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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 31, de 20/06/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 31

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO

Sesión núm. 3

celebrada el jueves, 20 de junio de 1996

ORDEN DEL DIA:

Dictamen sobre:

--Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995. (Número de expediente 110/000001) (Página 508)

--Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de Dirección del Fondo en virtud de sus Resoluciones 247, 248 (1993) y (93) 22, y reserva que España pretende formular. (Número de expediente 110/000002) (Página 509)

--Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11-05-1994. (Número de expediente 110/000003) (Página 511)

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Proposiciones no de ley:

--Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para finalizar cualquier acto contrario a la libre circulación de productos comunitarios por el territorio francés, a propuesta del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000034) (Página 513)

--Por la que se insta al Gobierno a dirigirse al Gobierno de Israel, solicitando la inmediata apertura de sus fronteras, tanto aquellas colindantes con los territorios ocupados palestinos, como con áreas transferidas a la Autoridad Palestina, así como a promover resoluciones en el seno de la Unión Europea y en la ONU con el mismo objetivo, a propuesta del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000036) (Página 516)

--Por la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones acordadas sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y para que se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). A solicitud del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000048) (Página 521)

Contestación a las siguientes preguntas:

--Sobre los últimos acontecimientos producidos en Paraguay, así como de la nueva situación creada en dicho país. Formulada por la señora Balletbó i Puig, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000043) (Página 524)

--Sobre el Acuerdo entre el Presidente del Gobierno español y el Rey Hassan II de Marruecos, relativo a la constitución de un grupo de amistad parlamentaria hispano-marroquí. Formulada por el señor Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000054) (Página 526)

--Relativa a las iniciativas en ayuda de emergencia para salvar vidas en Liberia y socorrer a los refugiados que huyan de su país. Formulada por el señor Boix Pastor, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000055) (Página 527)

--Sobre la opinión del Gobierno acerca de que Nacones Unidas se encargue de Liberia en régimen de fideicomiso, como ha sugerido el Alto Comisionado para los refugiados. Fomulada por el señor Boix Pastor, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000056 (Página 527)

--Sobre iniciativas en relación a la situación creada en el Sahara Occidental de renunciar en la práctica a la celebración del referéndum de descolonización. Formulada por el señor García-Santesmases Martín-Tesorero, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000057) (Página 529)

--Sobre el planteamiento a los interlocutores marroquíes del Presidente del Gobierno del problema de la emigración ilegal de ciudadanos marroquíes y de otras nacionalidades que cruzan el Estrecho de Gibraltar a partir del territorio marroquí. Formulada por la señora Fernández Ramiro, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000058) (Página 530)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y rogaría a todos los miembros de la Comisión que fueran tomando asiento.
Yo quería previamente informar a la Comisión de algunos pequeños cambios habidos en el orden del día.
En primer lugar, la comparecencia que figura con el número 1 en dicho orden del día ha sido aplazada por decisión de la Mesa, tras consultar con los correspondientes portavoces parlamentarios y comprobar la imposibilidad de presencia adecuada en representación del Gobierno para sustanciar dicha comparecencia.
Yo querría, antes que nada, solicitar el acuerdo de la Comisión para, efectivamente, convalidar el aplazamiento de dicha comparecencia.
Señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El acuerdo lo tiene, señor Presidente, pero que conste en acta nuestra protesta porque si bien comprendemos las dificultades del Ministro, se nos había anunciado que venía el Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea. Al final, tampoco viene el Secretario de

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Estado de Política Exterior. Por tanto, creo que son precedentes que justo al iniciar la legislatura no deberían producirse. Por eso, a efectos de acta, hago esta intervención.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco su comprensión, señor portavoz, don Luis Yáñez, y, por supuesto, aparte de constar debidamente en acta, le haré llegar la queja de su señoría.
En segundo lugar, yo solicitaría también el apoyo de la Comisión para proceder a una alteración del orden del día, de manera que comenzáramos los trabajos de esta sesión examinando los puntos 12, 13 y 14, que son los tres convenios internacionales. No se les oculta a SS. SS. que para proceder a la aprobación de los convenios internacionales es necesario contar con el quórum suficiente y no me gustaría como Presidente de la Comisión que ese quórum no existiera un poco más adelantada la tarde.
A este respecto, también debo informarles de que, después de haber solicitado de la Mesa de la Cámara una ligera alteración en el plazo de presentación de enmiendas o propuestas a los tres convenios a los que he hecho referencia, de manera que fuera posible por parte de esta Comisión el examen en plazo debido de esos tres convenios, con fecha 18 de junio de este mismo año el Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito dirigido a la Presidencia de esta Comisión, ha autorizado que el vencimiento reglamentario, previsto para las 20 horas de hoy, día 20, se produjera a las 14 horas de hoy. De forma que estamos en plazo reglamentario para la consideración de esos tres tratados.
Propongo que, después de la consideración de esos tratados, entremos en la consideración de las proposiciones no de ley que figuran como puntos 3, 4 y 5 del orden del día, habiéndose retirado por el grupo proponente el número 2, y que, finalmente, entremos en la consideración de las preguntas, que figuran con los números 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la propuesta que hago a la Comisión, por si encontrara el acuerdo de la misma. (El señor Robles Fraga pide la palabra.) ¿Señor Robles Fraga?

El señor ROBLES FRAGA: Existe una pequeña dificultad, la ausencia en este preciso momento de los ponentes de mi Grupo para los dos primeros convenios, de forma que yo rogaría que empezáramos por el último, ya que en este caso sí está presente el ponente, don Pablo Izquierdo.


El señor PRESIDENTE: Con franqueza, tengo que decirles que a mí me ha parecido oportuno proceder a este cambio del orden del día, precisamente atendiendo a las necesidades de determinados señores Diputados que tienen prisa, pero me gustaría que todos recordáramos que la hora de comienzo es la hora de comienzo y que se pueden producir ligeras alteraciones en el orden del día en función de los acuerdos y de las necesidades de unos y otros.
Entonces, si no hay inconveniente, comenzaremos por el último de los convenios. (El señor Yáñez-Barnuevo García pide la palabra.) ¿Señor Yáñez-Barnuevo?

El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, nosotros tenemos el mismo problema. El señor Solé Tura, que es el ponente, como éste era el último convenio, ha ido a por los papeles. Estaba aquí, pero como digo, viendo que éste era el último punto del orden del día, ha ido en busca de sus papeles.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a hacer una pausa de cinco minutos, en los que ruego encarecidamente a todos los portavoces que recaben al presencia de todos aquellos que tienen que llevar a cabo las intervenciones correspondientes. (Pausa.) Antes de proceder a cumplimentar el orden del día debo anunciarles que, por decisión de la Mesa, debidamente corroborada por los portavoces de los distintos grupos en esta Comisión, se decidió la adopción de dos declaraciones institucionales por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores. Una, en relación con la situación creada por la decisión adoptada por el Juez Especial de la Corte Suprema de Chile sobre el sumario por el asesinato del funcionario español de la Organización de Naciones Unidas don Carmelo Soria, y otra, en relación con las elecciones israelíes.
Por tanto, contando previamente con el acuerdo tanto de los miembros de la Mesa como de los portavoces parlamentarios correspondientes, paso a dar lectura de ambas declaraciones.
La primera de ellas dice así: Ante la decisión adoptada por el Juez Especial de la Corte Suprema de Chile sobre el sumario por el asesinato del funcionario español de la Organización de Naciones Unidas don Carmelo Soria de aplicar la amnistía y archivar el referido sumario, dejando así libres de toda responsabilidad a los únicos implicados en el proceso, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados lamenta profundamente esa decisión, que viola los compromisos internacionales asumidos por Chile, en particular el acuerdo con la CEPAL, que se fundamenta en una ley de amnistía dictada en 1978 por el régimen de Augusto Pinochet, manifiesta su confianza en que la Corte Suprema chilena admita el recurso presentado y revoque una decisión que supondría la impunidad para los autores del asesinato de Carmelo Soria, y pide al Gobierno español que continué realizando los esfuerzos necesarios, tanto en el plano bilateral como a través de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas, para que, desde el respeto a los tratados internacionales suscritos por Chile, se alcance el esclarecimiento definitivo de los hechos y se exijan responsabilidades a los culpables.
La declaración institucional siguiente, sobre las elecciones israelíes, también ha sido, como decía anteriormente, aprobada por la Mesa y por los portavoces y dice así: Tras las elecciones celebradas en Israel, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, al tiempo que reconoce y respeta la libre y democrática manifestación de voluntad del pueblo israelí, desea

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exponer su esperanza y deseo de que el nuevo Gobierno israelí sepa continuar y profundizar en el proceso de paz en el Oriente Medio, de cuya culminación depende en buena medida la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda la región del Mediterráneo.
Quiero agradecer a todos los miembros de la Mesa y a los señores portavoces el acuerdo que hemos alcanzado sobre estas declaraciones institucionales y transmitirles el deseo de la Mesa de que, en el futuro, en la medida en que podamos llegar a los acuerdos correspondientes, estas declaraciones pudieran reflejar el sentido de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre cuestiones que competen a la Comisión y que tengan la actualidad y la importancia requeridas para versar sobre ellas nuestra atención.


DICTAMEN SOBRE:

--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL, 1995, HECHO EN GINEBRA EL 17 DE FEBRERO DE 1995. (Número de expediente 110/000001.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al orden del día, tal como ha quedado organizado después del acuerdo expresado por la Comisión.
En primer lugar, vamos a considerar el dictamen sobre el Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra al respecto? (Pausa.) Si les parece a los señores miembros de la Comisión, seguiremos en estos trámites exactamente la práctica, que se había establecido anteriormente, de alternar el orden de las intervenciones de los distintos portavoces.
El señor Milián tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor MILIAN MESTRE: El Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995, que sustituye al del mismo nombre firmado por primera vez el año 1987, adoptado en Ginebra por la Conferencia sectorial de Naciones Unidas, es el que ahora se propone renovar.
Curiosamente empezamos ya con una asincronía, puesto que este convenio, como ocurría en la legislatura anterior, debería entrar en vigor el 28 de diciembre de 1995; estamos a las puertas del verano justamente del año siguiente y es ahora cuando vamos a ratificarlo.
Este Convenio de 1995, que consta de 68 artículos y tres anexos, mantiene en la práctica intacta la Organización Internacional del Caucho Natural, con sede en Kuala Lumpur. Este acuerdo constituye un instrumento para regular los intercambios comerciales internacionales del caucho natural, siendo su objetivo el equilibrio entre la oferta y la demanda de este producto con vistas a estabilizar su precio a largo plazo en los mercados internacionales.
Las modificaciones respecto al Convenio del año 1987 se refieren, especialmente, al esfuerzo de los procedimientos de revisión de los precios, a la periodicidad de revisión del precio de referencia, al aumento del precio indicativo mínimo, a la reducción de la vigencia del Convenio de cinco a cuatro años, a la introducción de aspectos medioambientales --que es una novedad, por cierto-- e incluso de un puesto de administrador adjunto en el organismo internacional.
El Convenio estaba abierto a finales del año pasado, en noviembre exactamente, cuando se propuso a la firma de Nueva York, y tenía una serie de virtualidades que, en el caso específico nuestro, afectan a diversos ministerios que han tenido que dar su visto bueno al mismo para, cumplido este requisito, poderlo firmar internacionalmente. Concretamente afecta a intereses de los ministerios de Economía y Hacienda, Comercio y Turismo, Industria y Energía y también Asuntos Exteriores.
Los puntos fundamentales que afectan a este Convenio en sus características son los siguientes. En primer lugar, promover y reforzar la cooperación internacional de todos los sectores de la colonia mundial del caucho natural. En segundo lugar, contribuir a la estabilización del mercado mundial de este producto, en interés de los productores y de los consumidores, intentando particularmente evitar las fluctuaciones excesivas de los precios y asegurando un equilibrio a largo plazo entre la oferta y la demanda, que era uno de los elementos distorsionadores de este mercado. En tercer lugar, facilitar la expansión del comercio internacional del caucho natural. Todo esto viene, de alguna manera, fijado por un sistema de horquilla de precios expresados en una unidad de medida equivalente al dólar de Malasia, el ringgit. Después tiene, en la nueva definición del Convenio, un ajuste automático en función del volumen de transacciones según la reserva creada para la estabilización.
Esta reserva de estabilización, con capacidad total para 550.000 toneladas de caucho natural, era normalmente de 400.000 toneladas, por lo tanto, se crea adicionalmente una nueva reserva, llamada de urgencia, de 150.000 toneladas.
Estas son las modificaciones fundamentales. Por consiguiente, no voy a comentar nada más porque entendemos que son aspectos técnicos que mejoran al convenio anterior, que reducen el tiempo de duración de estos convenios internacionales y que, de alguna manera, a nosotros nos afectan de forma virtual, según los intereses de ciertos ministerios, en el orden económico y, sobre todo, al comercio exterior.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.


El señor DE PUIG I OLIVE: En efecto, como ha señalado el orador precedente, este Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995 sustituye al de 1987 y tiene, realmente, una gran importancia.
El señor Milián ha hecho un resumen bastante detallado del contenido de este convenio internacional que es, por otra parte, muy largo, muy documentado, yo diría sesudo y de lectura plúmbea, por lo que quiero ahorrar a SS. SS. ahora comentarios detallados de un convenio de esta naturaleza.


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Los datos importantes los ha señalado el señor Milián y los doy por referidos. Sí quiero señalar que, desde el punto de vista español, nos parece muy conveniente tanto como políticamente, puesto que España es un país importador de caucho y está interesada en conservar este recurso en el seno de la Organización Internacional del Caucho Natural; institución, por otro lado, fundamental en esa materia.
Se trata, por otra parte, de una forma de cooperación al desarrollo que es importante mantener. Como es sabido, con esa fórmula se ayuda a países que bien lo necesitan. Pero, aunque no formáramos parte de la Organización ni del Convenio, como este Convenio es un acuerdo mixto desde el punto de vista comunitario, España estaría obligada indirectamente por el mismo.
Por esas razones y porque el Gobierno anterior, que era el Gobierno del partido al que pertenezco, fue el que avanzó ese trabajo e, incluso, el que envió a las Cortes este Convenio para su ratificación, mi grupo, con el mayor de los entusiasmos, señor Presidente, va a votar a favor.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo quiere manifestar su intención de votar favorablemente este convenio y, a la vez, sumarnos a las interesantes apreciaciones sobre el mismo que han realizado el señor Milián por el Grupo Popular y don Lluís María de Puig por el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones al respecto, pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad de la Comisión.


--TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 6 DE MARZO DE 1959, Y EL ESTATUTO POR EL QUE SE MODIFICA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL CONSEJO DE EUROPA, APROBADO POR EL COMITE DE DIRECCION DEL FONDO EN VIRTUD DE SUS RESOLUCIONES 247, 248 (1993) Y (93) 22, Y RESERVA QUE ESPAÑA PRETENDE FORMULAR. (Número de expediente 110/000002.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: Tercer protocolo adicional al acuerdo general sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado por el comité de dirección del Fondo en virtud de sus resoluciones 247, 248 y 93/22, y reserva que España pretende formular.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Martínez, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MARTINEZ MARTINEZ: El Fondo de Desarrollo Social es una institución del Consejo de Europa antigua, interesante, no suficientemente conocida y, desde luego, no todo lo utilizada que podría y merecería serlo.
Es una institución que se crea en el año 1956 como Fondo de reinstalación del Consejo de Europa para los refugiados y los excedentes de población en Europa. Se crea en plena guerra fría como mecanismo de provisión de recursos para ayudar a la instalación, en los países del Consejo, es decir, en los países de la Europa occidental de entonces, a refugiados huidos de otros países del entonces bloque comunista.
La verdad es que el gran impulso que genera la creación de este Fondo tiene lugar después de los tristes acontecimientos de Hungría del año 1956, que producen de pronto cientos de miles de refugiados a los que hay que ubicar en Alemania, Austria, Francia y Suiza. Inmediatamente después también el goteo o la riada que se venía produciendo desde la entonces RDA, antes de la construcción del muro. Ese es el momento en que se genera el Fondo. El Fondo pasó unos años con bajo perfil, operando como un banco de características sociales y, por otra parte, acrecentando sus fondos de manera muy notable como resultado de una operación, a veces criticada por los Estados miembros y por la Asamblea parlamentaria, pero con eficacia dentro del movimiento en los sistemas financieros internacionales.
El Fondo encuentra una nueva razón de ser en la situación que se crea en el centro y el este de Europa con las nuevas democracias, con los nuevos países miembros de la institución, con grandes necesidades de inversiones para renovar infraestructuras muy ligadas al desarrollo social en esos países. En realidad, el nuevo Estatuto que estamos a punto de ratificar es aquel que surge precisamente en la actualización del Fondo que entraña, entre otras cosas, el nuevo nombre de la propia institución.
Estamos hablando de países con gravísima situación económica que, sin embargo, a veces han estado más interesados en otras ayudas, en ayudas a fondo perdido, y sólo alguno de ellos ha aprovechado toda la capacidad del Fondo de Desarrollo Social, explorándose algunas interesantísimas operaciones a tres bandas, por las cuales países como Holanda han obtenido, con la solvencia que tenían, los créditos necesarios que luego se han trasladado más concretamente a zonas devastadas de la antigua Yugoslavia, donde yo creo que el Fondo va a tener una actividad muy importante en los próximos años.
El cambio de vocación del nuevo Estatuto se produce ya con España como país miembro y, además, con España, que ingresa en el Fondo en el año 1978 y se ha beneficiado en muy pocos casos (recuerdo algún proyecto de emigrantes españoles, concretamente de Holanda, que se instalan en cooperativas de viviendas y de agricultura en Almería),

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sí hemos jugado un papel destacado en la reorientación de las actividades. Yo diría también que algo muy importante se ha producido en estos últimos años con impulso de la Asamblea Parlamentaria, que es, sobre todo, pedir más transparencia en la actuación del centro y más pertinencia social en sus programas, aunque es verdad que se han dado algunas situaciones que han generado preocupación e incluso escándalo porque nos hemos encontrado que con este Fondo estaban construyendo hoteles de lujo dentro de la industria turística en determinados países próximos.
Quiero decir a los colegas, y con esto voy terminando, que estamos hablando de una institución poco conocida pero que obra con un capital disponible de cien mil millones de pesetas, y que en los últimos seis años ha prestado cantidades de aproximadamente un billón doscientos mil millones de pesetas. Esas son las cifras en las que nos estamos moviendo, y yo recuerdo, por cierto, que al Ministro de Economía y Hacienda del Gobierno anterior cuando le planteamos realmente lo que este Fondo significaba, porque parece que fuera un fondo que no tuviera una actividad, le pareció que eran cifras que realmente sorprendían a expertos máxime cuando uno ve luego cuál es la utilización que se hace.
Yo creo que lo más importante es que junto a esta ratificación del nuevo Estatuto, es decir, del nuevo Fondo de Desarrollo Social vamos a aprobar el Tercer Protocolo Adicional que no se aprobó cuando España ingresó en 1978; es un Protocolo que data de 1959 y dice textualmente: Para precisar el régimen jurídico de los bienes, activos y operaciones del Fondo, así como el Estatuto jurídico de sus órganos y funcionarios. Tenemos que decir que estamos particularmente conformes con la reserva, menor, pero importante, que propone el Gobierno en el artículo 7.º, no aceptando nosotros automáticamente la exención de los impuestos sobre las cantidades correspondientes a los intereses de las obligaciones emitidas o de los empréstitos concertados por el Fondo.
Con la ratificación de este documento relativo al Fondo de Desarrollo Social querríamos incitar al Gobierno a explorar las posibilidades que en él podemos tener, no sólo como donantes en lo que se refiere a proyectos que van a tener un interés grande, y digo fundamentalmente en las repúblicas que surgen de la antigua Yugoslavia --Bosnia debe ser uno de los casos de fijación--, sino también para ver en qué tipo de proyectos pudiera beneficiarse nuestro país, que es el cuarto en cuanto a aportación y, sin embargo, es uno de aquellos que se han beneficiado poquísimo. Es verdad que el carácter social del mismo hace que los tres países, los grandes contribuyentes --los grandes están en el 18 por ciento y nosotros en el 12 y pico-- no son en general beneficiarios. Yo creo que España tiene condiciones para plantear proyectos de restablecimiento, de restauración de barriadas periféricas en capitales y, realmente, podría beneficiarse del capital de este banco social del Consejo de Europa que presta en condiciones comerciales, pero en condiciones de interés que están en el 5 o en el 6 por ciento, evidentemente muy por debajo de lo que son los intereses del mercado financiero habitual.
Por lo tanto, vamos a votar la ratificación de este documento con interés y para incitar al Gobierno a actuar como lo ha venido haciendo hasta el momento, con preocupación, e incluso buscando más beneficios dentro de la propia institución.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puche.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Efectivamente, creo que el portavoz socialista, el señor Martínez, acaba de hacer una amplia y exhaustiva declaración de la importancia del Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa y del Estatuto del Fondo de Desarrollo Social, pero quisiera incidir, por parte del Grupo Popular, en la importancia de la adhesión de España a este Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo en el Fondo de Desarrollo Social porque la adhesión de España al Fondo, que data del año 1978, momento en el que, a pesar de que el texto del Tercer Protocolo establece que el Estatuto del Fondo forma parte integrante del mismo, no fue tal. España, insisto, no llegó a adherirse al mismo en aquella ocasión. De ahí que dado que, recientemente, como decía el señor Martínez, se reforma efectivamente el Estatuto del Fondo de Desarrollo Social, debiendo y teniendo la obligación desde nuestro punto de vista de adherirse España a este nuevo instrumento jurídico, resultaría conveniente, según nuestro criterio y el del Gobierno y creo también por parte del Parlamento y en este caso de la Comisión, la simultánea adhesión de nuestro país al Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades.
Digo esto porque, efectivamente, como decía también el señor Martínez, en los últimos años la crisis en materia de refugiados provocada por las transformaciones políticas y económicas en la Europa del Este, así como la progresiva incorporación de los países de esa Europa del Este al Consejo de Europa han llevado a los países miembros del fondo de Desarrollo Social a plantearse la necesidad de volver a centrar parte de sus operaciones sobre lo que fueron los grandes objetivos iniciales de la institución en materia de refugiados y a proceder a una reelaboración de sus objetivos.
Por lo que respecta también al carácter del Fondo como institución financiera intergubernamental, y coincidimos en este caso con el portavoz socialista, el Fondo de Desarrollo Social ha funcionado, ha venido funcionando y esperemos que funcione como un banco de desarrollo y sus actividades complementan la de otras instituciones financieras intergubernamentales.
He de decir asimismo que durante los últimos años efectivamente, y hay que constatarlo aquí, el Fondo ha experimentado un crecimiento, yo diría que excesivamente rápido, de sus compromisos, y no sólo de ellos sino también en el campo de intervención, que le ha permitido situarse entre las principales instituciones financieras internacionales. Dichos cambios han planteado, por otra parte, de forma inaplazable la reforma del Fondo, de manera que sea capaz de afrontar la nueva dimensión y naturaleza de sus actividades. De ahí que nosotros, efectivamente, también

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de acuerdo con el Grupo Socialista incidimos no solamente en el aspecto de la modificación de ese Estatuto sino que queremos señalar algunos aspectos que nos parecen fundamentales, como son: los nuevos objetivos del Fondo, que vienen a ser en parte los que se trazaron en el origen de su constitución y que se establecían, de alguna forma, como prioridad de dicho Fondo, la solución a los problemas de los refugiados, de personas desplazadas o emigrantes como resultado del movimiento y del desplazamiento forzoso de poblaciones. Por otra parte, dentro de ese objetivo prioritario, recoger la ayuda a las víctimas de las catástrofes naturales o ecológicas y, cómo no, la participación en grandes proyectos de inversiones a países difícilmente en vías de desarrollo.
Por último, hay que señalar también, porque creo que debemos dejar constancia de ello, la reserva que ha formulado el Gobierno español al párrafo cuarto del artículo 7, en el sentido de que no entrañe para España de ninguna forma la obligación de conceder exención de los impuestos sobre las cantidades correspondientes a los intereses de las obligaciones emitidas o de los empréstitos concertados por dicho Fondo.
Dicho esto, el Grupo Popular, con el mismo entusiasmo y, si cabe, con más o por lo menos parecido al del Grupo Socialista, quiere mostrar su adhesión a este tercer Protocolo, por lo que mostramos nuestro acuerdo favorable y por tanto nuestro voto.


El señor PRESIDENTE: El señor Recoder, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: El tercer Protocolo adicional al Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa tiene por objeto, como ya se ha dicho, precisar el régimen jurídico de los bienes, activos y operaciones del fondo de reinserción y el estatuto jurídico de sus órganos y funcionarios. Para conseguir los objetivos estatutarios del fondo, establece una reducción de las cargas fiscales que gravan directa o indirectamente sus operaciones y que, en definitiva, recaen sobre los beneficiarios de los préstamos que ha concedido este fondo. En definitiva, tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mismo y, por ello, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención adicional? (Pausa.) No habiéndola, pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO NUMERO 11 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA REESTRUCTURACION DEL MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO POR EL CONVENIO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 11-5-1994. (Número de expediente 110/000003.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 14 del orden del día, Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994.
¿Grupos parlamentarios que desean usar de la palabra al respecto? (Pausa.) El señor Izquierdo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, entre las funciones del Consejo de Europa destaca la de la protección de los derechos fundamentales, que realiza en cumplimiento de las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Públicas, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
El Convenio de 1950 y la jurisprudencia del Tribuna Europeo de los Derechos Humanos que lo interpreta se han convertido, señorías, en una referencia obligada para los distintos sistemas nacionales y supranacionales de tutela de los derechos fundamentales que existen en Europa. Este papel central y armonizador del Convenio Europeo de los Derechos Humanos es cada vez más importante y se ha reforzado por la estipulación contenida en el artículo f, punto 2, del Tratado de Maastricht, con arreglo a la cual la Unión Europea respetará los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales, firmado en Roma, como ya he dicho, el 4 de noviembre de 1950.
Pues bien, señorías, el Protocolo que hoy dictaminamos viene a introducir cambios muy relevantes e importantes en este Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Protección de las Libertades Fundamentales.
En primer lugar, la Comisión Europea de Derechos Humanos desaparece y sus funciones en la admisión de las demandas, en la investigación de los hechos y en el intento de un arreglo amistoso, pasan a asumirse por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que se crea.
Por otro lado, señorías, importantes elementos estructurales del propio Tribunal Europeo aparecen modificados en el Protocolo, como ocurre con la duración del mandato de los jueces que lo integran y con la planta interna del Tribunal, que queda organizado en Comités, Salas y una Gran Sala.
Por último, señorías, mediante el Protocolo, los Estados signatarios quedan directamente sometidos a la jurisdicción del Tribunal, sin que sea necesario que la acepten mediente declaración unilateral emitida al efecto.
Es cierto que las modificaciones del Convenio Europeo objeto de este Protocolo no son, señorías, de carácter sustantivo, sino más bien de un carácter orgánico y procedimental. Sin embargo, estas modificaciones han de tener una extraordinaria influencia sobre los mecanismos protectores de los derechos humanos que el convenio establece.


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Esta circunstancia justifica, a nuestro juicio, la autorización que el Gobierno solicita, para la aprobación del mismo, de estas Cortes Generales; más aún, si se me permite, dada la importancia que el Gobierno de España y estas Cortes tradicionalmente mantienen y conceden a la garantía y defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Efectivamente, este Protocolo número 11 tiene una gran trascendencia. Personalmente creo que, después del Protocolo número 7, sobre la abolición de la pena de muerte, éste es el que tiene más importancia, desde el punto de vista de la estructura interna del Consejo de Europa y, sobre todo, de su mecanismo de protección de los derechos humanos. Además, creo que es la expresión y casi el símbolo de los cambios que se han producido en el Consejo de Europa.
Hasta la caída del Muro de Berlín, el Consejo de Europa era, no diré que un club, pero sí una institución selecta de las democracias ya consolidadas. A partir de la caída del Muro de Berlín, el Consejo de Europa adquiere otro carácter, otro papel y se convierte en un gran organismo de expansión de los derechos humanos, de codificación de los mismos y, sobre todo, de garantía. Eso es lo que ha ido ocurriendo con la ampliación del Consejo de Europa que, como SS. SS. saben, ha pasado de tener una veintena de miembros a tener prácticamente cuarenta, y casi todos los países del Este de Europa, incluida la Federación Rusa, hoy forman parte del mismo.
Por consiguiente, la garantía de los derechos adquiere una trascendencia enorme. Eso es lo que, a mi entender, quiere resolver el Protocolo número 11 que, como se ha dicho ya, establece un mecanismo completamente distinto del existente en cuanto a la garantía jurisdiccional de los derechos.
Como SS. SS. saben, en el Convenio de Roma de 1950, el sistema de protección estaba a mitad de camino entre un sistema jurisdiccional tradicional y otro que no acababa de llegar al fondo del asunto. En realidad, la jurisdicción quedaba compartimentada entre una comisión, la Comisión de Derechos Humanos, y un tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La tarea básica de la protección recaía en la Comisión y de ésta pasaba prácticamente al Consejo de Ministros, con lo cual el Tribunal quedaba como una segunda instancia a la que no tenían acceso las personas físicas; sólo lo tenían las altas partes contratantes y el Consejo de Ministros. Era una instancia que tendía a convertirse prácticamente en una gran instancia consultiva.
El Protocolo número 11 cambia radicalmente la situación; suprime, como se ha dicho ya, la Comisión y reorganiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con características parecidas a otros grandes tribunales nacionales. Se establece un sistema de Salas, con una Gran Sala, que es la que tiene la última palabra cuando las Salas no consiguen resolver una situación, o cuando se genera un recurso que se puede llegar a concretar en circunstancias excepcionales. Esa es la reorganización fundamental.
Pero esa reorganización interna no sólo se refiere a una mayor operatividad del sistema, desde un punto de vista judicial; también tiene otros aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, de gran trascendencia, es que, a partir del Protocolo, las personas físicas, las organizaciones no gubernamentales, e incluso las agrupaciones de individuos que se puedan formar ad hoc tienen acceso directo al Tribunal, algo que antes no ocurría, después de haber agotado, naturalmente, todas las vías procesales en el ámbito nacional. Eso significa un cambio importantísimo, especialmente en lo que se refiere a los países del Este de Europa que están estrenando su propio sistema de protección de los derechos humanos.
Desde ese punto de vista, creo yo que esa reforma adquiere una enorme importancia.
Evidentemente, el Tribunal, su Sala, su Gran Sala, sigue siendo también un órgano que puede emitir dictámenes consultivos y, efectivamente, hay un segundo aspecto que ya ha sido señalado y que yo también quiero subrayar, y es que los Estados, o las altas partes contratantes, como se les denomina en este momento ya, no tienen que ratificar su adhesión, su compromiso a aceptar el resultado de una sentencia, sino que, por el hecho mismo de ratificar el convenio, quedan ya comprometidos ante el mismo.
Creo que ésos son aspectos muy importantes que dan respuesta a las nuevas tareas, a las nuevas exigencias, que pueden convertir el Tribunal en un auténtico órgano de garantía de derechos en circunstancias nuevas, como antes decía, y desde ese punto de vista creo que merece la aprobación de todos nosotros.
Por esto, el Grupo Socialista votará, no sé si con entusiasmo, como se ha dicho anteriormente, pero votará con rigor a favor de la autorización de la Cámara para que el Gobierno pueda proceder a su ratificación.


El señor PRESIDENTE: El señor Recoder en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, nuestro grupo parlamentario también va a votar a favor de este Protocolo número 11 que entendemos, como también se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios, que es necesario para mejorar los mecanismos de cumplimiento del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa; es necesaria la adaptación de estos mecanismos a la nueva situación del Consejo, situación caracterizada por una numerosísima ampliación de sus miembros en los últimos años, lo que ha traído como consecuencia también un incremento de las demandas de protección.
El Convenio, como también se ha dicho --y no me voy a extender al respecto--, tiene como objeto fundamentalmente la situación de la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un tribunal de tipo permanente con unas características que le asimilan a lo que son tradicionalmente los tribunales internacionales.


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El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna intervención más al respecto, pasamos inmediatamente a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FINALIZAR CUALQUIER ACTO CONTRARIO A LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS COMUNITARIOS POR EL TERRITORIO FRANCES, A PROPUESTA DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000034.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos con ello al segundo bloque de los temas que corresponde examinar a la Comisión en el día de hoy. Consta en poder de la Presidencia el documento dirigido a la misma por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya retirando la proposición no de ley que figura con el número dos y pasamos, por ello, a la número 3, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para finalizar cualquier acto contrario a la libre circulación de productos comunitarios por el territorio francés. Es autor de dicha iniciativa el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y en nombre del mismo le doy la palabra a la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, desgraciadamente, nuestro grupo se ve obligado a presentar nuevamente una proposición no de ley para instar al Gobierno a que se rechacen por parte de nuestro país los actos vandálicos que periódicamente se suceden en territorio francés contra el libre tránsito de las mercancías por dicho territorio.
Han sido muchas las iniciativas que se han sustanciado en esta Cámara. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en octubre de 1993 presentó una proposición no de ley en la que, efectivamente, ya instábamos al Gobierno a que hiciese constar su protesta y rechazo por estos actos, y se instaba también al Gobierno a dirigirse a las autoridades francesas y comunitarias para que adoptaran de forma inmediata las medidas necesarias para evitar los mismos. El 26 de abril de 1995 también dirigimos una pregunta oral al Gobierno en la que hacíamos saber que, a pesar de que los exportadores de fresones del Huelva habían reducido en un 50 por ciento sus envíos a Francia a partir de Semana Santa para no entrar en competencia con las producciones de marzo y abril, piquetes de agricultores franceses agredieron a diez camiones destruyendo doscientas toneladas de fresones y ocasionando pérdidas por valor de 7.000 millones de pesetas y un descenso en las exportaciones de más del 80 por ciento. Todo ello con la impunidad más absoluta y con la negligencia de la policía francesa y del Gobierno francés.
La respuesta del Gobierno en aquel momento fue que se había instado a la Comisión y que ésta había emitido un dictamen motivado previo a la presentación de demanda en el Tribunal de Justicia, demanda que actualmente se encuentra en dicho Tribunal y cuya sentencia se espera para el mes de febrero.
Digo que desgraciadamente debemos presentar otra vez una proposición no de ley, puesto que este año también ha habido incidentes que han provocado pérdidas y lesiones a transportistas españoles y que han inhibido tremendamente la demanda por parte de los importadores franceses y de la Unión Europea. Y todo ello pese a que el Parlamento Europeo aprobó una resolución ya en 1993 instando a la Comisión y a los Estados miembros a poner todos los medios para que no se volviera a repetir.
Esto, señorías, se produjo ya en 1993. Estamos en 1996 y la historia vuelve a repetirse, a pesar, también, de que el Gobierno francés, en declaración al Consejo de Ministros de la Unión Europea, señaló que: el Gobierno francés hace y continuará haciendo todo lo posible para evitar estos incidentes, de manera que la libre circulación de mercancías esté garantizada en el territorio francés para que el concepto de mercado único no sea un concepto vano y sin contenido. Porque, señorías, de esto es de lo que se trata: si para nuestros productos, para nuestras exportaciones, sigue siendo válido el concepto de mercado único y el principio de libre tránsito de mercancías.
Está claro que con situaciones como la que nos hemos encontrado nuevamente este mes de abril este principio queda gravemente dañado. Y esas actuaciones, señorías, no son obra de incontrolados, sino que forman parte de una campaña deliberada. Ya en 1993 pudimos denunciar cómo la coordinadora rural de agricultores franceses había realizado tremendas amenazas a los propietarios de grandes superficies francesas y que eso produjo la reducción drástica de nuestras exportaciones.
Respecto a las repercusiones económicas que tiene todo esto, señorías, me voy a limitar a leer una parte del informe de la Dirección General de Comercio Exterior que emitió en la campaña de 1995. Señalaba: la semana catorce, que coincide con los primeros días del mes de abril, es la de mayor nivel de exportaciones tanto a Alemania como a Francia. Conforme va avanzando la campaña, van descendiendo paulatinamente las cantidades enviadas a estos países. A partir de la semana diecisiete se observa cómo los envíos a Alemania se mantienen en porcentajes que oscilan entre el 45 y el 50 por ciento del volumen enviado en la semana catorce, mientras que los envíos a Francia bajan a niveles que rondan el 7 por ciento.
Curiosamente, la semana diecisiete coincide con la última semana de abril, época en que la producción de fresas en Francia empieza a ser importante y en la que están fechadas las cartas de amenazas a los hipermercados galos.
Por todo ello, señorías, debemos deducir que es una campaña realmente orquestada, que no tiene como objetivo producir daños inmediatos, sino que tiene como objetivo inhibir seriamente la demanda por parte de los importadores

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de Francia, pero también de la Unión Europea. Si a esto añadimos, señorías, que la OCM de frutas y hortalizas está siendo objeto de un tratamiento muy cicatero por parte de la Unión Europea y que la fresa no es uno de los productos que sea objeto de intervención en la actual OCM de frutas y hortalizas, vemos que los intereses españoles están seriamente perjudicados si no se toman medidas de gran envergadura.
Yo tuve ocasión de decir a la Ministra de Agricultura, señora Loyola de Palacio, que la felicitaba por su gesto de haber llevado a su colega francés una cestitas de fresones de Huelva, pero realmente pensamos que, por parte de esta Cámara, tiene que salir una proposición no de ley en la que se inste a lo que nosotros planteamos en nuestro texto: que se exija de la Unión Europea, y también del Gobierno francés, las medidas adecuadas para que se den las indemnizaciones, para que los responsables sean procesados; me consta que actualmente hay siete agricultores franceses que están siendo objeto de procedimiento judicial; cuando yo hice la proposición no de ley esto todavía no se había producido; me felicito de que eso ya se lleve a término, pero también que haya para los ciudadanos españoles que son objeto de estas agresiones suficientes medios jurídicos, sanitarios, para hacer frente a las situaciones tan desagradables con las que se encuentran.
Acabo ya, señor Presidente. El Grupo Popular ha presentado una enmienda que espero que su portavoz, el señor Pascual, pueda reconsiderar; está en los mismos términos que la que el Grupo Socialista nos planteó en 1993, y creemos que con esto no damos una respuesta suficiente, porque hay que instar al Gobierno francés, que es el que está siendo negligente y que permite con toda impunidad que los camioneros estén descargando durante horas, quemando las mercancías y lesionando a nuestros transportistas.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley hay una enmienda que, según el escrito, aparece como enmienda de modificación (aunque habría que entender como enmienda de sustitución), presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Como muy bien ha expuesto la ponente de la proposición no de ley que estamos debatiendo, es un tema que se está repitiendo durante muchos años y no por reiterativo deja de carecer de importancia porque, como muy bien ha expuesto, no es solamente el problema de los camiones, de las mercancías dañadas, sino que se está atacando algo mucho más fundamental que es la comercialización de nuestros productos a través de Francia o que incluso van al mismo mercado francés.
Efectivamente, también se ha debatido este tema con muchas intervenciones parlamentarias por parte de los distintos grupos durante los últimos años, intervenciones en las que finalmente ha habido unanimidad de criterio de esta Cámara, y desde luego esperamos desde el Grupo Parlamentario Popular que, una vez más, haya unanimidad de criterio por parte de todos los grupos a la hora de aprobar hoy en común una propuesta.
Los ataques vandálicos que determinados sectores de agricultores franceses han realizado el último mes de abril de este año contra productos agrarios españoles, como digo, son una reproducción de otros de la misma naturaleza producidos en años anteriores. Hay que decir, señorías, que la reacción del Gobierno español ante hechos que violan gravemente la libertad comunitaria de circulación de mercancías y que ocasionan daños económicos a nuestros exportadores ha sido siempre inmediata, tanto ante las instituciones comunitarias como bilateralmente ante Francia. Esta reacción ha tenido tradicionalmente una triple vertiente. Una primera vertiente se refiere al primer punto que presenta la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Hay que decirle, señora Rivadulla, que se están realizando actuaciones ante las instituciones comunitarias, ante la Comisión Europea, ante el Consejo, ante el Comité Especial de Agricultura, etcétera, para que restablezcan la legalidad y la libre circulación de mercancías. En lo que se refiere al segundo punto de la proposición no de ley, se están produciendo contactos bilaterales con las autoridades francesas, con la doble finalidad de obtener una respuesta por parte de la administración francesa en la que se comprometa a respetar la legalidad comunitaria y de conseguir una indemnización suficiente por los daños sufridos, tema éste, señorías, que no es uno de los principales problemas, porque hay que decir que los damnificados están recibiendo las indemnizaciones por parte del Gobierno francés con una tramitación burocrática bastante sencilla, no complicada, y además con bastante rapidez, dentro de lo que cabe; no es ése precisamente el mayor problema. Y en lo que se refiere al tercer punto de la proposición no de ley, también hay que decir que de forma inmediata nuestros consulados y representaciones diplomáticas en Francia ha facilitado todo tipo de servicios a los afectados, como interpretación, asesoramiento frente a las autoridades francesas, información de vías jurídicas de reclamación, etcétera.
Por tanto, señorías, hay que manifestar también, lo ha dicho la ponente, la firmeza con que la Ministra del Partido Popular, Loyola de Palacio, se ha manifestado ante el Gobierno francés y la enérgica protesta presentada ante las autoridades francesas y ante las autoridades comunitarias. Como ha reconocido la ponente, se ha producido por primera vez, después de muchos años, un hecho de tremenda importancia que cambia a esta hora el rumbo de este problema con nuestro país vecino, Francia, y es que las autoridades francesas han iniciado diligencias contra los cabecillas que organizan estos actos vandálicos, previa detención y toma de declaración de los mismos. Por tanto, señorías, es un punto muy importante y agradezco a la ponente que lo haya reconocido de tal forma. Al mismo tiempo, señorías, y esto también hay que tenerlo en cuenta, hay en marcha un recurso contra Francia presentado por la Comisión Europea, así como por España y el Reino Unido, ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cuya vista se espera para este otoño y cuya sentencia, que por todos los hechos

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parece que será condenatoria, se espera para el próximo mes de febrero de 1997.
Ante todo esto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución, como ha indicado el Presidente de la Comisión, y siguiendo la línea de los últimos acuerdos de la Comisión de Agricultura de este Parlamento, de la proposición no de ley aprobada el 27 de octubre de 1993 por unanimidad, o de la declaración unánime también del 10 de mayo de 1994, hemos presentado esta enmienda en la que decimos que el Congreso de los Diputados acuerda los dos siguientes puntos. El primer punto, hacer constar su protesta y rechazo ante los últimos atentados cometidos contra productos hortifrutícolas españoles en territorio francés; y les aclaro, señorías, que el pasado mes de abril contra productos como patatas y fresas. Y el segundo punto, instar al Gobierno a que continúe defendiendo ante las instancias comunitarias la adopción de medidas para asegurar el tránsito en el espacio comunitario.
No habría ningún problema para incluir el tema de Francia, porque se está haciendo así, es evidente, y por tanto, esperamos recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Hay que recordar que esta enmienda es prácticamente la misma que aportó el Grupo Parlamentario Socialista en el año 1993 ante una proposición del mismo estilo de Izquierda Unida. Por tanto, creemos que el Grupo Parlamentario Socialista no va a tener ningún problema para votar a favor, así como el resto de los grupos parlamentarios. Recabando ese apoyo, muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos parlamentarios desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor De Puig tiene la palabra.


El señor DE PUIG I OLIVE: Creo que todos nos vamos a poner rápidamente de acuerdo en condenar las acciones de las que estamos hablando y que estamos tratando con gran moderación, porque antes en iniciativas en esta Cámara les llamábamos los ataques vandálicos contra los camiones españoles y ahora parece que hablamos de la libertad de circulación de mercancías. Yo creo que se puede hablar de las dos cosas y yo quisiera hablar de las dos cosas.
A mí me parece, en primer lugar, que se trata efectivamente de ataques vandálicos, es decir, de salvajadas. Es el uso de la violencia sin ninguna razón, aparte de todas las consideraciones que se puedan hacer.
Unas, que me parece que a veces hacemos poco, y es que, como ciudadanos de un Estado, no dejamos de recibir una agresión, un trato francamente vejatorio, por ciudadanos de otro Estado, y eso también conviene a veces tenerlo en cuenta, sobre todo habiendo constatado durante los últimos años el poco interés de las autoridades francesas en resolver el problema. Y luego está el hecho fundamental de que con estas acciones se golpea lo que es un pilar fundamental y básico de la Unión Europea, que es la libre circulación. Entonces, condena total. Esta Comisión, o si no esta Comisión otras Comisiones del Congreso y el propio Pleno del Congreso, lo ha condenado en otras ocasiones. Estamos de acuerdo en este punto.
En cuanto al tenor preciso de la proposición no de ley de Izquierda Unida, quiero decir que nosotros estamos básicamente de acuerdo. Quizá, como siempre sucede, si la hubiera redactado nuestro grupo habría habido ligeras diferencias de redacción, pero fundamentalmente a nosotros nos parecen bien los puntos que se señalan aquí y que han sido mencionados ya; es decir, instar al Gobierno a que exija a la Unión Europea celeridad y atención a este problema; en segundo lugar, instar al Gobierno a que actúe frente a las autoridades francesas y, en tercer lugar, tomar las medidas de todo tipo que sean necesarias. Yo creo que básicamente las ideas son claras.
Me voy a referir a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular en el sentido de que, constatando que es imposible estar en desacuerdo con estas enmiendas porque son de sana intención, obvian uno de los elementos que señala la proposición no de ley de Izquierda Unida, que es la actuación frente a las autoridades francesas. A mí me parece que, dado que el propio Diputado del Grupo Popular nos ha contado hasta qué punto en este momento el Gobierno está actuando ante las autoridades francesas, yo creo que habría que encontrar una fórmula para que este tema figurara.
Es verdad que en 1993, incluso a instancias de nuestro grupo, se aprobó una proposición no de ley muy parecida a lo que es la enmienda del Grupo Popular, pero también es verdad que después de 1993, a instancias de lo que estaba pasando y ante la reiteración de los hechos, hubo otros posicionamientos de la Comisión de Agricultura en esta Cámara, con declaraciones de las posiciones de los ministros, e incluso toda una serie de actuaciones que ustedes conocen, que van no sólo desde el diálogo bilateral sobre el problema, sino incluso a que se llamara por el Gobierno a la representación diplomática de Francia en España para exigir garantías, aparte de la actuación, como se ha dicho aquí, en la Unión Europea, que ha terminado con el hecho de que España se ha personado como parte afectada en la tramitación del procedimiento ante el Tribunal de Justicia contra Francia por estos actos.
Por tanto, ha habido acciones comunitarias y ha habido presión de las autoridades españolas ante las autoridades francesas. Si es verdad que el Partido Popular, con la acción de la propia Ministra y con otros actos que nos acaba de reiterar el señor Pascual, está insistiendo ante las autoridades francesas para que diligentemente actúen, yo no veo por qué razón no va a figurar esto en la proposición no de ley. Me parecería más bien que esta Comisión iba a aprobar un documento que estaría bastante por debajo de lo que parece que está pasando, con lo cual afirmo que primero preferiríamos votar la proposición no de ley con el texto de Izquierda Unida, pero en el caso de que Izquierda Unida esté dispuesta a aceptar la enmienda del Grupo Popular señalaríamos, quizá como solución --si me permite, señor Presidente, una sugerencia, que en el punto 2 de la enmienda del Grupo Popular, donde se dice «instar al Gobierno a que continúe defendiendo ante las instituciones comunitarias...», al menos diga que también ante las autoridades francesas. No ahorremos la alusión a «ante las autoridades francesas», porque me parece que estamos por debajo ya de los mínimos, según se nos dice desde el propio Partido Popular.


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No sé si esto es una solución, y mucho menos si el partido proponente estaría dispuesto a aceptar esta fórmula, pero a mí me parece que, al menos, a pesar de haber bajado el tono, porque es más exigente y más rotundo el texto que presenta Izquierda Unida, no dejaríamos de hacer una referencia a una cosa que me parece elemental ante este tipo de hechos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burballa, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo está de acuerdo básicamente con el espíritu de la proposición no de ley presentada por la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y se ha manifestado reiteradamente en esta Cámara, a nivel de Comisión y de Pleno, contra la agresión a los productos agrarios españoles y a sus medios de transporte mediante actos de vandalismo que atentan contra el más elemental principio de solidaridad comunitaria.
Dicho esto, nosotros creemos que las acciones que está realizando el Gobierno deberían verse reforzadas por una posición unánime de esta Comisión y de las fuerzas políticas que la integran. Por tanto, creemos que Iniciativa per Catalunya, en este caso Izquierda Unida, debería aceptar la enmienda que propone el Partido Popular, pero no nos importaría, sino todo lo contrario, que se incluyera este añadido que hiciera referencia también a la actitud cerca del Gobierno francés, más que nada por reforzar una actuación que el Gobierno ya está desarrollando y que en todo caso permitiría a las fuerzas políticas representadas en esta Comisión tener una posición unánime.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿estaría su grupo en situación de aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Popular, con las variantes correspondientes?

La señora RIVADULLA GRACIA: A efectos de acta, señor Presidente, quisiera recordar que nuestro Grupo es Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Lo digo porque, según varios ponentes, parece que ésta es una propuesta de Izquierda Unida y es una propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Así será tenido en cuenta.


La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias.
En segundo lugar, no podría estar en contra de la propuesta de que se incluya aquí no solamente que se inste a la Unión Europea, sino al Gobierno francés, puesto que es una propuesta que le hecho yo al señor Pascual y que realmente era una exigencia para que este texto pudiese salir por unanimidad, como todos queremos. Pensamos que es una cuestión que afecta al conjunto del Estado y desde luego nuestro grupo está muy reconocido de que se incluya este punto. Estamos acostumbrados a que nuestras propuestas siempre se diluyan un poco, que siempre se rebaje el contenido, pero en aras a tener un texto unitario aceptamos la enmienda de sustitución que tanto agrada a los partidos mayoritarios, no ya propuesta de modificación, sino de sustitución.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Muy brevemente, señor Presidente, para decir que aceptamos, debido a la unanimidad de criterios, añadir «ante las instituciones comunitarias y ante el Gobierno francés», porque además de hecho así se está haciendo, y sobre todo por la magnanimidad del actual Gobierno, que no tiene ningún empacho en aceptarlo. Sí me gustaría decir al representante del Grupo Socialista que ya me hubiera gustado que la misma claridad que exigen al Partido Popular en el Gobierno la hubieran tenido ustedes en aquellos momentos en que gobernaba el Partido Socialista, en 1993.


El señor PRESIDENTE: Para claridad de todos entiendo que la señora Rivadulla, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, acepta la enmienda del Grupo Popular, que se leería en su segundo párrafo: «instar al Gobierno a que continúe defendiendo ante las instituciones comunitarias y ante el Gobierno francés la adopción de medidas para asegurar el libre tránsito en el espacio comunitario». Este es el texto que someto a la consideración y voto de la Comisión.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DIRIGIRSE AL GOBIERNO DE ISRAEL, SOLICITANDO LA INMEDIATA APERTURA DE SUS FRONTERAS, TANTO AQUELLAS COLINDANTES CON LOS TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS, COMO CON AREAS TRANSFERIDAS A LA AUTORIDAD PALESTINA, ASI COMO A PROMOVER RESOLUCIONES EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA Y EN LA ONU CON EL MISMO OBJETIVO, A PROPUESTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000036.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto número 4, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a dirigirse al Gobierno de Israel, solicitando la inmediata apertura de sus fronteras, tanto aquellas colindantes con los territorios ocupados palestinos como con áreas transferidas a la autoridad palestina, así como a promover resoluciones en el seno de la Unión Europea y en la ONU con el mismo objetivo.


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El grupo autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y en su nombre tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, efectivamente la proposición no de ley de Izquierda Unida se refiere a la situación que se está viviendo en Palestina, tanto en los territorios ocupados como en las zonas transferidas al control de la autoridad palestina, y se refiere al cierre militar total que se está viviendo desde el 25 de febrero de este año, que en principio estaba previsto que se mantuviera hasta la celebración de las elecciones en Israel. Es decir, la proposición se presentó cuando todavía no habían sido celebradas estas elecciones, pero desgraciadamente las elecciones en Israel se han celebrado y la situación se mantiene, por lo cual entendemos que la proposición es más pertinente todavía, por cuanto la propia limitación, que nosotros entendíamos injustificada, de mantenimiento del cierre militar hasta las elecciones no ha sido levantada todavía.
También quiero recordar a SS. SS. que esta situación se produce en un marco geopolítico derivado de la puesta en marcha de los acuerdos de septiembre de 1995, conocidos como de Oslo II, que plantean un diseño territorial que supone la cantonalización de Cisjordania en áreas escindidas entre sí, y que la decisión de cerrar militarmente los territorios ocupados incide en una zona ya de por sí extendida, que ha convertido a los palestinos en un pueblo cautivo, al que se le ha impuesto un castigo colectivo, encerrado en sus áreas autónomas, y que está ocasionando graves perjuicios en todos los órdenes de la vida civil y la quiebra de cualquier expectativa de normalización con los israelíes.
En la exposición de motivos SS. SS. tienen reflejados algunos de los aspectos más llamativos de la situación, en la cual, según informaciones oficiales palestinas, las pérdidas diarias derivadas del cierre de fronteras alcanzan los seis millones de dólares y se manifiestan en aspectos importantísimos de las condiciones de vida. Uno de ellos, sin duda uno de los más graves, es el aumento espectacular de la tasa de desempleo, una tasa de desempleo que antes ya alcanzaba a un 57 por ciento de la población en Gaza, que ha aumentado a un 65 por ciento después del cierre de fronteras en la franja y a un 80 por ciento en el resto de los territorios. Evidentemente, esta situación ha sido sufrida unilateralmente por el pueblo palestino, ya que las autoridades de Israel han autorizado un total de 16.000 permisos de trabajo para extranjeros no palestinos como fuerza de trabajo sustitutoria de la procedente de territorios palestinos.
Asimismo, el cierre de fronteras supone el bloqueo de todo tipo de transacciones económicas y comerciales. Las exportaciones están totalmente excluidas. Supone, según del Comité de Derechos Humanos palestino, unas pérdidas diarias de 2 millones de dólares, como consecuencia de la prohibición expresa de exportar productos cultivados.
También la pesca se ha visto unilateralmente agredida, de manera que se han vulnerado los acuerdos de El Cairo, que garantizaban el acceso a 20 millas marinas desde la costa de Gaza para los palestinos, y se ha impuesto una reducción que disminuye esta superficie de 12 a 8 millas marinas.
No solamente las transacciones comerciales sino el transporte de vehículos está siendo afectado y ha tenido consecuencias directas de muerte en personas que intentaban acceder en vehículos sanitarios, es decir, en ambulancias, a otros países para recibir tratamiento médico.
Tres muertes se habían producido en el momento de presentar la proposición no de ley, a las que hay que añadir una más, acaecida el 30 de abril de este mismo año.
Como consecuencia de este cierre de fronteras, la carencia de alimentos ha sido tan grave que ha obligado a las autoridades palestinas a imponer un sistema de racionamiento de productos básicos que afecta a un elemento tan fundamental para la alimentación como es el de la harina. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Maestro.
¿Podría pedir a las señoras y señores comisionados que escuchen atentamente la intervención de la señora Maestro o que, si no, debatan sus legítimos puntos de vista fuera de la sala? Continúe, señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que la situación sanitaria, ya de por sí muy precaria en las instalaciones sanitarias palestinas después de 27 años de ocupación, que significaba la obligatoriedad de transferir pacientes a otros lugares, como a Cisjordania, o a otros países, como a Israel, Egipto o Jordania, se ha visto radicalmente deteriorada.
La importación de medicamentos y de productos sanitarios básicos también se ha visto afectada, así como la importación de antibióticos y de suplementos nutritivos para los niños, como leches maternizadas. Las universidades y las escuelas están paralizadas. Más de 500 estudiantes están siendo privados de su derecho a asistir a las universidades en Cisjordania y, como ustedes bien saben, está cerrada la Universidad Islámica de Gaza.
Las comunicaciones están interrumpidas. El aeropuerto de Lod, único punto de embarque para los territorios, así como el puente que une áreas palestinas con Jordania, han sido clausurados.
La situación de los prisioneros, motivo de preocupación en mi grupo en anteriores legislaturas, por cuanto entendemos que un proceso de paz que mantiene a una población de más de 4.000 prisioneros en cárceles israelíes, está siendo asimismo deteriorada, sobre todo después de 1995, cuando el Tribunal Supremo israelí autoriza el uso de la tortura física y psicológica de los presos en sesiones de interrogatorios mediante un permiso que se renueva eficazmente cada tres meses.
Quiero terminar la exposición de motivos con la valoración del Comité Pro Derechos Humanos palestino, en el que se afirma que el cierre total impuesto por Israel a Gaza y Cisjordania constituye una forma de castigo colectivo contra la población palestina que conducirá a un deterioro de sus ya empobrecidas condiciones de vida. Los cierres

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reducen cualquier beneficio que los palestinos pudieran obtener de los acuerdos de paz. Su derecho a la autodeterminación se ve restringido, mientras la mantenida ocupación deniega los derechos económicos y sociales a la población palestina. La medida del cierre sólo contribuye a que la tensión aumente y a que la estabilidad en la región merme.
Señoras y señores Diputados, señor Presidente, tal y como expresaba al comienzo de mi intervención, el mantenimiento del cierre de los territorios ocupados, incluso más allá del propio límite que el Gobierno de Israel había impuesto para los mismos, hace que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya les pida su apoyo a una propuesta que pretende que el Gobierno de España se dirija al Gobierno de Israel, solicitando la inmediata apertura de sus fronteras, tanto aquellas que afectan a los territorios ocupados palestinos, como las que lindan con áreas transferidas a la autoridad palestina, así como a promover resoluciones en el seno de la Unión Europea y en Naciones Unidas con el mismo objetivo, partiendo de la valoración de las graves consecuencias que este hecho tiene sobre las condiciones de vida de la población palestina y también su incidencia negativa sobre la valoración que la población palestina tiene acerca del proceso de paz en curso en la zona.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. La primera, del Grupo Socialista del Congreso; la segunda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Por este orden, doy la palabra a los portavoces correspondientes.
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, la intervención de la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos permite no incidir en la exposición detallada que sobre la situación en Palestina que acaba de hacer y que hacemos plenamente nuestra.
Queríamos hacer una reflexión sobre esa situación que está durando demasiado tiempo, que supone una puesta en peligro de algo que ha costado mucho trabajo poner en marcha: me refiero al proceso de paz, que tiene su punto de partida en Madrid, y que tiene su lanzamiento a partir de los acuerdos de Oslo.
Yo querría aquí hacer un pequeño inciso para recordar la figura de quien fuera Ministro noruego, fallecido recientemente, señor Holst, que fue el arquitecto de aquellos acuerdos de Oslo; unos acuerdos que se basan en el principio de paz por territorio; unos acuerdos que se basan en el premisa de que es posible hacer compatible el ejercicio de autodeterminación con el derecho de los pueblos a vivir dentro de fronteras seguras. Nuestro Grupo ve favorablemente la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con independencia de que hemos presentado una serie de enmiendas que ahora comentaré.
Naturalmente, no podemos ignorar los cambios políticos que se han producido en Israel, pero entendemos que no es éste el momento de emitir juicios, que serían en todo caso anticipados, y, aunque a la vista de la plataforma electoral del partido que ha resultado ganador en las elecciones cabría tener una actitud pesimista, preferimos esperar y ver, sobre todo porque en este país hemos podido recibir lecciones recientemente de la evanescencia que pueden tener los programas electorales y de la capacidad de revisión y de adaptación de posiciones inamovibles que produce la llegada al Gobierno. Por tanto, seguiremos con atención el proceso.
En cuanto a las enmiendas que nosotros hemos presentado, hay una primera que pretende la adición de un nuevo punto relativo a impulsar las acciones necesarias para lograr que el Gobierno de Israel aplique plenamente las medidas derivadas de los acuerdos de Oslo y, en particular, la retirada israelí de Hebrón y el establecimiento de vías de comunicación entre Gaza y Cisjordania. La señora Maestro ha hecho referencia a ello. A SS. SS. no se les oculta la importancia que tiene la comunicación entre Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y las consecuencias negativas que está teniendo sobre la economía de la zona, así como la tensión que constituye la situación actual de Hebrón, donde se están incumpliendo los acuerdos adoptados entre las autoridades israelíes y las palestinas.
Una segunda enmienda pretende poner al día de hoy, víspera de la cumbre de Florencia, el punto 2 del texto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el que, a partir de la palabra promover, diría: «... en el Consejo Europeo de Florencia la adopción de iniciativas que permitan a la Unión Europea asumir un papel político en el proceso de paz acorde con su peso específico, económico y de cooperación en la zona», y el resto seguiría igual. Finalmente, por cuestión de estilo, suprimiríamos las últimas líneas del texto de Izquierda Unida.
Parece evidente que hay un deseo generalizado, cuando menos desde nuestro Parlamento, de que la Unión Europea, que es el primer contribuyente que ayuda al desarrollo de la región, el primer contribuyente a la puesta en marcha de lo que habrá de ser el futuro Estado palestino, que es un interlocutor comercial privilegiado del Estado de Israel, debiera tener una voz política en este proceso de paz acorde con ese peso específico y económico. Eso es lo que reclamamos aquí.
Aunque la señora Maestro no ha expresado su posición ante las diferentes enmiendas, hay una del Grupo Popular que querríamos comentar. Con la enmienda del Grupo Popular en la que se resalta la necesidad de tener en cuenta los intereses legítimos de seguridad de Israel, no hay más remedio que estar de acuerdo porque es una obviedad. Sin embargo, esta obviedad puede dar lugar, en el contexto en el que estamos trabajando --la proposición no de ley de Izquierda Unida y las propuestas de modificación que pretende incorporar el Grupo Socialista-- a posibles interpretaciones torcidas. La primera es la de que se estarían endosando las medidas en vigor para garantizar su seguridad como, por ejemplo, el cierre y otras medidas impuestas por el Estado de Israel, lo cual podría dejar sin valor el conjunto de la proposición no de ley.
Nosotros escucharemos, en primer lugar, las palabras del portavoz del Grupo Popular y, en segundo lugar, veremos

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la posición que adopta la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nos gustaría que entre todos fuésemos capaces de adoptar un punto de encuentro. Veríamos mejor una formulación que, recogiendo la idea contenida en la propuesta del Grupo Popular, no diese lugar a esas interpretaciones erróneas. Si lo permite el Presidente, si no hubiese acuerdo, propondríamos una enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Desde el día 25 de febrero de 1996, tras un gravísimo atentado terrorista perpetrado en Jerusalén y al que días después seguirían otros en Tel Aviv y Ashqelon, los territorios ocupados palestinos, incluidas aquellas áreas transferidas a la autoridad palestina, sufren un cierre total de fronteras que está afectando a la población palestina en todos los órdenes. La economía local, ya de por sí deteriorada, está siendo devastada, las condiciones de vida, sanitarias, educativas, de orden humanitario en términos generales, así como la libertad de movimiento, se ha visto alterada por las consecuencias del cierre impuesto por Israel, que afecta a los permisos de circulación de personas y mercancías, tanto entre los territorios palestinos con Israel como el libre acceso de los mismos entre los propios territorios. Es evidente que el vigente cierre fue decretado por el Gobierno de Israel, con carácter temporal e indefinido, tras la serie de atentados terroristas perpetrados a finales de febrero y principios de marzo.
Tenemos que comprender (como lo ha hecho el Gobierno español, tanto el Gobierno socialista como lo hace el Gobierno actual y tal y como lo hace la Unión Europea) que las legítimas preocupaciones de seguridad del Gobierno de Israel tienen que entenderse desde el punto de vista, de las consecuencias negativas que esta decisión tiene sobre las condiciones de vida de la población palestina y la valoración que, en consecuencia, ésta hace y, por tanto, la evolución futura previsible del proceso de paz en su conjunto.
Nosotros creemos que el punto de vista de España y de la Unión Europea ha tenido un cierto eco y ha sido recogido por una serie de medidas del Gobierno de Israel que, en cierto sentido, han aliviado el cierre decretado, sin embargo, el proceso electoral israelí no ha permitido completar estas medidas y parece evidente que, hasta la fecha actual, este proceso político abierto no ha permitido al Gobierno de Israel levantar completamente este cierre.
Respecto a estas cuestiones debemos tratar de equilibrar el análisis que podamos hacer de la situación en los territorios ocupados y, en general, sobre el proceso de paz teniendo en cuenta no solamente los puntos de vista de unos y de otros, sino también los distintos elementos que se ofrecen, a nuestro juicio, y que es necesario tener presente para llegar a una apreciación equilibrada y completa de la situación surgida como consecuencia del cierre de fronteras.
Es evidente que Israel posee legítimamente un derecho de defensa, del que el cierre de fronteras es una manifestación, pero es evidente también que debemos promover cuantas iniciativas y actuaciones, en el plano bilateral o multilateral, podamos impulsar para aminorar los perjuicios que se producen en la población palestina. Esas actuaciones deben dirigirse a conseguir un equilibrio entre la seguridad israelí y los intereses de la población palestina, teniendo en cuenta sobre todo que el objetivo más ambicioso y más importante es permitir que vuelva a tomar impulso el proceso de paz. Ese es el sentido de la declaración institucional aprobada en esta Comisión hace unos minutos y ése es el sentido de nuestra enmienda.
El contenido fundamental de la proposición no de ley de Izquierda Unida es correcto. El Parlamento debe instar al Gobierno para que, en sus relaciones con el Gobierno de Israel, haga ver la necesidad del levantamiento del cierre de los territorios ocupados en los ámbitos correspondientes, europeos, de Naciones Unidas, y en el contexto del proceso de paz en Oriente Medio. Sin embargo, creemos importante --y por eso hemos presentado una enmienda de modificación al punto primero-- que se haga constar que existe una legítima preocupación en materia de seguridad del Estado de Israel, que es la que nos permitiría equilibrar y dar un análisis no solamente razonable sino también posible y equilibrado a la actual situación.
A mi Grupo le gustaría que pudiéramos llegar a un texto de transacción, nos gustaría escuchar la opinión del portavoz de Izquierda Unida, aunque valoramos en mucho la expresada por el señor Estrella. Mi Grupo, si se tiene en cuenta esta legítima preocupación en materia de seguridad que creemos tiene el Gobierno de Israel; si se tiene en cuenta este elemento determinante del cierre de los territorios ocupados, podría llegar a un acuerdo con los demás grupos de la Cámara y, por lo tanto, votar favorablemente esta proposición no de ley. En caso contrario, consideraremos que esta iniciativa no recoge los hechos fundamentales que dan equilibrio, realidad y sustento a la posición del Gobierno español y nos veremos obligados a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea tomar la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo ha seguido con suma atención las intervenciones de los portavoces de las distintas fuerzas políticas, tanto de la proponente de esta iniciativa parlamentaria como la de los dos grupos enmendantes.
En la intervención de la portavoz de Izquierda Unida se ha hecho una amplia mención a la dramática situación que vive el pueblo palestino; situación que no es nueva pues seguramente nos podríamos remontar al año 1948 para fijar un punto de inicio; situación que se ha visto agravada especialmente por el cierre de fronteras, que nuestro Grupo lamenta y no comparte en absoluto.
Hecho este preámbulo, quisiera decir, señor Presidente, que, desde nuestra perspectiva, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya efectúa un tratamientos sumamente parcial del problema del Próximo Oriente. Es un problema obviamente

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mucho más complejo, que no se circunscribe al objeto estricto de esta proposición no de ley.
Nuestro grupo parlamentario piensa que esta Comisión no debe de servir, en cuanto al conflicto del Próximo Oriente, para efectuar pronunciamientos puntales sobre problemas que se van planteando. Puede ser hoy el cierre de fronteras, pudo ser hace unos días la condena de los atentados efectuados por el grupo Hamás, que no se produjeron por circunstancias diversas, entre otras porque no nos encontrábamos en período hábil de sesiones.
En consecuencia, pensamos que nuestro objetivo debe ser encontrar acuerdos, como el que se ha concretado en la declaración institucional que hemos aprobado por unanimidad esta tarde, que tengan como objeto principal conseguir un avance en el proceso de paz emprendido en su momento, un proceso de paz sobre el cual se ciernen negros nubarrónes después del resultado de las recientes legislativas israelíes.
Por ello, nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de dicha proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro para manifestarse a favor o en contra de las enmiendas que han sido presentadas a la proposición no de ley de su grupo.


La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, deseo agradecer a los grupos que han manifestado su voluntad de enmendar una proposición no de ley desde la aceptación básica de su justificación. Mi grupo no tiene ningún inconveniente en aceptar las enmiendas de Grupo Socialista, puesto que mejoran y actualizan la voluntad política manifestada en la proposición no de ley que, les recuerdo a SS. SS., no pretende valorar el conjunto del proceso de paz en una zona especialmente conflictiva. Es algo mucho más modesto y más limitado, como la valoración de una situación que se mantiene en el tiempo, que está teniendo gravísimas repercusiones y que viene a añadir motivos de preocupación a un proceso de paz difícil.
La historia está ahí. Cada grupo político, legítimamente, valora los procesos históricos y los derechos legítimos de los pueblos en conflicto.
Insisto en que la voluntad de Izquierda Unida no era promover una declaración parlamentaria por el desarrollo o los contenidos del proceso de paz, sino algo más limitado, que es más eficaz para promover los consensos necesarios puesto que, probablemente, si vamos a analizar procesos históricos más amplios, tendrían dificultades en encontrarse.
La enmienda del Grupo Popular, que yo agradezco, amplía el marco de la proposición no de ley de una manera quizás desequilibrada. Es un proceso con un conflicto de derechos, un conflicto de situaciones entre dos pueblos: un pueblo ocupado y un país ocupante, que ha sido objeto de un sinnúmero de declaraciones por parte de la Asamblea de Naciones Unidas en la tortuosa historia reciente.
Nosotros entendemos que la legitimidad de la preocupación, expresada exclusivamente en la seguridad del pueblo israelí, desequilibra el derecho a la existencia, a su territorio, que está en la base de la violencia terrible que se está desencadenando en la zona.
Es voluntad de mi grupo parlamentario encontrar un consenso que permita el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, me remito a la posibilidad de que una redacción más equilibrada, que el señor Estrella ha anunciado, concite el acuerdo de los grupos parlamentarios sobre el tema fundamental que el objeto de esta proposición no de ley, que es limitado porque creemos que posiciones limitadas son las que permiten avanzar en más amplios consensos y que, por otra parte, la introducción de valoraciones políticas más generales pudiera llevar a discusiones que desbordan sustancialmente la intención política del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como grupo proponente.


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, entiendo que acepta usted las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, pero no la del Grupo Popular, aunque, al mismo tiempo, se muestra eventualmente abierta a alguna enmienda que, sin haberla usted calificado así, yo calificaría de transaccional.
Reglamentariamente estamos limitados al respecto, de manera que si existe esa enmienda transaccional, que fuera capaz de concitar el acuerdo de todos los grupos, pasaríamos rápidamente a su consideración.
Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, recogiendo el planteamiento del señor Robles e incorporándola a lo que entendemos sebe ser nuestra posición política, en el sentido de que esos intereses de seguridad de Israel tienen que se compatibles con la profundización del proceso de paz y el desarrollo de la autodeterminación del pueblo palestino, la enmienda enmendada por el Grupo Popular, diría lo siguiente en le párrafo primero: Dirigirse al Gobierno de Israel desde la voluntad de hacer compatible el derecho del pueblo israelí a vivir dentro de fronteras seguras, con el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte del pueblo palestino, solicitando la inmediata apertura, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas transaccionales deben recibir el apoyo de todos los grupos. Pregunto si esta enmienda transaccional recibe el apoyo de todos los grupos. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, ¿se refiere al apoyo para ser tramitada?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Si no hay objeción al respecto, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per

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Catalunya, con las adendas de las enmiendas del Grupo Socialista y con la enmienda transaccional, tal como ha sido leída por el señor Estrella, al párrafo primero de dicha proposición no de ley.
Votación de la proposición no de ley tal y como queda después de las adiciones correspondientes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN EL SENO DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SU CONSEJO DE SEGURIDAD DESARROLLE CUANTAS ACCIONES DIPLOMATICAS SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS SOBRE EL REFERENDUM DE AUTODETERMINACION DEL PUEBLO SAHARAUI, Y PARA QUE SE MANTENGAN LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS DESPLAZADOS CON LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERENDUM EN EL SAHARA OCCIDENTAL (MINURSO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000048.)

El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones acordadas sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y para que se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).
Es autor de dicha iniciativa el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y, en su nombre, la señora Maestro tiene la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: También en este caso la presentación, que tiene registro de entrada de 10 de mayo de 1996, se anticipa a acontecimientos que desgraciadamente han venido a confirmar, a nuestro juicio, la pertinencia de la propuesta. En el momento de su presentación todavía no se había producido la decisión de Naciones Unidas de la retirada de los medios humanos y técnicos de Minurso, destinados a promover los medios técnicos y diplomáticos encaminados a facilitar la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en el marco del plan de arreglo para la zona de Naciones Unidas.
Como decía, desgraciadamente, a finales del mes de mayo, se produce esta decisión y, en estos momentos, existe una situación de confusión, de tensión incrementada, y no se vislumbra ninguna salida pacífica, dialogada, al conflicto que se mantiene en torno al territorio del Sáhara Occidental.
Sin insistir más en la evidente responsabilidad del Estado español en una zona que, hasta hace poco más de veinte años, era colonia española, que dejó de serlo en una situación de indefinición y de retirada precipitada, en la cual se abrían, como así ha sido, perspectivas muy difíciles para la autodeterminación del pueblo saharaui, incluidos enfrentamientos armados por la defensa de su territorio, entendemos que el Estado español tiene, en el marco de la Unión Europea pero como responsabilidades propias y específicas, la obligación de promover todas aquellas medidas que puedan facilitar, en el marco de los organismos internacionales y de la Unión Europea, repito, la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, para lo cual consideramos indispensables que se inste a Naciones Unidas para que se prorrogue la presencia de los medios humanos y técnicos de Minurso desplazados en el Sáhara Occidental.
Señor Presidente, señorías, si me lo permiten, en aras de la brevedad (entiendo que las enmiendas formuladas parten, en lo fundamental, de la misma preocupación que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretendía manifestar en su proposición no de ley) y para facilitar la discusión acerca de este punto, propongo una enmienda transaccional en la que, con toda voluntad de consenso y acuerdo, incorpora todos aquellos aspectos que mejoran técnicamente e introducen elementos no suficientemente reseñados en la proposición no de ley de Izquierda Unida. Espero que sea de su agrado y que recoja las preocupaciones y la voluntad política de los grupos enmendantes.
El texto propuesto diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el seno de las Naciones Unidas, en sus contactos bilaterales con las partes y con los países vecinos interesados, desarrolle de forma constante y constructiva cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para conseguir un rápido desbloqueo del plan de arreglo y la prórroga del mandato de la Minurso. Todo ello para garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación libre y justo en el Sáhara Occidental, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿podría depositar en la mesa el texto de esa enmienda? (Asentimiento).
Existen dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentadas, respectivamente y por este orden, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Nosotros apoyamos la proposición de Izquierda Unida en la línea que ha expresado, porque la paralización del proceso de paz hace

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previsible una catástrofe humanitaria importante. También creemos que existe actualmente falta de firmeza de Naciones Unidas en relación a este tema. Es una obligación del Gobierno español, como antigua potencia colonizadora, la adopción de medidas entre Marruecos y la ONU, que trae al Congreso de los Diputados al necesidad de tomar alguna resolución al respecto.
En este sentido, nosotros aceptamos la propuesta que hace la señora Maestro y presentamos una enmienda que dice: El Congreso, en defensa del pueblo saharaui y su derecho a decidir sobre su estatuto futuro, insta al Gobierno a que ejerza una actividad diplomática constante y constructiva, impulsando contactos bilaterales --eso para nosotros es extremadamente importante-- entre los gobiernos interesados y con los responsables de Naciones Unidas.
¿Por qué? Porque en este conflicto, como es sabido, no están solo Naciones Unidas y la OUA, sino también están las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, pero hay países observadores que tienen cosas que decir, como Argelia y Mauritania. En este sentido, España, como país colonizador, debe tener un papel prioritario y activo. Por último, también creemos en la importancia del papel de Francia y Estados Unidos como países miembros del Consejo de Seguridad. Eso lo digo precisamente a raíz de la enmienda del Grupo Popular y de esa transaccional. En esencia el esfuerzo que ha hecho la señora Maestro para conseguir aglutinar nuestra propuesta y la del Grupo Popular con la suya es muy encomiable y, en principio, nos veríamos muy dispuestos a aceptar si no fuera solamente por una pequeña observación.
No creemos estrictamente necesaria esta última parte de la que hemos estado hablando, en relación con la frase «de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad». ¿Por qué? Primero, porque es sabido que los acuerdos del Consejo de Seguridad son de obligado cumplimiento por parte de los países miembros de Naciones Unidas. Esto está claro, pero además nosotros queremos ir un poquito más allá.
Queremos que sea el Gobierno español el que tenga un papel muy activo con dos países miembros del Consejo de Seguridad, que son precisamente Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos compete este conflicto de una forma históricamente muy cercana y pensamos que, en la medida en que hay unas responsabilidades históricas y culturales, debemos jugar un papel mucho más activo y nuestro Ministro tiene que trabajar para convencer a los miembros del Consejo de Seguridad. Que esto sea o no posible viene después, pero no se debe decir desde el principio que sea lo que los miembros del Consejo de Seguridad digan; evidentemente, al final será eso, pero decirlo de entrada es limitar el tema.
En el esfuerzo que ha hecho la señora Maestro y todos los grupos de consensuar esta propuesta, tanto el Partido Popular, por parte del señor Soriano y también del señor Robles Fraga, como nosotros mismos, que estamos dispuestos a apoyar esa transaccional, se podría dar un paso más al frente --perdónenme la expresión-- en el sentido de modular un poco eso. ¿Por qué? Porque ese tema viene de lejos. Esa preocupación en relación con el Sáhara ha sido objeto de preguntas en el Senado por parte del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria, un grupo parlamentario extremadamente preocupado por esta situación, como es obvio, por la cercanía, por la ubicación geográfica, etcétera. Además, el Grupo de Izquierda Unida presentó diferentes preguntas sobre el tema, una de las cuales ha dado paso a esta proposición no de ley. El mismo Grupo Socialista, el 12 de junio, en un Pleno en esta Casa, formuló una pregunta en relación con la visita del Presidente del Gobierno, señor Aznar, a Marruecos. Quiero señalar que, con independencia del inapropiado incidente que, en cuanto a su formulación se produjo, el sentido iba en la misma dirección que en estos momentos estamos discutiendo.
Celebro y señalo que, de una forma amplia, la propuesta de la señora Maestro es un interesante ejercicio de consenso parlamentario. Como he dicho antes, por parte de los señores Soriano y Robles Fraga, se ha avanzado mucho en este sentido. En este sentido creo que iríamos un poco más allá si eliminásemos la última frase, porque no es necesaria y le quita fuerza, puesto que, por una parte, se habla de consenso pero, por otra, de lo que diga el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad dirá lo que tenga que decir en su momento, pero nosotros no podemos limitarnos a recomendar y subordinarnos a lo que al final se decida, entre otras cosas, porque en ese conflicto tenemos --insisto-- unas responsabilidades históricas y culturales muy considerables. Y además, por otra razón, porque desde el punto de vista estratégico, geopolítico y de defensa es una cuestión que nos afecta mucho más.
Para terminar, yo diría que una de las cosas que hay que empezar a pensar y a aprender --creo yo, modestamente-- en política internacional es que hay esfuerzos que merecen mucho la pena, porque a veces la no realización de dicho escuerzo tiene consecuencias, como se ha visto en otros países, de gran calado, como son esas catástrofes humanitarias que todos lamentamos. En este caso, después de lo que sucedió hace veinte años --como muy bien citaba la señora Maestro--, creo que deberíamos evitar que ese conflicto no se encauzara definitivamente y deberíamos evitar mantener permanentemente abierta una situación que puede llevar a un empeoramiento o, incluso, a reanudar el conflicto armado que en este momento está más o menos acotado, pero que está chispeante y a punto de saltar.


El señor PRESIDENTE: Hay también una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, cuya defensa corre a cargo del señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente pocas cuestiones han merecido tanta unanimidad en las Cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, como la necesidad de que se celebre un referéndum en el Sáhara para que los propios saharauis decidan el destino definitivo de este territorio. No voy a hacer referencia aquí a todas las iniciativas habidas desde la III, IV, V y actual legislatura, pero sí quiero significarle a la señora Balletbó que no ha sido sólo el Grupo de Coalición Canaria el que ha tenido interés por un problema que afecta en general a todo el pueblo canario, por la vecindad y las relaciones

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de amistad y comerciales que tradicionalmente han existido con el Sáhara, sino que estoy seguro que también los Diputados socialistas, y por supuesto los Diputados del Grupo Popular, somos sensibles a este tema, que no es exclusivo de ningún grupo en la comunidad canaria.
En esta línea y aceptando en principio la enmienda transaccional propuesta por la señora Maestro, yo quisiera indicar que esa transaccional, en definitiva, como ella misma ha reconocido, no es sino la consecuencia de que, con posterioridad a presentarse la iniciativa por el Grupo, Izquierda Unida, el 29 de mayo pasado las Naciones Unidas acordaron, por unanimidad, suspender la elaboración del censo electoral necesario para la celebración del referéndum hasta que Marruecos y el Frente Polisario demuestren su compromiso de reanudarlo y completarlo sin nuevos obstáculos. Ayer, en esta Cámara, este Diputado preguntaba al Ministro de Asuntos Exteriores sobre la voluntad del Gobierno español, y quedó claro y manifiesto el compromiso de España con la celebración de un referéndum que dé una solución definitiva al conflicto.
En definitiva, nuestra enmienda viene a coincidir con la de Izquierda Unida y con la del Grupo Socialista, por cuanto dice, textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas, en sus contactos bilaterales con las partes y con los países vecinos interesados, desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean útiles para conseguir un rápido desbloqueo del plan de arreglo y la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara occidental, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.
Como se ve fácilmente, la enmienda está originada porque, como he indicado, con fecha 29 de mayo se produce un acuerdo de Naciones Unidas, pero cuando se presenta la iniciativa por parte del Grupo de Izquierda Unida sólo estaba basada en unas meras declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas que ya anticipaban lo que iba a ser el acuerdo al que me he referido. Por ello, el Grupo Popular no tiene inconveniente ni en aceptar le enmienda transaccional ni en aceptar la pequeña variación que ha solicitado la señora Balletbó, puesto que el Partido Popular ha puesto de manifiesto reiteradamente la necesidad de celebrar este referéndum en el sentido indicado. Me parece que, estando de acuerdo los grupos en esta transacción, sobra ya cualquier otra referencia al asunto. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, entiendo que, tras la intervención del representante del Grupo Popular, el Grupo de Izquierda Unida está en condiciones de aceptar la sugerencia de la señora Balletbó en el sentido de eliminar la última parte de la proposición no de ley, en la que se hacía referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --no recuerdo exactamente el texto, porque lo he entregado y estaba escrito a mano--, por entender que es obvio que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vincula en sus decisiones al resto de los países, lo que diluiría la responsabilidad histórica y cultural específica de España en relación con el Sáhara occidental.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que no hay dificultades procedimentales para que se tenga en consideración la enmienda transaccional que, después de las diversas intervenciones, quedaría de la siguiente manera: La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el seno de las Naciones Unidas, en sus contactos bilaterales con las partes y con los países vecinos interesados, desarrolle, de forma constante y constructiva, cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para conseguir un rápido desbloqueo del plan de arreglo y la prórroga del mandato de la Minurso. Todo ello para garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación, libre y justo, en el Sáhara occidental.
Este es el texto que someteríamos a votación. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.) Sí, señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Quisiera manifestar nuestra posición al respecto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario, que vio con tristeza y suma preocupación la decisión de Naciones Unidas que tenía por objeto suspender, aunque fuera temporalmente, los trabajos de elaboración del censo que había de conducir a la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental, cree que hoy vamos a dar un paso importante, puesto que esta Comisión, por unanimidad, va a aprobar, por lo que se deduce del debate precedente, una resolución conjunta de impulso a este proceso.
Concretamente, un mandato al Gobierno español que nosotros deseamos que el Gobierno español se tome como algo muy importante dentro de lo que es su estrategia de política exterior, porque son obvios los lazos y las responsabilidades históricas que nos unen con el pueblo del Sáhara occidental.
Ayer tuvimos ocasión, como ha dicho un anterior interviniente, de escuchar, de boca del señor Ministro de Asuntos Exteriores, la posición del Gobierno de compromiso con todo aquello que pueda coadyuvar a reemprender la misión de Minurso. También quiero significar que nuestro grupo parlamentario, hace unas semanas y después de producirse esta decisión de Naciones Unidas, que hemos lamentado, solicitó la comparecencia ante esta Comisión del Ministro de Asuntos Exteriores para poder debatir con él la posición del Gobierno español.
Con todo ello, reitero nuestro voto favorable al texto que ha sido transaccionado finalmente.


El señor PRESIDENTE: También para fijación de posición, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, el Grupo de Coalición Canaria estará en la misma línea de argumentos que acaba de expresar el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) señor Recoder. Nosotros nos congratulábamos por la oportunidad de esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ahora lo hacemos doblemente porque haya habido este consenso en las enmiendas presentadas, porque creemos que del Parlamento español, del Congreso de los Diputados, debe de salir siempre una voz única y contundente de apoyo al referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental y, sobre todo, a las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es muy importante en la situación en que actualmente se está desarrollando la labor de las Naciones Unidas, de una precariedad absoluta, en la que resulta castigado el deseo democrático del pueblo saharaui. Por eso, nosotros vamos a apoyar con nuestro voto favorable este texto consensuado, que satisface las aspiraciones de fondo de este grave problema.


El señor PRESIDENTE: ¿No hay ningún otro grupo que desee tomar la palabra? (Pausa.) En consecuencia, vamos a someter a votación el texto que acabo de leer y que es el resultado de la transacción realizada entre el grupo proponente y los dos grupos que habían presentado enmiendas a la proposición no de ley originaria.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: El texto se aprueba por unanimidad.


CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

--SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EN PARAGUAY, ASI COMO DE LA NUEVA SITUACION CREADA EN DICHO PAIS. FORMULADA POR LA SEÑORA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000043.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer bloque de cuestiones del orden del día que se refiere a la contestación de las preguntas números 6 al 11 inclusive.
Para la contestación a estas preguntas asiste, en representación del Gobierno, el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando Villalonga, al cual invito a tomar asiento en la mesa presidencial.
Siendo ésta la primera ocasión en que el Secretario de Estado comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, me permito, en nombre de la Presidencia, de la Mesa y de todos los comisionados, darle calurosamente la bienvenida augurándole no sólo una feliz estancia entre nosotros, sino también una feliz continuación de esa estancia entre nosotros porque seguramente en el futuro tendremos ocasión de compartir con él preguntas y actividades varias.
Quiero recordar a los señores comisionados y también al Secretario de Estado que el trámite de las preguntas, que siempre ha sido entendido con una gran flexibilidad por parte de la Presidencia de esta Comisión, supone, en el caso de que así se quiera utilizar por parte del interpelante, un primer turno para sustanciar la pregunta, un turno en este caso del señor Secretario de Estado para contestar y dos breves turnos de réplica por parte del que realiza la pregunta y por parte del Secretario de Estado. Digo y repito que las normas han sido extraordinariamente flexibles en su aplicación, y lo único que pido tanto al que pregunta como al que contesta es que utilicen la máxima concisión, que sería, al fin y al cabo, una muestra de capacidad de expresión y respeto para unos y otros.
La primera pregunta que formula doña Ana Balletbó i Puig lleva el número 6 y se refiere a la situación en el Paraguay.
La señora Balletbó tiene la palabra.


La señora BALLETBO I PUIG: Mi pregunta hace referencia a los acontecimientos del pasado mes de abril, días 23 y 24, en ese país latinoamericano. Hasta donde yo puedo saber, al parecer el Presidente Wasmosy tenía deseos de ordenar la situación política en su país colocando el poder militar en el lugar que le corresponde, es decir, recuperando el espacio que correspondía al poder civil en toda democracia. Como consecuencia de esta reflexión, cesó al general Oviedo del cargo de Comandante responsable del Ejército de Tierra, ya que se comportaba, según las noticias que tengo --y eso es lo que quiero que me confirme el señor Secretario de Estado--, como un presidente de facto. El general Oviedo no acató la destitución hecha por Wasmosy y se acuarteló con sus fieles --estamos en los días 23 y 24 de abril--. A continuación, el Presidente del Senado, jefe de la oposición de Wasmosy, asumió el protagonismo de una renegociación con los amigos de Oviedo y grupos vinculados al mundo de los negocios internacionales. Esta negociación que, según parece, muy intencionada, ya que el acuartelado Oviedo proclamó después que sólo cesaría en su pronunciamiento si dimitían Wasmosy y el Vicepresidente y si asumía el cargo de presidente el Presidente del Senado, el que supuestamente negociaba. Me vino a la memoria ese refrán que dice: el que parte y reparte se queda la mejor parte. En todo caso, lo que es cierto es que en ese país, a raíz de todos esos incidentes, los embajadores de Mercosur y el Embajador de Estados Unidos en Paraguay rechazaron esta maniobra --por descontado, anticonstitucional-- y Oviedo, al ver que no lograba salirse con sus propósitos, rebajó sus pretensiones y en ese momento se limitó sólo a pedir una salida política que para él era que le nombraran Ministro de Defensa, lo que, hasta donde yo sé, en un principio, el Presidente Wasmosy aceptó.
Lo demás es una cuestión de televisión, manifestaciones en las calles, estudiantes, quejas, presión popular, hasta que finalmente el general Oviedo es cesado del cargo de Comandante del Ejército de Tierra y pasa al retiro.
Los últimos acontecimientos, ya bastante más recientes --insisto, hasta donde yo sé, señor Secretario de Estado--, son que en el Congreso de los Diputados se abre una comisión

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de investigación en la que comparece el general Oviedo que replica a las acusaciones que se le hacen diciendo que el golpista era Wasmosy. El pasado lunes día 10 de junio el juez procesa al general Oviedo acusándole de levantamiento militar contra la Constitución.
La información que yo tengo está recogida de aquí y de allá y no sé si coincide con los informes que la diplomacia española tiene. En cualquier caso, me gustaría que el señor Secretario de Estado dijera si mis informaciones son ciertas, si no lo son, en qué puede complementarlas o incluso sería interesante saber cómo hemos visto estos acontecimientos en un país vinculado estrechamente en las relaciones históricas y culturales con el nuestro, y me gustaría saber su opinión en relación a este lamentable proceso. El Grupo Parlamentario Socialista ve con preocupación que a un país que con dificultad ha asumido un cierto camino hacia la democracia se le rebrinquen de esta forma espectacular y a la vez tremendamente peligrosa algunos altos cargos militares del Ejército.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.
(Pausa.)

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Antes de nada quiero darle las gracias por la bienvenida a esta Comisión. Espero que este fallo técnico no sea ningún augurio en contra de los buenos deseos que me han expresado.
Contestando a la ilustre señora Diputada, he de decirle que desde el pasado 22 de mayo, fecha en la que Paraguay vio amenazado su recientemente adquirido sistema democrático debido al pase al retiro del general Oviedo, el país vive, como conoce, la más grave crisis política y económica de su historia reciente. Más allá de las razones que impulsaron al Presidente Wasmosy a tomar esa determinación de relevar en su cargo al general Oviedo, lo cierto es que este militar venía ejerciendo una constante influencia en el Gobierno y en los asuntos públicos del Paraguay.
La situación de desconcierto, además, fue aprovechada para que sectores opuestos al oficialismo, dentro de la Alianza Nacional Republicana, convocaran las tantas veces aplazadas elecciones internas que dieron como resultado la aplastante victoria del ex canciller Argaña, otro duro revés para el Presidente Wasmosy y para el candidato oficial, el Vicepresidente Seifart.
En el plano de la justicia, además de las comparecencias ante la Comisión Bicameral del Congreso, la justicia paraguaya decretó, como usted ha dicho, la prisión para el general Oviedo materializada en su encarcelamiento el pasado viernes 14 de junio, no sin antes proferir graves acusaciones contra el Presidente de la República --como ha relatado-- y su entorno económico.
En las últimas semanas --ésta es la información con la que contamos-- se han producido, además, varios cambios gubernamentales que responden a diferentes criterios, aunque en definitiva evidencian --esto es importante-- la pobreza del espectro político con el que cuenta el Presidente Wasmosy para dirigir el país.
En cuanto al resto de los cambios en las Fuerzas Armadas, se han producido con normalidad, aunque las relaciones entre el Presidente y el Ejército pueden calificarse de muy deficientes. La oposición en esta crisis también ha resultado desgastada con estos incidentes, a excepción de un nuevo líder de Encuentro Nacional, el actual Intendente de Asunción, señor Philip Sola. La huelga general del 2 y 3 de mayo, seguida de una dura represión policial, no ayuda tampoco a establecer ese diálogo social necesario que es tan importante para el mantenimiento de la democracia en el país.
Finalmente, en el plano económico cabe señalar que, tras llevarse a cabo un vago programa de privatizaciones, el Ejecutivo remitió en mayo al Congreso un paquete de proyectos de ley destinados a favorecer el mercado de capitales, aunque dado el escaso apoyo parlamentario al Gobierno y el conflictivo entendimiento entre ambos poderes en el Paraguay parece difícil predecir su futuro inmediato. Entretanto, la crisis económica se agrava. Han caído los ingresos fiscales, obligando a un recorte presupuestario que ha disminuido el comercio y ha aumentado el desempleo.
La pertenencia al Mercosur y las medidas de control impuestas por Brasil y Argentina suponen una paulatina reducción del comercio ilegal, pero el poder y la injerencia de estos factores de la economía informal en Paraguay contribuyen a la ausencia de medidas que combatan dicha economía y que la encaminen hacia un modelo diferente.
En cuanto a la situación actual, tanto desde el punto de vista económico como político, es de progresivo deterioro. Sin embargo, de las pocas consecuencias positivas que es posible deducir de la crisis que S. S. ha expuesto del 22 y 23 de marzo hay que destacar, en primer lugar, la espontánea reacción del pueblo paraguayo, sobre todo los jóvenes, que se lanzaron a la calle obligando al Presidente a rectificar su previa decisión de otorgar la cartera de Defensa a un militar golpista.
En segundo término, y es también importante, funcionaron perfecta y automáticamente todos los mecanismos destinados a preservar y apoyar la joven democracia paraguaya. Los embajadores europeos y del Mercosur acreditados reaccionaron inmediatamente, personándose en el palacio presidencial para expresar el apoyo de sus gobierno al régimen constitucionalmente establecido. Las declaraciones de la Unión Europea, del Mercosur, la inmediatamente desencadenada en el seno de la Conferencia Iberoamericana por parte de la Secretaría Protémpore que tiene Chile, se sumaron a la presencia de los cancilleres de los países vecinos y al Secretario General de la OEA en Asunción.
En definitiva, Paraguay se encuentra actualmente atravesando una muy delicada etapa en su historia, en la que se hace necesario un mayor entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como una profunda reforma del Poder Judicial. En este proceso Paraguay necesitará, por supuesto, de la ayuda de España y de toda la comunidad internacional.
España ya está colaborando a través de diferentes proyectos, entre los que destaca el existente en el campo de la descentralización administrativa, el de reforzamiento de las estructuras locales, así como el apoyo institucional al Parlamento paraguayo, en el que participamos a través de los programas de cooperación de la Unión Europea.


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El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Señor Secretario de Estado, hasta donde yo sé, en los días que se sucedían estos dramáticos y lamentables acontecimientos, el anterior Presidente del Gobierno hizo algunas gestiones en la dirección de apoyar también, como usted ha reseñado, la democracia en dicho país. Dada la situación de inestabilidad que se ha abierto en el Paraguay, debería pedirle al Secretario de Estado, para que a su vez se lo transmita al Ministro de Asuntos Exteriores, una permanente vigilancia y actividad en relación con el papel de España (en algunos temas como el anterior que hemos visto del Sáhara y en este caso también) en un país como el Paraguay, de tradiciones e historia muy vinculada al nuestro. Y también el papel que España puede tener con los otros países de la Comunidad Económica Europea para establecer una situación de apoyo a la democracia en este país. No sólo porque las razones históricas y nuestros preceptos democráticos así nos lo aconsejarían, sino porque, además, hay una cuestión que lamentablemente se viene sucediendo cada vez más, y es que se contagian las enfermedades políticas. En consecuencia, si en un país pequeño, pero que está en el corazón de América del Sur, una situación como ésta se consolida en cuanto a desestabilización, en cuanto a inestabilidad, en cuanto a golpismo, el contagio puede ser inmediato en otros países. Tenemos otros casos, como por ejemplo Colombia, que vive una situación un poco compleja, y en esta difícil consolidación de la democracia en toda Latinoamérica creo no es sólo conseguir que los países hagan su proceso democrático, sino que hay algo mucho más complicado, y es establecer estos tejidos asociativos, estos tejidos democráticos que van mucho más allá del ejercicio del voto, que es lo que consolida las democracias. La democracia formal es imprescindible para conseguir la democracia real; pero la democracia real sólo se consigue si el Ejército ocupa el espacio político que le toca, si el poder civil ocupa el espacio político que le toca, si la ciudadanía asume las responsabilidades políticas que le tocan y si se consiguiera hacer un tejido social que permita que sindicatos, partidos políticos, asociaciones y sociedad civil asuman la responsabilidad de sus destinos históricos y no aquellas personas que durante años se han acostumbrado con la fuerza de las armas a imponer sus criterios políticos y sus ambiciones políticas, y en casi todos los casos sin programa político, sino por intereses económicos, sobre todo en el caso que nos ocupa.
Recomendaría una acción diplomática permanente. A veces se habla de que la diplomacia preventiva es una utopía, pero creo que hay que hacer esfuerzos en este sentido porque si fracasan las acciones diplomáticas luego llegan situaciones mucho más conflictivas y más difíciles de solucionar.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Creo que todos coincidimos con las afirmaciones de la señora Balletbó. No se trata tampoco de un tema de vigilancia, sino de estrecha colaboración. Tampoco es únicamente de los países de la Unión Europea, sino también de la comunidad iberoamericana.
Estamos en permanente contacto con la Secretaría Protémpore que tiene Chile, de la Cumbre iberoamericana, y observamos estrechamente la situación en Paraguay. Una de las prioridades de la cooperación española y también de las cumbres iberoamericanas es reforzar las instituciones democráticas y, por tanto, hacia ahí encaminaremos todos nuestros esfuerzos de cooperación.


--SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL REY HASSAN II DE MARRUECOS, RELATIVO A LA CONSTITUCION DE UN GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIO HISPANO-MARROQUI, FORMULADA POR EL SEÑOR RODRIGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000054.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Rodríguez Bolaños, sobre el acuerdo entre el Presidente del Gobierno español y el Rey Hassan II de Marruecos, relativo a la constitución de un grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Secretario de Estado, en relación con la reciente visita del Presidente del Gobierno, señor Aznar, al Reino de Marruecos, en los medios de comunicación se destaca que en el encuentro que tuvo con el Rey Hassan II quizá el acuerdo más importante que se suscitó en ese almuerzo fue la constitución --se dice textualmente-- de un grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí. Lo he visto con sorpresa, y yo diría con estupor, porque sería la primera vez que el Jefe del Ejecutivo toma un acuerdo con el Jefe del Estado que se sale de su competencia. No sé si esto es un lapsus, un error, es una mala interpretación, pero me gustaría que el señor Secretario de Estado nos diera una explicación de qué tipo de acuerdo se adoptó --si es que fue así-- y, desde luego, si el señor Aznar --creo que sí-- era consciente de que era imposible que adoptara un acuerdo de esas características, ya que la competencia en todo caso no le corresponde al Ejecutivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Le aseguro, señor Diputado, que la iniciativa que toma el Presidente Aznar con el Rey Hassan II de Marruecos viene de bastante antes de la asunción por el señor Aznar de la Presidencia del Gobierno de España.
Le explico un poco la cuestión. El Presidente trató la creación de este grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí,

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entre otros asuntos de interés bilateral, en el transcurso de la entrevista que mantuvo con el Primer Ministro de Marruecos, señor Filali, y después con el Rey Hassan II de Marruecos. El Presidente del Gobierno expresó a sus interlocutores el gran interés que el Gobierno español concede a este proyecto, aunque se halla todavía en fase inicial o de lanzamiento. La iniciativa venía de antes, ya que se trató en la cumbre de alto nivel celebrada en Madrid en el mes de febrero. Además, ha sido objeto de análisis preliminar por parte de los respectivos Presidentes del Congreso y de la Asamblea Parlamentaria de España y de Marruecos. Se trató cuando vino a España, a principios de año, el Presidente de la Asamblea parlamentaria de Marruecos, y después se volvió a tocar en la cumbre de alto nivel en el mes de febrero.
A juicio del Gobierno español, la puesta en práctica de esta importante iniciativa, siempre si lo estiman oportuno los respectivos órganos depositarios de la soberanía nacional, ayudaría a reforzar los estrechos lazos de amistad hispano-marroquí y a darles además una mayor visibilidad cerca de las opiniones públicas de los dos países. La constitución de este foro daría lugar a un fructífero intercambio de ideas, de todo tipo de cuestiones, que podrían tener una incidencia en la marcha de las relaciones bilaterales.
El Presidente del Gobierno pudo constatar también la importancia que el Gobierno de Marruecos otorga a este proyecto. El Primer Ministro marroquí, el señor Filali, hizo notar al Presidente del Gobierno que la previsible celebración de elecciones legislativas en Marruecos antes de final de año podría retrasar la puesta en marcha de este grupo interparlamentario.
De todas maneras, la creación de un grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí, ya sea a corto o a medio plazo, cuenta con el respaldo sin ambages de los dos gobiernos, en el entendimiento de que la decisión final corresponde a ambas cámaras parlamentarias en el ejercicio de sus facultades soberanas. Fue tratado por el anterior Presidente del Congreso de los Diputados con el Presidente de la Asamblea marroquí y también por el anterior Presidente del Gobierno con sus contrapartes marroquíes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Secretario de Estado, en absoluto estoy enjuiciando la bondad o no de la iniciativa, sino algo que me parece un error formal importante.
Creo que el señor Aznar, como se decía ayer en mi pregunta en el Pleno del Congreso, a veces actúa en política exterior con un cierto mimetismo en función del interlocutor. Si la propuesta sale del Rey, que a lo mejor tiene competencias en el ámbito de la creación de un grupo parlamentario o de algún tipo de actividad dentro del Parlamento, es obvio que el Jefe del Ejecutivo español debe entender claramente la delimitación y separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. A lo más que podría llegar es a recibir esa propuesta y a trasladarla al único órgano que puede ser competente para tomar una actitud de estas características.
Pero, insisto, el estupor no es porque la iniciativa sea buena o no, sino porque lo que se desprende es que hay un acuerdo. Por eso entiendo que ese acuerdo no puede existir. Lo más que puede hacer es trasladar al Congreso de los Diputados esa iniciativa para que sea el Congreso el que la adopte.
Yo no sé si esto de la interferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo es en este momento un lapsus o, a lo mejor, va por otros derroteros.
Porque en relación con las últimas declaraciones del Presidente del Congreso, que luego son rebatidas por el Presidente del Ejecutivo y el Presidente del Congreso parece que acepta las del Presidente del Ejecutivo, hay un cierto juego donde no queda muy clara esa separación de poderes. Me gustaría que trasladara al Presidente del Gobierno que tuviera sumo cuidado cuando hace declaraciones que no son en absoluto de su competencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Estoy bastante extrañado de que el anterior Presidente del Congreso de los Diputados, señor Pons, no informase de las conversaciones que mantuvo con su colega marroquí. Le aseguro que así fueron y que la iniciativa sobre la creación de este grupo interparlamentario hispano-marroquí nació del Ejecutivo español en la anterior legislatura y fue expuesta a sus colegas marroquíes como un posible foro de diálogo y discusión. Formalmente se propuso la creación de esa comisión cuando vino el Presidente de la Asamblea marroquí a ver en visita oficial a su colega, don Félix Pons. Y, como nos pareció una buena iniciativa, hemos vuelto a insistir en ella. De la misma forma que apoyamos la creación de un comité de intercambio intercultural, que es el Comité Aberroes. Eso demuestra la continuidad de la política exterior en algo que es razonable y cuyo diseño es competencia del Gobierno, quedando siempre claro que la creación de este comité interparlamentario de amistad hispano-marroquí entre las dos Cámaras siempre está sometido a lo que decida este órgano que es soberano en la toma de decisiones.


--RELATIVA A LAS INICIATIVAS EN AYUDA DE EMERGENCIA PARA SALVAR VIDAS EN LIBERIA Y SOCORRER A LOS REFUGIADOS QUE HUYEN DE SU PAIS. FORMULADA POR EL SEÑOR BOIX PASTOR, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000055.)

--SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE NACIONES UNIDAS SE ENCARGUE DE LIBERIA EN REGIMEN DE FIDEICOMISO, COMO HA SUGERIDO EL ALTO

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COMISIONADO PARA LOS REFUGIADOS. FORMULADA POR EL SEÑOR BOIX PASTOR, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000056.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, formulada por don Alfred Boix Pastor, que entiendo va a ser planteada por el señor Yáñez. Le pregunto al señor Yáñez, viendo que tanto la 8 y la 9 se refieren prácticamente al mismo ámbito, al tema de Liberia, si no le importaría agrupar ambas preguntas, y también pediría al señor Secretario de Estado ambas respuestas. (Asentimiento.) Se agrupan las preguntas número 8, iniciativas en ayuda de emergencia para salvar vidas en Liberia, y 9 opinión del Gobierno acerca de que Naciones Unidas se encargue de Liberia en régimen de fideicomiso, como ha sugerido el Alto Comisionado para los Refugiados.
Tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Por mi parte y como portavoz del Grupo Socialista, quiero felicitar al señor Villalonga por su nombramiento y darle la bienvenida a esta Comisión. Tendremos oportunidad de tenerlo aquí, y también en la Comisión de Cooperación, donde se tratan temas más sustantivos, más amplios y de su competencia. Pero mi felicitación es doble porque, afortunadamente, el Grupo Popular, que presta su apoyo al Gobierno, no tuvo éxito a la hora de intentar la desaparición de la Secretaría de Estado de Cooperación, en cuyo caso usted no sería Secretario de Estado. Como yo estuve siempre en contra de que desapareciera, quizá por un cierto antiguo amor, le felicito doblemente porque esté ahí. Precisamente por haber sido cocinero antes que fraile seré comprensivo con su gestión.
En cuanto a las dos preguntas concretas, sabe el señor Secretario de Estado sobradamente la tragedia humanitaria que ha vivido y sigue viviendo el pueblo de Liberia con matanzas tribales masivas, con caos absoluto del país y con centenares de miles de huidos y refugiados a países vecinos. Por eso le pregunto por la impotencia de la comunidad internacional para contribuir a la ayuda.
Ya sé, porque hubo una respuesta del Ministro Matutes en el Senado, que ha habido enormes dificultades para implementar esa ayuda por falta de mecanismos logísticos para poder hacerla llegar, tanto la de emergencia como la humanitaria, por no tener suficiente infraestructura ni poder crearla con un mínimo de seguridad. Aun así se requiere, y para eso está la política y los políticos, un esfuerzo de voluntad política, y España ha hecho un importante esfuerzo en el pasado en situaciones semejantes, como la de Ruanda y Burundi en el verano de 1994, donde España fue el primer país donante tanto de las instancias públicas como de la sociedad civil. Hubo una enorme movilización. Es verdad que en aquel caso se podía contar con la ayuda a través de los campos de refugiados, pero aun así el Diputado que le habla no se conformaría simplemente con la dificultad o con la casi imposibilidad de poder hacer algo, sino de superar esas dificultades bilateralmente y, sobre todo, de acuerdo con la Unión Europea y en el marco de Naciones Unidas.
Hablando de Naciones Unidas, y es la segunda pregunta, hubo una declaración del Alto Comisionado para los refugiados de Naciones Unidas sugiriendo que se aplicase el régimen de fideicomiso, un instrumento de Naciones Unidas caído en desuso porque después de todo el proceso de descolonización había sido prácticamente innecesario, pero sigue estando en la Carta de Naciones Unidas y podría ser aplicable en una situación de absoluto desgobierno y de absoluto caos como el que vive Liberia. Mi pregunta es si hay algún posicionamiento por parte del Gobierno español, y en cuanto a la pregunta anterior, si está haciendo algo o piensa hacerlo en el tema de la ayuda humanitaria y en el socorro de los refugiados de Liberia.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Gracias, señor Yáñez, por sus amables palabras de bienvenida.
Decirle simplemente que, como usted ha dicho, la actual situación de anarquía imposibilita cualquier tipo de ayuda a la población liberiana.
Incluso las organizaciones no gubernamentales con capacidad de actuación en Liberia han tenido que abandonar, porque muchas de sus sedes han sido asaltadas. Es decir, no se dan las condiciones mínimas para hacer un plan de ayuda humanitaria o de ayuda de emergencia, y ni siquiera las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o, por ejemplo, el propio ECHO, han podido actuar directamente en Liberia.
La única vía de actuación que podríamos emprender en Liberia es en los países limítrofes con los refugiados liberianos, y eso ya se está haciendo a través de los organismos de cooperación multilaterales en los que España participa y del propio ECHO.
No obstante, la ayuda recibida para todos los refugiados en los países limítrofes está llegando bien, es suficiente, incluso el propio ECHO empezó esta ayuda y desde la Unión Europea se paralizó porque ya hay ayuda suficiente de organismos internacionales. O sea que en el terreno de la ayuda humanitaria, de la ayuda de emergencia a Liberia, se ha actuado bien. No se puede actuar en el interior del país porque es prácticamente imposible; la violencia es extrema; se han asaltado sedes de organizaciones no gubernamentales y no hay las condiciones mínimas de seguridad para implementar planes de ayuda de emergencia, de ayuda humanitaria.
Respecto a la segunda pregunta que se me hace, sobre la posibilidad de encargar, por parte de Naciones Unidas, un régimen de fideicomiso al país, de momento esta iniciativa no se ha presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fueron simplemente unas declaraciones del Alto Comisionado para los refugiados. En todo caso, conviene subrayar que una acción similar como la que tuvo lugar en Camboya con el Apronuc requeriría, como requirió en Camboya, un acuerdo previo entre las partes sobre los principales elementos de la futura transición, es decir, del régimen de fideicomiso, como pasó en Camboya.


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Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Liberia en los últimos meses ponen de relieve la evidencia de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo parecido entre las partes en conflicto en el país. Es decir, es una guerra civil absoluta y, por tanto, no habría tampoco esas condiciones mínimas para establecer un régimen de fideicomiso.
Para su información le diré que en estos momentos la comunidad internacional coincide en que el futuro del proceso de paz en Liberia depende esencialmente de que las partes muestren una voluntad de resolver sus diferencias pacíficamente y hagan honor a los acuerdos y compromisos aceptados. En primer lugar, el acuerdo de Abuja, de agosto de 1995 que preveía, entre otras medidas, un alto el fuego efectivo y general; la retirada de todos los combatientes y armas de Monrovia; y la creación de las condiciones que permitan el despliegue del grupo de observadores de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental.
Lamentablemente la voluntad de las partes en continuar el proceso de paz ratificado en Abuja se ha ido deteriorando y hoy en día parece que es imposible hacer marcha atrás y honrar estos acuerdos y, por tanto, más difícil todavía establecer un régimen de fideicomiso en Liberia.
De todas maneras el Gobierno español y la comunidad internacional está siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Liberia para ver si hay alguna posibilidad de mediar, vía los organismos regionales o vía Naciones Unidas, y hacer que las partes se vayan acercando cada vez más y evitar nuevamente este conflicto que ya ha costado demasiadas vidas y sobre todo ha tenido un impacto demasiado fuerte en la comunidad internacional por la violencia de las imágenes que han aparecido en los medios de comunicación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.


--SOBRE INICIATIVAS EN RELACION A LA SITUACION CREADA EN EL SAHARA OCCIDENTAL DE RENUNCIAR EN LA PRACTICA A LA CELEBRACION DEL REFERENDUM DE DESCOLONIZACION. FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000057.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, formulada por el señor García-Santesmases Martín-Tesorero, relativa a las iniciativas en relación a la situación creada en el Sáhara Occidental de renunciar en la práctica a la celebración del referéndum de descolonización.
El señor García-Santesmases tiene la palabra.


El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Efectivamente la pregunta se refiere a las iniciativas, porque la doctrina ha quedado clara en la voz --como decía el señor Mardones-- única y contundente dentro del Parlamento español en la votación que acabamos de hacer, en las manifestaciones del señor Ministro en la primera comparecencia ante esta Comisión y en su propia respuesta a las preguntas ayer en el Pleno.
Ayer el señor Matutes habló de buenos oficios. Me gustaría que usted profundizara exactamente en qué serían esos buenos oficios; la relación de las partes con el conflicto ante el que nos vemos abocados. Me parece que es uno de los temas sobre el que se nos juzgara siempre a todos y a la democracia española pero también --por decirlo con el artículo del Presidente de nuestra Comisión, el señor Rupérez lo decía muy bien recientemente en la prensa-- parece que hay una cierta esquizofrenia en la propia opinión pública española en este tema. Es, por un lado, reparar una injusticia pero, por otro, ver que existe un tema donde no queremos tampoco que haya un determinado tipo de desestabilización en la zona.
El peligro a que eso puede llevar es a que los buenos oficios queden en nada, que no tengamos ninguna iniciativa que ofrecer y que condenemos al pueblo saharaui una vez más a no poder ejercer el derecho a la autodeterminación.
Por eso quería saber qué iniciativas concretas puede proponer el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Diputado, es conveniente señalar, antes que nada, para avanzar en este complejo tema del Sáhara, que el Consejo de Seguridad no ha dejado sin vigencia el Plan de Arreglo para el Sáhara ni el Plan de Paz propuesto por el Secretario General de Naciones Unidas.
Tampoco ha renunciado a su compromiso de lograr una solución justa y duradera para la cuestión del Sáhara mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, de acuerdo al mencionado Plan.
Por ello, además de preservar la presencia militar de Minurso, ha decidido también mantener una oficina política en el territorio, encargada de dialogar con las partes y los países vecinos.
Asimismo, el Consejo pidió al Secretario General que prosiga sus esfuerzos para el desbloqueo del Plan de Arreglo y se declaró dispuesto a reforzar la Minurso, si las partes implicadas dan pruebas de su voluntad política de avanzar en las negociaciones.
Con ocasión de la adopción de la Resolución 1.056 por parte del Consejo de Seguridad, el Gobierno español ha reiterado su tradicional posición de principio, según la cual la solución definitiva al problema del Sáhara Occidental pasaba necesariamente por la autodeterminación del pueblo saharaui, a través de un referéndum libre y con garantías internacionales.
España, por tanto, ha apoyado con firmeza el Plan de Arreglo de Naciones Unidas, así como los esfuerzos que se han desplegado en los últimos años tanto por el Secretario

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General, como por la Minurso, a la cual nuestro país ha dedicado un importante flujo de contribuciones financieras y materiales, así como técnicas. Por este motivo el Gobierno ha lamentado la suspensión del proceso de identificación de votantes y ha manifestado la importancia de su reanudación a la mayor brevedad posible.
El Gobierno, en sus contactos con los responsables de las Naciones Unidas, con los Países Miembros del Consejo de Seguridad y con los distintos actores regionales y las partes interesadas, expresará su preocupación por el estancamiento del proceso para arreglos del conflicto y subrayará la importancia de evitar cualquier acción capaz de alterar el clima de paz y de convivencia armoniosa entre los pueblos del Magreb.
Es particularmente necesario en ese tipo de gestiones que se respete el alto el fuego vigente desde 1991.
Yo creo que ése es el límite de la acción del Gobierno español. Es decir, España ya no tiene responsabilidades internacionales derivadas del Derecho Internacional sobre el territorio del Sáhara --sí que existe una responsabilidad moral sobre ese territorio, afectiva con su población-- y, por tanto, lo único que puede hacer España es no adoptar iniciativas que les corresponden a las partes, según las decisiones de Naciones Unidas. Las iniciativas les corresponden a las partes y España ya no es parte del conflicto del Sáhara.
Si puede, en sus relaciones con los interlocutores internacionales, con los vecinos, con Mauritania, con Marruecos, con los miembros del Consejo de Seguridad, hacer estas observaciones que le he indicado yo a usted hace unos minutos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
El señor García-Santesmases tiene la palabra.


El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Yo coincido plenamente en que España ha mantenido una posición de principio tanto en la entrevista que recordaba el señor Matutes del Presidente del Gobierno con el Rey Hassan II como en todo este tipo de definiciones, pero me temo que si ponemos como condición límite el tema del alto el fuego y la comunidad internacional no ejerce ninguna presión sobre Marruecos y cae toda posibilidad de realizar el referéndum por el propio problema del censo, puede haber violencia en la zona.
En ese sentido, sabiendo que no podemos tener un papel absolutamente relevante, quizá convendría saber si podemos ejercer algún tipo de iniciativa también a través de la propia Unión Europea. Se habló de ello aquí, en la anterior comparecencia del señor Ministro, y por eso quería, si usted pudiera, profundizar en esa consideración concreta.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Diputado, el tema del Sáhara es delicado porque hiere sensibilidades, afecta también en ese sentido a la seguridad nacional, toca de cerca a la opinión pública española y a esa responsabilidad moral de la que le hablaba antes y, por tanto, la acción de España tiene que ser discreta y prudente siempre en este tema.
Le he señalado antes que los principios que ha mantenido siempre el Gobierno español siguen vigentes: apoyo al plan de paz, apoyo a la celebración del referéndum y la autodeterminación del pueblo saharaui.
Creo que todos los implicados están interesados en la búsqueda de una solución, además con cobertura internacional, y en ese sentido lo único que puede hacer el Gobierno español es en sus relaciones bilaterales con las partes implicadas ejercer sus buenos oficios en la búsqueda de cauces de diálogo y de entendimiento entre todas las partes para poder aplicar ese plan de paz.


--SOBRE PLANTEAMIENTO A LOS INTERLOCUTORES MARROQUIES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL PROBLEMA DE LA EMIGRACION ILEGAL DE CIUDADANOS MARROQUIES Y DE OTRAS NACIONALIDADES QUE CRUZAN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR A PARTIR DEL TERRITORIO MARROQUI. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ RAMIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000058.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, de la que es autora doña María Inmaculada Fernández Ramiro, sobre planteamiento del Presidente del Gobierno a los interlocutores marroquíes del problema de la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes y de otras nacionalidades que cruzan el Estrecho de Gibraltar a partir del territorio marroquí.
Entiendo que la va a formular, en nombre de la autora, don Luis Yáñez.
(Asentimiento.) El señor Yáñez tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: No se trata tanto, por la propia naturaleza parlamentaria de la pregunta en Comisión, de hacer un debate general sobre un tema tan grave y que viene tan de lejos como son los problemas derivados de la inmigración ilegal a través del Estrecho de Gibraltar como de preguntar al señor Secretario de Estado si se planteó ese tema en las conversaciones del señor Aznar con sus interlocutores marroquíes --el Rey Hassan II y el Primer Ministro Filali-- y en qué términos. La verdad es que la gravedad de la situación que de una manera continuada se produce con secuelas de muertes, con sucesos sobre todo en Melilla de difícil solución, solamente se puede afrontar en un diálogo de gobierno a gobierno entre España y Marruecos, porque parece evidente, por las pruebas contrastadas, que el Gobierno marroquí no actúa con la suficiente diligencia en cuanto a evitar ese tráfico de inmigrantes no solamente marroquíes sino, a veces, y fundamentalmente, desde países más al sur, que atraviesa Marruecos con organizaciones mafiosas, con organizaciones

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ilegales, explotando la propia miseria de las desgraciadas personas que se ven obligadas a huir buscando mejores destinos, y, al parecer, con total impunidad.
España y el gobierno español, el anterior y éste, podrán hacer muchas cosas en lo que es la vigilancia de las fronteras del Estrecho, pero eso es una medida a todas luces insuficiente si no hay una colaboración del Gobierno marroquí en su propio territorio, como acabo de decir. Entonces, nuestro interés procede de si eso se planteó por parte del Presidente español y en qué términos.


El Señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICANA (Villalonga Campos): Señor Yáñez, efectivamente se planteó la preocupación de la emigración ilegal a través de Marruecos, pero tampoco fue una visita de trabajo ni una reunión a alto nivel del Comité Hispanomarroquí y, por tanto, se quedó en tratar estos aspectos relativos a las relaciones consulares en posteriores reuniones. De todas formas, usted sabe que la posición del Gobierno en materia de inmigración se inspira en grandes líneas en la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en 1991, que se fundamenta en la necesidad de desarrollar políticas activas en función de la necesidad de mano de obra de la economía española y de la capacidad de absorción de esa mano de obra por parte de nuestra sociedad.
España también, como usted sabe, es miembro activo del acuerdo de Schengen y participa en los trabajos comunitarios relativos a la circulación de personas y al control de acceso de nacionales de terceros países.
La preocupación del Gobierno por la emigración ilegal se traduce en una voluntad de profundizar en la cooperación con Marruecos en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal y fruto de dicha voluntad fue el acuerdo hispanomarroquí sobre circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado el 13 de febrero de 1992. Dicho acuerdo prevé en su artículo 11 la creación de un comité mixto bajo autoridad de ambos ministros del Interior, que tendrá por finalidad el resolver cuantas causas litigiosas puedan derivarse de la aplicación del acuerdo, examinar las modalidades y los criterios de readmisión de extranjeros expulsados y organizar la asistencia mutua en el desarrollo de dispositivos de control fronterizos, sobre todo en lo que respecta a equipamiento y formación del personal de control de fronteras.
Durante la última reunión de alto nivel hispanomarroquí ambos gobiernos acordaron aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece este comité y constituirlo de forma inmediata. De todas maneras, ya le digo que el planteamiento pasa necesariamente por la cooperación y, por tanto, en este y en otros campos la finalidad consiste en buscar conjuntamente sobre una base de diálogo soluciones a las cuestiones de interés mutuo y, concretamente, buscar la colaboración y la cooperación entre las autoridades españolas y marroquíes para evitar ese tráfico tan desgraciado, tan poco digno de emigrantes ilegales.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Yáñez, desea volver a intervenir? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Señor Secretario de Estado, muchísimas gracias por su comparecencia esta tarde en la Comisión de Asuntos Exteriores. Con ello llegamos al final del orden del día de esta sesión.
Señoras y señores Diputados, muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.


Eran las siete horas de la tarde.

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