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DS. Senado, Pleno, núm. 15, de 20/12/1993
 


Año 1993 V Legislatura Núm. 15

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 20 de diciembre de 1993

ORDEN DEL DIA:

--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993.


--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de enero de 1994 para la aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial.


Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 5, de fecha 17 de noviembre de 1993) (número de expediente S. 621/000005) (número de expediente C.D. 121/000012).


--Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuados durante los ejercicios de 1986, 1987, 1988 y 1989. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 13, de fecha 4 de diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000013) (número de expediente C.D. 121/000006).


Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 17 de diciembre de 1993) (número de expediente S. 621/000007) (número de expediente C.D. 121/000013).


(El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 16, del martes, 21 de diciembre de 1993.)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.


Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993 (Página 543).


Se aprueba el Acta.


Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de enero de 1994 para la aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial (Página 543).


Se aprueba la solicitud por asentimiento de la Cámara.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea (Página 544).


Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios de 1986, 1987, 1988 y 1989.
Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 544).


Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Página 544).


El señor Sanz Blanco, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Garcías Coll, quien así lo hace a continuación. Seguidamente interviene el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Comienza el debate de las enmiendas de veto. El señor Ruiz-Gallardón Jiménez defiende la enmienda de veto del Grupo Parlamentario Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


El señor Cuevas González defiende la enmienda de veto del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Petrizán Iriarte defiende la enmienda de veto al Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna. El señor Ramón i Quiles defiende la enmienda de veto del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ruiz-Gallardón Jiménez, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los señores Ruiz-Gallardón Jiménez y Granado Martínez. El señor Ruiz-Gallardón Jiménez hace uso de la palabra nuevamente por alusiones. Cierra el debate el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Popular por 96 votos a favor, 123 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 99 votos a favor, 126 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, por 99 votos a favor, 125 en contra y 8 abstenciones.


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Se rechaza la enmienda de veto del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, por 100 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.


Se inicia el debate del articulado. Título I, artículos 1 a 11. Anexos I y II.


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 806 a 814, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Ramón i Quiles da por defendida la enmienda número 1.233, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana. El señor Barbuzano González defiende las enmiendas números 1.175 y 1.176, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Utrera Mora defiende las enmiendas números 42 a 65 y 222 a 224, del Grupo Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Utrera Mora, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista. Los señores Utrera Mora y Granado Martínez intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Título II, artículos 12 a 20. Anexos V y VI.


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 815 a 823 y 946, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números 1.287 a 1.293, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Fernández Rozada defiende las enmiendas números 66, 68 a 76, 78, 79 y 227 a 229, del Grupo Popular. El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Fernández Rozada, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista.


Título III. Artículos 21 a 35.


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 824 a 844, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Espert Pérez-Caballero defiende las enmiendas números 1.567 y 80 a 116, del Grupo Popular. El señor Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular, y Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista.


Títulos IV y XI, artículos 36 a 45, 101 y 102. Sección 07.


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 845 a 848 y 897 a 903, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas números 1.300 a 1.301. El señor Barbuzano González defiende la enmienda número 1.156, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Lobo Asenjo defiende las enmiendas números 116 a 121, 187, 188 y 233, del Grupo Popular. El señor Cercós Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Lobo Asenjo, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.


Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.


Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.


LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 1993

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993.
¿Alguna observación al acta? (Pausa.) Queda aprobada.


SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 11 DE ENERO DE 1994 PARA LA APROBACION, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE REGLAMENTO EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO EN LO QUE ATIENDE A LA POTENCIACION DE SU FUNCION TERRITORIAL

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: solicitud de celebración de una sesión extraordinaria el día 11 de enero de 1994 para la aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado en lo que atiende a la potenciación de su función territorial.
¿Se aprueba dicha propuesta? (Pausa.) La Presidencia entiende que dicha propuesta se aprueba por asentimiento de la Cámara, dado lo que fue manifestado por los señores portavoces recientemente. Así se declara. Aprobada por asentimiento.


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CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTOS DE LEY SOBRE EL ACCESO A DETERMINADOS SECTORES DE LA FUNCION PUBLICA DE LOS NACIONALES DE LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (S. 621/000005) (C. D. 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en las series correspondientes, con fecha de 17 de noviembre de 1993.
A este proyecto de ley no se presentaron enmiendas dentro del plazo que al efecto se señaló. Por tanto, por aplicación del artículo 183 del Reglamento, se ha procedido a su inclusión directa en el orden del día en el Pleno de la Cámara.
Los señores portavoces han manifestado hace una hora en la reunión de la Junta de Portavoces que no habrá intervenciones en este proyecto de ley.
Por tanto, podemos entender que puede ser aprobado por asentimiento en su totalidad. (Pausa.) Así se declara y queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.464.683.902 PESETAS, PARA CANCELAR DEUDAS CON LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS DE 1986, 1987, 1988 Y 1989. (S. 621/000013) (C. D. 121/000006.)

El señor PRESIDENTE: También, por conocimiento directo del Pleno y con urgencia, estamos en condiciones de examinar, y en su caso aprobar, el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios de los años 1986, 1987, 1988 y 1989. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con fecha de 4 de diciembre de 1993.
Los señores portavoces han manifestado que el proyecto puede ser aprobado sin debate. Por tanto, se entiende aprobado por asentimiento de la Cámara. (Pausa.) Así se declara y con ello queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entrega de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios de los años 1986, 1987, 1988 y 1989.
Muchas gracias.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (S. 621/000007) (C. D.
121/000013.)

El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Vamos a ver el dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. Publicado en el Boletín Oficial, en las series correspondientes, con fecha 17 de diciembre de 1993.
A este proyecto se han formulado distintos votos particulares. Antes de comenzar el debate, ruego al Presidente de la Comisión de Presupuestos que nos indique quién va a presentarlo ante el Pleno del Senado.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión de Presupuestos, a propuesta de la Presidencia, acordó que el encargado de presentar el dictamen de la Comisión de Presupuestos ante la Cámara fuera el Senador Garcías Coll, Vicepresidente Primero de dicha Comisión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.
El Senador Garcías Coll tiene la palabra para presentar el dictamen.


El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, me cabe el honor de presentar en este trámite parlamentario el dictamen formulado por la Comisión de Presupuestos del Senado relativo a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994.


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De acuerdo con lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara, el representante designado por la comisión correspondiente se limitará a dar cuenta a ésta para su debido conocimiento e ilustración de las actuaciones y de los motivos inspiradores del dictamen formulado. A ello, pues, me dispongo.
En fecha de 23 de noviembre de 1993 fue publicado en el Boletín de la Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, remitiéndose, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento del Senado, este proyecto de ley a la Comisión de Presupuestos. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) El plazo de presentación de enmiendas al texto publicado quedó fijado hasta el 29 de noviembre a las 18 horas. En este plazo se presentaron cinco propuestas de veto firmadas por los siguientes Senadores: don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, en representación del Grupo Parlamentario Popular; don Andrés Cuevas González, del Grupo Parlamentario Mixto; doña Isabel Vilallonga Elviro, del mismo Grupo; don Esteban Petrizán Iriarte, también del Grupo Parlamentario Mixto, y don Miquel Ramón i Quiles, del Grupo Parlamentario Mixto.
Asimismo, se formularon a los distintos títulos, artículos y secciones, 1.931 enmiendas particulares y de los distintos grupos parlamentarios. El 3 de diciembre se reunió la Ponencia designada para estudiar el proyecto de ley, integrada por los señores don Mariano Alierta Izuel, don Sixte Cambra i Sánchez, don Octavio Granado Martínez, don José Segura Clavell y don Francisco Utrera Mora, elevando a la Comisión de Presupuestos el siguiente informe.
Incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, excepto las números 1.874, 1.881 y 1.923 que se debatirán en Comisión. Incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1.830 a 1.834, 1.839 a 1.844, 1.847 a 1.849, 1.851, 1.854, 1.856, 1.865 y las números 1.850, 1.855, 1.858 a 1.860 con las modificaciones y correcciones que figuran en el Anexo, y dejar para su debate en Comisión el resto de las enmiendas no incorporadas al texto del proyecto de ley.
Este informe fue aprobado por mayoría, con el voto a favor de los señores Cambra i Sánchez, Granado Martínez y Segura Clavell, y con el voto en contra de los señores Alierta Izuel y Utrera Mora.
Los días 10, 13 y 14 de diciembre se reunió la Comisión a fin de debatir las correspondientes propuestas de veto y las enmiendas formuladas al proyecto de ley de presupuestos, emitiendo el preceptivo informe, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Cámara con fecha 17 de diciembre de 1993, permaneciendo vivos para su debate en Pleno 60 votos particulares, que contienen cuatro propuestas de veto y 1.791 enmiendas.
Esto es todo cuanto tengo el honor de informar a esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
¿Desea intervenir el señor Ministro? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco con satisfacción ante la Cámara para cumplir con el trámite de presentación de lo que son para mí los primeros presupuestos generales del Estado como Ministro de Economía y Hacienda.
Dada la tramitación constitucional de las leyes en nuestro Parlamento, constituye una dificultad adicional cumplir con este trámite de presentación que, lógicamente, intenta contener una cierta dosis de originalidad con el fin de evitar la repetición de argumentos o explicaciones que sus señorías ya conocen por haber sido presentados previamente en el Congreso.
Este año el presupuesto presenta una peculiaridad específica, que no se ha producido en años anteriores, como consecuencia de debatir conjuntamente la ley de presupuestos para 1994 y la ley de reforma de régimen jurídico de la función pública y de protección por desempleo junto a las medidas fiscales de la ley de acompañamiento.
Por eso, señorías, me van a permitir, al igual que hice en la Cámara Baja, que realice una exposición simultánea de ambas normas que, conjuntamente, y si cuentan con el voto favorable de esta Cámara, van a configurar el marco jurídico y económico para 1994. El día 30 de septiembre se presentó el proyecto de ley de presupuestos generales en el Congreso. Desde entonces la posición del Gobierno ha consistido en intentar conseguir un mayor grado de confianza en la economía española.
Para ello se ha procurado reforzar las negociaciones con los agentes sociales y también adoptar algunas medidas específicas que pensábamos eran imprescindibles para salir de la crisis. Consideramos que esa salida de la crisis debe realizarse de forma solidaria, pero ese esfuerzo solidario de todos no siembre ha encontrado la suficiente comprensión por parte de algunos de los interlocutores sociales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) ¿Cuál ha sido la evolución económica en estos tres meses? Creemos que el comportamiento de la economía se asemeja en gran medida a aquellas situaciones que caracterizan a cualquier período final de una recesión.
El dato más preocupante sigue siendo, sin duda alguna, la evolución de las cifras de paro que

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corresponden al ajuste necesario de una economía en tránsito hacia una etapa mayor de crecimiento. Seguramente tendremos que seguir conviviendo durante algunos meses más con este dato tan negativo de nuestra economía real. Sin embargo, de cara al futuro inmediato pienso que hay elementos que nos podrían permitir un mayor optimismo. Sin duda la reducción de tipos de interés, unido a la finalización de las negociaciones de la Ronda Uruguay, así como a las iniciativas que tanto a nivel nacional como a nivel comunitario se han venido adoptando en las últimas semanas, nos permiten ser más optimistas. Incluso en nuestro ámbito doméstico el Gobierno está dando claras muestras de disciplina y de rigor económico, factores esenciales para recuperar el clima de confianza en los agentes económicos, con la aplicación decidida de medidas como las recientemente adoptadas en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación que pretenden crear un entorno adecuado que favorezca nuestras relaciones de competitividad internacional.
Pero, ¿cuáles son los retos con los que se enfrenta la política económica actual? Tenemos que hacer frente a una crisis económica, principal reto que debemos afrontar, pero no podemos olvidar tampoco que tenemos en proyecto y que está en puertas una integración económica europea a la que no debemos renunciar. Tampoco debemos olvidar los compromisos que tenemos con nuestra sociedad en materia de bienestar económico y social.
Para algunos la mejor receta para salir de la crisis sería instrumentar una política presupuestaria expansiva. Se olvidan, sin embargo, de que este tipo de medidas produciría efectos transitorios y artificiales en el crecimiento a corto plazo, pero a la larga no harían sino dilatar la fase de debilidad económica, exigiendo a la postre aplicar medidas mucho más duras que las que se proponen.
La respuesta que se puede ofrecer a la crisis y a los tres retos que he enunciado: crisis económica, convergencia europea y mantenimiento de los niveles de protección social, no es única y, sobre todo, será difícil que satisfaga simultánea y plenamente a todos los agentes económicos y sociales. Sin embargo, por parte del Gobierno existe la profunda convicción de que la única estrategia razonable sigue siendo la que hemos estado pronunciando en estos años, es decir, contar con un contexto de estabilidad macroeconómica y con un entorno microeconómico más flexible.
Ambos representan el mejor camino para iniciar en primer lugar el relanzamiento económico, y para consolidar más tarde una senda de crecimiento sostenido.
¿Cuál debe ser el papel de la política presupuestaria en ese contexto? En una situación en la que, como consecuencia de los procesos de integración monetaria a nivel supracional, como consecuencia del juego del sistema monetario europeo, como consecuencia incluso de las decisiones internas que acentúan la economía del Banco de España, la política fiscal adquiere cada vez más un papel fundamental dentro de la actuación de la política económica. Este protagonismo está plenamente asumido en la orientación actual de la política fiscal, buena prueba de ello es el perfil de austeridad y el carácter restrictivo de estos presupuestos para 1994.
Todo ello --no debemos olvidarlo-- con una visión a medio plazo desde la que, como ya he dicho, hemos de diseñar una política económica que permita la corrección de los desequilibrios básicos y el saneamiento de las estructuras productivas para asentar sobre una base firme las condiciones de crecimiento de nuestra economía.
La reducción del déficit público se convierte, por tanto, en el elemento fundamental de nuestra estrategia de política económica. Ese objetivo prioritario constituye, sin duda, un punto fundamental de esa política económica, ya que permitirá, en primer lugar, una gestión más flexible de otros instrumentos de la misma para corregir desequilibrios básicos en materia de inflación y de tipos de interés, pero también contribuirá positivamente a elevar la tasa de ahorro nacional y, finalmente, a aliviar el desequilibrio de las cuentas exteriores favoreciendo una posición más estable de nuestra moneda.
Ahora bien, el objetivo de la reducción del déficit lo debemos plantear de una forma realista. No se pueden desconocer las tensiones que soportan determinados programas de gasto público ni la rigidez que presenta una presupuestación al menos a corto plazo.
Tampoco podemos desconocer que en un contexto como el actual, y con unas modestas perspectivas de crecimiento a medio plazo, los efectos de los estabilizadores automáticos de los gastos e ingresos públicos están --y seguirán incidiendo de forma notable-- en la dinámica de consolidación fiscal de nuestras cuentas públicas. Debemos hacer frente, por tanto, a un doble reto: por una parte, al incremento del gasto; por otra, a la disminución del ingreso, y todo ello en un contexto de solidaridad y de estímulos al crecimiento al que no podemos renunciar de ninguna forma.
En definitiva, es necesario mantener un esfuerzo de reducción del déficit público, pero este objetivo debe plantearse de forma realista, teniendo en cuenta la situación y las exigencias actuales de nuestra economía; de forma flexible, adecuando el ritmo de consecución de este objetivo a la dinámica de evolución temporal de otras variables nominales y reales de nuestra economía; y también de forma muy exigente, planteando con firmeza y rigor todas aquellas medidas que permitan una contención efectiva de aquellas partidas de gasto público que más tensionan el presupuesto y, sobre todo, de aquellas que alimentan el componente estructural del déficit público.


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¿Cuáles son los objetivos que pretende conseguir el presupuesto de 1994? De forma muy sucinta, los resumiría en los cuatro siguientes. El control del déficit público a través de una reducción selectiva del gasto. El mantenimiento de los aspectos irrenunciables y solidarios de nuestro Estado del bienestar, garantizando una protección social adecuada a aquellos que verdaderamente la necesitan y evitando conductas abusivas o excesos. Mantener el esfuerzo inversor realizado por nuestras administraciones públicas en los últimos años. Por último, implantar incentivos fiscales en aquellas actividades económicas con mayor capacidad de inversión productiva y de generación de empleo.
Pero antes de analizar las grandes cifras, quisiera hacer una referencia muy breve a las principales modificaciones que se han producido en los estados numéricos del proyecto de ley, derivadas de las enmiendas introducidas en el Congreso.
La incidencia global de estas enmiendas en el gasto sólo ha supuesto un incremento de 14.554 millones de pesetas en el presupuesto consolidado, lo que supone apenas un 0,05 por ciento de los créditos presentados en el proyecto. Es decir, pasada la primera fase de tramitación parlamentaria, el presupuesto sigue manteniendo los mismos perfiles de disciplina y rigor presupuestarios.
La mayoría de las enmiendas que se han presentado han supuesto un traspaso de créditos entre capítulos y secciones presupuestarias. La única enmienda aprobada, que ha dado lugar a un aumento de gasto por el importe anteriormente señalado, ha sido la tramitada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 20 de octubre de 1993. Además, y por lo que se refiere al ámbito exclusivo del subsector Estado, se ha producido un aumento adicional de 537 millones de pesetas como consecuencia del efecto neto en el presupuesto de la enmienda aprobada, para dar cumplimiento a la reestructuración del Ministerio de Economía y Hacienda, acordada en el Real Decreto 1.725, de 1993; enmienda que no afecta al presupuesto consolidado, al estar compensada por bajas en el relativo a organismos autónomos.
¿Cuáles son las grandes cifras del presupuesto de 1994? Incorporadas las enmiendas a las que he hecho referencia en el Senado, no quisiera, sin embargo, que mi intervención se convirtiese en una relación excesivamente prolija de cifras y magnitudes. Quisiera destacar algunas de las características que podemos predicar de este presupuesto: su credibilidad, el realismo que ha presidido la presupuestación de este ejercicio y, en definitiva, que los estados numéricos del presupuesto de 1994 permiten una distribución adecuada de recursos para el cumplimiento de los objetivos que les he anunciado.
El total del presupuesto consolidado ascenderá a 28 billones 645.000 millones de pesetas, de los cuales más del 90 por ciento corresponden a las operaciones de carácter no financiero. Si nos centramos en el presupuesto del Estado, que es fundamental tanto por su importancia cuantitativa, como por la incidencia de las decisiones de la política presupuestaria y su transmisión de la actividad al resto de los agentes, podemos resumirlo en las siguientes grandes cifras. Los ingresos ascenderán a 13 billones 216.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 3,8 por ciento respecto del avance de liquidación de 1993.
La presión tributaria del Estado, definida por la proporción que los impuestos directos e indirectos representan en relación con el PIB, se situará en el 17,2 por ciento; es decir, 1,8 puntos menos que la inicialmente prevista en 1993, e inferior en 0,6 puntos a la previsión de recaudación de este ejercicio.
Por su parte, los gastos no financieros supondrán 16 billones 514.000 millones de pesetas, un 1,2 por ciento menos que la liquidación prevista para este año. En consecuencia, el déficit inicial previsto en el presupuesto de 1994 se situará en 3 billones 297.000 millones, un 5,2 por ciento del PIB y, por tanto, prácticamente un punto menos que el déficit de caja previsto para 1993.
Todas estas cifras son una clara evidencia del carácter restrictivo del presupuesto del Estado para 1994, puesto que incorpora un crecimiento del gasto público inferior al crecimiento nominal del PIB, que para 1994 se prevé de un 4,8 por ciento. Ahora bien, este esfuerzo de contención del gasto se acentúa de forma más contundente si se excluyen del mismo los intereses de la Deuda Pública y los compromisos adquiridos con otras administraciones públicas. Eliminando el efecto de esas dos partidas, el gasto no financiero en términos nominales se reduce en un 8,1 por ciento, lo que unido a la inflación prevista, del 3,5 por ciento, se traducirá en una reducción real superior al 11,5 por ciento.
Sin embargo, para comprobar la efectividad de los otros objetivos que he anunciado para el presupuesto de 1994 --mantener las prestaciones sociales y fomentar la actividad productiva--, voy a profundizar un poco más en el análisis de los diferentes capítulos. Me referiré, inicialmente, al presupuesto de ingresos y gastos fiscales para, a continuación, comentar el presupuesto de gastos.
En cuanto a los ingresos, por una parte, me gustaría destacar el mantenimiento de la presión fiscal individual y, por otra, la aportación al relanzamiento de la actividad productiva a través de la instrumentación de un conjunto de beneficios fiscales a favor de las empresas. Estos beneficios aparecen recogidos, tanto en el proyecto de ley de presupuestos, como en el relativo a medidas fiscales, por lo que haré referencia a ambos conjuntamente.
Como ya he señalado, está previsto que para 1994 los ingresos no financieros del Estado crezcan casi un 4 por

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ciento sobre la previsión final de recaudación de 1993, aunque si comparamos esta cifra con la inicialmente presupuestada este año incluso tendremos una disminución del 0,8 por ciento.
La previsión de recaudación para 1993 --y éste es un dato importante-- presenta una desviación muy importante, de 592.000 millones de pesetas, respecto de la cifra presupuestada. Incluso si nos centramos únicamente en los ingresos derivados de los impuestos directos o indirectos, la caída de la recaudación asciende a un billón 110.000 millones de pesetas.
¿A qué se debe esta caída, tan absolutamente anómala, en 1994? Permítanme una explicación muy rápida.
En primer lugar, los efectos de la recesión económica se han traducido en un menor crecimiento de las rentas y consumos gravados y en un incremento muy fuerte en los fraccionamientos de las deudas tributarias.
En segundo lugar, hay que mencionar que algunas modificaciones normativas, especialmente en el ámbito del IVA, con el nuevo tratamiento de las adquisiciones intracomunitarias, que permite compensar saldos dentro del propio ejercicio, y la desaparición del control aduanero, han supuesto una reducción sustancial en la recaudación de este tributo. Sin embargo, y desde un aspecto positivo, podemos señalar que las turbulencias del sistema monetario han permitido un incremento muy sustancial de los ingresos patrimoniales del Estado por encima de la previsiones presupuestarias, gracias a los beneficios del Banco de España.
Sobre la base de esta situación de liquidación del año 1993, ¿cuáles son las previsiones de ingresos en el año 1994? En primer lugar, en los impuestos directos, que supondrán, aproximadamente, el 45 por ciento o algo más del presupuesto total de ingresos, superando la cifra de seis billones de pesetas, pensamos que la recaudación se situará en algo menos que la del año 1993. Por una parte se espera que la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crezca algo más del 6 por ciento sobre la recaudación del año 1993, mientras que el Impuesto de Sociedades disminuirá casi un 29 por ciento, respecto a esa cifra de recaudación del año 1993.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el ajuste derivado de la crisis ha obligado a no actualizar la escala de gravamen de la tarifa, las deducciones y la tabla de retenciones en función de inflación, con la salvedad de la deducción correspondiente a los sujetos pasivos y personas dependientes minusválidas, que se incrementa a 52.000 pesetas y el cambio en la deducción por alquiler de viviendas, donde se modifica el límite máximo de rentas, que da derecho a su aplicación. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Otras medidas previstas para el año 1994 que suponen mayor recaudación por este Impuesto, son la sujeción a gravamen de las prestaciones por desempleo y la supresión de la exención de las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad parcial o total.
En el ámbito de la Ley financiera, y a la vista del tratamiento especial recibido por las instituciones de inversión colectiva, se someten a tributación los incrementos de patrimonio derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital social o patrimonio de tales instituciones, aunque el conjunto de las mismas no superen las 500.000 pesetas previstas con carácter general en la Ley del Impuesto.
En el Impuesto sobre Sociedades es donde se puede apreciar de forma más clara el esfuerzo realizado para cumplir el objetivo fiscal de incentivar la inversión y empleo. Por ello, se eleva al 25 por ciento la deducción de la cuota correspondiente a las inversiones realizadas, en beneficio de la internacionalización de las empresas españolas; se crea una nueva deducción del 5 por ciento por incremento de gasto de formación profesional y se eleva al 35 por ciento el límite conjunto de la deducción en la cuota aplicable a las deducciones por inversión en activos fijos materiales nuevos. Dentro de la Ley financiera se crea un régimen especial de protección a las PYME, mediante la aplicación de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto de Sociedades. La imposición indirecta debe reducir su recaudación en un 3,9 por ciento en relación con el presupuesto inicial del año 1993, pero aumenta en un 12,1 por ciento en relación con la recaudación prevista. Ello se debe, fundamentalmente, al importante incremento que esperamos que se produzca en el Impuesto sobre el Valor Añadido con más del 16 por ciento de aumento respecto a la liquidación del año 1993. Esta recuperación se basa en el crecimiento nominal del consumo y, sobre todo, en la desaparición de los factores atípicos, que han aminorado la recaudación en el año 1993. En ese Impuesto se plantean dos modificaciones fundamentales: por una parte, se aplicará el tipo superreducido del 3 por ciento a las viviendas de protección oficial de régimen especial o de protección pública y, en segundo lugar, en la ley financiera se prevé la reducción de la base imponible del sujeto pasivo del Impuesto, cuando, conforme a Derecho, por resolución firme, judicial o administrativa, queden sin efecto, total o parcialmente, las operaciones gravadas o se altere su precio después de que la operación se haya efectuado.
En cuanto a los impuestos especiales, la recaudación prevista superará la cantidad de un billón 700.000 millones de pesetas, con un incremento del 9,8 por ciento respecto al presupuesto inicial y del 7,8 por ciento respecto al de liquidación. Con los incrementos en los impuestos especiales nos adaptamos a las obligaciones derivadas de nuestros compromisos comunitarios.
Finalmente, en cuanto a otros ingresos, quiero destacar que los ingresos patrimoniales del próximo año

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deberían volver a la normalidad y no sufrir las alteraciones que hemos experimentado este año, como consecuencia de las variaciones de los ingresos patrimoniales del Banco de España.
En cuanto a los gastos fiscales, querría hacer alguna referencia rápida.
Estos gastos ascenderán en el año 1994 a un billón 700.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento superior al 25 por ciento respecto al año 1993. Ello se debe, sobre todo, a las ventajas incluidas para incentivar la actividad económica, sobre todo en el Impuesto de Sociedades, pero también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como conclusión, en materia de ingresos y gastos fiscales, en primer lugar, destacaría que se han querido instrumentar las fórmulas más adecuadas desde la perspectiva fiscal para permitir fomentar la actividad productiva y, en segundo lugar, que se ha querido mantener la presión fiscal individual, de forma que los incrementos esperados en la recaudación de las principales figuras tributarias van a provenir, en primer lugar, de una evolución más favorable de los factores que determinan las bases imponibles y, en segundo lugar, de las mejoras de gestión tributaria y de la lucha contra el fraude fiscal.
Desde el punto de vista de los gastos, inicialmente querría hacer una pequeña referencia al año 1993 para, a continuación, pasar a comentar con algún detalle mayor las previsiones de gasto para el año 1994.
El año 1993, también desde el punto de vista de los gastos, se puede considerar un año atípico. Los efectos de la crisis económica y la formalización de gastos de los años 1992 y 1993, explican que la previsión de la liquidación de presupuestos de gastos no financieros del Estado exceda en casi dos billones de pesetas del presupuesto inicial.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Entre las principales causas de esta desviación, cabe destacar los créditos extraordinarios, por una cantidad de 916.000 millones de pesetas previstos en el año 1993 a favor del INEM; los créditos adicionales para inversión en infraestructuras del Real Decreto-Ley 3/1993, de forma que nos permitiese utilizar de manera congruente los fondos de cohesión de las Comunidades Europeas; los gastos dirigidos a atender al nuevo sistema de financiación de Comunidades Autónomas, por encima de 100.000 millones de pesetas; los incrementos de transferencias del Insalud, por más de 110.000 millones de pesetas y, finalmente, los 95.000 millones de ampliación de crédito a las Comunidades Autónomas, en concepto de liquidación definitiva de la participación de ingresos del Estado en el año 1992.
Para el año 1994, los créditos incluidos en el presupuesto de gastos no financieros del Estado se elevan, como ya he señalado anteriormente, a algo más de 16 billones y medio de pesetas. Es evidente que si se desea compatibilizar los objetivos de reducción del déficit y del impulso de la actividad productiva, es necesaria una reestructuración de ese gasto que facilite la contención del mismo en las partidas que no afectan a la economía real y se liberen recursos a favor de aquellas otras que, de modo más directo, inciden en el crecimiento. Sin embargo, la distribución selectiva del gasto tropieza con un obstáculo fundamental, y es la existencia de una serie de partidas con limitada posibilidad de reducir su crecimiento tendencial a corto plazo. Se refieren fundamentalmente a aquellas partidas que afectan a derechos subjetivos o que son consecuencia de leyes o convenios con otras Administraciones.
Esta rúbrica, que podríamos denominar gastos ineludibles, es tan importante que absorbe el 80 por ciento del gasto total no financiero y responde a conceptos como gastos de personal activo y pasivo del Estado, intereses de la deuda pública, gastos sociales constituidos por aportaciones al INEM, al INSALUD y a pensiones no asistenciales y no contributivas y a aportaciones a otras administraciones. No creo que se admita ninguna duda sobre la importante limitación que supone la rigidez de estos gastos, lo cual exige que se realice un esfuerzo mayor en otro tipo de gastos previstos.
Me gustaría hacer, sin embargo, un ligero comentario sobre los intereses de la deuda y el endeudamiento al que tenemos que hacer frente en el año 1994. Los intereses de la deuda pública ascenderán a 2 billones 680.000 millones de pesetas, lo cual supone un incremento del 22 por ciento respecto a 1993. La evolución de este capítulo de gastos es una de las razones de mayor peso para justificar la necesidad de reducir el déficit público, puesto que los recursos destinados a pagar los intereses de la deuda pública absorben ya el 17,3 por ciento del gasto no financiero del Estado. Es verdad que el descenso de los tipos de interés, que aún no se percibe de forma excesiva en el presupuesto de 1994, nos va a ayudar a que esta carga sea menor. Sin embargo, el incremento del volumen de endeudamiento, al seguir creciendo, hace que el resultado final no sea lo positivo que hubiésemos deseado en el año 1994.
El cambio de la estructura del pasivo del Estado en estos últimos años se ha producido de forma muy sustancial: por una parte, se ha reducido la posición deudora frente al Banco de España, que ha pasado de representar más del 50 por ciento del endeudamiento en 1982 al 3,5 por ciento a finales de 1992. Por otra parte, han desaparecido las emisiones de pagarés del tesoro, que se han visto sustituidas por el notable auge de las letras y deuda interior negociable a medio y largo plazo, instrumentos que a finales de 1992 representan prácticamente el 79 por ciento de la deuda del Estado en circulación.
El cambio en la estructura de endeudamiento del Estado ha acercado el coste medio de los pasivos al tipo de interés de mercado y, en consecuencia, nos veremos favorecidos de esa reducción de tipos de interés, sin embargo,

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como he dicho antes, la repercusión no será todo lo positiva que hubiese deseado como consecuencia del incremento del endeudamiento.
En definitiva, y para finales del año 1993, si se añade la previsión de déficit de caja a lo que ya conocemos, la variación de activos financieros y las deudas asumidas, el endeudamiento total se situará en torno al 53 por ciento del PIB. Por ello, no sólo se eliminan los efectos derivados de la reducción de tipos de interés como he dicho, sino que incluso se pondrá en peligro el cumplimiento de uno de los requisitos de convergencia de Maastricht, el de alcanzar el nivel del 60 por ciento de máximo endeudamiento en el año 1994, si no adoptamos las medidas restrictivas que se proponen.
Una última cuestión relevante a este respecto en el presupuesto del año 1994 es el artículo 51, que quiero destacar, ya que introduce como importante novedad la prohibición de autorización de descubiertos o la concesión de cualquier tipo de crédito por parte del Banco de España al Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales o cualquier otro organismo o entidad pública de los que se mencionan en el Tratado de la Unión Europea en su artículo 104.
¿Cuáles son las características del presupuesto de 1994 desde nuestro punto de vista? En primer lugar, es un presupuesto solidario, ya que a pesar de la escasa flexibilidad de la presupuestación se han mantenido los niveles de protección social, distribuyendo de forma más racional la misma y asegurando que los perceptores de estas prestaciones sean aquellos que realmente las necesitan. Esa prioridad en el área social se centra sobre todo en la política de desempleo, en la asistencia sanitaria, en las pensiones asistenciales y en los complementos de pensiones mínimas, aumentados en cuantía suficiente para asegurar la protección de colectivos más necesitados. Esas políticas representan prácticamente el 45,6 por ciento de los recursos presupuestados en 1994, con un crecimiento para el conjunto de los mismos superior al 8 por ciento respecto al presupuesto de 1993.
Pero también se han hecho esfuerzos importantes en educación, de forma que se pueda seguir poniendo en marcha de forma progresiva la Ley Orgánica de la Ordenación General del Sistema Educativo, pero también la implantación del segundo ciclo de la educación primaria, la potenciación de la educación secundaria, la formación profesional y otras actividades prioritarias del Ministerio de Educación; la vivienda, a la que dedicaremos más de cien mil millones de pesetas, utilizando los instrumentos tradicionales de las subvenciones directas y, en tercer lugar, la agricultura, que como consecuencia de la reforma de la política agrícola común se verá favorecida por la recepción de más de 900.000 millones de pesetas que compensan la reducción de ingresos como consecuencia de la mayor apertura de los mercados europeos a los mercados internacionales.
Junto a estos incrementos significativos, también querría hacer una referencia a aquellas partidas en las que se ha producido una mayor reducción del gasto. En primer lugar, ha sido enormemente restrictivo en los gastos de personal activo, que disminuirán en un 1,4 por ciento como consecuencia de la congelación salarial de los empleados públicos y el recorte de la oferta de empleo público. Se va a realizar un esfuerzo mayor en los gastos de bienes corrientes y servicios, que disminuirán en un 7,4 por ciento como consecuencia de las reducciones en el capítulo de compra de bienes y servicios, pero, sobre todo, por el recorte entre el 25 y el 60 por ciento en gastos tales como atenciones protocolarias y representativas, contratos con empresas externas, material de oficina, dietas y locomoción.
En tercer lugar, el resto de los gastos corrientes que se concentran en el Capítulo IV también verán una reducción en un 4,6 por ciento menos que la previsión de liquidación a finales del año 1993.
Decía que el tercer objetivo, además de ser un presupuesto solidario y restrictivo en algunos gastos, es el de mantener la estructura de la inversión para mantener la actividad económica. Ello nos ha llevado a que los gastos en infraestructuras del Estado crezcan en un 9,7 por ciento y, considerando la agregación que por este concepto recoge el presupuesto consolidado, la política de infraestructuras global crecerá en un 11,3 por ciento, lo que además de generar empleo permitirá crear las mejores condiciones para aprovechar la próxima fase expansiva del ciclo y mantener el objetivo de una inversión pública cercana al 5 por ciento del PIB.
En definitiva, y después de analizar los ingresos y gastos, creemos que al final se ha conseguido un presupuesto riguroso y creíble, que nos va a permitir llegar en 1994 a un déficit relativamente alto, pero realista.
Creemos que el presupuesto de 1994, con ese ejercicio de realismo, del que no descarto la renuncia al cumplimiento estricto del artículo 10 en 1993, nos permitirá que el presupuesto de 1994 se liquide de forma muy semejante a las previsiones presupuestarias incluidas.
Como conclusión, me gustaría señalar que es evidente que la credibilidad de estos presupuestos, sin embargo, depende en gran parte de la confianza que tengan los mercados en la eficacia de las medidas propuestas por el Gobierno para contener el gasto, sobre todo el gasto sanitario y el de desempleo, y en la orientación a medio plazo de la política presupuestaria, que se debe dirigir con firmeza a reducir el déficit y, con ello, el endeudamiento público. Es cierto que el presupuesto es el principal instrumento que tiene el Gobierno en sus manos para hacer realidad las medidas de política económica que desea, pero ni es el único ni por sí solo suficiente, ya que también son de importancia fundamental algunas de las cuestiones que hemos estado debatiendo

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estos meses, como la reforma del mercado laboral o la política de rentas.
Cuando les digo que este presupuesto incorpora un adecuado grado de credibilidad es porque pienso que el Gobierno está decidido a instrumentar medidas necesarias para flexibilizar nuestra economía y porque las desviaciones de ingresos y gastos que acabarán produciéndose este año no volverán a repetirse en 1994.
Al igual que ocurre en el resto de los países europeos, España está pasando por unos momentos de bajo crecimiento económico y de aumento de desempleo. No obstante, el rápido crecimiento que ha experimentado nuestra economía en los últimos años nos permite situarnos en óptimas condiciones para superar la actual situación de crisis internacional. Por eso, estos presupuestos son moderadamente restrictivos, pero incorporan a su vez un importante esfuerzo de reducción del déficit estructural, similar a lo que están realizando otros países de nuestro entorno. El objetivo principal de los presupuestos de 1994 es crear las condiciones que nos permitan volver a crecer de forma intensa y duradera, considerando que la primera prioridad de la política económica es crear las condiciones que permitan generar puestos de trabajo estables. La política presupuestaria contribuirá a este objetivo mediante la elaboración de estos presupuestos, ajustados y compatibles con el mantenimiento de la presión fiscal, con los avances obtenidos en la provisión de los servicios públicos, lo que nos permitirá conseguir ese difícil equilibrio que anteriormente les he comentado de repartir de forma solidaria los esfuerzos que nos exige a todos la situación económica que atraviesa nuestro país y favorecer la reactivación económica, la creación de empleo y la protección efectiva de los colectivos más necesitados de nuestra sociedad.
Estas son, señoras y señores Senadores, las razones que me llevan a pedir el voto a los proyectos de ley que hoy debatimos en esta Cámara y cuya aprobación solicito de sus señorías.
Nada más y muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
A continuación, vamos a proceder a iniciar el debate de los votos particulares de veto, comenzando por el del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa del mismo, tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.


El señor ruiz-gallardón jiménez: Señor presidente, señor Ministro, señorías, terminaba hace un minuto el señor Solbes su discurso diciendo que hoy nos ha presentado un presupuesto riguroso y creíble. Lo cierto, señor Ministro, es que han transcurrido menos de tres meses desde que el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados para su debate el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, y durante este tiempo se ha puesto de manifiesto una circunstancia que confirma la oportunidad de la enmienda de veto que hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me cabe el honor de defender. Lo que ha ocurrido es que nadie en España habla ya de estos presupuestos o, como diríamos en términos financieros, los mercados han descontado ya estos presupuestos; ya los han encontrado incoherentes con los objetivos perseguidos, fiel reflejo de una política económica continuista, y causantes del efecto perverso de situarnos definitivamente --por si hubiese alguna duda-- fuera de la convergencia con Europa. Estos presupuestos que hoy pretende vetar el Grupo Parlamentario Popular han sido ya vetados por la sociedad española en su conjunto; se han quedado viejos antes de entrar en vigor; han nacido sin despertar ilusión y, consecuentemente, sin posibilidad de provocar esos magníficos deseos que usted decía, y de cuya voluntad no dudamos, señor Ministro, pero que no ha sido capaz de suscitar expectativas reales de recuperación de la actividad económica ni de recuperación del empleo. Se trata, en definitiva, de un conjunto de buenas intenciones que no garantizan el ajuste del gasto público corriente y que, lamentablemente, no permiten abrigar esperanza alguna sobre la recuperación de la inversión.
Lo que ocurre, señorías, es que esto, que ya de por sí es grave, ha ocurrido también en años anteriores, y concretamente con los Presupuestos Generales del Estado de 1993, que recibieron similares críticas por parte de todos los agentes económicos. Ahora bien, ha habido una circunstancia política diferente: éstos son los primeros presupuestos de un Gobierno salido de unas elecciones generales; Gobierno que todos ustedes recordarán, y especialmente los señores Senadores de los bancos de la izquierda, que, según el señor González, iban a situar a nuestro país en una nueva etapa caracterizada por dos puntos de referencia: el diálogo social y el cambio del cambio, o el cambio sobre el cambio, porque la interpretación auténtica nunca he sabido cúal es. Lo cierto, señorías, es que no tenemos ni una cosa ni otra. No se ha producido el pacto social, necesario para encauzar la economía española en esta difícil etapa. Por el contrario, hoy debatimos estos presupuestos enfrentados a la convocatoria de una huelga general, a un deterioro del clima social que este Gobierno es incapaz de manejar, y prueba de ello es que no ha hecho una sola referencia. El señor Ministro ha venido a decirnos o a explicarnos un discurso tecnocrático completamente alejado de la realidad social. No se nos han explicado la razones del fracaso del diálogo, las razones últimas de la huelga. Lo que preocupa en la calle, a usted no le preocupa, y sigue navegando por esos grandes números que, desde luego, poco van a conseguir tranquilizar la desconfianza inversora que en estos momentos tiene la sociedad española. Y del cambio sobre el cambio, señorías, yo creo que es mejor no hablar. Nunca hemos sabido ni en qué consiste ni cómo

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se instrumenta. Esperemos que estos presupuestos y la política económica que representan no formen parte de ese etéreo concepto, porque en caso contrario creo que sabríamos todos a qué atenernos: el cambio sobre el cambio, al final, sería equivalente al nada de nada.
El vacío, la desilusión que acompaña a este proyecto de presupuestos tiene también una explicación política, sin duda, y aquí estamos discutiendo sobre política. Hoy nos ha hablado el representante de un Gobierno sostenido por un partido profundamente dividido, incapaz de superar el personalismo en el que se debate, y eso lo demuestran las reiteradas afirmaciones públicas de algunos de sus más significativos miembros, que si solamente les afectasen a ellos, no vendría a cuento traerlas a este debate, pero que, por provocar consecuencias perversas para el desarrollo de la economía española, es exigible su responsabilidad en el Senado de la nación. Además, este Gobierno, salido de las urnas el pasado 6 de junio, viene justificando su actuación amparándose siempre en el lema de la gobernabilidad, que parece consistir no tanto en acuerdos programáticos entre partidos orientados a superar la crisis que padecemos como, a veces, en la defensa de intereses particulares, en un sistema de trueque en el que unos buscan mantenerse en el poder a cambio de ventajas específicas a favor de los otros; ventajas, eso sí, que en los presupuestos se sustancian en miles de millones de pesetas que se incorporan como mayor gasto. Miles de millones cuya cifra final es imposible de concretar, ya que se opta hábilmente por quienes están interesados en estos acuerdos en recurrir a la calificación como créditos ampliables de las partidas más importantes, aunque, naturalmente, señorías, eso significa una pérdida de control de gasto del Estado y, consiguientemente, una pérdida de credibilidad en el cumplimiento presupuestario. Lo que antes era criticado cuando lo hacía solamente el Partido Socialista, ahora es un mecanismo adecuado porque resulta que beneficia también a otros objetivos políticos distintos.
Mientras tanto, mientras este país asiste perplejo al debate sobre la gobernabilidad y los personalismos --que no le interesan--, no se dan, no nos ha dado usted hoy, señor Ministro, soluciones a los verdaderos problemas que son el aumento del paro, que es la desaparición de las empresas, que es la desertización industrial, que es la ruina del campo español y que es, sobre todo una profunda quiebra en las expectativas económicas y sociales que alcanza a todos, desde los jóvenes hasta los jubilados, pasando por los cabezas de familia; a casi todos los ciudadanos, cualquiera que sea su ocupación, sexo o edad.
La actuación del Gobierno durante los últimos años y, en especial, durante los últimos meses, ha generado una sensación de desaliento que no se corresponde ni con las potencialidades reales del país ni mucho menos con las promesas que hiciera el entonces candidato, y hoy Presidente del Gobierno, señor González Márquez. Y hay por ello, señorías, una cronología de acontecimientos que conviene recordar; aunque sea de forma muy resumida, y que sitúa el contexto general en el se inscriben estos presupuestos.
Aunque alguien se sorprenda, hay que hacer mención al programa de convergencia presentado por el Gobierno en marzo del año pasado, en el que, junto con otras previsiones de crecimiento irrealizables, ustedes recordarán que se proponían medidas de ajuste estructural y de reforma de la Administración, hoy, en su inmensa mayoría, pendientes; se proponía también un calendario de contención del gasto público, de control gradual del déficit público que para 1993 se cifraba en el 3,6 por ciento del valor de la producción nacional.
El segundo punto en este relato cronológico es, durante 1992, la promulgación de los dos famosos Decretos-ley, coloquialmente conocidos como «decretazos», que procedían al ajuste de las prestaciones por desempleo, al aumento de las cargas fiscales de los ciudadanos y de las empresas y a la reasignación del gasto público. Se anunció que esta medidas, como recordará el señor Ministro, iban a suponer en su conjunto una reducción del déficit de 450.000 millones de pesetas en 1992, y más de 700.000 millones en 1993; ello, a costa de los contribuyentes, que empezaron a pagar un 2 por ciento más de IVA y a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una tarifa más elevada; a costa de las empresas, que asumieron el coste de los quince primeros días de incapacidad laboral transitoria, y ello a costa de los desempleados, cuyas prestaciones sufrieron una considerable reducción. En octubre de 1992, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 1993, el mensaje que transmitió el Gobierno, en palabras del anterior Ministro de Economía y Hacienda, fue que la situación económica era delicada, pero no grave; que el gasto público no aumentaría por encima del crecimiento de la economía y que, para ello, se procedería a un nuevo ajuste que ahora recaía sobre los contribuyentes, sobre los empleados públicos y sobre la inversión pública.
Tercer punto de cronología: la campaña electoral. El señor González, con datos aún no cerrados al mes de mayo de 1993, anunciaba una inminente recuperación del empleo durante el segundo semestre de este año; recuperación que, lamentablemente, no se ha correspondido con la realidad de los hechos, como lo demuestra el aumento del paro registrado en casi 150.000 personas en los pasados meses de octubre y noviembre.
Por último, en esta sucesión de acontecimientos, el señor González, en la sesión de Investidura del pasado mes de julio, volvía a incidir en dos tópicos, por cierto, muy del gusto del Gobierno: imputar a la crisis internacional la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en la economía española y atisbar una muy

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pronta recuperación. Ahora bien, al mismo tiempo, se nos empezaron a dar las pistas sobre la profundidad del desajuste presupuestario en que se encuentra España, anunciando un déficit para 1993 en cuantía superior al 5 por ciento de la producción nacional. En realidad, esta cifra fue corregida pronto por el Gobierno y aumentada hasta el 7,2 por ciento del valor del Producto Interior Bruto; estamos hablando, señorías, de casi 4,5 billones de pesetas para el total de las Administraciones Públicas o, lo que es lo mismo, el doble de lo previsto en el plan de convergencia.
Señorías, ¿cómo es posible que se produzcan estas desviaciones del 100 por cien en la previsión del déficit público? ¿Quién es el responsable de que la Administración Central incurra en 1993 en un déficit del 6,2 por ciento del Producto Interior Bruto, cuando estaba previsto que fuera sólo del 2,6 en el programa de convergencia? Resulta que, según nos explica el Ministro, el desbarajuste presupuestario de 1993, que se concentra en una desviación del gasto público por encima de lo presupuestado en 2,4 billones de pesetas, se debe a la crisis internacional. En efecto, el Gobierno ha proclamado que 1993 es año atípico o anormal --creo que éstos han sido los calificativos del señor Ministro--; y puestos a buscar las raíces de este carácter «atípico», las encuentra siempre en la crisis internacional que, por cierto, parece haberle sorprendido, como si se hubiese gestado en un par de semanas. Y puestos a dar contenidos al término «atípico», someten al presupuesto de 1993 --eso sí, una vez celebradas las elecciones generales-- a un primer grado, aplicándoles la herencia histórica, es decir, las irregularidades contables de los años anteriores que, por valor de más de 850.000 millones de pesetas, incluyen los déficit del INEM de 1991 y 1992, las desviaciones del gasto sanitario de 1992 y el coste de financiación de los acuerdos con las comunidades autónomas también para 1992. Así, mientras el Partido Popular pedía --y seguimos pidiendo-- una auditoría completa de las cuentas públicas, el Gobierno decidía aflorar las cuentas pendientes, y sugería, en un primer momento, que una de las causas del aumento del déficit para 1993 era, precisamente, que se estaban regularizando presupuestariamente los déficit del INEM y de la Seguridad Social de los ejercicios anteriores.
Pero lo cierto, señorías, es que a pesar de los mayores gastos que dieron lugar a esos déficit eran créditos ampliables, el Gobierno no prefirió considerarlos como operaciones extrapresupuestarias, en un intento de maquillar el déficit público de aquellos años para, así, converger contablemente con Europa, ya que no lo hacíamos ni en términos nominales ni en términos reales.
La realidad sin embargo, señorías, es más dura, porque, como ha tenido que reconocer el Gobierno durante este debate presupuestario, el déficit de 1993 es, en términos de contabilidad nacional, imputable exclusivamente a este año y, por tanto, con independencia de los ajustes contables de años anteriores. El déficit citado del 7,2 por ciento del producto interior bruto para el total de las administraciones públicas es un déficit nuevo, cuya causa principal es la inercia expansiva del gasto público, una presupuestación excesivamente optimista de los ingresos fiscales para 1993 y, cómo no, las elecciones generales.
La falta de transparencia del Gobierno y los errores de política económica cometidos han producido un curioso fenómeno en el que los ciudadanos españoles hemos pasado de los fastos de 1992 al abatimiento de 1993; de la cultura del «pelotazo» y la ganancia rápida a la amenaza de la pérdida de empleo, a la desertización industrial y al recorte de las prestaciones sociales; del pretendido liderazgo europeo a la mediocridad lamentable que supone estar en el pelotón de los torpes, alejándonos de la convergencia nominal y real con los principales países de la Comunidad. Y todo esto, señorías, en apenas dos años.
No podemos por menos que estar de acuerdo con un dirigente socialista que ha señalado --en esas sesiones de terapia colectiva y autocrítica que tanto prodiga este partido en la actualidad-- que el Gobierno ha sido poco diligente desde el pasado 6 de junio. En realidad, toda la legislatura pasada y los pocos meses transcurridos de la presente han supuesto un período de parálisis gubernamental que, junto con la incoherencia de la política económica aplicada, nos ha colocado en una pendiente cuyos resultados estamos cosechando ahora: 3,5 millones de parados --más de medio millón correspondientes al último año-- y una caída de la producción en torno al 1 por ciento en 1993, y un descenso de la inversión superior al 10 por ciento. La crisis económica internacional, sin duda, ha influido en la crisis que padecemos; pero la crisis española es más intensa, y eso lo demuestra el hecho de que el descenso de la producción sea en 1993 más del doble del previsto para el promedio comunitario, y que la tasa de paro duplique con creces a la europea. En este mismo sentido, las tendencias del déficit público y de la acumulación de deuda del Estado presentan un perfil de crecimiento mucho más acusado que en el conjunto de los países europeos, sin olvidar que en ese conjunto de los países europeos los hay como Grecia, Italia o Alemania --afectada por su proceso de unificación-- que desvirtúan los resultados globales a efectos comparativos.
No nos cabe ninguna duda --y por eso lo denunciamos-- de que hay una grave responsabilidad del Gobierno en la gestación de esta crisis diferencial de la economía española, tanto por lo que ha hecho; una combinación incoherente entre la política presupuestaria y la política monetaria, como por lo que ha dejado de hacer; las reformas estructurales que necesitaba nuestro tejido productivo para ser más competitivo. Por

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tanto, no es de recibo que se imputen los problemas internos a la crisis internacional.
Señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 1994 y las medidas incluidas en la ley financiera que los acompañan no son, en contra de lo que usted nos ha dicho aquí esta mañana, señor Ministro, ni realistas ni coherentes con la situación de la economía española, no van a contribuir a reactivar esta situación y tampoco van a permitir avanzar un ápice en la consolidación presupuestaria, es decir, en lo que usted califica como objetivo prioritario, que no es sino la corrección del déficit público.
Estos Presupuestos para 1994 son una etapa más de la práctica política y económica a que nos tiene acostumbrado el Gobierno socialista: de un lado, crear año tras año un sector público cada vez más grande, aunque aquejado de graves ineficiencias y con importantes problemas organizativos y de despilfarro de recursos; de otro lado, esperar a que otros países nos saquen de la crisis, ya sea por la recuperación económica internacional o por los fondos que, según el Gobierno, va a repartir Europa con tanta prodigalidad.
Hay sólo dos diferencias esenciales en estos Presupuestos respecto a los de los años anteriores; primero, que este año el Gobierno tiene compañeros de gobernabilidad y que a estos compañeros de gobernabilidad hay que pagarles peaje; en segundo lugar, que el Gobierno ha tenido que declarar explícitamente que las cuentas públicas no resisten más, y que, por ejemplo, los españoles debemos empezar a pensar en la necesidad de tener que suscribir sistemas privados de pensiones. Los presupuestos para 1994 son, por tanto y ante todo, la manifestación del fracaso de la gestión y de la política económica de los Gobiernos socialistas, al menos desde 1988.
Uno año más, el señor Ministro comparece --aunque éste sea su primer año-- y nos dice que estamos ante unos presupuestos restrictivos. Lo mismo dijo hace un año desde esta misma tribuna para los de 1993 el señor Solchaga. ¿Recuerdan ustedes, señorías, cuando el hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados nos decía, y cito literalmente: Creemos que este presupuestos, con estos rasgos de austeridad y de restricción, puede ser el presupuesto que establezca la economía precisamente en el programa de convergencia en lo que se refiere a la consolidación presupuestaria? ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Solchaga nos decía: Yo sí puedo garantizarles, señorías, que el gasto de las Administraciones centrales el año que viene, 1993, estará en el entorno y seguramente no superará el crecimiento del producto interior bruto? La pretendida restricción, que se ha producido, pero en los bolsillos de los contribuyentes, que la han padecido las empresas en sus cuentas de resultados, que la han vivido y sufrido los parados en sus prestaciones, no ha afectado, sin embargo, al Gobierno, que ha gastado en 1993 2,4 billones más de lo previsto, el 14 por ciento, señor Ministro, y sólo el Estado ha realizado pagos por valor de 16,5 billones de pesetas, el 14,6 por ciento más que en 1992, mientras que el producto interior bruto aumenta en 1993 el 3,6 por ciento. Es decir, el entorno al que se refería el señor Solchaga se ha saldado con un crecimiento del gasto al menos cuatro veces superior al crecimiento monetario del valor de la producción nacional.
Un año más --este año usted, señor Solbes-- nos dicen que se trata de unos presupuestos creíbles. También se nos dijo para 1993, de los que el anterior Secretario de Estado de Hacienda afirmó que, en el peor de los casos, los gastos públicos no crecerían más del 6,3 por ciento --¿lo recuerda usted?--, y que este crecimiento sería compatible con el control del déficit público y la reducción del déficit exterior --sin duda no lo ha olvidado--. Y lo cierto es que el déficit de las Administraciones centrales del 6,2 por ciento del productor interior bruto supera holgadamente el 3,7 por ciento del déficit de 1992, y que el gasto público en 1993 ha duplicado con creces las hipótesis máximas de crecimiento formuladas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Un año más se nos dice que se trata de unos presupuestos realistas, basados en unas previsiones ajustadas y coherentes con la situación económica de nuestro país. También se nos dijo que los presupuestos de 1993 eran bastante realistas al prever un crecimiento económico del 1 por ciento, un significativo aumento de los ingresos fiscales y un déficit público en la línea con lo previsto en el programa de convergencia del 3,6 por ciento del producto interior bruto. Pero, lamentablemente, hubo una pequeña confusión --confusión en el signo, señor Ministro--, por lo que en lugar de crecer el 1 por ciento, nuestra producción se va a reducir exactamente en esa cuantía, en un 1 por ciento. Los ingresos fiscales del Estado se han quedado 1,1 billones por debajo de la pretendidamente realista previsión del Gobierno y el déficit realizado es el doble del presupuestado.
Señorías, señor Ministro, como pasó en el año 1993, hoy usted nos ha presentado unos nuevos presupuestos que no son restrictivos, que no son creíbles y que no son coherentes; o al menos me reconocerá usted que no se lo han parecido a la mayoría de los analistas económicos, aunque eso sí, a lo mejor se sigue pensando en el Ministerio de Economía y Hacienda que «las previsiones me las creo yo, y con eso es suficiente», como un día apostilló el señor Solchaga cuando nosotros cuestionábamos estas previsiones del Gobierno.
Señorías, la situación presupuestaria que vivimos puede resumirse en los siguientes términos: el Gobierno elabora unos Presupuestos que se aprueban en el Parlamento con los votos del Partido Socialista y de

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quienes hoy quieran hacerse corresponsables con él, sabiendo que no se respetarán, sabiendo que no contribuirán a estabilizar la economía, sabiendo que no mejorarán la gestión de los recursos públicos puestos a disposición del Estado. Y esto, que puede parecer duro, es lamentablemente cierto y, lamentablemente, el tiempo, una vez más, nos va a dar la razón.
En 1994 el Gobierno presenta para la aprobación por esta Cámara unos presupuestos en los que pide esfuerzos y en los que pide sacrificios. ¿A quién?, a casi todos, excluido el propio Gobierno. Pide esfuerzos a los parados, que pasan a tributar y a cotizar por las prestaciones por desempleo; pide esfuerzos a los pensionistas, que pierden poder adquisitivo; pide esfuerzos a los empleados públicos, a quienes se congelan las retribuciones; pide esfuerzos a los trabajadores, que verán incrementadas sus cotizaciones sociales, y, naturalmente, pide esfuerzos a los contribuyentes, que van a pagar más impuestos por el fácil recurso de no modificar las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sin embargo, y éste es el aspecto más trágico de estos presupuestos, a pesar de todos esos sacrificios que se piden a los ciudadanos, el gasto público consolidado crecerá en 1994 respecto de los presupuestos de 1993 en un 10,1 por ciento; es decir, más del doble del crecimiento monetario de la economía, que el propio Gobierno estima en el 4,8 por ciento en 1994. En definitiva, pide esfuerzos a todos excepto al propio Gobierno.
Estos presupuestos no son, por tanto, restrictivos en términos macroeconómicos, y me lo tiene que reconocer, señor Ministro, por dos razones. En primer lugar, por la ya mencionada del excesivo crecimiento presupuestario del gasto público, que hará que a finales de 1994 el Estado sea más grande e ineficiente que en la actualidad. Y, en segundo lugar, porque de cumplirse las previsiones económicas del Gobierno, la economía española pasaría de una caída del 1 por ciento de la producción de 1993 a un según usted, crecimiento superior al 1 por ciento en 1994, y esto daría lugar, de forma automática, a una reducción del déficit público coyuntural entre el 0,6 y el 0,8 por ciento del producto interior bruto. Es decir, que el pretendido esfuerzo restrictivo, que según el Gobierno incorporan estos presupuestos, no existe, ya que de cumplirse sus propias previsiones económicas el cambio de signo de la coyuntura económica garantizaría por sí solo este resultado.
En conclusión, señorías, es lamentable que tanto esfuerzo y sacrificio como se solicita a los ciudadanos en estos presupuestos resulten inútiles al no concretarse en una efectiva contención del gasto público y en la reducción del déficit. O, lo que es lo mismo, estos presupuestos van a contribuir a mantener los actuales desequilibrios de la economía española y a entorpecer la reducción de los tipos de interés y la mejora de la competitividad de nuestras empresas.
En estos momentos tenemos planteados en España varios problemas. Uno de ellos es la sostenibilidad de la deuda pública para que no supere unos límites razonables, es decir, un problema de control del volumen total de la deuda en relación con el valor de la producción nacional, que muestra una tendencia de crecimiento. Por lo pronto, en 1994 se dejará de cumplir el único requisito de los establecidos en los Acuerdos de Maastricht que cumplía nuestro país para acceder a la Unión Monetaria, es decir, que el volumen de la deuda pública no supere el 60 por ciento del producto interior bruto. Pero aún es más grave, señorías, que en una economía de bajo crecimiento como la española, en la actualidad, con un déficit público primario, es decir, con un saldo presupuestario negativo incluso sin considerar los pagos por intereses, se produce una vez más, rebasados ciertos límites, el efecto bola de nieve, por el que según las hipótesis que utilicemos podríamos llegar al final de este decenio a una Deuda Pública situada entre el 80 y el 90 por ciento del valor de la producción nacional. Y este nivel de endeudamiento público pondría en peligro la credibilidad de la economía española y nos exigiría a los ciudadanos, año tras año, cada vez sacrificios mayores.
Por tanto, estos Presupuestos tienen también un problema de credibilidad, diga lo que diga el Gobierno cuando afirma que 1993 ha sido un año atípico o que van a cumplirse con rigor estos Presupuestos, lo cierto es que éstos sólo pueden ser juzgados desde la experiencia acumulada por la ejecución de los proyectos presupuestarios anteriores; y hay que recordar una vez más que en 1993 el gasto público consolidado del Estado y sus Organismos ha desbordado las previsiones iniciales en 2,4 billones de pesetas.
Para reforzar su credibilidad presupuestaria, el Gobierno no se limita a incorporar de nuevo el artículo diez al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, encontrando quizá así la solución a todos los problemas. Ustedes sabrán que detrás de este artículo diez podríamos hacer toda una reflexión político-contable; en él, como recuerdan, se establece un tope a las obligaciones que como máximo puede reconocer el Estado, de tal forma que el gasto ejecutado a final del ejercicio no pueda superar el presupuesto inicial más los créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones que se realicen durante el ejercicio. Pero además de ésta se incorpora otra limitación para 1993: que la suma de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no supere el 3 por ciento del Presupuesto inicial.
Pues bien, esta norma del artículo diez vigente desde 1990, permitió en el trienio 1990-92 limitar el crecimiento del gasto contabilizado pero, señorías, no el gasto real porque cuando ese techo se iba a sobrepasar, el gasto simplemente se dejaba de contabilizar con cargo al Presupuesto, se convertía en una operación de tesorería extrapresupuestaria e incluso no se contabiliza

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en absoluto y se remansaban deudas no reconocidas con proveedores y contratistas del Estado. Es decir, que mientras se mantenía intacta, e incluso se ampliaba la discrecionabilidad del Gobierno para hacer uso de las modificaciones de los créditos previstas en la Ley General Presupuestaria, se puso como una débil trinchera de resistencia el artículo diez en una actuación que hemos de calificar de fraude de ley y que fue inmediatamente quebrantado dando lugar a la ficción contable en la que ustedes han vivido durante los últimos años.
Para salir del atolladero en que se encontraban las cuentas públicas, el nuevo Gobierno ha tenido que derogar por Decreto ley para 1993 las limitaciones del famoso artículo diez y en la misma fecha, el pasado 1 de octubre, se presentó un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, que como única garantía de credibilidad reproduce ese famoso artículo. Aparte de alguna precisión insignificante que afecta a muy pocas partidas presupuestarias no encontramos, se lo digo con toda sinceridad, señor Ministro, ninguna medida en el proyecto presupuestario, además de las dichas, que garantice la eficaz gestión y el control del gasto público, por lo que estos Presupuestos para 1994 nos merecen la misma credibilidad que la que nos merecieron los de 1993, es decir, lamentablemente, ninguna.
Aconsejamos al señor Ministro que acelere los trabajos para preparar un nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria para lo que, por cierto, podría empezar por asumir la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara.
Pero, señoría, otro motivo para desconfiar de la credibilidad de estos Presupuestos se debe a que están basados en unas previsiones económicas para el año próximo excesivamente optimistas.


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón, le ruego que vaya concluyendo.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Pensamos que es muy improbable que con estos Presupuestos y con los ciertamente irrelevantes incentivos fiscales contenidos en la Ley financiera la economía española pueda crecer el próximo año por encima del 0,5 por ciento, tasa desgraciadamente bastante alejada del 1,3 previsto por el Gobierno. Resulta aún menos verosímil que la base de la recuperación de la demanda nacional en 1994 proceda de la inversión privada que, según el Gobierno, pasaría de cifras negativas, del entorno del 10 por ciento, a un crecimiento real cercano al 1,6 por ciento. En un contexto de incertidumbre económica, a la que tanto contribuyen estos Presupuestos con una caída sustancial de la renta familiar disponible debido al aumento del paro y a la contención salarial, pensar que la economía española pueda crecer por encima del 1 por ciento y que la inversión privada puede evolucionar a tasas aún mayores, es un ejercicio de verdadero voluntarismo.
Señor Ministro, señorías, no nos parece que los Presupuestos Generales del Estado para 1994 respondan a las demandas que requiere nuestra economía. Encontramos unos criterios que no compartimos, como son la congelación de las retribuciones de los asalariados, que incidirá negativamente sobre el consumo privado, o unos incentivos fiscales insuficientes e inapropiados, que unidos a un déficit público excesivo y al hundimiento de expectativas económicas que han producido estos Presupuestos van a tener un efecto negativo sobre la inversión y la actividad económica. Y lo malo es que con este proyecto presupuestario perdemos una oportunidad, una nueva oportunidad de iniciar una reestructuración del sector público, tanto del administrativo como del empresarial.
¿Dónde han quedado, señor Solbes, las propuestas de reducción y reordenación de los organismos del Estado que sugería el programa de convergencia? ¿Dónde están las propuestas de reforma de la Administración Pública que se anunciaron? ¿Por qué se empecina el Gobierno en su negativa a programar un proceso de privatización de empresas públicas que sea transparente, que haga más eficiente los mercados en que operan? ¿Por qué se desaprovecha la oportunidad de iniciar un sistema de protección social que sea realmente financiable a largo plazo? ¿Qué va a hacer el Gobierno con las propuestas de regulación de los sectores productivos incluidos en el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia? No hay respuesta a estas preguntas, señor Ministro. Y, en definitiva, señorías, estos Presupuestos y las medidas que les acompañan dejan pendientes las principales cuestiones, como son la reforma del sistema fiscal orientada a la competitividad, al ahorro y a la inversión. La crisis industrial que en determinados sectores, como el automovilístico, es extraordinariamente grave, la crisis de la agricultura, la simplificación administrativa y la corrección del fraude fiscal y del existente en las prestaciones sociales al que tanto contribuye la norma actual, son sólo algunas de las cuestiones que sin duda veremos detenidamente en el debate de cada uno de los Títulos y Secciones de los dos proyectos de Ley.
Los Presupuestos del Partido Popular serían ciertamente diferentes a los que presenta el Gobierno socialista y estarían, en todo caso, precedidos y acompañados por las reformas estructurales que se han mencionado. Pero este desacuerdo de base con las líneas presupuestarias y sus prioridades no va a impedir que nuestro Grupo Parlamentario, en este debate, señorías, que hoy iniciamos, aporte, con la dificultad de saber que los parches poco pueden arreglar, a través de más de 1.000 enmiendas parciales, un intento de mejora de

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este Presupuesto. Pero quede, en esta Tribuna y en el ámbito de este salón, de quién es la responsabilidad y quiénes van a intentar, una vez más, que el realismo impere en la política presupuestaria.
Termino, señorías. Nos encontramos con unos Presupuestos que no son restrictivos, que no son coherentes con las necesidades del país, que no fomentan la inversión, que no afrontan el problema del paro y que, en definitiva, demoran un año más la corrección del déficit público y, sobre todo, señoras y señores Senadores, no son unos Presupuestos creíbles.
Cuando el año próximo barajemos nuevas cifras y calibremos desde la experiencia el camino seguido por nuestra economía, desde este momento constataremos todos que nuestras previsiones, por grises que hoy puedan parecer, no eran erróneas. Por eso, señorías, habremos perdido una nueva ocasión para rectificar. Y por eso, señoras y señores Senadores, nosotros solicitamos que el Pleno de esta Cámara se pronuncie mayoritariamente a favor del veto que defiende el Grupo Parlamentario Popular, con un objetivo claro: disponer de unos nuevos Presupuestos para 1994 que respondan a lo que el momento difícil del país reclama y que satisfagan los objetivos que el Gobierno dice --no sé si con ejemplar voluntarismo o con una alta dosis de despiste-- que éstos cumplen.
Señor Ministro, si usted de verdad quiere controlar el déficit, si usted de verdad quiere mantener las prestaciones sociales que configuran el Estado de Bienestar, si usted de verdad quiere un Presupuesto solidario y restrictivo, retire este Presupuesto y vote a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, es la primera vez que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista intervengo en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el turno de oposición a los vetos de las enmiendas a la totalidad que plantea el Grupo Popular. Tenía cierto interés en conocer cuál iba a ser la aportación que el Senador Ruiz-Gallardón, que es la primera vez que interviene en este debate, iba a hacer a la serie de intervenciones que todos los años, sistemáticamente, como aquellos agoreros que nos anuncian periódicamente el fin del mundo, viene haciendo el Grupo Parlamentario Popular en los debates del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
En primer lugar, tengo que señalar que el discurso del señor Ruiz-Gallardón ha sido un discurso clásico. Si hubiera que definirlo con una expresión, recordaríamos aquella cita de Bertrand Russell que decía aquello de que no hay nada más superficial que encontrar lo malo en todas partes: abatimiento, desolación, pena, quiebra, crisis, ruina, devastación, ése es el discurso del Partido Popular. (Protestas en los bancos de la derecha; aplausos en los bancos de la izquierda.) Señor Presidente, sus señorías pretenden que les guste mi discurso, y eso no lo van a conseguir. No obstante, el Senador Ruiz-Gallardón sí ha hecho alguna aportación a lo que han sido la serie de intervenciones desde el año 1982 de los sucesivos portavoces que el Partido Popular ha tenido en esta Tribuna, y es la de ser el portavoz de su Grupo que menos ha hablado de los Presupuestos Generales del Estado en un debate sobre los mismos.
He tenido que esperar media hora para escucharle en su intervención una mención al artículo diez de los Presupuestos y para darme cuenta de que estábamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado y no de cualquier otra cosa. Hasta ese momento había hablado de todo y de nada a la vez, es decir, de todo pero no de lo que estamos discutiendo hoy aquí.
El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, cuando nace de las sociedades democráticas, es ante todo un debate sobre qué elementos de control marca el Poder Legislativo sobre la actividad financiera del Ejecutivo y cuáles son los instrumentos fundamentales de programación económica del Poder Ejecutivo. Se discute de números y de prioridades, se dan alternativas, y en un debate de totalidad es necesario ofrecer alguna alternativa para discutir de aquello de lo que hoy venimos a hablar.
Además, en una época de crisis disminuye el margen de maniobra; son mayores las necesidades sociales y menores las posibilidades de actuación del Poder Ejecutivo; son menores los ingresos y mayores han de ser los gastos. Y, en este sentido, cuando disminuye el margen de maniobra, las posiciones ideológicas de los Grupos políticos se estrechan. Por desgracia, con un menor margen de maniobra todos tenemos que confluir necesariamente.
Yo venía hoy dispuesto a escuchar un discurso en el que se reconociera algo de lo bueno y de lo positivo que tiene esta sociedad española para afrontar esta crisis económica, y venía dispuesto a coincidir con el Senador Ruiz-Gallardón en aquello de sus propuestas que pudiera encontrar positivo y razonable. No puedo coincidir en nada, porque nada se ha propuesto aquí, salvo un rosario interminable de epítetos y de descalificaciones. Se ha hablado de la crisis económica que afronta nuestro país, y los socialistas somos los primeros interesados en reconocer su gravedad porque ésta justifica las actuaciones del Gobierno, su necesidad y su conveniencia, pero no se ha hecho ni una mínima mención a aquellos aspectos positivos que en estos momentos tiene la realidad económica española. Desde este

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punto de vista, yo no sé si tiene algún sentido hablar de desaliento y de veto social a los Presupuestos, cuando lo que van a leer y oír los ciudadanos y ciudadanas españoles mañana a través de los medios de comunicación es una invocación clarísima al desaliento e, incluso, una deslegitimación de la Cámara, porque no tiene sentido decir que se ha vetado por la sociedad un proyecto de ley legítimo que unas Cortes democráticas representativas del pueblo español van a discutir a continuación. Ustedes están haciendo apelaciones antidemocráticas.
(Protestas en los bancos de la derecha; aplausos en los bancos de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio a sus señorías y cuiden sus gargantas.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este sentido, tendríamos que hablar de que estamos en un país en donde, por ejemplo, el precio del dinero ha bajado un 35 por ciento desde comienzos de año, el déficit de la balanza comercial por cuenta corriente se ha rebajado a la mitad, se incrementan las exportaciones, tenemos una Deuda Pública elevada y un déficit público elevado que hay que corregir.
Pero también tenemos una Deuda Pública que los ciudadanos de este país y de fuera de nuestras fronteras financian a plazos más largos y a tipos de interés más bajos que antes porque tienen confianza en la economía española. Tenemos un mercado de valores que también demuestra que los ciudadanos españoles, incluso, los ciudadanos de fuera de España, tienen confianza en la economía española. Parece que la principal desconfianza en la economía española está en los bancos de la derecha, no está en la sociedad española; parece que el principal desaliento lo intentan promover los bancos de la derecha y no el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros estamos aquí para exigir a la sociedad esfuerzos y sacrificios.
Los socialistas estamos dispuestos a hacerlos y a aplicarnos esos sacrificios, pero no estamos aquí para llevar el desaliento a una sociedad que necesita tener alguna esperanza para afrontar una crisis importante. Una crisis importante que el Senador Ruiz-Gallardón ha definido en términos del siguiente tenor: Es una crisis internacional pero que no sirve para explicar las circunstancias de la economía española. Evidentemente, Senador Ruiz-Gallardón, Senadores de los bancos de la derecha, es una crisis internacional. ¿Es que alguien puede discutir que todo lo que sucede en España --en cierta medida, a lo mejor, hace algunos años no podríamos haber dicho esto y tampoco era bueno-- es parecido o similar a lo que sucede en los países de nuestro entorno? Por desgracia, ahora que estamos en crisis y por fortuna, cuando venga la salida de la recesión, estamos en una economía integrada, cada vez más integrada, y esto es positivo para la economía española, aunque lamentablemente en tiempos de recesión se noten también las circunstancias negativas.
Así hablamos del déficit público, ¿cuál es su evolución en todos los países de la Comunidad Europea? La misma que en España. El déficit público promedio de la Comunidad crece y crece en todos los países; crece en países que aumentan su gasto público y crecen en países que disminuyen su gasto público, como es el caso del Reino Unido. Hablamos de los problemas de protección social. Hoy era el titular de alguno de los periódicos nacionales cómo en un país vecino al nuestro la Seguridad Social tenía un déficit para el ejercicio de 1993 de un billón 350.000 millones de pesetas. Es una realidad mucho peor que la española pero que obedece, fundamentalmente, a las mismas causas: la crisis y la recesión.
Y tenemos --y eso sí que hay que afrontarlo-- una destrucción de empleo, que aunque se ha frenado en los últimos meses a la luz de los datos de la encuesta de población activa porque ha aumentado el paro pero el nivel de ocupados ha crecido aunque sea mínimamente, muy superior, eso sí, a la de los países de nuestro entorno.
Y en este sentido, en una situación como la nuestra, ¿qué es exigible al Presupuesto? En primer lugar, le es exigible que controle el déficit público porque golpea contra el ahorro y la posibilidad de creación de puestos de trabajo y, además, supone un lastre para la economía; le es exigible que mantenga la protección social, y le es exigible que mantenga el nivel de inversiones, que financie, apruebe y promocione la creación de empleo y la inversión.
Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir que en los Presupuestos para 1994 se incrementa, vía aportaciones directas o vía préstamos, la aportación del Estado a la Seguridad Social, en 900.000 millones de pesetas, y que el esfuerzo que en protección social va a seguir haciendo este país, que es el esfuerzo que nosotros creemos que se puede hacer y para el cual tenemos que exigir sacrificios a la ciudadanía, va a permitir que se mantenga un nivel de protección social como este país no ha tenido nunca en términos de producto interior bruto hasta que gobernaron los socialistas en España.
Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir que el año que viene habrá una licitación «récord» de inversiones en sectores tan importantes como las comunicaciones o la construcción por una cantidad de 900.000 millones de pesetas, que esperamos sirva de tirón, en lo que sea posible, al sector de la inversión privada en dichas materias.
Al Senador Ruiz-Gallardón se le ha olvidado decir, como señalaba antes el señor Ministro en su intervención, que los gastos fiscales del Estado van a crecer un 25 por ciento; que estamos generando deducciones a la inversión

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en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre patrimonio, y que vamos a permitir a las empresas que se creen en este país a partir de 1.º de enero de 1994 que deduzcan por inversión buena parte de los beneficios para fomentar la creación de empleo y la inversión productiva.
Y en materia del control del déficit, estos Presupuestos son extraordinariamente rigurosos porque no solamente se han congelado las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas; no solamente se han declarado vinculantes conceptos del Capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios de los Presupuestos; no solamente hemos tomado medidas para racionalizar la prestación de desempleo que supone en sí una necesidad de mayor contribución a los trabajadores ocupados o, incluso, de mayor solidaridad con los propios trabajadores desocupados que van a tener que empezar a cotizar a la Seguridad Social en cierto porcentaje, sino que, además, hemos previsto en la ley de medidas de acompañamiento que se va a debatir junto a estos vetos y a los Presupuestos, la necesaria reforma de la Administración a través de planes de empleo que permitan no sólo congelar las retribuciones de los funcionarios, sino, en el momento en que culminen las transferencias autonómicas, reasignar a los mismos para incrementar su eficacia y permitir que se vayan eliminando las duplicidades del gasto público.
En este sentido, los Presupuestos suponen, evidentemente, una petición de sacrificios y un esfuerzo; esfuerzo que algunos de los círculos de empresarios han calificado de insuficiente, por lo que estaba dispuesto a escuchar en esta tribuna un discurso sobre esfuerzo insuficiente respecto de estos Presupuestos, porque ése hubiera sido el discurso lógico que se debería haber realizado desde los bancos de la derecha. Sin embargo, ustedes siguen obsesionados con negar cualquier virtud a cualquiera de las actuaciones del Gobierno, lo que les lleva al paroxismo en la argumentación y a la falta de credibilidad, pero no del Presupuesto, sino de su propia argumentación.
Ante estos Presupuestos, ¿cuál es la alternativa que se nos plantea desde las propuestas de veto y las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular? La propuesta alternativa, que en una época de crisis y, lógicamente, de menor capacidad de maniobra probablemente hubiera tenido que ser en algo parecida a la nuestra, es la siguiente: después de invocar todas las catástrofes, nos dicen que los funcionarios y los pensionistas tienen que ganar más, que los contribuyentes tienen que pagar menos, que es necesario incrementar las inversiones en cada uno de los territorios de este país, que a los parados no hay que recortarles las prestaciones, pero, no obstante, hay que disminuir el gasto en desempleo y, además, que en todos los territorios existe agravio comparativo respecto del vecino, que todo gasto es insuficiente por lo que se refiere a atención a necesidades sociales y que todo ingreso es demasiado en lo que significa petición de impuestos.
Ustedes sistemáticamente dicen a todo el mundo lo que quiere oír y a continuación añaden: la culpa de que esto no suceda así es del Gobierno.
Es un discurso de suma de demagogias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Si la suma de sus enmiendas se aprobaran, ustedes que son enemigos del déficit público, como nosotros (Rumores.), se encontrarían con la situación de que el déficit público previsto en estos Presupuestos se multiplicaría por dos, por disminución de ingresos y por incremento de gastos. Ustedes proponen más de dos billones y medio de pesetas de gastos en el conjunto de sus enmiendas si se contemplan, no las cuantías que ustedes proponen, sino el coste final de las obras a realizar. Proponen disminuciones de tarifas en el Impuesto sobre la Renta, en el IVA, en el IBI, en el IAE, en definitiva, en todo tipo de imposición. Y ésa es su coherencia, la de después de predicar el fin del mundo, como hacen las echadoras de cartas, decir a todos lo que quieren oír. Eso lo convierten en un programa político y suben a esta tribuna a hacer un debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1994 con ese tipo de argumentaciones. Además, las trufan o las condimentan de algo que hacen que sea un tipo de debate peligroso en este país, y es la apelación a un cierto «lerrouxismo» blando, porque ustedes dicen que el Gobierno Socialista, o el Grupo Parlamentario Socialista, cuando ha llegado a acuerdos con otros grupos políticos lo ha hecho sobre la base del trueque, ha pagado peaje y ha incrementado los gastos solamente en algunos de los territorios de nuestro país. Pero éste es un tema que me parece muy delicado, porque el «lerrouxismo», por desgracia, es un componente del discurso político de todos los grupos de este país, y todos los grupos tenemos interiorizado un problema territorial y todos los grupos tenemos discordancias territoriales en esta Cámara aunque, más o menos, todos procuramos tenerlo controlado. El problema es que ustedes ya no lo controlan, sino que han hecho bandera de él.
Senador Ruiz-Gallardón, ¿sabe usted qué Comunidad Autónoma es la más beneficiada por las enmiendas aprobadas en ponencia y Comisión, después de dicho trámite en esta Cámara? La Comunidad Autónoma de Madrid, que recibe 8.000 millones de pesetas para financiar su metro y su transporte, según el contrato-programa que suscriben la Comunidad, el Ayuntamiento y el Estado para financiar los servicios de transportes de Madrid. ¿Ha hecho falta algún trueque, algún peaje para que eso sea así? ¿Por qué es positivo el gasto que el Estado español realiza en algunos territorios y negativo en otros? ¿Es que ustedes van a volver a hablar de provincias traidoras? (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

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Creo que con estos problemas debemos tener un mínimo de cuidado y, desde luego, cuando se hacen apelaciones tan rotundas como las del pago de peajes o los trueques, uno tiene que haberse leído antes las enmiendas que ha presentado su propio Grupo Parlamentario y tiene que justificar cómo las enmiendas aprobadas en ponencia o en Comisión satisfacen alguna necesidad de pago o de trueque, porque, desde luego, sí existe una necesidad y es la de la estabilidad de la política española así como la de que se aprueben los Presupuestos con una mayoría en esta Cámara para que la crisis económica se solucione, pero esa necesidad es democrática.
Aquí tiene que haber una mayoría que vote favorablemente los Presupuestos porque eso es a lo que obliga la Constitución, a que los Presupuestos, como el conjunto de leyes que se aprueban en esta Cámara, respondan al voto de la mayoría de las señoras y señores Senadores que están sentados en este hemiciclo. No es, por tanto, muy democrático el pedir que haya definiciones, leyes, Presupuestos que solamente se sostengan con la minoría, y no es, por tanto, muy razonable el criticar a los demás aquello que uno no es capaz de soportar sobre sus espaldas.
Desde luego, me hubiera gustado que el Senador Ruiz-Gallardón hubiese hablado de la colaboración, de esa colaboración que el señor Aznar mencionó en su discurso en el Congreso de los Diputados. Es verdad que también defendiendo una enmienda a la totalidad, y eso sí que no se lo creía nadie pero, por lo menos, hizo una referencia a la colaboración.
Sin embargo, el Senador Ruiz-Gallardón se ha olvidado de lo que dijo el señor Aznar y en este hemiciclo ya no nos ha prometido ningún tipo de colaboración. Eso sí, nos ha prometido todo tipo de desastres, en lo que se ha pasado; el señor Aznar sólo nos prometió la mitad.
En este sentido, aunque sólo fuera para salir de la crisis, creo que el Gobierno de España se merece la colaboración de todos los Grupos Parlamentarios y vamos a intentar conseguir que exista esa colaboración en el debate de los Presupuestos porque, además, nos parece razonable y necesario que, frente a tanta demagogia, frente a tanto escuchar decir a los demás lo que quieren que se diga, los Grupos Parlamentarios hagamos, en una situación de crisis económica, un esfuerzo de rigor y de austeridad y, por tanto, que seamos capaces de proponer a los ciudadanos españoles la única solución viable y posible a la crisis económica, que pasa por el sacrificio de todos y cada uno de los sectores sociales. Y ésa es la base del diálogo social; la única base posible del diálogo social es que la sociedad española entienda que es necesario compartir sacrificios. No podemos basarlo en compartir en una situación de crisis económica mayores reivindicaciones.
Algunos dirigentes del Partido Popular han hablado de que no era la hora de reivindicar. Tampoco en esta tribuna, discutiendo los Presupuestos Generales del Estado, es posible en una situación de crisis económica hacer reivindicaciones en nombre de los funcionarios, de los pensionistas, de los parados, de los agricultores, de todos los colectivos sociales, y a continuación decir que tiene que haber menos gasto público y menos déficit público. Tampoco es ésta la hora de las reivindicaciones; es la hora de que las fuerzas políticas responsables se corresponsabilicen de la necesidad de los sacrificios, porque con sacrificios saldremos adelante. Evidentemente, con propuestas absolutamente demagógicas no sólo no saldremos adelante, sino que una y otra vez acumularemos retrasos y retrasos.
Para terminar, señor Presidente, porque no quiero consumir demasiado tiempo, señalaré que en este debate de veto hemos hablado mucho de temas que, evidentemente, están conectados con los Presupuestos. A este Senador le hubiera gustado descender más al detalle de lo que los Presupuestos Generales del Estado proponen para 1994, pero el discurso del Senador Ruiz-Gallardón no me da pie a ello y, desde luego, el mío necesariamente ha de ser de réplica.
El Senador Ruiz-Gallardón ha empezado por decir que estos Presupuestos no traían ilusión a la sociedad y que estaban vetados por la misma. Por el contrario, yo creo que estos Presupuestos van a ser aprobados democráticamente por la Cámara y que son los Presupuestos de una sociedad que cree en su recuperación y en su capacidad de recuperación, que no considera necesario repetir las elecciones cada seis meses, cuando algún partido político las pierde, para salir de la crisis. Esta sociedad, desde luego, no merece las continuas apelaciones al desaliento, a la desconfianza, a la devastación, a la destrucción, que se hacen desde los escaños de la derecha de esta Cámara tanto este año, como hace tres, seis, nueve años, porque si algo no cambia es el discurso de los señores portavoces del Grupo Parlamentario Popular.
Empecé hablando de Bertrand Russell y termino hablando de él. El primero de los imperativos de la conciencia es seguir los dictados de la razón. A nosotros nos hubiera gustado que hubieran subido más las pensiones, que hubiera podido crecer el sueldo de los funcionarios, que la inversión pública, que ya es muy importante, pudiera haber sido mayor y que el déficit público fuera menor, así como el gasto de las administraciones públicas.
Como el Grupo Parlamentario Socialista apoya al Gobierno tiene que entender que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 es un equilibrio entre nuestra voluntad y las necesidades de la política económica.
Los dictados de nuestra razón y, por tanto, los imperativos de nuestra conciencia nos impiden hacer demagogia. Me hubiera gustado que ese mismo imperativo hubiera sido el que hubiera guiado la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


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Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
Para la segunda propuesta de veto, tiene la palabra el Senador Cuevas González.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Ministro por su ausencia y, sobre todo, por las explicaciones tan claras que nos ha dado esta mañana durante su intervención.
Voy a comenzar mi intervención planteando que mi Grupo Parlamentario --Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--, siempre ha pensado que el debate de los Presupuestos Generales del Estado debería ser uno de los más importantes que se celebran en las Cortes Generales. Digo esto porque el debate de este año podría parecer de manicomio, no porque sus señorías y yo estemos locos, sino porque la locura ha arrastrado el debate. No es muy normal que en un debate parlamentario haya una Ley de Presupuestos que posteriormente tiene que ser corregida por otra ley, porque una cosa puede incidir en la otra. Supongamos que, por ejemplo, aprobamos la ley de acompañamiento o de mala juntera --como yo digo-- y, luego, por mal del demonio o de las teclas, aprobemos algunas enmiendas que no son acordes con la Ley de medidas presupuestarias. El caos sería terrible. A eso me quería referir.
Dicho esto, tengo que plantear que, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presentamos un veto a los Presupuestos Generales del Estado porque, entre otras cosas, no nos gusta el presupuesto. (Rumores.) No nos gusta el Presupuesto, sobre gustos y colores no hay nada escrito.
Presentamos este veto con la intención de invitar al Gobierno y al Partido que lo sustenta a que estos presupuestos se reelaboren dentro de un marco de diálogo y de consenso y dentro de un encuentro social y político con nuevos contenidos, que produzcan un giro a la izquierda en la política del Gobierno. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está dispuesta a tenderle un mano, siempre que esa rectificación de su política --insisto-- sea hacia la izquierda. Dicho giro tendría que estar encaminado a concretar varias cosas: en primer lugar, la forma de conseguir ingresos de una forma progresista y, en segundo lugar, la forma de concretar los gastos y el papel que éstos deben tener, entre otras cosas, para frenar el desempleo, recomponer la capacidad productiva, fortalecer nuestras pequeñas y medianas empresas, mantener el nivel de prestaciones y conquistas sociales, actuar con políticas activas, industrial y de servicios, como la Sanidad y la Educación, y garantizar adecuadamente la financiación de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Esto, en principio, podría ser una oferta de diálogo que temo que va a caer en cajón roto, pero lo planteo para que, por lo menos, conste.
No nos gustan los presupuestos --no es una cuestión de gustos-- porque el Gobierno se reitera en su política año tras año. Al Gobierno de don Felipe González Márquez --lo ha dicho él mismo-- no le parece conveniente ni razonable rectificar la política económica que durante su mandato legítimo y representativo --ha sido votado por los ciudadanos-- nos ha llevado nada más y nada menos que a una cifra de más de tres millones de parados. Parece que el señor González no está dispuesto a rectificar esa política. Nos ha llevado al desmantelamiento industrial. El último ejemplo que tenemos, que todavía sigue y seguirá coleando, es el problema de SEAT. Nos ha llevado a recortes en prestaciones sociales y a un nuevo retraso en la puesta en marcha de la LOGSE. Cuando se aprobó aquella Ley, que recuerdo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la apoyó críticamente, decíamos que tanto los presupuestos que la acompañaron como sus planes de financiación eran simplemente buenas voluntades y que en la práctica esa Ley no se iba a llevar a cabo. En aquel tiempo nos tacharon de agoreros --como siempre--, de tremendistas y se utilizaron otra serie de calificativos negativos. El tiempo nos ha dado la razón a los agoreros. Este año vuelve a ser congelada la LOGSE. Por tanto, no estábamos muy mal encaminados.
Y, para colmo, el Gobierno incumple sus promesas con los ayuntamientos.
El Ministro para las Administraciones Públicas en la Asamblea de Galicia se compromete a entregar unos dineros y a recomponer la deuda y, cuando llegan los presupuestos, estos dineros no aparecen. Es el tema que siempre pongo como ejemplo: la música por un lado y la letra por otro.
Es más, el Gobierno renuncia a la generación de empleo y esto no lo dice mi Grupo Parlamentario, sino que lo dice el Gobierno en su Memoria económica. Y renuncia, además, a que el Estado sea el motor de la reactivación económica. Estamos observando con preocupación desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que para tapar el déficit público y la mala gestión están desmantelando el patrimonio del Estado.
Ya se han desmantelado, por lo menos, cuatro ventanas y, al ritmo que vamos, terminaremos sin patrimonio del Estado y éste no tendrá incidencia en el desarrollo económico.


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Se podrá estar o no de acuerdo con esta política, pero desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, creemos que el Gobierno --el Estado-- tiene que jugar un papel importante en la generación de ingresos para que éstos posteriormente sean bien redistribuidos, que creo que debe ser la misión de cualquier Gobierno, y si éste es progresista, aún más.
En otras palabras, el Gobierno ha mantenido una apuesta por la reducción del gasto e ingresos públicos, la cual consiste en transferir recursos al sector privado y en un ajuste regresivo de la renta nacional en contra de los trabajadores. Ahí está la mayor flexibilidad laboral y la reducción de los costes por despido y subordinación del empleo a otro objetivo macroeconómico, como la inflación y el déficit público que, en todo caso, supondrá que el número de parados siga aumentando en 1994. Según las cifras generosas del Gobierno --que suelen equivocarse con bastante frecuencia-- en el año 1994 el 23 por ciento de la población activa estará en paro. Como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado? Que el día 27 de enero, no Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino sindicatos de clase, Comisiones Obreras, UGT, la CGT y otros, han convocado una huelga general contra esta política que hoy rechazamos con el veto, a la que espero que sus señorías también se adhieran en su momento.
Resulta paradójico que el Gobierno haga este diseño de política económica en torno al plan de convergencia fijado en el Tratado de Maastricht. El Gobierno sabe que este punto necesita una reconciliación, como consecuencia de un previsible nuevo escenario comunitario. El nivel de déficit público está fuertemente condicionado por un problema de eficacia recaudatoria. Cuando el Gobierno dice que ya no hay más que para una elevación sustantiva de la presión fiscal, habrá que recordarle que en 1992 la presión fiscal española era del 35,9 por ciento del Producto Interior Bruto y en Europa era del 40,8 por ciento. Pero el problema del déficit público también es un problema de eficacia recaudatoria. No nos explicamos cómo se quiere vender que no hay un ajuste en el tema social, cuando realmente lo hay. Porque no hay dinero y, sin embargo, la mala gestión de este Gobierno nos lleva a la conclusión --según sus datos-- de que a la Seguridad Social se le debe cerca de un billón de pesetas.
Además, el propio Gobierno reconoce que menos del 45 por ciento podrá ser recaudado. Yo creo que la gestión de los cobros, la recaudación, debería ser un elemento importante. No se le puede explicar a nadie que, por un lado, se recorte el derecho de los parados y de los pensionistas y, por otro, no se sepa recaudar lo que por Ley hay que recaudar.
El grueso de la Fiscalía recae mayoritariamente sobre las nóminas y el consumo. En cualquier caso, de nada vale recaudar más a alguno, si luego la política de gastos les devuelve más; o recaudar menos de la mayoría y que luego la política de gastos sea cicatera en su vertiente social. La progresividad de un sistema público no puede medirse de forma independiente en términos de ingresos o de gastos, sino que, por el contrario, descansa de forma inseparable sobre ambos pilares.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado un veto a las medidas que acompañan a estos presupuestos; veto que mantenemos políticamente, aunque por cuestiones técnicas parece ser que ha decaído, quizás por un descuido.
Estos presupuestos y las medidas que lo acompañan nada quieren saber de un sistema fiscal más solidario, nada quieren saber de medidas sobre el reparto del trabajo, de la revitalización de lo público y lo colectivo, del control democrático del sistema financiero, de fondos de inversión de empleo, de compromiso y ayuda al desarrollo del tercer mundo.
A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos ante unos presupuestos restrictivos, uno de los más restrictivos de la última década. Son presupuestos restrictivos y de ajuste, que castigan a las economías más débiles: trabajadores, parados y pensionistas. Estamos ante unos Presupuestos y unas medidas de acompañamiento que vienen a reducir, según Izquierda Unida, muchas de las cotas conseguidas del Estado del bienestar que han sido conquistadas por los trabajadores y por los sindicatos durante mucho tiempo.
Yo le pediría al Gobierno que retirara estos Presupuestos. Le pediría, ahora que está aquí el señor Ministro, que reiniciara el diálogo social.
Creo que ustedes no deberían gastar mucho tiempo en hacer una campaña de desprestigio de la huelga general. Deberían ganar tiempo y llamar a los sindicatos para empezar a negociar nuevamente, y no sólo con ellos, sino también con las fuerzas políticas. Por eso, desde esta tribuna, en nombre de mi Grupo, les digo que si ese giro a la izquierda se produce, tendrán la mano tendida de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Cuevas González.
Para defender la tercera propuesta de veto, tiene la palabra el Senador Petrizán Iriarte.


El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Senadoras, voy a defender en nombre de Eusko Alkartasuna el veto de totalidad que hemos presentado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. En primer lugar, y tal y como lo hacía en Comisión, quiero hacer referencia al agotamiento de este debate. El propio portavoz socialista decía que la discusión de los vetos de totalidad en la misma era un puro trámite porque imperativos

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procedimentales --un mes de plazo-- impedían hacer un trámite normal.
Desgraciadamente, nosotros extendemos también la consideración de puro trámite al debate de los vetos en Pleno.
El debate político sobre los Presupuestos está agotado. Las cartas para nosotros están marcadas. La partida se sabe cómo se va a desarrollar y cómo va a concluir. Por tanto, el desinterés es evidente. Probablemente también en el interior de la Cámara haya signos evidentes de agotamiento.
La Comisión de Presupuestos acabó prácticamente día y medio antes de lo previsto, es decir, con mucho adelanto, el propio debate de los Presupuestos.
En segundo lugar, quiero manifestar nuestra profunda decepción por la falta de acuerdo presupuestario en un momento tan grave como el actual, donde los efectos de la crisis económica están llegando a donde están llegando. El Gobierno se ha limitado a hacer el mínimo esfuerzo para sacar adelante el proyecto. Es un pacto estrictamente coyuntural, por necesidades del guión, que no denota en absoluto un cambio de intención en el proceder, desgraciadamente tradicional, del Grupo Parlamentario Socialista.
La profunda crisis que padecemos debiera impulsar a las diversas fuerzas políticas a un consenso generalizado, al menos, en la columna vertebral de cualquier política económica, como son los Presupuestos Generales del Estado. Pero no, este objetivo es obvio que no se va a cumplir y, por tanto, no se va a conseguir. Y en esta falta de acuerdo, sin despreciar la responsabilidad de todos, el Grupo Parlamentario Socialista tiene un especialísimo protagonismo. Parece que no ha olvidado los años de mayoría absoluta, donde el ejercicio de la prepotencia política era la práctica más extendida en cualquier debate.
Al Partido Socialista no le interesa un gran acuerdo en política económica, aunque las circunstancias de profundidad y permanencia de la crisis parecen aconsejarlo. Desgraciadamente, no se han cumplido las palabras de diálogo con la oposición que se prometían y que, en nuestra opinión, los ciudadanos y las ciudadanas estaban esperando por la situación de emergencia que padecemos. Cuando decimos o nombramos la palabra «emergencia» no queremos hacer catastrofismo, sino describir con precisión la realidad para aplicar la terapia adecuada.
En tercer lugar, quisiéramos dejar bien clara la falta de consistencia en la elaboración de los Presupuestos por parte del Grupo Socialista, porque en los diversos trámites parlamentarios se dedica a enmendarlos de tal manera que deja poco reconocible el proyecto. Y esto será, bien fruto de una falta de consistencia en política económica en general, o bien producto de influencias, de disensiones u otras causas.
Todos estos apuntes vamos a verlos en las razones concretas que apoyan nuestra posición de veto a los Presupuestos. Por desgracia, se ha convertido en tradicional el hablar de la falta de credibilidad que suscitan las cifras y el cuadro macroeconómico contenido en el proyecto de Presupuestos. Este año como no podía ser menos, la tradición se ha cumplido y las desviaciones han batido todos los récords anteriores.
El Ministerio de Economía, con su titular a la cabeza, ha errado nada menos que en dos billones de pesetas en el gasto previsto para 1993. En los ingresos, los errores también han sido de bulto. Podríamos citar la reducción de la inversión, el crecimiento del PIB y la destrucción de empleo. Por ejemplo, en este último punto, la previsión era de 162.000 parados más para 1993 y han sido 535.000.
Podríamos decir que en el capítulo de las previsiones el señor Ministro de Economía anterior emulaba a un personaje cinematográfico llamado «Pierre Nodoyuna».
El problema de la credibilidad lleva aparejado, además, un efecto claramente negativo, como es la falta de confianza o, mejor dicho, la desconfianza, ante la política económica del Gobierno; desconfianza que se manifiesta en todos los sectores, pero especialmente actúa como revulsivo de la inversión productiva que es el factor determinante para la creación de empleo.
Otro punto a destacar es el carácter continuista que presentan estos Presupuestos respecto de los anteriores. No hay novedades. Así pues, vamos a ver la continuación de la política económica tradicional del Gobierno socialista. Y decimos tradicional para ser justos, no sólo para remarcar los errores que, sin duda, cometen y que hemos subrayado. No queremos negar los aciertos que ha tenido el Gobierno, pero como grupo de oposición remarcamos los errores que, desgraciadamente, abundan cada vez más en los últimos ejercicios.
La política económica presente en estos Presupuestos está agotada. El modelo de crecimiento diseñado está agotado y si algo caracteriza a los Presupuestos --y nosotros lo remarcamos-- es la falta de imaginación, la falta de propuestas nuevas, porque lo que de hecho se transmite es un pesimismo por la ausencia de novedades y de propuestas nuevas.
La profunda crisis económica que padecemos exigiría tanto el esfuerzo por el acuerdo de política económica, como el esfuerzo para implementar nuevas medidas, nuevas fórmulas que palien estos efectos de la crisis y nos pongan en el camino de la recuperación. Parece que el Gobierno renuncia a esto y se coloca en la posición del puro continuismo y conservadurismo en las fórmulas tradicionales.
También en este momento queremos hacer referencia al argumento recurrente ante los problemas que padecemos de la coyuntura internacional, que, al parecer, es la culpable de todos los males. En la Comisión llego a decir el portavoz socialista que hemos sufrido una situación

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de crisis en los mismos términos que los países de nuestro entorno. Pues que Santa Lucía le conserve la vista, porque la comparación, amén de odiosa, es irreal. Y para confirmarlo no hay más que comparar la mayoría de los parámetros, aunque alguno casi casualmente nos pueda ser favorable.
Creo que, como mínimo, hay que hacer un ejercicio de autocrítica ante la política económica. No pueden seguir cometiendo las petulancia de pensar que están ejecutando la mejor de la posibles, porque si bien la coyuntura internacional ha agravado --y no lo negamos-- de manera importante nuestra situación económica, es obvio que existían y existen unos factores internos que es preciso corregir. Y el mejor ejemplo para demostrar lo anterior sería hacer un recorrido histórico de los últimos diez años. Habría que comenzar diciendo que ni en las épocas de manifiesta bonanza económica se consiguió un incremento del empleo estable.
La destrucción de empleo que hemos padecido este último año es para poner los pelos de punta a cualquiera, pero ni siquiera han conseguido respecto de este problema el acuerdo de sindicatos y empresarios de cara a reformar el mercado de trabajo.
Otro factor que nos gustaría destacar es la austeridad que se anuncia.
Podríamos decir que los presupuestos no aguantan ni por un momento el análisis desde el prisma de la austeridad, y no lo aguantan porque, por desgracia, los errores cometidos en la política económica del pasado condicionan de manera notable el presente.
Hablar de austeridad con el 22 por ciento de incremento en los gastos de atención a la deuda pública es prácticamente una ironía ya que se renuncia a intervenir en la reactivación económica, cuando es obvio que los recursos del Estado que se aplican en el Capítulo de atención a la deuda pública tendrían un encaje mucho más útil en el reforzamiento de medidas dirigidas a la reactivación y a la generación de empleo.
Otro factor relevante que ustedes enarbolan continuamente es el mantenimiento de los gastos denominados de protección social. Es verdad que en los últimos diez años se han incrementado de forma notable, pero es que el Gobierno que hay en estos momentos es un Gobierno socialista.
Lo preocupante precisamente es que, aunque las prestaciones sociales ocupan su lugar como principal política de gasto, se les van a exigir sacrificios notables a sus perceptores. Es decir, si hasta el momento las pensiones se habían colocado justamente en el nivel del umbral, este año van a caer por debajo de este nivel mínimo que describimos, ya que, en el mejor de los casos, van a mantener su poder adquisitivo.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, el horizonte es todavía mucho más pesimista. Si se congela el crédito real ejecutado en 1993 y a su vez se tiene que dar cobertura a una cifra de 150.000 parados más, es evidente que se va a producir una pérdida de cobertura de la protección individual. Además, y por si el panorama no fuera lo suficientemente oscuro, los perceptores de prestaciones contributivas van a ver incrementada la presión fiscal por la tributación en concepto de IRPF y porque deben asumir las cotizaciones a la Seguridad Social que les correspondan.
Otro factor que apoya la presentación de este veto es que el modelo de crecimiento propuesto permanece invariable e insensible a los grandes desequilibrios que ha generado. En este sentido, tendríamos que decir que no se adoptan medidas específicas, medidas que serían sumamente necesarias para promover el desarrollo industrial y para frenar la destrucción de puestos de trabajo, auténtica sangría y problema --al parecer irresoluble-- en este modelo de crecimiento.
En cuanto al déficit público, creemos que llega también a niveles de récords históricos. Se ha planteado su reducción en tasas asumibles, pero, en nuestra opinión, las previsiones no se van a cumplir, y lo decimos utilizando sus propios datos: los gastos fiscales crecen porcentualmente más que los ingresos, y si a esto unimos los incentivos fiscales, la reducción de beneficios empresariales, el incremento del desempleo y la congelación salarial, no se van a producir excedentes como para ahorrar y reducir el endeudamiento.
Además, en materia de déficit público, paradójicamente estos presupuestos no prevén actuaciones absolutamente necesarias, como sería, por ejemplo, el desarrollo de medidas para luchar contra las enormes y conocidas bolsas de fraude fiscal. Según palabras del Gobierno en líneas generales, la política fiscal que subyace en el proyecto de presupuestos es similar a la de ejercicios pasados. Es decir, la política fiscal --su política fiscal-- al parecer no es sensible al cambio de ciclo económico; funciona igual en un momento expansivo que en uno depresivo. En nuestra opinión, es precisamente en este ciclo recesivo donde se debe manifestar una clara decisión de abordar el problema del fraude fiscal. El diferencial entre lo que se ingresa y lo que se debiera ingresar es tan grande --prácticamente se habla de tres billones de pesetas, lo que sería tanto como el 5 por ciento del PIB o como el montante del déficit público--, que, en nuestra opinión, habría justificación para tomar medidas «per se» para combatir frontalmente este fraude fiscal.
También me gustaría, tal como he hecho otros años, hacer una pequeña reflexión sobre la economía de Navarra. En nuestra opinión, el trato que recibe Navarra en los presupuestos generales del Estado es decepcionante y sigue una tradición histórica como si nada hubiera pasado, pero sí ha pasado.
Navarra tiene actualizadas sus relaciones económicas con el Estado a través del Convenio económico. Es decir, Navarra aporta al Estado lo que otra Comunidad Autónoma. Tiene las cuentas perfectamente claras. Con

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anterioridad, muchas inversiones que correspondían al Estado las pagaba Navarra con cargo a lo que se llamaba la actualización del cupo; se podría citar la infraestructura sanitaria o la escolar. La situación, como digo, ha cambiado, pero el cambio ha sido unilateral, es decir, se ha hecho el Convenio económico, pero el Estado no cumple con su parte.
Hay infinidad de proyectos e inversiones que no nos llegan para materias no incluidas en el citado Convenio. Se podría citar la infraestructura de radio, televisión o telefonía móvil. También las máquinas de escribir u ordenadores que se utilizan en las dependencias del Ministerio de Justicia, Audiencia y Tribunal Superior de Navarra son propiedad del Gobierno de Navarra. Pensamos que quizá debiéramos tomar iniciativas para que se retire este utillaje. De continuar esto así, estaremos ayudando a llenar las cárceles de Navarra y sus alrededores de insumisos, como ocurre en este momento.
Nosotros no queremos sino un trato similar al de otras Comunidades.
Pedimos que no se nos excluya sistemáticamente de los presupuestos generales del Estado haciendo referencia o utilizando como pantalla una pretendida situación de privilegio. Habría que añadir que Navarra tiene unos déficits históricos en infraestructura tremendos. Pondré el ejemplo de la red de carreteras. Esta se financiaba y se financia por cuenta de la Diputación Foral. Era de una calidad media, pero llamaba la atención porque se decía que su calidad era superior a la de Comunidades circundantes. Sin embargo, la infraestructura ferroviaria o la hidráulica, que correspondían y corresponden al Estado, presentan un aspecto deplorable porque son absolutamente deficitarias.
Resumiendo este punto, podríamos decir que se ha intentado confundir interesadamente la defensa que ha hecho Navarra de su sistema de autogobierno con actitudes de insolidaridad con otras regiones o pueblos.
Además esta confusión se utiliza para no corresponder a la actitud solidaria y dialogante que ha tenido Navarra y de la que ha dado sobradas muestras.
Para concluir, quiero hacer referencia a los aspectos principales que he citado. La falta de credibilidad y la desconfianza que esto genera junto con el carácter continuista, el modelo de crecimiento invariable, las faltas de medidas contra el fraude fiscal y la ausencia de un trato normalizado a mi Comunidad, justifican, en opinión de Eusko Alkartasuna, la presentación de este veto.
Pero también es necesario citar al sector primario. Si bien la situación de la agricultura y de la ganadería es completamente sombría, no encontramos medidas que vayan a paliar, aunque sea en parte, las penurias del sector.
Para terminar quisiera decir, señor Ministro, señorías, que desde Eusko Alkartasuna solicitamos la devolución de estos presupuestos por las razones que acabamos de exponer.
Quiero terminar diciendo lo mismo que el año pasado: estamos persuadidos de que un Partido Socialista, por tanto, el Gobierno, debiera hacer más por el problema que hoy más preocupa a la sociedad: el continuo aumento del número de parados.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizán Iriarte.
Para defender la cuarta propuesta de veto tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.


El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en Esquerra Nacionalista Valenciana pensamos que éstos no son, que no pueden ser los presupuestos generales del Estado. Por ello me dispongo en su nombre a argumentar desde esta tribuna los motivos que, a nuestro juicio, los invalidan y por los que solicitamos su devolución.
Además, y como ya manifestaba en el debate en Comisión, me reafirmo en que no estamos debatiendo los presupuestos generales del Estado sino que, por el contrario, se trata de unos presupuestos provisionales del Estado.
Parece obvio, señorías, que la provisionalidad que preside a estos presupuestos los convierte en muchos de sus apartados en inútiles y desfasados incluso desde antes de su aprobación por esta Cámara.
La provisionalidad de los presupuestos generales del Estado se convierte en sinónimo inequívoco de ausencia de credibilidad, frente a lo manifestado esta mañana por el señor Ministro. Y dicha provisionalidad no es una valoración gratuita de este Senador sino que, muy al contrario, se trata del carácter que los presupuestos del Estado le merecen al Gobierno del Estado, que nos lo presenta para su aprobación, a la vez que, con absoluta inmediatez, presenta otros proyectos de ley que debatiremos en esta misma sesión y que constituyen, poco más o menos, vetos con lo que el Ejecutivo autoenmienda sus propios presupuestos.
Por otra parte, señorías, estos presupuestos, lejos de sintonizar con aquella lección que el Presidente González afirmaba haber aprendido tras conocer los ajustados resultados de las últimas elecciones generales --cuando manifestó: hemos entendido el mensaje--, parecen empecinados en el mantenimiento de la misma política económica, es decir, en la ausencia del mínimo avance social y en el aumento del peso de la crisis sobre las castigadas espaldas de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
En suma, a pesar de que el señor González afirmó entender el mensaje, un mensaje de confianza relativa prestada y supeditada a un giro progresista y social, una nueva huelga general va a ser la inminente respuesta a la incapacidad de su Gobierno, cuando no a su falta de voluntad política para alcanzar el pacto social necesario para salir de la crisis.


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Es evidente que sin ese gran pacto social, sin un consenso de todos los agentes sociales, no es posible enmendar la gravísima situación económica que padecemos. Señorías, a nadie se le escapa que, al tiempo que debatimos en esta Cámara el proyecto de presupuestos para el inminente 1994, la sociedad, en general, se encuentra en un estado de pesimismo, incluso de angustia, respecto a la situación económica. Se me dirá, no sin razón, que la actual crisis económica no es un fenómeno aislado y que el Estado español padece similares problemas económicos a los que afectan a otros Estados de la Europa comunitaria. Pero no es menos cierto que el alarmante aumento del desempleo, unido a la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva, hacen que cada día estemos más próximos a los parientes pobres europeos y más distantes de otros Estados comunitarios a los que nos hemos querido equiparar.
Sinceramente, creo que alguna responsabilidad y culpa tendrá la política económica neoliberal que el Gobierno socialista ha venido practicando durante los últimos años. Y así, se nos presentan unos presupuestos que mantienen una desproporcionada presión fiscal y fomentan una insolidaria cotización a la Seguridad Social. Por el contrario, carecen de capacidad real para el impulso industrial, no aspiran a la creación de empleo y parecen resignarse, como si la situación que atravesamos fuera absolutamente inevitable.
Evidentemente, Esquerra Nacionalista Valenciana coincide con la visión del Ejecutivo acerca de no adivinar salidas para la crisis con las actual política económica. Pero desde el nacionalismo valenciano también pensamos que existen otros caminos, al margen del arcaico y desfasado liberalismo de Rousseau. Creemos que hay otras recetas económicas distintas y distantes de las fracasadas tesis de Adam Smith que, a tenor de su política, tanto parecían agradar al anterior titular del Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero de los presupuestos que se nos presentan se deduce que nada parece haber cambiado en la política económica del Gobierno a que hacía referencia. Y a pesar de que el Presidente González dijo haber entendido el mensaje, las prestaciones sociales no se incrementan; por el contrario, serán afortunados los parados y pensionistas que a lo largo de 1994 no vean sustancialmente disminuido su poder adquisitivo.
En virtud de lo consagrado en estos presupuestos, el año que comienza no va a haber un nuevo llamamiento para que nos apretemos más el cinturón, sino que en las clases pasivas casi va a parecer un verdadero apretón, directo al cuello. En pocas palabras, señorías, y en lo que respecta a las prestaciones sociales, puede que estos presupuestos no hagan mucho más acaudalado al ya de por sí rico, pero, con toda seguridad, convertirán al pobre en mucho más pobre. En definitiva, con el mensaje recibido, lo que nos propone el Gobierno de Felipe González, lo que nos ofrece el gabinete socialista con estos presupuestos, es más, mucho más de lo mismo.
Si estudiamos el capítulo del anunciado recorte del gasto público y la tan cacareada fidelidad del nuevo gabinete socialista a los principios de austeridad, tampoco observamos grandes cambios con respecto a los presupuestos generales de 1993. Así, se siguen manteniendo duplicidades administrativas que, además de atentar contra el espíritu autonómico consagrado en la Constitución, suponen un despilfarro económico, e incluso generan desigualdades absurdas e injustas entre las nacionalidades y entre los contribuyentes.
En ningún caso estamos abogando desde Esquerra Nacionalista Valenciana por la reducción de la cantidad, ni aun menos de la calidad, de los servicios públicos. No se trata de reducir servicios, sino de racionalizarlos; de no mantener carísimos organismos que no poseen función alguna, o están duplicados.
Por el contrario, observamos cómo en estos presupuestos vuelven a consagrarse la ineficacia y el derroche por el estúpido mantenimiento de un enorme aparato burocrático --de esos Ministerios que no tienen función propia-- carente de toda función y vacío de todo contenido, al estar todas las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Y esas duplicidades administrativas suponen una importante cantidad económica en los presupuestos que nos presenta el Gobierno.
Pero no voy a cansar más a sus señorías con una valoración y un análisis general, independientemente de nuestra coincidencia o discrepancia con los argumentos expuestos en esta tribuna, tan brillantemente esgrimidos por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por tanto, dejando a un lado el debate de lo que representa esa macroeconomía estatal, me voy a detener en lo que afecta a la Nació Valenciana. No en vano, ésa es mi misión y preocupación, tanto por ser Senador en representación de les Corts Valencianas, como por mi militancia en el nacionalismo progresista valenciano.
Desde Esquerra Nacionalista Valenciana entendemos que estos presupuestos van a incidir de manera muy negativa en la inversión empresarial, en la creación de empleo y en la tasa de crecimiento de producto interior bruto de nuestra tierra. Asimismo, la discriminación que, año tras año, ha venido sufriendo la Nació Valenciana en los presupuestos generales del Estado, en tiempos en que la coyuntura económica era mucho más favorable, se verá sensiblemente agravada en estos momentos de recesión y recortes en las inversiones.
Así, mientras el fastuoso 1992 privó a nuestra Comunidad de la modernización que precisaban sus infraestructuras en favor de las míticas --y acaso faraónicas-- obras de un falso escaparate de modernidad estatal hacia

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el exterior, los valencianos tuvimos que conformarnos con la promesa de que 1993 sería, por fin, el año de Valencia. Una vez más, fuimos solidarios casi hasta la estupidez y nos resignamos a demorar un año más esas inversiones que tanto necesitábamos y creíamos, al menos quisimos creer, que esta vez el Gobierno cumpliría su palabra. No ha hecho falta consumir este año para comprobar cómo esa promesa del Gobierno se desvanecía en fuegos de artificio y ya en el debate presupuestario del pasado año denunciamos en esta misma tribuna tal incumplimiento. Y bien saben sus señorías que el discurso político de este Senador dista mucho de ese victimismo demagógico que por ganar titulares de prensa y entrevistas de televisión es capaz de ofrecer una imagen contraria a la debida de los parlamentarios. Pero todo cuanto denuncio en relación con las carencias infraestructurales de la Nació Valenciana es tan cierto como conocido por el Gobierno del Estado.
Un año más el Gobierno aplaza la construcción de variantes en carreteras nacionales que atraviesan y condicionan tan negativamente a distintas poblaciones de la Nació Valenciana, como Oliva, Palmera, Bellreguart, Sueca, Castelló, Nules, etcétera, un larguísimo etcétera. De nuevo los presupuestos generales del Estado condenan al tercermundismo a los aeropuertos de Manises y Altet. Una vez más el Ejecutivo socialista se olvida de la imperiosa necesidad de modernizar nuestras ya legendarias comunicaciones férreas. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Tampoco contemplan estos presupuestos las necesarias inversiones en construcción de paseos marítimos y saneamiento del litoral en la medida suficiente para proteger adecuadamente el medio ambiente y sostener la oferta turística valenciana. Y para qué hablar de la ausencia de inversiones suficientes para la reforestación de nuestros montes, cuya tasa de desertización alcanza el 43 por ciento. Han oído bien: el 43 por ciento de desertización. Y en este capítulo de la repoblación forestal es probable que en un par de años ya no reclamemos inversión alguna, puesto que ya no quedará nada que pueda quemarse en los montes valencianos.
Y para qué seguir enumerando los olvidos presupuestarios respecto a las imperiosas necesidades de la Nació Valenciana. Seguiremos impartiendo justicia en sedes judiciales más propias de cualquier país del Magreb que de una nación europea; seguiremos apuntalando los castillos y monumentos histórico-artísticos como buenamente podamos; seguiremos subiendo los muebles a la azotea cada vez que exista riesgo de gota fría y también seguiremos, señorías, enterrando los muertos producidos en cada uno de los pasos a nivel, ya que nos siguen negando las inversiones necesarias para su eliminación.
Y termino ya, señorías, diciendo que tiempo habrá, imagino, para la reflexión del Ejecutivo durante el próximo año, como lo habrá sin duda, al igual que todos los años, para la desesperación de los valencianos, cuya jacobina paciencia debería figurar en el libro de los «Guinness».
Estas son las razones que como valenciano me hacen solicitar de sus señorías que estos presupuestos sean devueltos al ejecutivo Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en la sesión de la tarde asistimos a una triple representación de lo que es una determinada forma de entender la política, que es la política reñida con los números; esa teoría, que alguna vez yo he escuchado al jefe de la coalición de Izquierda Unida, de que la economía es una especie de bestia a la que hay que embridar desde la política y dirigirla allá donde nosotros queramos que vaya.
Señorías del Grupo Mixto, no es posible estar a la vez en la procesión y replicando; no es posible solicitar a la vez que disminuya el déficit público, que dejen de pagarse los intereses de la deuda y los pagos al servicio de la deuda y quejarnos luego del mal estado de nuestras inversiones, de que las inversiones son mucho más necesarias y de que hay que incrementar el gasto social, y añadir, además, como única alternativa la represión del fraude fiscal. Eso es algo con lo que todos estamos de acuerdo y en lo que tenemos que progresar. Yo creo que es necesario reconocer el esfuerzo que ha supuesto la puesta en marcha de la Agencia Estatal Tributaria y el acuerdo con las Comunidades Autónomas, que supone que va a haber una colaboración entre las diferentes administraciones de nuestro país para llegar a combatir más eficazmente esas bolsas de fraude.
Y no es posible hacer a la vez evocaciones tan pintorescas como exigir a la Seguridad Social que cobre las cuotas de las empresas que deben cotizaciones a la Seguridad Social y exigir medidas eficaces de reducción del desempleo, porque yo no sé si sus señorías son conscientes de que la puesta en marcha de la vía de apremio para ese cobro de cotizaciones impagadas sería una manera bastante eficaz de incrementar el desempleo en nuestro país. Cuando existen cotizaciones impagadas, suele estar detrás también una mala situación empresarial, que es la que justifica esas cotizaciones impagadas y a la que hay que hacer frente con moratorias, con aplazamientos de pago, etcétera, que son los que hacen aparecer esa situación.
De la misma manera que tampoco parece muy razonable hablar de cosas tan pintorescas como otras recetas de política económica y otros modelos de crecimiento. En nuestro país hemos escogido el camino, con la integración en la Comunidad Europea, con

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el tratado de Maastricht, con la firma reciente del Acuerdo del GATT, de tener una economía cada vez más integrada, cada vez más competitiva. En este sentido, nuestro modelo de crecimiento va a estar muy condicionado por esa dirección. Podíamos haber escogido modelos autárquicos de desarrollo, si es a lo que se refieren sus señorías, o podíamos hacer correcciones o matizaciones a ese modelo de crecimiento, pero lo que no vale es invocar genéricamente otros modelos de crecimiento, ya que en el caso de existir, sin duda alguna serían peores que el nuestro, definido en ese gran escenario macroeconómico. Y si lo que se quiere decir es otra cosa, señálese con algún mayor grado de concreción qué es lo que se está reclamando cuando se habla de otras recetas u otro modelo de desarrollo.
En cuanto a las referencias al desempleo y al gasto público, hubiera sido muy útil que esta discusión la hubiéramos podido tener esta mañana para comprobar cómo una vez más a algunos el gasto público les parece muy alto y a otros muy bajo. Yo creo que en términos razonables tenemos que coincidir en una evolución del siguiente tenor: en los últimos ocho años España ha pasado del 39,6 por ciento del producto interior bruto gestionado por el sector público a casi el 48 por ciento. Es verdad que nuestro gasto público todavía es inferior al de la media de los países de la Comunidad Europea o de los países más desarrollados, pero somos el país de Europa que más ha crecido en gasto público y esto se ha hecho, a veces, con un déficit público que está generando ya problemas a nuestra economía. ¿Es posible seguir progresando en esa dirección? Nosotros creemos que a ese nivel de aceleración no es posible, y no es posible que el gasto público siga disparando su crecimiento como fue posible en una época en la que, por suerte, estábamos al margen de la recesión.
En materia de protección al desempleo, no se puede decir que va a haber ningún recorte de protección, ningún recorte al Estado de bienestar.
España es el país de la Comunidad Europea que más gasta en protección de desempleo en cuanto a su porcentaje por producto interior bruto. Pero si hacemos simplemente una ratio, una razón entre el porcentaje de producto interior bruto dedicado a la protección por desempleo y el porcentaje de parados en cuanto a la población activa, solamente hay un país, Dinamarca, que nos supera, es decir, no solamente somos el país que más gasta, sino que somos el país en el que los desempleados están más protegidos en cuanto a su porcentaje de protección medido en términos de producto interior bruto. En este sentido, no es razonable que, cuando esa protección se ha multiplicado por tres en los años que lleva gobernando el Partido Socialista en porcentaje de personas asistidas a la protección, se diga que es un recorte intolerable y que es una justificación de una huelga general que tengamos que hacer un determinado alto en el nivel de protección para seguir permitiendo, entre otras cosas, que nuestro Estado de bienestar se consolide en términos fiscales, que nuestro Estado de bienestar se pueda financiar y no ahogue a la propia recuperación de la economía.
En general, se han hecho, al amparo de la defensa de los vetos, algunas discusiones, en las cuales, comprenderán sus señorías que yo no pueda entrar. Yo no puedo entrar en la discusión de qué relación tienen los insumisos de Navarra con las máquinas de escribir del Gobierno Foral; qué relación existe en los paseos marítimos de Valencia y el presupuesto general del Estado. Evidentemente, en él están, pero, al margen de eso, no parece que sea una discusión de suficiente nivel como para poder justificar un veto a los presupuestos generales del Estado y, mucho menos, algunas invocaciones que, a mi juicio, son del peor gusto, como hablar de los muertos en accidentes de circulación o en pasos a nivel, o incluso ajustar cuentas con algún antiguo compañero de filas, como ha hecho el señor Ramón i Quiles hablando del victimismo que practican algunos políticos valencianos.
En este tipo de cuestiones no puedo entrar y tengo que quedarme en una reflexión de carácter general: los presupuestos son provisionales por definición y sólo se van a aplicar durante el año 1994; en el año 1995 veremos unos nuevos presupuestos. Los presupuestos son un instrumento de política económica que no intentan agotarla, sino que la cuantifican en número y permiten que se instrumenten una serie de políticas más generales cuyo desarrollo legislativo va mucho más allá de la Ley de Acompañamiento y que va a producirse el año que viene. Estamos tan comprometidos en el desarrollo de las políticas sociales como algunos de los señores Senadores que han intervenido, pero además tenemos el compromiso de financiar esas políticas sociales, es decir, de hacerlas posibles, no sólo de predicar, sino también de dar trigo, y en este sentido no podemos aceptar que se diga que estos presupuestos no son suficientemente sociales, cuando son unos presupuestos que consolidan el Estado de bienestar en España y son los presupuestos en los que el gasto social va a ser más importante en términos de producto interior bruto en la historia de España; unos presupuestos con una aportación del Estado a la Seguridad Social de más de dos billones 900.000 millones de pesetas, 600.000 millones más que el año pasado; unos presupuestos, en suma, en los que se va a hacer un esfuerzo de protección que va a conseguirse gracias a la solidaridad de los trabajadores ocupados y de los autónomos en la financiación de las clases pasivas.
Por definición, para un hombre de izquierdas como el que les habla, y como somos los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, nunca habrá presupuestos suficientemente sociales, pero aquí también invocamos el principio, que esta mañana he resumido en una cita de Bertrand Russell, de la conciencia y la

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razón. Lo razonable es que la política social pueda financiarse, que pueda hacer realidad la recuperación de la economía, que pueda hacer realidad esas deducciones a la inversión y a la creación de empleo que ustedes quieren, y nosotros también, por lo que hemos instrumentado medidas como la reducción de la estimación por módulos o el incremento de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades o en el de Patrimonio para las empresas que empiecen a actuar o que están actuando.
En este sentido, señorías, sus vetos son la expresión de un descontento político con los presupuestos. Como ha tenido la franqueza de exponer el Senador Cuevas, a ustedes los presupuestos no les gustan, y por eso creen que deberían cambiarse. Nosotros, evidentemente, no podemos votar sus vetos, que no nos gustan, y en todo caso parece que no han dado demasiadas razones para explicar qué otros presupuestos podrían hacerse y cómo podría mejorarse la situación que a ustedes les preocupa.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos a continuación el turno de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Señor Presidente, abusando de su generosidad, y dado que el Grupo Mixto ha presentado tres vetos, querríamos compartir, si es posible, aunque no es habitual, el tiempo de la intervención.


El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, sabe su señoría perfectamente que nunca hemos tenido tolerancia en este turno, y además en la Junta de Portavoces resolvimos cualquier duda que hubiera al respecto, de manera que su señoría tiene la palabra, en nombre de su grupo parlamentario, para el turno de portavoces, que es indivisible.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo sé que al portavoz del Grupo Socialista no les gustan los vetos. Yo decía antes que era un tema de gustos; lo que pasa es que es muy difícil para un portavoz venir aquí a defender unos presupuestos que, como decía al principio de mi intervención, ya están enmendados en un trámite anterior o posterior a la ley sobre reformas fiscales, desempleo y demás.
Por tanto, yo creo que el veto, si no con voto, es al menos moralmente admisible, porque el propio Gobierno ha rectificado su propio proyecto de presupuestos. Por ello, no estamos muy equivocados cuando decimos lo que decimos.
Yo creo que estos presupuestos no tienen ya ninguna credibilidad. Hoy aparecía una noticia, que no sé si es cierta o no, en todos los medios de comunicación que decía que la OCDE prevé un crecimiento, tanto en el desempleo como en la economía, diferente al previsto por el Gobierno, y yo creo que la OCDE sabe mucho más de la economía que yo. Por tanto, de credibilidad, nada. Por tanto, es normal que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Mixto tengamos nuestras dudas y nuestros conocimientos económicos, pero un organismo al que se hace frecuente referencia en positivo como la OCDE acaba de decir que de las previsiones del Gobierno nada de nada, por lo que alguna razón llevaremos en este tema.
Yo creo que el problema más importante y que más interesa hoy a las ciudadanas y a los ciudadanos españoles es el desempleo --ahí están las estadísticas, las encuestas--, y ustedes no hacen absolutamente nada en estos presupuestos para solucionar el tema del empleo. Es más, ustedes reconocen que estos presupuestos no van a generar empleo o que el Gobierno no va a participar en la generación de empleo, y dicen que van a crear las condiciones necesarias para que la industria o el sector privado genere empleo, y yo creo que eso no se lo creen ni ustedes, porque el sector privado crea empleo cuando le interesa y cuando tiene perspectivas, no cuando el Gobierno cree las condiciones óptimas. Pero si las condiciones óptimas van a depender de hacer una reforma laboral que abarate el despido y desproteja a los desempleados, a Izquierda Unida no nos gustan esas condiciones. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Cuevas.
Ruego silencio, por favor, hay un orador en el uso de la palabra.
Muchas gracias.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Con esto quiero decir que esta reforma laboral tampoco nos gusta; es decir, generar empleo a costa de cualquier cosa no nos parece bien.
Ustedes podrían haber sido valientes para decir que hay que trabajar más de ocho horas, nueve o diez, y además gratis, y se hubiera generado empleo por un tubo en este país, pero comprenderá que esa iniciativa tampoco nos gustaría.
Preguntaba el portavoz del Grupo Socialista cómo se le ocurría a Izquierda Unida pedir que las empresas pagaran la Seguridad Social, y yo le digo que porque la tienen que pagar, haya o no crisis; la tienen que pagar, y si no, hagan una ley que diga que no se paga Seguridad Social.
(Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone otra vez, Senador Cuevas. Ruego silencio, por favor.


El señor CUEVAS GONZALEZ: ¿Cómo me pregunta usted por qué me escandalizo de que cuando a los parados

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y a los pensionistas se les recortan las prestaciones, las empresas deben un billón de pesetas a la Seguridad Social? Es que es para escandalizarse, no es para cantar. Lo que pasa es que ustedes están haciendo recaer el peso de la crisis en los de siempre, y hay que tener la valentía de decirlo. Porque es verdad que la empresas también descuentan la Seguridad Social a los trabajadores y no la pagan tampoco.
Y usted me dirá: que vayan a los juzgados y las demanden por apropiación indebida, pero ése no es el problema de fondo. El problema de fondo es que ustedes recortan por un lado a la gente que trabaja o ha trabajado, y por otro lado permiten que no se cumplan las leyes. Yo creo que esto es fraude fiscal, a la Seguridad Social o a quien sea. Eso está más claro que el agua. Por lo cual, me tengo que escandalizar. Si usted y su grupo no se escandalizan, será un problema suyo y de su grupo, pero no mío.
En cuanto al tema de Maastricht, ustedes han enfocado toda la política presupuestaria en torno al plan de convergencia y de Maastricht, pero usted también sabe que en la última etapa se ha hecho un Maastricht a la carta, es decir, cada país está acoplando su política económica en función de sus necesidades. Por tanto, usted sabe que hay que revisar el acuerdo de Maastricht, y hay un Libro Blanco que presentó el otro día a bombo y platillo el señor Delors; hay que revisar el acuerdo de Maastricht con políticas de generación de empleo. Podremos estar o no de acuerdo, pero todos sabemos que las políticas económicas no son constantes, sino que además habrá que revisarlas en función del nuevo marco europeo. Por tanto, no hay que ir a piñón fijo en el tema de Maastricht ni utilizarlo como excusa para hacer una política de liquidación y no de generación de empleo. Yo no sé el problema que tienen ustedes con el sector público. En estos momentos, si el sector público no activa la economía, nadie lo va a hacer. No se puede entrar en unas políticas de privatizaciones --puede gustar a algunos grupos Parlamentarios, pero a Izquierda Unida no-- con la única excusa de decir: tenemos un gran déficit público, vendamos nuestras empresas rentables y empecemos a tapar boquetes, porque a base de tapar boquetes nos quedamos sin edificios. Todo serán parches y no habrá edificios. Yo creo que es razonable lo que estamos diciendo. Yo creo que el déficit público se tendrá que contener cuando sea necesario y rebajarlo cuando haya que hacerlo, pero nunca a costa de la no generación de empleo; nunca a costa de eso. Nosotros hemos propuesto en nuestras enmiendas que contengamos el déficit público, y ese porcentaje de rebaja que ustedes pretenden introducir en los presupuestos de este año, invirtámoslo en generar empleo. Es una propuesta que hemos hecho en nuestras enmiendas, y creo que usted lo ha leído porque es un hombre muy correcto y muy atento. Por tanto, contengamos el déficit público, y lo que tiene presupuestado el Gobierno para reducirlo, utilicémoslo en inversiones productivas para generar tejido social e industrial y que podamos salir adelante.
Yo creo que no se puede plantear desde la tribuna que el tema de los insumisos no es un problema en los presupuestos. Claro que lo es, porque es un problema político y, además, es carísimo tener a un montón de gente en la carcel. Por tanto, si hablamos de economía, hagámoslo realmente.
Desde luego Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya puede estar equivocada en sus planteamientos, yo creo que no, por eso pertenezco a este Grupo Parlamentario, pero Comisiones obreras, UGT, la CGT y otros colectivos sindicales apoyan una huelga general el día 27 de enero y ustedes, además de otros Grupos, son los únicos que dicen que la huelga general no tiene sentido, no es correcta, etcétera. Yo repito lo que dije al principio: dejen ustedes de gastar tanto tiempo en campañas de televisión desprestigiando la huelga general, porque eso no conduce a nada; ganen tiempo en sentarse nuevamente con los sindicatos; hagan un nuevo presupuesto que sea un encuentro social y político; rectifiquen su política de gobierno, den un giro a la izquierda que ustedes prometieron en las elecciones y en ese camino encontrarán a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la mayoría y a todos los que componemos el Grupo Mixto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas González.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui Gangoiti.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro de Economía y Hacienda.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos utiliza este turno de portavoces para expresar nuestra posición a los vetos y nuestra opinión respecto del debate y desarrollo del proyecto de ley anual más importante del ejercicio, sobre todo, con miras a la previsión y futura realización de la política general, donde las Cámaras Legislativas convienen la normativa para que el Ejecutivo realice su cumplimiento y la repercusión que tales medidas tienen tanto en el sector público como en el privado. Efectivamente, señorías, el Estado es hoy el sujeto económico más importante por su actividad reguladora de las normas y por su posición predominante en las actividades económicas como demandante y oferente de recursos, bienes y servicios. De ahí la importancia de este instrumento básico, lo que supone concretar unos objetivos claros y unos instrumentos eficaces. De su credibilidad y de las medidas dependerá el éxito o fracaso de las actuaciones del resto de las instituciones que intervienen en la economía y, en definitiva, en ese Estado

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del bienestar al que nos hemos estado acostumbrando. También entendemos que no siempre resulta fácil acertar tanto en las partidas como en los criterios presupuestarios, pues siempre existen perturbaciones que originan desviaciones más o menos forzadas. Nuestro objetivo, señorías, es colaborar en que acertemos plenamente y, por tanto, el sentido de nuestras enmiendas persiguen ese fin.
A estas alturas del debate de los presupuestos se ha dicho casi de todo.
Nuestro Grupo Parlamentario enmendó en el Congreso de los Diputados y procura hacerlo también en esta Cámara de revisión, e incluso, da entrada a nuevas enmiendas para su discusión. También hemos retirado otras por diversos motivos, alguno ya incluido en el Dictamen de la Comisión, por haber sido transaccionadas y admitidas de buen grado, aunque fuesen de pedrea. A caballo regalado no se le mira el diente, y no son 8.000 millones, sino el 1 por ciento, pero se agradece la buena disposición.
En coherencia con una postura adoptada en alguna reunión donde hubo algunos balbuceos o ententes cordiales de nuestra presencia o participación en el Gobierno al inicio de los presupuestos, nuestro Grupo, con un afán de colaboración, dejó clara la no presentación de ninguna propuesta de enmienda a la totalidad ni de veto, ya que considerábamos que una devolución de la ley al Gobierno no mejoraría la situación como consecuencia de una prórroga presupuestaria del año 1993, pues debido a una falta excesiva de cumplimiento o de rigor en los ajustes, se han estado produciendo grandes desviaciones como causa de un mal cálculo para los ingresos y peor control en los gastos, superando así unas desviaciones superiores, incluso, a los dos billones de pesetas.
En el preámbulo de la ley se dice: La voluntad de superar favorablemente la actual recesión de la economía española y sus indeseables consecuencias sobre el desempleo y el déficit público, condicionan las orientaciones y criterios de política económica contenidos en la Ley de Presupuestos para 1994. También se dice: A estos efectos, se pretende perseverar en la reducción del déficit público, para lo cual se pone un especial énfasis en la austeridad que debe presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas, etcétera. Señorías, estas manifestaciones de buenas intenciones son loables, siempre que no se abuse, como consideramos que ocurre en el artículo veintiuno, forzando a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a seguir los mismos criterios dentro de los gastos de personal al servicio del sector público. Entendemos que podrá servir como orientación, pero no existe ni debe existir una disposición coercitiva para ello. La libertad en la autonomía exige libertad, pero no imposición.
La pretensión de la reducción del déficit tampoco es digna de tenerse en cuenta, aunque nuestro Grupo entiende que no se toman medidas suficientes para ello, para lo que presentamos nuestras enmiendas correspondientes.
Quizás el señor Ministro ordenó que se limaran todos los gastos superfluos y se buscaran todos los medios para aumentar los ingresos, y el personal técnico hizo un trabajo excelente. Se han retocado todos los Ministerios, se han buscado las partidas retocables y con ello se han variado muchos sectores. Esto ha creado únicamente un desconcierto, puesto que el sumatorio de tantas partidas ha engrosado un volumen más bien pequeño y, por supuesto, insuficiente, incomodando una serie de colectivos, sectores, etcétera.
Nuestro Grupo Parlamentario reconoce la bondad del criterio y el valor del Gobierno para tomar una serie de decisiones impopulares que lograrán concienciar o sensibilizar de que realmente estamos en una época de crisis. Sin embargo, opinamos, una vez más, que es una postura absolutamente insuficiente, puesto que las medidas a adoptar tienen que ser mucho más complejas. Se ha tardado en reconocer que esta crisis no es coyuntural. Incluso podemos decir que es una crisis internacional, pero que, sobre todo, afecta a las estructuras y, por tanto, las medidas a adoptar deben ser más drásticas y más duras, pero con mayor eficacia y, si fuera necesario, incluso endeudándose. No se debe temer si se vislumbra la salida. Conviene implicar a otros grupos de la Cámara, a otros partidos, en la medida en que se requiere ser corresponsable, aunque en la medida de cantidades y calidades de distinta responsabilidad --claro está--, en función de la situación de cada uno. Pero en definitiva, es necesario reconocer la dificultad de buscar salidas a esta crisis y, sobre todo, a esa falta de trabajo. Eso es lo que hace cualquier unidad económica, ya sea una empresa o una economía doméstica.
Las enfermedades graves no se curan con aspirina, sino que conviene modificar el medicamento y la dosis. Para esta aseveración no solamente estimamos nuestro criterio, sino que, incluso, el señor Secretario de Estado de Economía, en su comparecencia en el Senado el día 10 de noviembre --el mismo Ministro lo ha recordado esta mañana--, dijo que la debilidad de la situación presupuestaria era debida a que parte del aumento del endeudamiento no se debía destinar a la inversión, sino que era necesario destinarlo a los gastos corrientes y a los pagos de intereses. Y ésta es la situación que se debe corregir, puesto que ese aumento de endeudamiento solamente es suficiente para el consumo de las administraciones y para el pago de las cargas financieras y, por tanto, para que exista un crecimiento sano debe existir una cierta recuperación de la confianza por parte de los inversores, principalmente de los privados, y esto depende necesariamente de las expectativas.
La situación industrial y económica del País Vasco quizá nos haya hecho ver con antelación que es necesario tomar medidas supletorias y drásticas. No sirve una política continuista; se debe tomar la iniciativa para que nuestras empresas puedan ser competitivas, de

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calidad, mejoradas, no marginales. Quizá llevemos tiempo manteniendo artificialmente este tipo de empresas.
Tenemos una generación, señorías, que no conoce lo que es trabajar porque no lo ha hecho nunca, y todo el mundo sabe que el trabajo dignifica y realmente es necesario. Recordemos algunos datos de la encuesta de Demoscopia que aparecían ayer en un diario: en casi la mitad de las familias alguien busca empleo o está en paro. Recientemente, el Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco publicaba cómo la familia está ejerciendo una labor de redistribución social natural de la renta; los ingresos o el ahorro familiar cumplen un cometido social, pues de otra forma tendríamos una colectividad absolutamente mendicante y frustrada. No pretendemos hacer demagogia, pero creemos que el Grupo Socialista no se ha dado cuenta de que ésta es su hora más baja desde 1982, junto con una crisis económica que resulta ser la más grave de los últimos trece años. Véase, dentro del mismo barómetro de la encuesta antes citada, cómo se concede más intención de voto al partido de la oposición, al Partido Popular.
Pero la posición de nuestro partido y de nuestro Grupo Parlamentario es la de apoyar en la misma medida en la que también se escuchen nuestras sugerencias. En tiempos de crisis debemos compartir la crisis, pero también deberían escucharse nuestras manifestaciones, y para ello nuestra posición es la de retocar algo más que las pequeñas correcciones. Se deberán adoptar mayores decisiones, que también serán más fuertes e impopulares, pero con el compromiso de todos se repartirá la corresponsabilidad.
Nuestro grupo cree que para garantizar una producción, mayor competitividad y más calidad debe llegarse a obtener unas cifras macroeconómicas adecuadas, conveniendo incidir en la microeconomía, en la pequeña empresa y en las economías domésticas. Nuestro Grupo ha enmendado mediante normas fiscales añadidas a la Ley denominada de Acompañamiento de estos Presupuestos, fundamentalmente para que se desarrolle la necesaria credibilidad y se recupere la confianza de los inversores, que son en definitiva quienes lubricarán la creación del producto, de los bienes y de los servicios competitivos que, al fin y al cabo, son los que tienen que crear empleo. En nuestra tesis, parece ser que también este fin de semana ha existido alguna reunión para revisar las posturas sobre las mal denominadas vacaciones fiscales y la reserva para inversiones, que, según el señor Ministro Saavedra, tienen por objeto fomentar la generación de riqueza y empleo premiando a los empresarios que invierten.
Sin embargo, y hasta ahora, con lo único que se nos ha atendido es con la remisión al Tribunal Constitucional; y aprovechándose de esta situación, nos han rechazado todo tipo de enmiendas de carácter fiscal propuestas por nuestro Grupo que acompañan a los presupuestos. Realmente, no creemos que en este caso seamos insolidarios ni demagógicos, pues en el fondo nuestro sistema foral nos exige administrar los tributos de forma racional y comprometida, teniendo absolutamente claro que con medidas a medias tintas no saldremos de la crisis: no creamos ahorro, ni producto interior ni trabajo.
Señorías, las normas dulcificadas y similares adoptadas en algunos supuestos tienen como objeto, por parte del Gobierno socialista, solamente la afloración de parte de la economía sumergida, sin duda importante, pero solamente para aumentar los ingresos vía tributos, no para que los trabajos sean más competitivos ni para que las empresas se remodelen y sirvan para competir en el mañana; esto es pan para hoy y hambre para mañana. Nada de lo que se dice es nuevo, ni para mí ni para el señor Ministro ni para los señores Senadores. Sin embargo, siguen en su empeño, y les tenemos que decir algo más: nuestro Gobierno Vasco ha reflexionado seriamente, tanto a nivel de despegue económico como a través de medidas fiscales, junto con otras medidas de desarrollo autonómico, en una concepción de Estado solidario, tanto a nivel económico como político. Conviene, señorías, dar satisfacción a un colectivo que aún conserva la esperanza de resolver mínimamente la problemática específica propia de nuestro territorio, de nuestros sectores más implicados, del sector industrial, tan repetidamente solicitado pero nunca satisfecho.
Señorías, hemos sido aludidos de diversas formas, más bien negativamente, quizá porque estamos reivindicando algo nuestro con la misma cantinela; pero, señorías, ni pretendemos recordar lo de «provincias traidoras» --aunque lo hayamos sufrido-- ni queremos privilegios, pero tampoco que se nos aplique lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Con sumo gusto veríamos la implantación de las medidas fiscales que nosotros propugnamos, puesto que honradamente creemos en ellas, al menos, para una estructura microeconómica absolutamente en crisis y falta de aliento inversor y confianza estable, y no en una remisión automática al Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, señorías, nuestra postura a estos vetos va a ser de abstención, reconociendo que todos los Grupos, en sus disertaciones, tienen algo de provechoso y, por tanto, el grupo mayoritario lo debería tener en cuenta. Por nuestra parte, no hemos pretendido poner ningún palo en las ruedas del carro del Gobierno; incluso, si hubiera sido necesario, hubiéramos empujado, y, de hecho, nuestras enmiendas tienen ese objetivo.
Es lógico también que para ello requiramos una postura más coherente con nuestro estatus particular y singular, tan conocido en esta Cámara de representación territorial, animada por aquellas competencias «ex lege» pero no «de facto» que engrosarían más sólidamente nuestro cuerpo parlamentario y darían sentido no sólo a la construcción del Estado, sino a estos

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Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Nada más, señor Presidente. Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Habiendo renunciado al turno el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hará uso del turno de Portavoces.
Tiene la palabra el Senador Ferrer.


El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con frecuencia se recuerda en este hemiciclo que el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado constituye, seguramente, el acto político de mayor importancia, porque en él se proponen y discuten las prioridades que configurarán la acción conjunta de Gobierno en los próximos doce meses. Esta es una constatación que a menudo, en la acción parlamentaria, surge y se confirma.
Pues bien, hecho nuevamente este sencillo recordatorio, hay que referirse al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, que para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta, hay que reconocerlo, unas características que con toda claridad podemos calificar de extraordinarias, señorías, y para comprenderlas es necesario hacer un rápido recorrido por lo sucedido en el campo político en y tras las últimas elecciones a las Cámaras legislativas del Estado. Concretamente, este Grupo concurrió a aquellas elecciones con dos objetivos que propusimos como prioritarios: en primer lugar, la necesidad de una nueva política económica que favoreciese el tejido productivo y que, por consiguiente, terminase con el ahogo que éste experimentaba como resultado de una política que ignoraba los grandes desafíos y obstáculos en los que dicho tejido productivo se debatía, como, por ejemplo, la dureza del nuevo Mercado Unico Europeo, la competencia de países terceros, el alto costo del dinero y la rigidez laboral; cuatro factores que incidían --y que inciden aún en gran parte-- sobre nuestra economía productiva. Y en segundo lugar, pero para Convergència i Unió objetivo de importancia política equiparable con el anterior, la necesidad de promover una nueva etapa en la construcción del Estado de las autonomías.
En este capítulo, creo que debo recordar que con ocasión del último debate sobre el Estado de las Autonomías, celebrado en esta Cámara en febrero, enumeramos desde esta tribuna diez objetivos que significan una profundización del Estado de las autonomías.
Estas fueron nuestras dos prioridades, que ofrecimos a los electores: política económica para reactivar el tejido productivo y política autonómica para continuar con mayor decisión, o, si se prefiere, con decisión renovada, la construcción del Estado de las autonomías.
Las circunstancias --en este caso el calendario-- han querido que primero fuese posible intervenir en la formulación de una reordenación de la política económica, pero en el bien entendido que este Grupo Parlamentario tiene, tenía y tendrá dos prioridades. Naturalmente, antes de esta intervención en la política económica fue necesario aportar nuestro voto a la estabilidad política en el debate de investidura a la única opción posible, vistos los resultados electorales. Tras aquel inicio de la legislatura, se planteó con claridad --repito que por imperativo del calendario-- la posibilidad de participar con nuestras propuestas en la elaboración de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 que, desde nuestro punto de vista, tratase por primera vez en muchos años al tejido productivo como una fuente de riqueza y de equilibrio social, y no simplemente como un sujeto tributario. Con estas posibilidades, que eran las que derivaban de la correlación de fuerzas políticas existentes, Convergència i Unió pudo introducir en los criterios de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 iniciativas que creemos significan una modificación importante porque son una adaptación a lo que la realidad demandaba a gritos, y son coincidentes con las prioridades que figuran en los proyectos de presupuestos de la mayoría de los restantes Estados europeos.
¿Qué medidas propuso Convergència i Unió para atacar los dos problemas más graves que atenazan en general a la sociedad? La necesidad de contener el gasto y el déficit público y contribuir a la reactivación de la economía productiva. En el primer punto, en la necesidad de contener el gasto y el déficit público, propusimos: reducir la presión fiscal; que el gasto público se incrementase por debajo del PIB nominal; que se fijasen unos objetivos modestos pero más realistas para la contención del déficit público que los que se habían programado en años anteriores; que se contuviera el gasto de personal; que se redujeran los gastos en bienes y servicios; que se introdujesen reformas estructurales en el campo del subsidio por desocupación; que los Presupuestos incorporasen mecanismos de mayor rigor para el cumplimiento de las previsiones presupuestarias; la reducción de las subvenciones a las empresas públicas; que se continuase el proceso privatizador de los activos del sector público empresarial y, finalmente, que se mantuviese el poder adquisitivo de los pensionistas.
En el segundo punto, el de contribuir a la reactivación de la economía productiva, igualmente propusimos medidas que han ayudado, creemos, a configurar una reorientación de la política presupuestaria con referencia a los siguientes apartados: a los tipos de interés, al Impuesto de Sociedades, al IRPF, al Impuesto sobre el Patrimonio, a las cotizaciones sociales, al Impuesto sobre Sucesiones, al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre Actividades Económicas, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a la ampliación de las deducciones en el IRPF por el alquiler de viviendas y, finalmente,

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sobre las Mutualidades. En todos estos capítulos hemos propuesto iniciativas de claro contenido social, pero, naturalmente, actuando dentro de los límites estrechos en los que se mueven las modificaciones que se han introducido en los presupuestos de otros Estados europeos, como demuestra la simple consulta --que cualquiera de nosotros puede hacer-- a los presupuestos elaborados para 1994 en Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y otros Estados que nos circundan.
El objetivo fundamental para los que compartimos la Unión Europea es evidente: deseamos mantener el Estado de bienestar y, al mismo tiempo, responder con eficiencia y efectividad a los desafíos que nos dirige la nueva coyuntura internacional; deseamos el desarrollo de los países del tercer mundo, pero, al mismo tiempo, su crecimiento nos obliga a profundas transformaciones; deseamos un amplio proceso de construcción europea, pero, al mismo tiempo, deseamos situar nuestra economía productiva en igualdad de condiciones para poder competir.
El reciente Libro Blanco presentado por Jacques Delors plantea como gran objetivo el conseguir una economía sana, abierta, descentralizada y más competitiva. Con este afán hemos contribuido a la elaboración de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994, y por esta razón, por primera vez desde 1982, no hemos presentado ninguna propuesta de veto, y, por esta razón, lo defenderemos con nuestro voto en su configuración general actual.
Para terminar este posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, debo hacer una referencia a que nos encontramos en el inicio de una nueva época, no sólo en el ámbito del Estado español o de la Unión Europea, sino en el conjunto del panorama internacional, y que en esta transformación están presentes, como factores que provocan esta situación, el avance tecnológico, la desaparición de las fronteras en su antigua versión y el rápido desarrollo de la democracia. Estos elementos están creando un nuevo marco que conlleva graves desafíos, pero que posibilitan también posibles progresos para toda la humanidad.
En un libro reciente que se refiere a la modernidad, Alain Touraine dice: La democracia no es sólo un estado del sistema político, sino más aún, un trabajo y un combate permanentes para subordinar la organización social a factores que no son, ni la una ni la otra, propiamente sociales: la racionalidad y la libertad. Este es, señorías, nuestro afán, y respondiendo a nuestras responsabilidades hemos contribuido a que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 proponga una política que ayude a responder al desafío que caracteriza esta época, en la hemos de conseguir que ya no sólo sea posible el desarrollo de algunos, sino el bienestar para todos los pueblos. Esta es la razón y ésta es la consecuencia de nuestra contribución a la elaboración del actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y, por consiguiente, ésta es nuestra posición, claramente esperanzada, de que estos presupuestos puedan significar un punto y aparte y, sobre todo, una adaptación útil de nuestro tejido de economía productiva para que muy rápidamente podamos salir, conjuntamente, naturalmente, con nuestro entorno europeo, de esta crisis que nos atenaza globalmente y podamos reemprender una situación de progreso, que esta vez, señorías, ya no será solamente un progreso europeo o un progreso norteamericano, sino que será, seguramente, un progreso mucho más global, del cual todos nos tendremos que felicitar.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruiz-Gallardón.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando esta mañana subí a esta tribuna para dar respuesta al discurso del señor Ministro presentando el proyecto de ley de presupuestos y para defender el veto que a los mismos ha presentado nuestro Grupo Parlamentario, lo último que pude imaginar es que cuando tuviese ocasión de utilizar el turno de portavoces de nuestro Grupo Parlamentario todavía no hubiésemos oído la respuesta del señor Ministro.
El señor Ministro ha oído parcialmente, sentado en el banco del Gobierno, cuatro vetos a la totalidad del proyecto, y ha permanecido callado. Ha tenido ocasión reglamentaria, con un privilegio --útil sin duda en las democracias-- al Ejecutivo, de dar respuestas a los grupos parlamentarios, y sigue ahí callado.
Al señor Solchaga, señor Solbes, le criticábamos mucho, pero hay que reconocerle el valor que tenía de contestar todos y cada uno de los vetos que se hacían siempre en este Parlamento. (Fuertes aplausos en los escaños de la derecha.) Usted, señor Solbes, no sé si porque no quiere, porque no puede, o sencillamente porque no sabe (Aplausos en los escaños de la derecha. Rumores en los escaños de la izquierda.), o quizá porque estas nuevas medidas que de recuperación electoral pretende aplicar el Partido Socialista le han aconsejado que hable su compañero de Partido, el señor Granado, y que usted permanezca callado (Protestas en los escaños de la izquierda.), pero es lo cierto que, además de conseguir poner nerviosos a sus compañeros (Protestas en los bancos de la izquierda.), de poner muy nerviosos a sus compañeros (Risas.), además de eso usted hoy, señor Solbes, ha dado una lección de lo que no tiene que hacer un Gobierno, y es dejar consumir el trámite de debate presupuestario sin defender su propio proyecto.


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¿Por qué no lo ha defendido? No creo yo, en contra de lo que pueden pensar alguno de sus compañeros, que haya sido porque su tono monocorde no consiga el entusiasmo de la Cámara, ni muchísimo menos, no es ésa la razón por la que el señor Granado ha tenido que subir a esta tribuna; es probablemente porque no existen argumentos sólidos para contestar las críticas que desde aquí se le han hecho.
Señor Solbes, yo no es que le invite, es que le requiero a que antes de que se produzca la votación esta tarde suba usted aquí a esta tribuna y defienda, si puede, el proyecto de presupuestos. (Fuertes aplausos en los escaños de la derecha.) Realizado ese requerimiento y producida, en su caso, su intervención --y espero que el señor Bayona no solamente no se lo desaconseje, sino todo lo contrario-- (Risas.), le daremos entonces cuenta de cuáles son nuestros criterios.
Hasta entonces, señor Presidente, del debate producido me toca adoptar posición, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, en primer lugar, en relación al resto de los vetos presentados por otros señores Senadores.
Los argumentos pueden ser distintos, los objetivos son los mismos; anuncio, por tanto, que nosotros votaremos favorablemente todos y cada uno de los vetos que han sido presentados. Del discurso, a mi juicio coherente y cargado de sentido en sus objetivos, del Portavoz de Convergència, anuncio coincidencias: nosotros también queremos un cambio de la política económica, nosotros también queremos promover una nueva etapa en la construcción del Estado de las autonomías, queremos esa reordenación, pero precisamente porque queremos eso es por lo que nos oponemos a un proyecto que, desgraciadamente, desde nuestro análisis, va a contribuir a todo lo contrario, a mantener la situación como está.
Respetamos la actitud de quien piensa que esos objetivos se consiguen de forma distinta, ¡y ojalá nos equivocásemos, señor Ferrer!, pero, lamentablemente, no se ha anunciado en el Grupo Parlamentario Socialista cosa distinta, como usted bien recordará, de lo que año tras año ha venido diciendo el Gobierno presidido por Felipe González.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Granado Martínez, la verdad es que cuando le oía esta mañana me estaba recordando aquella novela de Orwell, «1984», cuando hablaba del discurso de la neolengua.
Ustedes recordarán que la neolengua consiste en la invención de palabras nuevas y, paralelamente, en la supresión de palabras indeseables y la eliminación de todos los significados heterodoxos; así, cuando hay que hablar de tres millones y medio de parados, cuando hay que hablar del peligro de desertización industrial de nuestro país, cuando hay que hablar del incremento de la presión fiscal a unos ciudadanos fiscalmente saturados, o del fracaso del diálogo social y de la nula capacidad negociadora del Gobierno socialista, siempre se obtiene en el discurso de la neolengua la misma respuesta: catastrofismo. Todo eso es catastrofismo de la oposición, y frente a eso la neolengua lo único que admite es progreso, preocupación social, responsabilidad gubernamental o, señorías, única política económica posible.
Yo, la verdad, es que creo que eso sí que es desconfiar del sistema democrático; acabar por imponer a la lengua, como decía Orwell, es acabar con el principio de la libertad política, porque al final se queda sin espacio posible cualquier alternativa dialéctica frente a la utilización abusiva por parte del poder. Yo entiendo que a ustedes les moleste que aquí hagamos un discurso no técnico, sino que lo pueden entender los ciudadanos; yo entiendo que a ustedes les moleste que aquí hablemos de algo más que de cifras y de números y de capítulos y de secciones; yo entiendo que a ustedes les gustaría que no hiciéramos un debate político.
No entiendo cómo el Partido Socialista no es capaz de concebir que en una democracia es el Parlamento quien controla al Gobierno, y no el Gobierno el que controla al Parlamento. (Aplausos en los escaños de la derecha.) Usted dice, señor Granado: «el discurso que esperábamos; el discurso que ustedes tenían que hacer». Señor Granado, por favor, deje usted que hagamos el discurso que nosotros queramos hacer desde la oposición, desde nuestra legitimación, porque ésa es nuestra obligación; no intenten imponer el discurso a la oposición desde el Gobierno, porque eso sí que es caer en una tentación totalitaria. No es esta Cámara quien queda deslegitimada por aprobar un Presupuesto que, insisto, ha sido vetado por la propia sociedad; quien queda deslegitimada es la mayoría que lo sostiene, quien queda deslegitimado es el Partido, que apoya un presupuesto que no se cree ni el propio Gobierno; o, si no, señor Ministro, díganos usted si es verdad o no es verdad que está preparando el Gobierno una serie de medidas no complementarias, sino rectificadoras del proyecto que hoy aquí estamos aprobando; diga si es verdad que en tres meses van a entrar en esta Cámara --antes en el Congreso de los Diputados-- una serie de propuestas económicas que inutilizan absolutamente y desautorizan, desde el punto de vista político y económico, lo que hoy ustedes nos están pidiendo que apoyemos. Dígalo porque, en tres meses, veremos quién se ha equivocado. En todo caso, parece que está claro que en estos momentos de la situación política española no es precisamente el Partido Popular quien no conecta con la sociedad.
Yo entiendo que ustedes hacen un discurso como si hubiesen llegado ayer al poder. Cualquiera que les hubiese oído a ustedes esta mañana pensaría que desde hace dos años gobierna el Partido Socialista y que antes ha gobernado el Partido Popular. Son ustedes los responsables de lo que nos está pasando; son ustedes los responsables de la situación política y económica de España; no pretendan ustedes, en este momento histórico, hacer borrón y cuenta nueva de aquello que se

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ha producido como consecuencia de la incapacidad de los Gobiernos, cuyo único común denominador es la presidencia de Felipe González Márquez, porque todo lo demás ha cambiado. (Fuertes aplausos en los bancos de la derecha.) Hemos tenido distintos ministros de Hacienda, distintos responsables económicos, distintos vicepresidentes; lo único que hemos tenido igual es el señor González Márquez, ése es el común denominador del fracaso de la política española. (Protestas en los bancos de la izquierda.) Señor Granado, usted al final me ha dicho algo que una vez más, en ese intento de convertir el ejercicio de control, obligado en una democracia por parte de la oposición, en algo distinto de lo que constitucionalmente está regulado, dice que nuestro Partido no ha presentado una alternativa.
Está presentada, lo que pasa es que usted no se ha leído nuestras enmiendas. No lo digo yo, lo dice usted.
Me va a permitir, señor Presidente, que dé lectura breve al acta de la Comisión de Presupuestos cuando nuestro portavoz, el señor Utrera, solicitaba valorar una enmienda, concretamente la número 1.809, de 100 millones de pesetas, para un objetivo político concreto. Entonces, pregunta el señor Presidente al señor Granado si se incorpora la enmienda al Informe de la Ponencia, y el señor Granado contesta que no. Dice además que el señor Utrera tiene que dar por reproducidas todas las enmiendas porque no va a incorporar ninguna al Informe de la Ponencia.
Supongo que, perplejo el Presidente, le dice que se limite a decir si se va a incorporar o no; a lo que el señor Granado, literalmente, contesta: «No me voy a limitar a decir eso, señor Presidente, sino que voy a decir que no a todas y cada una de las enmiendas que el señor Utrera considere que deben ser incorporadas al Informe de la Ponencia.» Este es el diálogo del Partido Socialista. (Aplausos en los bancos de la derecha.) Señor Granado, la cita es literal; no hace falta incorporarla al acta porque es un documento auténtico de la Cámara. Si usted, señor Granado, hubiese leído nuestras enmiendas, sabría que nosotros hemos propuesto una serie de medidas para reactivar la economía española, y que con las enormes dificultades que suponen los parches, a los que yo hacía referencia esta mañana dentro del debate presupuestario, y las imposibilidades de transferencias presupuestarias, nosotros queremos reactivar la economía, el consumo y la inversión. Para ello, hemos propuesto, dentro de la política económica alternativa que tiene nuestro Partido y que será la política del Gobierno del futuro de España, reducir la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas en un 5 por ciento; aumento de las deducciones por incentivos en inversión en activos fijos un 10 por ciento, y a la exportación un 25 por ciento; que hemos propuesto modificar el régimen de plusvalías estableciendo el aplazamiento del impuesto cuando el producto de la enajenación se reinvierta en bienes similares; que nuestro Partido ha propuesto la regulación de balances y libertad de amortización para las inversiones realizadas entre 1994 y 1995. Si usted se hubiese leído nuestra política alternativa sabría, señor Granado, que hemos pedido el aplazamiento de la liquidación del IVA en la facturación de la Administración hasta que la deuda pendiente por suministros no haya sido liquidada; que hemos pedido la devolución del IVA ingresado por facturas que han resultado impagadas en el plazo de dos años. Si usted hubiese leído nuestra política alternativa, sabría que dentro de las medidas para la creación de empleo hemos propuesto la bonificación de cuotas a la Seguridad Social para la contratación fija de personas en desempleo en 1994; sabría que hemos propuesto revisión de los módulos en la estimación objetiva para que reflejen realmente los beneficios y no penalicen el empleo; sabría que hemos propuesto la limitación de los coeficientes multiplicadores en el Impuesto de Actividades Económicas, y, quizás, si hubiese tenido paciencia para seguir leyendo, sabría que hemos propuesto la revisión del sistema de incapacidad laboral transitoria. Si usted, señor Granado, hubiese leído nuestras enmiendas, sabría que dentro del capítulo de medidas para un mayor control del gasto público, hemos propuesto la presentación en las Cortes de un plan de privatizaciones; hemos propuesto una congelación de la oferta pública de empleo, un pacto de austeridad entre las distintas administraciones públicas y una reducción de altos cargos y puestos directivos. También sabría que hemos propuesto la drástica reducción de los organismos públicos; la supresión de los créditos ampliables no imprescindibles en los Presupuestos Generales del Estado; la ampliación del número de créditos vinculantes para 1994 de 4 a 22; la prohibición de modificar el tope de los créditos extraordinarios por Decreto-ley; la obligación del Gobierno de rendir cuentas trimestralmente ante las respectivas comisiones; la derogación del actual sistema de intervención a posteriori por muestreo y la rendición de cuentas trimestralmente al Congreso y al Senado sobre la realización del programa de inversiones públicas.
Por último, señor Granado, si usted hubiese leído nuestra alternativa económica, sabría que dentro de las medidas para impulsar las actividades de los sectores claves de la economía, en lo referente a las pequeñas y medianas empresas, hemos propuesto la regulación de las sociedades unipersonales; la simplificación de los trámites jurídicos y administrativos; la modificación de las normas procesales para agilizar el cobro de impagados. Dentro de la construcción, el incremento del 20 por ciento de la deducción de la cuota del IRPF por la adquisición de cualquier vivienda nueva en el año 1994-1995; la revisión de los costos de los créditos hipotecarios. En el sector del automóvil, la reducción en cinco puntos en el impuesto de matriculación de vehículos

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y la supresión del IVA en la venta de vehículos usados. Y en el sector de telecomunicaciones, el inicio de la liberalización del sector de las comunicaciones. Y, por último, en otros servicios, la elaboración y debate urgente en las Cortes del informe de restricciones de la competencia, recientemente elaborado por el Tribunal de la Defensa y la Competencia. Pero, claro, de todo esto el señor Granado no sabe nada, porque no se ha leído las enmiendas del Partido Popular. (Aplausos en los escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.) Señor Presidente, señorías, no pierdan ustedes su ánimo crítico y de oposición, que veo que ejercen con eficacia. Sobre estas medidas van a tener ustedes ocasión de pronunciarse, porque probablemente a estas medidas, cuando se conviertan en un proyecto de presupuestos generales del Estado en un Gobierno del Partido Popular, ustedes presentarán (Rumores en los escaños de la izquierda.) --veo que los señores Diputados y Senadores Socialistas no se leen las encuestas-- una enmienda a la totalidad y un veto a los presupuestos. Hasta ese momento, está bien que conserven el apoyo al Gobierno.
Para terminar, simplemente les quiero decir una cosa. El señor Granado esta mañana ha pedido colaboración con el Gobierno, incluso, ha intentado situarme en una posición de falta de colaboración; le voy a decir dos cosas: si ustedes aplican simplemente veinte de las treinta medidas, de las que yo he dado aquí una rápida lectura, esa colaboración intelectual, esa aportación de ideas a la sequía creativa que caracteriza al Gobierno Socialista es una colaboración importante. Pero, señor Granado, nuestra obligación, por encima de colaborar con el Gobierno, es colaborar con la sociedad española, y la mejor colaboración que podemos hacer con la sociedad española es conseguir que el Partido Socialista abandone pronto el Gobierno de España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Silencio, por favor. (Rumores.) Cuiden su salud, señorías.
Para el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el voto en contra de los vetos explicitado por el Grupo de Convergència i Unió. Nos parece que eso es una muestra de colaboración. (Rumores en los escaños de la derecha.) Y quiero hacer alguna consideración, aunque sólo sea por cortesía parlamentaria, a las intervenciones del Senador Cuevas y del Senador Torrontegui.
En cuanto a la intervención del Senador Cuevas, simplemente quiero comentarle que yo no haría demasiado caso de las previsiones de algunos organismos internacionales. (Risas.) Senador Cuevas, las tres previsiones de los tres organismos internacionales, la OCDE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, son discrepantes en número, pero coinciden en una cosa: en que dan el mismo porcentaje de crecimiento para España que para el conjunto de la Comunidad Europea y, en este sentido, es un porcentaje que será más o menos satisfactorio, pero que existe.
Respecto al Senador Torrontegui, quiero comentarle que nuestro Grupo --y contesto ya a parte de la intervención del Senador Ruiz-Gallardón-- asume plenamente su responsabilidad y, fundamentalmente, la de proponer al país sacrificios, porque en una época de crisis económica los sacrificios son inexorables. Y quien no proponga sacrificios en una época de crisis económica está engañando a la ciudadanía, le está diciendo algo que no se puede cumplir. En consecuencia, nosotros, estemos en horas buenas, estemos en horas malas, siempre vamos a decir a la gente no lo que quiera oír, sino lo que creemos que es nuestra obligación decirle. (Rumores en los escaños de la derecha.) Y entro en la intervención del Senador Ruiz-Gallardón. Yo espero que pueda contestarle, si sus compañeros me lo permiten, porque yo le he escuchado con respeto. Senador, Ruiz-Gallardón, cuando usted ha empezado a hablar de los privilegios del Gobierno en un debate entre parlamentarios, en donde a veces sus compañeros de escaño, de los bancos de la derecha, se quejan precisamente de que intervenga el Gobierno cuando estamos debatiendo con ustedes, yo creí que usted iba a hacer referencia a un privilegio del que el Gobierno no ha hecho uso en la tramitación de este presupuesto, y es el privilegio del artículo 134.6 de la Constitución que permite al Gobierno vetar aquellas enmiendas que implican disminución de ingresos públicos o incremento de gasto público sin ninguna contrapartida, y el Grupo Parlamentario Socialista pidió al Gobierno que no hiciera uso de ese privilegio, que fuera la Cámara la que se pronunciara con entera libertad sobre sus enmiendas.
Senador Ruiz-Gallardón, yo soy hijo de librero, y en ese sentido me molesta muchísimo que me digan que no leo. Yo me he leído una por una todas sus enmiendas. Fíjese lo que le voy a decir: probablemente sea la única persona de esta Cámara que haya cometido ese auténtico acto de masoquismo, y se lo voy a justificar. (Aplausos en los escaños de la izquierda.) Se lo voy a justificar, Senador Ruiz-Gallardón, y tiene a su lado al portavoz de la Comisión de Presupuestos de su Grupo. Hasta tal punto soy el único que se las ha leído, que tuve que indicarle a su portavoz que retirara alguna enmienda que estaba ya aprobada en el Congreso y que ustedes habían reiterado en el Senado. (Aplausos en los escaños de la izquierda. Varios señores Senadores: ¡Muy

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bien!) Y hasta tal punto soy el único que se las ha leído, que con algunos de mis compañeros del Grupo Socialista hemos detectado que han presentado aproximadamente una docena de enmiendas a la Sección de Obras Públicas por duplicado, por duplicado en el sentido de que han presentado la misma enmienda con diferente número de registro. Y sus compañeros, que las han defendido y las han firmado, las han defendido por duplicado, y están en el Dictamen de la Comisión por duplicado y se someterán a votación por duplicado. Porque no hemos querido decirles que son ustedes los que no se han leído ni sus propias enmiendas hasta este momento.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.) Y desde luego, Senador Ruiz-Gallardón, le garantizo a usted que ustedes no se las han leído, porque el literal de algunas de las propuestas que ha tenido a bien leer aquí están cambiadas y no se corresponden exactamente con la literalidad de sus enmiendas, sino con un fax que ha llegado esta mañana de una rueda de prensa que han organizado Diputados de su Grupo sobre las propuestas de política económica del Partido Popular; fax que usted tampoco se había leído esta mañana (Aplausos en los escaños de la izquierda.) porque, de habérselo leído, Senador Ruiz-Gallardón, esta mañana, nos hubiera hablado de él en vez de estar hablando de lo divino y de lo humano, del sexo de los ángeles y, esta tarde, de la neolengua de George Orwell.
Y vamos a precisar algún detalle más de su argumentación, solventado ya el hecho incontestable de que ustedes, si leen las enmiendas, leen mal porque las presentan por duplicado, si leen las enmiendas, leen mal porque presentan las enmiendas incluso aprobadas por el Congreso y, desde luego, si formulan las enmiendas, no lo hacen como usted las ha leído aquí, leyendo más bien un fax de agencia que la literalidad de sus propias enmiendas. Preguntaba el Senador Ruiz-Gallardón que por qué no le había contestado el Ministro. El Ministro le contestará en la tribuna, si lo considera conveniente, pero desde luego hubiera sido difícil contestarle por el método Ollendorg, porque como usted no ha hablado de presupuestos y el Ministro ha explicado aquí los presupuestos, hubiera tenido que contestarle hablando de Dios sabe qué.
Al margen de esto, me parece muy significativo, a los efectos de la contestación, que usted reconozca algo que es fundamental. Cuando habla del voto favorable de su Grupo a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, dice usted: los objetivos son los mismos. Ellos piden más gasto público y usted menos; los objetivos son los mismos. Ellos piden que haya mayor protección social y usted pide que se restrinjan determinados gastos sociales; los objetivos son los mismos. Ellos piden más sector público y usted menos; los objetivos son los mismos. Los objetivos son los mismos: conseguir que esta Cámara no apruebe los Presupuestos, ése es el objetivo y el servicio a la sociedad española. (Aplausos en los escaños de la izquierda.) Tiene usted la imprudencia de venir a citar a George Orwell, y yo soy un amigo suyo en el sentido de que era miembro de la Asociación Española de Amigos de la Ciencia-ficción y conozco bastante bien su obra.
La neolengua, señor Ruiz-Gallardón, para su información, es precisamente la de sustituir palabras distintas sobre la base de adicionar el prefijo no a una palabra; es decir en vez de decir malo se dice no bueno y en vez de decir feo se dice no guapo. Eso es lo que hace usted. Se limita a añadir el prefijo no a lo que son los Presupuestos de los Socialistas y, además, once años seguidos. Hacen ustedes el mismo discurso, la misma defensa del veto a la totalidad y las mismas enmiendas parciales en los últimos once años, Senador Ruiz-Gallardón; haya crisis, haya recesión o no, esté el Gobierno en una situación de mayoría absoluta o en una situación de mayoría relativa y, en este sentido, más necesitado de la colaboración de la Cámara. Tengan ustedes una posibilidad de colaboración u otra, su discurso es el mismo de siempre, es el discurso de la neolengua: no Psoe, no Psoe.
Además, están ustedes legítimamente convencidos de que lo mejor que le puede pasar a este país es que los socialistas no ganemos las elecciones.
Lo que ocurre es que ese convencimiento es suyo y no el de la mayoría del pueblo español. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En este sentido, Senador Ruiz-Gallardón, tienen que ser respetuosos con la democracia. Se lo he dicho esta mañana y se lo voy a repetir ahora: el que ustedes pierdan las elecciones no es motivo suficiente para que haya que volver a convocarlas; el que ustedes pierdan las elecciones no quiere decir que el Gobierno de España tenga que ser de su Partido. Ustedes tienen que acomodarse a trabajar con el Gobierno que han designado, por voluntad mayoritaria, los ciudadanos de este país.
Ustedes decidirán un grado de colaboración o de disenso, que tan democrática es una cosa como la otra, con el Gobierno de este país, pero no me dé un argumento de autoridad diciendo que, como lo mejor es que este Gobierno se caiga, no le van a ayudar a nada más que a caer y, además, intenten con eso justificar el voto a favor de su veto, en contra de la mayoría de la Cámara, hablando de la deslegitimación del Partido que sustenta al Gobierno.
Senador Ruiz-Gallardón, a lo mejor soy muy bruto y vehemente en mis apreciaciones, pero jamás me escuchará decirle que está deslegitimado aquí para manifestar una opinión distinta de la mía, porque soy muy tolerante con las personas que pensando como usted han llegado a pensar de manera distinta de la mía. Jamás le diré que se deslegitima su opinión. Lo que sí pienso es que sigue usted deslegitimando a la Cámara si habla de un hipotético veto social antes de una votación que tiene que producirse y que representa a la soberanía nacional. Pero sus opiniones son tan legítimas

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como las mías y me gustaría que tuviera usted el mismo respeto para mis opiniones como los senadores Socialistas lo tenemos con las suyas.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y ahora, aprovechando que el Senador Ruiz-Gallardón sí ha leído el fax que han hecho sus compañeros en el Congreso de los Diputados esta mañana, y aprovechando que ha hablado algo del Presupuesto, podemos entrar a valorar algunas de las iniciativas de su Grupo.
Senador Ruiz-Gallardón, cuando esta mañana este Senador decía que de sus iniciativas se desprendía que se duplicaba el déficit público era porque me había leído sus enmiendas. Todas esas enmiendas que usted ha relatado aquí una por una, y que voy a hacer gracia a sus señorías de volver a considerar, suponen duplicar el déficit público en este país. Ustedes tienen una receta económica muy sencilla, la que practicaron en los años ochenta el señor Reagan y la señora Tatcher, que consiste en disminuir los ingresos del Estado para reactivar la situación económica, receta que en estos momentos no se aplica ya ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en ningún otro país, porque ha dado resultados catastróficos.
Pero esa es su receta, seguir hablando de que es necesario cobrar menos impuestos. Además, hacen demagogia, porque cuando se cobran menos impuestos se gasta menos: el Estado se gasta menos dinero en pensiones, menos dinero en inversiones, menos dinero en retribuir a sus funcionarios, y tiene menos funcionarios. Ustedes quieren que el Estado pague mejor a sus funcionarios, pague más dinero en pensiones, tenga menos déficit público, haga más inversiones y todo ello, además cobrando menos impuestos.
Pero la receta de esos señores, que en estos momentos ustedes transcriben aquí, la hubiéramos podido discutir, Senador Ruiz-Gallardón, si usted hubiera tenido la delicadeza de exponerla desde esta tribuna cuando le correspondía en el turno de veto. Pero entonces no ha hablado de eso, probablemente porque lo desconocía; o a lo mejor lo conocía y no ha querido exponerlo. Ahora nos viene a hacer una enumeración de enmiendas y decir que no me las he leído.
Senador Ruiz-Gallardón, he estado en los debates de ponencia y Comisión, cosa que no ha tenido usted la voluntad de hacer. En este sentido creo que está hablando de lo que no sabe. ¿Cómo conoce lo que ha pasado en la Comisión y en la ponencia? Además usted dice que no nos hemos leído sus enmiendas porque hemos votado en contra de las mismas, porque no las hemos incorporado al informe de la ponencia. Senador Ruiz-Gallardón, no las hemos incorporado, entre otras cosas, porque su Grupo está votando en contra de dicho informe. Tendría que tener la gallardía de reconocer aquí que, aunque les incorporáramos todas y cada una de sus enmiendas, en coherencia con su propio pensamiento político tendrían que seguir votando en contra del informe de la ponencia porque usted mismo lo ha dicho aquí: eran enmiendas paliativas, eran enmiendas que sólo afectaban un poco el Presupuesto. Creo que lo afectaban fundamentalmente, pero en todo caso es lo mismo que ustedes han hecho con las nuestras, porque las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que fueron incorporadas a la ponencia fueron votadas en contra de su Grupo, y su grupo ha votado en contra de enmiendas que posteriormente algunos de sus Senadores han tenido hasta la amabilidad de reconocernos y agradecernos, como los traspasos de menores a Baleares, la exención del Impuesto sobre la Renta en las pensiones de los mutilados de guerra. Han votado genéricamente en contra de nuestras enmiendas, sin hacer ninguna consideración con ninguna de ellas en particular. ¿Por qué entonces nos reprocha que tengamos el mismo grado de consideración con sus enmiendas que la que ustedes han tenido con las nuestras? En este sentido, Senador Ruiz-Gallardón, ¿por qué antes de intervenir desde esta tribuna no procura estar mejor informado? Ya sé que ha recibido el fax ahora y que a lo mejor esta mañana no disponía de dicha información, pero no hable de lo que son ustedes más asiduos en practicar.
Se ha hecho aquí una apelación genérica a la responsabilidad del Gobierno Socialista en la situación económica de nuestro país. Es una curiosa apelación viniendo de un liberal, es decir, viniendo de una persona que considera que los Gobiernos sólo tienen una responsabilidad limitada en lo que les pasa a las personas. Es una curiosa apelación, bastante incoherente con la ideología política que ustedes dicen profesar, aunque ya no sé si son liberales, democristianos, conservadores, etcétera. No obstante, la voy a asumir aquí.
Nosotros somos responsables de la situación económica de este país, porque los ciudadanos nos han puesto en el Gobierno y este Grupo Parlamentario es responsable de apoyarle. Por eso, como tales personas responsables, vamos a apoyar unos Presupuestos que imponen sacrificios: congelación de salario para los funcionarios públicos, restricción del gasto en bienes corrientes y servicios de la Administración, una política de revalorización de pensiones que a lo mejor no llega al cien por cien de lo que nosotros deseamos, la necesidad de dar prioridad a unas inversiones sobre otras. Somos responsables y por ello asumimos ese compromiso con la sociedad española, el compromiso de que ha llegado la hora en que posiblemente tenemos que dedicar unos recursos más escasos que otras veces a incentivar la creación de empleo o a incentivar la inversión. Pero nuestra responsabilidad no les exime de la suya. Nuestra responsabilidad no es argumento para convertirles en irresponsables. Y cuando ustedes han presentado enmiendas que duplican el gasto público, que de ser aprobadas provocarían un brutal incremento del déficit, han obrado como irresponsables;

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legítimamente, con toda la legitimidad que les dan sus escaños, pero con toda la irresponsabilidad de saber que están prometiendo algo que no pueden dar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: A nuestro Grupo le gustaría saber si el señor Ministro tiene intención de intervenir en este debate (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), lo cual entiendo que provoca la hilaridad en el Grupo Parlamentario Socialista, pero conservo la esperanza; no me desanimo.


El señor PRESIDENTE: Senador Ruiz-Gallardón, el Gobierno y el Ministro de Hacienda estarán a lo que dispone el Reglamento.
Su señoría tiene la palabra.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a lamentar por tercera vez la ausencia del señor Ministro en este debate (Rumores.) que probablemente lo que está buscando es el uso, estrictamente reglamentario pero políticamente impresentable, de aparecer al final del mismo como parte ajena. Todos podemos caer en la tentación de ser cómplices de la maniobra de despiste que pretente utilizar el Grupo Parlamentario Socialista, un Grupo Parlamentario, señorías, que sube a esta tribuna para criticarnos, señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, que llevamos once años con la misma propuesta económica. Eso es objeto de crítica por parte de quien lleva once años presentando una cosa distinta cada ejercicio presupuestario.
Estoy de acuerdo. (Aplausos en los bancos de la derecha.) Señor Granado, cuando estaba escuchándole he tenido la tentación de decirle que no siguiese usted argumentando a favor del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo es posible que usted presente como crítica la coherencia política? ¿Cómo es posible que usted presente como crítica el decir que nosotros llevamos once años diciendo que hay que aumentar la inversión, que hay que reducir el gasto, que hay que aplicar medidas de austeridad, que es absolutamente imprescindible una contención del déficit si queremos que este país sea competitivo? Pero como ustedes cambian de política en cada ejercicio, se equivocan en todas sus previsiones y cada vez que vienen aquí, no ya con diferencia de un año sino con diferencia de tres meses, nos tienen que decir lo contrario de lo que decían antes, por no decir si se utilizan argumentos de organismos internacionales que contradicen las previsiones del Gobierno español, naturalmente a usted le escandaliza políticamente el que nuestro Partido tenga la misma tesis desde hace muchos años.
Efectivamente, señor Granado, eso es un argumento nuestro, a mi juicio de extraordinaria solvencia. ¿Qué es lo que ocurre? (Fuertes rumores.) Señores Senadores... (Continúan los rumores.) Los socialistas al final se calman, lo que sucede es que necesitan más tiempo; es solamente un problema de tiempo (Risas.); necesitan más tiempo para rectificar todo, incluso su estado de nervios.
Señores Senadores, lo que ocurre --por si ésta es mi última intervención en el debate no quería dejar de señalarlo-- en que estamos asistiendo, señorías, a un debate falso; a un debate rigurosamente alejado de las necesidades que en estos momentos tiene España.
No es un problema, señor Granado, el que usted encuentre entre mil enmiendas algunas cuantas que estén duplicadas. A ustedes también les ocurre; yo les reconozco el error. Creo que es el paseo de Jávea el que hemos pedido dos veces que se presupueste; pido perdón por ello. Pero también pídanlo ustedes porque han presupuestado dos veces el paseo de Orillamar en el proyecto que nos han enviado. También ustedes se han equivocado, señor Granado, búsquelo. (Aplausos en los bancos de la derecha.) O ¿es que acaso quiere que Orillamar tenga dos paseos marítimos por el mismo trazado? Yo entiendo que no, que se han equivocado como nos hemos equivocado nosotros. Busquen sus propias enmiendas, busquen el texto del Gobierno y verán cómo los mismos errores aparecen.
Señorías, asistimos a un debate falso. Esta Cámara, señor Granado, no queda deslegitimada, como usted decía esta mañana, por aprobar este presupuesto, pero vuelvo a recordarle algo que le decía y que seguro que interesa también a sus compañeros de Grupo: En política, como todo en la vida, hay dos tipos de legitimación: una legitimación de origen; ustedes la tienen, la tiene el señor Solbes, la tiene el señor González para presentar un presupuesto. Estamos en un sistema democrático y, naturalmente, ustedes son el Gobierno legítimo de España, pero hay algo más en democracia. Democracia no es solamente comparecer cada cuatro años en las urnas; democracia es también el ejercicio coherente de la función representativa de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros llamamos legitimación de ejercicio. Ustedes, señor Granado y señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, y usted, señor Solbes, hoy no han venido a esta Cámara a hacer un ejercicio de realismo, no han venido a esta Cámara a decirnos cuáles son las necesidades de la economía española, no han venido a esta Cámara con ideas alternativas a las necesidades que en estos momentos tiene nuestra sociedad, que está atravesando una grave crisis. No es un problema sólo de

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criticar nuestra alternativa; da igual el origen de la alternativa, es la del Grupo Parlamentario Popular. Yo entiendo que para ustedes recibir algo del Partido o que nazca en el Grupo Parlamentario, dada su situación de división, significa una contradicción. En nuestra casa da igual que nazca del Partido o del Grupo Parlamentario, porque el origen es el mismo y nuestra propuesta es exactamente la misma.
Hoy, señorías, asistimos a una oportunidad perdida, asistimos a un debate irreal sobre un presupuesto irreal en el que no cree ya ni siquiera el Gobierno de la nación. Y ésa es la razón por la que en esta Cámara, antes de tres meses, se va a tener que estudiar un paquete de medidas económicas cuyo contenido y posible eficacia desconocemos, que no podemos juzgar hoy, pero cuya única razón de ser es la convicción del Gobierno de que los actuales presupuestos carecen completamente de soluciones eficaces para resolver los problemas de la economía española.
Señor Presidente, señoras y señores senadores... (Rumores.) Lo preocupante para mí es que ustedes (dirigiéndose a los bancos de la izquierda) me dijesen que está todo bien. (Risas.) Eso ciertamente significaría un error grave. Lo agradezco mucho.
El crecimiento de la economía española no es el crecimiento previsto por los organismos internacionales para los países de la Comunidad Europea; el aumento del paro en España no es el previsto por los organismos internacionales para los países de la Comunidad Europea; la contención del déficit no es la prevista para los países de la Comunidad Europea. Y lo peor, señorías, es que frente a esta situación, en lugar de un Gobierno con intención de coger el pulso a la situación económica, con intención de rectificar unos errores que a todos nos van a empobrecer y consiguientemente nos van a dificultar situarnos en la posibilidad de ser competitivos con el resto de Europa, ustedes, lo único que nos ofrecen es compartir el sacrificio, decir que todos tenemos que ser solidarios con el sacrificio. Es una oferta de resignación, es una oferta de reconocimiento del propio fracaso del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Presidente, señorías, creo que todavía esta Cámara tiene una oportunidad, que todavía tenemos una oportunidad de demostrar a la sociedad española que no es verdad que el trámite de los Presupuestos en el Senado es un trámite inútil, que no es verdad que somos un eco del Congreso de los Diputados y que no es verdad que los representantes del pueblo español no pueden hacer nada frente a las directrices tecnocráticas que nacen del Ministerio de Economía y Hacienda. Esa oportunidad es devolverle los presupuestos al Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No quiero eternizarme en el debate con el señor Ruiz-Gallardón, porque esto ya parecen los diálogos del Tenorio entre Don Juan y Doña Inés.
(Risas.) No obstante, tengo que hacer alguna precisión.
En primer lugar, Senador Ruiz-Gallardón, tampoco se ha leído bien nuestra enmienda, no es sólo que no se haya leído las suyas, sino que tampoco ha mirado las nuestras.
El paseo de Orillamar estaba presupuestado en dos Direcciones Generales que hacían una misma obra por convenio. Nosotros hemos hecho una enmienda para que sea una única Dirección General la que haga la obra. Léala bien y descubrirá que tenemos razón. (Rumores.--Risas.) En segundo lugar, yo no me he quejado de que ustedes defendieran con coherencia once años la misma propuesta económica; me he quejado de que durante once años no defendieran ustedes ninguna propuesta alternativa; me he quejado de que lleven ustedes once años haciendo un cúmulo de descalificaciones de cada uno de los presupuestos en situaciones distintas con los mimos argumentos.
Señor Ruiz-Gallardón, yo le invito a que coja las intervenciones de sus predecesores y a que coja después la suya. Haga usted un capítulo de la historia de España con esas once intervenciones. Si usted se lee esas once intervenciones seguidas, creerá que está en Somalia, no en España. Y lo digo con respeto hacia la desgracia de los somalíes, porque son ustedes incapaces de reconocer ningún acierto en ninguna de las actuaciones del Gobierno. (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.) Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre la ligitimación. Me parece que lo de la legitimación, de origen o de resultado, es una teoría equívoca... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor GRANADO MARTINEZ: Parece que el retroceso mental también se puede aplicar a sus compañeros de escaño.
Yo no voy a entrar en disquisiciones, repito, sobre la legitimación, pero me parece que es peligroso que usted, viniendo de donde viene y siendo su Partido lo que es, hable de legitimaciones de origen; simplemente lo dejo estar ahí. (Aplausos en los bancos de la izquierda.) (Protestas en los bancos de la derecha.) Sigo sin ver ideas alternativas, pero no me voy a extender en esta cuestión porque me parece que cada vez que habla lo pone usted peor, y yo no quiero ponerme a su nivel.
Lo que sí que es cierto es que yo entiendo que usted hable de trámite inútil y de oportunidad perdida, porque yo creo que su intervención de esta mañana ha sido una intervención inútil y me parece que ha perdido

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usted personalmente una oportunidad, la de convertirse en un buen portavoz de su Grupo para temas económicos. (Varios Senadores Socialistas: ¡Muy bien, muy bien!) (Aplausos en los bancos de la izquierda.) (Protestas en los bancos de la derecha.) (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Por qué artículo me pide la palabra, señor Ruiz-Gallardón? (Continúa la protesta en los bancos de la derecha.) Silencio, por favor.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, por el artículo 87, por alusiones y brevísimamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz-Gallardón, con un minuto tiene suficiente.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
No me extenderé más de un minuto porque además creo que las disputas personales no tienen por qué ser de interés de la Cámara.
Solamente le quiero decir tres cosas, una en broma y dos en serio. La primera es que si esto es Don Juan y Doña Inés, yo me pido el papel de don Juan (Risas.) La segunda es que si usted dice que leer las sucesivas intervenciones de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular puede hacer apreciar contradicciones yo, señor Granado, con toda sinceridad le invito a usted a que lea las sucesivas intervenciones de los sucesivos Ministros de Hacienda que las han presentado aquí, porque probablemente lo que usted va a sentir en ese momento es que no está en la Cámara en su condición de Senador, sino en esa asociación de ciencia ficción a la que usted dice pertenecer y en cuyo seno estoy absolutamente convencido que se va a entender perfectamente las contradicciones ministeriales.
Y, por último, señor Granado, sería para mí un recurso muy fácil decirle que si hoy he perdido la oportunidad de ser un buen portavoz de asuntos económicos, usted no la ha perdido, sino que la ha aprovechado para dejar de serlo. No se lo voy a decir, antes al contrario... (Protestas en los bancos de la izquierda.) Señorías, no se lo voy a decir porque no lo pienso. Con toda sinceridad, señor Granado, no tenga ninguna duda de que no se trata de desconsideración personal. Su problema no es que usted exponga mal sus ideas. Usted, sin duda, es un buen portavoz, pero su problema es que usted es portavoz de una ideología que está muerta y carece de ideas que es el socialismo.
Gracias, señor Presidente. (Protestas en los bancos de la izquierda.) (Aplausos en los bancos de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Continúan las protestas en los bancos de la izquierda y los aplausos en los bancos de la derecha.) El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente. (Continúan las protestas en los bancos de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En primer lugar, lamento que mi deferencia para escuchar el debate entre los Grupos, como correspondía a la sesión que hoy hemos tenido, haya sido mal interpretada.
En segundo lugar, es cierto que hemos asistido a un debate fundamentalmente político. En temas económicos, sin embargo, los debates políticos suelen exigir también un conocimiento en profundidad de las cifras, un conocimiento en profundidad de los problemas. Y es verdad que hoy hemos apreciado, tal vez, un exceso de juicio de valor y en muchos casos una falta de argumentos; argumentos que, a veces , nos han llevado a contradicciones puestas de relieve de forma muy clara por el portavoz del Grupo Socialista.
Hoy hemos presentado --como he dicho esta mañana-- unos Presupuestos excepcionales en algo, y es que por primera vez han sido unas presupuestos pactados; pactados sin trueque, pactados por convencimiento de los objetivos que planteábamos y por convencimiento de que las medidas que se ponían encima de la mesa son las correctas y las que deben aplicarse en este país y en este momento.
Es cierto que el debate nos ha dado lugar a poder discutir del cuadro macroeconómico, y no voy a reabrir el debate en el momento actual. Es cierto que siempre ha habido y siempre habrá discrepancias entre las previsiones de cuadros macroeconómicos de una u otra naturaleza, pero no es menos cierto que la tendencia y la evolución de las mismas no llevan, todas, en la mima dirección.
Tal vez del debate de hoy lo que yo sacaría como conclusión fundamental es que frente a la crítica básica de que la política económica del Gobierno debe ser distinta, no he podido apreciar una alternativa que me sugiera ni siquiera nuevas líneas por las que deberíamos avanzar. Es más, en la exposición de los diferentes Grupos he podido apreciar cómo los puntos de vista podían ser contradictorios y cómo, por una parte, se atribuía al Gobierno gastos distintos de los gastos que se realizan en los Presupuestos Generales del Estado sin valorar el que esos gastos se están realizando en pensiones, se están realizando en sanidad, se están realizando en desempleo, se están realizando en infraestructuras.
Se ha hablado también de modelos alternativos al modelo que actualmente estamos aplicando. Se ha dicho expresamente que existen otras recetas, que desgraciadamente

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yo no conozco, y las del pasado que hemos visto en algunos países yo creo que hoy están bien enterradas.
Creo que nuestro modelo de seguir adelante en el proceso de integración europea, respetando ese Tratado de Maastricht, que a algunos les sigue pareciendo absolutamente inaceptable, pero que, sin embargo, yo considero que es el punto fundamental como referencia de una correcta ortodoxia económica, sigue siendo válida.
Nuestra política económica ha cambiado, como han cambiado las circunstancias. Nadie puede decir que la situación de tipos de interés, la situación presupuestaria o la situación, en general, fiscal es igual ahora que la de hace unos meses, ya que es radicalmente diferente como consecuencia de la propia situación económica. Pero sí estamos convencidos de que los objetivos fundamentales de nuestra política económica siguen siendo válidos. Pensamos que el Presupuesto juega un papel fundamental y que dentro del papel fundamental del Presupuesto la reducción del déficit es esencial y es el elemento más progresista que hoy podemos ofrecer a esta sociedad. Es verdad que esa reducción del déficit tiene que compatibilizarse con dos subobjetivos que consideramos esenciales: por una parte, mantener una solidaridad social, cosa que creo que el Presupuesto respeta y, por otra, incentivar la actividad económica, cosa que realizamos a través de determinados gastos y determinadas exenciones fiscales.
Creo que nuestro Presupuesto es creíble. Estoy absolutamente convencido de que se va a cumplir tal y como está diseñado, y quiero especialmente agradecer a aquellos Grupos que hoy han dado su apoyo al Gobierno al rechazar los vetos que se han planteado a lo largo del día de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Vamos a iniciar las votaciones. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños.
Vamos a efectuar las votaciones correspondientes a los votos particulares de veto.
Se somete a votación, en primer lugar, la enmienda de veto número 1 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 96; en contra, 123; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Como no se ha alcanzado la mayoría constitucionalmente necesaria queda rechazada.
Votamos la enmienda de veto número 3 suscrita por el Senador Cuevas González y la Senadora Vilallonga Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 99; en contra, 126; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda de veto número 4 del Senador Petrizán Iriarte.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 99; en contra, 125; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda de veto suscrita por el Senador Ramón i Quiles número de registro 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 100; en contra, 125; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluida esta parte del debate de los Presupuestos, y de acuerdo con lo establecido por la Mesa, iniciamos el debate de las enmiendas al Título I de este proyecto de ley, artículos uno a once, así como los Anexos I y II.
En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas números 806 a 814, tiene la palabra el Senador Cuevas González, a quien le ruego que espere unos minutos hasta que la Cámara pueda escucharle. (Pausa.) (Rumores.) Señorías, les ruego, por favor, silencio. (Rumores.) Señorías, de nuevo les pido silencio.
Senador Cuevas, tiene la palabra para defender sus enmiendas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que después del tiro cruzado que ha habido entre las dos fuerzas mayoritarias uno está aquí en peligro. Ahora viene la huida.
Señor Presidente, las enmiendas que presentamos desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a los artículos uno al once pretenden, fundamentalmente, vigilar la transparencia del Presupuesto. Decimos esto porque, como todos sabemos y hasta el propio Gobierno lo reconoce, en nada se parece un Presupuesto cuando nace a cuando acaba. Siempre hay un montón de desviaciones presupuestarias que creemos que esta Cámara debería controlar y tener conocimiento directo.


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En estos momentos en los que se está hablando de una negociación para dar un impulso democrático, nosotros creemos que estas enmiendas van encaminadas a llenar de contenido dicho impulso. Nada hay mejor para la democracia que el que los representantes de la soberanía popular conozcan el trasiego de los dineros. En este sentido hemos formulado estas enmiendas y también otras en las que pedimos, para cuando se pueda cumplir el contrato-programa, un crédito de 50.000 millones para Radiotelevisión Española.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
Pasamos a la enmienda 1.233 del Senador Ramón i Quiles, que tiene la palabra para su defensa.


El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso, querría dar por defendidas en los términos en que están presentadas todas las enmiendas pertenecientes al voto particular número 7 firmado por mí.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado ha presentado las enmiendas 1.175 y 1.176. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defenderlas muy rápidamente. Se trata de dos enmiendas formuladas al Anexo número II que hacen referencia a dos créditos de las partidas contempladas en la misma. Una de ellas es una enmienda que viene siendo tradicional y que alude a la partida en que se contemplan las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Canarias y la Península. Nos tememos que los mil ciento y pico millones contemplados puedan no ser extensivos al total del costo que genera esta subvención.
La siguiente enmienda se refiere, asimismo, a una partida del Anexo número II correspondiente a la subvención que tiene el metro cúbico de agua potabilizada en el Archipiélago Canario. También tenemos miedo de que esa partida de mil y pico millones no sea suficiente. De todos son conocidos los problemas que hubo en este ejercicio y en el ejercicio del pasado año donde hablamos de lo mismo. Veíamos entonces los conflictos que hay cuando las partidas no son ampliables debido a la generación de créditos, aun cuando en los Presupuestos de 1991 se decidió que los ministerios, lo diré en lenguaje coloquial, hiciesen lo que quisiesen con las partidas que les correspondían. Los cambios de partida son muy ágiles, pero nosotros tememos que esa partida no alcance la cantidad necesaria para realizar la potabilización, máxime cuando en breve van a entrar en funcionamiento nuevas instalaciones de potabilización.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas a este Título un conjunto de enmiendas las números 42 a 65, así como las números 222 a 224.
Para efectuar la defensa tiene la palabra el Senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, señorías, en nombre de mi Grupo voy a defender las veintitrés enmiendas que hemos presentado al Título I.
Una de ellas es una enmienda de veto a la totalidad de dicho Título; otras dos son también enmiendas de veto a cada uno de los dos capítulos que lo integran, y luego hay veinte enmiendas parciales respecto de las que confiamos que el Grupo Parlamentario Socialista, y en particular su Portavoz, encuentren propuestas concretas a los artículos que integran este Título. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.) La verdad es que todos los días aprendemos algo, y lo que yo particularmente he aprendido hoy aquí, después de oír la intervención del Portavoz socialista, señor Granado, es que la confusión a que en materia presupuestaria se está sometiendo a este país por parte del Gobierno y del Grupo Socialista no sólo afecta a las cifras sino también a los argumentos que se utilizan para justificar lo injustificable.
De todo lo que se ha dicho aquí sólo hay una realidad fáctica. Hay fundamentalmente un hecho contrastado y comprobado: todos los años se nos dice que el presupuesto o es restrictivo, en algunos casos se habla de presupuesto moderadamente restrictivo y en otros de presupuesto decididamente restrictivo, pero lo único cierto es que estos presupuestos no son en absoluto restrictivos en los últimos cinco años quitando el pequeño esfuerzo de restricción que supuso el ajuste presupuestario en términos estructurales del año 1992.
Se nos ha pedido esta mañana que formulemos propuestas concretas, pero hay que señalar que cada una de nuestras más de 1.100 enmiendas incluyen esas propuestas concretas, y que todas ellas en conjunto, con independencia de los pocos errores que puedan darse en las mismas, constituyen una alternativa, no una alternativa presupuestaria pero sí una alternativa en el sentido de que generarían unos documentos presupuestarios diferentes que, al menos, estarían sometidos a la restricción de la legalidad, es decir, que se cumpliría lo que se aprueba en esta Cámara.
En segundo lugar, se nos pide un ejercicio de realismo o de posibilismo en atención a la crisis económica. Quizá el Portavoz socialista olvide que la crisis económica tiene raíces muy precisas, que la crisis económica

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que padece España en estos momentos es una crisis diferente, que tiene peculiaridades respecto de la que soportan otros países, y que esa crisis en alguna medida --creo que en bastante medida-- es fruto de los errores cometidos por este Gobierno en política económica.
Ya que el representante del Grupo Socialista ha mencionado términos y titulares de prensa, me atrevo a ofrecerles unos que a mi vez he oído comentar a otras personas. Me refiero a esos titulares en que se calificaba la política económica aplicada en este país de esquizofrenia permanente. Llevamos años en los que los dos instrumentos de política económica fundamentales, la política monetaria y la política presupuestaria, son contradictorios y, además, se exigen uno a otro una restricción o una expansión mayor. Así, estamos asistiendo a una economía en la que junto a la restricción monetaria, el déficit público --sobre todo el déficit estructural-- no ha dejado de crecer, y al mismo tiempo asistimos a una economía que ha perdido expectativas de futuro porque se ha hecho tabla rasa de gran parte de su tejido productivo.
Se nos pide también que no creemos desilusión. Incluso he creído entender que se nos conmina a no utilizar términos que puedan parecer catastrofistas o excesivamente pesimistas por los efectos que ello pueda tener sobre la sociedad en su conjunto. Lo cierto es que la desilusión la ha traído el Gobierno durante estos años argumentando de formas muy distintas una realidad que ha sido permanente: el incumplimiento de los compromisos presupuestarios, el incumplimiento de los compromisos de política económica, y haciendo, además, un discurso típico de la época de los descamisados, de finales de los años setenta o de principios de los ochenta, nos tratan de justificar los errores de política económica que se han producido y sobre todo los errores presupuestarios de los últimos años.
Pues bien, para propuestas concretas vamos a desarrollar ahora las del Título I. Para ejercicio de posibilismo vamos a sugerirles cómo hacer que se cumplan de una vez estos presupuestos y vamos a analizar los mecanismos que permitirían su cumplimiento. Respecto de la desilusión, pensamos que, como señalaba Orwell, ésta no se combate eliminando la historia, y ustedes la tienen muy larga --me refiero a la del Gobierno y a la del Partido que le sustenta--, no se elimina la historia de un día para otro ni se reinterpreta de acuerdo con los intereses de cada momento. Lo cierto es que tenemos aquí una historia bastante desagradable. Tenemos un déficit público que no se contiene en los presupuestos de 1994, a pesar de que se nos diga lo contrario; tenemos una Deuda Pública que compromete severamente las posibilidades de restricción de estos presupuestos y de los de años sucesivos, y ante esas realidades simplemente se nos dice que no hablemos de desilusión.
Resulta que éstos son unos presupuestos rigurosos, al decir del Portavoz socialista y del Ministro de Economía, pero yo me atrevería a calificarlos de excesivamente rigurosos porque lo son. Lo son para los ciudadanos que pagan ahora con estos rigores los presupuestos llenos de alegría que se han venido realizando durante los últimos cuatro o cinco años. Esos presupuestos, en su aspecto legal, eran restrictivos y así se les calificaba. Sin embargo, en su concreción cuantitativa, en su ejecución, han resultado ser todos ellos presupuestos en los que las desviaciones de gastos, las desviaciones de déficit público, la acumulación de Deuda Pública que han generado, han llevado al Gobierno a una situación sin salida. En esa situación sin salida se ha forzado el presupuesto para que declare lo que no encierra dentro de sí mismo. Este presupuesto no reduce el déficit público aunque sí transmite fuertes sacrificios a los ciudadanos, ya sea desde la perspectiva de contribuyentes, ya sea desde la perspectiva de trabajadores, empresarios o desde cualquier otra.
Como se ha señalado esta mañana, este presupuesto es un gran reparto de sacrificios. Desde la alegría y la expansión de los fastos del año 92 y desde el crecimiento desordenado del gasto público hemos llegado a unos presupuestos que van a repartir sacrificio, pero que lo van a repartir con un crecimiento del gasto en términos monetarios del 10 por ciento, es decir, con más del doble del crecimiento del producto interior bruto. En ese sentido, este gasto público va a crecer de forma excesiva.
No es la primera vez que he oído esta argumentación, pero se utiliza por el Portavoz Socialista una aritmética fácil, sencilla, que pueden entender los niños así como posiblemente, gran parte de la ciudadanía: dos más dos son cuatro y no otra cosa; si se recauda más se corrige el déficit público, si se recauda menos el déficit público crecerá. Pero esa aritmética sencilla, señor Granado, es estricta y rigurosamente falsa. Si algo tenemos comprobado en economía en los últimos veinte años es precisamente que esa aritmética funciona sólo en un sentido pero no en el otro.
Le voy a poner un ejemplo. Durante los años 1987, 1988 y 1989 este Gobierno recaudó mucho; llegó a recaudar hasta más de un billón de pesetas por encima de las previsiones. Pero ¿usted cree que el déficit público se redujo en esa cuantía? ¿Cree que esos ingresos extraordinarios, que no eran tales, sino fiscales --ya que se derivaban de los impuestos que pagan los ciudadanos--, contribuyeron a la consolidación presupuestaria, a que, tal como tenía programado el Gobierno, en 1992 el déficit público fuera cero, para que ahora no tuviéramos este problema de Deuda Pública? No, señor Granado. En aquel momento, esa cuenta aritmética tan sencilla no funcionó y a mayores ingresos públicos, también se desbordó el gasto público; prácticamente, en la misma cuantía respecto de las previsiones.


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Así los déficit públicos se redujeron algo, pero estructuralmente estaban creciendo al ritmo de un punto de PIB cada año por término medio. Por tanto, en el período 1992-93 nos encontramos con un déficit público que no se puede contener y con unas previsiones que no son realistas --y el presupuesto para 1994 es el más irreal de los de los últimos años--, por lo que el año que viene tendremos que hablar de un déficit público mucho mayor del previsto en los presupuestos.
En cuanto a los estabilizadores automáticos, ahora justifican lo que no justificaban entonces. Si la economía se desacelera, el déficit público tiene que aumentar porque caen los ingresos y aumenta el gasto, y qué fácil es ahora justificar con estabilizadores automáticos la incapacidad política para frenar el déficit público. Pero, ¿por qué no se aplicó la misma argumentación de estabilizadores automáticos para haber hecho desaparecer el déficit público hasta el año 1990? En definitiva, la historia se está reescribiendo año a año, y en éste, ha tocado hablar de estabilizadores automáticos y de reparto de sacrificios para justificar un presupuesto que no contiene la tendencia expansiva del gasto público ni tampoco reduce el déficit público. Esa es la realidad de estos presupuestos.
Pues bien, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Título I de este proyecto de ley son esenciales para corregir la realidad a la que estamos asistiendo año tras año: fuertes desviaciones sobre lo presupuestado para el gasto público y un incremento, que empieza a ser insostenible, del déficit público.
Podemos estructurar las enmiendas en cuatro apartados. En el primero, se presenta una enmienda al artículo tres que pretende hacer efectivo el mandato constitucional relativo a los gastos fiscales. Hasta ahora, estamos conservando el puro nominalismo: como la Constitución indica que los gastos fiscales tienen que incluirse en los presupuestos del Estado, unas veces en el informe económico-financiero, y otras, como apéndice al articulado de la Ley de Presupuestos, pero siempre de una manera desencajada, desvaída, aparecen unas estadísticas que señalan que los gastos fiscales son de una determinada cantidad.
De hecho, no se controla el cumplimiento de las previsiones de los gastos fiscales, no se depura el concepto mismo de gasto fiscal, ni se comprueba si sirven a los objetivos que, en su momento, llevaron a incluirlos en nuestra legislación. Por ejemplo, en la ley financiera --de la que hablaremos otro día-- desaparece un incentivo: el tratamiento de las plusvalías en los fondos y sociedades de inversión mobiliaria, en favor de otro que todavía está por nacer: los planes de ahorro popular.
Lo cierto es que, si nos atenemos a la afluencia de fondos a esas entidades de ahorro, esa exención de plusvalías en los fondos o sociedades de inversión mobiliaria parece que ha tenido un gran éxito.
Pero sin haber formulado los planes de ahorro popular, se da el salto al vacío al suprimir esa bonificación, mientras que se mantienen otras sobre las que podría sugerir al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista que sus objetivos y logro no justifican supervivencia indefinida en el sistema fiscal. Lo que pedimos, por tanto, es una valoración, un seguimiento y, en definitiva, dar cumplimiento al mandato constitucional para que los gastos fiscales se presupuesten, y se haga bien.
En segundo lugar, se pretende limitar la excesiva flexibilidad en las modificaciones presupuestarias. Quizá esto merezca una breve explicación, porque es posible que muchos de los que aquí estamos podamos pensar que lo que vamos a aprobar son los presupuestos que se van a ejecutar el año que viene; y eso, sencillamente, no es cierto. Lo que vamos a aprobar, junto con las modificaciones que, prácticamente sin límite o, por lo menos, con un grado de flexibilidad excesivo autorizamos al Gobierno, configuran lo que éste puede ejecutar el año que viene, que no tiene por qué parecerse, en absoluto, a los estados numéricos que se van a aprobar.
Por tanto, estamos incurriendo en ese doble lenguaje, en ese idioma «orwelliano» al que tan aficionado es el señor Granado. Estamos asistiendo a un mensaje confuso, porque vamos a aprobar unos presupuestos que están destinados a no ser cumplidos, incluso normativamente.
A este respecto, ha habido modificaciones --y voy a ceñirme a las tres más importantes-- en los últimos años para generar desviaciones de gasto público, como la del año pasado, de 2,4 billones de pesetas. ¿Cuáles son las tres modificaciones principales? En primer lugar, las transferencias de crédito; en segundo, las ampliaciones de crédito y, en tercero, las incorporaciones de crédito. A todas ellas formulamos enmiendas.
Las transferencias de crédito simplemente autorizan pasar créditos de unas partidas a otras. ¿En qué se concreta eso? Analizando la serie histórica de los últimos años significa, sencillamente, que parte de los gastos de capital son vaciados en favor de gastos corrientes, y en éstos, algunas partidas también son reducidas sustancialmente en favor de otras.
Por tanto, los estados numéricos que se aprueben pueden ser transferidos por el Gobierno, de forma bastante discrecional y sencilla, de unas partidas a otras, y lo que hemos propuesto con nuestras enmiendas --muy modestas, por cierto-- ha sido establecer un mayor rango para quien pueda adoptar estas decisiones de transferencia de créditos, así como limitar algunas de ellas.
Las ampliaciones de crédito, a las que en el articulado de estos presupuestos se les dedican casi cuatro páginas --enunciándolas partida por partida, que pueden ser ampliables--, suponen que a los créditos presupuestarios se les aplique una categoría especial con la cual pueden rebasarse por el Gobierno, atendiendo a que dichos

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gastos sirvan a los objetivos atribuidos en esa partida o programa presupuestario. Pues bien, en dichas ampliaciones de crédito se encierra uno de los problemas principales de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Recuerdo desviaciones de, aproximadamente, medio billón de pesetas el año pasado, y de bastante más, de unos 800.000 ó 900.000 millones, el año anterior. Así vamos trampeando, con una presupuestación que no prevé todos los gastos en que se ha de incurrir y que, sin embargo, al calificar un crédito de ampliable, la corrige.
En el debate en Comisión se nos ha criticado el tratar de excluir de esta categoría a algunos créditos ampliables --y podríamos citar casos concretos--, pero es fundamentalmente su concepto el que ha de reconducirse a su objetivo en la terminología presupuestaria, es decir, a casos extraordinarios, excepcionales o, como prevé la Constitución, limitarlos fundamentalmente a los pagos financieros o por reembolso de préstamos.
Por último, están las incorporaciones de crédito. Y qué decir sobre éstas, si en la normativa presupuestaria se recoge un precepto en el que se indica que todo gasto corriente que ha sido comprometido antes del último mes del ejercicio presupuestario podrá incorporarse al presupuesto del año anterior. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a que así ocurriera con los gastos de inversión, pero también los gastos corrientes van a ser incorporados de un año a otro; de tal forma, que no solamente vamos a aprobar el presupuesto para 1994 con las cifras y el articulado que estamos analizando, sino todas las incorporaciones de crédito que proceden de años anteriores, por lo que el plan financiero del Estado para 1994 no se ajusta sólo a estos presupuestos, ya que también incluye dichas incorporaciones. En el año 1993 tenemos incorporaciones que superan los 400.000 millones de pesetas.
Y qué decir, en tercer lugar, del artículo 10 de la Ley de Presupuestos, artículo recogido en este Título, que nosotros siempre hemos aplaudido, hemos considerado que podía ser un instrumento adecuado para limitar el crecimiento del gasto público. Y digo siempre porque todos los años presentamos esta enmienda; pero, y perdonen señorías, yo esto no lo considero ninguna deshonra ni ningún deshonor, como nos viene a decir el portavoz socialista, que dice que nos repetimos en nuestra argumentación.
Pues sí señor, yo me repito en mi argumentación de año en año.
Consideramos que el artículo 10, analizando los datos también, desplaza el gasto presupuestado desde operaciones de capital a operaciones corrientes y eso sistemáticamente año tras año, es decir, una vez establecido un tope al gasto, para llegar a cumplir ese tope lo primero de lo que se echa mano, las primeras reducciones que se aplican es sobre gasto de capital y las transferencias hacen, a su vez, que sea el gasto corriente el que supera su límite, el límite previsto inicialmente.
Estonces, tendríamos que el artículo 10 tiene que ser modificado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, le ruego que vaya terminando, porque estamos en un debate larguísimo y cualquier desviación puede ser muy acumulativa.


El señor UTRERA MORA: Termino en tres minutos, señor Presidente.
Y con la experiencia referida a este artículo 10, de limitación en el crecimiento, en los compromisos de gasto, en 1993, en que este artículo 10, que era la barrera esencial, la barrera que impedía que los presupuestos se dejaran de cumplir al menos en términos numéricos agregados, resulta que este artículo 10 puede ser derogado por un simple decreto-ley. Pensamos que para mejorar, y ésta es una propuesta concreta, este artículo 10 y las garantías que el artículo 10 trata de incluir en los presupuestos, habría que hacer un acto formal complementario para exigir que sólo por ley votada en Cortes pueda ser derogado o modificado este artículo 10.
Para terminar, en cuarto lugar y refiriéndome al uso algo más riguroso del lenguaje, no estamos de acuerdo con que se califique de préstamos lo que son puras y simples transferencias, con independencia de que se haya acordado por el Gobierno, fuera de esta sala, fuera de las Cortes, que es ante quien responde. Lo cierto es que llamar préstamo del Estado al INSALUD o del Estado a la Seguridad Social a unas cantidades que se abonan en unos casos y no se prevé reembolso y en otros se establecen reembolsos a muy largo plazo y reembolsos de la Seguridad Social al Estado, imaginen ustedes lo que esto significa. El Estado, que todos los años tiene que hacer aportaciones muy cuantiosas a la Seguridad Social, está aplicando un término que no es apropiado, porque entre ambos préstamos que aparecen en este Título de los presupuestos van a figurar medio billón de pesetas de activos financieros del Estado. Ese es el problema. Cualquier incauto que analice el balance financiero del Estado se va a encontrar con que el Estado es acreedor de un deudor que no va a poder hacer frente a esos pagos, es acreedor por medio billón de pesetas y va a pensar, quizá, que este Estado es algo más solvente de lo que en realidad es. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Esto no son préstamos, sino otro tipo de operación: transferencias corrientes e incluso se podría plantear de otra manera, pero siempre incluido en operaciones reales y no en operaciones financieras.
Y por último, ya para finalizar, qué decir de las previsiones de ingresos, también recogidas en este Título. El señor Ministro nos ha dado un dato, ya conocido, y es que el Estado en el año 1993 va a recaudar por ingresos fiscales 1,1 billones menos de los previstos presupuestariamente

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para el año 1993. Pues bien, para el año 1994 la pérdida recaudatoria, con las previsiones que hace el Gobierno de crecimiento algo por encima del 1 por ciento del producto interior bruto, se puede cifrar en unos 500.000 millones como mínimo respecto de lo que se está presupuestando, de lo que se incluye en el Título I como ingresos fiscales para el año 1994.
Así, entre préstamos que no lo son, ingresos que no se van previsiblemente --en economía, lógicamente, cualquier variación es posible-- a realizar, tendríamos que el déficit del Estado no va a ser, y lo creemos honestamente, el déficit que se incluye en este proyecto de presupuestos del Estado, sino que, como mínimo, para el total de administraciones públicas superará el 7 por ciento del producto interior bruto, con lo cual nos reafirmamos en lo que al principio señalábamos. Si los presupuestos para 1994 tienen como objetivo prioritario, de solidaridad, la contención del déficit público, la reducción del déficit público, creemos que ese objetivo no se va a lograr en este año.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para hacer el turno en contra de las enmiendas defendidas al Título I. En primer lugar, quiero comentar que las consignaciones presupuestarias contenidas en los créditos ampliables y vinculadas a la Comunidad Autónoma de Canarias para el transporte aéreo entre la Península y las islas y la subvención del metro cúbico de agua, estimamos que están correctamente presupuestadas y que no deben ser objeto, por tanto, de inclusión dentro del anexo de créditos ampliables.
Las enmiendas que ha defendido el Senador Cuevas en sus términos genéricos son más o menos las mismas que habían introducido en el Congreso de los Diputados el Grupo de Izquierda Unida, por lo que me remito a esa discusión, ya que no ha habido nuevos argumentos en el trámite del Senado.
En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, yo quiero hacer una breve consideración al Senador Utrera, que es quien las ha defendido, y me perdonará que le diga que no voy a reproducir el debate a la totalidad de los presupuestos. Yo creo que el Senador Utrera ha intentado reproducir parte de la argumentación del debate anterior, lo cual confirma alguna de mis aseveraciones sobre que había sido un debate relativamente fallido por el portavoz de su Grupo, pero no voy a reproducir en cada uno de los títulos cada una de las consideraciones sobre el gasto público, la evolución del déficit, etcétera, que hemos acabado de reproducir aquí.
Sin ánimo, por tanto, de agotar esta polémica, sí que me interesa hacerle dos breves comentarios. Uno es que en España el crecimiento de los ingresos del Estado operado en los años ochenta permitió una disminución muy considerable en el déficit público en términos de producto interior bruto del cinco o seis y pico por ciento, según se contabilice, con el que nos encontramos los socialistas en 1982, hasta el 2,5 por ciento que llegó a ser, no recuerdo bien, si en el año 1988 ó 1989. Es verdad que después hubo una mayor resistencia por el comportamiento inercial de muchos gastos públicos al mantenimiento del déficit en esos términos.
Por otro lado, simplemente como consideración anecdótica, neolengua no es doble lenguaje, sino todo lo contrario, es un lenguaje único muy simplificado. En ese sentido, hablar en neolengua no quiere decir que demos dos significados a las palabras, sino más bien, por mor del lenguaje, le daríamos muchísimos, pero no dos y antitéticos, sino uno muy definido y, en todo caso, muy amplio.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al Título I de los presupuestos del Estado, me interesa señalar, en primer lugar, que hay un grupo de enmiendas que son de supresión, coherentes con el veto.
Es decir, obrarían el efecto simétrico, el mismo que el de veto, o sea, provocarían la devolución de los presupuestos al Gobierno si no se aprobasen los artículos primero o segundo o el Capítulo I, del Título I, y la consecuencia sería inevitablemente la devolución de los presupuestos. En este sentido, yo entiendo que están debatidas con el veto.
Empiezo por las enmiendas de contenido. La enmienda número 47 es la primera de contenido y solicita información al Gobierno sobre los beneficios fiscales. Algunos de estos beneficios fiscales tienen un carácter anual, como es el caso de algunos impuestos. Realmente, sería imposible ofrecer una desagregación trimestral de este tipo de información que tuviera algún contenido material y, en todo caso, sería una información que probablemente fuera objeto de consideraciones negativas, porque no sería posible extraer de ella consecuencias racionales. Además, hay que recordar que junto al anexo que contiene el presupuesto de gastos fiscales existe una memoria sobre la realización de estos beneficios fiscales que se entrega, eso sí, con el presupuesto del ejercicio siguiente. En este sentido, podríamos considerar algún tipo de información más detallada, tal vez, pero no es la fórmula que nos propone el Grupo Popular.
La enmienda número 50, salto las enmiendas de supresión porque no tienen demasiado contenido, en el caso de ser aprobada, manteniendo un texto de la actual Ley General Presupuestaria que en estos momentos está obsoleto y nosotros asumimos el compromiso de presentar durante el año 1994 un nuevo proyecto de

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ley general presupuestaria, impediría, por ejemplo, la publicación de decretos de transferencia, de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, porque supondría una modificación presupuestaria que no se podría realizar en el caso de algunos créditos que tuvieran que ser modificados en función de estos decretos de transferencia.
En este sentido, hay que señalar, como ya hicimos en Comisión, que tampoco parece muy congruente rechazar por principio las modificaciones de la Ley General Presupuestaria que se contienen en el proyecto del Gobierno y a continuación proponer otras distintas y decirle al Gobierno que no es quien para modificar en el proyecto de Presupuestos la Ley General Presupuestaria, pero que el Grupo Parlamentario Popular sí es quien para proponer modificaciones a la LGP a través de sus enmiendas.
Pues vamos a entrar en la casuística y las enmiendas habrá que considerarlas en función de su contenido, pero el argumento genérico no tiene demasiado sentido.
En cuanto a la enmienda número 51, que pretende impedir transferencias entre los capítulos V y VII de los Presupuestos, una simple modificación de la cláusula de un convenio entre un ayuntamiento, una comunidad autónoma y el Estado que suponga en la práctica que parte de una obra que viene realizando el Estado la efectúa la comunidad autónoma o viceversa sería imposible de realizar de acuerdo con su enmienda; sería una modificación presupuestaria excluida y no podrían aceptarse modificaciones presupuestarias que afectaran a más de un capítulo lo que, sinceramente, no nos parece conveniente.
La enmienda número 52 hace una nueva redacción de un artículo de la Ley General Presupuestaria que deroga únicamente --digámoslo así en términos coloquiales-- la referencia que se hace en el actual texto de la LGP al desarrollo reglamentario que debía tener el precepto y que nunca se ha producido, y luego permite que las aportaciones del Estado a los organismos autónomos generen crédito en el presupuesto de ingresos del propio organismo autónomo, lo cual es absolutamente razonable, por lo que no podemos aceptar la enmienda.
En cuanto a la enmienda número 53, que pretende que el Ministerio de Economía y Hacienda realice la aplicación presupuestaria de algunas modificaciones, tengo que decir que en este caso no es necesario porque la propia modificación presupuestaria supone ya una aplicación presupuestaria determinada, y no es necesario reiterar que el Ministerio tiene que aprobar la aplicación presupuestaria porque la propia modificación supone, lógicamente, la aprobación de una aplicación presupuestaria determinada. También pretende la enmienda, en última instancia, que no suponga en ningún caso, incremento de crédito o modificación del capítulo I de los Presupuestos, y esto es imposible.
Puede haber una sentencia judicial que reconozca un derecho subjetivo a un funcionario y, por tanto, en función de esa sentencia, por ejemplo, tener que producirse una modificación presupuestaria, y no es posible ni razonable pretender que para cada sentencia judicial que se produzca el Gobierno tramite un suplemento de crédito o un crédito extraordinario ante las Cortes. Es más bien absurdo.
La enmienda número 54 es de un contenido tan técnico, que yo ni siquiera sé cómo se ha plantado. El actual artículo 73 de la Ley General Presupuestaria dice que los créditos contraídos antes del último mes del ejercicio, y que por causas justificadas no hayan podido realizarse durante el mismo, pueden incorporarse. Eso lo dice en la letra b), y a continuación, en la letra c), dice: Automáticamente se incorporarán los créditos de operaciones de capital. Como los créditos de operaciones de capital tienen un proceso automático de incorporación, lo que hemos hecho con el nuevo texto del apartado b) del artículo 73 es referir esa incorporación de los créditos que por razones justificadas no haya podido realizarse durante el ejercicio únicamente a las operaciones corrientes porque los créditos de operaciones de capital ya se incorporan automáticamente. Lo que enmiendan sus señorías, por tanto, es adicionar por operaciones corrientes, que es lo único que cambia la literalidad del precepto que aparece actualmente en la Ley General Presupuestaria. No parece tampoco, por tanto, muy razonable su aceptación.
Con la enmienda número 55 pretenden ustedes que se declaren vinculantes veinte conceptos y subconceptos dentro del capítulo II. En el proyecto de ley de Presupuestos nosotros hemos declarado vinculantes cuatro créditos: los de energía eléctrica, combustibles, telefónicas y transportes, que nos parecía que eran los más relevantes en los que se había detectado que existían desviaciones importantes por su contenido periódico. La ampliación que hacen sus señorías dejan vacío de contenido algún precepto de la Ley General Presupuestaria y podría producir situaciones de una excesiva rigidez a la hora de gestionar algunos de estos créditos.
Imaginemos una cosa tan pintoresca como que una oficina de la Administración cambie el sistema de calefacción y pase de tener energía eléctrica a gas; pues esto no se podría hacer, es decir, no se podrían pagar las facturas que antes se pagaban con el crédito de energía eléctrica en gas a través de su enmienda. La verdad es que no parece muy razonable.
En la enmienda número 56 ustedes proponen que una competencia que a través del proyecto de ley tiene el Ministerio de Economía y Hacienda pase al Consejo de Ministros. Y lo dicen para dos créditos muy concretos, que es verdad que afectan a diferentes departamentos ministeriales, pero en los que existe absoluta presunción de conformidad por parte de los departamentos afectados porque se trata de créditos que se modifiquen por convenios o que afecten al Fondo Nacional para el

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Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica y acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que se cofinancian con órganos concretos de seguimiento. En este sentido, lo que ustedes proponen, pura y simplemente, es más burocracia, porque los departamentos afectados ya han hecho constar claramente su conformidad a esta modificación presupuestaria.
En la enmienda número 57 proponen lo mismo, pero además para unos créditos que ya carecen absolutamente de sentido. Proponen, por ejemplo, que los decretos de transferencias de crédito sean autorizados por Consejo de Ministros en favor de las comunidades autónomas, cuando ya existe un Real Decreto, que ése sí que es autorizado por el Consejo de Ministros y que es el que da título a la transferencia de crédito concreta, que no es más que instrumental, o los créditos que sólo afectan al Ministerio de Defensa. ¿Por qué tiene que ser el Gobierno en pleno el que autorice su incorporación? O las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, que en este caso tampoco afectan más que a un departamento. La verdad es que creemos que su enmienda no añade demasiado.
La enmienda número 58 pretende que el Ministerio de Economía y Hacienda haga la aplicación presupuestaria de alguna modificación de créditos del Insalud. La aplicación presupuestaria la hace el organismo autónomo que es competente en la gestión de los créditos en la Seguridad Social, y no tiene que hacerla el Ministerio.
La enmienda número 59 hace referencia a que se dé cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado de las transferencias de crédito. Hay que tener en cuenta que de las transferencias de crédito de las que estamos hablando a lo largo del ejercicio, las que se regulan por el artículo 9 de los Presupuestos serán aproximadamente el 1 por ciento. ¿Por qué de esas transferencias nos tienen que dar información, y no de las demás? No tiene demasiado sentido.
La enmienda número 60 propone que haya separación en el conjunto de obligaciones entre las operaciones corrientes y las de capital, y además tiene un literal de redacción absolutamente desafortunado porque pretende incluso decir que existen obligaciones reconocidas que no deben pagarse, lo cual es un contrasentido en sus propios términos. Si la obligación está reconocida, debe pagarse, y si no, está mal reconocida, pero no es posible que haya una obligación reconocida que no deba pagarse, y eso es lo que ustedes dicen en la enmienda: Las obligaciones reconocidas en contra de lo dispuesto en este artículo serán nulas de pleno derecho. Si es en contra de lo dispuesto en ese artículo, no está bien reconocida, en el supuesto de que ésa fuera la redacción de la Ley de Presupuestos, y en ese caso no cabría hablar de obligación reconocida.
La enmienda número 61 deroga el artículo 64 de la actual Ley General Presupuestaria y somete a los organismos autónomos al mismo régimen de la Administración general, lo cual es un contrasentido en sus propios términos. Habría que suprimir los organismos autónomos porque sí.
Sobre la enmienda número 62 ya le dije en Comisión que, a mi juicio, se derivaba de un error de sus señorías, porque lo que ustedes añaden en su enmienda es hacer una referencia a que el Gobierno informe a la Cámara de las obligaciones contenidas en el número 2 de este artículo, y el número 2 habla de los suplementos de crédito en los créditos extraordinarios, que son los que aprueba la Cámara, y difícilmente se puede aceptar que el Gobierno informe a la Cámara de lo que la propia Cámara decide.
En cuanto a la enmienda número 63, nuestro compromiso es que el artículo 10 se cumpla en 1994.
Pero hay un principio de jerarquía normativa --casi de idoneidad-- que no nos permite aceptar una enmienda que establece un procedimiento especialmente anómalo de modificación de una norma legal y que, en este sentido, restringe la propia capacidad de actuación del Parlamento.
En cuanto a la enmienda número 65, las tesis de su señoría sobre el acuerdo al que llegó el INSALUD con las diferentes Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en materia de sanidad son conocidas; no obstante, ésta es la última anualidad con la que se cumple aquel acuerdo, que está firmado entre el INSALUD y diferentes Comunidades Autónomas y que se firmó así porque existía especial interés en que cada Administración Pública que hubiera incurrido en desviaciones de gasto asumiera precisamente la responsabilidad última sobre esa desviación. Por tanto, sería un contrasentido, no solamente político sino también jurídico, aprobar ahora que el último plazo del préstamo --del que ya se han librado las dos primeras anualidades, las dos terceras partes-- se librara como aportación a fondo perdido. Incluso, sería un contrasentido político porque acabaría por generar la sensación de que quien comete una desviación de gasto en un Ejercicio presupuestario no tiene ninguna responsabilidad sobre el mismo y, además, porque una aportación a fondo perdido puede conseguir que ni siquiera figure como una anotación contable en el presupuesto de explotación del organismo.
En resumidas cuentas, creo que sus enmiendas o bien pretenden, de una manera parcial, la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos al Gobierno, y no pueden ser aceptadas, o proponen modificaciones en las que, aun pudiendo estar de acuerdo con la filosofía, en algún caso, sobre la información presupuestaria, no son asumibles por razones técnicas; o, técnicamente, no son asumibles porque lo único que producirían en la Administración es una mayor complejidad sin incrementar, en paralelo, las garantías de una correcta ejecución presupuestaria.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado Martínez.
Turno de Portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Por lo que se ve, el debate, después del ritmo que le han imprimido los Portavoces a lo largo de esta mañana y hasta primeras horas de la tarde, parece que entra ya en sus horas de decaimiento, y entonces, se decide dar un repaso enmienda por enmienda sacando de cada una de ellas algún ejemplito, que aunque podría ser cierto en algunos casos y, por tanto, habría que pulir determinadas cuestiones que se tratan en esas enmiendas, por la complejidad --prácticamente la pesadumbre-- con que el Portavoz socialista ve su aplicación nos encontramos con que no se pueden tocar los Presupuestos porque nada se puede hacer (y yo, desde luego, actuaría de esa forma). Es como si partiéramos de una situación satisfactoria en la cual, ciertamente, hay que medir mucho lo que se trata de introducir como cambio, pero se da la circunstancia, aunque no quiera debatir sobre ello el Portavoz señor Granado, de que estos Presupuestos no se cumplen, y llevamos muchos años de experiencia de desviación del gasto público, de fuertes desplazamientos mediante operaciones de transferencia de crédito, créditos ampliables, mediante incorporaciones de crédito, que indican una mala calidad de presupuestación --supongo que eso sí me lo aceptará el Portavoz socialista-- y, desde luego, unos resultados muy pobres en cuanto a la ejecución.
Vistas así las cosas y agradeciéndole al Portavoz socialista que no me haya recordado que nosotros decimos las mismas cosas que decíamos hace unos años, porque siempre lo hace en todos los debates que tenemos ocasión de entablar --incluyo yo, ahora, estoy diciendo las mismas cosas que decía la semana pasada y, ciertamente, es bueno que sea así-- nosotros siempre hemos señalado, y llevamos años en ello, que es necesario modificar la Ley General Presupuestaria; hemos hecho ofertas concretas mediante proposiciones de ley de modificación de esta Ley; hemos señalado que es necesario volver a un mecanismo de intervención previa en la ejecución del gasto, que demostró eficacia y que los medios técnicos actuales permiten que no sea, como jocosamente se ha dicho desde el Gobierno, un procedimiento «de manguito»; también hemos señalado que las transferencias de crédito, las ampliaciones de crédito, tienen que reducirse a casos realmente extraordinarios y, por último, hemos dicho también que las incorporaciones de crédito vulneran la temporalidad de los Presupuestos. Creo que estas críticas están basadas en lo que está siendo la ejecución presupuestaria, y parece mentira que esto se me diga desde el Gobierno o desde el partido que sustenta al Gobierno cuando en realidad estamos asistiendo a unas desviaciones del gasto público que, vuelvo a repetir, en el año 1993 va a ser de 2,4 billones de pesetas --nada más y nada menos--, desviación del gasto público que obligó a abandonar precipitadamente, mediante Real Decreto-ley, el artículo diez, que era la única barrera restrictiva que tenían los Presupuestos para 1993.
Pero es más, como ya señalara esta mañana el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el artículo diez duró menos que un caramelo a la puesta de un colegio; es que ni en 1990, ni en 1991, ni en 1992 se respetó realmente el artículo diez, porque se recurrió al artilugio contable de no registrar presupuestariamente operaciones que así tendrían que figurar. Y volvemos otra vez al problema esencial: se están contabilizando mal las operaciones, ustedes sabrán por qué; nosotros pensamos que porque se quieren maquillar los resultados de déficit presupuestario. Ahora quizá me diga usted que no, que es porque los Ministros de turno consideraron que era la mejor forma de registrar las operaciones; pero nos hemos encontrado con que en el año 1993 hay que aflorar unos agujeros de más de 800.000 millones de pesetas, y que en los años 1991 y 1992 a este país se le decía que podía seguir gastando con alegría, que todo iba muy bien y que el déficit público se estaba sujetando, y vuelvo a repetir: el déficit contable.
Repasando nuestras enmiendas y algunos de los ejemplos que se nos han puesto por el Portavoz socialista, podría referirme al artículo diez. Por ejemplo, se nos dice: cómo vamos a limitar una obligación que sea reconocida, cómo la vamos a declarar nula de pleno derecho. Pues sí, señor; nula de pleno derecho, igual que las leyes se declaran inconstitucionales. Es decir, una vez que un instrumento, en este caso financiero, ha sido puesto en marcha, si no responde a la legislación vigente --por eso es tan importante la Intervención General, por eso es tan importante la intervención previa de los actos que suponen gasto público, para que no se den-- se declara nulo, porque tienen que venir fundamentados en un proyecto de ley. Nosotros no nos negamos, sino todo lo contrario, deseamos que se haga durante el ejercicio presupuestario, en la Comisión de Presupuestos, que se debe reunir con frecuencia y, además, con una competencia que permite aprobar proyectos de ley de modificación de créditos o de creación de créditos nuevos; por tanto, no hay ningún inconveniente en elevar o ampliar aquellas partidas que sean realmente necesarias y no dejar conceptos como los

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créditos ampliables o, incluso, esta flexibilidad contable, en el artículo diez.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, una buena contabilidad en tiempo nos permitirá un menor déficit al final del año.
(Risas.)

El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, es muy apropiada su observación en este debate. La verdad es que déficit lo tenemos todos de alguna manera, pero el del Estado es más grave y, créame, así lo contemplamos nosotros.
Dice que con nuestras enmiendas se crearía más burocracia, más dificultades a la actuación del Estado. Pues bien, nosotros no pensamos así; burocracia, desde luego, no, y si es el caso en alguna de ellas, déla por retirada, porque no es ésa nuestra intención. Lo que sí pretenden nuestras enmiendas es limar, reducir, esa flexibilidad y esa discrecionalidad que el Gobierno lleva buscando desde hace muchos años, y que se está dando a través de las leyes anuales de Presupuestos, para gastar sin medida, y los resultados de ese gasto, en términos de servicios públicos y en términos de infraestructuras, permítaseme que diga que resultan bastante insatisfactorios.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Para turno de Portavoces, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Perdóneme, Senador Utrera, por el cansancio que a estas horas del día tengo, porque, en efecto, estoy cansado y a lo mejor eso ha podido deprimir mi intervención en el debate; sin embargo, no se preocupe su señoría porque ya me ha devuelto la adrenalina y le voy a decir algunas de las cosas que no he querido decirle en la primera intervención, pero se las tengo que decir.
No le voy a decir que ustedes siempre enmiendan lo mismo porque en esta ocasión no es verdad. Lo que sí le puedo decir es que ustedes son como los malos sacerdotes: no predican con el ejemplo. Quieren que el Gobierno de la nación haga lo que no hacen ustedes cuando gobiernan en sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en los que ustedes se oponen a declarar vinculante ni un solo concepto del Capítulo segundo, y, créame que hablo con conocimiento de causa --le podría citar dos ejemplos, y uno de ellos, como usted se imaginará es mi Comunidad Autónoma, donde no han querido declararlo en el Proyecto de Presupuestos para 1994--; sin embargo, al Gobierno de la nación le piden que declare vinculantes veinte conceptos. Vamos a ver si conseguimos una cierta congruencia política y llegamos a un acuerdo entre ustedes y nosotros para que en el año 1994, en todas las Administraciones públicas, esos cuatro conceptos del capítulo segundo se declaren vinculantes, y después vayamos progresando si es una buen técnica presupuestaria.
Es verdad que hay que modificar la Ley General Presupuestaria, pero también es verdad que hay que mantener esa modificación haciendo congruentes y coherentes los principios de control, que tiene que ser lo más riguroso posible, de la actividad financiera del Ejecutivo por parte del Parlamento y el de eficacia en la gestión de fondos públicos, y no podemos ser tan rigurosos con el control que seamos ineficaces.
Senador Utrera, si yo le digo a usted que con su enmienda no se pueden hacer decretos de transferencia y usted no me contesta, si ya en Comisión el Senador de su Grupo que intervino en el debate medio reconoció que era cierto, y a pesar de todo aún la siguen manteniendo... ¡retírenla! Si decimos en la Ley General Presupuestaria que las modificaciones de crédito no pueden afectar a créditos ampliables, tenemos que añadir la salvedad --que es lo que hacemos en el Proyecto de ley de Presupuestos de este año-- de «salvo las de decretos de transferencia a las Comunidades Autónomas». Estas son cosas de sentido común.
Otra de sus enmiendas es una corrección tan técnica y tan de matiz que casi daría igual aprobársela que rechazársela, porque simplemente proponen la supresión de una modificación a la Ley General Presupuestaria que es una mera corrección, casi de estilo. ¡Qué quiere que le diga! En este sentido, me parece que tan intransigentes somos los unos como los otros.
Ustedes proponen que el Consejo de Ministros tenga que aprobar las transferencias de crédito que hace el Ministerio de Economía y Hacienda en función de los decretos de transferencia a las Comunidades Autónomas.
¿Pero qué sentido tiene eso si es un libramiento de fondos, si se ha publicado antes en el «BOE» el decreto de transferencias? ¿O qué sentido tiene que sea el Consejo de Ministros el que autorice las incorporaciones de créditos del Ministerio de Defensa? Si hay una incorporación automática, porque un crédito genera en sí mismo resultados, ¿qué problema hay? Una cosa que no he querido señalarle en el debate anterior pero que sí me gustaría que fuera objeto de consideración por parte de su Grupo --y quiero que conste expresamente en el «Diario de Sesiones»-- es que yo les vuelvo a pedir formalmente que retiren la enmienda número 224, por la que proponen que se declare no ampliable el crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo, los 80.000 millones de pesetas que, en créditos, concede el Estado español a países del tercer mundo. Probablemente en la formulación de su enmienda no estaba el deseo de que ese crédito no fuera ampliable. Yo le dije al Senador Alierta en Comisión --y lo vuelvo a reiterar aquí-- que nosotros compartimos parte de

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su filosofía con los créditos ampliables: hay que restringirlos, hay que tener cuidado con ellos y tenemos que ir a un mayor control de los mismos; pero en este caso han ido a proponer una enmienda que va a un crédito que, con un mínimo de sensibilidad social, todos tenemos razones sobradas para defender que pueda ser ampliable.
Les vuelvo a pedir formalmente que retiren esa enmienda, y espero de la consideración de sus señorías que, si alguno de los argumentos de este Senador han sido útiles, puedan retirar alguna otra para ahorrarnos tiempo en la votación de las mismas aquí en el Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.
(El señor Utrera Mora pide la palabra.) ¿Por qué artículo pide la palabra, Senador Utrera?

El señor UTRERA MORA: Por el artículo 87, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No sé si procede, pero tiene la palabra por un minuto.


El señor UTRERA MORA: Señor presidente, muchas gracias, realmente da gusto esta flexibilidad a la hora de otorgar la palabra y a la hora de utilizarla. Voy a hacerlo muy brevemente en menos de un minuto.
Formalmente nos pide el portavoz socialista que retiremos una enmienda, estando de acuerdo, además, con el espíritu de la misma en cuanto al criterio general que persigue de limitación de créditos extraordinarios, y he de decir que formalmente también nosotros rechazamos retirar esa enmienda porque no tiene nada que ver.
Se acusa de falta de sensibilidad a un Gobierno que ha puesto la economía española en la situación que la ha puesto y que además firma unos acuerdos que yo creo que no va a poder cumplir en muchísimos años. Y ahora se nos dice que es falta de sensibilidad que propongamos que no sean ampliables unos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo que están dotados con 80.000 millones de pesetas, cuando nuestra posición es que, caso de que tengan que ser rebasados, nosotros estamos perfectamente dispuestos a un debate en este Parlamento, en esta Cámara concretamente, para ver la necesidad de esos créditos y ampliarlos de la forma en que hay que hacerlo, esto es, mediante un proyecto de ley.
Por tanto, formalmente está rechazada su petición.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por la misma razón, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, por la misma e inadecuada razón, porque no ha habido alusiones en el debate.
Simplemente voy a decirle al Senador Utrera que el Grupo Socialista pedirá votación separada de esa enmienda, que espero que el resto de los Grupos de la Cámara les dejen solos y que la votación de la misma sirva para señalar cómo en el momento en que ustedes pueden tomar alguna decisión en alguna dirección que pueda ser interpretada como más solidaria o más participativa se niegan a hacerlo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Pasamos al Título II, artículos doce a veinte, y anexos V y VI.
Para la defensa de sus enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos presentado varias enmiendas a este Título, si mal no recuerdo desde la número 815 a la 946, divididas, al igual que en el Título I, en dos bloques. En el primero tratamos de las retribuciones del personal docente, en coherencia con nuestras reivindicaciones a lo largo de todos los Presupuestos, y en otras partidas las expondremos más extensamente.
El otro bloque de enmiendas es acorde con las que hemos defendido en el Título I al referirnos a ese impulso democrático: queremos conocer, ahondar, profundizar en la transferencia de los dineros públicos.
Nosotros no llegamos a entender por qué ahora hay que llevar la presentación de cuentas al Tribunal de Cuentas anualmente, cuando antes se hacía mensualmente. Si alguien me lo pudiera explicar, incluso podríamos retirar la enmienda. Tenemos bastante interés en que la Cuenta General del Estado esté formada antes del 1.º de julio del año siguiente, es decir, seis meses desde la ejecución del Presupuesto.
Un tema para nosotros muy interesante --que creo que contará con el apoyo del Grupo mayoritario-- es que los Grupos Parlamentarios podamos tener acceso directo a la contabilidad general del Estado mediante algo parecido a una oficina presupuestaria dentro del Senado. El Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno tiene muchas más facilidades que el resto de los Grupos a la hora de tener datos económicos. Se puede dar la situación de que cualquier Grupo Parlamentario pida una información económica y cuando la reciba la situación sea completamente diferente a la que existía cundo la pidió. Por tanto, sería conveniente que los Grupos Parlamentarios dispusieran de un sistema, el que fuera más factible --en algunos sitios los portavoces

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utilizan tarjetas magnéticas--, para acceder a la información de la contabilidad general; nuestra enmienda propone un terminal de ordenador.
Por último, también pedimos que junto a la liquidación de los Presupuestos venga la liquidación de los anexos de inversiones, porque queremos saber el grado de ejecución de los Presupuestos y de los planes.
Se dan situaciones bastante simpáticas --por no denominarlas de otra forma-- en las que se presupuesta equis dinero en inversiones y una vez terminado el Presupuesto nadie sabe qué cantidad de dinero se ha invertido ni cómo van esas inversiones. Por tanto, para nosotros sería muy interesante saber el grado de cumplimiento de las inversiones que el Gobierno tiene proyectadas.
En definitiva, señor Presidente, y por economía de tiempo, para ayudar a la crisis del Estado, lo que tratamos es de tener controlado, no por desconfianza, sino por obligación, cómo se mueven los dineros públicos en este país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas González.
Por parte del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Al artículo 13 nosotros hemos presentado nada menos que siete enmiendas, lo cual quiere decir que alguna pega debe tener el artículo 13.
No obstante, como ya se han defendido, en la Comisión del Congreso, después en el Pleno del Congreso, una vez más en la Comisión de Presupuestos del Senado, y todas las explicaciones han sido rechazadas, quizá añadiríamos algo más, simplemente para que conste en el «Diario de Sesiones» que lo que pretendemos es, en uno de los casos, en la enmienda número 1.287, incluir «la cuantía correspondiente a otros gastos se abonará mensualmente a los Centros concertados...».
En la enmienda número 1.288 introducíamos un cambio de denominación, en lugar del término «curso escolar» por el de «ejercicio económico», con el fin de dar un sentido más de empresa a los centros concertados.
En la enmienda número 1.289 pretendemos suprimir el párrafo sexto del apartado Uno del artículo 13 y sustituirlo por otro, en la enmienda número 1.290, cuya redacción no pretendemos leer en este momento, ya que duplicaríamos nuestras explicaciones.
Con la enmienda número 1.921 tratamos de sustituir «plan de estudios» por «currículo», que es una denominación que se está utilizando recientemente. Asimismo, «profesores de apoyo» sustituirlo por «profesores».
En la enmienda número 1.293, referida también a las dotaciones de apoyo, proponíamos modificar el término «dotaciones de apoyo» por «incrementos de equipo docente».
Con esto doy por defendidas las enmiendas al artículo 13.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Rozada.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias enmiendas relacionadas con el artículo y con el Anexo V que en este acto intentará conjuntamente defender.
Como es conocido, el articulado de los Presupuestos solamente tiene artículos referidos a los centros concertados y a la distribución de los módulos de dichos centros, junto con los créditos que se destinan a las universidades del territorio MEC, cuyo programa ha devuelto el Grupo Popular.
Hemos presentado un grupo de enmiendas referidas a los centros concertados que pretenden mejorar el texto en los siguientes aspectos. Un primer grupo de enmiendas pretende mejorar la calidad de aplicación de la LOGSE por parte de los centros de iniciativa social, exigiendo, en primer lugar, la participación de las organizaciones de titulares de dichos centros en la implantación anticipada de la educación secundaria obligatoria. En segundo término, la necesidad de incorporar profesores especialistas en el segundo ciclo de la educación primaria, según establece la LOGSE en su artículo 16 y, por último la sustitución del término «plan de estudios» por el de «currículo», según indica la propia LOGSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
El segundo grupo de enmiendas versa sobre la partida «otros gastos», y se refiere a los módulos económicos de conciertos, suprimiendo el apartado uno del párrafo sexto, ya que no se ha llevado todavía a la práctica la diversificación de esta partida que, si se realizara, podría suponer una discriminación para algunos centros al descender la cantidad destinada a estos gastos.
En segundo lugar, se pretende mantener la práctica habitual de abonar mensualmente esta partida, que últimamente se viene retrasando, lo que significa una pérdida real de dicha frecuencia de abono, que podría colocar a algunos centros --y de hecho así está ocurriendo-- en una situación financiera de gran dificultad.
Por último, para conseguir una eficaz utilización y destino de los créditos dedicados a las partidas de gastos variables, entendemos que se debe constituir, con las organizaciones de titulares de centros de iniciativa social, una comisión de seguimiento para conocer y analizar la utilización real que los mencionados centros

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realizan del susodicho crédito presupuestario, acción que consideramos se debe ampliar incluso a las administraciones educativas competentes.
El tercer grupo de enmiendas se refiere a una correcta aplicación del tercer acuerdo de centros afectados por la no renovación total o parcial de conciertos, sustituyendo el término de «profesores de apoyo» por el de «equipos docentes», también de conformidad con lo que dispone el mencionado acuerdo, así como el establecimiento de la contratación de los mismos a partir del programa de recolocación, que no ha de ser aplicable a los equipos docentes de los centros ubicados en Barcelona, Ceuta y Melilla.
Por último, en el Anexo V tenemos tres enmiendas que presentamos referidas a la modificación de este Anexo, módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados.
En la primera de estas enmiendas queremos incrementar las partidas de «otros gastos», para alcanzar un importe que permita a estos centros cubrir los gastos reales que se realizan en dicha partida.
La segunda se refiere al incremento necesario para dotar de profesores de idiomas, según indica la propia LOGSE, en el nivel de primaria.
Por último, la tercera enmienda, referida también a este Anexo V, esta relacionado con el acuerdo de analogía suscrito con el MEC para el profesorado de centros concertados, y dota a la partida de salarios de personal docente con las cantidades adecuadas para que pueda cumplirse el mencionado acuerdo.
Yo creo que la filosofía de fondo es conocida suficientemente y por ello, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pido la aceptación a los demás Grupos del conjunto de enmiendas que, referidas al Título II de esta Ley y al Anexo V, acabo de defender.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández Rozada.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado Martínez.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, simplemente deseo hacer una consideración general sobre las enmiendas que Izquierda Unida mantiene a este Título II, y es que alguna de estas enmiendas van en la misma dirección que las del Grupo Popular, lo cual, a nuestro juicio, es un poco sorprendente, en el sentido de reclamar más dinero para las enseñanzas privadas de nuestro país. No entendemos muy bien cuál es el sentido de dichas enmiendas, y ya se manifestó ese grado de perplejidad en el Congreso de los Diputados.
Otras enmiendas, técnicamente, son absolutamente contradictorias, incluso con la propia justificación, porque el proyecto de Ley de Presupuestos establece muy claramente para las sociedades y entes públicos estatales dos tipos de tratamiento, según estén sometidos o no a la normativa mercantil contable. En el caso de que estén sometidos a la Contabilidad General del Estado deben rendir sus cuentas antes de 1.o de abril y, en el segundo caso, como todas las sociedades, a 31 de agosto.
Ustedes anticipan el plazo de agosto, aproximadamente dos meses, hasta 1.o de julio --lo dejan en el 30 de junio--, pero llevan al 30 de junio la contabilidad de todas las sociedades, con lo cual, hay sociedades públicas que en estos momentos están rindiendo sus cuentas antes de 1.o de abril que pasarían a rendirlas a 30 de junio, cuando ustedes lo que quieren, según su justificación, es anticiparlas.
Por tanto, he de señalar que no podemos aceptarlas por este nivel de contradicción.
En cuanto a las enmiendas coincidentes, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Popular, ya hicimos en Comisión un debate a fondo sobre las mismas. En primer lugar, quiero comentarle al Senador Fernández Rozada, que ese primer grupo de enmiendas que él decía que hacen referencia a la participación de los centros en la implantación de la educación secundaria obligatoria, la ESO, no llegaron a presentarse en el Senado. Se presentaron en el Congreso y fueron retiradas, y como sin duda, ha seguido la plantilla del debate del Congreso, está defendiendo alguna enmienda que no existe en el Senado.
En su conjunto las enmiendas planteadas por los dos Grupos hacen referencia a varios problemas, todos ellos afectan al convenio que existe entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las patronales de la enseñanza privada, e intentan la modificación unilateral del acuerdo.
Tratan de hacer una modificación en la terminología, sin añadir nada a cambio: Qué más da currículo que plan de estudio --por cierto, currículo ya está en el diccionario y debía haberse utilizado ese término y no el latino currículum que significa otra cosa-- si el acuerdo habla de plan de estudios. O qué más da que los profesores se llamen de una manera u otra. La terminología profesores de apoyo es un término preciso que, incluso, viene en los propios concursos de traslados del Ministerio de Educación y Ciencia. Lo que sucede es que detrás de esas enmiendas hay una intención oculta; los profesores de apoyo fue una figura que, dentro del acuerdo, se creó para recoger al profesorado proveniente de los centros cerrados a consecuencia de la reconversión y, entonces, esos profesores eran colocados como profesores de apoyo. Ahora lo que se pretende es que se llamen profesores y que formen parte de las plantillas de los centros sin más; con lo cual se persigue incrementar las plantillas que a cada centro le corresponde en función de sus módulos, por esta vía

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un tanto torticera, porque hay centros en los que hay profesores de apoyo y otros en los que no, y ambos tienen el mismo número de unidades, y sucede que algunos de ellos estaban en provincias, donde había centros de reconversión, y en otros casos no. Por tanto, no estamos de acuerdo con las enmiendas porque crean una distorsión y una discriminación de unos centros sobre otros.
Algunas de las otras enmiendas son también contradictorias con la propia defensa que se ha hecho de las mismas. Por ejemplo, dicen que como la LOGSE habla de que tiene que haber profesores de idiomas en la enseñanza primaria, hace falta una partida nueva para los mismos. Lo que dice la LOGSE es todo lo contrario: que en la enseñanza primaria sólo habrá maestros dando clase, y dentro de los maestros hay una especialidad determinada, que es la de idiomas. Y en los últimos años «a más a más», como diría un Senador del Grupo Catalán, lo que sucede es que se ha formado a los profesores, de la enseñanza privada, que tenían otras especialidades para que pudieran dar clases de idiomas y se ha venido haciendo sin ningún problema, pero ni se han incrementado los horarios ni las cargas a los centros, lo que ha cambiado ha sido la distribución horaria: antes un solo profesor daba clase veinticinco horas a la semana a un grupo de alumnos y ahora, dos o tres profesores les van a dar las mismas veinticinco horas de clase, con lo cual algunos profesores, los de idiomas, van a completar su jornada en diferentes grupos, pero no supone un incremento de coste, porque el número de horas se mantiene fijo por aula.
Lo mismo sucede con alguna enmienda que tiene un contenido más bien técnico, por ejemplo, la que pretende que la cuantía correspondiente a «otros gastos» se abone mensualmente a los centros. Lo que dice el acuerdo del Ministerio con las Confederaciones de Enseñanza Privada es que esa partida se librará trimestralmente. Y el Ministerio desde hace dos años viene librándola mensualmente, por tanto, lo que ustedes piden que se adicione es algo que el Ministerio ya viene haciendo, lo que sucede es que lo libra a cuenta del libramiento definitivo que se hace a final del trimestre.
Respecto a la sustitución del término curso escolar por el de ejercicio económico, es un disparate. Ninguna Comunidad Autónoma con competencias educativas tienen sustituido el término curso escolar por ejercicio económico. Yo no sé por qué ustedes se empeñan en que el Gobierno haga algo que no hace ni el Gobierno vasco, ni el gallego ni el catalán. Es un absoluto contrasentido porque sus propios Grupos no parece que estén dispuestos a poner en práctica este tipo de cuestiones cuando están participando en el Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, pretenden que los titulares de los centros tengan una comisión para analizar el uso que se hace del crédito presupuestario denominado gastos variables. En realidad estos gastos variables son los complementos no fijos del profesorado, los suplementos de dirección o la antigüedad. Y qué sentido tiene que haya una comisión de centros para discutir qué uso se hace del complemento de gastos variables, cuando éstos están reglados y se pagan a cada funcionario en función del número de años de antigüedad que tenga o de que sea o no director de un centro.
En ese sentido, debemos manifestar nuestra perplejidad ante el hecho de que una reivindicación tan extemporánea, de la patronal de la enseñanza privada, haya sido recogida por los dos Grupos y elevada al rango de enmienda.
Respecto a la enmienda que hace referencia a las situaciones particulares de Baleares, Ceuta y Melilla, hay que señalar que desde que se puso en marcha el convenio, cada vez es mayor el número de centros que pueden cubrir sus profesores de apoyo en virtud de los procesos de recolocación y, desde este punto de vista, la enmienda pretende un cierto trato excepcional que se da en la práctica pero cada vez con referencia a menor número de docentes.
En cuanto a las enmiendas sobre el profesorado de apoyo, que en realidad se reproducen en dos o tres artículos de la ley, no tienen sentido; porque se podrá discutir si la plantilla que tienen los centros concertados es o no suficiente, pero no si donde existen profesores de apoyo tienen que incrementarse esas plantillas y donde no los haya, no; eso sería un trato discriminatorio.
En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Popular al Anexo V que hacen referencia a un incremento de las dotaciones para la enseñanza privada, se justifican, en primer lugar, diciendo que es necesario que haya un profesorado de idiomas, y no hace falta; son los propios maestros especializados en idiomas los que dan clase. Y, en segundo lugar, se justifican en función del acuerdo de analogía. El acuerdo de analogía está ya cumplido este año, en 1993, y en 1994 se mantiene en sus propios términos sin necesidad de una nueva consignación presupuestaria. Y aquí, si a los profesores de la enseñanza pública que durante muchos años han tenido retribuciones muy superiores a los de la enseñanza privada, se les va a considerar en 1994 como sujetos a congelación salarial, no nos parece justo que a los profesores de enseñanza privada se les incremente los salarios, cuando en 1993 ya han llegado a una cierta equiparación, que no puede ser nunca plena, con los funcionarios o compañeros suyos que dan clase en los centros públicos. Por estas razones vamos a rechazar también esta enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado Martínez.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cuevas.


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El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo le diría al portavoz del PSOE que convivimos pacíficamente en este hemiciclo pero que no nos meta a todos en el mismo saco, con todos los respetos. Quiero decir que no interprete nuestras enmiendas en favor de la enseñanza privada, no porque tengamos nada en contra de la misma, sino porque sabe que ideológicamente no estamos muy de acuerdo con que reciba algún tipo de subvención. Lo que nosotros planteamos, hay que decirlo con toda sinceridad, y no se deben cambiar los términos, es el tema salarial de los profesores. Usted compartirá conmigo el lema de a igual trabajo, igual salario. Por tanto, eso es lo que pedimos en nuestras enmiendas, y en ningún caso, aumentar la subvención a la enseñanza privada. Lo que sí que solicitamos luego en otra Sección es que ustedes aumenten las inversiones en enseñanza pública, pero esta cuestión ya la debatiremos.
Por tanto, no cambie usted los cables porque puede saltar la chispa.
En cualquier caso, veo que van a aprobar una de mis enmiendas porque no se ha opuesto a ella, o quizá, como no tiene mucha importancia ni la ha mencionado, es la que trata de que los Grupos Parlamentarios tengan un acceso directo, dentro del impulso democrático, a la contabilidad general del Estado. Porque como le decía, y aunque sabemos que cada tres meses se nos liquidan las cuentas, hay ocasiones en que los Grupos Parlamentarios necesitamos información de primera mano y la recibimos, por lo menos, de quinta. Yo creo que además de elegir a los miembros del Consejo del Poder Judicial o de Televisión, creo que la apertura y ese impulso democrático también se debería ver reflejado en que los representantes de la voluntad popular tuviéramos todos el mismo conocimiento de las cuentas del Estado, el Grupo que sustenta y apoya al Gobierno y los que nos oponemos a ese Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ¿quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Catalán? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero indicar que cada año oímos los mismos argumentos, en el mismo tipo de enmiendas ante los temas que nos ocupan ahora, especialmente en el artículo trece y en el anexo V y que de forma continua y sistemática son rechazadas nuestras enmiendas en una clara alusión a que estamos pidiendo fondos para centros de iniciativa social o privados con un carácter descalificador. Incluso, en esta ocasión llegando a decir que la extrañeza es superior porque hay otros Grupos que coinciden con nosotros, sin fijarse en el problema de fondo, la educación, que tendremos ocasión de debatir en la Sección 18 y comentar. Por tanto, lamentamos que no haya sido admitida nuestra enmienda como se deduce de la intervención del portavoz Socialista y manifestamos que nos mantenemos en los mismos términos y con la misma justificación pidiendo la aprobación de estas enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández Rozada.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para significar al Senador Cuevas dos cosas.
Evidentemente, si el Ministerio de Educación tiene que aportar mayores recursos a los centros privados de enseñanza, como la suma del dinero siempre es la misma, menos dinero irá a los centros públicos. Y señorías, el acuerdo de analogía establece que un profesor de un centro privado de enseñanza cobra en retribuciones iniciales el 95 por ciento de lo que cobra un profesor de un centro público de enseñanza. Diría que en la práctica esto supone una discriminación para el profesorado de los centros públicos. Se lo digo con toda sinceridad. Un profesor de un centro público de enseñanza ha aprobado una oposición en función de criterios de mérito, capacidad, eficacia, conocimientos, etcétera, que se ha desplazado dos o tres años fuera de su lugar de domicilio, destinado a cumplir una determinada función, que ha soportado durante un año entero ser considerado como profesor interino y después ha consolidado un puesto en la administración; mientras que el profesorado de los centros privados de enseñanza, que en la inmensa mayoría de los casos son extraordinarios profesionales y cumplen su función tan bien como los públicos, no ha sido seleccionado con esos criterios. Eso ustedes lo saben; lo sabe el Senador Fernández Rozada, lo sabe el Senador Cuevas y todo el mundo en España. La mayor parte de los centros privados de enseñanza en nuestro país pertenecen a órdenes religiosas y es lógico que uno de los principales criterios de selección de su profesorado sea la pertenencia a la orden.
Es legítimo y lógico, pero no es razonable que dicho profesorado seleccionado con ese criterio cobre lo mismo que un profesor de un centro público de enseñanza. Desde ese punto de vista, ¿qué sentido tiene que a ese profesor que cobra ahora el 95 por ciento de aquellas retribuciones se le suba el salario por encima de lo que va a cobrar su compañero de centro público de enseñanza?

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Desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna congruencia, ni estamos dispuestos a aceptarlo, porque, además, en la práctica ello supondría quebrar el principio de analogía. Si esto fuera así, en coherencia, deberíamos incrementar las retribuciones del profesorado de los centros públicos, que es lo que pretenden sus señorías y, en este sentido sí tiene cierta congruencia.
Al Senador Cuevas debo decirle que la Ley de Presupuestos --ya lo dijimos en Comisión-- tampoco se puede convertir en una ley de información presupuestaria. Evidentemente, algunos de los problemas que plantean sus señorías tendrían su asiento adecuado a través de esa oficina presupuestaria de la que se hablaba y que, con medios técnicos suficientes, se conociera el devenir presupuestario día a día de la Administración. Pero no es posible que pongamos una serie de listados interminables de documentación en cada uno de los artículos de la Ley de Presupuestos. Aproximadamente hay una veintena de artículos que ya tienen la coletilla. Faltaría ponerla en todos los demás, pero no es posible que incorporemos esa coletilla de que de todo lo que se expresa en el artículo posteriormente se dé traslado a las Cortes Generales. Además de no ser posible, ni es necesario, ni es útil. Lo que más bien necesitamos son sistemas modernos de procesamiento de la información, como indicaba su señoría, antes que grandes cajones de papel, que no tiene ningún sentido. Pero lo que se propone en la enmienda más bien son los grandes cajones de papel, porque la conexión informática, que también se sugiere en algunas de las enmiendas de su señoría, es absolutamente imposible, entre otras cosas porque los sistemas informáticos --de esto el Senador Cercós sabe mucho y podría hablarnos con detalle-- son diferentes en los distintos departamentos de la Administración y probablemente fuera imposible llegar a ese nivel de conexión.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al debate del Título III, artículos veintiuno a treinta y cinco.
Hay una primera enmienda del Grupo Parlamentario Popular formulada por el Senador Cañellas Fons y otros señores Senadores, para cuya defensa tiene la palabra su señoría.


El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Defenderé todas ellas.
El Grupo Popular ha presentado un veto a todo el Título y una serie de enmiendas parciales, las números 81 a 116, y, además, esa que ha citado el señor Presidente, la 1.567.
El veto al Título se basa en una razón fundamental...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, me tiene que perdonar un momento.
Por una razón de procedimiento, le he dado la palabra antes que al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, pero la primera enmienda, teóricamente, no la puede defender usted, dado que no es uno de los firmantes y, por tanto, la acumulará en su turno.
Si me permite, debido a mi falta de experiencia, pediría que tuviera la palabra en estos momentos el Senador Cuevas para defender sus enmiendas y posteriormente la tendrá su señoría. (Asentimiento.) Muchas gracias por su comprensión.
Tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En cualquier caso, no hubiera tenido ningún problema en esperar. Así descansaba un poco.
Nosotros tenemos la impresión, y creo que toda la sociedad, de que el Gobierno cree que al final --como decía esta tarde el señor Ministro al hablar de la reducción del déficit público-- va a poder reducir éste congelando el salario de los funcionarios públicos y de los trabajadores en general. Sin embargo, creo que el Gobierno tiene un binomio equivocado, por lo menos en esta época, dado que quiere asimilar la congelación de salarios a mayor número de empleos. Esa filosofía no es cierta, congelación de salarios no equivale a más empleos. El año que va a terminar el día 31 de diciembre nos ha dado ya los resultados: una reducción importante en los salarios de los funcionarios y de los trabajadores en general. Si las estadísticas del propio Gobierno no son falsas, resulta que con recortes salariales en los dos sectores, en el público y en el privado, el paro ha aumentado. Por tanto, creo que es un binomio equivocado y que no se puede hacer cargar la crisis económica o el déficit público, como consecuencia de una mala política económica, sobre las espaldas de los funcionarios y los trabajadores en general.
Además, creo que se utiliza en sentido perverso la palabra igualdad, porque no es igual la congelación de salario para un funcionario que cobra 500.000 pesetas que para uno que gana 80.000. Por tanto, ese sentido perverso de la palabra igualdad no dice mucho a favor de un Gobierno progresista.
Tampoco creo que se pueda reducir el déficit público, como pretende el Gobierno en esta ocasión, porque parece que el mal de este país son los salarios y no otras cosas, a costa de recortar conquistas sociales que se han obtenido a través de negociaciones colectivas y que ahora el Gobierno, vía Presupuestos y recomendaciones, parece que las quiere borrar de un plumazo. De ahí viene que el día 27 de enero --aunque sea reiterativo-- tengamos lo que vamos a tener: una buena huelga general, que, además, va a ser secundada significativamente.
Pero, incluso, en mi opinión, en la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la norma de los Presupuestos se vulnera el principio de autonomía. Sé que alguien

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en la réplica me contestará --porque en algún sitio lo he leído-- que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas ya tienen mecanismos para reequilibrar el salario. Eso es como incitar a las Comunidades Autónomas a que hagan un poco de trampa. A los ayuntamientos ya no les vale, porque las propias Comunidades Autónomas dependientes del Gobierno, dependientes del color político del Gobierno, han previsto sancionar a aquellos ayuntamientos que acuerden convenios por encima de lo que el Gobierno marca en sus Presupuestos. Por tanto, que no se diga que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas pueden hacer un pequeño truco, porque sería de mal gusto incitar a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas a que hicieran trampa.
En este sentido se han presentado las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que espero que tengan buena acogida por parte del Grupo de la mayoría y por el resto de los Grupos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
Para defender las enmiendas números 80 a 116, tiene la palabra el Senador Espert.


El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, decía hace un momento que hemos presentado un veto a la totalidad del Título III, la enmienda número 80, y que vamos a defender conjuntamente las restantes enmiendas haciendo una pequeña referencia a la número 1.116 de mis compañeros de las islas Baleares.
La razón fundamental en la que basamos el veto al Título III es que no podemos compartir la política retributiva contenida en el articulado de este Título, y creo que nadie puede hacerlo sin convertirse en cómplice o encubridor de la calumnia que subliminalmente subyace en esta política retributiva: la de responsabilizar a los funcionarios y empleados al servicio de las Administraciones públicas del déficit público. Porque en definitiva es lo que hace. No pueden negar la necesidad de atajar el gasto público, de reducir el déficit, pero las únicas soluciones que apuntan estas normas, y en general los presupuestos, se reducen a congelar las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas, o bien, como medida de acompañamiento, a adoptar unas medidas de reordenación y reasignación de los efectivos, que suponen, sin entrar ahora a discutirlas, una preocupación añadida para los funcionarios y personal de las Administraciones a aquella congelación salarial.
No podemos cargar sobre el personal al servicio de las Administraciones públicas las consecuencias de la crisis ni el descontrol del déficit público. Habrá que buscar otras razones, como puede ser una mala gestión, los fraudes o el gasto corriente incontrolado. Pero no podemos condenar al sector público frente al sector privado a una congelación salarial que supone una progresiva pérdida de poder adquisitivo.
No hay un gesto fuera de esa congelación o el sacrificio que se pide a pensionistas y a parados que refleje la intención de austeridad por parte del Gobierno, austeridad que debía haber sido ejemplarizadora para poderles pedir a aquéllos ese sacrificio. Y máxime cuando se siguen manteniendo en este Título preceptos que mi Grupo ha criticado años tras año y que permiten válvulas de escape a las normas restrictivas de los incrementos salariales, o a la discrecionalidad que muchas veces se convierte en arbitrariedad en la aplicación de esas normas.
No voy a enumerar una por una las enmiendas sino más bien voy a hacer un breve recorrido del contenido o concepto que perseguimos con ellas. En primer lugar, están aquellas enmiendas con las que pretendemos evitar la congelación salarial para los funcionarios y empleados al servicio de las Administraciones públicas, no a los Altos cargos, porque ahí sí que somos tajantes: congelación total a los Altos cargos de la Administración.
En una serie de enmiendas pedimos un incremento de las retribuciones básicas del 3,5 por ciento y ampliamos ese mismo criterio retributivo para que tengan un tratamiento similar a todos los servidores de las Administraciones públicas, aunque no estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, como puede ser Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, personal estatutario de la Seguridad Social, sanitarios locales, miembros de la carrera judicial y fiscal, etcétera.
Al mismo tiempo, enmendamos la tabla de los complementos de destino con una escala variable que va del 3,5 para los escalones inferiores al incremento cero para los puestos con nivel 26 a 30.
Hay otra serie de enmiendas, señorías, que pretenden evitar la posibilidad de burlar esas restricciones a los incrementos retributivos, si no rectifican --y aún están a tiempo, señores socialistas-- la congelación que ustedes proponen en este Título, en perjuicio, nos tememos, de los menos favorecidos, como ocurre siempre.
Queremos evitar también la excesiva discrecionalidad, porque --como hemos apuntado antes-- esa posibilidad de discrecionalidad en la aplicación de las normas puede conducir muchas veces a la arbitrariedad que ya es injusticia, es ilegalidad.
Por ello proponemos el límite de las retribuciones de Altos cargos, que no pueden superar, en virtud de determinados complementos, la retribución de un Secretario de Estado.
Pedimos la supresión del número tres del artículo veintiuno, que excepciona de la congelación las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional

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resulten imprescindibles en determinados supuestos, porque aquí entra la discrecionalidad. ¿Quién juzga de ese carácter imprescindible de determinadas modificaciones? Proponemos la inclusión en la congelación de las retribuciones de los Altos Cargos de Entes públicos y de sociedades participadas mayoritariamente por el Estado o las Administraciones públicas, así como la eliminación de pólizas de seguros, contratos blindados, contratos fuera de convenio, etcétera.
Proponemos, asimismo, la eliminación de la potestad del Ministerio de Economía y Hacienda de modificar la cuantía de los créditos destinados a los complementos de dedicación especial de las Fuerzas Armadas; y en la enmienda número 1.567 proponemos incluir en el último apartado del artículo Veintiuno.Uno, como integrantes del sector público a que afecta dicho artículo, a las empresas mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales.
En las enmiendas números 84 y 85, señorías, nos limitamos a pedir la supresión del número cuatro del artículo veintiuno, por entender que es una mala ubicación, ya que debía estar entre las disposiciones que regulan la oferta de empleo público. Subsidiariamente, nuestra enmienda número 85 va destinada a variar su texto en el sentido de añadir que ese supuesto excepcional de convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se reduzca o se constriña para que exista un expediente previo que permita decidir que es imposible cubrir estos puestos por medio del procedimiento de promoción interna.
Finalmente, señorías --y ya termino-- proponemos la supresión de los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco del Proyecto. Del artículo treinta y cuatro porque supone una injerencia en lo que debe ser esencial o básico en la negociación colectiva: la libertad de las partes y la libertad para la formación de la voluntad negociadora de las partes.
Entendemos que cobran en este precepto aquellas referencias que se hacen a una práctica que yo creo que hasta la Administración socialista ha manifestado en ocasiones que está dispuesta a desterrar: los contratos fuera de convenio y las situaciones individualizadas fuera de los mismos convenios.
Finalmente, pedimos la supresión del artículo treinta y cinco porque entendemos que supone una desvirtuación presupuestaria desde el momento en que, con cargo al Capítulo VI, pueden figurar créditos que en realidad debían estar en el Capítulo I. Y no se me puede argumentar que la agilidad necesaria para aquellas obras que ha de ejecutar directamente la propia Administración exige la posibilidad de contratar personal que, lógicamente, se presupueste en estas partidas de inversiones reales en lugar de en el Capítulo I. Entendemos que desvirtúa totalmente un presupuesto, porque la ratio entre gastos corrientes y gastos de personal queda modificada por estas contrataciones laborales que se incluyen en inversiones reales.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.
Para un turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, antes de entrar a dar respuesta puntual a los dos portavoces que han intervenido en este título, me gustaría hacer algún tipo de consideración previa sobre todo porque el propio carácter del título, tan ligado a lo que es la situación económica actual de crisis hace que, en algunos momentos, podamos ser reiterativos respecto de lo que ha sido el debate de totalidad. Quisiera hacer alguna reflexión general en este sentido, que, como es lógico, va a coincidir en lo que es la valoración global relativa a la intervención del Senador Cuevas y la del Senador Espert, en cuanto a que la contención del gasto público, evidentemente, es uno de los objetivos prioritarios para este Gobierno que, además, es compartido sin duda alguna por todos los grupos de la Cámara y ahí viene quizá la puntualización que diferencia a mi Grupo del resto de los grupos, al menos de los dos que han intervenido en la siguiente línea.
Senador Cuevas, no es verdad que sea un binomio, retribución salarial-gasto público, contención del gasto público a base, exclusivamente, de la congelación --llamémoslo así-- de las retribuciones salariales de los empleados del sector público, puesto que este Gobierno --e incluso ustedes y algún otro grupo de la Cámara lo ha cuestionado-- está tomando muchas medidas --las propias medidas de la ley llamada en términos coloquiales de acompañamiento-- y algunas otras medidas que recogen en todo el articulado de la ley. Por tanto, aunque sólo sea porque mi profesión está bastante ligada a los binomios, le indicaré que, si acaso, hay un extenso polinomio de actuaciones por parte del Gobierno socialista para contener el gasto público, y uno de ellos, evidentemente, por el volumen que suponen las retribuciones de los empleados públicos, es sin duda necesario e imprescindible en este criterio.
Señoría, no se han roto todos los logros conseguidos por los funcionarios públicos. No me gustaría esgrimir una vez más ese argumento que durante años, hasta 1982, la masa salarial de los funcionarios públicos ha venido manteniendo unas subidas muy superiores a las inflación y, además, en una situación de expansión económica de la que hoy no goza este país ni el resto de los países de nuestro entorno y de todo el mundo. En consecuencia, esperamos y deseamos que éstas no sean

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nada más que medidas de carácter transitorio y que pronto volvamos a esa senda de crecimiento que nos ha permitido, de alguna manera, trabajar porque los funcionarios públicos --trabajadores laborales o funcionarios al servicio del sector público-- vean subir sus retribuciones de acuerdo, como mínimo, con el IPC.
Señoría, yo no puedo decirle que una argucia sería echar mano --por utilizar los mismos términos coloquiales en los que usted ha intervenido-- a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Difícilmente.
El artículo veintiuno recoge la obligatoriedad de que los entes territoriales que no son el Gobierno central apliquen estos mismos criterios de congelación para sus empleados públicos. De hecho, ha supuesto alguna enmienda por parte de algún grupo y, por consiguiente, ése no será el argumento que mi Grupo empleará.
El Senador Espert hace una apreciación que, si no es grave, sí que me preocupa. Señoría, usted y su Grupo están utilizando constantemente epítetos y calificativos --el de hoy ha sido calumnia, el otro día fue chantaje-- porque dicen que responsabilizamos a los funcionarios de déficit público. Nada más lejos de la intención de este Gobierno, y nada más lejos de la intención de este Grupo Socialista que responsabilizar a los funcionarios. Nosotros, en este momento, no estamos buscando culpables, estamos tratando de dar soluciones a una situación de crisis.
Entiendo perfectamente que su Grupo busque culpables, pero no trate de echar sobre nosotros esa responsabilidad. Pero decía que me preocupa, si bien puede que no sea grave, que se esté hablando por parte de su Grupo de que la política retributiva es una moneda de cambio por la cual, si el Estado gana, los funcionarios pierden. Y me preocupa porque eso es malo para la sociedad y es malo para todos, porque cuando las cuentas del Estado no cuadran, señorías, no pierde el Estado, no pierde sólo la Hacienda Pública, pierden también mucho los funcionarios, los empleados del sector público y el resto de la sociedad a la que estos funcionarios sirven. Consecuentemente, creo que su señoría y su Grupo deberían ser por lo menos cuidadosos a la hora de utilizar este argumento.
Respecto de las enmiendas ya más puntuales que ha ido planteando su señoría, en concreto las relativas a todo lo que son incrementos de las retribuciones de los empleados del sector público, sea el colectivo que sea, he de indicarle que mi Grupo, como puede haber deducido de la primera intervención y de la reflexión general, va a rechazarlas.
Ahora bien, usted ha planteado otro grupo de enmiendas basadas en una cierta discrecionalidad que podía acabar rayando en la arbitrariedad. Con carácter general, su señoría, como es obvio, puede tener, no me gustaría llamarle desconfianza, pero sí algún tipo de recelo hacia a algunas excepcionalidades que se recogen en los artículos de presupuesto que facultan a la Administración para dotarla de agilidad y de eficacia.
Entiendo que puedan ser para su señoría, por lo menos, motivo de recelo.
Pero quiero despejar todos esos recelos. Creía haberle despejado algunos de ellos en Comisión, pero no importa: redundaré en mi argumento. Por ejemplo, cuando plantea aspectos relativos a los llamados contratos blindados, le diré que no fue el Grupo Socialista ni el Gobierno socialista el inventor de estos contratos, pero quisiera hacerle una reflexión, porque ésta es una cuestión que preocupa muchísimo a mi Grupo, como creo que a todos los grupos de la Cámara. En primer lugar, porque el régimen de los altos cargos de las empresas públicas ha sido más próximo al sector privado que a la propia Administración y, a veces, en aras de ese mecanismo de trabajo o de su organización, se ha podido facultar para que también existan indemnizaciones, algunas veces excesivamente cuantiosas y que suponen por lo menos una preocupación para mi Grupo. Tan es así, que su señoría conoce perfectamente no sólo la valoración que hizo el Ministro Solbes en agosto y las declaraciones que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses en la Cámara, sino el último acuerdo del pasado Consejo de Ministros, que pone el primer elemento de salida a los mismos. Señorías, los altos cargos están catalogados como funcionarios del grupo A, por tanto, se rigen por la Ley 30/1984. Llevan congelados exactamente el mismo tiempo que el resto de los funcionarios.
Es más, recuerdo perfectamente --y usted lo conocerá--, porque fui ponente de esta ley en el Congreso en el ejercicio de 1992, que en el complemento de productividad también sufrieron una reducción del 10 por ciento, que supuso, inicialmente, una importante cantidad a ese nivel.
Su señoría planteaba otro grupo de enmiendas que creo recordar que las evaluaba en el sentido de poner límites de tipo administrativo, como ocurre con la enmienda número 83 al artículo veintiuno. Tres, en la que reclaman, de alguna manera, que en la oferta de empleo público exista un preceptivo expediente administrativo. Señoría, si en el artículo veintiuno no obligamos al resto de las corporaciones, de los Entes Territoriales, a hacer esto, resultaría que la Administración Central no tendría ningún elemento de control, y sería papel mojado, para poder acreditar que esto tiene una viabilidad en el resto de las Administraciones. Consecuentemente, no parece acertado hacer este tipo de actuación.
Por otra parte, su señoría también hablaba de limitar las retribuciones de los Subsecretarios y Directores Generales. Señoría, todos los Subsecretarios cobran igual; también han sufrido, como el resto de los altos cargos, como los propios Diputados y Senadores que estamos en las Cámaras, la congelación a la que nos hemos referido, pero sí es verdad que los Directores Generales tienen unas retribuciones distintas entre sí,

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básicamente fruto de que desempeñan puestos en Ministerios que están mucho más ligados a competencias específicas distintas, con mayores responsabilidades, distintas funciones. Por tanto, no parece malo que sean los respectivos Ministerios quienes, en función de esos criterios, asignen los distintos --yo creo que con carácter positivo-- complementos de productividad.
Su señoría también señalaba que el artículo treinta y cuatro dejaba sin contenido el derecho de negociación colectiva e impedía la fijación de incrementos salariales con carácter plurianual. El artículo treinta y cuatro establece una serie de instrumentos para el personal laboral no funcionario, que además tiene un carácter que en ningún caso debiéramos abandonar porque los Presupuestos Generales del Estado son una garantía para poder dar un comportamiento negociador a estos trabajadores.
Señorías, yo creo que no es malo --y usted coincidirá conmigo, independientemente de lo que recoge la propia Constitución-- que la planificación en general de la actividad económica corresponda al Estado, y ésta es la mejor ley para hacerlo. Por tanto, no parece que este tipo de actuaciones del Gobierno vayan encaminadas precisamente a romper la negociación colectiva, todo lo contrario; no sólo no la dejan sin derecho, sino que establece los instrumentos para que el personal laboral no funcionario en ningún caso se encuentre desatendido.
Por último, la enmienda número 116 al artículo treinta y cinco pretende suprimir este artículo, que trata de las contrataciones de personal con cargo a créditos de inversiones. Señorías, ya se lo argumenté en la Comisión; no se trata de contratos eventuales; son contratos para realizar inversiones y servicios con carácter temporal, y eso hace que no se puedan cuantificar exhaustivamente. Los créditos sí lo están, pero en función de cada uno de esos programas. Aunque el montante total de los créditos figure así, señoría, se puede hacer la organización de ese trabajo y de las retribuciones que al respecto surgen. Por tanto, trata de dar agilidad a la Administración en este tipo de contratación y, además, su señoría sabe perfectamente que genera empleo, que es uno de los objetivos prioritarios y de las necesidades que en este momento nuestro país, nuestros ciudadanos reclaman de todos los componentes de estas Cámaras, que son sus servidores públicos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Pasamos al turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, voy a hacer una aclaración porque, a lo mejor, me he expresado mal. Quise decir que el Gobierno había tomado buena nota de un binomio que parece que le ha fallado, y que consistía en lo siguiente: si en el año 1993 reducimos los salarios de los funcionarios y de los empleados públicos, generaremos empleo. Yo digo que el Gobierno se ha equivocado, por lo menos según dicen las encuestas. El año pasado los funcionarios y los trabajadores en general perdieron poder adquisitivo, y ahí están las estadísticas del propio Gobierno. Sin embargo, a pesar de haber perdido poder adquisitivo, no se ha generado empleo. Por tanto, en nuestra opinión, es un binomio equivocado.
Me van a permitir que me reitere muchas cosas en esta Cámara, porque, lógicamente, el discurso de un veto atraviesa todo el presupuesto. Por tanto, voy a hablar de la huelga general siempre que se aluda a las prestaciones sociales, y creo que nadie se va a enfadar por eso. Además, creo que también la va a secundar alguien de aquellos bancos.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no se opone al recorte del gasto público. En mi intervención he dicho que hemos criticado estos presupuestos precisamente porque el Gobierno ha empezado a quitar hegemonía al papel que el Estado tiene para jugar para generar riqueza.
Ahora bien, gasto público por gasto público, no; recorte del gasto público en los salarios, no; recorte del gasto público en obras de infraestructura e inversiones, no; gasto público por derrochar, tampoco.
Habrá gente que se oponga al gasto público, pero en Izquierda Unida nos oponemos al gasto público irracional, que es el que se ha estado realizando hasta ahora. No nos vamos a oponer, lógicamente, porque creo que compartimos la misma ideología, al gasto público racional.
Tengo la impresión de que el Gobierno, y lo digo sin ningún tipo de maldad, de un tiempo a esta parte ha utilizado los presupuestos para insinuar a la parte laboral, a la parte privada, cómo tienen que ser los salarios. En cuanto a las medidas que toma respecto de la parte pública, me recuerdan a aquellos laudos que ustedes en su posición y yo en la mía defendíamos antes, hace mucho tiempo, afortunadamente, cuando había un Gobierno que resolvía los conflictos laborales a través de un laudo. Yo tengo esa impresión, porque me recuerda a eso, y por ello comparo los gobiernos. Cuando el Gobierno hace esto me recuerda a aquellos laudos porque parece que tiene miedo a negociar con los sindicatos. Yo recuerdo que cuando se estaba tramitando este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el propio Gobierno reconocía que podía negociar con los sindicatos el salario de los funcionarios y del personal laboral. Pero, a continuación, añadía que negociaría si esto entraba en el pacto de rentas, haciendo una especie dechantaje simpático --tómense la palabra «chantaje» en plan simpático, no en otro plan--; con lo cual, el Gobierno estaba reconociendo que si no se entraba

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por el tubo, iba a imponer el laudo a través de los presupuestos, cosa que a mí, por lo menos, me preocupa. Insisto en que el Gobierno en esta ocasión no ha tenido voluntad de negociar los salarios con los sindicatos ni con los funcionarios. Y la realidad es que a los funcionarios se les impuso el año pasado una pequeña congelación, y este año una congelación tipo Siberia; a tope. El Gobierno acude, entre otras cosas, a la congelación salarial para reducir el déficit público. Además, esto lo ha justificado el propio Gobierno. Recuerdo que, no hace mucho, el Ministro de Economía --que estaba aquí hace unos momentos-- justificaba la congelación salarial en dos direcciones; en primer lugar --ésta es mi interpretación--, quería poner una pantalla entre los ciudadanos y los funcionarios, y decía: ¿Por qué a los funcionarios no se les va a congelar el sueldo y a los trabajadores normales sí?, cosa que me parece mal. Yo creo que cada trabajador y cada funcionario tiene derecho a negociar su salario, tienen derecho constitucional a ello. Dice la Constitución que las partes negociarán su salario. El Gobierno no tiene por qué intervenir, salvo con los funcionarios, puesto que ejerce de patronal. Esa es la contradicción que se da: cuando se está en una idea política en la oposición, se ejerce una función, pero si en esa misma idea se está en la patronal, la idea ya cambia. Esas son las contradicciones que se producen según se esté en un sitio o en otro.
Afortunadamente para nosotros, todavía no tenemos esa contradicción, aunque ojalá la tengamos pronto.
Me reitero en lo que acabo de decir. El Gobierno ha utilizado la no negociación con los trabajadores para intentar reducir el déficit público. Antes he dicho que el propio Ministro de Economía decía en la televisión --por lo menos en la que yo veo-- que uno de los elementos fundamentales era pedirles solidaridad a los funcionarios respecto de la crisis, pero no una solidaridad pactada, sino impuesta, y la solidaridad impuesta al final acaba mal, como va a acabar bien la huelga general del 27 de enero.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Desea intervenir el Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Espert.


El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente. Voy a procurar ser muy breve.
Senadora Pleguezuelos, ya sé que en Comisión yo defendí las enmiendas desde un punto de vista muy parecido al actual y que usted me contestó asimismo en un sentido similar. Las razones son las mismas: no me convenció entonces y tengo que seguir manteniendo las enmiendas porque no me ha dado una razón satisfactoria que me permita justificar la retirada de las mismas.
Usted dice que les acusamos de calumnia. Nosotros no acusamos.
Simplemente decimos que quien defienda el sistema retributivo contenido en el Título III se hace partícipe de la calumnia que supone imputar a los desempleados y a los funcionarios el déficit o el hecho de que el gasto público se haya disparado. Porque ni en los presupuestos en su conjunto ni en las medidas que ustedes adoptan vemos que haya una restricción; no vemos que haya unas limitaciones o unas normas de control del gasto público que hagan suponer unas medidas que lleven implícito ese control. Luego lo que nosotros decimos es lo siguiente: ustedes están acusando indirectamente a los funcionarios públicos de ser en parte responsables de ese excesivo gasto público.
Por otra parte, nosotros no siempre estamos buscando culpables, pero, si los buscáramos, donde no podríamos encontrar culpable alguno de la situación actual de déficit y de exceso de gasto público sería entre los Senadores que se sientan en esta parte del hemiciclo. De eso no cabe duda.
Usted dice que no hay que atender al binomio sino al polinomio, y que hay otras muchas razones. Pues muy bien. Usted sabe que en una enmienda, la número 208, hemos propuesto una reducción considerable de gasto público --que yo calificaría de ejemplarizadora--, que permitiera al Gobierno, cargándose de razón, pedir a funcionarios, a jubilados y a desempleados el sacrificio que ahora se les pide. Nosotros pedíamos reducciones importantes, no inferiores al 70, en las partidas de publicidad y propaganda; no inferiores al 50 por ciento en atenciones protocolarias y representativas, y no inferiores al 70 por ciento en estudios y trabajos técnicos, que admiten perfectamente esa reducción, porque la mayoría de esos trabajos, que además se contratan directamente, pueden ser realizados por personal al servicio de las administraciones públicas sin costo añadido para las mismas. Ahí es donde queremos ver el ejemplo de austeridad y control del gasto.
No me vuelva a repetir, porque no me había convencido, el argumento de que hasta el pasado ejercicio las retribuciones de los funcionarios habían rebasado incluso la inflación. Si hacemos una comparación entre los años 1984 y 1993, podemos ver que las retribuciones medias de los funcionarios han subido un 49 por ciento.
En el mismo período de tiempo, el IPC ha aumentado un 71 por ciento y el salario mínimo interprofesional se ha incrementado en un 68 por ciento.
Por tanto, dígame su señoría si han perdido o no poder adquisitivo las retribuciones de los funcionarios.
Ustedes dicen que ya están congeladas las retribuciones

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de los altos cargos de los Entes públicos y de las sociedades participadas mayoritariamente por el Estado o por dichos Entes, pero no es así. Muchas de nuestras enmiendas están dirigidas, precisamente, a conseguir esa ampliación. A este respecto, creo que fue en el último Consejo de Ministros donde se dijo expresamente que la congelación también se aplicaría a estos altos cargos. De todas formas, si las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular tienen su efecto, aunque sea a posteriori, nos daremos por satisfechos.
Por otra parte, presentamos una enmienda en la que proponemos la supresión del artículo veintiuno, apartado cuatro, exigiendo un expediente previo para determinar si las plazas que se considera imprescindible convocar no pueden ser antes cubiertas por la vía de la promoción interna. No sé si he comprendido bien a su señoría, pero me ha parecido entender que, en tal caso, la Administración del Estado estaría sometida a un corsé que no se aplicaría a las administraciones de ámbito territorial inferior. Sinceramente, entiendo que eso no es así, ya que el apartado uno del artículo veintiuno señala: A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público: b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y los Organismos de ellas dependientes. c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes, etcétera.
Al hilo de esto, voy a referirme a una enmienda que antes no he mencionado, y que también se da por defendida, en la que se solicita la supresión del apartado cinco del artículo veintiuno, que hace una referencia incómoda para las entidades territoriales de ámbito inferior al Estado al indicar que en las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas y en los Presupuestos de las Corporaciones Locales se incorporen estas mismas normas, cuando es totalmente innecesario --y con esto termino, señor Presidente, dándole las gracias por su generosidad--, por lo que antes he indicado, porque ya están incluidas en el apartado uno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar al Senador Cuevas, utilizando en algún momento los mismos argumentos para referirme al señor Espert. En efecto, los funcionarios sufrieron --en el mejor sentido del término y, por tanto, positivamente-- aumentos de su masa salarial, pero he dicho que eso ocurrió hasta 1992, no hasta el pasado ejercicio, señor Espert. En el ejercicio pasado, al final sus retribuciones tuvieron un incremento del 2 por ciento, globalmente. Y no tenga usted la menor duda, señoría, de que a mi Grupo y al Gobierno socialista también les habría gustado seguir en esta línea, pero las condiciones actuales, la profundidad de la crisis económica actual, compartida a nivel mundial, no parecen aconsejarlo. Esta no es la única variable que utilizamos para reducir el gasto, aunque eso no signifique que no se haya disparado el déficit en el ejercicio de 1993, como usted ha indicado, a pesar de la reducción. Pero, señoría, el déficit se hubiese disparado y sería muy superior si no hubiésemos adoptado esa medida y otras muchas, también utilizadas en pasados ejercicios.
Por otro lado, este Gobierno no tiene ningún miedo a negociar con los sindicatos y desde luego existe una voluntad negociadora. Fíjese si existe, que la aplicación de las medidas que hoy debatimos, aunque se refieran a los presupuestos, como de todas las que se vayan adoptando para combatir la actual situación de crisis, se ha demorado por la responsabilidad de este Gobierno de negociar con los sindicatos.
Asimismo, no ha sido este Gobierno el que no ha dejado claras sus propuestas de negociación, bastante flexibles, por cierto. Señoría, estoy convencida de que nadie de mi Grupo contempla, ya que todos lo compartimos, la posibilidad, ni siquiera ideológica, de secundar esa huelga. Estoy segura de que su señoría, por las manifestaciones de su Grupo y de la máxima representación de su Grupo, no sólo la va a secundar, sino que espera con auténtico pavor el día siguiente.
Señor Espert, a mí no me ha gustado el término calumnia; me ha parecido excesivo. Puedo entender que su señoría, en el análisis, crea que si estamos aplicando una de las variables de contención del gasto público en la congelación salarial, de alguna manera estamos responsabilizando a los funcionarios del déficit. Yo le digo que no, señoría. Son muchas las variables que entran en un presupuesto y en todas las magnitudes macroeconómicas, en la actividad económica de un país como para culpar exclusivamente a los funcionarios --nadie lo cree, ni su señoría ni nosotros-- de la situación actual en la que estamos.
Lo que sí me gustaría indicarle es que, a pesar de todo, la técnica presupuestaria que su Grupo ha utilizado no ha sido precisamente la más acorde, porque, si bien han hecho bastantes enmiendas destinadas a incrementar las retribuciones de los funcionarios en un montante bastante importante, no se corresponden luego con su intención de contener el gasto público, sino todo lo contrario; no lo contienen. Por tanto, me parece bastante inconsecuente la actitud de su Grupo.
Respecto a la enmienda que planteaba la convocatoria de plazas de nuevo ingreso, tengo que decirle que la única disposición que trata este asunto es la disposición transitoria quinta, relativa a la oferta de empleo público, que no es de obligado cumplimiento para el resto de los entes territoriales. Señoría, cuando al definir el sector público en el punto uno del artículo veintiuno

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se describen los elementos que lo constituyen, no quiere decir que no haya que reseñar explícitamente la obligatoriedad de ese cumplimiento.
Por eso era preceptivo incluirlo en este apartado.
En cuanto a la enmienda de obligatoriedad, que no defendió antes, relativa a que las comunidades autónomas y las corporaciones locales cumpliesen este precepto, creo que he sido bastante explícita en mi primera intervención, cuando contesté al señor Cuevas, y me reitero en lo dicho. No podemos hablar de contener el gasto público y que sólo lo haga la Administración central. Tenemos que colaborar todos, también las administraciones autonómica y local.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al debate de los últimos títulos de la sesión de esta tarde que son los títulos IV, artículos treinta y seis a cuarenta y cinco, y IX, artículos ciento uno y ciento dos, y Sección 07.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo le aseguro, señoría, que no tenemos ningún tipo de pavor al día siguiente de la huelga, lo diga quien lo diga. Lo que sí tenemos es la esperanza de que el Gobierno rectifique en la dirección que se comprometió con el electorado. Que sirva esto de entrada.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, céntrese sobre todo en las enmiendas que tiene que defender.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Lo digo porque está acorde con lo que voy a decir ahora.
El Gobierno plantea en los Presupuestos Generales del Estado un 3,5 por ciento de incremento en las pensiones. Yo creo que incluso podríamos haber llegado a un acuerdo en ese porcentaje, y así lo expresamos públicamente e hicimos una oferta en ese sentido en el Congreso de los Diputados, pero siempre que el Gobierno hubiera acompañado esta propuesta con una cláusula de revisión conforme al aumento del IPC. Porque la realidad es que el Gobierno prevé para el ejercicio que viene una inflación del 3,5 por ciento, y cuando el Gobierno prevé algo referente a números hay que echarse a temblar, porque siempre rebasa al alza, menos los salarios y las pensiones: rebasa la inflación, el IPC, etcétera. Por tanto, nosotros considerábamos que podíamos empezar a hablar de ese porcentaje pero que era necesario garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que cremos que también sufre un duro golpe en estos presupuestos en aras de que hay una mala situación económica, en aras de que hay un período de recesión y en todas las aras del mundo. Pero, si observamos todos los presupuestos, vemos que todos los recortes presupuestarios se hacen en aras de la solidaridad de los más castigados: se castiga a los parados, a los pensionistas y a los funcionarios, como antes hemos dicho, mientras que en otras partidas, que ya discutiremos, se hacen unas exenciones muy importantes para otro sector de la población. Luego nosotros creemos que hay un trasvase de rentas de mano de obra al capital; es una apreciación nuestra que tenemos que exponer.
Para nosotros es muy importante que se garantice el poder adquisitivo a los pensionistas, porque creemos que es uno de los colectivos más desfavorecidos de la población española, y yo mucho me temo que va a ser, como decía anteriormente, uno de los colectivos más castigados porque además es uno de los que menos poder adquisitivo tiene ya. Y estoy hablando de las pensiones medias, que en algunos casos sólo llegan a las 45.000, 50.000 ó 60.000 pesetas, y a mí me parece que habría que nombrar Ministro de Economía y Hacienda a un pensionista que es capaz de tirar hasta final de mes con esas cantidades; creo que sería un magnífico Ministro de Economía y Hacienda que repartiría bien los dineros.
Además, hay otra coletilla. Yo creo que nuevamente se trata de una subida impuesta, otro laudo. No ha habido posibilidad de negociar con los sindicatos, y no es porque el Gobierno haya tenido buena voluntad y los sindicatos no; lo que pasa es que el Gobierno quería negociar con los sindicatos sus posiciones, y me parece que el Gobierno pretendía una negociación muy extraña. El Gobierno quería imponer su criterio, como siempre, en aras de la solidaridad, pero todavía no ha explicado el Gobierno de qué solidaridad se trata, porque yo tengo la impresión de que se exige solidaridad a los que menos tienen con los que menos tienen, y ninguna solidaridad a los que más tienen con los que menos tienen.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
La enmienda del Senador Ramón i Quiles se da por defendida.
A continuación tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestras enmiendas hacen referencia a dos adicionales a los artículos cuarenta y dos, por un lado, y treinta y nueve, por otro. Nuestro Grupo solicitó en Comisión

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que las dos fueran al artículo cuarenta y dos, pero creo que resulta mejor que una de ellas vaya al artículo treinta y nueve, apartado seis, resultado de una enmienda adicional, y que se refiere a un colectivo llamado Asociación Cultural de Inválidos Militares de España. Este colectivo tiene en estos momentos unos 13.500 asociados, entre ellos 450 viudas, que se encuentran en una situación de desamparo respecto de otros colectivos. Ellos dicen que se perjudican gravemente los intereses de los antiguos componentes del Cuerpo de Mutilados, de los que pasaron a la situación de retirado por inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia de él y de los que pasarán a la mencionada situación por las mismas causas. Tienen una pensión reconocida legalmente que se llama extraordinaria, y son dos grupos, uno de retirados por incapacidad para el servicio por inutilidad producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, y otro de retirados por incapacidad para el servicio como consecuencia de atentado terrorista. Creo que nuestra propuesta está suficientemente expuesta en nuestra enmienda al artículo treinta y nueve, apartado seis.
En la otra enmienda, referente al artículo cuarenta y dos, también se propone una nueva redacción y un nuevo apartado seis, que suponemos está suficientemente explicado en nuestra justificación.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Como no había intervenido antes, no pude hacerle una puntualización cariñosa al Senador Utrera. El que algunos Portavoces tengamos economía de verbo no significa que haya decaimiento. Esto viene a colación de unas palabras suyas repecto a que el debate había bajado de enjundia al terminarse los vetos, y no es así, lo único que pasa es que algunos hablamos poco, no sé si por facultad o por defecto.
La enmienda que presentamos al artículo cuarenta y dos.cinco es de adición y va en la línea de las que ha defendido el Senador Torrontegui.
¿Es posible, según me han dicho esta tarde, que al decir que se extiendan las limitaciones en las pensiones extraordinarias de las clases pasivas el término «actos de servicio» pueda ser tan amplio que se acojan otros supuestos que no son los que queremos señalar aquí específicamente? Pues cámbiese ese término. El tema es que en el artículo cuarenta y dos.cinco, las limitaciones por actos terroristas y los contenidos en el Real Decreto ley 1981, que cita, sean extensivos a actos de servicio. Me preocupa tremendamente una cuestión, y se lo hacía saber al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como es la situación, por ejemplo, de las pensiones extraordinarias de los fallecidos por actuaciones de nuestras Fuerzas Aramadas hoy día allende el territorio del Estado. En esa línea va encaminada no sólo esta enmienda sino otras más que veremos en sucesivos artículos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Lobo.


El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Presenta mi Grupo a este Título IV, de las pensiones públicas, y a la Sección 07, Clases pasivas, sendas enmiendas de totalidad que son la 117 y la 123, respectivamente; y las enmiendas parciales 118, al artículo treinta y nueve; la 119, al artículo cuarenta.dos; la 120 al artículo cuarenta, con la introducción de un nuevo punto siete, y la 121, al artículo cuarenta y dos.
Como dice la justificación de nuestras enmiendas de totalidad antes citadas, presentamos las mismas al no compartir la dimensión presupuestaria de la política de pensiones públicas reflejada en los artículos de este Título y en la Sección, y porque, además, consideramos necesario efectuar una redistribución de los créditos presupuestarios entre los Programas para, de esta forma, poder lograr los objetivos señalados como prioritarios. Pensamos que es conveniente introducir una profunda modificación que ponga orden en el régimen de clases pasivas.
Hemos de decir, en primer lugar, que se persiste en estos Presupuestos en la gravísima injusticia que se está cometiendo con los pensionistas anteriores al 1.º de enero de 1985 y sus derechohabientes, al haberse pasado de aplicar un 80 por ciento sobre una base reguladora constituida por el sueldo base, los trienios y las pagas extras, a otro sistema en el que con 35 años de servicio se tiene derecho al cien por cien de un haber regulador considerablemente más alto. Y si consideramos que esta discriminación es muy grave, lo es aún más en las pensiones para familiares: las viudas de funcionarios de clases pasivas, jubilados o fallecidos con anterioridad al 1.º de enero de 1985, son las grandes víctimas de un sistema que establece para determinar su pensión un porcentaje del 40 por ciento sobre la base reguladora del causante, sueldos, trienios y pagas extra, mientras que las posteriores al 1.º de enero de 1985 se determinan sobre un porcentaje del 50 por ciento sobre la pensión del causante calculada sobre un haber regulador muy superior; porcentajes y cálculos muy alejados de los que se practican en la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea. Nosotros hemos venido denunciando reiteradamente esta discriminación y siempre ha chocado con la insensibilidad del

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Gobierno y del Grupo Parlamentario que lo sustenta, que ha sido insensible incluso a la recomendación del Defensor del Pueblo de 11 de diciembre de 1991, que se produjo en unos términos muy parecidos a nuestras demandas.
Pretendemos con estas demandas --reflejadas en nuestras enmiendas-- dar respuesta a algo que están esperando muchas personas que no pueden entender, que no entienden, cuál es la causa real de su discriminación.
Estamos hablando, señorías, de más de 200.000 personas y estamos hablando de ello, precisamente, en el año 1993, que ha sido proclamado como el Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones.
Por ello pensamos que, quizá, los Presupuestos Generales del Estado para 1994 deberían haber contribuido a esta celebración con alguna solución nueva a problemas viejos, como los que estamos hablando, problemas crónicos que afectan, como hemos dicho, a determinados y numerosos sectores de jubilados. Pero, vana idea; los Presupuestos Generales del Estado cierran la puerta a la esperanza al repetir los planteamientos de 1991, de 1992 y de 1993, aplicando, eso sí, más austeridad y más cargas para jubilados y pensionsitas y ninguna austeridad con los gastos corrientes del Estado.
Otra cuestión que nos motiva a presentar estas enmiendas es que, a nuestro entender, tampoco en los Presupuestos del próximo año se dan los pasos necesarios en orden a una mayor armonización del régimen de Clases Pasivas con el General de la Seguridad Social. Subsisten disfunciones en lo que se refiere a la edad de jubilación: mientras que los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social tienen que jubilarse forzosamente a los 65 años, ocurre que los adscritos a las Clases Pasivas pueden hacerlo a los 60 con 30 de servicio sin aplicación de coeficientes reductores, y los funcionarios del Régimen General o no lo pueden hacer a esta edad o si lo hacen es con aplicación de estos coeficientes reductores. En cuanto a las viudas, su pensión en Clases Pasivas supone el 50 por ciento de la pensión del causante, en tanto que en el Régimen General alcanza el 45 por ciento pero de la base reguladora. A la vista de estas disparidades, nos parece que se deben ir tomando medidas para una necesaria armonización y un necesario acercamiento.
Por último, está el tema relativo a la revalorización de las pensiones.
Señorías, a los pensionistas hay que garantizarles el mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones. La población activa puede esperar tiempos mejores con cierto margen para recuperar sus rentas, pero los pensionistas tienen serias limitaciones para la espera, y por muy legítimas que sean las tomas de decisiones por el Gobierno y los interlocutores sociales en el pacto de rentas, nosotros entendemos que las de los pensionistas no deben ser un elemento de cambio para la recuperación del empleo, y que es esta Cámara y el Congreso de los Diputados las que deben decidir en el marco de las leyes de presupuestos, y de ahí nuestras enmiendas estableciendo una cláusula de revisión.
Por todas estas razones, creemos que este Título IV y la Sección 7 deben ser devueltas al Gobierno.
En cuanto a las enmiendas parciales, con lo que acabo de exponer pueden entenderse por defendidas las números 119 y 120 al artículo cuarenta. La enmienda número 118 al artículo treinta y nueve es de adición y pretende añadir un nuevo número seis sobre la base de que el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado contempla las pensiones extraordinarias por el hecho causante de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad ocasionda en acto de servicio o como consecuencia del mismo, y también las originadas como consecuencia de actos de terrorismo. El artículo 49 del mencionado texto legal las considera a ambas a efectos del señalamiento del 200 por ciento del haber regulador, ya que considera que son de carácter indemnizatorio.
Parece un contrasentido, o un causante de perjuicio injusto, que mientras las pensiones originadas como consecuencia del mismo, y también las originadas como consecuencia de actos de terrorismo están exentas de los límites máximos y se pueden percibir otras u otras de carácter público, con la limitación exclusivamente sobre estas últimas de que mientras sus derechohabientes también pueden percibir la totalidad de la pensión extraordinaria, así el cónyuge percibe el 50 por ciento y los hijos el otro 50 por ciento, acreciendo esta parte sobre el resto de los perceptores cuando uno de ellos deja de tener derecho, el artículo 49.3 del texto refundido dice: los inutilizados en actos de servicio o como consecuencia del mismo.
En cuanto a la enmienda número 121, al artículo cuarenta y dos, es una enmienda de adición que pretende añadir un nuevo número seis, en razón a que los inutilizados como consecuencia de actos de terrorismo se les considere que su pensión es extraordinaria y, por tanto, el límite máximo de percepción debe ser extraordinario.
Por lo que se refiere al Título IX, Cotizaciones sociales, concretamente al apartado tres, del artículo ciento uno, presentamos dos enmiendas, las números 187 y 188. Y, si el señor Presidente me lo permite, defenderé, por tener una cierta relación con este Título, nuestras enmiendas números 192 y 193 a la Disposición Adicional decimosegunda y la enmienda número 216 de supresión a la Disposición Transitoria Tercera.
El gran debate de este Título quizá debería centrarse en cuál es en estos momentos la situación de la protección social, cómo mantener por lo menos en los ctuales niveles, y cuál debe ser el sistema de financiación, separando claramente cuál debe ser la financiación del sistema no contributivo y la del contributivo, dado que no parece lógico mantener el actual sistema

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que supone para millones de españoles una doble imposición vía cotización a la Seguridad Social por un lado, y vía impuestos por otro. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Otra parte del debate, y quizá la más importante, sería saber si nuestro sistema puede garantizar las prestaciones. A la luz de los datos sobre cotizaciones y pensionistas, dado que el índice previsto según los presupuestos de la Seguridad Social para 1994 será del 2,10, es decir, igual que hace diez años, esto quiere decir que el sistema puede estar empezando a tener serios problemas. Estos problemas no se pueden resolver, seguramente, ni en unos Presupuestos ni en un año pero, desde luego, creemos que es el momento en el que el Gobierno debe empezar a plantearse seriamente la seguridad del sistema, ante la alarmante bajada del número de afiliados y el número de cotizantes.
Dicho esto, señorías, nuestra enmienda número 187 es una enmienda de adición al apartado Tres.uno del artículo ciento uno, por la que se propone añadir al final la frase «desapareciendo la cotización por jornadas teóricas». Con la enmienda 188 se pretende suprimir del texto del proyecto de Ley el punto dos, dado lo absurdo del sistema, ya que la cuota empresarial de este régimen establece un determinado número de jornadas teóricas en base a la superficie de tierra que pueda ser o no cultivada, sin tener para nada en cuenta otros factores como son las características de la mecanización o que hay superficie que en determinados momentos se cultiva o no en función del mercado. Con esta supresión se eliminaría la doble imposición que de hecho se da, puesto que las explotaciones con empleados cotizan también por jornadas reales.
Por todo ello, y porque esperamos que ustedes sean coherentes con su Gobierno en febrero de este mismo año 1993 se aprobó la eliminación de la cuota empresarial de jornadas teóricas si bien es cierto que este acuerdo no llegó a aparecer nunca en el «Boletín Oficial del Estado», estamos seguros de que aprobarán estas responsables y sensatas enmiendas de mi Grupo.
A la Disposición Adicional decimosegunda presentamos dos enmiendas; la número 192, es una enmienda de modificación a las cuantías fijadas al subsidio de garantía de ingresos mínimos y al subsidio por ayuda a tercera persona, modificación que supone al menos una revalorización del 3,5 por ciento como el que se da en las pensiones no contributivas.
Por último, la enmienda número 216 es de supresión a la Disposición Transitoria Tercera y es de supresión, dado que si en 1993, pese que ha sido un año de vertiginoso crecimiento de desempleo, el Fondo de Solidaridad, gestionado por el Instituto Nacional de Fomento de la Economía social, no ha sido capaz de agotar sus remanentes, mejor es que lo administre otra entidad.
Y no puedo dejar pasar este turno sin hacer unas observaciones a la enmienda número 1.881 del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda que, cuando menos, parlamentariamente es oportunista, ya que ustedes rechazaron en el Congreso una enmienda similar de nuestro Grupo y ahora han traído aquí esta propuesta de modificación del número ocho del artículo ciento uno que supone incrementar la aportación del trabajador en 0,5 puntos para poder suprimir el artículo treinta y dos mediante otra enmienda que han presentado al proyecto de ley de protección por desempleo que establecía la incompatibilidd entre la prestación por desempleo y las indemnizaciones percibidas por el trabajador.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo Asenjo.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.


El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de mi Grupo Parlamentario, tengo que oponerme a las enmiendas defendidas y quisiera aportar los argumentos que hagan llegar a los que las han defendido las razones que nos amparan para rechazarlas.
El Senador Cuevas no ha entrado en el detalle de las enmiendas. ¿Se ha leído su señoría los Presupuestos? Se lo pregunto porque manifestar que los asalariados y pensionistas son los que siempre pagan el pato y a los que se castiga, no es exacto, lo sabe su señoría. A los pensionistas, no, porque existe voluntad por parte del Gobierno Socialista, respaldado por su Grupo Parlamentario, de que sean siempre privilegiados en los Presupuestos Generales del Estado. Señoría, esto se lo puedo demostar claramente este mismo año, porque en los Presupuestos del Estado y en la Seguridad Social se superan los 6,5 billones de pesetas y aumentan en relación al año 1993 en un 7,6 por ciento. Por tanto, ¿se puede sostener lo que ha dicho su señoría o el Senador Lobo, que también habla de tratamiento presupuestario a la baja? Estas cifras son reales, señorías, arguméntenme por qué manifiestan que descienden las prestaciones sociales. Esta es la pura realidad, suben exactamente un 7,6 por ciento.
Pero es que, además, las prestaciones económicas de la Seguridad Social también aumenta prácticamente unos 600.000 millones de pesetas que representa un aumento del 9,73 por ciento. Y se da el caso singular de que este aumento de las prestaciones de la Seguridad Social, por el ligero aumento de las cotizaciones, va a ser de 93.000 millones de pesetas.
Por consiguiente, afirmar en la defensa de sus enmiendas que disminuyen las prestaciones sociales, como muchas de sus señorías están diciendo a la opinión pública, no es correcto ni riguroso con los datos en la

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mano. Y tampoco lo es el argumento de la pérdida de la capacidad adquisitiva que ha sido sostenido en esta Tribuna. Las pensiones, en el período comprendido desde el año 1982 hasta este momento, ya lo dije en Comisión, han tenido un aumento del 1,61 por ciento y el índice de precios ha evolucionado multiplicado por 1,39. Ha existido una salvaguarda permanente del poder adquisitivo de los pensionistas, y afirmaciones como las que se han hecho desde esta tribuna por uno u otro de los dos intervinientes acusándonos de haber bajado las prestaciones, este Senador debe rechazarlas por ser absolutamente incorrectas.
Pero es más, lo que pretendemos es la estabilidad de un sistema de pensiones que se puso en marcha a partir del año 1985 y que solamente con prudencia y responsabilidad se puede llevar adelante. Si nos dejáramos llevar de ciertos maximalismos planteados en enmiendas que son una serie de gritos cara a la galería o brindis al sol, porque a veces son así las afirmaciones que se escuchan desde esta tribuna, nuestros sistemas de la Seguridad Social y de pensiones hubieran entrado en crisis. Esta es la pura realidad. Ha habido una década, señorías, en la que hemos disminuido la mitad de la diferencia en prestaciones sociales respecto al resto de los países de la Comunidad Europea. En cantidades absolutas, estamos en la parte superior de la media de los países de la Comunidad.
El crecimiento de las prestaciones sociales y el papel importante que la totalidad de las mismas tienen en los Presupuestos Generales del Estado con relación al producto interior bruto en España en este momento está prácticamente rondando el 24 por ciento. La media de la Comunidad Europea está, señorías en el 26 por ciento. España ha reducido, pues, en una década, o en once años, prácticamente al 50 por ciento la mitad de la diferencia, por lo que es presumible que en un período de tiempo análogo se podría corregir ese diferencial del 24 al 26 por ciento de dicha repercusión en el PIB.
Por tanto, bien en términos absolutos, o bien teniendo en cuenta las situaciones laborales u ocupacionales y las ayudas o prestaciones según criterios de relatividad, España ha logrado un avance muy importante que nosotros no queremos poner en crisis ni en cuestión por tratar de incluir posibles enmiendas que puedan dar satisfacciones a problemas de ciertos colectivos sociales. Tendrán que ser puntualmente atendidas, cuando no planteen discriminaciones, a lo largo de una Legislatura, pero no pueden ser recogidas de una forma imprudente en unos Presupuestos caracterizados por corresponder a una situación difícil desde el punto de vista económico y que pretende tener un control del gasto público.
Esto mismo tengo que reiterárselo al señor Lobo, por que sus señorías son contradictorias en la formulación de sus enmiendas. Hablan de la necesidad del control del gasto, como esta misma mañana en el debate de las enmiendas de totalidad, y cuando llegan, por ejemplo, a este Titulo dicen que el presupuesto se ha reducido. Nosotros hemos demostrado desde esta tribuna que los Presupuestos han ido al alza. No obstante, insisten en discriminaciones, como las referentes a los pensionistas que lo son con anterioridad a 1985, y hablan de armonizar las clases pasivas en la Seguridad Social, pero también plantean una enmienda, como otros Grupos Parlamentarios --lo defendieron también los Senadores Barbuzano y Torrontegui--, que en sí misma y una discriminación puesto que se plantea para un colectivo y lo podré argumentar.
Por tanto, si uno de los objetivos es armonizar, y ya se han ido tomando medidas para ello, en períodos y años de trabajo, años de cotización, para cada una de las pensiones, de viudedad, de jubilación, etcétera, ese equilibrio no se puede romper y los pasos que vayamos dando tendrán que valorar la incidencia de las medidas que cada año se vayan adoptando.
En este mismo sentido quería decir, en cuanto a lo que el Senador Cuevas ha afirmado sobre el aumento de las pensiones, que si consideramos la evolución de la pensión media, en el año 1982 ésta se encontraba en 19.857 pesetas y en este momento está en 55.803. Compárelo su señoría con la evolución del índice de precios y le ruego que no siga sosteniendo la afirmación que ha echo esta tarde en la Cámara porque ya le digo que el índice corrector de precios es prácticamente el del 1,40 por ciento, si quiere redondear al alza.
Lo mismo le puedo decir, señoría, en lo que se refiere a los incrementos interanuales. Si hablamos de los porcentajes, todos los años han sido superiores a los índices de precios, y el estudio comparativo pone de manifiesto que según se ha ido reduciendo la inflación han ido reduciéndose los incrementos de la pensiones. Pero recordará su señoría que, cuando había acuerdo con las organizaciones sindicales, siempre aprobábamos el aumento en función del incremento de precios habido de noviembre a noviembre, y siempre era superior o igual el aumento de las pensiones que se acordaba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; nunca fue más bajo, y este Senador ha defendido varios años este Título IV. Senador Cuevas, si cuando se acerque a la Tribuna me dice qué año fue inferior tendré que rectificar lo que estoy afirmando, pero mientras tanto le puedo manifestar que ésta no es la realidad. La cifra total de pensiones ha palado de 1,3 billones de pesetas en 1982, a 5,8 billones en 1993; es decir, se ha multiplicado por un coeficiente entre cuatro y cinco veces el aumento de las cantidades destinadas a pensiones.
Señorías, creemos que éstos son los datos más representativos, y nadie puede, con ellos en la mano, negar el esfuerzo que se ha hecho permanentemente por el Gobierno socialista y se hace una vez más en estos Presupuestos Generales del Estado dándoles una participación

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en el gasto total --como he señalado-- del 23 por ciento. No hay otro peso específico mayor ni dándoles un aumento porcentual, que era en este momento del 7,6 por ciento. Es prácticamente el doble del crecimiento de la renta nacional. Señorías, ésta es la realidad de las cifras correspondientes, y no quiero más que darles razones para poder rechazar las enmiendas de sus señorías.
Vamos a entrar en ellas para comentarlas, en particular las enmiendas números 848 y 845, del Senador Cuevas y la Senadora Vilallonga, las números 1.300 y 1.301, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la 1.156, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Todas estas enmiendas proponen establecer un límite máximo --luego están poniendo límites--, que, sin embargo, no tienen la pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. Ahí hay una contradicción en la propia enmienda; ponen un límite máximo de percepción especial para las pensiones extraordinarias causadas en acto de servicio consistente en el 200 por cien del límite fijado con carácter general para el resto de las pensiones públicas, es decir, las 254.140 pesetas al mes.
Pues bien, señorías, aquí hay que entrar claramente, y lo digo para que ustedes lo analicen, porque creemos que este punto es importante. El régimen de clases pasivas reconoce el derecho a causar pensiones extraordinarias por dar razones: por incapacidad o por fallecimiento del funcionario, bien sea por accidente o por enfermedad, y en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Tales pensiones extraordinarias automáticamente son el doble de las ordinarias, pero además se les aplica los criterios de concurrencia y de limitación que tienen las demás pensiones y que están establecidas en la leyes de presupuestos. Pero ya hay una diferencia también dentro de este tratamiento, porque la pensiones extraordinarias que podrían darse en favor de familiares tienen la diferencia siguiente: cuando hay fallecimiento inmediato en acto de servicio se paga la extraordinaria, que es el doble, pero cuando el fallecimiento es porque ha habido una situación de incapacidad en acto de servicio pero después se fallece por causas naturales, la pensión es ordinaria. Esta es la situación, señorías. En cambio, las extraordinarias, por la normativa existente cuando se pusieron en marcha la pensiones por actos de terrorismo, tenían unas normas especiales por la propia naturaleza de los actos, que se recogieron en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Y a mayor abundamiento, estas pensiones por actos de terrorismo no tienen ni concurren en las causas de limitación y pueden fijarse libremente sus cuantías valorando las situaciones de terrorismo. Pues bien, la petición de sus señorías de igualar ignora todo el sistema de la Seguridad Social. El acto de servicio que plantean para los funcionarios en clases pasivas, señorías, es el equivalente al acto laboral que existe en el sistema general de la Seguridad Social para cualquiera de los trabajadores, porque comprende el fallecimiento o la incapacidad en el acto laboral o también en el camino, en la vía, en el desplazamiento, «in itinere». Señorías, es muy importante que esto se tenga en cuenta, porque siendo similar y muy parecida la situación que se ampara en cuanto a lo que se pretende con su enmienda, señorías, de sólo dar el doble a los funcionarios civiles en el límite máximo en sus pensiones extraordinarias, sus señorías están discriminando a todos los pensionistas de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. ¿Por qué no piden para los accidentes laborales, que son análogos a los accidentes o fallecimientos en acto de servicio para un funcionario? ¿Por qué no lo piden también para los accidentes laborales, señorías, ya que el acto también es idéntico al de los funcionarios? Aquí, los Senadores representantes del Grupo Popular, del Grupo Vasco y de Coalición Canaria están defendiendo una discriminación con otro colectivo muy importante. Pero, además, también hay una cosa que es interesante analizar. Las pensiones extraordinarias de incapacidad, etcétera, son automáticas: se produce la situación en acto de servicio, y se paga automáticamente. En el campo de la Seguridad Social se valora el grado de la incapacidad producida, y se paga según la capacidad. Por estas razones, nosotros no creemos que se pueda aceptar, porque se produce una discriminación. No hay identidad de supuestos, ni siquiera de facto, en las situaciones. Salvo que el funcionario fuera muerto en acto de servicio por una banda armada o por un asalto, las situaciones no son homologables.
En primer lugar, demandas como las que sus señorías plantean en sus enmiendas habría que extenderlas también al Régimen General de la Seguridad Social, a los accidentes laborales, si no habría una discriminación flagrante, y eso, señorías, en este momento, rompería prácticamente ese equilibrio financiero que tenemos en la Seguridad Social. Creemos que son razones suficientes, si no, podremos ampliarlas aún más en su momento.
En segundo lugar, hay otra enmienda de sus señorías en la que plantean la cláusula de revisión. No creemos que se puedan aceptar enmiendas como las que proponen sus señorías en una Ley de Presupuestos para 1994. No se puede introducir una cláusula de revisión que sólo se podrá verificar a primeros del año 1995. Es decir que, pasado el año 1994 --el mes de enero de 1995--, se comprobará si el índice de precios del año 1994 ha crecido más del 3,5 por ciento o si ha sido inferior. En caso de que sea superior, procederá la cláusula de revisión. El Presidente González o el Ministro de Hacienda ya han hecho referencia a esa voluntad de una cláusula de revisión, pero, en una norma, que se compromete en gastos para el año 1994, no se pueden incluir declaraciones de este tipo, que afectarían a gastos

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del año 1995. Quizá en una norma aparte o incluyéndola en la Ley de Presupuestos para el año 1995, sí se podría incluir esa cláusula de revisión, pero en este proyecto de ley no se puede recoger una redacción como la que se propone en las enmiendas que estoy rebatiendo.
Por último, queda la enmienda que el Senador Lobo defendió en Comisión, referente a las personas jubiladas antes del año 1985. Senador Lobo, algún día, el Sistema de la Seguridad Social podrá atender esas demandas --ya veremos a lo largo de la legislatura--, pero en este momento tengo que decirle que eso causaría discriminaciones. En el Régimen General de la Seguridad Social ha habido muchas más modificaciones legislativas de las que ha habido, señoría, en las clases pasivas. En el régimen general ha habido el retiro obrero, el SOVI, el mutualismo laboral, también la Ley de 21 de abril de 1966. Sin embargo, no ha habido retroactividad, como plantea y exige su señoría en la enmienda, lo cual causaría una discriminación sobre esos otros colectivos. Tengo que oponerme rotundamente que diga que estos señores están discriminados, porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo amparan y que claramente afirman, señoría, que no se puede cristalizar la sociedad y que cada uno de los regímenes de pensiones establecen sus reglas para colectivos hacia adelante. Esto lo que está haciendo el régimen general de clases pasivas, que se puso en marcha el año 1985.
Por tanto, tenemos que rechazar también su enmienda, señoría, porque creemos que a pesar de buscar el deseo de armonizar las clases pasivas con la Seguridad Social, lo que introduce son más discriminaciones.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
Abrimos el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo estaba en otro debate y lo que no puedo negar, y el que lo haga no está en este país, es que desde la instauración de la democracia los pensionistas han estado mucho mejor. Tengo que reconocer que desde el año 1982 también se han subido las pensiones; sería un hipócrita si dijera lo contrario. Pero también partimos de un elemento, del cero a lo que están ahora, por tanto, han subido. Eso el que no lo reconozca, como digo, es un hipócrita.
Yo estaba en otro debate, al principio yo le he dicho que si el Gobierno hubiera aceptado la propuesta de Izquierda Unida, que todavía se mantiene, lo del 3,5 por ciento con la cláusula de revisión, podíamos hablar. Y todos somos conscientes de la crisis económica, aunque algunos más que otros.
Cuando con referencia a las pensiones se alega el tema de la solidaridad y se dice que son unos privilegiados con 55.000 pesetas de media, choca un poco; 55.000 pesetas de media el que llega, porque yo conozco a alguna pensionista que no llega. Por tanto, habrán pensionistas que cobren por arriba de esa cantidad y otros por abajo. Pero un privilegiado con 55.000 pesetas creo que es un privilegiado pero corto. Máxime cuando en mi intervención en el veto a los Presupuestos decía que sí hay dinero, hay dinero flotando en el aire, un billón de pesetas de deuda a la Seguridad Social. El Gobierno reconoce que no los puede cobrar, salvo el 40 por ciento. Por tanto, sí que hay dinero y lo deberían cobrar ustedes con apremios, con desapremios, con recargos, sin recargos, pero, repito, cóbrenlo. Repito que hay un billón de pesetas. No le pidan ustedes sacrificios a los de 55.000 pesetas, pídanselo a otros. No es demagogia, es la realidad.
En cualquier caso mi debate, amigo Cercós, era que el 3,5 por ciento de la inflación está bien. Pero es que el Gobierno se equivoca continuamente en estos temas. Por tanto, qué trabajo nos costaría incluir en los Presupuestos una cláusula de salvaguarda donde se garantizara a los pensionistas que si sube el coste de vida, la diferencia se le abonaría.
¿Tan difícil es eso, con la buena voluntad que tienen ustedes de aceptar alguna enmienda? Inclúyanlo, no se pide mucho.
Ese es el sentido de mi intervención y de las enmiendas de Izquierda Unida, y creo que es de sentido común. Porque aquí al final vamos a terminar poniendo la sociedad al servicio de la economía. Y en nuestro discurso, que podemos coincidir, creo que lo que tiene que suceder es que la economía esté al servicio de la sociedad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco? No hace uso del turno.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Senador Cercós, querido Senador y amigo, voy a hacer una intervención política.
A mí me llega un colectivo de ciudadanos y me explica un tema.
Y yo, con mis buenas o malas entendederas, que al parecer usted opina que son malas entendederas o entendederas cortas, lo traslado a una enmienda.
Nada más. Usted me contesta con el argumento de que ignora toda la materia de la Seguridad Social. Pues claro, pero fíjese usted, la ignora la inmensa mayoría, lo afirmo, de los que están aquí dentro, y del país ni le cuento; de ciudadanos del país ni le cuento los que la ignoran.


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Usted me dice que con esa enmienda se pueden producir estos, estos y estos efectos. Usted utiliza unos parámetros, vocablos o como se les denominen difíciles de entender. Por eso le digo que estoy haciendo una intervención política. Usted lo puede ampliar a los accidentes «in itinere» y laborales y no sé qué. Pues no lo sé. Se lo digo honradamente.
Déme usted unos argumentos políticos porque yo estoy aquí de político y no como técnico de la Seguridad Social, aunque a lo mejor me ganaba la vida mejor que como político, y si no que se lo digan al señor Lizondo.
Pero resulta que usted me argumenta que yo he hecho una enmienda de ignorante. Pues no.
Usted ha dado a la enmienda unos argumentos válidos, evidentemente, por sus grandes conocimientos. Usted tiene unos grandes conocimientos de un montón de materias: de ordenadores, de planes industriales y de no sé qué. Se lo reconozco. Me descubro ante usted y ya está. Usted déme sus argumentos, yo se los acepto y aquí paz y en el Cielo gloria, como decía el señor Carrillo.
No voy a decir nada más. Unicamente que estoy agradecido por la tremenda explicación de la materia de la Seguridad Social que usted me ha dado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra el Senador Lobo.


El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Cercós, ha tachado usted nuestra enmienda, que pretende un acercamiento entre los pensionistas anteriores al 1-1-85 y los posteriores, de discriminatoria. Lo que es verdaderamente discriminatorio es la situación y el trato que se les da en este momento. Ustedes deberían hacer por lo menos caso de las recomendaciones que en este sentido les da el Defensor del Pueblo, que dice que las diferencias entre unos y otros son abismales.
En cuanto a la retroactividad usted sabe que no tiene razón. Estoy de acuerdo con usted en que es delicado en materia de Seguridad Social aplicar la retroactividad, pero para eso, señor Cercós, están las normas transitorias que son las que hacen pasar de una situación a otra sin unos elementos tan injustos como los que se están dando en este sistema.
Además, no es bueno aferrarse en negativo a una ley como le decía en Comisión. Aferrarse excesivamente a la ley nos hace incurrir en ese error que critica el aforismo latino que dice que «summum ius, summa iniura».
Señor Cercós, por más que usted se empeñe, por más que usted quiera decirnos lo contrario, estos Presupuestos suponen un importante y un sustancial recorte de las prestaciones sociales. Y no es que lo crea yo sólo, es que multitud de personas mucho más afines a ustedes en estos últimos meses y días lo están diciendo por activa y por pasiva. Podría citarle algunas frases, pero me ceñiré a una que es explicatoria de todo esto. Es una frase muy representativa de un señor que se llama Apolinar Rodríguez que dice: «estos Presupuestos son los más injustos y negativos desde el año 1982. Nunca se había exigido tantos y tan crudos sacrificios a los pensionistas como en esta última época». Lo dice el señor Rodríguez.
Señor Cercós, otra cosa es que ustedes no puedan hacerlo mejor. Usted es consciente, como lo soy yo, de que el sistema de la Seguridad Social está, por decirlo de alguna manera, por decirlo eufemísticamente, desequilibrado. Está atravesando una peligrosa situación entre activos y pasivos. Pero es que ésa es su responsabilidad, señor Cercós. A eso es a lo que nos ha conducido la equivocada política social que en estos diez años no ha sido capaz de sacarnos, con tantos elementos a su favor en lo que a gasto social se refiere, y pese a lo que usted decía, señor Cercós, de la cola de Europa. En estos momentos Francia y Alemania nos sacan ocho puntos del producto interior bruto.
Así que, señor Cercós, cuéntenos otras cosas, díganos otras cosas que no sean ese perenne canto de alabanzas hacia el esfuerzo del Gobierno, del Partido Socialista, en lo que se refiere al aumento de las prestaciones sociales. En esto, como en otras cosas, deberían hacer ustedes un ejercicio de humildad que nos iba a venir a todos muy bien.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo.
Tiene la palabra el Senador Cercós en turno de portavoces.


El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Senador Cuevas, su señoría ha insistido en la propuesta de Izquierda Unida del 3,5 con cláusula de revisión. Señoría, ha habido mala suerte.
Estaba usted hablando por teléfono mientras yo hablaba de la revisión y del aumento desde la tribuna. Dígame su señoría cómo en unos presupuestos de gastos para 1994 se puede incluir una propuesta que afecta a gastos de 1995. Eso es una absoluta irregularidad presupuestaria, señoría. Yo le agradeceré que me diga la fórmula que podemos utilizar, pero no incurramos en planteamientos demagógicos en lo que a esa afirmación se refiere.
Yo no he dicho desde la tribuna que la pensión de 55.000 pesetas media mínima --fíjese bien, señoría-- sea una pensión satisfactoria. Yo le he hablado del esfuerzo que se ha hecho para pasar de una pensión de 19.000 pesetas análoga en 1982 a una pensión análoga de 55.000 pesetas en 1993.
No cambie su señoría las palabras,

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no las cambie porque no es correcto. Le podrá permitir eso el juego parlamentario, pero en la calle eso supondría demagogia y manipulación hacia los ciudadanos. Eso es lo que este Senador entiende que no hay que hacer porque los datos son siempre los datos.
Señoría, le diré para su información que en lo que se refiere a pensiones mínimas en este país, hay 2.600.000. Del SOVI quedan todavía 370.000 hasta el salario mínimo, hay un millón y medio; del salario mínimo a 1.100.000 pesetas, hay 825.000; de 1.100.000 a 1.652.000 pesetas al año hay 763.000; de 1.652.000 al tope máximo anual, los 3.400.000 pesetas, hay prácticamente 578.000 pensiones. Esta es la situación que tenemos según los datos, pero le puedo dar la situación que había en 1982, y los escalones van para atrás.
Senador Barbuzano, muchas gracias por sus palabras, pero de verdad que no le he dicho que usted ignoraba lo de la Seguridad Social. Quizá no me he expresado bien. He querido hacerles una argumentación a su señoría, al Senador Lobo y al Senador Torrontegui sobre que esos colectivos también vinieron a vernos a nosotros, y lo mismo que he planteado desde esta tribuna hemos tenido que decirles directamente a ellos. Si estamos hablando de armonización, como se está pidiendo especialmente por parte del Portavoz del Grupo Popular, no se puede causar una discriminación a la hora de pedir armonizaciones dando la pensión extraordinaria tan sólo a los funcionarios civiles. ¿Por qué se la vamos a dar a una parte de ese colectivo cuando en realidad la situación --y esto ya lo he razonado desde la tribuna-- de incapacidad o de fallecimiento en acto de servicio o a la de enfermedad surgida es idéntica a la de accidente laboral, situación que tiene asimilación en todos los textos jurídicos de este área? Eso es así. Si hay una asimilación de estas situaciones, ¿por qué sus señorías me lo siguen pidiendo? Su señoría ha dicho que lo ha pedido un colectivo, pero yo he tenido que decirle a ese mismo colectivo que me estaba planteando una discriminación. Se lo dije desde un punto de vista político, y es que no podemos crear más discriminaciones a la sociedad española en el sistema de pensiones. El esfuerzo del Gobierno socialista ha sido reducir al máximo esas discriminaciones que había, y a lo largo de todos los años anteriores hemos ido incluyendo una serie de colectivos que estaban discriminados.
Señoría, ésa ha sido la razón de mis palabras, y en ningún caso aducir que su experiencia en normativa de Seguridad Social fuera mayor o menor.
Eso no estaba en mi ánimo, ya que usted sabe cómo le aprecio.
En cuanto al Senador Lobo, para referirse al recorte de las prestaciones recoge las palabras de un señor muy respetable para nosotros, pero que está liberado por su sindicato. No sé qué apreciación tendrá él sobre este tema, que también será muy respetable, pero con las cifras que yo le he dado su señoría no puede seguir diciendo en actos públicos que ha disminuido el volumen de prestaciones sociales, porque --vuelvo a insistir-- ahí están las cifras. Por tanto, si no se quiere entender lo que se dice desde la tribuna, dígase; pero el resto es manipulación.
Ustedes quieren evitar las responsabilidades, pero cuando llega la hora de la verdad, y hay que poner en negro sobre blanco hechos concretos, se echan para atrás. Pero no tenemos el don de la ubicuidad. Si sus señorías solicitan que el gasto se reduzca, no pueden exigir a continuación que mejore la situación de los pensionistas jubilados antes de 1985, ya que la enmienda que proponen sus señorías supondría una cantidad que rondaría el billón de pesetas. Por tanto, ¿en qué quedamos? Porque esta mañana ha habido un debate en el que sus señorías señalaban que el gasto era excesivo y ponían obstáculos a los presupuestos defendidos por el Grupo Socialista.
Otro ejemplo de estas contradicciones --y con esto termino, señor Presidente--, es el siguiente: en el grupo parlamentario para mayores que existe en el Consejo de Europa la semana pasada se discutió una cláusula para la rectificación de las pensiones, corrección que se ha establecido atendiendo al índice de precios, o al aumento de los salarios medios en la Comunidad. Pero, Senador Lobo, a pesar de que ustedes defienden esa cláusula, tanto el representante del Grupo Popular, como el representante del Partido Popular en el grupo de mayores del Parlamento Europeo, votaron en contra.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.


RECTIFICACION: En el «Diario de Sesiones» número 14, del miércoles, 1 de diciembre de 1993, en la página 521, intervención del señor Sanz Cebrián, donde dice: «... se financian los municipios vía indirecta de los terrenos históricos», debe decir: «... se financian los municipios vía indirecta de los territorios históricos».

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