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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 61, de 26/09/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 61

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO

Sesión núm. 4

celebrada el jueves, 26 de septiembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Declaración institucional de la Comisión sobre las recientes elecciones en Bosnia-Herzegovina (Página 1301)

Declaración institucional de la Comisión sobre los incidentes entre griegos y turcos en la Isla de Chipre (Página 1301)

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Política Exterior y de la Unión Europea (De Miguel y Egea) para informar de la situación creada en el Sahara Occidental tras la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 29-5-96. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000051) (Página 1302)

Declaración institucional de la Comisión en relación con los sangrientos incidentes en Cisjordania (Página 1310)

Proposiciones no de ley:

--Relativa a la concesión de la nacionalidad española a los ex combatientes de las Brigadas Internacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000081) (Página 1310)

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--En relación con la sentencia recaída en el proceso seguido en Santiago de Chile por el homicidio de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español funcionario internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000111) (Página 1313)

--Relativa a ensayos nucleares en China. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000132) (Página 1316)

--Relativa a medidas para propiciar la paz en el Sahara Occidental y la celebración de un referéndum sobre su autodeterminación. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000140) (Página 1316)

--Relativa a la investigación de la desaparición de súbditos españoles en países de América y la violación de los derechos humanos. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000141) (Página 1318)

Dictamen sobre:

--Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10-12-82 y Declaraciones interpretativas que España va a formular en el momento de la ratificación. (Número de expediente 110/000006) (Página 1321)

--Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Nacionales Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10-12-82, hecho en Nueva York el 28-7-94. (Número de expediente 110/000007) (Página 1321)

--Convenio internacional de cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol» (Bruselas, 13-12-60); protocolo adicional al convenio internacional de cooperación para la seguridad de la navegación áerea «Eurocontrol» (Bruselas, 6-7-70); protocolo modificativo del protocolo adicional al convenio internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 6-7-70 (Bruselas, 21-11-78); protocolo de enmienda a la convención internacional de «Eurocontrol» para la cooperación en la seguridad de la navegación aérea de 13-12-60 (Bruselas, 12-2-81); protocolo relativo a la aplicación de ciertas disposiciones del convenio sobre «Eurocontrol» que afectan a la defensa (Bruselas, 13-12-60), y acuerdo multilateral relativo a la protección de materias clasificadas «Eurocontrol» (Bruselas, 18-11-69).
(Número de expediente 110/000004.) (Página 1323)

--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado «ad referendum» en Bogotá el 9-6-95. (Número de expediente 110/000005) (Página 1326)

--Convenio internacional de las Maderas Tropicales, 1994, hecho en Ginebra el 26-2-95. (Número de expediente 110/000008) (Página 1327)

--Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95. (Número de expediente 110/000009) (Página 1327)

--Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95. (Número de expediente 110/000010) (Página 1328)

--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95. (Número de expediente 110/000011) (Página 1329)

--Denuncia del Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados. (Número de expediente 110/000012) (Página 1330)

--Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de 10-11-86, firmado en Ottawa el 19-10-95. (Número de expediente 110/000013) (Página 1330)

--Acuerdo Complementario General del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador, para la financiación de Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum» en San Salvador el 14-2-95. (Número de expediente 110/000014) (Página 1331)

--Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 16-11-95. (Número de expediente 110/000015) (Página 1331)

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--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia (vertiente mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el 10-10-95, y del Canje de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se subsanan errores en el texto original. (Número de expediente 110/000016) (Página 1332)

--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un Puente Internacional sobre el río Caya entre las localidades de Badajoz (España) y Elvas (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18-1-96. (Número de expediente 110/000018) (Página 1333)

--Segundo y Tercer Protocolo Anexos al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, Anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) --Marrakech, 15-4-94-- hechos en Ginebra el 6-10-95. (Número de expediente 110/000019) (Página 1333)

--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Madrid el 28-2-96. (Número de expediente 110/000020) (Página 1334)

--Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre Traslado de Personas Condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96. (Número de expediente 110/000022) (Página 1334)

--Canje de Notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de Acuerdo Entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en Apoyo a los Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del Establecimiento en España de una Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29-1-64, y del Canje de Notas de 17 y 31-5-96, subsanando un error material en las primeras. (Número de expediente 110/000023) (Página 1335)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenas tardes.
Se abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, que se celebrará de acuerdo con el orden del día inicialmente previsto, que todos ustedes han recibido en su momento que es de su completo conocimiento.


--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION SOBRE LAS RECIENTES ELECCIONES EN BOSNIA-HERZEGOVINA.


--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION SOBRE LOS INCIDENTES ENTRE GRIEGOS Y TURCOS EN LA ISLA DE CHIPRE.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, pasaré a dar lectura a las dos declaraciones institucionales, previamente decididas por la Mesa y portavoces de esta Comisión, una sobre las recientes elecciones en Bosnia-Herzegovina y otra sobre los incidentes entre griegos y turcos en la isla de Chipre.
Quiero anunciar también a la Comisión que, por acuerdo reciente entre esta presidencia y los portavoces de los correspondientes grupos parlamentarios someteremos asimismo a la consideración de la Comisión, en el momento en que esté redactada, una declaración institucional sobre los desgraciadísimos y sangrientos incidentes que en este momento están teniendo lugar, desgraciadamente, en Jerusalén.
La declaración institucional de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre las elecciones en Bosnia-Herzegovina reza así: La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados constata con satisfacción el carácter pacífico y ordenado que ha presidido la celebración de las recientes elecciones en Bosnia-Herzegovina y expresa su reconocimiento a la tarea conjuntamente realizada por la OSCE y por la Ifor para garantizar la tranquilidad en los comicios.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados constata asimismo, sin embargo, las dificultades de todo tipo que han presidido la celebración de estas elecciones, entre las cuales no es la menor el escaso número de personas desplazadas que han acudido a votar a sus domicilios de origen. La Comisión expresa su confianza de que las autoridades ejecutivas y los representantes legislativos elegidos en las recientes elecciones sean capaces de poner pronto en funcionamiento las instituciones en sus respectivos ámbitos y que, al mismo tiempo, lo hagan con espíritu de concordia, pacificación y entendimiento y con la finalidad de mantener la integridad territorial de Bosnia-Herzegovina y su pluralidad cultural, lingüística, étnica y religiosa.


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La Comisión confía en que los esfuerzos hasta ahora desarrollados por la comunidad internacional y sus instituciones tengan una continuidad razonable en el tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados en los Acuerdos de Dayton, de diciembre de 1995, en la perspectiva de una evolución democrática y cooperadora en la antigua República Yugoslava.
Entiendo que ése es el texto que refleja el acuerdo previamente encontrado con todos los portavoces y, como tal, queda unánimemente aprobado como declaración institucional de esta Comisión.
La segunda, sobre los recientes incidentes en Chipre, dice así: La Comisión de Asuntos Exteriores lamenta profundamente los actos de violencia cometidos recientemente en Chipre, así como el desproporcionado uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad turcas en el norte del país. La Comisión condena estos hechos, especialmente los brutales asesinatos de dos ciudadanos chipriotas, que además han provocado otras muertes y diversos heridos, incluyendo a miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
Recuerda la Comisión la urgente necesidad de promover una solución política global en Chipre bajo la égida de las Naciones Unidas y expresa su apoyo a la tarea realizada por el Secretario General de la ONU y su representante especial.
La Comisión, asimismo, expresa su pesar por el agravamiento de la tensión en Chipre, nación europea y mediterránea que espera superar las actuales dificultades para continuar su integración en la Europa comunitaria.
Entiendo también que éste es el texto que ha recibido el consenso por parte de todos los portavoces presentes en esta Comisión y, consiguientemente, entiendo que figurará como declaración institucional de esta Comisión.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE LA UNION EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR DE LA SITUACION CREADA EN EL SAHARA OCCIDENTAL TRAS LA DECISION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS DE 29-5-96. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO) (Número de expediente 213/000051).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 3 del orden del día: Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores para informar de la situación creada en el Sahara Occidental, tras la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 29 de mayo de 1996.
Esta comparecencia fue solicitada en su momento por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Figura en la convocatoria correspondiente que, por acuerdo de la Mesa con los portavoces de la Comisión, en su reunión del 18 de septiembre, comparecería el Secretario de Estado de Política Exterior y de la Unión Europea, cosa que así hace el titular de dicho puesto, don Ramón de Miguel.
Me pide la palabra, entiendo que por una cuestión de orden, el portavoz de Convergència i Unió, don Luis Recorder. Tiene la palabra.


El señor RECORDER I MIRALLES: Señor Presidente, efectivamente es para una cuestión de orden.
Nuestro grupo parlamentario solicitó en su momento la comparecencia del Ministro Matutes para debatir la situación creada en el Sahara Occidental tras este conocido Acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Cuando recibimos a principios de esta semana el orden el día para esta sesión, vimos con sorpresa que se había cambiado la comparecencia del Ministro por la del Secretario de Estado de Política Exterior, sin que se hubiera consultado a este grupo parlamentario, que entendemos que, como solicitante de la comparecencia, tenía que haber prestado su conformidad.
No tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en recibir información de primera mano del Secretario de Estado de Política Exterior y poder debatir con él la política española en relación al Sahara Occidental, pero sí queremos hacer constar en acta nuestra protesta por este hecho anómalo, que entendemos que no debiera haberse producido.


El señor PRESIDENTE: Señor Recorder, la verdad es que he procurado reconstruir el curso de la reunión de Mesa y portavoces del pasado 18 de septiembre, cuando consideramos las diversas peticiones de comparecencia del señor Ministro en la Comisión y efectivamente decidimos posponerlas hasta que el Ministro estuviera en situación de comparecer ante la Comisión. Creo que no fue el caso de la comparecencia pedida por su grupo parlamentario, precisamente porque en ese momento no se encontraba ningún representante del grupo parlamentario en la Comisión.
En cualquier caso, constará su protesta, naturalmente, pero le agradezco su disposición para escuchar las explicaciones que sobre esta materia pueda ofrecernos el Secretario de Estado, don Ramón de Miguel. De todas formas, para el futuro lo tendremos en cuenta para que se eviten estos pequeños o grandes malentendidos.
Don Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea nos visita en su primera comparecencia ante la Comisión.
Por ello, tengo la agradable obligación de darle la bienvenida y de augurarle éxito, no sólo en esta primera comparecencia sino en las muy frecuentes que seguramente tendrá ocasión de desarrollar en el curso de los próximos meses.
Don Ramón de Miguel, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): En primer lugar, quisiera de nuevo, en nombre de don Abel Matutes, excusar su presencia. Lamentamos que el grupo parlamentario que había solicitado su presencia no haya tenido conocimiento de que don Abel Matutes, como Ministro de Asuntos Exteriores, se encuentra esta semana obligatoriamente asistiendo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una obligación no solamente

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como miembro de Naciones Unidas, sino como miembro del Consejo de la Unión Europea, puesto que durante esta semana el Consejo de Ministros tiene reuniones colectivas con diversos grupos de países aprovechando la primera semana de la Asamblea General.
En segundo lugar, quisiera agradecer al Presidente de esta Comisión, señor Rupérez, sus amables palabras de bienvenida. Al mismo tiempo presento mis excusas, porque yo ya tenía que haber venido. Recuerdo que el momento en que se había decidido una comparecencia mía coincidió precisamente con la celebración del Consejo Europeo de Florencia; es la única obligación inexcusable que tengo, como Secretario de Estado también de la Unión Europea, acompañar al Presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores en esa importante cita del Consejo Europeo. En aquel momento agradecí al Presidente de la Comisión que tuviera la amabilidad de excusarme ante ustedes y le hice el ofrecimiento, que ahora reitero, de estar a disposición permanente de esta Comisión para todas las ocasiones en que sea requerido. Para mí no es solamente una satisfacción venir aquí, sino de interés profesional, porque nos parece que, en un campo como la política exterior, donde existe un amplio consenso parlamentario, tener esa comunicación con la Comisión y comprobar ese consenso en los grandes temas de política exterior es uno de los grandes quehaceres de los que tenemos la responsabilidad de dirigirla.
Paso a responder a la petición que se había hecho de informar sobre la situación creada en el Sahara occidental tras la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 29 de mayo de 1996. Lo haré con modestia porque precisamente el presidente de esta Comisión es uno de los más reconocidos expertos en los temas de Sahara occidental. Espero que lo que diga no vaya a ser objeto de su censura, ya que en muchos casos conoce los temas mejor que yo.
Como saben SS. SS., en el año 1991 las resoluciones 658, de 1990, y 690, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dispusieron la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sahara occidental, según el plan propuesto por el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Pérez de Cuéllar, y establecieron el cometido de este cuerpo llamado Minurso, que es la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, dirigido por un representante especial del secretario general.
Este plan de paz creó una comisión de identificación encargada de la elaboración de las listas electorales sobre la base del censo español de 1974. A partir de ese momento, los esfuerzos de Minurso se centraron en la definición de los criterios concretos que habían de permitir la participación de la población en el referéndum. Así, el secretario general propuso, a finales de 1991, una serie de criterios que fueron aceptados por el Consejo de Seguridad y por las partes. Estos criterios que voy a enumerar, porque me parece que son muy ilustrativos, son los siguientes: Primero, para poder votar se exigía figurar en el censo español de 1974. Segundo, tener determinados lazos de parentesco con las personas que figuraban en dicho censo. Los que estuvieran en el censo, que por lo menos pudieran estar emparentados con los que estaban en él.
Tercero, haber residido seis años seguidos o 12 alternos en el Sahara occidental antes de 1975. Y, por último, ser hijo de padre saharaui nacido en el territorio.
Cualquiera de estos criterios, subordinado a la acreditación de la pertenencia a una tribu saharaui establecida en el territorio, eran las condiciones para poder participar de pleno derecho en el proceso referendario establecido por Naciones Unidas. Como era de esperar, Marruecos y el Frente Polisario sostuvieron desde el principio interpretaciones divergentes respecto a estos criterios, interpretaciones divergentes que derivan de las diferencias que tuvieron desde el principio el Frente Polisario y Marruecos respecto de este referéndum.
Para el Frente Polisario suponía que las Naciones Unidas sancionaban el proceso de autodeterminación. Para Marruecos, la idea que ellos tenían era que las Naciones Unidas les daba carta blanca para consumar la marroquinización del territorio.
Precisamente por esta divergencia de puntos de vista ha habido desde entonces un bloqueo en el proceso de identificación de votantes. Pasó el tiempo y en el año 1993 el nuevo Secretario General, señor Butros Gali, en vista de que no se avanzaba, presentó unas propuestas de compromiso para la interpretación de aplicación de los criterios que determinan la condición de votante. Estas propuestas de compromiso, que fueron aceptadas por las partes, confirmaban que la pertenencia tribal saharaui se había de probar demostrando la adscripción de los candidatos a una subfracción mencionada en el censo español de 1974 y precisaban las circunstancias o medios de prueba que habían de acreditar los interesados para fundamentar su petición.
Por otra parte, se establecía como requisito que la identificación se llevara a cabo en presencia de representantes de ambas partes y de un observador de la Organización de la Unidad Africana, organización que, como ustedes saben, se implicó desde el primer momento en el proceso saharaui. Solamente en octubre de 1994 se consiguió cerrar el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción en la lista de votantes, y desde entonces hasta este momento las labores de identificación de estas solicitudes se han desarrollado a ritmo mucho más lento del inicialmente previsto, porque el desacuerdo de las partes sobre los puntos fundamentales continúa.
Esta lentitud con la que se han llevado a cabo estos trabajos y los escasos resultados obtenidos en los últimos tiempos han sido la razón por la cual el Consejo de Seguridad decidió el pasado 29 de mayo, por medio de su Resolución 1056, suspender el proceso de identificación de votantes para el referéndum de autodeterminación. El Consejo de Seguridad seguía así la recomendación que le había hecho el secretario general y justificaba esta medida en la falta de voluntad indispensable de las partes para brindar a Minurso la cooperación necesaria para continuar y completar las operaciones de identificación.
Para dar una idea de la magnitud del problema, en el momento de la suspensión se había logrado identificar más o menos 60.000 eventuales votantes y quedaban por ser

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examinadas unas 180.000 solicitudes; es decir, había habido 240.000 peticiones para entrar en el censo y, de ellas, prácticamente no había más que 60.000 en las que estaban de acuerdo y 180.000 en las que todavía había una gran divergencia entre Marruecos y el Frente Polisario.
Ante esta situación, el secretario general decidió congelar el tema, recoger toda la información y trasladar todos los documentos de identificación a las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra para su custodia. De manera consecuente con esta decisión de suspender las tareas de identificación, el Consejo de Seguridad ordenó proceder a una reducción sustantiva de los efectivos civiles de Minurso.
También las fuerzas del componente militar para la supervisión del mantenimiento del alto el fuego, vigente desde 1991, hasta la actualidad han experimentado un cierto recorte, aunque mucho menor, porque en este caso solamente ha alcanzado al 20 por ciento de las tropas desplegadas.
Esta reducción del componente militar se ha efectuado de una manera gradual, dejando vacantes los puestos de los observadores que han llegado al fin de su período de servicio. El objetivo es que en octubre se llegue a la cifra aprobada de 230 observadores.
Es conveniente recordar que el Consejo de Seguridad, cuando tomó estas decisiones de interrumpir el proceso de identificación y de empezar a reducir Minurso, no decidió en esta resolución 1056 dejar sin vigencia el plan de arreglo, el plan original del compromiso político, que comprende, además de la organización del referéndum de autodeterminación, otras cuestiones tales como la fijación de un código de conducta para la campaña electoral, el acantonamiento de tropas, la amnistía y libertad de presos políticos o el intercambio de prisioneros.
El Consejo de Seguridad, pues, no ha renunciado a su compromiso de lograr una solución justa y duradera a la cuestión del Sahara Occidental mediante la celebración del referéndum de autodeterminación, de acuerdo con el plan de arreglo. Se han suspendido las tareas de identificación pero no se ha renunciado al objetivo primigenio que era celebrar el referéndum. Por esta razón, además de conservar su presencia militar, el Consejo ha decidido mantener operativa una oficina política en el territorio encargada de dialogar con las partes y con los países vecinos.
Esta oficina política es dirigida por el representante especial del Secretario General de la ONU, el señor Jensen, y cuenta con el apoyo de una pequeña plantilla en El Aaiún y en la zona de Tinduf, que es la zona donde se concentra la mayor parte de los saharauis exiliados. Asimismo, el Consejo pidió al secretario general que prosiguiera sus esfuerzos para el desbloqueo del plan de arreglo y se declaró incluso dispuesto a reforzar la Minurso si se demostraba la voluntad política de las partes de avanzar por dicha vía.
Igualmente, el Consejo de Seguridad instó a las partes a realizar, como prueba de buena voluntad, progresos para la aplicación de algunos aspectos del plan de arreglo distintos de la propia identificación de los votantes, tales como la liberación de los presos políticos o el canje de los prisioneros de guerra por razones humanitarias. Y también les pidió, y esto es muy importante, que adoptaran nuevas medidas para fomentar la confianza entre sí, a fin de eliminar los obstáculos de la aplicación del plan de arreglo.
En las condiciones señaladas, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el mandato de la Minurso hasta el 30 de noviembre de 1996. Por lo tanto, este mandato tiene ya no mucho más que dos meses de plazo. En su resolución, el Consejo señaló que, en el caso de que no se registren progresos importantes durante este período, tendría que considerar la adopción de otras medidas, incluida la posibilidad de reducir aún más las fuerzas de Minurso. Por su parte, el secretario general ha hecho público el pasado 20 de agosto un informe que pudiera calificarse como informe de tapa, en el que señala la improbabilidad de que pueda reanudarse en breve plazo el proceso de identificación, si las partes no muestran una mayor flexibilidad y cooperan en la superación de los obstáculos actuales.
El secretario general da cuenta en este informe de las activas gestiones llevadas a cabo en los últimos meses por su representante, el señor Jensen, con las partes y con los países vecinos para proseguir el diálogo y ayudar a las partes a solucionar sus diferencias.
Asimismo, dice el secretario general en su informe que solamente se podrá superar este estancamiento cuando las dos partes reconozcan que la identificación es un proceso escrupuloso sustentado en principios bien definidos y en el contexto de un acuerdo más amplio. Y, en este sentido, el secretario general ha auspiciado encuentros entre las dos partes, entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos, para ver si existe un pacto político previo que el referéndum consume. Se pretende, más que el referéndum sea el principio del proceso, que haya un proceso de entendimiento político y que el referéndum constituya el punto final.
El Gobierno español, con ocasión de la adopción por el Consejo de Seguridad de su resolución 1056, reiteró su posición de principios según la cual la solución definitiva al problema del Sáhara Occidental pasa necesariamente por la autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum libre y con garantías internacionales.
Por este motivo, el Gobierno ha lamentado la suspensión del proceso de identificación y por esa razón también el Gobierno español reitera en todas las ocasiones y en todos los foros la necesidad de reanudación del proceso de identificación y del diálogo entre las partes a la mayor brevedad posible.
Es conocido de todos que España ha apoyado con firmeza el plan de arreglo de Naciones Unidas y todos los esfuerzos del secretario general y, además, que España ha dedicado importantes contribuciones financieras para sostener Minurso. Conviene saber que el Gobierno español ha pagado dos millones de dólares como contribución obligatoria al presupuesto de Minurso, cuatro millones de dólares como contribución voluntaria en efectivo y cerca de un millón de dólares en medios de transporte.
Asimismo hemos puesto a disposición de Minurso el censo español de 1974, el llamado Registro civil Cheránico, y otros documentos útiles para la identificación de la población saharaui, así como un sinfín de prestaciones logísticas y sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria, que se han puesto a disposición del contingente de Naciones Unidas.


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Asimismo hemos venido desarrollando una actividad diplomática constante y constructiva a través de contactos bilaterales con las partes, con los gobiernos interesados, con los que integran el grupo de amigos del proceso de paz y con los responsables de la organización de Naciones Unidas. En efecto, el Gobierno en sus contactos con los responsables de Naciones Unidas, con los países miembros del Consejo de Seguridad y con los distintos actores regionales y partes interesadas les ha expresado, lo hace siempre que tiene ocasión, y por última vez lo ha hecho ayer en Naciones Unidas el Ministro Abel Matutes, su preocupación por el estancamiento del proceso de arreglo del conflicto y la importancia de que se evite cualquier acción capaz de alterar el clima de paz y convivencia armoniosa entre los pueblos del Magreb.
Nos parece que en este sentido es necesario que se mantenga el respeto al alto el fuego vigente desde el año 1991, puesto que es fundamental que haya un ambiente de paz y estabilidad, y que las partes interesadas asuman sus responsabilidades para que se pueda reanudar cuanto antes el proceso de identificación de votantes y los demás aspectos del plan de arreglo. Hemos animado a las partes a aprovechar cuantas oportunidades tengan para avanzar, con un espíritu de compromiso, en la solución de los problemas actuales con las miras puestas en el futuro del territorio y en la paz, estabilidad y prosperidad de la región.
Hemos expresado nuestra satisfacción al Gobierno marroquí y al Frente Polisario por los contactos que sabemos que se han producido últimamente entre delegaciones del Gobierno de Marruecos y del Frente Polisario.
Nosotros creemos que es un momento para que las partes interesadas hagan un esfuerzo para que se produzcan avances antes del 30 de noviembre, fecha en la que expira la última prórroga concedida a Minurso y en la que el Consejo de Seguridad deberá considerar si mantiene su despliegue actual o, de no haber progresos, lo reduce aún más, lo que podría producir una situación inquietante. Esta última posibilidad puede ser muy peligrosa para el futuro plan de arreglo y para toda la paz y estabilidad en el Sahara Occidental; por eso, hemos instado a ambas partes a que demuestren la mayor flexibilidad y una mayor voluntad de cooperación que permita superar los obstáculos actuales que han motivado la suspensión de las tareas de identificación de votantes.
Yo quisiera informar a esta Comisión de que el último contacto lo ha tenido el Ministro de Asuntos Exteriores precisamente ayer, con el Ministro de la Presidencia de la República Arabe Saharaui, le ha reiterado las posiciones tradicionales del Gobierno español y hemos escuchado los argumentos de la parte saharaui. Puedo decir que el Ministro tomó nota de la preocupación expresada por el interlocutor saharaui sobre los problemas que han tenido en el proceso de identificación, también de los recientes contactos que han tenido lugar entre saharauis y marroquíes, ha enrarecido a su interlocutor el mantenimiento del alto el fuego, ha insistido en el diálogo entre las partes interesadas y asimismo ha reiterado la disponibilidad de España para encontrar una solución al conflicto. Esa es la situación última.
Con esto, señor Presidente, concluyo mi intervención, que quizá ha sido demasiado larga.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. En esta Comisión, estamos acostumbrados a escuchar intervenciones bastantes más largas.
En representación del grupo que solicitó la comparecencia, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su información. Quiero que tenga usted muy claro que mis palabras iniciales nada tenían que ver, en absoluto, con su presencia en esta Comisión y aprovecho para reiterarle la bienvenida en nombre de nuestro grupo parlamentario, en una comparecencia que espero que a lo largo de esta legislatura se pueda repetir numerosas veces.
El objetivo de nuestro grupo al solicitar la comparecencia del Ministro, al que usted ha sustituido hoy, no es otro que expresar nuestra preocupación por las siniestras, quizá, perspectivas que se abren en el proceso de paz del Sahara occidental tras el acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 29 de mayo de 1996, poder tener un debate en el seno de esta Comisión y ver si somos capaces, entre todos, de poder sacar alguna conclusión que sirva de aportación positiva a la solución de este conflicto, solución que no tengo ninguna duda que todos los grupos de esta Cámara deseamos con gran sensibilidad. Porque estamos ante un conflicto que ya dura demasiados años y corremos el peligro de considerarlo algo normal, algo que forma parte de la escena internacional más próxima a la de nuestro país. El 14 de noviembre próximo se cumplirán ya 21 años de la firma, en Madrid, de los célebres acuerdos tripartitos --un grave error del Gobierno de la época--, unos acuerdos que, como todo el mundo sabe, negaban al pueblo saharaui el derecho a decidir libremente su destino, el derecho a la autodeterminación; unos acuerdos que, a la luz del Derecho internacional, nacieron con vicios de origen y que fueron rápidamente y de forma muy amplia superados por la evolución del conflicto.
No podemos olvidar que este conflicto que esta tarde tratamos en la reunión de esta Comisión esconde tras de sí un drama humano, un drama que padecen numerosísimos saharauis desde hace muchos años, generaciones de saharauis que ya deben vivir en el exilio, que sufren en sus carne las consecuencias de un proceso de descolonización inconcluso. Yo diría que uno de los últimos procesos de descolonización pendientes en el continente africano. En este sentido, también quisiera poner sobre la mesa algo que nos debe hacer reflexionar a los miembros de esta Comisión, como es el reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara occidental. Ese informe, a pesar de reconocer tímidos avances en el respeto a los derechos humanos en la zona y poner de manifiesto hechos positivos, como la liberación de presos de conciencia y la liberación de presos que se daban por desaparecidos por parte del Gobierno del Reino de Marruecos, aún pone de relieve lo que constituye una triste

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memoria de sufrimiento, como es, repito, la situación de una gran parte del pueblo saharaui.
En septiembre de 1991 concluyó el enfrentamiento armado entre el Polisario y Marruecos, gracias a un acuerdo patrocinado por las Naciones Unidas --al que usted se ha referido--, que puso fin a dieciocho años de hostilidades. El célebre plan de paz de Pérez de Cuellar preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación --no lo olvidemos-- para finales de enero del año 1992, pero la comisión de identificación de Minurso, que debía poner al día el censo español del año 1974, no ha podido concluir su trabajo, puesto que, según ha manifestado la Minurso --y consta en la memoria del acuerdo del Consejo de Seguridad de mayo pasado--, no existe la voluntad indispensable para brindar a la Minurso la cooperación necesaria para que ésta complete el proceso. Por todo ello, como usted decía, el Consejo de Seguridad, el 29 de mayo de 1996, acordó suspender el proceso de elaboración del censo hasta que ambas partes presenten pruebas concretas y convincentes de que están decididas a reanudar y completar dicho proceso, pero a la vez prorroga el mandato de la Minurso hasta el 30 de noviembre de este año.
Esto nos plantea una serie de problemas, señor Secretario de Estado. En primer lugar, es obvia la incapacidad de Minurso durante todo este tiempo para aplicar el plan de paz y este grupo parlamentario entiende que, lamentablemente, ello supone una cierta pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas en la resolución de este conflicto. En segundo lugar, no podemos olvidar que si es imposible la conclusión del censo, y por tanto llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, que es el gran objetivo del plan de paz, es debido en gran parte, y quizá fundamentalmente, a los reiterados incumplimientos por parte del Reino de Marruecos. Creo que no nos vale situar --llevados de esa cierta tendencia que los occidentales demasiado a menudo tenemos la tentación de adoptar-- a los dos contendientes en un plano de igualdad en cuanto a su responsabilidad en relación a la no solución del conflicto. Esta es la opinión de este grupo parlamentario, que creo que podemos avalar y contrastar con numerosísimos incumplimientos, que nos llevan a la conclusión de que al Reino de Marruecos, en cierta forma, le va bien esta situación, que supone no avanzar ni retroceder, pero que a la larga puede llevar a la consolidación de una situación que, en principio, parece que les va bien.
Señor Secretario de Estado, nosotros entendemos que, en medio de esta situación, existe un deber moral de España, como antigua potencia colonial, en la resolución del conflicto, y esto es algo que hemos mantenido en todos los debates, no sólo de esta Comisión, sino incluso en el Pleno del Congreso de los Diputados. Quiero recordar un debate celebrado hará menos de un año, en noviembre de 1995, a consecuencia del cual aprobamos una moción por una amplísima mayoría, y ha quedado patente que todos nos sentimos responsables en parte de lo que está sucediendo en el Sahara occidental en la actualidad y, por tanto, de la no resolución del conflicto del pueblo saharaui. Este grupo parlamentario entiende que, como consecuencia de este deber moral, nuestro país debe realizar un esfuerzo adicional para la solución del conflicto. En ese sentido, nos satisfacen sus palabras, que ponen de manifiesto toda una serie de iniciativas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, cara a intentar allanar el camino entre las partes para conseguir la solución de este conflicto.
Nosotros entendemos que ese esfuerzo se debería encaminar en este momento a conseguir simplemente aquello que perseguía el plan de paz de Pérez de Cuéllar; es decir, la realización del referéndum sobre las bases pactadas y con todas las garantías de transparencia. En este momento es indispensable conseguir que se sienten las partes en una mesa de negociación. No estoy lanzando ninguna idea novedosa, pero sí quisiera conocer su opinión al respecto. Digo que no estoy lanzando ninguna idea novedosa por cuanto en la moción que aprobamos el año pasado en esta Cámara, repito, por amplísima mayoría, una de las propuestas que se efectuaban era la de apoyar todas las acciones de la Secretaría General de Naciones Unidas para conseguir la celebración de la conferencia de paz. A tal fin, se solicitaba en la moción un papel activo del Estado español. Señor Secretario de Estado, yo no sé si usted me puede facilitar alguna información adicional, pero desconocemos los resultados de los últimos encuentros entre el Frente Polisario y los representantes del Gobierno o de la monarquía alauita. No sabemos si han supuesto algún paso positivo en relación a este objetivo de lograr una paz estable en el Sahara occidental.
Por último, dos preguntas para terminar esta intervención. En primer lugar, se ha dicho que el 30 de noviembre de 1996 --por tanto, de aquí a aproximadamente dos meses-- finaliza el mandato de Minurso, prorrogado por el acuerdo del Consejo de Seguridad, de mayo de este año. ¿Qué va a suceder entonces? Quizás esté haciendo una pregunta que cabría situar dentro de lo que se puede denominar política-ficción. Coincido con usted en que las sombras más tenebrosas se pueden cernir sobre el conflicto del Sahara en el caso de que las Naciones Unidas decidan no prorrogar el mandato. Y la segunda cuestión, vinculada directamente a la anterior, es que nadie quiere, obviamente, una posible reanudación de las hostilidades, no sólo del sufrimiento de un pueblo, sino un empeoramiento de la estabilidad en la zona, lo cual no nos interesa.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): He escuchado con mucha atención la exposición de S.
S., que no puedo sino coincidir en todos sus términos y compartir esa preocupación.
Es evidente que falta un acuerdo básico entre las partes para poner en marcha el plan de arreglo y también es verdad que la parte más fuerte, que es la marroquí, plantea más problemas en ese acuerdo que tiene que haber para que las reglas del plan de identificación sean admitidas por ambas partes y se establezcan unas reglas claras para ver quién puede participar en ese referéndum.


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Minurso ha hecho todo lo que ha podido, pero las partes no han hecho los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo, quizás por eso yo dije al principio, porque cada uno parte de concepciones totalmente opuestas. El Frente Polisario espera que ese referéndum sea la legitimación de su autodeterminación y Marruecos espera que ese referéndum sea el reconocimiento de la marroquinización del territorio. Ahí hay una gran distancia que les separa.
Yo también comparto con S. S ese sentimiento de que España tiene un deber moral en la resolución de este conflicto y que nosotros debemos realizar esfuerzos adicionales para lograr ese entendimiento. Este Gobierno ha realizado estos esfuerzos desde el primer día. El Presidente Aznar estuvo en Marruecos y trató de este tema con el monarca alauita y con el Presidente del Gobierno, señor Filali, y Ministro de Asuntos Exteriores, así como también el Ministro que estaba presente, señor Matutes. Después, el señor Matutes ha estado en visita oficial, como ustedes saben, hace poco tiempo en Argelia. De nuevo este tema fue objeto de las conversaciones del Ministro, puesto que todos sabemos que Argelia es una parte importante en este conflicto. Pero no nos engañemos tampoco, Argelia no tiene ningún deseo altruista. Ha jugado un juego equívoco con el Frente Polisario. Ha ayudado al Frente Polisario en muchas cosas, pero no ha contribuido siempre a tener una visión objetiva del tema. Ha utilizado un poco la situación del Sahara occidental como un elemento para hacer presión sobre su vecino, para mantener la presión y ponerle en situación difícil. Ahora, naturalmente, la situación de Argelia es más problemática desde el punto de vista interno y se puede comprometer menos, incluso con ayuda específica al pueblo saharaui. Les acabo de relatar que ayer mismo el Ministro ha estado viendo al Ministro de la Presidencia saharaui, al cual le ha reiterado la posición de siempre.
Con respecto a los encuentros, yo le puedo decir la información que nosotros tenemos. Se la voy a dar puntualmente porque la tengo escrita.
Sabemos que se han producido varios encuentros, en Ginebra y en Marruecos, entre, de una parte, una delegación marroquí presidida por el Ministro de Interior, señor Basri, y de otra una delegación polisaria con participación del Primer Ministro de la RASD --de la República Arabe Saharaui Democrática--, señor Alí Beiba; con su Ministro de Asuntos Exteriores, señor Bachir Mustafá Sayed; con su Ministro de Defensa, señor Brahim Ghali; con el jefe de la Tercera Región Militar, señor Lahbib, y con el coordinador para el proceso de identificación, señor Hada. Con ocasión de uno de estos encuentros, la delegación polisaria ha sido recibida por el príncipe heredero de Marruecos. El Secretario General de Naciones Unidas ha estado al corriente de estos encuentros y el propio Ministro, Abel Matutes, se refirió a ellos claramente en sus contactos con las autoridades argelinas. Ahora bien, hay que decir que el Ministro del Interior, señor Basri, ha negado recientemente y de manera pública que estos encuentros hayan tenido lugar, seguramente por razones de orden interno, para evitar la presión de la opinión pública; por razones políticas que le serán a él bien conocidas. Esta es la realidad. Lo ha negado, pero estos encuentros han tenido lugar.
Parece --y aquí aventuro una opinión, que no sé si es arriesgada-- que Marruecos está haciendo un gran esfuerzo para lograr un acuerdo político, que podría ser el principio de un arreglo para sentar las bases de identificación. Ese arreglo político sería ofrecer al pueblo saharaui un estatuto especial de gran autonomía dentro del reino alauita. En este momento ésa es la dirección en la que van los mayores esfuerzos del reino alauita; ofrecerles algo que les permita salvar la faz, que el pueblo saharaui vea satisfechos, de una manera lo más amplia posible, sus deseos de autonomía, pero, al mismo tiempo, que se engloben dentro de esa gran monarquía alauita que quiere ser la monarquía de todos los pueblos del desierto del Sahara occidental.
No cabe la menor duda de que en el Frente Polisario hay dos facciones encontradas cuya crisis se ha agravado en los últimos tiempos: aquellos que propugnaban la solución de Naciones Unidas y, por lo tanto, un arreglo pacífico y un referédum, y los halcones que decían que nunca se debió llegar al alto el fuego y que había que seguir las hostilidades y las acciones de guerra contra Marruecos. Tampoco se nos debe olvidar que esas acciones de guerra, si pararon se debió a que el Frente Polisario perdió la guerra con Marruecos, porque la superioridad numérica y de medios materiales del ejército marroquí fue abrumadora y desde el momento en que Argelia estuvo en una situación débil, no pudo dar el mismo apoyo que venía dando tradicionalmente al Frente Polisario. El hecho de que haya este enfrentamiento entre los dos sectores del Frente Polisario nos hace pensar que no se puede descartar totalmente el que se puedan producir acciones bélicas esporádicas, atentados y seguramente conflictos en la zona del Sahara, en un futuro próximo, si una solución negociada no avanza.
Con respecto a sus preguntas, vamos a seguir manteniendo la presión para que antes de noviembre de 1996, que está a la vuelta de la esquina, porque quedan dos meses, haya un signo de esperanza, sobre todo, en lo que se refiere al proceso de identificación y a celebración del referéndum. Y si esto no sucede, España alentará a todos en Naciones Unidas, pero, sobre todo, al grupo de países más concernidos con este tema para que, en ningún caso, se retiren Naciones Unidas y Minurso. Debo decir que ahí el trabajo más importante es persuadir a los Estados Unidos que en un momento dado tuvieron un interés, pero que ahora se van desinteresando progresivamente sobre el problema del Sahara y pagan una parte de la factura de Minurso.
En cuanto a la posibilidad de la renovación del proceso, está pendiente de esta negociación. Por último, me referiré a algo que nos afecta extraordinariamente en el Ministerio, como afecta a SS. SS., que es la triste suerte del pueblo saharaui, de muchas personas, sobre todo mujeres y niños que han sufrido esta situación de guerra casi continua desde hace veinte años. Le diré que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene programas importantes (un Diputado en esta Cámara inició, cuando tenía la responsabilidad de ser Secretario de Estado de Cooperación, programas importantes

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de ayuda a la población saharaui), que se canalizan fundamentalmente a través de Mauritania para hacerles llegar todos los medios necesarios hacia la zona de Tinduf, que es donde están los campos de refugiados. El esfuerzo ya iniciado se está no solamente manteniendo sino incrementando, por aquello de que compartimos --como dijo S. S.-- esa sensación de tener un deber moral de ayudar al pueblo saharaui en la terrible etapa de la vida de este pueblo que se inició ya, como usted ha dicho, el 14 de noviembre de 1975.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder, para una brevísima intervención.


El señor RECODER I MIRALLES: Brevísima, señor Presidente.
Para agradecer al Secretario de Estado su información. Simplemente decirle que nosotros pensamos que hay que continuar manteniendo el esfuerzo diplomático y muy especialmente en estos momentos en los que debemos estar atentos a cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos meses (por lo que he podido deducir de sus informaciones, el resultado de las conversaciones está a un nivel altísimo entre las dos partes) y a la decisión que adopten las Naciones Unidas antes del 30 de noviembre, en relación a Minurso. Sugerimos, una vez más, la idea de que en el caso de que las noticias no fueran positivas, como nosotros esperamos, sino que la evolución de los acontecimientos fuera francamente negativa, habría que volver a considerar y a poner encima de la mesa, de una forma seria y definitiva, la posibilidad de la celebración de la conferencia de paz.


El señor PRESIDENTE: Grupos que desean tomar la palabra. (Pausa.) La señora Maestro tiene la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Quiero dar las gracias por su comparecencia al señor Secretario de Estado.
El reiterado planteamiento del conflicto en el Sahara occidental en esta Comisión de Asuntos Exteriores parte de un grado alto en la forma en la que los diferentes grupos parlamentarios planteamos el asunto, como he tenido la oportunidad de escuchar con la valoración que se hace desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el mes de junio, se aprobó por unanimidad, con enmiendas, una proposición no de ley de Izquierda Unida, que instaba al Gobierno a adoptar todas las fórmulas que estuvieran en su mano en aquel momento para evitar la retirada de Minurso y desarrollar caminos que no llevaran a un enfrentamiento armado.
Evidentemente, el tema es complejo. A mi grupo no se le escapa que el Gobierno español es sólo uno de los países interesados en la resolución del conflicto. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar que España, como ex potencia colonial, no puede renunciar a desarrollar todos los instrumentos a su alcance. Hay que evitar un enfrentamiento armado que, como el señor Secretario de Estado señalaba, va a ser sin duda desigual, pero que puede ser el último recurso y el único en su caso al alcance de un pueblo que, más allá de las diferencias que pueda haber en el seno de su dirección, ha mantenido con una dignidad merecedora de todo elogio unas reivindicaciones nacionales, de independencia que pueden llegar, en mi opinión, a que el alargamiento del conflicto plantee como única salida ese mantenimiento de la dignidad y de las reivindicaciones nacionales por la vía de las armas.
Mi grupo parlamentario estima que la posibilidad de que finalmente se lleve a cabo la retirada de Minurso en 1996, no va a ser más que un empujón o quizás el empujón definitivo para que este enfrentamiento armado se produzca.
Desconozco las razones que han llevado a los representantes del Frente Polisario a negar la existencia de esos contactos más o menos discretos, más o menos secretos, que conocíamos que se habían producido entre los representantes del Frente Polisario y el Reino de Marruecos. En cualquier caso, nosotros creemos que ésa es una de las vías a desarrollar. Hay que propiciar que, desde la fórmula más adecuada, haya contactos directos, al nivel más beneficioso para las partes, ya impidan, mientras las palabras estén operando, el recurso a otros procedimientos.
La propuesta de conferencia de paz, a la que aludía el representante de Convergència i Unió, que en lo que yo conozco fue aprobada por unanimidad en la sede del Parlamento catalán por una comisión especial destinada al estudio de este tema, podría ser el marco posterior en el cual el diálogo pudiera desarrollarse una vez que se hubiera producido ese contacto directo reconocido y explícito, que al menos abriera el camino para que esa conferencia de paz se celebre.
Deseo reiterar, aunque creo que esta petición es bien acogida en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, la enorme responsabilidad del Estado español en la resolución definitiva del conflicto y en imaginar todos los escenarios posibles que impidan ese enfrentamiento armado que todos nos tememos en breve plazo de no mediar otro tipo de soluciones.


El señor PRESIDENTE: El señor Yáñez, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Voy a intentar ser muy breve porque vamos muy mal de tiempo por el orden denso del día, pero no quería dejar de tomar la palabra por dos razones: en primer lugar, porque es la primera comparecencia del Secretario de Estado de Política Exterior, don Ramón de Miguel, a quien damos la bienvenida y deseamos suerte y éxito en su quehacer, y esperamos que venga muchas veces a esta Comisión en tantos temas como lo requiramos o él considere que debe informar a la propia Comisión; en segundo lugar y sobre todo, naturalmente, por el tema que nos trae aquí, porque, aunque haya sido debatido en muchas ocasiones en esta Comisión en los últimos años, es de enorme importancia para España.
También lo es para la comunidad internacional, pero para nosotros, por razones históricas, de proximidad y de justicia de la reivindicación, es, repito, un tema de la máxima

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importancia. Es oportuno que en este caso lo traiga a colación Convergència i Unió, en otros casos otros grupos, porque el riesgo fundamental que corre este asunto es el del cansancio de la comunidad internacional. De la misma manera que se habla del cansancio de los donantes en cuanto a cooperación al desarrollo, hay un cansancio de determinados conflictos que ya no suscitan, desgraciadamente, la atención, la preocupación y la dedicación que requieren. Eso lo estamos notando en este tema, y el Gobierno de España, por las razones que he dicho antes, debe estar, como espero que así lo haga, atento, con presencia, con dinamismo, con iniciativa, generando una política activa en esta cuestión. Difícilmente otro país fuera de las partes lo va a hacer con el interés, la constancia y el dinamismo que deben tener la diplomacia española y el Ministerio de Asuntos Exteriores en esta cuestión.
Yo no voy a abundar en los argumentos en los que coincido con el representante de Convergència i Unió y con la representante de Izquierda Unida, que son los que han intervenido antes, porque eso haría muy largo el debate, pero coincido plenamente también con las palabras del Secretario de Estado, y por eso no voy a abundar en el tema de fondo. Es un tema pendiente, que requiere nuestra atención de manera preferente.
Cuesta trabajo pensar que otras cuestiones se hayan podido encauzar, aunque sean diferentes --no hay dos conflictos idénticos--, con el esfuerzo combinado de países amigos y de Naciones Unidas, como por ejemplo en Centroamérica, donde el Grupo de Amigos del Secretario General y determinadas misiones han tenido éxito por la constancia, la tenacidad y el buen trabajo de muchos profesionales de la diplomacia, de varios Gobiernos y de las propias Naciones Unidas. Como se ha dicho ahora, se corre el riesgo de que, si antes de final de noviembre no hay un reencauzamiento de la cuestión, puedan desencadenarse de nuevo las acciones bélicas o el conflicto en el Sahara occidental.
Una última palabra que, aunque sea coincidente, subrayo. No debemos caer nunca tampoco en la equidistancia o en tratar por igual a los que no se comportan igual. En este caso, ha habido un comportamiento deliberadamente dilatorio y de mala voluntad por parte del Reino de Marruecos, pero no ha ocurrido lo mismo con el Frente Polisario. Se hace el esfuerzo para tratar de llevar al Gobierno de Marruecos a posiciones más razonables, más negociadoras, más de diálogo, que permitan desbloquear esta situación antes de que de nuevo sea demasiado tarde o estén ya las armas actuando.
Con esto termino, señor Presidente, agradeciendo de nuevo la presencia del Secretario de Estado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Nos alegra mucho a todos la presencia de don Ramón de Miguel en esta Comisión por dos razones: por ser el representante de nuestro Ministerio y por haber aportado precisiones importantes en las que en mi breve intervención de ahora, puesto que luego hemos de volver sobre el tema en el curso del orden del día, no me voy a detener. Lo más importante de esta comparecencia es subrayar y poner luz sobre determinadas actuaciones recientísimas --y, por lo que veo, en curso también-- de los intentos de España por conectar con todas las partes en conflicto, e incluso con terceros, para tratar de poner en vías de solución un tema que corre el riesgo de quedar en esa especie de limbo de la información que es el problema principal para muchos temas internacionales, limbo de información que se produce muchas veces de una manera voluntaria y que debemos impedir por nuestra acción diplomática, gubernativa, que es justamente a lo que se refiere su intervención.
No hace falta subrayar --creo que tenemos todos conciencia de ello-- la gran importancia histórica, humana y geopolítica del problema del Sahara para toda España, comenzando por la parte más cercana al conflicto, que son precisamente las islas Canarias. Por todo ello, es importante, y me refiero nada más a esta cuestión precisa de su intervención, dejando para más adelante entrar en la cuestión de fondo.


El señor PRESIDENTE: Me pregunto si el señor Secretario de Estado querría puntualizar o comentar brevemente alguna de las intervenciones.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): De una manera telegráfica, señor Presidente, porque no quiero abrumar su programa. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos. Sólo quiero reafirmar a la señora Maestro nuestro compromiso --que no solamente es un compromiso de esta Cámara, sino del Gobierno y, por supuesto, de los funcionarios que servimos a la política del Gobierno-- de hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr un resultado pacífico de este conflicto. Desde luego le garantizo que con este Gobierno y con este Ministerio de Asuntos Exteriores, España no va a renunciar nunca al objetivo de contribuir decisivamente a lograr un arreglo pacífico que asegure la estabilidad y, sobre todo, una solución digna para la suerte del pueblo saharaui en el territorio del Sahara.
Señor Yáñez, comparto todo lo que usted dice. Yo conozco su preocupación por ese tema cuando tuvo una alta responsabilidad en este Ministerio.
Nuestra política desde entonces no ha cambiado. Yo quisiera asegurarle que tenemos la misma convicción que tuvo usted y su equipo en la resolución del problema del referéndum del Sahara y, además, comparto que las responsabilidades de unos y de otros no son las mismas. Hay que esperar que un país como Marruecos tenga un gesto más generoso, puesto que, al fin y al cabo, tiene más medios y en su mano la clave de resolver el conflicto. Yo también participo de que otros conflictos se han resuelto. Yo desearía que en el norte de Africa hubiera esa tradición humanística que existe en Centroamérica, que ha sido la que ha hecho posible el arreglo allí. Por desgracia, estamos juzgando conflictos que se parecen, pero no con los mismos actores.
Agradezco también al Diputado señor De Cáceres el voto de confianza que nos da al esfuerzo continuado que

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van a seguir desarrollando el Ministro y todos sus colaboradores para hacer todo lo que esté en nuestra mano para resolver este conflicto. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo les garantizo que la actuación de España y de este Ministerio será irreprochable. Si el resultado al que se llega es afortunado estaremos todos muy contentos, pero si es desafortunado yo estoy seguro de que no tendrán ustedes que hacer ningún reproche a todo el esfuerzo que vamos a desarrollar para lograr un resultado que sea satisfactorio para todas las partes.


El señor PRESIDENTE: Que así sea, señor Secretario de Estado. Muchísimas gracias por su presencia, que todos le agradecemos, y con ello le despedimos hasta la próxima ocasión.
¿Podría convocar un momento a los portavoces de los grupos, por favor?

Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION EN RELACION CON LOS SANGRIENTOS INCIDENTES EN CISJORDANIA.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión.
Con la venia de todos los presentes, doy lectura a la declaración institucional que, previo acuerdo con todos los portavoces de los grupos parlamentarios aquí presentes, hemos podido poner a punto sobre los sangrientos incidentes que están teniendo lugar en este momento en algunos lugares de Cisjordania y de Israel.
Dice así la declaración institucional: «Ante los graves incidentes que están teniendo lugar en Cisjordania, que se han saldado por ahora en más de 30 muertos y centenares de heridos palestinos como consecuencia de los disparos del ejército israelí, así como otras víctimas entre los soldados israelíes, esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados expresa su honda preocupación por los hechos citados y su deseo vehemente de que cesen los actos violentos.
Esta Comisión de Asuntos Exteriores considera que el proceso de paz entre israelíes y palestinos, iniciado después de grandes dificultades y esfuerzos en la Conferencia de Madrid en 1991, se encuentra en grave peligro, que los citados incidentes han acentuado tras otras actuaciones que han supuesto reiteradas violaciones de los acuerdos de Oslo.
Por todo ello, apoya todos los esfuerzos que el Gobierno español realice coordinadamente con la Unión Europea y en el marco de Naciones Unidas, para que vuelva a imperar el diálogo y la negociación frente a la dialéctica de la fuerza y la violencia entre israelíes y palestinos.» La Comisión de Asuntos Exteriores opina que el clima así creado supone un grave obstáculo en la realización de algunos objetivos de la Conferencia euromediterránea de Barcelona.» Entiendo que la Comisión de Asuntos Exteriores aprueba este texto. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.) El señor Martínez Casañ tiene la palabra.


El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, me acaba de decir nuestro compañero Alejandro Muñoz-Alonso que, según las últimas noticias, había ya cuarenta y tantos muertos. Quizá sería mejor no mencionar el número y cambiar el texto por «decenas de víctimas o de muertos».


El señor PRESIDENTE: Diría entonces: «... en decenas de muertos y heridos palestinos como consecuencia de los disparos del ejército israelí, así como otras víctimas entre los soldados israelíes...». Así queda redactado.
Muchas gracias a todos.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--RELATIVA A LA CONCESION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS EXCOMBATIENTES DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000081.)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el desarrollo del orden del día, pasando al punto cuarto, que contempla la consideración de las proposiciones no de ley, siendo la primera de ellas la proposición no de ley relativa a la concesión de la nacionalidad española a los excombatientes de las Brigadas Internacionales, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, porque como SS. SS. pueden observar, se trata de encontrar la fórmula que permita llevar a cabo la voluntad política expresada por la unanimidad de los grupos de la Cámara en relación a la celebración del 60 aniversario de la llegada a España de los voluntarios de la libertad y poder ofrecer la nacionalidad española a unos centenares de supervivientes, que llegan a nuestro país el próximo mes de noviembre.
Yo me congratulo expresamente en esta Comisión de la actitud de todos los grupos parlamentarios a la hora de apoyar económica e institucionalmente en las diferentes comunidades autónomas los actos institucionales que en muchas de ellas --yo me atrevería a decir que casi en su totalidad-- se van a llevar a cabo en este otoño. Yo también insto a la generosidad de los gobiernos y de los parlamentos autónomos para que puedan permitir llevar a cabo un homenaje costoso, ambicioso y que está promovido por

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una coordinadora formada por personas que no tienen ninguna financiación propia a priori.
Seguramente muchas de SS. SS. han recibido, como yo, cartas de agradecimiento de ex brigadistas de diferentes países del mundo manifestando su alegría y su agradecimiento a este Congreso de los Diputados por esa voluntad política de reconocer la nacionalidad española, pero expresando asimismo las graves dificultades que la inmensa mayoría tiene para poder hacer efectivo su derecho a la nacionalidad española.
Como saben SS. SS., nuestro Código Civil exige que, excepto en aquellos países con los que existe acuerdo de doble nacionalidad, el acceso a la nacionalidad española suponga la renuncia previa a su nacionalidad de origen. Creo que quedaba implícito en el desarrollo de los debates y del propio acuerdo. No se trata de que las personas que accedan por este motivo a la nacionalidad española tengan sus derechos completos (ciudadanos, económicos o sociales), sino que se trata de un acto fundamentalmente honorífico, de reconocimiento de la memoria histórica y de la contribución de estas personas a la defensa de la legalidad democrática de un Gobierno, que era el legítimo en el Estado español y que, por tanto, no es patrimonio de ninguna fuerza política sino del conjunto de los ciudadanos españoles.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que hay otras iniciativas en marcha que plantean la modificación de nuestro Código Civil mediante la introducción de una medida específica, ad honorem, de reconocimiento de la nacionalidad exclusivamente a este grupo de personas, hecho que tuvo algún precedente histórico al principio de este siglo en relación con ciudadanos turcos, con motivo de concederles protección --es un precedente jurídico, aunque, evidentemente, las condiciones no son las mismas--, lo que mi grupo parlamentario pretendía en esta Comisión de Asuntos Exteriores es que por parte del Gobierno se tomaran las medidas necesarias e, insisto, con la agilidad necesaria para que esos acuerdos específicos de doble nacionalidad, y en lo que se refiere a este colectivo, pudieran finalmente no impedir algo que está por encima de los trámites burocráticos, que es la voluntad política de esta Cámara de hacer un reconocimiento de estas características. Se trata de no impedir que, en fecha próxima, eso pueda producirse con toda la solemnidad y concreción necesaria para que no sólo sea un papel mojado de una declaración del Congreso de los Diputados.
Espero que esto, que no tiene otra pretensión que llevar a cabo algo que ya expresamos todos con suficiente claridad y con una unanimidad que a mi grupo parlamentario le congratula especialmente, pueda contar con el voto de SS. SS.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no hay presentada ninguna enmienda. ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir al respecto? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-Santesmases.


El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Como ya le comuniqué anteriormente a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nosotros creemos que podría haber otra redacción, por lo que formulo en este momento una enmienda in voce, respetando el hecho de que hay que encontrar ese marco legal con arreglo al Código Civil. Si a la señora Maestro le parece bien, la formulación podría ser semejante a ésta: Instar al Gobierno para que los servicios consulares y la Dirección de Registros y Notariado facilitaran la realización y agilización de los trámites oportunos para que pudieran acceder a la nacionalidad española por carta de naturaleza los integrantes de las Brigadas Internacionales, reconociendo las circunstancias excepcionales que en esta ocasión concurren para su adquisición.
Puedo pasar el texto a la señora Maestro, para ver si le parece bien, porque hay coincidencia en los temas y en el procedimiento.


El señor PRESIDENTE: Quiero hacer ver, tanto al grupo proponente como al grupo enmendante que, por lo que veo, los ámbitos son relativamente diferentes, de manera que yo agradecería una respuesta rápida por parte del grupo proponente para saber si esa propuesta del Grupo Socialista que realiza el señor García-Santesmases es agradable al grupo proponente.
Tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Tiene razón, señor Presidente. No es exactamente una matización de redacción. Yo creo que la voluntad es la misma, pero una cosa es la agilización de los trámites con aquellos países con los que hay acuerdo de doble nacionalidad, para lo cual no hay otro problema que la gestión directa del trámite de la solicitud por parte de las personas afectadas, y otra cosa es iniciar acuerdos de doble nacionalidad con los países en los que, de no mediar esto o, en su caso, añadiendo la modificación del Código Civil, es imposible.
Creo que no hay dificultades para entendernos en cuanto a la voluntad que expresamos, pero son cosas diferentes: una cosa es la agilización de los trámites posibles y otra establecer modificaciones para aquellos países en los que, con la formulación actual de nuestro Código Civil, es imposible acceder a la nacionalidad. En este último caso no podría aceptar lo que propone.


El señor PRESIDENTE: Nos atenemos, pues, a la propuesta original, tal como ha sido formulada.


La señora MAESTRO MARTIN: En su caso, podría aceptarla como enmienda de adición.


El señor PRESIDENTE: Violentando un tanto las normas reglamentarias de esta Comisión, señora Maestro, porque entiendo que esa propuesta no ha sido distribuida al resto de los grupos, es decir, que no cuentan con ella y es de una cierta complejidad técnica, de manera que sería saludable que hubieran podido contar con su previo conocimiento.
En estas condiciones, sin entrar en el fondo de la cuestión y aunque podemos seguir varios procedimientos, creo

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que el procedimiento lógico sería que sometiéramos a votación la propuesta tal como ha sido hecha por la señora Maestro, con independencia de que, en otros momentos procesales, pudiéramos considerar como perfeccionamiento a la misma la que nos ha leído el señor García-Santesmases.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos parlamentarios? Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Voy a ser muy breve. Nosotros, estando de acuerdo con el fondo de lo que persigue la señora Maestro y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su proposición no de ley --de hecho, votamos favorablemente la proposición no de ley de la que ésta trae causa--, entendemos que lo que ella nos propone en su texto es, si quieren, voluntarioso y lleno de buenas intenciones, pero que en la práctica difícilmente va a poder resolver el problema que preocupa al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por cuanto la actuación y las gestiones diplomáticas que nos insta a solicitar del Gobierno son procedimientos largos, que no se van a lograr en meses ni quizá en algunos años, y que afectan a un colectivo que, lamentablemente, por razones de edad, cada vez es menos numeroso.
Por ello, entendemos que la propuesta más pragmática y posibilista es la que planteaba el señor García-Santesmases en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros suscribiríamos encantados.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea tomar la palabra en nombre de algún otro grupo parlamentario? Tiene la palabra el señor Bueso Zaera.


El señor BUESO ZAERA: El nombre del Grupo Popular, quiero manifestar que, aunque la proposición no de ley tiene la mejor voluntad para intentar solucionar el problema de algunos brigadistas, no podemos aceptarla por las siguientes consideraciones.
De aceptarse la proposición no de ley, el Gobierno se vería obligado a intentar negociar convenios de doble nacionalidad con carácter especial, concreto y excepcional para que los brigadistas afectados pudieran beneficiarse de la nacionalidad honorífica española sin perder la suya de origen.
Los convenios de doble nacionalidad o de cualquier otro tipo se negocian para servir a unos intereses generales, pero no para permitir que un número muy limitado de personas, por muy meritorias que sean sus circunstancias, puedan gozar con carácter especial, concreto y excepcional de unos beneficios que suponen una quiebra de los principios reguladores del Código Civil en materia de adquisición de nacionalidad y, por más que el Gobierno español lo intentase, muchos de los países a los que podría afectar la proposición no de ley, tales como Méjico, Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Rusia, Alemania, etcétera, se negarían en principio a la negociación misma de un convenio de doble nacionalidad, ya que no aceptarían que sus ciudadanos pudieran ostentar otra nacionalidad que la propia de manera simultánea o latente. Ya se intentó en el pasado y en otras circunstancias, como, por ejemplo, con Venezuela y Méjico, sin éxito alguno.
Por otro lado, tengo que decir que no tiene ningún sentido acudir a un instrumento tan complicado como la vía convencional, que, además, exige una larga gestión administrativa y parlamentaria; fácilmente cinco años para lograr unos resultados que pueden obtenerse por otra vía.
Quiero decir también que el ofrecimiento contenido en el Real Decreto 39/1966, de 19 de enero, que faculta a los miembros de las antiguas Brigadas Internacionales para optar por la nacionalidad española si así lo desean, supone el grado máximo de generosidad a que se puede llegar en este tipo de normas, ya que los requisitos para la adquisición de la nacionalidad española están regulados en el Código Civil y no es posible la modificación de dicho Código para este caso concreto.
Por otra parte, en lo que se refiere a los países de los que son nacionales las personas que eventualmente pudiesen acogerse a la posibilidad que les concede la normativa que nos ocupa, tampoco es posible convencerles para que se avengan a una negociación de estas características, pues la filosofía que inspira sus legislaciones es contraria a que sus nacionales puedan tener además otra nacionalidad, como es el caso de Suiza o de Venezuela, por citar dos de los países donde hay miembros de dichas brigadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, después de haber oído las razones de los grupos que han intervenido, y en aras, sobre todo, de conseguir un acuerdo en un tema que me parece de una gran importancia simbólica, para que no pueda romperse la unanimidad que hemos iniciado en este tema, y reconociendo, además, que la sustancia de los argumentos es cierta, es decir, que hay dificultad en ver cúal es la fórmula --y es verdad que los trámites pueden ser largos y pueden ser también una cortina de humo que haga imposible resolver el problema en el momento adecuado--, si los grupos que han expresado su oposición estuvieran de acuerdo en que se aceptara como sustitución la enmienda del Grupo Socialista que marca el techo normativo en el Real Decreto 39/1996, que simplemente insta a la agilización de los trámites por parte de los servicios consulares y de la Dirección General de Registros y del Notariado, en ese caso, y sobre todo con el objetivo, repito, de mantener la unanimidad de la Cámara, aceptaría la enmienda como sustitución.


El señor PRESIDENTE: Me produce alguna duda procesal lo que usted propone, señora Maestro, porque si siguiéramos este procedimiento de cara al futuro podría haber graves perjuicios para el funcionamiento de la Cámara. Como antes he dicho, la propuesta que nos ha leído el señor García-Santesmases va bastante más allá, o bastante más acá, según se mire, de su propia propuesta, y me preocupa

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que ni la Mesa ni el resto de los grupos contemos con dicha propuesta por escrito.
Sugeriría una propuesta alternativa, señora Maestro, a no ser que los grupos tengan alguna propuesta alternativa que hacer, y es que en este momento usted retire la propuesta inicial, la reformule de acuerdo con la que en su momento hizo el señor García-Santesmases y que individual, o conjuntamente, haga una nueva proposición no de ley que pudiéramos considerar en buena forma. Creo que eso sería bastante más satisfactorio para la regularidad del trabajo y no produciríamos anomalías procesales que a mí me preocuparían.
¿Le parece adecuada esta propuesta?

La señora MAESTRO MARTIN: De acuerdo.


El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: De acuerdo.


El señor PRESIDENTE: En ese caso, insto a los dos grupos a que se pongan de acuerdo para que en una próxima ocasión podamos considerar una propuesta en las líneas descritas.
¿Entiendo que damos por retirada la propuesta en esos términos, señora Maestro? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: El Grupo Popular agradece la colaboración de la señora Maestro, que creo que permitirá estudiar el tema con mayor detenimiento.


El señor PRESIDENTE: Estoy convencido de que con este sistema en un breve plazo de tiempo alcanzaremos una solución razonable para todos.


--EN RELACION CON LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PROCESO SEGUIDO EN SANTIAGO DE CHILE POR EL HOMICIDIO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO ESPAÑOL FUNCIONARIO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000111.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 5, proposición no de ley en relación con la sentencia recaída en el proceso seguido en Santiago de Chile por el homicidio de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español funcionario internacional de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Este es un tema reiterativo, ya histórico, tanto en declaraciones institucionales como en propuestas ante esta Comisión de Asuntos Exteriores, que afortunadamente han contado también con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En concreto, si ustedes recuerdan, el 5 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a trasladar al Gobierno de Chile la preocupación del Congreso por el tortuoso proceso que estaba siguiendo el caso por el asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, y reiteraba su profundo interés por el definitivo esclarecimiento del mismo y el correspondiente castigo a los culpables.
Desgraciadamente, este tortuoso proceso ha finalizado ya en lo que se refiere a los trámites posibles a utilizar por la acusación particular, por la familia en este caso, para que el asesinato de don Carmelo Soria fuera definitivamente esclarecido y se produjera el oportuno castigo de los culpables, tal y como deseaba unánimemente este Congreso de los Diputados. A finales del mes de agosto tuvo lugar la sentencia definitiva que cierra todas las vías de apelación y que aplica la Ley de Amnistía de 1978 al caso del asesinato de Carmelo Soria. La aplicación de la Ley de Amnistía se ha producido desoyendo todas las manifestaciones, todas las declaraciones del Secretariado de Naciones Unidas reiterando el carácter de funcionario internacional de don Carmelo Soria y Espinosa y no estimándolas en el momento de dictar sentencia sobre el caso.
En este caso, por tanto, no cabe más, y creo que es oportuno hacerlo --hubiera podido ser otra propuesta de declaración institucional más y yo no tendría inconveniente en ello si ésa fuese la fórmula que esta Comisión de Asuntos Exteriores estimara más oportuna--, que la manifestación del disgusto, de la preocupación por la aplicación definitivamente de la Ley de Amnistía que cierra --aunque en falso, desgraciadamente en el ámbito de la aplicación de la justicia chilena-- definitivamente el caso.
En este caso quiero reiterar el segundo punto de la proposición no de ley que no tiene sentido en este momento, porque entiendo que la embajada española en Chile no tiene ya muchas funciones que realizar en una caso cerrado para la justicia chilena. Otra posibilidad sería la impugnación, preceptiva, en el seno de Naciones Unidas de la comunicación del Estado chileno relativa a la sentencia de la Corte Suprema, en virtud de la cual se aplica la Ley de Amnistía de 1978, y que abrirá la posibilidad de que el propio Secretario General de Naciones Unidas instara a tribunales internacionales a manifestarse sobre un caso que afecta a un funcionario internacional, impugnando una decisión en este caso no ya de la Corte Suprema, sino asumida por el Estado chileno, que ha ignorado convenios tales como el convenio sobre la prevención y castigo de los delitos cometidos contra personal internacionalmente protegido suscrito por el Estado chileno y, por tanto, en vigor en este momento.
No obstante, en contra de lo que suele ser habitual, esta comunicación, que suele ser prácticamente inmediata por parte del Estado chileno al Secretario General de Naciones Unidas, no se ha producido hasta este momento. Lógicamente mi Grupo Parlamentario, en el momento en que esa comunicación se produzca, presentará una proposición en ese sentido, apoyando la actitud del Gobierno español impugnando

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en el seno de Naciones Unidas este comunicado del Gobierno chileno y que, por tanto, apoye, en su caso, la capacidad de actuación del Secretario General de Naciones Unidas en defensa de un funcionario internacional que, además, es compatriota nuestro.
Quiero aprovechar esta intervención, finalmente, para desmentir informaciones de prensa que se han producido en estos últimos días, que hablaban de la llegada a un acuerdo económico entre la familia y el Estado chileno que anulara la posibilidad de llegar a instancias de justicia internacionales. Entiendo que no es un tema económico, ni creo que la materia sobre la cual tratamos pueda solventarse con garantías económicas para la familia. En cualquier caso, comunicaciones directas de los propios familiares han desmentido que este acuerdo se haya producido y que en el futuro pueda producirse.
Sus señorías saben que los casos de Orlando Letelier y de Carmelo Soria son los únicos casos que pueden escapar de la aplicación de la Ley de Amnistía y, por tanto, satisfacer el castigo, aunque fuera nada más que formal, a los culpables de los miles de asesinatos y desaparecidos producidos en el transcurso de la dictadura chilena.
Resumiendo, señor Presidente, el único punto que se sometería a votación sería el primero y dejo abierta la posibilidad, si otros grupos parlamentarios lo estiman oportuno, de que la proposición de ley pudiera tomar la forma de declaración institucional.


El señor PRESIDENTE: Antes le he pedido que retirase una proposición.
Ahora le pediría que no la retire porque la verdad es que el segundo punto seguirá teniendo sentido. Pase lo que pase y sean cuales sean los procedimientos que se sigan, es evidente que vamos a tener que recurrir a la Embajada de España en Chile. Aparte de otras consideraciones que en su momento puedan hacerse. De manera que yo le pediría que no la retirara y veremos lo que pasa.
¿Grupos parlamentarios que desean tomar la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), tiene la palabra el señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, nuestro grupo entiende que deberíamos hacer un esfuerzo en aras a ese consenso que el grupo proponente pedía. En esta situación y en este momento, por todos los antecedente que tiene la cuestión y que afectan al ciudadano de nacionalidad española don Carmelo Soria, habría que buscar esa fórmula de consenso para restituir en justicia las consecuencias de los hechos delictivos acaecidos. Por tanto, nuestro grupo se manifiesta de acuerdo con los términos de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Yánez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Intervengo para sumarme a lo manifestado por los intervinientes anteriores, en el sentido de que el asesinato del ciudadano español y funcionario internacional de Naciones Unidas es uno de los crímenes horribles de la dictadura de Pinochet, y para mayor inri con conocimiento de quiénes fueron los autores, que siguen ocupando altos cargos en el ejército chileno.
Una medida burocrática-pseudojurídica, como es que el tribunal desestimara que era funcionario internacional después de que el Cepal, el organismo de Naciones Unidas en Chile donde trabajaba, certificara que sí lo era, es lo que ha permitido que los culpables sigan acogiéndose a la Ley de Amnistía. De tal manera que debemos hacer todo lo posible para conseguir su condena política, si no es posible jurídica, así como la reparación moral y la reivindicación de la persona de Carmelo Soria. Y también la reparación moral y económica de la familia, no porque lo económico sea lo más importante, sino porque a veces --hay muchos antecedentes-- no se encuentran otras fórmulas. Naturalmente, si la familia no desea eso, no habrá lugar.
Quería hacer hincapié, señor Presidente, puesto que nosotros no estamos en el Gobierno ahora, en que habría que evitar en este tema una confrontación entre dos gobiernos que no tiene responsabilidades en los hechos que estamos analizando; ni el Gobierno chileno democrático de hoy ni, por supuesto, el Gobierno español. Llevar eso a una instancia que pueda producir un conflicto diplomático entre ambos gobiernos sería un poco absurdo, sería la reducción a una situación kafkiana. Se trata de no desviar la atención sobre quiénes fueron los culpables y buscar las fórmulas que permitan esa reivindicación del nombre de Carmelo Soria, así como una satisfacción a la familia. ¿Cuál es esa fórmula? La que pueda encontrarse entre el Gobierno de España y el Gobierno de Chile con acuerdo de la familia. Más allá no podemos llegar.
Dicho eso, votaremos a favor de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Quiero expresar ante todo mi total coincidencia con los términos de la proposición y con las consideraciones que la señora Maestro y los otros intervinientes han aportado, en línea con lo que hemos hecho siempre en esta Comisión cuando hemos abordado ya en varias ocasiones el caso Soria.
También estoy dispuesto a que lleguemos, si así se estima, a una declaración institucional. Creo que sería la segunda en menos de tres meses. Además, quiero insistir en que a mí me parece que tiene tanto peso y tanta importancia como iniciativa parlamentaria una proposición no de ley como la que creo que vamos a aprobar por unanimidad.
Como digo, estoy muy de acuerdo con los términos. Por eso tampoco creo que sea oportuno retirar nada, aunque hayan pasado cosas desde la redacción de esta proposición. Por ejemplo, me parece muy oportuna en la exposición de motivos la referencia que se hace a la doctrina. Porque se puede considerar que es auténticamente una doctrina, digna de ser tenida en cuenta, la de los seis ilustres juristas españoles a que ahí se alude.
Quiero también

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subrayar, por ejemplo, el hecho de que uno de esos juristas, el señor Tomás y Valiente, fue también víctima de un atentado terrorista. Aportan ideas tan importantes como que no cabe la amnistía cuando se trata de delitos que suponen violación de los derechos humanos o delitos contra la humanidad, lo que representa al mismo tiempo un desconocimiento por parte del Estado chileno --no insisto ahora en su Gobierno-- de textos internacionales que ese país ha asumido como propios, y en su Constitución así se establece. Me parece muy oportuna en la doctrina de esos juristas españoles su referencia a la conciencia universal. Es algo muy importante porque clama a esa conciencia universal el que ese tipo de delitos puedan quedar impunes, si no se remedia.
Creo que debemos insistir en la condición de funcionario internacional del señor Soria, lo que hace inaplicable la amnistía, y la última sentencia o resolución de la Corte Suprema chilena lo desconoce claramente. Quisiera señalar que yo retomaría la doctrina que aquí establecimos en la declaración institucional del 20 de junio --hace, por tanto, muy poco--, en la que todavía teníamos la esperanza de que un recurso presentado por el abogado de la familia Soria fuera atendido por la Corte Suprema. Desgraciadamente eso ha perdido su sentido el día 23 de agosto, cuando esa Corte Suprema cierra definitivamente el caso y lo lleva a la situación en que ahora estamos insistiendo en esa increíble negativa a reconocer el estatus diplomático del señor Soria en contra de varios tratados firmados por Chile y muy en concreto de un convenio Chile-Cepal, donde eso figuraba de una manera diáfana.
Desearía señalar que el Gobierno español, al día siguiente de ese auto último de la Corte Suprema chilena, es decir, el 24 de agosto, emitió un comunicado, a través de la Oficina de Información Diplomática, que si me lo permiten voy a leer porque es breve y muy importante. Dice lo siguiente: La Corte Suprema de Chile ha dictado sentencia ayer sobreseyendo definitivamente la causa que seguía en el proceso por el asesinato en julio de 1976 en Santiago de Chile del ciudadano español, funcionario internacional de la Organización de Naciones Unidas, don Carmelo Soria Espinosa.
En esta circunstancia, el Gobierno español desea hacer pública la siguiente declaración: 1. Manifestar su profunda decepción por una decisión judicial que determina la impunidad para los autores identificados en el proceso, coronel retirado Guillermo Salinas Torres y sargento retirado José Ríos Sanmartín, del asesinato del ciudadano español don Carmelo Soria Espinosa. 2. Reconocer la contribución del Gobierno de Chile para reactivar este caso ante los tribunales. 3.
Subrayar la disposición del Gobierno español, respaldada por las reiteradas manifestaciones del Parlamento, en promover la justa reparación de este crimen, acompañando a la familia de don Carmelo Soria en las instancias y gestiones que procedan.
Dicho esto quiero también insistir en que nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier otra iniciativa que se pueda llevar a cabo en cualquier ámbito, incluido el de Naciones Unidas, aunque entiendo que tiene mucha razón el señor Yáñez cuando dice que no habría que buscar una confrontación inadecuada e inútil entre España y Chile. Quiero señalar que el Gobierno chileno en varias ocasiones ha mostrado su buena disposición.
En el texto de la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida se señala que recientemente todos los partidos políticos que forman parte del Gobierno de Chile se han manifestado en contra de la aplicación de la Ley de Amnistía en el proceso Soria, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Ministro de Asuntos Exteriores de Chile, don Miguel Insulza, en su reciente visita a España. Es decir, que tampoco se puede culpar al Gobierno de Chile, un gobierno democrático, de no haber hecho lo que ha entendido que estaba a su alcance.
Yo, reflexionando un poco en voz alta, me pregunto si no estamos ante un caso que muestra de una manera muy clara la necesidad de plantearse la intervención de un tribunal penal internacional, y quiero recordar que en el informe sobre reforma de las Naciones Unidas, que aprobamos por unanimidad en esta Cámara no hace todavía un año, había un párrafo largo donde todos los grupos parlamentarios de esta Cámara decíamos que sería muy deseable un tribunal penal internacional al estilo del creado específicamente para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y que tuviera una competencia mucho más amplia. Es decir, casos como éste demuestran que, evidentemente, eso es una gran necesidad.
Insisto, y termino, apoyamos esta proposición no de ley y estamos dispuestos a estudiar y a apoyar igualmente cualquier iniciativa para remediar esta situación.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, naturalmente, que el Grupo Popular reitera la enmienda que inicialmente había presentado.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Sí, señor Presidente. No lo he dicho, pero ya había hablado con el grupo proponente. Había una enmienda presentada por el Grupo Popular, que nosotros retiramos, que había sido redactada en un momento anterior a ese último hecho del 23 de agosto y que la deja sin sentido. Por lo tanto, la retiramos en este acto.


El señor PRESIDENTE: Señores comisionados, tenemos dos alternativas: una, votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y entiendo que lo haríamos por unanimidad; dos, siguiendo la iniciativa de la señora Maestro, reconvertir esta proposición no de ley en una declaración institucional.
No sería la primera que hacemos sobre el caso Soria. Eso únicamente requeriría el acuerdo de todos los comisionados.
¿Cuenta la Presidencia con el acuerdo de toda la Comisión para convertir esta proposición no de ley en una declaración institucional de la Comisión en los términos en que está presentada? (Asentimiento.) No veo ninguna objeción al respecto; de manera que entiendo que este texto al que inmediatamente daré lectura es declaración institucional de la Comisión de Asuntos Exteriores.


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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a expresar al Gobierno de Chile la consternación del Congreso de los Diputados por la reciente sentencia del juez instructor de la Corte Suprema mediante la cual se decide la aplicación del Decreto-ley 1921 de 1978 que amnistía definitivamente a los acusados del homicidio del ciudadano español y funcionario internacional de la ONU don Carmelo Soria y Espinosa.
Dos. Seguir apoyando con todos los medios a su alcance las actuaciones de la embajada española en Chile, en coordinación con la familia de don Carmelo Soria y Espinosa, para lograr la plena consecución de la justicia en este proceso que afecta a un ciudadano español.
Este es el texto de la declaración institucional.


--RELATIVA A ENSAYOS NUCLEARES EN CHINA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000132.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número seis. Proposición no de ley relativa a ensayos nucleares en China, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor Yáñez tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: La retiramos, señor Presidente, porque el mismo tema se ha debatido en Pleno y ha sido aprobado también, creo recordar, por unanimidad de la Cámara, con el mismo tenor que esta proposición.


--RELATIVA A MEDIDAS PARA PROPICIAR LA PAZ EN EL SAHARA OCCIDENTAL Y LA CELEBRACION DE UN REFERENDUM SOBRE SU AUTODETERMINACION. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000140.)

El señor PRESIDENTE: Punto número siete. Proposición no de ley relativa a medidas para propiciar la paz en el Sahara occidental y la celebración de un referéndum sobre su autodeterminación, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Le rogaría, señora Maestro, que tuviera en cuenta la intervención previa del Secretario de Estado, porque seguramente nos ahorraría alguna de las consideraciones de S. S.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, evidentemente, la coincidencia con la comparecencia del señor Secretario de Estado celebrada pocos minutos antes, en la cual todos los grupos hemos tenido ocasión de manifestar nuestras valoraciones, de escuchar las del Gobierno y de apreciar la coincidencia en los términos, me exime de hacer una mención más detallada a la exposición de motivos. Por lo tanto, simplemente, quiero recordar que lo que se pretende es que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno a manifestar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la inquietud del Gobierno de España por la marcha de la aplicación del Plan de Paz y expresar la preocupación ante los indicios, desgraciadamente cada día más patentes, de que pudiera producirse un regreso a la hostilidad bélica.
Tal como expresaba en la comparecencia, parece oportuno, al menos a mi grupo parlamentario, y al margen de los contactos que se hubieran producido, que se propicie la apertura de una vía de diálogo directa entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos, tal y como recomienda la resolución 1.042, de 31 de enero de este año, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Finalmente, desearíamos que se adoptaran las medidas oportunas para promover una conferencia de paz con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto, en el espíritu que ya indicaba, de esa resolución, a juicio de nuestro grupo parlamentario absolutamente pertinente, aprobada por unanimidad en el seno del Parlamento catalán.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas a la proposición no de ley. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) El señor Recoder tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, intervendré muy brevemente para no reiterar un debate que hemos mantenido largamente durante esta sesión.
Nuestro grupo parlamentario, coherentemente con lo que hemos manifestado en el debate sobre el Sahara, no puede valorar el texto de la proposición no de ley de otra forma que positivamente, ya que en sus tres primeros puntos ya viene a reiterar, de hecho, lo que ya manifestó esta Cámara en Pleno el 4 de diciembre de 1995 en una moción consecuencia de una interpelación que aprobamos, si no recuerdo mal, del señor Albistur, donde se incluyeron enmiendas de diversos grupos parlamentarios. Quizá el único punto sobre el que tenga alguna duda, y la tengo después de la intervención del señor Secretario de Estado, es en el último, en el que se propone la promoción por parte del Gobierno de una conferencia de paz con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto. Mis dudas aparecen, señora Maestro, después de escuchar las explicaciones del Secretario de Estado en relación a las conversaciones que han tenido lugar en Ginebra entre unas delegaciones de altísimo nivel del Frente Polisario y del Reino alauita. Creo que deberíamos condicionar la celebración de la conferencia a que no haya un acuerdo posible entre las partes.
Es por ello que yo le sugeriría, y no sé, señor Presidente, si reglamentariamente es posible, que el último punto pudiéramos reformularlo en el sentido de considerar la convocatoria de la conferencia de paz con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto, en caso de que no sea posible el acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, inmediatamente consideraremos su propuesta.


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Tiene la palabra el señor Yáñez, en nombre del Grupo Socialista.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, sólo intervengo para decir que apoyamos la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Ante todo quiero subrayar la evidente identidad de opiniones de los grupos sobre el fondo de la cuestión, como se ha puesto antes de manifiesto durante la comparecencia del señor Secretario de Estado.
La importancia que nuestro grupo atribuye al problema del Sahara deriva de distintos aspectos, ante todo del aspecto humano, que se subroga de alguna manera en la vinculación histórica de España con un aspecto humano no frecuentemente recordado, que es también el de algunas familias españolas, no solamente militares, que resultaron afectadas directamente en los orígenes del conflicto; por la vinculación geopolítica general de España y concretamente de Canarias, dada la cercanía geográfica del archipiélago a la costa africana que, paradójicamente, se puede entender también desde un punto de vista geopolítico como la frontera extrema, la frontera meridional de Europa; por el banco de pesca sahariano; por la cercanía de los importantes yacimientos a cielo abierto de fosfatos; por la implicación humana de todo el proceso sahariano, historia que se remonta, por lo menos, desde hace casi 21 años y por la implicación del proceso también en la evolución política de Marruecos y sus inmediatas repercusiones en España y en la cuenca mediterránea. Todo ello hace que España tenga un interés muy especial, no solamente humano sino eminentemente político, en todo el proceso.
Ahora bien, nos parece que la proposición, tal como se hace, en primer lugar en cuanto al punto 1: «Manifestar al Consejo de Seguridad de la ONU la inquietud de España por la marcha de aplicación del Plan de Paz...», etcétera, hay que reconocer que el Gobierno ya ha realizado en él lo que se le pide. Y no sólo lo ha hecho en el curso de contactos con las partes y los gobiernos interesados, sino en una comunicación escrita de nuestra representación permanente en Nueva York al Consejo de Seguridad, en la cual se trasladaba a este alto organismo el comunicado del Gobierno español de 3 de junio pasado, en el que se expresaba la preocupación por la suspensión de la operación de identificación de votantes y el estancamiento del proceso de arreglo del Sahara Occidental.
Esta, evidentemente, es la clave en el momento en que se rompe, como si dijéramos, el proceso, y me refiero a una carta anterior, de hace casi exactamente un año, del Consejo de Seguridad, en la cual, en el proyecto de solución, entre los considerandos dice: Deplorando que el resultado del examen preliminar por parte del Gobierno de Marruecos de los 100.000 solicitantes que no residen en el territorio esté contribuyendo a que la Minurso no pueda dar cumplimiento a su calendario para concluir el proceso de identificación; deplorando, igualmente, que el Frente Polisario se niegue a participar en la identificación, incluso dentro del territorio, de tres grupos dentro de los grupos tribales en litigio, demorando así la conclusión del proceso de identificación. Para no alargar la cuestión, quiero decir que es evidente que ahí está la quiebra del proceso.
En cuanto al número 2: «Expresar la preocupación de España ante los indicios de que se podría producir un regreso de la hostilidad bélica», cabe señalar en cierto modo lo mismo que hemos dicho respecto al párrafo anterior y, sobre todo, citar la importancia de que el Gobierno español otorga al mantenimiento del alto el fuego vigente desde 1991, y la preservación del clima de convivencia entre los pueblos del Magreb.
En cuanto al número 3 de la propuesta: «Hacer un llamamiento a las autoridades marroquíes y saharauis a propiciar la apertura de una vía de diálogo directo...», etcétera, realmente en este párrafo, en primer lugar hay una cuestión procesal, porque no cabe, en propiedad, hablar de autoridades saharauis sino más propiamente del Frente Polisario. En segundo lugar, porque el Consejo de Seguridad no emplea los términos señalados en el texto de la proposición no de ley, sino que se limita a instar a las partes a que examinen otras formas de crear confianza entre ellas y de facilitar la aplicación del plan de arreglo. Asimismo, la Resolución 1.056 les alienta literalmente a considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas para fomentar la confianza entre sí, a fin de eliminar los obstáculos a la aplicación del plan de arreglo.
En cuanto al último punto: «Promover una Conferencia de Paz con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto», nuestro grupo considera que lo prioritario, a fin de superar los problemas actuales, es la pronta reanudación del proceso de identificación de votantes y de los demás aspectos del plan de arreglo. Sin perjuicio de ello, el Gobierno ha señalado en varias ocasiones --últimamente en esta misma comparecencia-- que daría su apoyo a la Conferencia Internacional de Paz si todas las partes integrantes implicadas lo solicitan, circunstancia que, evidentemente, no existe ahora mismo.
Por todo ello, nuestro grupo se opone a esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, brevemente por favor.


La señora MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad.
Las dificultades del Grupo Popular me parecen difíciles de solucionar, a no ser algunas formales. Es decir, no hay inconveniente en sustituir «autoridades saharauis» por «Frente Polisario», o en lugar de decir «tal como recomienda» sustituirlo por: el espíritu de la Resolución 1.042. No sé si esto podría satisfacer las preocupaciones del Grupo Popular.
En cualquier caso, quiero decir que acepto la propuesta de Convergència i Unió de que en el punto 4, en lo que se refiere a la promoción de una Conferencia de Paz, se añada: en el caso de que la vía del diálogo directo no tuviera resultado satisfactorio.


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El señor PRESIDENTE: Señor De Cáceres, ¿podría pronunciarse sobre lo manifestado por la señora Maestro?

El señor DE CACERES BLANCO: Señora Maestro, no se trata de un tema meramente procesal sino, también, del reconocimiento de una labor que está en curso y que --vuelvo a repetir-- esta misma tarde hemos tenido constancia directa de las últimas conversaciones que están llevando a cabo sobre esto, lo cual, en nuestra opinión, modifica sustancialmente la proposición no de ley que presenta su grupo.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, ¿podría dar lectura de la adenda que había propuesto previamente al texto originario?

El señor RECODER I MIRALLES: Sí, señor Presidente.
El texto que yo había propuesto, con la reformulación del punto 4, decía lo siguiente: Considerar la convocatoria de una Conferencia de Paz con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto, caso que no sea posible el acuerdo.
De hecho, si se aprobara, constituiría una reafirmación del Parlamento en la línea que ya manifestamos el mes de diciembre del año pasado.


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿podría dar lectura a la formulación que propone?

La señora MAESTRO MARTIN: Ha sido un poco sorprendente que, previa constatación de una coincidencia básica en las posturas, pudiera darse una fractura en la votación. Por ello, hemos encontrado una fórmula que puede satisfacer al Grupo Popular en sus manifestaciones, que yo entendía que no eran sobre el fondo del asunto sino sobre aspectos que pudieran ser fácilmente modificados.
La proposición no de ley quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar sus acciones encaminadas a manifestar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... etcétera. O sea, haciendo la modificación formal, que me parece oportuna, de hablar de autoridades marroquíes y del Frente Polisario, y a propiciar la apertura de una vía de diálogo directo en el espíritu de las recomendaciones de la Resolución de Naciones Unidas a la que se hace referencia, por supuesto con la adenda que proponía el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el punto 4.


El señor PRESIDENTE: Señor de Cáceres, ¿resulta agradable a su grupo esta modificación?

El señor DE CACERES BLANCO: Muy agradable.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación, en los términos en que ha sido leída la proposición no de ley por la señora Maestro.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--RELATIVA A LA INVESTIGACION DE LA DESAPARICION DE SUBDITOS ESPAÑOLES EN PAISES DE AMERICA Y LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000141.)

El señor PRESIDENTE: Punto 8, último de las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley relativa a la investigación de la desaparición de súbditos españoles en países de América y la violación de los derechos humanos, presentado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Maestro vuelve a tener la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Esta proposición no de ley quizá hubiera podido ser planteada por mi grupo parlamentario o por varios grupos parlamentarios de esta Cámara hace bastante tiempo. Evidentemente, la materia sobre la que se plantea la proposición sucedió entre los años 1973 y 1976 en el curso de las acciones realizadas por fuerzas paramilitares y militares durante una de las dictaduras más sangrientas que se han conocido en las últimas décadas, como fue la argentina.
Las decenas de miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría jóvenes, desaparecidos, que fueron asesinados, fue conocido con horror por todas las conciencias del mundo. Esta situación no solamente se remite al hecho de desapariciones y asesinatos, sino al secuestro de los hijos de las personas asesinadas, muchos de los cuales son jóvenes que ignoran en este momento su identidad.
También, como SS. SS. saben y como desgraciadamente suele suceder en estos casos, leyes de amnistía y de punto final impidieron que la justicia interviniera, conociera todos estos crímenes que se han calificado de genocidio.
Quiero felicitar los trabajos de una comisión del Senado que durante los años 1982 y 1983 hizo una labor encomiable y exhaustiva destinada a determinar, a esclarecer, a oír las declaraciones de personas afectadas, de ciudadanos y ciudadanas españoles y de testigos de aquellos hechos.
Hay que recordar que pese a que estábamos más cerca que ahora de la etapa de la transición democrática, los grupos parlamentarios --desde luego no el mío-- que tenían en ese momento presencia en el Senado entendieron que este tipo de crímenes, como hemos tenido ocasión de hablar en relación con el caso Carmelo Soria, no pueden quedar impunes si pretendemos que la confianza en la democracia no suceda a situaciones en las cuales los crímenes más terribles se han producido, sin que los culpables no solamente no sean castigados, sino que además sigan gozando de puestos importantes en la administración, en el ejército y que, por tanto, no hayan tenido ya sanción jurídica, sino ni siquiera moral por los crímenes producidos.


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Saben SS. SS. también que recientemente la Audiencia Nacional se ha reconocido competente para juzgar los crímenes cometidos contra ciudadanos, alrededor de unos trescientos. Desde luego la cifra puede aumentar en cualquier momento ya que no es fácil buscar en todos los rincones del Estado español familiares o testigos que pueden testificar sobre personas que desaparecieron en Argentina y en otros países de Latinoamérica.
Pese a que el escepticismo pudiera llevarnos a pensar en las enormes dificultades que un proceso de estas características puede tener para llegar a su fin y para cumplir sus objetivos, creo que para la conciencia de la humanidad, para su confianza en el definitivo esclarecimiento de la verdad y en el respeto a los derechos humanos, yo no minusvaloraría en ninguna medida los esfuerzos que se han hecho por parte de tribunales franceses al condenar en rebeldía a altos cargos de la administración militar argentina o cómo los procesos que por desapariciones de ciudadanos italianos o daneses están ahora mismo en curso, de forma parecida a lo que está sucediendo en nuestro país.
Son procesos muy complejos que exigen, lógicamente, de la colaboración del Gobierno con la Administración de Justicia. Los consulados españoles recibieron las declaraciones de los familiares, de los amigos, de las personas desaparecidas, y todo este tipo de denuncias y documentación que obra en poder de las embajadas, de los consulados españoles son elementos indispensables para avanzar en el trámite judicial.
Quiero abundar también en que, como SS. SS. saben, desde el año 1987 está en vigor un convenio de cooperación y auxilio judicial entre España y Argentina en materia de exhorto y de realización de diligencias judiciales. Desgraciadamente, ha habido declaraciones recientes por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior argentino, la señora doña Alicia Pierini, quien declaró con toda claridad que no se va producir ningún tipo de colaboración con la justicia española para la consecución de las diligencias de este proceso.
Por todo ello, y retrotrayendo ese trabajo que desde luego ha sido el fundamento sobre el cual mi grupo parlamentario ha trabajado para la presentación de esta proposición no de ley --el trabajo de esa comisión especial de investigación sobre desaparición de súbditos españoles en países de América, aprobado por el Senado en el año 1983--, es por lo que se plantea esta proposición no de ley, en la que también se hace alusión expresa a uno de los aspectos recogidos en las conclusiones de esa comisión especial y que los diferentes gobiernos sucedidos en nuestro país todavía no han llevado a cabo, tal y como es que el Gobierno español planteee la situación de los españoles desaparecidos en países de América y su necesario esclarecimiento, castigo y reparación ante el grupo de trabajo sobre desapariciones involuntarias o forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda del Grupo Popular presentada a esta proposición no de ley, para cuya defensa doy la palabra a don Guillermo Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: El Grupo Popular se suma a la iniciativa de la señora Maestro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en su sentido general en cuanto que expresa una preocupación general de esta Cámara por la suerte de nuestros desaparecidos y en cuanto que supone un apoyo al Gobierno en la labor que realiza tendente al esclarecimiento de los hechos que han dado lugar a la desaparición de ciudadanos españoles en diversos países de América.
Quiero decir que esta iniciativa tiene largos antecedentes en esta Cámara, a la que por supuesto se han sumado todos los grupos parlamentarios. Quizá la iniciativa más global que han realizado las Cortes Generales en relación a este asunto fue, en efecto y como ha mencionado la señora Maestro, en el Pleno del Senado, en su sesión de 29 de diciembre de 1982, cuando se tomó el acuerdo de crear una comisión especial de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América y que emitió un informe en el primer trimestre de 1983, con las recomendaciones a las que ha hecho referencia la señora Maestro.
El informe de la comisión delimitaba el concepto de desaparecido, adoptando, a efectos de la investigación, el de detenido-desaparecido. En este punto quiero recordarle a la señora Maestro, ya que ha mencionado expresamente algún país de América del Sur, como es el caso de Argentina, que hoy, a Dios gracias, la República Argentina camina por la senda de la democracia y merece nuestro apoyo. Quisiera recordar a S. S. que, desafortunadamente, y haciendo referencia al concepto de detenido-desaparecido, hay otros países, como es el caso de Cuba, donde tantos detenidos continúa habiendo, algunos de ellos de origen español, que todavía no ha elegido el camino de las libertades.
Dicho esto, y para apoyar la iniciativa de la señora Maestro...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martínez Casañ.
Pido a la señora o señorita que está escuchando el teléfono que lo desconecte en aras del propio funcionamiento de esta Cámara.
Tiene la palabra, señor Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, quizá por economía de tiempo, ya que tenemos una agenda tan larga, me voy a centrar simplemente en las enmiendas que hemos presentado.
He tenido ya ocasión de discutir con la señora Maestro de las enmiendas y el Grupo Popular lo que pretende es modificar los puntos 1 y 3 de la proposición no de ley, en el sentido de que insten al Gobierno a emprender gestiones que ya están siendo realizadas; por eso proponemos una nueva redacción de estos puntos que significan un mero añadido en el sentido de que se sigan utilizando cuantos medios diplomáticos estén a su alcance para el punto 1. En el punto 3, que se continúe aplicando las medidas diplomáticas oportunas (son meras adiciones) para conseguir la colaboración de los gobiernos de los países en los que se hayan producido violaciones de los derechos humanos en la persona de ciudadanos españoles.


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En cuanto al punto número 4, el Grupo Popular, por cuestiones de oportunidad en la negociación del Gobierno de España, siempre manteniendo los mismos objetivos de esclarecimiento de los hechos, quiere presentar in voce una enmienda de transacción que diría: Que desarrolle las conclusiones de la comisión especial de investigación del Senado contenidas en el informe final del 30 de junio de 982, y, en particular, aquellas que todavía no se han llevado a cabo. Si he entendido bien en mi discusión con la señora Maestro, esto daría plena satisfacción a sus objetivos.


El señor PRESIDENTE: Un punto de clarificación, señor Martínez Casañ. Esa enmienda in voce, ¿se añadiría?

El señor MARTINEZ CASAÑ: No, sustituiría a nuestra enmienda número 4, para hacerla más general y más de acuerdo con el sentido de la proposición no ley de la señora Maestro.


El señor PRESIDENTE: Comprendido.
¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señora Maestro, nos vamos a encontrar siempre en ese camino y en el camino del consenso todo lo que sea la denuncia de la violación de los derechos humanos y colaboración con los organismos internacionales encargados de velar por su cumplimiento debemos exigir que sea una norma de actuación de todos los poderes del Estado. Todo lo que hace referencia a la seguridad jurídica, a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en reforzar el imperio de la ley que existe y que debe existir en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación, evitando que se puedan perpetrar agresiones a la integridad física y jurídica de los ciudadanos, es algo que la sociedad y nuestra sociedad tiene más en la epidermis, y esto no mengua y esto no debe menguar nunca. Por ello, cualquier declaración que contribuya, aunque sea desde el voluntarismo, será apreciada por nuestro grupo como una contribución positiva a la tranquilidad de los ciudadanos y verdaderamente a la defensión jurídica y física de estos mismos ciudadanos ante la ley y ante el Estado que queremos democrático y social de Derecho.
Por todo ello, nuestro grupo votará a favor de la proposición no de ley que presentan ustedes.


El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: En nombre de mi grupo, también apoyamos con energía esta proposición no de ley de la señora Maestro, porque pensamos que la defensa de los derechos humanos y la persecución de los delitos son un compromiso de todos los países y de todas las naciones llamadas democráticas o civilizadas, tanto más cuanto que en este caso además se han producido violaciones de derechos humanos que afectan a ciudadanos españoles.
En todo caso, lo que mi grupo quisiera señalar es que nos parece que precisamente porque este tema tiene largos antecedentes en las dos Cámaras, nos gusta que la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenga un tono más enérgico que algunas enmiendas alternativas porque, dado que la situación es ya de por sí antigua y poco solucionada, nos parece que limar el contenido intentando bajar un poco el tono no es lo más conveniente.
Mi grupo sólo haría una pequeña enmienda, que no es una enmienda de contenido, ni mucho menos, sino que es una enmienda de terminología, y es que el término América, Hispanoamérica, América del Sur, etcétera, esto ya ha venido desde hace tiempo siendo sustituido por la palabra Latinoamérica. Es una apreciación geográfica mucho más exacta de lo que queremos decir. Todo el mundo sabe que América incluye también Canadá y Estados Unidos, y no es el caso, y por tanto sólo propondríamos que en los dos apartados donde aparece la palabra países de América, es decir, que en la última palabra del apartado 1 y la penúltima palabra de la primera línea del apartado 4 se ponga países latinoamericanos o de Latinoamérica, en favor de la precisión.


El señor PRESIDENTE: Procesalmente, primero debo preguntar a la señora Maestro si acepta las enmiendas unas presentadas por escrito y otras in voce del Grupo Popular.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, entiendo que la voluntad política es compartida y que el objetivo es que las cosas avancen. Por lo tanto, entiendo que en lo que plantean los tres primeros puntos no hay ningún problema, y entiendo que la propuesta concreta que nosotros incluíamos en el punto 4 está comprendida y desarrollada en la enmienda que propone el Grupo Popular. Por lo tanto, mi grupo la acepta. (La señora Balletbó i Puig pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Señor Presidente, yo cambiaría americanos por latinoamericanos también en su enmienda porque es una cuestión de evitar confusiones entre países.


El señor PRESIDENTE: Puestos a decir cosas, ¿por qué no iberoamericanos, si nos les parece mal?

La señora BALLETBO I PUIG: Le voy a decir por qué, señor Presidente, porque a ellos no les gusta, y eso es importante.


El señor PRESIDENTE: Iberoamericanos, ¿estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Pasamos a votar la proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tal como ha sido enmendada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación dijo:

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad en los términos descritos. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)

El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, quiero simplemente expresar el agradecimiento del Grupo Popular a la señora Maestro por el esfuerzo que ha hecho en pro del consenso.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, le pediría que pasara a la Mesa el texto del punto 4, tal como fue originariamente enmendado in voce.


DICTAMEN SOBRE:

--CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, HECHA EN MONTEGO BAY EL 10 DE DICIEMBRE DE 1982, Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. (Número de expediente 110/000006.)

--ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DE LA PARTE XI DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982, HECHO EN NUEVA YORK EL 28 DE JULIO DE 1994. (Número de expediente 110/000007.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos en este momento al trámite de debate y votación de los dictámenes sobre convenios y tratados internacionales. La Mesa ha recibido una petición de tipo claramente humanitario procedente de algún Diputado que, siendo lejana su residencia, tiene un problema de transporte, y que ha solicitado que comenzáramos este debate por los puntos 11 y 12, relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con lo que el señor Soriano les quedaría eternamente agradecido. ¿están de acuerdo los señores Diputados? (Asentimiento.) Entramos en el punto 11, sobre Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y declaraciones interpretativas, que España va a formular en el momento de la ratificación. Y el punto 12, Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Nueva York el 28 de julio de 1994. Ambos puntos serán tratados conjuntamente, aunque las votaciones se harán de manera separada.
Para su exposición, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra.


El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, desconozco cuál es la costumbre, pero como me parece que el señor Soriano y yo tenemos las mismas dificultades de transporte, supongo que esto va de grupos de menor importancia a mayor importancia.


El señor PRESIDENTE: No, esta Comisión hace ya algún tiempo estableció una costumbre que consiste en alternar en el tema de los tratados los grupos que comienzan, dando la posibilidad de que todos hablen naturalmente; de manera que en su caso será el Grupo Popular el que lo inicie, en otro caso será el Grupo Socialista, y naturalmente el resto de los grupos también tendrán ocasión de manifestarse. Es una práctica que no está escrita pero que responde a determinadas necesidades de tipo político.
Señor Soriano, tiene la palabra.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, agradezco la benevolencia, por razones humanitarias, del señor Presidente y de todos los compañeros de la Comisión; y no se preocupe, señor Martinón, porque yo también voy a ser benevolente y breve, y me parece que estamos condenados a salir juntos de aquí porque vamos a coger el mismo avión y habrá que votar los dos puntos del orden del día en cuyo debate entramos.
Como bien ha dicho el señor Presidente de la Comisión, los puntos 11 y 12 se pueden defender conjuntamente, y muy brevemente hemos de decir que el acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 fue adoptado el 28 de julio de 1994 mediante la aprobación, por 121 votos afirmativos y ninguno en contra, de la Resolución 48.263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acuerdo fue firmado ad referendum, y a reserva de ratificación por el plenipotenciario de España, el 29 de julio de 1994 en la ciudad de Nueva York en un acto en el que también firmaron la totalidad de los miembros de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros del anterior Ejecutivo, por acuerdo del 17 de febrero de 1995, aprobó la firma realizada ad referendum el 29 de julio de 1994 por el plenipotenciario español, y por otra parte el 10 de noviembre de 1995 el Consejo de Ministros del anterior Gobierno autorizó la remisión de este acuerdo a las Cortes Generales, pero al haber sido disueltas el acuerdo ha quedado en consecuencia caducado, por lo que se ha vuelto a remitir por el actual Ejecutivo a esta Cámara.
El texto del acuerdo de referencia ha sido negociado durante los últimos cuatro años en el marco de unas rondas de consultas informales auspiciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas en las que participaron un gran número de países miembros de las Naciones Unidas, tanto de los países industrializados, incluida España, como de aquellos en vías de desarrollo.
El objetivo fundamental del acuerdo ha sido modificar sustancialmente el contenido de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, parte que regula la exploración y explotación de los recursos minerales en los fondos marinos y en el subsuelo que se encuentra en alta mar. Con la conclusión de este acuerdo, en definitiva, se han dejado sin efecto aquellas

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disposiciones de la parte 11 de la Convención que no satisfacían a los países industrializados y por cuyo motivo éstos, incluida España, no habían deseado ratificar la magna Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982. Gracias al importante carácter modificador de este acuerdo, un mayoritario número de países industrializados ha manifestado ahora su disposición a ratificar la Convención de 1982, lo que producirá el feliz resultado de conferir universal aceptación a una Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que, en todo caso, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 al transcurrir 12 meses desde que fue ratificada por 60 Estados, prácticamente todos ellos en vías de desarrollo.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entró en vigor con carácter internacional al transcurrir un año desde que se depositara el sexagésimo instrumento de ratificación de un Estado. Tal momento, de consecuencia internacional, tuvo lugar el 16 de noviembre de 1994. Hasta el momento ya son cuatro los miembros de la Unión Europea que han ratificado estos dos instrumentos internacionales: la República Federal Alemana, Italia, Grecia y Austria. Esperan hacer lo mismo en los próximos meses el resto de los socios de la Unión Europea; Estados Unidos y Japón también están tramitando los requisitos internos que les permitan ratificar la Convención.
En los años inmediatamente subsiguientes a la firma, y al igual que hicieron los demás Estados industrializados, España no se mostró favorable a ratificar la Convención mientras que no se modificara el régimen desarrollado en la parte XI. Como ya se ha mencionado, dicho obstáculo quedó finalmente salvado con la adopción del acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI, que España firmó ad referendum el 28 de julio de 1994 y que el Consejo de Ministros aprobó el 17 de febrero de 1995.
La Comisión Interministerial de Política Marítima Internacional, en su reunión de 8 de julio de 1994, dictaminó no sólo a favor de que España firmara el referido acuerdo, sino también confirmando el interés de nuestro país, como el del resto de la comunidad internacional, por apoyar este nuevo orden jurídico internacional. Teniendo en cuenta que ya el Consejo de Ministros del anterior Ejecutivo, en su reunión del día 10 de noviembre de 1995, como hemos indicado, autorizó la remisión de este tratado a las Cortes, el nuevo Ejecutivo del Partido Popular no ha hecho otra cosa que, al declararse disueltas las Cámaras, volver a instar la aprobación que constitucionalmente se establece. En consecuencia, el Grupo Popular anuncia su voto favorable para la ratificación de esta Convención y de este Acuerdo de tanta importancia para los intereses de nuestra nación y en particular para las zonas marítimas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la ratificación por parte de España de la Convención, a las declaraciones interpretativas que España formula en el momento de la ratificación, y al acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención.
Yo quisiera, en línea con la intervención del señor Soriano, ilustrar a SS. SS. acerca de que esta Convención se redacta tras la celebración de la Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, que dura nueve años, desde diciembre de 1973 a diciembre de 1982, que algún autor la considera como la reunión acerca del Derecho Internacional que más tiempo ha durado, lo cual da idea de la complejidad de los asuntos que se han tratado y de la importancia de la Convención.
Le entrada en vigor --lo ha indicado el señor Soriano-- se produce 12 años más tarde, en noviembre de 1994, y ello fundamentalmente por las dificultades de aceptación de muchos países de la parte XI de la Convención. Yo sólo quisiera destacar la importancia de la Convención en el sentido de que regula, como hasta este momento no se había hecho, el aprovechamiento económico de los fondos marinos, y un asunto que a nuestro entender tiene importancia, y es que por primera vez en el Derecho Internacional relativo al mar se concede un status especial a los Estados archipielágicos. Los negociadores españoles en la Conferencia intentaron que también se reconociera un status especial a los archipiélagos de Estado. Pese a los intentos de nuestros negociadores, no se consiguió ese objetivo, y lo cierto es, por tanto, que la Convención tiene una parte destinada a los Estados archipielágicos y no regula de ninguna forma la situación de los archipiélagos de Estado, que, por razones obvias, a España le afecta de forma importante, puesto que tenemos dos archipiélagos.
Yo creo que aquí, quizá, sea adecuado citar a uno de los diplomáticos españoles que intervinieron en la Conferencia, el Embajador don José Antonio de Iturriaga Barberán, que, en uno de los libros que ha escrito, dedicado al Derecho del Mar, comenta --cito textualmente-- que: tras haber aceptado la comunidad internacional el principio archipielágico, basado en criterios de índole geográfica, política, económica e histórica, sus lógicas consecuencias jurídicas deberán resultar aplicables a todo tipo de archipiélagos conforme a un recto principio de interpretación analógica.
Yo confío en que resulte innecesario tener que recurrir a las consideraciones que acabo de leer del Embajador Iturriaga, y también confío que en una próxima regulación del Derecho del Mar, que posiblemente tardará tiempo en producirse, ya se reconozca por fin un status a los archipiélagos de Estado similar a la de los Estados archipielágicos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: También para anunciar el voto favorable por parte de Coalición Canaria a la ratificación de este Acuerdo y de esta Convención.
Me refiero primero al Acuerdo, dado que es un texto más sencillo, que viene a reglamentar y a complementar lo que ocurrió ya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva York, en el año 1982, y después la ratificación que se efectúa en 1994, que viene

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nada más que a especificar algunas de las bases jurídicas y de garantía legal que se tienen que adoptar en el procedimiento interno para el derecho sobre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, y que se encuentren fuera de los límites de una jurisdicción nacional.
Nos parece positivo que se reafirme el principio de que son recursos de la humanidad todo lo que esté fuera de la zona, lo que se ha venido interpretando como zona económica, en este caso no solamente para las aguas de superficie y en los recursos pesqueros que pueda haber en la misma, sino también en los fondos marinos, oceánicos y el subsuelo a efectos de explotaciones mineras o petrolíferas.
Por tanto, no tenemos nada más que añadir a este respecto, porque en el caso de que se puedan presentar para España litigios con otros países por situaciones fronterizas, aquí se ve ya todo el procedimiento legal y económico que tienen que seguir.
Una mención especial, como han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, señores Soriano y Benítez de Lugo y Martinón, por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, respectivamente, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecho en Montego Bay.
Quiero fijarme fundamentalmente en la reserva que ha hecho España, que es una declaración de interpretación. Es tal la complejidad, como se ha señalado aquí, de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas en el Derecho del Mar que su larga elaboración ha motivado una serie de suspicacias en muchos de los países que firmaron.
No es extraño, por tanto, que el Gobierno español, en uso de su soberanía estatal y legítima, haya formulado una declaración interpretativa, porque hay que evitar los contenciosos pero no hay que dejar cerradas la puertas para el futuro.
Comparto plenamente lo que acaba de decir el portavoz del Grupo Socialista, señor Martinón, de que una labor de la diplomacia española llevó adelante algo que estaba también dentro del consenso, que era el status especial, para los estados archipielágicos, que tuvo siempre un ambiente favorable dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas, de una jurisdicción en aguas de su soberanía.
El tema se planteó en razón de aquellos archipiélagos que no siendo Estado sí forman parte del territorio nacional de un Estado, pero que se encuentran excéntricos en su situación geográfica y por dicha excentricidad o distancia del territorio principal del Estado se encuentran próximos o entran en la proximidad de aguas jurisdiccionales de otros Estados. Es el caso, por antonomasia, del archipiélago canario con respecto a Marruecos y de algunos islotes en el Atlántico con respecto a Portugal.
Fundamentalmente la reserva que hago en nombre de Coalición Canaria es que, estando de acuerdo --y vamos a votar favorablemente este amplísimo documento--, es importante que resaltemos que España ha introducido una declaración sobre la interpretación que hace en este caso concreto con respecto al Estrecho de Gibraltar.
Nosotros lo apoyamos, pero creemos que esto no cierra que durante su vigencia y evolución se puede presentar un contencioso con el Gobierno alauita y hay que hacer una delimitación más exacta y más concreta, que hemos venido pidiendo reiteradamente (se ha seguido el sistema de la mediana entre aguas de jurisdicción marroquí y de jurisdicción española alrededor del Archipiélago canario o en la zona fronteriza de ambos), se recurra a la aplicación, bien de este documento sobre el derecho del mar, o bien quede abierta la posibilidad --como ahora ha hecho España con respecto a Gibraltar-- de interpretación que se hace de este documento, que por su complejidad se presta a zonas grises o a veces de dudosa comprensión por parte de un Estado: que los Comités de Litigio lo resuelvan y que en el futuro podamos aplicar también el espíritu y la letra que entonces se incluya como propuesta del Gobierno español en cuanto a su interpretación con respecto a las aguas jurisdiccionales españolas externas en el archipiélago canario frente a las aguas marroquíes.


El señor PRESIDENTE: No habiendo ningún otro Grupo que desee tomar la palabra, pasamos a la votación de los puntos 11 y 12.
Votamos el punto número 11, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y Declaraciones interpretativas que España va a formular en el momento de la ratificación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el punto número 12, Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS, 13-12-60); PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS, 6-7-70); PROTOCOLO MODIFICATIVO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL», DE 6-7-70 (BRUSELAS 21-11-78); PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE «EUROCONTROL» PARA LA COOPERACION EN LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA DE 13-12-60 (BRUSELAS, 12-2-81); PROTOCOLO RELATIVO A LA APLICACION DE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO SOBRE «EUROCONTROL» QUE

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AFECTAN A LA DEFENSA (BRUSELAS, 13-12-60), Y ACUERDO MULTILATERAL RELATIVO A LA PROTECCION DE MATERIAS CLASIFICADAS «EUROCONTROL» (BRUSELAS, 18-11-69). (Número de expediente 110/000004.)

El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea Eurocontrol; Protocolo adicional al Convenio Internacional de Cooperación para la seguridad de la navegación aérea Eurocontrol; Protocolo modificativo del Protocolo adicional..., etcétera, tal como está relatado en el punto número 9 del orden del día.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Segura, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso estima que este Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea Eurocontrol, que se firmó en Bruselas el 13 de diciembre de 1960, y que será ratificado por parte de España previsiblemente de un par de meses, tiene una importancia de tal dimensión que desde luego merece que durante unos breves minutos llevemos a cabo algunas reflexiones al respecto.
En efecto, señorías, España aún no es miembro de pleno derecho de esta organización internacional Eurocontrol. España es un miembro asociado, es un miembro que participa en la toma de determinadas decisiones, no en todas; es un miembro que hace aportación financiera, no es un miembro de pleno derecho.
Señorías, en la IV Legislatura y en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 11 de octubre de 1990, se concedió la autorización solicitada por el Gobierno, con arreglo al artículo 94.1 de la Constitución para que el Estado español pudiera prestar el consentimiento para obligarse por medio de la Convención Internacional para la Cooperación en la Seguridad Aérea, de 13 de diciembre de 1960, como he dicho, enmendada por el Protocolo de 12 de febrero de 1981.
El Congreso de los Diputados lógicamente dio luz verde. Se remitió al Senado y se pidió al Gobierno español que en las negociaciones últimas se planteasen determinados requisitos que las Cortes Generales consideraban esenciales para su defensa.
En efecto, este texto al que hoy vamos a dar previsiblemente luz verde en esta Comisión para su aprobación definitiva el próximo 8 de octubre en el Pleno del Congreso, es un texto que amplía el que se vio el 11 de octubre de 1990, y lo hace porque, en lugar de aquel texto refundido que aquí se analizó, hoy lleva, complementado con la convención original de 1960, el texto de los Protocolos modificativos de 6 de julio de 1970, 12 de febrero de 1981, así como un Protocolo relativo a la aplicación de ciertas disposiciones del Convenio que afectan a la defensa, del 13 de diciembre de 1960, y un Acuerdo multilateral relativo a la protección de materias clasificadas de 18 de noviembre de 1969. Es decir, es todo un conjunto de normativas que constituye un paquete importante que incorpora una serie de logros negociadores producidos desde al año 1990 hasta la fecha.
Sus señorías tienen que tener muy presente que desde 1990 la Unión Europea se ha dado una normativa global que, en el transcurso del tiempo, ha ido ampliando en políticas de liberalización del tráfico aéreo. Saben perfectamente que desde 1990 se han ido subiendo peldaños en esa escalera de liberalización del tráfico aéreo con los llamados coloquial y sucesivamente, primer, segundo y tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo, que no ha sido otra cosa que la trasposición a la normativa española de la correspondiente normativa comunitaria, lo que nos ha ido permitiendo la incorporación a ese mercado único comunitario en lo que a políticas de tráfico aeronáutico se refiere, y que alcanzarán esa máxima política de liberalización a partir del 1 de abril de 1997.
Por consiguiente, parece razonable la ratificación de esta Convención.
Sin embargo, en estos momentos faltan algunos aspectos que no se han alcanzado todavía, aspectos que en este momento queremos aprovechar la oportunidad para que las Cortes Generales hagan llegar al Comité Técnico, a través de los representantes españoles en el mismo, que precisamente en estas fechas, y con plazo máximo diciembre de este año, están renegociando esto, a efectos de ampliar, consolidar y adaptar las necesidades de Eurocontrol a esas políticas de libertad de tráfico aéreo a las que acabo de hacer referencia, que se ampliarán a una política de cielos abiertos entre la Unión Europea y otros países no comunitarios, como, por ejemplo, los Estados Unidos, con quien la negociación se encuentra bastante avanzada.
Consiguientemente --y con esto termino--, nosotros queremos dar nuestro voto favorable a todos los textos que se nos presentan en estos momentos, pero, además, complementarlos con estas consideraciones para que, como digo, se le hagan llegar a los técnicos españoles, que, en representación de España, están renegociando la sustitución del Convenio Internacional de diciembre de 1960, que es el que ahora vamos a ratificar y que, insisto, tiene como plazo máximo hasta finales de año para adaptarlo a la nueva situación de política internacional de libertades aéreas y que tendrá que ser ratificado en los tres primeros meses del año próximo, es decir, antes del 1 de abril, por una conferencia diplomática.
El Grupo Parlamentario Socialista estima que la adhesión de España a Eurocontrol resulta muy importante para la propia organización por cuanto que es innegable el papel vital que el espacio y tráficos aéreos españoles juegan en Europa. Para España, que participa actualmente en los trabajos de Eurocontrol a través de un acuerdo de cooperación y que ha ratificado también el acuerdo multilateral sobre tarifa de ruta de 1981, hay una serie de puntos esenciales que el Comité Técnico debe tener presente.
Primero, creemos que es irrenunciable que se continúe reivindicando, para que figure en el nuevo texto, el uso del idioma español como lengua de trabajo en la organización Eurocontrol. También creemos que es fundamental que

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España continúe reivindicando con firmeza la aportación financiera que corresponde al papel que jugamos y un papel mucho más denso en la toma de decisiones de la organización internacional.
En suma, señor Presidente, señorías, creemos que éste es el momento para que, sumadas a la ratificación y ante el nuevo protocolo que nos vendrá en los primeros meses del año próximo, consten las reivindicaciones mencionadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso y Ledo.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Poco tengo que añadir después de la minuciosa intervención que ha tenido el señor Segura, que suscribo en todos sus términos.
Como él ha señalado --quiero subrayarlo--, se trata de seis instrumentos jurídicos organizados en torno al convenio básico de 1960, de los cuales dos de ellos, los más importantes, ese Convenio de 1960 y el Protocolo de Enmienda al mismo de 1981, ya pasaron por esta Cámara, y en concreto por esta Comisión, que los hizo objeto de autorización en noviembre de 1990, pero cuyos instrumentos de ratificación no se depositaron porque el Gobierno inició un proceso de negociación para obtener una serie de garantías --el señor Segura ha aludido a algunas de esas garantías-- y, al final, la negociación no acabó en nada.
Pero, como el tiempo ha transcurrido, por la propia normativa de la Unión Europea se hacía absolutamente necesario que España participara en Eurocontrol y, dado que había pasado mucho tiempo, se ha estimado por el Gobierno --tanto a finales del año pasado por el Gobierno anterior como en la primavera por el Gobierno actual-- que era conveniente renovar la autorización de las Cortes, a pesar de que en el informe preceptivo del Consejo de Estado se estimaba que el pasar nuevamente por las Corte no era un requisito necesario.
En cualquier caso, quiero subrayar la enorme importancia que tiene este conjunto de instrumentos jurídicos relativos a un bien tan importante como es la seguridad de la navegación aérea para España, ya que, evidentemente, no era miembro de pleno derecho, sino que estaba sometida a un acuerdo de cooperación firmado en 1974. A partir de esta ratificación, las cosas pueden ser mucho más positivas para nosotros.
Además, entendemos que, para un país turístico como España, el tráfico aéreo es de una enorme importancia; todos sabemos por noticias de prensa cómo en determinadas temporadas, en determinados períodos, se producen congestiones en el tráfico aéreo. Posiblemente --así lo esperamos--, el hecho de que España entre a formar parte de pleno derecho de Eurocontrol va a impedir que se pueda producir nuevamente este tipo de congestiones.
También es cierto que nos encontramos con un Convenio que es viejo. A estas alturas, algunas de las cosas de este Convenio resultan un tanto curiosas. En los considerandos del Convenio figura que a partir de ahora va a haber nuevos tipos de aviones, con elevadas velocidades, que tiene que hacer un ascenso rápido. Se refiere, en suma, a los aviones a reacción, que hoy día son una cosa normal. Es decir, es una cosa curiosa que, a estas alturas, estemos ratificando un convenio que, desde el punto de vista tecnológico, responde a una etapa que ya queda muy atrás.
Asimismo, quería señalar que en este conjunto de instrumentos jurídicos hay dos protocolos --a los que también ha aludido de pasada el señor Segura-- que se refieren a ciertas disposiciones que afectan a la defensa, y quiero hacer una breve alusión a ello. En la Comisión, que es uno de los órganos básicos de Eurocontrol, cada país tiene un voto, pero se establece que tendrá dos delegados, uno civil y otro militar, para conciliar las necesidades de la aviación civil con la defensa militar y, en suma, con las de la fuerza aérea.
En ese Protocolo figura que el ejercicio de ciertas funciones en el seno de la Agencia estará subordinado el resultado favorable de investigaciones de seguridad militar, es decir, que se someterá a los funcionarios a una determinada investigación desde el punto de vista de lo que son los intereses de la defensa. Se dice también que el hecho de formar parte de esa Agencia no dispensa de las obligaciones militares que puedan tener los empleados en sus respectivos países de origen, y hay un acuerdo multilateral relativo a la protección de materias clasificadas, con un reglamento muy minucioso, donde se establecen los distintos tipos de materias clasificadas --por supuesto, aquí está también muy presente el tema de la defensa-- y los distintos mecanismos para garantizar ese secreto, siempre desde el punto de vista de la defensa militar.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la ratificación de este conjunto de instrumentos jurídicos, que tiene como punto central la seguridad de la navegación aérea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve, puesto que sólo haré una intervención complementaria a las que han hecho los señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, que comparto plenamente.
Nosotros vamos a votar favorablemente la ratificación de esta serie de convenios de cooperación internacional que se engloban bajo Eurocontrol, pero quiero hacer un recuerdo histórico de los porqués y justificar la ausencia de España. Si nos damos cuenta de las fechas y de los países que signan todo este primer marco jurídico del Convenio Internacional de Eurocontrol, fundamentalmente entre las fechas de 1960 y 1969, y la especial referencia a la defensa, como ha recordado el portavoz del Grupo Popular, entenderemos los porqués.
El porqué de todo este reglamento es, sencillamente, la época de la guerra fría; es la tremenda confrontación de la Europa de la OTAN con la Unión Soviética. Por eso, España, que no estaba en la OTAN, estaba ausente de Eurocontrol. Esa es, fundamentalmente, una de las razones y no otras. Eurocontrol viene a ser, sencillamente, el reglamento de tráfico de la circulación aérea. Como ha señalado el portavoz del Grupo Popular, al hablar de los aviones de turbinas, de las elevadas velocidades, nos damos cuenta de

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que en 1960 está apareciendo el mundo del reactor, fundamentalmente en esa época solamente en la aviación militar de combate no en los aviones civiles; estamos terminando la época de los DC-4 y están empezando los superconstellation, los aviones de pistón a hélice y los cuatrimotores para el transporte civil. Por eso, al hacer la Ley de Tráfico Aéreo, se ven obligados a tener en cuenta los intereses de la defensa, porque al regular el espacio aéreo europeo en altitudes de vuelo y de rapidez se está entrando en el tema de la aviación de combate, pero también hay que regularlo, para que los aviones de transporte civil que volaban hacia la Europa occidental desde el bloque del Pacto de Varsovia, desde la Unión Soviética y sus, entonces, países satélites, estén obligados a cumplirlo.
Si hay algo que aquí nos llama la atención, como ya se ha señalado, por lo añejo, es ver, cuando entramos en las cuestiones de defensa, con qué previsión en 1969, para que no fueran interferidas ni las frecuencias ni las altitudes de vuelo de las aeronaves por los servicios secretos soviéticos, se hacen cosas, señor Presidente, como las que aquí se citan, y me va a permitir, señor Presidente, que lea estas cinco líneas del punto 53 del último de los convenios que aquí vamos a ratificar: «Las materias de eurocontrol clasificadas confidencial y por encima, que ya no sean necesarias, deberán ser destruidas tan pronto como sea posible y reducidas a una forma que las haga irreconocibles e imposibles de cualquier reconstrucción (incineración, trituración, recorte)...» No sigo leyendo porque lo tienen ahí sus señorías. Lo podemos trasladar a la España actual.
Por todas estas razones, votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de los acuerdos y convenios contenidos en el punto número 9, cuya descripción no es necesario que repita.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto nueve, y todos sus contenidos, por unanimidad.


--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN BOGOTA EL 9-6-95. (Número de expediente 110/000005.)

El señor PRESIDENTE: Punto 10. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia se firmó «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de 1995 por el entonces Ministro español de Comercio y Turismo y por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El objetivo del Acuerdo es fomentar la cooperación económica y favorecer los intercambios comerciales entre ambos países.
Fue en el mes de septiembre del año 1992, con ocasión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana, celebrada en Madrid, donde se planteó la conveniencia de suscribir un acuerdo de protección recíproca de inversiones. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en Madrid en junio de 1994, quedando algunos puntos pendientes de consenso. Un mes más tarde tuvo lugar la segunda ronda de conversaciones, esta vez en Bogotá, con un resultado negativo que supuso incluso un retroceso respecto a la negociación anterior. Finalmente, se llegó a un consenso en el texto, tras las conversaciones mantenidas en Bogotá el 25 de abril de 1995, con ocasión de la Comisión Económica Financiera. El acuerdo, como ya se ha mencionado, se firmó «ad referendum» en la ciudad de Bogotá el 9 de junio de 1995, durante la Expotecnia 95. Este acuerdo es similar a otros de promoción y protección de inversiones, firmados por España con otros países, siguiéndose en todos ellos el modelo elaborado por la OCDE.
El preámbulo expresa el deseo de ambos países de intensificar la cooperación económica y de crear condiciones favorables para las inversiones recíprocas.
Porque creemos que es conveniente para ambos países, para España y para Colombia, el Grupo Popular votará favorablemente este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Intervengo muy brevemente para expresar que este Acuerdo, como ya ha comentado la portavoz del Grupo Popular, es similar a otros que sobre promoción y protección recíproca de inversiones ha firmado España con otros países y que, como no podría ser de otra forma, han sido vistos en esta Cámara. Todos ellos responden a un formato que podríamos llamar universal, elaborado por la OCDE, con el fin de garantizar el adecuado flujo de inversiones, sobre todo desde países industrializados a países menos industrializados.
Este acuerdo también, cuyo objetivo esencial es el de fomentar las inversiones españolas en la República de Colombia, ofrece un marco jurídico de protección a las inversiones que se dirijan a aquel país, asegurando un tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas entre ambos países, tanto en lo que respecta a terceros países como en lo que se refiere a la libre circulación y repatriación de los rendimientos de las inversiones.
Asimismo, pretende limitar el riesgo político a que se ve sometida una inversión, habida cuenta de que a veces hay cambios políticos importantes que pueden afectar a la estabilidad de las inversiones, por cuanto recoge aspectos de interés en su artículo 5, como es el de las nacionalizaciones y expropiaciones sólo posibles por razones de interés

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público o necesidades de acuerdo. En ningún caso estas expropiaciones o nacionalizaciones pueden ser discriminatorias por razón de nacionalidad.
Por último, y en todos los casos, deberá producirse una indemnización adecuada, sin demoras injustificadas y en moneda convertible y libremente transferible.
Por todo ello, mi Grupo va a votar favorablemente este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 10.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1994, HECHO EN GINEBRA EL 26-2-95. (Número de expediente 110/000008.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la consideración, debate y votación del punto número 13, Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, hecho en Ginebra el 26 de enero de 1995.
¿Grupos Parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Boix.


El señor BOIX PASTOR: Este Convenio Internacional de las Maderas Tropicales viene a sustituir al Convenio de 1983 y esta sustitución, que nuestro Grupo considera acertada, se motiva fundamentalmente por cuatro aspectos que, afortunadamente, gozan de la suficiente importancia como para que se proceda a la elaboración de este nuevo Convenio. Un Convenio que, genéricamente, podemos afirmar que posee un menor carácter comercial, adoptando una mayor preservación de los bosques tropicales, así como la explotación racional de los mismos.
En primer lugar, y desde una óptica medioambiental, destacar que este nuevo Convenio viene a apelar, haciendo mayor incidencia, al peligro del sostenimiento de los bosques tropicales. La mayor sensibilidad medioambiental de este Convenio se puede apreciar en su propio preámbulo, en el que nos recuerda la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En segundo lugar, y desde una perspectiva comercial, apuntar que los cambios que se han producido en el comercio de la madera, con una considerable devaluación de la demanda de la madera tropical, frente al incremento de otros tipos de madera, han supuesto un serio riesgo para el sostenimiento de los bosques tropicales.
En tercer lugar, manifestar la conveniencia para nuestro país de este nuevo Convenio, dado que España, como importador de este tipo de madera, está especialmente interesada en el mantenimiento y en la protección de estos recursos y, por tanto, en la pertenencia al organismo que aglutina a todos los países exportadores e importadores de maderas tropicales.
Por último, destacar la importancia que tiene la OIMT como instrumento de cooperación para el desarrollo de los países productores de maderas tropicales.
Por todo lo expuesto, y resaltando el compromiso comprendido en el preámbulo del Convenio de conseguir que para el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales provengan de recursos forestales ordenados y de forma sostenible, reitero la posición favorable de nuestro Grupo a este Convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, como ya se ha dicho por el portavoz del Grupo Socialista, que ha resumido muy bien los contenidos del convenio, nuestro grupo lo considera de extraordinaria importancia.
Quiero resaltar únicamente que la pertenencia de España a la Organización Internacional de las Maderas Tropicales es muy conveniente, tanto desde un punto de vista económico como político. Por una parte, España, ya se ha dicho, es un país importador de maderas tropicales y está interesado en conservar este recurso en el seno de la organización internacional, que es una institución fundamental en la cooperación internacional en materia de maderas tropicales. Por otra, se trata, señorías, de una forma de cooperación al desarrollo muy importante de mantener.
En este sentido, queremos destacar que el convenio establece el fondo de cooperación de Bali para la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales, con el fin de ayudar a los miembros productores a efectuar las inversiones necesarias. La aportación medioambiental a estos proyectos y convenios de cooperación, señorías, es fundamental. Esa condición y protección medioambiental es una aportación europea muy estimable y conveniente.
Por lo tanto, señorías, el Grupo Popular dará su voto al citado convenio.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el punto número 13, Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO CONSTITUTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL, HECHO EN ESTOCOLMO EL 27 DE FEBRERO DE 1995.
(Número de expediente 110/000009.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 14: Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia

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y la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27 de febrero de 1995.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.


El señor GIL MELGAREJO: Ya adelanto que mi grupo va a votar favorablemente el Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27 de febrero de 1995, por varias razones. Una de ellas es que, según este ponente, reúne los requisitos fundamentales, pues lo que es conocido como método Jean Monnet de las relaciones internacionales se deriva de lo que se denomina primacía del Derecho sobre la fuerza y la fuerza de las instituciones.
Voy a reseñar de manera sucinta --y me lo agradecerán, estoy convencido de ello-- lo que mi grupo cree más relevante de dicho acuerdo.
Desde hace tiempo, señorías, Suecia impulsó la idea de crear este Instituto para coordinar actividades de asistencia electoral y mantenimiento de la democracia, que hasta ese momento se realizaban de manera dispersa. Finalmente, el 27 y 28 de febrero de 1995, tuvo lugar en Estocolmo una conferencia internacional para la firma del acuerdo constitutivo del Instituto. Sin embargo, pensamos que es importante referir, entre otros, dos antecedentes. Entre esos antecedentes, debemos de recordar que el inicio fue plasmándose en la conferencia internacional sobre coordinación de asistencia en materia electoral, que tuvo lugar en Otawa a primeros de octubre de 1992. En ese inicio, participaron de manera activa los países nórdicos, que apadrinaron oficialmente durante los años 1993 y 1994 este acuerdo y que fue asumido por el Gobierno de Suecia. También es importante reseñar que España encabezó, durante todo el primer semestre de 1994, una contraofensiva clara, destinada a hacer reconocer su experiencia en el campo de la asistencia electoral. Esa contraofensiva, esa firme posición adoptada en Bruselas por España, hizo que la delegación sueca reconociera a España como miembro fundador de este Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Para terminar, quisiera recordarles que el Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral consta de unas declaraciones iniciales de las partes signatarias y seguidas de dieciocho artículos. Como estoy convencido de que todas SS.
SS. saben de lo que se trata, termino diciendo, señor Presidente, que el Grupo Popular, al que represento, va a votar favorablemente este Acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Nada más, señor Presidente, que para anunciar nuestro voto favorable y congratularnos porque se apruebe este importante convenio de creación de un organismo internacional para la promoción de la democracia y la asistencia electoral, cosa que está tan de actualidad, como todo el mundo sabe.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 14: Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO DE AMISTAD, BUENA VECINDAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TUNEZ, HECHO EN TUNEZ EL 26 DE OCTUBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000010.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 15: Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de octubre de 1995.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Muy brevemente, para decir que el tratado que vamos a ratificar en este momento es similar a otros muchos aprobados en esta Cámara que tienen un espíritu y una filosofía común y que se traduce en la voluntad de ambos países de establecer una nueva etapa en sus relaciones bilaterales. Por lo tanto, tendremos la oportunidad de profundizar los lazos de amistad, solidaridad y colaboración con el pueblo tunecino, con el que no sólo tenemos indelebles lazos de unión en el pasado sino una firme vocación de cooperación para el futuro.
Túnez está en el marco del Mediterráneo, del que formamos parte.
Compartimos los valores de la paz, el progreso y la democracia, compartimos muchas producciones comunes y nos movemos en el contexto internacional buscando la paz en el marco de unas sociedades cada vez más progresivas que anhelan mayores niveles de crecimiento y de bienestar.
En definitiva, estamos convencidos de que este tratado será un instrumento eficaz en el campo económico, propiciando cada vez más un mayor intercambio empresarial que redundará en beneficio de ambos países, además de ser un instrumento que colabore al mantenimiento de la paz contribuyendo al progreso de ambas naciones.
Por todo ello, el Grupo Socialista votará favorablemente este tratado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Este tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre España y

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Túnez, que es en cierto modo similar al firmado en 1991 con Marruecos, deriva de la declaración política firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de España y Túnez con motivo de la visita de los Reyes de España a aquel país en noviembre de 1994, que en cierto modo complementaba las primeras conversaciones tenidas tres años antes durante la visita del Presidente de Túnez, Zin al Abidin ben Ali.
Las excelentes relaciones actuales entre España y Túnez derivan, y en cierto modo resaltan, de los lazos geográficos, históricos y culturales, a los que se hace referencia también en el preámbulo de este tratado.
Querríamos subrayar la importancia de Túnez, país pequeño pero situado en esa bisagra geopolítica entre ambos mediterráneos, y país moderado, por otra parte, en una zona especialmente sensible por todo el tema del fundamentalismo y con posiciones a veces incluso extremadas de algunos países del Mediterráneo en su orilla africana.
Hay que tener en cuenta que éste es el primer tratado de esta especie que Túnez firma con un país de la Unión Europea. En sus trece artículos se prevé un amplísimo rimero de distintos puntos comunes, como la cooperación política, en la cual se prevé una reunión anual entre jefes de Gobierno, semestral entre los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, cooperación económica y financiera, de defensa, de desarrollo, cultural y educativa, especialmente importante por las vinculaciones, no sólo --con eso que suena un poco a sota, caballo y rey-- de la cultura árabe en España sino también de la cultura judía y de los sefardíes en Túnez, que tiene mucha importancia, y cooperación jurídica y consular.
Por el Consejo de Ministros del 20 de octubre del año pasado se autorizó la firma del tratado, que ahora necesita la autorización de las Cortes y nuestro grupo, por tanto, lo va a apoyar.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República de Túnez.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25 DE AGOSTO DE 1995. (Número de expediente 110/000011.)

El señor PRESIDENTE: Punto 16: Convenio entre España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.) La señora Amador, por el Grupo Popular, tiene la palabra.


La señora AMADOR GUILLEN: El Convenio entre el Reino de España y la República de Ecuador sobre el cumplimiento de condenas penales fue negociado en Quito en mayo de 1994 entre representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países. El Consejo de Ministros autorizó la firma del 27 de enero de 1995, y ésta se efectuó el 25 de agosto del mismo año y, asimismo, se remitió a estas Cortes Generales, pero en aquel momento decayó por la disolución de las mismas, por cuyo motivo el actual Consejo de Ministros en su reunión de 31 de mayo de 1996 ha autorizado nuevamente su remisión.
Este convenio tiene como fin principal el cumplimiento de la pena impuesta a los condenados en su país de origen con el objeto de conseguir una mayor reinserción social al aproximar al penado a su ambiente social y familiar. Según los últimos datos, hay 48 presos españoles en cárceles del Ecuador y ocho nacionales ecuatorianos internados en cárceles españolas.
Este convenio se inscribe en el objetivo español de establecer una red de instrumentos bilaterales de esta materia con los países iberoamericanos más importantes y con aquellos otros de distintas áreas geográficas con los que España mantiene relaciones de mayor intensidad, pero la originalidad del texto es que se ajusta principalmente al articulado del Tratado multilateral de la Organización de Estados Americanos, aunque, lógicamente, se inspira también en los principios del Convenio número 112 del Consejo de Europa en esta materia.
Consta, pues, este Convenio de un breve preámbulo y doce artículos que, por supuesto, no enumeraré en aras a la brevedad y porque SS. SS. podrán leer en el Boletín Oficial de estas Cortes Generales de fecha 23 de julio. Finalizaré, pues, señalando la referencia hecha por el Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre el mismo en el que hace constar que este convenio influye decisivamente en el régimen de las penas privativas de libertad que quedan comprendidas en su ámbito, y de este modo afecta a las previsiones del artículo 25.2 de la Constitución que, como SS. SS.
conocen, hace referencia a que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.
Por tanto, señorías, dado que el fin principal de este convenio coincide con el espíritu de nuestra norma fundamental, el Grupo Popular, como no podría ser de otra manera, votará a favor de este convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Luis Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, la brillante intervención de la portavoz del Grupo Popular me ahorra argumentos porque coincido al cien por cien en lo que ha dicho y, por otra parte, hemos aprobado otros convenios semejantes con países iberoamericanos en esta Comisión, de tal manera que anuncio nuestro voto a favor.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto 16, Convenio entre el Reino de España y la República

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del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS. (Número de expediente 110/000012.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 17 del orden del día, denuncia del canje de notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Castro, por el Grupo Popular.


La señora CASTRO MASEVEU: La denuncia del presente canje de notas se encontraba en tramitación de las Cortes cuando éstas fueron disueltas, razón por la cual se hace necesaria la nueva tramitación hoy en esta Comisión. Se denuncia el acuerdo ejercitando el derecho que le confiere su artículo 6.o y por unas consideraciones que señalaré muy brevemente.
En primer lugar, el hecho de que una parte sustancial del canje de notas ha quedado derogado debido a la incorporación de los dos Estados a la Unión Europea. Sus disposiciones eran contrarias en algunos puntos al Tratado de la Unión y también a la legislación comunitaria que la desarrolla, sin olvidar la adhesión de España a los acuerdos de Schengen.
En segundo lugar, la parte que no ha quedado derogada no responde a las circunstancias políticas y sociales del momento. Y, en tercer lugar, en el artículo 2.o del canje de notas, aunque no se citaba expresamente, había determinadas estipulaciones que se referían a Gibraltar, persistiendo de esta forma los problemas de documentación y de circulación de personas en esa área. Por lo tanto, es preciso revisar con Gran Bretaña el tema de documentación, especialmente en las cuestiones relativas a los residentes de esta área.
Estas son las razones que motivan la denuncia por parte de España, pero quisiera indicar y resaltar que la denuncia de este canje de notas no afectará en ninguna medida al tráfico entre los dos países, que seguirá desarrollándose de acuerdo con el Derecho comunitario vigente y quedando así salvaguardados los intereses turísticos españoles. Por todo ello, el Grupo Popular va a votar favorablemente la denuncia de este canje de notas.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación sobre la denuncia del canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1986, FIRMADO EN OTTAWA EL 19 DE OCTUBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000013.)

El señor PRESIDENTE: Punto 18: Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá, firmado en Ottawa el 19 de octubre de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Don Pedro Moya, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MOYA MILANES: El presente protocolo trae causa del Convenio de 1986 sobre Seguridad Social y fundamentalmente pretende adaptarlo a las modificaciones legislativas habidas en esta materia, tanto en España como en Canadá, así como a las nuevas realidades sociales.
Yo quisiera subrayar que el interés fundamental de este protocolo es el de incluir en el mismo las prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad Social español, que también se reconocerán a los nacionales canadienses residentes en España en justa reciprocidad al tratamiento equivalente que reciben los españoles residentes en Canadá.
Hay otras razones, indudablemente también significativas, para apoyar la ratificación de este protocolo pero, fundamentalmente, el interés prioritario es el que acabo de señalar y votaremos el mismo favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castillo.


El señor CASTILLO JAEN: Los días 4 y 5 de mayo de 1994 se celebra en Madrid la segunda y última ronda de negociación entre las delegaciones de España y Canadá para finalizar la negociación del texto de un protocolo al Convenio de Seguridad Social existente entre ambos países desde el 10 de noviembre de 1986. La primera sesión negociadora que estableció un primer borrador se había reunido seis meses antes, en noviembre de 1993, en la capital de Canadá. Este protocolo obedece, como antes se ha indicado, a la necesidad permanente de actualizar los convenios de Seguridad Social a la realidad aceleradamente cambiante. Los sistemas de Seguridad Social de las partes han evolucionado notablemente en estos años, y en particular el español, que ha tenido que adaptarse a la realidad europea y a la cambiante legislación española.
Hay que destacar por su especial interés el principio según el cual se permitirá la revisión de los derechos reconocidos siempre y cuando el contenido de este protocolo los haga más favorables para los interesados, de acuerdo con el artículo 6.o. El protocolo responde a los criterios generales que se están utilizando actualmente para la negociación de tratados internacionales de este tipo y en este contexto nuestro grupo anuncia, cómo no, su voto favorable a dicho protocolo.


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 18, Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO COMPLEMENTARIO GENERAL DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, PARA LA FINANCIACION DE PROGRAMAS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN SALVADOR EL 14 DE FEBRERO DE 1995. (Número de expediente 110/000014.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 19: Acuerdo complementario general del Convenio básico de cooperación técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador para la financiación de programas de cooperación y anexo, firmado ad referendum en San Salvador el 14 de febrero de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, este Acuerdo complementario general del Convenio básico de cooperación técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador para la financiación de programas de cooperación pretende dotar de una mayor transparencia y carácter contractual a las relaciones de cooperación existentes entre ambos países, como reflejo, sin lugar a dudas, de la nueva situación surgida en El Salvador y consecuencia, a su vez, del éxito de los acuerdos de paz, proceso en el que España ha desempeñado un importantísimo papel. Este Acuerdo complementario establece como principio fundamental la participación de ambos países en la financiación de todos los proyectos que se llevan a cabo, de acuerdo con las directrices establecidas en las comisiones mixtas.
Señorías, en el ámbito de la cooperación con Iberoamérica, y concretamente con El Salvador, la creación de un fondo mixto para la ejecución conjunta de actividades y proyectos orientados a los objetivos antes indicados, constituye una modalidad exigente para ambas partes de mayor compromiso, asunción de responsabilidades e incidencia sobre objetivos comunes. Este acuerdo complementario abre, señorías, nuevos caminos en la cooperación bilateral entre ambos países, en una línea de asunción de responsabilidades mutuas que impulsará el desarrollo de El Salvador y contribuirá a la consolidación y ampliación de un espacio común entre ambos países en los diferentes ámbitos, social, político, económico y cultural.


El señor PRESIDENTE: Señor Fuentes, por el Grupo Socialista.


El Señor FUENTES GALLARDO: Después de la detallada y elocuente exposición del portavoz del Grupo Popular, no tengo más que decir. Hacemos nuestros sus argumentos y votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000015.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 20 del orden del día: Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 1995.
¿Señores Diputados que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Aparentemente, un convenio de transporte por carretera entre España y Eslovenia puede parecer poco relevante. Es una frase resumiré por qué sí es importante, y es porque permite establecer un corredor alternativo al territorio austriaco, a cuyo paso se aplican importantes limitaciones a los transportistas españoles. Por tanto, con este nuevo corredor, a través de Eslovenia, podrán tener muchas más facilidades. Por eso, apoyamos y votaremos a favor del convenio.


El señor PRESIDENTE: Señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Efectivamente, como ha señalado el señor Yáñez, éste es el punto clave del Acuerdo sobre el transporte internacional por carretera, que se firmó en Ljubljana a finales de octubre de 1993 y que, provisionalmente, se está aplicando desde 1995, pero que necesita, naturalmente, la aprobación de las Cortes.
Este soslayar para los transportistas españoles el camino a través de Austria, gravado por fuertes tasas, mientras que en Eslovenia se van a suprimir las tasas mutuamente, como es natural, es muy importante. Por ello estimamos que las Cortes deben aplicar dicho acuerdo, cuya presentación fue imposible por la disolución de las anteriores, y que ha sido remitido de nuevo por acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de mayo pasado.


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE LA SECCION INTERNACIONAL DE UNA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA (VERTIENTE MEDITERRANEA), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 10 DE OCTUBRE DE 1995, Y DEL CANJE DE NOTAS VERBALES DE 4 DE DICIEMBRE DE 1995 Y DE 9 DE ENERO DE 1996, POR EL QUE SE SUBSANAN ERRORES EN EL TEXTO ORIGINAL. (Número de expediente 110/000016.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 21 del orden del día: Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Francesa para la construcción y explotación de la sección internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia, vertiente mediterránea, firmado ad referendum en Madrid el 10 de octubre de 1995, y del canje de notas verbales al que se hace referencia, por el que se subsanan errores en el texto original.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) El señor Milián tiene la palabra.


El señor MILIAM MESTRE: Este es un acuerdo que fue adoptado el 31 de mayo de 1996 por parte del Gobierno español, ratificando un hecho que se había confirmado el 10 de octubre de 1995 por parte del Ministro a la sazón, don José Borrell Fontelles, y por el Ministro de Transportes francés el señor Bernard Pons.
Este acuerdo, promovido por España, comenzó a configurarse de alguna manera en las cumbres hispano-francesas de Albi, del año 1992; de Toledo, del año 1993, y de Foix, de 1994. En Albi se firmó un memorándum sobre el establecimiento de líneas de alta velocidad entre los dos países. El acuerdo determina las condiciones de construcción y de explotación de la línea ferroviaria del tramo internacional, especialmente Figueras-Perpiñán, el tránsito de un país a otro, que comprende el mayor interés económico centrado la vertiente mediterránea de los Pirineos, en lo que es llamado por los técnicos como arco del sur mediterráneo de la Comunidad.
Se establecen en este acuerdo, en once artículos, las condiciones que deben observarse. Sin embargo, dado que son once artículos que constituyen prácticamente unos puntos de trámite, salvo un error que se configura en los mismos cuando se habla de una concesión que se otorgará por parte de los Estados para construir el ferrocarril, cuando en rigor después se modifica ese error en una nota verbal posterior de los medios de los dos gobiernos como construcción y no concesión --hay que hacer esta observación--, lo importante de este hecho es que justamente en estos momentos se está perfilando ya lo que es la creación de un gran medio de interrelación económica entre el norte y sur, es decir, entre España y Europa, y Europa y España a través de la frontera francesa. Digo esto porque es el instrumento vital de lo que algunos técnicos en economía y en transporte llamar la ZAV y que en Barcelona es la que comunica por vía aérea y por mar sobre todo, y ahí, impulsando especialmente la alta velocidad aplicada al transporte de mercancías, tanto más importante que el transporte de viajeros, es lo que da una nueva significación a esta posibilidad, dado que justamente el transporte de viajeros es el que menos interés económico tiene, teniéndolo mucho más el de aceleración de la aportación a los mercados europeos de nuestros productos nacionales a través de una vía de alta velocidad, como es en este caso.
Este hecho, por una parte, y otros factores que juegan en el mismo, como puede ser, por ejemplo, la mayor facilidad para la traslación de los productos españoles a Europa, dado que se establecerá con un ancho de vía europeo, pues en este momento la dificultad está precisamente en la diferenciación de los anchos de vía español y francés, será una razón prioritaria de inmediata aplicación, tan de inmediata aplicación que noticias de hoy mismo hablan ya de una dotación de 60.000 millones de pesetas procedentes del proceso de privatizaciones por parte del Ministerio de Fomento, para aplicar justamente a este AVE, que sería la línea Madrid-Barcelona y que en Barcelona empalmaría, gracias a este acuerdo internacional, con Francia.
Consecuentemente, estamos ante un instrumento de alto interés económico para ambos países; alto interés que se viene de alguna manera configurando en lo que es la interrelación económica creciente de este arco sur mediterráneo, que se configura como uno de los polos de crecimiento más importantes de la Comunidad Europea.
Nosotros, por estas razones, vamos a votar favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro, por el Grupo Socialista.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Poco tengo que añadir a lo ya dicho por el representante del Grupo Popular, aunque sí debo decir que por nuestra parte también consideramos de sumo interés este acuerdo, máxime cuando tanto por parte del Gobierno español como por el Gobierno francés se considera de total importancia desarrollar la red ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia. En el caso puntual de este convenio, impulsar el tramo Figueras-Perpiñán.
Quiero también señalar que, como no podría ser de otra forma, en todo su articulado se adoptan todas las disposiciones internacionales legales y reglamentarias. En general, consideramos que este convenio está presidido por el espíritu de cooperación amistosa que existe en las relaciones entre España y Francia.


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Por todo ello, mi grupo va a votar favorablemente este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO CAYA, ENTRE LAS LOCALIDADES DE BADAJOZ (ESPAÑA) Y ELVAS (PORTUGAL), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000018.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 22: Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Caya, entre las localidades de Badajoz, España, y Elvas, Portugal, firmado ad referendum en Madrid, el 18 de enero de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Fuentes tiene la palabra, por el Grupo Socialista.


El señor FUENTES GALLARDO: Este convenio fue firmado en la cumbre hispano-portuguesa que se celebró en Madrid a principio de este año, para la construcción de un puente internacional que va a permitir unir lo que es hoy la actual autovía Madrid-Badajoz con lo que será en el futuro la autopista Elvas-Lisboa, que va a suponer una de las conexiones más importantes de Portugal con el resto de Europa, así como un elemento de extraordinaria importancia para Extremadura y, en concreto, para la ciudad de Badajoz.
El convenio prevé la constitución de una comisión técnica, que tendrá que elaborar el proyecto y contratar las obras. Para terminar, sólo quiero añadir que espero que la constitución de esta comisión que elabore el proyecto y saque a concurso las obras se haga lo antes posible y que el Gobierno español facilite los fondos necesarios para que la construcción de este puente, tan importante para Extremadura y para la ciudad de Badajoz, pueda ser una realidad en el menor plazo de tiempo posible.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Para no repetir las ventajas que evidentemente va a tener este puente, y la conexión de dos autopistas por parte de Portugal y de España, quiero recordar simplemente que es la Dirección General de Carreteras del hoy Ministerio de Fomento la que se va a encargar, en nuestro caso, de proyectar cuanto se refiere a la parte de España, incluyendo los accesos al puente. La adjudicación, contratación, dirección y ejecución de estas obras va a correr a cargo del gobierno de cada país, España y Portugal, en que esté domiciliada la empresa adjudicataria. Este convenio no se había aprobado previamente, pasa de nuevo a las Cortes y, naturalmente, dada su importancia, nuestro grupo va a votar a favor del mismo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto 22: Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Caya.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--SEGUNDO Y TERCER PROTOCOLO ANEXOS AL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS, ANEJO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) --MARRAKECH, 15-4-94-- HECHOS EN GINEBRA EL 6 DE OCTUBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000019.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 23: segundo y tercer protocolo anexos al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hechos en Ginebra el 6 de octubre de 1995. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.


El señor GIL MELGAREJO: Como bien saben S. S., con fecha 18 de mayo de 1994 y 21 de junio del mismo año, el entonces Ministro de Comercio y Turismo, señor Gómez Navarro Navarrete, a solicitud del Grupo Popular compareció ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda para informar del impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el GATT, tendría sobre los diversos sectores del comercio.
Es estas dos sesiones de la Comisión se produjo un debate muy complejo y minucioso, con importantes y brillantes aportaciones al mismo, que dejó clara la postura de todos los grupos. Sin embargo, quedaban y siguen quedando cuestiones como la que nos ocupa ahora, que son ajenas a este Tratado de la Organización Mundial del Comercio, concretamente el que se refiere al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), por un lado y, por otro, el que se refiere, dentro de éste, al movimiento de las personas físicas proveedoras de servicios. Este sería el tercer protocolo y el anunciado como el anexo sobre servicios financieros sería el segundo protocolo.


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El grupo al que pertenezco va a votar favorablemente a este acuerdo y de nuevo asumimos otro importante reto dentro de la libertad de lo que es el comercio mundial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, como ha dicho el Diputado del Partido Popular, efectivamente estos protocolos se hacen en virtud del desarrollo del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Tanto el segundo como el tercer protocolo, que se refieren, al movimiento de personas y al movimiento de mercancías, entendemos que son beneficiosos para España, como así se deduce de los informes que se remiten con la propuesta de acuerdo. Por tanto, el Grupo Socialista va a votar favorablemente a la firma de estos protocolos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 23: Segundo y Tercer Protocolo anexos al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000020.)

El señor PRESIDENTE: Punto 24: Tratado de extradición entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Madrid el 28 de febrero de 1996. Por el Grupo Socialista, el señor Boix tiene la palabra.


El señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, nuestro grupo parlamentario quiere manifestar su posición favorable en cuanto a este Tratado de extradición entre España y la República Oriental del Uruguay, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque contribuirá de forma directa en la intensa labor que ese país viene realizando y que realiza por erradicar el terrorismo de ETA. Este tratado, que sustituye el antiguo Tratado de extradición de criminales entre los dos países, que databa de 1885, permitirá que no sea denegada ninguna solicitud de extradición de miembros de la organización terrorista ETA por considerarlas de carácter político, siguiendo así los criterios contenidos en el Convenio europeo de represión del terrorismo de 1977.
Esto, sin duda, contribuirá a la desarticulación del santuario de que disfrutaba esta organización terrorista en la República Oriental del Uruguay. En segundo lugar, queremos destacar la importancia de este tratado, ya que constituye una importante novedad de interés político y jurídico respecto a la Ley Reguladora de Extradición Pasiva de 1985. La inclusión de la extradición de nacionales evitará que mediante la adquisición de una nacionalidad en el país de residencia se impida la extradición.
Queremos manifestar, por último, nuestra satisfacción por el resultado de unas largas y complejas gestiones que se realizaron ante el Gobierno uruguayo y que facilitaron la modernización del antiguo tratado de extradición. Reitero que votaremos favorablemente porque consideramos que este tratado contribuye de forma directa a erradicar el terrorismo que sufrimos en este país.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Señor Presidente, simplemente quiero sumarme a las palabras del portavoz del Grupo Socialista y resaltar que, efectivamente, a partir de la firma de este tratado habremos dado un paso más en la lucha antiterrorista, puesto que hasta ahora habían sido denegadas las extradiciones de los miembros de ETA que residian en Uruguay debido a que se consideraban estos actos de terrorismo como delitos políticos. A partir de hoy esto no sucederá y España podrá solicitar esa extradición que deberá ser concedida. Por tanto, mi Grupo va a votar favorablemente a este tratado.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 24: el Tratado de extradición entre España y El Uruguay.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE EL TRATADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 1996.
(Número de expediente 110/000022.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 25: Tratado entre el Reino de España y la república de Panamá sobre traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 20 de marzo de 1996. Tiene la palabra la señora Pulgar, por el Grupo Popular.


La señora PULGAR FRAILE: El Tratado entre la República de Panamá y el Reino de España sobre traslado de personas condenadas fue firmado en Madrid el 20 de marzo de 1996 y tiene como objetivo principal el mejorar las posibilidades de rehabilitación social de las personas condenadas.
Como es habitual en este tipo de instrumentos, para efectuar el traslado de un detenido tiene que haber consentimiento por parte del Estado de condena, del Estado de cumplimiento y del propio interesado.


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Obviamente, todos estos principios se inspiran en el Convenio Europeo 112. Este tratado se inscribe, por parte española, dentro de la práctica de los últimos años de concluir acuerdos en la materia con el mayor número de países iberoamericanos que permitan la protección de españoles detenidos en esos Estados. En estos momentos hay ya tratados con Argentina, Méjico y Perú y otros en trámite muy avanzado con Venezuela, Paraguay, Ecuador y Colombia. El Grupo Popular va a votar favorablemente a este tratado entre la República de Panamá y el Reino de España.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Boix tiene la palabra.


Le señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, poco más que añadir a lo aportado por la Diputada del Grupo Parlamentario Popular. Quiero reiterar el objetivo principal de los dos países con este tratado que ha consistido en mejorar las posibilidades de rehabilitación social de las personas condenadas. Consideramos que con este acuerdo dotamos a las diferentes administraciones y personas afectadas de un buen instrumento para la protección de los españoles detenidos en Panamá. Por tanto, votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación del punto número 25: Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre traslado de personas condenadas.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 26 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 22 DE ENERO DE 1996, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS PAISES SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964 Y DEL CANJE DE NOTAS DE 17 Y 31 DE MAYO DE 1996 SUBSANANDO UN ERROR MATERIAL EN LAS PRIMERAS. (Número de expediente 110/000023.)

El señor PRESIDENTE: Punto 26, y último, que tiene el siguiente y brillante enunciado: Canje de Notas, de fechas 26 de diciembre de 1995 y 22 de enero de 1996, constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, y del Canje de Notas de 17 y 31 de mayo de 1996 subsanando un error material en las primeras.
Espero que alguien nos explique en qué consistía el error material.
La señora Fernández Ramiro tiene la palabra.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Quiero manifestar, en primer lugar, que el Grupo Socialista va a votar favorablemente la prórroga de este acuerdo porque entendemos que se ha llevado a cabo una relación fructífera entre el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas (INTA) y la NASA, con bastantes ventajas para las instalaciones españolas. Como sabrán SS. SS., me refiero a la estación de seguimiento de vehículos espaciales de Robledo de Chavela y otras instalaciones construidas al amparo de este acuerdo, cuyo funcionamiento ha demostrado ser muy beneficioso para ambos países a lo largo de sus años de actividad. De la prórroga de este acuerdo sólo pueden derivarse beneficios para España por cuanto Estados Unidos es, en estos momentos, una nación líder en el campo de la investigación aeroespacial. Es necesario negociar un nuevo texto porque entendemos que, una vez pasada la vigencia del presente acuerdo, tanto por parte de las autoridades españolas como de las autoridades americanas se ha llegado a la conclusión de que el acuerdo ha quedado completamente desfasado.
En consecuencia, como ya he manifestado al principio de mi intervención, mi grupo considera conveniente y positiva la ratificación de este acuerdo y votará favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, no tengo que añadir nada a lo que ha expresado la portavoz del Grupo Socialista. Sólo quiero señalar que se refiere efectivamente a la estación de Robledo de Chavela que lleva funcionando más de treinta años muy satisfactoriamente tanto para los Estados Unidos como para España. Concretamente, desde el punto de vista español, quiero señalar que allí trabajan ciento cincuenta empleados españoles de la más alta cualificación técnica, que está muy avanzada ya la negociación de un nuevo acuerdo, pero que por razones de tiempo se hace esta prórroga de un año, esperándose que en este período se llegue a la formulación del nuevo acuerdo. Quiero recordar que hace aproximadamente dos años en esta Comisión aprobamos una prórroga de un año y que, por lo que se ve, la discusión del acuerdo se ha complicado tanto que es necesaria esta otra nueva prórroga. Esperamos que sea la última y que pronto tengamos aquí el nuevo acuerdo de cooperación que es tan beneficioso para ambas partes.


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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este Canje de Notas.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señoras y señores Diputados, muchísimas gracias por su paciencia y por su colaboración. Quería decirles simplemente que, sujeto a la convocatoria formal, seguramente el día 9 de octubre, miércoles, a las nueve y media de la mañana tendremos reunión de esta Comisión. Previamente procederé a la convocatoria de la Mesa y portavoces en fecha todavía no descrita, pero también se lo comunicaré oportunamente. Les agradecería que tuvieran en cuenta esa fecha, porque seguramente será la de celebración de la Comisión. Gracias a todos.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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