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DS. Senado, Pleno, núm. 73, de 05/04/1995
 


Año 1995 V Legislatura Núm. 73

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995

ORDEN DEL DIA: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (antes Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 66, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 621/000066.) (Número de expediente C. D. 121/000073.) --De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio (antes Proposición de ley Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 21, de fecha 27 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 624/000008.) (Número de expediente C. D.
122/000041.) --De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 67, de fecha 31 de marzo de 1995).
(Número de expediente S. 621/000067.) (Número de expediente C. D.
121/000071.) --De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 69, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 621/000069.) (Número de expediente C. D. 121/000042.)

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--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 70, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 621/000070.) (Número de expediente C. D. 121/000081.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3754)

De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (antes Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado). (Página 3754)

El señor Moreno Franco, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Alonso Colacios consume un turno a favor. No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores García Carnero, por el Grupo Popular, y Alonso Colacios, por el Grupo Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Martínez Sevilla da por defendidas las enmiendas números 9 a 18, del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar da por defendidas las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Codina i Castillo defiende las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor García Carnero defiende las enmiendas números 19 a 21, del Grupo Popular, así como la propuesta de volver al Título del Proyecto de ley según el texto aprobado en el Congreso de los Diputados. Los señores Alonso Colacios y Gallego Cuesta consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Acebes Paniagua, por el Grupo Popular, y Gallego Cuesta, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 217 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 9 y 12 a 18, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 129 en contra y 90 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 99 votos a favor, 122 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 6, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 220 votos a favor y 4 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 7, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 114 votos a favor, 108 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 19 a 21, del Grupo Popular, por 91 votos a favor, 128 en contra y 5 abstenciones.


Los señores Alonso Colacios, Acebes Paniagua y Bayona Aznar deliberan sobre el alcance de la enmienda del Grupo Popular relativa al Título del Proyecto de ley.


Se aprueba la enmienda del Grupo Popular consistente en volver al Título del Proyecto de ley tal como fue aprobado por el Congreso de los Diputados por 197 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional relativa al artículo 2.4, párrafo segundo, suscrito por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el texto del proyecto, con las modificaciones introducidas, por 224 votos a favor de los 224 emitidos.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica

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la apología de los delitos de genocidio (antes Proposición de ley Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio). (Página 3766)

El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor López Henares, quien así lo hace a continuación.


Se abre debate de totalidad.


No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Vallvé i Navarro, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, defiende las enmiendas números 1 y 2, originariamente presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Arévalo Santiago consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Fernández Aguilar, por el Grupo Popular; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Cierra el debate el señor Arévalo Santiago.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 99 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 211 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el texto del proyecto, según el texto del dictamen, por 222 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


El señor Palacio García solicita que conste en acta que el voto negativo que figura en el resultado de la votación del texto del proyecto debatido con anterioridad ha sido fruto de un error.


De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley Reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. (Página 3773)

El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Comienza el debate del articulado.


La señora Boneta Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 8 a 12. El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Barbuzano González defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Coalición Canaria. El señor González Pons defiende las enmiendas números 13 a 15, del Grupo Popular. El señor Garrido Avila consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, quien retira en este acto las enmiendas de su Grupo números 4 y 5; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; González Pons, por el Grupo Popular, y Garrido Avila, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


La señora Boneta Piedra retira en este momento la enmienda número 12, del Grupo Mixto.


Se rechazan las enmiendas números 8 a 11, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 210 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 9 votos a favor, 210 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Coalición Canaria, por 9 votos a favor, 210 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional, sustentada en la número 15, del Grupo Popular, y firmada por todos los Grupos Parlamentarios, relativa al artículo 7, apartado 4, por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente propone a la Cámara algunas variaciones de tipo semántico respecto de las disposiciones, que son aceptadas tras las intervenciones de los señores Bayona Aznar y Barbuzano González.


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Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas, por 221 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


El señor Barreiro Gil hace constar que el sentido de su voto ha sido fruto de un error.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Página 3784)

El señor Codina i Castillo, Vicepresidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


La señora Boneta Piedra, del Grupo Mixto, explica la propuesta de veto presentada por ella misma y el señor Petrizán Iriarte, al mismo tiempo que comunica su retirada. Los señores Cercós Pérez, Pérez García y Alvarez Gutiérrez deliberan sobre las manifestaciones de la señora Boneta y la retirada del veto. El señor Cercós Pérez consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Boneta Piedra, por el Grupo Mixto, así como los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alvarez Rodríguez, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Barbuzano González da por defendidas las enmiendas números 72, 73 y 76 a 85, retirando las números 74 y 75, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Caballero Lasquibar defiende las enmiendas números 37 a 39, 42 a 49, 52 a 58, 60, 62, 64 y 66 a 71, retirando las números 40, 41, 50, 51, 59, 61, 63 y 65, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Codina i Castillo defiende las enmiendas números 135 a 142, 144 a 152, 154 a 159 y 162 a 164, retirando la número 161, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Alvarez Rodríguez defiende las enmiendas números 86 a 88, 94, 96, 99 a 104, 106 a 113, 122 y 125 a 132, retirando las números 89 a 91, 93, 98, 117, 133 y 134, del Grupo Popular.
Los señores Pérez García, Cercós Pérez y Aguilá i Barril consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quien en este acto retira la enmienda de su Grupo número 42; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alvarez Rodríguez, por el Grupo Popular, y Pérez García, por el Grupo Socialista. El señor Cercós Pérez hace constar algunas correcciones en el texto del proyecto.
El señor Acebes Paniagua interviene a propósito de estas correcciones.


Se aplaza la votación de este proyecto de ley.


De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. (Página 3804)

El señor García Correa, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Martínez Sevilla defiende el veto presentado por el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Pizarro Medina consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Sanz Blanco, por el Grupo Popular, y Pizarro Medina, por el Grupo Socialista. El señor Sanz Blanco interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza el veto presentado por el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 2 votos a favor, 207 en contra y 2 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 1 a 11, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Sanz Blanco defiende las enmiendas números 12 y 14 a 34, del Grupo Popular. El señor Pizarro Medina consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Sanz Blanco, por el Grupo Popular, y Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista. El señor Martínez Sevilla vuelve a intervenir por alusiones.
Los señores Sanz Blanco y Aleu i Jornet intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 1 voto a favor, 120 en contra y 84 abstenciones.


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Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 3 votos a favor, 198 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 5, 9, 10 y 11, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 83 votos a favor y 122 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 28, 29 y 31, del Grupo Popular, por 83 votos a favor y 122 en contra.


Se aprueban las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27, del Grupo Popular, por 204 votos a favor y 1 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 33 y 34, del Grupo Popular, por 82 votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.


Se aprueba una enmienda transaccional suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, relativa al artículo 2, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el proyecto de ley, con las modificaciones introducidas, por 204 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Página 3825)

Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo de Coalición Canaria, por 3 votos a favor, 118 en contra y 84 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 77 y 81, del Grupo de Coalición Canaria, por 83 votos a favor, 118 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 72, 76, 78, 79, 80 y 82 a 85, del Grupo de Coalición Canaria, por 4 votos a favor, 195 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67 y 68, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 88 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 20 votos a favor, 110 en contra y 34 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 37, 38, 39, 43 a 49, 54, 58, 60, 66, 69 y 70, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 195 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 135, 147, 150, 152, 158, 159 y 164, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 96 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 146, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 119 votos a favor, 83 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 136 a 141, 142, 144, 145, 151, 154, 155, 157, 162 y 163, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 185 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 86, 87, 88, 94, 96, 99 a 104, 106 a 113, 122 y 125 a 132, del Grupo Popular, por 86 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 197 del Grupo Socialista, por 198 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 113, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 197, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por 121 votos a favor, 83 en contra y 1 abstención.


Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 197.4, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 199.4, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


El señor Cercós Pérez realiza una aclaración en cuanto a las correcciones al texto del proyecto presentadas con anterioridad. El señor Presidente deduce de ella el acuerdo de la Cámara al respecto.


Se aprueba el Proyecto de ley, excepto la Disposición Final Primera, con las modificaciones introducidas, por 121 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la Disposición Final Primera por 105 votos a favor, 98 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se suspende la sesión a las ventiuna horas y cincuenta minutos.


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Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de pasar al cuarto punto del orden del día, comunico a la Cámara que ayer, en la Junta de Portavoces, se comunicó a los señores portavoces que la Mesa de la Cámara tenía previsto aplicar, en el Pleno de esta semana, lo establecido en el artículo 23.2 del Reglamento en relación con las reiteradas inasistencias a los trabajos de la Cámara del Senador Elkoro Unamuno.
La votación prevista para esta mañana, en la que, a propuesta de la Presidencia de la Cámara, se iba a solicitar la prolongación de las sanciones acordadas en su momento, quedará pospuesta hasta mañana, a esta misma hora, en razón de que la Mesa, con posterioridad a la Junta de Portavoces, acordó proponer dicha votación para el jueves, en la remota previsión de que, dentro del plazo que, al respecto, la Mesa comunicó al Senador Elkoro Unamuno, éste pudiera haber hecho uso del derecho de alegaciones y haber enviado las suyas por correo, de tal manera que, para ampliar el plazo y dar la máxima garantía al señor Senador, hemos acordado posponer la votación para la prolongación en el tiempo de la sanción, en su momento acordada, hasta mañana a la misma hora en la que estaba prevista para hoy. Es decir, que mañana, a las diez, la Cámara votará la propuesta del Presidente respecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 23.2 del Reglamento al Senador Elkoro Unamuno por injustificada inasistencia a los trabajos y actividades del Senado.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACION Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. (S.
621/000066) (C. D. 121/000073.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate previsto en el punto cuarto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el proyecto de Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Como saben sus señorías, este proyecto se llamaba anteriormente de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que se publicó con fecha 31 de marzo en los boletines correspondientes.
El Senador Moreno Franco, como Presidente de la Comisión, tiene la palabra.


El señor MORENO FRANCO: Señor Presidente, señorías, el proyecto de ley que nos ocupa fue remitido por el Congreso de los Diputados al Senado con fecha 22 de febrero de 1995, siendo enviado por la Mesa de la Cámara, precisamente, a la Comisión de Interior y Función Pública.
Durante el plazo de enmiendas, que concluyó el 6 de marzo de 1995, fueron presentadas 28 enmiendas. La Ponencia nombrada por la Comisión e integrada por los Senadores Alonso Colacios, Ardaiz Egüés, Gallego Cuesta, García Carnero y Ruiz Medrano, elevó su informe con fecha 17 de marzo, aprobando ocho enmiendas y realizando diversas correcciones de naturaleza técnica. El dictamen fue estudiado por la Comisión en su sesión del 28 de marzo, publicándose en el Boletín de la Cámara el día 31 del mismo mes.
Durante el debate en Comisión se aprobaron dos enmiendas. Se han presentado votos particulares por los Grupos Parlamentarios Mixto, Catalán de Convergència i Unió, Popular y de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moreno.
Vamos a abrir seguidamente, según las previsiones, el debate de totalidad.
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) (El señor Alonso Colacios pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios, para turno a favor.


El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de iniciar este turno a favor de la Ley de Incompatibilidades, este Senador, como compañero y amigo, desea una rápida recuperación, para que pronto esté con nosotros, de Pedro Ardaiz, portavoz socialista en la Comisión de Interior y Función Pública, que fue ponente en esta Ley de Incompatibilidades, que no puede estar hoy en este debate plenario a pesar de que hubiera sido su deseo, como ponente en esta Ley, estar esta mañana aquí con nosotros.
Señor Presidente, señorías, el proyecto de Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado supone una reforma, corrigiéndose lo que en su tiempo supuso una legislación novedosa y positiva sobre incompatibilidades, y me estoy refiriendo a la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 9/1991, que a finales del siglo XX, a juicio de este Grupo, son insuficientes. Esta Ley de Incompatibilidades supone, por consiguiente, un paso más y no una rectificación a un fracaso al primer intento serio de regular la transparencia en la vida pública española que supuso la citada Ley 25/1983, de 26 de diciembre.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está a favor de este proyecto de Ley de Incompatibilidades porque su

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objetivo es establecer un régimen de incompatibilidades que garantice mejor la imparcialidad e independencia del alto cargo en el ejercicio de sus funciones, así como su absoluta dedicación a la misma.
Respecto al contenido concreto de la Ley de Incompatibilidades, y en lo que se refiere al objeto y aplicación de la misma, en su artículo 1 se recurre a criterios objetivos, que no existían antes, para la definición del alto cargo, técnica diferente, como decía, a anteriores normativas que regulaban estos preceptos. Básica y sustancialmente el proyecto recoge como principio general el concepto de incompatibilidad absoluta con cualquier actividad pública o privada, retribuida o no, posibilitando el ejercicio de determinadas actividades, lógicamente exceptuadas por no afectar a la dedicación absoluta del alto cargo o a su independencia.
Asimismo, en su artículo 2, principios generales, apartado 2, que hemos modificado en el Senado en trámites anteriores del debate, se dice textualmente: «Los titulares de altos cargos no podrán tener, por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público, autonómico o local.» Pero además, señorías, en el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un puesto de los comprendidos en el artículo 1 de esta Ley poseyera una participación superior al diez por ciento, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su nombramiento, y si la participación en dichas empresas se adquiriera por sucesión hereditaria durante el ejercicio de su cargo, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de tres meses desde su adquisición.
Asimismo, esta Ley recoge y constituye dos registros. Uno de ellos es el registro de actividades, en el que los altos cargos efectuarán declaraciones de las actividades que desempeñen así como de aquellas que vayan a desempeñar con posterioridad a su cese. En el otro registro de los dos que contempla, el de bienes y derechos patrimoniales, los altos cargos públicos tendrán que declarar los bienes y derechos patrimoniales que posean, valores y activos financieros negociables, etcétera. Ello facilitará, lógicamente, la transparencia de los altos cargos públicos y su control en el ejercicio de sus funciones. Como también recoge la Ley, estos registros serán gestionados por la Inspección General de Servicios de la Administración Pública y podrán acceder a los mismos las Cortes Generales, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, o el Defensor del Pueblo.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley establece un completo régimen sancionador con tipificación de infracciones y sanciones, cuya dureza pretende cumplimentar el objetivo de esta Ley, que es, como decía al principio de mi intervención en este turno a favor, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad de los altos cargos en el desempeño de sus funciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alonso Colacios.
De la primera petición que he formulado deduzco que no habrá turno en contra, de manera que a continuación abrimos el turno de portavoces, comenzando por el Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) Renuncia el Senador Barbuzano. Muchas gracias. ¿Por el Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.) Tampoco va a hacer uso de la palabra. ¿Algún Grupo desea utilizar este turno? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador García Carnero.


El Senador GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Poder Legislativo, elegido directamente por los ciudadanos, tiene la obligación de elaborar y trasladar al cuerpo legal aquellas normas que mejor regulen la armónica convivencia de los ciudadanos, o de modificar aquellas que la realidad social así le demande. De manera que la primera actuación que debe plantearse el legislador es reflexionar sobre la necesidad de la Ley. No nos parece necesario abundar demasiado sobre las razones que hacen precisa esta Ley, porque son tantos, tan graves y tan conocidos los bochornosos escándalos protagonizados por altos cargos nombrados por el Gobierno socialista que han utilizado su condición para el propio provecho, que resulta innecesaria esta primera reflexión. Deberíamos, por tanto, preguntarnos qué es lo que ha fallado, por qué se han producido tan repudiables comportamientos. ¿Es que no existen normas que regulen, tipifiquen y sancionen estas conductas, o tal vez se debe exclusivamente a la carencia de principios éticos de quienes así se han comportado? Me permitirán sus señorías que exponga, con profundo respeto hacia las personas, pero con toda contundencia y rotundidad, nuestra valoración a estas interrogantes. La primera exigencia que debe hacerse de una ley es que ésta se cumpla, porque elaborar un texto legal riguroso y correcto no implica necesariamente que se cumpla. Y en honor a la verdad, el actual marco normativo en esta materia no se ha cumplido. No lo han cumplido, evidentemente, quienes han utilizado sus cargos para mejorar --y de qué manera-- su situación; pero también es cierto que el primer incumplidor ha sido el propio Gobierno, ignorando y consintiendo estas situaciones, negándolas incluso cuando se denunciaban y sin asumir nunca responsabilidades por ello.
Lo cierto, señorías, es que estas situaciones evidencian el estrepitoso fracaso del Gobierno socialista, que es el responsable, por acción o por omisión, del bochorno que hoy vivimos; un Gobierno que ha negado reiterativamente estas situaciones y que cuando las evidencias eran públicas ha preferido ignorarlas, mirando hacia otro lado; un Gobierno, señorías, que instalado en la prepotencia desatendió las enmiendas parciales y a la totalidad que nuestro Grupo planteó a la vigente normativa en esta materia, la Ley 25/1983, y a la que modificó la misma el 22 de diciembre de 1991, o las enmiendas que, año tras año, nuestro Grupo ha pretendido incluir en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, si se hubiesen escuchado nuestras propuestas, este debate sería innecesario y, muy probablemente, habríamos

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evitado el sonrojo que nos invade. Pero eran otros tiempos; era época de rodillo, de mayoría absoluta mal interpretada, de desprecio permanente a las minorías, y muchos entendieron que ello les otorgaba impunidad.
La cuestión es que, como consecuencia de todas estas circunstancias, el Congreso de los Diputados, a través de una resolución acordada en el debate sobre el estado de la Nación del año 1994, mandató al Gobierno para que elaborase y remitiese a las Cámaras una ley --que hoy, con bastante retraso, por cierto, estamos debatiendo--, una ley de la que muy bien podría decirse en su preámbulo que su objetivo es --y cito textualmente--: servir de ejemplo para los ciudadanos y aportar un importante paso hacia la solidaridad y la moralidad pública, especialmente importante en la situación de crisis económica. Este podría ser el preámbulo de la Ley, si no fuera porque estas palabras, textualmente citadas, son el encabezamiento de la vigente normativa elaborada por ustedes en 1983 y que ya ven a dónde nos ha conducido.
No sabemos ciertamente, señorías, si este proyecto de ley es realmente un propósito de enmienda; pero si verdaderamente es así, debería existir un previo dolor de contrición, que no hemos visto por parte alguna. Porque, señorías, no me dirán ustedes que hay arrepentimiento en las palabras de su portavoz en el Congreso de los Diputados, señor Cuesta, que nos dice, con la situación que estamos viviendo, que las disposiciones actuales han cumplido un papel importante, o que el actual marco normativo merece a los socialistas una valoración positiva, o que hoy en España la moralidad de los cargos públicos es muy superior a la que existía en 1982 y que es perfectamente homologable con el más riguroso país de los de nuestro contexto. Ciertamente no se entiende, salvo que se esté refiriendo a Italia, Venezuela o algún otro país.
En cualquier caso, nuestro Grupo, señorías, desea dejar meridianamente claro su deseo, su voluntad, de que se aplique un sistema de incompatibilidades para los altos cargos y para los miembros del Gobierno de la Nación. Un sistema que elimine cualquier privilegio, que sancione adecuadamente las impurezas, si se detectan, que muestre con transparencia la situación patrimonial antes, durante y después de haber ostentado el cargo, que establezca la absoluta dedicación al servicio público y que evite cualquier colisión entre los intereses privados --muy legítimos-- y los públicos, que deben ser sagrados.
Y así, señorías, hemos recibido del Congreso de los Diputados un texto que podía ser aceptado y que, incluso, mejorándolo con nuestras tres enmiendas presentadas al efecto, votaríamos favorablemente. Pero, señorías, durante su tramitación en Ponencia y con posterioridad en Comisión, se produjo una alteración grave, muy grave, que sobrepasa --como veremos-- el objeto estricto de este proyecto de ley, planteándose una situación innecesaria, de consecuencias, quizá, inimaginables, y que nuestro Grupo no puede aceptar; es más, señorías, desea fervientemente hacer una llamada a su sensata reflexión, a fin de evitar tan enorme despropósito.
Como sus señorías podrán comprobar, el texto que nos fue remitido por las Cámaras llevaba el siguiente título: proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Sin embargo, en el texto que hoy se somete a nuestra consideración han desaparecido las siguientes palabras: de la Nación. No, señorías, no se trata de una errata, ni han sido, desde luego, los duendes de la imprenta los causantes de esta desaparición; han sido los ponentes socialistas aceptando una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió --precisamente la señalada con el número 8--, los que, con esa actitud, han suprimido las palabras que, como sus señorías podrán comprobar, ya no aparecen ni en la exposición de motivos ni en el articulado de la ley.
Esta decisión de suprimir las palabras «de la Nación» resulta absolutamente inadmisible para nosotros, porque se introduce un peligroso instrumento de discusión que nada tiene que ver con el contenido de la Ley y que nos ha obligado a presentar un voto particular a fin de que se vuelvan a incluir estas palabras en el texto y en el título de la Ley y que quede, por tanto, sin efecto la citada enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tan desafortunadamente aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En conclusión, señor Presidente, señorías, la valoración global que nuestro Grupo hace de este proyecto de ley puede concretarse en los siguientes extremos: Primero, la grave situación creada por los numerosos y alarmantes casos de todos conocidos exige, a nuestro juicio, una normativa clara, rigurosa, transparente y exigente en esta materia.
Segundo, la actual normativa se ha mostrado claramente insuficiente para regularizar estos casos. Tercero, el Gobierno de la Nación es responsable directo de la situación creada y del incumplimiento que de la Ley se ha producido. Cuarto, el Grupo Parlamentario Popular se muestra de manera inequívoca, clara y rotunda, partidario de una ley de incompatibilidades.
Quinto, el texto, tal y como fue remitido a esta Cámara por el Congreso de los Diputados y mejorándolo, si es posible, con las tres enmiendas presentadas por nosotros al efecto, merecería nuestra valoración positiva. Sexto, la supresión de las palabras «de la Nación» en el título y en el texto de la Ley en modo alguno van a ser aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Y finalmente, señorías, nuestro Grupo confía aún en que la seria reflexión de sus señorías, y de modo especial la de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista aceptando éste nuestro voto particular, devuelva a la normalidad un tema que nunca debió ser planteado.
En esa confianza, señor Presidente, señorías, nos amparamos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: El Senador Alonso Colacios tiene la palabra en turno de portavoces.


El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, y antes de definir concretamente las

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razones que nos llevan a apoyar este proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, quiero decir previamente, ante los términos de la última parte de la intervención del Grupo Parlamentario Popular, para aclaración e ilustración de la Cámara, sobre todo respecto al deseo que tiene el Grupo Parlamentario Popular de mantener el voto particular contra la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que el Grupo Parlamentario Socialista, como ya hemos adelantado, está dispuesto, incluso, a incorporar la palabra «nación» en el título del proyecto de ley de incompatibilidades que debatimos.
Señorías, señor Presidente, a mi juicio, el Grupo Parlamentario Popular busca con esta posición, que ellos argumentan que es de matiz ideológico, busca con esta polémica, repito, alentada fundamentalmente por un medio de comunicación de prensa, rechazar --y digo bien-- la ley de incompatibilidades, o bien exacerbar las relaciones entre los españoles.
Señor Presidente, señorías, en una ley de Cortes Generales, y cuando se habla del Gobierno, nadie duda, si no es con mala fe, de que hablamos del Gobierno de España. Señorías, en la Constitución española ni una sola vez de las que mencionan al Gobierno, ni una sola vez, repito, y son varias, dice el Gobierno de la Nación y, obviamente, nuestra Constitución democrática habla del Gobierno de España.
En el artículo 2 de la Constitución democrática de España --leo textualmente-- se afirma lo siguiente: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» Por consiguiente, el Partido Popular ha suscitado esta polémica, repito, como una cortina de humo, porque quiere votar en contra, ya lo hizo en el trámite de Comisión, de la Ley de Incompatibilidades y presenta como excusa esta modificación de cariz técnico, como se argumentó en el debate de la Ponencia, del título de la ley, que es a lo que se refiere la enmienda número 8 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿O es que, señorías, con esta modificación del título de la Ley, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha buscado este fin de semana exacerbar las relaciones entre los españoles, siendo éste un ejemplo más de ello? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por este motivo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista desea que el Pleno debata el contenido del proyecto de ley de incompatibilidades y no el título. También desea conocer cuál es la postura del Partido Popular, sin que oculte su voto, como digo, con el pretexto de que no le gusta el título del proyecto.
Como el Grupo enmendante, Convergència i Unió, ha dicho que no tiene importancia --nosotros también lo pensamos y de los dos portavoces del Partido Popular, lo conoce el que asistió a la reunión de Ponencia--, estamos dispuestos a modificar el título en este Pleno, porque, en definitiva, señorías, Gobierno de la Nación, Gobierno del Estado es lo que la Constitución llama el Gobierno. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Cuando el Partido Popular votó en contra en Comisión, demostró no estar de acuerdo con esta ley, con su contenido y, creo entender, en coherencia con la normativa de incompatibilidades, menos rigurosa que ésta, que tiene legislado el Partido Popular en las Comunidades donde son Gobierno. Lo iremos aclarando a lo largo del debate del contenido de la Ley de Incompatibilidades. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto, con esta polémica el Partido Popular, insisto, busca rechazar la Ley de Incompatibilidades o exacerbar las relaciones entre los españoles, porque sólo la mala fe (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) o la voluntad de enfrentar a los españoles entre sí puede llevar a hacer falsas polémicas sobre cuestiones formales.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Cuáles son las razones para votar a favor en este turno de portavoces del texto de la Ley de Incompatibilidades? En primer lugar, señorías, los socialistas creemos que es una herramienta jurídica importante de impulso democrático de lucha contra la corrupción (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.); refuerza los mecanismos preventivos y de control en la gestión política; intensifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos públicos al contemplar la incompatibilidad absoluta; establece más controles y obligaciones para analizar la evolución de la renta y el patrimonio de los altos cargos, dotando de contenido al régimen sancionador en caso de incumplimiento.
En segundo lugar, como ya se ha adelantado también desde esta tribuna, con este proyecto de ley que data del 31 de octubre de 1994 se da cumplimiento al mandato correspondiente del debate sobre el estado de la Nación del año 1994, concretamente, a la resolución número 92. Pero supone, además, como dije en mi intervención y en mi turno a favor de la ley, una importante reforma que corrige lo que en su tiempo supuso una legislación positiva y novedosa sobre incompatibilidad en España, que fue la Ley 25/1983 que antes apuntaba, modificada por ley 9/1991. Este proyecto de ley, señoría, es un paso más en el primer intento serio de regular la transparencia en la vida pública española que supuso la Ley 25/1983, de 26 de diciembre.
En cuarto y último lugar, señoría, el Grupo Parlamentario Socialista cumple así nuestro compromiso de impulso democrático y lucha contra la corrupción recogido en nuestro programa electoral en las elecciones generales del año 1993. (Rumores.) Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Alonso.
Terminado el debate de totalidad, pasamos a debatir el articulado.


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Hay un voto particular del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Simplemente intervengo, señor Presidente, para dar por defendido el voto particular.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez Sevilla.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene otro voto particular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo doy por defendido en sus propios términos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nos quedan vivas en el trámite que nos ocupa actualmente dos enmiendas que no son de fondo, pero que hemos mantenido porque creemos que mejoran el dictamen, aunque en realidad no van a suponer que variemos nuestra posición sobre el conjunto de la Ley. No hemos querido utilizar el turno de portavoces sobre esta Ley porque nuestra intervención hubiera sido muy coincidente con la del Grupo Parlamentario Socialista, ya que vamos a dar nuestro voto favorable, y cuando se debata el voto particular del Grupo Parlamentario Popular intervendremos para explicar las razones por las que nos puede sorprender lo que está ocurriendo en estos momentos.
En cualquier caso, como les he dicho, vamos a votar favorablemente el conjunto de la Ley.
Por lo que hace referencia a las enmiendas números 6 y 7, lo que en realidad plantea el texto es la ocultación de los datos y documentos a los que hace referencia el punto 2 del artículo 11, sobre infracciones.
Desde nuestro punto de vista, sería mejor la expresión «la falsedad u omisión de los datos y documentos».
Por lo que hace referencia a la enmienda número 7 al artículo 16 del título V, órganos competentes de procedimiento sancionador, hay una diferencia en la propuesta sobre quién debe aplicar la sanción. Por un lado, se dice en el primer apartado que debe ser el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, y desde nuestro punto de vista sería mejor que fuera directamente el Consejo de Ministros. También hace referencia al segundo nivel, y en este caso sí consideramos que debería ser el Ministro para las Administraciones Públicas quien lo propusiera y el Gobierno el que lo aceptara.
Señor Presidente, he dicho al principio que estas dos enmiendas no eran de fondo, pero, puesto que pensamos que nuestras matizaciones son mejores, las mantenemos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Codina.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo mantiene tres enmiendas, las números 19, 20 y 21, y el voto particular al que antes nos hemos referido. Y todas ellas, desde luego, con el objeto único de mejorar el texto cuestión de debate.
Con la enmienda número 19, que pretende modificar el artículo 2.2, pretendemos que se determine para los altos cargos públicos el mismo régimen, por lo que se refiere a la pertenencia a sociedades, que se establece para Diputados y Senadores. Y nuestra fundamentación, señorías, es el principio de que el cargo público no debe servir, como ha ocurrido en muchos casos, para enriquecimientos personales. Lo importante es la evolución patrimonial del cargo público una vez que llega a él; pero su situación patrimonial tampoco debe ser una limitación para acceder a cualquier cargo público. Ese es el objetivo: que los cargos públicos no sirvan de enriquecimiento a quienes los ocupan, no su situación patrimonial.
Con la enmienda número 20, al apartado 3.1.d), pretendemos que los altos cargos públicos no ocupen lugar en las mesas de los consejos de administración. Ya lo expusimos en la Comisión, y sintéticamente le diré, señoría, las dos razones que nos llevan a ello. En primer lugar, por una verdadera razón de ineficacia, de no relación de profesionalidad; por ejemplo, ver cómo altos cargos de la Función Pública ocupan asiento en consejos de administración de empresas del sector de la energía, que no tiene nada que ver; o cómo altos cargos de Educación ocupan asiento en consejos de administración de empresas de transportes, que tampoco tienen ninguna relación y se supone, por lo tanto, que no hay un efecto de profesionalidad.
La segunda cuestión, señorías, es que la práctica, la realidad, el análisis de las situaciones que se han producido, demuestran claramente que la utilización de los consejos de administración ha sido para muchísimos altos cargos públicos un elemento de sobresueldos; ha sido, exclusivamente, una forma de cobrar más dinero, no de aportar algo. No me gustaría hacer abundancia sobre este tema, pero sí decirle, señoría, que en algunas empresas las dietas por asistencia a cada sesión superan ampliamente las 100.000 pesetas. Esta ley pretende reducir la asistencia a sólo dos consejos de administración, lo cual, evidentemente, es un paso favorable con la situación actual, pero nosotros creemos que debería agotarse de una vez la situación y que no existiesen altos cargos públicos en las empresas.
Finalmente, la enmienda número 21, al artículo 8, pretende sustituir el término Cortes Generales por el de Congreso de los Diputados y Senado. A nosotros nos parece que esta expresión es mucho más correcta, se ajusta mucho más y determina exactamente todo lo referido a la posibilidad de acceso al registro de bienes de altos cargos públicos, porque, señalando claramente Congreso de los Diputados

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y Senado se deja totalmente despejada la posibilidad de que la utilización de ese derecho por una de las dos Cámaras pueda considerar que ya está el trámite cumplido. A nosotros nos parece que no entorpece en absoluto, que precisa mucho más, que clarifica mucho más, y que esta enmienda, planteada desde el Senado, tiene incluso un valor añadido al plantear una más amplia y rotunda soberanía para esta Cámara.
Respecto al tema del voto particular, y con el ánimo claro de no entablar polémicas inútiles y, desde luego, estériles, le diré que el anuncio por parte del Grupo Parlamentario Socialista de que van a votar favorablemente y aceptar de nuevo su incorporación al texto nos satisface plenamente, felicitándoles por ello.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor García Carnero.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alonso.


El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente subo a la tribuna para defender nuestra posición no favorable a algunas de las enmiendas. Vamos a hacer dos intervenciones, por una parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que les está hablando va a referirse a las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 y 20. Al resto se referirá el compañero y Senador del Grupo Parlamentario Socialista, señor Gallego.
Este Senador se opone a todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario Mixto ha dado por defendidas, las números 9, 10, 11 y 12, que fueron defendidas también, lo digo para que la Cámara esté informada, en los mismos términos.
Respecto de la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Popular, que hace referencia a la participación de los altos cargos en las empresas que contraten con el Estado, con las Administraciones públicas, y que dio lugar, como sabe el ponente del Grupo Parlamentario Popular, a un animado, documentado y argumentado debate en el trámite de Comisión, quiero decirles que en todo el trámite del Congreso de los Diputados y del Senado ha habido bastantes aproximaciones y mejoras, orientadas, sobre todo, al endurecimiento del control de la normativa vigente en varios aspectos.
En primer lugar, como anuncié en mi turno a favor de este proyecto de ley, añadimos en el artículo 2.4 el término «de cualquier naturaleza» para referirnos a las empresas que contraten o que tengan conciertos, ampliando así, lógicamente, el ámbito de la empresa a controlar.
En segundo lugar, la actual normativa no distinguía si la participación en las empresas era adquirida antes o después del nombramiento como alto cargo. Nosotros aquí, en una enmienda introducida por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite de Ponencia, añadimos, para establecer mayores garantías, que la participación en la o en las empresas adquiridas antes de ser nombrado alto cargo han de desprenderse en el plazo de un mes, si esa participación es de más del 10 por ciento.
Asimismo, si esa adquisición ha sido por vía hereditaria tendría que desprenderse de la misma en un plazo de tres meses. Este es un aspecto novedoso que se ha introducido en el trámite del Senado.
Por consiguiente, consideramos que la enmienda número 19 del Grupo Popular es menos dura, menos rigurosa que la enmienda ya presentada y que ha completado el apartado 2 de este artículo 2. Creemos que esta enmienda no es lo suficientemente adecuada y correcta para el objetivo que pretende esta Ley.
Respecto de la enmienda número 20, también del Grupo Parlamentario Popular, que de alguna forma hace referencia a las enmiendas números 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, hace referencia a la pertenencia de los altos cargos públicos a los consejos de administración.
En lo que a esa pertenencia se refiere, ya argumentamos en los trámites del Congreso y posteriormente en los de Ponencia y Comisión que, a nuestro juicio, la pertenencia de altos cargos a los consejos de administración constituye una garantía de que los intereses de la Administración se encuentran adecuadamente representados y defendidos en las entidades en que ésta participa. Por consiguiente, señorías, consideramos que es un error concebir por principio esta participación como un privilegio para los altos cargos, y es que, si se prohíbe que los altos cargos asistan a los consejos de administración, en ese caso habría que otorgar dicha representación, bien a otros funcionarios de menor rango, bien a particulares. En el caso de que esa representación la ostentaran funcionarios que ocupan posiciones menos elevadas en la Administración, al poseer éstos menor información sobre las directrices que deberían aplicarse en relación con una empresa determinada, lógicamente tendrían menor poder de decisión. Por otro lado, si se hace uso de la segunda opción, es decir, si se otorga esa representación del Estado en consejos de administración a particulares de determinadas empresas, podríamos encontrarnos con que esos particulares tuvieran intereses propios que defender, en cuyo caso podrían ser contradictorios con los intereses del sector público. Además, en este caso nos encontraríamos ciertamente con un incremento del gasto público ya que esta supuesta situación nos obligaría a utilizar un sistema de retribución con el que no estamos de acuerdo.
Por otra parte, consideramos que es un error concebir por principio como un privilegio la participación en los consejos de administración del alto cargo público porque a veces es necesario adoptar decisiones que garanticen plenamente la defensa de los intereses de la Administración española.
Pero no quisiera dar más argumentaciones respecto de la situación en que se encuentra toda la normativa de las diferentes Comunidades Autónomas en relación con la pertenencia o no de altos cargos en los consejos de administración, con objeto de seguir manteniendo un tono sosegado a estas alturas del debate.


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Por consiguiente, y ratificándome en todo lo expuesto y argumentado en el debate en Comisión, no tengo más que decir.
Felicito la posición y el tono mantenido por el representante del Grupo Parlamentario Popular en este turno en defensa de sus enmiendas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Alonso.
Siguiendo con el turno en contra, tiene la palabra el señor Gallego.


El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender brevemente los títulos IV y V y las disposiciones.
El título IV del proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado se refiere a los órganos de gestión, vigilancia y control, y enmarca los artículos 8 a 10, ambos inclusive.
No voy a reiterar lo que ya ha dicho mi compañero sobre este tema, que se concreta en la exposición de motivos, pero es claro que se constituyen dos registros: uno, el de Actividades, que tendrá carácter público, y otro el de Bienes y Derechos Patrimoniales, que tiene carácter reservado, pero en el que se tendrán que declarar los bienes y derechos patrimoniales que posean los altos cargos, los valores, activos financieros, participaciones societarias, etcétera, y al que tendrán acceso las instituciones de la manera y forma que se indica.
La enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Popular, propone la modificación del apartado a) del párrafo segundo, del número 3 del artículo 8, que hace referencia a los registros y que literalmente dice: «Pueden acceder al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos: a) Las Cortes Generales, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras.» Dicha enmienda pretende la siguiente modificación: «a) El Congreso de los Diputados y el Senado, conforme a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos.» Desde nuestro punto de vista, éste es el texto adecuado, es riguroso y preciso, y se basa en una enmienda transaccional que se aprobó en el Congreso de los Diputados.
Este aspecto lo debatí con el Senador del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, y esa enmienda transaccional y su espíritu es lo que vamos a mantener.
En cuanto a otras enmiendas presentadas al título V, que se refiere a la potestad sancionadora, en este proyecto de ley se refuerza el régimen sancionador y se consagra de manera firme la dedicación y la incompatibilidad absoluta de los altos cargos. Es un avance fundamental frente a alguna laguna o imprecisión que figuraba en la legislación anterior. Desde ese punto de vista, las enmiendas defendidas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Mixto, van a ser rechazadas por mi Grupo para no reproducir la argumentación que ya efectuamos en Comisión.
Me voy a centrar en la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 11.2 b), que afecta a las infracciones, que como muy bien saben sus señorías, se califican en: muy graves, graves y leves. Es una enmienda de modificación al artículo 11.2 b) donde se propone que el texto del informe de la Ponencia, que está redactado de la siguiente manera: «Se consideran infracciones graves: b) La ocultación de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.» Quede de la siguiente forma: «b) La falsedad u omisión de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.» Estamos evaluando en estos momentos el alcance de esta enmienda.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ya di suficientes argumentos en Comisión, y como ha dado por defendidas sus enmiendas, vamos a rechazar tanto la enmienda número 4 como la número 5.
También rechazamos las diferentes enmiendas presentadas por otros Grupos, a excepción de la enmienda número 7, defendida por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 16.1. El artículo 16, como saben sus señorías, se refiere a los órganos competentes del procedimiento sancionador, y no se acepta dicha enmienda, desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, porque entendemos que es un procedimiento más ágil atribuir al señor Ministro para las Administraciones Públicas la competencia para incoar los procedimientos cuando el infractor no tenga la condición de miembro del Gobierno de la nación o de Secretario de Estado. Esa es una argumentación sólida que espero que sea entendida y atendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El resto de las enmiendas las doy por rechazadas puesto que no han sido defendidas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Gallego.
Abrimos ahora el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para referirme, básicamente al voto número 3, del Grupo Parlamentario Popular. Voy a ser, como siempre intento hacerlo desde la tribuna, lo más sincero posible, desde la discrepancia política que pueda haber --y la hay--, pero también desde el respeto a las ideas y a los posicionamientos, concretamente en este caso, para explicar mi sorpresa y la de mi Grupo por todo el ambiente que ha generado la enmienda número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha levantado un revuelo que, desde mi punto de vista, es absolutamente innecesario.
En ningún momento, ni ahora tampoco, hemos querido politizar lo que desde el domingo pasado se ha convertido en un debate, que, como les decía, es absolutamente exagerado

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desde mi punto de vista y está fuera de lugar, y lo voy a demostrar. No hemos querido politizarlo. Quizá en otro momento se hubiera podido seguir por esta vía, pero no es la nuestra, y menos en este momento. Por lo tanto, quiero manifestar la incomprensión por nuestra parte del debate en la forma en que se ha generado.
Hemos pretendido, y lo hemos hecho hasta hoy, que la palabra «Nación» desapareciera del título de esta ley. Explicado así suena, evidentemente, a una situación o una circunstancia que no refleja cuál ha sido nuestra intención al hacer esta propuesta. Es cierto que, considerado fuera de contexto, pueda dar pie --y lo ha dado-- a que fuerzas políticas diversas tomaran un posicionamiento legítimo, pero --insisto-- sin tener en cuenta la voluntad y la interpretación por las cuales se producía esta iniciativa del Grupo Catalán. Sacándolo de contexto y expresándolo sólo en la palabra «Nación», entiendo que puede ser doloso incluso para algunos grupos políticos. Aquí viene, pues, mi reflexión y mi explicación de lo que nos ha movido a proponer esta enmienda número 8.
La Constitución española cita en sesenta y seis ocasiones al Gobierno. No los quiero cansar. Lo pueden ver ustedes, y estoy seguro de que algunos conocen mejor que yo y manejan con mayor agilidad la Constitución española. Repito que ésta habla sesenta y seis veces del Gobierno, y en ningún caso lo hace del Gobierno de la Nación, ni cuando la propia Constitución hace referencia concreta al Gobierno, ni cuando, ni cualquiera de sus capítulos, apela al Gobierno. Nunca habla del Gobierno de la Nación. No vamos a ser nosotros quienes discutamos sobre esto.
Tuvimos un ponente constitucional. Somos respetuosos como el que más con el texto constitucional. En ningún momento queremos debatir si la expresión «Nación» tiene que estar o no tiene que estar. En absoluto.
Esta no es la cuestión. Ha quedado claro.
Hace muy pocos meses, en el Congreso, tuvo lugar el debate del estado de la Nación, y por primera vez se firmaron de manera conjunta las propuestas que hacía nuestro Grupo con el Grupo Parlamentario Socialista bajo este título. Por lo tanto, no vean ningún tipo de reserva: ha sido, sencillamente, la coherencia con la propia Constitución, la cual, cuando habla exclusivamente del Gobierno y no del Gobierno de la Nación, nos motivó a mantener esta enmienda.
Curiosamente, en el debate en Ponencia de esta ley no estaba presente el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y no porque no asistiéramos aquel día, sino porque no formábamos parte de la Ponencia. Propusimos la enmienda número 8 del título, y vimos cómo el informe de la Ponencia no sólo recogía esta enmienda del Grupo Catalán, que iba dirigida al título, sino que se recogía en el conjunto del texto de la ley.
Después, en el debate en Comisión --creo que de forma coherente-- el Grupo Parlamentario Popular mantuvo sus criterios, y a la hora de votar el informe de la Ponencia se aprobó con el voto favorable de todos los grupos y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular. Este es mi recuerdo, y está el «Diario de Sesiones» para comprobarlo, pero ni quiero hacer una cuestión de esto ni me gustaría que la hicieran ustedes. Si es así, ustedes tienen razón, lo retiro, y no pasa nada. Votaron en contra, pero no es éste el asunto.
La cuestión es que, al lado de esta coherencia que ustedes han mantenido a lo largo del debate de esta ley, creo que, después de la explicación que yo les doy --no es que tengan que rectificar su voto, ni mucho menos--, al menos deberían entender más y comprender el motivo que nos ha movido a presentarla.
Al lado de esto nos hemos llevado hoy una sorpresa mayúscula al ver el cambio de posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista, en Ponencia, admite esta enmienda. En Comisión no hay ninguna variación, y, segura y comprensiblemente, por ese debate ficticio --yo creo-- que se ha querido extrapolar y agrandar, han entrado en una cierta crisis y hoy, en el debate plenario, dan marcha atrás sobre aquello que les parecía lógico --me imagino-- en su momento, y prestan su apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, cosa que es lícita, que es respetable, pero que, en nombre de mi Grupo, yo no puedo compartir en absoluto.
Dicho esto, termino, señorías. He procurado realizar mi intervención con el máximo respeto y, en las reflexiones, he tratado de estar a la altura del tono del debate. Pero lo que más nos interesa de esta intervención a los Senadores del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió es que unos y otros entiendan de verdad lo que nos movió. Si hubiéramos querido un debate político, no lo duden, habríamos podido plantearlo con razón, sin razón, con mayor éxito o con menor éxito. En esta ocasión nos ha movido la coherencia.
Señor Presidente, señorías, gracias por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle, en nombre de mi Grupo, su presencia a lo largo de todo este importante debate.
Señorías, subo a la tribuna en este último turno de portavoces, en nombre de mi Grupo Parlamentario, por no haber querido interferir --como se nos había acusado y como se traía escrito en el papel-- con anterioridad al normal desarrollo de la ley de incompatibilidades. Creo que se ha discutido con toda la profundidad que los ponentes y los portavoces han considerado oportuno. No obstante lo anterior, en este último turno ha ocurrido algo a lo que ahora se refería el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador Codina, un hecho de importancia que trasciende y que ha trascendido a la propia ley de incompatibilidades, y que es un supuesto de interés general que afecta a los principios esenciales recogidos en nuestra Constitución.
Efectivamente, como se ha reconocido, entre las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Catalán en

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el Senado de Convergència i Unió, la número 8 solicitaba suprimir el término «Nación» en el título del proyecto de ley, de modo que --como dice el «Boletín Oficial de las Cortes»-- del antes llamado proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación la expresión «de la Nación» desapareció, y se llamó sólo «del Gobierno».
La gravedad del asunto, lo que desde nuestro punto de vista resulta intolerable, Senador Codina, se encuentra, no en la palabra «Gobierno», que todos entendemos que es el Gobierno de la Nación, sino en la única justificación que se da. Usted hoy nos ha dado unas explicaciones en la tribuna, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también, pero la interpretación auténtica no la da, la que se refleja en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y que textualmente dice: Adecuar terminológicamente la ley a la realidad plurinacional del Estado. Es decir, no es porque en la Constitución --que lo podían haber dicho-- aparezca sólo el término «Gobierno», no es porque en todas las leyes posteriores --muchas de las cuales ha remitido el propio señor Ministro aquí presente-- se diga «el Gobierno de la nación», sino por otra realidad muy distinta en la que sí que plantean un debate de fondo: Gobierno de la nación o realidad plurinacional. No me lo estoy inventando, es la única justificación que aparece en el Boletín Oficial de las Cortes, la única justificación y explicación porque, como muy bien dicen, ustedes no estuvieron en la Ponencia porque no formaban parte de la misma y, por tanto, resulta mucho más incomprensible la actitud del Grupo Parlamentario Socialista de, sin ustedes defender nada más, sin dar un argumento añadido, votarlo a favor. Ustedes no estaban presentes, pero desde luego, su espíritu rondaba sobre las cabezas de los ponentes (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), y cuando hablaba sobre esto se me antojaba que, quizá, fuera la sombra de Pujol, que es muy alargada.
Pero, no, señorías, no es aceptable esta fundamentación. Se puede tratar, sobre todo, se puede pactar y negociar sobre todo, mejor dicho, sobre casi todo, pero resultan innegociables los límites que marca la Constitución española, ése es el terreno de juego en el que nos movemos y ustedes lo han rebasado. El argumento de que desaparezca el término «nación» referido al Gobierno porque nuestra realidad es plurinacional, el argumento, insisto, es contrario a la Constitución, que reconoce y protege el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y nosotros lo compartimos y lo defendemos. Otra cosa sería que España no fuera una nación, sino un conjunto plurinacional, pero para esa pretensión haría falta otra Constitución que no proclamara, como hace la vigente de 1978, que la Constitución se fundamenta en la unidad de la nación española. Nuestra Constitución, señorías, ofrece una idea de España como nación, y obvio les pareció esto al Gobierno y al Congreso de los Diputados --llamar al Gobierno: «Gobierno de la nación»--, que remitieron el texto con este título.
Pero, ¿qué ha ocurrido en esta Cámara para que ustedes hayan aceptado lo inaceptable? Se me ocurren muchos motivos, pero lo que me trae hoy aquí es tan importante, lo que realmente importa que quede claro y fuera del debate político con ustedes es tan relevante, que no voy a entrar en ellos. Pretendo que quede definitivamente cerrado que España es una nación entendida como yo la entiendo: como un conjunto de hombres y mujeres que quieren vivir juntos en un territorio común, con una historia de siglos detrás y un futuro a recorrer conjuntamente, cada uno, efectivamente, con sus peculiaridades y sus diferencias, pero unidos, de tal forma que cuando se apresa un pesquero gallego lo sintamos todos, cuando se mata a un Guardia Civil de Alava, de Valencia o de Extremadura, lo sintamos todos, o cuando hay un éxito, como los Juegos Olímpicos de Barcelona, nos alegremos todos y lo sintamos como propio, nos orgullezcamos de ello como algo que es nuestro, que es patrimonio de todos y que vamos a defender que siga siendo así; un proyecto histórico, cultural y de sentimiento común, enriquecido --claro que sí-- por aportaciones diversas y ricas de las nacionalidades y regiones que componen nuestra única nación española. Y frente a esto, señores de la mayoría, no caben concesiones, ni terminologías ni de concepto, a cambio de apoyos ni de nada.
A diferencia de lo que el Senador portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos decía, si no consiguen sacar este proyecto de ley con Convergència i Unió --ya sea por el título o por cualquier parte del articulado--, nosotros haremos todo lo posible para que salga adelante.
Nosotros no pretendíamos --no equivoque el tiro-- desvirtuar el debate sobre las incompatibilidades, nosotros no pretendíamos ni siquiera provocar un enfrentamiento entre ustedes y que se rechazase el proyecto de ley, como en algún caso han insinuado; por ello, desde aquí, y para lo que pueda pasar en la votación, les anuncio que votaremos a favor de todo el proyecto de ley después de su modificación, sean cuales sean nuestras enmiendas, sean cuales sean nuestras divergencias --que en algunos casos serán más o menos profundas--. Hoy se discutía algo más importante y después de su aceptación contarán con los votos del Grupo Parlamentario Popular tras su rectificación. ¿Por qué? Porque nos encontramos satisfechos de haber contribuido a algo verdaderamente importante. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) En estos casos --sépanlo todos los grupos-- no caben ni van a caber concesiones porque al final lo importante, lo que este portavoz que les habla quiere es que los hijos pequeños que tiene, los hijos del resto de los ciudadanos, tengan ese patrimonio propio, tengan ese legado de formar parte de una nación como la española, que cuenta con una de las riquezas históricas y culturales más importantes del mundo, conformada y formada con ingredientes tan importantes --cómo no-- como nuestra lengua, el castellano de todos, que hablan millones de personas en el mundo, pero también en el patrimonio de mis hijos estará el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano o el balear; estará el folclore de la sardana y el flamenco, estará el romano de Tarragona que tanto defiende Convergència i Unió y que entre todos vamos a conseguir que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, o las murallas de Avila, que ya lo son; ése es el patrimonio que conforma a todos y que pretendo seguir legando a mis hijos y a las futuras generaciones de españoles,

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todo ello en un territorio común y con una voluntad común en un proyecto de futuro. Esa ilusión que cada día y para siempre nos comprometemos a defender desde esta tribuna como se defienden las cosas en democracia, con la ley, en nuestro caso con la Constitución, y con la otra arma con la que contamos los que creemos en el Estado de Derecho: la palabra ante todos ustedes, ante los representantes del pueblo, ante los representantes de todos los españoles, esa ilusión común que hoy y para siempre nos comprometemos a defender --y esperamos que quede definitivamente alejado un debate como éste del debate político con el Grupo Parlamentario Socialista--, digo, esa ilusión común se llama España.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Acebes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gallego.


El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde una profunda reflexión y desde la sensatez, no desde la crispación, y no dejándome llevar por acontecimientos extraños que de ninguna manera deben incorporarse a la madurez de los que estamos en esta Cámara, en el Senado, tengo que decir que, efectivamente, estamos hablando de algo muy importante, cual es el proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Este es el verdadero debate: las circunstancias que han influido y que han llevado a que el Gobierno de la nación haya impulsado este debate y haya hecho un proyecto calificado por todos como un proyecto adecuado, como un proyecto de mejora, como un proyecto que desde la realidad anterior trata precisamente de cubrir algún vacío, alguna cuestión nueva que había surgido porque la naturaleza de las cosas es así, va cambiando y hay que actualizar la normativa.
Es evidente que este proyecto significa un paso más, un paso adelante, un paso positivo para regular la objetividad y la transparencia de los servidores públicos, de los funcionarios, de los altos cargos, en la línea sistemática de profundizar en el marco de la moralidad pública.
Precisamente, éste es uno de los temas que a todos nos une, que dio lugar a un debate importante, el del estado de la Nación, y a una resolución, la número 92, que todos compartimos.
En el proyecto se consagran la incompatibilidad absoluta con cualquier actividad pública o privada y la dedicación absoluta. Las excepciones están muy tasadas y son muy rigurosas y, desde luego, una conclusión del máximo interés es, como digo, la dedicación y la incompatibilidad absolutas.
Hay otras prohibiciones en la línea de no confundir los temas privados con los públicos, y en este punto tengo que decir que no voy a hablar en términos tan agoreros y trascendentes como los que ha utilizado mi amigo el Senador don Dionisio García Carnero, porque creo que lo que tenemos que hacer es dar soluciones y estamos en el buen camino. Este camino establece, precisamente, estas normativas y dos registros, a los que antes he aludido: el Registro de Actividades de Altos Cargos, con carácter público, y el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos, en el que las instituciones que allí se precisan podrán conocer los intereses que tienen esos altos cargos.
También se establece un completo régimen sancionador que tipifica las infracciones y sanciones con dureza, con un procedimiento ejemplarizante para que nadie confunda o pueda confundir lo privado con lo público.
Además, interviene --y esto hay que resaltarlo-- la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de manera firme y profunda, para que pueda remitir al Congreso de los Diputados información, en el período de seis meses, de las declaraciones que formulen estos altos cargos.
Después de este amplio recorrido por el texto de este proyecto de ley, y sin profundizar en los distintos temas --puesto que ya han sido debatidos--, quiero centrarme en el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene conexión con la enmienda número 8, del Grupo de Convergència i Unió. Creo que en este tema el Senador Codina ha hecho un esfuerzo --que le agradezco en nombre de mi Grupo-- para no crispar los ánimos, explicar bien esta cuestión, e incluso ha manifestado --lo que le honra-- con gran claridad que no era su voluntad, ni la de su Grupo, armar este revuelo cuando formuló esta enmienda y que éste es un tema que, tal como ha trascendido, se ha sacado de contexto.
Creo que nadie pone en tela de juicio la nación española y si se saca de contexto este tema, como ha manifestado el señor Codina, la supresión de ese término puede ser dolosa y ofensiva para los que nos consideramos españoles. Pero no es bueno sembrar dudas ni tempestades. La Constitución española menciona muchas veces --sesenta y seis, parece ser-- el término «Gobierno», y todos sabemos que nos estamos refiriendo al Gobierno de nuestra nación. Yo me considero español de los pies a la cabeza y no creo que haya ninguna duda al respecto. Por tanto, en cuanto a esta cuestión, debo decir que no se puede hacer de un parto de ratón un parto de león y a veces, por los avatares políticos, por las circunstancias coyunturales, creo que no se plantean estos temas adecuadamente.
Por eso, nuestro Grupo, ante ese despropósito, ante esa interpretación, que no creo que esté llena de maldad, sino que posiblemente ha sido incorrecta por parte del Grupo Popular, está dispuesto --y así lo ha manifestado mi compañero-- a admitir el voto número 3 y que figure «el Gobierno de la Nación» y mantener el resto del articulado, por coherencia, tal como está. Esto es, en definitiva, lo que proponía «sensu contrario» la enmienda número 8, del Grupo de Convergència i Unió, que fue admitida por nosotros, no precisamente con las justificaciones a las que ha hecho alusión mi amigo el Senador Acebes, sino con otras a las que no es el momento de aludir, puesto que creo que han quedado explicados de manera clara los principios que recoge mi Grupo y lo que piensa respecto de España, que es una nación, patria común e indivisible de todos los españoles;

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una nación que está integrada por diferentes nacionalidades. Creo que no es bueno crear ninguna sombra respecto de la españolidad y que no es más español un grupo que otro, porque todos somos españoles. Este es un proyecto común, de todos, y tenemos que sacar adelante esta situación y, evidentemente, no confundir las cosas en el ámbito al que antes me he referido.
Este no es un debate sobre la nación española, sobre España, debate que ya hemos realizado. Y a ningún grupo de los aquí presentes se le puede pedir las señas de identidad. Eso espero, eso deseo, y al menos mi Grupo manifiesta con absoluta claridad y rotundidad que no es deseable para España plantear este tema cada vez que esta cuestión salga a colación desde otro punto de vista, porque es evidente que no ha sido ése nuestro deseo. Nuestra voluntad inequívoca es que no se plantee un debate sobre España, que ya está recogido en la Constitución española. Porque, señor Acebes, no se trata de lo que usted o yo opinemos de España, sino de lo que dice la Constitución española, que está por encima de lo que usted o yo pensemos.
Por tanto, afirmando que consideramos España patria común e indivisible y un proyecto común, creo que habrán quedado aclaradas las dudas que se le han suscitado y espero que, una vez disipadas, este tema se considere como una tormenta en un vaso de agua, que las cosas vuelvan a su cauce, al debate político, y nos centremos en algo muy importante y todos estemos satisfechos, porque lo que vamos a aprobar es un proyecto de ley de gran trascendencia para la función pública. Eso es lo importante, y con eso me quedo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes.
Además de los votos particulares reservados, a la Mesa ha llegado una enmienda de modificación, suscrita por todos los señores Senadores, en relación con el artículo 2.4, párrafo segundo, que someteré a votación de la Cámara, una vez que ésta se haya pronunciado sobre los votos particulares.
Votamos, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el Senador Juan José Ortiz.


El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos la votación separada de las enmiendas números 10 y 11 en un bloque, y el resto en otro.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas 10 y 11, del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, cuatro; en contra, 217; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las restantes enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, cinco; en contra, 129; abstenciones, 90.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5 se corresponden con el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que, salvo indicación en contrario, votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 99; en contra, 122; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 220; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 114; en contra, 108; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las enmiendas números 19, 20 y 21, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 91; en contra, 128; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, consistente en mantener el título original del proyecto de ley.
A efectos de que la Mesa de la Cámara y los servicios sepan exactamente cuál es el alcance de la enmienda, leo a sus señorías el informe de la Ponencia, que dice: «Se suprimen en el título del Proyecto de Ley las palabras ``de la

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Nación'' y, por motivos de homogeneidad y de adecuación al nuevo título, se eliminan los referidos términos en los párrafos correspondientes de la Exposición de Motivos y del articulado».
Por tanto, ¿se entiende que el voto particular produce el efecto expansivo hacia el conjunto de la ley, o sólo afecta al título? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.


El señor ALONSO COLACIOS: Este Grupo Parlamentario ha entendido, como dice textualmente la enmienda presentada y como ha especificado el portavoz del Grupo Socialista, señor Gallego, que es exclusivamente al título de la ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Acebes Paniagua.


El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
El voto particular solicita volver al texto anterior. No puede ser de otra manera, puesto que no se trata de una enmienda. El título, lógicamente, es el que impregna el contenido del proyecto y es lo esencial. Pero creo que cuando en un voto particular se solicita la vuelta al texto anterior, no sólo se refiere --debe sobreentenderse-- al título, sino al resto de las modificaciones que había supuesto la enmienda. En cualquier caso, no pretendemos que esto sea objeto de conflicto.


El señor PRESIDENTE: La Mesa no tiene claro cuál es el contenido de la enmienda, por lo que al comienzo he leído el informe de la Ponencia. La Mesa va a deliberar sobre esta cuestión para ver cuál es el efecto que produciría en el texto del proyecto la aprobación de la enmienda sustentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: No quiero atenerme a interpretaciones, sino a la literalidad.
El voto particular dice exactamente: «... contra la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, incorporada en Comisión al texto de dicho proyecto de ley».
La enmienda número 8 dice literalmente: Enmienda formulada a los efectos de suprimir el texto «de la Nación» en el título del proyecto de Ley. Es el punto final de la enmienda.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver cuál es exactamente el efecto de la enmienda, por lo que se suspende la sesión durante cinco minutos.
(Pausa.) Se reanuda la sesión.
La Mesa, tras una revisión de las actas de la ponencia y con la información de los servicios de la Cámara, ha acordado por unanimidad interpretar la redacción del voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Popular, que literalmente dice: «Asimismo, desea mantener otro voto particular contra la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, incorporada en Comisión al texto de dicho proyecto de ley.» La Mesa ha considerado, por unanimidad, que el efecto de la aprobación, en su caso, de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular sería la vuelta a la definición aprobada por el Congreso, pero exclusivamente allí donde aparecía «Gobierno de la nación», puesto que en otros preceptos del mismo proyecto de ley la denominación que el Congreso remitió exclusivamente se limitaba, a tenor del artículo 67 de la Constitución, a definir «Gobierno», sin el adjetivo «de la nación».
Por tanto, éste es el sentido de la votación por acuerdo de la Mesa.
El Senador Bayona tiene la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito la palabra para anunciar el sentido de voto del Grupo Parlamentario Socialista una vez que la Mesa ha interpretado el alcance del voto particular.
Como no puede ser menos, mi Grupo acata la decisión de la Mesa, entiende que por coherencia debería decirse Gobierno o Gobierno de la nación en todas y cada una de las ocasiones. Mi Grupo entiende que el Gobierno en la Constitución es siempre el Gobierno de España, no somos nosotros quienes hemos puesto en duda esa interpretación y, en todo caso, como no quiere contribuir a este debate falso y no quiere hacer cuestión de algo que le parece ridículamente menor, mantendrá su voto a favor del voto particular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El Senador Acebes tiene la palabra.
Ruego a sus señorías que entren en la formalidad y no reabran el debate.


El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve y no he sido yo quien ha reabierto el debate.
Yo comprendo que no le haya gustado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que la Mesa dé la razón a la interpretación que daba este Grupo, pero, en lugar de calificarlo de ridículo y de falso por devolver el término «nación» al nombre del Gobierno, deberían sentirse orgullosos de la votación que van a hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Protestas en los escaños de la izquierda.--Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el voto particular que está en estos momentos en discusión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 197; en contra, 22; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a someter a votación el texto del artículo 2.4, párrafo segundo, suscrito por los grupos parlamentarios de la Cámara, cuyo tenor literal es el siguiente: «Asimismo, y con la excepción de las personas previstas en el artículo 1.2.f), aquellos que perciban retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese, no podrán intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado. Esta obligación no se extinguirá por la renuncia a la prestación económica.» ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Vamos a votar, con las modificaciones introducidas, el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 224.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por los 224 votos emitidos por la Cámara. (Aplausos.)

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Gracias.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO (ANTES PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO) (S. 624/000008) (C. D. 122/000041).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio (antes proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio).
El Senador Herrero Merediz tiene la palabra.


El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión ha designado al Senador López Henares para presentar el dictamen.


El señor PRESIDENTE: El señor López Henares tiene la palabra.


El señor LOPEZ HENARES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es para mí un gran honor presentar este dictamen de la Comisión de Justicia, habida consideración del amplio consenso en sus líneas básicas y por constituir una innovación muy importante en nuestro Código Penal que responde a una amplia corriente que existe hoy día en Europa.
Cuando en octubre de 1993 se reunieron los jefes de Estado de todos los países europeos pertenecientes al Consejo de Europa y firmaron solemnemente la famosa Declaración de la Cumbre de Viena, comenzaron por afirmar que esta Europa, portadora de una inmensa esperanza, no debe ser destruida por ambiciones territoriales, renacimiento de nacionalismos agresivos y la perpetuación de la intolerancia y de las ideologías totalitarias.
Impulsados por estas convicciones y espoleados por la alarma de numerosas muestras de intolerancia, racismo y antisemitismo aparecidas en diversos países, los jefes de Estado de toda Europa se comprometieron a emprender una política decidida de lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y adoptaron a tal efecto una declaración y un plan de acción sobre el cual se está trabajando muy atentamente durante este año en Estrasburgo. Este plan de acción comprende numerosas operaciones específicas, tanto en el campo de la juventud como en la enseñanza y también en la modificación de los textos legales.
Señor Presidente, si bien actos de genocidio han sido lamentablemente frecuentes a lo largo de la historia, estas reprobables acciones se vieron agigantadas por la persecución masiva y sistemática durante los prolegómenos y evolución de la II Guerra Mundial con la espantosa persecución judía practicada por el nacionalsocialismo y posteriormente, nos hemos enterado también, por el comunismo soviético. Esto dio lugar al holocausto del pueblo judío, que es la expresión de este mal lamentable de la humanidad, que aflora en diversas circunstancias, pero que tomó cuerpo precisamente en esta persecución.
Yo he leído recientemente, y permítaseme esta alusión, un extraordinario libro de Stefan Zweig, gran escritor y narrador que deleitó nuestra juventud con su prolífica producción en diversos campos. El editor francés que ha publicado este libro lo llama «Memorias de ayer», porque es una especie de biografía, pero lo subtitula, con acierto, «Memorias de un europeo», porque Stefan Zweig, que nunca escondió su origen y naturaleza judía, era un gran austriaco, un apasionado por la cultura austriaca y por Europa.
He leído la descripción que hace de su juventud. Nos trasmite sus vivencias de los famosos y felices años veinte y primeros años treinta; nos habla de la vida de la burguesía ilustrada de Austria; de cómo vive entre Viena y Salsburgo y no comprende, en absoluto --siendo un austriaco a fondo, compatibiliza su condición de judío y austriaco y, por tanto, de europeo--, que empiece una persecución que se le escapa a su razonamiento de hombre inteligente y cultivado. Sin embargo, después pudo ver el horror de la persecución y del holocausto.
Esta amarga reflexión colectiva, suscitada por tales hechos, provocó que a la hora de construir la paz en 1945 en todos los ámbitos internacionales se hicieran declaraciones

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y posteriormente convenciones internacionales, empezando por la Declaración de Naciones Unidas de 1946 y más tarde la Conferencia para la Unificación del Derecho en 1947. Pero en la actualidad, señor Presidente, desgraciadamente y en un mundo que estimamos civilizado, incluso dentro de nuestro país, se han producido hechos de esta naturaleza, que han dado lugar a esta alarma y a la necesidad y conveniencia de introducir esta modificación en nuestro Código Penal.
El genocidio está recogido como tal en el artículo 137 bis, pero con esta modificación se pretende penalizar o criminalizar las acciones que exaltan estos lamentables hechos y estas conductas punibles. Esta fue la razón por la que el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley, que fue aceptada por todos los Grupos --algunos de ellos, como el Grupo Parlamentario Socialista, introdujeron valiosísimas enmiendas-- y que culminó en un consenso pleno, con la votación unánime en el Congreso de los Diputados.
La finalidad de quien presenta el proyecto es ilustrar a la Cámara del contenido del dictamen y, por tanto, de la proposición. Específicamente, su finalidad es criminalizar, como acabo de decir, la apología de los delitos de genocidio ya tipificados en el Código Penal. Después hace, para respetar la libertad de expresión, una tipificación y una descripción de lo que se entiende como apología de este delito.
En segundo lugar, en los casos cometidos por funcionarios, especifica que las penas que se impongan tengan una ampliación especial, declarando que se les aplicará la inhabilitación absoluta cuando sean funcionarios o la inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando se trate de particulares.
Una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados introdujo una modificación del artículo 165, que amplía mucho más el horizonte de la tolerancia que se quiere establecer en nuestras sociedades, ya que no se trata de la apología del genocidio en sí mismo, sino de todas aquellas conductas que tratan de discriminar y de practicar la intolerancia respecto a todos aquellos que estimamos diferentes por uno u otro motivo.
Finalmente, introduce una agravante en el artículo donde estas agravantes se detallan, artículo 10 del Código Penal, especificando que cuando se realice algún delito contra las personas o contra el patrimonio impulsado por motivos xenófobos, raciales o antisemitas, esto constituirá una agravante.
La proposición, por tanto, aunque inicialmente pretendía penalizar sólo la apología del genocidio, tuvo esta ampliación que tiene, a mi juicio y, por supuesto, al de todos los que hemos participado en su elaboración, un carácter civilizador y claramente progresista.
Una vez publicada la proposición, se presentaron dos enmiendas en esta Cámara por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La Comisión nombró una Ponencia, compuesta por los Senadores Arévalo Santiago y Galán Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista; Fernández Aguilar y quien les habla, del Grupo Parlamentario Popular, e Ibarz i Casadevall, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Analizadas las enmiendas, fueron rechazadas por la Ponencia ya que una de ellas desvirtuaba el artículo 165 ter, al introducir como posible móvil la discriminación por motivos racistas, xenófobos y antisemitas. Pero este rechazo, hay que decirlo, solamente se produjo por unanimidad en este supuesto. En cambio, no fue así, sino por mayoría, en lo relativo a la enmienda número 1, ya que algunos de los ponentes demostraron que podría admitirse esta enmienda como reconocimiento de que uno de los motivos esenciales de esta movilización que existe contra este delito es por las actitudes, que desgraciadamente perduran y hay que defenderse frente a ellas, antisemitas, xenófobas o racistas.
Por estas razones, señor Presidente, estas enmiendas quedaron incorporadas aunque con estos matices que acabo de indicar.


El señor PRESIDENTE: Senador López Henares, le ruego que termine, porque está consumiendo el tiempo de todo el debate del proyecto.


El señor LOPEZ HENARES: Termino ahora mismo, aunque mi propósito era explicar el contenido.
Señor Presidente, la Comisión al dictaminar introdujo dos modificaciones esenciales que no transforman el contenido esencial del proyecto pero que sin duda alguna lo mejoran: son modificaciones terminológicas y de sistematización.
El amplio consenso de esta proposición y su inmediata incorporación al Código Penal permitirá, señor Presidente, no sólo sancionar la apología de los inciviles actos de genocidio, intolerancia y discriminación, sino contribuir a esta acción y a este plan desencadenado por el Consejo de Europa a fin de hacer nuestra sociedad más civilizada y progresista.
Una vez más, señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión que me haya concedido el alto honor de presentar el dictamen.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se abre el debate de totalidad.
Turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, tomo la palabra para apoyar en sus propios términos el proyecto de ley sobre el delito de genocidio tal y como está planteado.
Entiendo que el delito de genocidio desde su propia etimología terminológica es un delito que va específicamente contra la vida humana, pero no contra la vida humana individual, no contra la vida humana encarnada, sino contra la vida humana como género. Como hace alusión su propia etimología, «genus», va contra la vida humana en lo que conlleva de gen y, por tanto, en lo que conlleva de aquella

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parte que puede ser compartida por grupos más amplios. Desde este punto de vista, sería un crimen especial, destinado no sólo a extinguir o a maltratar o a dañar individuos de la especie humana, sino a dañar colectivos completos de individuos.
El delito de genocidio, que en Europa ha tenido resonancia en los últimos años con los tremendos genocidios étnicos en Yugoslavia o en otras partes de Europa, también se encarna en nuestro país en delitos de resonancias turbias, en crímenes contra la humanidad, crímenes como aquellos que van dirigidos contra grupos étnicos desfavorecidos, contra grupos sociales desfavorecidos --y éste sería un término que convendría haber aclarado más en el propio proyecto de ley--, por ejemplo, delitos contra mendigos por el hecho de ser una capa social desfavorecida, delitos contra grupos minoritarios por su opción sexual --homosexuales, lesbianas-- o delitos, en definitiva, contra grupos minoritarios por su diferenciación étnica o de otro tipo.
Por tanto, todos estos delitos de genocidio son más que delitos contra la vida propia; son delitos contra la propia especie humana. Por consiguiente, son delitos que sobrepasan el ámbito de lo incivil, el ámbito de lo civilizador, en tanto que atentan contra algo más que la propia civilización, más o menos delgada esa capa de la que nos hemos provisto, atentan contra la propia esencia de un principio fundamental para la vida, como es el de la pluralidad y el de la diversidad de esa propia vida y, por tanto, el acatamiento de sus diversas formas y manifestaciones.
Entendiendo que la Constitución protege suficientemente estos derechos, también es necesario que el Código Penal penalice, consecuentemente, a aquellos autores que hacen apología o que siquiera pudieran defender en las ideas, que es una de las formas más peligrosas de defender, precisamente, la comisión de tales delitos. Por tanto, anuncio el apoyo desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este proyecto de ley, tal y como está redactado, entendiendo, a pesar de ello, que podría haber otras mejoras en el futuro que lo hicieran más adecuado a la realidad social de este país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar para turno de portavoces.
Hago esta indicación a su señoría porque sus enmiendas van a ser defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo sé, muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para felicitar, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular por la iniciativa de presentar este proyecto de ley en su momento ante el Congreso de los Diputados y que hoy vamos a aprobar en esta Cámara Alta.
En segundo lugar, debemos también felicitarnos todos por cuanto que el hecho mismo de la aprobación de este proyecto bien podría calificarse de una conjura contra la sinrazón de la xenofobia y la barbarie del racismo y del antisemitismo; xenofobia y racismo incluso en su vertiente que no por ser de menor entidad resulta menos injusta, como es la discriminación tanto por motivos raciales o étnicos como en razón a ideología, creencia o religión. Todos hemos creído, posiblemente con la ingenuidad propia de los demócratas, que genocidio, racismo, antisemitismo o xenofobia eran cuestiones propias del pasado que nuestra cultura había desterrado para siempre jamás, pero apreciamos con estupor que estas fuerzas del mal reviven, con mayor o menor intensidad, en nuestra vieja Europa. Desde el horror genocida ocurrido en la ex Yugoslavia hasta hechos más cercanos a nosotros, más de barrio, todos ellos nos hacen estremecer, incluso esa parafernalia fascista o neonazi, germen ideológico frente al cual esta ley también se posiciona.
Es cierto que una norma no impone «per se» la tolerancia que todos ansiamos, pero sin duda esta ley servirá como un instrumento más hacia la consecución de ese objetivo. Con ese deseo votaremos afirmativamente esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Ibarz tiene la palabra.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra desde mi escaño, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para anunciar nuestro voto favorable a la Ley Orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Dicho esto, me creo en el deber de afirmar que el simple hecho de tipificar la apología del genocidio no debiera tranquilizarnos, porque no podemos ignorar que en la base de los hechos que esta Cámara estima mayoritariamente punibles subyace la intolerancia y la falta de respeto o el desprecio por lo diferente.
En los turbulentos días que nos toca vivir, somos diariamente testigos, a través de los medios de comunicación, de episodios sangrientos que acaecen en todo el mundo como resultado de la explosión descontrolada de los sentimientos xenófobos y racistas utilizados arteramente en la lucha por el poder. En la mente de todos están los luctuosos acontecimientos de Bosnia, de Kurdistán o de Ruanda, entre otros muchos, pero no es menos cierto que, no tan lejos de nuestros días, nuestra propia historia ha estado plagada de luchas fratricidas que han regado con sangre la tierra legada por nuestros mayores.
En el Año Internacional de la Tolerancia, creo que no huelga rememorar el pasado al objeto de no perder la conciencia de que nuestra sociedad no está libre de actitudes que llevan implícita la simiente del rechazo a lo desigual, cuando no el odio a lo diferente.
Señorías, la historia del pasado ya está escrita, y de ella deberíamos aprender los que queremos escribir los episodios que marcarán el futuro inmediato de nuestro país. Ojalá que, tras sentar las bases definitivas de la concordia, un día no muy lejano esta Cámara pueda volver a reunirse

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para derogar los preceptos que hoy aprobamos porque nuestra sociedad haya alcanzado un grado tal de civilidad que los haga innecesarios.
Nada más; muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Popular renuncia al turno.
El Senador Arévalo tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, con esta proposición de ley se incorporan al Código Penal nuevos preceptos sobre el genocidio y la intolerancia. A lo largo del debate parlamentario, la inicial proposición se ha visto sustancialmente modificada y mejorada, conservando la inicial preocupación que ya estuvo presente en la discusión del proyecto del Código Penal de 1992, que no llegó a ser ley.
El texto que hoy aprobaremos incluye conductas apologéticas, genocidas e intolerantes, siendo necesario subrayar lo siguiente. En el vigente Código Penal, el artículo 137 bis tipifica el genocidio dentro de los delitos contra el derecho de gentes. El nuevo artículo 137 bis,b) lo que hará será la apología de los delitos tipificados en el artículo anterior, siendo castigada a la vez que se expresa cuándo existe la apología, llegando incluso a los que pretendan la rehabilitación o constitución de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del delito de genocidio. Y el nuevo artículo 165 ter se refiere a la discriminación de personas o grupos provocada directamente o mediante la apología a través de los medios de comunicación o cualquier publicidad. Se ha añadido una nueva circunstancia agravante, la del artículo 10 del Código Civil, sobre los motivos racistas, antisemitas u otras referentes al origen étnico, nacional, etcétera. De esta manera, señorías, nos anticipamos en el tiempo al código Penal futuro, actualmente en debate de Ponencia en el Congreso de los Diputados, en el que se define la apología en el artículo 18.2, el genocidio en el 598 y su apología en el 606, así como la agravante quinta del artículo 23.
Esta proposición es oportuna, y la incorporación de sus preceptos, muy elaborados, también retocados en la Ponencia del Senado, debería ser una llamada de atención pública, que puede ser denuncia y prueba de preocupación de las Cortes Generales por los brotes discriminatorios y racistas, provocadores y violentos que existen en muchos países, también en España, de los que recibimos noticia casi a diario y contra lo que tenemos que situarnos siempre. Ni los árabes ni los judíos ni los gitanos ni los nacionales de cualquier país ni los pertenecientes a cualquier raza o etnia pueden ser perseguidos por ello ni por tener una ideología o una creencia o una religión.
Sirva, señorías, esta ley de compromiso permanente contra el genocidio y contra la intolerancia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Las dos enmiendas, números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vascos fueron reservadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Por tanto, el Senador Vallvé tiene ahora el turno de defensa de este voto particular, luego habrá turno en contra y turno de portavoces.


El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, señorías, tengo el honor --y no es una frase retórica-- de defender dos enmiendas propuestas por los Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y que, por milagros del Reglamento de la Cámara, he prohijado.
En Comisión se rechazaron, una por unanimidad y la segunda por mayoría, por lo que el resultado se presenta oscuro, pero no por ello dejaré de intentar convencer a sus señorías para que, con su voto favorable, se consiga la referencia expresa en el tipo penal del antisemitismo como un comportamiento particularizado, fundamento de toda doctrina racista, fascista o nazi.
En los trabajos previos, en las conversaciones de pasillo, he recibido la crítica, por parte de representantes de otros grupo parlamentarios, de que la introducción en el artículo 1.º párrafo segundo de los términos racista, xenófobo o antisemita limitan el tipo. No estoy de acuerdo. Los Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Senador que defiende esta enmienda pretendemos añadir al artículo 165, apartado tercero, los términos «y la difusión de doctrinas racistas, xenófobas o antisemitas, así como...». Nuestros añadidos no son, pues, ni capítulos ni conceptos cerrados, ni excluyen otro tipo de conductas penalizados por esta ley. Dirán mis doctos opositores que ya se prevé en la disposición final primera, apartado segundo, la creación de una agravente en los delitos contra las personas «si existieran motivos racistas o antisemitas o referentes al origen étnico o nacional». De este último extremo, del concepto «nacional», tomamos buena nota los catalanes.
No me convencen, pues, los argumentos que de adverso se oponen a nuestras enmiendas. Y podrían preguntarse sus señorías el porqué de nuestro empecinamiento en mantener estas dos enmiendas, la conveniencia de hacer mención expresa del antisemitismo.
La exposición de motivos de la proposición de ley hace referencia a la proliferación en Europa de episodios de violencia racista y antisemita.
Se hace referencia al Convenio de Nueva York de 9 de noviembre de 1948 para prevención y sanción del delito de genocidio. Pero parece ser que hasta que no suceden los hechos de la ex Yugoslavia no se toma conciencia del genocidio del pueblo judío por el régimen nazi y se decide penalizar ahora las conductas xenófobas. Pero, si se recoge en la exposición de motivos, en buena técnica jurídica no se recogen como debieran en el tipo los artículos que de alguna manera prevén el hecho.
Desde 1940, si se quiere desde 1945 hasta el momento, nuestro ordenamiento jurídico penal no había previsto nada al respecto. Se celebra este año el 50 aniversario de la liberación del Campo de Exterminio de Auschwitz. Todos los países de Europa han legislado criminalizando la apología

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del genocidio y del antisemitismo. Nos parece que no es baladí ni redundante ni innecesario ni superfluo hacer referencia al antisemitismo como comportamiento particularizado. El Estado español tiene una deuda con el pueblo judío. No ya sólo porque en 1492, por factores que superaban el estrictamente religioso, se produjera su expulsión, sino también porque durante un largo período de la reciente historia española se acuñaron términos como los de «conspiración judeomasónica» y porque se dio asilo a conocidos criminales de guerra condenados y perseguidos por tribunales alemanes, austriacos, belgas, franceses, etcétera, por delitos directamente relacionados con el holocausto del pueblo judío.
Como les digo, parece ser que los sucesos de la ex Yugoslavia han despertado nuestra conciencia histórica, pero como algo pasado, como algo relegado a los anaqueles de los archivos y a los programas restrospectivos de la televisión. Pues no. Permítanme sus señorías sacarles de esta falsa idea. En el Estado español existe un creciente antisemitismo que crece parejo con el resurgimiento de la nefanda ideología nazi. Les daré unos datos.
Organizaciones y grupos. Existen en España diferentes grupos cuyo objeto o razón social es, en concreto, la apología del antisemitismo: Vanguardia Nacional-Revolucionaria; Bases Autónomas; Tercera Vía Solidarista; Nación Joven; Acción Radical; Coordinadora Nacional-Revolucionaria; Centro Unitario Nacional Socialista; Colectivo Europa; Joven Europa; Tercera Vía; Alternativa Europea y Coordinadora Alternativa Solidarista.
Hay asociaciones estudiantiles como Toylo, en la Universidad Autónoma de Madrid. Dispar (Dios y Patria), en la Universidad Autónoma de Madrid.
Estudiantes Nacional Revolucionarios, también en la Universidad Autónoma de Madrid. Vanguardia Universitaria, en la Universidad Complutense de Madrid (Cedade). Tornasol, también en la Universidad Complutense y Asociación Marzo, de Valladolid, así como asociaciones culturales como Disenso y Teoría y Praxis.
Publicaciones: El Martillo; Disidencias; Alcantarilla; Mundo NS; EJE; A por ellos; Barrotes; Banderas Negras; Tribuna Disidente; Peste Negra; Lucha (Nación Joven); Liberación Sur; Revolución Europea; HALT y SIEG.
Ambas revistas, mensuales, se editan en Barcelona y se distribuyen en Austria y en Alemania, donde están expresamente prohibidas.
Hay editoriales como Ediciones Europa, Alas Abiertas Ediciones, Bright Rainbow Limited, Ediciones Libertad, Ediciones Nothung, Ostara S. L. y Editorial Hispania. Y digo con tristeza, señorías, que de estas siete editoriales, cinco están en Barcelona.
Actos y actividades racistas de grupos neonazis y de ultraderecha. Haré gracia a sus señorías de no leerles todas, porque hay unas cuantas y, además, de un período relativamente corto, desde el año 1989 hasta el momento presente. Unicamente voy a leerles las «perlas». En abril de 1989 Cedade organiza un homenaje a Hitler en el cine Benlliure de Madrid. El 22 de enero de 1991, un grupo de miembros neonazis de Vanguardia Nacional-Revolucionaria asalta e incendia, por lanzamiento de varios cócteles molotov, el restaurante Tel-Aviv, propiedad de un judío, en Sevilla. El 16 de noviembre de 1991, conferencia, organizada por Cedade, de Ernest Zündel, en la que se niega la existencia del holocausto. El 17 de noviembre de 1991, acto de Cedade para presentar el último libro de León Degrelle, conocido nazi belga, en el Hotel Suecia de Madrid. En 1992, el señor Walter Ochensberger, conocido nazi austriaco y editor de la revista Sieg, de carácter pronazi y racista, condenado a tres años de cárcel en Austria, se refugia en España. Pintadas neonazis en Madrid y Barcelona con motivo de los actos del Quinto Centenario de la Expulsión de los Judíos de España. Se celebra en Madrid una reunión de líderes e ideólogos neonazis europeos. Esta convocatoria había sido prohibida en casi todos los países europeos, y sólo en España se consigue celebrar este encuentro organizado por Cedade. El 20 de diciembre de 1993, se descubre y localiza en una urbanización de los alrededores de Alicante a Aribert Heim, médico del campo de concentración de Mathaussen. El día 5 de enero de 1994, se edita y se remiten 3.000 ejemplares a personalidades públicas del libro «¿Absolución para Hitler?», editado por Bright Rainbow, propiedad del ex presidente de Cedade, don Pedro Varela, y del que es autor el prófugo nazi austriaco Gerd Honsik, refugiado en España.
Por último, el día 15 de mayo de 1994, el nazi alemán Otto Remer, ex oficial de las SS, prófugo de la justicia de su país después de ser condenado por «incitación al odio y la violencia» y hoy refugiado en España, interviene en un programa de televisión junto al también nazi Gerd Honsik, prófugo de los tribunales de Austria.
Repito a sus señorías que he hecho gracia a la Cámara de no relatar muchos más actos marcadamente antijudíos y antisemitas que se han producido en España recientemente, dentro de la democracia.
En nuestro país nadie se considera racista ni antisemita, ni cree que sus actitudes sean xenófobas, pero estas afirmaciones difieren de la realidad y de las estadísticas. Así, nada menos que un 13 por ciento de los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 19 años serían partidarios de expulsar de España a la población judía. Según cifras de la encuesta «Inmigración y Racismo», realizada entre el 23 y el 28 de mayo de 1993 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), institución pública dependiente del Ministerio de la Presidencia, un significativo 10 por ciento de los españoles sienten rechazo por los judíos. La investigación del CIS demuestra que la población judía es el grupo social más rechazado después de gitanos y árabes, y por delante de negros de Africa, negros norteamericanos, portugueses, filipinos, etcétera.
Señorías, no quiero alargarme más porque, en definitiva, estos datos pueden parecer tediosos, como decía ayer el Ministro de Obras Públicas, pero quiero hacer una reflexión a los Senadores, una reflexión personal: analicen todos y cada uno de ustedes sus dos apellidos, y tengan en cuenta que los que llevamos apellidos de toponímicos, patronímicos u oficios tenemos probablemente un recesivo semítico. España ha sido un país crisol donde todas las culturas han convergido. Por aquí han pasado árabes, judíos, poblaciones nórdicas, que pueden hacer del nuestro un

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país particularmente tolerante. Pero coincidirán conmigo sus señorías en el sentido de que si algún día en España, por desgracia, prosperasen más ideologías de tipo nazi, tendríamos que empezar a preocuparnos por nuestros antecedentes y podríamos empezar a temer por nuestra seguridad.
Dicho esto que parece lejano, señorías, que parece una «boutade», que parece no tener relación con lo que nos ocupa, debemos pensar que lo mismo le sucedía a muchos judíos alemanes, austriacos, holandeses, centroeuropeos, que fueron víctimas del holocausto.
De lo que antecede se desprende que están claramente justificadas las enmiendas y que esperemos la consideración positiva de sus señorías con su voto. En todo caso, y con independencia del resultado de la votación, reitero el honor que para mí ha representado defender las enmiendas propiedad intelectual del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tanto por su origen como por su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vallvé.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el honorable encargo que recibió el Senador Vallvé, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender estas dos enmiendas ha sido cumplidamente desarrollado. Coincido con él en todo lo que ha dicho, excepto en los razonamientos jurídicos que puedan apoyar las dos enmiendas.
Hemos recibido nuevos conocimientos sobre una serie de hechos históricos que yo le agradezco. Pero, Senador Vallvé, resulta que el artículo 137.bis vigente del Código Penal dice: los que con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étcnico, racial o religioso, perpetrare... Este es el tipo. A continuación, intentamos incorporar un nuevo artículo que se refiere a la apología de ese delito, de los delitos tipificados en este artículo 137.bis. Incorporar, por tanto, esta enmienda ahí resultaría, en primer lugar, contradictorio con los tipos y, en segundo lugar, reduciría a los propios tipos, de tal manera que ni por una ni por otra causa sería oportuno que eso se incorporara ahí. Peor sería si incorporáramos la segunda enmienda que ha defendido. Fíjese que en el artículo 165.ter, se refiere a los que provoquen o inciten directamente o mediante la apología a través de medios de comunicación o de cualquier sistema que facilite la publicidad. Y ahí se añadirían las palabras que se tratan de incorporar en la enmienda. Pero, a continuación, dice: a la discriminación de personas o grupos por motivos referentes a su origen racial, étnico, nacional o a su ideología. Lo que hacemos es repetir los términos achicándolos.
Teniendo en cuenta que vamos también a incorporar una nueva circunstancia agravante en el Código Penal donde se menciona: por motivos racistas, antisemitas u otros referentes, al origen étnico nacional o a la ideología, religión o creencias de la víctima, creo que con esto se cumplen todos los deseos que tienen sus señorías al defender estas enmiendas en su presentación. Reconozco que la presentación de estas enmiendas ha sido hecha con la mejor voluntad de insistir en la persecución de aquellos que caen en el delito de genocidio y de intolerancia. Está hecha con la mejor intención, pero es imposible que técnicamente puedan incorporarse al texto que en este momento vamos a aprobar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
Vamos a abrir el turno de portavoces. A continuación, daremos la palabra al Senador Caballero Lasquibar del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer muy sinceramente en nombre de nuestro Grupo al Senador Vallvé la defensa y asunción de nuestras enmiendas, defendidas con el calor y sentimiento al que nos tiene gratamente acostumbrados, costumbre cuyo uso, sin duda, nos reconforta. Muchas gracias, señor Vallvé, personalmente.
Sin más, daré una muy breve explicación. Con nuestra enmienda hemos querido hacer constar que el antisemitismo es la idea nuclear básica o fundamental de todo movimiento racista o xenófobo; sin el antisemitismo no existe lo demás. No hemos pretendido constreñir el tipo penal, sino que teniendo en cuenta toda la tipología penal a que ha hecho referencia el Senador socialista, hemos querido particularizar un tipo penal concreto, como es el antisemitismo. Esa ha sido nuestra intención.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.


El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desgraciadamente proliferan en Europa los actos de violencia antisemita y racista que se perpetran bajo las banderas y símbolos de la ideología nazi. Tal circunstancia impulsó en su día al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a presentar una proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio.
La legislación española no recogía suficientemente todas las consecuencias que este fenómeno comporta, que, sin embargo, sí contemplan distintos tratados internacionales ratificados por España, como el Convenio de Nueva York, de 9 de diciembre de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio y el Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 7 de marzo de 1996.
Esta proposición de ley, fruto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, se ha ido mejorando y enriqueciendo

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sustancialmente a lo largo de los debates y trámites de Comisión y Ponencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, gracias a la aportación de los distintos grupos parlamentarios y, en especial, a las acertadas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que finalizado el procedimiento parlamentario ha sido posible la culminación de un texto y un articulado sustentados por un altísimo consenso que dota a nuestra legislación de un mecanismo de defensa para erradicar cualquier brote racista o antisemita o que pueda atentar contra la persona o grupos en función de su raza, etnia, religión o ideología.
Con esta tipificación de delitos damos respuesta a una inquietud expresada por distintos sectores de la sociedad española como la comunidad judía, la comunidad gitana y otras que exigían una modificación legal que les permitiera encontrarse bajo el amparo de la ley y protegidos de las acciones de algunos grupos que bajo la impunidad que daba la legislación española se permitían actividades y acciones que en cualquier otro país europeo hubieran sido condenadas y perseguidas.
En los debates ha quedado claro que no se trataba de establecer un delito de opinión. Se condena la apología del crimen de humanidad que ni prescribe ni caduca, del que no cabe revisión posible y para el que no existe amparo en la ley española respecto de cualquier actividad que se reclame en las ideologías criminales que difundan el racismo, la exclusión étnica, el odio religioso o la referencia al delito de genocidio, como en el caso de la apología del terrorismo.
Entendemos, pues, como apología del genocidio la referida a todos aquellos delitos que van contra lo que comúnmente se conoce como el derecho de gentes. Cumplimos así, además, con los objetivos de la recomendación de septiembre de 1993 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la Declaración de Viena de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de octubre de 1993, en los que se animaba a los estados a continuar los esfuerzos para eliminar los fenómenos de carácter racista, antisemita, xenófobos y contra la tolerancia, comprometiéndose los Jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos a reforzar las leyes nacionales y los instrumentos internacionales adoptando las medidas apropiadas en el plano nacional europeo.
Señor Presidente, todo esfuerzo es poco para acabar con la intolerancia y el fanatismo, y así, cada día, nos levantamos impotentes ante la barbarie de los delitos que contra la humanidad, ahora mismo, esta misma mañana, se están cometiendo en la antigua Yugoslavia, en Chechenia, Ruanda, Burundi o Argelia. De esta forma, estamos dando una señal clara y nítida contra esos atentados horribles. Estamos conmemorando, de la mejor y más eficaz manera, la celebración del Año Internacional de la Tolerancia, declarado por las Naciones Unidas y avalado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y asumidas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, hemos de manifestar que vamos a votar a favor de la enmienda número 1. En cuanto a la número 2 nuestro sentido de voto será negativo porque entendemos sinceramente que limita la amplitud del artículo y el alcance que lleva consigo.
Señor Presidente, debemos felicitarnos ciertamente por la importante aportación que hoy efectuamos al cuerpo legislativo español con la aprobación de este texto referido a la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, con mucha brevedad, voy a referirme solamente a las enmiendas.
Es verdad que estas enmiendas no pretenden que se reduzca el tipo, pero lo cierto es que se reduce. Y se produce también una contradicción. Yo rogaría a sus señorías que, para votar estas enmiendas, partan del buen sentido jurídico. No se trata de ningún debate ideológico o doctrinal. Se trata sencillamente de un debate de técnica jurídica, y se comete un grave error si se vota a favor de estas enmiendas.
Estoy de acuerdo con todos los razonamientos que se han hecho sobre el antisemitismo y los comparto en su totalidad, pero es que eso está incluido ya. Es decir, no sólo es innecesario mencionar estos términos en las enmiendas --y mucho menos el término xenófobo, que significa odio, repugnancia u hostilidad--, sino que, además, esa mención contradice el texto original. Estamos incurriendo en un defecto --del que, claro está, saldremos cuando se elabore y se apruebe el nuevo Código Penal--, en un tremendo error, casi en un ridículo, diría yo, de aprobarse estas enmiendas.
Y conste que estoy de acuerdo con el fondo de todos los razonamientos que se han hecho, pero de ninguna manera podríamos tolerar que esto pudiera pasar por una Cámara legislativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Vallvé.


El señor VALLVE I NAVARRO: Señor Presidente, quiero hacerle unas brevísimas consideraciones al Senador Arévalo.
Señoría, bien está que usted imponga su criterio político, pero, con el Código Penal en la mano, yo disiento mucho de lo que usted me dice.
Voy a combatir lo que usted ha dicho con sus propios argumentos. El texto remitido por el Congreso de los Diputados contiene una nueva agravante en el apartado 17 del artículo 10, en el que se hace mención de los delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen étnico, etcétera.
Pues bien, amigo mío, es idéntica la pretensión de esta parte. Es decir, si es antijurídico lo que nosotros proponemos,

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también lo es esta redacción. (El señor Arévalo Santiago hace signos negativos.) Sí, señoría; si ustedes leen concretamente la enmienda número 2 verán que dice: «... y la difusión de doctrinas racistas, xenófobas o antisemitas...», y que --ojo al dato-- luego añade: «... así como...» Es decir, que no cerramos la propuesta a unos elementos concretos sino que decimos: los nuestros más los que ustedes quieran.
En consecuencia, ustedes ganarán la votación, pero no puedo consentirle que me discuta Código Penal en mano.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, el artículo 137 bis del Código Penal se refiere a unos tipos de delitos. El nuevo, el que intentamos incorporar, es la apología de esos delitos.
El artículo 10 del Código Penal vigente, al que intentamos añadir una nueva agravante, se refiere a las circunstancias agravantes, no se refiere a la apología sino a la comisión de delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al origen étnico, etcétera. Es decir, es otra cosa. Una cosa son las circunstancias agravantes y otra es la apología que intentamos incorporar al Código Penal con esta proposición de ley. Son dos cosas distintas. Por tanto, no me las compare.
Hacer la referencia que se hace al antisemitismo entre las agravantes está bien, pero no cuando queremos hacer una definición de la apología de unos delitos que ya están tipificados.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tras el debate vamos a someter a votación los votos particulares y también el dictamen.
En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda número 1, que ha defendido de manera brillante, en representación de los enmendantes, el Senador Vallvé.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 99; en contra, 122; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 11; en contra, 211; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen de esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, en su conjunto.
Se inicia la votación del texto del dictamen. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 222; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.) Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (El señor Palacio García pide la palabra.) Supongo que es un turno de arrepentimiento. (Risas.)

El señor PALACIO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Que conste en el «Diario se Sesiones» que ha sido un error.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Estaba claro, señoría. De todas maneras, su conciencia ha quedado perfectamente reflejada en el «Diario de Sesiones».
(Risas.)

--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL DE LOS CREDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS. (S. 621/000067.) (C. D. 121/000071.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el debate del dictamen de la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Voy a dar la palabra al representante de la Comisión para que haga la presentación del dictamen.
Ruego al señor Presidente de la Comisión Constitucional me indique si algún miembro de la misma va a hacer la presentación del dictamen.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor Presidente, la Comisión ha tenido la generosidad de delegar en el Presidente de la Comisión para la presentación del dictamen.


El señor PRESIDENTE: Pues tiene su señoría la palabra.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes que nada quisiera agradecer a las señoras Senadoras y señores Senadores que componen la Comisión Constitucional que una vez más hayan depositado su confianza en este Presidente para la presentación del dictamen ante el Pleno de la Cámara, razón por lo que lo haré con extremo respeto a la objetividad y ausencia absoluta de planteamientos partidistas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) El proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados tuvo entrada

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en el Senado el pasado día 22 de febrero, fecha en que se acuerda su envío a la Comisión Constitucional y se abre un plazo de presentación de enmiendas que finalizó el día 6 de marzo.
La Comisión Constitucional se reunió para designar Ponencia el día 23 de febrero, y acordó que la Ponencia estuviera integrada por los Senadores don Pedro José Ardaiz, don Vicent Beguer, don José Cañellas, don Alfonso Garrido y don Esteban González.
Quince fueron las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, distribuidas del siguiente modo: cinco de la señora De Boneta y Piedra, dos de la señora Vilallonga Elviro y del señor Martínez Sevilla, cinco del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y tres del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia se reunió el pasado día 22 de marzo, y en su informe, tras estudiar las diversas enmiendas presentadas, acordó proponer a la Comisión que dictaminase este proyecto de ley sin introducir modificaciones en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.
La Comisión dictaminó este proyecto de ley el día 28 de marzo, aceptando en todos sus términos el texto propuesto por la Ponencia, que, como antes he dicho, no introducía modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados. Es de destacar el voto unánime de todos los Senadores presentes en la sesión pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios, pese a mantenerse las enmiendas para este Pleno.
El proyecto de ley, en su redacción actual, consta de siete artículos, una disposición adicional, una transitoria y dos disposiciones finales, precedidos, naturalmente, de una exposición de motivos. Esta misma exposición de motivos, tras invocar el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del día 21 de julio de 1994, por el que se aprobó una proposición no de ley que requería un nuevo régimen jurídico para los gastos reservados, anticipa sucintamente lo que posteriormente aparece como contenido normativo propiamente dicho del proyecto de ley.
El artículo 1 define los fondos reservados y describe las especiales características que proporcionan singularidad a los gastos reservados. El artículo 2 establece el sistema legal de fijación y modificación de los créditos destinados a gastos reservados. El artículo 3 da la calificación de secreto oficial a toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados. El artículo 4 especifica qué ministerios pueden disponer de fondos reservados y quién y cómo puede hacer uso de los mismos, así como establece la obligación de información al Presidente del Gobierno por parte de los ministros correspondientes. El artículo 5 exhime, con carácter genérico, de justificación documental a los actos de disposición de los fondos reservados. El artículo 6 prevé la existencia de unas normas internas a nivel ministerial para que se cumpla el carácter finalista de los fondos. El artículo 7 regula el control de los gastos reservados, para lo que se prevé una Comisión al efecto en el Congreso de los Diputados. La disposición adicional prescribe la obligación de efectuar una declaración especial sobre su situación patrimonial a cargo de quienes tienen acceso a la utilización de los fondos reservados. La disposición transitoria y disposiciones finales regulan, por último, diversos extremos propios de la técnica legislativa de tales normas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Agramunt Font de Mora.
Se entra en el debate de la totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos, por tanto, a la intervención de los distintos grupos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Perdón, señor Presidente, pero no he entendido bien. ¿Se trata de un turno para la defensa de las enmiendas o de un turno para el debate de totalidad?

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si no hubiera intervención de los distintos grupos, pasaríamos al voto particular número 2, del Grupo Mixto, que presenta la Senadora Boneta Piedra. ¿Le parece bien? (Pausa.) Si no hay ninguna intervención de los grupos, tiene ahora la palabra la Senadora Boneta Piedra para la defensa de su voto particular número 2.
(El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.) Perdón, señoría, espere un segundo. Hay un Grupo que pide la palabra para una intervención de portavoces.
Tiene la palabra su señoría.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Se trata de una cuestión de orden.
Creo que hay orden de intervención para la exposición del articulado en general. Esa es mi impresión.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Eso es exactamente lo que estaba pidiendo a los distintos grupos. No hay turno a favor, y no hay turno en contra porque nadie ha pedido la palabra. He preguntado si había intervención de los distintos grupos, y nadie la ha solicitado, pero si su señoría pide la palabra, se la concedo.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de fijar nuestra posición respecto a este proyecto de ley que, como es conocido, se acaba de exponer por el señor Presidente de la Comisión. En ella, obtuvo el voto unánime de todos los Senadores presentes en aquellos momentos, independientemente de que, por determinados grupos, se reservasen para el Pleno enmiendas, no a la totalidad, sino a parte del articulado. Por nuestra parte, toda vez que no hemos presentado ninguna enmienda, sí queremos manifestar nuestra posición favorable al proyecto de ley.
Quiero recordar que se trata de una iniciativa legislativa que es fruto de un mandato parlamentario a raíz de una iniciativa

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del Grupo Parlamentario Popular para que se elaborase una ley de utilización y control de fondos reservados, y que es evidente que nuestro Grupo apoyó desde el primer momento, como no podía ser menos. Sorprendía que un asunto tan importante como éste no estuviese regulado más que con un rango ínfimo, es decir, mediante una circular del año 1966, que estaba dirigida a autoridades y a funcionarios.
Nosotros entendemos, como pienso que hacen todos los grupos, que los fondos reservados son imprescindibles para la defensa del Estado de Derecho, pero no es menos cierto que no pueden ser utilizados con fines delictivos, con fines de enriquecimiento o con cualquier otra finalidad distinta a la de servir al Estado con verdadero espíritu de honradez. Y reiteramos que entendemos que son imprescindibles porque, desde un importante foro se llegó a propugnar su desaparición, y queremos señalar que sólo desde la ignorancia o desde la voluntad de dejar inerme la seguridad del Estado es posible propugnar un dislate de tal tamaño.
A nuestro juicio, hay seis elementos que hemos de destacar dentro de la presente ley. En primer lugar, la limitación a tres ministerios para la utilización de los fondos, es decir, Asuntos Exteriores, Defensa y Justicia e Interior. En segundo lugar, que deben ser aprobados específicamente por la Ley General de Presupuestos del Estado, y que también marca el mecanismo de modificación presupuestaria de los créditos correspondientes. En tercer lugar, es de destacar el control interno mediante normas de los distintos ministerios, que emanen de un informe previo del Interventor General de la Administración General del Estado.
En cuarto lugar, el control parlamentario que se va a ejercer a través del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, garantiza un control de la representación popular. En quinto lugar, es de resaltar también la información que la Comisión podrá facilitar periódicamente al Presidente del Gobierno, como máximo responsable del Ejecutivo, y al Tribunal de Cuentas, según la enmienda transaccional a la que se ha llegado en el día de hoy. Por último, y también en la línea de esta necesaria transparencia, está la declaración de la situación patrimonial en el Registro de Intereses de Altos Cargos de quienes tengan acceso a la utilización de estos fondos reservados. Es decir, que nos parece que con esta ley se hace compatible el equilibrio, realmente difícil, entre el uso de los fondos de un modo limitado y la reserva y el control correspondientes en un asunto tan delicado y tan difícil.
Nuestro Grupo apoya este proyecto de ley, confía en que se va a cumplir su espíritu y su articulado, y entiende también que, como en muchas otras cosas, pero en este caso de un modo especial, va a ser necesaria la ética para su cumplimiento, y que el servicio a la sociedad debe presidir la línea de actuación de las personas e instituciones que han de hacer uso de estos fondos reservados.
Por lo tanto, dentro de esta línea, nuestro Grupo apoyará la totalidad del texto, la enmienda transaccional a la que se ha llegado, y votará en contra de las enmiendas que puedan permanecer vivas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Si no hubiera otro grupo parlamentario que pidiera la palabra en el turno de portavoces para el debate de totalidad, pasaríamos a la defensa del voto particular número 2, de la Senadora Boneta Piedra.
Tiene la palabra su señoría.


La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para defender el voto particular correspondiente a las enmiendas que hemos mantenido y que guardan entre ellas una relación puesto que tratan, por una parte, de estrechar y, por otra, de delimitar el control que, en opinión de esta Senadora, debe ser ejercido sobre el uso de los fondos reservados y del papel que la Comisión creada a través de este proyecto debe desempeñar en el mencionado control.
La enmienda número 8, al artículo 1, pretende evitar el uso de fondos reservados en el control de las actividades de partidos y asociaciones legalmente constituidos y con funcionamiento democrático. Es cierto que tal uso podría ser considerado como delictivo en el caso de ser mal empleado o controlado por estos partidos o asociaciones y, por lo tanto, puede parecer obvia esta prohibición que, sin embargo, consideramos debe quedar reflejada. En este caso, lo que abunda no daña. La ley no debe consagrar una presunción sino que, en aras de una buena salud democrática, debería dejar reflejado lo que parece obvio.
La enmienda número 9, al artículo 2, pretende que exista un control de la Comisión «ex ante» en el momento de la consignación de fondos reservados --por supuesto, con un destino genérico-- y no sólo cuando exista una modificación o incremento de partidas. Previamente se debería explicar ante la Comisión el destino genérico --insisto en lo de destino genérico porque entiendo, como es natural, que esos fondos deberán ser usados coyunturalmente y en cada caso para aquello que sea correcto-- de la partida en su cuantía inicial.
La enmienda número 10, al artículo 5, pretende que las normas internas a las que se refiere el artículo 6 establezcan la necesidad de una mínima justificación documental del destino de la autorización, compromiso o propuestas de pago con cargo a los créditos de fondos reservados. De lo contrario, se deslegalizaría el propio papel de la Comisión parlamentaria, creada con toda clase de garantías de reserva en los Diputados que forman parte de ella y que tienen obligación de guardar secreto.
Las enmiendas número 10 y 11 se explican por sí mismas. La número 10, a la disposición adicional única, pretende homologar la situación de incompatibilidades de los altos cargos afectados por este proyecto al régimen general de incompatibilidades. La número 11 pretende simplemente que se tengan en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas que las tengan atribuidas en sus Estatutos de Autonomía en materia de seguridad de personas y bienes y, por otra parte, pretende también prever el carácter supletorio de esta ley en tanto estas Comunidades

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Autónomas a las que nos hemos referido no legislen sobre la materia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿El Grupo Parlamentario Socialista hará uso del turno en contra al final para responder conjuntamente a todos los grupos? (Asentimiento.) Gracias.
El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, corresponde a las enmiendas números 6 y 7, presentadas por la señora Vilallonga Elviro y el señor Martínez Sevilla. Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entendemos que es muy positivo el proyecto de ley para el control de los fondos reservados y que responde a una situación deficitaria que se venía planteando. Los fondos reservados deben servir para luchar contra una serie de delitos básicos que atentan contra la propia seguridad del Estado --desde el narcotráfico y el terrorismo hasta otra serie de delitos que se producen en este ámbito--, y aunque, desde luego, lo mejor sería que esos fondos no existiesen en un Estado democrático, si existen, lo mejor es que estén controlados, que dispongan de todas las garantías de control pertinentes para que con ellos no se puedan dar, como se ha constatado que se han producido, situaciones de fraude. Por tanto, para que con los fondos reservados no se puedan comprar chalés en Miami, no se puedan abrir cuentas en Suiza o no se puedan pagar sobresueldos como han denunciado funcionarios policiales del Ministerio de Justicia e Interior, entendemos que es necesario añadir algunas garantías jurídicas más en la ley propuesta.
Los fondos reservados, que han consumido del orden de 19.500 millones de pesetas desde 1983 hasta 1994, han tenido unas alteraciones muy sustanciales en relación con los créditos iniciales contemplados, de hecho, más del 50 por ciento; además, de esa cantidad cerca de 10.600 millones de pesetas se han utilizado por el Ministerio de Justicia e Interior. Por tanto, entendemos que el incremento de los controles sobre los mismos debe ser una actividad fundamental, y ese incremento de los controles también puede y debe venir de hecho, precisamente, del apoyo que puede suponer la denuncia de los propios funcionarios que detecten situaciones de irregularidad en el control del gasto de los fondos reservados. Por eso, recogiendo algunas de las sugerencias hechas por asociaciones y sectores de la propia judicatura, en concreto, recogiendo sugerencias de la Asociación de Jueces para la Democracia y de la Asociación de Derechos Humanos, nuestro Grupo plantea estas dos enmiendas, una de ellas a la exposición de motivos y la otra, que consideramos más fundamental, pretende la inclusión de un nuevo artículo 8 que recoge que aquellas autoridades, funcionarios o agentes que teniendo conocimiento de la realización de conductas relacionadas con los fondos o créditos reservados que pudieran ser constitutivas de delito lo pongan en conocimiento de la autoridad judicial, de tal manera que el principio de legalidad no afecte el establecimiento de zonas de impunidad, de zonas oscuras o de zonas sobre las cuales el control parlamentario y el control público no sea completo, de tal manera, por tanto, que la utilización de los fondos reservados --que, insistimos, debería ser mínima en un Estado de Derecho-- se haga con plenas garantías jurídicas y queden en poder de la Magistratura, del Poder Judicial, todos aquellos recursos de actuación para su efectivo control.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El siguiente voto particular, el número 3, corresponde al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De entrada, quisiera decir que retiramos la enmienda número 2, al artículo 2.1, y la enmienda número 3 al artículo 4.2, porque, posiblemente por los hados de la fortuna, fueron aceptadas en el Congreso de los Diputados.
La enmienda número 4 se refiere a un artículo 8 nuevo en el que prácticamente se recoge lo que se dice en la exposición de motivos, y significa que la utilización de fondos reservados se regule en todo lo posible por los preceptos que contiene el artículo 118 de la Constitución española, pues al parecer se ha dicho que existe un vacío legal en cuanto al auxilio a la Justicia cuando se estén instruyendo sumarios relacionados con fondos reservados.
La otra enmienda que quedaría viva junto con la número 4 sería la número 5, a la disposición adicional única, que pretende una variación en el texto de forma tal que incremente las garantías de transparencia en lo relativo a aquellas personas que puedan disponer de fondos reservados, cuestión que ya se debatió en el debate sobre el estado de la Nación en el Congreso y todos estaban de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Simplemente para precisar, señoría, le quedan tres enmiendas vivas: las números 1, 4 y 5.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Efectivamente, señor Presidente, pero como al parecer aquí el debate de la exposición de motivos se hace siempre después del correspondiente al articulado, me he confundido. Por supuesto que mantenemos la enmienda número 1 a la exposición de motivos, a la que precisamente hacía referencia también la número 4.
Muchas gracias, Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, señoría.
Corresponde ahora la defensa del voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Popular, referente a las

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enmiendas números 13 a 15. Para su defensa, tiene la palabra el Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se encuentra en la tramitación de esta ley en una posición inhabitual, una posición que no es corriente en las últimas legislaturas, y es que el texto que estamos debatiendo se corresponde con una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que fue aceptada con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara Baja. Como autores materiales de la iniciativa, todas las enmiendas que hemos ido planteando tanto en el trámite del Congreso de los Diputados como en el trámite del Senado no han buscado corregir el sentido del texto, sino mejorar en la medida de lo posible ese mismo sentido. Hemos pretendido desde el principio, y aún hoy lo pretendemos, hacer compatible el máximo control posible con la naturaleza reservada de estos fondos. Este es el sentido de las tres enmiendas que todavía sostenemos en este trámite plenario.
La enmienda número 13 pretende que las modificaciones presupuestarias que se realicen de los fondos reservados se hagan con valor, rango y fuerza de ley, puesto que entendemos que la ley presupuestaria sólo puede ser modificada por una norma de igual rango.
La enmienda número 14 pretende posibilitar a la Comisión que controlará los gastos reservados el recabar el dictamen de la Intervención General de la Administración del Estado al efecto de que esa Comisión se encuentre dotada técnicamente tanto cuanto pueda llegar a necesitar para adentrarse en el bosque reservado de este tipo de créditos.
Y, por último, con la enmienda número 15 pretendemos que la Comisión parlamentaria emita un informe anual al Tribunal de Cuentas sobre las anormalidades o sorpresas que pudiera haber detectado en la gestión de los créditos reservados. El Tribunal de Cuentas en el examen de los créditos del Estado lleva un retraso considerable; no sólo esto, sino que cuando al Tribunal de Cuentas pueda llegar el control de los gastos reservados probablemente --como hemos sabido que es práctica habitual-- los soportes materiales, documentales y hasta intelectuales de esos fondos podrían haber desaparecido. Con esta enmienda nosotros pretendemos que anualmente el Presidente del Tribunal de Cuentas tenga conocimiento de todas las cosas sustantivas que en la gestión de los fondos reservados haya podido tener conocimiento la Comisión. Sobre esta enmienda, tanto en el trámite en el Congreso de los Diputados, como en el de esta Cámara, y después de haberla discutido detenidamente, ha existido la posibilidad de transaccionar un texto que permitiera el control que pretendemos del Tribunal de Cuentas sobre los créditos reservados. Pendiente de que se sustancie este posible texto de consenso, anuncio, señor Presidente, que si llegáramos a ese encuentro conceptual, nuestro Grupo retiraría las otras dos enmiendas que hemos mantenido.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Garrido.


El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a utilizar este turno en contra de las enmiendas presentadas por el resto de los Grupos agrupándolas por conceptos.
En este sentido, hay un conjunto de enmiendas --las números 1 y 4, del Grupo de Coalición Canaria, y las números 6 y 7, del Grupo Mixto-- referidas al control judicial de la aplicación de los gastos reservados.
Creo, señorías, que hay que dejar las cosas claras desde la tribuna y en este turno así quiere manifestarlo mi Grupo. Que nadie piense que por nuestra oposición a estas enmiendas estamos defendiendo la ocultación de algo. Nadie quiere hurtar nada a nadie en el conocimiento de nada ni de nadie y, por favor, que nadie transmita a la sociedad --y creo que es nuestra obligación-- la sensación de que, por oponernos a estas enmiendas y por el resultado del informe de la Ponencia, estamos intentando ocultar algo de transparencia judicial al control de la aplicación de los gastos reservados. Tan es así que hay sentencias recientes de la Audiencia Nacional y sentencias y autos recientes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que garantizan plenamente que no hay obstáculo para la investigación judicial de los fondos reservados cuando de su aplicación pudiera haberse derivado la comisión de un delito.
No se les oculta a sus señorías que en este tema estamos en presencia de un difícil equilibrio ente principios importantes, principios fundamentales del juego de un Estado social y democrático de Derecho. De una parte, estamos ante cómo se lleva a cabo la defensa de la tutela judicial efectiva y la capacidad investigadora de los órganos jurisdiccionales. De otra, al tratar este tema estamos en presencia del derecho-deber del Gobierno, de sus miembros, de sus funcionarios habilitados para estos menesteres, para garantizar la seguridad del Estado, principio constitucional recogido en el artículo 97. Garantía de seguridad también para las personas.
Asimismo, estamos en presencia de la necesidad del derecho-deber del Gobierno --tan en boga en estos días y tan criticado también-- de guardar secreto profesional, casualmente también contenido en el artículo 24 de la Constitución y en un artículo que algunos parecen no recordar estos días, como es el 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Porque parece como si en muchos de los casos y en las nuevas teorías en boga el secreto profesional se pudiera predicar de determinados roles de la sociedad.
Parece que un periodista puede tener la posibilidad de guardar secreto profesional sobre sus fuentes de información; magnífico. Pero da la sensación de que para las autoridades o funcionarios públicos no se puede considerar la posibilidad de que tengan que guardar secreto profesional.
¿Por qué? Si sacrosanto es un secreto, también el otro.
Permítanme que haga unas matizaciones --sin menoscabo o menosprecio de unos frente a otros--, que creo que

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son importantes. El secreto profesional de un periodista --que es loabilísimo, y cuando haya que ponerse a la cabeza de esa defensa, ahí estará mi Grupo-- pretende, en cualquiera de los casos, garantizar un fuente de información para vender --legítimo-- y para ganar dinero --legitimísimo--. Pero insisto en que parece que un funcionario público no tiene la posibilidad --se le critica, hay que llevarle al juzgado, o se le amenaza con no se sabe qué otro delito-- de invocar el secreto profesional en esta materia, cuando está hablando de seguridad del Estado, de la defensa de la intimidad de unas fuentes de información fundamentales para la seguridad del Estado. Y no lo hace para ganar dinero, sino en el ejercicio legítimo de una profesión.
Por tanto, señorías, pongamos todo esto en sus justos términos.
Equilibremos los platillos de la balanza --ciertamente, difíciles de equilibrar en este tema--, pero que quede claro que no hay obstáculo a la investigación de la aplicación de los gastos reservados, cuando presuntamente --insisto, presuntamente; no condenemos «a priori»-- se haya podido hacer un uso no acorde con el Estado democrático y social de Derecho de nuestra Constitución, porque no hay impedimento para que así se pueda hacer. Busquemos ese equilibrio. Y quiero hacer una matización; que yo recuerde, señor Martínez Sevilla, me parece que todavía no ha habido --aunque puede haberla-- ninguna condena sobre una aplicación, que ahora es objeto diario periodístico.
Otro tema es el que se sustenta en la enmienda número 8, de la Senadora Boneta. Se trata de prohibir expresamente la posibilidad de que se pudiera hacer un uso partidista de la aplicación de los gastos reservados. Creo que esto es innecesario, señoría, porque, por esa regla de tres, podría figurar en el texto de la ley otra serie relacionada de posibles actividades delictivas prohibidas; por ejemplo, dinamitar puentes, comprar productos químicos para determinada utilización, etcétera. Es decir, podría figurar una exhaustiva relación de actividades delictivas. Creo que en el fondo late ese mismo esquema de lo fantasmagórico sobre lo que es la aplicación de los gastos reservados.
Por tanto, señoría, insisto en que es innecesario.
Su señoría también mantiene la enmienda número 9, sobre la información, previa a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que debería llevarse a cabo en la Comisión sobre secretos oficiales de la otra Cámara, a que se refiere el artículo 7 de la ley.
Creo, señoría, que el mayor inconveniente que podría tener la aceptación de esta enmienda es que sería de imposible cumplimiento, porque ningún administrador, ningún Ministro responsable de los Departamentos de los que estamos diciendo que pueden utilizar este tipo de fondos presupuestarios sabe con anterioridad, de forma prolija --más allá de calcular la cantidad, por arrastre de otros criterios presupuestarios de años anteriores--, a qué pueden dedicarse.
Por otro lado, hay otra enmienda que me preocupa, y ya tuve ocasión de decírselo en Comisión. Se trata de la enmienda número 10 --que coincide con la número 4, del Grupo de Coalición Canaria--, de la Senadora Boneta, sobre la necesidad de que existiese una justificación documental sobre la aplicación de los fondos presupuestarios. Sinceramente, no lo entiendo.
Insisto, no entiendo que en un tema como el que estamos tratando --y permítanme la digresión-- al final esto pudiera consistir en que el funcionario o autoridad administradora de gastos reservados hubiese de ir a una imprenta y encargar un talonario de recibos en el que figurase: He recibido de..., la cantidad de..., para..., en concepto de... Ningún perceptor lo querría, y ningún administrador se prestaría a ello.
Decía ayer el Ministro de Justicia e Interior, y el Director General de la Policía en días anteriores --y no acuso a nadie, pero ratifico el comentario--, que en estos días en que las policías de todo el mundo, incluida la española, tienen confidentes, parece que hay menos, y también menos confidencias. Sepamos, pues, con lo que jugamos. En mi pueblo --que es un pueblo viejo-- dicen que con las cosas de comer no se juega --y con las de beber, tampoco, que andan muy escasas--. Por tanto, creo que en estos temas hay que tener el suficiente celo y rigor, pero no hacer digresiones que, evidentemente, no ocasionarían ninguna ventaja añadida.
En otras enmiendas --concretamente, en la número 5, del Grupo de Coalición Canaria, y en la 11, de la Senadora Boneta-- se trata de la declaración patrimonial especial de las personas autorizadas para utilizar gastos reservados. Me parece que por la forma en que se dice que es una declaración especial que debe conocer esa Comisión, de la que sólo va a conocer esa Comisión, no se puede pretender que la declaración especial de las personas especialmente autorizadas pueda incluirse en el régimen general del resto de los funcionarios o autoridades públicas.
La especialidad de la dedicación requiere la de la difusión de esa declaración. De ahí que se requiera la especialidad de la Comisión para el conocimiento de la especialidad de esos fondos. Esa proporcionalidad en uno y otro sentido supone el que no tenga lógica el que hubiese esa expansión, ese grado de publicitación de esa situación patrimonial. Para eso está la Comisión; que lo controle y conozca.
Por último, en cuanto a la Senadora Boneta, la enmienda número 12 coincide con la que presentó el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, la número 9. Trata sobre la extensión o no del contenido de esta ley a las Comunidades Autónomas con competencia en materia de policías autonómicas o forales. El propio Grupo Parlamentario Vasco la retiró en el Congreso de los Diputados cuando se ofreció una transaccional, que permitió dejar claro que cada uno hiciera lo que quisiera con su autonomía y que cada uno regulara lo que quisiera, dejando a salvo las leyes orgánicas de sus estatutos aprobados por referéndum. Quedaba muy claro en el texto, que ahora conoce esta Cámara, que esto se refería a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, a la Administración que administra sólo dichos Presupuestos, con lo cual era innecesario el hacer aquí una salvaguarda para dejar claro, ni siquiera como derecho supletorio, este ámbito de nueva normativa para regular la aplicación de estos fondos presupuestarios sólo en los Presupuestos Generales del Estado.


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Finalmente, quedan las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Puedo decirle, Senador González Pons, que mi Grupo está en condiciones de aceptar esa enmienda transaccional a la enmienda número 15 de su Grupo.
La causa de esta enmienda y de la transacción que hemos buscado entre todos es que nos quedaba por incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados el papel que podría jugar el Tribunal de Cuentas para que ejerza sólo el papel que le atribuye la Ley Orgánica que lo regula.
Por tanto, creo que hemos encontrado una satisfactoria redacción para que, en la forma contenida en el texto, la Comisión a que se refiere la Ley en su artículo 7 pueda, con carácter anual, elaborar y enviar a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas lo que hubiera observado y que dicha Comisión sea autónoma, en sede parlamentaria, para decidir qué hace y qué dice. Pero siempre --era nuestro particular celo y cautela-- deberá hacerlo la Comisión porque a ella le compete; y para eso la ley le otorga esas importantes funciones, con estricta observancia de lo que dice la ley en sus artículos 1 y 3, es decir: secreto, confidencialidad y no publicitación de las materias de que hablamos. Yo creo que en ese aspecto --al que me he referido al principio de mi intervención-- es en el que todos tenemos que hacer un particular esfuerzo. Midamos, equilibremos --siempre es difícil-- en una balanza esos principios y ese control, no sea que cargando demasiado uno de los platillos consigamos lo que, según parece, no pretende ningún grupo: que no existan estos fondos presupuestarios.
En cuanto a las otras dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, como bien decía el Senador González Pons, una vez que hemos conseguido ese acuerdo, confío en que su señoría actuará en consecuencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garrido.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Valdría la pena no dejar hablar mucho al Senador Garrido, con el fin de que no me deje sin enmiendas.
Voy a retirar las enmiendas números 4 y 5, ya que sus argumentos me han convencido. Me queda viva una enmienda a la exposición de motivos. Espero que, por lo menos, la deje viva y se vote.
Muchas gracias, señor Presidente. (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador don Ricardo Sanz.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no cree en el valor taumatúrgico de las palabras; por el contrario, consideramos que lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución tiene plena virtualidad jurídica, cuando dice literalmente: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento a la ley y al Derecho.» Señorías, se preguntarán --no sin razón-- ¿cómo se puede conjugar este precepto constitucional con la existencia de los, comúnmente denominados, fondos o gastos reservados? Con suma sencillez respondo: la norma jurídica, cualquiera que sea su rango, debe instrumentar el mejor sistema para que la Administración pública sea eficaz, puesto que, al margen de lo que la Constitución diga al respecto, una Administración que actúa ineficazmente será, antes que nada, una mala Administración.
Es cierto que, tal y como reza el artículo 1 del proyecto de ley, la defensa y seguridad del Estado constituyen el destino de los fondos reservados que, precisamente, tienen ese carácter no público por la necesidad de satisfacer eficazmente esa finalidad, que abarca cuestiones tan esenciales como el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la preservación de las propias instituciones democráticas, compatibilizando estos objetivos con el establecimiento de los pertinentes controles parlamentarios y sin perjuicio --como se ha dicho-- de la naturaleza secreto de dichos fondos.
Señorías, a estas alturas queda ya patente que la posición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es favorable a la aprobación de este proyecto de ley porque es satisfactorio para los intereses generales y porque su tramitación en el Congreso de los Diputados ha supuesto una notable mejora, susceptible en este trámite de ser complementada con las aportaciones, en forma de enmiendas, de otros grupos parlamentarios.
Notarán sus señorías que hemos otorgado un carácter complementario a las enmiendas que aún permanecen vivas y, por supuesto, a la transaccional, por cuanto que el proyecto de ley es intrínsecamente bueno. No obstante, y con el ánimo de disipar cualquier duda, anuncio --como ya lo hicimos en el trámite de Comisión-- nuestra intención de votar favorablemente todas las enmiendas objeto de voto particular y que a estas alturas del debate permanecen vivas, por la simple razón que exponía un viejo profesor --también lo ha expuesto la Senadora Boneta-- de que lo que abunda no daña y --esto lo aporto yo de mi propia cosecha--, mucho menos, si ello contribuye al consenso deseable de todo punto en un proyecto de ley como el presente. Por tanto, en coherencia con el proyecto de ley y para que conste en el «Diario de Sesiones», nos posicionamos a favor de hacer posible la investigación judicial del uso de los fondos reservados, sin ningún género de duda o restricción mental.
Mención aparte --aunque esta cuestión haya sido suficientemente explicada por el Senador Garrido-- merece el hecho de que la exposición de motivos recoja, a instancia del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el Congreso de los Diputados, que el alcance del

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proyecto se ciñe al ámbito presupuestario de la Administración del Estado, lo que, unido a una interpretación auténtica, derivada del debate parlamentario en dicha Cámara, nos lleva inequívocamente a concluir que no existe merma alguna de la capacidad normativa de los Parlamentos autonómicos con competencia en la materia.
Por último, y aun a riesgo de ser reincidente con lo que ya expuse en la Comisión, quiero expresar nuestra satisfacción por la naturalidad parlamentaria con la que ha transcurrido el debate de este proyecto de ley sobre gastos reservados; responsabilidad que incumbe a todos los grupos parlamentarios sin excepción, y yo diría que, en particular, al Grupo Parlamentario Popular. Este hecho es, a mi juicio, demostrativo de que, por encima de la deforme realidad que tratan de reflejar algunos medios de comunicación, existe la pura y simple realidad de los hechos: pervive la normalidad democrática que, aunque no sea noticia, no por ello deja de ser verdad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz Cebrián.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, para algunos en los últimos tiempos el Estado ha tenido razones que la razón no ha entendido. Para nosotros, tal vez hoy para el conjunto de la Cámara, la razón de Estado no puede, en ningún caso, sobrepasar los límites que le imponen la transparencia y el respeto a la legalidad.
Durante los últimos tiempos hemos oído, con más frecuencia de lo que quisiéramos, relacionar alegremente el uso de fondos reservados con la madurez de un sistema democrático, sosteniéndose semejante afirmación desde el peregrino planteamiento según el cual todos los Estados democráticos maduros mantienen este tipo de reservas presupuestarias. Sin embargo, señorías, parecerá evidente que de la generalización de circunstancias no se puede extraer una norma doctrinal. Dicho en otros términos, el que en otros Estados democráticos se presupuesten fondos reservados no significa que estos fondos se encuentren implícitos en su condición democrática. Créanme si les digo que cuanto más reservados son los fondos de un Estado, menos democrática es su estructura. Entiéndase bien, no estamos cuestionando la existencia de los fondos reservados, sino remarcando la absoluta, la rotunda necesidad de su control parlamentario para que su utilización no contravenga, en ningún caso, las garantías del principio democrático. Afirmamos que la opacidad en el control de los gastos reservados o su aplicación fraudulenta supone un atentado contra el Estado de Derecho y una afirmación de profundo desprecio democrático.
El Estado de Derecho, señorías, significa --conviene recordarlo--, entre otras cosas, sometimiento de los actos de la Administración a la ley, entendida ésta como expresión de la voluntad general, y supremacía de la ley sobre cualquier otra norma jurídica. En relación con la materia que nos ocupa, el Estado de Derecho implicará, pues, sometimiento del gasto reservado a la ley y supremacía de la ley sobre cualquier mandato administrativo de destino de estos fondos. Por eso, desde la confianza en el Estado de Derecho, no sólo debe censurarse el inapropiado manejo que este tipo de dinero público pudiera haber sufrido durante algún Gobierno de la democracia, sino que debe proclamarse, al mismo tiempo, su inadecuación a las bases teóricas más viejas de la democracia parlamentaria.
No cabe, señorías, en sentido contrario, argumentar que cuando esto sucedió no existía legalidad a este respecto; existía y existe una constitucionalidad que establece, absolutamente, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; existía y existe, como acertadamente ha recordado desde esta tribuna el Senador Sanz, el artículo 103 de la Constitución española. Ni cabe en el mismo sentido contrario argumentar que no existía capacidad de control parlamentario a este respecto; existía y existe una capacidad ilimitada de control político de las Cámaras en el texto constitucional. Por lo tanto, siempre ha sido constitucionalmente posible proceder al control de estas partidas opacas, si es que no hubiera sido suficiente un criterio elemental de pura y simple decencia política.
Ahora bien, otra cosa bien distinta es que la mayoría parlamentaria haya impedido hasta hace bien poco la creación de cualquier comisión de investigación instada por las minorías. Porque ha sido esa actitud y no un inexistente vacío legal la que ha hecho que en más de una década nuestro Estado de Derecho haya sufrido de lumbalgia reservada en su vertebración, haya acarreado con un agujero negro en su transparente espina dorsal. Esta ley, que hoy deberíamos aprobar, se ha hecho por pura necesidad política. Lo que no hicimos reglamentariamente, por imperativo de la mayoría, hemos tenido que hacerlo legislativamente por convenio unánime. No nos parece mal, en todo caso, que una iniciativa que entierra una polémica, que siempre debió estar enterrada, se configure como un acto parlamentario exterior, como un acto parlamentario frente a todos y no como un simple acto interno de la Cámara.
Sin embargo, por otro lado, no vale la pena referir ahora toda la suerte de desmanes que se han cometido con los fondos reservados en España si no es para justificar que el Parlamento intervenga legislativamente afianzando su propia capacidad de control político. No vale la pena, señorías, referir ahora toda la suerte de desmanes que se han cometido con los fondos reservados en España si no es para manifestar la esperanza de que a partir de hoy estemos imposibilitando esta repetición. No vale la pena referir ahora toda la suerte de desmanes que se han cometido con los fondos reservados en España si no es para iluminar ahora suficientemente todos los rincones de nuestro Estado de Derecho. Y es que no vale la pena, señorías, insistir en la vergüenza pública que, estoy convencido, todos hemos compartido.
Ahora bien, es necesario también decir que ésta no es una ley de amnistía; esta ley, como la conciencia democrática de los españoles, no olvida, no puede olvidar. Por más que no sea necesario recordar ahora nombres ilustres del robo público, es seguro que la ley los tiene y los tendrá presentes,

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tanto en su redacción como en su aplicación. Esperamos que sea a partir de hoy que los fondos reservados se destinen siempre a su fin. Si así no fuera, esperamos que sea a partir de hoy que el Parlamento disponga ya de los mecanismos necesarios para ponerlo inmediatamente de manifiesto.
Esperamos que sea a partir de hoy que, en todo caso, se depuren siempre las responsabilidades pertinentes.
Señorías, si con todo el dinero público hay que tener una precaución particular en su gasto, con aquel dinero que, además, está reservado en su control, esta precaución ha de elevarse a la categoría de disciplina.
Por ello, esta ley no es necesaria sólo por lo que ha ocurrido --y no conviene olvidar--, sino que lo seguirá siendo para que nunca vuelva a ocurrir.
En ese sentido, señorías, para nosotros es un signo, un gesto de madurez democrática, una garantía de futuro la coincidencia y el consenso con el que hemos procedido a la tramitación de este texto. No era --y hay que decirlo-- un problema fácil de resolver, pero entre todos hemos hecho un ejercicio muy serio de responsabilidad política por el que no podemos sino mostrar nuestro reconocimiento a todos los grupos de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular, promotor de esta iniciativa, ha visto cómo la concordia con que fue acogida ha ido transformándose en una negociación más larga que difícil en pura concordancia. En esta misma sesión presentamos concordadamente una enmienda transaccional sobre una enmienda nuestra que cubre la última aspiración del Grupo Parlamentario Popular al control más efectivo posible sobre los fondos reservados, que es el traslado al Tribunal de Cuentas de las incidencias que la comisión correspondiente hubiera podido detectar en su examen, que permitirá que el Tribunal de Cuentas intervenga en el control de los créditos reservados con inmediatez y con efectividad anual.
Señorías, suscribimos este texto de consenso y, como ya he dicho, para su mayor virtualidad en este momento retiramos las otras dos enmiendas que quedaban pendientes de votación. Ahora, señor Presidente, señorías, el texto prácticamente de todos los grupos de la Cámara es uno solo.
Señorías, empezaba señalando que algunos Estados han tenido razones, y el nuestro entre ellos, que la razón no ha entendido, y quisiera terminar con la esperanza de que nunca más vuelva a ser así, porque el Estado sin razón no es otra cosa que el Estado sin Derecho.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González Pons.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don Alfonso Garrido.


El señor GARRIDO AVILA: Señorías, produce satisfacción cuando en el Diario del Senado se publica, como texto remitido por el Congreso de los Diputados, un texto que se ha aprobado unánimemente en la otra Cámara y produce satisfacción porque uno sabe, a priori, que la tramitación de la ley va a ser más amistosa, que vamos a tener --y esta Cámara puede dar ejemplo de ello siempre, afortunadamente-- menos tensiones. Y éste es uno de esos proyectos que todavía puede generar menos tensiones en esta Cámara, conforme es norma en ella, y hay que intentar entre todos que así siga siendo. No por ello la tramitación de esta ley ha pasado como un rayo de luz por un cristal en esta Cámara. Se han dicho cosas importantes en cada una de las intervenciones --en Ponencia, en Comisión y en Pleno-- y, sobre todo, se han hecho afirmaciones de lo que debe ser la auténtica aplicación y existencia de este tipo de fondos presupuestarios.
No puede olvidarse que esta ley, que felizmente ve la luz, es el primer elemento de control parlamentario del sistema de gastos reservados, que garantiza --como machaconamente mi Grupo y yo hemos dicho-- el carácter de secreto --si no hay secreto en los gastos reservados, que no los haya-- y va a permitir --después de la única normativa, que es una circular de 1966, aparte de los mandatos constitucionales de 1978-- que haya un cuerpo legislativo que en un sentido amplio, unitario regule la aplicación de estos fondos presupuestarios.
Señorías, se ha dicho, pero yo lo machaco, que los fondos presupuestarios para la aplicación de gastos reservados son absolutamente necesarios para la defensa del Estado de Derecho desde la legalidad y la defensa de los valores democráticos. Que nadie piense que lo opaco es igual a lo ilegal; que nadie piense, porque es falso --lo pueden ver--, que gastos reservados equivale a no democracia. Que nadie lo piense, porque si lo piensa, a lo mejor tiene que plantearse a sí mismo y ante el espejo si cree en el Estado democrático.
Pero el control legal y parlamentario, señorías, no puede hacer olvidar otros principios básicos del hacer político, sobre todo del hacer político del Ejecutivo. Hay que seguir creyendo en la discrecionalidad, en el uso, en el buen uso, en el legal uso, en la correcta aplicación.
Que nadie olvide que tiene que seguir primando y que de eso es de lo que tendrá que responder --es la única herramienta que entiende la democracia, las urnas-- un Gobierno que haga o no haga correcto uso de cualesquiera de las partidas presupuestarias, también de ésta. Señorías, no se puede llevar el péndulo al otro lado, a lo que tan habitualmente, y en muchos casos para nuestra desgracia, somos tan cariñosos los españoles, a pendular. Equilibremos las cosas y no hagamos más allá de lo necesario el debate de lo superfluo.
Sea como fuere, yo creo que conseguimos que esta ley sea una ley de equilibrio, pues tocando esos elementos tan sensibles de la vida diaria permite que no nos avergoncemos quienes aprobemos esta ley de que estemos cometiendo algún pecado, aunque sea venial, al admitir la posibilidad de que existan estos gastos reservados. Esta sociedad, sus instituciones van a controlar los gastos reservados, pero no porque antes no los pudieran controlar, y a los hechos me remito. El Tribunal de Cuentas está conociendo de la Cuenta de 1993, hay actuaciones judiciales en marcha sobre la posible utilización, con algún roce del Código Penal, de la aplicación de gastos presupuestarios y por

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tanto, podía conocerse de su correcta o no, legal o ilegal aplicación.
Pero yo creo que con nuestra ley conseguimos tener un marco normativo.
Estos días, preparando el debate, me he asomado al Derecho comparado y créanme, señorías, va mucho más allá de lo que nuestros vecinos inmediatos tienen regulado sobre la materia. Me alegro de que vayamos más allá. Una vez más vamos más allá. No pasa nada por ir más allá. Regulamos y lo hacemos más lejos.
También quisiera dejar claras una serie de precisiones sobre este particular. Que la ley es necesaria, lo decimos. Que la ley es oportuna, lo sabemos. Que la ley ayudará a evitar situaciones no deseadas por todos. Pero la ley ha nacido en un momento especial, donde acontecimientos actuales no pueden hipotecar a los legisladores sobre qué sean esos fondos presupuestarios, cómo sea su blindaje, quiénes los usan, quiénes los controlan, a qué se dedican. No confundamos el editorial de un periódico con la función de legislar; no confundamos lo que se oye, se dice, se comenta, se rumorea, con lo que a los que aquí nos sentamos, por mandato popular, se nos puso por oficio.
Cuando se legisla, señorías, no se puede cometer la torpeza o el craso error de legislar por motivos demasiado concretos o por cuestiones particularmente ocasionales, temporales, hasta personales o por y para hechos aislados, felizmente aislados, demasiado aislados.
Afortunadamente, creo o quiero creer, deseo en cualquiera de los casos, que el proceso legislativo que ahora culminamos con esta ley haya permitido buscar y encontrar esa generalidad de situaciones a las que los legisladores debemos dedicarnos y no a casos aislados, a los que la ley nunca debe dirigirse. Mal negocio, mal oficio, mal uso del depósito de confianza de los electores si no lo hemos conseguido.
Yo pienso que debemos felicitarnos, porque nuestro trabajo se aproxima a lo deseable. Además, confío, en función de las enmiendas retiradas, lo que agradezco, y de las que todavía están vigentes, en que finalmente los grupos aportarán su voto favorable al texto definitivo, porque creo que la ley sale con un consenso parlamentario feliz y afortunadamente necesario por razón de la materia.
Me queda por hacer una última consideración sobre el contenido de la ley.
No podemos, señorías, caer en un cainismo que no lleva a ninguna parte.
Cuando se cae una presa --por poner un ejemplo, y lo digo porque también es objeto de un debate parlamentario las causas de la caída de una presa--, no se puede reducir que a los ingenieros, ni uno. Uno de nuestros padres del Siglo de Oro decía que cura que en la vecindad vive con desenvoltura, para qué le llaman cura si es la propia enfermedad.
Pero por uno, no todos. Si hay un periodista, si hay un político, si hay un funcionario, si hay una excepción a la regla de los comportamientos, condenemos, como debe ser, con toda la fuerza que podamos y más la excepción a la regla de los comportamientos, pero nunca generalicemos, por lo de los justos por pecadores o por lo que sea.
Por tanto, quiero, señorías, desde aquí y desde la solemnidad de este sitio, evitar que creemos esos equívocos, porque los concernidos, particularmente, somos nosotros y somos los llamados a evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque y que uno por un millón cuando sólo es uno y no es el millón.
Si alguien se equivoca, que lo pague. Así de claro. Pero no todos somos iguales, señorías, y quien no lo sea, señalémosle todos con nuestro dedo, pero a quien lo sea. Los responsables democráticos que en España --todos y no lo predico sólo desde los escaños de mi Grupo, de mi casa en este tema-- han regido la utilización de estos gastos reservados lo han hecho con honorabilidad, con decencia, con dignidad y con la tremenda, tremendísima responsabilidad y asunción de riesgos que sólo quienes lo conocen saben lo que son estas funciones. Hay veces que a ellos les gustaría no estar en esos asuntos y sí estar en otros. No son tampoco héroes ni mártires, ni quieren serlo, pero sí son honrados servidores de lo público, funcionarios o políticos que han hecho de su trabajo, señorías, fiel reflejo de sus convicciones democráticas, todos, y de decencia en la administración de lo público. Porque si se demostrase que uno o unos pocos, muy pocos, afortunadamente, confundieron lo público y lo privado, no puede por ello empañarse el ejemplo de la globalidad. No son el género, ni siquiera la especie, pueden ser pocos, poquísimos, especímenes, pero son muchos, muchísimos, la globalidad, los que se han dedicado a estas tareas difíciles, ingratas, crean señorías, ingratísimas, pero, al mismo tiempo, paradójicamente, gratificantes por razón de la misma materia. No confundamos.
Y confío, quiero confiar, en que, como decía el Senador González Pons al final de su intervención, ojalá la ley cierre la polémica, pero, señorías, no es taumatúrgico, como bien decía también, ni es milagrosa la ley, ni es el bálsamo de nada. Si cierra o entierra, si ayuda o no ayuda, señorías, va a depender de los que aquí estamos y de quienes con nosotros se relacionan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes a este proyecto de ley. Sometemos a votación, en primer lugar, los votos particulares del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 8, 9, 10, 11 y 12 de la Senadora Boneta Piedra. (La señora Boneta Piedra pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senadora Boneta?

La señora BONETA PIEDRA: Señor Presidente, retiro la enmienda número 12, por lo que pido que se sometan a votación las enmiendas números 8 a 11.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


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Por lo tanto, vamos a someter a votación las enmiendas números 8, 9, 10 y 11, en un solo acto, salvo que se indicara lo contrario. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación, conjuntamente, las enmiendas números 6 y 7, también del Grupo Parlamentario Mixto. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, según la información que ha facilitado el Vicepresidente Primero, queda viva la enmienda número 1, exclusivamente, que sometemos seguidamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sobre la base de la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Popular, los seis grupos parlamentarios, a través de la firma de sus portavoces, proponen un nuevo apartado 4 al artículo 7, cuya redacción es la siguiente: Con carácter anual, y atendiendo, en todo caso, a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la presente ley, la Comisión podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas. ¿Es necesario someter a votación esta enmienda, o se puede entender que se aprueba por asentimiento? (Pausa.) La aprobamos por asentimiento, y por lo tanto resta someter a votación el dictamen con la modificación introducida.
El dictamen consta de articulado, artículos 1 a 7; disposición adicional, que en el texto aparece calificada como única; disposición transitoria, también calificada como única; disposiciones finales primera y segunda y, lógicamente, la exposición de motivos.
Solicito el criterio de la Cámara por cuanto el texto ha de volver al Congreso de los Diputados, dada la inclusión de la enmienda transaccional. Por coherencia con lo que ha sido el estilo de redacción parlamentaria, cuando la disposición adicional es sólo una, nunca se califica de única. Por técnica parlamentaria, quizá fuera correcto aceptar esta enmienda, que, si es admitida por los señores miembros de la Cámara, no tiene ningún alcance.
Evidentemente, es innecesario señalar que son únicas la disposición transitoria y la disposición adicional, ya que son una y una, y no parece que aquí existan problemas teológicos ni bizantinos ni nominalistas. Pero por si alguien está en desacuerdo con el Presidente, les diré que hace tiempo que el amor propio del Presidente sobre estas cuestiones ha quedado a disposición de sus señorías. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de ley tenía dos disposiciones, es decir, que hubo momentos en la tramitación de dicho proyecto en los que aparecía más de una disposición final. Creo que corresponde al buen hacer de los servicios de la Cámara decir si debe o no figurar ese tipo de cuestiones.
Por lo expuesto, mi Grupo no objeta absolutamente nada a la propuesta de la Presidencia.


El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara están a lo que políticamente sus señorías decidan. (El señor Barbuzano González pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, nuestro Grupo tampoco objeta nada a lo dicho por la Presidencia. (Risas.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Con la modificación que sus señorías han tenido a bien aceptar, vamos a someter a votación conjunta el texto del dictamen del proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, que consta de los preceptos que acabo de enumerar.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 221; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.) Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Barreiro.


El señor BARREIRO GIL: Señor Presidente, dada la importancia política de este proyecto de ley, y a los efectos de que figure en el «Diario de Sesiones», quisiera pedir perdón por mi equivocación al votar.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Sólo ha habido una equivocación: la del Senador Barreiro. (Risas.) En el «Diario de Sesiones» consta lo que consta.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.


Eran las catorce horas y veinticinco minutos.


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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (S.
621/000069) (C. 121/000042).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión en plan casi confidencial e íntimo. Pasamos al punto 22 que reza así: De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas.
¿Alguien de la Comisión quiere hacer la presentación del dictamen? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Codina i Castillo.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, voy a hacer, en nombre de la Comisión, la presentación del dictamen del proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas que tuvo su entrada en el Senado el día 27 de febrero, acordándose por la Mesa de la Cámara su remisión a la Comisión de Interior y Función Pública y la apertura del correspondiente plazo de enmiendas que concluyó el 10 de marzo.
Durante dicho plazo se presentó una propuesta de veto por la Senadora De Boneta y el Senador Petrizán, del Grupo Parlamentario Mixto, y un total de 250 enmiendas al articulado. La Ponencia estaba integrada por los Senadores Ardaiz, a quien le deseamos un pronto restablecimiento, Cercós Pérez y Pérez García, todos ellos del Grupo Parlamentario Socialista, y por los Senadores Alvarez Rodríguez y Ruiz Medrano del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia aprobó por mayoría una serie de enmiendas, y asimismo aprobó diversas correcciones técnicas y gramaticales en el texto presentado por el Congreso. El debate en la Comisión de Interior y Función Pública tuvo lugar el día 28 de marzo, y durante el mismo se aprobaron 14 enmiendas, se acordaron tres transaccionales al amparo del artículo 115 del Reglamento, y se realizaron nuevas correcciones técnicas.
El proyecto de ley que nos ocupa consta de exposición de motivos, de un libro I relativo a los contratos de las Administraciones públicas en general que comprende ocho títulos, de un libro II que regula los distintos tipos de contratos administrativos y que comprende cuatro títulos, y asimismo de ocho disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Hasta aquí el trabajo realizado por la Comisión.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora la defensa de la propuesta de veto.
Tiene la palabra la Senadora Boneta Piedra.


La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, decía en Comisión, y lo mantengo ahora, que el proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas que hoy debatimos adolece de graves deficiencias que, en opinión de esta Senadora, difícilmente pueden ser subsanadas mediante la presentación de enmiendas parciales.
Estamos de acuerdo, por supuesto, en el objetivo principal que parece subyacer en la filosofía de este proyecto de ley: evitar cualquier posibilidad de corrupción aumentando el control sobre la contratación de las Administraciones públicas. Sin embargo, creemos que este proyecto constituye un atentado a las competencias de las Comunidades Autónomas, y muy especialmente a las de aquellas que, como la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, consagran en sus estatutos la competencia exclusiva en materias de autoorganización y funcionamiento de sus propias instituciones o régimen local. La disposición final primera, y sobre todo la tercera, no dejan excesivas dudas al respecto. No hay capítulo o título cuyo cuerpo mantenga una unidad no afectada por el carácter básico, pero no sólo en su formulación genérica sino en su desarrollo, proclamado también como básico en la disposición final tercera.
Este proyecto es atentatorio también contra la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, al menos a juicio de quien en este momento se dirige a sus señorías. Eusko Alkartasuna va más allá de la propia autonomía en sus planteamientos políticos, y defiende democráticamente el autogobierno en el más amplio sentido de la palabra: autodeterminación.
Pero, al margen de esta cuestión, que no se plantea aquí y ahora, considera que este proyecto no respeta la autonomía en su excepción e interpretación más limitada. No se ha aceptado ni una sola enmienda que preserve la propia autonomía municipal, sometiendo así a las corporaciones locales a un continuo control del Consejo de Estado u organismo de estas características que pudiera existir en las Comunidades Autónomas, y sometiéndolas también en cada trámite a desarrollar en sus contrataciones un control externo a las propias instituciones locales para los pliegos de condiciones y para todos los trámites en general.
Pero, además de nuestras reservas hacia este proyecto en relación con el autogobierno de las nacionalidades del Estado o con la autonomía municipal, consideramos que este proyecto se va a revelar en su práctica como inaplicable e ineficaz. Es un proyecto absolutamente reglamentista.
A las instituciones a cuya legislación me he referido, posiblemente no les va a quedar sino decidir si el órgano de contratación, los miembros de la mesa, deben acudir a la apertura de plicas con barretina, boina o vestidos con bata de cola.
Es un proyecto cuajado de formalismos. Es más importante la firma material del contrato que el propio acto de adjudicación previa, de aceptación de las cláusulas del pliego de condiciones, cuando en realidad el contrato debería

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perfeccionarse por el hecho del concurso de voluntades que representa la adjudicación y que, por otra parte, formaliza suficientemente dicho concurso de voluntades entre adjudicante, Administración y adjudicatario contratista. El propio proyecto de ley, y lo digo a título de ejemplo de formalismo, exige la firma del contrato para el inicio de la ejecución del contrato: obra, suministro, asistencia técnica, etcétera.
Creo que no es necesario proseguir explicando las razones de este veto.
Para esta Senadora es preocupante que la prolijidad de este proyecto lo haga inaplicable; que contratantes y contratistas se dediquen a rebasar la línea u orillar la ley por su dificultad de aplicación, al menos en algunos ámbitos, y especialmente los municipales, que se ven obligados a prolongar indefinidamente sus expedientes de contratación con una falta total de agilidad administrativa; que alguien justifique como bueno el dicho popular de hecha la ley, hecha la trampa. En definitiva, mi mentalidad política y mi mentalidad de jurista me hacen rechazar de plano cualquier proyecto de ley cuya dificultad de aplicación provoque tentaciones de incumplimiento.
Ayer en esta Cámara se acudía a los oráculos; hoy me toca a mí hacer de agorera. Si este proyecto se aprueba tal como ha salido de la Comisión nos encontraremos pronto revisando esta ley, como la Ley 30/1984 y la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sería más práctico y más rápido que sus señorías aprobasen este veto y que el Gobierno reconsiderara algunos aspectos de esta Ley.
No obstante, aunque creo y defiendo la utopía, sospecho que este veto no va a ser aprobado. Por ello, y por la melancolía que me produce el trabajo inútil, les ahorraré tiempo y esfuerzo a sus señorías, y una vez expuestas las razones políticas de este veto, señor Presidente, solicito se dé por retirado y no se someta a votación.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Podemos pasar al debate de las enmiendas y votos particulares, salvo que quieran intervenir en turno de totalidad. (El señor Cercós Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Cercós.


El señor CERCOS PEREZ: Señor Presidente, realmente se ha utilizado por la Senadora Boneta un artificio que quebranta las posibilidades de contradicción, de oposición. Alegar durante unos minutos, largo y tendido, sobre sus razones para rechazar un proyecto, aparte de la incongruencia personal que supone que la conclusión de todo ello sea que lo retira, nos deja indefensos por vía de esa incongruencia. Queremos dejar constancia de esa situación.
Nada más, señor Presidente. Solicitaríamos que sea atendida esta posición nuestra, ya que creemos que es insólito que se argumente todo lo que se quiere en contra de una ley, y al final se concluya retirando la propuesta. Si no hay una postura interpretativa del momento por parte de la Presidencia, esto puede ser un precedente para futuras actuaciones en el ámbito parlamentario, pero que es inusual hasta este momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, el Reglamento y la ordenación del debate a usted le permiten tener un turno de portavoces en este punto concreto del orden del día. Por tanto, no está en indefensión.
La Senadora ha hecho válido aquel aforismo del «potuit, decuit, ergo fuit». (El señor Pérez García pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Pérez García.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, quiero formularle un criterio, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, porque me parece que en interés de los principios que deben regir el procedimiento democrático, sea un procedimiento parlamentario, judicial o administrativo, el principio básico es el principio de la contradictoriedad. Creo que en igualdad de condiciones de tiempo y de capacidad para desplegar sus argumentos dialécticos se debe conceder a los grupos que lo estimen oportuno el derecho a contradecir los argumentos expuestos por la Senadora defensora de su enmienda de veto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, nadie ha puesto en duda que haya posibilidad de un turno en contra.
Lo único que les pido es que cuando pidan la palabra, utilicen el turno para eso. Si ustedes desean hacer un turno en contra a esta proposición de veto, pueden hacerlo. (El señor Alvarez Gutiérrez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Alvarez Gutiérrez.


El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Entendemos que, en este supuesto, deberían intervenir todos los grupos, como siempre lo hacen, por orden de menor a mayor representación, independientemente de que al final ya no se vote el veto, puesto que lo ha retirado de forma reglamentaria.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Como es lógico, hay primero un turno en contra, y luego habrá un turno de portavoces y podrán intervenir todos los grupos.
Para un turno en contra de una propuesta de veto retirada, tiene la palabra don Ramiro Cercós.


El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento de nuestro Grupo Parlamentario a la Senadora Beteta por la retirada del veto. Quiero que conste el agradecimiento, porque si hubiera empezado por eso, nosotros tendríamos claro que lo que pudiese venir después en su intervención podrían ser disquisiciones como las que vamos a exponer en todo nuestro tono argumental, pero como lo ha expuesto al final, mi cortesía parlamentaria me obliga a dar las gracias

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a su señoría por la retirada de un veto que era insostenible.
A pesar de toda su exposición, señoría, no hay razón alguna para que una ley debatida plenamente en la pasada legislatura hasta llegar al Senado; una ley que ha tenido 400 enmiendas en el Congreso, de las que se han aceptado 260; una ley que ha tenido en el Senado 250 enmiendas y que va a tener más de 100 enmiendas en la Cámara; una ley que no tuvo el veto de sus señorías en el Congreso lo tenga ahora aquí, en el Senado. Le traslado en este momento la misma sorpresa que tuve en el debate en Comisión. Su señoría no ha podido leer la ley, porque si lo hubiese hecho no diría que las corporaciones y entidades locales quedan discriminadas en el proyecto de ley, porque es absolutamente increíble. Si quiere, señoría, a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», le saco los artículos, empezando por el primero, en el que se proclama que la ley va dirigida también a las Administraciones locales, y le saco todos aquellos en los que se hace referencia expresa a que son para las corporaciones locales, si se prevén su situación y sus circunstancias de una manera objetiva, porque aquellas que no tengan capacidad para tener asesorías técnicas, que no tengan capacidad para constituir una Mesa formalmente, se las remite a otra normativa dentro del propio cuerpo de la ley.
Sus señorías plantean en otras enmiendas, que discutiremos luego, el que sea el Consejo de Estado el que informe realmente las situaciones en que los pliegos de base particulares discrepan de las condiciones generales de los pliegos, y ésa es la normativa recogida en la Ley de Bases del Régimen Local y en el propio Reglamento interior del Régimen Local.
Después tendremos oportunidad de debatirlo, pero no tiene por qué intervenir la Federación Española de Municipios. Y su señoría me está diciendo que también hay unas cuestiones competenciales. Iremos entrando con detalle en todas ellas, señoría, pero yo le puedo decir que hay sentencias del Tribunal Constitucional, hacia el que nuestro Grupo siente un exquisito respeto, que abordan todos los asuntos referidos de una forma exclusiva a la contratación. No son tantas las sentencias del Tribunal Constitucional, pero está la Sentencia 141/1993, de 26 de abril, en la que señala claramente los temas que son competencia de carácter básico, que son normativa básica, señoría, y que tienen que ser abordados por el Poder Legislativo. Porque su señoría no ignora todo lo referente al carácter básico, y que es la primera pregunta que tendríamos que hacernos: de quién es la competencia de la normativa básica. Lo primero es que la competencia, en la definición de norma básica en la ingente masa de disposiciones legislativas, reglamentarias y estatales, corresponde, por encargo directo de la Constitución, al propio Estado, señoría. Pero es que, además, después de eso, es el Poder Legislativo, es el legislador, sin alterar el orden constitucional y una distribución de competencias absolutamente respetada, y con observancia de las garantías de certidumbre jurídica, el que también acomete la inclusión en las leyes de los temas que puedan tener carácter básico. El propio Tribunal Constitucional, en esa sentencia, dice claramente que las normas que tienden a mantener la igualdad de condiciones de todos los contratistas tienen que tener carácter normativo básico. Su señoría no ha tenido la posibilidad, y espero que la tenga a lo largo del debate, de decir cuáles son esas normas, porque para este Senador es un misterio. No se puede hacer una declaración para la galería diciendo que no se respeta en absoluto la cuestión de las competencias. Creo que aquí hay grupos parlamentarios que también tienen su propia representación y con los que discutiremos y trataremos de debatir un asunto sustancial, porque a todos nos guía la idea de que esta ley tiene que tener las mejores garantías, la mejor credibilidad, el mejor soporte, el mejor reconocimiento, la mejor continuidad y la mejor permanencia dentro de la realidad española, como ley que es de contratos del Estado, y para que pueda tener esa permanencia tiene que tener un respaldo, una anuencia de los grupos políticos. Señoría, yo le decía que esa propia sentencia del Tribunal Constitucional recoge que las normas que tienden a mantener la igualdad de las condiciones de todos los contratistas --como puede ser la obligación de los órganos y autoridades competentes de notificar a la junta consultiva de contratación administrativa las resoluciones sancionadoras que afecten a empresarios que pretenden contratar con la Administración-- son competencia normativa básica, como lo es la regulación de aquellos contenidos de los pliegos de prescripciones técnicas particulares que tengan relación directa con el principio de igualdad para no romper la igualdad en la concurrencia --la no discriminación como principio--; la determinación de los conceptos que deben incluirse en el pliego de bases para los contratos de suministros que tengan relación con la garantía del principio de igualdad entre los licitadores; las normas sobre clasificación de los contratistas nacionales en orden a contratar obras con presupuesto superior a una determinada cifra o los requisitos que en sustitución de la clasificación deben acreditar los contratistas no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea.
Señoría, esa misma sentencia también precisa las normas ligadas al principio de publicidad, y en este sentido son consideradas básicas las normas que establecen la regulación del contenido de los anuncios que han de remitirse al Diario Oficial de las Comunidades Europeas y al «Boletín Oficial del Estado», algo que se recoge en los artículos de esta ley de forma expresa referido a todos los anuncios que se hacen para los proyectos de obras o de suministros con el plazo de un año y además con traslado en plazo, que puede ser de 52 días, a la Unión Europea; previsión ésta de que se haga el anuncio de las contrataciones que creemos que es una cosa positiva y que, insisto, está establecida por sentencia del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre con las precisiones sustantivas destinadas a la correcta e igualitaria aplicación de la ley en todo el territorio del Estado, y eso incluye la determinación de los conceptos que deberán integrarse en el presupuesto de la obra por el órgano de contratación para calcular el límite por debajo del cual es posible la contratación directa, las normas que permiten a los licitadores --como se recoge en el articulado de la ley-- retirar sus ofertas y fianzas si la Administración no ha resuelto el concurso en plazo --lo cual, repito, está legislado en el proyecto que estamos debatiendo

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en este momento-- y la fijación de una cifra por debajo de la cual es posible la contratación directa en los contratos menores que, a partir del artículo básico que se define en la ley, se desarrollan para los diferentes contratos: de obras, de suministros, de servicios, de asesoría y de consultoría y también para aquellos que obedezcan a trabajos no habituales.
Por lo tanto, señoría, toda esta redacción responde a sentencias sobre las que no me quiero extender en este momento, podré hacerlo posteriormente. Sólo voy a insistir en la Sentencia 331/1993, por la que se resuelve un recurso de inconstitucionalidad con una Autonomía española y en la que se aborda la problemática del carácter básico de las normas.
Crea su señoría que en esta ley no se recoge ninguna norma que no corresponda en el fondo a una normativa básica que haya sido calificada así por el Tribunal Constitucional, y yo tendré mucho gusto en trasladarle toda la información que así lo corrobora. Ahora bien, a fin de que seamos constructivos a lo largo del debate, ruego a su señoría que señale cuáles son aquellos artículos o aquellos puntos en los que no se respeta la constitucionalidad; yo tendré la satisfacción de intervenir en un diálogo cordial y afectuoso con su persona a fin de que seamos capaces de hacer la mejor ley posible, pero en este momento le puedo decir ya que ha habido un exquisito cuidado, que tanto en el Congreso como en el Senado se han recogido las enmiendas que van a hacer que ésta sea una excelente ley de contratos del Estado que tendrá una larga vida en el país --como la anterior, que ha vivido prácticamente 25 años-- y que en ella se han hecho todos los intentos para consolidar legislativamente, con el mayor respeto, lo establecido en la Constitución, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en los Estatutos de las propias Comunidades Autónomas.
Nada más, señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós Pérez.
En turno de portavoces, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora Boneta Piedra por cinco minutos.


La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Presidente, Senadora De Boneta, y no, Senador Cercós, Senadora Beteta.
Voy a utilizar este turno de portavoces de mi Grupo únicamente para reafirmar la posición que hemos mantenido, aunque después de la rigurosa preparación del Senador que me ha precedido comprendo que éste haya tenido dudas ante la posibilidad de no poder intervenir. Quiero dejar claro, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», que la intención de mi anterior intervención no era hacer una suerte de filibusterismo parlamentario e impedir la participación del resto de los grupos sino, simplemente, por razones de economía procedimental y parlamentaria, impedir la votación de algo, no por incongruencia personal, sino por la seguridad de que tal votación iba a resultar absolutamente derrotada, como ya ocurrió en Comisión. Sin embargo, consideraba que los argumentos que se dieron entonces deberían reiterarse y ampliarse, como así se ha hecho.
En todo caso, no quiero prolongar esta intervención mucho más y sólo quiero insistir en que esta ley provoca problemas de funcionamiento, de eficacia, de aplicabilidad, e incluso de autonomía municipal a las propias corporaciones locales. Y no me remito a la opinión de esta Senadora, o incluso a la de este Grupo, sino a la de la Federación Española de Municipios, o a la Federación de Municipios Vascos, Eudel, ambos de acuerdo en esa especie de entorpecimiento que representa este proyecto, además de una cierta agresión a la autonomía municipal. En este sentido, lamentando el efecto que haya podido producir la retirada de este veto --que creo que no se ha debido más que a un momento de nerviosismo, en que los árboles no dejan ver el bosque--, quiero señalar que se ha retirado por esas razones y que la posición que este Grupo mantiene es la misma que ha mantenido. Por tanto, no voy a reiterar mis argumentaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir prácticamente estos cinco minutos para hablar de la ley en general y no de forma específica. Por supuesto, nos vamos a oponer al veto. Se trata de una ley que ha tenido --como ha dicho el Senador Cercós-- cuatrocientas y pico enmiendas y que lleva tratando de consensuarse desde hace muchos meses. La ley no es mala tal como está.
Nosotros hemos presentado unas cuantas enmiendas que no van a prosperar, evidentemente, y que tratan de corregir detalles menores. Pero, como digo, la ley en general es buena. Por tanto, reitero que nos oponemos al veto.
Pero les quiero significar una cosa. Existe un artículo en la ley, el 116, para el que nosotros queríamos una nueva redacción, utilizando como percha una enmienda del Grupo Socialista, una nueva redacción que no significase una grave distorsión del mercado de la construcción, tal como ocurría según había llegado la ley del Congreso de los Diputados. Todos los grupos hemos firmado, menos uno, pero la razón que se nos da, relativa a que esto viene consensuado del Congreso, no nos vale. El Congreso es una Cámara de las Cortes Generales del Estado y ésta es otra Cámara de las Cortes Generales del Estado. Y si esta Cámara llega a la conclusión de que ese artículo distorsiona gravemente el mercado de la construcción, significa que hay que modificarlo. (Varios señores Senadores pronuncian palabran que no se perciben.) No se asusten, señorías, es que yo hablo así. Y hay que modificarlo, porque con la redacción actual se está tratando de igualar en el mercado de la construcción a suministradores y subcontratistas con el contratista principal, que es quien tiene absolutamente

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toda la responsabilidad: penal, administrativa, social, etcétera. Y se está eliminando la posibilidad de que dos partes que intervienen en una actividad comercial sean capaces de pactar lo que deseen, siempre y cuando lo que pacten y la forma de pactarlo esté dentro de la ley.
Solamente quería hacer esta advertencia. Si se aprueba este proyecto de ley, tal y como está redactado, el mercado de la construcción va a sufrir una fuerte distorsión. Más grave sería que aprobásemos otra ley, que influyéramos en la conciencia del grupo que no quiere firmarla y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados se rechazara. Esos pactos cerrados provenientes de otra Cámara para luego venir a ésta, ponen tremendamente nervioso a este Senador.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para exponer nuestra posición contraria a la propuesta de veto de la Senadora Boneta, por las razones que ya expusimos en la Comisión de Interior y Función Pública; se concretan en que no compartimos el criterio de que la vía del veto sea el medio más idóneo para la defensa de las competencias autonómicas, que puedan ser afectadas por leyes del Estado, en concreto por esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina i Castillo.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Quiero aprovechar este turno de portavoces, no para entrar en contradicción --habría algunos extremos en los que podríamos estar de acuerdo y en otros no-- con la exposición y defensa de veto por parte de la Senadora Boneta, sino para exponer nuestra visión general en cuanto al proyecto de ley, tal como está quedando redactado después de las enmiendas aceptadas y para contestar al Senador Barbuzano, en lo que hace referencia a un artículo. Ha tenido la galantería de no citar cuál es el grupo que no estaba dispuesto a firmar esta propuesta, que es el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, en su momento, me gustaría darle cumplida respuesta, aunque ahora no voy a dejar pasar la oportunidad de hacer una pincelada de los motivos.
Esta ley lleva dos años, aproximadamente, dando tumbos por el Congreso de los Diputados. Cuando terminó la legislatura anterior decayó y volvió a aparecer en la actual. Tengo que formular una queja --entre comillas-- si se me permite. Su tramitación ha durado mucho tiempo, se ha pretendido que tuviera el mayor consenso posible, sobre ella se ha podido trabajar con una cierta tranquilidad en el Congreso de los Diputados, y, sin embargo, en el Senado, Cámara reconocida, en una de sus versiones, como de segunda lectura, hemos tenido que trabajar con muchísima urgencia. Se nos ha otorgado un plazo tremendamente corto; un día se reunía la Ponencia, a la mañana siguiente lo hacía la Comisión y a los pocos días, los indispensables, se debate en el Pleno. Creo que hay que lamentarlo, porque esta Cámara, en su condición actual de segunda lectura --insisto--, tenía que tener el reposo suficiente para poder discutir sobre esta ley, con lo que, seguramente, hubiéramos podido alcanzar mayores acuerdos; incluso, me voy a permitir confesar que, posiblemente, si hubiéramos dispuesto de más tiempo, se hubieran presentado menos enmiendas; la prisa ha llevado a presentarlas. Pienso que al final queda una buena ley, porque aunque creemos que en este debate aún quedan --debemos mantenerlas-- unas cuantas enmiendas por discutir, si éstas no se aceptaran, no variaría sustancialmente el proyecto de ley.
En esta situación de urgencia, cuando se quieren conseguir acuerdos --y esa es la voluntad--, cuando se quiere pactar --y esa es la voluntad--, tiene que haber renuncias y, al final, vamos a sacar un texto que nos parece bueno --insisto--, pero es de lamentar no haber tenido más tiempo para hacer un mayor y mejor trabajo.
La regulación era necesaria; convenía poner al día la contratación entre las empresas y las Administraciones públicas; las directivas europeas nos obligaban. Se introducen algunos aspectos de garantías a aquellas empresas que trabajan para las Administraciones públicas, como la seguridad de que van a poder cobrar en un plazo determinado de tiempo, y esto se hace extensivo a las empresas subcontratistas y a las suministradoras.
Es cierto que hay una propuesta, que no está firmada por nuestro Grupo, pero no es menos cierto que hemos ofrecido al Grupo de la mayoría una transacción sobre esta posible transacción, que seguro que tampoco va a complacer en su grado sumo a aquellos que preconizaban una redacción determinada, pero que, desde nuestro punto de vista, ayuda a paliar en parte aquello que el Senador Barbuzano calificaba como un agravio hacia los primeros contratistas y no hacia los segundos, los terceros o hacia los suministradores.
En cualquier caso, Senador Barbuzano, seguro que en eso no va a haber un acuerdo total y absoluto, y quizá la ley tampoco sea del agrado de todos los grupos de la Cámara, es muy posible, pero, en general, creo que la propuesta que hacemos, en este caso concreto de la enmienda transaccional a la que usted hacía referencia, puede ayudar a paliar parte de su preocupación. Sé y soy consciente de que sólo es en parte, pero acéptenlo también en esta vía de encontrar puntos de acuerdo.
Por lo demás, nos hubiéramos opuesto al veto que ha ofrecido la Senadora Boneta, que lamento que no esté en este momento en la Cámara para poderle dar más explicaciones.


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Quiero terminar mi intervención diciendo que en el momento del debate puntual de las enmiendas nos quedan aproximadamente unas 28 ó 29, y que hay una propuesta de transacción de otras tres enmiendas; en fin, que salvo en el caso concreto que hace referencia a temas de legislación básica, por lo demás seguro que llegaremos a acuerdos y, si no llegáramos a esos acuerdos, sepan que nuestro Grupo, aun sin sentirse satisfecho al cien por cien, dará por bueno la redacción final, tal y como, previsiblemente, va a quedar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Alvarez Rodríguez tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al final en la práctica parece que nos hemos quedado sin la votación de veto, pero que sí intervenimos para debatir, más o menos, si nos parecía procedente o no la propuesta de veto de la Senadora Boneta.
El Grupo Parlamentario Popular ya se había manifestado en Comisión respecto a que el voto era contrario a esta propuesta de veto.
Entendemos, obviamente, que estamos ante una ley totalmente necesaria, una ley que nos conduce por los caminos, por lo menos en teoría, de dotar de más transparencia a la contratación pública, y consideramos, además, necesario que se adecue esta normativa a realidades de nuestro tiempo, como son las Comunidades Autónomas y como es la Unión Europea.
La Ley de Contratos del Estado, vigente todavía, con más de 25 años de existencia, parece obvio que no puede regular correctamente los contratos administrativos en la actualidad. El deseo de nuestro Grupo es profundizar lo máximo posible para dotar de transparencia y, asimismo, para controlar la discrecionalidad de la Administración a la hora de contratar.
Este proyecto de ley no consigue esto plenamente, como en posteriores intervenciones se dirá. Buena prueba de ello son las 49 enmiendas que nuestro Grupo ha presentado. Hay que decir también que se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los grupos para llegar a acuerdos, a consensos y que, efectivamente, esta ley, tal y como se va a aprobar al final, poco tiene que ver con aquel proyecto de ley redactado en principio por el Gobierno de la Nación, en el sentido de que, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido enmendado porque han sido aceptadas unas cuantas enmiendas de varios grupos parlamentarios. Este proyecto de ley que, como digo, no nos satisface plenamente, sobre todo en su ámbito de aplicación en ese artículo 1 del proyecto de ley, sin embargo, supone avances, como la publicidad de licitaciones y adjudicaciones, como dotar de carácter público el actual Registro de contratos. Asimismo, se eliminan algunos trámites menos necesarios en el procedimiento administrativo para contratar, colaborando, por tanto, en la simplificación de ese procedimiento. También hay que resaltar que los debates del articulado que se nos presenta hoy en esta Cámara --y coincido con algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- no han sido lo suficientemente extensos como para llegar a más acuerdos.
Esta Cámara de segunda lectura en esta oportunidad se ha quedado un poquito coja en el tiempo y en la capacidad de poder trabajar con la suficiente intensidad ante una ley tan importante.
Sin embargo, pensamos que no procede la propuesta de veto. Nosotros vamos a votar en contra del mismo, y así lo expongo, dejando para una intervención posterior la valoración general de la ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alvarez.
Tiene la palabra el Senador Cercós.


El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De nuevo la Senadora ausente, la señora De Boneta, nos somete a algo insólito en la Cámara, es decir, si antes lo fue por retirar el veto después de señalar todos sus agravios al proyecto de ley, ahora lo es porque no tenemos la satisfacción de tenerla en la sala para asistir al debate en el que todos los parlamentarios, en un turno de portavoces, tienen la posibilidad de contrastar las opiniones. Simplemente, quiero dejar constancia de que ese proceder es inusitado y que desearíamos, por el buen prestigio de esta Cámara, que no prospere en el futuro. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Señor Presidente, quiero decir dos palabras más y agradecer a los grupos políticos sus palabras. Todos hemos tenido que hacer equilibrios para sacar una ley que pensamos que es positiva y buena, al lado de lo que era el rigor y la exigencia en el procedimiento, para llegar a una flexibilidad de adaptación a situaciones sobrevenidas. Por otra parte, teníamos que apoyar la publicidad, la transparencia, la eficiencia, la concurrencia, la no discriminación, la imposición de sanciones importantes con rigor, si se produjesen, a quienes quebrantasen con comportamientos deshonestos e irregulares, con corruptelas, el área de la contratación administrativa, recogiendo la prohibición de la arbitrariedad en las decisiones de contratación.
Pensamos que la ley va a responder a las demandas de ese marco cambiante que tenemos; las nuevas tecnologías lo cambian aceleradamente; el mercado está globalizado; nuestras empresas tienen un reto; hay un mercado que se presenta y configura como importantísimo en el marco de la Comunidad Europea. Con esta ley les vamos a apoyar. No hubiéramos ganado nada con un veto que rechazase la ley y que nos hubiera dejado fuera de la posibilidad de que las empresas españolas tengan las mismas reglas de juego en el marco de la Unión Europea.
En fin, creemos que es una ley buena, positiva, correcta con las corporaciones locales, no discriminatoria y que podrá agilizar notablemente el funcionamiento de todas las contrataciones de las Administraciones públicas en un marco de honestidad, de claridad, de transparencia, dejando atrás las sombras que a la clase política, en general,

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nos puede preocupar. En resumen, es una buena ley y esperamos que viva por lo menos los 25 años que tuvo la anterior.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el debate del articulado.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la oportunidad de defender sus enmiendas números 72 a 85.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Le he entendido de la 72 a la 85, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Exactamente, señoría.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Pues, si me lo permite, señor Presidente, yo retiro las enmiendas números 74 y 75 y el resto las doy por defendidas en sus propios términos.
Y quisiera ampliar, sólo si usted me lo permite, y en el momento preciso, en un turno de portavoces, mis manifestaciones anteriores sobre el artículo 116 para que queden reflejadas en el «Diario de Sesiones» y en los 25 años de que habla el Senador Cercós tengan constancia de que yo dije esto aquí, aunque tenga siete palmos de tierra encima.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos reservó las enmiendas números 37 a 71.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas números 37, 38 y 39 son de adición, por las que pretendemos que la Administración pública contratante pueda considerar, además de los criterios tasados en el texto legal, algún otro criterio que considere oportuno a la hora de analizar la solvencia técnica o profesional en los contratos objeto de la presente ley.
La fijación y contenido de los criterios que, con carácter preceptivo, deben ser utilizados a la hora de la determinación de la solvencia, nos parecen correctos. Ahora bien, entendemos que, considerados los mismos como básicos para todas las Administraciones públicas, deban o puedan éstas, además, servirse de otros, cuando así lo consideren oportuno, como he dicho. La regulación prevista en el texto que hoy debatimos, por su carácter de lista cerrada, no deja margen alguno a las Comunidades Autónomas en sus competencias de desarrollo legislativo y ejecución que ostentan sobre esta materia, y ésta es la razón por la que hemos mantenido estas enmiendas.
Las enmiendas números 40 y 41, señor Presidente, las vamos a dar por retiradas en base a la transaccional aceptada y referida a la enmienda número 62.
La enmienda número 43 pretende, como la anterior, que la Administración contratante pueda disponer de otros criterios, además de los vinculantes que en el proyecto se establecen, a la hora de la clasificación de los contratistas.
La enmienda número 44 es de modificación, en este caso, y tiene el mismo fundamento que la anterior. Entendemos que a la hora de regular la competencia sobre la clasificación de contratistas se ha de hacer referencia no solamente a la facultad de ejecución de la legislación general, sino también a la de desarrollo legislativo, que igualmente ostentan las Comunidades Autónomas. En consecuencia, aceptando, como no podía ser de otra forma, que las reglas generales y los criterios que el proyecto de ley establece vinculan a las Administraciones públicas, entendemos que éstas puedan exigir otros criterios adicionales a los básicos y preceptivos previstos en esta ley.
En las enmiendas números 46 y 47 tratamos de incluir el contenido de los artículos 59 y 84.1, respectivamente, en la disposición final primera del proyecto, por considerar que la materia regulada, procedimental en ambos casos, no debe considerarse como básica.
La enmienda número 48 tiene igual sentido, por lo que la doy por defendida en sus propios términos, así como la 49.
Vamos a retirar las enmiendas números 50 y 51, por entender ajustado al reparto competencial el criterio por el que resultan básicas las penalidades o sanciones máximas establecidas en el proyecto y, por lo tanto, su inclusión en el apartado 2 de la disposición final primera de la ley.
Voy a defender también conjuntamente las enmiendas números 52 y 58, referidas al título IV. Las enmiendas que hemos presentado a este título tienen como fundamento argumental nuestra opinión de que su contenido supone una invasión competencial de las facultades que sobre contratación administrativa ostentan diversas Comunidades Autónomas. El presente título eleva a la categoría de norma básica aquello que, a nuestro juicio, corresponde y participa de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución propio de las mismas. Así, entendemos que tenga que ser básica la existencia de la revisión de precios y que ésta se realice a través de índices o fórmulas. Entendemos también que tenga carácter de básico el que en dichos índices se tengan en cuenta el precio del contrato, el de la mano de obra y el de otros elementos fundamentales. Pero lo básico tiene que ser un marco general que no constriña las facultades de desarrollo normativo y ejecución a la nada, que es lo que, a nuestro juicio, se consigue con este título, así como la detallada regulación de todos y cada uno de los aspectos que implican e intervienen en la materia y procedimiento de revisión de precios.
La enmienda número 59 la vamos a retirar, señorías, y la número 60 la damos por defendida en sus justos términos.
En relación con las enmiendas números 61, 62 y 63, vamos a retirar en este acto las números 61 y 63, por cuanto se entiende que su contenido y finalidad se subsumen en la nueva enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios sobre la base o soporte de nuestra enmienda número 62, cuyo objetivo no es otro que reconocer la especificidad de los contratos de prestación de servicios

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jurídicos cuya finalización es imposible o difícil de estimar, precisamente por las propias características objeto de estos contratos, basados, generalmente, en la confianza y, a menudo, vinculados a labores de carácter continuo o indefinido. A mayor abundamiento, se persigue la exclusión del ámbito de aplicación de esta ley respecto de la defensa jurídica y judicial de la Administración, puesto que se basa en la confianza y no puede desligarse, además, de la imprevisible duración y especialísimas características de los proyectos judiciales.
Vamos a dar por defendidas las enmiendas números 64 a 71 en sus justos términos, para no incidir en las argumentaciones efectuadas anteriormente, dando por retirada la enmienda número 65.
Por último, señorías, anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto, sin duda importante, que supone una regulación nueva y armónica de la legislación vigente. Es cierto que podría haberse exigido un mayor contenido autonómico, pero, siendo justos, también hemos de decir que el actual texto supone un importante avance sobre la materia. Por todo ello, y analizado el texto en su conjunto, tal como hemos anunciado, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero Lasquibar.
Pregunto al Senador Caballero Lasquibar, ¿las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos retiradas serían las números 50, 51, 59, 61 y 63?

El señor CABALLERO LASQUIBAR: Señor Presidente, si me deja ordenar mis papeles un segundo, se lo comunico enseguida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
En una sola intervención voy, sobre todo, a comentar y, en algunos casos, defender, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que han quedado vivas en este trámite parlamentario, diciendo que se nos ha ofrecido por parte del Grupo Parlamentario Socialista la transacción por lo que hace referencia a las enmiendas números 148, 149 y 156, y anunciamos que vamos a aceptarlas tal como vienen planteadas en dicha transacción. Y quiero señalar también, señor Presidente, que la enmienda número 161 de nuestro Grupo la retiramos en este momento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores Senadores, del conjunto de enmiendas que quedan vivas en este trámite parlamentario debemos hacer hincapié en aquellas enmiendas que hacen referencia a la disposición final primera. Espero que ustedes entiendan --yo así lo haré, en el supuesto de que no sean recogidas por parte del grupo mayoritario-- que son absolutamente básicas desde nuestra forma y manera de entender que esta ley debiera de estar situada en el ámbito territorial que le corresponde.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que está muy en sintonía con las enmiendas de mi Grupo que hacen referencia a la disposición final primera. De ahí que manifestemos, en el supuesto de que la misma se debatiera a lo largo de esta tarde, que estamos al cien por cien de acuerdo con ella puesto que coincide absolutamente con nuestros planteamientos.
Respecto de la enmienda 135, de nuestro Grupo, quisiera que se tomara nota por parte de los servicios de la Cámara y de la Presidencia, que donde figura apartado 3 de la disposición final segunda debe figurar el apartado 4. La justificación de esta enmienda es la corrección de un error de remisión y no limitar ni vulnerar la autonomía financiera y de gestión de las Comunidades Autónomas.
En cuanto al conjunto de enmiendas que hacen referencia a la disposición final primera, quiero insistir en la importancia que tendría para nosotros que prosperaran, aunque comprendemos, como decía antes, que el Grupo mayoritario no las va a aceptar.
A esta ley hemos mantenido vivas unas 30 enmiendas, aproximadamente. Como he dicho en el turno de posicionamiento del veto, nosotros no pensamos que esta ley tuviera que sufrir muchas más variaciones; y no me refiero sólo a las variaciones que ha sufrido el proyecto en su desarrollo en la Cámara, sino a las que ha experimentado en el conjunto de su discusión.
Ha sido una pena, como decía antes también, que no hayamos tenido más tiempo. No obstante, quiero volver a dejar muy claro que, a pesar de que para nosotros es importante que se pudieran recoger estas enmiendas, si así no fuera, daríamos igualmente apoyo al proyecto y lo votaríamos favorablemente.
No les quiero cansar, señorías, defendiendo una a una todas nuestras enmiendas. Creo que en la intervención anterior se ha podido ver cuál es el planteamiento político que nosotros tenemos en esta ley. Nos parece importantísima la regulación que se hace porque se garantiza la forma de cobro a los constructores, a los contratistas en este caso, y se fijan los plazos para el cobro con intereses y, llegado el caso, para la rescisión de su contrato. A pesar de su dificultad, nos complace que en esta ley se recoja que de esta acción no sólo se puedan beneficiar los contratistas, sino que lo puedan hacer también los subcontratistas y los suministradores.
Por lo tanto, tal y como me he comprometido al inicio de ésta mi tercera intervención de esta tarde, no les voy a cansar más. Voy a dar por defendidas en sus justos términos las demás enmiendas que se mantienen vivas y voy a recordar, una vez más, nuestro posicionamiento. Lo haré en dos sentidos. Primero, nos gustaría que el Grupo mayoritario reflexionara sobre las enmiendas a la disposición final primera y, segundo, aunque esto no fuera atendido, vamos a votar favorablemente el conjunto de la ley.
Gracias por su atención, señor Presidente, señorías.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Alvarez Rodríguez.


El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a utilizar este turno para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley.
Consideramos la enmienda número 86 al artículo 1.3 de vital importancia.
Mediante la misma proponemos que la legislación de contratos de la Administración pública se aplique a todas las entidades que hoy integran el sector público y no sólo a la Administración pública entendida como organización jerárquica sujeta al Derecho Administrativo. De no realizarse esta extensión del ámbito de aplicación de la ley, quedarían completamente al margen de todo control los contratos que realicen las sociedades y entidades sujetas al Derecho privado que se han ido creando en los últimos años.
La trascendencia de esta modificación puede verse claramente si se considera que existe un amplísimo sector público empresarial gestionado por sociedades anónimas que actúan en los más variados sectores de la economía nacional. Pero, además, durante la etapa de Gobierno socialista, señorías, se ha privatizado una parte importante de la propia Administración al convertir ramas enteras de algunos Ministerios en entidades que actúan en régimen de Derecho privado, sin someterse, por tanto, a los controles tradicionales del gasto público establecidos en la legislación de procedimiento administrativo de contratos o de funcionarios. Además, con la aceptación de esta enmienda número 86 al artículo 1 conseguiríamos adaptarnos a los preceptos constitucionales en sus artículos 1, 9.3 y 10.3 respectivamente, al igual que conseguiríamos adaptarnos a los criterios que las directivas de la Unión Europea establecen en relación a este tema. Señorías de los grupos que apoyan al Gobierno, insisto en que estamos ante una enmienda trascendental al hablar del ámbito de aplicación de la ley, que es precisamente, como bien saben sus señorías, el punto en que más divergencia existe entre los diferentes grupos representados en la Cámara.
Respecto a la enmienda número 87 al artículo 1.4 --voy a comentarlas todas con la mayor brevedad--, es puramente de mejora técnica. Se propone en ella que se modifique dicho apartado diciendo: «... sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes y, especialmente, en la Disposición Final Primera.» Consideramos que no habrá problema a la hora de aceptarla.
La número 88 debe decir: «... aplicándose supletoriamente las normas y principios de esta Ley...» En cuanto a la enmienda número 89 al artículo 4, en la que se habla de derechos irrenunciables, anuncio desde este momento que la retiramos ya que en la redacción del texto del artículo 116.2.c), que ha sido objeto de mucha discusión por parte de todos los grupos, hemos conseguido la mayoría de los grupos llegar a un entendimiento.
Asimismo, retiramos las enmiendas números 90, 91 y 93.
La enmienda número 94 al artículo 16.2 es de supresión de un texto mediante el que se manifiesta que «Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otra documentación considerada como suficiente por la Administración.» Nosotros consideramos que esto vulnera la seguridad jurídica puesto que se deja en manos de la Administración el poder decidir que se admita cualquier tipo de documentación que presente la empresa constructora.
Pedimos, por tanto, que se suprima este artículo ya que es indudable que se otorga una discrecionalidad a la Administración que no es admisible, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica --repito--, ya que concede a las Administraciones públicas libertad y discrecionalidad, es decir, justamente lo contrario a los principios de que debemos dotar a esta ley y que son precisamente rigor y seguridad jurídica.
La enmienda número 96 pretende añadir al párrafo f) del proyecto, que dice: «f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine», lo siguiente: «salvo que las correspondientes liquidaciones estén recurridas y su pago garantizado mediante aval u otro medio». Parece obvio, señorías, parece lógico que si la empresa tiene garantizado el pago de dichas obligaciones, por el hecho de ejercer un derecho a recurrir no debería quedar imposibilitada para contratar; la empresa recurre una cantidad que se le ha asignado ejerciendo un derecho que tiene a recurrir, y si hay una garantía por cualquier medio de que el pago está garantizado, no debería prohibirse contratar a dicha empresa.
Retiramos la enmienda número 98, al artículo 20.1.
La enmienda número 99, al artículo 21.1, trata de añadir un apartado d) en el segundo párrafo, de tal forma que la causa del párrafo d) añadido como prohibición de contratar ha de ser apreciada de forma automática por los órganos de contratación. Las causas que han motivado la condena, aludidas en el apartado d), son suficientemente graves como para que en el artículo 21.1 se asimilen los apartados a) y d). Tanto el apartado a) como el d) tratan de motivos de condena, y consideramos que deben incluirse los dos apartados a estos efectos.
La enmienda número 100 al artículo 21.3 es de adición de un párrafo final que manifiesta: «En los supuestos en que no se haya declarado la prohibición conforme al párrafo anterior pero la misma sea conocida por el órgano de contratación, éste deberá atenerse a lo dispuesto en el apartado 1.» Para nosotros es de total obviedad, puesto que consideramos que el hecho de no haberse declarado la prohibición no puede liberar a las empresas en el supuesto de que exista motivo de prohibición y éste sea conocido por el órgano contratante. Si el órgano contratante conoce un motivo de prohibición de contratar, y ese motivo no ha sido declarado, debe ponerse en marcha igualmente esa prohibición de no contratar. Ha de surtir efecto, en todo caso, si existe realmente el motivo.


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La enmienda número 101 al artículo 22 propone una modificación con una nueva redacción al inciso final: «... serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir las personas intervinientes en la contratación.» Además de una mejora técnica, consideramos necesario consignar expresamente no sólo la nulidad del contrato, sino también, como es lógico, el sometimiento a las responsabilidades correspondientes por parte de aquellas personas que hayan intervenido en contratos de la Administración con personas sin capacidad de obrar o sin solvencia o incluidas en cualquier causa del artículo 20, de prohibiciones.
La enmienda número 102 al artículo 25.3 pretende añadir que quede constancia en el expediente --esto fue debatido ya en Comisión--, pide una nueva redacción del inciso final, haciendo la salvedad de que: «...
previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del cual quedará constancia en el expediente...». Aunque pudiera interpretarse que dicho informe de la Junta Consultiva queda en el expediente, consideramos conveniente consignarlo expresamente para dotar de más transparencia estos supuestos, lo cual es una lucha constante que nos debe mover en todo el articulado de este proyecto de ley: transparencia, transparencia, transparencia, puesto que hemos de tener en cuenta que en este caso, en la defensa precisa de esta enmienda número 102, estamos hablando de un supuesto excepcional, de una excepción a la norma general de clasificación de empresas. Por lo tanto, insisto en que se debería constatar que queda constancia en el expediente de los motivos.
Damos por defendida la enmienda número 103 al artículo 29.1 según lo debatido en Comisión.
La enmienda número 104 al artículo 36 pide la supresión de las garantías provisionales. Entendemos, señorías, que con las garantías de la clasificación y registro de las empresas reguladas en el capítulo II del Título II de este proyecto de ley, y asimismo con las garantías definitivas, no son lógicas ni necesarias las garantías provisionales.
Las garantías provisionales, si bien en épocas anteriores tenían razón de ser por encuadrarse dentro de una reglamentación que aconsejaba su existencia, hoy día no la tienen al establecerse otro tipo de garantías, y lo único que consiguen es encarecer sin necesidad la contratación administrativa y, eso sí, beneficiar a las entidades financieras a las cuales habrán de acudir los contratistas. En este sentido, he de mencionar la disposición final cuarta de la propia ley aún vigente, que autoriza al Gobierno a dispensar a las empresas a prestar garantías provisionales en determinados supuestos, lo cual manifestaba ya una voluntad del legislador de aquel momento en favor de la supresión de estas garantías provisionales al introducirse ya, también en aquel momento, un sistema de registro de contratistas y clasificaciones previas.
Mantenemos viva la enmienda número 106, por concordancia con el artículo 49.1., al igual que la enmienda número 107, que también lo es al artículo 51, en la que se dice: «... con carácter previo todos los pliegos particulares de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, en que se proponga la inclusión de estipulaciones...» Señorías, se trata de acotar expresamente la referencia a la Administración General del Estado con el fin de salvaguardar la autonomía de las entidades locales y respetar la facultad de las Comunidades Autónomas y entes locales para aprobar pliegos particulares que se opongan a los generales. Asimismo, esta enmienda conseguirá la concordancia, como habíamos dicho ya, del artículo 51 con el artículo 49.1.
La enmienda número 108 al artículo 62 intenta añadir un nuevo apartado 2 con el que pretendemos dotar de mayores garantías a toda esta legislación con la exigencia de responsabilidades. Si los contratos se declaran inválidos, pensamos que debe dilucidarse si existen o no responsabilidades por parte de la Administración. Con ello, obviamente, se refuerza el principio de legalidad de forma importante y necesaria.
Respecto de la enmienda número 109 al artículo 65 diré que también se debatió en Comisión si procedía la palabra nulidad o la palabra invalidez. Como bien saben sus señorías, la palabra invalidez es más amplia, pues engloba la nulidad y la anulabilidad. A nuestro entender, la rúbrica del artículo 65 habría de ser declaración de invalidez y, señorías, el Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3.410/1975, de 25 de noviembre, titula su capítulo III, artículos 40 a 49: De la invalidez de los contratos. Entendemos que, además de ser coherentes con dicho Reglamento, se le otorga una consideración más técnica y más amplia, e insistimos en que debería figurar invalidez.
La enmienda número 110 al artículo 66 trata de lo mismo, por eso la mantenemos viva.
La enmienda número 111 al artículo 73.1 es de adición y propone un nuevo párrafo en el que se diga: «El acuerdo de aceptación del trámite por el Organo del Gobierno pertinente será objeto de publicación en el ``Boletín Oficial''«correspondiente en un plazo no superior a quince días. » Entendemos correcto dar conocimiento del cumplimiento del acuerdo en relación con la resolución de tramitación de emergencia al Consejo de Ministros, y esto ya lo mantiene el propio artículo de la ley; sin embargo, nosotros entendemos que también es fundamental dotar de más transparencia a ese trámite de emergencia, de forma que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros dándose por enterado del trámite de emergencia ha de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en un plazo no superior a 15 días con la finalidad de que lo conozcan los contratistas afectados. La publicidad requerida en todo este tipo de reglamentación la seguimos considerando primordial en este artículo que, sin duda, otorgará una garantía de transparencia.
Antes de continuar, quiero señalar a sus señorías que todas las enmiendas que se refieren al artículo 73 y a los artículos cercanos a éste pretenden la transparencia en la contratación pública. Y así, la enmienda número 112 pretende la adición de un artículo 73 bis nuevo en cuyo punto número 1 se exigiría que figuren documentadas las justificaciones de todos los datos exigibles por la propia ley, y en el punto 2 se exigiría el hecho de que los expedientes estén

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foliados correlativamente por fechas, lo cual otorgará, sin duda, una seguridad administrativa para las partes contratantes. Esto es, juntamente con la dotación de la correspondiente publicidad administrativa, una manera de otorgar al proyecto unas necesarias garantías.
La enmienda número 113 al artículo 74.4 trata de sustituir: «... previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios.» por: «... con un mínimo de tres empresas clasificadas para la realización del objeto contractual.» Es evidente que se evita discrecionalidad innecesaria e injustificada a la Administración aceptando esta enmienda.
Con la enmienda número 117 al artículo 108 pretendíamos que donde se dice «estos últimos» se dijese: «este último», pero la retiramos en este momento.
La enmienda número 122 --y voy terminando-- al artículo 144 pretende la adición de un apartado d) que diga: «Cualquier otro suceso imprevisible e insuperable ajeno a la voluntad y actuación del contratista.» Imagino que sus señorías no tendrán inconveniente en reconocer que los fenómenos naturales no se pueden medir ni cuantificar expresamente, no son una ciencia exacta, no solamente hay seis, siete u ocho causas --terremotos, maremotos, etcétera--, sino que puede sobrevenir cualquier causa imprevisible en este tipo de fenómenos naturales y, por lo tanto, parece obvio que no debería haber ningún tipo de impedimento para aceptar esta enmienda que pretende que se abarque cualquier otro suceso imprevisible e insuperable ajeno a la voluntad y actuación del contratista.
Con la enmienda número 125 al artículo 152 intentamos que la redacción quede de la forma siguiente: «2. Cuando el incumplimiento o resolución del contrato fuera imputable a la Administración, ésta indemnizará al contratista los daños y perjuicios que le haya causado, en todo caso, al menos en las cuantías que se indican en los apartados siguientes:», y ahí entran el a), b) y c) y los números 2, 3 y 4 actuales. Consideramos que la Administración ha de ser responsable si es la que origina el incumplimiento o la resolución del contrato. Con esta redacción se defiende al contratista, al consignarse expresamente que la Administración indemnizará en dicho supuesto al contratista los daños y perjuicios.
La enmienda número 126 al artículo 160.1 intenta añadir la subasta en el contrato de gestión de servicios públicos. Consideramos que no deben ser alterados los criterios de adjudicación, de tal manera que habrá que respetarse el régimen general de las formas de adjudicación de los contratos. No debe excluirse, por tanto, la subasta.
Con la enmienda número 127 al artículo 169.2 se pretende incluir la correspondiente indemnización, que será fijada a través del régimen de la regulación establecida en la Ley de Expropiación Forzosa. Consideramos necesario esto, porque en el supuesto de que tenga que haber indemnización, como sus señorías saben, la Ley de Expropiación Forzosa requiere la necesidad de declarar la utilidad pública y el interés social, lo cual, sin duda, otorga a esta ley más seguridad jurídica, que es también una premisa que debemos buscar constantemente.
Con la enmienda número 128 al artículo 181 volvemos al tema de la subasta. Es una enmienda de supresión de las peculiaridades en las formas de adjudicación del contrato de suministro, porque no vemos razones, señorías, para variar el régimen general.
La enmienda número 129 al artículo 194 se incluye también en una serie que trata sobre lo mismo. Con ésta se intenta añadir la expresión: «a la indemnización de los daños y perjuicios causados y». Una vez más, pretendemos respetar la realidad del daño causado, dando lugar a la indemnización de daños y perjuicios.
La enmienda 130 al artículo 194, apartados 2 y 3, pretende que se supriman dichos apartados, pues la indemnización ha de basarse en los daños y perjuicios causados sin establecimiento de límites favorables para la Administración.
En cuanto a la enmienda 131 al artículo 209, apartados 2 y 3, me sirven los argumentos expresados para la enmienda 128 en cuanto a formas peculiares de subasta y concurso.
Con respecto a la enmienda 132 al artículo 215 reitero los argumentos planteados en las enmiendas 129 y 130 en cuanto a los efectos de la resolución, ya que proponemos añadir los daños y perjuicios.
Por lo que respecta a la disposición adicional nueva que propone la enmienda 133, la retiramos en este momento, al igual que retiramos la enmienda 134, última del Grupo Parlamentario Popular.
Sólo me resta en este turno expresar mi satisfacción por los trabajos realizados en Ponencia y Comisión, que nos han llevado a ciertos acuerdos --como he dicho al principio de mi intervención-- no del todo satisfactorios. En el último turno de portavoces --que, sin duda, nos concederá la presidencia-- indicaremos por qué no nos da plena satisfacción esta ley. Pero lo poco que se ha debatido en Ponencia y Comisión se ha hecho en un ambiente realmente extraordinario, en un ambiente de trabajo que nos ha llevado a unas fórmulas de acercamiento en varios artículos de la ley. Prueba de ello es que hemos ido retirando un cierto número de enmiendas a lo largo de esta intervención y que otras han sido aceptadas y, por tanto, no han sido objeto de comentario en este momento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alvarez.
Ruego a su señoría que facilite a la Presidencia el listado de las enmiendas retiradas a efectos de la votación, para tener los datos sobre la mesa por si hubiera algún error por nuestra parte.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Pérez García.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy a iniciar la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que luego será continuada por mis compañeros los Senadores Cercós Pérez y Aguilar i Barril. Mi intervención se va a centrar en los dos primeros títulos del Libro I, porque éste era el tramo de la ley cuya

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preparación me había confiado el Grupo Parlamentario Socialista. Voy a partir de algunas consideraciones generales, algunas de las cuales van a ser dirigidas, preferentemente, al Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, elaborar una nueva ley de contratos de las Administraciones públicas en el momento actual es una tarea extraordinariamente difícil si la comparamos con la que tuvieron que realizar los legisladores que elaboraron y aprobaron la vigente ley de contratos. Se trataba entonces de un ordenamiento jurídico cuya producción estaba, a fin de cuentas, encomendada a un único centro fundamental de producción normativa; era un ordenamiento jurídico basado en el principio de jerarquía, en el cual todas sus fuentes acababan reconducidas a una sola.
Nosotros estamos tratando de sustituir un texto legal que formó parte de un impulso de modernización y perfeccionamiento indiscutibles de nuestro ordenamiento jurídico administrativo, con independencia de que todos o algunos de los objetivos político-legislativos que entonces pretendió el legislador no pueden ser compartidos por nuestro Grupo, ni creo que por el ordenamiento político-democrático en el que hoy, afortunadamente, estamos inmersos.
El ordenamiento actual es de una extraordinaria complejidad en la producción normativa. Ya no rige exclusivamente el principio de jerarquía, sino también el de competencia, de forma que, sin que exista entre los diversos centros de producción normativa una relación de subordinación, se les encomiendan responsabilidades distintas por razón de la materia. Pero para agravar más la dificultad, nuestro ordenamiento está en fase de integrarse en uno supraestatal: el comunitario, lo que puede explicar, seguramente, algunas de las dificultades técnicas de ensamblaje de ordenamientos jurídicos: el estatal y el de las Comunidades Autónomas y aquél con el de la Unión Europea, del proyecto comunitario europeo.
A mí me ha costado --lo digo con la amabilidad que ha inspirado todos los trabajos de Comisión-- entender la lógica interna conductora de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz ha dicho que una enmienda central para su Grupo es la número 86 --se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la ley--, y la razón fundamental de dicha enmienda consiste en aplicar la normativa de contratación de las Administraciones públicas, basada en los principios de libertad, de concurrencia, de igualdad y de publicidad, a todas las entidades integradas en el sector público de la economía. A nosotros nos parece que el problema que preocupa a sus señorías es resuelto satisfactoriamente por la ley.
El Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con la existencia de un sector público eficiente, que ayude a corregir determinadas insuficiencias de la economía estricta de mercado y que ocupe determinados espacios estratégicos de nuestra estructura económica. Para eso necesitamos un sector público eficiente. ¿Es compatible esa eficiencia, que requiere agilidad, que requiere la capacidad de las entidades de origen público, de capital público, pero que se desenvuelven en el terreno del Derecho privado, con la aplicación de los principios básicos de publicidad y de concurrencia que eviten esa discrecionalidad, que evite la capacidad de corruptela? Nosotros creemos que sí, pero al sector público se le pueden tender algunas emboscadas; una emboscada parecida a la que se hace cuando se realiza una huelga de celo.
Los Senadores del Grupo Parlamentario Popular dicen que su principio es el de transparencia, transparencia, transparencia. A mí me parece que eso de querer dar un importante impulso a la privatización del sector público de la economía, que además tengo que relacionarlo inevitablemente con la voluntad reiteradamente manifestada por los principales dirigentes de su partido y expresada en los programas políticos de su partido cuando los hacen públicos, al final acarrearía que el sector público de la economía resultaría bastante mal parado. A veces, cuando sus señorías hablan de transparencia, transparencia, transparencia, a mí me da la impresión de que están hablando de floritura, floritura, floritura.
Sin embargo, tengo que reconocer una cuestión, señorías. Así como del conjunto de sus enmiendas yo he sido incapaz de discernir el hilo conductor de las mismas (porque a veces parece que ustedes apuestan por un ordenamiento de la contratación administrativa absolutamente transparente, pero a veces han apostado --y hoy las están retirando-- por enmiendas que tienden, a mi juicio, objetivamente a lo contrario), el proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas que estaría en la mente de su Grupo Parlamentario, hoy, cuando han empezado a retirar enmiendas, ya queda bastante más claro.
Señorías, en lo esencial ustedes han retirado determinadas enmiendas que tenían una aparente proclividad proautonomista, que contrasta mucho con otro tipo de postulados políticos que su Grupo y su partido defienden.
Han mantenido determinadas enmiendas, que ustedes tendrán que aceptar que yo califique como de menores, que tienden a reforzar determinados aspectos de la transparencia del mecanismo de contratación; algunas veces las han mantenido. El conjunto de enmiendas que ustedes presentan en el día de hoy empieza a adquirir una cierta coherencia interna. Ustedes, en su estrategia para la elaboración de este texto legal, han primado, fundamentalmente, y a veces no con demasiada coherencia, un principio de imagen. Yo creo que lo resumía muy bien, señor Senador, cuando decía que su obsesión es la transparencia, transparencia, transparencia. Ustedes mantenían, por ejemplo, hasta este momento la enmienda número 134 --hoy han anunciado su retirada-- dirigida a hacer perder el carácter de norma básica a un conjunto importantísimo del programa normativo que este proyecto contiene, de manera tal que los límites máximos en la modalidad de adjudicación negociada de los diferentes tipos de contratos administrativos, si sus señorías dejaban de considerarlos básicos, abría un espacio al papel legislativo de las Asambleas de las Comunidades Autónomas en las que esos límites máximos, que son una garantía de transparencia, que son una garantía para evitar la discrecionalidad y que son límites que laten a lo largo de todo este proyecto normativo, desaparecían. Por eso digo yo, señorías, con cordialidad, pero también con la claridad que debe presidir un debate parlamentario, que su obsesión

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por la transparencia, transparencia, transparencia a mí me suena a una obsesión por la floritura, la floritura y la floritura.
De las enmiendas que han presentado los demás grupos políticos a esta primera parte sólo voy a hacer una mención muy breve. Entiendo que a algunos de los grupos parlamentarios que expresan una orientación política nacionalista su propio celo les ha llevado a realizar propuestas contradictorias. Por ejemplo, cuando el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pretende que los criterios de clasificación de los potenciales contratistas, de los empresarios interesados en participar en la contratación administrativa, relativos a los actos de adjudicación de las Comunidades Autónomas, habrán de hacerse por los órganos competentes de esas Comunidades ajustándose a los principios de esta ley. Ustedes en una ley estatal están introduciendo un principio que, a mi juicio, lesiona la capacidad de autoorganización, incluso el ejercicio de las posibilidades normativas de las propias Comunidades Autónomas, porque las Comunidades Autónomas no pueden ser compelidas por el legislador estatal a tener que establecer sus propios criterios de clasificación empresarial para aquel ámbito de la contratación administrativa que afecte al abanico de sus competencias. No pueden ser compelidos, tienen el derecho a serlo, pero no pueden ser compelidos. Por eso algunas de sus propuestas, que seguramente tienen un ánimo autonómico, al final objetivamente traducirían justamente los efectos contrarios de los que sus señorías pretenden.
Señorías, yo creo, sin más, y con ello termina la primera parte de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que estamos ante una ley extraordinariamente compleja, estamos ensamblando ordenamientos jurídicos, algunos de los cuales están movidos por principios contradictorios --el ordenamiento jurídico del Estado de las Autonomías, por la voluntad de descentralizar la producción normativa; en cambio, el ordenamiento jurídico comunitario, con el objetivo de crear un espacio económico común--, que requieren una unificación normativa. Estamos ante una ley extraordinariamente compleja, pero la estamos abordando con seriedad y en un clima de aportaciones de todos los grupos políticos, y pienso, y he tenido la obligación de decirlo, que algunos de los grupos políticos se han movido más en la presentación de sus enmiendas por un objetivo de imagen, un tanto demagógico, si me lo permiten, que por un objetivo coherente internamente, coherencia que yo no he logrado descubrir en las enmiendas del Partido Popular y sí empiezo a descubrir hoy, a partir de que empiezan a retirar muchas enmiendas significativas de las que habían presentado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, dentro del mismo turno, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.


El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me voy a referir a las enmiendas presentadas al Título III y al VIII.
Posteriormente, el Senador Aguilá i Barril entrará en el Libro II.
Esta ley es fruto de las enmiendas presentadas por todos los Grupos.
Agradezco el apoyo, toda la colaboración que se ha prestado por parte de los distintos Grupos en esta Cámara, en donde nos hemos visto obligados a trabajar en condiciones difíciles de plazo y tiempo, lo que ha impedido que haya habido un diálogo mucho más fluido y enriquecedor. No obstante, creo que la ley es buena. En este sentido, nuestros argumentos son esencialmente objetivos con respecto de las enmiendas que no vamos a admitir.
La enmienda número 46, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, lo es al artículo 59. Se refiere a la información, y propone añadir este artículo a la disposición final primera. Como la han retirado, lo que puedo decir es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 172/1992, decía respecto de una determinada Comunidad Autónoma --esto es lo importante-- que a ella le corresponde facilitar la información, si bien habrá de hacerlo a través del conducto que determine el Estado, a quien corresponde no sólo la relación directa con la Comisión Europea --se entiende--, sino también aunar las diversas informaciones que reciba de los restantes entes autonómicos para facilitar a la Comisión, como un todo y no separadamente, la información por ella solicitada.
Reitero que la enmienda número 47 está aceptada con la enmienda número 239, del Grupo Parlamentario Socialista. En ella se propone incluir este párrafo en la disposición final primera. Creíamos que la habían retirado sus señorías, pero exactamente es en la que solicitaban que el plazo de las subastas fuera incluido en la disposición final primera. Esto ya está recogido así en este momento.
La enmienda número 48 entra en la concurrencia de la consideración de variantes o alternativas que ofrezcan los licitadores o los concurrentes a los diferentes concursos, respondiendo al anuncio y al pliego correspondiente. Nosotros creemos que este precepto pretende dar un tratamiento igual a todos los contratistas. Pensamos que su carácter es básico y lo avala la sentencia número 141/1993, del Tribunal Constitucional, que dice que la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas. Pero aquí, señorías, se lo digo para su información, hay más: transcribe textos de las directivas europeas, en concreto el artículo 19 de la Directiva 1993/37; el artículo 16 de la Directiva 1993/36 y el artículo 24 de la Directiva 1992/50.
Creemos, por tanto, que hay una forma, y queremos dejar constancia de que, aunque las directivas no son automáticamente normativa básica, sí son de obligado cumplimiento para todos, como ciudadanos españoles. El artículo 92 procede también de las mismas directivas, y creemos que con esta referencia lo podrán valorar sus señorías.
A los artículos 104, 105, 106.2 y 107 se han presentado varias enmiendas, que son las números 52, 53, 54, 55 y 56,

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que se refieren al tema de la revisión de precios. El tema de los precios es claramente constitucional, artículo 149.1, cláusula 13.ª, y hay multitud de referencias del Tribunal Constitucional sobre este particular que hablan de todo lo relativo al precio y a la revisión de los precios.
En este sentido, creemos que el tema es básico, lo cual no quiere decir que nosotros no dejemos abierta la posibilidad de que en la concepción del Reglamento, señorías, pudiera contemplarse un tratamiento, porque como en la disposición final tercera también se respeta el carácter básico que pueda tener el articulado de la ley, si en el Reglamento, con ese contenido, se puede dar algún tratamiento para que se atienda a las características o peculiaridades de esa revisión de precios y sus circunstancias, por nuestra parte no hay ningún problema.
También se han defendido en sus propios términos las enmiendas números 66, 68, 69 y 70. Realmente, como estas enmiendas han sido defendidas en sus propios términos, la fundamentación para el rechazo está en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional, añadiendo la 331/93, que es la que trata de las clasificaciones a las que mi compañero el Senador Santiago Pérez también ha aludido. Las cuantías de los artículos 121, 177 y 202 también están recogidas en la Directiva; las cuantías mínimas sí son normas básicas y las máximas, que son las que se recogen en la ley --hay una disposición final que así lo respalda--, permiten la regulación interna de las Comunidades Autónomas.
Pasando ahora a las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en el área que corresponde a este Senador hay cuatro enmiendas. En una de ellas se propone suprimir los artículos 121, 177 y 202, y yo quiero decirle que tratan el tema de los precios y, por tanto, de la fijación de los contratos menores; aquí, pues, no se trata directamente del precio, sino del contrato menor y de la fijación de las cuantías mínimas, y hay una sentencia, la 141/93, del Tribunal Constitucional que dice claramente que el número 3 del artículo 247 del Reglamento sólo permite la contratación directa de los contratos de suministros, aquellos que no excedan de un total de 10 millones de pesetas, límite que se eleva a 25 millones de pesetas en los supuestos comprendidos en el número 3 del artículo 237 del mismo Reglamento. Esta es una norma indiscutiblemente básica --lo dice el Tribunal Constitucional-- que, por su propia naturaleza de contenido económico sometido a constantes fluctuaciones, tiene su lugar apropiado en el Reglamento, por la mayor agilidad, etcétera. Es decir, se considera norma básica por el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la enmienda número 157 al artículo 9.1b), tengo que decirle lo mismo, señoría; es decir, planteamos que sea la Administración competente la que establezca los límites inferior y superior. Hay sentencia del Tribunal Constitucional que fija que el límite inferior sea norma básica; el límite superior no lo es, y, por tanto, ya está recogido en la propia ley que discutimos que el límite básico sea realmente supletorio a efectos de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Pero la sentencia número 141/93 dice que la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, y como tal se confiere que dichos límites tendrían que tener un carácter básico, puesto que se trata de una norma que tiene por objeto proporcionar las garantías necesarias a la libre concurrencia. Y es una sentencia del propio Tribunal Constitucional.
La enmienda número 155 al artículo 116.4, señala que: «El subcontratista deberá poseer la clasificación profesional que a la vez se exija al contratista...» Esto es muy fuerte, señoría, en la práctica profesional.
Me gustaría que su señoría lo analizase, porque a veces hay una pluralidad de subcontratistas que acuden a un mismo contratista para una misma operación, y puede que ellos no tengan esas clasificaciones. Tener que hacer una clasificación de subcontratistas con las diferentes categorías, grupos y subgrupos exigibles es algo que creemos que no debe entrar en este tema, porque la relación entre contratista y subcontratista es una relación acogida al Derecho privado y no tiene nada que ver con el Derecho Administrativo, señoría.
Realmente, sería muy difícil tipificar esas circunstancias.
Por último, la enmienda número 135 a la disposición final segunda, apartado 3, creemos que ha sido recogida en el texto remitido al Senado.
Este Senador le ruega que lo compruebe su señoría en el dictamen de Comisión, y verá que está incluida la petición de su señoría.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 106 al artículo 51, su señoría, por una parte, la ha dado por defendida pero, por otra, ha hablado de su contenido. Debo decirle al Senador Alvarez que el que esta enmienda número 106 diga que «La inclusión en los pliegos particulares de estipulaciones contrarias a lo previsto en los correspondientes pliegos generales exigirá el previo informe favorable» --es decir, vinculante-- antes de pasar a la autorización del Consejo de Ministros, supone que sus señorías están anteponiendo el dictamen de un órgano al propio Consejo de Ministros, al darle ese carácter «favorable» que, por lo tanto, es vinculante. Creemos que eso no es correcto, aparte de que los pliegos generales, como los particulares, tienen la misma naturaleza y no son normas jurídicas, son normas de carácter administrativo que soportan todo el área de contratación.
La enmienda número 107 es también una variante, pero sus señorías la recogen para decir que esto no se aplique cuando haya excepciones planteadas en los pliegos particulares respecto a los pliegos generales; es decir, que no se aplique este artículo nada más que a los contratos que haga la Administración general, pero no a los de las otras corporaciones. Pero, señoría, cada una de las otras entidades, la autonómica y la local, tiene su régimen, hay una disposición adicional que, cuando se habla de Administración, se refiere a cada una de ellas dentro de su campo de competencias.
Por la enmienda 108 solicitan sus señorías que, siempre que mediante resolución o sentencia firme se declare la invalidez de un contrato, se investigue si existen o no responsabilidades. A nosotros nos parece bien, y es evidente. Pero eso tiene que ir al Código Penal, que no estamos debatiendo aquí, o tiene que ir a las normas específicas de los

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funcionarios y que regulan al funcionariado. Podemos estar de acuerdo en que se exijan --y de hecho se exigen-- responsabilidades a funcionarios, que pueden cometer errores, y lo estamos viendo, no sólo en la contratación, sino en la pura actividad de su competencia administrativa.
Eso lo estamos viendo, señoría. Pero eso, o bien corresponde a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas o del Procedimiento Administrativo Común, por una parte --entraría en la parte funcionarial--, o bien va al Código Penal cuando se objetiva esa situación.
En la defensa de la enmienda número 109 ha dicho su señoría que en el Reglamento General de Contratación, artículos 40 a 49, se alude más al término «invalidez» que a «nulidad». Sí, señoría, pero estamos mirando hacia adelante, no hacia atrás. El Reglamento desarrolla una ley que termina su historia en este momento, aunque ha tenido 25 años de vigencia; en cambio, esa ley que acabo de citar, la del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, hace referencia precisamente al término de «nulidad». La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace referencia a la nulidad y no a la invalidez.
La enmienda 111 al artículo 73.1 sugiere que se publiquen en el «Boletín Oficial» los casos y situaciones de emergencia, porque esto está referido al artículo 73.1, apartado a). Estamos hablando, señorías, de la tramitación de emergencia. Todas estas cláusulas se plantean en situaciones excepcionales. En el texto se habla del acuerdo de aceptación. No hay ningún acuerdo de aceptación. El órgano que tiene que tomar las decisiones para hacer frente a la emergencia --lo dice muy claro el texto-- tendrá que dar cuenta, poner en conocimiento, pero no hay trámite de aceptación. Por tanto, si no hay más que una mera información, dígame su señoría si eso se debe incluir o no dentro de la ley en la forma que proponen.
Pasamos al artículo 112.1. Ustedes proponen un desarrollo que dicen que es para garantizar la ejecución de los contratos, la contratación con mayor transparencia y claridad. Toda la ley obedece a ese principio imperativo para evitar cualquier tipo de corruptelas, cualquier tipo de desviaciones. Esta, señorías, ha sido la acción conjunta de todos los grupos parlamentarios para que, en el futuro, nos enorgullezcamos de haber sacado una ley adelante que da transparencia a esta función esencial que es la actividad administrativa.
Señoría, compare usted los puntos que propone y verá que el apartado 1.a) está recogido en el artículo 92.1; el apartado 1.b), en el artículo 74.4; el apartado 1.c), en el artículo 87, y el apartado 1.d), en los artículos 93 y 94. Asimismo, el punto 3 que recogen sus señorías figura en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Por tanto, señorías, todo está recogido ya en este momento en esta ley o en alguna otra.
Por último, la enmienda 113, que se refiere al artículo 74 y que propone la consulta previa y la negociación de los términos del contrato con un mínimo de tres empresas, fue retirada en el debate del Congreso de los Diputados del día 30 de noviembre de 1994 por el Diputado señor Gilet Girart, porque se introdujo la enmienda 210, del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Aguilá i Barril.


El señor AGUILA I BARRIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a exponer nuestras razones para rechazar las enmiendas que aquí han sido defendidas por los distintos Grupos al Libro II de la ley y tomar también buena nota de aquellas que han sido retiradas o transaccionadas para que todos tengamos bien claro cuáles han sido.
Las enmiendas 57, 60 y 64, del Partido Nacionalista Vasco, hacen referencia a la cantidad máxima que se fija para los contratos menores.
Nosotros entendemos --y aquí se ha hecho referencia a ello-- que ésta es una cuestión de legislación básica que permite a las Comunidades Autónomas modificar a la baja esta cantidad que aquí queda estipulada para los contratos de obras, gestión de servicios y consultoría de asistencia técnica.
Las enmiendas 61 y 63 han sido retiradas. Entre todos los Grupos hemos presentado una transaccional al artículo 62 que creo que ya obra en poder de la Mesa. Se mantiene viva finalmente, después de retirar también la enmienda 59, la número 58, referida a los contenidos de los proyectos de obra. En ella pretende el Partido Nacionalista Vasco introducir un apartado g) que aludiría a aquellos otros requisitos que las Comunidades Autónomas con competencias normativas en materia de contratación establezcan. Nuestro Grupo entiende que este apartado ya queda subsumido en el apartado f), donde se introdujo ya la primera discusión de la ley, anterior a la disolución de las Cortes, hace ahora un par de años, que decía textualmente: cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda. Pediríamos también al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos que, si es posible, en función de este mismo razonamiento retiren su enmienda número 58.
Por lo que hace referencia a Convergència i Unió, este Grupo mantiene una serie de enmiendas algunas de las cuales creo que deben ser aclaradas.
Dejando a un lado la enmienda transaccional basada en las números 148 y 149, en lo que se refiere a la número 147, votaremos en contra, pero también le pediríamos a este Grupo que tenga en cuenta que ya presentamos en el Congreso una enmienda --y está admitida en el dictamen de la Comisión--, la número 226, que excluía la expresión «personas físicas».
Creo que el Grupo de Convergència podría sentirse satisfecho con esto.
Podría retirar su enmienda número 147 ya que creemos que está subsumida por nuestra enmienda número 226 a la que acabo de referirme.
En cuanto a la número 146, fue aceptada en Comisión pero no aparece recogida en el dictamen. Entendemos que ha habido un lapsus y que por ello deberá ser votada. En todo caso nosotros votaríamos a favor de ella.
Algo diferente sucede con la número 153. Fue aceptada y recogida en el dictamen de Comisión, pero aparece ahora como voto particular. ¿No es así, señor Codina? (El señor

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Codina i Castillo: Sí.) En todo caso, espero que la Mesa tome buena nota de lo que estamos diciendo.
Respecto de las enmiendas números 150, 151, 152 y 154, nuestro Grupo ya expuso en Comisión sus razones en relación con las mismas. El señor Codina tampoco ha abundado en ellas hoy aquí, pero no queremos dejar de contestar a las enmiendas nuevas de su Grupo en el sentido de que no han sido repetidas en el Congreso de los Diputados.
La número 145 pretende establecer en el procedimiento negociado sin publicidad el límite del 50 por ciento del precio en consonancia con la Directiva 92/50. Precisamente lo que dice esa Directiva es que el importe no exceda.
Nuestro Grupo, ateniéndose a esto, ha considerado que ese límite que ustedes ponen en el 50 por ciento debe estar en el 20 por ciento. Ello está determinado por congruencia con el mismo supuesto de aplicación en el procedimiento negociado en el contrato de obras. No hemos querido variarlo sino dejarlo igual.
Por otra parte, la Directiva europea faculta también que se pueda poner una cantidad menor que la que su Grupo pretende. Ello responde a aplicar un criterio más restrictivo en las posibilidades de aplicación del procedimiento negociado en los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos, incluidos los regulados en el Título IV del Libro II al obligar a acudir a concurso cuando el porcentaje previsto en el supuesto del apartado enmendado sea superior al 20 por ciento del importe del contrato. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) La número 144, sobre las causas de resolución de contratos de consultoría y asistencia, también establece un límite de al menos el 50 por ciento del importe cuando nosotros mantenemos un 20 por ciento.
Aunque ustedes lo dicen, esta enmienda no está en coherencia con otras anteriores referentes a supuestos de aplicación del procedimiento negociado por cuanto que el artículo se refiere a establecer una causa de resolución del contrato cuando la modificación de éste sea superior al 20 por ciento de su importe, causa que tiene la misma aplicación por igual límite en el contrato de obras --artículo 150-- y en el contrato de suministros --artículo 193.
Por otra parte, la ampliación del porcentaje propuesto significaría una minoración de los derechos atribuidos al contratista, quien se vería obligado a aceptar las modificaciones del contrato que le impusiera la Administración por importe superior al 20 por ciento.
La enmienda número 142, al artículo 218, que propone suprimir los apartados 2 y 3, sobre indemnizaciones sobre los errores y responsabilidades en el contrato de elevación de proyectos, creemos que tampoco debe tenerse en cuenta, toda vez que hay que establecer el baremo de indemnizaciones, en este caso, ya que pondera mejor dichas indemnizaciones de acuerdo con el porcentaje de desviación que haya hasta el máximo del 50 por ciento que permite.
Finalmente, entendemos que la enmienda número 141, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no debe tenerse en cuenta, toda vez que el texto del artículo responde al principio de que quien causa el daño debe responder ante quien lo sufre, sin que se pueda exonerar de tal principio al contratista causante del daño.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular se mantienen una serie de enmiendas vivas, clarificando que fueron aceptadas en Comisión cuatro de ellas, las números 120, 121, 123 y 124, aceptadas y recogidas en Comisión. Aparecen en el dictamen de la Comisión también como votos particulares supongo que habrá que reconocer ese error y subsanarlo en el proceso de las votaciones.
Hay una serie de enmiendas que mantienen vivas, y me permitirán, brevemente también, al igual que hicimos en Comisión, exponer nuestras razones para votar en contra.
La enmienda número 122, sobre la ejecución del contrato de obras, indemnización por daños y perjuicios por causas de fuerza mayor, nuestro Grupo entiende que el suceso imprevisible e insuperable, ajeno a la voluntad y actuación del contratista, no basta para calificar al supuesto como fuerza mayor. Todos los daños, en este sentido, causados por terceros serían indemnizables. Entendemos, pues, que la redacción que está en el proyecto recoge mejor nuestra propuesta que ésta que pretende introducir el Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 125, sobre los efectos de la resolución del contrato de obras, pretende introducir que cuando el incumplimiento o resolución del contrato fuera imputable a la Administración, ésta indemnizará al contratista los daños y perjuicios que le haya causado, en todo caso.
Entendemos que la indemnización de daños y perjuicios es una cuestión que por su propia naturaleza, y la propia experiencia también nos lo dice, queda siempre remitida a la concreta determinación de los órganos jurisdiccionales. La práctica, repito, lo dice: está sucediendo, o lo que se estima más beneficioso para todos, para la Administración y para el contratista, los dos a la vez, el establecimiento de indemnizaciones tasadas que pueden percibir inmediatamente al estar establecidas en la ley, que no el carácter aleatorio y dilatado en el tiempo que supone la fijación y la indemnización por los órganos jurisdiccionales tal como ya, repito, se da nuevamente en la práctica.
En cuanto a la enmienda número 126, sobre los procedimientos y formas de adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos, que pretende introducir el procedimiento de la subasta, entendemos que la opción del proyecto, la del concurso, establece un criterio que ha sido positivo en su aplicación, también en la práctica habitual, y que comporta suficientes elementos de control y objetividad. Entendemos que la subasta en este tipo de contratos que trata de gestionar un servicio público no puede estar sometida solamente a un precio, sin tener en cuenta otros elementos de la oferta que puedan darse.
La enmienda número 127, sobre la aplicación de causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, pretende introducir «in fine» un nuevo párrafo que dice lo siguiente: «por razones de interés público, la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente aplicando --y éste es el párrafo nuevo-- la legislación de expropiación forzosa.» Nosotros creemos

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que esto no clarifica, más bien induce a confusión, y entendemos que debería suprimirse este párrafo «in fine» en este artículo.
En cuanto a la enmienda número 128, sobre las formas de adjudicación del contrato de suministro, nosotros entendemos que el precepto que está en el proyecto de ley no altera el régimen general de la subasta y del concurso, sino que aclara...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Aguilá, tendría que ir terminando porque ya pasan seis minutos y medio.


El señor AGUILA I BARRIL: Termino, faltan dos o tres enmiendas.
Seis minutos es poca cosa...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Parlamentariamente es mucho tiempo, Senador.
Por favor, termine.


El señor AGUILA I BARRIL: Faltan dos o tres enmiendas, señor Presidente.
Termino ya.
Decía que este precepto no altera el régimen general de la subasta y el concurso, sino que aclara la modificación introducida en la legislación de Contratos del Estado, que sólo admitía hasta ahora el concurso para la adjudicación de estos contratos. Al admitirse la subasta se precisa que, en suministros, sólo tendrá lugar en los de escasa cuantía y también en aquéllos en los que estén perfectamente definidos los productos y, por lo tanto --éste es el elemento decisivo--, el precio será el único factor determinante de la adjudicación.
En la enmienda número 129, sobre los defectos de resolución del contrato de suministro, entendemos que el precepto ya contiene una regla que constituye una excepción a la de la recíproca devolución de prestaciones y no prejuzga la procedencia de indemnización, que deberá ser resuelta por las normas generales, según quién sea la parte causante de la resolución. Por otra parte, el artículo 98 de esta misma ley que estamos discutiendo hoy está dedicado a la indemnización de daños y perjuicios, de aplicación también a los contratos de suministros que ustedes pretenden introducir aquí.
Respecto de la enmienda número 130 que, según dicen ustedes, es consecuencia de otra que ya ha sido defendida, que respeta la realidad del año, decimos que no por las mismas razones que ya hemos expuesto sobre la enmienda número 125 que ustedes han presentado a este libro II.
Falta un par de enmiendas, señor Presidente, y ya acabo.
Rechazamos igualmente la enmienda número 131 por las mismas razones que se han aducido sobre la enmienda número 128, al artículo 181.
La enmienda número 132 trata sobre los efectos de resolución de contratos de consultoría. Nosotros entendemos --fíjese bien, señoría-- que esta cuestión ya está resuelta en el artículo 104.3 y punto 4, en general, para todos los contratos.
Señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Mixto? Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Miguel Angel Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De forma muy breve, y como habíamos anunciado cuando defendimos las enmiendas, quisiéramos ampliar un poco más las consideraciones sobre el artículo 116.2.c), del que habíamos hablado.
Cuando detectamos ese artículo, con la redacción que vino del texto remitido por el Congreso de los Diputados, la primera reacción que tuvimos fue de asombro al ver que un proyecto de ley, con tantos meses como estuvo --quizá años-- dándosele vueltas, no hubiese habido en el Congreso Diputados que tuviesen algún tipo de experiencia en estas cuestiones y no se hubiesen dado cuenta de los perjuicios que podía causar.
Nos despistamos y no pudimos introducir una enmienda nuestra. Tratamos de corregirlo aquí, soportada sobre una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Nos personamos en la ponencia, dimos toda esta clase de explicaciones, y ofrecimos incluso dos redacciones alternativas, que me gustaría leer para que constasen: Que el contratista se obliga a aportar, a requerimiento de la Administración, en su caso, prueba fehaciente de haber abonado a los subcontratistas y suministradores las cantidades aceptadas en las condiciones pactadas con unos y con otros para los contratos derivados de aquéllos en los que la propia Administración intervenga, y no en otro.
Otra redacción: Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores, por razón de los contratos derivados de aquéllos en los que la propia Administración intervenga, el precio pactado con unos y otros en condiciones que no resulten más desfavorables que las establecidas en los apartados, no sólo en el 4, sino también en el 6, del artículo 100, para las relaciones entre la Administración y los contratistas.
Se ha realizado una buena cantidad de negociaciones políticas no sobre este articulado de las posibilidades, sino negociaciones políticas sobre otros paquetes, sobre otras cuestiones, y al final se encontró una redacción intermedia que mejoraba el texto que había venido del Congreso, y aunque no daba plena satisfacción, por lo menos podía no montar un grave cirio dentro del mercado de la construcción. En esta redacción se establecía que el contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores, por razón de contratos derivados de aquellos en los que la Administración intervenga, el pago del precio pactado con unos y otros dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 100 para las relaciones entre la Administración y contratistas; se ponía un punto y aparte y se continuaba: No obstante, el contratista podrá efectuar a la recepción objeto del contrato el abono

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de dicho precio pactado mediante la entrega de cualquier documento de pago que haya sido aceptado previamente por el subcontratista o suministrador.
Esta enmienda la hemos firmado todos los grupos, pero si se pudiera volver a reconsiderar seguro que algunos más se volverían atrás de haber firmado. Al parecer, las relaciones políticas exteriores a esta Cámara van a influir sobre el sentido común parlamentario y el desarrollo de la vida real. ¿Saben ustedes qué va a suceder? Pues que cuando obliguen al contratista principal --que es el único que tiene todas las responsabilidades, subsidiariamente todas: las del primer, segundo y tercer subcontratista o suministradores-- a encorsetarse en este 116.2.c) --artículo que no tiene por qué estar en esta ley, ya que, ¿a cuenta de qué vamos a regular el pacto entre el contratista y subcontratista en esta ley si el pacto es libre entre esas personas, pactan lo que desean y ahí estarán los tribunales para los problemas que puedan surgir con este contrato--, va a ser éste --que, insisto, es el que tiene absolutamente todas las responsabilidades-- el que va a suplir al subcontratista y el que va a suplir al suministrador en muchísimas ocasiones, sobre todo el contratista principal tremendamente responsable, de los que hay muchos en este país.
Por lo tanto, a todos aquellos que han creído que con esta redacción estaban haciendo un tremendo favor legislativo al subcontratista y al suministrador les tengo que decir que están equivocados, y la experiencia lo dirá; la mía me lo dice ya con toda seguridad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Lasquibar pide la palabra.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente, simplemente quiero añadir que antes se me ha olvidado decir a la Cámara que retiraba también la enmienda número 42.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Francesc Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, muy brevemente, estamos a una altura del debate en la que conviene ir terminando, intervengo básicamente para manifestar la posición de mi Grupo respecto a las enmiendas que se han presentado por parte de los otros grupos de la Cámara.
Concretamente, por lo que hace referencia al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, anuncio que vamos a votar favorablemente a la enmienda número 71. Y aunque ya lo he dicho desde la tribuna, quiero insistir --si bien supongo que ya se había tomado nota-- en que de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió retiramos la enmienda número 61 y que las números 148, 149 y 156 han sido transaccionadas.
Con respecto a nuestras enmiendas, quería hacer un brevísimo comentario al Senador y amigo Ramiro Cercós cuando en su exposición --amplia y brillante, como suele ser siempre, y cargada de datos, no siempre de razón, pero cargada de datos sí-- hacía una referencia a la enmienda número 135 diciendo que estaba recogida en el texto del dictamen. Yo he de reconocer que en parte sí está recogida --yo diría que en aquella parte que le conviene al señor Senador--, pero hay una segunda parte de esta enmienda que usted no cita y que es lo que justifica el mantenimiento de la misma, por lo cual vamos a pedir que se someta a votación.
Por lo demás, en cuanto al Grupo Popular, éste vio aceptadas una cantidad importante de sus enmiendas en el trámite de Comisión y hoy ha retirado algunas de ellas. Pero he de decirles que lamento que se haya retirado la enmienda 134, puesto que confiábamos votarla favorablemente y eso era lo que nos permitía votar al cien por cien el dictamen de la Comisión. Sin embargo, en este momento anuncio que, debido al cambio que se ha producido en la intención de nuestro Grupo a la hora de votar, vamos a pedir votación separada de la disposición final primera, que votaremos en contra, a pesar de que votemos favorablemente el resto del dictamen.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Alvarez Rodríguez.


El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a nuestro modo de ver, las dos grandes cuestiones que plantea este proyecto de ley son, primero, el ámbito de aplicación de la ley y, segundo, los justos límites que han de establecerse a la discrecionalidad de la Administración. Bajo esos dos paraguas se ampara toda la temática general de este proyecto que, en mi opinión, debemos debatir en esta Cámara.
Existe una inquietud social generalizada que demanda, sin duda, que se dote a las relaciones contractuales en las que interviene la Administración pública de transparencia, publicidad, no discriminación, justicia y rigor. En eso estamos todos de acuerdo. Este proyecto de ley, señorías, llega a las Cámara para, en teoría, dotar de aire fresco a las Administraciones públicas y colaborar en la supresión de arbitrariedades, abusos, tráficos de influencias, favoritismos, corruptelas, etcétera. Sin embargo --aunque aquí se diga otra cosa, porque ya la hemos escuchado por parte de algún portavoz--, no estamos de acuerdo con que el artícu-lo 1 deje fuera de esta reglamentación determinados supuestos.
El artículo 1 de esta ley está redactado de forma tal, que no se regulan una serie de contratos del sector público, aquéllos correspondientes a entidades financiadas con fondos públicos, creadas con objeto específicos y, en todo

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caso, dependientes del poder público. Así no se consigue introducir ese aire fresco, señorías, y es una lástima desaprovechar una ocasión como ésta para colaborar en evitar irregularidades en la contratación pública.
Es necesario, señorías, extirpar realmente los tumores de la corrupción en este país, pero si permitimos una válvula de escape para salirnos del Derecho Administrativo en determinados supuestos, si permitimos que amplios sectores de la contratación instrumentados a través de sociedades o entidades estatales puedan ser regulados por la vía jurídica privada, las garantías obviamente disminuyen, ya no son las mismas. Flaco favor hacemos así a la regeneración de la vida pública. Nos quedamos en simples intencionalidades y lo que predica el señor Presidente del Gobierno acerca de poner a disposición todos los medios a su alcance para luchar contra la corrupción luego, lamentable e imperdonablemente, no lo lleva a la práctica.
El ámbito de aplicación de esta ley, al dejar fuera del mismo parcelas de poder financiadas con caudales públicos, no colabora a sembrar en la sociedad española un poco de sosiego, un poco de confianza en el funcionamiento de las instituciones. El clima de corrupción que, lamentablemente, es el debate político diario en los foros políticos, en los medios de comunicación, e incluso en cualquier tipo de tertulia familiar o doméstica, se va a continuar permitiendo después de la aprobación de esta ley, porque así lo va a decidir el Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo de sus socios de Convergència i Unió.
A las sociedades estatales, a esos entes públicos de carácter instrumental --léase la Sociedad para la Expo de Sevilla, Barcelona Holding Olímpico, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Sociedad Estatal de In-fraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, etcétera-- creados al amparo del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada en 1988, se les aplica la disposición adicional sexta de esta ley, esto es, los principios de publicidad y concurrencia, pero no se las sujeta al resto del contenido en cuanto a controles y transparencia administrativa se refiere.
Esto no demuestra que no existe auténtica voluntad política para establecer controles y garantías en la contratación; no existe voluntad política para evitar el caldo de cultivo de existencia de irregularidades en la contratación. Asistimos y seguiremos asistiendo a grandes discursos gubernamentales electorales haciéndonos ver lo contrario, pero la realidad de los hechos, señorías, es el único reflejo fiel de lo que ocurre. Los grandes discursos no son suficientes si no se lleva a la práctica lo que se postula en los mismos, y ustedes practican una contradicción absoluta, en este caso, entre lo que manifiestan públicamente y lo que aprueban hoy aquí. La única forma de que eso no ocurra es introduciendo en el texto legal el contenido de nuestra enmienda número 86, al artículo 1.3. Háganlo, señorías de los grupos que apoyan al Gobierno; no sigan otorgando discrecionalidad y descontrol a la Administración, entre otras razones, porque les queda poco tiempo de gobierno y no les merece la pena; voten a favor de esa enmienda, que eso sí da transparencia. Es necesario crear el marco jurídico conveniente y adecuado para que las instituciones públicas realicen sus operaciones contractuales eficientemente, pero con el máximo rigor y transparencia.
No puede ser de otra manera en un Estado democrático de Derecho. Si queremos conseguir que así sea, hemos de aplicar el ordenamiento público a todos los supuestos; no debemos permitir la huida al derecho privado, en definitiva, esos mecanismos que, en algunos casos, posibilitan el no sometimiento al articulado de esta ley.
Nuestra sociedad no admite ya más irregularidades, señoría. Lo que hoy debatimos aquí es un proyecto de ley para el futuro. Los jueces decidirán qué penas se han de aplicar a los casos de irregularidades cometidas en la contratación pública de los últimos tiempos. Pero ya no vamos a entrar en hechos pasados; vamos a hablar de futuro. Si queremos suavizar el trabajo de los jueces de cara al futuro, sometamos al ordenamiento jurídico público absolutamente todos los contratos en los que intervenga el poder público y los caudales públicos, aunque sea mediante el disfraz de entes instrumentales. Se pierde una oportunidad extraordinaria para colaborar con eficacia en extirpar ese cáncer que ha sido una de las enfermedades más graves que ha sufrido nuestra democracia actual, que es la corrupción. La voluntad política para atajarla se demuestra aquí con hechos, señorías. Las palabras --insisto-- del señor Presidente del Gobierno ante las cámaras de televisión suenan, con frecuencia, muy bien, cuando habla de lucha contra la corrupción, pero si luego aquí hacemos lo contrario, en lugar de trabajar honestamente por nuestro sistema democrático de derecho, por la sociedad española, lo único que estamos haciendo es representar una comedia, y España, señorías, no necesita comedias, necesita confianza.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig); Debería terminar, señoría.


El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
España necesita que se gestionen los dineros públicos, en favor de la sociedad española en general y no de algunos ciudadanos en particular.
Senador Pérez, he de decirle algo con cordialidad y claridad, como usted ha dicho. A usted no le ha gustado que citemos aquí repetidamente la palabra transparencia y nos contesta con la palabra floritura. Yo voy a terminar añadiendo otra palabra, que es filigranas, porque ustedes para sostenerse --buena prueba de ello es lo que hemos visto a lo largo del día de hoy en esta Cámara-- tienen que hacer auténticas filigranas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador don Santiago Pérez.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, Senador Alvarez Rodríguez, señorías, he dicho en mi intervención anterior que me costaba encontrar el hilo conductor de las

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diferentes enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que había empezado a captarlo cuando hoy en el debate sus señorías empezaron a retirar un montón de enmiendas, que formaban un auténtico mosaico heterogéneo de propuestas legislativas. Me hubiera gustado ver, señorías, un proyecto alternativo para poderlo examinar en toda su coherencia, cosa que sus señorías no han hecho y se han remitido a presentar un conjunto de enmiendas --insisto-- abigarrado, heterogéneo.
Me parece que sus señorías están obsesionadas por la floritura, de cara a la galería, de cara al tendido, de cara al respetable.
Usted me ha contestado con algo que no logro entender: que lo que nos caracteriza a nosotros es la filigrana para mantenernos. Insisto, señorías, al sector público hay dos formas de cargárselo, de eliminarlo: o bien privatizándolo, propósito que entiendo late debajo de las declaraciones de muchos de sus más significados dirigentes y de sus declaraciones programáticas, cuando las hacen públicas, o bien asfixiándolo. Asfixiándolo, ¿cómo? El sector público de la economía, es decir, todas aquellas actividades que sus señorías ahora califican como de huida, la Administración huye al terreno privado para sustraer de la transparencia, del control de la discrecionalidad una gran parte de sus actividades.
Señorías, esta ley reconduce a unos términos satisfactorios la preocupación que sus señorías dicen tener, si es que la tienen de verdad, a saber: la disposición adicional sexta establece que los principios de publicidad y de concurrencia, es decir, los principios básicos de la contratación administrativa serán aplicables a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital directa o indirectamente corresponda a las Administraciones Públicas o a los organismos autónomos dependientes de éstas.
Si ustedes pretenden traer a la estricta reglamentación de contratos la actividad que esas sociedades desarrollan por un principio de eficiencia en el que sus señorías evidentemente no creen, sus señorías las habrán desnaturalizado, habrá perdido todo su sentido el recurso a entidades que se mueven y son reguladas por el derecho privado como una necesidad de la Administración de nuestro tiempo. El planteamiento de sus señorías es, además, de un planteamiento demagógico, irreal.
Esta ley trae también un reconocimiento importante de la teoría de los actos separables que han causado estado en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. Hay una serie de entidades que tienen como finalidades propias la realización de actos en el tráfico mercantil y financiero, etcétera, a las que les es aplicable, también por imperativo de este proyecto de ley, cuando sea un texto legal vigente, el principio de la teoría de los actos separables. Además, hay una serie de relaciones contractuales que por carácter subjetivo u objetivo quedan fuera del ámbito de esta ley, como puedan ser las relaciones de contratos entre la Administración y sus funcionarios, como puedan ser toda una serie de actividades contractuales que realiza el Estado con otros sujetos de derecho internacional, etcétera, que se regulan en el artículo 3, a los que les son aplicables los principios de esta ley.
Señorías, a mí me parece profundamente injusto el discurso que su señoría nos acaba de brindar en el turno de portavoces y que traía escrito. Sus señorías hablan del clima de corrupción que intencionadamente están intentando plantear como una situación generalizada en nuestro país. Al final, señorías, ¿qué pretendían sus enmiendas objetivamente planteadas aquí? Sus señorías han retirado una enmienda esencial, la número 134, que al final hubiera significado que los límites máximos al proceso de adjudicación negociado se habrían convertido en agua de borrajas y las diferentes Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas hubieran podido subir ese límite máximo a su dicrecionalidad.
Señorías, creo que hay que hacer un examen riguroso de esta ley, como de la Ley de Incompatibilidades, que sus señorías y determinados medios de comunicación afines a sus principios tuvieron buen cuidado de que pasara inadvertida como una ley en la que se vuelven a hacer realidad los compromisos políticos del Gobierno, con la historia de que se eliminaba el término de «nación».
Ustedes están en una permanente estrategia tendente a acentuar el clima de inquietud social que algunos casos de corrupción importantes han producido. Esa es su estrategia, que no es la estrategia de presentar un programa claro y alternativo al programa de Gobierno, y en este caso un texto alternativo claro al proyecto que hemos estado discutiendo. Sus señorías no tienen ningún tipo de interés y al final todas esas grandes palabras que sí utilizan sus señorías, acaban vaciándose en un conjunto abigarrado, pobre, heterogéneo, contradictorio de enmiendas parciales.
Creo que volver sobre esto es volver sobre cuestiones en las que difícilmente nos podremos poner de acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.


El señor PEREZ GARCIA: Termino, señor Presidente.
Insisto, sus acusaciones, que además nos han reproducido ahora por escrito en el turno de portavoces, son profundamente injustas y demagógicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Cercós Pérez pide la palabra.) Senador Cercós, ¿por qué me pide la palabra?

El señor CERCOS PEREZ: Por una cuestión de orden. Se trata de dejar constancia de unas correcciones observadas en el texto. El documento global lo tiene el Letrado.
En el artículo 24.2, segunda línea, dice «agrupación». de acuerdo con el resto de la ley, debe decir «unión». Se trata de una errata.
En el artículo 34.3, apartado a), segunda y tercera línea dice «o la Junta» y es «o a la Junta».
En el artículo 81, líneas octava y novena, dice «agrupación» y debe decir «unión», como se dice en el resto de la ley.
En el artículo 94.4 se citan como referencia unos artículos, pero no es correcto, porque deberían citarse los artículos 141 f), 160.2.c), 183 h) y 211 g), que es al que se alude exclusivamente.


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En el artículo 96.3, primer guión, debe suprimirse la referencia «precio del contrato» para evitar una redundancia. Que lo compruebe el señor Letrado. Es una corrección de estilo.
Hay que corregir el artículo 116.2 c), tercera línea. Aprovecho, señor Presidente, para decir que votaremos nuestra enmienda número 197 para sustituir «entre ambos» por «con unos y otros».
En el artículo 129.1, en las tres últimas líneas, habría que intercalar entre «asimismo y cuantos» la expresión «se deberán comprobar», para que tenga sentido la expresión.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, por favor, señoría.
Deseo que los señores Senadores itinerantes dejen terminar esta parte del debate. (Rumores.) Señorías, estoy pidiendo a los Senadores que han entrado recientemente en el Pleno que nos dejen terminar con el debido decoro la parte del debate que en estos momentos se está sustanciando.
Por tanto, les pido, si no es mucho, un esfuerzo de silencio.
Muchas gracias, señorías.
Senador Cercós, puede continuar.


El señor CERCOS PEREZ: En el artículo 158, tercera y cuarta líneas, pone «las» y debe ser sustituido por «la». Si se puede comprobar, en la relación gramatical que haga el señor Letrado, la expresión de que «pueda ser objeto» no añade ningún significado y mejoraría el estilo.
En el artículo 178.1, segundo párrafo, línea segunda, dice «su ejercicio presupuestario». Sería más claro «cada ejercicio presupuestario».
El artículo 211, apartado a), quinta línea, tiene una errata. Dice «aumentando» y es «aumentado».
La disposición final primera, apartado 1, guiones relativos al artículo 211, debe decir el párrafo segundo de la letra f) y el último inciso de la letra g) del artículo 211.
En la disposición final segunda, apartado 2, penúltima línea, aparece la expresión «... salvo las que hacen...», cuando debería decir «... salvo las que se hacen...», y, por último, hay correcciones de puntuación que trasladamos al señor Letrado, y que son que debe consignarse un punto al final del artículo 1.4 del título del artículo 19, del título del artículo 27, del artículo 31, del título del artículo 32, de la disposición transitoria sexta, apartado 2, y del título de la disposición final tercera. En la disposición final segunda, apartado 4, debe intercalarse un punto entre el número 2 y la letra b), el artículo 5.2b), y debe prescindirse de la coma que precede a la expresión «... o de insolvente fallido...» en el artículo 13.2, quinta línea.
Por último, debe suprimirse uno de los dos puntos que figuran después de la palabra «octava» en el título de la disposición adicional octava.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Se entiende que su aportación ha sido en nombre de todos los grupos que tenían conocimiento previo. (El señor Acebes Paniagua pide la palabra.) El señor Acebes tiene la palabra. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Eso que usted supone es mucho suponer. Nosotros no conocíamos ninguna de esas veintitantas enmiendas que acaba de hacer «in voce», y seguro que tiene razón y que son de mejora técnica y estamos convencidos de que mejoran el texto, pero desde luego necesitaríamos un tiempo para reflexionar y poder trabajar sobre ellas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por unos minutos.
(Pausa.) Señorías, se reanuda la sesión.
Queda aplazada la votación del proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE DERIVACION DE VOLUMENES DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GUADIARO A LA CUENCA DEL RIO GUADALETE. (S. 621/000070.) (C. D. 121/000081.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete.
El señor Presidente de la Comisión, Senador García Correa, tiene la palabra para la presentación del dictamen.


El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones referente al proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete.
El proyecto de ley tuvo entrada en esta Cámara el 27 de febrero del presente año. La Mesa lo remitió a la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, fijándose que el plazo de presentación de enmiendas terminaría el día 10 de marzo.
La Comisión designa como ponentes a los Excelentísimos señores don Luis Pizarro Medina y don Rafael Román Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista, y a don Casimiro Hernández Calvo y don Clemente Sanz Blanco, del Grupo Parlamentario Popular.
Al proyecto de ley fueron presentadas una propuesta de veto y 11 enmiendas, por doña Isabel Vilallonga Elviro y don Alvaro Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario

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Mixto, y 23 enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, la Comisión, en sesión celebrada el pasado día 27 de marzo, aprobó el informe de la Ponencia, quedando vivas para su debate en Pleno todas las enmiendas presentadas, a excepción de la número 13, que fue retirada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Correa.
El Grupo Parlamentario Mixto ha sostenido una enmienda de veto suscrita por el Senador Martínez Sevilla y la Senadora Vilallonga Elviro.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera hacer la defensa del veto al proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro al río Majaceite, afluente del Guadalete. Y comenzaré haciéndoles unas consideraciones acerca de la actual situación de restricciones en política hidráulica y acerca de la absoluta inutilidad de este trasvase.
En primer lugar, a lo largo de estos meses se ha hablado mucho de la situación de restricciones que sufren los 800.000 habitantes de la Bahía de Cádiz, y que esta situación no debe achacarse a una exclusiva coyunturalidad, a una exclusiva sequía climática. Pues bien, los continuos cortes que refieren los 800.000 habitantes de la Bahía de Cádiz están en buena medida provocados --y ésta es la tesis que me propongo mantener-- por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que quiere, de esta manera, sensibilizar y presionar a una población ante un recurso tan vital y tan cotidiano como el agua, para la realización de un proyecto innecesario y costoso como es el de derivación de volúmenes de la cuenca del río Guadiaro al río Majaceite, que importa un total de 11.000 millones de pesetas. Las restricciones se deben, desde nuestro punto de vista, a una falta de previsión de las administraciones implicadas en la planificación y en la gestión del agua.
Las sequías son episodios normales en los climas mediterráneos y la planificación hidrológica debe prever estas particularidades en nuestro clima, disponiendo de sistemas de gestión de los recursos que permitan un mantenimiento durante estos períodos secos. Por tanto, es claramente constatable que la mera construcción de embalses no ha solucionado estas carencias de agua en los períodos de sequía y que, además, ha ocasionado un importante impacto ambiental y socioeconómico en los municipios de la sierra y de la campiña, donde se han inundado algunas de las mejores vegas con estas obras de regulación para abastecer de agua a las siempre más ricas comarcas costeras. Desde este punto de vista hay, por tanto, incapacidad para contener la demanda y para racionalizar el uso de un recurso escaso por parte de las Confederaciones Hidrográficas.
El aumento de los recursos disponibles no ha llevado aparejada una mejora de la gestión de los organismos de cuenca, cuya falta de control queda patente incluso en hechos como la incapacidad para cobrar el agua a los ayuntamientos. Es absolutamente demencial el hecho de que en los municipios de la zona gaditana los ayuntamientos adeuden 2.200 millones a la Confederación Hidrográfica del Sur, que no les cobra el agua, y que en el Campo de Gibraltar se adeuden otros 2.000 millones de pesetas a la respectiva Confederación Hidrográfica.
El nivel de recaudación de las Confederaciones Hidrográficas en Andalucía está en el 40 por ciento. Por tanto, las Confederaciones Hidrográficas no tienen, en este momento, capacidad de garantizar la adecuación ni la gestión de los recursos hidráulicos ni, por tanto, de los recursos hidráulicos que pudieran aportar al río Guadalete con el trasvase.
Además, las Confederaciones Hidrográficas, como la del Guadalquivir, disponen de un guarda por cada 3.500 kilómetros cuadrados de cuenca hidrográfica.
Les voy a hacer una breve historia de las disposiciones y de los recursos hidráulicos de la cuenca del Guadalete y de la cuenca del Guadiaro. En 1982 el déficit era de 400 hectómetros cúbicos. Se puso en marcha un plan de choque para invertir la situación en base a la construcción de 19 presas, 19 embalses con gran impacto ambiental que han incrementado en más de un 40 por ciento la capacidad de regulación, pero sorprendentemente no han aumentado el agua embalsada. Hoy, 10 años después de ese plan de choque de 19 presas, el déficit sigue siendo de 400 hectómetros cúbicos y todavía no se ha superado el récord de agua embalsada de 1979, con 4.000 hectómetros cúbicos. Por tanto, el incremento en las obras de regulación de las cuencas no supone una mayor disponibilidad de agua ni una mayor disponibilidad de recursos. Sin embargo, la creación de estas 19 obras de regulación ofreció una expectativa inexistente de nuevos recursos de agua que dio lugar a nuevas demandas, como la creación de 60.000 nuevas hectáreas de olivar que se están regando ilegalmente sin concesión de agua de ningún tipo y sin, por supuesto, sanción de la respectiva Confederación Hidrográfica.
En la cuenca del Guadalete la situación es aún mucho más grave. La política hidráulica promovida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha basado en la construcción de obras de infraestructura para aumentar el nivel de regulación del río y así embalsar y aprovechar los caudales excedentarios de los años lluviosos.
Esta política, basada exclusivamente en el aumento de los recursos disponibles, se ha demostrado insuficiente, pues la presión de la demanda, la enorme avidez de agua que genera nuestro modelo de desarrollo insostenible ha superado con creces la oferta, de forma que el déficit real se ha ido incrementando hasta llegar a la situación actual, en la que tenemos unos recursos evaluados de 242 hectómetros cúbicos y un déficit realmente inexistente evaluado por la propia Confederación en 77 hectómetros cúbicos.
El déficit del Guadalete es una clara demostración de que la Confederación es incapaz de liderar la gestión del agua y de que los ayuntamientos no quieren saber nada en la mejora de la gestión, sino vender agua cara, que ellos no pagan, máxime cuando los agricultores piensan seguir sin planificar los regadíos, sin atenerse a los recursos existentes

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y sin pagar el costo del agua. Así, con este modelo insostenible, no se puede seguir, y este modelo insostenible es el que consagra el trasvase.
Pues bien, ante este modelo hay que plantear una serie de medidas basadas en unos recursos escasos que hay que gestionar adecuadamente y a los que hay que añadir retornos de agua --que veremos posteriormente--, reciclajes de agua y asimismo la posible instalación de plantas desaladoras que, desde nuestro punto de vista, proporcionan alternativas a las necesidades de la Bahía de Cádiz sin que sea necesario ejecutar el mencionado trasvase.
El trasvase Guadiaro-Majaceite se basa en unos déficit actuales de 20,8 hectómetros cúbicos, déficit medido en 1992. Los estudios de la Confederación prevén un incremento de este déficit de 72 hectómetros cúbicos en el año 2002 y de 200 hectómetros cúbicos en el año 2012. Sin embargo, el déficit de esta cuenca no tiene su origen en la escasez de recursos ni en la irregularidad de las precipitaciones. Estos son datos básicos conocidos y previstos que hay que tener en cuenta. La responsabilidad del déficit existente --insisto una vez más-- es de la Confederación y, naturalmente, de la falta de contención en la demanda que se está produciendo. Hay que destacar lo incongruente de este trasvase y también que el mismo se justifique sobre la base de balances hidrológicos que se deducen de órdenes ministeriales. Y les voy a dar un dato muy significativo a este respecto. Mientras que en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se dice que en la cuenca regulada hay 236 hectómetros cúbicos, la orden ministerial correspondiente sitúa en 179 hectómetros cúbicos el agua disponible en dicha cuenca. Es decir, vía orden ministerial se están rebajando 57 hectómetros cúbicos que el propio Plan Hidrológico decía que sí había. O lo que es lo mismo, estamos creando ficticiamente un déficit de agua que, vía orden ministerial, se aumenta en 57 hectómetros cúbicos más.
Respecto de las demandas futuras, éstas son inexistentes. Por ejemplo, las demandas futuras del Plan Hidrológico se basan en un gran aumento de los regadíos y se propone duplicar las 27.000 hectáreas actuales llegando a las 54.000 previstas para el año 2012. Estas previsiones contradicen la actual política agraria comunitaria, que propone la reducción de superficies cultivadas y la extensificación de la agricultura, entre otras cosas para reducir excedentes y minimizar los impactos ambientales de la agricultura intensiva.
El hecho de que el 4 por ciento de los propietarios agrícolas gaditanos posean el 40 por ciento de las tierras regables hace también absolutamente inadecuados los argumentos sociales respecto de la puesta en funcionamiento de nuevos regadíos. Estos argumentos sociales no se justifican ya que la puesta en funcionamiento de nuevos regadíos tiene fines fundamentalmente especulativos. Además, buena parte de esos propietarios no tienen en cuenta el carácter social de los cultivos que se instauran después de la puesta en regadío de las tierras. Muchas de ellas las dejan sin cultivar para poder cobrar las correspondientes subvenciones de la propia PAC después de la puesta en regadío de esas tierras.
Es decir, que en lo que a los regadíos se refiere, nos encontramos con paradojas tales como que el nuevo trasvase únicamente va a aumentar de forma especulativa el valor de los terrenos mientras que no los va a aumentar de forma productiva ni tampoco de forma social al no incidir directamente en la estructura agrícola de las tierras ni en la mano de obra que todo ello conlleva.
Desde este punto de vista, la Confederación Hidrográfica debería desistir de poner en funcionamiento unas 17.000 hectáreas. Ello supondría un ahorro de 110 hectómetros cúbicos que --insisto-- no tienen justificación dentro de la actual PAC. De este modo el tope de superficie regable en la cuenca del Guadalete se podría fijar en unas 37.000 hectáreas y el consumo previsto podría estar en unos 243 hectómetros cúbicos.
Respecto a consumos urbanos e industriales, el Plan Hidrológico del Guadalete no sólo prevé una reducción de los consumos domésticos, base de toda política de mejora de la gestión, sino que incluye fuertes incrementos con dotaciones de hasta 350 litros por habitante y día.
La situación más insólita de este país se da en la Bahía de Cádiz, lugar en el que hace tres años que hay restricciones de agua y donde la media de consumo de agua por habitante y día supera la de cualquier región de Europa. En esa zona el consumo está en los 170 litros por habitante y día mientras que la media de consumo de agua de cualquier región española está ahora mismo en los 280 litros por habitante y día. Esta situación, de absoluto despilfarro, no debe premiarse con un trasvase sino que, al contrario, debe corregirse desde la base en que se genera.
Por tanto, desde este punto de vista habría que minorar esas dotaciones previstas para los años 2002 y 2012, muy superiores a las actuales. De esa minoración de las demandas previstas podrían deducirse unos 124 hectómetros cúbicos para el año 2002 y unos 136 para el año 2012.
Los consumos industriales también prevén importantes incrementos que son inconcebibles desde un punto de vista industrial teniendo en cuenta las nuevas técnicas agroalimentarias, que no justifican esos aumentos, como, por ejemplo, técnicas respecto a la utilización del agua en la industria azucarera, en la industria agroalimentaria y también en la industria del aceite, en la industria derivada de la industria olivarera. De tal manera que, en este caso, tampoco se justificarían estos aumentos. El único incremento justificado en la demanda de agua podría achacarse al caudal ecológico de los ríos, para el que nuestro Grupo pretende proponer un aumento, de los 8 hectómetros cúbicos previstos en el Plan Hidrológico, a 12 hectómetros cúbicos para el caudal ecológico; de esta manera, la demanda sólo se incrementaría en 4 hectómetros cúbicos más. Por lo tanto, con esta situación de perspectivas de futuro, y con una situación que estaría basada en cuatro ejes fundamentales de política de ahorro en recursos hídricos, nosotros proponemos la inutilidad de este trasvase.
El primer punto de ahorro sería el ahorro en regadíos: eliminación de riegos ilegales; limitación de la superficie de regadío, consolidando las actuales 27.000 hectáreas e incrementándolas con 7.000 nuevas, pero desestimando las 17.000 hectáreas previstas desde el año 2002 hasta el año 2012, que quedarán por completo fuera de la PAC y, por lo tanto, una mejora también de la red de infraestructura

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en las zonas regables --canales, acequias, etcétera--; una limitación de las dotaciones bruscas en cabecera a 6.500 metros cúbicos y una modificación de la política tarifaria para convertirla en instrumento de ahorro de agua, implantando facturación volumétrica para todos los agricultores; fomento de los cultivos que menos agua consuman y programas de formación para los regantes. Con este conjunto de medidas, podría ahorrarse --ya lo he comentado antes-- un volumen superior a los 100 hectómetros cúbicos en riegos agrícolas.
En segundo lugar, un ahorro en consumos urbanos e industriales, con una reducción de pérdidas de la red de distribución a un máximo del 20 por ciento antes del año 1999, y a un 15 por ciento en el año 2012; una política que separe los consumos domésticos de los industriales y de los de zonas ajardinadas; instalación de redes separadas en los nuevos polígonos industriales y consumo con agua reciclada; una dotación básica por habitante y día de 200 litros; una política tarifaria que garantice precios asequibles, hasta 150 litros por habitante y día; un fuerte incremento de los precios para los excesos de consumo; contratos individualizados por vivienda; regulación de normas urbanísticas y fuerte reducción de los consumos en instalaciones militares. He de decirles que, en el ámbito de la Bahía de Cádiz, las instalaciones militares consumen más de 5 hectómetros cúbicos al año, y que sólo la base naval norteamericana de Rota está consumiendo 2,5 hectómetros cúbicos de agua cada año, que se utilizan para fines que, en muchos casos, podrían hacerse con agua reciclada.
El consumo de la base aeronaval de Rota es superior al de poblaciones como las de Puerto Real o Chiclana, por poner un ejemplo. La implantación de nuevas tecnologías en la industria agroalimentaria, que también he comentado antes, sería otra de las medidas de ahorro.
Con todo esto, naturalmente, hay que ahorrar el agua que se pierde en las conducciones. Les puedo poner algunos ejemplos muy claros: los de Cádiz y Jerez. En el Ayuntamiento de Cádiz, la diferencia entre el agua recibida en alta y el agua facturada es del 40 por ciento menos: se reciben 20 hectómetros y salen facturados 12 hectómetros cúbicos. Se pierden 8 hectómetros cúbicos, casi la mitad del agua que se recibe en alta, y en Jerez es el 30 por ciento. Ante esto hay una absoluta impotencia y dejación de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo único que demuestra esto es una malísima gestión municipal, un despilfarro de agua que está lamentablemente generalizado y que la mayor parte de nuestros municipios necesitan planes de mejora de gestión. Desde este punto de vista tenemos, por ejemplo, que municipios como el de Cádiz, cuyo último año normal de distribución fue 1991, reciben 20 hectómetros cúbicos de agua ese año, lo cual supone 360 litros por habitante y día, cifra muy superior a la que necesita un ciudadano para mantener una elevada calidad de vida. Por lo tanto, hay que plantar como política de futuro que este consumo no sólo crezca sino que, además, disminuya con estas reducciones de pérdidas, con una gestión dirigida a la demanda y no a la oferta, con una reutilización de aguas depuradas para usos industriales y con campañas de concienciación ciudadana.
Los aumentos de consumo debidos a crecimientos demográficos o a aumentos de población turística se pueden ver compensados por ahorros en la mejora de la gestión y por la disminución del consumo industrial prevista. Estas mejoras de ahorro de gestión pueden liberar un volumen de recursos en torno a 12 hectómetros cúbicos.
Respecto a la depuración y reutilización de aguas residuales, el Plan Hidrológico de la Confederación no contempla las aguas residuales como retornos, cuando de hecho todas las aguas residuales de los municipios existentes en las cuencas, a excepción de El Puerto, se han venido reutilizando sin depuración de ningún tipo. Encontramos aquí una situación absolutamente cínica por parte de la Confederación, que mantiene de un lado la imposibilidad de reutilizar aguas residuales o aguas depuradas y que, por otro lado, está permitiendo el vertido de aguas fecales para los riegos agrícolas del marco de Jerez y que está permitiendo, incluso, el vertido de aguas sin depurar a pantanos, como, por ejemplo, el pantano de los Hurones, que posteriormente abastecen a algunas poblaciones de la Bahía de Cádiz. De tal manera que esta situación cínica por parte de la Confederación debe acabarse, y debe acabarse con una política de efectiva depuración y reutilización de aguas residuales que vuelva como retornos todas esas aguas que ahora mismo, en muchas ocasiones, se están tirando al mar. Así, por ejemplo, podríamos estimar que después de la depuración de todas estas aguas residuales se podrían añadir unos 57 hectómetros cúbicos a los volúmenes actualmente disponibles de agua en la cuenca del Guadalete.
En cuarto lugar...


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, le ruego que vaya terminando.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, voy acabando.
En cuarto lugar, una mejora de la gestión. Este es un elemento clave para solucionar definitivamente los problemas de abastecimiento de agua en la cuenca del Guadalete. Las restricciones en este sentido son más fruto de la incompetencia en la gestión de recursos que de las sequías periódicas.
Los ayuntamientos están contemplando el agua como un negocio, un negocio que la mayoría de las veces es, por cierto, el único que tienen: a más agua que se vende, más ingresos municipales. Antes ya he comentado la alarmante situación de deudas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero hay municipios que llegan hasta el paroxismo, que llegan hasta situaciones absolutamente de libro: por ejemplo, el municipio de Sanlúcar de Barrameda no paga el agua en alta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tiene pérdidas en torno al 30 por ciento en su red de distribución, tiene una depuradora construida por la Junta de Andalucía que no funciona porque el ayuntamiento no ha construido los colectores, no tiene empresa de gestión de aguas y no existe proyecto para reciclar las aguas depuradas; y esto en un municipio como Sanlúcar de Barrameda, con un altísimo déficit de agua para riego y con una alta conflictividad social por el uso de este recurso.


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Por tanto, la aportación de nuevos recursos --por ejemplo, el trasvase propuesto-- a una cuenca con graves problemas no resueltos de gestión no sólo no soluciona los problemas existentes, sino que los agrava, pues justifica a los ayuntamientos, a las industrias y a las comunidades de regantes para no realizar esas mejoras en gestión precisamente por las nuevas dotaciones. (Rumores.) Esto va a llevar a corto plazo a una reproducción de estos problemas de agua que ahora se pretenden solucionar, pero con el agravante de que en un futuro próximo ya no existirá la posible apelación a conseguir más recursos ajenos y el grifo va a estar definitivamente cerrado.
Una quinta y última alternativa, y con esto acabo, señor Presidente, sería la desalación de agua de mar. Las plantas de desalación de agua de mar no se han instalado en algunas ocasiones debido al alto coste --aseguraba la Administración--. (Rumores.) Sin embargo, las modernas técnicas de cogeneración de electricidad y agua potable han abaratado tremendamente de forma ostensible la obtención de agua potable a partir del agua de mar. Las turbinas de última generación con consumo de gas natural unen a su alto rendimiento una escasísima contaminación al encontrarse este combustible libre de azufre y con unos muy bajos niveles de óxido de nitrógeno. Una planta de este tipo va a ser instalada en Almería por un importante grupo empresarial, produciendo 20 hectómetros cúbicos de agua potable para abastecer a una población de 250.000 habitantes, a un precio de 30 pesetas/metro cúbico, subvencionado por la empresa, obviamente, porque los otros beneficios son en electricidad, pero real de 90 pesetas/metro cúbico, además de generar 200 megavatios de lectricidad. (Rumores.) Esta opción tendría, además, el valor añadido de una nueva instalación industrial en la Bahía de Cádiz con la consiguiente generación de empleo, de forma que se podrían crear mil puestos de trabajo en la fase de construcción y aproximadamente unos 50 fijos en el mantenimiento de la instalación. Y hay que recordar que en Cádiz existe una central...


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, por segunda vez le advierto que su tiempo ha concluido.


El señor MARTINEZ SEVILLA: ... térmica de fuel actualmente cerrada que puede reconvertirse...


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, haga el favor de atender a la Presidencia.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Atiendo a la Presidencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por segunda vez le llamo la atención. Se ha excedido, con mucho, en su tiempo. Ruego termine.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Acabo con una frase.
Muchas gracias, señor Presidente, no le estaba oyendo porque el ruido ambiental en la sala es tremendamente grande. (Rumores.) Acabo con una frase. Señores Senadores, señoras Senadoras, en base a esta amplia posibilidad de nueva disposición de recursos hidráulicos, que les he comentado y que probablemente tendremos ocasión de debatir con posterioridad, y en base a las propias dotaciones ya existentes de agua en la cuenca del río Guadalete, les ruego desestimen el proyecto, y, por tanto, den su voto favorable a esta propuesta de veto, ya que el trasvase no haría sino incidir en una nueva oferta de agua y no en una política de gestión de la demanda de agua, en una política de contención de esa demanda, que actualmente es absolutamente desorbitada y carece de control.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez Sevilla.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Pizarro.


El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, señorías.
Después de haber oído con atención al Senador Martínez Sevilla, de Izquierda Unida-Los Verdes, convocatoria por Andalucía, me ha dado la impresión de que ha estado defendiendo un veto en contra del proyecto de ley que estamos debatiendo que no se refiere al trasvase Guadiaro-Majaceite, porque todos los argumentos que ha utilizado para sostener el veto a esta ley no se corresponden en absoluto con la realidad actual que vive la zona de la Bahía, la zona gaditana, que es donde se va a trasvasar el agua del Guadiaro.
Creo que el señor Martínez Sevilla ha venido aquí a leernos el documento alternativo que la Plataforma contra el trasvase del Guadiaro-Guadalete presentó ante la Administración en el año 1989 cuando esa obra de trasvase salió a exposición pública. Desde entonces hasta ahora, señor Martínez Sevilla, no ha llovido mucho en la provincia de Cádiz, pero sí que hemos acercado bastante la posición entre la Plataforma contra el trasvase y la Administración, que ha venido defendiendo la necesidad de la construcción de esta obra de trasvase. Usted está manteniendo íntegramente, sin modificar en absoluto, de manera ortodoxa, una actitud tan radicalmente en contra del trasvase del río Guadiaro al Guadalete, que, incluso, miembros de esa Plataforma, y usted lo sabe, en la actualidad ya no mantienen.
Por tanto, tengo que decir que nuestra posición va a ser la de votar en contra del veto defendido por el señor Martínez Sevilla, y vamos a votar en contra de su veto basándonos, fundamentalmente, no en los argumentos que ha utilizado, porque si los contrastamos con la realidad actual, esos argumentos distan radicalmente con lo que realmente ocurre en la provincia de Cádiz.
En su exposición de motivos, el señor Martínez Sevilla decía que presentaba un veto, y tengo que recordar aquí que en el Congreso de los Diputados, el Diputado que defendió las enmiendas al texto de la ley no presentó un veto contra la ley, sino que presentó una serie de enmiendas parciales a la misma. Uno de los argumentos que utiliza el señor Martínez Sevilla en su exposición de motivos para presentar el veto es que no se habían aceptado las enmiendas

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de modificación presentadas en el Congreso de los Diputados, dos de ellas, la 7 y la 8, son transaccionadas en este Pleno junto con dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y hemos dado, en ese sentido, un avance importante de consenso en relación con esas enmiendas.
Estas han sido las posiciones que más se han diferenciado a lo largo de estos tres años de debate: las de Izquierda Unida y la Plataforma contra el trasvase, frente a las mantenidas por la Administración y el Grupo Socialista. Y le decía esta mañana, señor Martínez Sevilla, que el mero hecho de haber aceptado y transaccionado las enmiendas 7 y 8, de Izquierda Unida, y las números 20 y 22, del Grupo Popular, sería más que suficiente para que usted tuviera la valentía de retirar el veto a esta ley.
El señor Martínez Sevilla también se opone al proyecto de trasvase, planteando que es lesivo para el medio ambiente por la falta de medidas eficaces adoptadas por la Administración para una política de ahorro en el consumo, basada --según él-- en la demanda de medidas de depuración y reciclaje, y plantea como alternativa el uso racional de las aguas subterráneas y la construcción de una desalinizadora. Señor Martínez Sevilla, creo que la aprobación de esta ley --tal como va a salir hoy del Senado-- debería ser suficiente para que usted superara su desconfianza en el proyecto de trasvase del Guadiaro al Majaceite. Insisto en que creo que usted debería superar esa desconfianza por la agresión medioambiental del trasvase, porque el que eso no ocurra está garantizado en la propia ley, en el estudio complementario de impacto medioambiental y, además --y usted lo debe saber, porque es parlamentario andaluz--, en las medidas correctoras que se han aprobado por las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Grazalema y de los Alcornocales y en las establecidas para este proyecto por la Agencia de Medio Ambiente.
Pero, además, es curioso que la posición que mantiene el Senador Martínez Sevilla sea contradictoria con la de quienes defendemos la necesidad del trasvase del Guadiaro. Parece mentira que un Senador que defiende con ardor y ahínco el medio ambiente se oponga a este proyecto de trasvase.
Digo esto, porque usted sabe que los problemas que pueda plantear la derivación de agua del Guadiaro al Guadalete se van a resolver con la ley porque se garantiza el caudal ecológico y, al mismo tiempo, se van a resolver los problemas medioambientales del río Majaceite que, por cierto, señoría, no es un afluente del Guadiaro, sino del río Guadalete.
Como digo, esa derivación de agua también va a resolver los problemas ecológicos del río Majaceite y, al mismo tiempo, el estudio complementario de impacto medioambiental recoge aspectos positivos, medidas compensatorias para el río Guadiaro, que vienen establecidas en la ley al garantizar su caudal ecológico y el que anualmente sólo se puedan trasvasar al Guadalete 110 hectómetros cúbicos. Como incluso en los estudios más conservadores se habla de que el río Guadiaro tiene un caudal de 720 hectómetros cúbicos sin regular, sin utilizar, al hacer uso sólo de 110 hectómetros cúbicos de derivación, todavía le sobrarían a Guadiaro, aproximadamente, unos 620 hectómetros cúbicos de agua sin utilizar.
El señor Martínez Sevilla también ha planteado su oposición al trasvase, proponiendo una serie de medidas de ahorro, como utilizar los recursos de aguas subterráneas de la zona de la bahía gaditana. Usted también tiene que saber, señoría, que la Administración está trabajando en una serie de proyectos y que en la actualidad se están haciendo obras de extracción de los acuíferos de la zona de la bahía gaditana. Pero también deberíamos tener en cuenta que, desgraciadamente, los estudios hechos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir manifiestan un uso limitado de los acuíferos de la zona y el riesgo de la sobreexplotación de la misma.
En cualquier caso, el plan hidrológico que se está elaborando en la cuenca del Guadalete se refiere a las aportaciones de los acuíferos de la zona al río Guadalete, que suponen una cantidad --en 7 ó 9 años-- que, incluso, utilizando el 100 por cien de los acuíferos de la zona, no sería suficiente para resolver los problemas de déficit que tiene la zona de la bahía gaditana, de donde se abastece, precisamente, el agua del río Guadalete.
En relación, señor Martínez Sevilla, con la necesidad de que antes de que se pongan en marcha las obras de trasvase del río Guadiaro al Majaceite se hicieran esfuerzos para utilizar las aguas residuales y retornarlas a la cuenca del Guadalete, nos parecen unas medidas muy interesantes, pero que, a corto plazo, no aportan una solución. Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo muy importante en esta zona para la construcción de depuradoras que vayan reciclando las aguas, hasta tal punto que en cada uno de estos quince municipios de los que se abastece el río Guadalete hay ya una depuradora construida, con lo cual, en la mayoría de los casos --porque hay que reconocer que algunas no se han puesto todavía en marcha--, se están depurando aguas y vertiendo al mar --no como usted dice.
Por tanto, nos parece una medida interesante, pero no con resultados a corto plazo, porque no podemos parar la construcción del trasvase para ponerla en marcha, debido a dos razones básicas: en primer lugar, porque usted sabe como yo que la utilización de aguas residuales para uso agrícola --no para uso humano-- o para otros usos requiere, evidentemente, un tratamiento que resuelva los problemas microcontaminantes y de virus que tienen este tipo de aguas, los cuales nos obligan, de alguna manera, a hacer un uso restrictivo del agua, por lo que tendríamos que adecuar las depuradoras para que garantizaran la calidad de las aguas que fueran a retornar a la cuenca del Guadalete o a los lugares donde se fueran a utilizar. En segundo lugar, señor Martínez Sevilla, como usted no conoce la provincia de Cádiz, no se sitúa en la realidad.
En cuanto a que con el retorno de las aguas residuales se resolverían muchos de los problemas de abastecimiento que tenemos ahora, le tengo que decir, señor Martínez Sevilla, que de los quince municipios de la provincia de Cádiz que se abastecen de la cuenca del río Guadalete, la mayoría de ellos, catorce, están situados en la zona cercana al mar, es decir, en el punto más bajo de la provincia de Cádiz. En el supuesto de que ya hubiéramos construido todas las depuradoras con las medidas necesarias para poder reciclar

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agua de calidad, dígame cómo y a dónde se retorna ese agua reciclada para poderla utilizar posteriormente.
Por tanto, estamos ante una medida que no nos parece rechazable, pero cuya puesta en práctica requiere muchísimo tiempo y costo económico, porque usted estará de acuerdo conmigo en que habrá que embalsar en algún sitio las aguas recicladas; no vamos a retornar agua reciclada a la cuenca del Guadalete, donde se abastece, que no vamos a poder utilizar allí ni para regadíos, porque también tiene sus repercusiones negativas en el propio regadío.
Por tanto, cuando hayamos demostrado que esa agua se puede utilizar en el reciclaje, habrá que embalsarla en algún sitio, porque si llevamos el agua reciclada desde la zona de la bahía de Cádiz a la zona de riego, estaremos hablando de una conducción de aproximadamente unos 30 ó 40 kilómetros de distancia y estaremos hablando también de la necesidad de construir unos embalses para mantener y para embalsar ese tipo de agua con el fin de reutilizarla. En consecuencia, estamos hablando de un proyecto interesante, un proyecto a largo plazo y bastante costoso.
Por último, el señor Martínez Sevilla plantea un debate que ha sido muy reciente en la zona de la bahía de Cádiz, sobre todo, por la propia situación de dramatismo con la que viven los ciudadanos de esa provincia, que es buscar las posibles alternativas al abastecimiento del Guadalete con plantas desalinizadoras. En la exposición de motivos del veto plantea que se podrían resolver los problemas de abastecimiento de 800.000 habitantes, de una zona agrícola de 27.000 hectáreas, de la zona industrial y turística más importante de la provincia de Cádiz, con la construcción de una planta desalinizadora de 1.500 millones de pesetas.
Creo que eso que usted plantea, que debe tener un nivel de conocimientos importantes en relación con este tipo de alternativas, no lo sostiene nadie, porque una desalinizadora que pueda dar respuesta a los problemas de abastecimiento de esa zona, señor Martínez Sevilla, requerirá un nivel de inversión de 50.000 millones de pesetas, y a una planta de estas características le estaríamos añadiendo un costo de funcionamiento y de mantenimiento por valor de 6.000 millones de pesetas. Evidentemente esos costos tendrían una repercusión en el precio del agua y el precio del agua desalada sería infinitamente superior al precio del agua trasvasada.
Por todas estas razones, señor Presidente, nos vamos a oponer al veto defendido por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias.
Pasamos al turno de portavoces.
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Pizarro Medina, si aquí hubiera una pizarra y una tiza podríamos hacer cuentas con claridad. Pese a ello, le voy a rogar se provea de un papel y de un lápiz y vamos a hacer cuentas, porque ésta es una cuestión aritmética muy simple.
No me diga usted que yo pretendo solucionar el problema de agua de la bahía con la construcción de una depuradora que ya le he comentado que da 20 hectómetros cúbicos de agua. No pretendo solucionar el problema que es de trescientos setenta y tantos en demanda con una desaladora de 20 hectómetros cúbicos. Le digo que ése es uno de los elementos, junto con el reciclaje, junto con la reducción del consumo, junto con la no puesta en regadío de 17.000 hectáreas, junto con la mejora de la red de abastecimiento. Todo ese conjunto de medidas y las dotaciones existentes en la cuenca pueden solucionar la demanda que hay de agua.
Vamos a hacer cuentas; tome usted un lápiz, por favor, señor Pizarro.
Seguro que usted sabe aritmética, confío en sus conocimientos de aritmética y, como son tan simples como eso, vamos a hacerlo.
Recursos regulados en el Plan Hidrológico: 316 hectómetros cúbicos.
Súmele recursos subterráneos: 51 hectómetros cúbicos; súmele retornos.
Señor Pizarro, los retornos no se pueden tirar al mar. En Alemania, en la cuenca del Rhin, el agua se depura y se reutiliza hasta siete veces. ¿Es que somos en este país más tontos que en Alemania o es que somos más exquisitos? ¿Es que necesitamos agua de Lanjarón para regar algunos cultivos que no necesitan agua de esa calidad? Si en Alemania se utiliza siete veces el agua para regar en algunos casos y, en otros, para utilizaciones industriales, para refrigeración o para riegos de césped o jardines, en este país también podemos hacerlo. Lo que es un dislate absoluto es reciclar el agua para tirarla al mar. Ese agua hay que reutilizarla, pero para eso necesitamos una red separada. No podemos mezclar el agua reciclada con el agua de primer consumo o con el agua potable, y necesitamos, por tanto, una doble canalización, una red separada que permita, por ejemplo, riegos agrícolas en los que no se fijen algunos agentes microcontaminantes, que los hay y que se estudian, que permitan riegos en los campos de golf. Cada campo de golf consume lo equivalente a una ciudad de 10.000 habitantes y ahora mismo hay cuatro campos de golf en la bahía y una previsión de seis. Por tanto, la previsión es que cuando estén en funcionamiento todos esos campos de golf estaremos consumiendo tanta agua en campos de golf como la ciudad de San Fernando. Para riegos de campo de golf, de praderas, de césped, de jardines, de algunos cultivos agrícolas y algunos usos industriales de refrigeración utilizamos esos retornos. Súmele 55 hectómetros cúbicos y súmele 20 de una desaladora --es un pequeño dato, pero son 20--. En total, la dotación es de 442 hectómetros cúbicos. Ese es el agua que tenemos. No salen las cuentas, porque sólo hay que sumar; es aritmética, se trata del sistema métrico decimal, y hasta ahí llegamos todos.
Las demandas. Regadíos, 243 hectómetros cúbicos. Estos 243 hectómetros cúbicos se consiguen eliminando, Senador Pizarro Medina, esas 17.000 hectáreas que yo ya le he puesto de manifiesto que son de más que dudosa rentabilidad en el entorno dela PAC, 17.000 hectáreas que no representan necesidades actuales, como usted sabe, sino necesidades desde el 2002 hasta el 2012.


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Súmele demanda urbana, 120 hectómetros cúbicos, que se consigue con una mejora de las redes de abastecimiento. Les recuerdo a ustedes que el Ministro Borrell lo decía ayer. La ciudad de Alicante es modélica, sólo pierde el 16 por ciento de su agua en la red. La ciudad de Almería en un plazo de dos años ha conseguido perder el 15 por ciento. Añadámosla a la lista de ciudades modélicas respecto a distribución y consumo de agua.
Hágase eso en Cádiz, en San Fernando, en el Puerto de Santa María, en Sanlúcar y en los demás municipios: Chiclana, Conil, etcétera. Hágase una mejora de la red de abastecimientos. Se puede hacer en un plazo mucho menor del que lleva la obra de trasvase.
Consumo urbano, 120 hectómetros cúbicos. Caudal ecológico del río Guadiaro, 12 hectómetros cúbicos. Total, 375 hectómetros cúbicos.
¿Cuántos nos salían antes? Nos salían 442. ¿Cuánta demanda tenemos? Tenemos 375 hectómetros. ¿Qué nos sobra? Nos sobran 67 hectómetros cúbicos. Y no es milagro, no sale de ninguna chistera. Esos 67 hectómetros cúbicos no son todos a costa de desaladora. Se trata de sumar y restar. No se trata de hacer ninguna operación de exponenciación.
Ahora bien, las operaciones de exponenciación vienen por otro lado. Las operaciones de exponenciación vienen por un contrato de un túnel de doce kilómetros que atraviesa el canal de las Buitreras, y ese túnel va a costar 11.000 millones de pesetas. Luego se ha reducido. En la adjudicación estaban previstos 11.000 millones y se ha reducido a 6.000 millones de pesetas, con los otros condicionantes de la toma de derivación. La construcción de una desaladora con ciclo combinado y por 1.500 millones de pesetas puede generar 200 megavatios de electricidad.
Además, puede dar empleo estable a 50 gaditanos. Yo creo que es una contrapartida más que suficiente. Por tanto, se trata de sumar.
Le voy a hacer otras consideraciones de tipo general, ya que hemos sumado y restado respecto al consumo y yo pienso que aquí están los datos claros, sin engaño, sin trucos, sin conejos. Eso sí, sumas y restas, no exponenciaciones ni divisiones extrañas.
Situación real en la bahía de Cádiz. Aunque no soy gaditano, conozco la situación de la bahía de Cádiz desde Sanlúcar de Barrameda hasta Cádiz y más allá, y conozco Cádiz desde Sanlúcar hasta San Roque.
El señor Jerónimo Andreu, Diputado de mi Grupo, hizo una exposición en el Congreso de los Diputados que usted ha acertado en definirla. Ha dicho que no presentó enmienda a la totalidad --en el Congreso de los Diputados no hay propuestas de veto, hay enmiendas a la totalidad-- y ha dicho que sólo presentó enmiendas parciales. En esto acierta usted. ¿Qué significa esto políticamente? Significa que mi Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha cambiado --tomen ustedes nota-- su posición política del Congreso de los Diputados al Senado. Es decir, significa que en el Congreso de los Diputados se mantuvo una posición respecto al trasvase Guadiana-Majaceite que no es la posición mantenida ahora, y lo digo con todo el respaldo de este Grupo Parlamentario y de esta fuerza política. Por tanto, no es que el señor Andreu autorice o deje de autorizar otras posiciones que se están manteniendo, lo que ocurre es que ha habido un cambio de posición derivado de la realidad política que vive la bahía de Cádiz, que vive Andalucía y esta fuerza política a la que represento, y es que precisamente está integrada en esa plataforma.
Señor Pizarro, ha hecho una presunción excesivamente optimista respecto de los documentos que manejo --optimista para usted--. Mis documentos no son los de ninguna plataforma del trasvase con respecto al año 1991; son unos documentos internos de mi fuerza política que tienen cinco meses.
Por tanto, tienen una vigencia y una actualidad plena que sigue conservándose en esos análisis hasta el año 2002 ó 2012. Y usted tiene razón en una serie de cuestiones. Usted tiene razón en que en la transaccional que se propone --que no estamos discutiendo ahora, que discutiremos después-- se introducen mejoras significativas en el trasvase. Estoy de acuerdo con usted, pero es que yo no sólo estoy discutiendo sobre la introducción de mejoras significativas en el trasvase, sino que le estoy exponiendo toda una filosofía hidráulica; le estoy exponiendo todo un modo de razonamiento hidráulico, y ese modo de razonamiento lo he plasmado, con respecto a este trasvase, en esta propuesta de veto. Y ese modo de razonamiento dice que con respecto al agua no valen políticas de oferta porque el recurso no es ilimitado, sino que únicamente valen políticas de gestión de la demanda porque es un recurso muy limitado que, además, va a generar cada vez mayor conflictividad social. Y éste es otro coste que no medimos: el coste de tener a una región entera levantada en pie de guerra porque se le llevan su agua y a unos agricultores temerosos de que mañana puedan o no regar sus cultivos, normalmente pequeños agricultores frente a las grandes extensiones de cultivo de la Bahía de Cádiz. Por tanto, aquí hay otro coste.
A través del veto, yo le he expuesto toda una política hidráulica distinta, y luego, bajo la consideración de que hay una inevitabilidad porque hay una mayoría democrática de votos que así lo decide --aunque, desde mi punto de vista, lo decide sin argumentos; pese a todo, la mayoría decide, con o sin argumentos--, con una mayoría democrática hay un trasvase impuesto, y ante ese trasvase impuesto, sin duda, me alegro de que se impongan una serie de restricciones y de mejoras, como son las que ha propuesto mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular y las que proponen ustedes en la enmienda transaccional. Las acepto y les doy la bienvenida, pero esto no tiene nada que ver con el razonamiento hidráulico, porque usted me tiene que permitir mantener las bases de mi política hidráulica, las bases de la política hidráulica de mi grupo parlamentario que están reflejadas aquí, y no en la defensa que se hizo, que fue particular, en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, en este sentido, no hay que tener la valentía de retirar el veto; la valentía es defender en una posición muy minoritaria en esta Cámara --yo soy muy consciente de ello-- una política hidráulica que todavía no ha calado no ya sólo en la población española, sino ni siquiera en los grupos parlamentarios de esta Cámara. Pero es una política hidráulica que yo siento que va empezando a calar y respecto

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a la que, si quieren y tenemos oportunidad, hablaremos dentro de cinco o diez años, cuando la realidad venga dando razones poderosas. Entonces, probablemente revisaremos nuestra política hidráulica y nos encontraremos con que hay mucho más grado de coincidencia sobre ella que el que puede haber ahora. Igual que ahora mismo hay mucho más grado de coincidencia sobre otras políticas, como gestión de residuos, que la que podía haber hace diez años, y más grado de coincidencia sobre política de transportes o política energética que la que podía haber 20 ó 25 años, cuando se dio, por ejemplo, la euforia de las centrales nucleares.
Con este planteamiento, yo creo que se han expuesto una serie de medidas eficaces para poder dotar de suministros convenientes a la bahía de Cádiz; medidas que están dirigidas a la gestión de la demanda y que suponen una diversificación de las fuentes y que cumplen todas las necesidades de la bahía. Con todas estas necesidades cubiertas, no hay necesidad de un trasvase que cuesta 11.000 millones de pesetas, y esto, señor Pizarro Medina, sin aludir para nada a los daños ecológicos de la obra del trasvase, porque si a esto le sumamos --que es la guinda-- que las obras del trasvase detraen unos recursos que son básicos en dos parques naturales, el Parque Natural de Grazalema, el único pinsapar que existe en parque natural o, mejor dicho, la masa más representativa de pinsapar --porque está también el de la Sierra de las Nieves-- que existe en el mundo, y el Parque Natural de los Alcornocales, uno de los mejores espacios de bosque mediterráneo. Esto sin aludir a los efectos impactantes de las obras del trasvase y sin aludir a que el proceso ha estado plagado --y usted lo sabe, señor Pizarro Medina-- de faltas: por ejemplo, que se dio con permiso del Presidente de la Junta Rectora, sin que hubiera pasado por la Junta Rectora inicialmente; por ejemplo, que inicialmente estaba prevista en la obra una presa que necesitaba estudios de impacto ambiental que no se hicieron y, posteriormente se cayó en la cuenta de que tenía que hacerse un estudio de impacto ambiental, y luego se quitó la presa. Pese a eso, mi grupo parlamentario sigue pidiendo un estudio de impacto ambiental, aunque no lo exija la Ley. Todo eso, pese a un proceso plagado de irregularidades que, además, tiene como guinda el que las obras tienen un grave impacto ambiental. Pero si no lo tuvieran, le aseguro que mi posición seguiría siendo la misma, porque es una política hidráulica lo que estoy defendiendo, una política que reconozco que ha sido distinta en el enfoque a la que se ha defendido en el Congreso de los Diputados, pero que es la política que no sólo respalda el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, formación a la cual represento como Senador por Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez Sevilla.
Para un turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.


El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, señorías, el Senador Martínez Sevilla ha presentado un veto a la totalidad del proyecto de ley; el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado su voto en contra. Creo que en las dos posiciones hay parte de verdad, tanto por parte de quien ha presentado el veto a la totalidad del proyecto, en lo que se refiere al tema de gestión, en lo que se refiere a la utilización racional de los recursos, como por parte del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la necesidad del trasvase, de las transferencias de agua del río Guadiaro al río Guadalete.
El Grupo Parlamentario Popular quiere conjugar las dos situaciones. Por una parte, queremos conjugar la protección de los habitantes de la zona de la cuenca del río Guadiaro; y, por otra parte, queremos proteger, defender y resolver los problemas de abastecimiento que en estos momentos se están dando en la cuenca del río Guadalete. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra del veto propuesto por el Grupo que representa el Senador Martínez Sevilla.
Nosotros, señoría, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esperábamos realmente que este proyecto hubiera sido diferente, no solamente la propuesta de un trasvase, de una transferencia de caudales de una cuenca que se llama, supuestamente, excedentaria, a una cuenca que, supuestamente, se llama deficitaria. Porque creo que todavía no tenemos los datos suficientes para poder valorar estos parámetros y estos extremos. ¿Por qué? Porque los planes hidrológicos de cuenca no están aprobados; porque los planes hidrológicos de cuenca están a medio realizar; porque el plan hidrológico nacional todavía no está aprobado y, por lo tanto, creo que todavía faltan elementos fundamentales para poder valorar esos proyectos. Pero nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, a pesar de encontrar en él grandes lagunas, grandes deficiencias. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque pensamos que los habitantes de la cuenca del río Guadalete no tienen por qué sufrir necesariamente en sus propias carnes las restricciones de agua que durante años y años llevan sufriendo en el abastecimiento a las poblaciones, al regadío, etcétera.
Ciertamente, ni el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente ni el Gobierno son responsables ni culpables de la sequía ni de que no llueva. Estoy de acuerdo. Pero el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sí es responsable de que no haya disponibilidad de recursos para abastecimiento, para regadío y para el desarrollo de esta zona gaditana. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas? Pues lo mismo que ha hecho siempre: proponer grandes infraestructuras y grandes proyectos, pero olvidándose de que este proyecto contemplara un verdadero modelo de gestión del agua en el que se hubieran incluido necesariamente todos aquellos parámetros que, lógicamente, debe incluir una política hidráulica moderna como son los retornos, como el uso alternativo de las aguas superficiales y aguas subterráneas, como es la eficiencia en los sistemas de gestión, como es la optimización de los sistemas hídricos. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas no nos ha traído un proyecto de modelo de gestión del agua para la zona de la cuenca del río

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Guadalete. Si hacemos un repaso a la cuenca del río Guadalete, se verán realmente las grandes barbaridades que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en su gestión a lo largo de los años.
La cuenca del río Guadalete cuenta con cinco embalses de regulación de elevada capacidad: Zahara-El Gastor, con 223 hectómetros cúbicos; Bornos, con 200; Arcos, con 14 en el propio río Guadalete; los Hurones, con 135, y el Guadalcacin, con 800 en el afluente Majaceite. La suma total de la capacidad de embalse es de 1.372 hectómetros cúbicos. Si a esto añadimos que la capacidad de embalse de la cuenca del río Barbate es de 228 hectómetros cúbicos y la del Celemín es de 43, llegamos a ver realmente el gran disparate hidráulico que constituyen las grandes infraestructuras inútiles que se han estado creando en esa cuenca. ¿Y por qué ha sido un gran disparate la realización de estas grandes infraestructuras? Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el 21 de febrero, según datos de la propia Dirección General de Obras Hidráulicas, el volumen de agua almacenada en las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate ascendía a 83 hectómetros cúbicos, es decir, el 5 por ciento de su capacidad. Y de ellos tengo que decirles, para que vean que los datos son exactos, que 10 hectómetros cúbicos habían entrado en la semana anterior en los diferentes embalses.
Nos preguntamos, ¿en qué modelo hidrológico, en qué planificación hidrológica se basa el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente? ¿En qué estudios ha llegado a cimentar sus opiniones para hacer la elección de tan importante capacidad del embalse? ¿Cuál ha sido su regulación real? ¿A qué se debe la elección de estas capacidades que son 20 veces superiores a la aportación de los ríos? ¿Cuánto ha costado todo este despilfarro en un país que económicamente no está sobrado de recursos económicos? ¿A cuánto sale el metro cúbico suministrado? ¿Paga alguien este agua, como decía el señor Martínez-Sevilla? Las preguntas, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no terminaron aquí. El embalse del Zahara tiene un manantial de agua salina en su fondo que lo hace inutilizable. Como es natural, se conocía este manantial, se sabía de su existencia, pero, ¿qué se hizo para prevenir este problema medioambiental de inutilización de un embalse? Por otra parte, existía el precedente del embalse del Guadalhorce en el río del mismo nombre y, con otro manantial salino en su vaso, el de Meliones. Después de 12 años, la Administración no ha sido capaz de resolver este problema. Se están malgastando, se están inutilizando 33 hectómetros cúbicos de agua que son de un gran valor para el abastecimiento, lógicamente, de la actual población de Málaga. ¿Qué se ha hecho en el Zahara hasta estos momentos? ¿Qué se piensa hacer? ¿De qué sirve la gran inversión de un embalse si resulta inútil y si, por otra parte, esto se sabe de antemano? En consecuencia, de los 83 hectómetros cúbicos que en estos momentos están almacenados en la cuenca del Guadalete --es decir, el 5 por ciento de su capacidad de embalse--, 14 hectómetros cúbicos son de agua salina.
Les decía al principio, señorías, que el Partido Socialista nos está acostumbrando constantemente a las grandes infraestructuras. Su portavoz se preguntaba por la utilización de los retornos cuando los mismos están en la zona más baja de Cádiz y por la solución que habría de buscarse para devolver esos retornos a las zonas de regadío que, lógicamente, se aprovecharían para regar. Señor Portavoz socialista, con la imaginación tan fantástica del señor Borrell, que ha sido capaz de inventar el AVE hidráulico, creo que este tema no es tan difícil como para que no puedan aprovecharse esos retornos. Lo que sí es gravísimo y absurdo es que esos caudales que se han depurado vayan al mar --además creo que es un despilfarro hidráulico y económico--, y el que no sean utilizados concretamente para retraer caudales destinados a abastecimiento al emplear esas aguas depuradas en los regadíos otra barbaridad.
Pero, además, ¿qué es lo que en estos momentos se propone la Administración con ese importante y último paso de la presa? Creo que lo que el Gobierno está proponiendo es otra vez una actuación dura, una actuación de esas que acostumbra el Ministro de Obras Públicas, señor Borrell. ¿Qué propone el Ministro? Trasvasar el río vecino, el río Guadairo al Majaceite, a la cuenca del Guadalete. Esa sería la justificación de que se construyera ese gran embalse de 800 hectómetros cúbicos que en estos momentos está casi totalmente vacío.
Por otra parte, señor Portavoz del Grupo Socialista, ustedes hablan de datos exactos, y también lo dijimos ya en Comisión. A mí me preocupa seriamente que ustedes hagan un cierto dogmatismo sobre datos que todavía no son conformes respecto de los que tiene la Dirección General de Obras Hidráulicas.
En el punto de transferencia, donde se va a tomar el agua del río Guadiaro para llevarla al Majaceite en la cuenca del Guadalete, el caudal que está pasando durante los dos últimos años difícilmente ha llegado a los dos metros cúbicos, y en muchísimas ocasiones han pasado tan sólo 200 litros por segundo.
Nosotros vamos a votar a favor de este proyecto pero porque somos conscientes de los graves problemas que tiene la Bahía de Cádiz y porque no queremos ser responsables de que la población de esa bahía continúe un año más con escasez de recursos, mientras se estudian las redes de abastecimiento, que tienen un 40 por ciento, mientras se estudia la desalinizadora de agua del mar, mientras se estudian los retornos, mientras se estudia un plan de regadíos, porque nosotros estemos todavía dilucidando si el trasvase del río Guadiaro sí o el trasvase del río Guadiaro no.
Lo que también quiero decir, señoría, es que éste es un proyecto que entraña muy serias dudas, pero a pesar de esas dudas, al haber introducido nuestro Grupo unas enmiendas en las que hemos llegado a una transaccional con su Grupo Parlamentario, vamos a apoyarlo con esas enmiendas que --repito-- hemos introducido en el trámite de Comisión y en el debate de este Pleno.
Pero aquí hay un tema claro. No podemos culpar a la sequía de las escaseces y de las restricciones de agua que tienen los pueblos de la Bahía de Cádiz. Ya sabíamos que

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la sequía existe. Señor Portavoz del Grupo Socialista, el único responsable de que existan restricciones de agua en estos momentos en una zona industrial, con gran proyección turística, en una zona con un gran futuro económico, es el Gobierno socialista, los únicos responsables son la Junta de Andalucía que es socialista, la Diputación de Cádiz que es socialista y el Ayuntamiento de Cádiz que es socialista.
Reconozcamos la verdad. Esta es la auténtica realidad. En todos esos organismos están distribuidas las competencias, tanto en el Ministerio como en la Junta de Andalucía, en la Diputación de Cádiz como en el Ayuntamiento de Cádiz. Son ustedes los únicos responsables del gran problema que en estos momentos está atravesando la Bahía de Cádiz por escasez de recursos hidráulicos y por falta de disponibilidad.
Señoría, no es que no haya recursos hidráulicos porque no llueva, no los hay porque sus señorías no saben hacer una buena gestión del agua, no saben usar las alternativas correspondientes que prestan las aguas superficiales y subterráneas en función de los períodos climatológicos que se dan en cada momento. Ustedes están actuando desde la oferta, desde el despilfarro. Nosotros estamos por una buena gestión, por una gestión eficaz y por un ahorro del agua ya que creemos que el agua es un bien escaso, necesario y limitado. Y en función de eso hay que hacer una gestión muy adecuada y con previsión para que estos problemas no se den.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz.
Tiene la palabra el señor Pizarro.


El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, señorías, yo le podría aceptar al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que la culpa de la situación de abastecimiento de agua en la zona de la bahía gaditana sea como consecuencia de que no se hayan puesto en marcha todas las medidas de eficacia que usted ha enumerado en su intervención, pero lo que no puedo aceptarle de ninguna de las maneras es que la responsabilidad de que no llueva la tengan también los socialistas.
En cualquier caso, señoría, no solamente se trata de los ayuntamientos y las instituciones socialistas, como usted ha dicho; habla usted de la Diputación, habla usted del Ayuntamiento de Cádiz, pero tendría usted que aceptar que también tienen la culpa los ayuntamientos de Rota y de Arcos, que son del Partido Popular, y que se abastecen igualmente del agua de esta zona. Por tanto, habría también una determinada responsabilidad en relación con lo que usted ha planteado.
En cualquier caso, creo que, efectivamente, la intervención del Senador del Grupo Parlamentario Popular, ha planteado y ha adelantado una parte del debate relacionado con las enmiendas que defiende al preámbulo de la Ley. Hay dos razones de discusión de principios: una, la que defiende el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y otra, la que defiende Izquierda Unida en relación con que habría que poner en marcha todas las medidas complementarias, todas las medidas de eficacia, todas las medidas de ahorro del consumo, todas las medidas de recuperación de agua a través de la extracción de los recursos hídricos, todas las medidas que supusieran recabar agua de los retornos de las depuradoras. Suponiendo que estuvieran puestas en marcha todas esas medidas complementarias, señorías, resueltos al cien por cien todos los problemas y hechas las obras de infraestructuras por la Administración, seguiríamos teniendo déficit de agua en la zona de la bahía.
Usted tiene unos datos, señor Martínez Sevilla, que no se corresponden con los que yo tengo. Usted maneja unos datos que son los que le ha aportado a usted la plataforma contra el trasvase, yo manejo unos datos que vienen dados del documento base de justificación del trasvase del Guadiaro-Guadalete y de una orden ministerial del 24 de septiembre, donde se establece cuáles son las demandas, por un lado, y cuáles son los recursos, por otro. Al final hay un balance, y ese balance es deficitario, y lo establece el Plan Hidrológico del Guadalete. A pesar de que esas medidas complementarias que usted ha relacionado aquí se aportaran, sería deficitario para el año 2002 y seguiría siendo deficitario también para el 2012. No hay solución ahora mismo para la zona de abastecimiento de la bahía gaditana; no hay solución para esa zona. Estamos hablando de una zona donde viven 800.000 personas, una zona donde hay 27.000 hectáreas de regadío, una zona de las más importantes desde el punto de vista industrial y desarrollo turístico. No hay soluciones a través de las medidas complementarias que ustedes plantean; la única solución, señorías, es la del trasvase.
En mi intervención le decía, señor Martínez Sevilla, y también se lo digo al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que superen ustedes las desconfianzas respecto al trasvase. Estamos hablando de trasvasar.
Estamos hablando, primero, de garantizar el caudal ecológico del río Guadiaro con las enmiendas que hoy hemos transaccionado aquí y de trasvasar 110 hectómetros cúbicos de un río --el Guadiaro-- que es vértice con el Guadalete, que tiene un caudal de 620 hectómetros cúbicos al año, y vamos a trasvasar solamente 110 hectómetros cúbicos, y está usted muy preocupado porque se tira al mar el volumen del agua que sale de las depuradoras, y no está usted preocupado porque no se utilicen, aproximadamente, 520 hectómetros cúbicos de agua que se van al mar. Eso no le preocupa. Es decir, que estamos hablando, no del Plan Hidrológico del Guadalete, sino del trasvase. No estamos hablando del Plan Hidrológico del Guadalete, repito. Cuando se discuta en esta Cámara el Plan Hidrológico del Guadalete, entonces hablaremos de él; estamos hablando del trasvase, de la derivación de agua, de las transferencias de agua del río Guadiaro al río Guadalete. Esa es la ley que estamos discutiendo aquí.
En cualquier caso, señoría, también la propia ley ha sido fruto de una discusión larga, y no le acepto a usted, señor Martínez Sevilla, que diga que esto ha sido un trasvase impuesto. ¿Cómo le voy a aceptar a usted que se diga que éste es un trasvase impuesto si ya llevamos discutiendo en la provincia de Cádiz desde el año 1992? Usted

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todavía está instalado en el documento de la plataforma del año 1992, y sus compañeros ecologistas han debido corregirle esa parte. Llevamos tres años discutiendo. Es verdad que cuando se presentó el proyecto de trasvase de agua del Guadiaro estábamos hablando de la construcción de una gran presa. Es cierto, y usted lo ha dicho. Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de una obra de derivación de agua de un azud existente en la zona de Buitrera, en el Guadiaro. Usted, en su intervención, se instala todavía en el año 1992. Supere usted ya esa época. Tenga usted la valentía de superarla, de aceptarlo. Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero usted no puede estar de acuerdo con el trasvase, señor Martínez Sevilla, por razones de principio. Ya sé que usted no va a estar de acuerdo con el trasvase por razones de principio y de filosofía. ¿Cómo un ecologista como usted, cómo un verde como usted va a estar a favor, cómo va a defender usted aquí un trasvase de una cuenca a otra? Estaría usted en contra de sus principios, estaría usted en contra de su propia filosofía. Por eso, evidentemente, usted no puede estar a favor del trasvase.
Por último, señores portavoces del Grupo de Izquierda Unida y del PP, deseo decirles que tampoco puedo estar de acuerdo con que la Administración le haya dado como solución y alternativa a los problemas de abastecimiento de esta zona exclusivamente la construcción del trasvase. Yo creo que a lo largo de estos tres años, a lo largo de todo lo que hemos debatido en relación con el trasvase del Guadiaro al Guadalete hemos conseguido concienciar a una población de la necesidad de instalarla en una nueva cultura del agua, y no se puede decir aquí, con ligereza --porque creo que, en efecto, usted está instalado todavía en el año 1992--, que los municipios afectados no están haciendo un gran esfuerzo para ahorrar agua. No se puede decir eso aquí con esa ligereza, sin conocer la realidad. No se puede hablar aquí de que no se estén haciendo esfuerzos por parte de los municipios ni se puede decir que no se estén haciendo esfuerzos por parte de la Administración para poner en marcha medidas eficaces que resuelvan ese problema. De hecho, se ha realizado una inversión muy importante en la mejora y en la modernización de las infraestructuras de canales de riego de abastecimiento urbano. Se han hecho mejoras muy importantes. ¿Que es necesario seguir profundizando en esa media? Por supuesto; no estamos en contra. De hecho, la propia ley establece en sus disposiciones adicionales una serie de medidas de mejora de la cuenca del Guadiaro y de mejora del abastecimiento a la zona de la bahía gaditana, y estamos hablando de un proyecto de 20.000 millones de pesetas, que dice la ley --no sé si usted se lo habrá leído, y con esto termino-- que, cuando pasen dos años desde la construcción del trasvase, los municipios de la bahía gaditana estarán obligados a mancomunar y a gestionar el abastecimiento de este agua. Y para ello la Administración, junto con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, va a poner en marcha un proyecto de 20.000 millones de pesetas, señor Martínez Sevilla, 20.000 millones de pesetas que se van a utilizar para gestionar y modernizar los sistemas de abastecimiento de agua en la zona de la bahía de Cádiz.
Efectivamente, entre la Junta de Andalucía, la Administración central, mediante el MOPU y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la Diputación Provincial, juntamente con los ayuntamientos, sensibilizados todos por el problema de déficit del Guadalete y por la búsqueda de mejoras de las redes de abastecimiento, han hecho una inversión aproximadamente de 5.000 millones de pesetas desde 1991. Y para el futuro, señor Martínez Sevilla y señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular --y con esto sí termino ya--, la Confederación Hidrográfica está trabajando en un proyecto de modernización de las zonas regables en el Guadalquivir, en el Guadalcacín y en el Bornos, margen izquierda, de aproximadamente unos 8.000 millones de pesetas. Por lo tanto, yo creo que la posición mantenida por los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular respecto a que la Administración ha buscado como solución exclusivamente el trasvase del Guadiaro al Majaceite, sin antes haber hecho esfuerzos por adoptar medidas de eficacia hidráulica, no se corresponde totalmente con la realidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Pizarro. (El señor Sanz Blanco pide la palabra.) Senador Sanz Blanco, ¿por qué artículo solicita la palabra?

El señor SANZ BLANCO: Por el artículo 87, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene su señoría la palabra por dos minutos.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente voy a hacer tres aclaraciones al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo no he dicho, señoría, que el Partido Socialista y el Gobierno son responsables de que no llueva, he dicho que son responsables de que no existan disponibilidades de recursos; probablemente, el que no llueva es porque ustedes tengan poca fe.
En segundo lugar, señoría, quiero decirle que no nos meta en el mismo saco a todos; juntos pero no revueltos. Nosotros hemos dicho que sí al proyecto porque queremos resolver los problemas de abastecimiento que tiene la bahía de Cádiz por culpa de la mala gestión que ha hecho el Partido Socialista, y se lo voy a demostrar poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Arcos, al que usted se ha referido. El Ayuntamiento de Arcos estuvo gobernado desde el año 1979 hasta 1991 por el Partido Socialista, el cual, junto con la Consejería del ramo, hace una depuradora, se gastan 100 millones de pesetas y eso no sirve absolutamente para nada y no se utiliza por no reunir las condiciones mínimas. Desde el año 1991 hasta el presente está gobernando el Partido Popular, el cual, a través de una gestión eficaz de alternativas de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas mediante pozos, consigue que sea una de las únicas poblaciones del conjunto de la bahía de

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Cádiz que en estos momentos no tiene problemas de abastecimiento de agua.
Muchas gracias. (El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Vamos a llamar a votación. Señor Martínez Sevilla, ¿por qué artículo solicita la palabra?

El señor MARTINEZ SEVILLA: Por el mismo artículo que el Senador que me ha precedido.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): El debate está cerrado; ya hemos llamado a votación. (El señor Martínez Sevilla pronuncia palabras que no se perciben.) Lo lamento mucho, señor Martínez Sevilla. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda de veto número 1, suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, dos; en contra, 207; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría requerida, queda rechazada.
Entramos en la defensa de los votos particulares al texto del dictamen.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su voto particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 1 a 11.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Voy a proceder a la defensa de las enmiendas que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley. (Rumores.) Antes solicité a la Presidencia la palabra y no me fue concedida. Como cuadra dentro de esta intervención general sobre las enmiendas, voy a utilizar ahora este turno. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar abreviar los trámites.
Su señoría está en el uso de la palabra, por lo que puede seguir hablando y quedará reflejado perfectamente en el «Diario de Sesiones».
Ruego silencio, porque no podemos escuchar con nitidez la intervención.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Para la defensa de las enmiendas es interesante hacer alusión a la intervención anterior del Senador Pizarro Medina. Se refería su señoría a las fuentes de los datos que manejo y yo le voy a decir muy claramente cuáles son. Mis fuentes son muy poco sospechosas; son tan poco sospechosas como el Plan Hidrológico de la cuenca, elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; los datos aportados por ésta y los aportados por los municipios y por las mancomunidades de municipios de las áreas de la bahía de Cádiz. Esos son los detrás que manejo.
Le voy a decir algo más. Usted dice que cómo solucionamos de manera inmediata, efectiva, los 110 hectómetros cúbicos --que ustedes establecen como déficit-- que es necesario transferir, derivar, de la cuenca del Guadiaro a la del Majaceite, afluente del Guadalete, como usted ha precisado bien antes. Le doy una cuenta muy simple y que, además, necesita escasísimas inversiones. Actualmente los riegos agrícolas en el área de la bahía de Cádiz consumen 8.000 metros cúbicos por hectárea, y este dato lo aporta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo que depende del Gobierno de la nación. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Si su señoría se escucha a sí mismo puede seguir interviniendo, porque no hay ningún problema.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Los datos de las investigaciones agrarias aseguran que con un riego de 6.500 metros cúbicos por hectárea hay más que suficiente, no sólo para regar con plenitud todos estos cultivos agrícolas, sino, además, para incrementar a veces la productividad de los mismos. Incluso datos del Instituto de Desarrollo Agrícola de Andalucía permiten asegurar que es posible rebajar de 6.500 a 6.000 y hasta 5.500 metros cúbicos por hectárea en los cultivos que más consumen agua, en zonas como, por ejemplo, la bahía de Cádiz o la vega de Granada. Este simple ahorro de agua en riegos agrícolas de un total de 73 hectómetros cúbicos, si se incluyen los riegos de Villamartín; si a ello le sumamos los 57 hectómetros cúbicos de los retornos de agua que ahora mismo se desperdician, ya tenemos todo el volumen de la cuenca necesario para trasvasar. Es decir, ya estamos supliendo todas las necesidades; simplemente adecuando los consumos de los riegos agrícolas. Por tanto, le estoy dando datos concluyentes.
Pregunta a continuación su señoría: ¿Usted se preocupa porque se tiren las aguas de depuración al mar y no se preocupa porque se tiren las aguas del río Guadiaro al mar? Señor Pizarro, las aguas de un río no se tiran al mar; desembocan en el mar, como nos enseñaban de pequeños en Geografía, que es muy distinto. Es decir, hay un principio ecológico fundamental según el cual el agua de una cuenca hidrográfica debe permanecer el mayor tiempo posible en ella por razones climáticas, que seguro que usted conoce, como la evapotranspiración, el mantenimiento de la propia vegetación y todo un conjunto de condiciones de humedad y de su entorno ambiental que se den en dicha cuenca. Por ello, es fundamental que el agua permanezca el mayor tiempo posible en la cuenca porque si se transfiere estamos alterando las condiciones ecológicas y ambientales de la misma. El caudal ecológico da el mínimum para la pervivencia de la flora y fauna de la cuenca, pero no para las condiciones climáticas de la misma. Eso lo dicen hoy en día todos los ecólogos responsables, no sólo de este país, empezando por Ramón Margales, sino de toda Europa. Por tanto, el agua de un río no se tira al mar, el agua de un río

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desemboca, naturalmente, en el mar, y no es necesario cubrir excesos con déficit, es como si usted me dice que La Mancha tiene un déficit de montaña y que como Andalucía tiene un superávit de montaña vamos a transferir 1.200 metros, de los 3.400 que le sobran a Sierra Nevada, a La Mancha para que pueda tener su cuota promediada de montaña. Señor Pizarro Medina, ni Sierra Nevada tiene un superávit de montaña ni La Mancha tiene un déficit, tienen los que tienen, porque son ecosistemas naturales que deben mantenerse en esos términos.
Por tanto, desde este punto de vista le decía que el agua de depuración sí se tira al mar, mientras que el agua de un río no se tira al mar. Pero usted decía: Senador Martínez Sevilla, se encuentra tres años atrasado, se encuentra instalado en 1991. Senador Pizarro Medina, yo le aseguro que no, le aseguro, porque se lo he demostrado con datos y lo he hecho reiteradamente, que mis datos son actuales y que estoy en 1995. Si quiere que le diga un poco más, presumiría que estoy en una posición que creo que va a seguir siendo convergente para el resto de los grupos parlamentarios en el futuro y, por tanto, podría decirle que estoy unos años más allá. Pero le concedo que me sitúe tres años atrás, porque tres años al fin y al cabo ¿qué son? Tres años no son nada, como decía el famoso tango. Le concedo que me sitúe en 1991, pero ¿sabe dónde le sitúo yo a usted, Senador Pizarro Medina? Le sitúo en la época del «600», usted es un Senador de la época del «600», gasta mucho y corre muy poco o lo que traducido políticamente quiere decir: ustedes hacen inversiones muy cuantiosas con muy poca rentabilidad social y con muy poca rentabilidad inventarial.
Esa es la época del «600» en política, y usted, Senador Pizarro Medina, está instalado en la época del «600». Por tanto, le concedo con gracia que usted sólo me lleve tres años atrás porque realmente usted está instalado en la época en la que creíamos que los recursos hidráulicos eran ilimitados, que el agua era gratis, que podíamos usarla como nos diera la gana, que nevaba todos los años hasta el 1.º de mayo prácticamente, hasta la manifestación que se hacía por el Frente de Juventudes, y que, naturalmente, aquí no había, por tanto, ningún déficit de recursos hidráulicos.
Esa no es la situación que tenemos en nuestro país y ésa no es la situación después de dos décadas de sequía, después de dos décadas profundas donde se está alterando la estructura climática, dos décadas que están siendo mucho más graves, como usted sabe, en este último decenio, y dos décadas que están suponiendo una reducción drástica de nuestros recursos hidráulicos. No tenemos recursos hidráulicos ilimitados, se están reduciendo esos recursos hidráulicos y hemos disparado la demanda sin saber contenerla. Esa nueva situación es la situación contemporánea, de 1991 o de 1995, tres años antes, tres años después, ¡qué más da!; tres años no son nada. Ahora bien, yo creo que usted sí que se sitúa muchos años atrás.
Con respecto a la defensa de las enmiendas, mi Grupo plantea un conjunto de enmiendas que pretenden, en primer lugar, modificar la exposición de motivos en el sentido de adecuar la filosofía del proyecto de trasvase a una filosofía que se distancie de esa época del «600», que se distancia de esa época de recursos ilimitados, de emplear mucha gasolina, 10 litros, para recorrer muy pocos kilómetros, y que pretende situarse, por tanto, en una época de eficiencia de la Administración, es decir, de emplear pocos recursos financieros para obtener mayor rentabilidad social, mayor utilización de los recursos y una mejora medioambiental.
Son las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5.
Decía antes que éste es un trasvase impuesto, ¡claro que sé que se lleva discutiendo muchos años! ¡Claro que sé que muchas personas en la Bahía de Cádiz lo demandan! Ahora bien, usted, como yo, sabemos que algo no por muy demandado tiene más o menos argumentos que el peso del número, no el peso de la razón. Las equivocaciones unánimes en la historia no escasean y no hará falta que le recuerde ejemplos en ese sentido.
Los habitantes de la Bahía de Cádiz reclaman agua por una razón fundamental: porque sienten el déficit cada mañana al ducharse o porque sienten el déficit cada noche cuando van a fregar los platos, y ésa es una presión importante. Pero yo aquí he argumentado que ese déficit de por la mañana o de por la noche podría suplirse de manera ventajosa con toda una serie de medidas que, de haber empezado a tomarse hace tres años --voy a disminuir un poco la velocidad de la intervención porque veo que los taquígrafos casi están extenuados--, habrían suplido las actuales carencias, justamente los tres años que llevamos debatiendo y discutiendo este trasvase. Esas medidas, en definitiva, habrían dado solución cabal a todos estos problemas.
Señor Presidente, creo que la enmienda número 6 está fuera de debate, porque me parece que ha sido asumida en el informe de la Ponencia, incluso, creo recordar que incluso en el propio Congreso de los Diputados.


El señor PRESIDENTE: Está viva.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 6 pretende suprimir el texto referente a las instalaciones militares y estratégicas asentadas en la zona para su consumo.
La enmienda número 7 es una de las enmiendas claves de este proyecto que posteriormente va a ser transaccionada. Es una enmienda que propone sustituir el «... caudal de cinco metros cúbicos por segundo...» por «...
un caudal superior a cinco metros cúbicos por segundo...». Es decir, propone garantizar un caudal ecológico, que no es el caudal óptimo, sino el mínimo, téngase en cuenta. El caudal ecológico no es lo deseable, sino lo imprescindible y ahí hay una diferencia fundamental, porque pretende, por tanto, situar el caudal ecológico en un caudal superior a cinco metros cúbicos por segundo para la cuenca del río Guadiaro. Da un mayor rigor, una mayor precisión en la definición de lo que es caudal ecológico.
La enmienda número 8 propone la eliminación de uno de los grandes, por así decirlo, goles que desde nuestro punto de vista metía el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con este proyecto de derivación de volúmenes.


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El artículo 1.2. b) decía que podían trasvasarse en conjunto, durante diez años, una media anual de 100 hectómetros cúbicos, pero teniendo en cuenta que si algún año había déficit sobre esa situación de trasvase, podría implementarse o cubrirse con superávit de otros años, de tal manera que nos encontraríamos con situaciones paradójicas, como que un año podrían trasvasarse 400 ó 500 hectómetros cúbicos. Pero hay que pensar para qué se trasvasan, porque si lo hay en la cuenca del Guadiaro es porque ha habido un año excepcionalmente bueno desde un punto de vista hidráulico y también lo hay, por tanto, en la cuenca del Guadalete y del Majaceite, que es su afluente y, por consiguiente, no tenía sentido. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente pretendía cubrir 100 hectómetros cúbicos por año, pero dando la posibilidad de que en años de sequía no se trasvasara nada y otros se trasvasara una cantidad desmesuradamente grande. Desde nuestro punto de vista, esto introduciría unos perjuicios ambientales tremendos a la cuenca del Guadiaro y, por tanto, la propuesta es que sea la media de 100 hectómetros cúbicos anuales, calculado de año en año el volumen anual máximo a derivar.
Finalmente, con la enmienda número 9 tratamos de impedir, mediante el articulado, los despilfarros de agua que podrían producirse procedentes del trasvase. La idea sería añadir a continuación de «... por habitante...» «o por hectárea...», de tal manera que los municipios y las comunidades de regantes tuvieran la necesidad de pagar cánones específicos por ese agua trasvasada y, por tanto, de no desperdiciarla.
En la enmienda número 10 planteamos la necesidad de asegurar la cuenca del Guadiaro frente a una posible sobreexplotación.
En la enmienda número 11, la última, planteamos la necesidad de la redacción de un estudio de impacto ambiental. Como bien sabe el señor Pizarro Medina, el estudio de impacto ambiental está demandado por ley para obras como las regulaciones de cuencas, como los embalses. No está así impuesto por ley para obras como los túneles de conducción de agua.
Desde nuestro punto de vista, la cantidad de tierra a remover, el impacto ambiental del túnel pese a ir enterrado, la cantidad de escombros y de escolleras que generaría la conducción del túnel, pasar por dos espacios naturales protegidos (la sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales) y también el estudio necesario de impacto ambiental sobre el agua derivada del cauce del Guadiaro...


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Acabo, señor Presidente.
... harían absolutamente imprescindible este estudio de impacto ambiental.
Estas son, por tanto, el conjunto de enmiendas que se presentan, para que, una vez que este --por así decirlo-- trasvase quede como inevitable, pudieran garantizarse, al menos, desde un punto de vista mínimo las consecuencias ecológicas del mismo.
Acabo, finalmente, agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular no sólo el tono de su intervención anterior respecto a la propuesta de veto, pese a que la dirección del voto no haya acompañado la dirección del tono de la defensa. Agradezco muy seriamente el tono de la defensa de su decisión de voto y, asimismo, las enmiendas presentadas. Señores del Grupo Parlamentario Popular, estoy sorprendido por el conjunto de enmiendas que ustedes han presentado. Estoy seguro de que en este caso, al menos, han estado bien asesorados y lo que me gustaría es que en el futuro esos asesoramientos, que estoy seguro de que provienen en este caso de sectores que miran mucho por el agua y de sectores ecologistas, pudieran llegar al conjunto de los grupos, en particular al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas que el Partido Popular ha presentado al proyecto de ley de transferencia o de derivación de caudales de agua del río Guadiaro al río Guadalete.
Realmente, en los argumentos que expusimos en el turno de portavoces referente al veto al proyecto de ley se esbozaron algunas de nuestras enmiendas, como las que se refiere, en concreto, a los temas de eficiencia, ahorro, optimización de los sistemas de gestión, reutilización de las aguas residuales, por lo que no vamos a explayarnos más en esa argumentación ya que sería excesivamente repetitivo, y creo que sus señorías están suficientemente cansados ya de hablar de este tema.
Hemos expuesto otra serie de enmiendas que se relacionan con un acoplamiento terminológico a la Ley de Aguas, una al título del proyecto y otras relativas a diferentes artículos del proyecto. Nos ha parecido lógico que debían sustituirse, como son, en concreto, la palabra «derivación», que no está contemplada en la Ley de Aguas, por la palabra «transferencia», que es la que en la nueva terminología se utiliza cuando se habla de trasvases de un ámbito territorial a otro, y así está consagrado en la Ley de Aguas. Por ello, el Partido Popular ha querido acoplar la terminología de este proyecto de ley a una Ley que el Parlamento aprobó en su día no digo que con mayoría absoluta, pero sí con un gran debate y, lógicamente, tras una profunda reflexión.
Hemos presentado también otra serie de enmiendas, algunas relacionadas con el tema financiero. Yo creo que hay un mecanismo bastante ambiguo y pobre: se define un canon sin los elementos esenciales; no se habla del sujeto pasivo, del hecho imponible, de la base imponible y se minora el canon si no se trasvasa, por lo que nuestra pregunta es quién paga las obras si se equivoca la Administración y

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no hay caudales suficientes para trasvasar. No se exige compromiso serio y previo con los beneficiarios, por lo que yo creo que estamos haciendo beneficencia «a priori», cuando además sabemos que el compromiso por parte de los beneficiarios de salir responsables o de participar responsablemente en el aspecto económico de las obras es uno de los elementos más importantes a la hora de gestionar bien el agua y de utilizar bien los recursos hidráulicos.
Lo que no puede ocurrir es lo que sucede en estos momentos, y yo le puedo asegurar que no es cuestión personal, sino simplemente consecuencia de una reflexión sobre cómo se están haciendo las cosas por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista está siempre en la oferta y en el despilfarro de agua, que es un recurso limitado, escaso, necesario y que tenemos que cuidar porque es un gran patrimonio que no podemos despilfarrar y al que necesariamente tenemos que proteger, y para esto hay que poner todas las medidas necesarias y adecuadas. Y uno de los elementos fundamentales es que los beneficiarios se comprometan seriamente en la utilización del agua mediante los mecanismos financieros adecuados. Lo que no puede ocurrir es lo que sucede en estos momentos en el Ayuntamiento de Cádiz, que está incapacitado o, al menos, no ha demostrado capacidad suficiente para gestionar el agua, ni la Confederación tampoco, de tal manera que la mayor parte de los usuarios, o muchos de ellos, probablemente no paguen el agua que consumen, con contadores que no están controlados, etcétera. Creo que es necesario poner los mecanismos adecuados para que la gestión del agua sea eficaz.
Otra de las enmiendas de adición también se refiere al tema del medio ambiente. Señorías, nosotros no nos oponemos a la transferencia de caudales de recursos hídricos de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. No nos oponemos, pero lo que sí queremos es que se cumpla la ley. Y el Partido, el Gobierno, la Administración, en estos momentos no han cumplido la ley en lo que se refiere al estudio de impacto ambiental y de evaluación. No la han cumplido. Y no solamente hay que hacer el estudio físico de lo que pueden ser las obras de desmontes, puesto que el trasvase en algunos lugares tendrá desmontes y necesitará un estudio de impacto ambiental. Es que hay otro aspecto de calidad. ¿Qué va a ocurrir cuando se detraigan equis metros cúbicos de un río hacia otro río? ¿Qué va a ocurrir con todos los ecosistemas existentes en ese río, aguas abajo del punto de transferencia o de derivación? Yo creo que si la ley exige que se hagan estudios de impactos ambientales es para ver alternativas, para ver los efectos positivos o negativos, para asegurarnos, señoría, que no es oponernos, que es hacer las cosas bien, porque lo marca la ley y creo que la primera que lo tiene que cumplir es la Administración. Y, por otra parte, obligación del Parlamento es hacer que la Administración cumpla la ley que el propio Parlamento aprueba. Si no, creo que estaríamos todos aquí de sobra. Y el Partido, el señor Borrell y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, tienen la misma autoridad: aprueban el estudio de impacto ambiental y, a la vez, contratan las obras, y ello hace que se esté siendo excesivamente débil y, en muchas ocasiones, que no se cumpla la ley. Por eso queremos que figure expresamente que se haga el estudio de impacto ambiental conforme a la legislación vigente. Porque lo marca la ley y porque creo que el Ministerio tiene que cumplir necesariamente esa ley.
Por otra parte, hemos presentado una enmienda muy importante, la referida a la planta desalinizadora. Creo que es importante, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo no voy a cargar las tintas, como usted ha hecho, en relación con el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Martínez Sevilla. Cuando nosotros decimos que queremos una planta para la utilización del agua del mar, señoría, no estamos diciendo que se tenga que abastecer toda la Bahía de Cádiz a través de esa planta desalinizadora. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en un territorio en el cual ciertamente hay escasos recursos, hay que saber administrarlos bien, porque, si no, podemos llegar a situaciones como las que estamos padeciendo en estos momentos, la Administración tiene que estudiar necesariamente todas las alternativas posibles para que el desarrollo de esa zona sea el desarrollo más adecuado y el mejor posible, y para que no se colapse.
Lo que no podemos hacer es limitarnos a una sola alternativa olvidando las demás, que yo creo que es el error en el que está cayendo en estos momentos, en toda la planificación hidrológica, el Partido Socialista, el Partido Socialista, únicamente, porque el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente ha sido tradicionalmente un Ministerio de obras, no un Ministerio de la gestión del agua. De eso, le puedo asegurar que ha entendido poco, porque toda su mentalidad ha estado destinada a las grandes infraestructuras por la formación de las personas que han dirigido el Ministerio de Obras Públicas durante muchos años.
Hoy el tema del agua es mucho más complejo de lo que era hace 10, 15 ó 20 años y pasa por otros parámetros distintos; tiene que estar unido al desarrollo, un desarrollo que, en muchísimas ocasiones, va vinculado al propio bien que es el agua; y, en otros casos, esa escasez puede colapsar el desarrollo. Y lo mismo ocurre con todo lo que se refiere al medio ambiente. El patrimonio hídrico está unido intrínsecamente con el patrimonio medioambiental, y no podemos separarlo y no podemos hacer trasvases, como le decía antes, sin tener en cuenta ese patrimonio medioambiental que está dependiendo necesariamente del patrimonio hídrico que durante siglos y a lo largo de ellos se ha constituido en una armonía perfecta entre la naturaleza y el agua.
Creo que el Partido Socialista se equivoca cuando solamente quiere escoger una alternativa. Hay varias alternativas. El Partido Popular le está ofreciendo también otra alternativa para que los habitantes de ese territorio no vuelvan a tener, en el futuro, problemas de agua. Esta es una alternativa más que puede completar, lógicamente, la del Guadiaro, la de las aguas subterráneas con las aguas superficiales, con el ahorro, con la eficacia en los sistemas. Ese ha sido realmente el tenor de todas nuestras enmiendas, enmiendas que deseamos que apoyen el Partido Socialista, el señor Martínez, y los restantes portavoces de Convergència

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y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque creemos profundamente que mejoran considerablemente este proyecto de ley.
Hemos formulado estas enmiendas por el bien de los habitantes y de la zona y para mejorar el proyecto. Por ello, vamos a votar a favor de este proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, para turno en contra, el Senador Pizarro.


El señor PIZARRO MEDINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a procurar ser lo más breve posible, sobre todo porque creo que en el debate de la enmienda de veto que presentó el Senador de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, ya se ha discutido en profundidad la diferencia existente entre las distintas posiciones. No obstante, es cierto que habría que distinguir, lo digo con absoluta sinceridad y en respuesta al Senador del Grupo Parlamentario Popular, que en el trámite de debate del proyecto ha habido dos posiciones diferenciadas en relación con la ley que estamos debatiendo aquí. También es verdad que este Senador se ha sentido influenciado, en ocasiones, a lo largo de estos tres años de debate, de ese debate tan importante que hemos tenido en la provincia de Cádiz y que termina aquí hoy; en ocasiones, hemos sentido una cierta soledad a la hora de defender un proyecto tan importante para la provincia de Cádiz. Los compañeros socialistas, los alcaldes socialistas de las instituciones y los ciudadanos del Campo de Gibraltar, aquellos que viven en la zona que va a trasvasar agua, hemos tenido que mantener una cierta coherencia política y hemos sentido una cierta soledad a la hora de defender este trabajo.
Ha habido una posición solidaria por parte de esos ciudadanos que han vivido y que viven en el Campo de Gibraltar con las instituciones gobernadas por los socialistas. Han entendido que trasvasar agua era necesario, máxime teniendo en cuenta las posiciones que originan los trasvases de una cuenca a otra. La solidaridad con los ciudadanos de la Bahía de Cádiz ha sido manifiesta por parte de las instituciones gobernadas por los socialistas, de las instituciones privadas y de los colectivos sociales. Esto, quizás, se haya notado, hasta tal punto de que nosotros siempre hemos pretendido que el trasvase del Guadiaro al Majaceite no se convirtiera en un proyecto emblemático del PSOE, sino que es un proyecto que pertenece al conjunto de los ciudadanos y de los partidos de la provincia de Cádiz.
Señor Martínez Sevilla, perdone que le insista en que usted no aporta argumentos que se sitúen en la realidad de esta zona. Ha hecho usted hincapié reiteradas veces --y no le he querido contestar a ello-- en la influencia que tiene el riego agrícola en el abastecimiento de la zona del Guadalete.
Por si usted no lo sabe, quiero recordarle que en la zona de abastecimiento de la Bahía de Cádiz no se riega desde hace tres años, no se riega desde 1992. En 1992 se conectaron entre sí dos presas de la provincia destinadas para riego, la de los Hurones y la de Guadalcacín, para el abastecimiento urbano. Por eso no entiendo el problema que usted me plantea sobre abuso de riego en la provincia cuando resulta que desde 1992 las cinco presas de la provincia de Cádiz que tienen influencia en el abastecimiento de esta zona están conectadas entre sí y no se utilizan para el riego agrícola sino solamente para el abastecimiento urbano.
Cuando yo le hablaba de que usted estaba instalado en el año 1991, señor Martínez Sevilla, me estaba refiriendo sólo y exclusivamente a que usted decía que éste es un trasvase impuesto por los socialistas.
Yo estoy de acuerdo en muchas de la medidas de eficacia y de ahorro que usted ha defendido aquí, pero creo que esas medidas habrá que ir poniéndolas en marcha con el tiempo. Es decir, no podemos parar la construcción del trasvase del Guadiaro para poner en marcha esas medidas y para que cuando ya se hayan puesto en marcha se haga entonces el trasvase. Y es que, daría igual. Aunque pusiéramos en marcha esas medidas seguiríamos siendo deficitarios en esa cuenca.
Por último, señor Martínez Sevilla, en cuanto al caudal de cinco metros cúbicos, tengo que decirle que es el que se estableció. Podría haberse establecido un caudal de un metro o de tres metros cúbicos, pero hemos acercado posiciones con ustedes, con el Grupo de Izquierda Unida --Grupo que ha venido defendiendo la necesidad de que el caudal fuera de cinco metros cúbicos-- y también con el Grupo Popular, y así quedó establecido.
Además, ésta era una de las reivindicaciones que plantearon en su día la Plataforma de agricultores y los ayuntamientos de la zona del Guadiaro.
Por eso se establecieron los cinco metros cúbicos, una cantidad de agua importante que es la garantía para mantener el caudal ecológico del río Guadiaro.
Efectivamente, se plantean una serie de enmiendas, creo que son 35 en total, creo que 23 son del Grupo Popular y 12 de Izquierda Unida.
En cuanto a las del Grupo Popular, hemos aceptado aquellas que se refieren a cuestiones puramente técnicas en adecuación de la Ley de Aguas a la ley que vamos a aprobar, como por ejemplo, aquellas en que se solicita la sustitución de la palabra «derivación» por la palabra «transferencia». Las hemos aceptado todas por considerar que de alguna manera se adecua más al proyecto de trasvase del Guadiaro al Guadalete.
En cuanto al conjunto de propuestas que se han hecho, se ha presentado una enmienda transaccional a las números 7 y 8 de Izquierda Unida y a las enmiendas números 20 y 22 del Grupo Popular. Con esa enmienda transaccional le damos una nueva redacción al apartado 2 del artículo 1, artículo que se refiere a uno de los temas de mayor profundidad de este proyecto y que más diferencias y mayores debates ha supuesto a lo largo de estos tres años que llevamos tratando del trasvase. Con la aprobación de esta enmienda transaccional se garantiza por una parte el presente y el futuro del río Guadiaro, pero al mismo tiempo se establecen, a través del trasvase, las medidas suficientes para poder abastecer el caudal del Guadalete.


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Hay una serie de medidas, concretamente creo que son dos, de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular, que se refieren a la necesidad de que en el proyecto del trasvase del Guadiaro al Majaceite se realice un estudio de impacto medioambiental, de acuerdo con los artículos 30 y 90 de la Ley de Aguas. Nosotros estamos en contra de esas dos enmiendas; creemos que no es necesario hacer un estudio de impacto medioambiental de acuerdo con los artículos 30 y 90 de la Ley de Aguas porque no estamos construyendo una gran presa. Es cierto que el primer proyecto, el que se presentó en el año 1989, hablaba de la construcción de una presa de quince metros de altura, pero ese proyecto se rechazó, se descartó, y ahora estamos hablando de una derivación de los volúmenes de agua, como establece la ley, hacia la cuenca del Guadalete. Por tanto, la Ley de Aguas en sus artículos 30 y 90 no establece que sea necesario un estudio de impacto ambiental para una obra de estas características.
En cualquier caso, el propio proyecto de derivación tiene garantías medioambientales suficientes. Hemos hablado en el debate del veto del estudio complementario de impacto ambiental del propio proyecto, de las medidas correctoras que, antes de ser aprobado, ha exigido la Junta Rectora de los parques de Grazalema y de los Alcornocales, y de las medidas correctoras que ha exigido la propia Junta de Andalucía, a través de su agencia de medioambiente.
Creo que hay una garantía fundamental que da respuesta a los problemas de desconfianza en relación con el impacto ambiental en el río Guadiaro, que es la propia ley. En la ley viene absolutamente claro. La ley establece que el río Guadiaro va a estar protegido por la propia ley, porque se establece un volumen de agua de cinco metros cúbicos en el azud, y por debajo del azud, por debajo de donde se va a derivar el agua, va a haber más volumen, más caudal de agua que esos cinco metros cúbicos. Es decir, aproximadamente a un kilómetro y medio del azud hay una población urbana; en esa población, el volumen de agua del río Guadiaro está por encima de los ocho metros cúbicos de agua. Si no estuviera construido el azud --y creo que es un problema de no conocer la realidad de lo que estamos hablando, de no conocer la realidad, no por nada, sino por no haber estado en la obra de derivación-- esos cinco metros cúbicos --es decir, el caudal de agua que ahora mismo tiene el río Guadiaro-- se perdería, porque se irían a una zona subterránea de ese río. Precisamente por eso se hizo el azud en aquella zona, con el objeto de utilizar las aguas que pasaban por ahí, porque, a partir del azud, el río Guadiaro tiene una serie de afluentes importantes. Por todos esos motivos, señorías, nos vamos a oponer a las enmiendas planteadas al texto de la ley.
Por último, en cuanto a las enmiendas relacionadas con el tema de la planta desalinizadora, en primer lugar, yo me pregunto qué hace una enmienda de estas características en un proyecto de ley de trasvase de derivación de agua de una cuenca de un río a otra cuenca de otro río en una misma provincia. Me pregunto cómo se pide declarar de interés público la construcción de una planta desalinizadora en un proyecto de ley de estas características. En cualquier caso, nosotros no estamos en contra de la posibilidad de buscar alternativas en este sentido, lo que creemos es que una media de estas características, incluso por la propia enmienda que presenta el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que pide declarar de interés público la construcción de una planta desalinizadora en la bahía de Cádiz, no es oportuna. La bahía de Cádiz, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tiene aproximadamente 400.000 habitantes. En su enmienda habla de la bahía de Cádiz, no de Cádiz y, por tanto, estamos hablando de 400.000 habitantes. Construir una planta de estas características para dar respuesta a 400.000 habitantes supone que estemos hablando de un proyecto de inversión que creo que, en estos momentos, no se puede sostener económicamente, y manejo datos también de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Obras Públicas. Estamos hablando de un proyecto de inversión de 50.000 millones de pesetas, y, una vez construida, hay que pagar el mantenimiento y el funcionamiento de esa planta, y estamos hablando de 6.000 millones de pesetas para dar respuesta a los problemas de abastecimiento de toda esa zona, porque si vamos a dar respuesta solamente a los problemas de abastecimiento de la ciudad de Cádiz, estaríamos hablando de una planta distinta.
En definitiva, por todas estas razones, nos vamos a oponer a las enmiendas que mantienen al texto de la ley el Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, aunque parezca mentira, llevamos cinco horas de debate, así que pido autorización a la Cámara para poder proseguir con similar entusiasmo. ¿Está la Cámara de acuerdo? (Pausa.) Vamos a proseguir.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, porque entiendo tanto las cinco horas de debate como el cansancio de los miembros de la Cámara.
Aunque ha habido un debate amplio sobre este proyecto de derivación de volúmenes, como es obvio, no se acaba aquí el debate hidráulico en Andalucía, en el que habrá que seguir profundizando en los próximos años.
Espero que, en el futuro, haya acercamiento en las posturas para lograr, en efecto, una política hidráulica de consenso, una política hidráulica que no tenga costes sociales, que tenga los menores costes financieros y, sobre todo, los menores costes ambientales. Por lo tanto, entiendo que aquí no acaba el debate, que hay algunas enmiendas que me apena realmente que no sean aceptadas, sobre todo la del estudio de impacto ambiental, en la que creo que la posición del Grupo Parlamentario Socialista ha sido deficitaria. De todas maneras, agradezco el esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista por introducir una enmienda transaccional sobre la base de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y las tres enmiendas de Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Federal, de tal manera que entiendo que eso, al menos, impone unas condiciones ecológicas y unas restricciones bastante acertadas y bastante precisas al proyecto de trasvase que, desde luego, van a hacer que nuestra posición sea mucho menos temerosa respecto a los posibles efectos ambientales del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
¿Senador Barbuzano? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señoría.
Sólo quiero aclarar al Senador Pizarro que yo creo que es que no termina de entender lo que el Grupo Parlamentario Popular ha querido decir en algunas enmiendas.
Cuando nosotros hablamos de una planta desalinizadora, no queremos decir que sea exclusivamente la que administre, la que dé los recursos hídricos a toda la bahía de Cádiz. Queremos decir que es una alternativa más. Y voy a añadir algo más importante todavía, señoría. Estoy totalmente convencido de que con la gestión que en estos momentos se está llevando a cabo por parte de los gestores públicos, tanto el Gobierno como algunos ayuntamientos de la zona, como he dicho antes, porque no son todos --algunos han sabido hacer buena gestión, como el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y por eso no tiene problemas de restricciones de agua--, basando su política hidráulica, como lo están haciendo, en la oferta y en el despilfarro, dentro de poco, si no se pone en funcionamiento esa planta, estoy totalmente convencido de que estaremos en una situación muy similar a la que tenemos en estos momentos.
En tercer lugar, quiero decir a su señoría que no son 60.000 millones de pesetas, ni son 6.000 millones de pesetas en lo que se refiere a la conservación y a la utilización de la planta. Son cifras que, lógica e interesadamente, están infladas para rechazar esta enmienda, porque los datos que nosotros tenemos son muy inferiores, a pesar de que sabemos, como es natural, que el metro cúbico de agua procedente de este sistema tiene sus costos, pero por supuesto, no son los que su señoría refleja.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que, aparte del trasvase de aguas del río Guadiaro al río Majaceite, hoy en esta Cámara se ha producido un debate mucho más importante: se ha producido un debate sobre el modelo de aprovechamiento de nuestras posibilidades hidráulicas y, desde mi punto de vista, se han puesto de manifiesto varios modelos. Uno, que parece que está en contra absolutamente de cualquier trasvase y que entiende que única y exclusivamente con el aprovechamiento de los caudales y con la mejora de los regadíos se puede llegar a un abastecimiento suficiente; es el modelo que ha expuesto el Senador Martínez Sevilla y que de vez en cuando pone como ejemplo el aprovechamiento que se hace del Rhin. Desde nuestro punto de vista, esto no es objetivo porque la pluviometría y la realidad del Rhin no es la realidad que tenemos en el conjunto de España. Y otro es el modelo defendido por el Senador Sanz Blanco, que lo basa en un aprovechamiento conjunto y en la minoración --y, a poder ser, en la desaparición-- de los trasvases porque entiende que con una gestión --dice él-- moderna del agua sería suficiente para que no se produjese la falta que hoy se produce.
Desde nuestro punto de vista, esto no es así. Desde nuestro punto de vista la realidad de España es que en el sur y en la parte mediterránea hay una escasez de pluviometría y, además, esta pluviometría se produce con una irregularidad absoluta. El Senador que les habla puede decir que en Tarragona cayeron hace unos cuantos meses 700 litros por metro cuadrado en dos semanas y no ha vuelto a llover, y no sabemos cuándo volverá a llover, pero esta realidad es la que es. Por lo tanto, nos encontramos con una parte del territorio nacional, sur y mediterráneo, con unas posibilidades turísticas y agrícolas extraordinarias que pueden ver truncado su desarrollo exclusivamente por la falta de agua. Los integrantes de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Obras Públicas tuvimos ocasión de visitar unos riegos ejemplares en Andalucía, en la parte occidental de la provincia de Huelva, con un aprovechamiento extraordinario del agua, pero también con una capacidad de embalse de 800 metros cúbicos y con una capacidad de regulación de 120 porque eran conscientes de que la pluviometría era la que era.
Luego nos encontramos en esta situación: ¿qué les decimos a los agricultores de Almería, a los de Murcia, a los de Valencia, qué les decimos a los agricultores de la cuenca del Guadalquivir: señores, dejen de tener ustedes agricultura competitiva y vuelvan a los olivos, a la vid, a los cultivos de los que Europa es excedentaria? ¿Esta es la opción que tenemos que elegir o, por el contrario, tenemos que pensar que el conjunto de España es algo más que el nombre de una nación y que es realmente una realidad objetiva de Estado --llámesele o no se le llame nación-- y que los aprovechamientos hídricos de todo el Estado tienen que ser para todo el Estado? Esta es nuestra posición y éste es el debate auténtico. Nosotros nos inclinamos por ver modelos territoriales parecidos a los nuestros, cerca o lejos. Un modelo territorial de pluviometría parecido al nuestro es el del norte de Africa, y éste es un modelo que yo no lo quiero para mí. Otro modelo territorial en cuanto a pluviometría es el de California: el Estado de California tiene instalada una capacidad de trasvase veinte veces superior a la propuesta en el neonato plan hidrológico; veinte veces superior. Por lo tanto, yo prefiero aquel modelo, con la posibilidad de continuar el desarrollo, al modelo a que nos llevan otras posiciones.
De todas maneras, quiero decirle al Senador Sanz Blanco que ha hecho mucho hincapié en que el Partido

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Socialista basa la política hidráulica exclusivamente en la oferta, que el ejemplo más flagrante de favorecer la oferta se ha producido en el ayuntamiento de Valencia, que ha rebajado el precio del metro cúbico para consumo urbano. Este es un ejemplo de promoción del consumo en una situación de escasez, y el gobierno del ayuntamiento de Valencia no está, precisamente, en manos socialistas.
Finalmente, al Senador Martínez Sevilla le pido de todo corazón que retire lo del trasvase impuesto. Mire usted, si este trasvase se vota por mayoría en las Cámaras, no puede considerarse impuesto. Acepto sus argumentos y su convencimiento personal de que tiene razón, pero usted me recuerda a los mahometanos argelinos, con la única diferencia de que ellos utilizan armas para demostrar sus razones y usted no las utiliza, y sé que no las utilizará. Pero su convencimiento de que está en posesión de la verdad es, cuando menos, ofensivo para el resto, porque yo entiendo que la propuesta de llevar agua del Guadiaro al Majaceite para abastecer la bahía de Cádiz es la única solución técnica posible después de haberlo estudiado mucho. Por eso, nuestro Grupo la va a votar favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Socialista.--El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, ¿por qué artículo pide la palabra?

El señor MARTINEZ SEVILLA: Por alusiones.


El señor PRESIDENTE: La tiene usted por alusiones.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
No voy a entrar de nuevo en el debate, ya que no es éste el momento. El portavoz en este tema del Grupo Socialista ha hecho de mí un requerimiento: que retire la frase de que éste es un trasvase impuesto.
Pero no la retiro. Y no lo hago por una razón fundamental: porque se impone. (Rumores.) Pero hay muchos tipos de imposiciones. En este caso, es una imposición democrática.


El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que se refiera a la alusión, por lo que me ha pedido la palabra, y no a una discusión de sus argumentos, a lo que se refiere el artículo 87.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Iba a referirme a ella, señor Presidente.
Decía que se trata de un trasvase impuesto contra la naturaleza, y lo que no les permito es que ustedes, que han sido la única fuerza política que ha estado en el Congreso del dictador Obiang Nguema, en Guinea Ecuatorial (Rumores en los escaños del Grupo Socialista.), que sí es un fundamentalista...


El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla...


El señor MARTINEZ SEVILLA: ... acusen de fundamentalismo a otras fuerzas políticas. No les permito eso. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Socialista.) Mire usted, señor portavoz del Grupo Socialista...


El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla...


El señor MARTINEZ SEVILLA: ... la diferencia entre el fundamentalismo mahometano y este Grupo parlamentario es notoria. Sin embargo, no cabe decir lo mismo de ustedes y de los años que llevan practicando el cesarismo en este país. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Socialista.--El señor Sanz Blanco pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Blanco, ¿por qué artículo pide la palabra?

El señor SANZ BLANCO: Por el artículo 87, señoría, y por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Blanco, ¿la pide por alusiones, que no ha habido, o por el artículo 87?

El señor SANZ BLANCO: Por alusiones y por el artículo 87; por los dos.
(Risas.)

El señor PRESIDENTE: Se la doy por el artículo 87.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Aleu ha abierto en estos momentos un nuevo debate en esta Cámara, en cuanto se ha estado refiriendo a un modelo de desarrollo de forma implícita. Señor Aleu, me parece que usted no conoce de forma suficiente los datos de aquellos países que tienen una pluviometría muy similar a la nuestra, como pueden ser California e Israel, donde hay un diseño totalmente distinto al que en estos momentos tiene el Partido Socialista.
Quiero recordarle al señor Aleu --y le dejaré bastantes publicaciones al respecto que tengo en mi poder-- que en estos momentos en California se está desechando de forma drástica todo lo que huele a trasvase por los gravísimos problemas medioambientales que eso conlleva y por el deterioro de patrimonio medioambiental heredado. Se está desechando, señor Aleu.
(El señor Aleu i Jornet hace signos negativos.) No diga usted que no, porque eso significa que no conoce el tema, que no ha leído sobre él ni se ha enterado. Le puedo asegurar que lo que digo en estos momentos es totalmente cierto. Estos son los datos reales de lo que allí pasa ahora.
La solución de nuestros problemas será la que tenga que ser, pero no venga usted ahora a hacer demagogia sobre un proyecto hidráulico del Partido Socialista. Llevamos doce años con el Partido Socialista, con promesas constantes en esta Cámara y en el Pleno del Congreso, donde reiteradamente nos han ofrecido un plan hidrológico desde 1983, en 1984, en 1987. Pero estamos en 1995 y el Partido Socialista todavía no nos ha ofrecido ningún modelo real, aprobado en estas Cámaras, de planificación hidrológica. No nos hable, pues, señor Aleu, de la

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planificación hidrológica del Partido Socialista, porque creo que en eso tienen ustedes una gran sequía, señor portavoz del Grupo Socialista.
Por otra parte...


El señor PRESIDENTE: Senador Blanco, concluyó su tiempo.
Tiene la palabra el Senador Aleu por el mismo tiempo.


El señor ALEU I JORNET: Voy a utilizar incluso menos tiempo.
Supongo que usted sabrá que el anteproyecto del plan hidrológico nacional ha sido aprobado, incluso, por el Consejo del Agua. Son otros motivos los que impiden traerlo aquí. Pero yo tomo como muestra un botón, que es el trasvase, el pequeño trasvase del Guadiaro al Majaceite para abastecer a la bahía de Cádiz, y ya ve usted el follón que se ha armado, que es el que va a provocar cualquier propuesta hidrológica racional. No se puede decir esto aquí y no decirlo en Almería ni en Murcia. Vayan a decirlo allí; digan claramente que están en contra de los trasvases y que se tienen que abastecer única y exclusivamente con su agua. Este es su modelo, pero no es el nuestro.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Vamos a culminar las votaciones de este proyecto y, posteriormente, realizaremos las votaciones pendientes del proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas, con lo cual, suspenderemos la sesión hasta mañana a las diez horas.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las enmiendas números 1 a 11. (El Senador Ortiz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Juan José Ortiz.


El señor ORTIZ PEREZ; Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda número 4, por un lado, de la número 6, por otro, y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Pizarro Medina.


El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, quiero recordarle que las enmiendas números 7 y 8, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y las números 20 y 22, del Grupo Parlamentario Popular, han sido transaccionadas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pizarro. En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, uno; en contra, 120; abstenciones, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, tres; en contra, 198; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 7 y 8, del Grupo Parlamentario Mixto, y 20 y 22, del Grupo Parlamentario Popular, están relacionadas con una redacción nueva del apartado b) del artículo 1.2. En cualquier caso, no evitaría que estas enmiendas se mantuvieran vivas porque tiene la firma de todos los grupos.
Vamos a someter a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, excepto éstas, que se entiende están articuladas en la enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 83; en contra, 122.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12 y 14 a 34, del Grupo Parlamentario Popular.
El Senador Martínez Sevilla pide la palabra.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 28, 29 y 31.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que se pueden votar conjuntamente.


El señor MARTINEZ SEVILLA: Sí, señor Presidente, y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Alguna otra indicación?

El señor GARRIDO AVILA: Sí, señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27.


El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar agrupadamente?

El señor GARRIDO AVILA: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas números 28, 29 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 83; en contra, 122.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 204; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 82; en contra, 121; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En cuanto a la enmienda suscrita por los grupos parlamentarios, a la que se ha referido el Senador Pizarro, pregunto si la redacción del punto dos, en su introducción, antes de que aparezcan los apartados que vienen numerados como a), b), c) y d), se conservaría. Me refiero a la página 21 del informe de la Ponencia, que dice: la derivación o transferencia --parece que hay que señalar la transferencia-- de aguas estará sujeta a las siguientes condiciones. ¿Se entiende que eso se incluye en la enmienda? De lo contrario, carecería de sentido todo lo demás.
¿Es así? (Asentimiento.) De acuerdo.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara. Muchas gracias.
Se somete a votación el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 204; en contra, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se dará cuenta de las enmiendas introducidas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a realizar las votaciones pendientes del Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En primer lugar, quedan pendientes las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que serían las números 72, 73, 76, 77 a 85. (Pide la palabra el Senador Ortiz Pérez.) Tiene la palabra el Senador Ortiz Pérez.


El señor ORTIZ PEREZ: Solicito tres votaciones: una de la enmienda número 73; otra de la 77 y 81 y las demás en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Alguna otra indicación? (Pausa.) Vamos a proceder como se nos acaba de indicar.
En primer lugar, votamos la enmienda número 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, tres; en contra, 118; abstenciones, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 77 y 81.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 83; en contra, 118; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las demás enmiendas que constituyen el voto particular del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, cuatro; en contra, 195; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quedan pendientes de votar las enmiendas números 37 a 39, 43 a 49, 52 a 58, 60, 64 y de la 66 a 71. La 62 está efectuada por una transacción. Por lo tanto, vamos a someter a votación conjuntamente, salvo que se indique votación separada, que se indicará. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor ORTIZ PEREZ: Sí, señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67, 68, todas ellas conjuntamente, y las demás en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Alguna otra propuesta?

El señor CODINA I CASTILLO: Sí, señor Presidente, solicito votación separada exclusivamente de la enmienda número 71.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a someter, en primer lugar, a votación las enmiendas que ha propuesto el Senador Ortiz Pérez, números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67 y 68.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 88; en contra, 113; abstenciones, cuatro.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar a continuación la enmienda número 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 164; a favor, 20; en contra, 110; abstenciones, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.) ¿Sí, Senador Ortiz Pérez?

El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, en nuestro cuadro de votaciones no figura la enmienda número 71.


El señor PRESIDENTE: Es la última enmienda, según tengo yo indicado, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y el Senador Codina ha pedido votación separada de ella, por lo que todavía restan por votar otras enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, es decir, las demás, que sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, siete; en contra, 195; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió están relacionadas con enmiendas transaccionales las números 148, 149 y 156.
Todas las demás están vivas, salvo, tal vez, la 161, que fue retirada.
¿Hay propuesta de votación separada?

El señor ORTIZ PEREZ: Sí, señor Presidente, de la 135, 147, 150, 152, 158, 159 y 164, conjuntamente, y las demás, excepto las que ha anunciado su señoría, que son transaccionales, en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Garrido Avila pide la palabra.) ¿Sí, señor Garrido?

El señor GARRIDO AVILA: Pedimos también votación separada de la enmienda número 146, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas que ha propuesto el Senador Ortiz Pérez, que seguramente las guardarán en su memoria, por lo que no las vuelvo a leer.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 96; en contra, 105; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 146 del mismo Grupo Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 119; en contra, 83; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 17; en contra, 185; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, en la defensa que hizo el Senador don Isidoro Alvarez fueron retiradas las enmiendas números 89, 90, 91, 93, 98, 117, 133 y 134, si no me fallan las notas. Votamos las restantes conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 86; en contra, 117; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista mantuvo la enmienda número 197, que sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 198; en contra, uno; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas transaccionales que están en la Mesa.
La primera lo es al artículo 113, modificando los apartados cinco y seis de dicho artículo. Viene con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
La siguiente lo es al artículo 197. Nueva redacción al punto 2, apartados a), b), nuevos. También tiene la firma de los seis grupos parlamentarios.
Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 121; en contra, 83; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El artículo 197.4 viene con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, creo que puede entenderse

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aprobado por asentimiento. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero que se me haga una aclaración, ¿es el 197 o es el 199.4?

El señor PRESIDENTE: No, es el 197.4.
Como decía, no hay objeción. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Ahora entraríamos, efectivamente, en la enmienda transaccional al artículo 199.4, que tiene, en principio, el respaldo de todos los señores portavoces. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
No hay más enmiendas transaccionales, y no hemos llegado a ninguna conclusión sobre las correcciones. Votamos el dictamen. (El señor Caballero Lasquibar pide la palabra.) Tiene la palabra.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con la votación del dictamen quiero pedirle votación separada de la Disposición Final Primera.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Codina i Castillo pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero pedir, al igual que lo ha hecho el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la votación separada de la Disposición Final Primera.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (Rumores.) (El señor Cercós Pérez pide la palabra.) (Rumores.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No le podré escuchar, Senador Cercós, mientras no pulse la tecla. Usted que es ingeniero lo logrará. (Risas.)

El señor CERCOS PEREZ: Ya está pulsada. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Letrado tiene un escrito de correcciones que ya ha sido acordado con los grupos parlamentarios y que recoge las que antes habíamos expresado oralmente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Entiendo que las correcciones son asumidas por las razones expuestas por el Senador Cercós.
Vamos, entonces, a someter a votación el dictamen con excepción de la Disposición Final Primera que votaremos después.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 121; en contra, 82; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos ahora la Disposición Final Primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 105; en contra, 98; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Reanudaremos la sesión a las diez de la mañana. Se suspende la sesión.


Eran las veintiuna horas y cincuenta minutos.

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