la CEE sobre el concepto de cohesión de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea; la existencia de acuerdos bilaterales en materias agrícolas, que ya se aplican desde el 15 de abril de 1993, afectan a 71 productos agrícolas mediterráneos fundamentalmente, y supone que España tenga que ganar mercado, mejorar sus posiciones competitivas, incluso se reducen los aranceles; en consecuencia, desde el punto de vista agrícola, las ventajas que se avecinan también son mayores que las condiciones anteriores.
En el aspecto pesquero, de gran importancia para aquellas Comunidades Autónomas vinculadas a actividades históricas de la pesca, se está buscando la fórmula de mejorar las condiciones. Saben sus señorías que hay un viejo principio --viejo en el sentido de que procede de los años 70-- que se llama «de acceso a recursos, acceso a mercados»: si me dejan pescar, le abrimos el mercado: en consecuencia, lo que queremos es poder pescar en las zonas económicas exclusivas de los países de la EFTA para mejorar nuestras posibilidades. Pero también hay otro principio aplicado por la Comunidad Económica Europea, que es el de la estabilidad relativa, en el sentido de que aquellos condicionamientos anteriores van a significar una ecuación para los próximos años --es decir, si antes pescábamos un porcentaje, ese porcentaje se mantiene para no romper la estabilidad relativa--, España, en la negociación del Tratado del Espacio Económico Europeo ha roto ese principio de estabilidad relativa, con lo cual, la media anterior --nosotros pescábamos poco, por ejemplo, en las aguas noruegas e islandesas-- se va a ver mejorada al romper ese principio.
Nos queda todavía la posibilidad de romper otro condicionamiento que es las inversiones de los países europeos en los países de la EFTA, ya que las legislaciones noruega e islandesa son diferentes a la comunitaria. En Europa se establece un sistema de cuotas por países, en Islandia un sistema de cuotas de pesca individual transferible; en Europa unas cuotas de pesca individual no transferibles.
En la libre circulación de capitales y de servicios también se produce una amplia liberalización en la circulación de capitales que beneficia a España, fundamentalmente, ya que es capaz de acceder a la inversión extranjera. Por consiguiente, puede incrementar la inversión, al incrementar la inversión incrementa el empleo, y al incrementar el empleo incrementa lo que significa el beneficio global de una sociedad. Los países de la EFTA han aceptado la legislación comunitaria actual y futura de los movimientos de capital. En consecuencia, también es positivo para España, al igual que en los servicios, donde el Tratado del Espacio Económico europeo cubre el sistema financiero, los transportes y las telecomunicaciones. En definitiva, lo que produce la libre circulación de capitales y de servicios es un incremento de la transparencia, algo importante en todo tipo de relación comercial.
En cuanto a la libre circulación de personas, se acepta el principio de igualdad de trato en la legislación social comunitaria, así como la preferencia y prioridad sobre trabajadores de países no miembros del Espacio Económico Europeo. En consecuencia, también en este apartado de libre circulación de personas se mejoran las posiciones que antiguamente se tenían con los países de la EFTA.
Fuera del principio de las cuatro libertades, en el capítulo de cooperación existen medidas complementarias que afectan a la investigación y desarrollo, al servicio de la información, al medio ambiente, a la educación, a la formación y la juventud, a la política social, a la protección de los consumidores, a las PYMES, al turismo, al sector audiovisual y a la protección civil. Se crean mecanismos y medidas complementarias que varían en intensidad según sea la actividad en uno u otro sector. Pero existen fórmulas y convenios comunitarios de control y de gestión de dichos programas comunitarios.
En lo que se refiere a los aspectos institucionales, el Espacio Económico Europeo prevé tres instituciones: el Consejo del Espacio Económico Europeo que da las orientaciones a través del Consejo de Asuntos Generales de la CEE, miembro de la Comisión del Espacio Económico Europeo; el Comité Mixto del Espacio Económico Europeo, encargado de los acuerdos; y el órgano jurisdiccional del Espacio Económico Europeo con una primacía del Tribunal Europeo de Justicia sobre el Tribunal de la EFTA. También se han creado dos órganos de menor importancia, como el Comité Parlamentario Mixto del Espacio Económico Europeo y el Comité Consultivo del Espacio Económico Europeo. En consecuencia, esto significa que la Unión Europea consultará a los países de la EFTA sobre cualquier decisión comunitaria relacionada con los aspectos cubiertos en el Tratado, pero la EFTA no tiene derecho a voto. El procedimiento de consulta previa a la EFTA puede ser criticado por algún país, pero permite que

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los países de la EFTA vayan aceptando todo el acervo comunitario. Por tanto, estamos hablando de una miniadhesión con visos de que en esta década de los noventa se siga avanzando en consolidar esa Unión Europea.
La referencia final es al tema de la cohesión porque es lo suficientemente importante para aquellas Comunidades Autónomas y también Estados miembros que tengan un nivel de desarrollo menor que la media comunitaria. Existe un mecanismo financiero tan importante como es los 1.500 mecus en concepto de préstamo con bonificación del 2 por ciento para toda la duración del Tratado del Espacio Económico Europeo y también los 500 mecus en donaciones desembolsadas a cinco años. Los beneficiarios van a ser los Estados de Grecia, Irlanda, Portugal y todas las regiones y Comunidades Autónomas incluidas en el objetivo número uno del Feder, es decir, gran parte del Estado español. Si el objetivo es tratar de mejorar las relaciones del medio ambiente, invertir en infraestructuras y fomentar e invertir en educación y en la formación de recursos humanos, sin duda alguna, el Tratado del Espacio Económico Europeo ha mejorado la situación actual; está creando las bases para que esta incorporación de nuevos países, tanto los de la EFTA como los nuevos acuerdos de cooperación con los países del Este europeo, se vaya produciendo. No hay duda de que ya estamos cubriendo una de las tres patas de la gran triada mundial; si la NAFTA se aprueba hoy, si el área del yen con los países del Pacífico se consolida, también en Europa el Espacio Económico Europeo es una realidad a partir de hoy.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Vamos a someter a votación la concesión de autorización, que salvo alguna advertencia en contrario, podremos someter al asentimiento de la Cámara.
(Pausa.) Se aprueba por asentimiento. Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993.
Muchas gracias.


--CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, HECHA EN GINEBRA EL 10 DE OCTUBRE DE 1980, Y TRES PROTOCOLOS ANEJOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
610/000002) (C. D. 110/000002).


El señor PRESIDENTE: Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y tres Protocolos anejos. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
En relación con esta convención no se presentaron propuestas. Abrimos los correspondientes turnos. ¿A favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980 y tres protocolos anejos.
Muchas gracias.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE POLONIA PARA SUPRESION DE VISADOS, REALIZADO EN MADRID EL 26 DE OCTUBRE DE 1992. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000003.) (C.D. 110/000011.)

El señor PRESIDENTE: Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Se publicó en los boletines correspondientes el 4 de noviembre de 1993. No se presentaron reservas. Abrimos los correspondientes turnos. ¿A favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Puede aprobarse por asentimiento de la Cámara. Y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia, para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992.
Muchas gracias.


--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades. Este dictamen ha sido publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de fecha 15 de noviembre de 1993.
La Comisión emitió dictamen sobre la situación de 197 Senadores, con arreglo a la legislación vigente. La Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación con los Senadores cuya situación ha examinado. Por tanto, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento

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del Senado, este dictamen de lista puede ser, en su caso, defendido por algún miembro de la Comisión.
¿Desea intervenir algún Senador de la Comisión de Incompatibilidades? (Pausa.) Tiene la palabra, su Presidente, el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la Comisión de Incompatibilidades ha aprobado el dictamen que se somete a la Cámara basado en unos criterios de interpretación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Los criterios que ha seguido la Comisión, expuestos de forma muy resumida, son los siguientes: Se ha considerado compatible con el mandato de Senador la titularidad de cargos en órganos de gobierno de organismos y empresas de gestión de servicios municipales cuando dicha titularidad derive de la condición de miembro de la respectiva corporación local y no pueda disociarse de ésta.
Se ha considerado igualmente compatible con el mandato de Senador la titularidad de cargos en órganos de gobierno de entes públicos, siempre que no se trate de los órganos de gobierno ordinario. Si se tratase de órganos de gobierno ordinario existiría compatibilidad en el caso previsto en el artículo 156.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, amén de tener en cuenta en dicho procedimiento lo referente a cargos en órganos de gobierno de organismos y empresas que gestionen servicios municipales.
Se ha considerado también compatible con el mandato de Senador los cargos o actividades en organismos internacionales en representación o por encargo del Estado español.
Es incompatible, en cambio, con el mandato de Senador la actividad de profesor asociado de universidades públicas, mientras que se admite la compatibilidad con la actividad de profesor tutor en los centros asociados de la UNED y, en general, con todas aquellas colaboraciones docentes o de investigación que tengan carácter extraordinario y no afecten a la dirección y control de los servicios, de conformidad con los apartados tercero y cuarto del artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Respecto de las actividades públicas que sean incompatibles con el mandato de Senador, se ha exigido acreditación mediante la oportuna certificación del cese en dicha actividad, sin perjuicio del pase a la situación jurídica que corresponda, por ejemplo, la de servicios especiales en el caso de funcionarios públicos, así como la efectividad económica de dicho cese desde el día 6 de junio de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por haberse fijado en dicho día la fecha inicial de devengo de las retribuciones de los Senadores, en virtud del acuerdo de la Mesa del Senado de 1.º de julio de 1993.
Respecto de las actividades públicas que se consideran compatibles con el mandato de Senador, se ha exigido la acreditación mediante oportuna certificación de la no percepción por el desempeño de aquéllas de ninguna remuneración, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.1 de la Ley. Esto es aplicable a los siguientes casos: los Senadores electos que sean miembros de asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y Senadores designados por las Comunidades Autónomas, sean o no miembros de las asambleas legislativas de las que corresponda percibir remuneración como Senador, y los Senadores que sean miembros de corporaciones locales.
En los casos de percepción de pensiones por derechos pasivos o de cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio se ha exigido la acreditación mediante la oportuna certificación de la suspensión de la percepción de las pensiones desde el día 6 de junio de 1993.
Respecto de las actividades privadas que sean incompatibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la Ley, se ha exigido acreditación del cese de dicha actividad, que deberá extenderse a su efectividad económica desde el día 6 de junio de 1993 en el caso de que por la actividad de que se trate se percibiese alguna remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas.
Estos criterios no agotan la aplicación de la normativa de incompatibilidades, sino que son los más significativos de los adoptados por la ponencia y por la Comisión, a la vista de las declaraciones de actividades formuladas por los Senadores al inicio de la Legislatura.
La Comisión ha examinado y ha considerado que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad 197 Senadores, cuyos nombres están publicados en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de 15 de noviembre de 1993. No se hace ninguna declaración de incompatibilidad y el resto de los Senadores no incluidos en esta relación, serán motivo de examen por la ponencia y por la Comisión próximamente y, por tanto, se traerá su dictamen al Pleno en la próxima sesión, si ello es posible.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Intervención de los Grupos Parlamentarios al respecto.
¿Algún señor portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Muchas gracias.
Sometemos a votación el dictamen de la Comisión.
Solicito criterio de la Cámara acerca de si éste puede ser aprobado por asentimiento. (Pausa.) Muchas gracias. Así se declara.
Por tanto, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en

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que aparece publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40.


--PETICION DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES.


--COMISION ESPECIAL DE ENCUESTA Y ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS EN LAS EXIGENCIAS ETICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA TELEVISION COMO REFUERZO Y DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL. (650/000002.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del orden del día sexto bis, petición de creación de comisiones especiales.
Petición de creación de una comisión especial de encuesta y estudio sobre la incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española y sobre las posibilidades de la televisión como refuerzo y desarrollo educativo y cultural.
Su primer firmante es el Senador Ruiz-Gallardón.
¿Alguno de los Senadores representantes de esta iniciativa desea intervenir? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, queremos manifestar nuestra satisfacción y congratularnos por el hecho de que esta petición de creación de una comisión especial de encuesta y de estudio sobre la incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española haya sido firmada por la práctica totalidad de los Grupos Parlamentario de esta Cámara. Es importante que, efectivamente, estas cuestiones puedan abordarse desde esa sensación de consenso y, sobre todo, demostrar que evidentemente existe y que estamos ante un nuevo problema o preocupación de la sociedad española.
La televisión se ha convertido en un producto de consumo masivo, que llega casi al cien por cien de la población española, con una profunda capacidad de influir en los valores culturales y éticos de la sociedad, y está planteando en todo el mundo occidental la necesidad de encontrar medios que eviten que la programación televisiva fomente actuaciones violentas, sobre todo, en la infancia y en la juventud.
Este problema, ya clásico y bien conocido en otros países, ha adquirido en los últimos tiempos una gran relevancia en España, hasta el punto de que se ha creado un verdadero ambiente --y creo que no es excesivo decirlo así-- de alarma social ante la influencia negativa que, especialmente, en niños y jóvenes, puede tener una programación televisiva que con demasiada frecuencia expone actos violentos, sexistas o de inducción al consumo de productos como el alcohol o la droga.
Datos estadísticos, algunos escalofriantes, pueden servirnos para reafirmar lo que acabo de decir. Según un estudio de la Asociación Española de Pediatría, los niños españoles pueden ver en una semana de televisión 18 secuestros, más de 100 asesinatos, 878 peleas, mas de 400 tiroteos y más de 20 emisiones semanales de contenido explícitamente erótico. Actualmente un niño medio español puede ver en televisión al año más de 12.000 actos violentos, 14.000 referencias de contenido sexual y más de 2.000 anuncios de alcohol.
Para abordar la incidencia de estos datos que, como digo, pueden parecer excesivamente fuertes, debe tenerse en cuenta, según un reciente estudio del Centro de Investigación sobre la realidad social, que el 98 por ciento de los hogares españoles tienen al menos una televisión en color, y en el 96 por ciento de estos hogares se ve la televisión casi cuatro horas diarias, exactamente 3 horas y 3/4 diarios de televisión.
Solamente, fíjense señorías, un 1 por ciento de la población española confiesa no ver nunca la televisión.
Son múltiples los estudios de psicólogos y pediatras que ratifican la profunda incidencia que los mensajes televisivos tienen en la escala de valores y en el comportamiento de los niños. Los niños españoles se están acostumbrando a través de la televisión a la violencia, casi siempre unida al sexto y al uso y abuso de las drogas, según palabras del antedicho Informe de la Asociación Española de Pediatría.
Para hacer frente a esta situación, en abril de este año 1993, el Gobierno, junto con los directivos de todas las televisiones españolas y de las televisiones autonómicas, suscribió un código ético que intentaba establecer criterios para la autolimitación de las propias televisiones en cuanto a la emisión de programas cuyo contenido implicase violencia gratuita ofensiva hacia las personas, mensajes atentatorios para la dignidad de las personas, desprecio hacia ellas, consumo de productos perniciosos para la salud y escenas de explícito contenido sexual y de lenguaje innecesariamente indecente.
Sin embargo, transcurridos muy pocos meses, los que van de abril a acá, de este acuerdo suscrito, la realidad es que este código ético no ha tenido los efectos deseados. Desde su entrada en vigor han sido constantes las denuncias de las Asociaciones de telespectadores, incluso de Asociaciones como Unicef o S.O.S. familia denunciando e insistiendo en que no se cumplía este código ético, como decía, suscrito por el Gobierno

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y las diferentes televisiones que hoy en España existen. Más aún, en estas últimas semanas ha habido programas que han determinado, por la violación de los derechos de los niños, la expresa denuncia de la Dirección General de Protección de Menores e incluso programas que han supuesto la intervención de fiscales y jueces promoviendo diligencias penales.
Evidentemente, señorías, nos encontramos ante una situación provocada por esa lucha por la audiencia, con la invasión en toda la programación televisiva de eso que hemos venido en llamar, siguiendo el ejemplo sajón, los «reality shows» o la telebasura, que se están convirtiendo, como consecuencia de esta lucha por la audiencia, en el objetivo y criterio prioritario de la programación de las televisiones, lo que está llevando a la ruptura de elementales límites éticos y a la violación de derechos amparados en nuestra Constitución, y también por la convención de los derechos del niño de las Naciones Unidas.
Quizás en esta cuestión hay también razones para un cierto optimismo, puesto que otros países donde las cuestiones de la imagen, la publicidad o el «marketing» están al menos tan desarrollados como en España, por ejemplo en Italia, ya se está produciendo algo curioso y es que las propias agencias de publicidad están recomendando que no se haga publicidad en el contexto de estos programas puesto que al final tienen una incidencia negativa sobre el consumidor, y digo que esto podría ser, quizás, una nota que nos pudiera dar alguna razón para el optimismo en este sentido.
Los principios que deben inspirar la actividad de los medios de comunicación social públicos, y las televisiones en particular, están expresamente recogidos, como sus señorías conocen perfectamente, en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión y en el artículo 3 de la Ley de Televisión Privada, en los cuales se dice, entre otras cosas, que ha de asegurarse explícitamente la protección de la juventud y de la infancia y el respeto al honor, la fama y la vida privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución. Asimismo, la Convención de los derechos del niño de las Naciones Unidas, a la que ya he hecho referencia, impone expresamente a los Estados firmantes de esta Convención el mandato de elaborar normas que protejan al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar y reconoce a los niños el derecho a la protección legal frente a las injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia e incluso su domicilio o su correspondencia y frente a ataques ilegales a su honra y reputación.
Este tema también ha sido objeto de debate y especial consideración en el ámbito de la Comunidad Europea a partir del denominado Libro Verde sobre el establecimiento del Mercado Común de radiodifusión, especialmente por satélite y por cable.
La directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989 establece en su artículo 22 que los Estados miembros de la Comunidad Europea adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sus emisiones de televisión no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuitas. Los estados miembros velarán, asimismo, para que las emisiones no contengan ninguna incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, y en su artículo 16 se afirma expresamente con carácter taxativo que la publicidad televisada no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores.
Como es lógico, y esto es quizás lo más importante, todo lo dicho anteriormente y todas las normas consideradas deben compaginarse pacíficamente con el derecho a la libertad de expresión y a transmitir libremente información, también garantizado constitucionalmente, y que exige ser, por una parte, respetado, y, por otra, coordinado con los derechos individuales expuestos en esta intervención.
La conveniencia de crear esta Comisión que hoy se propone dimana de la alarma social existente en estos momentos al respecto de la ineficacia del código ético suscrito en abril de 1993 entre el Estado y las televisiones, de la necesidad de hacer efectiva en España la Convención de los derechos de la infancia y el mandato constitucional de protección a la infancia y, finalmente, de la conveniencia, muy importante, de que los medios que se arbitren para dar una razonable solución a estos problemas responda a un necesario consenso entre los empresarios de televisión, los profesionales de la información, las asociaciones representativas de los intereses familiares e infantiles y las administraciones públicas.
Para lograr este objetivo consensuado en el que se tengan en cuenta todas las dimensiones del problema resulta imprescindible, al entender del Grupo Popular, una amplia encuesta social al respecto, que sólo a través de una Comisión parlamentaria de estas características podría realizarse.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Camps i Cervera.


La señora CAMPS I CERVERA: Señor Presidente, señorías, quiero empezar expresando mi satisfacción por el hecho de que esta mi primera intervención en la Cámara para defender una moción, sea para presentar la propuesta de crear una Comisión que estudie el pésimo estado de nuestra televisión desde el punto de vista cultural, educativo y ético, una cuestión que creo que una amplia franja de ciudadanos está esperando y pidiendo que alguien se plantee seriamente.
Es grave el deterioro progresivo que ha ido sufriendo un medio tan masivo y decisivo en las vidas de todos, niños, jóvenes y adultos, como es la televisión.


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La aprobación de las televisiones privadas, en lugar de propiciar una lucha competitiva y más imaginativa por una mayor calidad de la oferta, no ha hecho sino rebajar en categoría y en gusto los contenidos de la televisión pública. Nada distingue ya a las distintas televisiones, públicas o privadas; todas compiten únicamente por alcanzar el nivel más alto de audiencia, sin otro propósito ni otro objetivo que responder a la demanda de un mercado sometido a los imperativos de la publicidad y a los imperativos de los beneficios materiales.
Los llamados «reality shows» constituyen la manifestación más deplorable de un proceso que no parece tener límites de ningún tipo. Violaciones, secuestros, crímenes sin resolver, desavenencias conyugales, adolescentes desaparecidas, son, según nos quieren hacer creer los conductores o los realizadores de estos programas, los temas preferidos por una audiencia que se complace en el espectáculo morboso de la tragedia ajena. Lo cierto es que las audiencias no tienen mucho más donde elegir. Difícilmente se podrá elegir mejor o peor cuando la mayoría de las opciones que se ofrecen pertenecen a la categoría de eso que muy adecuadamente hemos venido en llamar «telebasura».
Si el Grupo Socialista trae el problema aquí no es sólo porque nos preocupe la calidad de nuestra televisión, sino porque la televisión es un medio influyente en las conductas, en las mentalidades y en las actitudes de las personas. Tiene una función educativa que puede aprovecharse bien o mal, positiva o negativamente. Preocuparse por la incidencia de la televisión en la educación es cuestionarse su dimensión ética y también su dimensión cultural o estética.
Por lo que se refiere a la ética, esos programas morbosos no son sino una lamentable muestra de la falta de escrúpulos en exhibir los ejemplos más extremos o absurdos de violencia, crispación, agresividad o impunidad; la peor muestra de una serie de circunstancias que ni reflejan nuestra realidad ni queremos que lleguen a reflejarla nunca. La complacencia en tantas miserias no sólo no tiene nada de ejemplar o edificante, sino que fácilmente llega a vulnerar derechos fundamentales, recogidos por nuestra Constitución: vulnera el derecho a la intimidad; ignora el respeto que merece la dignidad de las personas; desatiende el derecho de los niños a ser protegidos de todo aquello que pueda perjudicar su bienestar material o espiritual. Y más allá de esos programas que se llevan la palma de la falta de decoro, no tenemos más que concursos insustanciales, películas inaguantables o increíbles culebrones. No hay posibilidad alguna de pasar un rato distendido o divertido.
Pero la cuestión, señorías, no tiene sólo esa dimensión ética o de pérdida de los valores fundamentales que exige, sin duda, un control y un límite, tiene también una dimensión cultural, pues la televisión es, quizás, el medio de difusión cultural más decisivo de nuestro tiempo. La televisión es un medio omnipresente, pero lo es, sobre todo, en la vidas de los niños, los más necesitados de una buena televisión, Si, de un modo u otro, nuestra sociedad quiere tomarse en serio la educación y la formación cultural de los niños y jóvenes, ha de contar con televisión, ha de contar con las capacidades poco explotadas en este país del mundo de la imagen y del audiovisual como instrumento de la educación, y ha de tomar conciencia de la posible incidencia negativa de la televisión en el proceso educativo.
En este aspecto deberíamos poder y saber distinguir entre el papel de las televisiones privadas y las públicas. Es esta última, la televisión pública, una televisión que por definición debería ser para todos, la que debería asumir la responsabilidad de ofrecer una programación más escogida y de mayor calidad. Escogida no quiere decir sólo para élites; la diversión no tiene por qué significar estulticia o deformación. El gusto también se educa, y nada más idóneo que el mundo de la imagen para lograrlo. No se entiende que el Estado, una de cuyas misiones es gestionar la educación, no utilice más y mejor ese medio idóneo para tal fin que es la televisión.
Creemos, señorías, que corresponde a los poderes políticos alertar de las desviaciones éticas o culturales de un sistema que, si se rige sólo por los intereses del mercado, no beneficiará a todos, ni, sobre todo, protegerá a los que más protección necesitan. Tampoco beneficiará a la cultura ni a la educación que no venden ni son convertibles en simples mercancías.
Creemos que es obligación de la sociedad democrática exigir, por lo menos, una televisión pública más digna. Es obligación de la política cuidar de que la televisión respete los derechos básicos y atienda mínimamente a la difusión de la cultura. Es obligación de los poderes políticos velar por una televisión que no perjudique a los menores y porque exista una televisión pública que cubra las necesidades que no pueden cubrir las televisiones que sólo se rigen por criterios comerciales.
Nos dicen las estadísticas que la franja de edad más adicta a la televisión es la tercera edad. Pues bien, nada en televisión va dirigido directamente a ellos, puesto que los jubilados son los que menos consumen, los más impermeables a la publicidad, no existen ni interesan.
En estos momentos, no hay nada que vigile y controle exhaustivamente la calidad de la televisión pública. La legislación existente va a la zaga de los avances técnicos y atiende al ordenamiento más funcional. Las autorregulaciones de carácter ético que ya existen son incipientes y hasta ahora muy poco eficaces. Existen iniciativas en el terreno de la televisión educativa, pero son escasas y necesitan más apoyo. Conviene estudiar a fondo el estado de la cuestión, contrastar pareceres y disponibilidades, y hacer propuestas tanto de carácter jurídico como de carácter político.


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El Grupo Socialista, señorías, comparte con agrado la propuesta de crear una Comisión especial que estudie las influencias negativas de la televisión en las audiencias, junto a las posibilidades de televisión de favorecer el sistema educativo y el nivel cultural de país.
Es nuestra misión, como políticos representantes de la sociedad, impulsar todo aquello que ayude a distribuir los bienes básicos, entre los cuales están los valores éticos y los valores del conocimiento. No cometamos señorías, la falacia de pensar que sólo vale lo que tiene una gran demanda. La demanda está siempre en función de la oferta, de la calidad de ésta depende la calidad de aquélla. No es lícito atribuir al público o a las audiencias lo que no tiene otra explicación que la incompetencia e irresponsabilidad de supuestos profesionales.
Permítanme que acabe con unos versos de Lope de Vega, quien dijo con contundencia lo siguiente: «Sepa quien para el público trabaja, que tal vez a la plebe juzga en vano, pues si dándole paja come paja, siempre que le dan grano come grano.» Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la propuesta de creación de esta Comisión especial, que deduzco que puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. (Pausa.) En todo caso, solicito criterio a los Senadores firmantes de esta propuesta, porque en el punto dos de la misma se señala que la Comisión especial elaborará su propio plan de trabajo que incluirá la audiencia a los sectores sociales afectados y elevará al Pleno de la Cámara sus conclusiones en el plazo de doce meses. Entiende la Presidencia a partir de su constitución. (Pausa.) Muy bien, en esos términos se declara aprobada la propuesta.
Muchas gracias.


MOCIONES

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE LA NACION PARA QUE AUMENTE EL GASTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) HASTA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL 2 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN EL AÑO 2000 Y FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN LAS EMPRESAS. (662/000006.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo: Mociones.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno de la nación para que aumente el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D) hasta alcanzar el objetivo del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2000 y favorezca el desarrollo de la investigación en las empresas. Esta moción se publicó en los boletines correspondientes, con fecha 20 de septiembre de 1993.
A dicha moción se presentó una propuesta de modificación suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara y, por lo tanto, vamos a proceder a efectuar el debate correspondiente a este supuesto.
En el primer lugar, el Grupo Proponente tiene derecho a la defensa de la moción originaria, por un tiempo de veinte minutos. Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


El señor RIPOLL SERRANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el asunto que traemos a la consideración de la Cámara tiene una trascendencia que supera los posicionamientos políticos, ya que, como es lógico, en el fondo de la investigación y el desarrollo existe una clara coincidencia, aunque las divergencias se producen en las soluciones aportadas por el Gobierno y, sobre todo en las soluciones planteadas en los tres últimos años.
Quiero recalcar la coincidencia y la inflexión inversora realizada desde el año 1991, así como que la moción no quiere censurar el trabajo realizado hasta ahora sino, al contrario, dar un golpe de timón que nos haga volver a la tendencia experimentada desde el año 1986 y mantenida hasta el año 1991 y que, por desgracia, no vemos reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Los gastos del Estado I+D para 1994 ascienden a 185.843 millones de pesetas. Presentan un aumento del 2 por ciento si los comparamos con el año anterior, aunque esto significa una disminución real del 1,3 por ciento, después de aplicar el deflactor del PIB. Este incremento sería aún más reducido si lo comparásemos con el Presupuesto inicial de 1993, que llegaría sólo a un 1,1 por ciento, lo que supone 2.059 millones de pesetas.
Los últimos datos oficiales de los que disponemos sobre el gasto en actividades de I+D, referidos al año 1990, son de tres tipos: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y ascendieron a 425.829 millones, un 25,49 por ciento superior a la cifra registrada el año precedente.
Conforme a la clasificación sectorial de estos gastos, el sector empresas concentraba el 57,8 por ciento; las administraciones públicas, el 21,3 por ciento; el sector de la enseñanza superior, en el que quedarían englobados la Universidad, los institutos tecnológicos y otros establecimientos postsecundarios, un 20,4; las instituciones privadas sin ánimo de lucro, un 0,5 por ciento.
En el último ejercicio considerado, el crecimiento experimentado por los sectores antes citados fue respectivamente del 28,82, del 17,38, del 25,19 y del 31,92 por ciento. Por tanto, sólo las empresas y las instituciones privadas sin fines lucrativos gastaron I+D por encima de la tasa de crecimiento medio anual.


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Asociando estos datos con el PIB al coste de los factores, es preciso señalar que la relación entre ambas magnitudes ha pasado del 0,67 por ciento en 1986 al 0,83 por ciento en 1990.
El horizonte presupuestario del 1 por ciento del PIB previsto para 1990, hace cuatro años, se convierte en un exiguo 0,67 por ciento del PIB en el año 1994, y esto contando con que las empresas no sigan la política de reducción del gasto y mantengan sus inversiones en I+D, hipótesis en exceso optimista vista la restricción de este tipo de actividades en los dos últimos años.
Considerando un esfuerzo importante de las Comunidades Autónomas, el porcentaje global de gastos de I+D podría subir hasta el 0,70, situación análoga al año 1988. Los recortes afectan a todos los apartados presupuestarios. Se continúa con la política de amortización de plazas vacantes en numerosos organismos. Las inversiones se reducen en un 5 por ciento, y todos los ministerios soportan recortes en este capítulo de entre el 20 y el 45 por ciento, siendo especialmente importantes en Industria, Educación, Agricultura y Sanidad, en los que se hipoteca la ampliación o mejora de infraestructuras o, directamente, se paraliza la construcción de nuevos centros. Defensa es el único Ministerio que aumenta este capítulo.
Haciendo un repaso por los distintos ministerios, en el de Educación y Ciencia continúa el camino reemprendido en los Presupuestos Generales de 1991, cuando se procedió a una profunda reestructuración del gasto.
Se congelan los gastos de la Universidad y se reducen los de I+D en un 3,5 por ciento. La inversión total es de 69.942 millones de pesetas, el 37,6 por ciento de los gastos de I+D, lo que lo convierte en el Ministerio que más invierte.
Las inversiones se centralizan en los programas de Promoción General del Conocimiento (PGC), Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PNI) y Plan de Formación de Personal Investigador (FPI). El PNI presenta un leve incremento del 4,7 por ciento. El programa PGC se congela en 8.889 millones de pesetas, y el Plan de Formación de Personal Investigador es el único que mantiene un ritmo importante de adjudicación de becas, afirmándose como una opción fundamental de la política de I+D.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas registra un recorte del 5 por ciento, con la congelación casi total de la plantilla --amortización de plazas vacantes incluida-- en todas sus escalas: científicas, técnicas, administrativas y laborales. Se produce además un recorte del 20 por ciento de sus inversiones --casi 840 millones de pesetas--, que afecta gravemente a los programas propios de investigación de esta institución. La posibilidad de llevar a cabo políticas y programas propios de este Consejo queda así librada al poder de contratación del organismo, impidiendo el diseño y aplicación de un plan sectorial creíble. En cuanto al personal investigador, la política de personal, además de la del Consejo, se completa con un aumento marginal del personal docente universitario.
Si a la congelación de las plantillas de investigación se agrega la situación de crisis industrial y la falta de articulación con el sector privado, se cierra el círculo. Nos encontramos con la realidad de cerca de 2.000 doctores que salen cada año al mercado laboral, sin perspectivas claras de encontrar un empleo relacionado con su nivel de formación.
Las disfunciones entre la política de formación y la planificación de recursos humanos en el sector del I+D están dilapidando el esfuerzo realizado y condenando a los jóvenes a la frustración o al exilio profesional. La insuficiencia de personal de I+D, problema capital del sistema científico-técnico español, lejos de solucionarse, tiene a convertirse en un problema endémico que amenaza con malograr cualquier desarrollo coherente del sistema.
En cuanto al Ministerio de Defensa, con 46.523 millones de pesetas de presupuesto, representa el 25 por ciento del gasto total de I+D. Casi el 43 por ciento del mismo está destinado al Proyecto EFA. Las inversiones de este Ministerio aumentan en 1.130 millones de pesetas, alcanzando el 74,6 por ciento de su presupuesto. En el próximo año, el Ministerio invertirá el 80,2 por ciento del total de inversiones en I+D.
El Ministerio de Industria y Energía es el otro gran inversor, con 47.358 millones de pesetas y un 25,5 por ciento del gasto total. Experimenta un aumento del 5,7 por ciento respecto de 1992, pero sus inversiones sufren una drástica disminución de más del 43 por ciento. Crecen, sin embargo, las transferencias de capital debido al aumento de la cuota de la ESA, y el resto se concentra en el Plan de Acción Tecnológica Industrial, el famoso PATI, que se mantiene en 8.494 millones. La congelación de fondos de este Plan, base de la política tecnológica industrial del Gobierno, lleva a analizar la base financiera de los otros planes del MINER, como son las ayudas para la adaptación al Mercado Unico, el plan de apoyo a la industria textil y el PITMA (Investigación y Tecnología de Medio Ambiente).
Su comparación con los fondos destinados a ayudas y planes ligados a los procesos de reconversión da una idea clara de las posibilidades reales de las políticas industriales activas.
Como en los últimos años, los gastos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, son marginales y alcanzan a 485 millones, es decir, un 0,2 por ciento del total del gasto en dicho Ministerio; mientras, el total de gasto de I+D se mantiene en el 6,2, sufriendo un nuevo recorte de inversiones del 37 por ciento.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reduce su participación al 4,1 por ciento, recortando todas las partidas en más del 22 por ciento. Es difícil de explicar que el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado inste a potenciar los temas específicos que preocupan a nuestro país: medio ambiente,

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salud, agricultura y áreas socioculturales, y que los recortes y el abandono presupuestario afecten especialmente a dichas áreas.
En cuanto a las cuotas a organismos internacionales diré que el sector exterior queda definido por las cuotas a organismos y programas de investigación europeos. El total de cuotas para 1994 es de 16.322. La parte más importante de ellas están en la Agencia Espacial Europea, que consume 14.884.
Por segundo año consecutivo se elimina la cuota del CERN. La de 1991 no se ha terminado de abonar. La de 1992 se recortó en un 65 por ciento.
Desde el año pasado no se realiza ningún pago. Igual tratamiento reciben las cuotas de los organismos de la OCDE relacionados con ciencia y tecnología. Como novedad, este año se reduce a la mitad la cuota del Euratom.
La participación y compromisos, respecto de esas organizaciones internacionales, han sido decididas por el Parlamento. Por tanto, el Ministerio no puede arrogarse el derecho de suprimir o reducir las cuotas de forma unilateral, intentando una política de regateo inviable por ridícula en este tipo de organizaciones.
Queda claro que decisiones de este tipo pueden significar la marginación de nuestro país en dichos organismos. De hecho, varios países han propuesto ya quitar el voto a España en las decisiones del CERN. Este tipo de actuaciones contrasta con las declaraciones oficiales de defensa de la gran ciencia y la lucha por conseguir las sedes del Instituto Europeo de Perspectiva Tecnológica en Sevilla.
Si el tamaño de nuestro sistema científico-técnico y el monto total de las inversiones destinadas a su desarrollo no permitieran hacer una política internacional coherente, sería hora de discutirlo; discutirlo y decidirlo, pero en el órgano competente, en el Parlamento. Conocer los cambios de la política tecnológica a través de los Presupuestos sólo puede ser producto de la improvisación o la chapuza.
La investigación española en el programa marco de la Comunidad Europea queda recogida a través de los acuerdos de Maastricht que significaron un avance crucial en los fondos europeos destinados a I+D, al alcanzar el 4 por ciento del presupuesto total. La cumbre de Edimburgo lo redujo de forma importante. La aprobación del cuarto programa marco en junio de 1993 lo vuelve a situar al nivel de Maastricht. La cuota española supone el 8,5 por ciento y los efectos de la devaluaciones se hacen sentir con crudeza. Según se aplique la hipótesis más amplia o la más restrictiva, nuestro aporte en 1994 variará entre 32.650 y 55.144 millones.
La suma de los compromisos internacionales, incluyendo las cuotas y aportes al programa marco, supondrán unos 49.000 millones de pesetas, superando en cualquier caso la suma del Fondo Nacional de I+D, el programa de becas y el resto de transferencias de capital al sector público y privado. Este hecho constituye un límite fundamental para una política de planificación de la investigación de acuerdo a criterios y prioridades nacionales.
Para rentabilizar esta inversión resulta imprescindible una política que active los retornos y potencie los sectores industriales científico-técnicos capaces de absorberlo. La otra cara de esta política implica que el desarrollo de sistemas de I+D y el modelo industrial ligado al mismo resulten cada vez más determinados desde el exterior.
Los retornos obtenidos de proyectos del segundo programa marco de la Comunidad Europea rondan el 5 por ciento, media considerada razonable, teniendo en cuenta que contamos con un 4 por ciento de los investigadores europeos. La ampliación del tercer programa ha multiplicado nuestros aportes, a la vez que se congelan las plantillas del personal investigador. Será, por tanto, difícil repetir las cifras de retornos.
Los resultados de 1993 revelan una caída importante de programas como el «Esprit», que mantenían buenos niveles de retorno.
Aun cuando se lograra mantener el nivel del 5 por ciento esto significaría, de hecho, perder un 3,5 por ciento, más de 13.500 millones en el caso más favorable.
Gastamos el equivalente al 70 por ciento del PNI en financiar la I+D de los países desarrollados. Achicar el sistema interior significa reducir nuestra ya poca influencia en la elección de los temas y proyectos en los que participamos, aumentando cada vez más el diferencial con Europa.
Las previsiones para el seguimiento del Fondo Nacional en 1996, junto con la cuota española al programa marco de I+D comunitario limitan al máximo el margen de maniobra de cualquier política nacional de I+D. La necesidad de asegurar los retornos actuará orientando y ordenando los programas nacionales a las prioridades de los grandes consorcios europeos que son los que de verdad deciden la política científica en la Comunidad Europea.
No queda lugar para políticas alternativas, ni siquiera complementarias, que se salgan de estos objetivos prioritarios.
Los problemas específicos relatados antes: medio ambiente, salud, recursos naturales, desequilibrios tecnológicos, regionales y sectoriales, tendrán que esperar.
Como conclusión, les diré que los Presupuestos confirman la pérdida de protagonismo de la I+D en la estrategia del Gobierno. Primero, se lanzan planes tan importantes como el Plan Director de Infraestructuras y, el mismo tiempo, se mantienen los gastos de investigación del Ministerio de Obras Públicas en menos de 500 millones de pesetas. Se lucha por conseguir la localización en España de las Agencias Europeas de I+D y, a la vez, no se pagan las cuotas a los organismos internacionales. Se achica cada vez más el sistema científico-técnico sin contar con que esta política afectará tanto al sector público como a las actividades de I+D empresariales, concentradas en un número pequeño

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de empresas y donde más de la mitad de su esfuerzo presupuestario está ligado a ayudas públicas.
Es difícil imaginar qué otros resortes serán utilizados para mejorar el nivel de las empresas españolas y de sus productos, si se desdeña la poderosa herramienta que supone una política tecnológica coherente, apoyada en un sistema científico y técnico fuerte.
A los ocho años de la aprobación de la Ley de la Ciencia y a seis de la puesta en marcha del Plan Nacional, tras una movilización importante de recursos presupuestarios y humanos, destinados a potenciar el sistema científico-técnico y a aumentar su integración con el tejido productivo, los Presupuestos Generales del Estado en I+D confirman las tendencias de los últimos años y nos devuelven a la situación presupuestaria del comienzo del ciclo.
Las raquíticas cifras de los Presupuestos Generales del Estado para I+D, la congelación de plantillas de investigación, la ausencia de una política tecnológica coherente en el conjunto del sector público y la incapacidad para afrontar las nuevas orientaciones de la política tecnológica industrial europea, ponen en evidencia las contradicciones entre un discurso oficial que señala a la I+D como una prioridad estratégica y la realidad de las cifras que nos devuelven al nivel de 1988, recién estrenada la política de promoción de I+D en España.
Nuestra moción, como decía al principio, va en el sentido de iniciar un segundo ciclo, similar al del año 1986, y con su horizonte en el año 2000 que permita ver cómo se va dando el salto desde la primera meta del 1 por ciento en relación al PIB, casi rozado en el año 1990, a una segunda meta del 2 por ciento en relación al PIB que, aunque no pudiera ser alcanzada, nos sirviera como referente de cómo va mejorando la situación año a año.
Por tanto, les pido a sus señorías que apoyen la moción del Grupo Parlamentario Popular para que entre todos demos un nuevo impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Las generaciones venideras nos lo agradecerán.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ripoll Serrano.
A continuación, pasamos a la defensa del texto con la propuesta de modificación. Habría un turno para dicha defensa. (Pausa.) Se renuncia al turno. Por tanto, abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para expresar la postura del Grupo Vasco de apoyo a esta moción. La nuestra es una postura de apoyo en el sentido de que todos estamos viendo en estos momentos, sobre todo en épocas de crisis económicas, que las inversiones en I+D son un punto importante, no digo el único, pero sí uno de los importantes, de cara a que las empresas alcancen competitividad.
Desde 1986, prácticamente desde que nos adherimos a la Comunidad Económica Europea, el sistema tradicional de defender a las empresas en base a subvenciones directas o en base a actuaciones arancelarias ya no sirve, mucho más con la entrada en vigor del Mercado Unico en 1993.
En este sentido, la inversión en I+D es garantizar futuro y es la forma de ayudar a la innovación, a la calidad, al diseño, en definitiva, a no perder mercados y tratar de recuperar otros.
La importancia que tienen en el mundo moderno las inversiones en I+D se pone de manifiesto cuando vemos, en comparación con nosotros, el porcentaje tan grande que dedican países como Japón, casi el 4 por ciento de su PIB; los Estados Unidos, que dedican el 3 por ciento; la Europa de los doce, que dedica el 2 por ciento, e incluso la propia Comunidad Económica Europea, que dedica prácticamente un 3,5 o un 4 por ciento de su presupuesto, cantidad en principio inferior a la que se fijaba en el acuerdo a que se llegó en la Cumbre comunitaria de Milán en los años ochenta, por la que se creaba el Acta Unica Europea, pero que es un porcentaje muy superior a ese 1 por ciento escaso, al que no llegamos nosotros en estos momentos.
Por tanto, nuestra postura va a ser de apoyo a esta moción. Incluso, iríamos más lejos. Nosotros pensamos que el Estado español, que se incorpora en 1986 con una tradición proteccionista a un mundo abierto, como es el de la Comunidad Económica Europea, tiene un déficit en capacidad de competitividad de las empresas desde un punto de vista global. Por eso, nosotros pensamos que debemos hacer un esfuerzo mayor y que incluso se debería destinar un presupuesto superior al que se destina en estos momentos a actividades de I+D para tratar de ir reduciendo ese «gap» tecnológico que tenemos respecto de los países más industrializados y más avanzados de la CEE.
Y es que hay una realidad, hablando de la famosa convergencia con Europa: están ahí los parámetros macroeconómicos que se han marcado para poder entrar en el ecu, pero, al final, lo verdaderamente importante es la convergencia real, una convergencia en PIB, en renta per cápita, en empleo y, en definitiva, una convergencia en capacidad de competitividad por parte de nuestras empresas. Como decía al principio, las inversiones en I+D juegan un papel importante a este respecto.
Por tanto, nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos apoya esta moción, e incluso creemos --vuelvo a repetirlo-- que las cantidades que se destinan en estos momentos son realmente insuficientes para poder hacer frente a un mundo más desarrollado, dentro de la Comunidad Económica Europea, y con una

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tradición más librecambista que la que tenemos nosotros. Invertir en I+D es invertir en futuro y tratar de ganar el reto que tenemos planteado en estos momentos tanto nosotros como nuestras industrias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Grau.


El señor GRAU I BULDU: Señorías, es indudable que la modificación de la moción que se ha presentado incluye los principios que, sin dudar, suscribimos todos los grupos de esta Cámara.
Nuestro Grupo ya planteó en su programa electoral el objetivo de alcanzar un nivel de gasto o inversión en investigación y desarrollo en las empresas que estuviera en torno al 2 por ciento del PIB, en el más breve plazo, y si era posible dentro de esta legislatura.
En los presupuestos de 1994, las medidas fiscales de incentivos a los gastos en investigación y desarrollo e internacionalización de las empresas alcanzan ya la deducción de un 35 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, lo que sumado a la compensación en dos años puede llegar hasta el 45 por ciento. Este porcentaje está, pues, en la línea de los países más avanzados. Creemos importante, además, incentivar fiscalmente la formación del personal de la empresa, y por ello también apoyamos que se permita deducir hasta un 5 por ciento de la cuota del citado Impuesto sobre Sociedades para esta aplicación. Creemos que con ello se reutilizan los medios que se habían propuesto en el I Plan de ayuda a la tecnología y a la investigación y desarrollo en un nivel medio de efectividad del 2 por ciento del PIB para los países más avanzados en la actualidad.
Además, es prudente considerar dentro de estos factores que se propicie la desgravación fiscal de los convenios empresa-universidad, para la formación de investigadores, por cuento ello representa de institucionalización de la investigación y de dar una continuidad a programas y procesos que requieren más de un ejercicio contable, y de una dedicación eminentemente científica, separada de toda actividad empresarial.
Finalmente, creemos que es objetivo de los organismos públicos desarrollar, bien junto con la universidad, bien creando entidades públicas con personalidad jurídica propia, laboratorios de análisis y ensayo, con el objetivo de favorecer a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan disponer, a un coste razonable, de medios de verificación y prueba de determinados procesos y elementos.
Por ello, nuestro grupo votará a favor de la modificación de la moción que se ha presentado, consensuada con todos los grupos de esta Cámara, en el bien entendido de que al sentir incluidas nuestras propuestas, en lo que a este tema se refiere, dentro de la misma, nuestra actuación en el futuro estará dirigida a alcanzar los objetivos fijados en nuestro programa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene de nuevo la palabra el Senador Ripoll.


El señor RIPOLL SERRANO: Gracias, señor Presidente.
Quiero aprovechar este turno de Portavoces, en primer lugar, para comentar las intervenciones de sus señorías, tanto por la cortesía debida como por el interés que han tenido las mismas. En segundo lugar, quiero fijar nuestra posición respecto de la enmienda presentada por todos los grupos, firmada por nosotros también, y de la que ha sida padre el Senador Grau, del Grupo Parlamentario de Convergència y Unió, aunque no es responsable del incoloro e insípido hijo que ha surgido de la misma.
Quiero agradecer al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos su apoyo, y sobre todo su espíritu en ir un poco más allá. No ha sido decisión nuestra limitar nuestra propia moción.
Quiero agradecerle al Senador Grau, del Grupo de Convergència i Unió, el trabajo de acercamiento entre las distintas posturas, no divergentes, pero sí distantes, así como su interés en recoger de alguna forma la segunda parte de la moción que, al final, desestimamos, en aras de conseguir el apoyo mayoritario de la misma. Le faltó un poco de valentía para apoyar su propio programa en el tema del 2 por ciento.
En cuanto al Grupo Socialista, que todavía no ha tenido oportunidad de intervenir, quiero agradecerle también su disposición para el diálogo, pero censurándole esa nota predominante en todas sus intervenciones, ese evitar compromisos, ese no comprometer al Gobierno ni la más mínimo, aunque en casos como éste le sea difícil no propugnar una moción que es un objetivo claro por parte de todos los sectores interesados en I+D.
Voy a explicar por qué nos sumamos a esta modificación. Básicamente, porque nuestra moción pedía aumentar el gasto hasta alcanzar el objetivo del 2 por ciento del PIB en el año 2000, y se ha quedado en continuar con las medidas de apoyo que han proporcionado, quiero decir que se ha quedado en continuar la política del Gobierno. Esta es la concesión a no decir que lo que se ha hecho, no se ha hecho mal, efectivamente, pero quizá se haya interrumpido la política que se venía haciendo desde 1986.
Con el objetivo de situar a España, hemos cambiado el horizonte del año 2000 por el «del más breve plazo posible». No obstante, si nuestra salud y los votos populares

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nos lo permiten, seguiremos insistiendo más veces aquí antes del año 2000.
En cuanto al tema del 2 por ciento, ha quedado en un volumen de gasto en I+D, en relación al PIB, análogo a la media de los países de la Unión Europea. Ahí creo que coincidimos, aunque quizá su señoría nos ha subido un poco, ya que posiblemente esta media sea superior para el año 2000 al 2 por ciento.
Por tanto, y aunque no es exactamente la propuesta que nosotros presentamos, estamos de acuerdo con la moción tal como queda y solicitamos el apoyo de todas sus señorías.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.


El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, un mal entendimiento desde la tribuna ha llevado a nuestro Grupo a no intervenir en un posible turno de defensa de esa propuesta de modificación, por la que hemos abogado todos los grupos parlamentarios.
Tendremos, pues, que hacer un resumen, lo que nos privará de comentar algunas valoraciones --en las que podríamos discrepar-- que ha hecho el representante del Grupo Popular, Senador Ripoll, cuyo tono y postura agradecemos y reconocemos.
Pero al firmar ustedes íntegramente esta propuesta, quedan un poco fuera de lugar las críticas y los comentarios que ha sugerido su señoría, puesto que aquélla se refiere a continuar, lo cual quiere decir que la propuesta que todos firmamos indica que la estrategia que se ha llevado a cabo era correcta, aunque también sus palabras han tenido un tono positivo sobre lo hecho hasta el momento.
Pero, a lo mejor, lo más prudente hubiera sido retirar esa moción, presentada en el mes de julio. Su señoría tendrá que reconocer que ha sido la actitud de diálogo, de comprensión, y la buena voluntad que ha existido entre los grupos parlamentarios de esta Cámara, lo que ha hecho que llegáramos a este punto de encuentro, que supone un rechazo a la moción que presentaban sus señorías; rechazo, desde nuestro punto de vista, porque, efectivamente, su señoría se ha referido al último dato de 1990: 425.000 millones, aproximadamente, de gasto de I+D, tanto del sector público como del privado. Pero yo le puedo dar el de 1991: 470.000 millones, y el de 1992: 520.000 millones de gastos en I+D, entre el sector público y el privado. Ha habido, pues, un aumento entre 1991 y 1992 de un 10 por ciento, por lo que tenemos que rechazar rotundamente la afirmación de su señoría acerca de esa recesión, de esa crisis, de esa disminución de las partidas, ya que los gastos de I+D de este país han cambiado.
Nosotros respaldamos esta propuesta de modificación, porque creemos que debemos continuar en esa línea. Por otro lado, su señoría no ha aludido a algo muy importante: al Real Decreto 1622, de 29 de diciembre de 1991, que ha sido la base para la inclusión en los presupuestos de 1992, en primer lugar, de la definición de lo que se entiende por investigación, y, en segundo lugar, por desarrollo, para evitar confusiones de los contribuyentes que se beneficien de las ayudas fiscales para I+D. Pero, además, dichas ayudas han aumentado, y en los presupuestos para este año ya se recogen ventajas y ayudas fiscales, lo que constituiría el argumento para que sus señorías hubieran retirado esa moción del pasado mes de julio.
Como su señoría sabe, esas ayudas y mejoras han consistido, por una parte, en que se mantenga lo que ya se hizo sobre la base de la Ley de Reconversión y Reindustrialización: incluir un 15 y un 30 por ciento de deducciones fiscales en intangibles y en activos físicos; y recientemente, a través del citado Real Decreto, esos porcentajes se han mejorado, pasando a ser del 30 y del 45 por ciento para intangibles y activos físicos, sobre el excedente de incremento del gasto en I+D de un año, reparto de la media de los dos anteriores. Esto, señoría, ya está recogido en la Ley de Presupuestos que está en la Cámara; por tanto, ya se había mejorado el respaldo fiscal.
Por lo demás, todos los indicadores que podamos manejar nos señalan que la marcha del país, el esfuerzo realizado desde 1987 ha sido positivo.
Por una parte, ha aumentado el número de investigadores en el país, que se aproxima a los 40.000, aunque haya problemas en su reparto entre el sector público y privado. La tasa de personal de investigación en el sector público ha disminuido del 74 al 70 por ciento, pero todavía es mucho más alta que la europea, que se encuentra en el 40 por ciento en la OCDE, o en el 47 por ciento de media, en los países de la Unión Europea.
Sin embargo, ahí están los resultados de la investigación científica. Por ejemplo, si nos referimos a la participación de las producciones científicas en I+D y a su divulgación en las publicaciones internacionales de prestigio, como puede ser la Revista del Instituto de Filadelfia, la participación de España en producción era del 1,2 por ciento, y en este momento está, prácticamente, en el 2 por ciento. Eso ha sido fruto de un incremento del gasto acumulado desde 1987, superior a los 19 puntos, mientras que el de la Comunidad Europea ha sido de un 8,5 por ciento, lo que también ha favorecido que el personal investigador en España haya aumentado un 9,5 por ciento, mientras que el de la Comunidad Europea lo ha hecho en un 3,5 por ciento.
En cuanto a las becas, en este momento tenemos 8.000 becarios entre el sector público y el privado. Con respecto a las tesis doctorales, en 1987 se leyeron aproximadamente 3.300, y, en 1991 se han leído 5.500 tesis. Es decir, cualquiera de los indicadores que pueda ofrecer a su señoría pone de manifiesto el avance importantísimo de nuestro país, en el que en 1987 era casi una entelequia hablar de investigación y desarrollo, y en donde en este momento, señoría, estamos teniendo

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un peso específico en la realidad de la Comunidad Europea.
A este respecto, ¿cuáles son los resultados en la Comunidad? En una serie de proyectos, los datos de España son expresivos, ya que está participando en este momento en el treinta y tantos por ciento de los proyectos Eureka, entre los que colabora en el 18 por ciento y es el grupo líder, que promueve esos proyectos en la Comunidad Europea. Eso sirve para realizar un trasvase de nuestros investigadores, que tienen una perfecta comunicación, se han abierto hacia Europa, participan en equipos internacionales y están potenciando sus conocimientos en todo lo relacionado con la investigación científica y el desarrollo.
Pero también esas medidas fiscales han sido complementadas en nuestro país por una acción de la Administración, que alcanza unas cuotas equivalentes a la media de la Comunidad Europea. En ese sentido, podría facilitarle a su señoría los datos relativos a las ayudas fiscales que existen en este momento en la Comunidad, en países cuyo nivel de bienestar y riqueza son superiores a los nuestros y que, por tanto, constituyen un desiderátum en nuestro progreso en investigación científica y desarrollo, para lograr un crecimiento que sea real; de ahí que hayamos puesto como ejemplo la media de los países de la Comunidad Europea.
Alemania, que tiene en el Impuesto de Sociedades de un 36 a un 50 por ciento, contempla una reducción de un 12 por ciento de los costes de producción o adquisición en inversiones efectuadas hasta el 1 de julio de 1992 y una amortización de hasta un 50 por ciento del coste. Bélgica, con un 39 por ciento en el Impuesto de Sociedades, únicamente prevé la amortización acelerada en tres años. Francia, que tiene el 34 por ciento de Impuesto de Sociedades, contempla una deducción de un 14,5 por ciento de las inversiones, la deducción de los gastos incurridos en el ejercicio y la amortización lineal en cinco años, en caso de activación de los gastos. El Reino Unido, con una tasa del 33 por ciento, contempla una deducción del cien por cien de los gastos del ejercicio y la amortización del cien por cien en caso de activación de los gastos, pero no tiene deducción en cuota.
Esta situación hace que podamos considerar nuestro tratamiento y nuestras ayudas fiscales prácticamente análogas, ya que no hay discrepancias fundamentales en los apoyos, a las de la Comunidad Europea. También hay otros factores que aconsejan que unas ayudas o deducciones fiscales de una cuantía del 30 y del 45 por ciento en fechas recientes, por prudencia, para comprobar la recaudación tributaria y comprobar el impacto que existe en el mundo de la investigación científica, no se puedan modificar.
España, hasta 1992, ha tenido un crecimiento medio acumulativo en gasto de I+D del 14,8 por ciento, superando al de Alemania, con el 6,9; a Italia, con el 9,5; a Francia, con el 8,4; al Reino Unido, con el 5,6, etcétera. En cambio, nos hemos aproximado a la estructura de la financiación. Termino en este punto, porque veo que se me ha acabado el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia estaba escuchándole con atención, pero agradece la disponibilidad del Senador Cercós.
Muchas gracias.
Vamos, pues, a someter a votación la propuesta de modificación, que leo literalmente: «El Senado insta al Gobierno de la Nación a continuar con las medidas de apoyo que han proporcionado los avances y progreso en I+D del primer Plan, con el objetivo de situar a España, en el más breve plazo posible, en un volumen de gasto en I+D, en relación al producto interior bruto, análogo a la media de los países de la Unión Europea.» ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE REGULE LA PUBLICIDAD CON MENSAJES SANITARIOS (662/000019).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno para que regule la publicidad con mensajes sanitarios.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara y, por tanto, su tramitación se ajustará a las reglas establecidas. En primer lugar, tiene la palabra el Senador Bertrán i Soler, en nombre del Grupo proponente de la moción originaria en defensa de su texto.


El señor BELTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiere agradecer el amplio consenso en la justificación que inspira esta moción, y celebramos la nueva redacción porque refleja con mayor exactitud que el texto de la moción original el objetivo que pretendíamos. El problema que insta a resolver esta moción se refiere a las consecuencias, lesivas para la salud de los ciudadanos, que se derivan de la publicidad sobre artilugios, productos o prácticas que se anuncian como curativos. La gravedad de esta cuestión no estriba en los artilugios o prácticas en sí. Creo que estoy facultado para decirles, por ejemplo, que dudo que un vaso imantado pueda ser nocivo para la salud; incluso, pudiera ser que en determinadas personas pudiera ejercer efectos neurovegetativos beneficiosos. Pero también estoy facultado, señorías, para denunciar la falsedad, el engaño y el

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fraude de publicidades como las que aparecen en un períodico de esta mañana, que anuncia plantas para celulitis, proponiendo la venta de 45 cápsulas, a un precio determinado, y diciendo que si piden dos cajas se sufragan los gastos de envío. Otro señor que se anuncia hoy --un astrólogo internacional--, asegura la curación por «Reiki». Yo no sé si sus señorías sabrán que es lo que es el «Reiki». Este Senador no lo sabe.
Otro señor anuncia también esta mañana que puede evitar un otoño en sus cabellos. Este Senador, señorías, ve desde esta tribuna, no otoño, sino muchos inviernos. Pero yo les aseguro que, hoy por hoy, no hay método científico que pueda evitar esta circunstancia. Asimismo, se anuncian por radio o televisión pinzas u otros artilugios, con un afán claro de lucro, como, por ejemplo, los famosos brazaletes, que me imagino que sus señorías habrán visto que se llevan. Cuando ya se había agotado la comercialización de estos brazaletes, algún iluminado inventó las recargas para ellos, lo que es fantástico en cuanto a la picaresca. Los ciudadanos que acuden a la curación por este método «Reiki», que hoy se anuncia en el periódico, o utilizan estos artilugios, esperan los efectos beneficiosos que les han anunciado, porque confían en que la publicidad es veraz en un Estado de derecho. Al cabo de un largo tiempo de espera, al ver que es un engaño, acuden al sistema sanitario; y ahí está la gravedad del problema, porque cuando lo hacen, ya no están a tiempo del beneficio del diagnóstico y del tratamiento precoz, que son las dos mejores armas de la medicina moderna contra la enfermedad. Por este motivo, señorías, es necesario regular este tipo de publicidad, a fin de evitar graves perjuicios para la salud de los ciudadanos.
Existe legislación que, directa o indirectamente, se refiere al control de publicidad, como, por ejemplo, el Real Decreto de 6 de octubre de 1977, sobre visados de publicidad médico-sanitaria, que, por cierto, contempla la formación de comisiones provinciales de visados de publicidad --creo que debería adecuarse a la legislación actual, en cuanto a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas--, y faculta a estas comisiones, entre otras cosas, a vigilar la publicidad sobre empresas que proporcionan cualquier clase de tratamientos físicos o psíquicos, e, incluso, a institutos de belleza, saunas y masajes. Hay otra legislación sobre promoción e información de publicidad, de 1 de diciembre de 1977; la Orden de mayo de 1980, sobre promoción, información y publicidad; la Orden de 10 de diciembre de 1985, que regula los mensajes publicitarios, referidos a medicamentos y determinados productos sanitarios. Aquí quiero hacer un inciso, señorías, porque en esta Orden se dice que estos mensajes «no contendrán afirmaciones o ilustraciones que garanticen curación, despierten aprensión o temor a sufrir una dolencia de mayor entidad de la que se padece, o a contraerla, por no utilizar el preparado que se anuncia». Esta Orden, señorías, podría ser contraria a algunas recientes campañas de la prevención contra el sida; yo no dudo del beneficio de tales campañas, pero es contraria a la legislación que continúa vigente.
También existe la Ley de 19 de julio, para la defensa de los consumidores, que, en su artículo 4.1, dice que «los reglamentos reguladores de los diferentes productos o actividades, determinarán, al menos, las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado que deba atenderlos». Este punto es muy importante, porque suprimiríamos más del 50 por ciento del intrusismo, y los magistrados no dictarían sentencias --como las hay-- que no consideran delito, ni tan siquiera falta, la actividad de un curandero, porque no cobra la consulta. Existe otra legislación de 8 de marzo de 1991, sobre catálogos de productos; la Ley del Medicamento, de 20 de diciembre de 1990, la Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988, etcétera. No voy a enunciar toda la legislación, señorías, en aras a la brevedad, pero sí quiero decir que, aparte de la legislación española --que nos afecta directamente--, existe la comunitaria, como la Directiva 84450 CEE, del Consejo, de 10 de septiembre, relativa a la aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, en materia de publicidad engañosa, que dice que «el anunciante debe estar en condiciones de probar la exactitud material de los datos contenidos en su publicidad, y puede ser obligado hacerlo». Hay otra Directiva, es la 89552, del Consejo, de 3 de octubre, sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. En su artículo 12, dice que «la publicidad televisiva no deberá fomentar comportamientos perjudiciales para la salud». Y, por último, una reciente carta de 9 de noviembre de 1993 de Mr. Ken Collins, que es el Presidente del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo, recomienda a todos los Estados miembros que eviten, no sólo la automedicación de los ciudadanos, sino la utilización de estos artilugios, precisamente para evitar este grave problema para la salud.
Señorías, con todo lo que acabo de decir, creo que queda justificada esta propuesta, suscrita por todos los grupos parlamentarios, en cuanto a que el Senado inste a las administraciones públicas para que regulen la publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o curativos en relación con la salud y ofrecen artículos o servicios que se presentan como productos parasanitarios, y no se hallan regulados por la normativa vigente.
El estudio de esta moción ha procurado a este Senador unas informaciones adicionales que, sin duda alguna, van a generar otras iniciativas parlamentarias, porque es un campo que creo que puede beneficiar a todos los ciudadanos en cuanto a la garantía para su salud.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Se abre turno para la defensa de la propuesta de modificación.
Tiene la palabra el Senador Borderas.


El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió, y especialmente por el Senador Bertrán, querido y distinguido colega, insta al Gobierno a que se regule la publicidad con mensajes sanitarios. Ante la lectura de esta moción, no podíamos por menos que suscribirla, por su amplitud, por su generalización en cuanto a la protección de la publicidad sanitaria y por todo lo que ello entraña. Evidentemente, era imposible oponerse de una manera radical, y ni siquiera de una manera matizada, a esta moción. De su lectura en profundidad se desprende la preocupación por cómo se encuentra en nuestro país la legislación sobre protección y orientación de la publicidad sanitaria. Y no deja de constituir, como el mismo Senador Bertrán ha puesto de manifiesto, una cierta sorpresa la existencia de múltiples disposiciones, decretos y leyes, que protegen en nuestro país la publicidad sanitaria.
Dentro de este cúmulo de disposiciones y leyes tal y como se ha citado aquí, podemos hablar de la Ley General de Sanidad, de 1986; de la Ley General de Publicidad, de 1988; de la Ley del Medicamento, de 1990, y de múltiples disposiciones, todavía vigentes, de años anteriores, como --y ya se ha especificado aquí-- los Reales Decretos 2.827, de 1977, y 3.151, de 1977, en los que orienta y protege la publicidad médico-sanitaria, los visados, la composición de las comisiones de visado para la contemplación y reglamentación de la publicidad médico-sanitaria, pero también aquello que corresponde a la publicidad de medicamentos, de cosméticos, de productos alimenticios, dietéticos, etcétera. Es decir, está ampliamente extendida en la legislación existente toda una serie de sistemas y modos que protegen la publicidad sanitaria en casi todos los campos.
Por si esto fuera poco, prácticamente todas las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 151 y tienen transferidas las competencias de la sanidad han incorporado también una nueva legislación sobre el particular, y una muestra de ello es, por ejemplo, el Decreto sobre publicidad sanitaria, de la Xunta de Galicia, de 1990, o el Decreto de la Comunidad Autónoma Vasca, de 1991, o el Decreto de la Comunidad Navarra, de 1993. Es decir, existe una amplísima existencia de leyes y de normativa sobre este tema, pero la verdad es que no existe una normativa concreta sobre el terreno que no es propiamente sanitario, sino que entra dentro del campo, digamos, de lo parasanitario.
Esta fue la idea por la que añadiésemos este nuevo matiz en la propuesta de modificación de la moción que en estos momentos estoy defendiendo, con la que se insta a las administraciones públicas a que regulen la publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o curativos, porque es evidente que nadie anuncia un producto para producir daños.
Nadie dice: «tome usted estas pastillas, que le van a producir un terrible dolor de cabeza». Esto no ocurre. Es todo lo contrario; es aquello que se anuncia como curativo, como beneficioso, como posible, y, naturalmente, eso puede encerrar un cierto engaño. Pero si se trata de una publicidad engañosa, eso está absolutamente reglamentado por casi todas las disposiciones que hemos dicho, y especialmente por la Ley General de Publicidad. Por tanto, tampoco se trata de una publicidad que, en principio, pueda ser engañosa; puede desvirtuar la realidad, pero no ser realmente engañosa. Era, pues, difícil encontrar un término. Quizás el término «parasanitario» posibilite la existencia de esta propuesta de modificación de la moción, tal como estoy defendiendo.
Es cierto que la sanidad es un hecho que, en principio, produce una preocupación habitual en cualquier ciudadano, pero, además, hay otro hecho que quiero resaltar, y es que la sanidad mueve mucho dinero.
Concretamente, y dentro de pocos días debatiremos en esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado para 1994, que suponen una globalidad de casi 3 billones de pesetas para la sanidad española. Pero éste no es sólo el dinero de la sanidad, sino que hay otros dineros que están en otras actividades, como pueden ser los balnearios, las curas de adelgazamiento o una serie de elementos que no estarían incluidos dentro de esta globalidad de dinero, que supone nada menos que 3 billones de pesetas.
Es indudable que la publicidad sanitaria está en relación con toda una serie de actividades, como puede ser las de los profesionales, los centros, los comercios, las ópticas, las ortopedias, los medicamentos, los transportes, las ambulancias, etcétera, que también están dentro del campo de la sanidad, e incluso los propios centros docentes. Por ejemplo, ahora mismo hay academias que se dedican a la enseñanza y preparación de los exámenes MIR en toda España. Eso forma parte, indudablemente también, de una acción paralela, fuera de los centros académicos habituales, pero también supone un dinero, y mucho, para aquellas personas que están formándose y preparan esta importante oposición.
No hay que olvidar tampoco que la sanidad es esperanza para muchas personas que se encuentran afectadas por problemas serios de su propia salud. En este sentido, siempre hay desaprensivos, propensos a manejar este tipo de esperanza, y todos sabemos --y el Senador Beltrán ha citado hoy mismo la prensa diaria-- de la existencia de sanadores, de curanderos, de videntes, que se anuncian por la televisión y dicen: «Llámennos a este teléfono, que le diremos su futuro, por 64 pesetas únicamente por minuto.» La cosa parece, pues, que está muy barata; si un señor puede decidir nuestro futuro por 64 pesetas por minuto, es que se

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trata de una oferta absolutamente tentadora, y comprendo que haya muchas personas que así lo hagan.
Existen también otros campos, como son los de la medicina natural, la naturista, la homeopática, etcétera, que son igualmente atrayentes para otros grupos. Recientemente, en una importante librería científico-técnica de Madrid, revisando algunos libros sobre temas sanitarios, contemplé cómo casi una tercera parte del volumen que correspondería a la parte ortodoxa de la medicina estaba ocupada por toda la serie de la parafernalia paramédica que suponen la medicina natural, la curación por las plantas, la curación por el agua, etcétera. Suponía esto casi la tercera parte global de dicha librería técnica.
Igualmente, hay otras actividades que están dentro de la sanidad y que también se anuncian y tienen su publicidad correspondiente. Se trata de otros campos paralelos que están apareciendo día a día, como puede ser la ingeniería sanitaria, el derecho sanitario y la informática sanitaria.
Hoy día se venden ya «softwares» de mucha importancia económica en relación con la enseñanza, con la sanidad, con la gestión, etcétera, y, probablemente, con otras actividades paralelas dentro del campo de la sanidad.
En resumen, el artículo 43.2 de la Constitución, dice claramente que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», y es sin duda una referencia básica para apoyarnos en nuestra Ley de leyes y para que esta Cámara le otorgue una dedicación especial.
Agradezco desde este mismo foro a todos los grupos políticos que han apoyado la propuesta de esta modificación y solicito de las Administraciones públicas que se regulen los mensajes publicitarios que anuncian beneficios curativos en relación con artículos o servicios presentados como productos parasanitarios que no se hallan regulados por la normativa vigente.
Debo agradecer, igualmente, como he dicho, a todos los grupos políticos el haber hecho posible que esta moción salga adelante con el consenso de todos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Borderas.
Realizada la defensa de la propuesta de modificación, abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Martínez Soriano.


El señor MARTINEZ SORIANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para Anunciar que el Grupo Popular va a votar favorablemente esta moción, y lo va a hacer porque entiende que la protección a la salud no sólo debe llevarse a cabo desde el ofrecimiento de una mayor calidad asistencial o con una política sanitaria de información veraz, sino que debe fundamentarse también en el control de todos aquellos mecanismos que de alguna forma pueden interferir en el estado de la salud o de la enfermedad del paciente, ya sea desde el punto de vista físico como el psíquico.
No puede quedar duda alguna a sus señorías de que la oferta publicitaria de ciertos productos o artilugios que podíamos denominar parafarmacéuticos o parasanitarios ocasiona, cuando menos, una indudable frustración a quienes hacen uso de ellos y comprueban más tarde que no sirven para mejorar sus males, o cuando provocan daños fisiológicos o impiden que otras actuaciones terapéuticas de base científica sean aplicadas en tiempo y forma en beneficio de la salud.
Cápsulas de romero molido, señorías, con nombre chino, fabricadas en Tarrasa y que se venden a 600.000 pesetas el kilo, cuya publicidad consiste en decir que todo lo que baja puede subir, presentando a un señor con un ramo de rosas marchitas y que me hizo pensar en un principio que se trataba de un elixir o de una panacea traída de China por el Presidente González para levantar y fomentar al Partido Socialista, pero que al profundizar descubrí que se refería al alivio de otro órgano al que a veces comúnmente se le aplica un nombre floral. (Protestas en los escaños del Grupo Socialista.) Podemos encontrar también publicidad sobre pastillas vitamínicas que aumentan en poco tiempo tiempo el espesor de la piel; agua imantada capaz de resolver todos los males de este mundo; polvo mineral de roca, pero roca no española, sino austriaca, de múltiples aplicaciones; o pinzas auriculares contra el dolor, junto a maravillosos crecepelos y milagrosos adelgazantes son algunos de los productos, señorías, que en prensa, radio y televisión se ofrecen como alternativas ilusionantes a la medicina tradicional.
Es verdad que cierta patología psicosomática responde provisionalmente a estos métodos, pero no lo es menos que sus efectos son volátiles y en muy importante porcentaje la acción positiva que el ciudadano esperaba de ellos no llega a producirse. Tal situación no lleva sino al fácil enriquecimiento de unos en base al engaño a que se somete a quienes, de una u otra forma, se encuentran necesitados de esperanza.
Ya la Directiva del Consejo de Europa 84/450, en su artículo 4, recoge que los Estados miembros velarán porque existan los medios adecuados y eficaces para controlar la publicidad engañosa en interés de los consumidores. Igualmente, refiriéndose al medicamento, la Directiva 92/28 señala que en la publicidad no podrá incluirse ningún elemento que se refiera de forma abusiva, alarmante o engañosa a testimonios de curación.
El mismo artículo, en su apartado c), habla de la no inclusión en publicidad de elementos que sugieran al usuario mejorar su salud mediante la utilización de

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medicamentos. Pues bien, estamos siendo testigos diarios en los diferentes medios de comunicación de programas publicitarios donde se asegura que la salud mejora al utilizar esos productos, y además suelen presentar multitud de testimonios de curación que conducen, indudablemente, al uso de esos productos por parte del ciudadano, que, llevado por la esperanza, la ilusión y la ingenuidad, es fácil víctima de la manipulación interesada de la información. Esa manipulación se debe, sola y exclusivamente, a unos señores especuladores de esos productos que mueven muchos miles de millones de pesetas.
Señorías, existe multitud de legislación, como aquí se ha dicho antes por los oradores precedentes, tanto a nivel europeo como a nivel del Estado y de todas las Comunidades Autónomas, que se refiere al control de la publicidad sanitaria. Pero este tipo de productos se han escapado hasta ahora de este control al no ser considerados como medicamentos o como productos sanitarios propiamente dichos.
Por ello, me parece muy oportuna esta moción y la forma en que ha quedado finalmente redactada, y me felicito y felicito al resto de los partidos políticos por suscribirla en esta Cámara.
Muchas gracias, y más vale tarde que nunca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Martínez Soriano.
¿Desea intervenir el Grupo Socialista en el turno de portavoces? (Pausa.) Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la propuesta de modificación en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que paso a leer: El Senado insta a las Administraciones públicas para que regulen la publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o curativos en relación con la salud y ofrecen artículos o servicios que se presentan como productos parasanitarios y no se hallan regulados por la normativa vigente.
¿Se entiende que la Cámara pueda aprobarla por asentimiento? (Pausa.) Así se declara. Muchas gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las doce horas y cincuenta minutos.

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