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BOCG. Senado, serie III B, núm. 8-a, de 08/05/1997
 




BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie III B: Núm. 8 (a)
PROPOSICIONES DE LEY 8 de mayo de 1997 (Cong. Diputados, Serie B, núm. 22
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Núm. exp. 122/000011)
PROPOSICION DE LEY
624/000005 Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
624/000005
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 8 de mayo de 1997, ha tenido entrada en esta Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo a la
Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de
los profesionales de la información.

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la
remisión de esta Proposición de Ley a la Comisión Constitucional.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del
Senado, el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo
día 21 de mayo, miércoles.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación del texto de la mencionada Proposición
de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los
señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 1997.--El Presidente del Senado, Juan
Ignacio Barrero Valverde.--
La Secretaria primera del Senado, María Cruz Rodríguez Saldaña.

PROPOSICION DE LEY ORGANICA
REGULADORA DE LA CLAUSULA DE
CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES
DE LA INFORMACION
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución española de 1978 ha introducido en su parte
dogmática el reconocimiento del derecho de los profesionales de la
información a la cláusula de conciencia. Y si bien es cierto que este
derecho estaba ya reconocido por la legislación ordinaria, con diferentes
grados de garantía, en diversos estados democráticos, la aportación del
texto constitucional español ha sido la de integrarlo como elemento
constitutivo del derecho fundamental a recibir y comunicar información.



Página 2


La fuerza normativa de la Constitución ha dotado a este derecho de
plena eficacia jurídica desde su promulgación y, en consecuencia, su
exigibilidad jurídica vincula a poderes públicos y a particulares. Pero
dicho esto, es necesario precisar su contenido, al objeto de asegurar su
correcto ejercicio por parte de los profesionales de la información como
destinatarios básicos de este derecho específico y, al mismo tiempo,
proporcionar a la libertad de expresión y al derecho a la información, un
instrumento jurídico imprescindible que garantice su ejercicio efectivo
en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Esta Ley Orgánica sigue la línea trazada por el Tribunal
Constitucional de instar a los poderes públicos y, por tanto, al
Parlamento a llevar a término acciones positivas en defensa de los
derechos fundamentales, asegurando la imprescindible complementariedad de
los valores constitucionales de libertad e igualdad. En este sentido su
articulado responde a la necesidad de otorgar a los profesionales de la
información un derecho básico en la medida en que ellos son el factor
fundamental en la producción de informaciones. Su trabajo está presidido
por un indudable componente intelectual, que ni los poderes públicos ni
las empresas de comunicación pueden olvidar. La información no puede ser
objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la
información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a
todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del
mandato constitucional de veracidad y pluralismo.

En consecuencia, los elementos definidores de esta Ley Orgánica
tienen un doble punto de partida: en primer lugar, la consideración del
profesional de la información como agente social de la información, que
ejerce su trabajo bajo el principio ineludible de la responsabilidad; y,
en segundo lugar, la concepción de las empresas de comunicación como
entidades que, más allá de su naturaleza jurídica -empresas públicas o
privadas- participan en el ejercicio de un derecho constitucional, que es
condición necesaria para la existencia de un régimen democrático.

Artículo primero
La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los
profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la
independencia en el desempeño de su función profesional.

Artículo segundo.

1.En virtud de la cláusula de conciencia los profesiones de la
información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación
jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen:

a)Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados
laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa
o línea ideológica.

b)Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo Grupo que
por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación
profesional del informador.

2.El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización que no será
inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida
por la Ley para el despido improcedente.

Artículo tercero
Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a
participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios
éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o
perjuicio.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo
establecido en la presente Ley Orgánica.

DISPOSICION FINAL
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


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