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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 690, de 12/05/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1999 VI Legislatura Núm. 690

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO

Sesión núm. 40

celebrada el miércoles, 12 de mayo de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Morenés Eulate) para informar sobre:

- Planes y posibles usos de cuarteles u otros equipamientos en vía de desafectación o desafectados en el ámbito de la Comunidad de Madrid, convenios con los ayuntamientos o posibles participaciones en consorcios urbanísticos. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001701.) ... (Página 198987 )

- El accidente producido en el término municipal de Barbate (Cádiz) por un vehículo aéreo pilotado a control remoto (RPV) de las fuerzas aeronavales de los Estados Unidos de América. A solicitud del Grupo anterior (Número de expediente 213/000720.) ... (Página 19901)

Preguntas:

- Del señor Herrera Antonaya (Grupo Parlamentario Popular del Congreso), sobre la aportación del Ejército español a las tareas humanitarias realizadas con motivo de la catástrofe acontecida en Centroamérica. (Número de expediente 181/002044.) ... (Página 19905)

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- Del señor Marsal Muntalá (Grupo Socialista del Congreso), sobre la situación en que se encuentra el proceso de selección del helicóptero de ataque para las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra.
(Número de expediente 181/002260.) ... (Página 19907)

- Del mismo señor diputado, sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones del Ministerio de Defensa con la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de L?Hospitalet de Llobregat sobre el futuro del acuartelamiento de Lepanto. (Número de expediente 181/002263.) ... (Página 19909)

- Del señor Pérez Segura (Grupo Socialista del Congreso), sobre los planes del Ministerio de Defensa sobre el futuro de los Castillejos (Baix Camp). (Número de expediente 181/002266.) ... (Página 19910)

- Del señor Ibáñez Haro (Grupo Socialista del Congreso), sobre la situación del proyecto del desvio de la línea de tiro de los polígonos de experiencia Costilla y González Hontoria en el término munnicipal de Cádiz. (Número de expediente 181/002442.) ... (Página 19910)

- Del señor Borreiros Fernández (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre razones de la enajenación y la liquidación de contratos entre la Administración y la Empresa Nacional Bazán.
(Número de expediente 181/002247.) ... (Página 19912)

Se abre la sesión a las doce del mediodía.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:

- PLANES Y POSIBLES USOS DE CUARTELES U OTROS EQUIPAMIENTOS EN VÍA DE DESAFECTACIÓN O DESAFECTADOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS O POSIBLES PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS URBANÍSTICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001701.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Defensa que, como conocen por el orden del día, consta de una serie de comparecencias y preguntas, todas las cuales van a ser respondidas por el Secretario de Estado de Defensa, don Pedro Morenés, a quien damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión.
En primer lugar, con el número 1 del orden del día está la comparecencia para explicar los planes y posibles usos de cuarteles u otros equipamientos en vía de desafectación o desafectados en el ámbito de la Comunidad de Madrid, convenios con los ayuntamientos o posibles participaciones en consorcios urbanísticos. Es una iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Buenos día a todos, señorías.
Como conocen SS.SS., las sucesivas reorganizaciones de las Fuerzas Armadas, y más concretamente del Ejército de Tierra, han provocado una reubicación de unidades que ha tenido como consecuencia el que determinados inmuebles, cuya titularidad ostenta Defensa, hayan quedado sin uso. Asimismo, el avance en el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas traerá consigo una reducción y concentración de personal, dejando de tener interés para Defensa un número de inmuebles todavía no determinado. La política presupuestaria del Gobierno, basada en la austeridad y en el rigor en la contención del gasto público y en los mayores costes e inversiones que van a suponer las Fuerzas Armadas profesionales, abunda en la necesidad que tiene el Ministerio de Defensa de obtener ya recursos económicos de los inmuebles que no sean necesarios con objeto de descargar, en lo posible, la partida de Defensa de los Presupuestos Generales del Estado.
Conviene señalar, sin embargo, que se trata de una tarea evidentemente compleja. Así, por ejemplo, el origen diverso de las propiedades obliga a un tratamiento distinto de cada inmueble en las diversas fases de su gestión. En relación expresamente con la Comunidad Autónoma de Madrid, debo empezar por decir que se mantienen contactos con distintos ayuntamientos, entre los que destacan, por la importancia de las posibles operaciones urbanísticas, los de Madrid y Pozuelo de Alarcón, en relación con las zonas de Campamento y Retamares, respectivamente. Como conocen SS.SS., las competencias municipales en materia urbanística están encomendadas a las administraciones autonómica y local y, considerando la calificación dotacional que suelen tener los inmuebles de Defensa, es necesaria la correspondiente negociación, vía Convenio, con los ayuntamientos y comunidades, para asignar las calificaciones convenientes a las citadas propiedades inmobiliarias, de forma que se permita su introducción en el mercado, salvaguardando los intereses de las partes intervinientes.
Las actuaciones más importantes del Ministerio de Defensa en la provincia de Madrid incluyen el Plan Campamento,

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el Convenio firmado con el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad Autónoma de Madrid y la venta de una serie de propiedades de gran superficie. En lo sustancial los datos precisos más significativos son los siguientes: Por lo que respecta al cuartel Capitán Guiloche, de Vicálvaro, el día 4 de octubre del año 1990 se firmó un acuerdo marco con el Ministerio de Educación, en virtud del cual se ha instalado la Universidad «Carlos III» en una parte de sus terrenos.
El resto se encuentra en fase avanzada de reversión a los titulares anteriores y enajenación directa a los colindantes en su caso. En cuanto a la residencia de oficiales y suboficiales del cuartel Capitán Guiloche en Vicálvaro, se ha firmado recientemente un Convenio con el Ayuntamiento de Madrid para su transmisión a éste. El parque de ingenieros, en Ciudad de los Ángeles, está en fase de desafectación para ponerlo a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la posterior negociación con el ayuntamiento para su venta. El parque central de material de automoción en Villaverde es una propiedad procedente de expropiación y está desafectado. La Gerencia realiza, en consecuencia, todos los trámites pertinentes de depuración física y jurídica, habiéndose realizado los expedientes de reversión correspondientes.
La propiedad de los almacenes del Ejército del Aire en Vicálvaro se está negociando en estos momentos con Aena para su posible transmisión a este organismo. Sobre los terrenos de la popularmente conocida como Dehesa de los Carabancheles, que en la actualidad se denomina también con el nombre de Plan Campamento, se están haciendo todos los estudios previos por parte del Cuartel General del Ejército sobre las instalaciones que se van a abandonar y se está en la fase previa de negociación con los ayuntamientos implicados. En particular, en la zona donde estaba asentado el polvorín de Retamares, en el monte Gancedo, están ya muy avanzadas las negociaciones con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la Comunidad Autónoma de Madrid para la firma de un Convenio.
En las propiedades denominadas El Pañuelo y La Bota, que forman parte de los antiguos campos de instrucción en esta misma Dehesa de los Carabancheles, una vez aprobada definitivamente la revisión del Plan general de ordenación urbana de Alcorcón, se ha interesado la correspondiente cédula urbanística con el fin de proceder a su introducción en el mercado.
El inmueble de la calle Fortuny, número 4, está ocupado en la actualidad por la Fiscalía General del Estado y se está en conversaciones con el Ministerio de Justicia para su adscripción definitiva a este Ministerio. La finca 9.366 de Pozuelo de Alarcón, que forma parte del campo de instrucción y adiestramiento del Regimiento de Caballería Villaviciosa, número 14, incluye 210.922 metros cuadrados que se han contemplado en el Convenio, al que antes he hecho referencia, con el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad Autónoma de Madrid, ya que necesitan nuevos accesos para la Ciudad de la Imagen y Kinépolis. Ésta es, en definitiva, la situación específica de los proyectos de infraestructura que tiene el Ministerio de Defensa en estos momentos en Madrid.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra.


La señora SABANÉS NADAL: Desde el Grupo de Izquierda Unida se ha tratado de intervenir, a partir de nuestras posiciones en el ámbito local, en lo que significaba la incidencia de los proyectos que se planteaban sobre suelo público, concretamente en la ciudad de Madrid y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero nuestros datos son algo diferentes a los que se han dado hoy aquí. Nosotros planteamos que en los 21 distritos de Madrid había superficies, que están consideradas en el nuevo Plan general de ordenación urbana, de 9.722.661 metros cuadrados, con una posible edificabilidad lucrativa de más de 3.600.000 metros cuadrados, y con un volumen de viviendas importantes en lo que respecta a las diferentes actuaciones y que afectan en este caso al Ministerio de Defensa.
Anosotros, teniendo en cuenta los datos que hoy nos ha aportado aquí el secretario de Estado, nos gustaría tener una mayor precisión sobre todas las actuaciones en los terrenos públicos del Ministerio de Defensa. En concreto, nos gustaría saber -y si no puede aclarárnoslo ahora le rogamos que nos sea enviada la documentación pertinente- la situación de negociación por lo que afecta al denominado Plan Campamento en el distrito de Carabanchel, que tiene una incidencia importantísima porque afecta a dos millones de metros cuadrados.
Según nuestra información, existe un compromiso previo en esta operación en la parte más importante, en uso lucrativo y en uso de viviendas, con una edificabilidad importantísima en el número de ellas, y queríamos que nos dijera exactamente cuál es la negociación sobre los terrenos que están afectando a esta parte de la operación Campamento; cuál es la intervención que va a tener Defensa en esos proyectos y cómo está la situación del Convenio que, según nos ha informado, está en vías de negociación; sin embargo, según nuestra información, que la extraemos del propio Plan general de ordenación urbana, no es que estén en negociación con el Ayuntamiento de Madrid, sino que hay un plan formalizado de unas determinadas características.
También quisiéramos saber la situación de propiedad en lo que afecta al parque central de ingenieros de Villaverde y lo que significa la posibilidad de intervención en esta zona de la ciudad de Madrid. En todo caso, por lo que afecta al conjunto de los distritos, fundamentalmente a la zona de la operación Campamento, a Carabanchel y a Villaverde, quisiéramos tener los datos exactos, primero, de la situación de la propiedad; segundo, de la situación que usted conoce en este momento que pone en ventaja al Ministerio de Defensa, puesto que la situación que afecta a los terrenos es la que es y se extrae del Plan general de ordenación urbana; por tanto, la situación de posibles convenios, que tienen una menor incidencia, porque los planes están ya muy adelantados; tercero, cuál es la participación de Defensa con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y, finalmente, si nos puede dar con mayor precisión los términos del Convenio con el Ayuntamiento de Pozuelo que, como ha explicitado, está a punto de firmarse con los terrenos que afectan al Ayuntamiento de Pozuelo.
Para terminar, le pedimos, desde mi Grupo, que los datos que no nos pueda dar aquí, y que afectan a convenios,

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a propiedades y a la situación exacta de todos los terrenos y los bienes inmuebles en la Comunidad de Madrid, nos sean enviados

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, no voy a profundizar en los aspectos concretos de la política de desafectaciones que se está llevando a cabo en Madrid ni tampoco voy a inquirir sobre otros aspectos concretos de dichas desafectaciones. Quisiera aprovechar la oportunidad que nos brinda la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para poner sobre la mesa la necesidad de desatascar la tramitación de un proyecto de ley que el Grupo Popular presentó en esta Cámara en diciembre de 1996 proponiendo la modificación de la ley de creación de la Gerencia de Infraestructura, que creemos pondría una cierta racionalidad en toda esta política de desafectaciones que se está llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestro país.
Me he entretenido en mirar qué ha pasado a lo largo de esta legislatura y puedo decirles que ésta es la 33 iniciativa que presentan los grupos sobre políticas concretas de desafectación. Esto se produce porque la proposición que presentó en su momento el Grupo Popular, que a mí me pareció muy interesante, está aquí atrancada, no sé la razón, y nadie dice nada de por dónde va a salir. Quiero recordar a los miembros de esta Comisión que la proposición, después de muchísimas ampliaciones, tenía un plazo para emitir dictamen hasta septiembre de 1998. Voy a rememorar las fechas: entrada en Comisión, diciembre de 1996; emisión de dictamen, por última vez, septiembre de 1998. Estamos a mayo de 1999 y no sabemos qué pasa y mientras tanto los grupos tienen que seguir reiterando peticiones en relación con lo que está pasando con las políticas concretas de desafectación de propiedades militares, algo que se debería resolver de una vez por todas, porque no puede ser que a lo largo de esta legislatura hayan tenido lugar 33 iniciativas para ver lo que está pasando en cada provincia con las propiedades desafectadas, propiedades que ya no tienen interés para Defensa. Yo estoy seguro de que todos o casi todos los que estamos en esta sala compartimos la necesidad de esta ley; el Grupo Parlamentario Socialista, por no hablar por los otros, estaría encantado de tramitar la iniciativa que presentó en su momento el Grupo Popular, y no entendemos por qué pasan estas cosas.
Aprovechando la presencia del secretario de Estado, a mi Grupo le encantaría que, a raíz de la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, nos pudiera aclarar cuáles son los pensamientos que tiene el Ministerio acerca de esta proposición, a ver si de una vez por todas podemos ayudar a resolver esta política concreta de desafectaciones sin necesidad de que todos los parlamentarios de cada una de las provincias tengan que preguntar al secretario de Estado cuál es la política concreta en cada uno de los edificios, de los terrenos o de los acuartelamientos que ya no tienen interés para Defensa y que son requeridos por las distintas iniciativas o instituciones públicas y privadas de cada una de sus provincias.
El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, seguramente ya conoce los términos del problema al que acaba de aludir, pero permítame informarle a usted, y de paso a todas SS.SS., que, al estar esa proposición de ley afectada por la ley de acompañamiento, que fue aprobada en su momento, tiene una tramitación compleja, difícil y estamos esperando a ver el dictamen que se emite para ponerla en marcha. No obstante, S.S. tiene toda la razón, porque, efectivamente, es una iniciativa que lleva paralizada mucho tiempo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Herrera Antonaya.


El señor HERRERAANTONAYA: Señor secretario de Estado, como es lógico, quisiera comenzar agradeciendo en nombre del Grupo Popular su presencia ante esta Comisión y, sobre todo, sus explicaciones sobre los planes y posibles usos de equipamiento militar en vía de desafectación o desafectados de la Comunidad de Madrid. Asimismo, quiero agradecer, cómo no, al presidente de la Comisión, la oportuna explicación que ha dado respecto a la intervención del señor Moragues, ya que me ahorra la mía. Evidentemente, es un problema de procedimiento de la Cámara y ahí está, pero el interés de nuestro Grupo, que fue el Grupo proponente, es que esa proposición de ley salga adelante.
Como quiera que este tema es recurrente en esta Comisión, como bien se ha manifestado antes, al menos en su planteamiento general referido a distintas ubicaciones geográficas, muchas de las consideraciones que se puedan hacer ahora por nuestro grupo son consecuentes con las mantenidas desde hace tiempo y están recogidas en los «Diarios de Sesiones», por lo que a ellas me remito. En cualquier caso, quiero resaltar una vez más el apoyo de mi Grupo a todas aquellas iniciativas del Ministerio de Defensa que, en consonancia con lo expuesto en las leyes 28/1984, de 31 de julio, y 32/1994, de 19 de diciembre, permitan que la supresión o traslado de determinadas unidades impliquen nuevos usos adaptados a las necesidades ciudadanas, de los que puede ser un buen ejemplo la creación de la Universidad «Carlos III», en Getafe, y también puede permitir una mayor flexibilidad en la gestión de las infraestructuras de nuestros ejércitos. Además, debemos tener en cuenta la importancia que pueden tener en el proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas los recursos generados por las enajenaciones de instalaciones con interés económico cierto y que, por tanto, no pueden ser cedidas gratuitamente.
En este sentido, y centrándome en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, se debe tener muy presente tanto el elevado número de instalaciones militares susceptibles de ser desafectadas, o al menos su volumen, como la importante carencia de suelo urbano que, como recordaba hace unos días el vicepresidente segundo del Gobierno, influye decisivamente en el incremento desproporcionado del precio de la vivienda. Por tanto, nuestro Grupo considera imprescindible que se agilicen al máximo desde la Gerencia de Infraestructura los procesos de desafectación, enajenación y negociación del Convenio con los distintos ayuntamientos y con el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, especialmente en operaciones de la magnitud que tienen los planes referidos a Campamento y Retamares,

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pese a que entendemos que en ocasiones pueden ser lógicas determinadas demoras derivadas, más que de la naturaleza legislativa del proceso, de los propios procedimientos, por ejemplo, los procedimientos de subasta que rigen con carácter general las enajenaciones de Patrimonio del Estado.
Por todo ello, señor secretario de Estado, simplemente quiero incidir en la importancia de acelerar todos esos procesos. En ese sentido, y en el que apuntaba el portavoz del Grupo Socialista de mejorar los trámites legislativos, van a encontrar siempre la mano abierta del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Voy a contestar a cada una de las intervenciones en el orden en que se han producido.
A la señora Sabanés le diré que creo que he explicado claramente cuál es la situación del proyecto Campamento. La realidad es que este proyecto está en estos momentos en fase previa a la desafectación, es decir, todavía está afectado a las Fuerzas Armadas, en concreto al Ejército de Tierra, y mientras tanto lo que estamos haciendo es ir en la línea de lo que apuntaba el diputado Herrera Antonaya: tratar de prever cuáles pueden ser las utilizaciones de Campamento, algunas de las cuales pasan por la propia gestión de la reversión de los antiguos titulares, a otras por la gestión que tenga que hacer Defensa de acuerdo con el marco legal en el que en estos momentos se tiene que mover desde el punto de vista de la infraestructura. Por tanto, del Plan Campamento no le puedo adelantar más, tan solo que, efectivamente, seguimos con los trámites de desafectación con el Ejército de Tierra de aquellas parcelas que se van quedando sin utilidad para Defensa y a partir de ese momento comenzaremos a hablar con los respectivos interesados, sean ayuntamientos, instituciones u otras personas físicas o jurídicas.
Con respecto al tema del parque de ingenieros de Villaverde, la situación precisa de este parque no la conozco en este momento, pero, como S.S. me ha dado la oportunidad, le enviaré por escrito el informe de cómo está ese cuartel en la actualidad.
Creo que en esta comparecencia se ha informado cumplidamente en cuanto a las otras posibles propiedades, las importantes. No obstante, podemos hacer un exhaustivo informe, de hecho ya lo hemos elaborado y creo que se ha enviado en repetidas ocasiones a los grupos parlamentarios la situación precisa de cuáles son los metros cuadrados, la situación jurídica previa a la desafectación, las propiedades desafectadas y en poder de la Gerencia, pero le reitero que enviaré a S.S. el estudio que ya hemos mandado en otras ocasiones, aunque adaptado al día de la fecha en cuanto a las propiedades que tenemos en Madrid.
Quiero hacer una aclaración. Lo que nosotros tratamos de hacer desde el marco de la gestión es agilizar al máximo la puesta a disposición del mercado participado por los intereses particulares y generales por las diversas instituciones, la puesta a disposición de la sociedad, vamos a decirlo así, de los bienes que ya no son útiles para Defensa, ya digo que dentro del marco jurídico que tenemos establecido y teniendo en cuenta el fin político básico de poder descargar el presupuesto de Defensa ordinario con lo que es la gestión de activos ociosos de manera eficiente, que yo creo que es la mejor forma de cumplir con la tarea que tenemos asignada.
Al señor Moragues sólo quiero decirle que, efectivamente, el señor presidente ha dicho ya cuál es el trámite, en lo que es una cuestión interna parlamentaria; nos lo ha aclarado y creo que es manifiesta la voluntad del Partido Popular de empujar ese proyecto hacia adelante.
Ese proyecto tiene que tener las características de no perjudicar, en absoluto, lo que es un principio de gestión que viene de una ley que, en su día, el Gobierno anterior estableció, y que éste comparte, porque entiende perfectamente, salvo esos matices que presenta el Partido Popular, que esta política de activos ociosos es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, repito, para que Defensa grave menos a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, creo que el trámite va por su línea y la gestión va por donde tiene que ir.
Creo que las preguntas de SS.SS. en relación con lo que hacemos con determinados aspectos inmobiliarios específicos en cada región española tienen relativamente que ver con la ley. Es decir, creo que hay muchas preguntas de SS.SS. que van orientadas a saber cuál es la particular gestión que se está haciendo, no ya por el hecho de la ley, sino por el hecho de los intereses de los propios ayuntamientos, que se manifiestan en esta Comisión en relación a si se puede acceder a un determinado Convenio que tienen con ellos, etcétera.
Quiero decir que entiendo que la vinculación directa, inmediata y necesaria entre la aprobación de la ley y las preguntas de SS.SS.
interesándose por los aspectos concretos de la política inmobiliaria del Ministerio en las respectivas regiones españolas no encuentro que sea al 100 por 100 precisa. Creo que en algunos casos sí tiene una determinada vinculación, pero cuando se pregunta concretamente qué se va a hacer desde el punto de vista de aquellos activos que no tienen una utilidad económica cierta.
En cuanto a la intervención del señor Herrera Antonaya, quiero agradecerle el apoyo que presta a la acción del Gobierno en este asunto. Efectivamente, creo que en su día se discutió la sensatez de impedir -sobre todo porque empezó siendo una manera de proteger no sólo los intereses de la sociedad en relación con determinados activos del Ministerio de Defensa- el deterioro del tiempo sobre esos activos, al ser su gestión inmobiliaria, a veces, lo suficientemente complicada como para que, no pudiendo el Ministerio dedicar recursos suficientes a la guarda y cuidado de los edificios, éstos se deterioraban, incluso desde el punto de vista estrictamente mercantil que establecía la Ley de la Gerencia de Infraestructura, por lo que incluso desde ese punto de vista podían perder más valor que el que realmente se hubiese obtenido en el caso de que esos cuidados se pudiesen haber mantenido.
Eso se podía solventar cediendo esos edificios a determinadas instituciones políticas o sociales que les pudiesen dar una determinada utilidad, aunque fuese una utilidad temporal parcial, y en esa línea creo que estamos encantados de que el procedimiento legislativo vaya hacia adelante.


- ELACCIDENTE PRODUCIDO EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE BARBATE (CÁDIZ) POR UN VEHÍCULO AÉREO PILOTADO A CONTROL REMOTO (RPV) DE LAS FUERZAS AERONAVALES

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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 213/000720.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2, comparecencia solicitada también por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para informar de un accidente producido en el término municipal de Barbate (Cádiz) por un vehículo aéreo pilotado a control remoto (RPV) de las Fuerzas Aeronavales de los Estados Unidos de América.
Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Hace, aproximadamente, un año el señor diputado don Willy Meyer formuló una pregunta similar, interesándose por un accidente aéreo que tuvo lugar en el término municipal de Barbate en el verano de 1996.
Los órganos competentes en la actividad aérea de la zona realizaron una investigación exhaustiva sobre este supuesto accidente, incluyendo dicha investigación al Servicio de Operaciones Navales de la Marina de los Estados Unidos, en la base naval de Rota, constatándose que en dicha fecha no se realizó ejercicio alguno en el que se utilizasen aeronaves no tripuladas.
Al recibirse esta nueva solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se amplió la investigación de años anteriores, encontrándose un incidente de características parecidas a las que se refiere S.S. Dicho incidente se produjo a las 8.00 horas del 3 de septiembre de 1993 y, en efecto, una aeronave no tripulada se estrelló en el municipio de Barbate. El impacto de la aeronave se produjo en la zona conocida como Paternilla, en la finca propiedad de don Salvador Sánchez, ocurriendo los hechos con arreglo a la siguiente secuencia: aproximadamente, a las 7.50 horas de la mañana del día 3 de septiembre del año 1993, los vecinos de la zona denominada Paternilla escucharon un ruido producido por los motores de un avión que volaba, al parecer, a gran altura. Este avión, según los testigos presenciales, llevaba rumbo sur y al llegar a la vertical de la casa de Ribera varió repentinamente el rumbo, girando hacia el norte, y comenzó a perder altura a gran velocidad, estrellándose segundos después en el punto anteriormente señalado.
La Guardia Civil de la 4.ª compañía y puesto de Vejer de la Frontera montó un dispositivo de seguridad sobre los restos de la aeronave hasta las 8.00 de la tarde. Aesa hora aparecieron sobre la zona dos helicópteros norteamericanos tipo «HC-6». Uno de estos helicópteros se posó unos instantes en las inmediaciones de la aeronave siniestrada, reemprendiendo el vuelo inmediatamente. Tras este primer aterrizaje, tomó tierra el segundo helicóptero, procediendo su dotación a la recogida de los restos del aparato siniestrado.
Asimismo, se ha comprobado que el vuelo de reconocimiento del RPV, la aeronave no tripulada que dio origen al accidente, estaba incluido en las operaciones programadas durante la ejecución del ejercicio anfibio hispanonorteamericano, «Phixblex-93», ejercicio que había sido debidamente autorizado.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE:Muchas gracias, señor secretario de Estado por su información.
Quiero decirle que nosotros, lógicamente, cuando se nos facilitaron las fotografías del accidente inmediatamente hicimos esta pregunta, porque nos sorprendía que un accidente de este tipo hubiese pasado inadvertido, tanto para la opinión pública, en su momento, como para las autoridades civiles de la zona.
Hicimos esta pregunta y ahora solicitamos esta comparecencia porque sentimos una preocupación especial por todo lo que está significando una cierta avidez de los servicios de inteligencia norteamericanos en la recogida de información, no sólo desde el punto de vista de sus operativos militares desplegados en Europa, concretamente en la base aeronaval de Rota, sino también porque con el informe STOA, del Parlamento Europeo, en la mano, nos damos cuenta de que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está creando un problema muy serio de interceptación de las comunicaciones telefónicas, analógicas, correo electrónico, etcétera, que también fue merecedor de una pregunta al Gobierno, por parte de este diputado, en cuya respuesta el propio Gobierno reconocía que existe un vacío legal y que sería necesario ir hacia un código de conducta internacional para parar los pies a estas agencias muy ávidas de información, aunque después cometan errores como el de la Embajada de la República Popular China en Belgrado.
Indudablemente, nosotros creemos que hoy este tipo de vuelos de un avión no pilotado y dirigido por control remoto es una pieza fundamental en las guerras modernas. Se empezó a emplear en la guerra de Vietnam y se ha utilizado en la guerra israelita contra los palestinos, pero en tiempos de paz el uso de todo lo que son los aviones de reconocimiento, en este caso el RPV, que, como saben SS.
SS., es un avión que tiene la ventaja de no ir tripulado y, por tanto, no tiene el riesgo que pueda tener otro avión tripulado, que lleva una cámara de filmación a todo tiempo, es decir, que puede filmar en cualquier condición meteorológica e incluso puede llevar infrarrojos, que puede volar a una altura muy baja y que puede entrar en cualquier espacio a 200 kilómetros de donde es lanzado y recoger a tiempo real toda esa información, en tiempos de paz, repito, ese tipo de vehículos indudablemente tiene que estar siempre absolutamente autorizado -en el caso de que sea así-, en cualquier tipo de maniobras, por las autoridades españolas.
Nos sorprendió esa contestación a que usted hace referencia, la que dio el Gobierno el 10 de junio de 1998, que decía: Por último, señalar que no existen antecedentes de autorización a las fuerzas aeronavales norteamericanas para realizar este tipo de ejercicio con aeronaves no tripuladas. Lo decía el Gobierno, ahora usted me dice que sí, que se autorizó, e indudablemente hay una contradicción que tendríamos que resolver, porque, por la información de que nosotros disponemos, el modo en que actuó el ejército norteamericano, en este caso el personal que se desplazó en el helicóptero «Chinook», no se corresponde con un método conforme a nuestro ordenamiento judicial, a nuestras normas judiciales, porque cualquier aparato que caiga sobre nuestro territorio indudablemente tiene que ser custodiado

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por la Guardia Civil, a la espera de que llegue la autoridad judicial competente, investigue el tipo de avión, la carga que lleva, el responsable o responsables de esa nave y si estaba autorizada. Éstas son las obligaciones que se tienen (y, además, aplicando el sentido común, no podría ser de otra manera) para garantizar la seguridad de nuestro territorio y para tener la seguridad de que cualquier vehículo, cualquier aeronave que sobrevuele nuestro territorio, si cae, hay que comprobar qué tipo de nave es, qué tipo de carga lleva, etcétera.
Yo creo que la impunidad con la que actuó el personal de las fuerzas aeronavales norteamericanas suele ser ésta, a la que nos tienen acostumbrados en Rota. Da la sensación de que Rota es como si fuera un territorio de Texas y no es así. Los norteamericanos tienen que ser conscientes de que están en un país que tiene unas leyes, que tienen que tener la autorización siempre preceptiva para el desplazamiento de cualquier nave o aeronave militar, especialmente éstas, y que en el caso de que haya un fallo tienen que comportarse conforme a nuestras leyes. Digo que ya estamos acostumbrados porque tambien se produjo un accidente del barco mercante «J. J. Sister», que fue origen de una comparecencia, con una fuga de fuel-oil impresionante sobre las playas de Rota, y el capitán se fue a Estados Unidos sin rendir cuentas desde el punto de vista administrativo e incluso penal sobre esa responsabilidad. Es decir, hay una cierta impunidad a la que hay que poner coto. Éste es un tema muy delicado porque, insisto, estamos hablando no de un avión cualquiera sino de un avión que recoge información a todo tiempo y que, en tiempos de paz, si se autoriza, que yo tengo mis dudas sobre si se debe autorizar este tipo de vuelos, siempre tiene que estar supervisado por el Gobierno y, desde luego, en caso de cualquier fallo, debe ser incautado todo el material y puesto a disposición de la autoridad judicial.
Tiene usted que comprender que entre la información que usted me ha dado y la respuesta que me dio el Gobierno hay una contradicción importante y yo no sé en estos momentos cómo resolverla. Pero pensando sobre todo en el futuro, a mí me gustaría que en esta intervención pudiera aclarar, en primer lugar, si siguen utilizándose estos vehículos en las maniobras que se realizan conjuntamente con las fuerzas aeronavales de Estados Unidos, concretamente de la VI Flota; en segundo lugar, en el caso de que se sigan utilizando este tipo de vuelos, si la Administración española dirige y se incauta de todo lo grabado por estos vehículos; y, en tercer lugar, en caso de accidente, si usted considera que la actuación que se tuvo en este accidente es la que debe ser la habitual, es decir, no esperar a que la autoridad judicial intervenga, no esperar a que se pongan a disposición de las autoridades judiciales los restos del vehículo para su identificación hasta saber exactamente la carga que lleva.
Nos gustaría saber si en el futuro se produjese algún accidente, en el caso de que el Gobierno siga autorizando este tipo de vehículos, si el comportamiento de las autoridades españolas va a ser el mismo que tuvo en este accidente.
Termino, señorías, planteando que, para Izquierda Unida, la base aeronaval norteamericana de Rota -la base de utilización conjunta, como siempre me rectifican mis colegas del Partido Popular- debía dejar de existir en lo que se refiere a la presencia norteamericana. Esto no es nuevo para SS.SS. Para Izquierda Unida el despliegue actual de las 26 bases que tiene Estados Unidos en el mundo nos parece una exageración y creemos que no es un modelo a seguir por ninguna de las grandes potencias que existen o que puedan existir, y el papel que está jugando la base aeronaval, incluso con la posible ampliación que ha requerido la administración norteamericana para ampliar la base principal y el muelle, después de la Cumbre de Washington, nos llena de gran preocupación porque se está convirtiendo en una gran plataforma, tanto de lanzadera física de vehículos navales y aéreos como en una gran base de lo que es la guerra electrónica, la información, la contrainteligencia, y eso nos llena de una gran preocupación. Si a ello añadimos que es posible que se sigan produciendo estos vuelos sin ningún tipo de control, porque por la información que usted nos ha dado no existe ningún tipo de control, esa preocupación va en alza.
Esperemos que en esta comparecencia seamos capaces de sacar en claro, después de la información que usted nos ha dado y la respuesta del Gobierno, si existían antecedentes de autorizaciónn o no a las fuerzas aeronavales norteamericanas para realizar este tipo de ejercicios con aeronaves no tripuladas.
Sus señorías tienen a su disposición todo el reportaje fotográfico que, en su día, un vecino de Barbate muy amablemente me facilitó en relación a las características del avión, el resto del fuselaje, la cámara de grabación a todo tiempo, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez López.


La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Voy a ser muy breve porque nos gustaría que no se trasladase a la opinión pública que este Parlamento ocupa demasiado tiempo en analizar un hecho que sucedió hace seis años; creo que ello no abunda en una imagen demasiado positiva de los representantes populares.
Solamente quería decir que a nosotros nos alegra que, aunque sea un año más tarde, el Gobierno haya decidido hacer su trabajo correctamente y haya puesto todos los medios a su disposición para responder a una pregunta, aunque extemporánea, realizada por este Parlamento. Hace un año se contestó al señor Meyer que no había pasado nada y ha tenido que volver a preguntar para que este Gobierno investigue y dé una contestación correcta.
Según la información que nos ha facilitado el Gobierno, parece que todo se realizó correctamente, que el avión siniestrado estaba trabajando dentro de una maniobra perfectamente autorizada, y que todo se realizó conforme a las leyes y a los reglamentos o, al menos, así hemos creído entender. Por tanto, sólo nos resta decir que nos alegra que, al final, esto quede absolutamente claro y, en todo caso, nos gustaría que no se utilizara, por parte de ningún grupo, un tema tan aislado como éste para traer a colación un debate que creemos superado por la sociedad española y que se esté intentando que rebrote el tema de OTAN, no; bases, fuera; yanquis go home. Nos parece que si ése es un debate que se quiere volver a plantear a la sociedad española, los grupos políticos están en su derecho de hacerlo,

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pero que lo hagan con claridad y no trayendo a colación a este Parlamento un incidente de hace seis años, por otra parte perfectamente claro para todo el mundo y, según nos ha dicho el Gobierno, también para nosotros. Insisto en que todo el mundo está en su derecho de reabrir los debates que le parezca, pero intentando que el Parlamento no quede en un lugar que no nos parece el adecuado, tratando temas de hace seis años. Podemos debatir aquí, si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida así lo considera, las relaciones con la OTAN, las relaciones con los Estados Unidos, desde el punto de vista de la defensa, en un debate que tenga ese nombre, pero no en una comparecencia solicitada al hilo de un accidente que sucedió hace seis años y con unas fotos que más parece que estamos hablando de un expediente X que de algo que tenga realmente que ver con la defensa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez Haro.


El señor IBAÑEZ HARO: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del secretario de Estado, señor Morenés, en la Comisión. Mi grupo entiende que la información que nos ha facilitado es adecuada, suficiente y, sobre todo, bastante clarificadora de lo que ocurrió la mañana del día 3 de septiembre de 1993. Ésta es la tercera vez, señor presidente, que este tema de tan vital importancia para la provincia gaditana viene al Congreso de los Diputados. La primera la contestó el Gobierno, como se ha dicho anteriormente, el día 10 de junio de 1998, se publicó el 13 de agosto del mismo año y ya era suficientemente clarificadora en su momento, puesto que era una pregunta del portavoz de Izquierda Unida sobre ese accidente que había ocurrido en el verano de 1996. Se le contestaba que, efectivamente, en el verano de 1996 no se había realizado ningún ejercicio en esa zona.
Pero, además, hay un último párrafo del Gobierno que es clarificador, cuando dice que el uso de RPV, en su caso, siempre se contempla en el marco de ejercicios nacionales o combinados, debidamente programados y autorizados. Luego no existe ninguna contradicción entre la pregunta y lo que se viene a contestar después de una segunda investigación. Aquí se dice claramente que el ejercicio Phiblex-93 estuvo debidamente autorizado, con lo cual lo que hace es ratificar la respuesta que da el Gobierno.
De todas maneras, con esta pregunta no se queda contento y recientemente en concreto el 10 de marzo de 1999, comparece el ministro de Defensa para otro tema, y nuevamente sale la pregunta, que es contestada por el señor ministro en los mismos términos que acaba de contestar el señor secretario de Estado.
Como muy bien ha dicho la portavoz socialista, esto ya se está convirtiendo en un culebrón y esperemos que aquí se pare y que en la segunda parte no venga el suceso de Palomares, porque nos estamos retrotrayendo a accidentes de hace ya una década.
Ironía aparte, señor secretario, sólo nos queda reiterarle nuestro agradecimiento por las respuestas y por la aclaración, una vez más, del suceso de Barbate.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señorías, por sus intervenciones, que contestaré en el orden en el que se han producido.
Al señor Meyer quiero decirle que tratar de demonizar este tipo de aviones diciendo que sus capacidades son en sí mismas perniciosas no me parece algo que responda a la realidad. Es decir, esos aviones se utilizan, como S.S. ha descrito, en funciones militares de importancia, casi nunca en funciones,como S.S. ha señalado, de inteligencia, estratégica y no táctica, como es su real utilidad, y, por tanto, nada más lejos que tratarlos de constituir en una especie de esquema de gran espionaje que parece ser lo que S.S. sugería con su intervención.
Hay que tener en cuenta -aunque creo que ha sido ya contestado por el señor Ibañez, pero me gustaría incidir en esto- que la contradicción no es tal. Se aprueban las operaciones anfibias y no los vuelos uno por uno, como puede comprender perfectamente S.S., como no se aprueban los vuelos de los aviones F-18 o de las otras utilidades o de las salidas de los helicópteros o los desembarcos de los soldados uno por uno. Nada más lejos de la buena gestión militar. Por tanto, no debe de buscarse contradicción en lo que no hubo sino una información directa a una pregunta específica, datada con una fecha que S.S. esta vez no ha mencionado, pero que en su momento sí lo hizo. Por tanto, se contestó entonces.
Al no tener fecha la pregunta que formula S.S. esta vez, es cuando hemos investigado y ante la insistencia, perfectamente legítima y que respetamos enormemente, de S.S. tratando de averiguar si se produjo eso a lo largo de la historia, así se ha contestado, y no creo que eso sea una contradicción, sino una información más precisa a una pregunta más difusa.
En relación con la posición del Grupo de Izquierda Unida sobre la base naval de Rota, S.S. ha dicho que no es una postura nueva y verdaderamente no lo es. Sabiendo como sabe S.S. la posición del Gobierno en relación con ese asunto, no pienso dar una contestación distinta a la que ha dado el Gobierno. Por tanto, como la contestación que voy a dar no añadiría nada nuevo, me atengo a la del Gobierno, manifestada en repetidísimas ocasiones en este Parlamento.
En cuanto a la intervención de la señora Sánchez López, quiero decirle que hace un año nosotros contestamos a lo que se nos preguntó. Esta vez se nos ha preguntado otra cosa y hemos contestado con una profundidad mayor. Los hechos ocurrieron, como S.S.
reconocía, cuando ocurrieron, se preguntaron cuando se preguntaron y entonces y ahora creo que los hechos estaban perfectamente legitimados por los acuerdos que existen con los Estados Unidos de América y, por ello, se aprueban las operaciones. Ése es el ejercicio de la soberanía, que consiste en aplicar las convenciones internacionales que esa soberanía autoriza, que se hicieron con los debidos requerimientos desde el punto de vista democrático. En ese sentido, no tenemos otra cosa que decir, porque en cada momento hemos contestado lo que se nos ha preguntado.
En cuanto a la intervención del señor Ibáñez, quiero agradecerle la precisión que ha hecho, que me la ahorra a mí en relación con el aspecto contradictorio. Nosotros,

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como Gobierno, estamos dispuestos a contestar tantas veces cuantas haga falta a las inquietudes que SS.SS. tengan. Simplemente eso. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Aqué efectos, señor Meyer?

El señor MEYER PLEITE: Formulé dos preguntas al secretario de Estado y me gustaría que se sustanciara la contestación de las dos preguntas.


El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado creo que ha contestado a sus intervenciones, y si a alguna no ha contestado será porque le va a enviar alguna documentación.


El señor MEYER PLEITE: Formulé dos preguntas.
Le planteé, en primer lugar, si se sigue autorizando la utilización del RPV por parte de las fuerzas aeronavales norteamericanas. Y, en segundo lugar, si en caso de que exista un accidente como el que ocurrió en esa fecha, se procederá conforme a nuestras leyes.
Comprendo que el resto de los grupos parlamentarios no le den importancia a estos efectos, pero, desde luego, este grupo parlamentario cualquiera que sea el vehículo aéreo que caiga sobre nuestro territorio, cualquiera que sea la fecha en que se produzca el accidente, exigirá que se proceda conforme a las leyes. Es decir, no vamos a permitir que dos helicópteros lleguen y se lleven los restos.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Lamento no haber contestado específicamente a esa cuestión por que creí que en la propia contestación que he dado se incluía ese tema.
Estos vehículos que usted, ya lo he dicho al principio, considera en sí mismos como elementos de una gravedad extraordinaria, lo que no es en absoluto cierto ni desde el punto de vista militar ni por la propia maldad, que tengan estos vehículos, he dicho que son elementos de tipo táctico y que no se aprueban los vuelos uno por uno, sino que se aprueban las operaciones conjuntas, como las operaciones que realizan las fuerzas armadas extranjeras previo acuerdo con el Gobierno, en la manera que se precise, o los acuerdos que aprobará, en su caso, el Parlamento. Nosotros aprobaremos las operaciones y este tipo de vehículos, le vuelvo a decir, tienen la función que tienen.
No sé si en estos momentos se están utilizando estos vehículos, pero en nuestros acuerdos no excluimos, salvo las exclusiones de otro tipo, que evidentemente S.S. conoce, la utilización de este tipo de vehículos que, como digo, tienen una utilización táctica, operativa y no, como S.S. dice, para la creación de una red de espionaje de otro tipo.
Este Gobierno cumple la ley, y este Gobierno exigirá el cumplimiento de la ley. Nada más que eso. Creo que en la propia pregunta va implícita la contestación. Nosotros exigiremos el cumplimiento de la ley en cada momento.


- CAUSAS YEFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS SANTABÁRBARAYBAZÁN, ASÍ COMO OBJETIVO DE LA ENAJENACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y FÁBRICAS MENCIONADAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/ 000843.)

PREGUNTAS.


- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE RAZONES DE LA ENAJENACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ENTRE LAADMINISTRACIÓN Y LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN. (Número de expediente 181/002247)

El señor PRESIDENTE: La comparecencia número 3, ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Rodríguez Sánchez. Me dijo al principio de la sesión que iba a intervenir en la Comisión de Asuntos Exteriores. Así que, si no les importa, señorías, vamos a posponer un poco esta comparecencia. La pregunta número 5, que trata sobre el mismo tema, la vamos a acumular, a petición del Grupo Socialista, por lo que pasamos al resto de las preguntas.


- DEL SEÑOR HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APORTACIÓN DELEJÉRCITO ESPAÑOLA LAS TAREAS HUMANITARIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA CATÁSTROFE ACONTECIDA EN CENTROAMÉRICA. (Número de expediente 181/002044.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, del señor Herrera Antonaya, del Grupo Popular, sobre aportación del Ejército español a las tareas humanitarias realizadas con motivo de la catástrofe acontecida en Centroamérica. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)

Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor presidente, a los efectos de estar enterado del tema. ¿A qué hora está prevista la comparecencia?

El señor PRESIDENTE: No hemos fijado hora, le he dicho que le daríamos un poco de plazo. Yo les propondría a SS.SS, si les parece oportuno, dejarla para el final del orden del día, como hemos hecho en otras ocasiones. No se trata de poner una hora concreta, sino de dejarla para el final y si en ese momento el señor Rodríguez Sánchez no está, quedará decaída.
Señor Herrera.


El señor HERRERAANTONAYA: Señor secretario de Estado, quizás a estas alturas ya no esté de moda hablar de la catástrofe ocurrida el pasado año en Centroamérica toda vez que el centro de atención informativa se ha desplazado a los Balcanes como resultado de la tiranía del ejér cito

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serbio. Puede resultar irónico que la bestialidad producida por hombres pueda superar, incluso hacer olvidar en pocos meses, una gran catástrofe natural de las dimensiones de las causadas por el huracán Mitch, pero por desgracia es la realidad. En cualquier caso, mi grupo considera importante seguir mirando permanentemente hacia Centroamérica porque, una vez pasada la avalancha de solidaridad de los primeros días, los efectos siguen presentes en la zona. A este diputado le consta que el Gobierno español sigue trabajando en el tema, como lo demuestra su presencia en la reunión del grupo consultivo para el seguimiento de la catástrofe, que se celebrará en Estocolmo las próximas semanas, o el incremento de dotaciones y programas desde la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Por tanto, mi pregunta tiene como objeto, además de conocer en profundidad la importante aportación del Ejército español en las tareas humanitarias, hacer un reconocimiento a la también importante labor que hace el Ejército español en este tipo de misiones y servir de recordatorio a la necesidad de una cooperación sostenida en el tiempo. Quisiera además felicitarle por la sensibilidad demostrada en la planificación de las ayudas, al tener en cuenta no sólo las necesidades de emergencia sanitarias y alimenticias, sino también la instalación de puentes e infraestructuras necesarias para la vida diaria de aquella región, la reconstrucción de caminos, la instalación de potabilizadores, en definitiva, para devolver, en la medida de las posibilidades, la vida a su estado natural.
Por consiguiente, señor secretario de Estado, le formulo la pregunta que figura en el orden del día, deseando que nuestro Ejército tenga que hacer el menor número de intervenciones de ese tipo, pero que esté presente allí donde sea necesario.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): El huracán Mitch en Centroamérica saben ustedes que ha tenido unos efectos devastadores, tanto sobre la población como sobre su infraestructura. En particular, Honduras y Nicaragua, El Salvador y Guatemala han resultado especialmente afectados por el fenómeno, lo que activó la urgencia de los mecanismos de solidaridad internacional. La pérdida de vidas humanas, cifrada por ahora en 40.000 muertos, y los más de 3 millones de damnificados son datos que hablan por sí solos. España, vinculada históricamente a Hispanoamérica, demostró, una vez más, su solidaridad con estos países enviando ayuda humanitaria de urgencia por vía aérea en los momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe. Las Fuerzas Armadas españolas, partícipes desde el primer día en todo lo que ha significado ayuda humanitaria, han actuado de puente ante esa respuesta del pueblo español.
El total de personal de nuestras Fuerzas Armadas que ha participado en la operación ha sido de 757 hombres y mujeres. El Consejo de Ministros aprobó en los primeros días de noviembre de 1998 la concesión de ayuda humanitaria por valor de 1.600 millones de pesetas, que se repartían en Centroamérica por medio del puente aéreo. Los primeros vuelos efectuados por nuestras Fuerzas Armadas tuvieron como objeto transportar la carga más necesaria desde el punto de vista humanitario, como medicinas y alimentos. El día 5 de noviembre comenzó oficialmente el transporte de ayuda a Centroámerica con el envío a Managua de un avión C-130 del Ejército del Aire, con 10 toneladas de ayuda humanitaria. Al día siguiente, 6 de noviembre, se desplazó otro avión a Managua y El Salvador con otras 10 toneladas. Los días posteriores 7 y 8 de noviembre se enviaron dos aviones más a Tegucigalpa y Guatemala. Al mismo tiempo, el Gobierno ordenó el alistamiento del buque anfibio Galicia y se pusieron en alerta otros aviones del Ejército del Aire.
El 13 de noviembre, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se desplazó a la zona afectada por el huracán con objeto de tener conocimiento de los hechos de primera mano. Viajó acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno, don Francisco Álvarez Cascos, y se entrevistó con los presidentes de los cuatro países afectados.
También se reunió con las colonias de españoles en esos países y se interesó por su situación. El 13 de noviembre de 1998, y a petición de los gobiernos del área afectada, el Consejo de Ministros autorizó la actuación directa de unidades militares españolas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y contribuir a la reconstrucción de la región. En ese mismo consejo se dio luz verde a un paquete de medidas que ascendía a 27.500 millones de pesetas. Esta cantidad correspondía, por una parte, a 18.500 millones de fondos de ayuda al desarrollo y fondos de viabilidad, además de pagos de deuda de los créditos FAD hasta el año 2002, estimados en unos 7.500 millones de pesetas. Por otro lado, la compañía española de exportación acordó el perdón de una deuda con los países centroamericanos de aproximadamente unos 1.400 millones de pesetas. En días sucesivos se emitieron las órdenes preparatorias y las directivas precisas para regular la actuación de las unidades militares en Centroamérica, al tiempo que tuvo lugar un nuevo desplazamiento de un avión C-130 Hércules a Tegucigalpa con otras 10 toneladas de ayuda humanitaria.
Es de señalar que, si bien los primeros vuelos transportaban la carga más necesaria desde el punto de vista humanitario, como medicinas y alimentos, los envíos posteriores fueron para intentar restablecer lo más rápidamente posible la normalidad de los países. El personal y la carga a bordo del buque anfibio Galicia, que zarpó el 22 de noviembre, fue buena muestra de ello, porque se produjeron la reconstrucción de un puente sobre el río Negro, vía principal de comunicación entre Nicaragua y Honduras, que recayó sobre el Ejército de Tierra y más concretamente sobre la unidad de ingenieros de Salamanca. Se embarcaron 100 metros de puente tipo bailey en el buque Galicia y se dispuso lo necesario para que, sin desatender al resto de los países, se pudiese efectuar esta importante operación. También se embarcó en el Galicia material de reconstrucción para hospitales, siete plantas potabilizadoras facilitadas por Protección Civil, alimentación infantil, medicinas, ropa, elementos de cocina, conservas, etcétera, donadas por diversas empresas y organizaciones particulares.
El 17 de diciembre abandonó la base naval de Rota el buque anfibio Pizarro con 273 personas a bordo. Entre los días 2 y 15 de enero descargó ayuda humanitaria en Nicaragua, El Salvador y Honduras. La duración de la misión fue de 44 días y el número de personas asistidas se elevó a

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736. Las toneladas de ayuda humanitaria repartidas en este viaje fueron 400. El 8 de enero se inauguró el puente de la solidaridad tendido sobre el rió Guausanle, que une Honduras y Nicaragua. Al acto asistieron los presidentes de los dos países, ocho ministros, los jefes de los ejércitos y altas autoridades. La unidad de ingenieros que ha participado en esta tarea ha estado compuesta por unos efectivos de 145 personas. Su objetivo fundamental ha sido realizar trabajos de infraestructura viaria en Nicaragua y Honduras que superaron los 100 kilómetros de caminos arreglados. Al mismo tiempo, se efectuó una importante contribución sanitaria en las localidades de trabajo. Además del puente de Somotillo, en Nicaragua, también se ha instalado más recientemente un segundo puente en Juticalpa, en Honduras, que fue inaugurado el pasado 27 de abril.
Una vez atendidas las necesidades más urgentes con los medios que acabo de describir, el Gobierno consideró oportuno seguir manteniendo el proceso de ayuda humanitaria mediante apoyos no urgentes. Así, el pasado día 15 de marzo el buque anfibio Hernán Cortés abandonó la base naval de Rota con ayuda de naturaleza no urgente y unos efectivos de 259 personas. Entre los días 2 y 13 de abril descargó ayuda humanitaria en Nicaragua y Honduras. La participación de las Fuerzas Armadas españolas en este tipo de misiones se ha convertido ya en un elemento -si permiten el calificativo- tradicional en estos últimos años, una tradición que las honra y que facilita su disponibilidad a participar con plena eficacia en las acciones encomendadas. En el ánimo del Gobierno siempre ha estado presente la idea de que las Fuerzas Armadas constituyen un valioso instrumento de acción inmediata, imprescindible para este tipo de actuaciones, como lo demuestran las circunstancias que dolorosamente vivimos estos días. Desgraciadamente, las necesidades de los países en demanda de ayuda humanitaria no cesan de producirse y después de la tragedia de Centroamérica que acabo de referir, estamos siendo estos días testigos de intervenciones de las Fuerzas Armadas en ayuda humanitaria en Kosovo.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.


El señor HERRERAANTONAYA: Muy brevemente, señor presidente.
Simplemente, quiero decir que el pormenorizado relato de la ayuda hecho por el secretario de Estado habla bien a las claras de la importancia del trabajo de nuestro Ejército y hace sentirse bien orgulloso de ese trabajo a este diputado, y está convencido que al resto de la población española.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Quiero agradecer las palabras finales del señor diputado. Nada más.


- DELSEÑOR MARSALMUNTALÁ, DELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAELPROCESO DE SELECCIÓN DEL HELICÓPTERO DE ATAQUE PARA LAS FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA.
(Número de expediente 181/002260)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6, del señor Marsal Muntalá, del Grupo Socialista: situación en que se encuentra el proceso de selección del helicóptero de ataque para las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra.
Tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor secretario de Estado, cuando fue formulada esta pregunta, a finales de febrero, tenía un carácter más genérico y no venía motivada por situaciones posteriores que estos días están en primera página de los medios de comunicación, especialmente en relación con una de las opciones posibles de adquisición de este helicóptero de combate. Como digo, esto hace que esta pregunta cobre un sentido más específico que el que podía tener a finales de febrero.
Uno de los problemas que tiene nuestro Ejército de Tierra, y sobre todo nuestras fuerzas de intervención rápida, tanto en acciones de alta como de baja intensidad, es la necesidad de un apoyo aéreo cercano. Este apoyo aéreo cercano normalmente viene dado por un helicóptero de combate del que el Ejército de Tierra español no dispone en este momento. Por tanto, una intervención en circunstancias como las que podían darse en Kosovo u otras parecidas supondría un problema para la intervención de nuestros soldados, ya que tampoco otras opciones, como la utilización de aviones Harrier, que también es una opción, dado su tipo de entrenamiento y de dotación no permitirían este apoyo aéreo cercano. Esto convierte en más actual la pregunta que hoy le formulamos.
El 30 de junio de 1997 usted mismo, en el Senado, explicaba que estaban en estudio las posibles opciones. En aquel momento se estaban estudiando cuatro posibilidades, que, posteriormente, quedaron reducidas a las dos que realmente tenían más sentido, es decir, el Apache y el Tigre. Durante los años 1996 y 1997, el Ejército de Tierra realizó estudios para elevar al Ministerio un informe. Según mis informaciones, el 7 de enero de 1998 el Ejército de Tierra envió al Ministerio de Defensa su informe comparativo sobre los dos modelos, en los que hacía un estudio exhaustivo desde cuatro puntos de vista: la comparación de las plataformas, la comparación de la logística, la comparación de las capacidades operativas y, finalmente, la eficacia del sistema de armas en los dos modelos, Apache y Tigre. En principio, el objetivo inicial era que pudiese realizarse la adquisición del modelo que se decidiese a finales de 1998. Evidentemente, esto se ha retrasado y parece que podría ser para principios del año 2002; sin embargo, le planteo esta pregunta, dentro de la pregunta general: si hay ya una decisión sobre cuándo puede ser posible la adquisición, al menos de la primera docena de estos aparatos, sean los que sean. La falta de información, porque no voy a decir oscurantismo, que no sería la palabra adecuada, o la operación de informaciones que muchas veces son de radio macuto, lleva a situaciones incluso un poco surrealistas, como que en una publicación de carácter divulgativo, en fascículos que aparecen en los quioscos cada semana, aparezca

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una información que textualmente dice: También las fuerzas españolas (Famet) han demostrado interés por el Apache, que han preferido al Eurocopter Tiger. Y sigue diciendo que está previsto que se recibn doce AH-64 Apache hacia el año 2002, destinados en principio a la base de Almagro, Ciudad Real. Es decir, que en una publicación, que ni siquiera podríamos llamar especializada aunque tenga cierto grado de especialización, se hacen ciertas conjeturas. Además, esa publicación es traducción de una edición inglesa. Por tanto, los ingleses hacen ciertas afirmaciones que esta Cámara, y creo que el propio Ministerio, seguramente no están en condiciones de confirmar.
También deseamos que nos precise si la opción va a definirse en una compra inicial de 24 aparatos, ampliable a 6 ó 12 vehículos más. En este caso, si hablamos de alrededor de 30, estaríamos hablando de unos costes de adquisición y apoyo logístico posterior que podría situarse alrededor de los 150.000 millones de pesetas; por tanto, se trata de cifras significativas. Al parecer, por los informes que tenemos, el Ejército de Tierra se inclinaría por el Apache por criterios de eficacia militar; sin embargo, existen otros factores, como el industrial, que podrían inclinar la decidion hacia la fórmula franco-alemana de Eurocopter, el Tigre, lo que posibilitaría la participación industrial, que tampoco tendría por qué desdeñarse.
Últimamente hay otro elemento sobre la mesa que hace tal vez más urgente nuestra petición de que el Ministerio tome una decisión -con esto acabo, señor presidente-, y es que tanto Alemania como Francia tomaran la decisión de encargar a Eurocopter la fabricación de 80 Tigres para cada país, es decir, 160 vehículos. Si se da esta orden quiere decir que se pone en marcha el proceso de fabricación, y si la opción española fuese finalmente la del Tigre, sería lo más lógico y lo más rentable para nuestros intereses que la negociación se hiciese rápidamente. Esto supone tomar una serie de decisiones, por algunas de las cuales ya le he preguntado, y sobre todo la decisión fundamental: ¿cuál va a ser la opción del Ministerio de Defensa, el Apache o el Tigre? Todos estos elementos son los que nos llevan a formular esta pregunta, señor secretario de Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Es difícil añadir algo más a la brillante exposición que ha hecho S.S.
sobre la situación del helicóptero Apache. Lo que sí voy a hacer es comentar y contestar su pregunta en un orden distinto al que S.S. la ha planteado.
Evidentemente, la decisión más importante -siéndolo mucho la que se refiere a qué tipo de helicóptero se comprará- es la económico- financiera, porque 150.000 millones de pesetas suponen en el presupuesto del Ministerio de Defensa un programa de los que consideramos grande.
En cuanto a las informaciones, aunque S.S. lo ha matizado, el Ministerio de Defensa no tiene absolutamente ningún oscurantismo. Al revés, hemos manifestado desde hace tiempo cuál es nuestra posición en el tema del Apache y hemos dejado una cosa muy clara: la decisión que se adopte será la del Ministerio de Defensa, no la que tome una unidad de las Fuerzas Armadas. Ese es un tema evidente por las razones que usted apunta: Primero, porque tiene una enorme incidencia presupuestaria en el presupuesto total de la defensa. Segundo, porque como los programas de defensa tienen una enorme incidencia, no sólo operativa sino también industrial, habrá que sopesar cuáles son y se ha advertido a todos los ofertantes de helicópteros que debe tener enorme redundancia industrial en la mejora de la adquisición de tecnología por parte de España. Estoy seguro de que ambas compañías -que son las que usted ha dicho y las que hoy en día se barajan como suministradores de helicópteros de combate- están trabajando en ello. Tercero, desde el punto de vista de la defensa, probablemente lo más importante cualitativamente -no cuantivativamente, como ya he explicado- es elegir el helicóptero que tenga mayor eficacia operativa.
En ese sentido han venido haciéndose los estudios. Nosotros hemos solicitado a los cuarteles generales, al cuartel general en este caso, una evaluación operativa de los helicópteros, y en ella hay unos determinados aspectos que hacen que la propia diferencia existente hoy en día entre los dos helicópteros, que siendo dos helicópteros de ataque no son iguales ni tienen las mismas características, se definan dentro del ámbito operativo. Pero le puedo asegurar a S.S. que ambas compañías han conocido exactamente las necesidades operativas que tiene el Ejército de Tierra y ambas serán responsables de atenderlas o no. Una vez que tengamos el marco económico financiero suficiente para poder abordar este programa, tendrán muchísimo que ver en la decisión final que se tome. Así pues, lo operativo, lo industrial y lo económico será lo que marque la decisión del helicóptero de combate.
Hay un aspecto que S.S. ha señalado que conviene matizar.
Efectivamene, cuanto antes mejor, en todos los sentidos: en el operativo, en el económico y, desde luego, en el industrial, pero la situación es la que es y tendremos que afrontarla. Ambas compañías están jugando una baza muy fuerte en España porque, si bien el número de helicópteros que finalmente seamos capaces de entregar a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra en este caso, no es relevante, si lo comparamos con las inmensas cantidades que de esas unidades compran otros ejércitos, significa que tienen una importancia grande desde el punto de vista estratégico entre lo que pueda ser el mundo industrial norteamericano y el europeo. Esa posición también se tendrá en cuenta, sin lugar a dudas.
Respecto a cuándo podremos empezarlo, creo que depende de aspectos financieros que tendremos que estudiar a la luz de la capacidad presupuestaria de los años futuros. Yo no me atrevería a darle una fecha, pero sí le digo desde ahora que dentro de las prioridades, del Ejército de Tierra -como ha empezado S.S. explicando-, està un helicóptero de ataque, de combate, que es la pata coja -si se me permite la expresión- en estos momentos del Ejército de Tierra y, en consecuencia, es algo que afecta a la defensa de forma integral. Pero esa decisión tendrá que venir avalada, como no podía ser menos, por la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, que es quien, desde el punto de vista operativo, conjuntamente con el ministro, establece esas prioridades.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morenés.
Señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señor secretario de Estado por las informaciones que nos ha dado y por las preocupaciones que nos ha expresado, que nosotros también compartimos en líneas generales.
Nuestra preocupación al formular la pregunta o incluso en este momento con las nuevas circunstancias que se dan, no es tanto por la rapidez con que deba llevarse a la práctica la decisión que se tome; lo que nos preocupa es que el alargamiento en el plazo de la toma de decisión crea una serie de inquietudes en los sectores afectados, tanto en los que tienen que utilizarlo operativamente, Ejército de Tierra, como en las industrias españolas que, según la opción que se decida, van a tener una participación. Este alargamiento en la toma de una decisión da lugar a especulaciones mayores o menores, algunas de carácter muy circunstancial, incluso si se quiere cómicas -entre comillas-, como aquella a la que hacía referencia en mi primera intervención, especulaciones que pueden crear problemas.
Nosotros querríamos instarle a que se tome una decisión. Se podrán adquirir en el 2002, en el 2003 o en el 2004, será uno u otro, pero se debería hacer lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta el marco de posibilidades económicas y el marco de prioridades genéricas en las Fuerzas Armadas y más concretamente en el Ejército de Tierra.
Se debe tomar una decisión sobre estos aspectos porque alargarla puede dar lugar a especulaciones e inquietudes, que no son buenas para nadie. Tenemos la obligación, especialmente el Ministerio de Defensa que es quien debe tomar la decisión, de hacerlas desaparecer lo más rápidamente posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Compartimos plenamente la necesidad de tomar una decisión cuanto antes sobre aspectos, aunque sean parciales, de este programa. Debo decirle que, hemos trabajado intensamente durante estos dos años para poderla tomar y, si no la hemos tomado,no es por que sea un aspecto que concierna únicamente al Ministerio de Defensa, cuyo escenario presupuestario tenemos que establecer, sino a dos aspectos importantes que tiene una decisión de este tipo: uno, el aspecto operativo, con un helicóptero definido y otro por definir; y otro, el aspecto que afecta más al tema industrial; es decir, a las empresas por las que, después de un proceso de selección, hemos optado les cuesta -y lo digo claramente- definir el ámbito de cooperación industrial y nosotros tenemos absolutamente claro que los programas militares, sobre todo en situaciones como las que, afortunadamente tenemos ahora, a pesar de incidentes parciales en los que nos vemos involucrados, nos permiten tomar decisiones que no vengan basadas simplemente en uno de esos aspectos.
Permanecemos en constante vinculación con las empresas suministradoras, pero no vamos a tomar ninguna decisión que pueda interpretarse que está basada en la prisa, porque eso irá directamente en contra del escenario económico e industrial. Como afortunadamente la situación nos lo permite, trataremos de llevar a buen puerto una misión indirecta que tiene la defensa, pero importantísima, que es el impulso de la alta tecnología industrial en este país, que en este programa tiene mucho que ver con la incidencia de la cooperación que seamos capaces de conseguir del programa, y en eso estamos.


- DELSEÑOR MARSALMUNTALÁ, DELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON LA GENERALIDAD DE CATALUÑAY ELAYUNTAMIENTO DE L?HOSPITALET DE LLOBREGAT SOBRE EL FUTURO DE ACUARTELAMIENTO DE LEPANTO. (Número de expediente 181/002263)

El señor PRESIDENTE: Pregunta numero 7, también del señor Marsal Muntalá, sobre situación en que se encuentran las negociaciones del Ministerio de Defensa con la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de L?Hospitalet de Llobregat sobre el futuro del acuartelamiento de Lepanto.
Señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Entre las instalaciones desafectadas en Cataluña, y concretamente en Hospitalet de Llobregat, una de las más importantes es el acuartelamiento de Lepanto, por varios motivos: sigue siendo una de las instalaciones que queda y no sería correcto decir en el centro de la ciudad, pero sí en una zona urbanísticamente importante dentro del municipio de Hospitalet, pero ya en una frontera con el municipio de Barcelona y en una situación de un desarrollo urbanístico importante. Por tanto, esta instalación no es de una dimensión económica urbanística insignificante, sino muy importante.
Hace ya varios años, con el anterior Gobierno, empezaron las primeras negociaciones, primero con el Ayuntamiento y posteriormente, con la Generalitat de Catalunya, que mostró su interés en la adquisición, al menos parcial de este equipamiento, lo que dio una nueva dimensión a estas negociaciones. La verdad es que van pasando los años, están abiertas las negociaciones con la Consejería de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento está expectante, porque tampoco quiere interferir en el resultado de estas negociaciones, su voluntad es cooperar en lo que sea posible para un buen resultado, y los hechos se están alargando excesivamente. Esto nos ha llevado a presentar esta pregunta para que nos exponga en este momento en qué situación se encuentran las negociaciones con la Generalitat y cuáles son las perspectivas. Y, tal vez, si esto se encuentra en una situación sin salida, habrá que buscar fórmulas para llegar a una salida efectiva, ya que el Ayuntamiento cree que existen soluciones y solamente su voluntad de no interferir en los aspectos de negociación entre el Ministerio y la Generalitat, lo llevan a una cierta prudencia. Pero si no avanza será necesario tomar ciertas decisiones para desencallar una situación sobre la que tienen interés el Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Hospitalet.
Indirectamente, el Ayuntamiento de Barcelona

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también tiene gran interés en dar una solución definitiva al futuro de este acuartelamiento de Lepanto en la ciudad de Hospitalet.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Conoce S.S., porque así nos lo ha explicado en el planteamiento de su pregunta, la situación del acuartelamiento. Fue puesto a disposición de la Gerencia en enero de 1996. Antes de esa fecha se mantuvieron conversaciones con los ayuntamientos de Barcelona y de Hospitalet, dado el interés que tenían estas dos instituciones y toda vez que la propiedad se ubica en sus términos municipales, llegándose a firmar el 20 de diciembre de 1995, como nos informaba S.S., un preconvenio con ambos ayuntamientos para realizar estudios urbanísticos que dieran satisfacción a todas las partes intervinientes. No obstante, la entrada en las negociaciones de la Consejería de Justicia de la Generalidad, con sus proyectos sobre un futuro campus judicial, restó protagonismo a las corporaciones municipales que, como S.S. señalaba, cedieron el interés en la Generalidad para ver cómo se podría sustanciar ese interés, valga la repetición, de la institución catalana en el cuartel. Durante los años 1996 a 1998 se han mantenido conversaciones con la citada Consejería de la Generalidad, llegándose a cruzar borradores de convenios sobre el acuartelamiento entre la Administración central y la autonómica. La Gerencia, de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa continúa trabajando con estas instituciones locales, con las tres, para llegar a acuerdos que permitan la conversión de este activo ocioso en lo que es el fin de la Gerencia la infraestructura y el equipamiento. Existen algunas dificultades presupuestarias en la Generalidad para llevar adelante el proyecto que teníamos definido con las tres instituciones. Hemos urgido a la Generalidad con fecha para que nos diga cuál es su postura definitiva, teniendo en cuenta dos factores importantes: unola financiación de la defensa y, otro, el deterioro de las instalaciones que no podemos mantener sine die y sin cuidado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Querríamos exhortarle para que, en el mejor sentido de la palabra se realice la mayor presión posible para que la Generalitat tome una decisión y se pueda llegar a un acuerdo. Ha introducido usted un elemento importante, el deterioro de estas instalaciones, que es evidente día a día. Sin necesidad de entrar en el edificio, sólo pasando por su lado y teniendo en cuenta que atraviesa una importante arteria de comunicación en Barcelona, es evidente para todos los ciudadanos el deterioro que se está produciendo.
En el caso de otra instalación de características importantes y de un coste significativo, el Hospital Militar de Barcelona, últimamente se ha formalizado un convenio. No sé si se podría llegar a esa fórmula con la Consellería de Justicia de la Generalitat para desbloquear la situación. Sepa que por parte de los ayuntamientos existe el máximo interés en colaborar con la Generalitat para encontrar una salida definitiva, si no es posible con la Generalitat encontrar otra salida que tenga en cuenta los intereses de los dos ayuntamientos. Este grupo tiene gran interés en que se encuentre una solución y le exhortamos para que este asunto no se alargue más en el tiempo, porque si no la situación de desgaste del edificio puede llevar a un final nada bueno ni para los intereses del Ministerio ni para los intereses de los ciudadanos de Hospitalet y de Barcelona.


El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): En esa línea venimos trabajando y en el mejor de los sentidos de la palabra presión que sugería S.S. es en el que el Gobierno se ha puesto en contacto con la Generalidad de Cataluña. Yo creo que en un corto plazo seremos capaces de conocer la posición definitiva de la Generalidad en este aspecto. Nosotros somos enormemente flexibles para abordar un problema que entendemos que no es menor, porque el cuartel de Lepanto es una unidad enorme desde el punto de vista del inmueble, y por tanto seguimos abiertos a ello.
No sé si es extrapolable el sistema que hemos utilizado en el Hospital Militar de Barcelona, evidentemente, no en todas sus partes, porque cubre varios aspectos, pero sí le digo a S.S. que trabajamos en ello no solamente con insistencia sino con plazo. Por tanto, en el momento en que haya definición por parte de quienes están interesados en si es definitivo o no y si se puede sustanciar en un determinado plazo, si fuese así seguiríamos en la línea en la que estamos trabajando con las tres instituciones y si no seguiríamos trabajando con los que quisieran seguir en esa línea.
En cuanto al deterioro del edificio, no es algo que el secretario de Estado compareciente aporta al edificio, sino que es la propia circunstancia de la temporalidad, siempre proclive a la degeneración.


- DEL SEÑOR PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PLANES DELMINISTERIO DE DEFENSA SOBRE EL FUTURO DE LOS CASTILLEJOS (BAIX CAMP). (Número de expediente 181/002265)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha retirado la pregunta que tiene el número 8 en el orden del día y ha pedido el aplazamiento para otra sesión de la número 9.


- DELSEÑOR IBÁÑEZ HARO, DELGRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE DESVÍO DE LA LÍNEA DE TIRO DE LOS POLÍGONOS DE EXPERIENCIA COSTILLA Y GONZÁLEZ HONTORIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ. (Número de expediente 181/002442)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta número 10, del señor Ibáñez Haro, sobre situación del proyecto de desvío de la línea de tiro de los polígonos de experiencia Costilla y González Hontoria, en el término municipal de Cádiz.
Señor Ibáñez.


El señor IBÁÑEZ HARO: Señor secretario de Estado, los polígonos Costilla y González Hontoria tienen su origen en aquella batería de experiencia del viejo polígono de Torre Gorda, de 1857. Este polígono ha venido funcionando a lo largo de este siglo y ha constituido una servidumbre para la zona de Cádiz, concretamente para la de San Fernando y los caladeros de Barbate, Conil, Chiclana, etcétera. En la década de los ochenta se produce un acercamiento entre la autoridad de la zona marítima del Estrecho y el Ayuntamiento de San Fernando con objeto de utilizar la playa de Campo Soto y la playa del Castillo. Hay unos acuerdos verbales por los que la ciudad de San Fernando puede disfrutar de la playa de Campo Soto y de la playa de Castillo. Más tarde, en el año 1994, el Ministerio de Defensa llega a un acuerdo escrito con el ayuntamiento por el que se permite el uso de la playa en determinadas condiciones, en época estival, Semana Santa, Navidad; es decir, que hemos tenido una playa con puertas, como el campo, ya que no se podía utilizar en determinados momentos.
A lo largo de este tiempo ha habido una fuerte presión social por el uso y disfrute de la playa por los ciudadanos de San Fernando. Esa presión fue transmitida por determinados diputados que encontraron la sensibilidad del Ministerio de Defensa para tratar de compatibilizar los intereses económicos y turísticos de la ciudad con los intereses de la defensa nacional. Incluso se llegó a presentar un anteproyecto, que contemplaba una isla artificial y una carretera, que se mandó a las distintas administraciones, Ayuntamiento de San Fernando, Ayuntamiento de Cádiz, Consejería de Medio Ambiente y Demarcación de Costas. Este anteproyecto fue rechazado y el Ministerio de Defensa propuso una alternativa que está en estudio y que en gestiones personales que he hecho hace un par de semanas ante la Dirección General de Armamento, que es la competente en este tema, me dicen que el proyecto está muy avanzado, que la petición que hay de que se liberen las playas de Castillo y Campo Soto está contemplado y que, por tanto, por el Ministerio de Defensa se iba a anunciar próximamente en aquella zona la desafectaciòn y en qué consistía el proyecto. Este es precisamente el objeto de mi pregunta, cuál es la situación del proyecto, cómo está el tema en materia de medio ambiente, del ecosistema, cómo afecta a los caladeros de Conil y Barbate, e incluso el mismo proyecto que, al parecer, constituye un hito en el avance tecnológico que por lo visto tiene.
Señor secretario de Estado, quería hacerle esta pregunta para saber cuál es la situación, hacia donde vamos, y por eso doy por formulada la pregunta que viene en el orden del día con el número 10.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Los proyectos que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz satisfarán, entendemos, las necesidades expresadas por la población civil, las que nos plantea SS.SS., así como los requerimientos ineludibles de la defensa. Las autoridades civiles de la zona, recogiendo las demandas de la población civil, en los últimos años se han hecho eco de tres inquietudes fundamentales: la liberación de servidumbres militares de la mayor parte posible de la playa de Campo Soto, la desviación de las líneas de tiro utilizadas para experiencias con el fin de entorpecer lo menos posible los intereses pesqueros de la zona, y la reducción del impacto sonoro que producen en sus inmediaciones las actividades de los polígonos de experiencia Costilla y González Hontoria, que han venido desarrollando sus pruebas de tiro en una amplia zona marítima y costera de Cádiz.
Como conoce S.S., el Ministerio de Defensa ha abandonado los estudios iniciados para la posible colocación de blancos móviles en la mar, por haberse informado en esta Cámara, de una isla artificial, por tratarse de un proyecto inviable desde los tres puntos de vista que he señalado anteriormente y por haber recibido el rechazo tanto de las autoridades como de las asociaciones ecologistas. En su lugar, la Dirección General de Armamento y Material, con el propósito de racionalizar sus centros y adaptarlos a las técnicas más modernas, ha decidido fusionar ambos polígonos de experiencia y crear un nuevo centro de ensayos denominado Torre Gorda, que responda a las necesidades actuales y futuras de la defensa. Con la creación de este nuevo centro, el Ministerio de Defensa suscribe los siguientes compromisos: desviar las actuales líneas de tiro y reducir las actuales zonas peligrosas al mínimo necesario para entorpecer lo menos posible los intereses pesqueros de las zonas próximas de Cádiz, San Fernando y Chiclana y las más lejanas de Conil y Barbate, liberando además la mayor parte de la playa de Campo Soto de las servidumbres militares; reducir el impacto sonoro que produzcan las actividades del nuevo centro de ensayos y aprovechar al máximo los recursos naturales de la zona, desde el punto de vista del medio ambiente.
Para liberar la playa de Campo Soto el nuevo centro de ensayo dispondrá de una sola zona de asentamientos para los sistemas de armas -en la actualidad hay tres-, lo que permitirá reducir los sectores de tiro y las zonas peligrosas, estableciendo en su lugar unas nuevas líneas de tiro totalmente abiertas al mar en lugar de apoyadas en la costa, como la actual línea de tiro del Castillo de Sancti Petri. Esto va a ser posible gracias a la adquisición de un moderno y sofisticado radar de trayectografía que va a permitir alejar las pruebas de tiro de la costa, lo que no era factible hasta ahora por la necesidad de observación directa de los puntos de caída de los proyectiles. De esta forma, zonas peligrosas que ocupan una superficie aproximada de 400 kilometros cuadrados se verán reducidas a unos 150 kilómetros cuadrados, lo que supone una reducción superior al 60 por ciento de las zonas de peligrosidad. De la misma forma se liberarán de servidumbres militares las denominadas playas del Castillo y de Campo Soto. Para permitir el impacto ambiental acústico que produzcan las actividades del nuevo centro de ensayos se va a iniciar un proyecto de insonorización que comprende dos fases. En la primera se va a evaluar y medir la presión sonora y preparar el entorno para

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amortiguar el impacto acústico de pequeños calibres y en la segunda fase se va a desarrollar un sistema que aminore de forma sensible el impacto acústico de cañones de grueso calibre.
Con objeto de preservar el medio ambiente y aprovechar al máximo los recursos naturales de la zona, está prevista la implantación de un moderno sistema de gestión medioambiental. El Ministerio de Defensa tiene también el propósito de colaborar con la dirección del parque natural de la zona para crear un entorno ecológico protegido y desarrollar y apoyar las actividades de investigación en este ámbito.
Con esta finalidad se solicitará oficialmente que el director del centro de ensayos de Torregorda se integre en la junta directiva del parque natural de la bahía de Cádiz. La inversión total de este proyecto que incluye, por tanto, la dotación al centro de los más modernos sistemas técnicos, la liberación de la playa de Campo Soto y la implantación de un moderno sistema medioambiental superará los 1.500 millones de pesetas.
También quiero destacar la importancia que se va a conceder a la vigilancia, control y seguridad de las pruebas que vayan a realizarse. En este sentido, además de los sistemas específicos propios para las experiencias a desarrollar, se van adquirir dos radares de vigilancia costera, ubicado uno de ellos en el mismo centro de ensayo y el otro en las inmediaciones de Vejer de la Frontera, en las actuales instalaciones militares, y una cámara térmica que permitirá detectar, reconocer e identificar blancos, tanto en el interior como en la zona próxima del recinto militar, con la posibilidad de apoyar las operaciones de salvamento que sean necesarias en esos lugares.
Por lo que se refiere al calendario de actuaciones, el pasado mes de abril se iniciaron ya los expedientes de adquisición urgente de los sistemas con los que va a estar dotado el nuevo centro. La playa de Campo Soto quedará liberada de servidumbres militares el próximo mes de noviembre. A comienzos del próximo año se iniciarán los trámites para definir las nuevas zonas peligrosas. En el mes de marzo del año 2000 habrán finalizado las entregas y pruebas de recepción de los sistemas necesarios para la realización de las experiencias con las debidas garantías de seguridad. Un mes más tarde, en abril del mismo año 2000, estará implantado el sistema de gestión medioambiental y se liberarán de las servidumbres de pesca las zonas lejanas de Conil y Barbate.
El Ministerio de Defensa tiene la voluntad de que el nuevo centro de ensayo de Torre Gorda sea modélico a nivel mundial, tanto desde el punto de vista tecnológico como medioambiental, incorporando medidas tales como la anticontaminación, antirruidos, tratamiento de residuos, aprovechamiento de la energía eólica, solar y marítima, y participando en programas medioambientales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis Ibáñez.


El señor IBÁÑEZ HARO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por la exposición del nuevo proyecto. Es una buena noticia para la zona.
Mi grupo siempre ha tratado de compatibilizar los intereses de la defensa nacional con los intereses de la zona y creo que aquí lo hemos conseguido plenamente.


- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO, SOBRE RAZONES DE LA ENAJENACIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN. (Número de expediente 181/002247)

El señor PRESIDENTE: Al no estar presente el representante del Grupo Mixto, tenemos que declarar decaído el punto número 3 relativo a esta comparecencia, a pesar de que hemos estado esperando a quien la formulaba. No ocurre así con la pregunta número 5, formulada por el señor Borreiros, sustituido en este trámite por el señor Marsal, sobre las razones de la enajenación y la liquidación de contratos entre la Administración y la Empresa Nacional Bazán.
Tiene la palabra el señor Marsal.


EL señor MARSAL MUNTALÁ: El motivo de esta pregunta es la preocupación que tiene nuestro grupo y que tiene su origen en la Ley de presupuestos de este año y en la Ley de acompañamiento. Ya en las comparecencias que tuvieron lugar con ocasión del debate de la Ley de presupuestos, así como en su posterior debate en la Comisión de Presupuestos, precisamente con intervenciones del señor Borreiros, nuestro grupo presentó unas enmiendas al artículo 54 de la Ley de acompañamiento y a las disposiciones derogatorias. Nuestra enmienda al artículo 54 se refería a la posibilidad de la enajenación de las propiedades del Ministerio de Defensa que están siendo utilizadas por diversas industrias de Defensa, especialmente Santa Bárbara y Bazán, pero también CASA, incorporada posteriormente en el Senado a través de una enmienda del Grupo Popular. Respecto a las disposiciones derogatorias, nuestra enmienda pretendía la derogación de unos contratos-marco existentes entre el Ministerio de Defensa y Santa Bárbara y Bazán. Esto fue aprobado, figura en el marco del proceso de privatización de las empresas de Defensa que está llevando a cabo el Gobierno a través básicamente del Ministerio de Industria, pero existe en este caso un cierto oscurantismo en el proceso de privatización, y no precisamente por parte del Ministerio de Defensa, sino más bien por parte del Ministerio de Industria, lo que nos produce una cierta preocupación.
Nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo en la política general respecto a la privatización de las industrias de defensa, pero ello es un hecho. Nosotros somos conscientes de que existe una mayoría parlamentaria que va a apoyar este proceso, pero nos preocupan dos cuestiones: primera, que como mínimo se haga bien y, segunda, que se haga con la máxima transparencia. Estas dos disposiciones que se aprobaron en la Ley de acompañamiento abren la puerta a unas posibilidades que se pueden desarrollar de forma transparente o de forma muy oscura, y que aunque sean empresas básicamente pirvatizadas, siga habiendo una participación y una capacidad del Ministerio de Defensa, a través del mecanismo que sea, de la acción de oro o a través

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de otros mecanismos, es decir, que siga habiendo un mecanismo de intervención en un sector que tiene un carácter estratégico que es importante para la defensa. Y en el caso de que la privatización se llegase a realizar pero no fuese rentable su gestión para quien accediese a su compra, a final nos veríamos obligados otra vez a revertirlo hacia el sector público. En otras industrias es posible su desaparición, pero en este caso evidente que no sería posible.
Por todas estas razones formulamos esta pregunta referida a Bazán, pero que es extendible a Santa Bárbara, incluso a Indra y a CASA. Por tanto, nos gustaría conocer en qué situación esta, qué perspectivas hay, es decir, toda la información que nos pudiese dar a este respecto.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Brevemente quiero establecer el principio que suelo establecer co S.
S. cuando me hace preguntas que afectan directamente a la responsabilidad del Ministerio de Industria. Desde el punto de vista de defensa siempre estamos buscando una posición de primera derivada operativa y segunda derivada de apoyo industrial. Desde la derivada operativa lo que necesitamos es comprar los mejores bienes y servicios de defensa con criterios de eficiencia, y los criterios de eficiencia son el mejor precio, la mejor calidad, en fin, estar en el mercado. No obstante, la condición estratégica tiene algo que ver con la defensa, y la condición industrial estratégica más. En ese sentido, el Ministerio de Defensa lo que va a hacer (y lo ha hecho ya en el primer ejemplo de privatización de empresa de defensa, que es el de Indra, que usted ha señalado) es guardar (y así se ha dicho con total transparencia primero a los nuevos miembros de la empresa, a sus accionistas y, segundo, también a los medios de comunicación) una situación prevalente, y todo aquel que quiera acceder a una privatización debe saberlo, por dos razones: primero, porque son empresas de defensa y, por tanto, deben estar sujetas a un criterio estratégico desde el punto de vista de la acción del Estado, y segundo, porque hemos invertido miles de millones públicos en desarrollar determinadas tecnologías de cuyos beneficios debemos participar. En esos dos sentidos vamos a trabajar en el proceso que usted ha mencionado de gestión de las empresas de defensa.
En cuanto al procedimiento privatizador o no privatizador, la posición del Gobierno es absolutamente evidente, y usted mismo lo señalaba. Y descuide S.S. que lo haremos bien, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y lo haremos con la máxima transparencia por dos razones: primero, porque estamos convencidos de que la máxima transparencia nos va a aportar criterios, que nos pueden ser útiles, de todos los representantes políticos y, segundo, porque además -y es obvio- este Gobierno funciona a través de la ley que exige la máxima transparencia en los procesos de privatización. Así pues, debo romper una lanza por mis compañeros del Ministerio de Industria, entendiendo que el oscurantismo tampoco se da en este caso.


El señor PRESIDENTE: Señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Gracias por la información. Usted es consciente de nuestra preocupación y vamos a seguir con ella.
Lógicamente, como oposición no estamos tan seguros de que este Gobierno lo vaya a hacer bien y de una forma suficientemente transparente, pero también como oposición le garantizamos que vamos a hacer todo lo posible para seguir estos procesos, para que se hagan bien y con la mayor transparencia posible.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Señoria en ese camino estaremos siempre trabajando juntos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Agotado el orden del día agradezco a todos su presencia y muy especialmente al secretario de Estado.
Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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