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DS. Senado, Pleno, núm. 25, de 09/03/1994
 


Año 1994 V Legislatura Número 25

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 9 de marzo de 1994

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión de Suplicatorios

--En relación con el Excmo. Sr. don Miguel Pérez Villar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 83, de fecha 25 de febrero de 1994) (número de expediente 504/000004.)

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados --De la Comisión Constitucional, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral General. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 17, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente S. 621/000017.)

--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre subrogación de préstamos hipotecarios. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 18, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente S. 621/000018) (número de expediente CD 121/000038.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 1, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000001) (número de expediente CD 127/000004.)

Página 1144


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencia de titularidad estatal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 12, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 625/000001) (número de expediente CD 125/000004.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 2, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000002) (número de expediente CD 127/000005.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 3, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S.
605/000003) (número de expediente CD 127/000006.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 4, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000004) (número de expediente CD 127/000007.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 5, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000005) (número de expediente CD 127/000008.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 6, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000006) (número de expediente CD 127/000009.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 7, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000007) (número de expediente CD 127/000010.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 8, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000008) (número de expediente CD 127/000011.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 9, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000009) (número de expediente CD 127/000012.)

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 10, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000010) (número de expediente CD 127/000013.)

Página 1145


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.


DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS

En relación con el Excelentísimo Señor don Miguel Pérez Villar (Página 1149)

El señor presidente anuncia, de acuerdo con el artículo 22.3 del Reglamento de la Cámara, la tramitación de este punto en sesión secreta.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


De la Comisión Constitucional, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Página 1149).


El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No hay debate de totalidad. Se procede a la defensa de las enmiendas de forma agrupada.


El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la enmienda número 2. El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, defiende las enmiendas número 21 a 30 y 32. El señor Calvo Lou, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista, defiende la enmienda número 1. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 3 a 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias defiende las enmiendas números 42 y 43, del Grupo de Coalición Canaria, así como una enmienda transaccional, que propone la adición de un artículo decimotercero, anunciando la retirada, caso de ser aprobada dicha enmienda, de la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992, presentada por su Grupo Parlamentario. El señor Rigol i Roig defiende las enmiendas números 38 y 39, retirando las números 36, 37, 40 y 41, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor González Pons defiende las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el Grupo Mixto; González Pons, por el Grupo Popular, y Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista, quien al mismo tiempo interviene en contra de las enmiendas presentadas y defiende una propuesta relativa a las rúbricas de los artículos.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 2, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 10 votos a favor, 218 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 21, del señor Ramón i Quiles, por 8 votos a favor, 220 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 22 a 30 y 32, del señor Ramón i Quiles, por 11 votos a favor, 220 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 13 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 3 a 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 207 en contra y 15 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42 y 43, del Grupo de Coalición Canaria, por 11 votos a favor 216 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 38 y 39, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 25 votos a favor, 206 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Popular, por 106 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueban dos textos presentados en virtud del artículo 125 del Reglamento y firmados por todos los Grupos Parlamentarios, relativos a las rúbricas de los artículos, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una propuesta de redacción para el artículo decimotercero, suscrita por todos los grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban los artículos 1 a 12, con las modificaciones introducidas, por 227 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones transitorias y final, así como la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 228 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Página 1146


De la Comisión de Justicia, en relación con el Proyecto de Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (Página 1163).


El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No hay debate de totalidad. Se procede a la defensa de las enmiendas de manera agrupada.


El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende las enmiendas números 11, 12 y 13. El señor Calvo Lou defiende las enmiendas números 2 y 3, retirando la número 1, del Grupo Mixto. El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 4 a 6, 8 y 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Travieso Darias defiende la enmienda número 64, retirando las números 63, 65 y 66, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Ibarz i Casadevall defiende la enmienda número 56, retirando las números 51, 54, 59 y 60, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Cañellas Fons defiende las enmiendas números 15 a 38, 40 a 42, y 46 a 48, retirando las números 43 y 44, del Grupo Popular. El señor Iglesias Marcelo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los senadores Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que retira en este acto la enmienda número 56 de su Grupo Parlamentario; Prada Presa, por el Grupo Popular, e Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 11, 12 y 13, del señor Cuevas González, por 14 votos a favor y 221 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Mixto, por 15 votos a favor y 220 en contra.


Se rechazan las enmiendas número 4 a 6 y 8 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 221 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 111 votos a favor 122 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo de Coalición Canaria, por 14 votos a favor, 127 en contra y 95 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 15 a 38, 40 a 42 y 46 a 48, del Grupo Popular, por 107 votos a favor, 125 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueban unas correcciones gramaticales, propuestas por el señor Iglesias Marcelo, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, relativa a los artículos 7 y 9, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una enmienda transaccional, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, relativa a una disposición adicional cuarta nueva, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban los artículos 1 a 9, las disposiciones adicionales y final, así como la Exposición de Motivos, con las modificaciones introducidas, por 235 votos a favor de los 235 emitidos.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Página 1175).


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal (Página 1175).


El señor Reventós i Carner, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen, que se refiere a la modificación de todos los Estatutos de Autonomía incluidos en el orden del día.


El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista Valenciana, defiende las enmiendas números 1 a 3. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ortí Bordás, por el Grupo Popular, y Guardiola Sellés, por el Grupo Socialista. El señor Ramón i Quiles interviene de nuevo en virtud del artículo 87, retirando en este acto sus enmiendas.


Se aprueban el artículo único, las disposiciones derogatoria y final, así como el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según el texto del dictamen, por 221 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


El señor Pérez Borroy desea que conste en Acta que ha incurrido en error al emitir su voto.


Página 1147


Se aprueba la Proposición de Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal, según el texto del dictamen, por 223 votos a favor y una abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que quedan definitivamente aprobadas por las Cortes Generales ambas Proposiciones de Ley.


Se suspende la sesión a las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja (Página 1187).


El señor Cuevas González defiende las enmiendas 1 a 18, suscritas asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Virosta Garoz, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular, y Díaz González, por el Grupo Socialista. Los señores Virosta Garoz y Sanz Cebrián intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 18, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 6 votos a favor, 194 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja, según el texto del dictamen, por 202 votos a favor y 2 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria (Página 1194)

Al no haberse presentado ninguna enmienda, no se produce debate de totalidad. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bueno Fernández, por el Grupo Popular, y Sota Verdión, por el Grupo Socialista. Los señores Bolinaga Bengoa y Sota Verdión intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la Proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria, según el texto del dictamen, por 214 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (Página 1199)

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 21, suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maeso Carbonell, por el Grupo Popular, y Hurtado García, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 21, de la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, por 4 votos a favor, 215 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, según el texto del dictamen, por 217 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares (Página 1206)

El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 y 2, suscritas asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces,

Página 1148


hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Juan Cardona, por el Grupo Popular, y Garcías Coll, por el Grupo Socialista. El señor Cañellas Fons interviene por alusiones.
Le responde el señor Garcías Coll.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 6 votos a favor, 200 en contra y 1 abstención.


Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, según el texto del dictamen, por 212 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Página 1212)

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 2 a 21, suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sainz García, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 2 a 21, de la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, por 4 votos a favor, 217 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, según el texto del dictamen, por 219 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (Página 1220)

La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 19, suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Sala i Canadell, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Molina García, por el Grupo Popular, y Grimaldos Grimaldos, por el Grupo Socialista.


El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, advierte un error en el texto del artículo 35.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 19, de la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 203 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban el artículo único y la exposición de motivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, según el texto del dictamen, por 210 votos a favor y 3 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura (Página 1225)

El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 29, suscritas asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular, e Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 29, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 5 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención.


Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según el texto del dictamen, por 206 votos a favor 3, en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


Página 1149


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Página 1230).


La señora Vilallonga Elviro defiende las enmiendas números 1 a 50, suscritas asimismo por el señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Rigol y Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular, y Serrano Beltrán, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 50, de la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 200 en contra y 1 abstención.


Se aprueban el artículo único, la disposición derogatoria y el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, según el texto del dictamen, por 201 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias (Página 1237).


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 23, suscritas asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Rozada, por el Grupo Popular, y García Fernández, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 23, de la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González, por 3 votos a favor, 202 en contra y 1 abstención.


Se aprueban el artículo único y el Preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, según el texto del dictamen, por 201 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.


DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS

--EN RELACION CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MIGUEL PEREZ VILLAR.
(504/000004.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto cuarto del orden del día, Dictamen de la Comisión de Suplicatorios, en relación con el Excelentísimo señor don Miguel Pérez Villar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 83, de fecha 25 de febrero de 1994.) De acuerdo con el artículo 22.3 del Reglamento de la Cámara, este dictamen ha de ser informado en Pleno en sesión secreta.


Comienza la sesión secreta.


Se reanuda la sesión pública.


DICTAMEN DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(S. 621/000017.) (C. D. 121/000036.)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, de la Comisión Constitucional, en relación con el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Ya saben sus señorías que este

Página 1150


proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia, y su publicación figura en los Boletines correspondientes con fecha 7 de marzo de 1994.
Ruego al Presidente de la Comisión Constitucional que me indique si ha sido designado algún Senador para la presentación del dictamen.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor Presidente, la Comisión ha acordado designar al propio Presidente de la Comisión para la presentación del dictamen.


El señor PRESIDENTE: En ese caso, su señoría tiene la palabra.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, tuvo entrada en el Senado el pasado día 23 de febrero, tramitándose por el procedimiento de urgencia.
Se presentaron cuarenta y tres enmiendas en el plazo que, al efecto, se habilitó. De éstas, doce fueron presentadas por el señor Ramón i Quiles; una, por la señora Vilallonga Elviro y el señor Cuevas González; una, por el Grupo Parlamentario Mixto; dieciocho, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; dos, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; seis, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió; dos, por el Grupo Parlamentario Popular, y una, conjuntamente, por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
La Comisión Constitucional se reunió el pasado jueves, 3 de marzo, para emitir un dictamen en relación con este proyecto de ley, y dictaminó directamente, sin previa designación de Ponencia y, por consiguiente, sin emisión del correspondiente informe, debido al estrecho margen que dejaba el calendario legislativo previsto, que contemplaba precisamente el pronunciamiento del Pleno de la Cámara sobre este proyecto de ley en el transcurso de la sesión plenaria en que nos encontramos.
En el transcurso del debate, la Comisión Constitucional aprobó por unanimidad la enmienda número 33, presentada por todos los grupos parlamentarios del Senado, mediante la cual se introduce en el texto del proyecto de ley una disposición transitoria que, en relación con las elecciones que se celebren durante 1994, prevé que puedan incorporarse al censo electoral vigente las modificaciones comunicadas por los ayuntamientos y los consulados con respecto a la revisión del censo electoral a 1.º de enero de 1994 y contiene un mandato expreso a la Junta Electoral Central para que adopte las medidas y garantías necesarias en orden a salvaguardar el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos, que no podrán ser dados de baja del censo, salvo pérdida de las condiciones subjetivas de capacidad. Mediante esta disposición transitoria se pretende evitar los problemas planteados por el censo electoral en las pasadas elecciones.
Todas las demás enmiendas defendidas fueron rechazadas por la Comisión, si bien es cierto que en el transcurso del debate se dejó entrever la posibilidad de que el dictamen fuera objeto de ulteriores modificaciones en el trámite en que nos encontramos: el de su discusión en el Pleno del Senado.
Se han presentado siete votos particulares al dictamen de la Comisión, mediante los cuales se ha hecho reserva del derecho a defender ante el Pleno las enmiendas presentadas en su día, con excepción de la número 33 que, como he señalado, fue incorporada al dictamen de la Comisión, y de la número 31, que fue retirada en el transcurso del debate en aquélla por el señor Ramón i Quiles.
En su configuración actual el proyecto de Ley consta de doce artículos, una disposición transitoria y una final precedidos de la correspondiente exposición de motivos.
Los aspectos de la vigente Ley del Régimen Electoral General en los que se introducen modificaciones, son fundamentalmente los relativos a la duración de la campaña electoral, la determinación del límite máximo de los gastos electorales y de su control, el desarrollo de la campaña institucional, la publicidad exterior y en los medios de comunicación y el régimen de las subvenciones. Asimismo, el tenor de la Ley se adapta a la normativa comunitaria referente a la elección de los representantes en el Parlamento europeo, incluido el aumento de eurodiputados a elegir en el Reino de España, que pasa de 60 a 64. A ello hay que añadir las precisiones establecidas en la Comisión Constitucional de esta Cámara sobre el censo electoral, a las que antes he hecho referencia, Finaliza así mi presentación del dictamen emitido por la Comisión Constitucional --que tengo el honor de presidir-- en relación al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General. Modificación que tiene la innegable importancia de todo lo que supone cambiar, con la evidente intención de mejorarlo, aspectos del régimen electoral que tanta trascendencia tienen en la constitución política de cualquier país democráticamente avanzado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Los grupos parlamentarios manifestaron en la Junta de Portavoces que no iban a hacer uso de los turnos correspondientes al debate de totalidad.
En todo caso, pregunto si algún grupo parlamentario va a hacer uso de ellos. (Pausa.) Si no es así, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto. Si no hay objeción, efectuaremos el debate de las mismas agrupadamente.


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En primer lugar, para la defensa de sus votos particulares, tiene la palabra el Senador Cuevas González.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, manifestamos, en primer lugar, que nos congratulamos del teórico acuerdo al que hemos llegado las formaciones políticas en general de reducir gastos electorales, en consonancia con la realidad económica del país.
Dicho esto, señor Presidente, voy a pasar a defender el voto particular número dos de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, que tiene por objeto, por una parte, garantizar la contratación de publicidad en las emisoras de televisión privada y por otra, garantizar asimismo en estas emisoras la pluralidad en los debates con la presencia igualitaria de los representantes de cada candidatura que se presenten en las elecciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles para la defensa de sus enmiendas.


El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, dos aspectos fundamentales son los que encierran las enmiendas presentadas por Esquerra Nacionalista Valenciana.
En primer lugar, la enmienda número 21 pretende mantener la igualdad de oportunidades para todos aquellos partidos políticos que se presentan a las elecciones. Con el precepto establecido por la presente reforma se deja al margen a muchos partidos con la excusa de esa reducción de gastos. Pensamos que es un defecto fácilmente entendible por aquel que ostenta la mayoría, pero que debe ser eliminado totalmente.
El resto de las enmiendas van dirigidas a la circunscripción electoral en las elecciones europeas. Entendemos, por todas las Recomendaciones europeas, porque estamos en un Estado de las Autonomías, porque creemos en un Estado Federal y porque la democracia empieza desde el ciudadano, que la circunscripción electoral para las elecciones europeas debe coincidir con la Comunidad Autónoma.
Estas han sido las enmiendas presentadas, no solamente el texto concreto donde se habla de que la circunscripción electoral ha de ser la autonómica, sino a todo el entramado de la propia Ley electoral para que este deseo sea un hecho factible y debidamente legislado.
En resumen, estos dos planteamientos son los que pretende Esquerra Nacionalista Valencià en sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda número 1, correspondiente al voto particular número 5, tiene la palabra el Senador Calvo Lou, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para defender, en nombre del Partido Aragonés, la enmienda número 1 a la Ley Orgánica de modificación de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
El artículo 214 de la Ley Electoral fija la circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento Europeo a todo el territorio del Estado. En la primera parte de la enmienda que estoy defendiendo se pretende que la circunscripción electoral coincida con el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. La razón política fundamental para este cambio consiste en adecuar las circunscripciones electorales a la España de las autonomías. No se entiende, cuando la Constitución reconoce una nueva organización territorial del Estado y una vez que esta organización ha ido avanzando, que mantengamos para unas elecciones importantísimas al nuevo Parlamento Europeo la circunscripción electoral única, residuo de una tradición centralista ya superada.
Las circunscripciones que proponemos tampoco serían una novedad en el marco europeo, pues son muchos los países que las contemplan. Alemania, con un sistema electoral mixto, permite a las formaciones políticas presentarse en uno o en todos los «läender»; Bélgica, con tres circunscripciones electorales; Italia, con cinco circunscripciones electorales; Reino Unido, con 79; Irlanda, con cuatro, etcétera.
Otros Estados tienen circunscripción única, pero de ellos solamente España cuenta con una estructura territorial descentralizada. Además, la Asamblea de las Regiones de Europa se han manifestado en el mismo sentido, de manera que la ley electoral para las elecciones al Parlamento Europeo deberá establecer el sistema de circunscripción regional en aquellos Estados que cuenten con estructuras jurídicas o administrativas descentralizadas.
En la enmienda que estoy defendiendo hay otros puntos, pero ya están recogidos en el dictamen y, por tanto, no hace falta defenderlos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.
Para la defensa de sus enmiendas, agrupadas en el voto particular número 1, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, su portavoz, Senador Sanz Cebrián.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, uno de los pilares del sistema democrático es la regulación del régimen electoral, por lo que entendemos

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que su modificación debe estar presidida por un lógico consenso entre todas las fuerzas políticas. Esta concurrencia de voluntades debe ser, a nuestro juicio, reforzada cuando se trata de regular las elecciones al Parlamento Europeo mediante el sufragio universal y directo, máxime cuando desde los tratados fundacionales de la Comunidad Europea existe el criterio de elaborar un procedimiento electoral uniforme en todos los Estados miembros.
Sin embargo, con la consecución del sufragio universal directo sólo hemos superado una primera fase hacia una mayor y necesaria democratización del Parlamento Europeo, ya que si se quiere alcanzar una Unión Europea real resulta imprescindible, a nuestro juicio, que los ciudadanos se sientan implicados en el proceso de unificación, para lo que se precisa una mayor proximidad entre votantes y elegibles, como consecuencia de un acercamiento del sistema electoral a los ciudadanos, a través de una circunscripción electoral de tamaño menor, lo que conllevará un mayor grado de control democrático, responsabilidad política indentificable, voto personal, etcétera, aspectos todos ellos importantes, ya que no hemos de olvidar que el descontento que el Tratado de Maastricht suscita en personas partidarias de la Unión Europea está originando, precisamente y en gran parte, por el hecho de que no se admita que ésta se haga de espaldas a los poderes regionales.
En coherencia con lo que antecede, y tal y como ha explicado el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, nosotros hemos presentado también un bloque de enmiendas atinente a la circunscripción electoral autonómica.
Pero nuestras enmiendas también hacen referencia a varios y transcendentes temas. En primer lugar, proponemos una enmienda, la número 3, de adición a la exposición de motivos del proyecto de ley, con la finalidad de acercar el Parlamento Europeo, como hemos dicho, a los ciudadanos de la Unión, profundizando en la esencia democrática que vincula al elector con el elegible, evitando con ello que se despersonalicen en exceso las relaciones entre votantes y candidatos y tendente, asimismo, a conseguir la coherencia con la estructura política y administrativa del denominado Estado de las Autonomías, en concordancia con el artículo 2 y con el título VIII de la Constitución española. Para ello, proponemos el establecimiento de circunscripciones electorales autonómicas en el procedimiento electoral europeo.
Nuestra enmienda número 4 tiene como finalidad introducir un nuevo párrafo en la exposición del proyecto de ley, en congruencia con la anterior, haciendo referencia a que la implantación de circunscripciones autonómicas no sólo viene aconsejada por la naturaleza compleja del Estado español, sino por sugerencias directas del Parlamento Europeo y de la Asamblea Regional de Europa. Por ello, se formula una enmienda también en este sentido, como es la número 12, que establece para la elección de los diputados al Parlamento Europeo la constitución de una circunscripción electoral por Comunidad Autónoma foral, siendo consideradas a estos efectos las ciudades de Ceuta y Melilla como una circunscripción electoral.
En desarrollo del planteamiento que hemos expuesto también se plantea otra enmienda, la número 13, consistente en adicionar un nuevo precepto cuyo objetivo es asignar a cada circunscripción electoral un mínimo inicial de un diputado. Los 46 restantes se distribuirían entre las circunscripciones electorales en proporción a su población de derecho.
El resto de las enmiendas referentes a las circunscripciones electorales autonómicas suponen una adaptación del texto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a esta circunstancia, suprimiendo aquellos preceptos que entran en contradicción con la delimitación electoral que hemos propuesto.
En otro orden de materias, y no menos importante, a través de la enmienda número 5, pedimos, en definitiva, que queden salvaguardadas las competencias de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma en los procesos electorales sujetos a regímenes electorales especiales autonómicos y forales, quedando delimitado claramente el ámbito competencial de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma dentro de los límites de su propia jurisdicción, por cuanto que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la reforma de mayo de 1991, atribuye a la Junta Electoral Central una serie de nuevas competencias que reducen notablemente las de las juntas electorales de la Comunidad Autónoma en las elecciones autonómicas, de tal forma que se configura a la Junta Electoral Central como una instancia unificadora, única, de toda la Administración electoral, subordinando jerárquicamente a las juntas electorales de Comunidad Autónoma en contra de la independencia de funcionamiento de las mismas en las Comunidades Autónomas que tengan competencia exclusiva en materia electoral.
Con la misma finalidad de salvaguardar las competencias de las juntas electorales de Comunidad Autónoma, y así procurar un mejor acceso a los tribunales y también para dar contenido al principio de tutela efectiva de los derechos consagrados en la Constitución, se formula la enmienda número 6. Más concretamente, proponemos modificar el actual artículo 21, punto 1, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que en las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia electoral y en aquellas elecciones reguladas por Ley aprobada por su Asamblea Legislativa, la Junta Electoral de Comunidad Autónoma, como órgano supremo de la Administración electoral autonómica, sea aquella en la que culmine la competencia electoral y resuelva los recursos que se le formulen, sin que en ningún caso se pueda interponer

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recurso alguno ante la Junta Electoral contra los acuerdos tomados por la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma en cualquier materia electoral.
Y ello lo decimos, además, por un principio de economía procedimental, para evitar las instancias administrativas inútiles.
Nuestra enmienda número 7 persigue, asimismo, evitar que se genere una situación de indefensión, que es inconstitucional, tal y como el Tribunal Constitucional ha aclarado en esta materia según el Auto 1.040/1986, de 3 de diciembre, al decir que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece un sistema de garantías jurisdiccionales especialmente referidas a los actos de rectificación del censo, artículo 40; de proclamación de candidatos y candidaturas, artículo 49, y de proclamación de candidatos electos, artículos 109 a 120.
Ello no quiere decir que tal sistema excluya otra clase de recursos jurisdiccionales en materia electoral, sino que los dictados son de naturaleza específica y que los actos dictados en materia electoral distintos a los señalados quedan sometidos al régimen general del control contencioso-administrativo, según se deriva de lo establecido en el artículo 116.2 de la propia Ley. Entender otra cosa supondría crear un sector de inmunidad administrativa, que es de todo punto incompatible con el principio de universalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa y con las normas constitucionales que configuran el sometimiento de la Administración al control de los tribunales.
La enmienda número 8 tiene como finalidad reducir la condición para acceder al disfrute de los treinta minutos de tiempo gratuito de propagada electoral, en aras a una mejor redistribución de los tiempos de emisión entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y Grupo propio.
Nuestra enmienda número 9 es congruente con la anterior y consiste en una mera adaptación técnica.
La enmienda número 10 trata de agilizar el procedimiento del voto por correo. Es una enmienda --y hago hincapié en ello-- completamente aséptica, sin ningún contenido político, basada exclusivamente en razones de eficacia. Trata de sustituir la tramitación poco ágil --todo hay que decirlo-- de las oficinas de Correos por las actuaciones en los Consulados. Se trata, además, de una reivindicación del Consejo General de Emigración, siendo también el sistema utilizado por países como Francia, Italia y Portugal.
Con la enmienda número 11 pretendemos posibilitar el voto a los residentes temporales en el extranjero, que después de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 2 de noviembre de 1992, se vieron incapacitados para ejercer su derecho a voto en las anteriores Elecciones Generales. Por tanto, y en congruencia con la posibilidad de votar que se concede a los ciudadanos europeos residentes en el Estado español, en las próximas elecciones europeas debe facilitarse también el derecho al voto de nuestros conciudadanos residentes temporales fuera de los límites del Estado español.
Finalmente, la enmienda número 20 tiende a salvaguardar el régimen foral peculiar de los territorios históricos del País Vasco --pues, por sorprendente que pueda parecer, éstos tienen competencia sobre el Régimen Electoral Municipal, a tenor del artículo 37.3 del Estatuto de Guernica-- mediante la introducción --queremos hacerlo así-- de un nuevo apartado a la Disposición Adicional Primera. Asimismo, esta enmienda es respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencias números 38/83 y 154/88, según la cual la interpretación conjunta de los artículos 23, 81, 140 y 149.1.1.ª de la Constitución habilita al Estado para dictar los preceptos que constituyan las condiciones básicas garantizadoras de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos.
Por ello, si aceptamos el hecho de que el desarrollo del contenido esencial del derecho de sufragio, así como lo que es primario y nuclear en el Régimen Electoral General, está hoy día plasmado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente, Disposición Adicional Primera, apartado 2 de dicha ley, a nuestro entender nos puede permitir, desde la óptica de la técnica legislativa más oportuna, convertir a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el instrumento normativo idóneo para reflejar, mediante esta última enmienda, el reconocimiento de la especialidad de la competencia foral en el Régimen Electoral Municipal.
Sólo me queda pedir disculpas por lo extenso de esta intervención, la cual creo que está justificada en razón a que el número de enmiendas era bastante notable, dieciocho concretamente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se han presentado las enmiendas números 42 y 43, agrupadas en el voto particular número 3.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente. Si me lo permite, también defenderé la enmienda transaccional, presentada a la Mesa, que deriva de una proposición de ley de este Grupo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor TRAVIESO DARIAS: Señorías, en primer lugar, voy a defender brevemente las enmiendas números 42 y 43. Con ellas se intenta lograr el establecimiento de la circunscripción de los territorios de las

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Comunidades Autónomas para las elecciones al Parlamento Europeo. Ya se han dado razones suficientes por el resto de los Grupos que me han precedido. Unicamente quiero indicar que no reconocer la circunscripción autonómica es no reconocer que a partir de 1978 aquí ha pasado algo.
Con respecto a la enmienda transaccional que hemos presentado todos los Grupos, que deviene de una proposición de ley de este Grupo parlamentario, lo que pretendemos es modificar, ampliar el artículo 96.3 de la LOREG en base a los siguientes argumentos. El apartado 2 del artículo 69 de la Constitución, en lo que se refiere a Senadores electos, establece: «En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica». En el apartado 3 establece: «En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores --Gran Canaria, Mallorca y Tenerife-- y una a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma». Por último, el apartado 4 establece: «Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores».
La Ley Orgánica 5/1985 vino a cumplir el imperativo del artículo 81 de la Constitución respecto al carácter de orgánica de la Ley de Régimen Electoral General, sustituyendo al Real Decreto-Ley de 1977 que cubrió la etapa de la transición democrática en nuestro país. Según el Preámbulo de la propia Ley, se planteó una división fundamental entre disposiciones generales para toda la elección por sufragio universal directo y de aplicación en todo proceso electoral y entre normas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones políticas y son una modulación de los principios generales a las peculiaridades propias de los procesos que el Estado debe regular.
El Título II de la Ley Orgánica contiene las Disposiciones especiales para la elección de Diputados y Senadores. En él, tal y como se dice en el Preámbulo de la Ley, se recogen escrupulosamente los principios consagrados en la Constitución, y así los artículos 161 y 164 reflejan fielmente lo indicado en el artículo 69 de la Constitución.
El artículo 166 recoge la forma en que se puede otorgar el voto en las elecciones a Senadores, y así en el apartado a) se indica que «Los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares».
Pues bien, el Título Primero, bajo el epígrafe «Disposiciones Comunes para las Elecciones por Sufragio Universal Directo», regula materias que son contenido primario del Régimen Electoral, como algunos aspectos de procedimiento electoral. Como dice el Preámbulo, «La regulación contenida en este Título es, sin duda, el núcleo central de la Ley, punto de referencia del resto de su contenido...».
En el Capítulo VI, Procedimiento electoral, Sección XIV, Escrutinio de las Mesas Electorales, se encuentra el artículo 96.3 cuyo contenido no se ajusta a lo prescrito constitucionalmente en el artículo 69 de nuestra Carta Magna y se contradice con los indicados artículos 161, 165 y 166 de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no contemplar las especialidades previstas para las elecciones al Senado. Dicho precepto declara nulo en las elecciones al Senado «los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres». No se tiene en cuenta que en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, así como las poblaciones de Ceuta y Melilla, sólo se pueden señalar dos nombres y uno sólo en el resto de las circunscripciones insulares. Este es el motivo por el que nosotros, en su momento, planteamos esa proposición de ley, que nos comprometemos a retirar ya que está en el Orden del Día de este Pleno, y de acuerdo con todos los Grupos políticos hemos presentado esta enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Travieso.
En todo caso, la posible intervención sobre la enmienda transaccional suscrita por todos los Grupos tendrá su momento posterior.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, mantiene como voto particular número 4 las enmiendas números 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Rigol i Roig.


El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender estas seis enmiendas agrupándolas de dos en dos. La primera y la segunda, números 36 y 37, pretenden que los Ayuntamientos ayuden a proporcionar durante el transcurso de la campaña el máximo de medios posibles para que esta campaña obtenga dos líneas de ventajas: primera, reducir los gastos de los partidos, reducir el coste de las campañas electorales. Y segunda, institucionalizar la campaña.
Muy brevemente diré qué es lo que hay detrás de cada uno de estos epígrafes, empezando por el primero. En la medida en que las campañas electorales cuesten menos dinero, estamos dando mayor independencia al mundo político respecto de los costes económicos y de las dependencias que generan estas campañas tan costosas económicamente. Con el segundo, que va en esta misma línea, pretendemos que la campaña electoral no sea formulada como una economía de escala para saber

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quien es el que puede congregar más dinero para dar mayor volumen a esta campaña, sino que responda realmente a los planteamientos políticos. Esto por una parte.
En cuanto a la institucionalización de la campaña, pretendemos salirnos al máximo de los circuitos comerciales de propaganda y de marketing.
Creemos que una campaña electoral no consiste en vender unos productos y unas marcas, sino que es fundamentalmente una actitud social y cívica de vertebración de la propia sociedad. En la medida en que se nos confunda en el marketing comercial de nuestra sociedad de consumo, estamos desvirtuando el sentido de lo que es la propia campaña y el propio mensaje político. Por eso, pidiendo que los ayuntamientos ofrezcan todos los locales posibles y que nos abran el abanico de posibilidades que tienen para que la campaña discurra por esta línea y no por los caminos más convencionales de la publicidad, estaremos trabajando para lograr una cierta regeneración política. Este es el sentido último al que obedecen las enmiendas 36 y 37.
Las enmiendas 38 y 39, que ha presentado nuestro Grupo, hacen referencia a las cincunscripción electoral europea. Para nosotros éste es un tema fundamental. Por una parte, el Parlamento Europeo cree posible que las regiones sean circunscripción electoral. Y así lo dice, por ejemplo, la Resolución A-3/381/92 del procedimiento electoral uniforme, que es la resolución del Parlamento Europeo en este sentido, que invoca tres criterios. El primero --no podría ser de otro modo-- es el principio de subsidiariedad: aquello que se pueda hacer en un ámbito inferior que no se haga en una estructura superior. El segundo es que las elecciones europeas se pueden hacer en una circunscripción regional. Así lo dice textualmente el punto 3.b): La elección se llevará a cabo por medio de listas válidas, bien para todo el territorio de un Estado miembro, bien para regiones..., etcétera. En su apartado f) vuelve a insistir: Los Estados miembros podrán prever disposiciones especiales o limitadas para tomar en consideración particularidades regionales.
Tenemos, por una parte, las indicaciones del propio Parlamento Europeo, y, por otra, otra consideración, que es la adecuación de nuestro Estado de las autonomías a la realidad europea. En este sentido quiero recordar que el Estado de las autonomías es Estado y que, por tanto, reflejar en el exterior esta realidad del Estado es una de las virtualidades que tiene el Estado de las Autonomías. El Estado de las autonomías no es únicamente «ad intra» del propio Estado, sino que también tiene su virtualidad hacia fuera, especialmente cuando se trata de aproximar la realidad europea a la conciencia cívica de los ciudadanos de este país.
(El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.) Nosotros entendemos que unas elecciones en el ámbito autonómico, en el ámbito de las regiones, utilizando el lenguaje propiamente europeo en este sentido, llega a fundamentar la conciencia de la ciudadanía de un modo mucho más fuerte y mucho más trabado que desde el ámbito estricto del Estado.
Les voy a decir por qué pienso así. Pienso así porque Europa no es única y exclusivamente una suma de 14 Estados. Europa es un proyecto de mucho mayor calado que la suma de 14 Estados. Europa es un conjunto de realidades donde la integración y el sentido de diferenciación es básico.
Por tanto, del mismo modo que nosotros nos sentimos pertenecientes a una cultura y a un ámbito intelectual europeo que va, por ejemplo, desde los presocráticos griegos hasta la Unión Europea actual, pasando por la Escuela de Francfort --por referirme a una realidad que existe hoy--, también nos sentimos plenamente identificados en todo ello. Pero queremos decir que en esta Europa que estamos construyendo el sentido de las fronteras ya no es el sentido de las fronteras de los Estados-nación. Ha cambiado su sentido y ha cambiado las fronteras. Europa la construyó gente que vivió precisamente esta idea de frontera, no en la línea de la II Guerra Mundial ni en la línea de aquellas grandes unidades enfrentadas como era, por ejemplo, la del renano Adenauer, la del trentino De Gasperi o la del alsaciano Schuman. Europa la ha hecho gente que entiende que la frontera no es la de las aduanas, la de las monedas o la de los ejércitos, sino que la ha construido gente que entiende que la frontera es el signo de identidad, de diálogo y de buena vecindad.
Nosotros pensamos en una Europa no única y exclusivamente de la suma de Estados, sino en una Europa hecha en profundidad desde la identidad y desde la integración, en el marco de la gran cultura europea en que todos participamos. Creemos que adecuar el mapa electoral a este tema no es algo baladí, sino que supone avanzar hacia la construcción de Europa desde esta sensibilidad y desde esta perspectiva. Por ello, ponemos todo el énfasis en que se reconsidere que la circunscripción electoral ha de ser sinérgica con la construcción europea desde la base, no única y exclusivamente desde las negociaciones que se deben tener, que de hecho se tienen y que es importante se sigan teniendo en el ámbito de los Estados, pero también ha de reconsiderarse que debe ser una Europa en la que todos los ciudadanos nos sintamos en un espacio único vital desde el punto de vista cultural precisamente por la capacidad que tiene de aceptar las diversas entidades y las diferencias. Este es para nosotros el sentido de las enmiendas números 38 y 39.
Por último, señor Presidente, presentamos dos enmiendas en el siguiente sentido. Nosotros creemos que las televisiones privadas, en el campo de las campañas electorales, deben estar sometidas a la misma regulación de las televisiones públicas. La competitividad política en campaña electoral es justificable y necesaria,

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pero la competitividad en el campo de la política no puede quedar absorbida por la competitividad de los medios de comunicación, y lo cierto es que en la escalada que se está montando en este sentido muchas veces perdemos nuestra propia dignidad como políticos. Una cosa es la necesidad que pueden tener algunas televisiones, y otra muy distinta encauzar el contenido político con la dignidad que éste merece, y a esto deben obedecer tanto las televisiones públicas como las privadas, a nuestro modo de entender.
A veces, en una campaña electoral podemos salir satisfechos porque nuestra identidad ha salido bien parada, pero ¿cuántas veces hemos salido bien parados en un debate televisivo habiendo rebajado la imagen política en su conjunto a los ojos de la ciudadanía? Creemos que esta competitividad, en la que en realidad los que ganan son los medios de comunicación pero no el mensaje político, deberíamos colocarla en el mismo rasero. Y aunque se diga que la Ley Orgánica de Concesión de Televisiones Privadas no permite eso, creemos que la capacidad política que tenemos para ponernos todos de acuerdo en este sentido también puede conducirnos a la autorregulación en estos aspectos.
En cierto sentido, nuestra propuesta está en la línea de la regeneración de la vida política ciudadana, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos de campaña electoral.
Por tanto, intentar salirnos de los circuitos estrictamente convencionales de propaganda para que el mensaje político tenga su propia especificidad, intentar la reconstrucción de Europa no única y exclusivamente desde circunscripciones de Estado, sino una Europa que signifique aglutinar en un gran proyecto las diversas identidades, e intentar que los medios no se coman el mensaje de los políticos, son consideraciones que podrían ser tenidas en cuenta.
De hecho, señor Presidente, nos ha llegado la noticia de que no van a aceptar ninguna de estas enmiendas. Por ello, y para facilitar el trámite de votación en la Cámara, retiramos en este momento las enmiendas números 36, 37, 40 y 41, pero vamos a mantener para su votación aquello que para nosotros es fundamental: la circunscripción autonómica en el ámbito europeo. Desde nuestra opción presentamos ante esta Cámara un proyecto de consolidación de Europa que exige esta votación.
Muchas gracias. (El señor Sanz Cebrián aplaude.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Rigol.
Para la defensa de su voto particular, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas números 34 y 35, que presenta el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En este sentido, es preciso aclarar --como especificaremos más puntualmente después en el turno de portavoces-- que el Partido Popular ha entendido que ésta es una Ley de consenso y que, además, se está tramitando por el procedimiento de urgencia; por tanto, todo cuanto en esta Ley tuviéramos que introducir tenía que reunir esas dos características: haber sido consensuado y, al mismo tiempo, caber en un procedimiento de urgencia. Predeterminado por ese ámbito material, el Grupo Parlamentario Popular del Senado ha presentado sólo dos enmiendas técnicas y que además hacen referencia al ámbito al cual esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General está refiriéndose.
La enmienda número 35 pretende que el Estado español realice una campaña de información para los extranjeros que van a votar por primera vez en nuestro país sobre sus derechos de sufragio activo y pasivo. El proyecto de Ley recoge actualmente multitud de informaciones que pueden ser dadas en las campañas institucionales previas a la campaña electoral, pero no recoge las características que tendrá el derecho de sufragio activo y pasivo en España para aquellas personas que no siendo españoles van a ejercer por primera vez su derecho de voto en España y que, por tanto, desconocen nuestro sistema electoral. Así se solicita en el artículo 12 de la Directiva comunitaria 93/109, de 6 de diciembre, y así solicita el Grupo Parlamentario Popular que sea introducido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en este trámite.
La enmienda número 34 pretende que la regulación del Real Decreto 2.118/1993, de 3 de diciembre, sobre las condiciones de ejercicio del derecho de sufragio activo por los extranjeros, se traslade también a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De no hacerse de este modo, nos encontraremos con el absurdo, jurídicamente difícil de sostener, de que el derecho de sufragio activo de los extranjeros se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, sin embargo, las condiciones de ejercicio de ese derecho se encuentran reguladas es un Real Decreto.
El artículo 81.1 de nuestra vigente Constitución señala que son leyes orgánicas las que se refieren al régimen electoral general, como es el caso, y son leyes orgánicas las que se refieren a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Pues bien, el derecho de participación política es un derecho fundamental, por tanto, la condición de ejercicio del derecho de sufragio activo --que, como sus señorías saben, pertenece al núcleo esencial del derecho de sufragio-- debería estar contenido con rango de ley orgánica porque pertenece al ámbito material de la ley orgánica, tal y como

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realiza la reserva de ese ámbito material el artículo 81.1 de la Constitución.
Son dos enmiendas de carácter técnico, son dos enmiendas de calidad legislativa que el Grupo Parlamentario Popular deja en este momento a la consideración de sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor González Pons.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Guardiola.


El señor GUARDIOLA SELLES: Gracias, señor Presidente.
Me propongo, si es posible y la Presidencia me lo autoriza, utilizar un solo turno, por abreviar y por ser prácticos, en el que me opondría a algunas de las enmiendas defendidas y en el que expresaría la posición de mi Grupo. En consecuencia, pregunto si es mejor hacerlo ahora o en el correspondiente turno de portavoces.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Como su señoría prefiera.


El señor GUARDIOLA SELLES: Gracias. Lo haré en el turno de portavoces.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias.
Abrimos el turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.


El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Lamentamos que, al abreviar este turno, nos quedemos sin saber, en este trámite de fijación de la posición de cada grupo, qué es lo que va a hacer el Grupo Socialista. De todas formas, no nos va a sorprender posiblemente su posterior decisión.
El Grupo Mixto, en su mayoría, va a votar favorablemente todas las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, sobre todo por los grupos nacionalistas, en las que se pide que la circunscripción autonómica sea la válida para las elecciones europeas.
Tenemos que decir básicamente que no estamos de acuerdo con la reforma que hoy se nos plantea. Y no podemos estar de acuerdo, aunque sí lo estemos en los dos criterios que parece ser que motivan esta reforma. El primero es la adaptación a la normativa europea, y el segundo se refiere a la austeridad en el gasto. Los dos criterios son válidos, pero no lo ha sido el procedimiento. La precipitación de esta reforma quizá haya hecho posible un consenso extraparlamentario, pero ha impedido que en su trámite en el Senado pudiéramos hablar y llegar a algún acuerdo.
Por otra parte, creemos que la reforma electoral nunca debe celebrarse en el momento en el que ya están convocadas unas elecciones. Esta reforma electoral, con unas elecciones convocadas, puede producir un resultado contrario a lo que sería un desarrollo normal del Derecho para introducir ciertas desviaciones tendentes a conseguir una mayor representación.
La austeridad en el gasto que se nos propone en estos momentos lleva aparejada una serie de medidas que excluyen a muchos partidos que se presentan a las elecciones y provocan una desigualdad en el trato hacia los partidos que se presentan. Por lo tanto, pensamos que en esta segunda Constitución que supone la Ley Electoral no debía haber una desigualdad manifiesta, y así lo impone en concreto el artículo cuarto.
Por todo ello, tenemos que mostrar, al menos desde el punto de vista de Esquerra Nacionalista Valenciana, que estamos en contra de esta reforma por el modo y por la forma, por la precipitación que ha hecho imposible que haya un verdadero diálogo en esta Cámara, que ha hecho inútil, una vez más, esta Cámara senatorial, y porque los acuerdos extraparlamentarios se han hecho muchas veces mirando más bien las encuestas que la justicia igualitaria que una ley electoral tiene que prever.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que me distienda al principio de mi intervención trayendo al caso la anécdota amable con la que Benjamin Franklin explicaba cómo actúa el consenso para ser una reducción al máximo esencial aceptable por todos.
Pues bien, decía el viejo doctor: Cuando era impresor asalariado, uno de mis compañeros aprendiz de sombrerero estaba a punto de abrir establecimiento propio. Su primera preocupación era tener un cartel con alguna inscripción adecuada. Yo se lo compuse con estas palabras: «John Thompson, sombrerero, hace y vende sombreros por precio al contado.» A lo cual se añadía el dibujo de un sombrero.
Consideró que sometería el proyecto a sus amigos. El primero a quien se lo enseñó entendió tautológica la palabra «sombrero» por hallarse seguida de la expresión «hacer sombreros», que demuestra el hecho de ser un sombrerero. El segundo observó que la palabra «hace» podía omitirse, porque a los clientes no les interesaría saber quién hacía los sombreros; si fuesen buenos

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y adecuados a sus deseos los comprarían, prescindiendo de quién los hiciera. Un tercero consideró que las palabras «por dinero al contado» eran inútiles, pues no era costumbre en el lugar vender a crédito y todos los que fueran a comprar esperaban pagar.
Así sucedió --decía Benjamin Franklin--, contra mi criterio personal, con todo el cartel, y al final, la expresión quedó reducida en última instancia a sólo «John Thompson», con el dibujo de un sombrero pintado debajo.
Pues bien, señorías, algo parecido a la concordancia del sombrerero John Thompson con su cartel es a lo que esta Cámara hoy debe prestar su atención, porque el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sobre el que hemos de manifestarnos, no alcanza tanto cuanto algunos grupos por separado quisieran, pero sí llega al máximo sobre lo que todos estamos de acuerdo. Es decir, se reduce a la esencia que podemos concordar inmediatamente y entre todos aquí y ahora.
La tramitación de la presente reforma de nuestra legislación electoral viene caracterizada, primero, por lo imperativo de la iniciativa gubernamental, forzada por el artículo 8 b), 2 del Tratado de Unión Europea a ampliar el número de nuestros eurodiputados de 60 a 64.
Segundo, por el consenso sobre las enmiendas que se han incorporado en sede parlamentaria, relativas a la reducción de gastos electorales, como venía convenido de la anterior legislatura, y relativas al censo electoral para corregir los errores del mismo derivados de la letra de la ley. Tercero, por la urgencia de su procedimiento de elaboración.
Así pues, el máximo sobre el que urgentemente formalizamos nuestro consenso es, desde luego, el mínimo de necesidad y de concordia que justamente requiere la reforma de nuestra ordenación electoral.
Es cierto que se ha aumentado en su tramitación el ámbito material del proyecto de ley orgánica originalmente propuesto por el Gobierno. Pero es cierto, al mismo tiempo, que esa aplicación, referida --como ya se ha dicho-- al recorte de gastos electorales y a una actualización puntual del censo, ha contado con un consenso tan contundente que anula cualquier razón de urgencia, por lo que era innecesario prolongar su debate.
Sin embargo, es cierto que no hemos terminado con las reformas de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. De un lado, mi propio Grupo Parlamentario, por la puntualidad del asunto que en este momento atendemos, ha dejado de plantear modificaciones que consideramos urgentes y a las que no renunciamos, como las relativas a los interventores informáticos. De otro lado, la Ponencia que sobre el censo electoral está hoy trabajando en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados seguro que aún ha de proponernos reformas de mayor profundidad sobre el censo, pues con la enmienda que hemos incorporado en el Senado no hemos resuelto más que un pequeño desfase del censo, ni mucho menos los hemos resuelto todos.
Por eso entendemos que hay que circunscribir el alcance material de la presente reforma electoral al ámbito de la urgencia y del consenso previo, sin abandonar ningún debate; abandonarlo sería contrario al propio sentido de la existencia de esta Cámara. Pero creemos que esta ocasión es, como se viene diciendo, para lo urgente y lo ya consensuado, lo que deja fuera de la cuestión aquello que no contenga una de estas dos características o, si fuera posible, las dos características al mismo tiempo. Simplemente por eso hoy no es ocasión de abrir diálogos distintos del propuesto.
Este es el caso de las reiteradas enmiendas, la gran mayoría de las enmiendas que llegan vivas a este Pleno, que propugnan sustituir la circunscripción nacional por la circunscripción autonómica en las elecciones al Parlamento Europeo. En nuestra opinión, exceden con mucho el marco de lo inmediatamente concertable; es más, no reúnen un volumen de voluntades que permita poner en cuestión las voluntades reunidas en 1987 al elaborarse la Ley, lo que por sí sólo podría ser criterio suficiente para no abordar el debate.
Al configurarse en la primavera de 1987 las características esenciales de nuestras elecciones al Parlamento Europeo se reunió el apoyo del 98 por cien de los parlamentarios. A nuestro juicio, no existe ninguna razón que permita suponer que esa coincidencia casi unánime se haya alterado, por lo que responsablemente proclamamos la vigencia de los principios de estabilidad del sistema electoral, de continuidad del Ordenamiento jurídico y de seguridad legislativa.
También podría ser criterio suficiente para no abordar este asunto el hecho de que la mayoría de las enmiendas --no todas-- presentadas en este sentido confunden en nuestra opinión el Estado con la nación. Porque una cosa es que el Estado se organice en Comunidades Autónomas y otra que la nación, como algunos pretenden, se divida en Comunidades Autónomas. Al menos desde el Título Preliminar de nuestra vigente Constitución, la nación es una sola, que podría disponer de circunscripciones autonómicas para las elecciones al Parlamento Europeo, pero no por ello obtendría una mejor representación nacional --simplemente otra representación distinta de la misma nación-- ni concordaría conceptos que son distintos como organización del Estado y conjunto nacional.
También sería un argumento suficiente para no abordar el debate el hecho de que la circunscripción autonómica diera lugar necesariamente a un sistema electoral mayoritario, fuera cual fuera la fórmula proporcional elegida; sistema mayoritario contrario a la utilidad democrática de una Cámara de representación política y no territorial como es el Parlamento Europeo.
Los sistemas proporcionales muestran su efectividad

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con cualquier circunscripción que reparta más de cinco escaños, porque el efecto mayoritario, es preciso recordarlo, se produce en la relación del número de habitantes de una circunscripción con el de escaños a repartir.
Sesenta y cuatro escaños repartidos entre 17 circunscripciones --18, si contamos Ceuta y Melilla-- darían lugar a menos de cuatro parlamentarios por circunscripción; lo que, en contra de lo pretendido, por un lado nos favorecía a los grandes partidos nacionales y, de otro lado, nos llevaría a una representación poco plural para el fin democrático que se requiere de los comicios europeos.
Es cierto que podría corregirse ese efecto atribuyendo un número desigual de Diputados por circunscripción, atendiendo al número de población de cada una de las circunscripciones, pero en ese caso, sólo Cataluña, y Andalucía tal vez, podrían tener algún efecto proporcional sobre el sistema y en el resto de los casos se produciría, junto a los perjuicios del sistema mayoritario puro, el agravio comparativo de la desigualdad en la efectividad del voto individual.
Tal vez éstos serían argumentos suficientes para no abordar hoy, aquí y ahora, este debate. También serían argumentos suficientes el que no estemos eligiendo un Parlamento que da lugar a un Gobierno que pudiera requerir de la estabilidad que procede de un sistema mayoritario, o el que estemos eligiendo un Parlamento supranacional en el que la nación española, a nuestro entender, debe tener aspiración a representarse en unidad, o el que los Grupos parlamentarios del Parlamento Europeo se agrupen por ideologías y no por adscripciones territoriales.
Ahora bien, comprendemos que ningún argumento es suficiente para impedir un debate, y en el Grupo Popular estamos dispuestos a admitir cualquier debate sobre la Ley Orgánica de Régimen Electoral General siempre y cuando éste esté suficientemente razonado y oportunamente abierto al consenso.
Por ello, no negamos que la circunscripción autonómica pudiera, desde algún punto de vista, tener alguna justificación política, aunque afirmamos que no la compartimos. Sin embargo, afirmamos al mismo tiempo que este asunto requiere un debate distinto del presente, más extenso, más reposado, más sereno; en definitiva, señorías, menos urgente.
La presente reforma contiene, ya lo hemos dicho, los caracteres conjugados de la urgencia y el consenso máximo; por lo menos así lo hemos entendido nosotros, y por eso no hemos presentado ninguna enmienda que no afectara al ámbito concreto de la reforma y no fuera susceptible de reunir la suficiente sencillez como para implicar inmediatamente la urgencia del proyecto con el consenso necesario.
Señorías, al mismo tiempo, queremos destacar el esfuerzo que hacemos los grupos políticos por racionalizar las condiciones y gastos de las campañas electorales con la presente reforma de la normativa electoral.
No nos gustaría que por dispersarse este debate en torno a otras cuestiones no relacionadas directamente con el proyecto, se silenciara el hecho de que el Senado hoy aprueba la realización de las campañas electorales en circunstancias de mayor austeridad y de mayor racionalidad. Supone un paso más hacia la madurez democrática que no por haber sido largo tiempo reclamado por el Grupo Popular deja hoy de ser un paso más de todos.
Señorías, hoy afrontamos una reducción de la campaña electoral a quince días que era necesaria, y una limitación de los gastos electorales y de los presupuestos de campaña que era incontestable por el bien de la transparencia y del control.
Por todo lo expuesto, apoyaremos el dictamen de la Comisión Constitucional del Senado porque abarca todo el objeto estricto que respecto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y en trámite de urgencia, podemos consensuar. Es tanto cuanto todos tenemos hoy en común para reformar. No rechazamos otros debates, sólo solicitamos que se produzcan con la paciencia contractual que merece una ley electoral.
Ya decíamos al inicio que el consenso es una reducción del debate político al máximo esencial aceptable por todos. Así lo hacemos esta mañana, si se me permite, como John Thompsom «el sombrerero». Y es que les aseguro que, por raro que parezca, en puros términos de democracia constructiva, lo que convenía a John Thompsom es lo que conviene a nuestra legislación electoral.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador González Pons.
Tiene la palabra el Senador Guardiola.


El señor GUARDIOLA SELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no he querido utilizar el turno en contra por el motivo expresado de economía de tiempo y, además, por una razón que ha sido abundantemente expuesta por el portavoz del Grupo Popular, el Senador don Esteban González, consistente en que estamos ante un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica que regula el sistema electoral general que puede ser considerada perfectamente como la segunda Constitución --así se hace por múltiples opiniones que podemos conocer desde perspectivas no solamente políticas sino técnico-jurídicas-- y que requiere ese consenso al que ha hecho referencia el Senador González.
En ese sentido, no creo que deba ser un Grupo Parlamentario en concreto, aunque sea el Grupo que sustente al Gobierno, quien tenga que oponerse a aquellas partes que por vía de enmienda dejan fuera de ese consenso lo que hasta ahora ha sido el debate y tramitación

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de este proyecto hasta su llegada hoy al Pleno del Senado.
Dicho esto, me propongo contestar a algunas cuestiones, señalar la posición de mi Grupo, que va a ser de oposición en general a esas enmiendas, y desde luego fijar nuestra posición respecto al proyecto de Ley. Se ha dicho, y es sabido, que es un proyecto que pretende dos grandes cuestiones: de un lado, la adaptación de nuestra legislación a las Directivas comunitarias y, de otro, la introducción de criterios de austeridad en los gastos electorales. Sobre esas dos cuestiones hay un entendimiento --pienso que completo-- de los Grupos Parlamentarios; sobre las otras, no. Adaptación a las Directivas comunitarias --como consecuencia de los compromisos que España asume al ratificar el Tratado de la Unión Europea--, por una parte, para cumplir la Directiva 93/81 que amplía el número de Diputados que componen el Parlamento Europeo a 567 de los 518 que en este momento tiene. Con esta ampliación España pasa a tener 64 Diputados y no 60, como en la actualidad. Adaptación, de otra parte, para dar cumplimiento a la directiva 93/109 del Consejo, que desarrolla lo que establece el apartado 2 del artículo 8.B del Tratado, en el sentido de reconocer los derechos de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos europeos.
Por otra parte, se establecen criterios de austeridad en el gasto electoral como consecuencia de la experiencia que hemos asumido tras los años de vigencia --ya casi diez-- de la Ley de 19 de junio de 1985.
Pienso que esa experiencia ha llevado a todos los grupos parlamentarios a un acuerdo para que, como digo, se reduzcan esos gastos electorales, al mismo tiempo que se incrementan los mecanismos de control sobre los mismos.
Así, el proyecto de Ley establece diversas medidas en esa línea, que se pueden sintetizar en las siguientes: se acorta la duración de la campaña a quince días; se reduce el límite máximo de gasto de los grupos políticos en un 20 por ciento; se establecen limitaciones a la propia campaña mediante la prohibición de determinados tipos de propaganda como, por ejemplo, las banderolas y pancartas, que tan sólo podrán ser utilizadas en los espacios gratuitos cedidos por los ayuntamientos y, en consecuencia, se establece un criterio general de austeridad, de reducción en el gasto electoral y de incremento del control sobre el mismo.
Pues bien, señorías, si éstas son las grandes cuestiones sobre las que versa este proyecto de Ley y sobre las que los grupos políticos han querido ponerse de acuerdo, es cierto que hay un conjunto de enmiendas que siguen vivas. No sé si el sombrero del que hablaba el Senador González será muy grande y cubrirá mucho, o será pequeño y cubrirá poco, pero entendemos que esto es lo que en este caso requiere el momento político actual de nuestro país. De un lado, la urgencia determinada en el tiempo por la necesaria entrada en vigor de esta reforma para ser aplicable en las próximas elecciones al Parlamento Europeo y, de otro, el necesario consenso consecuencia de ser ésta la segunda Constitución que requiere un entendimiento absoluto de los grupos parlamentarios para no romper las reglas de juego establecidas entre ellos desde 1978 hasta hoy y, especialmente, en lo que a esto respecta, desde 1985 hasta estos momentos, suponen que sin ese consenso necesario nuestro Grupo no pueda estar en disposición de apoyar ninguna de las enmiendas que no tengan ese respaldo mayoritario o unánime, aun cuando pudiéramos caer en la tentación de apoyar algunas de ellas por parecernos correctas.
La enmienda que produce la coincidencia de todos los grupos parlamentarios, a excepción de los Grupos Popular y Socialista, es la que propugna la circunscripción autonómica para las elecciones al Parlamento Europeo. Debo decir que ésta es la enmienda que podría hacernos caer en la tentación que he comentado, por lo que después explicaré.
Se ha hecho una gran reflexión política por el Senador Rigol, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió --que comparto personalmente como tal--, desde la perspectiva de las recomendaciones europeas en el sentido de que en los Estados en que haya tradición de instituciones y de estructuras regionales éstas se tengan en cuenta a la hora de establecer la circunscripción autonómica. Eso es cierto. Lo que ocurre --como ya señalé en la Comisión Constitucional-- es que esa recomendación va unida a otra, que también se ha hecho desde las instancias europeas, en el sentido de que dichas circunscripciones deben ser lo suficientemente amplias para evitar que se produzca como resultado un sistema mayoritario o un sistema puro bipartidista.
Podría finalizar en este punto porque, sin que sirva de precedente --y también lo dije en Comisión--, estoy totalmente de acuerdo con la intervención del portavoz del Grupo Popular. En este caso, los grupos mayoritarios que tenemos representación en todo el Estado tendríamos la tentación de aceptar el sistema. Se nos facilitarían mucho las cosas; sin duda alguna obtendríamos un mayor número de Diputados para el Parlamento Europeo, pero quedarían perjudicados los grupos de enclave estrictamente territorial. Los más dañados serían los que como, por ejemplo, Izquierda Unida, tienen representación en todo el Estado pero no son mayoritarios, por lo que quedarían borrados de ese mapa electoral. Pienso que ése sería un resultado no querido; sería un resultado perverso. Con la introducción de esa --deseada por tantos grupos-- circunscripción autonómica se obtendría un sistema mayoritario en alguna región, un sistema puro bipartidista en prácticamente todas las Autonomías de España, una ruptura absoluta de la proporcionalidad y se haría un daño irreparable --como antes he dicho-- a las formaciones

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representadas en todo el Estado pero que no son mayoritarias.
Creo que son razones de peso suficientes para oponernos a todo ese conjunto de enmiendas que hacen el grueso de las que siguen vivas.
Cabe, sin ninguna duda, que en otro momento se produzcan nuevas reformas de nuestra legislación electoral y que en este momento se produzca un acuerdo con alcance suficiente para dar de nuevo ese necesario consenso a esta legislación tan fundamental desde el punto de vista político. En este momento nuestro Grupo se va a oponer a todo ese conjunto de enmiendas.
He de hacer una necesaria referencia a las dos enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular. Mi coincidencia con su portavoz hubiera sido total y su coherencia hubiera sido mayor si en este acto las hubiera retirado, según sus palabras de apoyo a ese entendimiento y al consenso necesario en esta legislación no debería haber mantenido en este Pleno más que las enmiendas que firmamos todos de un modo conjunto y unánime.
Es la pequeña incoherencia que mi paisano, el señor don Esteban González, ha mantenido en este Pleno.
Yo creo que las enmiendas números 34 y 35 aportan poco, porque lo que plantea la número 34 está regulado en un Decreto vigente y, en mi opinión, darle rango de Ley Orgánica es absolutamente innecesario, si no inconveniente. La enmienda número 35 hace referencia a la campaña informativa que debe hacerse respecto a los ciudadanos europeos, que, en mi opinión, es un aspecto ya recogido en la legislación electoral y, como es conocido por todos los ciudadanos, esas campañas se están haciendo.
Ya he abordado las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha mantenido vivas, que se refieren a la circunscripción electoral. Voy a referirme a continuación a las que ha retirado, lo que le agradezco. Son enmiendas que merecen todo el respeto y con las que podemos confluir en un futuro, pero que tienen los problemas que su señoría conoce y que requieren de un tratamiento más amplio no solamente porque estén reguladas en la legislación que establece las pautas de la televisión privada, sino porque afectan al estatuto de la concesión concreta a esas televisiones y, por tanto, afectan a un contrato. En nuestra opinión, en este momento no sería posible entrar en ese capítulo.
Para acabar, señorías, quiero decir que hay dos enmiendas que han respaldado todos los grupos parlamentarios. Una es la número 33, que intenta evitar los desfases que la elaboración del censo electoral produce respecto a la celebración de los comicios. De este modo, intenta garantizar el derecho de sufragio activo estableciendo unas facultades en poder de la Junta Electoral Central, que podrá, mediante la Disposición Transitoria que introduce esta enmienda en este proyecto de ley, incorporar al censo electoral supuestos que en otro caso quedarían fuera de la posibilidad de ejercer ese derecho de sufragio activo.
La última enmienda, que ha tenido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incorpora al proyecto de ley lo que nos proponía mediante una proposición de Ley el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, e intenta evitar el problema que, en principio, se produce en la experiencia habida hasta el momento respecto de la aplicación del artículo 96.3 de la vigente Ley Electoral en cuanto a las papeletas que pueden ser declaradas nulas en la votación para el Senado.
Para acabar, quiero recordar tan sólo que se ha dicho que esa enmienda --ya se ha comentado con todos los portavoces-- modificaba el artículo 96.3, pero hemos de tener en cuenta que este proyecto de ley sólo tiene 12 artículos y que técnicamente debería ser una enmienda de adición de un nuevo artículo --en este caso el decimotercero-- que incorporara el texto presentado por la enmienda. En este sentido, cuando acabe mi intervención, haré entrega al Presidente de un escrito en el que se aclara esta cuestión.
Por último, proponemos como mejora técnica que los artículos octavo, noveno, décimo y undécimo tengan una rúbrica, como se hace en el resto de los artículos del proyecto, para que tenga coherencia todo el texto.
Proponemos las siguientes rúbricas: al artículo octavo: «Derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo»; artículo noveno: «Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo»; artículo décimo: «Número de Diputados al Parlamento Europeo», y, finalmente, artículo undécimo: «Presentación y proclamación de las candidaturas al Parlamento Europeo de otros ciudadanos de la Unión Europea».
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Guardiola. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes.
Votamos en primer lugar la enmienda número 2 del Senador Cuevas y la señora Vilallonga, del Grupo Parlamentario Mixto. Se inicia la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 10; en contra 218; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32, del Senador Ramón i Quiles, del Grupo Parlamentario Mixto, que votamos en principio conjuntamente. (El señor Travieso Darias pide la palabra.) ¿Sí, Senador Travieso?

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El señor TRAVIESO DARIAS: Solicitamos votación separada de la enmienda número 21.


El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Alguna otra indicación? (Pausa.) Votamos, en primer lugar, la enmienda número 21. Se inicia la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 232; a favor, ocho; en contra, 220; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las demás enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 11; en contra, 220; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 13; en contra, 217; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a 20, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
¿Alguna indicación de votación separada? (Pausa.) Las votamos conjuntamente. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, 11; en contra, 207; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 42 y 43, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 11; en contra, 216; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que quedan vivas, que son las números 38 y 39. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, 25; en contra, 206; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, 106; en contra, 124; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A la Mesa han llegado, y ha sido expuesto así en distintas intervenciones, dos textos apoyados en el artículo 125 del Reglamento. El primero propone añadir rúbricas a los artículos que este proyecto modifica. El Senador Guardiola ha dado lectura de estas nuevas rúbricas, por tanto, no creo necesario volver a repetir estos textos.
Al haber sido firmado por todos los Grupos Parlamentarios, entiendo que pueden ser aprobadas por asentimiento de la Cámara. ¿Es así? (Pausa.) Así se declara.
El Senador Travieso en su primera intervención hizo mención a la nueva redacción del artículo decimotercero, también suscrito por todos los Grupos Parlamentarios.
Voy a dar lectura, porque este texto ha sido modificado de la siguente manera:

«Artículo decimotercero. Escrutinio de las papeletas de las elecciones del Senado. El apartado 3 del artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, quedará redactado así: 3. En el caso de elecciones al Senado, serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y en las poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares.»

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara, y por tanto, modificado el texto del Dictamen, propongo a sus señorías que sometamos a votación de forma conjunta los artículos, por un lado, y las Disposiciones y Exposición de Motivos, por otro. ¿Hay alguna objección? (Pausa.) Vamos, por tanto, a efectuarlo en dos votaciones. Primero los artículos 1 a 12 y posteriormente las Disposiciones Transitoria y Final, así como la Exposición de Motivos.
Votamos los artículos 1 a 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 227; en contra, tres; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.
Votamos conjuntamente las Disposiciones Transitoria y Final y la Exposición de Motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 228; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las Disposiciones, así como la Exposición de Motivos.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE SUBROGACION Y MODIFICACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000018).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia, remitido por el Congreso de los Diputados, en relación con el proyecto de Ley sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios. Fue declarado urgente y publicado en los Boletines de la Cámara con fecha 7 de marzo.
Ruego al Presidente de la Comisión de Justicia me indique si algún miembro de dicha comisión ha sido encargado para la presentación del dictamen. (Pausa.) El señor Herrero Merediz tiene la palabra.


El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, el propio Presidente de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrero Merediz.


El señor HERRERO MEREDIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cúmpleme presentar el dictamen del proyecto de Ley sobre Subrogación y Modificación de Préstamos hipotecarios como representante designado por la Comisión de Justicia, limitándome, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120.1 del Reglamento del Senado, a dar cuenta a la Cámara para su ilustración de las actuaciones y motivos inspiradores del dictamen.
Con fecha de 23 de febrero de 1994 tuvo entrada el texto procedente del Congreso. Declarado urgente se remitió a la Comisión de Justicia, finalizando el plazo de enmiendas el día 28 de febrero. Se plantearon al texto 66 enmiendas, debatidas y votadas en la sesión de la Comisión celebrada el día 3 de marzo, que elaboró el presente dictamen. Se mantienen como votos particulares y han sido formuladas para su defensa ante este Pleno las enmiendas números 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las enmiendas 63, 64, 65 y 66 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las enmiendas 51, 54, 56, 59 y 60 del Grupo Parlamentario de convergència i Unió; las enmiendas 15 a 48, excepto las números 39 y 45, del Grupo Parlamentario Popular; las enmiendas 1 a 3 del Grupo Parlamentario Mixto; finalmente, los Senadores don Andrés Cuevas González y doña Isabel Vilallonga mantienen para su defensa ante este Pleno las enmiendas 11, 12 y 13.
Los motivos inspiradores del proyecto son, a nivel formal, el cumplimiento del mandato parlamentario, expresado por unanimidad en una moción, aprobada el 2 de noviembre de 1993, para que los deudores, en aplicación del artículo 1211 y concordantes del Código Civil, puedan subrogar sus hipotecas a otro acreedor; a nivel real, el motivo que justifica el proyecto es que los ciudadanos puedan beneficiarse de las ventajas que supone el descenso generalizado de los tipos de interés, abaratando el costo que el cambio de hipoteca supone por la fuerte comisión por amortización anticipada y la duplicación de gastos que implican la cancelación de un crédito hipotecario y la constitución de otro nuevo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Herrero.
Se puede abrir debate de totalidad. ¿Algún señor Senador quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Pasamos, por tanto, a la defensa de los votos particulares. En primer lugar, el voto particular número 6 del Senador Cuevas. Para su defensa, su señoría tiene la palabra.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, Señor Presidente.
Simplemente quiero manifestar nuestra alegría por el trámite de esta ley, porque, como todas sus señorías saben, proviene --como bien ha dicho el Presidente de la Comisión de Justicia-- de una moción aprobada el día 2 de noviembre de 1993 a instancia de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, y que si bien en un momento provocó recelos en el sector bancario, va a producir bastantes más alegrías en los bolsillos de los ciudadanos.
Me siento identificado plenamente con las palabras del Presidente de la Comisión de Justica. Creo que esta vez el Gobierno ha hecho caso, con acierto, al mandato parlamentario y ha obrado con bastante rapidez.


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También comparto lo que ha dicho el Presidente de la Comisión de Justicia sobre que esto va a fastidiar a algún sector bancario, pero va a beneficiar bastante a lo que la totalidad de la Cámara representamos, que son los intereses generales de los ciudadanos.
Dicho esto, señor Presidente, quiero aclararles que mantenemos estas tres enmiendas, que son técnicas, sobre todo la número 11 porque creemos que en ella se refleja aún más el mayor grado de cumpimiento de la moción referida aprobada en el Congreso de los Diputados el día 2 de noviembre de 1993. Damos por defendidas el resto de las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
Senador Cuevas, si es tan amable, dígame quién va a hacer la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto. ¿La va a hacer su señoría o el Senador Calvo Lou? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Calvo Lou para la defensa de sus enmiendas.


El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, en nombre del Partido Aragonés, las enmiendas a la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. La enmienda número 1, que hace referencia a la amortización anticipada contemplada en el artículo 3, ha sido ya recogida en el texto remitido por el Congreso de los Diputados por lo que la retiramos.
La número 2 al artículo 4 es una enmienda de adición que pretende ampliar las modificaciones que se introducen en la escritura y que afectan solamente al interés, para que también se pueda contemplar el plazo del préstamo. Creemos que sería útil que entre las modificaciones pactadas se pudiera también modificar el plazo de la hipoteca, porque a veces resulta tan sustancial la ampliación del plazo, como la modificación de los intereses.
Por otra parte, esto es algo que ya se venía haciendo en la práctica, pero la ley no sólo no lo aclara, sino que la redacción del artículo 4 tiene un carácter restrictivo y parece que lo impide.
La número 3 es una enmienda de adición. Con ella pretendemos dar una llamada de atención a la minoración de ingresos que supone para las Comunidades Autónomas la exención en el Impuesto de actos Jurídicos Documentados. Con ello se está incidiendo en los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas que no tienen capacidad legislativa sobre hechos fiscales. Por ello queremos que se haga, tal y como ocurre cuando la legislación estatal afecta a los ingresos de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, una previsión para que esta norma no suponga minoración en los ingresos de las Comunidades Autónomas. Esperamos que la importancia del hecho sea tenida en cuenta por sus señorías y pueda ser aceptada.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
La enmienda número 1 correspondiente al artículo 3 ha sido retirada.
Pasamos al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas 4 a 6, 8 y 9.
Tiene la palabra, para su defensa, el Senador Sanz Cebrián.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si tuviéramos que calificar con algún adjetivo el presente proyecto del ley éste sería el de «oportuno», ya que resulta lógico, tal como lo expresa la Exposición de Motivos, que el descenso generalizado de los tipos de interés y por ende de los préstamos hipotecarios pueda extenderse a los préstamos concertados con anterioridad a esa bajada de tipos y que con ello los ciudadanos afectados puedan beneficiarse de las ventajas que supone ese descenso, tal y como ha expresado el Presidente de la Comisión de Justicia.
A este respecto, y como dato, podemos señalar que el objetivo perseguido ha sido el de trasladar a los préstamos hipotecarios ya firmados la repercusión del descenso generalizado de los tipos de interés hipotecario, que ha pasado para el conjunto de las entidades de crédito del 15,44 por ciento en enero de 1993 al 11,73 por ciento en octubre del mismo año.
De otra parte, haciéndonos eco de la nota emitida por el letrado de esta Cámara adscrito a la Comisión de Justicia de fecha de 23 de febrero de 1994, queremos señalar, tal y como ya manifestamos en la Comisión de Justicia, que el proyecto de Ley no contiene la previsión cifrada de las consecuencias en los ingresos públicos de las exenciones fiscales que se establecen ni tampoco proporciona una previsión de las consecuencias económicas que para las personas y sectores afectados pueda tener la norma en cuestión.
No obstante, forzoso es reconocer que, como decíamos al comienzo de nuestra intervención, si se dilatasen los plazos con ocasión del cumplimiento de tan notables requisitos, esta ley dejaría de ser oportuna o conveniente por razón de tiempo, y a este respecto no me cabe la menor duda de que no se trata de una ley oportunista ya que no prescinde de los principios fundamentales que deben ser informantes de toda actuación legislativa: objetividad, eficacia y, sobre todo, compromiso con la defensa de los más desfavorecidos.
También es necesario expresar que el proyecto de Ley que debatimos tiene su origen en el Parlamento, concretamente en el Congreso, lo que pone de manifiesto, a nuestro entender, la conexión de sus miembros con los problemas de la calle, muy lejos de ese divorcio que

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algunas mentes agoreras pretenden evidenciar entre la mal denominada clase política y la sociedad --yo prefiero el término de servidores públicos--. Por tanto, este proyecto de Ley es demostrativo de la auténtica utilidad del Parlamento para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Dicho esto, y entrando ya en la defensa concreta de las enmiendas, tenemos que decir que unas son de carácter eminentemente técnico y otras son de fondo, pero con único denominador que ya hemos adelantado: favorecer al deudor como parte más débil en el contrato de préstamo hipotecario.
Las enmiendas números 4, 5 y 6 son de las que encuadraríamos como enmiendas de mejora técnica puesto que pretenden sustituir la mera nota marginal por el asiento registral, tanto por una razón práctica cual es que las circunstancias a consignar puedan hacer insuficiente el ámbito designado a ese fin o en razón de que puedan dificultar la anotación, ya que hay que considerar un gran número de datos, entre los cuales están el nombre de la persona jurídica subrogada, las nuevas condiciones pactadas del tipo de interés, la escritura que se anote, su fecha, el notario que la autoriza, fecha de presentación de la escritura en el Registro y fecha de inscripción y firma del registrador. De otra parte, existe una razón de mejor técnica jurídica, que sería, a nuestro entender, la reserva del asiento registral para la inscripción de un negocio jurídico que, como el de la subrogación, tiene entidad propia.
En cuanto a la enmienda número 7, tengo que manifestar, en lógica coherencia con lo dicho en la Comisión de Justicia, que queda retirada y que tan sólo por un error mecanográfico figura como inscrita dentro del voto particular. Pido por ello disculpas a la vez que agradezco al señor Iglesias la advertencia que me ha hecho a este respecto al comienzo de esta sesión.
La enmienda número 8 tiene por objeto establecer un límite máximo para la cuantía de los honorarios notariales y registrales. A nuestro entender, no deberían exceder del 1 por ciento de la base que resulte de aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo, lo cual tiene un claro efecto protector de la economía del deudor.
Por último, la enmienda número 9 tiende a hacer efectivas las repetidas sugerencias de la Comisión de las Comunidades Europeas relativas a la conveniencia de suprimir los gravámenes sobre el timbre que, desde nuestra perspectiva, únicamente sirven para obstaculizar el tráfico jurídico mercantil. Por ello, se trata de reducir el tipo de gravamen en la modalidad gradual de actos jurídicos documentados al igual que se ha hecho en la normativa tributaria foral de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
Y termino por donde he empezado. Si esta ley carece de algunos de los requisitos formales, como son los datos de naturaleza económica, que no se me diga a continuación que nuestra enmienda número 9 carece también de datos de naturaleza económica.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria mantiene sus enmiendas números 63, 64, 65 y 66.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Travieso Darias.


El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a retirar tres de nuestras enmiendas, las número 63, 65 y 66, por estar parcialmente aceptadas en el texto modificado o bien porque coinciden con enmiendas de otros grupos. Sólo mantendremos vivas la número 64 al objeto de incluir la escritura de subrogación a los plazos de amortización a fin de evitar condiciones limitativas que bloqueen la auténtica liberalización del mercado hipotecario.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz para la defensa de sus enmiendas números 51, 54, 56, 59 y 60.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario que me honro en representar considera que el Proyecto de Ley que estamos tratando en la última fase parlamentaria tiene una gran trascendencia para un gran número de ciudadanos de este país.
Después del debate del Proyecto en la Comisión, Convergència i Unió mantuvo cinco enmiendas, que en este momento me toca defender.
Concretamente, con respecto a la enmienda número 51, relativa a la exposición de motivos, nuestro Grupo la retira en este acto.
Además, habiendo sido objeto de negociaciones entre los diversos Grupos representados en esta Cámara una enmienda transaccional que prevé la posibilidad de que el Gobierno formule con posterioridad las disposiciones reglamentarias o complementarias que sean necesarias para la aplicación de la norma, retiramos también las enmiendas números 54, 59 y 60.
Mantenemos viva la enmienda número 56. Dicha enmienda --que en espíritu es coindicente con la número 7 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, aunque no en su formulación-- hace referencia al hecho de que los beneficios fiscales que establece la ley que hoy estamos debatiendo se refieren a impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, fundamentalmente hace referencia al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Debido a estos beneficios fiscales, entendemos

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que se puede producir, y se producirá, una minoración de los ingresos de las Comunidades Autónomas que tienen cedido el Impuesto, contraviniendo el espíritu y la letra del Acuerdo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, que preveía un sistema de compensación en el caso de que por aprobación de una norma jurídica posterior se introdujera cualquier modificación en los impuestos cedidos de las que resultara una minoración de los ingresos de las Comunidades.
El contenido de nuestra enmienda pretende, por tanto, incorporar al texto de la ley la mención expresa del Acuerdo a que antes me he referido en el sentido de que se preserven los mecanismos de compensación correspondientes a las minoraciones de ingresos resultantes de la aprobación de esta ley.
Siendo la única enmienda viva, señor Presidente, señorías, la damos por defendida en los términos en que viene expuesta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de todas las enmiendas que comprende el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cañellas.


El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia voy a defender el voto particular que mantiene mi Grupo Parlamentario en relación con una serie de enmiendas presentadas a este Proyecto de ley.
Yo subo a la tribuna, señor Presidente, con la sensación de que lo hago con los papeles cambiados, porque realmente quien tendría que subir aquí y ahora tendría que ser el Senador Iglesias, que en la Comisión nos reconoció que de nuestras enmiendas se desprendía que habíamos hecho un trabajo profundo, un trabajo serio, un trabajo técnico, pero que, no obstante, las rechazaban precisamente por ese carácter técnico. Es decir, el Senador Iglesias venía a manifestar que la victoria moral era nuestra, pero que habíamos perdido por goleada, para decirlo en términos coloquiales.
Señorías, la razón del rechazo nos parece injustificada. Si lo que pretendemos a través de este proyecto de ley es que se introduzca una reforma en determinados aspectos de los préstamos hipotecarios, lo lógico es trasladar las enmiendas a una ley sustantiva y específica, como la Ley Hipotecaria, que es la que por excelencia trata de estas materias.
Este es nuestro entender, y éste también el entender --cuando le conviene-- del Grupo de la minoría mayoritaria. Porque, señorías, en el Congreso admitieron ustedes la enmienda número 73, del Grupo de Convergència i Unió, y gracias a esta admisión se introdujo al artículo 10. Y ahora sus señorías han presentado una enmienda al artículo 10, que lo suprime y lo traslada a una ley específica: la Ley 26/1988 del Mercado de Valores. Eso es, en definitiva, lo que habíamos estado haciendo nosotros con la Ley Hipotecaria, aunque a ustedes no les guste. De modo que no voy a entrar ahora a hacer una defensa pormenorizada de nuestras enmiendas, porque entendemos que nuestra posición frente al proyecto ha quedado clara a través de las justificaciones que en las propias enmiendas se ofrecen y a través de nuestras intervenciones, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Comisión de Justicia de esta Cámara.
Me limitaré, señorías, a seguir poniendo de relieve alguno --no todos-- de los defectos que seguimos encontrando en este proyecto a pesar de las modificaciones que se le han introducido.
Dejemos lo del ámbito. Nosotros entendíamos que había que llegar a lo que dispone el artículo 1.211 del Código Civil. Sus señorías opinan que no, que eso es parte, que no quieren el todo, «de gustibus et coloribus non est disputandum», por tanto, lo dejo.
Con el voto de sus señoría y con el nuestro hemos introducido alguna modificación a través de una enmienda del Grupo de Convergència i Unió, pero seguimos manteniendo una serie de incongruencias.
Senadores del Grupo Socialista: ¿Se han parado ustedes ha pensar en las consecuencias que puede entrañar el inicio del párrafo tercero de este artículo 2? Dice: «Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde dicha entrega, formaliza con el deudor novación modificativa del préstamo hipotecario. » Hay aquí una novación del préstamo primero. Esta novación no goza de los beneficios de esta ley. Se ha conseguido el propósito de rebajar el interés, pero no se le van a poder aplicar los beneficios del artículo 7 ni tampoco los del 9, porque los del artículo 7 se refieren a las escrituras de subrogación que contempla el párrafo segundo de esta ley, entre las cuales no está esta novación modificativa, con lo cual, en definitiva, hemos perjudicado al deudor hipotecario.
Ya no entro en lo que el notario notificará de oficio, porque creo que ya me explayé suficientemente. Sigo diciéndolo: Señoría, el notario lo hará porque se lo impone esta ley, que si no lo haría: así de claro.
Dejemos también de lado la cuestión del último párrafo, con esa --a nuestro entender innecesaria-- remisión a juzgados y tribunales, porque hasta se prevé la apelación, que habría sido preferible llevar a otros ámbitos.
Artículo 6. Ejecución. Sus señorías aceptan en comisión una enmienda del Grupo de Convergència i Unió. Perfecto. Nosotros también. Pero eso es asentar la verdad de Perogrullo. Añadir a estas alturas --y luego me referiré a ello-- que la ejecución de la hipoteca se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil

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y en la Ley Hipotecaria, es descubrir el Mediterráneo. No creo que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que, tratándose de una ejecución, pudiera ser de aplicación el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es, como ya he dicho antes, la verdad de Perogrullo o descubrir el Mediterráneo, y nosotros y los catalanes sabemos que el Mediterráneo está descubierto, al menos, desde el tiempo de los romanos --lo llamaban el Mare Nostrum--. Pero puestos a aceptar, señorías, lo lógico era incluir la enmienda del Grupo de Convergència i Unió al inicio. Eso es la generalidad: La ejecución se tramitará con arreglo a lo dispuesto. Y luego, la especialidad, que es el párrafo primero. Ustedes me sirven primero el postre y luego la sopa. Por que lo del párrafo primero es una especialidad. Aunque tampoco lo es, porque eso de que no hará falta --que es lo sustancial-- si no pudiese presentar el título escrito deberá acompañar con la copia de la escritura, etcétera. Eso también es descubrir el Mediterráneo.
El artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que lleva bastantes años en vigor, señala: Si no pudiese presentarse el título inscrito deberá acompañarse con el que se presente certificación del registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Por cierto, el término es más general: Deberá acompañarse con el título que se presente. Sus señorías lo limitan, como siempre, a la escritura de subrogación.
Senador Iglesias, tengo que reiterar una afirmación que hice en Comisión, porque «sapientis est mutare consilium». Yo le dije que, al aceptar la enmienda del Grupo de Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y admitir que se introdujera una nueva disposición adicional, concretamente la tercera, nos habíamos cargado los artículos 7 y 9. No, señoría, leí precipitadamente el texto refundido del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
La lectura posterior ya me causó una sorpresa terrible porque el apartado c) del punto 1 del artículo 45 del Texto Refundido es un invento del Texto Refundido.
En el artículo 37, que era el equivalente, de la Ley 32/1980 sólo estaban las letras a) y b), que el artículo 45 de este Texto sigue conservando.
La letra a) se refiere a las exenciones subjetivas, es decir, por ser vos quien sois. La primera exención subjetiva es la del Estado y la última, como farolillo rojo, la de la Cruz Roja, por si ha habido algún accidente con todos los anteriores.
Las de la letra b) son en realidad las exenciones objetivas donde se habla de las transmisiones, las aportaciones, los anticipos, los depósitos, y así hasta 17.
Y la letra c), que incorpora el nuevo texto refundido, es algo genial, es un florilegio de leyes del que se dice lo siguiente: Con independencia de las exenciones a que se refieren los apartados a) y b) anteriores, se aplicarán en sus propios términos --faltaría más--, y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para este Impuesto establecen las siguientes disposiciones. Ahí viene la retahíla incompleta hoy en día, puesto que le vamos a añadir la de este proyecto de ley, y pasado mañana seguirá siendo incompleta.
Senador Iglesias, Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, me alegro de esa transacción en la que, por lo menos, nos han reconocido el cambio de rúbrica de los artículos 7 y 9 y se atengan a la denominación oficial del beneficio fiscal, que es lo que establece el artículo 45 y el rótulo del Título IV.
Lo que ya no nos convence --aunque lo hemos aceptado-- es que no modifiquen ustedes el texto, el inicio tanto del artículo 7 como del 9, que entre sí son discordantes y no tiene explicación esa discordancia. El artículo 7 señala: «Estará exenta la escritura»; el artículo 9 dice: «Estarán exentas las escrituras.» Aunque intercala la modalidad para que no sea exactamente igual. El plural siempre ha sido lo habitual de esta Ley: estarán exentas todas las escrituras, no la escritura, como señala el artículo 7.
Entendemos que, por lo menos, a pesar de esa alusión a la modalidad gradual --a la que luego haré referencia--, se debería decir: Estarán exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, porque, prescindiendo de modalidades, el artículo 1 de Impuesto señala: El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es un tributo --uno sólo-- que gravará lo siguiente. Y sólo en el artículo 45 se hace referencia a modalidades.
Senador Iglesias, después de la conversación que hemos tenido quiero entender que lo de graduales hace referencia a que sólo quedan exentas del gravamen del artículo 31.2, por razón de que el apartado II del artículo 45 expresa claramente: Los beneficios fiscales no se aplicarán en ningún caso a las letras de cambio, a los documentos que suplan éstas o realicen funciones de giro, ni a escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artículo 31, apartado 1.o.
Es decir, que lo que queda vigente --y eso también convendría que lo supiera el público al cual va dirigida esta ley-- es que las matrices de las escrituras notariales no están exentas del impuesto, para que alguien no se llame a engaño al ver la minuta del notario y se encuentre con que impuesto equivale a tantas pesetas; no están exentos del impuesto que grava la matriz --50 pesetas por pliego/25 por folio a elección del notario.
Quizá habría alguna enmienda más --ya me he referido a la disposición adicional décima-- que votamos a favor, pero nos sigue pareciendo, al igual que esa letra c) del artículo 45 del texto refundido, innecesaria.
Quedaría alguna cuestión más, pero no quiero alargar mi intervención demasiado.
Señorías del Grupo Socialista, les guste o no, esta es una ley técnica que van a manejar y a utilizar técnicos --llámense notarios, llámense registradores, entidades

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financieras, intermediarios, lo que ustedes quieran--, es para técnicos, no lo van a manejar los destinatarios o beneficiarios de esta ley, quienes se limitarán a decir si, acepto estos nuevos préstamos, estos nuevos intereses, lo que usted me proponga con el fin de quedarse subrogado en el crédito hipotecario antiguo. Esto no va a afectar a todos los titulares de algún crédito hipotecario porque, a poco que se hagan números, como no se esté en el comienzo del pago del crédito, cuando se empieza a hacer la cuenta de lo que va a costar la subrogación --con todos los beneficios que se quiera--, con el cambio, la comisión, los honorarios, resulta que a lo mejor es más práctico, más conveniente y más cómodo seguir pagando el crédito tal como se tenía, porque la relación beneficio/intereses, si quedasen pocos plazos por pagar, no compensa nunca los gastos de la subrogación, y algo hay de eso, pues supongo que sus señorías habrán leído un informe de una organización, ajena al Grupo Popular, que ya empieza a decir que la dicha no es tanta.
Por eso, señorías, porque en definitiva se trata de favorecer a ese público al que ustedes dicen va dirigida esta ley cuando se apruebe, por esa razón de fondo, por esa intención que subyace en el proyecto, la vamos a votar a favor, pero dejando bien clara nuestra reserva y nuestra discrepancia en cuanto a la forma, en cuanto a las expresiones de ese proyecto de ley.
Para hacer posible nuestro sí «iuxta modum» pido desde ahora a la Presidencia que el proyecto no se vote separadamente por artículos, que se vote en su conjunto, incluida la Exposición de Motivos, tal como se hizo en el Congreso y tal como se hizo en la Comisión de Justicia de esta Cámara.
Sólo así votaremos a favor.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cañellas Fons.
¿Turno en contra? Tiene la palabra el Senador Iglesias.


El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a hacer una breve introducción a la tramitación de este proyecto de Ley, y esa introducción tiene que empezar diciendo que pocas veces un proyecto de Ley causa una satisfacción tan grande a los Parlamentarios que intervienen directamente en el proceso o que van a posibilitar, con sus votos, la aprobación del proyecto de Ley. Proyecto de ley que ha suscitado un enorme interés social, esperando con gran impaciencia, y que responde a una demanda efectivamente sentida que va a afectar, según los cálculos más razonables, a dos millones de ciudadanos que tienen contraídos préstamos con garantía hipotecaria y que afecta a un montante total de recursos que se han prestado de alrededor de 13 billones de pesetas que en este momento están siendo objeto de negocios financieros entre entidades y deudores ciudadanos.
Detrás de esas cifras que son importantes e impresionantes, hay algo que le da un carácter especial a esta ley; detrás de ello hay esfuerzos familiares, planes de ahorro, propósitos realizados de adquisición de viviendas, ilusiones, frustraciones, dificultades. Esta es una ley que yo diría que tiene un cierto latido humano y ese latido humano es lo que hace que nos sintamos especialmente satisfechos con su tramitación y consiguiente aprobación. Una cuestión social da origen y se traduce en una decisión y en un planteamiento político; es un modo de ejercicio, de funcionamiento legislativo que nos parece extraordinariamente interesante porque responde a una demanda social generalizada, y no sólo por eso, sino porque es una cuestión de justicia: el reparto de los costes financieros en un momento de bajada importante de los tipos de interés en el sistema debe hacerse equitativamente entre todos los actores de los negocios y hay una cuestión de justicia distributiva que exige que ese menor coste de los préstamos repercuta sobre las familias, sobre los individuos. Por tanto, es una cuestión de justicia y no sólo de demanda social generalizada que alienta mediante la inversión y el ahorro familiar a la adquisición de bienes de larga duración o de bienes productivos.
Es una ley consecuencia de una moción presentada en el Congreso de los Diputados, que recibe el apoyo unánime de los Diputados, y de los Senadores en la Comisión de Justicia de esta Cámara y que, por tanto, tiene un amplio apoyo parlamentario que esperemos que se refleje en la votación final. Se plantea como una ley con entidad propia, como una ley sustantiva, como una ley que tiene su propia personalidad y que no es una mera colección de retales de modificación de otros textos legislativos, de la Ley Hipotecaria, de la Ley que rige el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, ni siquiera de otros reglamentos, como el de Aranceles Notariales y Registrales. Esto no es un mosaico de retales de modificaciones, sino que para conseguir una ley más inteligible, más comprensiva y, por tanto, más cerca de los deseos y de los propósitos de los ciudadanos afectados, debe presentarse de la manera en que se hace.
Al existir una actitud de coincidencia general en el fondo de la ley, las enmiendas que se plantean a este proyectos tienen que ser especialmente valoradas. No es lo mismo enmendar con una oposición frontal, con una oposición parcial o con una coincidencia general de fondo porque, en este caso, las enmiendas lo que descubren es, por un lado, la diversidad de los matices, a veces, simplemente, la diversidad del estilo literario o del estilo lingüístico o, en algunos casos, una diversidad de conceptos o de vías de procedimiento para alcanzar objetivos y fines que son compartidos. Por tanto,

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sobre ese fondo general estas enmiendas tienen que ser especialmente tratadas y valoradas.
En consecuencia, no debe extrañar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que hayamos sido especialmente susceptibles al considerar la bondad y el trabajo realizado por su Grupo en la presentación de estas enmiendas. Lo cortés no quita lo valiente. Las enmiendas están bien trabajabadas, técnicamente son muy correctas, pero difieren de nuestra concepción, ya que nosotros pensamos que la vía es distinta y en algunas ocasiones mantenemos diferencias de concepto. Por tanto, hacemos bien en valorar esas enmiendas, pero también lo hacemos al mantener las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista respecto de esos matices o de las vías para conseguir los objetivos que la ley pretende. No hay, pues, ninguna contradicción. Nos encontramos en un debate en el que el grado de oposición es el mínimo posible, puesto que el relativo al consenso es amplísimo y, por tanto, en este caso, en el debate dialéctico tienen que figurar en primera línea la cortesía, el respeto y el reconocimiento de los méritos de nuestros adversarios políticos.
Voy a analizar las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Senador Calvo Lou, que ha retirado la enmienda número 1, quiere introducir en el texto que ampara la subrogación de los préstamos hipotecarios la modificación de los plazos de los préstamos que hayan sido pactados. Nosotros, que incluimos dicha modificación de los plazos en la novación modificativa del préstamo, entendemos que, en todo caso, es preferible y sería deseable inducir a los actores de los negocios a que concierten novaciones modificativas de los préstamos antes de llegar al negocio de la subrogación. ¿Por qué? Por dos razones evidentes: porque en la novación significativa la relación entre el acreedor y el deudor no cambia y el cliente de las entidades financieras se mantiene fijo; por tanto, las entidades financieras mantienen su clientela, cosa que es deseable, ya que no queremos que se produzca una huida de deudores de unas entidades a otras. A ser posible, eso se debería evitar.
Además, existe una razón económica importante, como es que en las novaciones modificativas de los préstamos el coste para los deudores es menor, puesto que no conllevan comisiones por amortización anticipada, como es lógico. Por tanto, producida una oferta más ventajosa, y causando menos trastorno al conjunto del sistema financiero, creemos que hay que incentivar especialmente la novación modificativa aunque, naturalmente, hay que amparar el derecho de llegar a la subrogación voluntaria, como reconoce el artículo 1.211 del Código Civil.
En cuanto a la enmienda número 3, que pretende establecer una fórmula para compensar a las Comunidades Autónomas de los supuestos perjuicios o minoraciones de ingresos por la parte del impuesto que se refiere a actos jurídicos documentados, debo decir dos cosas. La primera, que la enmienda está incorrectamente formulada, porque pretende modificar una disposición adicional en la que se establece un límite a la comisión por amortización anticipada en préstamos en el caso de que no haya subrogación, que es una limitación muy importante. Ustedes quieren sustituir el contenido de dicha disposición por una cláusula de compensación a las Comunidades Autónomas que nada tiene que ver con lo que pretenden modificar. Por tanto, no hay coherencia en el intento de sustitución. En todo caso, esto podría constituir algo nuevo respecto de la disposición adicional que sus señorías quieren enmendar.
A este respecto, he de decir --y lo explicaré con mayor precisión en mi respuesta a la enmienda número 56, del Grupo de Convergència i Unió, que establece con exactitud lo que, en todo caso, podría decirse-- que, estando en vigor un acuerdo de política fiscal y financiera de fecha 20 de enero, es en ese ámbito donde la compensación que su señoría pretende introducir debe estar presente, y no hacerla residir en una fórmula que proponga el Ministerio de Economía y Hacienda para una compensación, cuando existen un mecanismo y una Mesa que permiten que esas discusiones se planteen. Por tanto, no creemos que sea oportuno conceder ese mandato al Ministerio para llegar a ese fin.
En relación con las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, se ha puesto un especial énfasis en la número 11, que pretende la modificación de la Disposición Adicional Primera con un texto que pretende ser más amplio que el que comprende el proyecto de Ley, pero que en realidad es más confuso y no aclara nada en absoluto.
Si se fijan sus señorías, hay una distinción en cuanto a la exención o a la reducción de la comisión por amortización anticipada, en el caso de los préstamos subrogatorios o no subrogatorios. En el artículo 3 del proyecto está contemplada la amortización anticipada de la subrogación y en la disposición adicional la reducción de esa comisión para los casos en que la amortización anticipada no sea el efecto de una subrogación, sino que también se beneficie en este caso a los deudores.
Por tanto, diferenciando el texto de la Ley los dos casos, la propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unida nos parece poco sostenible, por lo que vamos a rechazarla.
Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, se mantiene viva la número 64, cuyo contenido es exactamente igual a la número 2 del Senador Calvo Lou, en la que se habla de la modificación del préstamo. Las razones que he dado anteriormente son válidas para dicha enmienda.
Debo dar una primera impresión al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Efectivamente el proyecto

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de Ley no contiene una evaluación de las consecuencias económicas de las modificaciones fiscales que contiene la Ley. Se trata de un fenómeno nuevo, cuya dimensión futura es imprevisible y absolutamente incalculable ya que hay dos millones de personas que podrían beneficiarse y no sabemos cuántas van a hacer uso del derecho que esta Ley les confiere. Por tanto, es prácticamente imposible que hagamos una evaluación de esas consecuencias económicas y no voy a replicar a su señoría con el mismo argumento, a propósito de la enmienda número 9 de su Grupo, porque estaría retorciéndolo y sería poco leal en el debate parlamentario.
Efectivamente no se la vamos a admitir, pero no por ese motivo.
En cuanto a las enmiendas 4, 5 y 6 ya he manifestado la opinión de nuestro Grupo, en cuanto a la sustitución de una nota marginal en el Registro de la Propiedad por un asiento registral. En la plenitud de estas modificaciones no supone ninguna ventaja y, en algunos casos, parece que engendra algún tipo de confusión o ambigüedad, especialmente cuando los acreedodres son varios. Nosotros creemos que una nota marginal cumple todos los requisitos necesarios para la debida garantía y, por tanto, en ese sentido vamos a mantener esa postura.
En cuanto a la limitación de los honorarios notariales y registrales que nos solicita en su enmienda número 8, le hago notar que han sido reducidos al reducir la base sobre la que se calculan, porque sólo se calcularán sobre el capital pendiente de amortización, que puede ser mucho o poco, depende de la vida que tenga el préstamo hipotecario. Si además de esa reducción aplicáramos la reducción que su señoría pretende de que el diferencial tenga como máximo el 1 por ciento, llegaríamos, en primer lugar, a una reducción que se calcula en algo así como el 90 por ciento de los honorarios notariales y registrales, lo que parece una disminución excesiva. Y, por otra parte, reducir el diferencial --que es un hecho real resultado del mercado-- entre los tipos vigentes en el momento de la formulación de los préstamos y los que se firman ahora --son hechos reales-- a un límite máximo del 1 por ciento parece una operación artificiosa que, efectivamente, beneficia a los deudores pero que parece que tiene poca consistencia lógica. Por tanto, nosotros vamos a rechazar esa enmienda.
En cuanto a su intento de reducir al 0,1 por ciento el tipo de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, en coherencia con alguna Recomendación de la Comunidad y con lo que es norma aprobada en el Derecho de las Comunidades del País Vasco y de Navarra haciendo uso de sus especificidades financieras, le diré que ese traslado, tal cual, a todo el resto del territorio, siendo deseable, necesita ser escrupulosamente estudiado.
Así como su Comunidad y la de Navarra habrán estudiado la repercusión financiera de esa reducción en el contexto de lo que es el planteamiento financiero de su Comunidad, el mismo tipo de planteamiento habrá que hacer para el resto de las Comunidades, porque podría producirse inmediatamente una cadena de solicitudes de compensaciones por parte de otras Comunidades Autónomas que tienen sus ingresos por ese concepto establecidos, metidos en presupuesto y contando con ello para sus políticas de gasto, lo que podría perturbar los equilibrios financieros de las demás Comunidades. Por tanto, habría que trasladarlo, pero con un análisis minucioso de las consecuencias y de los equilibrios financieros de las demás Comunidades Autónomas. Siendo esto deseable, loable, nos parece que sería precipitado aceptar la propuesta de su señoría.
En cuanto a la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es la única que en este momento permanece viva de las que ese Grupo ha presentado a este proyecto de ley, le diré que estimamos que esa inclusión es innecesaria, porque están en vigor y porque tienen la plenitud de sus consecuencias los acuerdos de política fiscal y financiera del 20 de enero de 1992, cuyo apartado 2.11, que he leído detalladamente, describe, enumera con toda precisión los casos en que es de aplicación ese principio de compensación cuando hay disminución, bonificación, etcétera de impuestos cedidos.
Por consiguiente, estando en vigor, teniendo su vida propia y expresando aquí la explícita voluntad de que eso sea objeto de un cumplimiento riguroso, nosotros creemos que esa adición es innecesaria y técnica y legislativamente incorrecta. La segunda razón es que es una mala técnica legislativa que incluyamos en una ley que quiere ser sustantiva y permanente un precepto que tiene una duración transitoria y que, en todo caso, finaliza en el año 1996.
Incorporar eso a un texto que tiene una voluntad de permanencia más allá de 1996, nos parece una técnica legislativa incorrecta, que suscitaría una cadena de consecuencias indeseables, porque casos análogos exigirían la inclusión, en leyes ordinarias, de las consecuencias de acuerdos que se firman en las mesas de negociación. Por tanto, siendo técnicamente incorrecta, nosotros creemos que no se debe admitir.
Por último y con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, anuncio, como ya lo ha hecho el Senador Cañellas, la propuesta de enmiendas transaccionales sobre las números 43 y 44 que, firmadas por todos los grupos parlamentarios, a continuación pasaré a la Mesa de la Cámara para que sean sometidas a la votación del Pleno.
Haciendo un análisis general de la posición del Grupo Parlamentario Popular, diré que habiendo varios procedimientos para conseguir los mismos objetivos: una ley sustantiva con entidad propia, una ley consistente en modificaciones de textos legales de otras leyes,

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nosotros creemos que es más significativa y más comprensible la primera vía, que no impedirá que a la larga terminen modificándose, en sus textos refundidos, la Ley Hipotecaria, la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Aranzadi notariales, etcétera.
Por esa razón, por una cuestión de vía, de procedimiento, nosotros rechazamos un conjunto de enmiendas, las números 15, 17, 37, 38, etcétera, que responden al modelo alternativo que sus señorías han presentado. Nosotros no compartimos algunos conceptos, como, por ejemplo, la extensión del ámbito de aplicación de la Ley, según el artículo 1.211 del Código Civil, a todos los préstamos hipotecarios, sean o no contraídos con entidades financieras. Esto es lo que sus señorías pretenden y lo que da origen a las enmiendas números 16, 18, 21, 22 y 36.
Nosotros no compartimos ese concepto básico de la aplicación de la ley y, por tanto, vamos a rechazar las enmiendas.
Por cuestiones de pura terminología, de ubicación en el texto de la ley, de matices respecto de algunas redacciones, tengo que decir que nosotros rechazamos los textos alternativos, porque pensamos que el texto que estamos defendiendo es lo suficientemente claro y constituye un conjunto coherente que los ciudadanos van a entender. Por consiguiente, no debe ser modificado en los términos que su señoría ha dicho. No voy a entrar en la cuestión de oficio de las actuaciones notariales porque ya hemos hablado de eso. Simplemente le digo respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que introduce una adicional nueva incluyendo un nuevo punto de exención, que eso no es exactamente equivalente a lo que se establece en el cuerpo de la ley, que es la causa, y la modificación es el efecto. Por tanto, creemos que no es inútil la distinción entre la causa y el efecto. Hay una ley sustantiva que establece exenciones, y el resultado final es que la Ley del Impuesto queda modificada. Causa y efecto que, efectivamente, su señoría puede aproximar todo lo que quiera, incluso, si quiere, hacerlas coincidir. A nuestro juicio, esa coincidencia sería incorrecta porque uno es la causa y otro es el efecto, por lo que creemos que no está de más mantener esa disposición adicional.
Por último, hago conocer a la Mesa de la Cámara dos observaciones de carácter lingüístico y gramatical, una de ellas de pura coherencia y otra de carácter gramatical y de concordancia, ya que, habiéndose decidido en Comisión que todas las referencias que la exposición de motivos contenía al anteproyecto de ley y al proyecto de ley fueran suprimidas, porque son incoherentes, siguiendo una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, por la misma razón debería eliminarse la referencia al proyecto de ley que figura en el párrafo primero de la exposición de motivos en la última línea de la primera página del texto publicado, donde se habla de nuevo de proyecto de ley, que debe ser sustituido, suprimido, o decir «esta ley», que es lo correcto.
Hay otra cuestión de pura concordancia gramatical en el artículo 9, en la línea cuarta, donde se habla de las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios «pactadas» --dice el texto de la ley--, cuando ese adjetivo parece referirse a las escrituras, que es el único sustantivo con el que puede concordar, y que es, sin embargo, una referencia incorrecta porque las escrituras no es lo que se pacta, sino que lo que se pacta es los préstamos hipotecarios. Por tanto, debe cambiar el género de ese adjetivo y decir las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios «pactados», para que sea gramaticalmente correcto.
Y eso es todo lo que nuestro grupo tiene el honor de decir en esta tribuna respecto a este importante proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias.
Después preguntaré a los demás grupos parlamentarios sobre las dos correcciones gramaticales que se nos proponen y pediré su pronunciamiento.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) El Senador Ibarz tiene la palabra.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, probablemente pocas veces se ha producido, como en esta ocasión, el caso de que un artículo de prensa llegue a transformarse en una disposición legal con rango de ley en menor plazo de tiempo.
Como mencioné en mi intervención en la Comisión de Justicia, y hoy no puedo evitar dejar constancia de ello ante el Pleno, efectivamente, un artículo publicado en el periódico «La Vanguardia», de Barcelona, suscrito por el Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Cataluña, don Fernando Méndez González, y el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, don Alfonso Hernández Moreno, puso de manifiesto las posibilidades que ofrecía el artículo 1.211 del Código Civil para propiciar la repercusión del descenso de los tipos de interés en los préstamos con garantía hipotecaria por la vía de la subrogación.
La tesis defendida por los aludidos juristas tuvo su traducción en la moción aprobada por el Congreso de los Diputados con la unanimidad de todos los grupos

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parlamentarios con representación en aquella Cámara, de cuyo mandato arranca el proyecto de ley que va a ser aprobado en esta sesión del Senado.
En el proyecto presentado por el Gobierno se introducen notables mejoras durante el trámite parlamentario.
El Senador Iglesias, en su intervención, ha expresado la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de preservar el sentido y el alcance del acuerdo de política fiscal y financiera de 20 de enero de 1992 en orden a compensar la minoración de ingresos de las Comunidades Autónomas que tienen cedido el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que satisface una de las pretensiones de nuestro Grupo y por cuya razón retiramos la enmienda número 56.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene el convencimiento de que el texto que hoy será aprobado responde a las expectativas generadas entre los titulares de préstamos vivos, y que se traducirá de forma inmediata en una sustancial disminución de las cuotas que hoy pesan sobre las maltrechas economías familiares, haciendo más llevadera la adquisición de viviendas.
La posibilidad de que las entidades de crédito puedan novar las condiciones de los préstamos modificando los tipos e, incluso, el plazo de amortización inicialmente pactados, con los mismos beneficios fiscales que en los casos de subrogación, satisface la posible inquietud de las entidades financieras respecto a la estabilidad del mercado hipotecario.
Alcanzado, pues, un punto de equilibrio entre los intereses de las partes, cabe esperar la inmediata entrada en vigor de la Ley y la pronta traducción de sus preceptos en hechos concretos que alivien la carga financiera de los adquirentes de viviendas, a la par que estimulen a las entidades de crédito a mejorar el mercado hipotecario, dotarlo de mayor transparencia y mejorar la eficacia de los servicios financieros en un mercado libre, abierto y competitivo.
En esta seguridad, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votará favorablemente el texto de la ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Prada Presa.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero que quede constancia de que nuestro Grupo acepta las correcciones gramaticales que han sido expuestas por el Senador Iglesias y de que retiramos las enmiendas números 43 y 44, dado que han sido presentadas enmiendas transaccionales.
Señorías, en primer lugar, al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por cortesía, a nuestro Grupo no le duelen prendas en reconocer que estamos ante un proyecto de ley --ya prácticamente una Ley-- que se debe o es consecuencia de una iniciativa del Grupo de Izquierda Unida en el Congreso, del Diputado Espasa concretamente, y que, como se ha dicho ya, fue aprobada por unanimidad de toda la Cámara Baja.
Pero al igual que no nos duelen prendas en hacer este reconocimiento de los méritos de cada uno, tampoco nos ruborizamos al señalar que nuestro Grupo en el Congreso, y coincidente con las fechas de la iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida, había presentado una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, en el mismo sentido que la del Grupo de Izquierda Unida y que la retiramos porque habíamos ya aceptado la iniciativa anterior.
Nuestro Grupo cree que debe dejar constancia en el «Diario de Sesiones», a pesar del grado máximo de consenso que existe ya en este proyecto de Ley, de que una vez más el Gobierno socialista ha ido a remolque de la calle y le han faltado los reflejos adecuados para legislar con mayor rapidez lo que viene siendo una realidad desde la primavera de 1993, es decir la bajada de los tipos de interés, y si en alguna medida es adecuado legislar por Decreto-ley, seguramente éste hubiera sido el supuesto, y no tener que esperar --como hemos tenido que hacerlo los dos millones de ciudadanos, aunque ahora se tramite por el procedimiento de urgencia-- prácticamente un año desde que en la calle se vienen realizando los nuevos créditos con unos tipos de interés más bajos. Hemos tenido que esperar casi un año para ver una ley que pueda, de alguna manera, acomodar las situaciones del presente a esa rebaja de los tipos de interés.
Como se ha dicho ya, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente el conjunto de esta Ley. Quiero también agradecer al Senador Iglesias sus palabras de pura cortesía en las que se reconoce un trabajo técnico de los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario Popular, reconocimiento que, sin embargo, no se ve reflejado en el voto de su Grupo, por lo menos en Comisión, y por lo que se desprende de sus palabras, tampoco se va a ver reflejado, dentro de unos minutos, en su voto en esta Cámara.
Las enmiendas que hemos presentado a esta Ley, que al final han quedado en treinta, han sido exclusivamente con la voluntad y con la intención de mejorarla técnicamente. Senador Iglesias --se lo dijimos ya en Comisión--, a nuestro juicio, se ha hecho una Ley temporal, una Ley coyuntural, una Ley que, una vez que se produzca el «boom» del primer momento en que los ciudadanos acudan a subrogar o a modificar sus créditos hipotecarios, después no va a tener vida, no va a tener sentido.
Ante esta circunstancia, nosotros hubiéramos preferido una reforma de la Ley Hipotecaria y, posteriormente,

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haber hecho el texto refundido, como ya se ha señalado.
Decíamos que también hemos encontrado en esta Ley un sinfín de defectos que han sido ya señalados y, de alguna manera, nuestras enmiendas venían a recoger la subsanación de ellos. Por ejemplo, la enmienda número 20 --como se ha dicho-- que recoge el derecho de tanteo, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, quiebra el principio de libertad contractual. La enmienda número 26 era con la voluntad de mejorar los métodos de conciliación en caso de discrepancia entre las partes. Enmiendas técnicas van a ser rechazadas por su Grupo sin ningún tipo de justificación, Senador Iglesias, dado que no entendemos cómo, por ejemplo, las enmiendas 35 y 36 que consisten en una simple adición: a la palabra «Registro» añadirle «de la Propiedad» no va a ser admitido por su Grupo en la votación que celebremos. Y no lo entendemos porque sus señorías saben perfectamente, cuando están leyendo esta Ley, que se trata del Registro de la Propiedad; pero si hacemos leyes para que las entiendan también los ciudadanos, la gente de la calle sin conocimientos técnicos o jurídicos, debemos aclarar que el Registro al que tienen que acudir es el de la Propiedad.
Los Servicios Jurídicos de la Cámara también ha señalado una serie de defectos que no entendemos cómo el Grupo Socialista no ha promovido las iniciativas correspondientes para que se recojan en el texto final de la Ley; por ejemplo, la Disposición Final que establece que la Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación. Yo creo que, dada la urgencia de esta Ley, que consideramos que es una ley urgente, cuando antes esté en la calle, cuando antes puedan los ciudadanos beneficiarse de ella va a ser mejor para todos; pero no hubiera impedido, como señalaba el Letrado asesor de la Comisión de Justicia, que se diera un día, veinticuatro horas de «vacatio legis», para que la Ley no entrara en vigor el mismo día de su publicación, sino al día siguiente.
Echamos en falta también que esta Ley no dé una adecuada protección a los consumidores. Como señalaba el Senador Cañellas, ya el informe de las Organizaciones de Consumidores decía que esta Ley no es la panacea universal. Pero es más, señorías, yo les voy a dar el dato que recogí ayer: el 25 por ciento de las consultas y quejas que llegan a las Organizaciones de Consumidores están relacionadas con temas que precisamente trata esta Ley, temas de vivienda, de créditos hipotecarios, etcétera. Y nosotros hicimos una proposición, vía enmienda, para que se desarrollara por el Gobierno la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, del 19 de julio de 1984. Hablar del TAE, la tasa anual equivalente, las Comisiones de constitución, de estudio, todo esto es un mare mágnum que el ciudadano a la hora de firmar una hipoteca, cuanto más sencillo y migado se lo demos, será mejor para todos.
Por otra parte, señorías, y para terminar, tenemos que señalar que nuestro Grupo va a votar favorablemente la enmienda número 9 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, la enmienda número 65 del Grupo de Coalición Canaria y la enmienda número 56 del Grupo de Convergència i Unió.
Le agradecemos también al resto de los grupos la transacción a la que hemos llegado en las enmiendas números 43 y 44.
Para terminar, señorías, señor Presidente, quiero decirles que si el Grupo Parlamentario Popular tuviera mayoría en la Cámara esta ley sería técnica y jurídicamente más perfecta: sería una ley mejor. Pero como también estamos convencidos de que esta ley beneficiará a la mayoría de los ciudadanos, vamos a darle el voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Tiene la palabra el Senador Iglesias en turno de portavoces.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a reabrir, naturalmente, el debate sobre el contenido de las enmiendas que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Está en su derecho. Pero sí le digo que alguna de las observaciones que ha hecho me causa una cierta sorpresa. Por ejemplo, ha aludido a la disposición final de este proyecto de Ley recogiendo la opinión del letrado de la Comisión, opinión perfectamente correcta y legítima, pero que no ha sido objeto de enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. La podían haber enmendado manifestando que el proyecto de Ley debía entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín. Pero no la han enmendado. Por tanto, esto quiere decir que en principio estaban de acuerdo. De ahí que me sorprende que se haga en este momento esa alusión.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista agradece y estima el trabajo de colaboración de todos los grupos parlamentarios.
Creemos que los protagonismos están repartidos en este proyecto de Ley.
Esto tiene que ser reconocido expresamente al grupo proponente de la moción en el Congreso de los Diputados y a todos los grupos que en algún momento de la tramitación parlamentaria se han sumado a este proyecto de Ley; proyecto que ha sido mejorado en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, de manera que se puede decir, respecto del proyecto inicial, que hemos conseguido una notable mejora en la aplicación de sus preceptos para los ciudadanos.
No será ocioso recordar aquí que en el Congreso de los Diputados se hizo una notable ampliación del ámbito de aplicación de la Ley, no sólo para los préstamos hipotecarios que tienen garantía en viviendas o en locales

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comerciales o para rehabilitación de viviendas, sino para los préstamos hipotecarios que tienen como garantía bienes industriales, embarcaciones de pesca, bienes de producción, etcétera, que también se acogen a lo que esta Ley establece.
Me congratulo de que esto sea así y de que hayamos sido capaces de producir una ley en la que el consenso ha sido muy amplio. Asimismo, deseo que la aplicación de la misma rinda a los ciudadanos los frutos no momentáneos, sino largos, que de su texto se esperan.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Pasamos a las votaciones. (Pausa.) En primer lugar, vamos a someter a votación el voto particular número 6, del Senador Cuevas, correspondiente a las enmiendas números 11, 12 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 14; en contra, 221.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Mixto. Restan por votar las enmiendas números 2 y 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 15; en contra, 220.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, números 4 a 6, 8 y 9 correspondientes al voto particular número 1. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Solicito la votación separada de la enmienda número 9. El resto puede ser votado conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Lo hacemos así.
Pasamos a la votación de las enmiendas correspondientes a este voto particular exceptuando la número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 13; en contra, 221; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 111; en contra,122; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 64 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 14; en contra, 127; abstenciones, 95.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han sido retiradas.
Del voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular fueron retiradas las enmiendas números 42 y 43. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, fueron retiradas las enmiendas números 43 y 44, la número 42 se mantiene viva.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Votamos las demás enmiendas que comprenden este voto particular número 4 suscrito por el Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 107; en contra, 125; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Senador Iglesias Marcelo, como producto de su detenida lectura, propuso a la Cámara algunas modificaciones estilísticas que no son, desde luego, baladíes. En la Exposición de motivos proponía que en lugar de la redacción actual, que dice: «Este proyecto de ley...», diga: «Esta Ley...». Asimismo, en el artículo 9, cuarta línea, se debe sustituir «pactadas» por «pactados», ya que se refiere a los préstamos y no a las escrituras. ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento estas correcciones gramaticales? (Pausa.) Quedan aprobadas.
Ahora vamos a dar lectura a las enmiendas transaccionales suscritas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara. En los artículos 7 y 9, en lugar de «régimen fiscal» debe decir «beneficios fiscales», quedando redactado de la siguiente forma: «beneficios fiscales y honorarios notariales y registrales en la novación modificativa de préstamo hipotecario».
¿Puede entenderse aprobado por asentamiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Se propone también la inclusión de una Disposición Adicional Cuarta nueva con el siguiente texto: Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la debida aplicación de esta ley.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.


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Vamos a someter conjuntamente a votación el dictamen de este proyecto de Ley, con las modificaciones introducidas en los distintos trámites. Lo haremos, tal y como ha solicitado, en único acto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 235.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.) Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (S. 605/000001, C. D. 127/000004).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA CUAL SE DEROGA LA LEY ORGANICA 12/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA DE COMPETENCIAS DE TITULARIDAD ESTATAL (S. 625/000001, C. D.
125/000004).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Pido unos breves instantes de atención. Los portavoces de los grupos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas propusieron que su Presidente hiciera la presentación del dictamen conjunto de todos los proyectos que a continuación vamos a debatir y, en su caso, a aprobar.
Tiene la palabra el Senador Reventós.


El señor REVENTOS I CARNER: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me cabe el honor de presentar ante el Pleno de la Cámara, como Presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, designado por ésta por acuerdo unánime adoptado en su sesión del día 1 de marzo del presente año, los dictámenes de las proposiciones de ley orgánica de reforma estatutaria que se van a debatir en el Pleno de hoy.
Debo decir que la tramitación de las proposiciones de ley orgánica de reforma estatutaria ha sido la primera actuación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas inmediatamente después de su constitución.
Quiero ver en ello una realidad y un símbolo. Lo primero, porque un órgano del Senado destinado principal y preferentemente a tratar las cuestiones relacionadas con el Estado de las Autonomías ha iniciado su camino con la actividad legislativa referente a la reforma de estatutos, norma institucional básica de las respectivas Comunidades Autónomas y, a su vez, parte del ordenamiento jurídico del Estado español. Lo segundo, porque nada mejor que una reforma estatutaria simboliza la distribución territorial y funcional de poderes de nuestro sistema constitucional en cuanto a confluencias en el procedimiento aprobatorio de distintas voluntades --autonómicas y estatales-- en nuestro Estado compuesto.
Dicho esto, expondré, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento del Senado, las actuaciones y motivos inspiradores del dictamen que la Comisión General de las Comunidades Autónomas formula respecto de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, y fue remitida por la Mesa a la antigua Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, abriéndose un plazo de enmiendas cuyo término se fijó para el 29 de diciembre y que posteriormente fue ampliado hasta el 3 de febrero de 1994.
Siendo de aplicación el procedimiento de reforma estatutaria la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre Procedimientos de reforma estatutaria, de 30 de septiembre de 1993, y previéndose en su artículo tercero, apartado 4, la posibilidad de que la Comisión o la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma proponente de la reforma pudieran solicitar la presencia ante la Comisión de una delegación de la Asamblea Autonómica, la Comisión de Autonomías declinó esta posibilidad, consciente del presumible solapamiento de la reforma estatutaria con la constitución de la nueva Comisión General de las Comunidades.
No obstante, comunicada por la presidencia del Senado esta posibilidad, las Cortes Valencianas acordaron enviar una Delegación para que estuviera presente ante la Comisión en un acto de presentación de la proposición, conexo con el procedimiento legislativo.
El 2 de febrero de 1994 se constituyó la nueva Comisión General de las Comunidades Autónomas, en virtud de la reforma reglamentaria aprobada por el Pleno del Senado el 11 de enero y, consecuentemente, la nueva Comisión se subrogó en las competencias de la vieja Comisión de Autonomías, por lo que en la primera sesión ordinaria de la Comisión General compareció la Delegación de las Cortes Valencianas, compuesta por los ilustres señores Diputados don Segundo Bru Parra, don Eduardo Zaplana Hernández-Soro y don Héctor Villalba Chirivella, que se manifestaron unánimemente

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a favor de esta proposición, cada cual desde sus respectivos planteamientos y acentos políticos.
Finalizado el plazo de enmiendas, la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue objeto de tres enmiendas del Senador don Miguel Ramón i Quiles, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto.
La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas el 2 de febrero y compuesta por los Senadores don Felipe Guardiola, don José Miguel Ortí Bordás y don Miguel Ramón i Quiles, acordó el 15 de febrero por mayoría, proponer a la Comisión el mantenimiento, en sus propios términos, del texto remitido por el Congreso, coincidente, a su vez, con la proposición de las Cortes Valencianas, y desestimar las enmiendas presentadas.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.o de marzo pasado, adoptó como dictamen el texto propuesto por la Ponencia y rechazó las enmiendas presentadas, que fueran defendidas por el enmendante, siendo, en consecuencia, este el texto que me cabe el honor de proponer al Pleno del Senado.
Como consecuencia de este dictamen, y en unidad de acto, la Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió y aprobó el dictamen respecto a la proposición de ley orgánica por la que se deroga la Ley Orgánica, la LOTRAVA, 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencia a la Comunidad Valenciana, competencias de titularidad estatal.
La proposición de Ley orgánica derogatoria tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión y abriéndose plazo de enmiendas que finalizó con la ampliación acordada el 3 de febrero de 1994.
La proposición de ley orgánica ha sido objeto de enmiendas del Senador Ramón i Quiles, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. Al amparo del artículo tercero, apartado 4 de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, y al igual que se había hecho con la reforma estatutaria, las Cortes Valencianas solicitaron la presencia de la Delegación ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para presentar esta proposición.
La Delegación de las Cortes Valencianas compareció ante la Comisión General y, en acto único, presentó la proposición de Ley orgánica derogatoria de la LOTRAVA, siendo unánime, y cada cual desde sus acentos políticos, la expresión de los delegados a favor de las proposiciones a debatir.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas designó, en sesión de 2 de febrero de 1994, la Ponencia encargada de informar la proposición de ley orgánica derogatoria de la LOTRAVA, integrada por los Senadores don Felipe Guardiola, don Miguel Ortí Bordás y don Miguel Ramón i Quiles.
La Ponencia emitió informe el 15 de febrero, acordando por mayoría proponer a la Comisión General el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La Comisión, en su sesión del 1.o de marzo pasado, aprobó como dictamen el texto propuesto por la Ponencia, a la par que rechazó las enmiendas que fueron defendidas por el enmendante señor Ramón i Quiles.
En consecuencia, este es el texto que se propone como dictamen al Pleno del Senado.
Señor Presidente, al amparo también del artículo 120 del Reglamento del Senado, procedo a presentar el dictamen adoptado por la Comisión General respecto a la proposición de ley orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
La proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, abriéndose plazo de enmiendas que, como consecuencia de la ampliación, finalizó el 3 de febrero de 1994. A la proposición se presentaron 18 enmiendas del señor Cuevas González y de la señora Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
De conformidad con el artículo tercero, apartado 4 de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre el procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía, la Diputación General de La Rioja solicitó la presencia de una Delegación compuesta por los ilustres señores Diputados regionales, don Miguel González de Legarra, don Pedro María Sanz Alonso y don Mario Fraile Ruiz, ante la Comisión para la presentación de la proposición.
La delegación parlamentaria compareció ante la Comisión General el 10 de febrero de 1994 con asistencia del excelentísimo señor Presidente de la Diputación General de La Rioja, don Félix Palomo, manifestando su apoyo unánime a la proposición de ley orgánica de ampliación de las competencias estatutarias.
La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas e integrada por los señores Senadores don Ignacio Díez González y don Joaquín Espert Pérez-Caballero aprobó el 14 de febrero el Informe de la Ponencia proponiendo el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados con el consiguiente rechazo a las enmiendas presentadas.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó el 1.o de marzo el Dictamen de esta proposición en los términos propuestos por el Informe de la Ponencia y rechazando las enmiendas presentadas que fueron defendidas por el señor enmendante, siendo éste, en consecuencia, el texto que se elevará al Pleno.
A continuación, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara, procedo a presentar el Dictamen recaído respecto a la proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
La proposición de Ley Orgánica tuvo entrada en el

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Senado el 16 de diciembre de 1993 y fue remitida a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, abriéndose un plazo de enmiendas que, como consecuencia de la ampliación, finalizó el 3 de febrero de 1994.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó una enmienda de adición de un apartado 7) al artículo único para añadir al artículo 2 apartado 3) del Estatuto de Cantabria determinadas previsiones en materia de enclave territorial.
Por otra parte, la Asamblea Regional de Cantabria, al amparo del artículo 3, apartado 4.º de la norma supletoria de la Presidencia del Senado solicitó la presencia de una delegación de dicha Asamblea ante la Comisión para presentar la proposición.
La Delegación, integrada por el Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea Regional, don Alfonso Pajares Compostizo y los Ilustrísimos señores don Miguel Angel Palacio García y don Roberto Bedoya Arroyo compareció ante la Comisión General el 11 de febrero, manifestando el apoyo unánime a la proposición de Ley de Reforma.
La Ponencia designada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas el 2 de febrero de 1994 e integrada por los señores Senadores don Jaime Blanco García y don Ricardo Bueno Fernández acordó proponer a la Comisión el mantenimiento del texto remitido por el Congreso y el rechazo de la enmienda presentada.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas adoptó como Dictamen el texto propuesto por la Ponencia, retirándose durante el debate la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En consecuencia, el Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas es coincidente con el Informe de la Ponencia que mantuvo el texto remitido por el Congreso, sin que se mantengan enmiendas relacionadas con esta Proposición.
A continuación, al amparo del artículo 120 del Reglamento del Senado, procedo a la presentación del Dictamen recaído respecto de la proposición de Ley Orgánica sobre reforma del Estatuto de Autonomía para la región de Murcia.
El 16 de diciembre de 1993 tuvo entrada en la Cámara la proposición, remitiéndose a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial y abriéndose un plazo de enmiendas que, como resultado de su ampliación, finalizó el 3 de febrero de 1994.
La proposición ha sido objeto de 21 enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
La Ponencia designada por la Comisión el 2 de febrero de 1994, e integrada por los señores Senadores don Antonio Cárceles Nieto y don Manuel Hurtado García, resultó modificada, sustituyéndose al Senador Cárceles Nieto por don José Maeso Carbonell, toda vez que por razones de enfermedad no pudo intervenir el primitivo ponente del Grupo Parlamentario Popular, sustitución ratificada posteriormente por la Comisión el 1.º de marzo. La Ponencia propuso en su Informe el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el Dictamen en la sesión de 1.º de marzo y acordó proponer como tal el Informe de la Ponencia, rechazándose las enmiendas presentadas, que fueron defendidas en Comisión por el representante del Grupo Parlamentario Mixto.
Procedo ahora a la presentación del Dictamen recaído respecto de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
La Proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial y abriéndose un plazo de enmiendas que, merced a la ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.
La proposición ha sido objeto de dos enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
La Ponencia designada por la Comisión el 2 de febrero e integrada por los señores Senadores don Antonio Garcías Coll y don Guillermo Vidal Bibiloni acordó proponer a la Comisión General de las Comunidades Autónomas el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados en su Informe de 14 de febrero.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el Dictamen en su sesión de 1.º de marzo de 1994, adoptándose como tal el texto del Informe de la Ponencia, quedando rechazadas las enmiendas presentadas que fueron defendidas por el representante del Grupo Parlamentario Mixto.
En consecuencia, este es el Dictamen que la Comisión eleva al Pleno de la Cámara.
A continuación, procedo a la presentación del dictamen de la Comisión respecto a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dicha proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, abriéndose el plazo de enmiendas que, en función de la ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994. La proposición ha sido objeto de veintiuna enmiendas, la número uno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y las veinte restantes de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo del artículo tercero, apartado cuarto de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, las Cortes de Castilla y León solicitaron la presencia de una Delegación compuesta por los excelentísimos señores Procuradores, don Manuel Estella Hoyos, don Fernando Zamácola Garrido, don Jaime González González,

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don Mario Amilivia González, don Laurentino Fernández Merino y los ilustrísimos señores don Francisco León de la Riva y don Jesús Quijano González, para presentar la proposición de ley orgánica de reforma ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, lo que tuvo lugar el 14 de febrero, manifestando todos los componentes de la Delegación su unánime criterio a favor de la proposición, en los términos en ella contenidos.
La ponencia designada en la sesión de la Comisión de 2 de febrero, e integrada por los señores Senadores don Octavio Granado Martínez y don José Luis Sainz García, en reunión de 14 de febrero, acordó proponer como informe el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el dictamen en sesión celebrada el 1.º de marzo, durante la cual el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos retiró la enmienda número uno de su Grupo a la proposición de la ley orgánica, defendiéndose por la enmendante, señora Vilallonga, las restantes veinte enmiendas que fueron rechazadas. El dictamen que se eleva al Pleno mantiene, pues, el informe de la ponencia, coincidente con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Procedo a presentarles el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La proposición tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la vieja Comisión de Autonomías y abriéndose un plazo de enmiendas que, merced a la ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.
A la disposición se presentaron diecinueve enmiendas por los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto. La Comisión General de Comunidades Autónomas designó la ponencia en su sesión de 2 de febrero de 1994, integrada por los señores Senadores don Julián Grimaldos Grimaldos y don José Manuel Molina García, que informó la proposición el 14 de febrero, proponiendo a la Comisión el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el dictamen en sesión de 1.º de marzo y aprobó el texto propuesto por la ponencia, rechazando las enmiendas que fueron defendidas por la enmendante, señora Vilallonga, siendo, en consecuencia, éste el texto del dictamen que se propone al Pleno.
A continuación procedo a presentar, al amparo del artículo 120, el dictamen adoptado en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión y abriéndose un plazo de enmiendas que finalizó, previa ampliación, el 3 de febrero de 1994. Esta proposición ha sido objeto de veintinueve enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas designó en sesión de 2 de febrero la ponencia encargada de informar la proposición, compuesta por los señores Senadores don Federico Suárez Hurtado y don Angel Carlos Bernáldez Rodríguez. La ponencia informó la proposición el 14 de febrero de 1994, acordándose proponer a la Comisión el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas en sesión de 1.º de marzo de 1994, rechazó las enmiendas presentadas que fueron defendidas por la enmendante, señora Vilallonga, y acordó como texto del dictamen el propuesto por la ponencia, siendo éste, en consecuencia, el que la Comisión eleva al Pleno.
Seguidamente procedo a la presentación del dictamen aprobado en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid. La proposición de ley orgánica tuvo entrada en el Senado el 16 de diciembre de 1993, remitiéndose a la Comisión y abriéndose un plazo de enmiendas que, después de la ampliación acordada, acabó el 3 de febrero de 1994. A la proposición de ley orgánica se han presentado cincuenta enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
La Comisión General de Comunidades Autónomas, en sesión de 2 de febrero, designó la ponencia encargada de informar la proposición e integrada por los señores Senadores don Teófilo Serrano Beltrán y don Juan Van-Halen Acedo. Asimismo y al amparo del artículo tercero, apartado cuarto de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, el 30 de septiembre de 1993, la Asamblea de la Comunidad de Madrid solicitó la presencia de una Delegación ante la Comisión General al objeto de presentar la proposición de ley orgánica de reforma estatutaria.
La delegación, compuesta por los ilustrísimos señores Diputados don Manuel Cobo Vega, don Javier Ledesma Bartret y don Jaime Ruiz Reig, compareció ante la Comisión el 11 de febrero de 1994. La Ponencia emitió un informe el 14 de febrero, proponiendo el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió en su sesión del 1.º de marzo el dictamen, acordando adoptar como tal el texto propuesto por la Ponencia y rechazar las enmiendas que fueron defendidas por la enmendante señora Vilallonga.
Este es, pues, el dictamen que la Comisión General de las Comunidades Autónomas propone al Pleno de la Cámara.
A continuación, procedo a presentar el dictamen de

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la Comisión respecto de la proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias.
La proposición de ley orgánica entró en el Senado el 16 de diciembre de 1993, y se remitió a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial abriéndose un plazo de enmiendas que, por ampliación acordada, finalizó el 3 de febrero de 1994.
La proposición ha sido objeto de veintitrés enmiendas de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto. La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 2 de febrero de 1994, designó la Ponencia encargada de informar la proposición, integrada por los señores Senadores don Pablo García Fernández y don Isidro Fernández Rozada.
La Ponencia emitió un informe el 15 de febrero de 1994, acordando proponer a la Comisión el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en sus propios términos, y la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.º de marzo, dictaminó la proposición, rechazando las enmiendas presentadas, que fueron defendidas por la enmendante, Senadora Vilallonga, y aprobando como texto del dictamen el propuesto por la Ponencia, siendo éste el que se eleva al Pleno de la Cámara.
Por último, a tenor de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento del Senado, procedo a presentar el dictamen recaído respecto de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Dicha proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el 16 de diciembre, remitiéndose a la Comisión, y abriéndose un plazo de enmiendas que, una vez ampliado, finalizó el 3 de febrero de 1994.
La proposición de ley orgánica ha sido objeto de una propuesta de veto, presentada por el Senador Calvo Lou, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, y de catorce enmiendas, de los señores Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, también pertenecientes a dicho Grupo.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 2 de febrero de 1994, designó la Ponencia encargada de informar la proposición de ley orgánica, integrada por los señores Senadores don Alfonso Sáenz Lorenzo, don Gregorio Garzarán García y don Valentín Calvo Lou.
La Ponencia emitió un informe el 14 de febrero de 1994, acordando rechazar las enmiendas presentadas y proponer a la Comisión el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del ponente señor Calvo Lou.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión del 1.º de marzo de 1994, debatió el dictamen, acordando adoptar como tal el informe de la Ponencia, con el consiguiente rechazo de la propuesta de veto y de las enmiendas presentadas, que fueron defendidas por los Senadores Calvo Lou y Vilallonga Elviro, respectivamente. Y éste es, en consecuencia, el texto que se eleva al Pleno de la Cámara.
Finalizo, señor Presidente. Reitero mi agradecimiento por la confianza de los miembros de la Comisión que presido, al concederme el honor de efectuar esta presentación de los dictámenes sobre reformas estatutarias.
Vean en ello, señorías, el propio honor de la Comisión en la realización de su trabajo respecto de una materia tan fundamental como la de las reformas estatutarias, coincidente en ello, sin duda, con la totalidad de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Reventós.
De acuerdo con lo convenido en la Junta de Portavoces, vamos a proceder al debate del primer dictamen, correspondiente a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, para la defensa del voto particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 1 a 3, tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.


El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente de Les Corts Valencianes.
Señorías, el voto particular que mantengo a la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano ha sido presentado con dos finalidades: la primera de ellas cumple la función de su liberalidad. Es decir, la enmienda número 1 pretende retrotraer el texto del artículo 12.4 del Estatut dé Autonomía aprobado en sus orígenes, con el fin de que el Presidente de la Generalitat tenga la capacidad de disolución anticipada de Les Corts Valencianes y que no esté condicionado a una fecha concreta. A finales de 1990, mediante un pacto centralista, fue modificado el artículo 12.4 dejando dicha competencia política mediatizada a una fecha concreta. El fin último era el de armonizar los procesos electorales para celebrarlos el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.
Pero además de ser un recorte importante en el derecho de autogobierno del pueblo valenciano, puede reportarle en un futuro inmediato consecuencias negativas, ya que tras unas elecciones, el sistema de mayorías puede hacer ingobernable la autonomía valenciana. En el caso de la Nacio Valenciana, que con esta reforma --incluso si ella-- tiene atribuidas tantas competencias como las nacionalidades históricas de todo el Estado, si Les Corts Valencianes quedan en un sistema asambleario más que parlamentario, se podrá dar el caso de que durante toda una legislatura no puedan adoptarse sus presupuestos, en definitiva, que todo el

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entramado de educación, cultura, agricultura, obras públicas, medio ambiente, transporte, turismo o sanidad quedaría sin poder gestionarse adecuadamente en el caso de una mayoría inestable en Les Corts Valencianes.
La idea armonizadora electoral de los partidos centralistas no alcanza a la totalidad de las nacionalidades del Estado y, es cierto, Euskadi, Cataluña y Galicia no están dentro de este proceso armonizador por un motivo claro: el alto índice de competencias estatutarias hace recomendable que puedan maniobrar electoralmente con el fin de que la gestión sea eficaz.
Pues bien, la Nación Valenciana tiene, antes y después de esta reforma que hoy se pretende, un techo competencial similar al de todas ellas. Por el contrario, en el Estatuto no se le permite la autodisolución, sino que tiene que celebrar elecciones a fecha fija. Si el pueblo valenciano ejerciera su voto de manera que no saliera una mayoría suficiente, podrán suponer sus señorías la imposibilidad de gestionar debidamente, por ejemplo, todo el entramado sanitario o de educación. Estamos hablando casi de un billón de pesetas del presupuesto.
La enmienda número 2 pretende convertir un Estatuto otorgado en uno dotado por el pueblo valenciano. Posiblemente se le podría dar el calificativo de propuesta romántica. Personalmente, lo calificaría como adecuar el Derecho Político satisfaciendo así una aspiración nacionalista propia del principio del derecho de autogobierno de la Nacio Valenciana.
La enmienda número 3 no es más que una explicación de la presente reforma más acorde a la realidad, que modificaría su exposición de motivos.
La segunda finalidad es que este voto particular pudiera servir de apoyo parlamentario a todas aquellas iniciativas que contribuyeran a la mejora del texto o al incremento de competencias legislativas, de gestión, políticas o económicas, de acuerdo con el nuevo criterio unánimemente expresado por Les Corts Valencianes el día 17 del mes pasado.
Estos son los motivos de mantener el voto particular, así como la esperanza de que las afirmaciones efectuadas en Valencia se puedan convertir en hechos reales en este trámite del Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, vamos a proceder --salvo que se me indique algo en contrario-- al turno de portavoces, teniendo en cuenta --lo digo para la intervención de sus señorías-- que también fue acordado que en un único acto hiciéramos referencia al proyecto de Ley Orgánica de derogación de la Ley 12/1982, de 10 de agosto.
He hecho esta mención para entender que el debate de ambos proyectos de ley es conjunto.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Ramón y Quiles.


El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la presentación de la reforma de L'Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana, els Sindics de los diferentes Grupos Parlamentarios de Les Corts Valencianes coincidieron en reclamar el carácter histórico de la Nacio Valenciana. De manera armónica, todos ellos destacaron el fet diferencial valencià. Un hecho diferencial avalado y forjado en este particularismo político del que el Reino de Valencia gozó hasta 1707, hasta ese trágico y vergonzoso 25 de abril.
El Reino de Valencia, configurado como nación propia, poseía un ordenamiento jurídico basado en els Furs del Reino de Valencia, sistema monetario diferenciado y con las instituciones apropiadas que lo convertían en un Estado independiente, unido a la Corona de Aragón por coincidencia monárquica.
La derrota militar de la batalla de Almansa, y como inicio de una brutal represión contra la Nacio Valenciana, Felipe d'Anjou dispuso, mediante el Decreto de Nueva Planta, la abolición y derogación dels nostres Furs. Ese fue el inicio de pertenencia al Estado de la Nacio Valenciana, y cito las palabras textuales del monarca, que decía en su decreto: «La derrota de los valencianos se debe a mi justo derecho de conquista, por lo que elimino sus leyes, sus usos, sus tribunales y también sus costumbres.» A los valencianos no se nos ha olvidado esa forma de integrarnos en el Estado. De ello dieron buena cuenta los representantes de Les Corts Valencianes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Desde entonces, hemos intentado establecer nuestra relación con el Estado con fórmulas alternativas. Ante la imposibilidad de recuperar els Furs o parte de ellos, muchas han sido las propuestas alternativas, y como mera enumeración, citaré el proyecte de Constitucio pera l'Estat Valencià, de 1904, o el Proyecte d'Estatut de 1919, o los múltiples de la Segunda República, con el Proyecto de 11 de junio de 1931 que, anterior a la Constitución republicana, precisamente el día 18 de julio de 1936 hacía su entrada para su aprobación en las Cortes Generales.
El golpe de Estado imposibilitó que los valencianos tuviéramos, junto a la categoría de nacionalidad histórica, un Estatuto de Autonomía histórico.
Recuperándose la democracia, la Nacio Valenciana movilizó sus calles con la exigencia coreada de «llibertat, amnistía i Estatut de Autonomía», firmándose el 8 de octubre de 1978 el «Compromis Autonomic», firmado por la totalidad de las fuerzas democráticas valencianas --PSOE, UCD, el Partit Comunista del País Valencià, Alianza Popular, el PTPV, la ORT, mi propio partido, el Partit Carli y la UDPV--, por el que nos comprometíamos unánimemente a que, una vez aprobada la Constitución, se promulgará lo más rápidamente posible la correspondiente ley orgánica contemplada en el

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artículo 151, apartado primero, que exige ratificarlo por medio de un referéndum del cuerpo electoral afectado por la iniciativa autonómica, es decir, un Estatuto de Autonomía lo más amplio y lo más rápidamente posible.
El 9 de enero de 1979 el Consell Preautonómico valenciano iniciaba la vía del artículo 151 de la Constitución Española. El 95 por ciento de los ayuntamientos valencianos, que representaba el 98 por ciento de la población, solicitaron, mediante acuerdo plenario, la autonomía por esta vía.
Así hizo su entrada en el Congreso de los Diputados, en octubre de 1979, la documentación necesaria que cubría los requisitos para las autonomías más amplias. Pero las aguas de la reciente democracia no bajaban limpias, y, una vez más, el llamado interés general impidió un Estatuto digno de la nacionalidad histórica que suponía Valencia.
Pero los valencianos no callamos y, a pesar de las diferencias internas, nos volvimos a manifestar exigiendo «Volem l'Estatut per 151». El interés general privó ante la razón de los valencianos y, así, en un descalabro del partido del Gobierno, tuvimos que conformarnos con el Estatuto que nos fue otorgado, un Estatuto que se podía calificar como inconstitucional.
La situación de un partido en el Gobierno en proceso de desaparición, la presión de los poderes fácticos y la excusa de reorientar el Estado de las Autonomías hicieron que el Estatuto valenciano se tramitar por la vía del artículo 143 de la Constitución, con competencias previstas en el 151. Así, resultó ser que por la vía, entonces llamada lenta, del artículo 143 se reconocía a la Comunidad valenciana su carácter de nacionalidad, dentro de la distinción que la Constitución hace entre las nacionalidades y regiones, y al mismo tiempo dotaba de todas las competencias posibles por el artículo 151. Para paliar la inconstitucionalidad del Estatuto, se arbitró la LOTRAVA, Ley Orgánica que hoy se pretende derogar.
La profundización en el Estado de las Autonomías ha hecho que por la vía de acceso a sus respectivos estatutos se distinga en la práctica entre nacionalidades históricas y aquéllas que no lo son, olvidando que cada Estatuto de Autonomía indica si se trata de una nacionalidad o región.
Curiosamente, se distinguen como históricas o no si en tiempos de la República tuvieron estatuto de autonomía. Por ello, resulta que el golpe de Estado de 1936 es el que nos priva a los valencianos de ser una autonomía de primera. A pesar de todo, con un estatuto otorgado por el Estado, y no dotado por el pueblo valenciano, disfrutamos de una Comunidad con las mismas competencias que las mal llamadas históricas; por poner un ejemplo, la Nacio Valenciana resultó con casi idénticas competencias que Cataluña. Pero, una vez más, el interés general se cebó en los derechos valencianos, y en 1990 un pacto centralista nos reformó el Estatuto. Aquella reforma, de la que nadie se siente orgulloso y que incluso en este debate se ha intentado eliminar, no nos quitó una competencia de ejecución, sino que se trataba de algo más importante: nos hurtó la capacidad de autodisolución de Les Corts Valencianes. De nada sirvieron horas y horas de negociación; de nada sirvieron los debates ni las razones ni aquellas reuniones, en definitiva. El pacto estaba cerrado y el interés general se impuso como con Felipe V. Nuestras leyes se redujeron a las de Castilla...
Hoy tenemos que aprobar una reforma y, desde luego, en este momento estoy dispuesto a retirar, y así lo hago, las enmiendas de Ezquerra Nacionalista Valenciana había mantenido hasta este momento. Ya he dicho que estaban presentadas con el fin de que sirvieran de apoyo para una mejor reforma.
Por el contrario, voy a solicitar el voto favorable de todas sus señorías, porque, ¿cómo podríamos votar que no o solicitar un voto negativo ante un texto tan anodino como el que se nos propone? Un pacto autonómico decidió presentar la proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con este texto: «Todas las competencias atribuidas por el presente Estatuto quedan incorporadas a él plenamente, asumiéndose con carácter estatutario por la Generalitat Valenciana». ¿Podría alguien votar negativamente este maravilloso perogrullo? Por ello, les ruego, señorías, que acepten lo solicitado, sobre todo, porque no creo que sea posible encontrar argumentos para votar negativamente, aunque no creo que jurídica o competencialmente se varíe el autogobierno de los valencianos, tampoco considero que un acuerdo de Les Corts Valencianes sea rechazado, otra cosa hubiera sido el poder ampliarlo.
Señorías, el dabate en Corts Valencianes fue muy duro. Se presentaron multitud de enmiendas, se solicitó incluso, al entender de Ezquerra Nacionalista Valenciana muy acertadamente, hasta el cambio de la denominación a la proposición presentada, pero los grupos parlamentarios, al ver rechazadas sus enmiendas, al igual que me ha ocurrido hoy aquí, unánimemente aceptaron el proyecto.
Creo que ha sido una lástima no haber aprovechado este trámite para avanzar en el Estatut de la Nacio Valenciana y adecuarlo a las aspiraciones de mayor cuota de autogobierno acordada por unanimidad el pasado 17 de febrero en Les Corts Valencianes.
Señorías, les ruego que acepten la reforma que pretenden Les Corts Valencianes, como lo vamos a hacer desde Ezquerra Nacionalista Valenciana, Izquierda Unida y el resto de partidos políticos que integramos el Grupo Mixto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
En Turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario

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de Senadores Nacionalista Vascos, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero anunciar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto Valenciano, así como a la derogación de la LOTRAVA, y expresar nuestra más cordial felicitación a los representantes del pueblo valenciano presentes en este hemiciclo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, le saludamos afectuosamente.
Quiero manifestar que nuestro Grupo va a votar afirmativamente la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y la derogación de la Ley Orgánica de Transferencias, sin ninguna reserva mental y enormemente satisfechos de hacerlo; que quede claro.
No obstante, como son once reformas de Estatutos de Autonomía, queremos hacer una intervención, aprovechando que ésta es la primera, para verter conceptos generales y, posteriormente, en cada uno de los Estatutos, mi Grupo puntualizará algún tema y anunciará su voto favorable a todos ellos.
Queríamos, de forma general, puntualizar varios conceptos.
El primero es que algunas reformas de Estatutos de Autonomía provienen prácticamente de un pacto autonómico, luego convertido en una realidad --como es la que estamos debatiendo hoy--, y en el debate de esas reformas podemos expresar nuestro desacuerdo con ese pacto. Esto no significa que minimicemos ni vayamos en contra de las expresiones democráticas de cada una de sus Asambleas Parlamentarias --¡faltaría más!-- sino, simplemente, que parten de ahí, y como nosotros tenemos un concepto diferente de construcción del Estado, creemos que hay que seguir dando pasos adelante para llegar a crear un Estado federal que pensamos que puede ser asimétrico. En esa ficción lingüística de Estado autonómico, cada Comunidad Autónoma llega a la conclusión de cuál es o tendría que ser su grado de autogobierno. Eso lo vemos claro.
Afortunadamente, con el rodaje democrático que tenemos, hemos superado los conceptos de Autonomía de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, los listones --«yo quiero llegar al listón de la de...»-- y los conceptos históricos --imagínense ustedes si yo les empiezo a hablar de la conquista de Canarias de hace 500 años y de los fueros que teníamos para nuestras propias milicias--. Hay un rodaje democrático de una serie de años, y esos conceptos ya los tenemos, al menos nosotros, desechados.
Las fuerzas políticas que trabajan en cada una de esas territorialidades tienen que sentarse a dilucidar qué grado, cuántas competencias y qué desarrollo quieren, y traer aquí, con el máximo grado de consenso, lo que opinen en su territorialidad. Y ése es el Estado que nosotros queremos, con un nombre que quizá no sea el adecuado: un Estado asimétrico. No nos asombra que cada Comunidad llegue al convencimiento de unas competencias que otras no las tienen, no las desarrollan o no desean desarrollarlas.
Cada Comunidad, a nuestro juicio, debe tener las que opina que se pueden desarrollar con eficacia y con acercamiento al ciudadano, y las que no, no tienen por qué tener ningún grado de frustración por no absorberlas.
En la construcción de los Estados Federales asimétricos eso es completamente normal.
Lo único que dijimos en Comisión --y con toda la buena voluntad del mundo se lo quiero aclarar al Senador-- fue que ese traslado automático de la LOTRAVA al Estatuto, según la concepción y la opinión que nosotros tenemos del pacto automático, no nos parecía un sistema adecuado para una serie de fuerzas políticas que se ponen a dilucidar su segunda ley fundamental que es el Estatuto. Pero no es nada más que eso. Si la Asamblea, como su señoría me ha dicho antes, unánimemente ha dicho que ese es el Estatuto que desea para este Grupo parlamentario y para este Senador, eso es tremendamente respetuoso. Senador, queda aclarado.
Por último, nuestro Grupo le desea a la Comunidad Valenciana que esas competencias que poseía por su Estatuto y por la Ley Orgánica complementaria al Estatuto --la inmensa mayoría de ellas estarán vivas y desarrollándose-- sirvan para aumentar el bienestar de nuestros queridos hermanos valencianos y que les haga su vida más feliz, que es muchísimo más importante.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Senador Ferrer i Roca tiene la palabra.


El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en un acto como éste quizás sea oportuno empezar recordando, aunque sea brevemente, que la Constitución es una proclamación de derechos y deberes que posibilita el despliegue del autogobierno en aquellas nacionalidades y regiones de claros antecedentes históricos y también en aquellos otros territorios en los que la conciencia autonómica resultó debilitada por el hecho de los tiempos.
Evidentemente, la Comunidad Valenciana es de los primeros, es realmente un país que ha mantenido siempre una viva

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conciencia de esa trayectoria histórica en su autogobierno y también en las reivindicaciones para recuperarlo. Esta es una primera constatación que creo que es justo hacer en este momento.
Para el Grupo parlamentario de Convergència i Unió es, señorías, particularmente satisfactorio poder votar afirmativamente esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la correspondiente derogación de la LOTRAVA. Por motivaciones históricas, porque durante muchos siglos hemos compartido... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Ferrer.
Señorías, ruego silencio porque es difícil entender al orador.
Muchas gracias.


El señor FERRER I ROCA: Decía, señor Presidente, que votaremos afirmativamente esta modificación del Estatuto Valenciano que se nos propone, fundamentando nuestro voto en motivaciones históricas, porque durante siglos hemos experimentado idénticos o similares obstáculos, idénticas o similares alegrías y también idénticas o similares derrotas y por coincidir muy claramente en el afán de despliegue del autogobierno en la actualidad.
La actual Comunidad Valenciana, tal y como se ha recordado hoy aquí, perdió sus libertades, perdió su posibilidad de autogobernarse en 1707.
Por eso, pienso que hubiese sido oportuno recordar que en aquel momento muchos valencianos optaron por seguir luchando por aquellas mismas libertades concretamente en Barcelona, donde unos años más tarde, en 1714, se perdieron las mismas libertades.
Todo esto, señorías, configura un proceso fácil de adivinar, cosa que en este momento nos satisface muchísimo, un proceso que es claramente de recuperación. Debo citar también otro momento especialmente interesante de recuperación. Aquí nos hemos referido en una u otra ocasión al tiempo en el que se perdieron aquellas libertades. Pero es significativo y oportuno recordar que en 1740, cuando se elabora el primer memorial a un Rey de España solicitando la recuperación de aquellas libertades, suscribimos conjuntamente aquel memorial todos los que las habíamos perdido unos años antes, entre ellos los valencianos.
Hace un momento decía que la Comunidad Valenciana tiene una trayectoria clara e importante en su afán de autogobernarse. Quiero citar aquí una obra de consulta obligada que demuestra esta trayectoria histórica importante en el autogobierno. La obra se titula «El valencianismo político» del hoy Senador Alfons Cucó, publicada ya hace más de 20 años.
Este libro demuestra cómo sin movernos del siglo XX, a través de la Asamblea Regionalista Valenciana, de los intentos de crear una mancomunidad en el País Valenciano y de la elaboración, como se acaba de recordar hoy aquí, de un proyecto de Estatuto que frustró la guerra de España de 1936, ha existido esta continuidad en el autogobierno.
Por todo ello, señorías, vuelvo a recordar que nuestro Grupo votará favorablemente la modificación que se nos ofrece hoy, con la convicción de que contribuiremos al despliegue del autogobierno, al despliegue de la autonomía valenciana.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.


El señor ORTI BORDAS. Gracias.
Señor Presidente, señorías: como todos ustedes conocen muy bien, los valencianos no pudimos acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, pero sí pudimos ejercer competencias de titularidad estatal gracias a la Ley Orgánica de transferencias. Esta Ley Orgánica de Transferencias fue aprobada de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución que, como sus señorías saben también perfectamente, permite al Estado poder transferir o delegar en las Comunidades Autónomas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
La reforma que es objeto de este debate, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana que estamos acometiendo, va a permitir que las competencias que se sustentaban en la Ley Orgánica de referencia se integren en él y adquieran de esta forma un carácter plenamente estatutario.
Termina así un período transitorio, una situación de provisionalidad en materia competencial para la Comunidad Valenciana. Sus competencias, en adelante, van a ser estatutarias en sentido estricto y a todo los efectos, y no competencias meramente transferidas, con lo que va a desaparecer la posibilidad hasta hoy existente de que tales competencias pudieran ser revocadas.
A nosotros nos satisface muy particularmente que este proceso culmine en una Cámara de representación territorial como es el Senado, en una Cámara que debe ser cada día más una auténtica Cámara de integración en la que estén representados los intereses territoriales, en la que se integre la diversidad territorial y se articule el pluralismo asimismo territorial.
Por eso, ya dije en la Comisión General de las Comunidades Autónomas --y me permitirán sus señorías que lo repita ahora-- que es muy conveniente el camino emprendido por esta Cámara, camino que debo ser, y de modo creciente, punto de convergencia, ámbito de participación e instancia de mutua y leal colaboración entre el Estado, por una parte, y las Comunidades Autónomas, por otra.


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Pero tengo que añadir que el Estatuto de la Comunidad Valenciana ha cumplido dos funciones muy importantes: de un lado, y durante estos largos años, ha contribuido a la construcción del Estado de las Autonomías; y de otro, ha contribuido asimismo a esa hermosa empresa consistente en lo que los valencianos llamamos el «retrovament de la nostra propia personalitat». En cualquier caso, o mucho me equivoco o la reforma del Estatuto es buena ocasión para realizar un esfuerzo de reafirmación de la identidad valenciana.
Esta reforma representa, a nuestro modo de ver, la consolidación de la autonomía valenciana. Si el Estatuto fue la primera y más importante manifestación de la autonomía de Valencia, su reforma debe contribuir a su normalización en el aspecto competencial. Esta reforma constituye también una muy importante y nueva expresión de la propia autonomía política de los valencianos, de su capacidad de autoorganización y de su capacidad de autogobierno. Además, configura una nueva garantía más para la propia Comunidad Valenciana y contribuye, por último, a una mayor cohesión interna de la Comunidad Valenciana y de España.
Se trata --aquí se han utilizado otros adjetivos-- de una reforma pactada, consensuada, moderada, realista y razonable. Creo que estos cinco calificativos son muy importantes desde todos los puntos de vista, pero fundamentalmente lo son desde el punto de vista político, que es el que ahora nos importa. Se trata, señorías, de una reforma cuya iniciativa fue adoptada por el Gobierno valenciano, y que ha conseguido la unanimidad tanto de las Cortes Valencianas --por cierto, quiero señalar que su Presidente está asistiendo a esta sesión y todos nos felicitamos de ello-- como del propio Congreso de los Diputados, unanimidad que plasma y exterioriza el mayor grado de acuerdo posible y unanimidad a la que sería muy deseable que esta Cámara se sumase.
Se está hoy demostrando aquí que, a la hora de la verdad y en rigor, no existe contraposición entre el ordenamiento general y los ordenamientos territoriales, que hay manifiesta complementariedad entre el interés general y los intereses territoriales, que la lealtad constitucional depara buenos frutos y que la cooperación institucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas puede desembocar, como de hecho aquí desemboca, en efectos eminentemente fecundos.
No tengo más remedio que hacer una reflexión sobre el ejercicio de responsabilidad política que todas las fuerzas políticas representadas tanto en las Cortes Valencianas como en las Cortes Generales han realizado al hacer posible esta reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y la derogación de la LOTRAVA.
La valenciana se sentía una Comunidad antes, incluso, de disponer de su propio Estatuto de Autonomía y antes también de que el artículo 1.º del mismo la calificara de nacionalidad. Porque es lo cierto que en nuestra tierra se dan todos y cada uno de los elementos, todos y cada uno de los factores que posibilitan la idea y el proyecto de Comunidad, y de Comunidad ciertamente histórica.
Como bien tuvo ocasión de decir en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara un destacado miembro de la Delegación de las Cortes Valencianas, el señor Zaplana Hernández-Soro, una Comunidad como la nuestra, una Comunidad como la valenciana, «que tiene una lengua propia reconocida por el Estatuto, una historia autónoma acreditada por su condición de antiguo Reino y un marco competencial equiparable a su voluntad de autogobierno, no puede considerarse una Comunidad no histórica a los efectos que políticamente fueran».
Y es verdad, porque la Comunidad valenciana es y ha sido siempre, en lo nuclear y verdaderamente básico, una Comunidad insertiva, cumulativa y no polémica, integradora y no excluyente, solidaria y no egoísta, amante del compromiso y no de la confrontación, que ha hecho de la política un hacer aglutinador y agregativo, y que piensa y sabe, en definitiva, que nada en la vía pública se puede llevar a cabo sin para ello contar con los demás.
Por eso, entiendo que esta reforma es una reforma que no puede pasar desapercibida ni ser calificada de epidérmica o episódica. Es una reforma, por el contrario, que debe suponer tres cosas muy importantes: debe suponer un desafío para todas y cada una de las potencialidades que la Comunidad valenciana alberga, debe suponer un reto para las fuerzas políticas que la han hecho posible y para las instituciones autonómicas valencianas que la van a administrar, y debe suponer un envite para el propio Estado, para un Estado que está moral y políticamente obligado a resolver los problemas en presencia en una Comunidad tan solidaria como la valenciana.
Termino ya, señor Presidente, señorías. Simplemente debo agregar que nuestro Grupo quiere mostrar su satisfacción por la consolidación de la autonomía de nuestra Comunidad que las dos Proposiciones de Ley objeto del debate van a hacer posible, y encarecer de todas y de cada una de sus señorías su voto favorable a las mismas, en el entendimiento, y también, por qué no, en la seguridad, de que van a contar siempre con el agradecimiento de un pueblo que, como dijo hace ya 12 años en esta misma Cámara un ilustre Senador valenciano de imborrable memoria, asesinado por la ETA, Manuel Brosseta, es un pueblo que «posee una propia identidad, cultivada, fraguada y consolidada a lo largo de su historia», y con el reconocimiento de una Comunidad «exponente y resultado de una propia cultura, de una propia lengua y de una propia idiosincrasia».
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Guardiola Sellés.


El señor GUARDIOLA SELLES: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, quiero que mis primeras palabras sean de saludo para el molt excelent President de Les Corts Valencianes, don Antonio García Miralles.
(Aplausos.) El Grupo Parlamentario Socialista va a respalda la reforma que plantean las Cortes Valencianas ante las Cortes Generales por considerar que se trata de un acto de justicia. Debo empezar diciendo, con la brevedad a la que obliga la hora en la que estamos, que éste es un Estatuto que se viene a reformar por un mecanismo diferente y por unas razones distintas a los diez restantes que se van a ver en este mismo Pleno. En el caso que nos ocupa, no se trata de una ampliación de competencias; se trata de una consolidación estatutaria de las competencias ya asumidas por la Comunidad Valenciana entre su Estatuto y la Ley Orgánica de Transferencias aprobada en su día, y también --y después lo explicaré-- de un acto de justicia. Es un caso singular --en mi opinión, fuera del pacto autonómico-- que, evidentemente, en el tiempo coincide en su tramitación, pero que nada tiene que ver con lo que se plantea desde otras perspectivas.
Es la primera iniciativa que llega al Pleno del Senado desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas, después de la reforma del Senado, y debo decir que para el Grupo Parlamentario Socialista es una gran esperanza la posibilidad de encuentro en esa Comisión de las aspiraciones territoriales de todo el Estado español, del encuentro entre la Administración del Estado, las Cortes Generales y las Administraciones autonómicas, con la posibilidad de intercambio de opinión y de propuestas conjuntas de futuro. Por tanto, también es una satisfacción para nosotros el que se produzca en este momento esta primera iniciativa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ante el Pleno.
El caso valenciano planteado hoy, consistente en la derogación de la LOTRAVA, de la Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana y, por tanto, la incorporación con pleno derecho en el cuerpo del Estatuto, es una pretensión sencilla que, sin embargo, tiene para nosotros un gran calado político.
Decía que se repara una injusticia producida en el momento en el que las Cortes Generales aprueban nuestro Estatuto. Lamento que el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se me haya adelantado, porque yo también pensaba hacer hoy aquí justicia citando al Senador Alfons Cucó como autor no tan sólo de «Valecianisme politic», sino también de otro interesantísimo tratado llamado «Estatutisme y valencianisme», que profundizan en lo que ha sido el caso valenciano y analizan todos y cada uno de los proyectos de estatuto que ha habido en nuestra tierra antes y después de la Guerra Civil. En ellos se puede ver de un modo inteligente cómo es de singular el caso valenciano.
La unanimidad que las Cortes Valencianas han producido en el proceso de aprobación de la proposición para ser remitida a las Cortes Generales habla claramente de qué pacífica es esta cuestión, con lo difícil que, en general, suele ser la cuestión política en la Comunidad Valenciana.
Es pacífica esta cuestión precisamente por esa razón de injusticia que yo he querido adelantar antes y que, dado el cariz de las intervenciones que me han precedido, voy a tener que analizar con un pequeño detenimiento. Y como no estaba previsto, me voy a tener que salir del guión. Porque, francamente, yo esperaba que éste fuera hoy un acto meramente solemne, importante por ser el final del proceso de esta reforma, pero solemne, y que no debía ser empañado con más palabras, pero la verdad es que el cuerpo me pide contestar algunas de las intervenciones, y pienso que la solemnidad no debe estar reñida con la realidad y con el hecho de ajustarse a la realidad histórica y concreta del momento. Digo esto porque ésta es una reforma limitada a lo que pretenden las Cortes Valencianas, que es tan sólo consolidar políticamente la Autonomía, perfeccionarla jurídicamente, evitando que sea una delegación que el Estado hace por la vía del artículo 150.2 a una Comunidad, que, en teoría jurídica, podría ser avocada en el futuro. Consolidarla políticamente y perfeccionarla jurídicamente era la pretensión de la reforma; era una reforma cerrada. Y aquí nos hemos encontrado con el caso, ya reiterado en Comisión, del Senador Miguel Ramón i Quiles, del Grupo Parlamentario Mixto, que plantea unas enmiendas que tengo que calificar de fantasmas, con la única pretensión --pienso que legítima, pero, desde luego, contestable políticamente de un modo radical-- de aparentar tener una especial representación de alguna parte --se supone-- del pueblo valenciano, cuando, en mi opinión, el Senador Ramón i Quiles, dentro de su legitimidad para estar aquí sentado entre nosotros, no representa a nadie en la Comunidad Valenciana.
Hablaba él de historias, y yo pienso que hay que dejarse de historias e ir en este caso al grano. Se trata de no plantear, mediante unas enmiendas para llamar la atención, cuestiones que no van a ningún lugar, como él mismo sabe, hasta el punto de que las retira en el último segundo, con la pretensión de que hay que adornar esta reforma estatutaria y su aprobación final con una solemnidad que sea la unanimidad.
Yo entiendo que esa unanimidad a veces no es conveniente, y en este caso la unanimidad va a disimular o a desdibujar la realidad que aquí se ha planteado. Porque no es cierto, Senador Ramón i Quiles, que con sus

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enmiendas, después retiradas se vaya a ampliar nada. La Comunidad Valenciana con estas reformas iniciadas desde las Cortes Valencianas consolida su Estatuto, pero en la práctica no amplía ninguna competencia.
Señoría, con sus enmiendas, una de las cuales pretende reformar la Exposición de Motivos, otra, plantear que se puedan disolver las Cortes --podría ser una pequeña cuestión de cierto calado político-- y, la última, que haya un referéndum para refrendar la aprobación de esta nueva Ley, usted no está planteando ninguna ampliación de competencias más que de cara a la galería.
La Comunidad Valenciana tiene vocación de ampliación de sus competencias, pero no es éste el momento. Con este paso político que se da hoy entramos en el lugar que históricamente debía haber tenido la Comunidad Valenciana --y hablo de la historia reciente, desde 1978 hasta ahora, y no de otra-- reparamos esa injusticia, pero no venimos ahora a plantear ampliación; la ampliación se planteará, y lo anuncio en representación de las Cortes Valencianas como Senador designado por ellas, en el momento en el que a nivel del Estado se alcance un nuevo acuerdo autonómico que permita la ampliación de competencias para las Comunidades históricas, entre las que desde hoy nos consideramos incluidos.
Debo agradecer también a los demás portavoces intervinientes en este acto su apoyo a esta reforma, y más concretamente a los portavoces del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular.
Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, me satisface muy especialmente la acogida favorable y la satisfacción que ha expresado en nombre de su Grupo por motivos históricos. Debo decir también que la reparación de injusticia que hoy se hace es fruto de una visión distinta que tuvo su Grupo en el momento en el que se aprobó la Constitución y se inició el proceso autonómico.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que los valencianos no pudimos acceder a la autonomía por la vía del artículo 151. Yo me alegro de que en su peculiar camino de Damasco su señoría haya llegado a comprender y a afirmar lo que ha afirmado hoy desde esta tribuna, porque es cierto que los valencianos no pudimos acceder a la autonomía por la vía del artículo 151, pero no pudimos porque la derecha valenciana en su momento de un modo muy especial impidió que lo que era voluntad unánime de los ayuntamientos valencianos y del pueblo valenciano se llevara a la práctica, propiciando la aprobación de la Ley Orgánica de Referéndum, que fuera, con su disposición específica respecto a la forma en que tales peticiones debían hacerse, la que truncó una voluntad inequívoca de autogobierno de los valencianos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor Ramón i Quiles pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senador Ramón i Quiles, ¿por qué solicita la palabra?

El señor RAMON I QUILES: Señor Presidente, evidentemente, por el artículo 87.


El señor PRESIDENTE: ¿Por alusiones?

El señor RAMON I QUILES: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.


El señor RAMON I QUILES: Señor Guardiola, no voy a entrar en el debate con su misma dinámica. Solamente debo decirle que he trasladado exactamente a la Cámara lo que ocurrió en Les Corts Valencianes.
El Grupo Parlamentari Nacionaliste de Unió Valenciana y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida plantearon enmiendas similares a la que yo he trasladado aquí.
Es cierto que como los valencianos nos morimos por la estética, con el fin de dar un resultado rimbombante y en aras a la unanimidad, vamos a retirar las enmiendas presentadas y dejaremos que se abra paso la unanimidad. En Valencia lo hicimos y aquí he hecho lo mismo.
Ahora bien, si le parece poco estar aquí hablando en representación de dos Grupos de les Corts Valencianes, he de decirle que, además, hablo en nombre de todas Les Corts Valencianes porque yo, al igual que su señoría, somos representantes de Les Corts Valencianes y es a los valencianos a quienes representamos en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación el texto correspondiente al artículo único, Disposición Derogatoria y Final y Preámbulo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión referente a la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 221; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El Senador Rubial Cavia pide la palabra.)

El señor PEREZ BORROY: He cometido un error al emitir mi voto. Ruego que conste en acta.


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El señor PRESIDENTE: Consta en Acta su manifestación, señor Senador.
Sometemos a votación el Dictamen en relación con la proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 223; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como la Proposición de ley Orgánica por la cual se deroga la Ley 12/1982, de 10 de agosto, de Transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de Competencias de Titularidad Estatal. (Aplausos.) Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.


Eran las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Buenas tardes, señorías.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE AMPLIACION DE COMPETENCIAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA (S. 605/000002, C. D. 127/000005).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la proposición de ley orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Se han presentado varios votos particulares. El voto particular número 1, de la Senadora Vilallonga Elviro y del Senador Cuevas González, corresponde a las enmiendas números 1 a 18.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero comenzar mi intervención saludando la presencia del Presidente de la Diputación General de La Rioja --al que tuve la oportunidad y el placer de conocer hace poco tiempo--, no solamente en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, sino también en el del Grupo Mixto, del cual me honra ser portavoz. Espero que no tome a mal la intención de voto del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.
Señor Presidente, después de ese largo debate y del alto grado de consenso que parece que empieza a haber entre las fuerzas políticas, creo --aunque no figure en el orden del día-- que hoy también hubiera sido un buen día para haber aprobado en esta sesión los Estatutos de Autonomía --aunque no su ampliación-- correspondientes a dos enclaves que pertenecen al Estado español, como son Ceuta y Melilla. Es una simple consideración aprovechando que estamos tratando del tema estatutario.
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado varias enmiendas al alza al Estatuto de Autonomía de La Rioja. Podría parecer paradójico que un andaluz designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía esté defendiendo que se mejore aún más el Estatuto de Autonomía de La Rioja, pero desde Andalucía siempre hemos practicado la solidaridad. Si bien es cierto que nuestro Estatuto fue conseguido a pulso por los andaluces y en el caso de La Rioja por los riojanos, desde luego no nos encontramos satisfechos con las competencias que se han transferido a dicho Estatuto, porque ha sido a la baja.
Pudiera ser --de hecho lo es-- que este número de Estatutos de Autonomía cuya ampliación de competencias vamos a aprobar aquí sea producto --repito que lo es-- de un pacto autonómico legítimo entre dos fuerzas políticas que representan casi a la mayoría electoral de este país.
Dicho esto, también habría que decir que ese pacto político y autonómico se ha roto. Cuando uno empieza a oír con frecuencia que en España hay que empezar a dar un giro autonómico, tenemos derecho a decir lo que he manifestado anteriormente: que el pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha estallado y creo que lo hizo casi a la hora de firmarse. Además estamos en otros tiempos políticos.
Yo soy defensor de las palabras que pronunció el otro día el Presidente del Senado y las comparto plenamente. Dijo que había que caminar hacia la estructura de un Estado federal. Ello nos obliga a superar el recorte de competencias que --aunque ampliadas, tenemos que reconocerlo-- se contemplan en esta Ley Orgánica. Es imposible llegar a la construcción de un Estado federal si no se nivelan las competencias. Otra cosa es que las Comunidades quieran ejercerlas o no, pero difícilmente podemos construir un Estado federal solidario si hay Comunidades de primera, segunda, tercera y cuarta. No es que yo quiera dividirlas, pero ésa es la realidad. Al igual que decimos que ya no hay Comunidades históricas, sí decimos que las hay con diferentes niveles. No quiero que se ofendan los pertenecientes a las Comunidades históricas, lo digo en el buen sentido.
Andalucía no lo fue antes de la República, pero a

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partir del día 28 de febrero se convirtió en una Comunidad histórica porque se consiguió el Estatuto. Lo digo en este sentido, aunque mi mala explicación podría haber dado lugar a una mala interpretación.
Por tanto, el fondo de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña van en el sentido de equilibrar y equiparar a las autonomías al mismo grado y sería triste que perdiéramos un tiempo político importante.
El pacto autonómico --como he dicho antes-- está roto y sería perjudicial para las Comunidades Autónomas que dentro de un año viniéramos aquí a debatir las enmiendas de Izquierda Unida u otra forma de Estatuto, porque sería un año perdido.
Por estos motivos, señor Presidente, y porque tanto a mí como a mi compañera Isabel nos va a tocar defender varios estatutos, en estos momentos doy por defendidas las enmiendas, a pesar de la buena voluntad y del buen trabajo que ha hecho mi amigo Leopoldo Virosta, de la Comunidad de La Rioja, para convencerme y poder votar el Estatuto.
Como consecuencia de las enmiendas y de la mejora del propio Estatuto, Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, y sintiéndolo, no va a poder votar a favor del Estatuto, por respeto a lo que la propia Asamblea de la Diputación General ha aprobado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas González.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Virosta.


El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Cuevas su intención, sus palabras de enmendar nuestro Estatuto al alza. Yo espero, señor Cuevas, que después de oír mis explicaciones cambie su intención de voto, porque no creo que lo mejor para La Rioja sea rechazar esta reforma y dejarlo como está, aunque, y usted lo entenderá por mi explicación, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Pero ante la disyuntiva de dejarlo como está o darle lo que con esta reforma se pretende, evidentemente mi voto es bastante claro.
Señorías, hace más de un año y medio que comenzó a debatirse lo que nosotros hemos denominado la minirreforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Se empezó a debatir junto con la reforma de otros estatutos de otras Comunidades Autónomas y durante este tiempo este Senador ha tenido la oportunidad y la ocasión de intervenir en numerosos debates, a veces muy profundos. Hoy, la verdad, es que no considero ni oportuno ni necesario reproducir íntegramente estas intervenciones, pero sí me parece de obligado cumplimiento manifestar, aunque sea de una forma muy escueta y concreta, cuál es la posición del Partido Riojano al que este Senador representa.
Yo la resumiría, como he hecho otras veces, diciendo que el Partido Riojano ha manifestado siempre que está en contra de la forma y en desacuerdo con el fondo de esta reforma. Está en contra de la forma porque la reforma no ha emanado de los Parlamentos autonómicos, que son quienes deben decidir sobre qué competencias quieren gestionar o sobre el grado de autogobierno que se consideran capaces de asumir. Por el contrario, la reforma ha venido impuesta desde arriba y los Parlamentos regionales no han tenido más capacidad de actuación que la de ratificar aquello que nos ha llegado desde Madrid hecho o dado.
No creo necesario, señorías, abrir aquí el debate, por cuestiones de tiempo y porque ya ha sido altamente debatido, sobre la conveniencia de haber aprobado o no la Ley orgánica 9 de 1992 o sobre el empleo del artículo 150 de la Constitución en sustitución del 148 o incluso el debate sobre el pacto autonómico. Yo no quiero entrar en ese debate que, como digo, ha sido ampliamente hecho, pero lo que sí tengo claro es que una modificación de un Estatuto de Autonomía debe partir de quienes tienen la responsabilidad de llevar a la práctica lo que ese Estatuto va a ordenar --eso sí que me queda claro-- y quienes tienen esa responsabilidad no son otros que los Parlamentos autonómicos. Por tanto, el procedimiento empleado para esta reforma estatutaria lo calificaría de erróneo e inadecuado.
Antes he dicho que estamos en desacuerdo, lo que no quiere decir que estemos en contra, con el fondo, porque creo que la reforma debía haber sido más profunda. Tampoco voy a extenderme ahora en el debate y en mis explicaciones sobre hasta dónde debe llegar el techo competencial o sobre el hecho de que todas las Comunidades Autónomas gocen de igualdad de oportunidades en su autogobierno o sobre dónde debe radicar el hecho diferencial del que tanto se habla, etcétera. No voy a extenderme en ese debate, pero hemos desaprovechado una ocasión, a mi juicio grande, para dar un paso importante en el proceso autonómico en este Estado.
A pesar de todo ello, esta reforma no perjudica a La Rioja. Eso es algo que nosotros tenemos claro. Sí que beneficia, aunque mucho menos de lo que a nosotros nos hubiese gustado. Tenemos que ser sinceros y consecuentes, y es por ello que nosotros hemos votado afirmativamente en todos los debates que se han producido, a pesar de que en el debate que se hizo en el Parlamento autonómico nuestro grupo presentó 51 enmiendas a esta reforma, de las cuales no fueron aprobadas más que cuatro o cinco que eran meras reformas técnicas al articulado.
A pesar de ello, reconocemos que no va a ocasionar perjuicios a La Rioja; beneficios le puede traer alguno,

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aunque, insisto, menos de los que pensábamos, y nosotros, por tanto, vamos a votar a favor. Espero que el señor Cuevas entienda este argumento y a lo mejor le haga cambiar de opinión.
Ya que he eludido todo el debate sobre la reforma, me van a permitir que solicite a sus señorías que hagan una reflexión conmigo. Llevamos más de un año y medio debatiendo este tema; primero se debatió en el Congreso de los Diputados, después en el Senado, luego en los parlamentos autonómicos, de nuevo en el Congreso y hoy otra vez en el Senado, debates que en ocasiones han sido sumamente profundos, en comisiones, en ponencias, en Pleno. Y después de este año y medio, yo me pregunto para qué han servido tantos debates. ¿Hemos conseguido variar en algo la propuesta inicial? No. Y cuando me respondo a mí mismo, empiezo a preocuparme porque yo creo que algo ha fallado en todo este proceso. No es normal que una propuesta, después de año y medio, llegue otra vez al mismo debate sin haberse variado en lo más mínimo, y me sorprende porque no hay nada perfecto; por el contrario, todo es mejorable. Sin embargo, aquí no hemos conseguido mejorar, ni siquiera cambiar un ápice de la propuesta inicial.
Me van a permitir, señorías, que les diga que, en mi modesta opinión, este debate ha estado presidido por la intransigencia de la mayoría, y eso no es bueno. No es bueno que la intransigencia presida cualquier debate en el proceso autonómico de este país.
Por tanto --y termino, señorías--, me gustaría solicitar a todos los grupos políticos de esta Cámara un esfuerzo por seguir avanzando en ese proceso autonómico, pero no desde la intransigencia, sino desde el diálogo y desde la confianza en las instituciones autonómicas. Yo sé que es uno de los grandes problemas que tiene este Estado: nuestra Constitución, por un lado, garantiza y proclama el principio de unidad de España y, por otro lado, garantiza el derecho a la autodeterminación de las regiones y nacionalidades del Estado, pero no dice cómo conjugar estos dos grandes principios, y quizá esta Cámara, si de verdad se convirtiese alguna vez en la Cámara de representación territorial, fuese el lugar idóneo para marcar la conjugación de esos dos grandes principios.
Yo espero, de verdad, señorías, que alguna vez esta Cámara se transforme en eso que todos, por lo menos filosófico o teóricamente, decimos que queremos: que sea una Cámara de representación territorial donde los Senadores vengamos a representar a nuestros territorios, y no a nuestros partidos, y ese debate pueda producirse en esta Cámara cuanto antes mejor, cosa que yo, de verdad, deseo y espero que, con la colaboración de todas sus señorías, algún día --y espero que sea pronto-- llegue.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Virosta Garoz.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra su portavoz, don Ricardo Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Por nuestra parte, no nos queda más que anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la reforma del Estatuto de La Rioja, así como felicitar a los representantes de esta Comunidad Autónoma aquí presentes.
Las palabras del Senador Virosta nos mueven a una reflexión serena, que es la siguiente. Nosotros, en su día, alcanzamos la unidad política con una capital concreta en Nájera. Sinceramente, no nos importaría nada en el camino del futuro volver a encontrarnos con nuestros hermanos riojanos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, don Ricardo Sanz.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Parece obligado de entrada saludar la presencia del Presidente de la Diputación General de La Rioja en la Cámara territorial del Estado.
También parece obligado, a tenor de las intervenciones anteriores, decir que estamos de acuerdo y, por tanto, no lo volvemos a repetir.
Suscribimos la parte del discurso del Senador Cuevas, portavoz del Grupo Mixto, en cuanto a la reflexión «profesoral» de nuestro Presidente respecto a la consecución en su día, cuanto antes mejor, de un Estado federal en España, máxime después de escuchar términos de autodeterminación, que, obviamente, de momento no se encuentran entre nuestros supuestos políticos.
Quiero anunciar también nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de La Rioja y hacer una última reflexión: pedir, sinceramente, a todos los Grupos, así como a los representantes de las diferentes Comunidades que nos visiten y a los Senadores autonómicos que tengan una alta comprensión hacia el voto de grupos parlamentarios de esta Cámara que no están involucrados en la reforma de sus respectivos Estatutos y que quizás les pueda extrañar, así como sus consideraciones.
Este Senador pide, repito, que tengan comprensión con ese voto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano.


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Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará favorablemente la proposición de Ley Orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja, con el convencimiento de que con su voto contribuirá a la construcción del Estatuto autonómico emanado de la Constitución de 1978.
En el curso de las comparecencias ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas de los representantes de las Asambleas legislativas cuyos Estatutos se hallan en trámite de reforma y a través de los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, hemos sido testigos privilegiados de la diversidad de sensibilidades que despierta el proceso histórico en el que estamos inmersos.
Lo cierto es que estamos avanzando inexorablemente en la superación de viejos esquemas políticos y el camino emprendido nos ha llevado a la construcción de un nuevo Estado. Todos somos conscientes de que al final del trayecto hay un nuevo modelo de convivencia, que, sin duda, aún no somos capaces de perfilar en el momento presente, pero que la fuerza de la realidad nos obligará a ir definiendo. En el camino que a todos nos toca recorrer estamos llamados a enterrar viejos recelos, a desacrilizar principios caducos y a superar miedos atávicos, al tiempo que nos tocará derrochar una gran cantidad de imaginación, de tolerancia y de generosidad.
En el Grupo de Convergència i Unió hoy nos sentimos satisfechos al comprobar que estas ideas van calando en la sociedad y ganan terreno en el campo de la acción política, pasando a formar parte del acervo de todos los Partidos representados en esta Cámara. Queda mucho camino por recorrer, pero La Rioja y otras diez Comunidades Autónomas a partir de hoy compartirán mayores responsabilidades de autogobierno, algunas de las cuales han sido objeto de una larga lucha y reivindicación por parte de Cataluña. Empezamos a vislumbrar que el esfuerzo está dando sus frutos.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, Convergència i Unió emitirá su voto favorable a la reforma.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ibarz.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Espert Pérez-Caballero.


El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, una vez más siento el orgullo y la satisfacción, como riojano y miembro de esta Cámara, de defender la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Es un orgullo y una satisfacción repetidos ya, pues como miembro de la Diputación General de La Rioja hice la presentación de esta reforma en el Congreso de los Diputados; en mi condición de Senador, tuve que defenderla también, patentizando el apoyo de mi Grupo a la reforma, en los trámites de Ponencia y Comisión, y ahora lo hago en este pleno de la Cámara. Del mismo modo que se repite mi orgullo y satisfacción, tengo miedo de que también se repitan los argumentos o consideraciones que hice en las otras intervenciones. No voy a poder evitarlo aunque lo voy a intentar.
Coincidiendo con la reforma de otros once Estatutos de Autonomía, he oído en la generalidad de los casos referencias históricas expuestas con legítimo orgullo. Yo no las hice anteriormente --y luego diré por qué--; sí quiero dar ahora tres breves citas a nuestra historia: San Millán de la Cogolla, donde aparecen escritas las primeras palabras en dos de las lenguas oficiales hoy en España, el castellano y el euskera; el Fuero de Logroño, dado por don Diego López de Haro a la Villa de Bilbao y a Balmaseda --o Nájera--, cuna, corte y sepulcro de reyes de Navarra.
Quiero dejar muy claro que mis citas al fuero de Logroño y a Nájera no tienen ningún afán reivindicativo respecto de las Comunidades vecinas del País Vasco de Navarra, quede eso bien claro.
Si he citado estos ejemplos ha sido sencillamente porque son buena muestra de cómo se entrecruzan en sus hitos históricos y culturales los pueblos y regiones de España, demostrando la unidad y variedad de esta gran realidad que es nuestra patria.
Si no aludí en otras intervenciones a nuestra historia fue porque sin renunciar a nuestro pasado, orgullosos de él, creo que no nos importa tanto de dónde venimos sino a dónde nos dirigimos, y nuestra meta es, sin duda, culminar el proceso de organización territorial del Estado que, con tintes de gran novedad, diseñó la Constitución de 1978, y se inició desde el consenso que caracterizó todo el proceso constitucional y desde la generosidad, pues generosa fue nuestra Carta Magna cuando, pretendiendo resolver el pleito pendiente entre la unidad y diversidad de España, lo hizo permitiendo, aunque sin imponerlo, que todas las regiones de España pudieran ejercer el derecho a la autonomía.
Hoy mi Grupo apoyará, y pido a todos los Grupos de la Cámara que así lo hagan, la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, fruto de un pacto autonómico que hubiéramos querido que fuera más amplio, pero que, indudablemente, conjugó las intenciones y voluntades de los dos Grupos mayoritarios de la Cámara, fruto que fue también el resultado del consenso de todos los representantes del pueblo riojano en la Diputación General de La Rioja, y que constituye un paso importante en la construcción del Estado de las Autonomías.


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Digo que constituye un paso importante porque significó, por un lado, el desbloqueo del proceso de la construcción del Estado de las autonomías, y, por otro, el que esa ampliación de techos competenciales de varias Comunidades Autónomas figuraran en los Estatutos de Autonomía por la vía de reforma de los mismos, y no simplemente por la vía del artículo 150, apartados 1 y 2 de la Constitución.
Por ello, pediría al Senador Cuevas y a la Senadora Vilallonga que reconsideren su postura y permitan a los riojanos tener la satisfacción de que el panel de las votaciones aparezca de un verde total semejante en este momento al de los campos de La Rioja.
Pero ese paso importante, señorías, no supone la culminación del proceso de organización territorial del Estado al que antes me he referido --en eso coincido con ustedes--, porque no puede suponerla en tanto en cuanto subsistan diferencias entre las Comunidades Autónomas que impliquen jerarquías o privilegios. La Constitución no cuestionó la igualdad sustancial de derechos y poderes de los ciudadanos y de las regiones. Ese paso final que nos lleve a una España varia pero indisolublemente unida, en la que todas sus Comunidades Autónomas tengan la misma cuota potencial de autogobierno y sean solidarias entre sí, ese paso final --insisto-- deberá estar marcado por los mismos criterios, que yo ya he atribuido al proceso constituyente, del consenso y de la generosidad.
Culminemos, señorías, el proceso consiguiendo convertir en historia --que no recordaremos con tanto orgullo como aquella a la que me refería al principio-- esos términos que actualmente hay que seguir refiriendo a nuestras Comunidades Autónomas de primera y de segunda, de vía lenta o de vía rápida, del artículo 151 o del 143.
Permítanme sus señorías que termine con un deseo que supongo compartirán todos ustedes: Que las próximas reformas estatutarias que culminen el Estado de las Autonomías sean competencia si no exclusiva, sí al menos en primera lectura y ratificación final, del Senado. Ello significará que el Senado ha llegado a ser ese foro deseable de presencias regionales, de conjunción de voluntades, la Cámara de las Autonomías, en suma, que todos deseamos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Ignacio Díez González.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente de la Diputación de La Rioja, que nos honra con su presencia desde la tribuna de invitados, me corresponde defender la posición de mi Grupo Parlamentario en relación con la proposición de Ley Orgánica de Ampliación de Competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Es verdad que este Estatuto y esta Reforma ha tenido un recorrido en el tiempo y en las Cámaras muy importante desde la Diputación General de La Rioja pasando por las Cortes Generales y la recién estrenada Comisión General de las Comunidades Autónomas. Creo que precisamente la Comisión General de las Comunidades Autónomas ha tenido una buena oportunidad de estrenarse con la ampliación de competencias de once Comunidades Autónomas.
No me resisto tampoco a dar unas pinceladas históricas de lo que es la Comunidad Autónoma de La Rioja. En todo el proceso, al que he hecho referencia, no ha habido referencias históricas, exceptuando la que ha iniciado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y la que ha hecho mi colega de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Senador Espert.
Es verdad que La Rioja humildemente siendo la Comunidad Autónoma más pequeña de las diecisiete de España, tiene una historia fecunda e importante en la historia de España, una historia que se remonta desde los albores de los años 700 en el que los árabes se introducen en el medio Ebro hasta el año 1177 en que Enrique de Inglaterra cede los derechos de aquel territorio que se había conformado en cuatro siglos a Castilla, al Reino de Castilla.
Es un momento en el que La Rioja empieza a confirmarse como territorio y como un núcleo de gentes que asumen el nombre de La Rioja, nombre que empieza a extenderse y que definitivamente, a través de la diplomacia y de los encuentros bélicos, se configura en lo que hoy conocemos como la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Ha habido una maduración de denominación, una maduración histórica que está entroncada con la historia de España. Además, la Comunidad de La Rioja ha sido un permanente foro cultural en esos años a través de monasterios importantes como el de Albelda o el de San Millán de la Cogolla que han expandido la cultura, y no solamente la que se ha conocido en España, sino la que trasciende allende las fronteras españolas, la europeizante, a través de un hecho histórico irrepetible en la historia de España, el Camino de Santiago.
Es también un Reino de Nájera al que se hacía referencia anteriormente, donde reyes importantes, como Sancho el Mayor y su hijo García de Nájera, trasladaron y trazaron también un contenido europeizante de conocimiento de Europa que en este momento volvemos a recordar cuando los Presidentes de las Comunidades Autónomas españolas están constituyendo el Comité de las Regiones en la Unión Europea.
Nos satisface que desde nuestra Comunidad podamos retomar la historia para hacer ese recorrido, esa trayectoria europea de conocimiento universal. Hablo también

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del nacimiento y del conocimiento de lenguas comunes como el castellano y como el euskera. Algunos autores españoles decían que el primer bagido de una forma especial de la lengua castellana y del euskera nace precisamente en esta tierra.
Creo que son hechos importantes que nos llevan al conocimiento de y, sobre todo, a la necesidad de identificarse con una tierra; identificación que, a veces, se hace desde el devenir del proceso autonómico en la II República Española.
En la II República Española comienzan a establecerse derechos de autonomía a través de estatutos de autonomía reconocidos. Se van reconociendo poco a poco, pero no se les otorga ese derecho y ese reconocimiento de los pueblos de España porque la guerra civil embalsa esas aguas de libertad y de autonomía que, a buen seguro, hubiesen recorrido la Piel de Toro. Sin embargo, cuando se recuperan las libertades esas aguas embalsadas rompen y se desperdigan por toda la Piel de Toro, de tal forma que todos los ciudadanos españoles podemos recuperar esos derechos de autonomía para, en definitiva, poder elaborar estatutos de autonomía.
Ese reconocimiento de todos los ciudadanos españoles que se traduce de esos derechos inalienables, como son la democracia y la libertad, a partir de la Constitución española, también se manifiesta en nuestra Comunidad Autónoma.
Todos los riojanos recordamos en el inicio de los años 1976, 1977 y 1978 algunas canciones que recorrieron nuestra Comunidad, como aquella que decía: «La Rioja existe, pero no es; si nos unimos, la hemos de hacer».
Los riojanos nos unimos en aquel momento y fuimos capaces de conseguir nuestro Estatuto de autonomía. La unidad que hizo posible el Estatuto de autonomía de La Rioja se plasmó en un mes de junio del año 1982, año importante para España y para La Rioja.
También en este momento estamos trazando un camino para reforzar nuestro sentido autonomista y de un Estatuto que se expande con más competencias.
Tenemos una experiencia de Gobiernos autonómicos desde el año 1983, una experiencia fecunda de buena gestión, de austeridad en el gasto y, en definitiva, de intentos claros de mejorar la gestión y también de conseguir que los ciudadanos riojanos tengan una administración más cercana, tengan, en definitiva, un estatus de vida mejor, aspiración que queremos conseguir todos los que defendemos un estatuto de autonomía determinado.
Estamos, por tanto, en un momento en el que queremos ampliar esas competencias, y para esa aplicación partimos de la unidad necesaria para conseguirlo. Creo que no se puede calificar de intransigencia ni muchísimo menos, todo lo contrario, lo que han hecho las principales fuerzas políticas del arco parlamentario español ni lo que hemos hecho en La Rioja las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario de la Diputación General. Los tres grupos políticos allí representados han sido capaces de estar de acuerdo en esta reforma. La unidad ha prevalecido sobre otros intereses para sacar adelante esta reforma que, a nuestro juicio, es muy importante.
No hacemos referencia a los pasos que hemos dado para avanzar en la capacidad de autogobierno y de autonomía en nuestra región. Avanzamos en aspectos importantes en la competencia exclusiva en casinos, juegos y apuestas con exclusión de apuestas mutuas: en cooperativas y mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social; en espectáculos públicos, en fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma; en industria, en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía; en procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia; en publicidad, en servicio meteorológico, etcétera.
En lo que se refiere al desarrollo legislativo y a la ejecución, también ampliamos competencias importantes como son, por ejemplo, la defensa del consumidor y los usuarios, las normas adicionales de protección del medio ambiente, el régimen minero y energético, prensa, radio, etcétera.
En lo que se refiere a la función ejecutiva, también ampliamos competencias en cuestiones relativas a ferias internacionales, gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social, etcétera, y lo que es más importante, hemos conseguido nuevas competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española, y asimismo en lo que se refiere a la Administración de Justicia, exceptuando la militar, ejerciendo las facultades que confiere la ley orgánica del Poder Judicial que atribuyen estas competencias a La Rioja, exceptuando las que tiene el Gobierno del Estado, y fijando las limitaciones de las demarcaciones territoriales judiciales. Es decir, ampliamos notablemente las competencias de nuestra Comunidad.
Por tanto, lo que estamos haciendo en este acto político parlamentario es mostrar la convicción de que este Estatuto mejora notablemente la capacidad de autogobierno de nuestra Comunidad, mejora notablemente la capacidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para llegar mejor a los ciudadanos y mejora la capacidad de los ciudadanos para que puedan llegar mejor a su Administración más cercana, a este Gobierno Autónomo.
Participamos también desde mi Grupo de la coherencia política que supone este acto. Somos coherentes políticamente. No creemos en absoluto que haya habido intransigencia; ha habido negociación permanente, y quizás la votación que posteriormente se va a producir va a ser la muestra de esa coherencia. Y digo coherencia

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porque también es importante el respeto cooperativo que nos merece la decisión de la Diputación General de La Rioja, decisión que, a nuestro parecer, supone la máxima expresión de esa Comunidad Autónoma representada en el Parlamento regional.
Por tanto, ese respeto cooperativo que desde esta Cámara y desde mi Grupo Parlamentario merece esa institución, hace que este acto sea plenamente coherente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.


El señor DIEZ GONZALEZ: Ya termino, señor Presidente.
Personalmente no creo en absoluto en la uniformidad. Sí creo que es posible la combinación entre diversidad y solidaridad.
Creo que ésta es la grandeza del Estado de las Autonomías, creo que ésta es la grandeza de este Estado, y desde esta grandeza y desde esta comprensión que los Grupos Parlamentarios han mostrado en sus intervenciones, quiero agradecerles el apoyo que han manifestado, y quiero hacerlo no solamente en nombre de mi Grupo Parlamentario, sino, sinceramente, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de mi Comunidad Autónoma.
Hay satisfacción en mi Grupo Parlamentario y en mí personalmente por el acto que vamos a cerrar en este momento. Satisfacción porque desde un Estatuto joven tenemos conseguidos logros muy importantes tiempo atrás y otros por conseguir con lo que aprobamos en este momento. Esto me recuerda a un ilustre paisano riojano, poeta del siglo XVI, Esteban Manuel de Villegas, que decía en un terceto muy bonito que viene a cuento con la aprobación y la juventud de este Estatuto: «Son mis abriles poco más de veinte, pero con mis deseos comparados cual punto a redondez circunferente». Esos también son los deseos de los riojanos, que espero se cumplan.
Nada más y muchas gracias, señorías, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez González. (El señor Virosta Garoz pide la palabra.) ¿En virtud de qué artículo pide la palabra, Senador?

El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presidente, ha habido un llamamiento a un hermanamiento entre dos pueblos que, si el Presidente me permite quince segundos, no me gustaría dejar en el aire.
Bien por el artículo 87, bien por alusiones, yo le agradecería al señor Presidente que me dejara esos 15 segundos nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Los tiene, señoría.


El señor VIROSTA GAROZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Sanz, yo agradezco sus sinceras y claras intenciones, pero en La Rioja hay un refrán que dice que hermanos sí, pero no primos. Si lo que usted pretende es un hermanamiento, yo le invito a que comamos todos los años --un año en Nájera, otro en Guernica, donde usted quiera-- y después de la comida los vascos a las Vascongadas y los riojanos a La Rioja.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.) El Senador Ricardo Sanz Cebrián tiene la palabra por 15 segundos.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecemos la invitación que se nos ha hecho a comer, a merendar, e, incluso, nos mostramos dispuestos a limpiar los platos sucios, pero tenemos que decir una cosa muy clara: que después de la comida a nosotros nos gustaría quedarnos allá donde el pueblo, tanto vasco como riojano, quiera.
Nada más y gracias. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular número 1 de la Senadora Vilallonga Elviro y del Senador Cuevas González, que comprende las enmiendas números 1 a 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, seis; en contra, 194; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el texto correspondiente al artículo único y a la exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 202; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Aplausos.)

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--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE REFORMA DEL ESTATUTO PARA CANTABRIA (S.
605/000003, C. D. 127/000006).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación a la proposición de ley orgánica sobre reforma del Estatuto para Cantabria.
No se ha presentado ninguna enmienda. Según se acordó en la Junta de Portavoces, no hay debate de totalidad. Por consiguiente, pasamos a la intervención de los diversos grupos.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Perdón; recabo la atención de la Cámara en general, y especialmente del Grupo Mixto, para que nos indiquen quién va a hablar en el turno de portavoces en esta discusión del Estatuto. (Pausa.) ¿Nadie hace uso de la palabra en este sentido? Tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser yo el portavoz para explicar la posición del Grupo Mixto sobre el Estatuto de Cantabria.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para corregir una expresión que he empleado hace unos segundos voy a explicar la posición del Senador y de la Senadora de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.
Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda al Estatuto de Cantabria, y así lo hemos hecho saber en el Congreso de los Diputados. Dentro del respecto que nos merece el Parlamento de Cantabria, pensábamos que, por la sensación que se daba de inestabilidad --o que, al menos, veíamos nosotros-- en el propio Gobierno y en el propio Parlamento, podía producirse, como así sucedió, una moción de censura en medio de casi toda la tramitación, y el proceso estatutario podía haber sido interrumpido, e insisto en que lo digo con todo el respeto hacia la Asamblea de Cantabria.
En cualquier caso, señor Presidente, señorías, nuestra posición habría sido la misma que hemos explicado en el anterior Estatuto, puesto que, por varios motivos que iremos planteando en los diferentes estatutos, entendemos --suscribiendo, como decía antes, las palabras del propio Presidente del Senado y de algún que otro dirigente político importante-- que no es posible avanzar hacia un Estado federal si no se equilibra primero el Estado autonómico. Como la pretensión de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña es ésta: avanzar hacia un Estado federal, nuestro voto también habría sido negativo conforme a la propuesta de cambio de Estatuto o de competencias que se ha hecho. Y quiero dejarlo bien claro para que no haya malas interpretaciones.
En política a veces es muy malo tener que justificarse continuamente, pero también es muy malo querer interpretar más las justificaciones por parte de algunos.
Entendemos que la revisión de los Estatutos está a la baja, que el tiempo político es otro y, por tanto, creemos que la propuesta de Estatutos que se nos presenta, aunque no hayamos presentado enmiendas, está a la baja.
Por ese motivo, señor Presidente, votaremos en contra de la reforma del Estatuto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas González.
Tiene la palabra don Ricardo Sanz, portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, creemos que hoy es un día importante para Cantabria pues se amplía el ámbito de sus competencias, que es tanto como decir que se profundiza en su autogobierno. Si es ésa, como parece, la voluntad de los representantes políticos de esa región, por nuestra parte no tenemos nada que oponer, sino, por el contrario, expresar nuestra felicitación.
Sus señorías también conocen que este Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha procedido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas a la retirada de nuestra enmienda relativa al enclave intercomunitario de Villaverde de Trucíos.
Desgraciadamente, el tema de la pervivencia de enclaves territoriales, como el citado de Villaverde de Trucíos, ha sido enfocado a lo largo de la historia desde un prisma estrictamente patrimonial, puesto que la racionalidad, la sensatez y el sentido común postulan, a nuestro juicio, en favor de la desaparición de esos islotes territoriales, siempre que así lo decidan libremente sus habitantes.
Por tanto, entendemos que es necesario abrir cauces legales que hagan posible la integración de esos encalves interprovinciales mediante un proceso democrático en el que todas las partes sean oídas.
Como es bien sabido por sus señorías, la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión celebrada el pasado día 1.o de marzo, acordó, por unanimidad, crear una ponencia, a propuesta de este Grupo Parlamentario, que estudie la problemática de los enclaves territoriales existentes en el Estado español,

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por considerarse esta cuestión de carácter general y no meramente regional.
Pues bien, a nuestro parecer, una de las finalidades de dicha ponencia será dotar al procedimiento administrativo de regularización de los enclaves territoriales de mayor seguridad jurídica mediante la fijación de un proceso completo y acabado, en palabras el Tribunal Constitucional, que armonice los tres intereses en juego: primero, el de los ciudadanos y municipios afectados; segundo, el del territorio al que administrativamente pertenecen; y, tercero, el de la comunidad autónoma a la que pretenden o pueden pretender incorporarse.
En resumen, se trataría de evitar la complejidad de los procedimientos de este tipo haciendo coincidir las previsiones estatutarias de las Comunidades Autónomas afectadas, sin merma de las garantías procesales propias de la tramitación administrativa: publicidad, audiencia y celeridad, con el objetivo añadido --como hemos dicho-- de conjugar y armonizar el ámbito de normación de las comunidades interesadas.
Entendemos que en este tema no se puede conceder primacía al interés puramente patrimonial y a la dinámica de las instituciones en detrimento de los intereses sociales de las comunidades municipales o de la ciudadanía, porque ello equivale a invertir la localización de la legitimidad democrática e implica reconocer eficacia a planteamientos basados en adscripciones territoriales vasallísticas o feudales, que consideran el territorio de cada Comunidad Autónoma como algo unido indisolublemente a ella.
Pues bien, a esta situación queremos poner fin, estableciendo, de forma consensuada, mediante el acuerdo entre todos los grupos políticos, un procedimiento fundado en los valores sociales pluralistas y democráticos y que, al fin, desemboque, como no puede ser menos, en el compromiso de las Cortes Generales para resolver el conflicto territorial en cuestión, mediante la aprobación de la pertinente ley orgánica.
Expuesto esto que antecede, debemos reconocer que los enclaves territoriales existentes en el Estado español son de origen feudal y con una historia fluctuante en cuanto a su adscripción territorial.
Concretamente, Villaverde de Trucíos es un valle de 2.000 hectáreas de extensión, situado al suroeste de Vizcaya y rodeado por todas sus partes por tierras pertenecientes a este territorio histórico. Se trata, así, de una isla o enclave geográfico de la provincia de Santander en tierras vizcaínas.
Desde un punto de vista estrictamente geográfico Villaverde es un valle que comparte todas sus características geológicas, paisajísticas, antropológicas, lingüísticas y de producción con los demás valles de las encartaciones de Vizcaya.
Como hemos señalado, históricamente las decisiones administrativas sobre el enclave han sido fluctuantes. En la Edad Media, siglos XIII y XIV, los concejos encartados, entre ellos Villaverde, pasaron a depender de los señores de Vizcaya, guardando cierta autonomía, eso sí, a través de su presencia en las Juntas Generales de Avellaneda.
Posteriormente, el valle de Villaverde fue adquirido en 1480 por don Pedro Fernández de Velasco a don Diego de Avellaneda, por medio millón de maravedíes, según copia de la escritura original obrante en el archivo de la Casa de Juntas de Avellaneda.
Más tarde, durante los siglos XVI, XVII y XVIII Villaverde intentó varias veces pertenecer a las encartaciones de Vizcaya alegando su particular situación geográfica; tal sucedió, por ejemplo, en 1584 y 1595. Mientras tanto, empero, Villaverde participaba en las Juntas de Avellaneda, en Vizcaya, cuando se trataban asuntos de guerra, levas para gentes de armas y aprestos para la defensa de los puertos. Es decir, la incorporación de Villaverde a las Juntas de Avellaneda era total en lo referente a la jurisdicción militar como vizcaínos que son, según rezan Actas de la época. Durante el siglo pasado, con la ilógica, a nuestro entender, división provincial de Javier de Burgos se consumaba la pervivencia de Villaverde de Trucíos como enclave cántabro dentro de Vizcaya.
Tras esta odisea histórica que acabo de relatar, el pueblo de Villaverde, a través de la práctica unanimidad de sus concejales, en concreto seis votos a favor y uno en contra, acordó, un feliz 26 de septiembre de 1986, su integración en Vizcaya. La colisión de normas estatutarias concurrentes y la interpretación que de las mismas ha hecho el Tribunal Constitucional ha frustrado ese intento.
Nos encontramos hoy día con una situación de abandono administrativo debido, entre otros factores, a la difícil prestación de los servicios públicos. No cabe duda --como sus señorías comprenderán-- de que la discontinuidad territorial condiciona negativamente la prestación de los servicios públicos y la ejecución de las competencias administrativas. No puede ni debe permitirse la persistencia de una situación tan artificial si la voluntad de los vecinos desea optar por la regularización de esa anómala situación, pues ellos son precisamente las principales víctimas de tal estado de cosas, llegando a ser frecuente --y éste es un dato estadístico-- el empadronamiento de dichos vecinos en los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco colindantes.
Consecuencia lógica de tan anómala y especial situación administrativa es el descenso poblacional. Valga un ejemplo: Villaverde de Trucíos tenía 756 habitantes en el año 1960, hoy apenas supera los 400. El índice de juventud, es decir, población de edad inferior a 25 años, es el más bajo del conjunto de los partidos judiciales del entorno, y más concretamente el más bajo del partido judicial de Castro-Laredo, mientras que el índice

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de envejecimiento, población de edad superior a los 65 años, es el mayor.
Considerada esta estructura poblacional, convendrá conmigo en que Villaverde es un municipio en proceso de desertización humana; si nadie lo remedia, será un municipio de entre los muchos de España condenados a extinguirse, condenados al despoblamiento, al abandono, a la desidia.
En cuanto a prestación de servicios se refiere, es obvio que, en lo relativo al abastecimiento de agua y saneamiento, la inclusión del municipio en las redes de los ayuntamientos colindantes supondrá un notable beneficio, habida cuenta de que los vertidos se realizan directamente al río Agüera, que carece de todo tipo de saneamiento, ni siquiera de una mísera arqueta de decantación...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, ha agotado su tiempo.


El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente. Enseguida termino.
En materia educativa, los alumnos de bachillerato unificado polivalente y de formación profesional realizan sus estudios en Vizcaya; en materia sanitaria la hospitalización y la atención primaria se presta en Vizcaya; la red viaria está desatendida; apenas existen equipamientos culturales ni deportivos; no existe ningún programa de desarrollo cultural. En resumen, la prestación de servicios no es buena debido, precisamente, a su peculiar situación geográfica.
Ante esta situación --ya acabo--, en los albores del siglo XXI, nos resulta inadmisible que el territorio tenga como elemento real un valor superior al componente humano que le da su verdadero sentido, contenido y alcance y que es, en definitiva, el eje en torno al cual debe girar la actuación de los poderes públicos.
Para terminar esta intervención, sólo deseo traer a colación una anécdota de un debate parlamentario, allá por el año 1987, en el que un representante del Partido Regionalista de Cantabria en la Asamblea Regional de Cantabria, manifestó con mucha rotundidad que Villaverde de Trucíos es, ha sido y será de Cantabria. El criterio de este humilde Senador, y espero convencerles, señorías, es que Villaverde de Trucíos sea aquello que libremente decidan sus habitantes.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, este Senador se encuentra ligeramente confundido, porque ha llegado un momento en que no sabe si está asistiendo a un debate o a una cátedra histórica, o si está asistiendo a un debate político en una Cámara política territorial del Estado que está debatiendo la reforma de unos Estatutos de Autonomía, segunda ley fundamental de una territorialidad del Estado, que emana de una Constitución que quisimos darnos y cuya organización iba a ser autonómica.
Ahora mismo, yo les puedo dar a ustedes una clase de historia de Canarias, de memoria, sin estudiármela. Y les puedo hablar desde Plinio, de cómo Plinio empezó a describir las islas afortunadas, como él las denominaba; pueblo hablarles del siglo XV cuando vinieron castellanos, aragoneses, baleares, mallorquines --como les quieran llamar--, gallegos, etcétera, a conquistarnos. Como cada isla tenía su organización adminitrativa, religiosa, etcétera, siendo los guanches infieles, como decían en aquella época. Yo no quiero estar en esa tesitura; estoy en una Cámara territorial del Estado, estoy debatiendo la reforma de una serie de Estatutos de Autonomía, y a ellos me ciño.
Próximamente vendrán a debatirse a esta Cámara los aspectos económicos del régimen económico y fiscal y, si ustedes tienen ese día una ligera paciencia, este Senador les hablará de la historia de Canarias con muchísimo gusto. Ahora, como estamos en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, la segunda ley fundamental para los habitantes de esa territorialidad, queremos anunciar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión, que prácticamente es la expresión de todas las fuerzas políticas y de la Asamblea Parlamentaria de esa Comunidad Autónoma, con la que somos tremendamente respetuosos. Y desde nuestra modesta Comunidad Autónoma insularizada hacemos votos para que esa Comunidad salga adelante políticamente, porque no sabemos si, a lo mejor, aumentándole las competencias vamos a montar un cirio superior. (Risas.) Por tanto, deseamos desde el fondo de nuestro corazón que estas nuevas competencias sirvan para que su situación política, en general --en la que no me inmiscuyo--, salga adelante, como está ocurriendo con las del resto de las Comunidades del Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig i Grau.


El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, gracias, Senador Barbuzano, por haber dejado a Plinio para otro día.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Catalán en el Senado, para fijar nuestra posición sobre la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Cantabria

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y anunciar, como no podría ser de otra forma, nuestro voto favorable.
Dicho esto, no puedo dejar pasar la ocasión --y ya anuncié en mi intervención en Comisión que insistiríamos tantas veces como fuese necesario-- de hacer unas reflexiones y manifestar nuestro convencimiento acerca de que el proceso de construcción del Estado de las Autonomías ha de ser dinámico.
A este respecto, nos preocupa un mensaje que venimos escuchando recientemente con propuestas para cerrar el proceso autonómico. Pero, si eso fuera así, si este proceso tuviera que cerrarse, ¿qué sentido habría tenido la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas? ¿Cómo puede ser un proceso no dinámico, si en el trámite de dictamen --en la Comisión y hoy mismo lo hemos podido comprobar en el Pleno--, en el caso de la reforma de ciertos Estatutos los mismos portavoces ya pedían una revisión urgente de los nuevos textos, aún no aprobados definitivamente? Por tanto, ¿cómo puede cerrarse el proceso autonómico? De todas formas, durante el proceso de presentación y posterior debate de los proyectos de reforma de todos los Estatutos de Autonomía que hoy vamos a aprobar, hemos escuchado hasta la saciedad que esto es un paso más, que es el final de un camino y el principio de otro y que, aunque insuficiente, la aprobación de la reforma de estos Estatutos es un acontecimiento importante. Estamos convencidos de ello. Todo esto y mucho más han supuesto las manifestaciones de los distintos grupos en el Senado.
Es cierto que estas reformas se han elaborado desde distintas perspectivas; un mayor autogobierno, la aproximación de las administraciones a los ciudadanos, la obtención de más competencias, la mejora de la Administración, y pocas --salvo alguna excepción-- referencias a la cultura, la historia y la identidad. Pero, en definitiva, todo este proceso nos satisface porque, independientemente de las diferentes visiones y acentos, un denominador común de todas las Comunidades Autónomas es el deseo de más competencias y cotas de autogobierno. En eso estamos desde Convergència i Unió, en el marco de la Constitución, obviamente, pero sin complejos y sin limitaciones.
Permítanme, pues, señorías, reiterar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de Cantabria y terminar esta intervención con unas palabras del Presidente Pujol, pronunciadas en la Universidad Menéndez y Pelayo: «Como Presidente de Cataluña, no estoy satisfecho con lo que va siendo el Estado de las Autonomías. Sin embargo, lo conseguido es importante, y lo es porque, más allá de las competencias, e incluso a veces de la financiación, la autonomía produce un primer y decisivo efecto positivo, y es que obliga a la gente, y en especial a la clase dirigente, de una determinada región a ejercer esta iniciativa.» Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Roig i Grau.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bueno Fernández.


El señor BUENO FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, vaya nuestro agradecimiento para todos aquellos grupos que van a votar favorablemente la reforma del Estatuto de Cantabria. Estatuto que ahora cumple doce años de existencia y que, junto con el de Asturias, fue de los más madrugadores por la vía del 143.
Una vez que ya han transcurrido con creces los cinco años previstos para la ampliación competencial de aquellas Comunidades Autónomas denominadas de vía lenta, Cantabria va a dar hoy --si ustedes lo aprueban-- un paso decisivo en esta andadura autonómica que, aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea Regional el pasado 22 de marzo, satisface a todos los cántabros. Estos hacen posible con su trabajo sencillo, cotidiano y honesto la realidad que es hoy Cantabria y que hemos de acompañar del necesario esfuerzo por nuestra parte; tarea ardua e imprescindible que hemos de afrontar con ilusión, no exenta de firmeza, ante este nuevo reto esperanzador que nos da tantas posibilidades como obligaciones nos va a exigir para que el futuro que deseamos para Cantabria sea una realidad.
Por tanto, señorías, la Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992, cuyo paso siguiente y necesario consiste precisamente en esta reforma estatutaria, es importante para Cantabria por cuanto implica un incremento notable de sus competencias, abriendo un nuevo proceso de traspaso de servicios, de personal y de recursos financieros considerables.
Por consiguiente, se debe defender la reforma estatutaria porque homogeneiza las competencias de las Comunidades Autónomas, suponiendo una racionalización en la distribución de las mismas y porque produce una cuasi igualación con las Comunidades Autónomas del artículo 151.
En definitiva, podemos afirmar que el hecho autonómico se configura como una realidad irreversible en la que, aparte de la importancia de la mencionada ampliación competencial, la participación en la adopción de decisiones y la incidencia de la política desplegada por la Unión Europea, hay que destacar una idea que me parece esencial: que las Comunidades Autónomas son también Estado y que ellas mismas lo configuran como el modelo de Estado descentralizado que adopta nuestra Constitución, pero que no debemos quedarnos en una simple descentralización hacia las Comunidades Autónomas, sino que hay que profundizar y extender este principio hacia los entes locales, que durante mucho tiempo han sido relegados a un segundo plano,

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e intentar sustituir la cultura del conflicto por la de la colaboración, la cooperación y el respeto mutuo entre los diferentes niveles administrativos.
Por ello, y de la misma forma que en el Congreso de los Diputados las reformas estatutarias han tenido el apoyo mayoritario de los grupos, confiamos que esta reforma obtenga en estas Cámaras un respaldo similar.
Para terminar, señorías, sólo quiero invocar un sincero y merecido recuerdo para aquella Junta Preautonómica y aquella Asamblea Mixta de Diputados y parlamentarios de Cantabria que hicieron posible el Estatuto que hoy es motivo de reforma.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sota Verdión.


El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Con gran satisfacción intervengo en la Tribuna del Pleno del Senado para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la aprobación de la ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Y lo hago con la doble satisfacción de Senador elegido por la Comunidad Autónoma de Cantabria y, por ello, en mi condición de Diputado de la Asamblea Regional.
Quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos que hayan retirado la enmienda que habían planteado a la reforma del Estatuto, en cuanto a lo que hacía referencia al enclave de Villaverde de Trucíos, pero después de la intervención del portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero añadir algo más.
Quiero decirles que desde Cantabria vamos a defender la integridad territorial de nuestra Comunidad a toda costa, lo mismo que harían ustedes --estoy absolutamente convencido-- con su territorio en el caso de que se planteara a la inversa una cuestión de este tipo.
Por tanto, con la sinceridad que tenemos como Comunidades vecinas, le quiero manifestar que en eso vamos a ser absolutamente inflexibles y que vamos a defender la integridad territorial de nuestra Comunidad por encima de todo, porque en ello nos asiste la ley e incluso las sentencias del Tribunal Constitucional.
En cuanto a algunas de las citas históricas que se han hecho aquí, a las que yo no voy a hacer referencia --no voy a contar ahora la historia de mi Comunidad--, quiero recordarles que zonas fronterizas que hoy son del País Vasco, antiguamente eran Cantabria. Por consiguiente, yo creo que nos llevaría a una reflexión y a una metodología de trabajo que se aproxima más a lo que es la Historia Medieval que a lo que hoy, por lo menos a los cántabros, nos preocupa, que son los problemas del presente.
Los problemas del presente, señorías, se traducen en que el día de alegría que hoy deberíamos tener todos aquí --los ciudadanos de Cantabria y los que aquí representamos a esa Comunidad-- está, como todos ustedes conocen, ensombrecido porque la Comunidad Autónoma de Cantabria está sometida a una situación política de crisis continua, que afecta gravemente a la gestión de sus competencias.
Por tanto, hoy, cuando se va a aprobar una ampliación de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma, también debo traer la sensación que tienen muchos ciudadanos de aquella Comunidad respecto al temor de qué va a pasar con la asunción de competencias, tan importantes en cuanto a su gestión futura, sobre educación, Universidad, servicios sociales, es decir, servicios básicos para los ciudadanos; qué va a pasar con esos servicios y cómo se van a poder prestar, si la Comunidad, como digo, está sometida a una situación política degradante y a una crisis que no tiene fin. Y en esa crisis, debo añadir, tiene algo de responsabilidad el Partido Popular.
Señorías, hoy es un día en el que esa alegría que todos deberíamos expresar aquí se encuentra ensombrecida por esa situación política, pero a pesar de ser una Comunidad pequeña, tanto por su extensión como por su número de habitantes, queremos ser una Comunidad más. No queremos ser una Comunidad que cree problemas al Estado --como yo creo que en algunos momentos empezamos a ser--, sino que queremos ser una Comunidad que actúe al mismo nivel que el resto de las Comunidades, que sea capaz de ejercer sus competencias con eficiencia y eficacia y, por tanto, que contribuya en su gestión a la eficiencia y a la eficacia total de las prestaciones de los servicios que hace el Estado a través de la Comunidad en ese territorio.
Quiero terminar, señorías, con palabras de ánimo y de esperanza, porque a pesar de que en estos momentos estamos en una situación de crisis política, cuyo fin inmediato no vemos, somos un pueblo recio, que se ha hecho frente a muchas adversidades, de las cuales hemos sabido salir.
Estoy absolutamente convencido de que vamos a salir y también vamos a superar esa crisis política que nos atenaza.
A nosotros nos gustaría que eso se hiciera posible con la ayuda del Partido Popular. No quiero negar que eso no puede esperar eternamente, como tampoco pueden esperar los ciudadanos de Cantabria, porque a ellos les afecta fundamentalmente, pero estoy absolutamente convencido de que los ciudadanos de Cantabria conseguiremos nuestros objetivos, y nuestro objetivo es ser una Comunidad que funcione en igualdad con el resto de las Comunidades del territorio. Por consiguiente, espero --y ésa es la esperanza que traslado a todos ustedes-- que a pesar del claroscuro que hoy tiene mi

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intervención, dentro de poco se haya despejado la situación que allí tenemos planteada y que Cantabria vuelva a estar en el mismo plano de igualdad que el resto de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sota Verdión. (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.) Senador Bolinaga, ¿por qué pide la palabra?

El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, pido la palabra, en ausencia del portavoz de mi Grupo, en relación con el artículo 87.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto, señor Senador.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero salir al paso de alguna de las manifestaciones, amablemente vertidas, por supuesto, del Senador Soto, que tal vez pudieran ser susceptibles de interpretación. En relación con el enclave de Villaverde de Trucios, nos ha acusado de que hemos aportado a esta Cámara la intención de un debate de sentido histórico y medieval. No es eso.
Hemos tratado de aportar, más que un debate, unas ideas sobre una situación actual, de hoy y permanente, no tanto del enclave como de los ciudadanos que viven y cohabitan en ese enclave, sin entrar en el aspecto medieval.
Al mismo tiempo, le recuerdo que no nos mueve ningún afán de anexión territorial; lo único que puede movernos es el interés de aquellos, insisto, que viven en ese territorio y son sus ciudadanos. Sobre este particular, le recuerdo la declaración de los Derechos Universales del Hombre de las Naciones Unidas y el artículo primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo artículo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el mismo artículo, tiene la palabra el Senador Sota.


El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que no es el debate de los enclaves el que hoy nos trae aquí, pero sí quiero decir al Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que de los ciudadanos de Villaverde de Trucios, que son ciudadanos de Cantabria, se encarga la Diputación Regional de Cantabria. Nos parece muy bien que a ellos también les preocupe; en todo caso, lo que debería establecerse en ese posible acuerdo de la Ponencia es cómo se pueden prestar mejor los servicios a los enclaves territoriales de una comunidad que está rodeada por otra, pero hasta ahí llegaríamos.
He dicho antes, y lo reafirmo, que la defensa de que Villaverde de Trucios es de Cantabria no solamente la hace este humilde Senador, sino que la razón nos la ha dado el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el texto correspondiente al artículo Unico y Exposición de Motivos del dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 214; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria. (Aplausos.)

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA (S. 605/000004) (C. D. 127/000007).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Se han presentado las enmiendas números 1 a 21, suscritas por los Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Vilallonga.


La señora VILALLONGA ELVIRO: Buenas tardes, señoras y señores Senadores.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Ruego, por favor, silencio.
La Senadora Vilallonga tiene la palabra.


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La señora VILALLONGA ELVIRO: Me felicito por intervenir desde la tribuna de esta Cámara en un día como hoy, fecha, como saben, especialmente importante para las mujeres trabajadoras, dado que es nuestro día.
(Varios señores Senadores: Eso fue ayer.) Por ello, quiero felicitar a las compañeras Senadoras, si me lo permiten el resto de los Senadores, especialmente los Senadores masculinos, que son los que más alto hablan.
Dicho esto, también creo que debemos felicitarnos todos por la conmemoración de este día, que va a tener su consecuencia mañana y pasado en unas jornadas que celebraremos en esta institución. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Paso ya a defender la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto a las enmiendas que presenta a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia. Pero no teman los señores Senadores que haga un discurso plagado de citas históricas --también lo merecería, sin duda alguna, la región de Murcia--, porque creo que, más que hacer de historiadores aficionados o de miembros aficionados del Colegio de Geólogos, debemos hacer de políticos. Para eso, al menos, es para lo que la gente --probablemente, en algunos casos, equivocada-- nos ha elegido.
En ese sentido, creo que en estas reformas de Estatutos --y permítanme los señores Senadores que haga una breve introducción-- hay una limitación de partida. Los Senadores suben a esta tribuna --yo he oído a algunos de ellos a lo largo de la tarde-- con gran ilusión y entusiasmo, pero parece que se olvidan, cuando se refieren a los Senadores que nos vamos a pronunciar en contra de esas reformas --dado que nos dicen continuamente que es el mal menor y que se establece un mayor grado de competencias-- de que ya hay una Ley Orgánica por la que se hizo dicha transferencia competencial. Esto, por lo visto, se nos ha olvidado, quizás porque fue en la Legislatura pasada. Yo misma intervine desde esta misma tribuna sobre ese particular. Por tanto, me parece que es redundar en algo que ya, por otra parte, las Comunidades del artículo 143 hemos conseguido. No está mal que se contemple en los Estatutos, pero es algo de lo que nos deberíamos haber alegrado tanto en el momento procesal de la tramitación del proyecto de Ley Orgánica, porque creo que ahora estamos hablando ya de otra cosa. Por tanto, el argumento de que se incrementa el número de competencias ya se empleó en su momento. Es cierto que las competencias pasan al Estatuto, es importante, pero creo que el momento de alegrarnos por esas competencias debió ser otro día y no éste, por lo que utilizar permanentemente ese argumento como arma arrojadiza a todos aquellos que proponemos una ampliación sustantiva del techo competencial resulta algo limitado.
Creo que el autogobierno es parte esencial y básica de nuestra configuración constitucional. Efectivamente, había dos modelos para construir el Estado democrático que dio origen a la Constitución de 1978.
Esos dos modelos podrían haber sido un reconocimiento del pleno autogobierno a las Comunidades históricas, es decir, Galicia, Cataluña y Euskadi, no porque las demás no sean históricas --y por eso tampoco hay que hacer tanto hincapié en remarcar continuamente que formamos parte de la historia de este país--, sino porque aquéllas tenían un hecho diferencial y básicamente el fenómeno lingüístico era el que determinaba de alguna manera que el autogobierno ya hubiese estado presente en otros ordenamientos constitucionales anteriores, como, por ejemplo, en el ordenamiento constitucional de la II República española.
Ese modelo que se pudo haber diseñado, en el cual hubiera habido tres Comunidades históricas con elementos sustanciales de autogobierno y en el resto del territorio se hubiera dado una gran competencia a los municipios, era justo el modelo republicano del año 1931, y fue desechado por los legisladores en la medida que establecía un sistema que profundizaba en los desequilibrios existentes, tanto sociales como territoriales, que dieron al traste con aquella gran experiencia que fue la II República Española. En este sentido, se optó por una vía por la cual se ponía de manifiesto un Estado autonómico que en un plazo de tiempo medido yo creo que dará lugar, como no podría ser de otra manera, a un modelo de Estado federal. En este primer embrión se aceptan ya unas Cámaras autonómicas que, evidentemente, tienen un reflejo mucho mayor en aquellas Comunidades que elaboran sus propios Estatutos. En una segunda ronda, se procede a la federalización del Estado, estableciendo Comunidades Autónomas en el resto del territorio español.
Yo creo que lo que sirvió en un principio para aprobar los Estatutos de Autonomía de estas Comunidades Autónomas ya no sirve como modelo institucional para continuar rellenándolas de competencias, y lo digo en el sentido de cómo van a quedar determinadas competencias, cuál va a ser el juego de control democrático parlamentario sobre determinadas actividades que el Ejecutivo en sus distintos niveles, ya sea municipal, autonómico o a nivel del Gobierno de la nación, va a tener sobre determinado tipo de actividades. Por ejemplo, se va a transferir la educación a las Comunidades del artículo 143, pero se va a hacer en un marco parlamentario que no va a permitir, en muchos de los casos, el control exhaustivo que desde las Cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado hoy se puede hacer, porque, evidentemente, hay un marco institucional que permite que haya un Parlamento --Congreso de los Diputados o Senado-- funcionando durante un determinado número de meses, que puede establecer un control a fondo sobre aquellas competencias educativas que hoy están residenciadas en el Gobierno de la nación. En cambio, cuando estas competencias pasen a los ejecutivos regionales nos vamos a encontrar con que

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para ejercer el control de las Cámaras regionales, ya sea voluntad del ejecutivo o voluntad de algunos de los Grupos institucionales presentes en esas Cámaras, sólo van a tener --en algunos de los casos ya ocurre, y Murcia, por ejemplo, es una de las regiones sintomáticas en este sentido-- cuatro meses de ejercicio de control parlamentario, unos Diputados que están rindiendo a tiempo parcial y la imposibilidad por parte de esos Diputados de disolver, a petición del Presidente, la Cámara autonómica y convocar elecciones en un momento de crisis institucional.
El caso de Cantabria, por ejemplo, podría haber tenido una solución en esa dirección, es muy posible, si hubiera existido ese marco de competencias. Nos encontramos con que el control parlamentario sobre estas competencias que pasan a las Comunidades del artículo 143 disminuye. Es un elemento más a poner encima de la mesa, y demostrar cómo se han hecho estas reformas, que yo no sé por qué los Senadores que salen a la tribuna, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista, no defienden en función del pacto político al que han llegado, aunque luego se haya materializado a través de los Parlamentos regionales.
Como ustedes aluden a que las Comunidades Autónomas y los Parlamentos regionales del artículo 143 han tenido algún tipo de protagonismo en la elaboración de estos Estatutos de Autonomía, sinceramente creo que no se pueden quedar tranquilos, porque la tramitación de algunos Estatutos ha costado un cuarto de hora. Cuando llegue el debate de la Comunidad correspondiente ya lo pondremos de manifiesto; tenemos los «Diarios de Sesiones».
Yo comprendo por qué al Estatuto Catalán se le llama el Estatuto de Sans, porque hubo unas reuniones, hubo un trabajo parlamentario de los representantes catalanes, y eso tuvo una repercusión; o por qué al Estatuto de Euskadi se le llama Estatuto de Guernica, porque hubo un lugar donde residenciarlo; o por qué al Estatuto andaluz se le llama el Estatuto del 28 de febrero, porque hubo un día, hubo un lugar, hubo algo.
A estos Estatutos, ¿cómo les vamos a llamar? Yo no quisiera que alguien --no sería esta Senadora, por supuesto, que tiene un gran respeto institucional a las Cámaras Regionales-- fuera tan mal intencionado como para llamarles los Estatutos de Génova y de Ferraz. Pudiera darse el caso, pero no sería yo la que, desde luego, lo diría.
En cualquier caso, yo creo que hay deficiencias muy serias en estos Estatutos no porque no incorporen nuevas competencias. Yo, señorías, traigo a colación una frase del Ministro don Juan Manuel Eguiagaray, antiguo Ministro de Administraciones Territoriales y factótum, de alguna manera, del pacto autonómico. Decía el Ministro en el libro «La Década del Cambio»: «La trascendencia de la autonomía se refleja en el plano político más que en la abundancia de competencias.» Yo, señorías, acabo de poner sobre el tapete una cuestión importante. A través de esas transferencias, ¿va a haber menos control parlamentario de las fuerzas políticas y de los Grupos parlamentarios sobre cosas tan básicas como la educación? Yo, señorías, estoy segura de que va a ser así. Por tanto, estoy segura de la misma manera y en la misma medida que estos Estatutos uniformadores y bipartidistas no van a consolidarse durante demasiado tiempo. Estoy segura porque la dinámica de las fuerzas políticas, la dinámica de la sociedad pide otra cosa, y porque hemos prometido a los ciudadanos de las Comunidades del 143, que, desde luego, no son ciudadanos nacionalistas --digo nacionalistas en el sentido de mantener en términos generales unas posiciones que de alguna manera generen un hecho diferencial nacional; no lo son, se diga lo que se quiera aquí, puede decirse por parte de alguna minoría, pero sabemos que no, que son ciudadanos que se consideran parte de lo que se llaman las regiones de España--, a esos ciudadanos les hemos prometido que va a haber autogobierno, que va a haber descentralización política. No se trata de prometérselo porque hay un fenómeno o un hecho diferencial nacional, como hay en otros territorios del Estado, como hay en Euskadi, como hay en Cataluña; se lo hemos prometido porque consideramos que es más eficaz para la defensa de sus intereses y porque eso genera poder político que puede de alguna manera luchar contra los desequilibrios territoriales y sociales que existen en nuestro país.
Si frente a esa demanda que hemos generado las fuerzas políticas parlamentarias en esos territorios lo que estamos ofreciendo es este tipo de Estatutos, ustedes coincidirán conmigo que ésta no es la solución y que es una medida puramente provisional, y que estas reformas y ampliación de competencias, que tienen un aspecto positivo interesante, solamente han sido trasladadas a los Estatutos por una exigencia de una de las partes contratantes del pacto autonómico. Y no tiene ningún otro sentido. Por tanto, yo creo que no vamos a clamar aquí, ni en términos históricos ni geológicos, por la defensa de un hecho regional, por supuesto muy querido, muy importante y que configura esa pluralidad extraordinaria que es España.
Yo creo que estos territorios no necesitan hablar de la historia para defenderse. Tienen sus realidades y sus gentes que lo defienden mucho mejor que ningún tipo de llamamiento ni de referencia a fenómenos ocurridos en épocas pasadas. Porque yo creo que el pasado nunca fue mejor. En ese sentido, señorías, admirando mucho la historia de cada cual --todos tenemos la nuestra--, admirando muchos esos conocimientos, yo creo que la reclamación de la autonomía y del autogobierno está en función de las realidades actuales y, desde luego, no en ninguna raíz histórica, al menos en el caso de los Estatutos que discutimos hoy aquí.
Voy a terminar diciendo que, desde mi punto de vista,

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hay transferencias interesantes; que esas transferencias van a tener un menor control parlamentario, lo cual tiene una problemática y genera una problemática política seria que vamos a tener que vivir en algunos casos; y que, en cualquier caso, no es una elaboración propia de carácter regional la que los trae aquí. Por eso son todos iguales. Es un acuerdo político legítimo --lo quiero decir, un acuerdo político legítimo--, pero un acuerdo político uniformador que dice poco respecto de la sensibilidad de carácter regional que algunas de las fuerzas políticas mayoritarias presentes en estas regiones, a mi juicio, deberían de tener. Eso no quiere decir que ese traspaso de competencias no sea un elemento interesante. Pero, señorías, el traspaso de competencias ya se produjo en la Ley Orgánica. El que se incorpora a los Estatutos es simple y llanamente uno de los elementos que para la ratificación del pacto autonómico fueron puestos encima de la mesa.
Por tanto, el protagonismo en este caso está residenciado en los dos partidos mayoritarios, con la colaboración, evidentemente, de otras fuerzas políticas que no quieren ver que se produce lo que se llama la uniformización del Estado. Creo que ahí tienen reservas que pueden tener sus raíces en lo que se está haciendo con las regiones del 143. No obstante, pienso que ése es un temor que deberíamos superar entre todos.
Insisto, aquí no venimos a hablar de viejas y pasadas discrepancias, que esperamos haber superado todos felizmente. Aquí venimos a hablar de un futuro común que tenemos que construir entre unos y otros. En ese sentido, les diré que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya colaborará siempre para construir ese estado de las autonomías. En este caso la colaboración se va a traducir en un voto discrepante, que no quiere decir que mañana, al día siguiente, no sigamos todos juntos construyendo este Estado de las Autonomías en un horizonte federal.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero únicamente anunciar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de la región de Murcia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don Ramón Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, es para mí un motivo de profunda satisfacción intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en el Pleno de esta Cámara para dar nuestro soporte a la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de la región de Murcia, que ya recibió la unanimidad en el trámite de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
El actual Estado de las Autonomías nació legalmente con la aprobación de la Constitución. Fue un parto duro y difícil, con importantes concesiones, donde imperó, a nuestro entender, por encima de las visiones partidistas, el diálogo y la voluntad de construcción de un Estado moderno en el que todos nos pudiésemos sentir cómodos y en el que algunas fuerzas políticas, como la que yo me honro en representar, jugaron un papel decisivo.
El actual Estado de las Autonomías representa un giro de 360 grados si lo comparamos con el modelo centralista y uniformador que encontramos en el momento de la transición. Proveníamos de un sistema pensado más en mandar que en gobernar, y en donde las aportaciones de la sociedad, como en cualquier régimen totalitario, como es lógico, no estaban previstas. El sistema tenía, además, una serie de corsés y de vicios adquiridos que fueron difíciles de erradicar.
Aunque la Constitución marcase las grandes líneas del cambio que representó el pasar de un modelo de Estado a otro, el camino no ha sido siempre fácil. Las resistencias internas del poder --y no me refiere tanto a los políticos como a un sector de tecnócratas, de planificadores económicos, de Abogados del Estado, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, que siempre vieron con recelo la pérdida de poder personal que suponía la descentralización efectiva del Estado-- fueron sin duda uno de los obstáculos de los que menos se ha hablado, pero que de una forma sibilina más dificultaron el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la LOAPA, nos ha permitido poder debatir hoy y aprobar, con seguridad, la ampliación de las competencias de los diferentes Estatutos de Autonomía y, de forma muy especial, el de la Región de Murcia.
El actual modelo representa, como ya hemos dicho antes, un profundo cambio en la concepción global del Estado. Las decisiones que afectan a los ciudadanos son más efectivas si se toman desde las administraciones más cercanas al administrado. Y ésa es la parte de la filosofía del Estado autonómico que tenemos en común las diferentes Comunidades o nacionalidades. Pero Estado autonómico es mucho más. Autonomía es en sí un elemento dinamizador del país o de las regiones: es compartir responsabilidades; nos obliga a hacer un

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esfuerzo personal, a potenciar la propia iniciativa de nuestras gentes y, de una forma especial, de sus dirigentes. Nos brinda la oportunidad de aplicar aquellas soluciones propias que están basadas en la experiencia y en el profundo conocimiento de la realidad sociocultural de cada Comunidad, soluciones que en muchas ocasiones se apoyan en acciones simples pero bien aplicadas en el espacio y en el tiempo. Es una magnífica herramienta que nos facilita poder profundizar con más intensidad en las diferentes realidades histórico-culturales de cada una de nuestras Comunidades y hacer aportaciones en la línea de la consolidación de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como es el Estado español, haciendo que las personas que en conjunto logramos que el país pueda progresar pasemos de una actitud crítica y pasiva, en espera de que se nos den los problemas solucionados desde fuera, a otra actitud activa con iniciativa y con voluntad de participacion.
Las Autonomías, aunque jóvenes en edad, son capaces de autorregularse.
Hay que hacer un esfuerzo en aras a un perfecto encaje, para así evitar algo que hasta ahora no se ha conseguido, al menos con la efectividad debida. Hay que evitar la duplicidad en la gestión. Eso encarece la Administración y desconcierta al ciudadano. El Estado debe apostar por la mayoría de edad de las instituciones autonómicas y debe llegar a un modelo que algunos pueden llamar Administración única, modelo por el que, a la postre, las Comunidades Autónomas han de convertirse en las gestoras de su propias competencias y en la representación ordinaria del Estado de las competencias no transferibles, haciendo unas administraciones autonómicas ágiles, efectivas y que respondan en su conjunto a las necesidades de un Estado moderno.
Para terminar, no puedo por menos de felicitar a los máximos responsables políticos de la Región de Murcia y, a través de ellos, a todos los murcianos, ya que con ese paquete de nuevas competencias podrán sin duda ejercer con más eficacia aquellas responsabilidades que sus ciudadanos les demandan y, a través de una buena gestión de sus responsabilidades, podrán participar en la configuración de un Estado económicamente fuerte, socialmente adelantado y culturalmente abierto.
Muchas gracias, señor Presidente y señoras y señores Senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Companys i Sanfeliú.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Maeso Carbonell.


El señor MAESO CARBONELL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy es un día singular y muy importante para la historia de la Región de Murcia, Comunidad Autónoma a la que pertenezco y a la que me honro en representar.
Si la filosofía que inspira la configuración de las Comunidades Autónomas, la llamada España de las Autonomías, es la descentralización de poderes, en definitiva, acercar la Administración al administrado, y teniendo en cuenta que ello supone un esfuerzo económico añadido para el ciudadano, no tiene sentido disponer de Comunidades con escaso nivel de libertad legislativa y ejecutiva, máxime cuando se observa la diferenciación con las Autonomías que accedieron a través del artículo 151 de la Constitución. Con las que tendremos que equipararnos en un plazo --pienso yo-- no superior a dos legislaturas.
Hoy culminamos la primera fase de los acuerdos autonómicos de 1981 que, conjuntamente con la LOAPA, supusieron la primera piedra para la constitución y posterior desarrollo del mapa autonómico español o Estado de las Autonomías, excepción hecha de Ceuta y Melilla, cuya adecuación político-administrativa está todavía por resolver, a pesar de las distintas iniciativas parlamentarias llevadas a cabo por el Partido Popular.
Haciendo un poco de historia, a pesar de que la Portavoz del Grupo enmendante recomendaba no hacer historias --por cierto, su señoría ha hecho una gran historia del Estado de las Autonomías --, creo que es importante hablar un poco de la raíz, de cómo y cuándo nace la configuración o la materialización de ese precepto constitucional de competencias a las Comunidades Autónomas.
El día 28 de febrero de 1992 se firman los pactos autonómicos que suponen el gran paso hacia la Ley Orgánica 9/1992, de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas, modificando la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se configura el estado de Autonomía de la Región de Murcia. Posteriormente, durante 1993 se debatieron en profundidad --en ningún caso en un cuarto de hora-- y se aprobaron en cada una de las Cámaras Legislativas autonómicas sus nuevos Estatutos, y el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado día 2 de diciembre, aprueba la Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de la Autonomía de la Región de Murcia, modificando especialmente el artículo 10, cuya redacción asume 28 nuevas competencias, tipificándose 30 como de competencia legislativa y ejecutiva plena --hay que tener en cuenta las que ya disponía la Comunidad Autónoma de Murcia, más estas nuevas 28 que se tipifican en esta ley--. Igualmente, salvaguardando la legislación básica del Estado, se desarrollan en los planos legislativo y ejecutivo 14 materias, y sólo la ejecución de la legislación estatal de otros 14 conceptos.
No podemos aceptar las enmiendas que presenta Izquierda Unida por diversos motivos. Yo creo que también

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es cortesía hablar de las razones que motivan a las Comunidades Autónomas para rechazarlas, máxime cuando su representante ha tenido una prolija intervención intentando, como es su obligación, convencernos de que las enmiendas son oportunas y que, a su entender, los Grupos deberíamos aceptarlas.
Con todo el respeto, tengo que decirle en primer lugar que la nueva redacción de estos Estatutos es el fruto del trabajo y posterior consenso entre la mayoría de los Grupos Parlamentarios autonómicos, en el caso de Murcia con un resultado de 41 votos a favor de los 45 Diputados. Si nos remitimos al Congreso de los Diputados, podremos observar que dispone de 279 votos a favor, 11 en contra y una abstención --que acaso sea fruto de algún error--. Ahora aquí, en el Senado, si no hay unanimidad --yo la pido, obviamente, aunque me dicen que no--, estoy convencido de que el resultado de la aceptación de esta ley orgánica será sensiblemente inferior. Y, señorías, creo que respetar --ad libitum-- los acuerdos de las distintas Comunidades es un acto de respeto y un auténtico ejercicio de la democracia.
De otra parte, no es un paso tímido el que damos con esta reforma. Antes hablábamos de las 28 nuevas competencias, pero sería interesante añadir que de los 72.000 millones de pesetas de que dispone el Gobierno regional de Murcia, y unos 5.700 funcionarios, vamos a pasar a gestionar más de 100.000 millones de pesetas, lo que supone un 10 por ciento, aproximadamente, del PIB, que si bien no es una cantidad excesivamente relevante, sí habremos de reconocer todos que supone un gran avance para nuestro autogobierno.
Del mismo modo, entendemos que no es el momento de presentar enmiendas que no se refieren a la modificación puntual de la reforma de los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas. Se habla de determinadas enmiendas que tal vez sean dignas de ser estudiadas, pero yo pienso que en otro momento procesal, porque aquí no se termina absolutamente nada; aquí se termina una fase importantísima, pero simplemente una fase del autogobierno de las distintas regiones.
Asimismo, en materia de reglamento interno de las distintas Comunidades Autónomas, acaso sea de gran interés ir hablando a posteriori de una reforma en profundidad de aquellos reglamentos que precisen de dicha reforma, pero pienso que tampoco éste es el momento.
Estas son, básicamente, las razones que impulsan al Grupo Parlamentario Popular a no aceptar las enmiendas presentadas.
Para terminar, señor Presidente, reconocemos que el trato en materia de competencias no puede ser, en principio, igual para todas las Comunidades, porque así lo determinamos en la Constitución, diferenciando los artículos 143 y 141. Creemos en una España plural, geográficamente distinta, peninsular, insular y económicamente dispar; la España industrial, la España agrícola, culturas diferenciadas, distintas lenguas autonómicas, regiones ricas y regiones desfavorecidas. En definitiva, señorías, existen elementos diferenciadores que la Administración deberá tener en cuenta y tratar con criterios de equidad y solidaridad interregional. Y cuando culmine el proceso de transferencias no deberán establecerse agravios comparativos entre las Comunidades Autónomas dentro de las limitaciones del artículo 149 de la Constitución. Ya no podremos hablar de Comunidades de primera y de Comunidades de segunda; hablaremos de las Comunidades Autónomas del Estado español. Será sin duda la ilusión de todos los representantes en los distintos estamentos políticos --Comunidades Autónomas, Congreso, Senado, etcétera-- el que tengamos todos el máximo nivel competencial, dentro de los límites que salvaguarda la propia Constitución.
Una vez aprobada esta proposición de ley orgánica, los Senadores por Murcia deberemos estar atentos al proceso de transferencias, y digo los Senadores por Murcia, no digo los Senadores de tal o de cual partido.
Creo que es una obligación compartida entre todos los Senadores. Todos somos representantes de los intereses legítimos de nuestras Comunidades, todos debemos estar atentos al proceso de transferencias en pro de la celeridad de las mismas, y especialmente de la consignación de recursos humanos y financieros.
En la Asamblea Regional de Murcia se ha constituido una comisión interparlamentaria para que haga un seguimiento exhaustivo de la asunción de competencias y, de otra parte, mi Grupo territorial, desde la colaboración, controlará e impulsará la descentralización de las competencias referenciadas en esta ley.
Yo les diría una frase de Jovellanos que pueda tener un paralelismo con la cuestión que nos ocupa y que decía: No divirtamos a los pueblos con rigidez; dejemos que ellos se diviertan. Creo, señorías, que también podría ser aplicable ne nuestro caso. No gobernemos a nuestros pueblos --entendiendo Comunidades Autónomas-- con rigidez; dejemos que ellas se autogobiernen.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Maeso Carbonell.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Hurtado García.


El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, esta tarde tengo el honor de defender en esta tribuna la reforma del Estatuto de la Región de Murcia, reforma que, al igual que las de otros Estatutos de Comunidades que también se están haciendo esta tarde y que accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución, tienen lugar, lógicamente, en el ámbito de los pactos autonómicos que

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se celebraron entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en febrero de 1992.
Quiero hacer hincapié en este punto porque la Senadora Vilallonga decía que esto obedecía a un pacto político. ¡Claro que obedece, lógicamente, a un pacto político! Y cuando los partidos llegamos a un acuerdo, a un pacto --y algunas veces los políticos entendemos que la palabra pacto tiene que utilizarse de forma peyorativa, y creo que es una palabra lo suficientemente noble para entenderla en ese sentido y de hecho se llega a esos acuerdos importantes--, yo creo que no es el momento de llamarse intransigentes ni nada por el estilo, al contrario.
Yo creo que el que haya acuerdos es positivo para la sociedad, y que ocurre lo contrario cuando no los hay. Tenemos que ir todos por esa senda de llegar permanentemente a acuerdos, por esa senda de llegar permanentemente a pactos. Cuando los partidos políticos llegan a un acuerdo, no olvidemos el artículo 2 de la Constitución en el que se dice que los partidos políticos son sobre lo que se basa fundamentalmente nuestro sistema político. No se olvide que los partidos políticos son el basamento fundamental de nuestra democracia y, lógicamente, así viene recogido, repito, en el artículo 2 de nuestra Constitución. De ahí que en un momento determinado, después de llegar a esos acuerdos y de sumarse a ellos muchas fuerzas políticas, yo pediría que aquí, en este último trámite parlamentario, el resultado que tuviéramos fuera el mismo que hemos tenido en la recién estrenada Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que se ha aprobado el proyecto por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. (La señora Vilallonga Elviro hace gestos negativos.) Sí, señora Vilallonga, no me haga gestos en sentido contrario; en la Comisión se aprobó por unanimidad de todos los grupos presentes en ella, al menos el Estatuto de la Región de Murcia, que es el que nos ocupa en este instante.
De todas formas, por si acaso es posible tener su voto en este acto parlamentario, le voy a decir que en algunas de las cuestiones a las que se ha referido en concreto sobre el tema del Estatuto de Murcia, porque otras eran de carácter más general, como el control parlamentario de sólo cuatro meses, hubo una rectificación en el Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia para que todos los grupos estuvieran presentes en la Junta de Portavoces, y que cualquiera de ellos y en cualquier momento pudiera hacer proposiciones e incluso abrir la posibilidad de un nuevo período extraordinario. De hecho, la realidad es que la Asamblea Regional de Murcia funciona durante períodos de ocho o nueve meses prácticamente todos los años de su historia.
No obstante, si usted lo quiere manifestar aquí es otro debate distinto, si los Diputados tienen que estar a tiempo parcial o a tiempo total, eso hay que plantearlo de otra forma, en el sentido de si los diputados de las asambleas regionales tienen que estar a tiempo total.
En cualquier caso, el Estatuto de Murcia podría llamarse perfectamente el Estatuto del Castillo de Aledo, el Estatuto de Totana o el Estatuto del Palacio de Guevara de Lorca, ya que fue en los tres sitios donde se llevó a a cabo su discusión parlamentaria, y así se le conoce, porque, a pesar de que cada uno tenemos nuestra historia, ciertas cuestiones, referidas fundamentalmente al proceso autonómico, de algunas regiones son más conocidas que otras.
En este caso los murcianos sí que conocemos cómo fue nuestro desarrollo autonómico y cómo se fue desarrollando ese proceso en el Castillo de Aledo, donde se reunieron todos los grupos parlamentarios en su momento y donde se llevó a cabo lo que después conformó el proyecto de Estatuto de la región de Murcia. Fruto de estos pactos autonómicos fue la promulgación de la reforma que esta tarde estamos debatiendo.
Por otro lado, la aprobación del Estatuto de la Región de Murcia, como también ha dicho el Senador del Grupo Parlamentario Popular, tuvo una amplia mayoría en la Asamblea Regional de Murcia.
Esta reforma supone la modificación de los artículos 10, 11, 12, 13 y 16 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Por tanto, la Comunidad asume 28 nuevas competencias, sobre las que tenemos la obligación de reflexionar. Diez son absolutamente nuevas, doce estaban previstas en el artículo 13 como diferidas y se recogen en este instante, y seis significan ampliación de títulos competenciales ya existentes.
Como se puede comprobar, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va a asumir más competencias de las que estaban en un principio previstas en nuestro propio Estatuto. Por eso hoy también es el día en el que nosotros tengamos una satisfacción importante y el día donde podamos alegrarnos; espero que nadie nos diga el día que tenemos que hacerlo. Yo pienso que hoy, que nuestro propio Estatuto recoge incluso más competencias de las previstas, también es día para podernos alegrar, a pesar de que sea un día después del Día de la mujer trabajadora, que celebramos ayer sin problemas de ningún tipo. Todo esto dentro, lógicamente, de la concepción de acercar cada día más los centros de decisión al ciudadano. Pero, además, por supuesto, para que perciban y tengan la sensación de que los servicios están más cerca y se hacen de una forma más eficaz. Y, por otro lado, que sientan que la tarea legislativa que algunos estamos llevando a cabo les repercute de la forma más directa y más favorable.
Por eso considero también importante que habrá que jugar con el papel fundamental de descentralización que tienen que hacer, a su vez, las propias Comunidades Autónomas. De hecho, se está llevando a la práctica en la propia Comunidad Autónoma de la región de Murcia con el protagonismo y el papel fundamental que

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deberían llevar a cabo los ayuntamientos y, por supuesto, con la colaboración de un órgano muy importante y que está favoreciendo esta descentralización, cual es la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otro lado, se cumplen las previsiones del artículo 143 de la Constitución, demostrando la voluntad de la Asamblea Regional de Murcia por asumir nuevas competencias y profundizar en su autogobierno, como también lo especifica la redacción del artículo 13 del Estatuto, lo que constituye una reafirmación de la voluntad del pueblo de Murcia para avanzar en la consecución de nuevas competencias.
Este acto supone, repito, motivo de satisfacción, por cuanto significa un afianzamiento del desarrollo autonómico no sólo de Murcia, sino también del Estado.
Por ello, y porque consideramos que estas reformas en general, y la nuestra en particular, son buenas para España y para Murcia, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Hurtado García.
Vamos a pasar a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación, en un único acto, las enmiendas números 1 a 21, puesto que no han sido retiradas, de los Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, cuatro; en contra, 215; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo único y la exposición de motivos del dictamente correspondiente a la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 217; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. (Aplausos.)

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES (S. 605/000005) (C. D. 127/000008).


El señor PRESIDENTE: Dictamen en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Voto particular número 1, de los Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas González, enmiendas números 1 y 2.
Senador Cuevas, tiene su señoría la palabra.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En la actividad política, como en otras actividades de la vida, a veces uno toma decisiones y fríamente puede empezar a pensar que se había equivocado en las mismas. No es ése el caso de las enmiendas...


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, me va a perdonar un momento. Por favor, ruego silencio, desde esta parte del Salón de sesiones tenemos dificultades para escuchar los discursos cuando hay mucho ruido de fondo o muchas conversaciones. Gracias.
Su señoría tiene la palabra.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por impedir la contaminación acústica.
Decía que a lo largo de la vida, en cualquier actividad, uno toma decisiones y a medida que va pasando el tiempo empieza a reflexionar y a decir: me he equivocado en esto o he acertado. Digo esto, porque a lo largo del debate de todos los Estatutos de Autonomía desde luego nunca he tenido dudas de que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña se hubiera equivocado en presentar tales enmiendas. Y esto se ha venido a confirmar durante todo el proceso de discusión de los Estatutos. Yo creo que aquí en esta Cámara por la mayoría de las fuerzas políticas que han defendido los Estatutos se han venido a reforzar los argumentos que sustentan las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado a todos los Estatutos, incluido este que vamos a defender ahora, el de Baleares.
La resignación es un estado o una cualidad que normalmente suele ser mala; resignarse en la vida yo creo que es malo. Y aquí hemos oído discursos en un principio fuertemente aplaudidos por los partidos mayoritarios firmantes del Pacto Autonómico pero en ellos se dejaba entrever algo que se suele utilizar en muchas ocasiones, como es el «sí, pero...». Y cuando en política se utiliza mucho el «sí, pero...», es que no estamos convencidos de lo que estamos defendiendo desde la tribuna o desde nuestros planteamientos políticos.
Por tanto, estos argumentos han venido a demostrar que las enmiendas de Izquierda Unida eran necesarias

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porque, aunque todo el mundo está contento por la aprobación unánime de la reforma del Estatuto, se piensa que se podría avanzar mucho más, y ese «sí, pero...» justifica las enmiendas de Izquierda Unida, con las que proponemos dicho avance. Es necesario avanzar más, y creo que ésa es la opinión general de la Cámara, pero la disciplina es la disciplina.
Por otro lado, quiero dejar claro que desde Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña tenemos un enorme respeto por las Asambleas autonómicas, como también --como no podía ser menos-- por cualquier institución democrática. También respetamos el Senado, y todos los que aquí estamos, o bien somos representantes de Comunidades Autónomas, o bien hemos sido elegidos directamente. Por tanto, guardamos el máximo respeto a la voluntad de las Cámaras autonómicas y a la capacidad de legislar del Senado, que es el mismo que tenemos por los proyectos políticos. Y precisamente porque Izquierda Unida quiere un determinado modelo de Estado --que hemos defendido y vamos a seguir haciéndolo-- hemos presentado estas enmiendas. Creo, pues, que merece el mismo respeto tanto la Cámara Autonómica, como el Senado, o el proyecto que representa Izquierda Unida.
Por lo que respecta a este Estatuto en concreto, cuando se ha hablado de acuerdo o de consenso desde Izquierda Unida hemos presentado una alternativa de Estatuto: el que todas las fuerzas políticas consensuaron en Baleares antes del pacto autonómico. Por tanto, hay que respetar también a esas fuerzas políticas que, antes de sufrir una imposición --no digo que a través de un fax, pero sí de alguna llamada telefónica, o de voluntades de partido--, consensuaron un Estatuto, que hemos reflejado a través de nuestras enmiendas. El mismo respeto que pedimos nosotros debe concedérsele, pues, a todo el mundo.
Lo que ya nos parece una locura --entre comillas-- es que, por ejemplo, no se hayan hecho traspasos en materia de educación a una Comunidad como la de Baleares, que es bilingüe. Y no digo esto como anécdota, sino como ejemplo del recorte que ese pacto autonómico ha supuesto para las Comunidades Autónomas. Hemos presentado esta enmienda --que me ha tocado defender-- por solidaridad, ya que sería un cínico si estuviera hablando de hacer recortes autonómicos, como algunos quieren interpretar. Como digo, sería un cínico si, después de que el 28 de febrero los andaluces nos tiráramos a la calle a pedir muchas más competencias, ahora yo se las negara a otra Comunidad Autónoma. Por tanto, queremos el mismo trato para los baleares, los murcianos, los riojanos, los vascos, o los catalanes. Y vuelvo a repetir --porque va a ser el hilo conductor de nuestro discurso en el sentido que el propio Presidente del Senado reflejaba hace unos días-- que nuestro modelo es la construcción de un Estado federal. Sé que va a tardar tiempo en llegar, pero repito que es nuestro modelo y vamos a seguir batallando por él. ¿Quiere decir esto que nos vamos a oponer a seguir negociando? En absoluto. Sobre la mesa están las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña ha presentado para cada Estatuto, y espero que en un futuro próximo puedan servir para reanudar el diálogo y dotar a estas Comunidades de muchas más competencias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su portavoz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero anunciar nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto para las islas Baleares y agradecer a todos los aquí presentes que hayamos llegado a este punto de acuerdo en espera de que el apoyo a la reforma sea unánime.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para anunciar de entrada nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión, que es prácticamente el acuerdo de la Asamblea Parlamentaria de las Islas Baleares. No se sustrae este portavoz a decir lo mismo que dijo en Comisión. Es una doble satisfacción para él el que se debata la reforma del Estatuto de las Islas Baleares porque se trata del otro archipiélago del Estado: a uno de los dos, pertenece electivamente este Senador.
Simplemente se me viene a la cabeza una reflexión a raíz de las palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Mixto. Deseo que si van a obtener o tienen competencias en sanidad y educación no les ocurra lo que les está ocurriendo a quienes las poseen, como, por ejemplo, a Canarias, que posee competencias en Educación y va a terminar por endeudar hasta el mobiliario del Consejo de Gobierno. No por obtener --lo repetiremos a lo largo de todos los debates-- más competencias y no por elevar eso que llaman el techo o el listón competencial e igualarse a las Comunidades históricas se tiene más capacidad de autogobierno, más eficacia en la ejecución de las competencias y éstas llegan mejor gestionadas y más cerca a los ciudadanos.
Me decía un Senador hace un rato --es una reflexión muy seria que se tienen que hacer todos los que estamos presentes en este debate-- que estamos construyendo

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el Estado. Hay que ser muy serios y hacer muchas reflexiones sobre qué Estado estamos construyendo y que no se convierta en una carrera de adquisición de competencias. Se debe convertir en una carrera para adquirir aquellas competencias que se pueden desarrollar correctamente, con eficacia, con el menor costo posible, las más beneficiosas para los ciudadanos y que les eleve su bienestar y su felicidad, que es el principio que nos debe guiar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer.


El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quizás es oportuno recordar que el derecho constitucional a la autonomía es permanente y es necesario adaptarlo en cada etapa a la vida de cada nacionalidad y cada región.
Ahora estamos debatiendo justamente la modificación que se nos presenta para el Estatuto de las Baleares, la cual consideramos que es interesante; pero, señorías, no hace falta un gran análisis para percibir que es insuficiente. Los grupos del Parlamento balear no fueron de los que comparecieron en la Comisión General de las Comunidades Autónomas a informar de sus posiciones y, por consiguiente, no sabemos directamente qué opinan en este momento de esta modificación, pero sí disponemos de un dato muy elocuente: un Pleno del Parlamento balear, del 29 de enero de 1991, aprobó una proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares por 39 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones. En este momento --desde hace dos años largos-- esta proposición se encuentra en el Congreso de los Diputados. Si leemos la proposición que llegó al Congreso de los Diputados en el año 1991, procedente del Parlamento Balear, y lo comparamos con la proposición de modificación del Estatuto balear que se nos plantea, observaremos que hay unas diferencias clarísimas importantes.
Señorías, las Islas Baleares son una Comunidad con larga experiencia de autogobierno y, en consecuencia, es lógico que se planteen por sus condiciones, por sus aspiraciones, por su talante, por su carácter, una reforma importante del Estatuto, como se plantearon en 1991.
En definitiva, señorías, la propuesta que se nos plantea hoy, esta tarde, para la votación creemos que no se corresponde con la iniciativa manifestada en su día por el Parlamento balear, pero tampoco lo obstaculiza. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votará afirmativamente, pero queremos manifestar que de la misma manera que prosperará esta tarde en este trámite esta modificación, desearíamos que también prosperara con rapidez aquella proposición aprobada con tan favorable votación en el Parlamento balear.
Reitero que votaremos favorablemente la modificación del Estatuto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que para nosotros, señorías, son las familiares y entrañables Illes Balears.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.
En turno de portavoces y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Juan Cardona.


El señor JUAN CARDONA: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, con este debate iniciamos el trámite final para la aprobación, si así lo considera oportuno esta Cámara, de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, a propuesta del Parlamento de esa Comunidad Autónoma. Un Estatuto que el día primero de este mes cumplió once años de vigencia, once años que han servido para que cada una de las islas que componen el archipiélago de Baleares, desde la singularidad propia que distingue a cada isla, haya asumido el proyecto común que significa la profundización en el autogobierno de nuestra Comunidad.
Pero pese a la satisfacción que a todos nos produce hallarnos en el trámite final que nos lleva a la modificación del Estatuto para dotar a Baleares de mayores competencias en el ámbito de su autogobierno, hemos de reconocer que el plazo de tiempo transcurrido para llegar a ese objetivo ha sido excesivo. La Constitución, en su artículo 148, establece en cinco años el plazo por el que las Comunidades Autónomas que han accedido a su autogobierno por el procedimiento establecido en el artículo 143 puedan ampliar sus competencias. Sin embargo, ha sido preciso que transcurran once años, seis más de los constitucionalmente previstos, para que las Islas Baleares puedan ver modificado su Estatuto y ampliadas sus competencias.
Aunque no crean sus señorías que durante estos seis años el Gobierno y el Parlamento de las Islas Baleares, así como los respectivos Consejos insulares han olvidado la cuestión autonómica. Durante este tiempo en Baleares se ha gestado un proyecto político que ha tenido su expresión en la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares el día 29 de enero de 1991 y al que se ha referido el Senador que me ha precedido, proyecto que contemplaba una modificación mucho más profunda del Estatuto de Autonomía y que amparaba una ampliación de competencias

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más importante que la contenida en la proposición que ahora se debate.
El proyecto de 1991 parte de la concepción legítima e indiscutible que considera a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como Comunidad histórica, pues resulta innegable que el antiguo Reino de Mallorca posee una lengua y una cultura propias que le distinguen del resto del Estado y que hasta el Decreto de Nueva Planta del año 1715 estas Islas se regían por instituciones particulares de autogobierno que dependían directamente de la Corona y que en los muchos siglos de su existencia crearon una personalidad con tradición, cultura, derecho e identidad propias.
Características estas que en su momento debieron haber sido suficientes para que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hubiese accedido a su autogobierno por el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, pero el azar de la coyuntura política en los primeros años de la transición hizo que a la Constitución se le añadiese la disposición transitoria segunda, que exige para el acceso al autogobierno por el procedimiento del artículo 151 que en el pasado se hubiesen aprobado por plebiscito proyectos de estatutos de autonomía.
Y como quiera que en Baleares no llegó a aprobarse el anteproyecto de Estatuto de 1931, esta Comunidad tuvo que acceder al autogobierno por el procedimiento más lento del artículo 143, que ha sido plenamente aceptado por Baleares y que en ningún caso significa renuncia alguna a la voluntad de recuperar el autogobierno que legítimamente nos corresponde como nacionalidad histórica, y teniendo siempre presente que el título VIII de la Constitución, cuando reconoce el Estado plural que compone España, no establece dos tipos diferentes de comunidades, sino dos procedimientos distintos que llevan a una estructura final del Estado en la que las distintas comunidades, manteniendo sus señas diferenciales que justifican su existencia, disfruten de un grado de autogobierno cuyo nivel pueda calificarse de homogéneo en el ámbito de sus competencias.
Con lo expuesto he querido resaltar el esfuerzo que ha significado para Baleares dejar el proyecto de 1991 y proponer el que ahora se debate. Y quiero destacar que esta decisión no se ha adoptado en contra de nuestras aspiraciones, que las mantenemos. No, señorías; el Parlamento de Baleares, al retirar el proyecto de 1991 y proponer el actual, lo ha hecho convencido de que con ello se contribuía a una mejor construcción del Estado de las Autonomías y para posibilitar el adecuado desarrollo de la Constitución. Porque yo creo que nadie discute hoy que para un adecuado desarrollo de la Constitución y para la construcción de España en una nación plural es imprescindible el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas, es imprescindible el consenso. Y precisamente esta idea de consenso es la que ha llevado a las fuerzas políticas mayoritarias a suscribir el pacto autonómico que tuvo su expresión legal en la Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992 de transferencias a comunidades autónomas que han accedido a la autonomía por la vía del artículo 143.
De ese consenso y de ese pacto autonómico ha nacido el proyecto que hoy debatimos y que a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso de los Diputados como en esta Cámara, ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. De este grupo son las dos enmiendas presentadas al texto de la proposición, que en realidad recogen las aspiraciones contenidas en el proyecto de reforma de 1991 y al que acabo de hacer referencia.
Comparando las enmiendas presentadas con el texto de la proposición actual, y desde el punto de vista de las competencias, no difieren mucho en cuanto a materia competencial y sí se encuentran algunas diferencias en el concepto por el que se atribuyen. Por ejemplo, las competencias sobre centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes, el régimen minero o las competencias referentes a corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos o profesionales vienen atribuidas como competencias de desarrollo legislativo en la proposición que defendemos, mientras que las enmiendas presentadas las contemplan como competencias exclusivas. Materias como actividades molestas, insalubles, nocivas y peligrosas, expropiación forzosa o protección civil se contemplan como competencias de ejecución en el texto de la proposición actual, mientras que las enmiendas las recogen como competencias de desarrollo legislativo.
Desde el punto de vista de las instituciones de la comunidad autónoma, cuestión esta que no contempla la proposición que ahora debatimos, las enmiendas proponen unos cambios interesantes, como es la posibilidad de disolver el Parlamento; el que se pueda determinar reglamentariamente el régimen retributivo de los diputados autonómicos; la posibilidad de que el Gobierno autonómico pueda dictar decretos-ley; el régimen de incompatibilidades entre los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma, Presidente del Parlamento, Conseller General y Senador con el cargo de Conseller Insular, etcétera, que, como ya he dicho, también se recogen en el proyecto del año 1991.
Y si ahora el Grupo Parlamentario Popular se manifiesta contrario a estas enmiendas, es por una razón muy simple y sencilla: porque no son fruto del consenso; no recogen el apoyo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, como lo tiene el texto de la proposición dictaminada por la Comisión General de Autonomías. No se trata, pues, Senador Cuevas y Senadora Vilallonga --que, aunque esté ausente, a ella también me refiero--, de una oposición y rechazo material de las cuestiones que plantean ustedes a través de sus enmiendas. Se trata, señorías, de que no podemos ignorar

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que esta proposición de Ley la ha efectuado el Parlamento de las Islas Baleares y, además, todos los Grupos Parlamentarios que integran esta Cámara, a excepción del suyo, coinciden en que éste es el camino adecuado para llegar al Estado plural que ha de ser España.
Así pues, la aprobación de esta Ley Orgánica es un paso más --no el último, desde luego-- en el camino que nos hemos trazado. Nosotros no renunciamos a nada, mantenemos para Baleares nuestras aspiraciones de llegar al nivel máximo de autogobierno que permite la Constitución. De ahí el artículo 16 de la proposición, que autoriza la modificación del Estatuto para asumir mayores competencias.
Por otra parte, es conveniente no minusvalorar la reforma que hoy se plantea. La ampliación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es imporrtante; insuficiente, pero importante. Hemos de destacar que se asumen competencias exclusivas en materias tan importantes como industria, tutela de menores, fundaciones, etcétera, competencias de desarrollo legislativo en asuntos de corporaciones profesionales y económicas y, sobre todo, contrariamente a lo que ha dicho el Senador Cuevas, en educación, materia esta esencial si consideramos que, hoy por hoy, las Islas Baleares son la única Comunidad Autónoma con lengua propia que carece de competencias en educación.
En conclusión, señorías, desde el compromiso irrenunciable de recuperar el autogobierno para las Islas Baleares con el máximo nivel competencial que permita la Constitución, el Grupo Popular votará afirmativamente la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Por otra parte, en aras del necesario consenso que se precisa para el desarrollo autonómico, invito a los Senadores que no apoyan esta proposición a que acepten la decisión del Parlamento de las Islas Baleares como representación máxima que es del pueblo de las Islas y voten también favorablemente esta proposición de Ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Garcías Coll.


El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, reforma que nace, como todas las demás, de un consenso y pacto entre las fuerzas políticas y, además, con el acuerdo mayoritario del Parlamento de las Islas Baleares.
Con esto quiero referirme a la intervención del Senador Ferrer, cuando planteaba que existía una alternativa de reforma del Estatuto de Autonomía, presentada y aprobada en el año 1991, con 39 votos a favor.
Quiero recordarle que esta propuesta tuvo 50 votos a favor, por tanto, muchos más que la reforma que se planteó entonces. Por otra parte, ésta lleva el refrendo total de las Islas Baleares. Así pues, es un motivo, como el del pacto y el consenso, por el que se apoya esta reforma; pacto y consenso que a los socialistas nos hubiese gustado que incluso se hubiese dado al inicio del Estatuto de Autonomía, es decir, en 1983. En ese momento, aunque el Partido Popular fuera Alianza Popular, los líderes eran los mismos y no conseguimos un apoyo para el Estatuto de Autonomía, y el motivo no era otro sino que consideraban que era demasiado autonomista, tenía unos límites que significaban que había demasiado autogobierno.
Consideramos positivo que hoy en día los líderes del Partido Popular hayan refrendado un Estatuto que significa mucho más autogobierno que el de 1983, con unas cuotas de autogobierno mayores. Por tanto, su rectificación es positiva, porque lo único que hace es refrendar a los que creíamos en un autogobierno para las Islas Baleares.
Una reforma que ha sido capaz de concitar el consenso que faltó en el momento de acceder a la autonomía y que consolida y fortalece el Estatuto entonces aprobado, dotándolo de nuevas competencias que van a realizar los anhelos de autonomía de los ciudadanos de las Islas Baleares, es para felicitarnos. Insisto en este concepto.
Contestando al Senador Cuevas, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sentimos orgullosos de la reforma de este Estatuto. No planteamos un «sí pero...», puede haber otros Grupos que sí lo hayan planteado, pero el Grupo Parlamentario Socialista no; se siente orgulloso y ha sido abanderado de que se hayan conseguido estas treinta y dos nuevas competencias que tiene nuestro Estatuto de las Islas Baleares, que se le otorgan a través de la Ley Orgánica de transferencias. Por tanto, es un avance positivo en el cual nosotros, en ningún momento podemos dar un «sí pero...», queremos dar un sí rotundo, un sí para seguir avanzando.
Esto no significa, ni puede significar, una parada en el proceso autonómico en el avance del autogobierno, pero sí es un avance mucho mayor que al que podíamos aspirar incluso los que defendíamos el Estatuto de Autonomía en 1983. No fue por azar que no se consiguiera acceder al mismo por el artículo 151, sino porque ciertas fuerzas de la derecha en nuestra Comunidad no querían en aquellos momentos oír hablar del artículo 151. Sin ninguna gana de entrar en polémicas, ésta era la realidad de aquellos momentos.
Debemos señalar que nuestra Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene unas peculiaridades que se trasladan en esta reforma del Estatuto, como son diferentes competencias que en otros Estatutos de Autonomía no se dan, por ejemplo, el transporte marítimo

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interinsular u obras hidráulicas, son dos competencias importantes que a partir de esta reforma asumimos los ciudadanos de las Islas Baleares.
Por otra parte --como decía el Senador Cardona-- somos la única Comunidad Autónoma con lengua propia que no dispone de competencias en materia de educación. Esta reforma permite a los ciudadanos de las islas Baleares acceder a esta competencia, especialmente importante para la recuperación y es uso normal de nuestra lengua catalana, todo ello manteniendo y garantizando un adecuado funcionamiento del sistema educativo.
Como decía el Senador Barbuzano, el hecho de obtener más competencias no quiere decir que se refuerce más la Comunidad Autónoma, no quiere decir que el sentimiento de autogobierno salga más reforzado. Quiero recordar al Grupo Parlamentario Popular que en nuestra Comunidad Autónoma, en la cual se plantean reformas del Estatuto de Autonomía, hay todo un conjunto de temas que son propios y que están en el Estatuto de Autonomía, y que el Gobierno balear, o el Grupo Parlamentario Popular, no quiere llevar a término, como puede ser el Sindic de Greuges, que es el Defensor del pueblo, o el Tribunal de Cuentas de la propia Comunidad Autónoma. Creo que eso es importante y hay que subrayarlo aquí. No es para trasladar una polémica, sino solamente para matizarlo y dejarlo claramente detallado.
Estos temas que tienen que debatirse, y tendrán que debatirse en el Parlamento balear, son temas en los cuales la Comunidad Autónoma sale reforzada si se desarrollan y, por tanto, creo que es obligación del Partido que la refrendó o del Gobierno plantearlo en su propia Comunidad y llevarlo de avanzadilla.
Por último, y para terminar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y al de Coalición Canaria del Senado su voto favorable a la reforma del Estatuto de Autonomía. Creo que hoy --como decían los demás intervinientes-- damos un paso importante para mayores cotas de autogobierno, que también tienen que desarrollarse, transformarse y darse en la propia Comunidad Autónoma.
Mucha gracias. (Aplausos en los bancos de la izquierda.) (El señor Cañellas pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senador Cañellas, tiene la palabra.


El señor CAÑELLAS FONS: A tenor del artículo 87, le pido la palabra, por lo menos, por un minuto, porque el Senador García ha hecho alusiones a algo que desconoce totalmente y que este Senador, modestamente, sí conoce.


El señor PRESIDENTE: No le puedo conceder la palabra por alusiones, porque usted no intervino anteriormente.


El señor CAÑELLAS FONS: No, señoría, pero sí intervine en un momento dado al que ha hecho alusión el señor Garcías, a la discusión del Estatuto de Autonomía del año 1982, y ha dicho algo que es totalmente incierto.
(Rumores.) Es decir, ha hecho, en definitiva, alusiones a este, en aquel entonces, Diputado.


El señor PRESIDENTE: El problema reglamentario, señoría, que usted conoce perfectamente es que su señoría no ha intervenido en el debate y, por tanto, no es titular del artículo 87.
Por alusiones, no ha sido nombrado de manera personal. Pero como su señoría es miembro de la Mesa haga uso de la palabra por tiempo de un minuto. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor presidente.
Nominátim ciertamente no ha sido aludido, pero el Senador Garcías ha hecho alusión a la oposición que hizo el Grupo parlamentario entonces de Alianza Popular al Estatuto de Autonomía en el año 1983. Este Senador, entonces Diputado, fue ponente de este Estatuto, y hasta este momento había otro testigo de la discusión que era la Letrada de la Cámara, la señora Ripollés, que lo llevo conmigo y con un compañero del señor Garcías.
La oposición del Grupo parlamentario al Estatuto fue por otras razones.
No voy a explicarlas ahora. Le brindaré una copia de toda la discusión parlamentaria; que tengo celosamente guardada como redactor que fui del anteproyecto del Estatuto.
Creo por lo demás, señoría --y eso ya no tiene nada que ver con esto-- que el Senador Garcías se ha equivocado de parlamento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: El Senador Garcías Coll tiene la palabra.


El señor GARCIAS COLL: Mucha gracias, señor Presidente.
La verdad, Senador Cañellas, lo único que ha hecho ha sido ratificarme con sus palabras. Usted ha dicho que se opusieron. Yo sólo he dicho que se opusieron. No he dado motivos. Pero ustedes se opusieron. Usted busca otra argumentación, pero se opusieron. Yo no he profundizado mucho más.
La verdad es que ustedes no votaron a favor del Estatuto de Autonomía en 1983.
Nada más. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Vamos a proceder a efectuar las votaciones pendientes. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas subscritas por la Senadora Vilallonga Elviro y el Senador Cuevas González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, seis; en contra, 200; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y Exposición de Motivos según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 212; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. (Aplausos.)

--DICTAMEN DE LA COMISIONGENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON (605/000006) (127/000009).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen en relación con la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, publicado en los Boletines correspondientes, con fecha 4 de marzo de 1994.
En primer lugar, procede que los Senadores enmendantes, Vilallonga Elviro y Cuevas González, defiendan sus enmiendas números 2 a 21.
Tiene la palabra la Senadora Vilallonga.


La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados --perdón, Senadores--. Ha sido una desviación profesional puesto que también soy Diputada autonómica. Perdónenme sus señorías que le haya reducido a la categoría de Diputados autonómicos.
Sin más, hago la rectificación y les pido mis más sinceras disculpas, especialmente a algunos de ustedes que llevan ya mucho tiempo en esta Cámara y seguramente no quisieran cambiar de representación parlamentaria; aunque al día de hoy, y discutiéndose como se discuten los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, no resulta tampoco especialmente chocante que pudiera producirse esta confusión.
Efectivamente, nuestro Grupo parlamentario, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, trae aquí una serie de enmiendas que configuran una alternativa al Estatuto de Autonomía de Castilla y León que estamos tramitando en estos momentos, alternativa que consiste en la ampliación sustancial de las competencias que en el mismo se atribuyen a esta Comunidad histórica, tan histórica como cualquier otra, pero que indudablemente tiene una raíces profundas en lo que fue la configuración del Estado español.
En ese sentido, permítanme señores Senadores, antes que nada, poder responder políticamente, que no replicar puesto que no es un turno de réplica, a algunas de la imputaciones que los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero español me hicieron en el debate de uno de los Estatutos anteriores. Lo digo porque ésta va a ser mi línea de intervención. No voy a contestarles personalmente señores Senadores.
Yo no tengo esa mala costumbre ni ese mal gusto político. No tengan ese miedo porque ése no sería en absoluto mi comportamiento ni mi actitud.
Pero sí creo que es algo que va a seguir remarcándose por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara respecto de aquellos Senadores que enmendamos y que tenemos una posición distinta en la tramitación y en el voto final en estos Estatutos de Autonomía.
Ambos Senadores nos hacían un llamamiento al respeto a la voluntad de las Comunidades Autónomas y a la necesaria unanimidad en estos temas. Yo quiero decirles a estos Senadores y a los grupos a los cuales representan que el respeto no constituye la unanimidad. En ningún caso se puede decir que en el respeto deba ser incluida la unanimidad. El sistema parlamentario es, precisamente, el sistema de normalización de la disidencia y, por tanto, tan legítimos serán si salen por mayoría, e incluso más, que si salen por unanimidad.
A mí me parece que la oposición que se hace en las Cámaras es política y siempre constructiva porque intenta mejorar, desde el punto de vista de cada uno y desde nuestras posiciones políticas e ideológicas, lo que aquí se trae y en absoluto descalificarlo ni utilizar ningún tipo de planteamiento que no sea el puramente democrático.
Por tanto, expresamos nuestro profundo respeto a los parlamentos regionales, que no han elaborado estos estatutos, pero que han tenido a bien aprobarlos por mor de las fuerzas políticas en ellos representadas y del acuerdo a que estas fuerzas políticas llegaron en su momento.
Desde luego, me sorprendería que habiendo ese acuerdo político los parlamentos regionales, los diputados de ambos partidos políticos, no lo hubieran ratificado. Esto hubiera sido verdaderamente sorprendente y, sin duda alguna, hubiera provocado situaciones en el seno de cada partido nada deseables.
Por tanto, esta es la constatación de una cosa normal: que hay una negociación política de Partidos, una negociación

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que se hace porque ambos Partidos consideran que es positiva --consideración que ni mi Partido ni mi Grupo Parlamentario compartimos ya que creemos que no es todo lo positiva que debería haber sido, pero que respetamos enormemente-- y que tiene una traducción en aritmética parlamentaria, y es que estos Estatutos no son un hecho original parlamentario ni incluso de las fuerzas políticas regionales. Es más, en muchos de los casos se ha roto el consenso que ya existía entre fuerzas políticas regionales en torno a la reforma de los Estatutos, habiéndose configurado exclusivamente desde la perspectiva de la aritmética parlamentaria.
Ahora bien, señorías, institucionalmente, decisiones de Parlamentos regionales son, y como tal me merecen el más profundo de los respetos.
Tanto respeto me merecen, que me permito discrepar abiertamente de esas decisiones, ya que no todo lo que se hace en las instituciones está bien hecho. Es más, muchas veces en las instituciones hacemos las cosas bastante mal. Por tanto, nada desautoriza esta discrepancia, antes al contrario, lo que significa es una gran manifestación de respeto al mismo tiempo que significa un modo de disentir y de no compartir estas decisiones.
Respecto de los pactos, lamento si algún Senador ha interpretado que esta Senadora que les habla y su Grupo Parlamentario están en contra de acuerdos o de pactos. Quiero recordarles que nuestra formación política ha participado en acuerdos parlamentarios de carácter constitucional e institucional desde la llegada de la democracia a este país, no por sí misma, naturalmente, puesto que es una fuerza de reciente creación, pero sí a través de algunos de sus componentes. Por tanto, nada más lejos de mi intención que denostar los acuerdos y los pactos políticos, ya que éstos se denostan o se alaban por sí mismos. Es decir, el problema no está en los pactos. Pactos hay que hacer en toda democracia, el problema estriba en el contenido de los mismos, en si son buenos, regulares o malos. Esto es lo único que hay que objetar, máxime en el caso de unos acuerdos que tienen que configurar una estructura del Estado. ¿Cómo desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya íbamos a pretender que la reforma del Estado y de sus instituciones no se hiciera mediante acuerdos? Nuestra crítica es justamente a la inversa: es que el acuerdo ha sido restrictivo, es que el acuerdo no ha contemplado en absoluto la diversidad regional.
Y refiriéndome concretamente a este respecto al Estatuto de Castilla y León --por cierto, creo que fue aprobado en una sola sesión parlamentaria que tuvo una duración de muy pocos minutos; me gustaría que alguno de los Senadores que van a intervenir a continuación me dijera exactamente cuántos minutos se emplearon en la aprobación de ese Estatuto de Autonomía, ya que me supondría un dato muy interesante poder conocer cualquier aportación original de cada Parlamento regional, permítanme la ironía aunque no considero en abosluto que se trate de algo así--, decía que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la Comunidad más extensa de todo el territorio español, una Comunidad con un gran peso del sector agrario, con una problemática en materia de comunicaciones importante y evidentemente, no sólo por razones históricas --insisto en que para hacer la historia están los profesionales y para hablar de política estamos nosotros--, sino por razones estrictamente políticas, me parece que una Comunidad Autónoma de estas características hubiera necesitado, desde mi punto de vista, un estatuto en el que hubieran quedado bien presentes y bien claros algunos hechos diferenciales.
Es cierto que el Estatuto que se nos presenta amplía las competencias, competencias que ya estaban ampliadas mediante la Ley Orgánica, aunque es mejor que estén en el Estatuto. Ahora bien, hay algunos fenómenos y algunas cuestiones que hubiera sido interesante contemplar.
Algunas de las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario se incorporan precisamente por el trabajo que en el propio territorio de Castilla y León se ha hecho por parte de la Izquierda Unida de Castilla y León, y aunque entendemos que van a correr una suerte no muy buena, es indudable que quedarán como testimonio de algo que quizá debiera haber sido pero que no fue. En ese sentido, independientemente de que incluso no se contempla la situación de Castilla y León en el concierto de Comunidades Autónomas de una manera peculiar, tal y como requiere la extensión de su territorio y las características de su problemática, debo destacar que adolece de lo mismo que el resto de los Estatutos, y es claramente el déficit democrático desde la perspectiva parlamentaria para el control de los gobiernos regionales.
Se transfieren competencias muy importantes, como las competencias en materia de educación y en materia de cooperativas, competencias que configuran un bloque sustantivo, pero el funcionamiento institucional de los Parlamentos regionales sigue encorsetado en esos cuatro meses, en la limitación respecto de la no profesionalización de los Diputados y también en limitaciones sustantivas para el Ejecutivo regional. Yo ya sé que en este caso, en función de los criterios del Grupo Popular, se planteó en su momento que el Ejecutivo regional fuera mucho más reducido.
Sinceramente, yo creo que tanto para reducir el Ejecutivo como para ampliarlo debe haber plena libertad del Presidente de la Comunidad Autónoma. Puede que acabe siendo lo normal que existan 10 Consejerías, pero establecer ese corsé o limitación lo único que hace es determinar que no haya una soberanía política ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo que la equipare con las Comunidades históricas, por lo menos a esos efectos y a ese nivel. Y ésta es una de las más graves limitaciones que tienen

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estos Estatutos de Autonomía. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.) Tengo entendido que el aviso de que se ha consumido el tiempo se hace por parte del Presidente, ahora bien, si hay algún Senador que quiera ser Presidente de la Cámara tal vez lo deba plantear dentro de su Grupo Parlamentario, a ver si consigue el consenso suficiente como para poder serlo.
De todas maneras, haciendo caso de este Presidente improvisado, que no del Presidente real de la sesión, voy a terminar diciendo simplemente una cosa. Es probable que lo que yo digo aquí moleste a algunos Senadores; es probable que deje indiferente a otros, pero también es probable que aunque no cambie el sentido del voto, sí haga reflexionar a algunos de los Senadores que me están escuchando ahora.
Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Vilallonga.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) Renuncian al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su portavoz, Senador Sanz Cebrián.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces fijaré la posición de mi Grupo, que ya anuncio favorable, a la reforma del Estatuto de Castilla y León, ante la conocida retirada de nuestra enmienda relativa al enclave del Condado de Treviño. Pero también obligado es para este Senador hacer mención a la especial situación geográfica y política de este enclave intercomunitario.
Aquí y ahora he escuchado, no sin asombro, ciertas alusiones --no sé si calificarlas de peyorativas o denostadoras-- hacia la Historia, hacia los derechos históricos, hacia los antecedentes. pero yo recordaría que hoy todos los medios de comunicación publican que el Estado español está defendiendo el derecho que nos asiste para pescar en los caladeros noruegos en base, precisamente, a derechos históricos. Por tanto, la alusión a la Historia no peca de tardía ni de extemporánea, sino que, en todo caso, consideramos que es acertada de todo punto.
Por ello, no me resisto a hablar, aunque sea brevemente, de la historia del Condado de Treviño, que perteneció a Alava mucho antes que otras comarcas en el territorio histórico de Alava. Ya en el primer tercio del siglo X, cuando triunfaba el Conde Fernán González, lo incorporó al Monasterio de San Millán (Rumores.), que al catalogar o dividir una centuria después en 14 merindades los pueblos alaveses de su jurisdicción... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor SANZ CEBRIAN: ... incluyo nominalmente en la duodécima los 35 que constituían el alavés Condado de Treviño. Otro siglo después, a finales del XII, don Sancho el Sabio, Rey de Navarra, en las capitulaciones de paz que firmó con el de Castilla, Alfonso VII, dijo literalmente: Además de esto, yo, don Sancho, Rey de Navarra, dejo a los alaveses sus heredamientos exceptuando los castillos y a Treviño.
Paladino reconocimiento de que era alavés todo el Condado y que por su real voluntad eliminó la villa que poco antes había fundado. (Rumores.) La etimología del nomenclátor treviñés en pueblos, lugares, términos y ríos, el estudio de los usos y costumbres de aquella tierra, la cultura característica de esa región, son otras tantas voces que parecen recordar el alavesismo original del Condado de Treviño.
Cuando Javier de Burgos realizó modernamente la división territorial en provincias en el año 1833 asignaba en el decreto a los enclaves existentes... (Protestas en los escasos de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.


El señor SANZ CEBRIAN: ... en las provincias exentas, o sea, las vascas, a la provincia de régimen común más inmediata, de ahí que Treviño pasara a Burgos y Villaverde de Trucíos a Santander.
El actual Condado de Treviño tiene dos municipios: la Villa de Treviño y la Puebla de Arganzón, el primero con 202 kilómetros cuadrados y el segundo con 18,70 kilómetros cuadrados.
Repetidas veces la población de estos condados ha intentado su integración en Alava. (Protestas en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, el Parlamento precisamente exige un cierto respeto, aunque no se comparta lo que se dice en la tribuna.


El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Las razones prácticas de la voluntad de los ciudadanos de Treviño a cambiar de pertenencia político-administrativa son, además de las comerciales, las afectivas, sociológicas y de origen. Por ello, el Parlamento Vasco, en sesiones celebradas los días 18 y 19 de noviembre de 1981, acordó instar al Gobierno del Estado para la celebración del referéndum previsto en el artículo 8, apartado b) del Estatuto de Guernica. Se emitieron, concretamente, 40 votos a favor y uno en contra, precisamente del Senador de Alianza Popular --que así se denominaba entonces--, señor Griñó.
Todos sabemos que la discontinuidad territorial provoca efectos negativos en la prestación de los servicios

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públicos, como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente.
Las carreteras del Condado de Treviño en la actualidad son un desastre, las aldeas se encuentran abandonadas, las deficiencias son notables en comunicaciones, teléfonos, abastecimientos, saneamiento de aguas, suministro de energía eléctrica; el desarrollo comercial es nulo y la industria es apenas indiciaria en La Puebla de Arganzón.
Desde el punto de vista demográfico, se calcula que 6.000 treviñeses están empadronados en Vitoria, en la capital de Alava, mientras los pueblos del Condado de Treviño se van quedando vacíos como consecuencia de la emigración. Actualmente el Condado de Treviño apenas llega a los 2.000 habitantes.
Desde el prisma urbanístico, se da la circunstancia de que gran número de vitorianos han construido viviendas unifamiliares como segunda residencia en el Condado de Treviño.
Señorías, aquí y ahora no se trata de echar leña al fuego ni de sacar la víscera a relucir; las cosas son mucho más sencillas. La realidad, es decir, aquello que tiene existencia verdadera y efectiva, demuestra que los treviñeses nacen en Alava, en los hospitales alaveses, tienen sus relaciones sociales en Alava, hacen las compras en la capital de Euskadi y, desgraciadamente, padecen sus enfermedades y sanan en los hospitales alaveses, por la sencilla razón de que están en Alava. Atendidas estas circunstancias, nosotros consideramos que deben ser también atendidas las voluntades de los ciudadanos afectados.
Anteriormente, ha habido acuerdos manifiestos, tanto de la Viña de Treviño como de La Puebla de Arganzón, en favor de su integración en Alava. Recordemos los acuerdos de 1981 y 1982. Concretamente, en noviembre de 1980 el Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón tomó el acuerdo de integración y tras diversos incidentes, incluido el desalojo de los concejales y público por parte de la Guardia Civil, no se pudo consumar aquella integración.
Como resumen, un ciudadano ilustre del Condado de Treviño ha señalado que el problema del Condado de Treviño aparece muy bien definido en aquella pragmática del virrey de Méjico que prohibía las conversaciones y comentarios y que en aquel bando decía: Los vasallos del rey deben saber que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir y opinar, y hacen como los inquisidores que gozaban de preeminencia de afligir el alma con censura, la vida con desconsuelos y la honra con denostaciones. Todo ello entorpece, a nuestro juicio, las justas y legítimas aspiraciones y crea formidables dificultades, de esas que en España se llaman insuperables y en otros países intolerables.


El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Cebrián, le rogaría a su señoría que tuviera en cuenta que sus enmiendas han sido retiradas y que estamos en el turno de portavoces. (Aplausos en los escaños de la derecha.) ¡Silencio, por favor! Continúe su señoría.


El señor SANZ CEBRIAN: Acabo, señor Presidente.
El motivo de nuestra intervención es defender única y exclusivamente los intereses de los habitantes del Condado de Treviño. (Protestas en los escaños de la derecha.) Lo que desde luego no cabe es callar, puesto que, como decía el pensador ruso Vladimir Soloviov: No se ama a mi país con los ojos cerrados, la frente gacha y la boca prieta, sino diciendo la verdad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Parece obligado --y ese es el motivo de que haya comenzado mi intervención un poco más tarde de lo debido-- saludar con agrado la presencia del señor Vicepresidente del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuya modificación de Estatuto estamos debatiendo. (Aplausos en los escaños de la derecha.) Piensa este Senador y su Grupo que sería un momento oportuno, a tenor de lo manifestado anteriormente en el debate del Estatuto de Cantabria, para decir, ya que se está debatiendo la reforma del Estatuto de Castilla y León que si ésta hiciese un recorrido histórico, nos apabullaba, al menos a los canarios. (Aplausos en los escaños de la derecha.) Pero como este es un debate político --y no me cansaré de decirlo--, deseo anunciar que nuestro Grupo votará favorablemente la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera empezar esta intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, haciendo referencia a la cuestión que planteaba la Senadora Vilallonga Elviro cuando se preguntaba qué tiempo se había utilizado para la discusión de los diferentes Estatutos de Autonomía en el conjunto del Estado.
No puedo hablar del tiempo que se ha utilizado en los que no conozco, pero puedo decir que en Cataluña

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se tardó dos largos años, desde la constitución de la Asamblea de Parlamentarios, pasando por el referéndum, hasta finalmente llegar a su aprobación en este Senado.
Este es un día muy especial en el que esta Cámara va a aprobar --está aprobando de hecho-- una serie de Estatutos de Autonomía, con lo cual lo que hace es refrendar lo que ha sido la voluntad de las diferentes Asambleas Legislativas, en este caso la de Castilla y León --y me uno en nombre de mi Grupo a la salutación que se ha hecho al Vicepresidente de la Cámara de dicha Comunidad--. Todo esto lo hacemos en el contexto de una Constitución que nos dimos entre todos y, que posiblemente, se debe a ese esfuerzo de consenso. Consenso quiere decir pacto; pacto renuncia, y renuncia significa que algunos tengan que bajar el listón, aunque quizá, desde su perspectiva, para otros la Constitución esté por encima de sus deseos. Pero hoy tenemos una Constitución y, dentro de ella hay una letra y un espíritu, y la letra es la que es y el espíritu a veces se interpreta en función de las voluntades políticas de quienes lo leen.
Esa Constitución que --insisto-- fue producto del pacto, de la negociación --también de la renuncia--, en donde quedaron claramente establecidas las relaciones entre las regiones, nacionalidades y naciones --que las hay, aunque no figuren explícitamente en el redactado de la Constitución-- ha hecho posible este marco que hoy permite que la Comunidad de Castilla y León avance en una dirección determinada en función de su voluntad.
Y es en este punto donde me gustaría introducir un elemento que a lo largo de toda la tarde creo que no ha salido suficientemente. Cuando los diferentes grupos políticos intervenimos en un tema como este para fijar la posición política, después de los matices concretos y puntuales y, por descontado, sin tener que recurrir al paseo histórico que se ha hecho por parte de algunos intervinientes, se llega a la conclusión de que hay un elemento absolutamente importante, necesario y que es conveniente tener en cuenta, que es este bien tan preciado de la libertad. Todos y cada uno de nosotros y las fuerzas políticas que representamos tenemos la suerte de tener la libertad, dentro de un marco constitucional que hemos aceptado, de llegar hasta donde cada uno quiera y pueda llegar. Es lícito pensar que no todas las Comunidades Autonómicas tienen las mismas voluntades o los mismos intereses, en el sentido más amplio y sincero de la palabra, para llegar a unas cotas de autonomía en función de sus propias necesidades. Esta libertad que nos da la Constitución y nuestra propia decisión es la grandeza que permite a cada Comunidad Autónoma, dentro del marco de la Constitución, llegar hasta donde quiera. Nosotros, desde nuestro planteamiento nacionalista, respetamos todos y cada uno de los objetivos que se han marcado todas y cada una de las Comunidades Autónomas. De la misma manera que deseamos que este mismo respeto se nos tenga a las Autonomías que podamos tener objetivos diferentes, no digo, ni mejores, ni peores, sino diferentes.
Con este canto a la libertad, a la decisión de todas y cada una de las Comunidades Autónomas de poder llegar hasta donde se quiera, tenemos hoy la satisfacción de apoyar un Acuerdo de las Cortes de Castilla y León y de sus Procuradores, que son quienes las forman, que espero que aprobemos, si es por unanimidad mejor, si no, con la mayoría necesaria, para reconocer simplemente un derecho que han utilizado donde se tenía que utilizar, es decir, en las Cortes Generales, en este caso, de Castilla y León.
Señor Presidente, señorías, muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sainz.


El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con el permiso de la Presidencia, debo decir que se encuentran en la Tribuna de invitados dignos y cualificados representantes de las Cortes más antiguas del mundo, las Cortes de Castilla y León (Aplausos en los escaños de la derecha.), el Vicepresidente Primero, señor Zamácola, el Secretario Primero, señor Amilivia, así como representantes de la Mesa de las Cortes, a quienes les agradezco su presencia esperando que su visita no sea la última, ya que esta Cámara es su casa. Reciban mi más sincero cariño. Siempre serán bien recibidos y bien tratados, tanto ustedes, como las personalidades de Castilla y León que hoy les acompañan. (Aplausos en los escaños de la derecha.) Dicho esto, señor Presidente, en primer lugar, aunque ya lo haya hecho personalmente, quisiera oponerme a las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que a lo largo de mi intervención trataré de forma pormenorizada.
Señor Sanz, me ha disgustado profundamente que usted, que tiene grandes afectos en Castilla y León, que conoce a los castellano-leoneses, no haya aprendido que somos austeros, sobrios, pero leales. Posiblemente, sea el propio terruño el que nos hace ser así, pero lo tenemos a gala, y vamos con la cabeza muy alta.
Señoría, a mi juicio, es muy mala práctica parlamentaria la que usted ha llevado. No se puede retirar una enmienda --como hizo en Comisión-- y después defenderla como usted lo ha hecho ahora. Creo que ha perdido la brújula y el norte, y quien no sabe dónde va, señor Sanz, confunde su destino. Lo que usted dice no se ajusta a la realidad, y creo que se ha equivocado, porque usted representa a una parte pequeña del Partido Nacionalista Vasco, pero no es el representante de su

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totalidad, y ha radicalizado un problema, ha intentado buscar --si usted quiere-- una rentabilidad política con su intervención, para radicalizar más directamente la situación en el País Vasco. Insisto, pues, en que se ha equivocado, porque si con eso pensaba conseguir treinta votos más, a mi juicio va a perder muchos más de doscientos.
Por tanto, quisiera decirle que reflexione profundamente sobre lo que acaba de hacer porque, como le he dicho, constituye una mala práctica política y, por otra parte, a juicio de este humilde Senador, no es de recibo. Pero, ¡allá usted! En cuanto al señor Barbuzano, le quiero dar las gracias por su coherencia y por lo bien que entiende al pueblo castellano-leonés.
Por lo que respecta al portavoz de Convergència i Unió, gracias por su apoyo. Piense usted que Castilla y León lo tendrá siempre «in mente» y que no olvida jamás sus estructuras, sus enclaves, las Comunidades que le rodean, y la coherencia política de los representantes de los diferentes partidos políticos.
Dicho esto, señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento y satisfacción por encontrarme hoy en esta tribuna, defendiendo la reforma del Estatuto de la Comunidad de Castilla y León.
Comunidad en la que hoy se debe proyectar naturalmente el alma de lo que Castilla y León fue ayer: la hondura, la tolerancia, el pundonor, la complementariedad, y tantos otros rasgos que, en definitiva, configuran una forma de ser hombre y una vieja historia que tiene que aportar de cara al futuro.
Decía Cervantes que no hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo largo lo parezca. Procuraré, pues, ceñirme a este sabio consejo, abordando el tema que nos ocupa. Señor Presidente, señorías, Castilla y León no se distingue precisamente por su bandera nacionalista. Cree firmemente en la consolidación de un Estado políticamente descentralizado; un Estado moderno en el que las Comunidades Autónomas colaboren de manera activa y ordinaria en la formación de la voluntad de la política nacional; un Estado en el que el sentido de la solidaridad presida cada una de las decisiones de los responsables públicos. Nuestra Comunidad Autónoma, que no ha tenido prisa en consolidar sus instituciones de autogobierno, que ha sido paciente en la asunción de sus competencias y que, al mismo tiempo, ha sido consciente de la delicada transformación del Estado, no ha renunciado por responsabilidad histórica a su pleno desarrollo en el marco de la Constitución Española de 1978. Y aún más, si me permite, señor Presidente, creo que es importante que en esa misma medida respetemos lealmente las legítimas aspiraciones de aquellas Comunidades Autónomas como la nuestra que, siendo históricas por derecho propio, al que no pueden renunciar, asumieron generosamente la vía lenta de su propio desarrollo institucional. Y vía lenta, señor Presidente, señorías, significa justamente eso: prolongar el calendario lo que la prudencia constitucional estimó en el año 1978, lo que significa que hoy y en el futuro Castilla y León tiene el derecho y el deber de asumir plenas competencias, precisamente por mandato constitucional.
Señorías, hoy es rigurosamente cierto que se han acabado los tiempos felices en que se podía esperar algo a cambio de nada. Y uno de los principales problemas que tiene todavía planteado este país, 14 años después de aprobarse la Constitución, es el de configurar de una manera estable, satisfactoria y eficiente el Estado de las Autonomías.
Los acuerdos autonómicos de 1981 --LOAPA aparte-- fueron de importancia trascendente para el proceso autonómico. Conviene recordar que generalizaron el proceso autonómico a todo el territorio nacional, con la exclusión todavía permanente de las ciudades de Ceuta y Melilla, a las que, lógicamente, esta Cámara debe dar una solución político-constitucional adecuada y que el Grupo Parlamentario Popular ha venido reivindicando reiteradamente. Esos acuerdos de 1981 permitieron la creación de 13 Comunidades Autónomas más, que se incorporaron a la autonomía por la vía del artículo 143. Se cerró el mapa autonómico del Estado y, es más, dotaron a esas Comunidades Autónomas de instituciones de autogobierno similares a las que tenían las Comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 151. Conviene recordar a sus señorías que la Constitución en su artículo 8 no establecía un modelo cerrado y que, por tanto, teórica y constitucionalmente hubiese sido posible que no se generalizase el territorio autonómico a todo el Estado español; es más, inclusive las Comunidades Autónomas constituidas no hubieran tenido, por ejemplo, Asambleas legislativas. Aquellos acuerdos autonómicos eran una posibilidad constitucional que generalizaron el proceso, dotaron de Parlamentos a esas Comunidades Autónomas y, en consecuencia, las dotaron de un fuerte contenido político con gobiernos que nacían de unas elecciones.
La Constitución establecía que, pasados cinco años de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, aquellas Comunidades Autónomas que accedieran a su autogobierno por la vía del artículo 143 podían, si lo deseaban, incrementar ese nivel de autogobierno por algunas de las vías previstas en la Constitución; es decir, o bien reformando sus Estatutos de Autonomía, que posteriormente deberían ser aprobados por las Cortes Generales mediante ley Orgánica, o incrementar ese autogobierno por una de las vías que también prevé la Constitución, que es la del artículo 150.2.
Pasados esos cinco años desde 1983, fecha en la que se producen las primera elecciones autonómicas de las Comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 143, es evidente que se plantea ese problema. Y yo pregunto: ¿cómo se da satisfacción a las Comunidades

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Autónomas que ya habían expresado su deseo para incrementar su autogobierno? Había diversas posibilidades, y realmente es en las Cortes Generales donde se encuentran las proposiciones de ley que emanaban de los Parlamentos autonómicos para incrementar el autogobierno, previa reforma del Estatuto. Al final, y fruto de un acuerdo político, el 28 de febrero de 1992 se hacen unos pactos autonómicos que se traducen después en la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


El señor SAINZ GARCIA: Acabo, señor Presidente. Y quiero destacar que la aprobación de esta ley en estos momentos permite incrementar notablemente el autogobierno de estas Comunidades.
Sinceramente, señor Presidente, creo que con esto conseguimos servir lealmente a la Constitución y al pueblo español. Consideramos de verdad que cada uno está en su derecho de hacer la valoración que crea de lo que va a conseguir con este proceso, pero es cierto que cuando esté ejecutado todo el proceso de transferencias previstas, el autogobierno de las Comunidades del artículo 143 se va a ver notablemente incrementado.
Finalmente, señor Presidente, algunos han criticado en sus enmiendas el excesivo casuismo con el que se contempla la transferencia de esas competencias en la Ley Orgánica 9/1992. Según ellos, lo que hace es limitar el ejercicio de competencias. Nuestra opinión es radicalmente opuesta, y por eso nos oponemos directamente a sus enmiendas.
Creemos de verdad que de esta forma cumplimos una etapa más del proceso autonómico, que sin duda no se agota en esa primera fase, pero sí es evidente que esta etapa es trascendente en sí misma y sirve desde una absoluta lealtad constitucional a las previsiones que el Título VIII de la Constitución contiene.
Por último, quiero decir, señor Presidente, señorías, que mi Grupo Parlamentario firmó en su momento ese pacto autonómico, apoyó la Ley 9/1992 y apoya las proposiciones de ley que emanan de las Asambleas autonómicas, consciente de que sirve a España y al Estado español como organización jurídico-política de la nación española, con una cierta idea de España, contemplando a España en su conjunto, no contemplando a España como el conjunto de 17 Comunidades Autónomas compartimentadas y estancadas entre sí, sino como 17 Comunidades Autónomas que, sin perjucicio de mantener su identidad y su naturaleza, sirven en su conjunto, bajo el principio de la cooperación, a la nación española, que con estas proposiciones de ley, con estas reformas de los Estatutos sin duda estará mejor unida porque estará unida en la libertad y desde la libertad.
Ante esta situación, tenemos que reaccionar: o corregimos el rumbo o estamos destinados a convertirnos no ya en la reserva espiritual de Occidente, sino en la reserva ecológica de la Europa comunitaria.
Demostremos nuestro espíritu de ciudadanía conciliando la solidaridad con el respeto al hecho diferencial, y opongamos, como siempre en democracia, la madurez cívica, el rigor y la moderación a las salidas de tono de muchos de los impacientes.
Por eso cobran cada vez más valor las responsables declaraciones de determinados Presidentes de Comunidades Autónomas como la nuestra, que en pleno respeto del hecho diferenciador han dado y siguen dando un buen ejemplo permanente de mesura, de prudencia y de buen sentir. Y como dice un gran pensador, la plenitud de las regiones, el fomento de su personalidad, la adhesión a ella de sus habitantes, su conocimiento son admirables. No lo son el enquistamiento, la insolidaridad y el narcisismo.
Invirtamos en nuestro futuro con generosidad, sin reticencias, apostando decididamente por las autonomías, siempre sin perder de vista que hoy juega más que nunca la vieja máxima de que la unión hace la fuerza; y al igual que le sucede a la Comunidad Europea, la fuerza de España es su unidad, y su debilidad, su fragmentación.
Señor Presidente, señorías, les prometí al principio, citando a Cervantes, que sería breve. (Risas.) La sangre se hereda; la virtud se conquista. Conquistemos nuestro futuro, pero sólo podremos hacerlo con credibilidad desde nuestra proyección externa como miembros de la Comunidad Europea y desde nuestra culminación interna vertebrando definitivamente el Estado de las Autonomías.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para un turno de portavoces, el Senador Granado Martínez tiene la palabra.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señores representantes de las Cortes de Castilla y León, señoras y señores Senadores, señores Diputados, yo no voy a prometerles ser breve, para no engañarles, y voy a intentar hacer, al hilo de este debate, algunas consideraciones incluso de carácter más general que el propio texto del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que estamos discutiendo en este momento.
Una primera consideración. Yo no sé si será posible que salgamos a estas alturas del debate de las apelaciones a la Historia. Senador Sanz, son malos tiempos para la Historia. Es una disciplina académica muy golpeada; se pone en cuestión su capacidad ya no de predecir el mundo, que eso ya no se lo cree nadie, sino de explicarlo, y en este sentido me parece que las apelaciones

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a la Historia que estamos haciendo desde esta tribuna no mejoran para nada la consideración que de la Historia tiene el público en general ni la consideración de la Historia como disciplina académica.
Senador Sanz, la Historia sirve en política para justificarlo todo, y entiéndame usted que no voy a referirme a su intervención con la cita que a continuación voy a pronunciar. Es la de un viejo liberal inglés, Samuel Johnson, un doctor, uno de los padres intelectuales de la independencia americana, que decía que la Historia a veces servía de justificación para ese patriotismo pequeño que era el último refugio de los desaprensivos.
(Aplausos.) Yo ceo que con la Historia, Senador Sanz, en política justificamos casi todo, y en este sentido, yo no voy a entrar aquí, en nombre de mi Grupo, en un debate sobre la Historia ni me voy a remontar a la curia leonesa ni a tiempos de los romanos. No puedo hacerlo, Senador Sanz. Si usted quiere que entremos en un debate sobre los derechos de los ciudadanos, a ese debate yo sí que me apunto, y sobre el nivel y calidad de vida de los ciudadanos de Treviño, de Castilla y León, de Euskadi y de España entera.
En este sentido, nosotros pensamos que es la vía de la colaboración la que soluciona los problemas de los pueblos, y no la vía de la reivindicación histórica. Lo digo porque es el pensamiento general de los socialistas. Y me gustaría hacer en esta tribuna una mención a una persona que entendió esto muy bien, a don Fernando Buesa, Presidente de la Diputación Foral de Alava desde el año 1987-1991, que se propuso solucionar los problemas de Treviño desde la colaboración de la Diputación Foral de Alava y de la Diputación Provincial de Burgos, de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la de Castilla y León.
A esa vía de colaboración nosotros, los socialistas, nos apuntamos; no a los debates sobre la Historia, Senador Sanz. Lo mejor que tiene la Historia, Senador Sanz, es que se va haciendo, que no está hecha. Vamos a dejar de hablar de los pretendidos derechos que justificamos unos y otros en las razones del pasado.
Otra cuestión sobre el consenso y el diseño parlamentario es la que ha invocado aquí la Senadora Vilallonga. Yo entiendo que el consenso y el disenso parlamentarios son tan democráticos el uno como el otro, y en este sentido, no tiene que haber preferencias en cuanto a la valoración general de ambos contenidos. Lo que sucede, Senadora Vilallonga, es que nosotros hemos tenido un proceso autonómico tremendamente conflictivo.
Fíjese usted, Senadora, que nuestro Estatuto de Autonomía requirió una ley orgánica para que una de las nueve provincias de Castilla y León se incorporara a la Comunidad Autónoma; que tuvimos un recurso de inconstitucionalidad sobre la configuración territorial de la región; que el Estatuto no fue aprobado por unanimidad; que las sedes de las instituciones en la Primera legislatura no fue posible aprobarlas por unanimidad, y que en la Segunda legislatura la mayoría de las Cortes de Castilla y León tramitó proyectos de reforma del Estatuto que no contaron con la mayoría del Congreso de los Diputados. Y en este sentido, Senadora Vilallonga, los castellanos y los leoneses tenemos una mala experiencia del disenso. Por otro lado, yo no he observado que ustedes tengan como grupo político disenso sobre el proyecto de reforma; a ustedes les parece que se queda corto. Tienen ustedes unos planteamientos, que a lo mejor es razonable estudiar en otros foros, sobre el trabajo de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, pero no acabo de entender por qué votan ustedes en contra de estos proyectos de reforma. Entiendo por qué votan a favor de sus enmiendas, pero no por qué votan en contra de que Castilla y León pase de tener un presupuesto de 300.000 millones de pesetas a más del doble, o de que tenga más competencias.
¿Que a ustedes les parecen pocas? Senadora Vilallonga, realmente creo que éste es un tema --y voy a la tercera reflexión-- que exige un mínimo de estabilidad, y el pacto nacional es un pacto importante entre los grandes Partidos políticos. Probablemente, estemos haciendo un flaco servicio a lo que hoy estamos tratando en esta Cámara si antes de aprobar la reforma de los actuales Estatutos de Autonomía ya estamos diseñando las nuevas reformas. Porque hay quien se cree que esto del Estado de las Autonomías es una especie de tornillo sin fin, que no se acaba nunca. Pero esto está acabado, está acabado en la Constitución y en los Estatutos. Y dentro de la Constitución y dentro de los Estatutos es posible un desarrollo y un perfeccionamiento que probablemente indique que el modelo está abierto, pero está abierto en ese bloque, y no en otras consideraciones de grupos nacionalistas o no nacionalistas, de grupos nacionales o no nacionales.
No tiene una apertura infinita. Incluso, tampoco tiene unas posibilidades infinitas. Probablemente, para profundizar en el desarrollo de las nuevas competencias sea conveniente que las instituciones autonómicas de todas las Comunidades Autónomas durante un período de tiempo empiecen a gestionar eficazmente las competencias que van a recibir en función de esta reforma.
Nosotros --lo ha dicho el Senador Sanz, y es verdad-- no somos una Comunidad Autónoma con vocación nacionalista, en el sentido de que las discusiones históricas en Castilla ya son metahistóricas. Lo que discutimos es si Castilla y León hizo España o si deshizo en España...
Tenemos Historia para dar y tomar; para regalar, como decía, en tono más coloquial, el Senador Barbuzano.
Nuestras discusiones son respecto a cómo conseguir con la autonomía una mayor eficacia, un mejor autogobierno, una administración más cercana a los ciudadanos. Esto es lo que tenemos que discutir.
En este sentido, quiero terminar mi intervención diciendo que creemos que esta reforma del Estatuto de

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Autonomía es la que en estos momentos las instituciones autonómicas de Castilla y León pueden ejecutar convenientemente para mejorar el nivel y la calidad de vida de sus ciudadanos, y por eso ésta es la reforma por la que vamos a apostar. Creemos que necesita un tiempo, creemos que necesita completarse, pero en el marco mismo del desarrollo de las actuaciones de la Comunidad Autónoma. Y expreso aquí una esperanza: quiero que esta reforma se culmine pero ya en el ámbito de mi Comunidad Autónoma, con un proceso en paralelo de descentralización de competencias autonómicas hacia los municipios, porque también en éstos hay autogobierno, mayor cercanía a los ciudadanos y mayor eficacia en la gestión. (Aplausos.) Esa es probablemente la reforma del momento, y no seguir pensando en cómo reformar lo que en estos momentos estamos haciendo algo que parece que se discutió ayer en el Congreso de los Diputados.
Señoras y señores Senadores, ésta es una reforma hecha con plena legitimidad; la legitimidad de origen del pronunciamiento autonómico de la Asamblea Legislativa de las Cortes de Castilla y León, y la legitimidad que hoy le da el hecho de que vaya a ser aprobada por una inmensa mayoría de las señoras y señores Senadores presentes en la Cámara, y, además, con la idoneidad que da el hecho de que por primera vez Castilla y León, en un clima de gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas --lamentamos que no haya sido con todas, por lo menos, los Senadores socialistas, puesto que nos hubiera gustado que fuera con todas, pero, al menos, con las que ha sido posible--, en un ambiente de general acuerdo, reforma y pone los pilares fundamentales de su autonomía. Hoy es un buen día.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Sometemos, en primer lugar, a votación las enmiendas números 2 a 21, voto particular número 1, suscrito por los Senadores Vilallonga Elviro y Cuevas González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 4; en contra 217; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto correspondiente al artículo único y Exposición de Motivos, según el Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 219; en contra 2; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-León. (Aplausos.)

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA (S. 605/000007) (C. D. 127/000010).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín correspondiente, con fecha 4 de marzo de 1994.
Tiene la palabra la Senadora Vilallonga Elviro para la defensa de sus enmiendas números 1 a 19.


La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, procuraré no agotar el tiempo, aunque es cierto --como decía un Senador anteriormente-- que siempre se convoca al resto de los asistentes a estos Plenos con ese tipo de esperanza y, finalmente, casi siempre se les defrauda. Espero que en este caso no sea así y que mi intervención sea, como he prometido, breve.
A la hora de discutir lo relativo a una Comunidad como Castilla-La Mancha, no se puede dejar de recordar, o al menos yo no me resisto, a don Quijote y a Sancho Panza, que siendo personajes de la literatura universal, me parecen, desde luego, de mayor fiabilidad y de menor sospecha que algunos otros personajes naturalmente históricos, no de ficción, pero que en absoluto pueden reivindicarse de ser arquetipos universales, como don Quijote y Sancho Panza, y que han sido mencionados aquí. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Yo a la hora de intervenir siempre prefiero situar los argumentos y las citas en el marco de la literatura, porque creo que al igual que la historia se puede convertir en ideología y se puede manipular, y que indudablemente la manipulación de la historia con fines políticos es un abuso al que la sometemos y nos someten permanentemente, la literatura tiene un contenido más fresco y naturalmente, y permítanme la expresión, más subversivo, es mucho más difícil de manipular. Por eso, yo traigo aquí a colación a don Quijote y Sancho Panza porque a veces tiene una la impresión de estar peleando con los «molinos de viento»; es decir, al menos nuestra fuerza política en ocasiones se siente situada en unas condiciones de tan absoluta minoría que da la impresión de que argumentos que nosotros consideramos muy razonables son tan poco compartidos desde los escaños de la izquierda que a veces se suscita la duda de que si verdaderamente es que no nos sabemos explicar

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o es que entre la izquierda no nos sabemos comprender; a lo mejor ambas cosas existen y se dan, y probablemente errores habrá por todas partes.
Pero hecho este comentario, yo sí que quiero decir que a la hora de hablar de autogobierno el problema del déficit democrático no es un poblema menor. En el debate que hubo sobre el Estado de las Autonomías, en el que tuve el honor de intervenir en esta misma tribuna en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros hablábamos de los tres elementos que habían dado origen al título VIII de la Constitución Española: en primer lugar, la superación de los desequilibrios sociales y territoriales que existían en España; en segundo lugar, resolver a través de un modelo federalizante y en un horizonte federal los problemas políticos que el centralismo exacerbado existente en el Estado español había creado y que amenazaban incluso el mantenimiento de la integridad de este proyecto que es España y, en tercer lugar, la necesaria reforma de la Administración del Estado que permitiera una gestión política más racional, más eficaz y más participativa, dotando de mayores recursos y de mayor poder político a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas. Estos eran los tres objetivos, y yo creo que el resto de las piezas de ese desarrollo institucional del Título VIII tienen que estar acorde con ellos.
Ya que lo ha suscitado el Senador Granados que ha hecho una intervenciócn muy brillante e interesante, que yo lamento no poder compartir porque no coincido con el fondo de sus criterios, al hilo de la misma, y en absoluto pretendiendo hacer ningún tipo de réplica, sí querría decir que el problema del déficit democrático de las Cámaras regionales y de los Ejecutivos regionales no es un problema menor.
Los Estatutos que se aprobaron en las primeras reuniones preautonómicas, en aquellos momentos en que se hizo, por ejemplo, el Estatuto del Manzanares, que es un río muy madrileño, que también tiene mucha historia, la cual, naturalmente, no se preocupen ustedes, no voy a reproducir aquí, pero yo creo que también Madrid tiene mucha historia, como Castilla-La Mancha, o como cualquier territorio, otra cosa es que sea historia escrita o historial oral, pero esto no afecta al caso, y otra cosa es si la han escrito los ciudadanos o la han escrito los poderosos, ésas son otras diferencias, pero yo no voy a hacer mención de eso porque creo que la discusión sobre la historia es un discusión, desde luego, en cualquier caso muy peligrosa y que yo, en absoluto, traería aquí, sino a título de desmitificación.
Por tanto, y en ese sentido, no es un problema menor transferir una competencia como la competencia en educación, el transferir una competencia como la competencia del INSERSO, el transferir competencias que tienen un volumen cuantiativo y cualitativo grueso que permite abrir unos presupuestos generales en esas Comunidades Autónomas, ya de un volumen y de una masa crítica respetable, a unos Parlamentos y a unos Gobiernos que tienen un corsé institucional. Ese no es un problema menor, ése es un problema de poder político y es un problema mayor; es el problema mayor de estos Estatutos, y es justo la razón por la que los dos Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos votándolos en contra.
Y es la razón por la que nuestra fuerza política no participó del acuerdo autonómico. Pero no porque los acuerdos estén mal. Los acuerdos en estos temas están estupendamente, lo que pasa es que tienen que ser acuerdos que respondan a ese tipo de problemas. No se puede aceptar que la aprobación de los estatutos vaya a cerrar el proceso porque no va a poder ser así. No va a poder ser así y lo sabemos todos. Sabemos que ni se puede cerrar el proceso autonómico porque es un proceso vivo, ni va a ser posible hasta que no lleguemos al horizonte de un estado federal.
Esto es algo que se comparte desde las altas instituciones del Estado, incluida la institución que representa esta Cámara y no hay que rajarse las vestiduras por ello porque es un elemento que, al menos, yo comparto.
No se puede cerrar el proceso autonómico. ¿Cómo vamos a aceptar que haya Cámaras territoriales que para controlar competencias tan importantes tengan sólo reuniones de cuatro meses y que para tener más reuniones tienen que celebrar plenos extraordinarios? ¿Cómo es posible? ¿O es que cualquiera no podría impugnar un acuerdo de esos parlamentos, que en muchos casos son acuerdos presupuestarios, por el hecho de que las sesiones se celebran fuera de los límites admitidos por el Estatuto? Estamos funcionando en ese estado de semiilegalidad, no se escandalice nadie porque es real. Lo hacemos en todos los parlamentos autonómicos. Si queremos que sean algo más, que puedan representar un poco la voz de la pluralidad política y representar a los ciudadanos que presentan sus demandas, tenemos que hacer esas cosas. Y esas cosas había que haberlas resuelto y no están resueltas en estos estatutos. Por tanto, no se puede plantear que esté cerrado el proceso autonómico porque eso no va a ser así. Eso no va a ser así en el caso de estas Comunidades Autónomas porque el volumen de transferencias competenciales va a obligar a hacer modificaciones institucionales, que ya veremos cómo se hacen. Pero esto, desde nuestro punto de vista, es un elemento importantísimo.
No hay posibilidades infinitas, pero sí hay posibilidades de mejorar, y aquí están las enmiendas. En alguna se decía: las competencias para los municipios. La enmienda número 5 que ha presentado Izquierda Unida al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que estamos tramitando en estos momentos establece la transferencia de las competencias en materia de administración local a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como la coordinación de las policías locales. ¿Qué mejor garantía para los municipios que poder

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configurar un pacto institucional con sus propias Comunidades Autónomas que aborde un desarrollo más equilibrado del territorio? Pues esa enmienda está ahí.
Se me preguntaba que por qué sometíamos a votación nuestras enmiendas si finalmente votábamos en contra del Estatuto. Pues bien, a mí me gustaría preguntar por qué se vota en contra de estas enmiendas, a pesar de que se podría haber mantenido el Estatuto.
Naturalmente, cada uno sabemos y conocemos las respuestas que tienen estas preguntas, que desde luego no están residenciadas en esta Cámara, sino que obedecen a cuestiones políticas de más envergardura y que, como acabo de poner de manifiesto, determinan unos plazos.
En lo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya discrepa profundamente, porque no quiero decir que estamos profundamente divididos porque no es el caso, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular es en los plazos y en los calendarios que ellos establecen para estas cosas. En ese sentido, entendemos que no se corre ningún riesgo abriendo el desarrollo institucional en estas Comunidades, equiparando lo que son las transferencias con lo que debe ser el poder político que se entrega a las Comunidades. Quizás se diga: no se corre ningún riesgo. Yo no creo que se corra ningún riesgo mayor que el que se puede correr en otros casos, y me parece que ésa sería quizás, la expresión adecuada.
En ese sentido, entendemos que hubiera sido necesario que, al menos, se hubiesen admitido esas propuestas. Es cierto que hubo una discrepancia, y es que esto no se reflejaba en los Estatutos de Autonomía; discrepancia que posteriormente fue resuelta entre las dos fuerzas políticas que se mantuvieron en la mesa de negociación; ahora bien, nuestra discrepancia principal la seguimos manteniendo.
Por último, también discrepamos, y no de forma menor, en el método.
Creemos que sobre este acuerdo hubiera sido conveniente haber remitido los textos a las Comunidades Autónomas y haber intentado hacer un esfuerzo de diversidad y de reconocimiento de las peculiaridades propias de cada territorio. Eso se hizo por el artículo dos, que no es el artículo dos de la Constitución, sino que es lo que se llama el artículo dos en la lectura coloquial del mismo, es decir, se hizo porque así se dijo por las fuerzas políticas. La tramitación del Estatuto que discutimos anteriormente fue aproximadamente de un cuarto de hora.
Verdaderamente es un poco sorprendente.
En este sentido, y en el caso de estas tramitaciones, entendemos que el método también hacía al caso. Creemos que el método quizá debería haber tenido más en consideración las peculiaridades regionales propias y que por eso mismo debería haberse hecho un esfuerzo en esa dirección.
Estoy segura de que ese esfuerzo se tendrá que hacer, como lo estoy también de que habrá de hacerse, no porque exista ningún tipo de batalla de hecho histórico ni ninguna razón cifrada en la antigüedad, sino porque lo dirá el sentido común que, en el tema de las Autonomías como en todos, es el menos común de los sentidos pero sin duda el más necesario. Hago, por tanto, un canto al sentido común en torno a que las intervenciones que deban hacerse respecto de estos temas sean intervenciones laicas --permítanme la expresión--, que creo son quizá las intervenciones más favorables para el proceso de desarrollo autonómico en esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Vilallonga.
En turno de portavoces, el Grupo Mixto renuncia a su intervención.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra don Ricardo Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Acogiéndonos a la sugerencia expresada por la Presidencia, voy a ser sumamente breve en anunciar el voto favorable de mi Grupo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser breve, pero quiero aprovechar este turno para decir que ya en anteriores debates hemos observado situaciones parecidas a ésta. ¿Es ésta una Cámara política? ¿Es una Cámara territorial del Estado? Creo que todos los Senadores que estamos aquí debemos admitir que desde la tribuna se exprese cualquier tipo de opinión política, opinión que debe ser considerada como total y absolutamente respetable aunque debajo de nuestro traje se nos produzcan ronchas, lo cual no tiene por qué desvirtuar el caráccter total y eminentemente democrático de esta Cámara.
Dicho esto, quiero anunciar nuestro voto favorable a la expresión democrática cuasi unánime a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Sala.


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El señor SALA I CANADELL: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, quiero manifestar muy brevemente la posición de nuestro Grupo Parlamentaro de Convergència i Unió.
A este respecto, creo que lo mejor es ajustarse al máximo a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y en este sentido creo que lo mejor que podemos hacer es repetir las palabras que dirigió el actual Presidente de esa Comunidad, don José Bono Martínez, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el día de la aprobación del Estatuto de la mencionada Autonomía. Dijo lo siguiente: Nuestro voto ha sido afirmativo porque hemos visto como todas nuestras enmiendas a excepción de una, han sido aceptadas por la Cámara.
Esto nos ha llenado de satisfacción y nos ha llevado, lógicamente, a que el voto haya sido afirmativo al propio Estatuto. Y también dijo en esa misma sesión: Yo creo que el Estatuto no cierra ningún proceso. En otros Estatutos se dará esta circunstancia, pero en éste no. No cierra ningún proceso, pero abre otro. Abre un proceso que puede ser el acicate que a los parlamentarios, a los que nos dedicamos y nos hemos dedicado a hacer este proyecto de Estatuto de Autonomía, nos sirva para explicar, para convencer y para llevar a la conciencia de nuestros ciudadanos que sus problemas, que en esta región son muy graves, se van a solucionar y se van a solucionar mejor en el seno del Estado de las Autonomías que en el seno de un Estado centralizado. En este sentido, estamos satisfechos pues empieza un proceso autonómico importante en Castilla-La Mancha.
Pues bien, señorías, superado ya el plazo de cinco años establecido en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, se abordó la puesta en marcha de las previsiones en ellos contenidas sobre ampliación de competencias, concibiéndola como un proceso que afectaba a la esencia misma del Estado autonómico y que, por tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental entre las diversas fuerzas políticas que expresan el pluralismo político en las instituciones que participan en la misma.
Y aquí hoy, a través de este concepto, nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió manifiesta su voluntad de votar a favor de la reforma que propone la Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La voluntad de nuestro Grupo es que cada Comunidad Autónoma consiga el máximo de autonomía en sus propias decisiones.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramón Sala.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don José Manuel Molina.


El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de intervenir en esta sesión plenaria, en la cual Castilla-La Mancha defiende la aprobación definitiva de la Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de nuestra Comunidad.
Y lo hace no por un ansia de tener más competencias, sino por estar convencida de que su asunción puede repercutir en la eficacia de su gestión, y así lo entendieron los firmantes del Pacto Autonómico, que salvaron diferencias de criterio para poder establecer un desarrollo

constitucional consensuado.
El Pacto Autonómico es un buen ejemplo de responsabilidad y buen hacer, y confío en que esa vía y ese ánimo continúen en otros aspectos del desarrollo autonómico para que, como hoy, sigamos avanzando en la tarea colectiva de construir España, una construcción basada en el respeto y la colaboración entre las regiones, entre éstas y el Gobierno de la nación, porque será la mejor manifestación de unidad.
El regionalismo, la autonomía, no son una doctrina, sino una disposición de ánimo que nos impulsa. Nadie tiene el derecho de monopolizarlos, y aún más, nadie tiene derecho a decir que su política es mejor proque es la más regionalista; se necesita que, además de ser regionalista, sea acertada, porque una nación se garantiza sobre las bases territoriales, y la autonomía debe ser entendida como un derecho de la Comunidad Autónoma a la participación a través del Parlamento regional, de los órganos de gobierno propios y de la administración de cuantos asuntos atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de los intereses nacionales. Y todo ello debe hacerse desde la colaboración. Lo que hagamos desde Castilla-La Mancha será por el prestigio y la excelencia de la propia región y del país y por el bienestar y prosperidad de nuestra Comunidad y de nuestra nación.
El acto de hoy es una demostración de que el Estado no está inmovilizado en su estructura y de que los mecanismos constitucionales funcionan, cierto es que no con la cerelidad que hubiésemos deseado, pero eso ha sido más una cuestión de intereses de gobierno que de los propios mecanismos constitucionales.
Y antes de terminar, quiero manifestar mi agradecimiento y expresar un lamento. Mi agradecimiento va dirigido al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque no haya reclamado ningún enclave en Castilla-La Mancha. Yo creo que la Historia puede tener sus consecuencias, y si analizamos, no la Edad Media, sino la segunda etapa del siglo XIX, podíamos encontrarnos con que perteneciendo al Arzobispado de Toledo estaban Aranjuez y Alcalá de Henares, y fue tras la reforma de Javier de Burgos, en 1833 --si la memoria no me falla--, cuando se estableció una distribución territorial. En ese sentido lo más importante

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en estos momentos es afrontar los retos que se plantean de cara al futuro.
Mi lamento lo dirijo a la portavoz de Izquierda Unida, que ha presentado 19 enmiendas y ha anunciado su abstención. Izquierda Unida en Castilla-La Mancha no puede decir que está luchando sola contra los molinos de viento. Yo creo que hay un trato exquisito desde el Parlamento, desde los grupos de las Cortes de Castilla-La Mancha con el Diputado de Izquierda Unida, que tiene trato de grupo parlamentario siendo uno, que tiene una consideración a la representación correspondiente, que está incluido en la Comisión Mixta de Transferencias, que era una cuestión de la que se hablaba. En ese sentido, creo que allí, al menos en la tierra de don Quijote y Sancho Panza, Izquierda Unida no se enfrenta a los molinos. No sé lo que ocurrirá en otras Comunidades Autónomas.
Termino diciendo que creemos que el mejor ejercicio de responsabilidad es cumplir y ejercer las competencias, porque desde la mesura, la sensatez, el diálogo es como se deben establecer los desarrollos constitucionales y debemos seguir trabajando sobre estas bases para establecer los mecanismos, con el fin de que los ciudadanos obtengan la mejora en la prestación de los servicios públicos que, en definitiva, en la razón de ser de todos los que nos encontramos en la vida pública, ya sea nacional, regional, provincial o local.
Por ello, me atrevo a pedir a sus señorías el voto favorable para la propuesta que hoy se presenta.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Grimaldos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GRIMALDOS GRIMALDOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el día 4 de marzo de 1993 el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha acordaba, sin ningún voto en contra, la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Se iniciaba así un proceso legislativo que culmina hoy aquí en esta Cámara y que hemos de calificar de trascendental por lo que supone de adecuación y desarrollo competencial de nuestro Estatuto.
Hablamos del Estatuto de una Comunidad donde el desarrollo autonómico en sus primeros balbuceos era considerado como algo lejano, utópico, sin un horizonte claro conocido y en las condiciones menos favorables posibles para hacerlo verosímil en la realidad.
Se daba ausencia de identidad cultural propia; se daba ausencia de un idioma diferenciador; y, en definitiva, se daba ausencia de una conciencia regional.
De acuerdo con un estudio realizado en 1982 desde la propia presidencia de la Junta de Comunidades, después de cuatro años de preautonomía, sólo el 43,6 por ciento de los ciudadanos encuestados conocía a qué región pertenecía su provincia. Sólo el 23 por ciento acertaba a enunciar las provincias que conforman Castilla-La Mancha. Ni símbolos, ni historia común, ni emotividad estuvieron en el origen de nuestra Autonomía, eso es una realidad. Pero hoy tenemos símbolos, tenemos historia breve, pero intensa en común, y un nivel de emotividad en la construcción de Castilla-La Mancha.
El nivel de conciencia y conocimiento regional en estos momentos, así como las valoraciones que los ciudadanos hacen del trayecto autonómico y de su Gobierno, están en las primeras posiciones, según los sondeos y los estudios que se están efectuando.
Los ciudadanos castellano-manchegos han llegado a esta conciencia desde la convicción, en palabras del actual Presidente Regional, José Bono Martínez, de que necesitábamos nuestra Autonomía no para colmar una aspiración del pasado, sino para construir nuestro presente y nuestro futuro.
A diferencia de la realidad vivida en otras Comunidades Autónomas en las que el Estatuto sería considerado como la culminación de un proceso, en nuestra Región se abría una nueva etapa.
Sin duda queda todavía mucho camino por recorrer, pero nadie que no quiera deliberadamente dar la espalda a la realidad puede negar que en estos años Castilla-La Mancha ha iniciado el camino del progreso en todos los ámbitos, recorriendo etapas que deberían haberse superado muchos años antes.
En este período de Gobierno socialista, en la Región desde 1983 y desde 1982 a nivel nacional, la concienciación autonómica de los ciudadanos de Castilla-La Mancha ha coincidido con la consolidación del proceso autonómico consagrado en la Constitución a nivel estatal.
Como afirmara el señor Ministro para las Administraciones Públicas --aquí presente-- con motivo del Décimo Aniversario de nuestro Estatuto, el de Castilla-La Mancha no ha sido un mero gesto simbólico, sino que ha sido capaz de legitimarse por sí mismo. Y yo añado, señora Vilallonga, tenga o no tenga apellido. En este contexto nos encontramos hoy cumpliendo los plazos mínimos previstos en nuestra Carta Magna para la reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143 y, por tanto, la del estatuto de Castilla-La Mancha.
Es necesario recordar e insistir, señora Vilallonga, en que la reforma de este Estatuto tiene su base en el pacto autonómico de 1992, pacto que da pie al consenso actual y a la definición de las distintas transferencias que se contemplaban en cada uno de los Estatutos. Creo, señoría, que nadie ha afirmado --al menos yo no

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lo he oído en esta tribuna-- que con esta reforma queda cerrada la posibilidad de nuevas o ulteriores reformas.
En cualquier caso, pensamos que se trata de un bloque de materias transferidas, de suma importancia política, tanto por su número como por su contenido, ya que con ellas aumentan sus techos competenciales Comunidades como la nuestra, la del artículo 143 hasta acercarlas, casi unificarlas, con las Comunidades del 151.
Por tanto, esta reforma supone una profundización en el proceso autonómico que, cuando llegue a su término de ejecución, pondrá a España a la cabeza mundial de descentralización, probablemente sólo superada por dos países.
Esto no quiere decir, señorías, como apuntábamos en Comisión y comentaba anteriormente, que consideremos esta etapa como un punto final en nuestras aspiraciones de autogobierno. Quedamos, por supuesto, abiertos a cualquier posible reforma que suponga una mejora en la calidad de vida de los castellano-manchegos, aunque esto siempre debería ir precedido de un amplio acuerdo previo entre los distintos Grupos Políticos.
Desde Castilla-La Mancha, en opinión de todos los Grupos Políticos representados en las Cortes Regionales --tal como apuntábamos al principio de esta intervención y por supuesto desde el Grupo Socialista en esta Cámara-- se estima que esta reforma da satisfacción a las aspiraciones de asunción de nuevas competencias; competencias que, desde las instituciones castellano-manchegas se recibirán no para hacer un alarde de exhibición de las mismas, sino para ejecutarlas, aproximarlas a los ciudadanos y para que redunden, en definitiva, en su beneficio.
No quisiera dejar de hacer referencia a algo que consideramos reviste una capital importancia: además del incremento competencial, el pacto autonómico establece el procedimiento de colaboración y cooperación entre todas las instituciones del Estado; procedimiento que afecta igual a las Comunidades que accedieron por la vía del Tribunal 151 como a las que accedieron por la vía del 143.
Principio, en síntesis, que demanda la exigencia de colaboración recíproca en un marco de lealtad constitucional. Señorías, en la convicción de que con esta reforma se está dotando a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de una mejor y mayor estructura que necesariamente ha de incidir de manera positiva en el bienestar de los ciudadanos, rechazamos las enmiendas propuestas, anunciamos nuestro voto afirmativo, y animamos a los otros Grupos a que den igualmente su voto favorable a la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Grimaldos.
Si me permiten sus señorías, como hay una variación en el texto, me permito leerlo. Advertido el error en el artículo único, apartado cuarto, artículo 35, de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y publicado dicho error por el Congreso de los Diputados, procede informar que el texto del artículo 35, del apartado cuarto, del artículo único de esta proposición que se va a someter a votación es el siguiente: «Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, previo acuerdo de las Cortes de Castilla-La Mancha, adoptado por mayoría absoluta, la Comunidad Autónoma podrá ampliar el ámbito de sus competencias.» El resto del artículo, igual.
Vamos a someter a votación el voto particular número 1, y las enmiendas números 1 a 19, de los Senadores señora Vilallonga Elviro y señor Cuevas González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, tres; en contra, 203; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas estas enmiendas.
Ahora vamos a someter a votación el texto correspondiente al artículo único y a la exposición de motivos según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 210; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA (S. 605/000008) (C. D. 127/000011).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Se ha presentado un voto particular, correspondiente a las enmiendas números 1 a 29. (Rumores.) Señorías, pido silencio en aras de la agilidad del propio debate.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas González.


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El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como siempre, voy a hacer caso de su recomendación, y seré breve, ya que creo que a estas alturas del debate poco queda que decir. En cualquier caso, me alegro de haber oído del anterior interviniente, representante del Grupo Socialista, que el proceso autonómico no está cerrado, porque también he oído decir a un representante anterior que sí lo estaba. Por tanto, ni siquiera en los propios partidos se interpreta bien el pacto autonómico, ya que hay quienes afirman que sí está cerrado, mientras que otros dicen que no. En todo caso, creo que se trata de una anécdota parlamentaria, o quizá haya habido una mala interpretación por mi parte.
(El señor Ortí Bordás ocupa la Presidencia.) Creo, señor Presidente, que deberíamos desterrar el miedo a que las Comunidades Autónomas, los Parlamentos y los Gobiernos que dimanan de ellos, gestionen el máximo de competencias. A Izquierda Unida no le vale la idea paternalista de dejar que estas cuestiones empiecen a rodar y rodar. Es como si cuando un niño empezara a andar lo lleváramos de la mano y nunca le dejáramos hacerlo libremente, por miedo a que un día se rompiera algo, cuando en ese caso creo que el verdadero miedo de los padres radicaría en que nos arañara los muebles.
Ese es el problema que tiene un Estado centralista, por esa mentalidad.
Porque, ¿por qué hay miedo a que las Comunidades Autónomas tengan todas las competencias? Acaba de decir un Senador del Grupo Socialista que los sondeos relativos a la autonomía son muy favorables en su Comunidad Autónoma. Por tanto, no creo que haya ninguna sensación en las Comunidades Autónomas --incluida aquella a la que se ha referido dicho Senador-- relativa a no poder administrar el importante porcentaje de sus competencias.
Pero, además, existe otro elemento político: dotemos a los Estatutos de Autonomía de todas las competencias posibles, y dejemos que luego sean los Parlamentos y los Gobiernos los que negocien cómo quieren realizar las transferencias.
Por tanto, ¿por qué existe tanta preocupación? Por esa regla de tres, estoy seguro de que si ese miedo se hubiera reflejado en la etapa predemocrática no hubiéramos llegado al mismo nivel de Estado autonómico en que nos encontramos ahora. Por tanto, no tengamos ningún tipo de miedo en este sentido, o por lo menos de recelo, y dejemos que el tiempo transcurra, que se gestione, y veremos lo que sucede al final, que creo que siempre estará en clave positiva.
Se ha planteado aquí --y también lo hicimos por lo que se refiere al Estatuto de Extremadura-- la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas, a los Parlamentos y Gobiernos autónomos, por lo que no nos vale que quienes van a votar en contra de nuestras enmiendas digan desde la tribuna que ellos también plantearían esa cesión. Si ya lo hemos hecho desde Izquierda Unida, ¿por qué no votan a favor de nuestras enmiendas? Háganlo, y estarán en consonancia con esos razonamientos y planteamientos políticos.
Creo que ya ha pasado tiempo suficiente desde que se aprobó la Constitución como para que, como decía al principio, demos rienda suelta, con imaginación, al tema de las Comunidades Autónomas. No tengamos miedo al Estado federal, señorías. Es imposible --y voy a repetirlo todas las veces que pueda-- que lleguemos a él si no homogeneizamos --que no significa uniformar jurídicamente-- el Estado de las Autonomías. Por tanto, yo creo que ese debate está puesto sobre la mesa e, incluso aprovecho la presencia del señor Ministro que también ha sido uno de los que ha propuesto tal debate. Creo que las propuestas de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña sintonizan con la del Presidente del Senado y con la del señor Ministro para las Administraciones territoriales. Creo que somos congruentes, aun no siendo del partido.
Creo que hacer una apelación --siento que no esté aquí el señor Granado-- a las principales fuerzas políticas de este país es una mala apelación en una Cámara democrática. Yo hubiera preferido apelar a las fuerzas con más representación democrática o popular, porque principales somos todos, no sólo para construir el Estado de las Autonomías y el Estado federal, sino para construir la libertad y la democracia.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Cuevas.
Abrimos el turno de portavoces.
El Senador Sanz Cebrián tiene la palabra.


El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con suma brevedad exclusivamente para anunciar el sentido de nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de Extremadura.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Señorías, señor Ministro, se me ocurren dos reflexiones muy rápidas, porque se nos agotan los discursos a medida que va avanzando el debate de estos Estatutos. Estas dos reflexiones son como avisos a navegantes.
Ningún partido político democrático de implantación en el Estado o en una territorialidad está legitimado para tener la única posibilidad de hacer un pacto y que ese pacto sea correctísimo, saque adelante el Estado,

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etcétera. Cada partido político democrático, tenga la implantación donde la tenga, tiene su visión, su programa, su forma de gobernabilidad de la territorialidad o del Estado para sacar adelante la territorialidad del Estado. Tanto canto a lo que mi compañero Andrés Cuevas hacía antes, empieza sencillamente a parecerme poco democrático. Eso por un lado.
Otro aviso a navegantes es que solamente unos determinados partidos que tienen la globalidad del Estado en su totiso son los que pueden gobernar.
Yo quiero recordar el número tan extraordinario de coaliciones de gobierno serias y correctas que gobiernan en este país estupendamente en todos los órdenes de la Administración.
La tercera reflexión que se me ocurre es que no sólo diálogo, consenso y cooperación, sino solidaridad, mucha solidaridad, sobre todo, por ejemplo, hablando ahora de Extremadura, qué más solidaridad que con esta región que está al fondo de todos los «ranking»: de parados, de desarrollo, etcétera.
Damos nuestro voto favorable a esta proposición.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el señor Bertrán i Soler.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Quiero primero tranquilizar a sus señorías, porque aunque haya abandonado el escaño para ocupar esta Tribuna voy a ser muy breve.
Señorías, Convergència i Unió votará a favor de esta proposición de ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Es un privilegio asistir a un normal y legítimo traspaso de competencias estatales a las regiones. La historia probablemente subrayará con un especial énfasis el sentido práctico de unos pueblos que supieron adaptarse a la realidad sentida por sus ciudadanos para hacer frente a los retos de identidad, prosperidad y evolución inteligente hacia este cercano siglo XXI.
Extremadura tiene recursos humanos y potenciales productivos. La exploración hacia afuera ya la demostraron los extremeños en los siglos pasados. Hoy Extremadura apuesta por la proyección externa, pero no para descubrir otros mundos y otras culturas, sino para promocionar la productividad de la que es capaz. Por eso, asumir nuevas competencias significa un fortalecimiento desde el cual esta Comunidad Autónoma puede incrementar su ritmo de desarrollo.
El Senador que les habla, señorías, tiene el honor de ser considerado amigo por muchos ciudadanos y ciudadanas extremeños. Estos ciudadanos, mujeres y hombres que trabajan en diferentes sectores, coinciden en un denominador común: el orgullo de ser extremeños y el pronóstico de prosperidad para su región.
El profesor Juan García Murga en su trabajo «La identidad de Extremadura y su Estatuto de Autonomía», se refiere a la tercera ley de Newton, acción-reacción, y dice que para poner de manifiesto la vocación del pueblo extremeño es necesario que éste ejerza su identidad. El profesor Juan Sánchez González, en su «Regionalismo extremeño» anuncia su tesis sobre el análisis comparado de la ideología y discurso regionalista en Cataluña y Extremadura; Cambó, Prat de la Riva, José López Prudencio y Juan Luis Cordero, explicando los conceptos de Extremadura-región, el concepto de la conciencia regional y las señas de identidad.
Parece, señorías, que no sólo Extremadura, pero también Extremadura va desde un clima para los linajes hacia un clima de productividad, responsabilidad, competencia, efectividad, eficiencia, que es la única base para salir de las crisis.
Curiosamente, el Libro blanco sobre el crecimiento, competitividad, empleo, retos y pistas para entrar en el siglo XXI, presentado por el Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, Jacques Delors, y publicado muy recientemente, insiste en estos aspectos y en que la descentralización como base para afrontar el inmediato futuro es imprescindible.
Señorías, por todo esto, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no sólo desea mucha prosperidad y éxitos a la región extremeña y felicita a la región extremeña por lo que hoy probablemente en esta Cámara se va a conseguir con el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, sino que también desea que sobre la base de esta línea de prosperidad todos tengamos conjuntamente la suficiente tolerancia como para que en el futuro no se oigan determinadas expresiones en esta Cámara, porque al igual que mi Grupo defiende y apoya a otras Comunidades y regiones, también, entiendo, que nos merecemos una sensibilidad, una tolerancia y un apoyo para que se entiendan nuestras actitudes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, sean mis primeras palabras de agradecimiento al Senador Bertrán por su cariñoso recuerdo, por su deseo emotivo hacia el desarrollo social, económico y político de Extremadura y también sean mis palabras de agradecimiento a las manifestaciones que han hecho tanto el Senador Sanz como el Senador Barbuzano de apoyo a esta reforma de Estatuto de Autonomía.
Me cabe el honor de someter a la consideración de esta Cámara la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, reforma

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que tiene por objeto ampliar el techo competencial de dicha Comunidad.
Esta ampliación del techo competencial, forjada a lo largo de un proceso de negociación entre las fuerzas políticas a nivel nacional, tiene por objetivo homologar las competencias de las Comunidades Autónomas que adquirieron tal condición por la vía del artículo 143 de la Constitución española.
Una vez alcanzado ese acuerdo, plasmado en la Ley Orgánica aprobada el pasado 23 de diciembre, procede que esas competencias estén residenciadas en las comunidades autónomas no solamente por vía de delegación, lo cual indicaría que es el Gobierno central el que seguiría con la titularidad de las mismas, sino por la reforma de los estatutos, de forma que dichas competencias pasen a formar parte del acervo propio, de la titularidad propia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva. Por ejemplo, tales títulos competenciales no se podrán quitar por simple acuerdo de suprimir la delegación porque el titular de la competencia así lo decidiera. Pero es que, además, el control de esas competencias ya no se hace por vía administrativa o por vía de gobierno de la Comunidad, sino que, una vez que estén incorporadas al Estatuto, el control es jurisdiccional, ya que habría que recurrir a los tribunales para establecer el control del ejercicio de esas competencias.
Quiero dejar constancia ante sus señorías de mi satisfacción y de la de mi grupo por presentar ante ustedes esta reforma estatutaria después de diez años de funcionamiento del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Mi satisfacción se refiere, además, al hecho importante en sí de haberse gestado esta reforma por un acuerdo, por un diálogo tal como el Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura había venido proponiendo a lo largo del tiempo, ya incluso desde 1987, fecha en que el Grupo Popular presentó una iniciativa para formar una comisión permanente que tuviera por objeto estudiar las competencias que conviniese asumir a la región extremeña.
Aunque entonces no prosperó tal iniciativa, hoy hemos vuelto a la idea de que es necesario el acuerdo, el consenso de la mayoría de los representantes de la Asamblea de Extremadura para modificar una ley, un Estatuto que nació por virtud del consenso y con vocación de permanencia cualesquiera que fueran las alternativas de gobierno que pudiesen producirse a lo largo de la Historia de Extremadura.
El proceso de asunción de competencias no se cierra con la reforma del Estatuto, sino que debe continuar abierto hasta que se culmine todo el techo competencial, todas las posibilidades que el título VIII de la Constitución española permite en su desarrollo. Por tanto, nosotros estamos dispuestos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que el proceso de asunción de competencias termine cerrándose de acuerdo con el desarrollo del título VIII de la Constitución española.
Procede decir que el nuevo modelo de Estado autonómico, cuando culmine, deberá hacerse no sólo desde un proceso unilateral de transferencias desde el Estado a las comunidades autónomas, sino en un proceso permanente de acercamiento de las decisiones administrativas a los ciudadanos, que deben ser, en todo caso, los sujetos activos o pasivos de tales decisiones, lo cual quiere decir que estas transferencias de competencias no terminan aquí, sino que debe continuar el proceso de transferir, de participar y de cooperar con otras entidades administrativas como municipios y diputaciones, las cuales deben ejercer el gobierno y la administración de la entidad local con personalidad jurídica propia, es decir, de la provincia.
Esto quiere decir que parece loable no hacer centralismo regional, sino que debe proseguir el proceso de transferencias de cooperación y de participación que preside el desarrollo constitucional. Se trata, pues, de acentuar el proceso de desarrollo autonómico residenciando la soberanía en el Estado español, del que todos formamos parte. España es un país diverso, y lo que estamos haciendo es permitir que España funcione en su unidad, pero con su diversidad.
Para acabar, señorías, creo que cuanto más se institucionalice la diversidad de pueblos que existen dentro del Estado español, más se podrá reafirmar, mantener y consolidar la unidad de España. Extremadura apuesta por este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bernáldez.


El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, con mucha brevedad, me propongo hacer una lectura política del acontecimiento que en este momento estamos celebrando. No haré ningún recurso a la Historia, prescindiré de ese dato --hemos tenido mucha Historia esta tarde--, pero sí quiero hacer una consideración y un análisis político.
Hace once años en esta misma Cámara aprobamos el Estatuto de Extremadura.
Se empezaba una andadura, se ponía completo el primer escalón de una transformación importante del Estado: la construcción de una nueva estructura territorial. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Yo mismo tuve el honor de ser ponente en el debate del Estatuto de la región extremeña y por eso mismo creo que echar la vista atrás, recuperar la visión, ver lo que veíamos entonces, para ver lo que vemos ahora y cuál es la andadura que se nos promete de ahora en adelante, es un ejercicio que tiene pleno sentido, que no es ocioso, que es interesante.


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¿Qué veíamos hace once años, cuando debatíamos el Estatuto de la región? Objetivamente hablando, un proyecto, una voluntad política, el deseo de construir una Comunidad, un autogobierno, un Parlamento, un nivel de la administración, un proyecto no exento de incertidumbres, no exento de dudas. Subjetivamente, desde el sentimiento de los que vivíamos aquel momento, había ilusión, había expectativas, había esperanzas; había también reservas, había suspicacias. Por ejemplo, recuerdo que alguien proponía que en la región extremeña se constituyeran dos comunidades uniprovinciales. A tal grado llegaban las reservas y los recelos ante el proyecto de Comunidad. Y en medio de todo ello y por debajo, había en muchos extremeños como una cierta y soterrada indiferencia ante el tema autonómico.
Han pasado once años, un tiempo pequeño para la historia de un pueblo y quizás grande para la historia de las peripecias personales, y en estos once años se ha recorrido mucho camino, se ha hecho un avance importante.
Y hay que mirar lo que hemos hecho durante este tiempo, pero hay que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos fundamentalmente a nosotros mismos, a lo que los extremeños hemos hecho, hemos construido, nos hemos equivocado, hemos rectificado. No vale que miremos de reojo a nuestro vecino, al de al lado, al de más arriba, al de más abajo, al más próximo o al más lejano. No es eso lo que aquí nos convoca y anima. No estamos aquí en el espíritu olímpico de quiero ser más veloz y más rápido, y más fuerte y llegar más lejos que el otro. Eso a nosotros no nos interesa en absoluto. Nosotros queremos mirar lo que somos. Porque cuando miramos a los otros --y hay que mirarlos, porque no estamos solos-- hay que hacerlo con respeto, hay que mirarlos para pedir y ofrecer solidaridad; no sólo para reclamarla, sino también para darla. Y, desde luego --hay que decirlo también--, con un punto de sincera admiración, porque hay tantas cosas en otros pueblos que debemos respetar, admirar, imitar; porque esas cosas no nos son ajenas, son también nuestras cosas, y de esas cosas nos sentimos orgullosos, no para competir contra, ni para superar a nadie, sino para afirmarnos en nosotros mismos.
Y hoy podemos decir que hemos construido una autonomía, un Gobierno, un Parlamento y una Administración, que ha recorrido once años de camino y que ha acumulado una experiencia importante de autogobierno donde no había nada.
Hemos creado y construido una conciencia regional que era prácticamente inexistente y cuyo latido hoy se nota en muchos pueblos y ciudadanos extremeños, y hemos definido el perfil de una identidad extremeña, plural y variada, que no existía. Donde antaño había enfrentamientos, rencillas provincianas, hoy empieza a florecer el sentido de lo que es ser extremeño. Por tanto, en este momento esa mirada nos permite concluir que en Extremadura estamos en el momento preciso para construir un escalón más, para avanzar en el proceso de la autonomía, de la plenitud del pueblo extremeño y en la asunción de las competencias que la Ley Orgánica que estamos tratando nos ofrece.
Asumimos compromisos importantes, como el de la educación --y no es poco hablar del compromiso de un pleno gobierno de la educación en la Comunidad--, los servicios sociales, los aprovechamientos hidráulicos, las fundaciones, la industria y tantos y tantos temas que no voy a enumerar y que suponen un reto importante. Y habiendo llegado a este punto, nos paramos, reflexionamos y decimos que estamos dispuestos a seguir avanzando.
Las enmiendas que el Grupo de Izquierda Unida ha presentado a este proyecto, cuya legitimidad no discuto evidentemente --y no me corresponde a mí decir si tienen más apoyo o menos fuerza; tienen el apoyo que tienen y con la legitimidad presentan sus alternativas--, tanto por la propuesta de cambio de la estructura territorial extremeña, como por la asunción de más competencias que la Asamblea de Extremadura no ha solicitado, como por los cambios institucionales que pretenden introducir en el propio funcionamiento de dicha Asamblea, nosotros creemos que están fuera del horizonte deseable de la Comunidad extremeña. Constituyen un horizonte de más allá, que yo no voy a descalificar; sin embargo, tengo que decir que para la Comunidad extremeña, la ampliación de competencias y el reforzamiento del espíritu autonómico que supone esta Ley es el deseable, el exacto y el justo en el momento en el que nos encontramos.
Es por eso, señorías, por lo que ante este Proyecto, hay que hablar con satisfacción, y lo hago, y hay que hablar con responsabilidad, porque asumir competencias no es sólo recibir algo positivo y agradable, sino también contraer obligaciones difíciles, a veces penosas, que nos van a exigir esfuerzos y sacrificios, y ese sentido de la responsabilidad lo hago yo presente con satisfacción en esta tribuna.
Para terminar, hago una oferta y una petición leal de colaboración y de solidaridad para que esta vieja y noble región pueda seguir caminando hacia su plenitud con la ayuda de todos ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, debo hacerles una advertencia. Hemos pensado debatir a continuación los dictámenes correspondiente a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Asturias, y comenzaríamos mañana a las diez horas con el Estatuto de Autonomía de Aragón que tiene veto y, por tanto,

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un debate más prolongado, en principio. Esas son las previsiones que hemos hecho desde la Mesa. Si hay razones que se puedan exponer, son modificables. (Pausa.) Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular de la Senadora Vilallonga y del Senador Cuevas, enmiendas números 1 a 29, al Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, cinco; en contra, 204; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el texto correspondiente al artículo único y el preámbulo según el dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 206; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Aplausos.) Muchas gracias.


--DICTAMEN DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (S. 605/000009) (C. D. 127/000012).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del dictamen correspondiente a la proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Comenzamos con las enmiendas de la Senadora Vilallonga y del Senador Cuevas.
Antes de dar la palabra a la señora Senadora, solicito autorización de la Cámara para proseguir, después del margen de las cinco horas de Pleno.
¿Está conforme la Cámara? Podemos someterlo a votación electrónica, si hay alguna discrepancia respecto del asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Con plena conciencia han adoptado la decisión sus señorías.
La Senadora Vilallonga Elviro tiene la palabra.


La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas noches, señoras y señores Senadores, que no buenas tardes que en estos momentos no pueden serlo ya. Se siente una un poco culpable al salir a la tribuna a estas horas a defender las enmiendas al Estatuto de Autonomía de Madrid, pero si es un deber en muchas de las tramitaciones de estatutos que hemos tenido en el curso de la tarde, en este caso, además de ser un deber, es verdaderamente una satisfacción, como Senadora por Madrid, poder defender las 50 enmiendas que mi Grupo parlamentario presenta a este Estatuto, que no son tanto 50 enmiendas, como un proyecto de Estatuto alternativo al que hoy se tramita por las fuerzas políticas mayoritarias que luego refrendaron ese acuerdo en el Parlamento regional de Madrid.
Todos los argumentos de debate político general ya han sido puestos encima de la mesa: reequilibrio territorial, la España de las dos velocidades, el déficit democrático de los parlamentos y de los ejecutivos. Este caso concreto quizás sea el más interesante, pues es en el que se demuestra de alguna manera la irracionalidad con la que se ha seguido el proceso de presentación de esta reforma de Estatutos de Autonomía de las Comunidades del 143 o de las Comunidades que acceden al autogobierno mediante lo que se ha dado en llamar la vía lenta, que yo espero que sea lenta, pero que en absoluto se configure como una vía muerta.
En primer lugar, habría que decir, aunque creo que es conocido por todas sus señorías, que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una representación parlamentaria exclusivamente configurada por fuerzas políticas de carácter estatal. Es decir, en el Parlamento regional están presentes el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. Esa es la configuración tripartita que tiene nuestro Parlamento regional. Es, lógicamente, una región metropolitana en la que se encuentra enclavada la capital del Estado, la Villa de Madrid, y es la mayor circunscripción electoral del Estado, con cinco millones de habitantes y un volumen numérico de votos muy considerable.
Esto tenía que haber inducido a una reflexión de índole parecida a la que se produjo en la elaboración del primer Estatuto de Autonomía, que también podríamos llamar el Estatuto del Manzanares, pero que normalmente le solemos llamar el Estatuto de Autonomía por no llamarle como vulgarmente le llama la ciudadanía «la autonomía» a secas. No reivindicamos el nombre de Estatuto del Manzanares, sino el de Estatuto de Autonomía de Madrid.
Quiero recordar aquí que hubo enormes debates a la hora de configurar el mapa autonómico. En el caso de Madrid hubo al menos tres debates que yo quiero recordar porque, además, dividieron a estas tres fuerzas políticas o a sus componentes anteriores, independientemente de cuál fuera su adscripción.
Una primera posición consistía en la integración de Madrid en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que fue defendida en los partidos políticos por diferentes Diputados del Congreso. Hubo una segunda proposición que quería hacer de Madrid un Distrito Federal,

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que también tuvo sus defensores en las distintas fuerzas políticas. Y hubo una tercera propuesta, que contaba con menos valedores, pero que era menos beligerante, que fue la decisión final y que pretendía hacer de Madrid una Comunidad Autónoma uniprovincial.
En ese interesante debate hubo una mezcla de todo. Por una parte, hubo desconfianza del resto de los castellano-manchegos por la incorporación de una gran urbe como Madrid y por lo que políticamente eso podía significar. Y también hubo desconfianza por parte del Gobierno entonces constituido, del legítimo Gobierno de la nación, a propósito del tema del Distrito Federal, pues veía como una patata caliente más, el Municipio y la Provincia de Madrid, que le caía encima a la hora de gestionar un Estado que estaba transitando hacia la democracia y que todavía tenía muchas asignaturas pendientes. Creo que precisamente se abrió paso la tercera de las alternativas porque era la que resultaba menos beligerante de las tres, con lo cual nos encontramos con algo parecido a lo que dice el himno de nuestra Comunidad y cuya letra se debe al insigne escritor Agustín García Calvo: Ella sola se quedó la última, pobrecita, ella sola.
Finalmente acabó siendo una Autonomía. Esto es también lo que más o menos viene a decir la letra del Estatuto de nuestra Comunidad Autónoma, letra que, como pueden imaginar sus señorías, no es excesivamente popular entre la ciudadanía aunque sí es muy ingeniosa e indica que la persona que la escribió tenía un gran sentido de la tolerancia y del humor. Esto se parece a lo que ocurrió con la bandera de nuestra Comunidad Autónoma, a la que también se intentó buscar sus raíces en algún lugar que, finalmente, es la representación de esa región metropolitana que es Madrid.
Así fueron las cosas en su momento. Ha habido una etapa de funcionamiento de la Comunidad Autónoma, una etapa suficiente para poder apreciar qué cosas convenía mejorar, en cuáles nos habíamos equivocado y hacia dónde teníamos que orientar nuestros esfuerzos. Y dado que entre los Partidos que configuran el Parlamento regional no existe una diferencia sustantiva en lo que se refiere a reivindicar un marco autonómico mayor --las diferencias se establecen más a niveles ideológicos y de otras características--, ya había una labor hecha entre los tres Partidos políticos y entre los tres Grupos parlamentarios de cara a enfocar la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Estas propuestas de los tres Partidos no tenían en absoluto tintes de carácter nacionalista, ni en el sentido del nacionalismo español, ni en el sentido del nacionalismo regionalista. Eran propuestas de descentralización política, descentralización administrativa y de un mejor funcionamiento de lo que es una entidad de poder político como la Comunidad de Madrid.
Por tanto, ese trabajo ya estaba hecho. Había ya unas resoluciones aprobadas por unanimidad en la propia Asamblea autonómica, y en el caso concreto de esta Comunidad, gobernada por una coalición de Partidos, por el PSOE e Izquierda Unida --aunque es una coalición de mayoría parlamentaria que no de Gobierno--, había incluso un acuerdo respecto de los que nosotros llamábamos el impulso autonómico, acuerdo en el cual creo que participaba plenamente también el Partido Popular.
Es decir, había unas perspectivas de desarrollo estatutario en las que nosotros, humildes mortales pertenecientes a los tres Partidos políticos de la Comunidad de Madrid, íbamos trabajando, y nos encontramos con que, en virtud del pacto autonómico, se llega a la solución del café para todos. Pero, miren ustedes por dónde, en esta Comunidad Autónoma se nos aplica un café para todos que quiere decir, por ejemplo, lo siguiente: como las cautelas que se establecen a la hora de hacer las transferencias en materia educativa --como ocurría en el caso de las otras Comunidades que accedieron por la vía del artículo 143 por su propia dimensión, por su territorio y por su propia complejidad-- curiosamente no resultaban excesivamente conflictivas, Madrid, por la vía del artículo 2 --no el de la Constitución, me refiero al artículo 2 que coloquialmente utilizamos todos--, tiene que asumir las competencias en educación con cinco universidades. Creo que los madrileños somos perfectamente capaces de asumir esto y lo vamos a asumir, pero, en realidad, ésta es una competencia de una gran complejidad. Se entrega esta competencia porque así estaba establecido en los acuerdos, pero, en cambio, no se sabe por qué, otra transferencia también profundamente compleja y conflictiva, que es otra demanda social de los madrileños, la transferencia del sistema de salud, no se produce. Yo calificaría esto piadosamente de arbitrario para no entrar en otro tipo de calificativos.
En paralelo había aprobada una ley por la Asamblea de Madrid que concedía facultades al Presidente de la Comunidad para disolver la Cámara, eso sí, adaptándose esa elección a mantener el período de sesiones y a volver a realizar otras elecciones cuando se cubrieran los cuatro años de mandato ya que la limitación del Estatuto nos obligaba a ello. Evidentemente, ésa era la posibilidad que se nos ofrecía para haber adaptado esa ley, que ya estaba aprobada, que no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y que está, por tanto, perfectamente vigente, y haber logrado que esa capacidad de disolución del Parlamento que el Presidente de la Comunidad de Madrid tiene fuera en estos momentos una capacidad racional. Es decir, si el Presidente de la Comunidad de Madrid considera que debe disolver la Cámara, debe poder hacerlo para un mandato de al menos cuatro años, no hasta que finalice la legislatura, pues bien, esto tampoco se ha contemplado en esta reforma, que, como he dicho antes respecto a otras, está hecha a ciclostil, pero no sólo desde esta perspectiva.


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En materia de ordenación del territorio, una Comunidad metropolitana no puede ser valorada de ninguna manera como una Comunidad con gran extensión de terreno, como una Comunidad con gran peso del sector agrario, con un mundo rural --que no es exactamente un mundo agrario, como ocurre con otras Comunidades que se han traído en el día de hoy.
Eso, desde nuestro punto de vista, requiere un cierto esfuerzo intelectual que los madrileños y el Parlamento regional podríamos haber hecho. A mí no me cabe duda de que hubiera habido capacidad intelectual para ello en la Comunidad de Madrid, pero esto tampoco se contempló en ningún momento.
Se habían solicitado reiteradamente competencias en muchas materias por votación unánime del Pleno de la Asamblea, y en absoluto se recogieron. Y en el caso del Municipio de Madrid hay una solicitud unánime de los Grupos municipales del Ayuntamiento en torno a la ley de capitalidad de Madrid, algo que está en el Estatuto de Autonomía, y que establece la posibilidad de unos beneficios fiscales por albergar a las altas instituciones del Estado, municipio que --dicho sea de paso, por si alguien desconoce este dato-- tiene el 60 por ciento de la población de esta Comunidad Autónoma, 3,5 de los 5 millones de personas que componen la Comunidad viven en el municipio de Madrid. Se pretendía poder abordar esa modificación e incluir ahí la ley de capitalidad y esos beneficios, que hubieran sido la contrapartida por parte de las instituciones del Estado al servicio que el Municipio de Madrid presta a las instituciones.
En paralelo, indudablemente, habría que abordar la descentralización necesaria del propio municipio de Madrid, la elección de las juntas de distrito, cosas que formaban parte, por decirlo de alguna manera, de un acervo común, pero que no aparecen de ninguna manera en la reforma del Estatuto que se nos trae hoy a discusión y a posible o no posible aprobación por parte de esta Cámara.
Yo creo que la aprobación de esta reforma del Estatuto deja en muy mal lugar a las fuerzas políticas regionales y al trabajo que esas fuerzas habíamos hecho. Por tanto, como Izquierda Unida en Madrid no desea colocarse en ese mal lugar, no vamos a votar favorablemente este Estatuto, vamos a votar en contra.
Además, es un Estatuto que no nos permite hacer en estos momentos lo que más necesita Madrid: abordar su descentralización, teniendo en cuenta la complejidad que supone descentralizar una región metropolitana. Ese es, quizás, el mayor de los inconvenientes que este Estatuto presenta.
Es un Estatuto que, efectivamente, tiene su legitimidad, nace, como se ha dicho en esta tribuna, del acuerdo y el pacto del Partido Popular y del PSOE en torno a esta propuesta, materializándose luego mecánicamente en la Asamblea de Madrid, donde sí quiero decir que el trámite fue mucho más democrático, se discutió al menos en dos ocasiones y se permitió que se pudiera enmendar, mientras que en otros casos, como ya hemos visto, el debate duró aproximadamente un cuarto de hora. Al menos en la Asamblea de Madrid se guardaron las formas, pero finalmente la conclusión ha sido la misma, porque no se admitió ningún tipo de enmienda. El resultado ha sido un Estatuto que no contempla la realidad social, económica y política de Madrid, aunque sí es interesante el hecho de que establezca un grado mayor de competencias, dado que en la Comunidad de Madrid hemos decidido funcionar como un Parlamento del artículo 151, es decir, nos reunimos los mismos períodos de sesiones que se reúnen ellos y hacemos el mismo tipo de trabajo que hacen ellos, si bien es cierto que el Presidente de la Comunidad no puede nombrar más de diez consejeros, pero esto sería el mal menor, porque podrían acumular, y de hecho lo hacen, responsabilidades.
Pero, efectivamente, vivimos en esa situación.
En el caso de la Comunidad de Madrid, que es una institución víctima del bocadillo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la nación y que por su propia existencia es un factor de reequilibrio territorial y social, porque tiene que hacer políticas de integración del área metropolitana en las políticas de Madrid, es un flaco servicio hacia la igualdad social y territorial de la propia región, que tiene también grandes desequilibrios territoriales.
Reivindicando aquella famosa frase, poesía o canción, «El sur también existe», pues el sur de Madrid también existe, es muy diverso y muy diferente del norte. Quizá por eso se expliquen ustedes la composición del Gobierno Regional y de la mayoría parlamentaria que lo apoya, probablemente porque existe ese tipo de diferencias que se deberían haber contemplado en el Estatuto.
Esto no ha sido así, estamos ante un Estatuto que no resuelve ningún problema de estas características y que no da poder político a la región; a una región que en estos momentos tiene graves dificultades en materia económica, en materia de servicios sociales, en materia de desarrollo de ciertas zonas importantes de la Comunidad.
Este Estatuto no es el Estatuto de Autonomía que hubiera requerido la región para dar un salto adelante. Eso no quiere decir que sea el peor de los estatutos, es simplemente el mismo Estatuto que se aprobó en Manzanares con estas competencias que se le han añadido.
Se podrá decir que se han ampliado las competencias. Yo vuelvo a decir lo que dije en alguno de los estatutos que hemos discutido anteriormente: eso es cierto, no me cabe la menor duda de que se han ampliado las competencias. Ahora bien, esas competencias que se han ampliado en el caso de la Comunidad de Madrid ya estaban ampliadas por vía orgánica de delegación. Por tanto, lo único que se hace es incorporarlas

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al Estatuto. Es una forma de entender lo que tiene que ser la región de Madrid.
Yo, desde luego, no comparto que la región de Madrid se pueda gobernar con este tipo de criterios, no comparto que se haga una buena gestión en la Comunidad de Madrid con este tipo de estatutos y no comparto que el pueblo de Madrid, además de ser víctima, como cualquier otro pueblo, de las decisiones que cualquier gobierno toma --porque las decisiones de los gobiernos no están adscritas a criterios territoriales, sino que se hacen en función de políticas generales--, tenga que tener menos voz política que otros pueblos para poder defender sus intereses.
Por todas estas razones, nosotros no compartimos el criterio con el que se ha hecho este Estatuto de Autonomía y, por tanto, presentamos estas enmiendas que configuran un bloque de Estatuto alternativo. Pretendemos, si ello fuese posible --posible siempre es, aunque no parece probable--, que sean aceptadas y que cambiemos el modelo estatutario que se ha traído aquí para Madrid por un modelo estatutario más acorde con lo que son las necesidades de esta región metropolitana.
En ese sentido, como ustedes pueden observar, para defender estos argumentos no he traído a colación ni a San Isidro Labrador, ni la historia del pueblo de Madrid, porque yo creo que estos argumentos se defienden solos y se defienden políticamente con bastante sustancia.
Por tanto, como aquí de lo que se trata es de buscar un encaje político a una región que ya nació con las dificultades que he comentado antes, así como de hacer el trabajo político lo mejor posible, porque el cuestionamiento de la legitimidad de que se hace objeto a los representantes de los ciudadanos viene también de que no tenemos mecanismos políticos adecuados y eficaces para intervenir, a mí me parece que este mecanismo no es eficaz para la Comunidad de Madrid.
Espero que ninguno de mis compañeros que van a intervenir, Senadores por Madrid, me haga un llamamiento a la unanimidad porque entonces me obligará a tener que recordarles que, afortunadamente, en la Asamblea de Madrid la unanimidad no suele ser la norma, es una cosa buena, pero casi nunca la calificamos como la mejor del mundo, al contrario, nos gusta discrepar y nos gusta discutir de política.
Muchas gracias,

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senadora Vilallonga.
Abrimos el turno de portavoces.
El señor Sanz Cebrián tiene la palabra.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias señor Presidente.
Con suma brevedad anuncio nuestro voto favorable a la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián.
El Senador Barbuzano tiene la palabra.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión que, prácticamente, contiene la expresión mayoritaria de la Asamblea Parlamentaria de Madrid.
Muchas gracias,

El señor VICEPRESIENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
El Senador Rigol tiene la palabra.


El señor RIGOL I ROIG: Señor Presidente, nuestro Grupo quiere manifestar brevemente su posicionamiento público, que será de refrendo a la propuesta que se hace del Estatuto de la Comunidad de Madrid, y lo quiere hacer también compartiendo una reflexión.
Nosotros sabemos que el fundamento del sentido de la Comunidad Autónoma de Madrid es distinto al del Grupo que represento en el ámbito de Cataluña. Yo leía hace poco unas reflexiones de un Senador muy significativo de esta Cámara a la hora de definir la Comunidad de Madrid.
Decía: la Comunidad de Madrid no tiene historia porque la Historia de Madrid está subsumida en la Historia de España. Decía: La Comunidad de Madrid no tiene cultura porque su cultura está subsumida en la cultura general de España; no tiene lengua propia porque su lengua es el castellano. Esto es verdad, pero también decía que el sentido profundo de ser Comunidad Autónoma es ser muy eficaces desde el punto de vista de la administración. Les habla alguien que cree y que sabe que su Comunidad Autónoma es histórica, tiene historia, tiene conciencia de su historia, una cultura específica, una lengua propia. Pero quiero, en estos momentos de alegría para la Comunidad Autonoma de Madrid al tener ampliadas sus competencias, buscar aquello que une precisamente en el planteamiento autonómico a una Comunidad como la nuestra con otra tan distinta como la de Madrid.
En este sentido, voy a hacer una muy breve reflexión. Nosotros tenemos historia y tenemos conciencia de historia, pero esta conciencia de historia no tendría sentido si no sirviera para que los ciudadanos de Cataluña tuvieran un amplio espectro de su propia proyección personal.
Hemos hablado mucho de Historia, y yo voy a hacerlo también. Benedetto Croce decía: Toda Historia es Historia contemporánea. Nuestro sentido de la historia no sería nada si no sirviera para que los catalanes, en este caso, viviéramos con mayor profundidad.


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Es más, si la cultura que tenemos no nos diera grosor a los ciudadanos actuales y contemporáneos de Cataluña, no tendría su propia proyección de futuro. Y nuestra lengua, como hecho específico, es fundamentalmente para entendernos en profundidad, no desde el punto de vista convencional, sino para poder entablar ese diálogo profundo que nos confiere compartir una lengua como la nuestra. Todo esto es así, pero esto no nos serviría si no fuera para intentar crear una Comunidad más humana.
Por tanto, cuando desde la Comunidad de Madrid se dice: nosotros queremos tener una autonomía que dé un contenido más eficaz a la Aministración, nosotros podemos concordar con el sentido profundo de esta visión autonómica, porque, de un modo u otro, los que tienen que gestionar políticamente la Comunidad de Madrid y los que tienen que gestionar las Comunidades Autónomas de toda España, y la de Cataluña en concreto, debemos intentar trabajar por una sociedad más humana. No es suficiente decir: vamos a hacer una Comunidad Autónoma para que seamos más eficientes. Evidentemente, como administradores públicos debemos ser más eficientes, pero el sentido de Comunidad Autónoma es un paso más allá; es decir, queremos que en nuestro ámbito concreto de acción política se humanice un poco más nuestra sociedad. Que si nos dan competencias en Educación, por ejemplo, sepamos que cuando unos padres van a apuntar a unos niños a una escuela no es un acto burocrático o un acto de organización o un acto simplemente de eficiencia administrativa, sino que se trata de un conciudadano nuestro que va a proyectar en aquella escuela la educación de su propio hijo, lo mismo que cuando llevamos a un enfermo al hospital o en cualquier ámbito de nuestra Administración pública.
Ser Comunidad Autónoma quiere decir ser eficiente, pero quiere decir, sobre todo, intentar humanizar nuestra propia sociedad con los elementos específicos que cada uno tenemos: unos, desde la rigurosidad de la propia Administración pública, otros unimos a ello otras especificidades, pero tenemos el común denominador de ser unos políticos que partimos de la base de nuestra buena fe y de nuestra dedicación al quehacer público.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor Presidente, señorías, ante todo quiero expresar la gratitud del Grupo Parlamentario Popular a los Grupos Parlamentarios que han expresado su voto favorable a la reforma del Estatuto.
Madrid es una Comunidad Autónoma geográficamente muy breve, y trataré de ser, consecuentemente con ello, breve en mis palabras. Podría hacer historia. Madrid sí tiene Historia. Podría remontarme hasta el parque jurásico, porque, muchos de los restos de dinosaurios que se han encontrado en España eran de la cuenca del Manzanares, podría hablar del emir Mohamed I, cuyas murallas están cerca del Palacio del Senado. Pero no voy a hablar de Historia por aquello de que, como bien ha dicho el Senador Rigol, la Historia de Madrid está subsumida en la Historia del resto de España.
Sin embargo, para el Senador que les habla supone una indudable emoción intervenir en un debate que representa la profundización de la realidad de un Madrid como Comunidad Autónoma, con todo lo que ello implica, que va más allá de la mera gestión directa y cercana al ciudadano. Se trata de un paso importante en un proceso lógico, tras superarse los cinco años que establece el artículo 148.2 de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Afrontamos la reforma de nuestro Estatuto de modo que se eleva significativamente el techo competencial de nuestra Comunidad. Son, creo, 32 materias en varios niveles de competencia exclusiva y se han dado otros pasos decisivos en el proceso autonómico.
El camino que alcanza tan importante hito en este debate ha sido largamente deseado por los representantes del pueblo de nuestra Comunidad, como aquí se ha recordado con justicia. El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, al que me honro en pertenecer como Diputado en dicha Cámara, había planteado en varias ocasiones la necesidad de la ampliación del campo competencial. Y debo expresar que esta preocupación había sido compartida por todos los Grupos Parlamentarios, aunque no debo ocultar que nunca recibieron una atención suficiente por parte de las instancias nacionales. La Asamblea de Madrid solicitaba unánimemente el acceso al piso superior del edificio autonómico, pero era comúnmente desoída.
El hecho de este debate supone una culminación positiva de tal preocupación del pueblo de Madrid. La Asamblea Legislativa de la Comunidad respaldó siempre el acceso a mayores niveles competenciales. La Ley votada en la Asamblea de Madrid, que ahora debatimos en el Senado, convierte en propuesta formal ante las Cortes Generales este deseo de los representantes del pueblo de Madrid y, por tanto --no nos engañemos--, de la mayoría de los madrileños. La propuesta defendida en su día, con brillantez y acierto, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara por los representantes del Parlamento regional --y quiero recordar especialmente a mi compañero de Grupo Parlamentario, el Diputado don Manuel Cobo Vega-- es la expresión de un nuevo paso legislativo, que tiene como referencia lógica el desbloqueo y la aceleración que supusieron los pactos autonómicos firmados por el Gobierno de la nación, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular el 28 de febrero de 1992 y que

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fueron culminados en la Ley Orgánica de diciembre de 1992.
Desafortunadamente, la tercera formación política de ámbito nacional no se unió a los pactos autonómicos, como hubiera sido deseable, y ahora lo recuerda --por cierto, constantemente-- con la desazón del niño que no ha salido en la fotografía familiar.
Bueno es recordar, por aquello de la coherencia, que desde hace un quinquenio el Partido Popular colocó en el frontispicio de sus demandas la necesidad de un pacto autonómico que desbloqueara el proceso de construcción de la autonomía. Este pacto, para el que se demandaba el consenso de los partidos, fue reiteradamente pedido por los dirigentes del Partido Popular y, muy singularmente, por el hoy portavoz del Grupo en el Senado y Presidente del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardón.
Es momento, cuando legislativamente aquella demanda se culmina, de expresar el legítimo orgullo que tenemos en el Partido Popular por aquella iniciativa, por cierto, no comprendida siempre ni por todos. Hoy, desde un amplio consenso, que aúna una singular mayoría de representantes democráticamente elegidos por los madrileños y por todo el pueblo español, este orgullo es compartido --y es bueno que así lo sea-- por el Partido Socialista Obrero Español. Hay quien no puede compartir este orgullo porque en su día se apartó del proceso de diálogo, que culminó en el consenso. A nuestro juicio, Senadora Vilallonga, las reiteradas objeciones de Izquierda Unida no revisten la importancia que hubiera justificado, ni mucho menos, su lejanía del acuerdo.
Es obvio --y acaso no sea momento de insistencias en este punto-- que con aquellos pactos autonómicos, ni tampoco con las reformas actuales, quedan cerradas las posibilidades de desenvolvimiento estatutario ni el techo competencial de las Comunidades Autónomas. Restan transferencias a la espera y frentes que cerrar, desde la suficiencia financiera a las redundancias administrativas o los resortes de perfeccionamiento de los mecanismos de solidaridad y, cómo no, también los propios Estatutos de Ceuta y Melilla, tan demandados por ceutíes y melillenses. Pero el paso que se da, con lo que entrañan las reformas estatutarias y, en este caso concreto, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, no debe, ni mucho menos, vedarse.
No creemos que sea momento ni circunstancia para llevar el debate a otros horizontes que, sin restarles importancia global, no entendemos tengan sitio en el marco que abordamos en esta ocasión. Por ello, no acogemos el medio centenar de enmiendas presentadas por la Senadora Vilallonga y el Senador Cuevas, aunque su preocupación última naturalmente nos merezca respeto. Las enmiendas suponen un entendimiento diferente no sólo del fondo, sino de la forma de la ley. Entran en campos como el de la singularización del papel de Madrid como capital no sólo de la Comunidad, sino también de España, que por más que se trate de un asunto importante y necesario, la llamada ley de capitalidad, no están en este ámbito y deben seguir, y ya siguen, una vía diferenciada.
Otros aspectos electorales, funcionales o formales de nuestra Comunidad que se abordan en las enmiendas de los señores Senadores citados, tampoco nos parecen razonablemente abordables en el marco de esta reforma. Sin duda, los Senadores enmendantes, como no podía ser de otra manera --y en el caso de la Senadora Vilallonga, queda patente en su actuación política en la Asamblea de Madrid, que tan bien conozco--, desean profundizar en el papel de nuestra Comunidad. Nadie niega la buena voluntad y la buena intención. Comparto el interés, pero no el medio ni la ocasión.
Señorías, uno de los hechos más innovadores de la Constitución de 1978 es, sin duda, la estructuración de España como un Estado de las Autonomías. En él quedaba salvaguardada la unidad y realidad indivisible de España; se reconocía a las distintas nacionalidades y regiones de España el derecho a constituirse en Comunidades Autónomas, y se alzaba, como una consecuencia de ambas realidades, la solidaridad interterritorial.
Hoy, a los quince años largos de la Constitución, el proceso autonómico va culminándose, los pasos no son fáciles, pero pocas cosas importantes son fáciles. El que supone este debate, este trámite parlamentario, es un paso relevante. Nosotros sentimos que no lo hayan comprendido así los compañeros Senadores firmantes de las enmiendas.
Por otra parte, la señora Vilallonga dice que no va a votar la reforma del Estatuto, pero vota cada día el apoyo al Gobierno del señor Leguina, que vota la reforma del Estatuto.
Señorías, bien sabemos, y lo ha recordado el Senador Rigol citando palabras del señor Ruiz-Gallardón, que la Comunidad Autónoma de Madrid no encuentra justificación de su existencia en razones de diferencia cultural y lingüística, ni siquiera histórica. La cultura, la lengua, la Historia de Madrid son las comunes al conjunto de España. Pero también es cierto que sin esos hechos diferenciales, Madrid tiene un carácter deferente y acogedor que nada ni a nadie niega. En su día los representantes de Madrid decidieron acceder al futuro como una Comunidad Autónoma más. Y pasados los años suficientes, y desde la experiencia acumulada, una reflexión objetiva nos hace considerar aquella decisión como acertada. Nuestra Comunidad ha de justificar su existencia precisamente en la acción de cada día, en un servicio al ciudadano mejor y más cercano; en definitiva, más humano.
La reforma del Estatuto que representa esta ley que hoy debatimos habrá de suponer, sin duda, un mejor y más humano servicio al ciudadano desde unas mayores competencias. Por ello, debemos estar satisfechos.


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El Grupo Parlamentario Popular apoya con decisión y convencimiento, y el orgullo añadido por el papel que ha tenido en su proceso, la ley que hoy se debate y que supone una positiva reforma del Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad. Nuestro voto apoyará el Dictamen de la Comisión.
Señor Presidente, señorías, y con esto termino, creo que hoy es un día importante para Madrid, y de ello todos debemos congratularnos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Van-Halen.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Serrano.


El señor SERRANO BELTRAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo, en nombre de mi Grupo, para mostrar mi apoyo al Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid.
Sería reiterativo insistir en la satisfacción que le produce al Grupo Socialista la aprobación tanto de este proyecto de ley como de todos los demás que hemos estado examinando durante esta tarde y parte de la mañana. Nos produce idéntica satisfacción cada uno de ellos, porque formamos parte de un partido que ha sido capaz de llegar a un acuerdo autonómico mediante el cual se ha podido realizar un avance importantísimo en la articulación del Estado de las Autonomías. Digo esto porque soy Senador por la Comunidad de Madrid, pero como también soy y me siento español mi orgullo alcanza a todas las demás Comunidades Autónomas.
No voy a insistir mucho más en esta cuestión porque hacer a estas horas un repertorio de las alegrías, las satisfacciones, las glosas y maravillas históricas, recientes o lejanas, sobre cómo se ha desarrollado el proceso estatutario en Madrid, que es muy complejo --como el de las demás Comunidades--, me parece muy útil desde el punto de vista de la cultura general y del «Diario de Sesiones», pero no creo que tenga mucha utilidad política. Sin embargo, en mi modesta opinión, sí la tiene el hecho de que el Grupo Socialista explique, al menos muy brevemente, por qué no va a apoyar las dignísimas enmiendas presentadas por los Senadores Vilallonga y Cuevas.
La mayor parte de las argumentaciones con las que, sobre todo la Senadora Vilallonga, ha sostenido estas enmiendas, que son semejantes para unos y otros Estatutos --y, por tanto, me sirven para referirme tanto al de Madrid, como a cualquiera de los que hemos examinado--, está basada en su desacuerdo con el pacto autonómico. La verdad es que también me hubiera gustado que el resto de los partidos hubiéramos sido capaces de convencer a Izquierda Unida de la bondad de este acuerdo. Unicamente, me gustaría hacer una reflexión al respecto: yo pensaría que si todos los demás grupos de la Cámara están de acuerdo en que esta reforma merece la pena ser votada, a lo mejor la razón la tienen los demás. Es posible ese razonamiento, y no hay que pensar que siempre se tiene la razón por estar en una posición diferente. Eso no suele ser una garantía. Piensen ustedes que si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con el Partido Popular --con el que no tenemos demasiados puntos de coincidencia parlamentaria y política-- en un asunto de esta trascendencia, será porque creemos que es importante para Madrid y el resto de España.
De todos modos, parte de los argumentos de la Senadora Vilallonga van en la dirección de afirmar que este pacto ha devaluado los debates en las Asambleas autonómicas. Menos mal que se ha salvado Madrid, porque ésta es la octava vez que este Senador interviene para defender la reforma de su Estatuto. De esas ocho veces, cinco han sido en la Asamblea de Madrid; fíjense, pues, si en ella ha habido debates: tres en Comisión, de desarrollo estatutario, y dos en Pleno. Por tanto, el pacto no ha tenido nada que ver en esto.
Por otra parte, no sé cómo hubiera cambiado el papel de las Asambleas autonómicas si Izquierda Unida hubiera firmado el pacto. Eso es un misterio para mí. Si Izquierda Unida hubiera firmado el pacto, ¿hubieran hecho algo distinto las Asambleas autonómicas? Probablemente, no.
¿Hubieran recibido nombre los Estatutos por arte de magia? Porque esta mañana la Senadora Vilallonga decía que los Estatutos de esta Reforma son diferentes porque no tienen nombre. A lo mejor lo tendrían si Izquierda Unida hubiera firmado el acuerdo; no lo sé, pero me parece que esta cuestión es bastante irrelevante.
Mi segundo argumento es de contenido, y en este punto me voy a centrar más específicamente en el Estatuto de Madrid. Hay tres tipos de enmiendas presentadas por los Senadores Vilallonga y Cuevas. Algunas de las cuestiones que plantean son institucionales, y quizá se hubiera requerido un acuerdo sobre estos asuntos. En mi opinión, no necesitan tanto una reforma estatutaria cuanto ponerse de acuerdo en la Asamblea de Madrid sobre su funcionamiento. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es la argumentación sobre la ley de capitalidad, porque su enmienda, Senadora Vilallonga, pretende que no exista dicha ley. Lo que pretende estrictamente es que la ley de capitalidad no deba votarse por las Cortes Generales --el Congreso de los Diputados y el Senado--, sino que en el Estatuto quede exactamente establecido en qué consiste la peculiaridad de Madrid como capital. Esa es su pretensión y la reduce a dos cuestiones: a la contribución económica que fijarán los Presupuestos General del Estado y a la elección directa de los vocales de las Juntas de

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distrito. Si las Cortes Generales no pueden ir más allá en la definición de la capitalidad de Madrid, la cuestión es bastante pobre.
En cuanto a si la Asamblea de Madrid se reúne más o menos, he de aclarar que no lo hace cuatro meses al año, sino 120 días, que es diferente, y está reunida en sesiones prácticamente durante el mismo período que las Cortes Generales, y no ha hecho falta reformar el Estatuto para esa cuestión. Por tanto, no entiendo que eso sea el fundamento de la negativa a aprobar este proyecto.
El resto son cuestiones que tienen que ver con un entendimiento de lo que son las autonomías del 151, que no considera lo que ha avanzado el Tribunal Constitucional desde que se hicieron estos Estatutos hace muchos años ya. Hay cuestiones que se plantean como de competencia legislativa plena que no lo pueden ser. Por ejemplo, en materia de expropiación o de responsabilidad de la Administración Pública, o están mal enfocadas desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, o plantean la transferencia de la sanidad. También me ha chocado la argumentación con respecto a esto. Se nos dice que la educación es complicadísima y, a pesar de todo, se ha hecho la transferencia. Sin embargo, la sanidad, que es igual de complicada, no. Entonces, ¿no se debería haber hecho la de educación? No lo sé. Es evidente que la transferencia de la sanidad --en esto podemos estar todos de acuerdo-- requiere una mayor reflexión y terminará por formar parte de las competencias de Madrid. ¡Cómo no! Y se hará por la vía que sea, y se reformarán los Estatutos en su momento, pero ahora, si los partidos políticos firmantes del pacto han considerado que no debe realizarse esa transferencia es porque han valorado muy bien las dificultades que podrían recaer --en concreto sobre la Comunidad de Madrid serían tremendas-- si esa transferencia se produjera en este momento. Y lo más triste para los madrileños sería que tuviéramos una competencia y que entre todos no fuéramos capaces de desarrollarla adecuadamente porque nos habíamos apresurado a la hora de definir la propia transferencia. Solamente hay que preguntar a las Comunidades Autónomas que han recibido las competencias del Insalud para saber si están conformes o no en cómo se han hecho las transferencias, que, por cierto, cada una ha sido distinta de las demás.
Voy a terminar ya porque a estas horas tampoco es cuestión de que yo entretenga demasiado a sus señorías con argumentos. Simplemente quiero decirles que, como madrileño, creo que esta reforma va a contribuir a la mejor calidad de vida y al mayor bienestar de los ciudadanos de Madrid y que por eso apoyamos en el fondo este proyecto de ley. Insisto en mi agradecimiento a los demás grupos parlamentarios por su apoyo y en que me considero orgulloso no sólo del trabajo de este Estatuto, sino de todos los demás.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Serrano. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas números 1 a 50, de los Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, correspondientes al voto particular número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, una; en contra, 200; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del texto correspondiente al artículo único, Disposición Derogatoria y Preámbulo, según el Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 201; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Aplausos.)

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 10, 11, 12, 13 Y 18 DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA ASTURIAS (S. 605/000010, C. D. 127/000013)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. Publicada en el Boletín correspondiente, de fecha 4 de marzo de 1994.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que a lo largo de todo el debate de los Estatutos hemos podido explicar claramente nuestra posición en relación con el voto de los Estatutos. Yo no quiero que la brevedad de mi intervención se entienda como una falta de interés o de atención al Estatuto de Autonomía de Asturias. Lo digo, sobre todo, por una cuestión muy personal, porque no me quiero ganar la

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antipatía de las compañeras y compañeros del Senado. Pero sí había que apoyar con fuerza todos los Estatutos de Autonomía, nuestra opinión es que el Estatuto alternativo que presenta Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña fue fruto de un consenso político de todas la fuerzas políticas de Asturias. Yo entiendo, comprendo, pero no comparto, que por esos pactos legítimos algunos compañeros y compañeras en este momento discutan y varíen su compromiso político con Asturias. Comprendo, entiendo, pero no comparto.
Se ha hablado de unanimidades y nos preguntan cómo se llamaría el Estatuto en tal Comunidad Autónoma si Izquierda Unida hubiera firmado.
Pues se llamaría, en este caso, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Asturias. No tenemos ninguna pretensión de propiedad, hay otros que sí.
Se llamaría Estatuto de la Comunidad Autónoma de Asturias. Lo que pasa es que nosotros solemos cumplir los compromisos cuando llegamos a acuerdos políticos.
No puedo dejar pasar algunas afirmaciones que seguramente se harán en el debate de este Estatuto, como lo de salir en la foto. Yo creo que no se trata de salir en la foto a la hora de firmar un Estatuto. Yo creo, por lo menos es lo que pensamos en Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, que es un tema de compromiso político con un proyecto político de Estado.
Eso es lo que queremos mantener. En algunas Comunidades Autónomas tenemos más éxito y en otras menos, pero queremos mantener nuestro compromiso político, con todas las rectificaciones necesarias, pero siempre cumpliéndolo; con el que nos presentamos a las elecciones en cada Comunidad Autónoma y dentro del Estado español.
Esto es lo que tiene que ser. No se trata de salir o no en la foto.
¿Diálogo?, todo. Veintitrés enmiendas para dialogar un Estatuto de Autonomía. Muchos compañeros y compañeras que van a votar en contra de estas enmiendas las habían aceptado con anterioridad. ¿Diálogo?, todo.
Pero no es un diálogo entre dos, sino que tiene que ser un diálogo entre todos.
Nosotros, aunque vamos a perder en la votación de las enmiendas, vamos a votar contrariamente al Estatuto de Autonomía de Asturias por las razones que hemos apuntado, porque queremos ampliar el techo. Ponemos a disposición de todos los grupos las veintitrés enmiendas y esperamos que el resto de los grupos políticos en el momento que quieran ampliar el techo competencial pongan a nuestra disposición las enmiendas que ellos presentan. Seguramente, coincidiremos en esas enmiendas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en elevar los techos competenciales.
Lo que pasa es que unos tenemos más prisa y otros menos, por aquello de que no por mucho madrugar amanece más temprano, pero luego hay otro refrán que yo no comparto que dice que a quien madruga Dios le ayuda. En este caso, yo creo que el Senado podría ayudar a la Comunidad Autónoma de Asturias, que tiene grandes problemas industriales, y con mayores competencias en el tema industrial a lo mejor no hubiéramos llegado a la situación en que se encuentra. Pero, en fin, los que van a votar tendrán que responder de eso ante el electorado, como también tendrán que responder al electorado algunos compañeros y compañeras que tendrán que explicar a los ciudadanos --si quieren explicárselo; nosotros sí vamos a hacerlo-- que existe otro marco competencial mayor que el que se va a aprobar aquí hoy.
Por tanto, se habla de la voluntad de los representantes de Asturias, que es legítima y cierta, pero también hay otra voluntad de explicación, y a lo mejor a algún representante de la Comunidad Autónoma legítimamente elegido se le ha olvidado explicar a los ciudadanos de Asturias que existe otro marco competencial más elevado y que un andaluz, desde aquí, y una madrileña, también desde aquí, están reclamando ese alto grado de competencias.
Por tanto, yo creo que no hay que hablar de falta de diálogo, de cómo se llamarían los estatutos ni de todas estas historias. Yo creo que cada uno está defendiendo legítimamente lo que piensa y el proyecto político de Estado que quiere. Por eso, señorías, cada uno está donde está.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas González.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para mostrar la posición favorable de nuestro grupo parlamentario a la reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, del 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El Senador Barbuzano tiene la palabra.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que debemos saludar amablemente, aunque le hayamos hecho esperar algo, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de Asturias, que nos acompaña en esta sesión.
Deseamos fervientemente que esta reforma de determinados artículos del Estatuto de Autonomía de Asturias sirva para que esa Comunidad altamente industrializada a la que azotan, sin duda, reconversiones y más reconversiones y la crisis económica, que también

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nos azota a todos, especialmente allí, pueda elevar el bienestar de sus ciudadanos y hacerles la vida cada día más agradable y feliz.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa).
Tiene la palabra el Senador Grau.


El señor GRAU I BULDU: Señorías, ante todo manifiesto que nuestro grupo va a votar afirmativamente esta proposición de reforma de varios artículos de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Asturias.
Una vez más, reiteramos nuestra posición afirmativa al desarrollo autonómico. La autonomía debe ser el camino hacia el autogobierno, y como la votación de ahora lo es, estaremos en la vía correcta.
Hoy, el Principado de Asturias continúa su proceso de desarrollo autonómico, y es de esperar que la confianza en la gestión de las competencias que se transfieren permita obtener de forma real el reforzamiento de sus instituciones hacia el afianzamiento del autogobierno.
Asturias, como Cataluña, ha participado desde su propia identidad en la construcción del Estado español, y ser asturiano ha sido un sello de identidad importante, por lo que avanzar en la definición de la misma desde el autogobierno tiene que contar con nuestro apoyo.
Asturias tiene además el reto de un futuro que precisa de una cohesión importante. Precisará por ello de la convicción en su identidad propia y de arrimar el hombro con hombro, aunando voluntades para encontrar las soluciones nacidas directamente de la voluntad democrática de todos los asturianos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que participa de este espíritu, votará favorablemente la reforma del Estatuto de Asturias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar quiero agradecer la presencia del Presidente de la Junta General del Principado y miembros de la Mesa, que en la soledad de la tribuna de invitados merecen, sin embargo, cualitativamente el agradecimiento por el hecho de haber presenciado la discusión de varias reformas de los Estatutos, y en especial haber esperado a estas horas de la noche para ver cómo al final vamos a aprobar la reforma de varios artículos de nuestro Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente las intervenciones cortas, pero emotivas, al menos para quien les habla, que después de tantos años de lucha por la consecución de un mayor autogobierno en nuestra Comunidad encuentra ahora el respaldo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, excepción hecha, y es una pena, señor Cuevas, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Es lógico y legítimo defender posturas en las que uno cree, pero resulta difícil poder defender enmiendas que puedan poner en duda la auténtica necesidad que Asturias tiene de promover un mayor autogobierno, dada la situación histórica por la que está atravesando, cuya crisis, extremadamente delicada, obligaría cuando menos, a que hecho el planteamiento de las enmiendas, y al no haber encontrado el apoyo suficiente, a retirarlas para que, evitando el voto negativo, pudiéramos incorporar a Izquierda Unida de Asturias en esa previsión de futuro que siempre y continuamente desde el Parlamento buscó querer defender.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pretende, a través de las 23 enmiendas formuladas a nuestra Proposición de ley, sustituir la iniciativa misma auspiciada por la Junta General del Principado y, al mismo tiempo, alterar el procedimiento iniciado tiempo atrás para transmutar el marco competencial y estatutario del Principado basado en la vía del artículo 143 de la Constitución como si se tratase de un empecinamiento achacable al Principado de Asturias la fórmula utilizada en su momento para acceder al autogobierno y disponer, en lugar del texto remitido por el Parlamento asturiano, una iniciativa basada en la homologación de competencias y atribuciones de las Comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 de nuestra Constitución.
Es indudable que el Grupo autor de las enmiendas pretende diluir en el contexto de las mismas el progreso que supone para el Principado de Asturias contar con las nuevas competencias y atribuciones que se pasan a recoger expresamente en el Estatuto de Autonomía de Asturias, porque no en vano, el hecho de que Izquierda Unida no participe activamente en la proposición que ahora discutimos, se debe más, a mi juicio, a su falta de tolerancia que a su verdadera intención autonomista.
Izquierda Unida depositó reiteradamente en el Principado de Asturias la confianza para gobernar en el Partido Socialista Obrero Español, cuyo programa, en materia de autogobierno, ha sido siempre restrictivo en el caso asturiano en el tema autonómico. Durante el tránsito de la segunda legislatura, del año 1987 a 1991, ha sido un importante compañero de viaje del Gobierno Socialista Asturiano, y jamás supo encontrar cabida entre los acuerdos con él suscritos a la reforma

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amplia del Estatuto de Autonomía, y tuvo que unirse al Partido Popular y al Centro Democrático y Social para conseguir ese objetivo. Por tanto, señor Cuevas a usted no le han informado del todo del proceso seguido en Asturias.
Hay otro marco competencial mayor, indudablemente, y por él hemos luchado las fuerzas políticas de Asturias, incluida Izquierda Unida. Pero el quórum requerido impidió en aquel caso con el no apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que esa iniciativa prosperase. Por consiguiente, a partir de ahí, la exigencia de un mayor autogobierno hizo que nosotros en un encuentro con el Gobierno y con el Partido Socialista Obrero Español llegásemos a este acuerdo o propuesta razonable de mayor autogobierno para el Principado de Asturias.
Al hilo de esa fracasada iniciativa, Izquierda Unida, consciente del consenso alcanzado, trató de ampliar esas competencias y atribuciones de Asturias mediante dos iniciativas, basadas curiosamente en la vía ahora utilizada por el Parlamento Asturiano o en la petición de delegación de competencias del Estado que no es otra que la fórmula que se contiene en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que es precisamente la que surge de ese consenso alcanzado entre el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista a fin de impulsar los autogobiernos de las autonomías que accedieron al mismo por la vía del artículo 143. En estas dos iniciativas asturianas a que me refiero, también contaba con el apoyo del Partido Popular y del CDS.
No cabe, pues, en la previsión de respeto al consenso y del mayor apoyo parlamentario posible, sino rechazar estas enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El Grupo Parlamentario Popular no quiere dejar, sin embargo, de reiterar una vez más que en su ánimo está continuar con el desarrollo del autogobierno de Asturias, pero dentro de los cauces expresados de respeto al máximo consenso posible de defensa de los intereses manifestados al respecto por los representantes del Parlamento Autonómico Asturiano en la línea del máximo acuerdo entre estos representantes y, concretamente, los del Principado de Asturias.
Ojalá que el mayor autogobierno de Asturias que va a suponer, sin duda, la reforma de estos artículos de nuestro Estatuto de Autonomía, sirva para que la región recobre el peso político que le ha faltado en los últimos años y que le ha llevado a ser en estos momentos una región, como decía al principio, en una situación extremadamente delicada.
Yo espero que, aunque sólo sea por el hecho de que los asturianos sientan que sin haberlo conseguido todo han conseguido en parte la necesidad de poder sentirse satisfechos con un autogobierno que les dé la posibilidad y las medidas de que ante tanta frustración, creada en los últimos años, puedan ver con optimismo y con ilusión un futuro más esperanzador. Ese pueblo asturiano que tanto luchó en el contexto precisamente de la geografía española para hacer posible no sólo la unidad, sino la defensa de los verdaderos intereses y vocación que en el ánimo precisamente especial de los asturianos está de la defensa de su lengua, de su cultura, de sus artes, de su tradición y de su historia. Y es hoy, cuando abandonada en estos momentos por parte --y todo hay que decirlo-- de quien pudieron haber puesto alguna cota a este desmadre que se ha ocasionado, cuando creo que era necesario el mayor consenso y, por qué no decirlo, la unanimidad, como aquí hemos visto, para que Asturias recobre ese pulso político para que pueda ejercerlo con dignidad y para que Asturias se una también al desarrollo como derecho que le enmarca el propio Estatuto y la Constitución al igual que las demás regiones españolas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García Fernández.


El señor GARCIA FERNANDEZ: Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento a los componentes de la Junta General del Principado, encabezada por su Presidente y Secretario Primero, excelentísimos señores don Eugenio Carvajal y don Avelino Pérez que nos honran en esta larga jornada con su presencia. (Aplausos.) En cuanto a la intervención del acto que nos ocupa quiero simplemente reiterar lo expuesto en anteriores ocasiones. Vamos a apoyar los acuerdos que la Junta General del Principado de Asturias adoptó por amplia mayoría en lo que se refiere a la reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 del Estatuto de Autonomía para Asturias. Asimismo, rechazamos todas las enmiendas presentadas, al igual que lo hicieron en su momento en la Junta General del Principado, haciendo nuestras, señor Presidente, las palabras pronunciadas en el Congreso de los Diputados por el Diputado señor Martínez Noval: Seguir el camino institucional recorrido por el Principado de Asturias desde 1979, cuando el Consejo Regional primero y los municipios asturianos después tomaron la iniciativa de comenzar el proceso de constitución de Asturias como Comunidad Autónoma conforme a las previsiones del artículo 143.2 de la Constitución española.
Quisieramos, señor Presidente, al hilo de lo que se ha dicho en esta tribuna, decir que si aquí todos nos conocemos qué no pasará en Asturias.
No quiero hacer más comentarios.
Quisiéramos que comprendieran los enmendantes el

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importante avance que supone esta reforma para que entendiéndolo así unieran su voto afirmativo al nuestro. Hacemos esta petición, que la agradecemos de antemano porque ya nos han manifestado su voto favorable, a todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Fernández.
Vamos a someter a votación las enmiendas y el texto del dictamen en el momento en el que estemos en condiciones de hacerlo.
Sometemos a votación las enmiendas números 1 a 23 de los Senadores Vilallonga y Cuevas Gonzáles, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondientes a su voto particular número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, tres; en contra, 202; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y preámbulo según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 201; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. (Fuertes aplausos.) Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.


Eran las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos.

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