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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 105, de 12/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 105

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO

Sesión núm. 7

celebrada el martes, 12 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del señor Director General de Política Exterior para Africa, Asia y Pacífico (Alabart Fernández-Cavada), para informar sobre la política del Gobierno en relación a Guinea Ecuatorial. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió). (Número de expediente 212/000178) (Página 2800)

Preguntas:

--Medidas ante la escalada de violencia desatada en Palestina, de la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya). (Número de expediente 181/000190) (Página 2809)

--Apertura y cierre de consulados, de la señora Fernández Sanz (Grupo Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000201) (Página 2811)

--Motivos de la no concesión de visado para asistir al primer Simposio Hispano-Marroquí de periodistas al director de «Le Matin», señor Abdelhafid Roussi, así como al director de la revista «El Puente», señor Abdelaziz Tribak, del señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000229) (Página 2813)

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Proposiciones no de ley:

--Por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000161) (Página 2814)

--En relación con la nueva crisis abierta el día 25-9-96 en el Próximo Oriente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000191) (Página 2815)

--Relativa a la situación de la mujer en Afganistán. (Presentada por el Grupo Parlamentario Popular). (Número de expediente 161/000224) (Página 2818)

Dictámenes sobre:

--Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26-6-96. (Número de expediente 110/000034) (Página 2821)

--Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17-7-95. (Número de expediente 110/000035) (Página 1821)

--Acuerdo entre España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Bucarest el 29-4-96. (Número de expediente 110/000036) (Página 2823)

--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en Bucarest el 24-4-96. (Número de expediente 110/000037) (Página 2823)

--Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12-3-96. (Número de expediente 110/000038) (Página 2824)

--Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente Internacional sobre el Río Agueda entre las localidades de La Fregeneda (España) y Barca D'Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18-1-96. (Número de expediente 110/000039) (Página 2824)

--Protocolo número 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22-11-84, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la ratificación. (Número de expediente 110/000040) (Página 2825)

--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18-3-70. (Número de expediente 110/000041) (Página 2826)

--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10-3-95. (Número de expediente 110/000042) (Página 2827)

--Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28-9-54, así como reserva que España va a formular en el momento de la adhesión. (Número de expediente 110/000043) (Página 2828)

--Canje de Cartas, de fechas 17-7-96 y 19-8-96, constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid 9-13-96). (Número de expediente 110/000044) (Página 2830)

--Memorándum de Responsabilidades que ha de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 38 Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 17-5-96). (Número de expediente 110/000045) (Página 2830)

--Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6-2-96.
(Número de expediente 110/000046) (Página 2831)

--Acuerdo en materia de permisos de residencias y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6-2-96. (Número de expediente 110/000047) (Página 2832)

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--Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado en Madrid el 25-1-96. (Número de expediente 110/000048) (Página 2832)

--Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos,firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16-9-95, Canje de Notas de 8-3-96 y 13-6-96 por el que se subsana un error material en su artículo XVII. (Número de expediente 110/000049) (Página 2833)

--Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Hondura, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25-10-80). (Número de expediente 110/000050) (Página 2833)

--Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14-6-85, tal como quedó enmendado por los Protocolos relativos a la Adhesión de los Gobiernos de la República Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República Helénica, firmados respectivamente el 27-11-90, 25-6-94 y 6-11-92, hecho en Bruselas el 28-4-95, así como Acuerdo de Adhesión de la República Austriaca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14-6-85 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19-6-90, al cual se adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República Helénica por los Acuerdos firmados respectivamente el 27-11-90, el 25-9-91 y el 6-11-92, Acta Final y Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28-4-95.
(Número de expediente 110/000051) (Página 2834)

--Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA). (Número de expediente 110/000052) (Página 2836)

Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Antes de comenzar con los trabajos previstos según el orden del día que obra en poder de todos ustedes, querría someter a la consideración de los miembros de esta Comisión una leve alteración del orden del día, que consistiría en incluir, en el apartado de las preguntas, una pregunta oral al Gobierno en Comisión, formulada por el Diputado del Grupo Socialista y Vicepresidente de esta Comisión, don Rafael Estrella Pedrola, sobre los motivos de la no concesión de visado para asistir al primer simposio hispano marroquí de periodistas al director de Le Matin, señor Abdelhafid Rouissi, así como al director de la revista El Puente, señor Abdelaziz Tribak. La pregunta en cuestión ha sido presentada, registrada y publicada en los términos en que el Reglamento ordena, en cualquier caso en términos temporales posteriores a la celebración de la reunión de Mesa y portavoces donde se fijó la agenda de esta sesión, y por ello, aprovechando que el señor Subsecretario asiste a esta reunión para responder a otras preguntas y con su propio y previo acuerdo, la Presidencia cree oportuno que, si no hay objeción por parte de la Comisión, se procediera a incluir esta pregunta en el orden del día.
¿Existe alguna objeción al respecto? (Pausa.) No la hay. De manera que esta pregunta será planteada en el momento oportuno, en los términos que acabo de referir.
Por otra parte, y como saben los miembros de la Mesa y los portavoces, en la última reunión quedamos en someter a la consideración de la Comisión dos declaraciones institucionales: Una, sobre la situación en el Zaire y otra, sobre el aniversario de los cinco años de la celebración de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio en Madrid. Entretanto, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido que la declaración sobre el Zaire sea una declaración de toda la Cámara, por lo cual, con su permiso, señores comisionados, procederé a dar lectura a la declaración institucional de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre el aniversario de los cinco años de la celebración de la Conferencia de Paz en Madrid, que, si no suscitara ninguna objeción por parte de ningún miembro de la Comisión, figuraría, efectivamente, como declaración institucional de la Comisión. Dice así: Hace cinco años, en Madrid, la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo, celebrada bajo el patrocinio

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internacional, reunía por vez primera a representantes de todas las partes implicadas en el conflicto. La Conferencia de Madrid fue un marco adecuado para abordar las diferencias entre árabes e israelíes y consagró el diálogo y la búsqueda de la paz como vía para la resolución del conflicto. Los acuerdos de Oslo formalizaron el mutuo reconocimiento de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina adoptaron el principio de paz a cambio de territorios y pusieron en marcha un proceso dirigido a garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados manifiesta su profunda preocupación por el actual bloqueo del proceso de paz, que pone en peligro los logros hasta ahora alcanzados en la construcción de un marco de convivencia y de seguridad compartida. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados saluda el nombramiento por la Unión Europea de un enviado especial para el Oriente Próximo, el diplomático español don Miguel Angel Moratinos. Esta decisión de la Unión Europea confiere una expresión política más visible a la ya considerable dimensión que tienen las relaciones de la Unión Europea con la región y deberá servir para acompañar e impulsar los esfuerzos de mediación ya emprendidos, a fin de que se haga efectivo el cumplimiento de los acuerdos de Oslo y se recupere en la región el espíritu que nació en la Conferencia de Madrid, que hoy conmemoramos.
¿Existe alguna objeción a esta declaración institucional? (Pausa.) ¿Podemos entender que como tal figurará entre las decisiones de esta Comisión? (Asentimiento.) Así será. Muchas gracias, señores miembros de esta Comisión.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y PACIFICO (ALABART FERNANDEZ-CAVADA), PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION A GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente 212/000178.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a cumplimentar el orden del día tal como figura en los documentos que les han sido repartidos, con la adición a la que al principio hice referencia.
El primer punto es la comparecencia del Director General de Política Exterior para Africa, Asia y Pacífico, don Manuel Alabart Fernández-Cavada, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar sobre la política del Gobierno en relación con Guinea Ecuatorial, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Antes de darle la palabra, quiero agradecer la presencia del señor Alabart entre nosotros, que ha demostrado una diligencia ejemplar y un deseo realmente digno de todo encomio de participar en esta Comisión de Asuntos Exteriores, a pesar de otros compromisos que él tenía.
Señor Alabart, tiene usted la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco con gran satisfacción ante esta Comisión de Asuntos Exteriores para informar sobre un tema que considero de gran importancia, no sólo para el Gobierno de la nación, sino también para el Parlamento.
En efecto, para España, la situación de Guinea Ecuatorial ha sido y será centro de atención prioritaria por razones históricas, que aquí resulta obvio recordar. Lo que ocurre en Guinea Ecuatorial no es ajeno nunca al pueblo español y, por tanto, no es ajeno tampoco a las instituciones que lo representan. Del simple repaso del «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados se desprende un evidente interés de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre el tema que hoy nos ocupa. Agradezco, por tanto, esta oportunidad para explicar las principales líneas de actuación del Gobierno.
Respondo en esta comparecencia, en nombre del señor Ministro de Asuntos Exteriores, tanto a la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista como a la que me ha dirigido personalmente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ambas preguntas, pienso, pueden responderse conjuntamente, pues ambas versan sobre la política española en relación a Guinea Ecuatorial y sobre un tema conexo: el del proceso de democratización de Guinea Ecuatorial. Por tanto, me referiré en esta comparecencia a la política de España respecto a Guinea, a la cooperación española y al proceso de democratización.
El Gobierno entiende que la política con Guinea Ecuatorial, como la mayoría de los aspectos de nuestras relaciones exteriores, debe ser una política de Estado que responsa a los intereses de España. Tengo la convicción además de que dichos intereses son compartidos por los grupos parlamentarios aquí representados, y el Gobierno aspira a que todas las fuerzas políticas españolas alcancen un consenso sobre este tema. Tanto el ex ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, como el anterior director general de Política Exterior para Africa y Medio Oriente, señor Moratinos, comparecieron en varias ocasiones ante esta Comisión para exponer los criterios y valoraciones del anterior Gobierno.
El 13 de diciembre del pasado año, a solicitud del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el director general de Política Exterior para Africa y Medio Oriente informó acerca del proceso electoral acaecido en Guinea Ecuatorial, así como de la posición y el papel desempeñado por el Gobierno español en relación al mismo. Además de hacer una exposición sobre el desarrollo de las elecciones municipales, celebradas el día 17 de septiembre del año pasado, señaló claramente tres objetivos fundamentales en la política con respecto a Guinea Ecuatorial, tres objetivos que quisiera recordar a SS. SS., ya que son plenamente compartidos

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por el actual Gobierno. En primer lugar, el mantenimiento de unas relaciones diplomáticas correctas con el Gobierno ecuatoguineano; en segundo lugar, continuar impulsando el proceso de transición a la democracia por medio del diálogo entre el Gobierno y la oposición de una manera gradual y pacífica y, en tercer lugar, velar por el respeto de los derechos humanos con el fin de mejorar la situación en este campo.
Mi predecesor explicó asimismo las actuaciones que llevó a cabo el Gobierno español para preparar adecuadamente las elecciones municipales, los contactos que se mantuvieron con los partidos de oposición y la participación de dos observadores españoles en la misión de observación internacional en dichas elecciones.
Sobre los tres objetivos citados y que, repito, constituían entonces, y siguen constituyendo, el eje fundamental de la acción del Gobierno, quisiera hacer las siguientes consideraciones. El mantenimiento de unas relaciones diplomáticas correctas con el Gobierno ecuatoguineano implica necesariamente un diálogo fluido que nos permita ir solucionando los problemas que se puedan ir presentando y que siente las bases de una confianza mutua entre ambos gobiernos. Ese deseo del Gobierno va encaminado a conseguir una confianza mutua y unas relaciones políticas de cooperación que son las que deben determinar con naturalidad las relaciones entre dos países unidos por vínculos históricos y culturales y entre los que no hay, por definición, intereses opuestos ni debería haber, por tanto, conflictos bilaterales.
Por lo que se refiere al proceso de transición a la pluralidad política, pensamos que Guinea está en una primera fase de evolución democrática y que tal proceso deberá ir acompañado no sólo de gestos sino también de hechos concretos que vayan encaminados a la democratización del país.
(Rumores.) Como ya puso de manifiesto el anterior director general de Política Exterior para Africa y Oriente Medio, las elecciones municipales del 17 de septiembre de 1995 no dejaron satisfecho al Gobierno español.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Alabart.
Señor Gortázar, perdón, pero somos pocos y las conversaciones se oyen mucho.
Señor Alabart, puede continuar.


El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Gracias, señor Presidente.
Decía que, como ya había puesto de manifiesto mi predecesor, las elecciones municipales del pasado 17 de septiembre de 1995, no dejaron satisfecho al Gobierno español. Sin embargo, aunque el desarrollo de dicho proceso electoral mostró deficiencias, pensamos entonces que se había registrado un progreso con respecto a la situación anterior. Había sido, sin duda, un primer paso hacia la normalización política, un paso que permitió que, de las 27 alcaldías que estaban en juego en el país, nueve pasaran a manos de la oposición y, además, entre las nueve, había dos de gran calibre político como la de Malabo, capital de la nación, y la de Evinayong, en el corazón de la zona continental en el antiguo Río Muni.
Ese sabor de boca agridulce que nos dejaron las elecciones de septiembre no mejoró después. En efecto, con las elecciones presidenciales de febrero del año en curso no podemos estar tampoco satisfechos, podemos estar todavía menos satisfechos, ya que, por las circunstancias en que se desarrollaron, al final, todos los candidatos opositores, salvo uno, se retiraron, por entender que las condiciones no eran suficientemente aceptables. El recuento final de estas elecciones presidenciales de febrero, más del 99 por ciento de los votos emitidos en favor del candidato gubernamental, no podía constituir un resultado creíble ni para España ni para la comunidad internacional.
Así pues, hoy, el Gobierno considera insuficientes los avances producidos y entendemos que se debe seguir profundizando en dicho proceso de transición. El Gobierno español está dispuesto, de acuerdo con las autoridades de Malabo y con todas las fuerzas políticas en presencia, a colaborar para que los próximos comicios, previstos para 1998, sean más transparentes y cuenten con las debidas garantías.
La profundización del proceso democrático tiene lugar en un país nada acostumbrado a la cultura democrática y en un marco de grave subdesarrollo económico, con una renta per cápita que supera los 500 dólares anuales por habitante. Esta dura realidad de Guinea Ecuatorial, que de sobra conocen SS. SS., condiciona y dificulta el avance en la democratización del país, por lo que, sin dejar de instar al Gobierno guineano en la vía emprendida, debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la actual situación y pedir cambios en el sistema.
Puedo asegurar a SS. SS. que, en todos los contactos oficiales que el nuevo Ejecutivo ha mantenido en los últimos meses con las autoridades de Malabo, el tema de la democratización de Guinea Ecuatorial ha sido abordado, así como el asunto de la necesidad de avanzar en el respeto de los derechos humanos. Se ha hecho patente al Gobierno ecuatoguineano que ambos procesos son de gran importancia para nuestro Gobierno, ya que en su promoción están firmemente unidos nuestra opinión pública y todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario.
Por ello, y además de instar al Gobierno guineano para que continúe en su proceso democratizador, el Gobierno español viene manteniendo desde hace tiempo, como puso de manifiesto el señor Moratinos en su comparecencia del pasado mes de diciembre, una relación fluida con la oposición guineana. En efecto, existe un diálogo y apoyo del Gobierno a las fuerzas democráticas de Guinea Ecuatorial, con el único y claro objetivo de fomentar este proceso de democratización. No es un secreto para nadie, ni tampoco para el propio Gobierno guineano, que, tanto a través de nuestra Embajada en Malabo como del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, se mantienen frecuentes contactos con todos los partidos políticos de la oposición, además, evidentemente, del gubernamental, del PDGE. Dicho diálogo abarca a los representantes de todas las fuerzas políticas y nuestra intención es seguir haciéndolo

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con todos aquellos partidos que acepten la legislación vigente.
Quiero hacer expresa mención de la importancia que el Gobierno atribuye a la participación de todo el pueblo guineano en el proceso de democratización. Todos los guineanos, independientemente de la etnia o tribu a la que pertenezcan, son esenciales para conformar el presente y el futuro de Guinea Ecuatorial y deben estar presentes en las decisiones que afecten a la vida política y social. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta la etnia bubi, cuyo aporte nos parece indispensable y fundamental en la construcción de un Estado democrático. España tiene clara conciencia de los valores de dicho pueblo, por la larga convivencia en la entonces isla de Fernando Poo, hoy Bioko. El pueblo bubi, junto con los otros componentes de Guinea Ecuatorial, debe ser escuchado en el tránsito hacia la democracia.
Sin embargo, me permito recordar a SS. SS. que, aparte del pueblo bubi, existen otras etnias en Guinea Ecuatorial que, junto con la mayoritaria fang, deben también colaborar en la construcción del futuro Estado guineano. No nos podemos olvidar, por ejemplo, ni de kombes ni de playeros ni de esos annoboneses cuya isla se debate en la profunda soledad del Atlántico Ecuatorial. Los horrores que hoy en día contemplamos en la región de los Grandes Lagos están principalmente determinados por problemas étnicos y, aunque afortunadamente el escenario de Guinea Ecuatorial es sustancialmente diferente, deben ser tenidos en cuenta para extraer las conclusiones oportunas.
El Gobierno español, además de solicitar al guineano que avance en la democratización y dar apoyo a las diversas fuerzas políticas del país, ha mantenido, desde el mismo momento en que se concedió la independencia, una ayuda muy importante a Guinea Ecuatorial. Tras una primera fase de ayuda de emergencia, después del derrocamiento del dictador Macías, se firmaron dos acuerdos marco de cooperación, que, como SS. SS. bien conocen, han hecho de Guinea Ecuatorial el principal país destinatario de nuestra cooperación, tanto en términos absolutos como en términos relativos proporcionales con su población.
En la actualidad, la cooperación española con Guinea Ecuatorial tiene dos vertientes: una cooperación de ejecución directa y otra cooperación de ejecución descentralizada, desarrollada por los organismos no gubernamentales y financiada por el Estado. La cooperación directa está principalmente centrada en la educación y la sanidad, existiendo también unos programas de menor importancia de tipo cultural y productivo. La cooperación descentralizada está básicamente orientada también a proyectos de carácter humanitario y asistencial en los sectores sanitario y educativo, sectores de gran sensibilidad por su crítico estado y por la evidente falta de recursos que el Estado guineano les dedica en la actualidad.
Nuestra cooperación con Guinea Ecuatorial ha sido generosa. Hasta 1993 se destinaban del orden de 2.000 millones de pesetas anuales del presupuesto nacional a la cooperación con Guinea. Esta cooperación se ha ido perfeccionando para ir subsanando algunos errores cometidos en su comienzo. A la luz de diversos acontecimientos que en el año 1993 provocaron una crisis en nuestras relaciones con Guinea, el Gobierno anterior decidió proceder a un recorte y reestructuración en la cooperación. Sin embargo, mantuvo, a mi juicio con muy buen criterio, la cooperación en los sectores críticos de la salud, la educación y la cultura. El pasado año 1995 el presupuesto de la cooperación ascendió a 1.904 millones de pesetas, de los cuales 655 --cifras redondeadas-- fueron de ejecución descentralizada, es decir, por diversas ONG, y el resto, de 655 hasta 1.904, por la propia Administración.
Seis fueron las áreas de actuación: administración, sanidad, educación, cultura, programas productivos y apoyo institucional. En la convocatoria ordinaria de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que ha tenido lugar este año, Guinea Ecuatorial es el país que más se ha beneficiado de las subvenciones. En efecto, los organismos no gubernamentales que operan en Guinea han recibido algo más de 600 millones de pesetas, lo que demuestra claramente que dicho país continúa siendo una prioridad para nuestra cooperación, y sobre la base del presupuesto prorrogado de 1995 el presupuesto de ejecución directa en este año será similar al del año anterior, en torno a los 1.000 millones de pesetas. A estas cantidades se deben sumar las que se aprueben en la convocatoria extraordinaria prevista para los próximos días. La cantidad liberada ahora estará en torno, presumiblemente, a los 100 millones de pesetas.
El Gobierno actual piensa que se debe seguir con los programas de cooperación que inciden directamente en el pueblo guineano en los sectores citados. Sin lugar a dudas, nuestra cooperación es susceptible de ser replanteada para, aprendiendo de los errores y aciertos del pasado, adoptar, si así fuera conveniente, un nuevo enfoque. Para ello considero de gran interés la aportación que pueda realizar el Parlamento español, que está naturalmente interesado en la planificación y en la ejecución de nuestra cooperación.
En 1988, una delegación de parlamentarios españoles visitó Guinea Ecuatorial y pudo valorar sobre el terreno la labor de nuestros cooperantes así como la realidad ecuatoguineana. Siendo el que les habla en aquel momento embajador en Guinea Ecuatorial, acompañé a los parlamentarios en su visita, que tuvo lugar no sólo en la isla, sino en la parte continental del país, y recuerdo que se llevaron una buena impresión de nuestra cooperación. Pienso que una nueva visita de una comisión parlamentaria, debidamente preparada y con la colaboración del Gobierno de Malabo, podría ser conveniente para que SS. SS. conozcan de primera mano la situación actual del Estado y del pueblo guineano y la acción de España en la actualidad, y sobre todo para que aporten sus ideas críticas a la actuación del Gobierno al respecto.
Para nuestro Gobierno el impulso y el tipo de cooperación de España estarán en todo caso determinados por la situación interna de Guinea Ecuatorial y naturalmente por nuestra relación bilateral con dicho país.
Nuestra cooperación, aparte de servir para aliviar los problemas sanitarios y educativos del pueblo guineano, es susceptible también de incidir en otros campos que puedan facilitar el deseado proceso democratizador.


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En los últimos meses, tras el cambio de Gobierno en España, han tenido lugar diversos contactos a alto nivel, que, aunque esta Comisión probablemente ya los conoce, desearía exponer en esta comparecencia. En mi calidad de Director General de Política Exterior para Africa, Asia y Pacífico viajé a Malabo el pasado 14 de junio, siendo portador de un mensaje personal del Presidente Aznar a su homólogo guineano.
Posteriormente, el pasado 20 de septiembre recibí aquí en Madrid al Ministro de Minas de Guinea Ecuatorial, don Juan Oló. El día 1 de octubre el Presidente del Gobierno, señor Aznar, recibió en audiencia al Ministro de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, señor Evuna, portador de un mensaje del Presidente guineano, y el pasado día 7 de octubre el Ministro de Asuntos Exteriores recibió en su despacho a su homólogo guineano, el señor Oyono Ndongo. Recientemente tuve el honor de representar al Gobierno español en la celebración del 28.º aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, celebrado el pasado día 12 de octubre en Ebebiyin, localidad fronteriza con Gabón y Camerún. Mi presencia respondió a la invitación del Gobierno guineano para que hubiese un representante especial de España en dicha celebración. Durante mi estancia fui recibido en audiencia por el Presidente Obiang.
Toda esta primera fase de diálogo político a alto nivel culminará con la entrevista que mantendrán el Presidente Aznar y el Presidente Obiang el próximo fin de semana en Roma en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO. Como ya he señalado anteriormente, en todos estos contactos mantenidos con las autoridades guineanas se ha abordado de manera franca y directa el asunto de la democratización de Guinea Ecuatorial, habiéndose mostrado las autoridades guineanas receptivas a dicho mensaje. Las autoridades de Malabo saben, pues, que toda mejora de las relaciones bilaterales y todo aumento de la cooperación española están directamente vinculados al progreso en la senda democratizadora y en el respeto de los derechos humanos.
Por su parte, las autoridades guineanas han expresado su voluntad de mejorar el estado de las relaciones bilaterales y sentar las bases de una nueva fase de entendimiento y cooperación. El Gobierno guineano ha solicitado no sólo reforzar la ayuda en los sectores tradicionales --en cultura, educación y sanidad--, sino también en campos nuevos, sobre todo relacionados con la formación de recursos humanos.
¿En dónde estamos, pues, ahora? En este momento reflexionamos sobre la repercusión de nuestra cooperación y sobre la posibilidad de adoptar un nuevo enfoque que se ajuste más a las necesidades del pueblo guineano.
Teniendo en cuenta nuestra preocupación por la evolución política, es objeto prioritario de estudio la inclusión en una eventual futura cooperación de un capítulo dedicado a la cooperación para el desarrollo institucional. En suma, se trataría de modificar nuestra cooperación para llevarla, más allá del ámbito asistencial, a un programa de ayuda a la consolidación de las instituciones democráticas guineanas, obviamente, por tanto, a favorecer este proceso de transición.
Esta empresa requiere para nosotros la buena disposición del Gobierno guineano para colaborar en este terreno y está íntimamente vinculada a unos compromisos claros por su parte en la apertura política del país.
Existen experiencias anteriores en programas de apoyo a transiciones democráticas que están siendo objeto de análisis, entre ellas aquellas en las que han participado las Naciones Unidas a través del PNUD.
Para acabar deseo reiterar la intención del Gobierno de mantener unas relaciones estables y sanas con el Gobierno guineano en el marco de un espíritu de confianza mutua. El Gobierno español seguirá comprometido con el proceso de democratización en nuestra ex colonia, escuchando a todas las partes concernidas. Asimismo estamos empeñados en paliar, con la herramienta de nuestra cooperación, las muchas necesidades de un pueblo guineano que merece, a todas luces, ser ayudado. Guinea Ecuatorial comparte con nosotros historia y tradición, lengua y cultura y es, además, la única que lo hace en Africa, además de los saharauis. El Gobierno desea y espera contar con el respaldo y el consenso parlamentario en este empeño, en este esfuerzo por salvaguardar nuestras relaciones con el único miembro de la comunidad hispánica en el Africa subsahariana. Con todo, es tarea de los propios guineanos avanzar en el desarrollo de su país y en la vía democrática, en la que el pueblo español y su Gobierno estarán siempre dispuestos a ayudar. No debemos olvidar que Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana en el continente africano y que la herencia cultural española es base y salvaguarda de su identidad en el conjunto de las naciones africanas. Por ello, creo que debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos al desarrollo en paz y en libertad de los ecuatoguineanos. Pueden ustedes estar seguros de que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como yo mismo dedicaremos esfuerzo y atención a este objetivo. Les agradezco por ello no sólo su interés sino también su ayuda.


El señor PRESIDENTE: Habiendo sido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el que ha solicitado esta comparecencia en primer lugar, calculo y presumo que será el señor Recoder el que quiere tomar la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Efectivamente, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Alabart su comparecencia ante eta Comisión para informar de un tema que, como ha puesto de manifiesto él mismo cuando ha hecho su repaso inicial de los últimos debates que han tenido lugar en esta misma Comisión sobre el tema de Guinea Ecuatorial, preocupa seriamente a la mayoría de los grupos parlamentarios aquí presentes.
Por razones obvias, también las exponía usted al final de su intervención; yo comparto la existencia de toda una serie de lazos profundos entre España y Guinea Ecuatorial que obligan a que tengamos un interés preferente, pero no se producirían estas comparecencias repetidas si no existiera también una gran preocupación por parte de todos los grupos parlamentarios en relación a la evolución de

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los acontecimientos en Guinea Ecuatorial; evolución sobre la que, en el momento de hacer una valoración, debo reconocer, de entrada, que me siento pisando un terreno difícil. Sin conocer profundamente Africa --obviamente no es mi caso; supongo que sí es el suyo porque ha tenido profesionalmente una serie de destinos en dicho continente y especialmente en Guinea Ecuatorial--, es difícil, desde una mentalidad occidental y desde unos parámetros democráticos occidentales, poderse situar ante la magnitud del problema que se plantea en Guinea Ecuatorial.
También debo decir que, por nuestra parte, existe una cierta preocupación en tanto en cuanto en los últimos años nos ha dado muchas veces la sensación de que la posición de los distintos gobiernos españoles en relación al problema de Guinea Ecuatorial no obedecía a una línea perfectamente trazada y preconcebida, a una partitura escrita que se iba siguiendo con las excepciones necesarias a que la coyuntura obligara, sino que más bien, muchas veces, por parte de la Administración española se actuaba a remolque de los acontecimientos que nos marcaba el dictador guineano. Por ello hemos tenido mucho interés en esta comparecencia y en oír cuál es su posición, en tanto que representante del Gobierno que sale de las urnas del pasado mes de marzo de este mismo año.
Observamos una coincidencia básica con los planteamientos del anterior Gobierno, que, como usted ha dicho, tuvo ocasión de exponer el señor Moratinos en esta Comisión el día 13 de diciembre del año pasado; planteamientos que nosotros compartimos, ya que las tres grandes líneas básicas que expuso el señor Moratinos son compartidas por este grupo parlamentario. Lo que pasa es que, a pesar de compartir esas líneas básicas, seguramente discreparemos en lo que es la aplicación de esa misma política, y si conociéramos con mayor profundidad el desarrollo de esas líneas básicas, seguramente discreparíamos en algunos otros aspectos.
Nosotros efectuamos una valoración sobre la situación de Guinea Ecuatorial que no se puede juzgar como positiva desde ninguna perspectiva, a pesar de la tímida evolución democrática que se ha producido en los últimos años, especialmente desde las elecciones municipales, y estoy seguro que coincidiremos en esta apreciación. Existe un evidente déficit de derechos humanos, que puso de manifiesto el relator especial de las Naciones Unidas en el informe que elaboró en el año 1992 y que ha sido reafirmado por un número importante de acontecimientos que con posterioridad se han ido produciendo y que en muchos casos cuando se han referido a detenciones arbitrarias de miembros de la oposición han motivado la actuación de esta Cámara y también del propio Gobierno interesándose por la suerte de estas personas y muy a menudo realizando gestiones ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial para conseguir su liberación.
Capítulo aparte merece el tema de la cooperación al cual usted se ha referido. En el informe sobre la política de cooperación española que elaboró en su momento este Parlamento y que luego fue desarrollado por un informe del Senado, se recogía algo que, en la práctica, se está produciendo, como es la atención especial de la política española de cooperación a Guinea Ecuatorial. Sucede que en la práctica el mensaje reiterativo que llega desde las organizaciones no gubernamentales que intentan hacer cooperación en Guinea Ecuatorial es el de que se encuentran con unas gravísimas dificultades para poder llevar a cabo esta cooperación, y son dificultades que provienen práctica y exclusivamente, porque el entorno de Guinea no es distinto del de otros países del continente africano, con una baja renta per capita, de la propia Administración guineana que, salvo determinadas excepciones, no coopera, y valga la redundancia, con los cooperantes y parece que no es de su agrado que organizaciones no gubernamentales extranjeras, especialmente españolas, realicen su labor, en la inmensa mayoría de los casos exclusivamente de carácter humanitario, o bien intentando paliar las deficiencias básicas de la sociedad guineana. Este es un problema grave, que supongo que le consta, señor Alabart, y me gustaría conocer qué es lo que está realizando el Gobierno español y cuál es su posición al respecto, porque quiero reiterarle que, salvo las órdenes religiosas que llevan implantadas en Guinea desde hace muchísimos años, el resto de ONG tiene graves problemas e incluso algunas de ellas, que son muy importantes, y si quiere le puedo citar el nombre de las mismas, están planteándose muy seriamente abandonar la cooperación en Guinea Ecuatorial Existe, como decía, un déficit democrático obvio que de alguna forma se intentan paliar en las elecciones municipales, que dan nueve ayuntamientos a la Plataforma de Oposición Conjunta, como usted decía hace un momento. Precisamente dentro de pocos días, el 26 de noviembre, se va a producir el primer aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos. Aquí me quisiera detener un momento, señor Presidente, porque esta pequeña abertura que se produjo en la puerta de entrada de la democracia en Guinea Ecuatorial está manteniéndose con gravísimas dificultades. Las noticias que nos llegan por parte de los nueve ayuntamientos de la Plataforma de Oposición Conjunta, alguno muy importante, como usted ha citado, el de la propia capital, Malabo, es que están operando con una total falta de medios, es decir, estos ayuntamientos están gobernando sin recursos, no tienen ninguna fuente de entrada de recursos; incluso, aquellos impuestos que la propia legislación interior guineana reconoce como ingresos de las administraciones locales son recaudados directamente por parte del Gobierno del Estado y sin que repercutan en lo más mínimo en los gobiernos locales, y la posible puerta de entrada de ayuda a estas administraciones, como podría ser la cooperación exterior y muy especialmente --porque estamos hablando de ayuntamientos-- desde administraciones locales españolas, se encuentra también ante gravísimas dificultades por todos los palos en las ruedas que constantemente está poniendo el Gobierno de Guinea Ecuatorial para evitar que estas administraciones se puedan consolidar. En definitiva, están actuando de una forma que está perjudicando gravísimamente, de un lado, el proceso de democratización y, de otro, los intereses de los propios ciudadanos de Guinea Ecuatorial.
Las elecciones presidenciales no hace falta que las comentemos, en tanto en cuanto los propios resultados creo

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que son indicativos de cómo fueron. Sí quiero recordar que este Parlamento en su momento intentó mandar una delegación de observadores a Guinea Ecuatorial en las elecciones municipales, si no recuerdo mal, cuya presencia no fue autorizada por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Usted se ha referido al tema étnico y me parece que es una cuestión importante. En Guinea Ecuatorial no existe sólo la etnia bubi, que es la segunda etnia de Guinea Ecuatorial, la principal es la etnia fang, que es la etnia mayoritaria y es la que, siguiendo un esquema muy propio de Africa subsahariana, detenta en la práctica exclusiva el poder a nivel del Estado, que es en el único sitio donde prácticamente existe poder en Guinea Ecuatorial, descartada la capacidad de incidencia desde las administraciones locales.
Nosotros pensamos que en cualquier evolución futura de Guinea Ecuatorial éste es un problema que no se puede obviar de ninguna forma. Yo le decía al inicio de mi intervención que soy muy humilde al hacer mis valoraciones y verter mis opiniones sobre Guinea Ecuatorial, porque soy consciente de que nuestras premisas en el momento de afrontar este problema son muy distintas de las que operan en ese continente. El problema étnico es una de aquellas cuestiones que con mayor profundidad nos separa a los europeos de los africanos del Africa subsahariana. Por tanto, no podemos tratar el problema de Guinea Ecuatorial desde una perspectiva uniforme, como se puede hacer con los problemas del mundo occidental. En ese sentido creo que cualquier política que se construyera obviando el problema étnico en Guinea Ecuatorial estaría condenada al fracaso. No hace falta tampoco que profundice más, ya que los gravísimos problemas que se producen en otras partes de Africa subsahariana, como es la región de los Grandes Lagos, no hacen más que poner de manifiesto la importancia de este factor dentro del continente africano, donde Guinea Ecuatorial no es una excepción.
También se ha referido usted, como uno de los elementos que configuran la política de la Administración española, a sus relaciones con la oposición guineana, y me ha parecido entender que la posición del Gobierno era de apoyo a las fuerzas mayoritarias, y creo que ha utilizado palabras tales como no excluyentes o fuerzas que estuvieran en la vía de la legalidad.
Señor Alabart, la situación con la cual nos enfrentamos es la de un mapa político de Guinea Ecuatorial absolutamente precario y pendiente de pasar la reválida de las elecciones. Por tanto, el valor y la energía de todas y cada una de las fuerzas políticas de Guinea Ecuatorial deberíamos relativizarlo de entrada. Esta es la primera cuestión. Haciendo un paréntesis nos podemos fijar en cuál era el panorama en nuestro país antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas y cuál ha sido después. Fuerzas que parecía que se iban a comer el mundo luego han quedado dentro del espectro de fuerzas residuales. A partir de esta premisa nosotros tenemos la sensación, que está corroborada por los hechos, de que existe por parte del Gobierno español, de éste y del anterior, una política de ayuda a las fuerzas democráticas que más que basarse en unos hechos objetivos, tiene única y exclusivamente en cuenta las afinidades de las principales fuerzas políticas españolas, que, repito, son afinidades sobre las que desconocemos si las fuerzas homónimas que existen en Guinea Ecuatorial el día que haya unas elecciones libres y abiertas van a ser corroboradas por sus ciudadanos, que al fin y al cabo son los principales interesados.
Yo creo que la política de cooperación con la posición democrática en Guinea no debe basarse sobre esas premisas, que son absolutamente débiles, sino que debe tener unos horizontes más claros, más abiertos. En cualquier caso, señor Alabart, si no hubiera la posibilidad de poder decidir objetivamente cuáles son las ideologías que se van a imponer en una futura Guinea Ecuatorial democrática, entonces intentemos encontrar, dentro del espectro político español, el mayor consenso posible y no nos conformemos en consensos que seguramente, sumando votos parlamentarios, son muy amplios, pero que, en cualquier caso, no son consensos con la amplitud deseable, y en ningún caso tienen paralelo con los consensos mayoritarios que se producen en esta Cámara y que permitieron en su momento la investidura del Gobierno de don José María Aznar. En este sentido creo que mi llamada es suficientemente clara y quisiera que hubiera una reacción del Gobierno acorde con esa necesidad.
Nos interesa el tema de Guinea Ecuatorial --buena prueba de ello es la multitud de iniciativas que plantea este grupo parlamentario en esta Cámara-- y, por tanto, no nos queremos desentender del consenso que pueda conseguirse entre las principales fuerzas políticas españolas. Queremos estar ahí, y si no lo hemos estado en algún momento, ha sido porque no hemos sido llamados a participar en las reuniones que han llevado a ese consenso. Hemos sido excluidos y quisiéramos que se pudiera corregir esta situación.
Señor Alabart, yo quisiera escuchar sus opiniones sobre todos los temas que le he planteado y, si acaso y según sean sus respuestas, podremos realizar una segunda intervención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alabart.


El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muchas gracias, señoría, por su intervención, que denota el interés de su grupo, que creo que también coincide con el de la Cámara en este tema. Voy a contestar muy brevemente a las cuestiones que ha planteado.
Primero, dificultades de nuestros organismos no gubernamentales para cooperar. En efecto, existen esas dificultades, que extrañan y asombran muchas veces. Cuando alguien quiere cooperar que sea a veces el propio Gobierno el que le pone trabas alegando una serie de motivos que no son de gran consideración parece cuando menos chocante. La actitud de la Administración española, del Gobierno, de nuestra embajada en Malabo es intentar proteger la acción no sólo de la Administración cuando actúa directamente Guinea sino también de los organismos no gubernamentales.
Las autoridades guineanas en este aspecto lo que suelen

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alegar es desconocimiento claro de lo que hacemos en Guinea. Esa es una excusa que nos vienen planteando desde hace tiempo. Ultimamente, quizás esa excusa tenía una base mayor para ellos, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no se reúne una comisión mixta que pueda discutir y comentar con la parte guineana qué estamos haciendo, por qué y cómo, pero alegando desconocimiento, alegando que no saben muy bien a qué se dedican algunas organizaciones no gubernamentales, las autoridades guineanas ponen pegas que muchas veces además tienen connotaciones políticas.
Nuestra voluntad es intentar arreglar y aclarar el tema, y cuando se llega al final y planteamos claramente el problema se acaban disipando esos malentendidos que dan lugar a esas dificultades. En todo caso, le agradecería mucho que indicara a esos organismos no gubernamentales que tienen quejas concretas de la actuación del gobierno de Guinea Ecuatorial que no dejen de comunicarnos esas dificultades, porque estaremos siempre dispuestos a intervenir en ese tema con la mayor celeridad.
En segundo lugar, ha hablado del problema que tienen los ayuntamientos democráticos en Guinea Ecuatorial o, por lo menos, esos nueve ayuntamientos en manos de la oposición en cuanto a las relaciones que mantiene el Gobierno español con la oposición y con el tipo de oposición con el que mantenemos esas relaciones. Es un tema que no es fácil. Quién representa a quién se supone que sólo se sabe tras unas elecciones, pero cuando esas elecciones tampoco han sido exageradamente transparentes, nos crea a todos muchas dudas. Tiene que haber una decantación y tendremos que trabajar para que haya unas elecciones auténticamente libres que nos den una idea, como decía, para saber quién representa a quién. Mientras no haya unas elecciones que nos dejen satisfechos a todos, tenemos que actuar sobre unas premisas que, en efecto, son débiles, como usted mismo ha indicado, pero son las que existen --algo es algo--; no nos gustan, no son las ideales, pero por el momento no hay otras. Podríamos utilizar otros criterios. En ese proceso estamos y ahí necesitamos la cooperación no sólo de los partidos políticos españoles sino de los partidos políticos ecuatoguineanos.
En el curso de su intervención se ha referido a que muchas veces había echado en falta una línea de actuación clara en el sentido de saber adónde íbamos y qué medios íbamos a poner. Hoy por hoy, el objetivo para la Administración española sería ver si conseguimos llegar a las próximas elecciones, las que sean, que en principio van a ser las legislativas de 1998, en mejores condiciones que en el pasado, con la esperanza no sólo de que podamos montar algún tipo de sistema que sea más eficaz que en el pasado, sino que de esas eventuales elecciones de 1998 salga un grupo que represente de una forma más fiable al conjunto de la población guineana.
Entonces quizá seamos capaces de ser más eficaces en nuestra ayuda al Gobierno y a la población de Guinea Ecuatorial.
En tercer lugar, en cuanto a su visión negativa, en general, de la evolución de nuestras relaciones con Guinea, que revela un cierto cansancio de esta Cámara, le aseguro que ese cansancio también afecta al Gobierno, y no sólo a éste sino a los muchos que se han ocupado de Guinea Ecuatorial. Espero que lo que buscamos en nuestra nueva relación con Guinea Ecuatorial, al haber entablado este diálogo distinto de estos últimos meses, sea ver si hay lugar para la esperanza, si es posible abrir una puerta para que, en base al convencimiento y a una relación fluida, podamos llevar al ánimo de las autoridades guineanas actuales el hecho de que cambiar y evolucionar va en su interés. Si esto saliera adelante, nuestra cooperación sería más fácil y más eficaz y las ONG dejarían de tener los problemas que tienen, y también conseguiríamos tener relaciones con grupos y personas más representativas de la sociedad guineana, que nos ayuden a encarar de una forma eficaz y realista el problema étnico.


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Recoder querría utilizar un brevísimo turno de réplica?

El señor RECODER I MIRALLES: Muy breve, señor Presidente.
Señor Alabart, transmitiré su propuesta a las organizaciones no gubernamentales a las que hacía referencia, pero me consta en algún caso, lamentablemente, su determinación de abandonar Guinea Ecuatorial ante las dificultades que encuentran.
Quisiera solicitar todo el interés por parte del Gobierno para que la cooperación a través de los ayuntamientos pueda llegar a su término. Sabe usted que existe la intención por parte de numerosas administraciones españolas, principalmente locales (ayuntamientos y diputaciones), de poder establecer algún tipo de cooperación estable. Incluso hay ofrecimientos para dotar de determinadas infraestructuras por parte de ayuntamientos españoles, como puede ser el caso de la red de saneamiento de Malabo, y las gravísimas dificultades que encuentran para poder llevar a la práctica estas obras. No debe ser excesivamente difícil poder convencer al Gobierno de Guinea Ecuatorial de que es en beneficio de la población de su país, aunque este razonamiento que acabo de hacer, que es muy simple, tengo a veces la sensación de que no es el mismo que se encuentra en la otra parte.
Penúltima cuestión. Tomo nota de una frase que creo que es interesante y sobre la que hay que meditar. Hay que convencer a las autoridades guineanas que el cambio es en su interés. Este ha de ser el principal objetivo de la política española en relación con Guinea Ecuatorial, ahora y en el futuro, hasta que consigamos el cambio.
Por lo que respecta a la última parte de mi intervención, relativa al consenso de las fuerzas políticas, no voy a insistir más en ello, señor Alabart, porque creo que he expuesto claramente mis puntos de vista.
Simplemente quiero que se quede con el mensaje y que en un futuro inmediato tengamos ocasión de poder hablar de ello.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Me sumo a la bienvenida que ha dado el grupo proponente al Director

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General de Política Exterior para Africa por su presencia en esta Comisión para explicar un tema que, efectivamente, preocupa de manera reiterada y constante a esta Comisión de Asuntos Exteriores y a este Parlamento, como es la evolución de Guinea Ecuatorial, tanto en lo que se refiere al importante volumen de cooperación de España con dicho país como a la evolución o no evolución, en ocasiones, del proceso de transición democrática.
Empiezo por decir que cuando hablaba el señor Alabart recordaba las competencias que hoy tiene bajo su dirección. En otras comparecencias hemos tratado del nuevo organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no he hecho la cuenta exacta, pero deben ser 60 países los que están bajo se dirección general, o alrededor de 60, aunque probablemente el tema de Guinea Ecuatorial ocupe más tiempo que los 59 países restantes de Africa, Asia y Pacífico. Aparte de ese comentario, Guinea Ecuatorial es un tema de preocupación permanente desde hace años, en el que sin duda con un cierto grado de cinismo todos decimos que no news, good news, cuando no hay noticias son buenas noticias, porque da más motivos de disgusto, incluso de frustraciones, que de satisfacciones y mucho menos de éxitos diplomáticos, ni espectaculares ni no espectaculares.
Por otra parte, como portavoz del Grupo Socialista me halaga que de su exposición sobre la política del nuevo Gobierno con relación a Guinea Ecuatorial se desprenda que hay una continuidad prácticamente exacta con la política del Gobierno anterior, lo que prueba que esa política tenía y tiene sólido fundamento, que está elaborada a través de mucha experiencia, de muchas pruebas y errores, de muchas comprobaciones sobre qué hacer o qué no hacer o de qué margen se tiene para actuar en todos los aspectos de la política con Guinea Ecuatorial, de tal manera que después del tenor de tantos debates que hemos tenido en legislaturas anteriores con relación a Guinea Ecuatorial, produce satisfacción que se acepte que ésa es la política, no diría la única, pero sí la más correcta o la que menos errores puede crear, sin que produzca, insisto, grandes satisfacciones. Sin embargo, aun cuando haya una política de continuidad, creo que no se ha aprovechado en los primeros seis meses del Gobierno lo que podría haber sido el efecto novedad, el efecto sorpresa, porque en política es muy importante la expectativa que produce una nueva Administración, un nuevo Gobierno, que ante el interlocutor, en este caso el Gobierno de Guinea Ecuatorial, despierta interrogantes sobre qué va a ocurrir, qué van a hacer, qué pueden esperar, y no se ha producido nada.
Se han producido contactos, que usted ha relatado, pero después de haber visto las intervenciones del Grupo Popular en legislaturas anteriores, yo confieso que esperaba que aportaran alguna novedad, ya que todos estamos deseando que se avance en relación con Guinea Ecuatorial, algo diferente o algo que diera un nuevo impulso a un tema que sin duda está algo atascado, no por responsabilidad de España ni de su Gobierno ni de sus ONG ni de sus empresarios, sino fundamentalmente por responsabilidad del propio Gobierno ecuatoguineano, en primer lugar. Eso no se ha producido y ya se está perdiendo o se ha perdido el efecto de novedad, de sorpresa o de expectativa, insisto, que puede crear un nuevo Gobierno, una nueva situación política en España.
Muy poco más voy a añadir, porque no voy a subrayar o reiterar aquello en lo que coincidimos. Solamente quiero decir que el consenso --parafraseando al propio Presidente de la Comisión, don Javier Rupérez, que lo decía mucho cuando era portavoz del Grupo Popular-- no es un concepto estático, es un concepto dinámico que hay que ir construyendo permanentemente y, por tanto, no se trata de decir siempre amén a cosas cuya elaboración no se conoce, por lo que deseamos además de esta comparecencia en la propia Comisión, haya contactos con los portavoces, como decía el señor Recoder, para tener una información suficiente, clara, transparente y continua para ir construyendo de manera continua ese consenso que ya existe básicamente con relación a Guinea Ecuatorial.
Quiero hacer una última reflexión. Me ha llamado la atención una frase suya que probablemente no ha querido decir. Cuando el señor Recoder hablaba de cansancio usted contestó literalmente que el cansancio afecta al Gobierno. El Gobierno ha tenido poco tiempo para cansarse, sobre todo porque no ha hecho demasiado todavía en relación a Guinea Ecuatorial. Yo comprendo que Guinea Ecuatorial cansa, sé de lo que hablo, pero a los que comienzan se les puede exigir un plazo mayor para cansarse.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Acojo con mucha alegría las nuevas citas de autoridades reconocidas de esta Cámara que utiliza el portavoz del Grupo Socialista Luis Yáñez-Barnuevo. Si sigue por ese camino, sin duda le esperan muchos éxitos parlamentarios como portavoz de su grupo en esta Comisión. Desde luego, citar al actual Presidente de la Comisión en un debate sobre Guinea demuestra que el portavoz socialista hace sus deberes como Dios manda. (Un señor Diputado: Amén.--Risas.) Cuando se habla de Guinea Ecuatorial en esta Cámara y en esta Comisión, sin duda volvemos a encontrar dentro de la coherencia de las posiciones de cada grupo, de la continuidad histórica que las familias políticas aquí representadas mantienen y de esos vínculos con la propia historia de España en los que todos basamos nuestra acción política, un campo amplio para el consenso parlamentario, con todos los matices, discrepancias, evoluciones y, desde luego, teniendo en cuenta la propia naturaleza fluida de la noción de consenso en materia de política exterior. El caso de Guinea es paradigmático. Se trata, sin duda, del único país africano cuya lengua oficial es compartida con España y es una de las últimas colonias a las que España concede la independencia, pero esa complejidad en la relación, esa cercanía en el tiempo y esa cercanía con la historia de España se han transformado o se han plasmado en la historia de los debates parlamentarios y en la historia de la propia política de la acción exterior de nuestro país en un curioso ir y venir entre el desinterés y el abandono, por una parte y la presencia y la exigencia respecto de la acción exterior del Gobierno, por otra, exigencia, por cierto, que no solamente

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viene por parte de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios, del Gobierno o de la oposición, sino en gran medida por los medios de comunicación, la acción de nuestros ayuntamientos, de nuestras comunidades autónomas, de nuestros propios ciudadanos, integrados o no en organizaciones no gubernamentales o en organizaciones que se dedican a la ayuda de carácter humanitario y a la asistencia o a la ayuda al desarrollo en Guinea Ecuatorial.
Es evidente que este Gobierno ha decidido dar una oportunidad nueva y abrir un capítulo nuevo en las relaciones con Guinea, relaciones que están marcadas por la continuidad. Ni este Gobierno ni este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno pretende descubrir América todos los días por el mero hecho de haber ganado las elecciones, y mucho menos descubrir Guinea Ecuatorial. Existe también una coherencia, por tanto, entre la acción que se mantuvo cuando estábamos en la oposición y la acción que se mantiene desde el Gobierno. Y esa nueva oportunidad que se le quiere dar a la política española hacia Guinea Ecuatorial y esa nueva oportunidad que sin duda se le quiere dar al Gobierno de Guinea Ecuatorial vienen marcadas por la voluntad de presencia y por la exigencia hacia el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la autoexigencia hacia la propia acción del Gobierno español. ¿Qué quiere decir eso, señorías? Quiere decir que estamos dispuestos a mantener un diálogo con el pueblo de Guinea Ecuatorial, con su Gobierno, pero también con la oposición, entendiendo la oposición en su sentido más amplio y no limitándonos exclusivamente a quienes pudieran ser nuestros correligionarios políticos. Creemos que desde el Gobierno debemos mantener una actitud que sea capaz de permitir el diálogo, la cooperación y la colaboración con todos los grupos representativos de Guinea Ecuatorial, y ese diálogo debe basarse en compromisos claros por una y otra parte.
Es lógico que toda acción y toda cooperación de España hacia Guinea Ecuatorial se condicione, se module, se estructure o se desarrolle basándose en condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y en los avances que se puedan ir produciendo hacia un sistema más abierto, más democrático, más representativo y más participativo que el actual.
Nosotros conocemos perfectamente las dificultades de ese camino y las dificultades de esos avances, pero creemos que Guinea Ecuatorial no debe ser abandonada y que no debe dejar de ser una prioridad en la política española en Africa y una prioridad en la cooperación española en su sentido más amplio. En esa cooperación, sin duda, habrá que dar mayor cabida a todos quienes desean participar, y estoy seguro que son más los que desean participar que los que desean abandonar. Por eso creemos que en esta política de no abandono, en esta política de abrir un nuevo capítulo, de dar una nueva esperanza y una nueva oportunidad a la política española de cooperación hacia Guinea, encontraremos el respaldo no solamente de la amplia mayoría de la sociedad y de la opinión pública española, sino también de los actores que están en disposición y que tienen capacidad para realizar acciones de cooperación y de ayuda al desarrollo en el extranjero.
El señor Alabart ha fijado un objetivo razonable, que son las elecciones de 1998, y esa nueva etapa y esa nueva oportunidad que se le da a nuestra política y a nuestra relación con el Gobierno y con el pueblo de Guinea Ecuatorial debe partir del convencimiento de que nada está ganado y que, desde luego, ese objetivo del 98, que será perseguido y seguido por la acción de Gobierno con la mayor intensidad, debe ser algo que quede perfectamente claro para nuestros interlocutores. Estoy convencido de que Guinea Ecuatorial, que tiene una identidad propia dentro del continente, en parte basada por su relación histórica con España, sabrá coger al vuelo esta oportunidad que se le ofrece y que en el panorama convulso del continente africano, lleno de riesgos y amenazas gravísimas, que llevan incluso a la disolución o casi desaparición de algunos Estados, algunos mucho más grandes y más poderosos que Guinea Ecuatorial, esta voluntad española de mantenerse presente y de mantener vivo su compromiso con el pueblo de Guinea Ecuatorial debería ser aprovechado por el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Solamente quiero expresar mi decepción porque a seis meses de la llegada al Gobierno del Partido Popular, cuando se han establecido nuevos contactos y se han recuperado vínculos que habían desaparecido con gobiernos anteriores, se califique ya de fracaso la política del Gobierno español. Hay que ser no solamente capaz de citar a los autores correctos, cuando se habla de Guinea Ecuatorial, sino que también hay que ser capaz, sobre todo cuando se tiene experiencia de gobierno en materia de política exterior, de comprender que cuando hablamos de Guinea Ecuatorial y de Africa y cuando nos fijamos objetivos hacia 1998, es probablemente el momento en el que no debemos introducir la prisa, sino un ritmo más pausado y más afianzado en los avances hacia la transición democrática y hacia el desarrollo de la presencia española en Guinea que se puedan ir produciendo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.


El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muy brevemente voy a contestar a los señores Recoder, Yáñez y Robles.
El señor Recoder ha planteado tres temas. En relación a las ONG, en la medida en que dependa de mí intentaré convencerlas para que no se vayan y para que las que se quieran ir antes de hacerlo, con nuestra ayuda, vean las posibilidades que tienen para seguir actuando en Guinea Ecuatorial.
Es esencial que estos organismos no gubernamentales estén en Guinea y el pueblo de Guinea Ecuatorial lo necesita.
En relación con los ayuntamientos, somos muy conscientes de que estos nueve tienen muy graves problemas financieros. También haremos cuanto esté en nuestra mano para que estos nueve ayuntamientos, que fueron en su momento la esperanza en esta transición, actúen de la mejor forma y también intentaremos conseguir que el Gobierno de Guinea Ecuatorial les ponga las menores trabas posibles y favorezca su actuación.


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Tercer tema, el consenso, como concepto dinámico, al que se refería el señor Yáñez. La Dirección General hará cuanto esté en su mano para tener informados a los partidos del arco parlamentario y que lo que se vaya haciendo en Guinea Ecuatorial, tema difícil que han estudiado y al que han dedicado sus mejores esfuerzos todos los partidos políticos españoles, vaya para adelante.
El señor Yáñez pregunta si ha habido o no novedad en la política española con el nuevo Gobierno en Guinea Ecuatorial. Creo que sí ha habido una novedad, quizá de estilo. Esa novedad viene marcada por los contactos de alto nivel que se han producido en estos últimos meses y que no habían existido durante varios años. Me dirán ustedes que para qué sirven los contactos, que tienen que tener un fin, tienen que conseguir algo, porque el contacto por el mero contacto no sirve para nada. Pues bien, sí existe un fin, que es el de hacer comprender a las autoridades guineanas que tienen que colaborar y apoyar en un proceso que les afecta, que no les gusta, pero que puede redundar, a la larga, en su propio beneficio y, desde luego, en el beneficio del pueblo guineano.
Lo que pasa es que si a estos contactos no se les ha dado la publicidad que se les hubiera podido dar, si no se han presentado como un cambio radical en nuestras relaciones con Guinea Ecuatorial es porque la experiencia que tenemos en Guinea Ecuatorial nos hace ser tremendamente prudentes. Una cosa es que estemos esperanzados, que creamos que estamos abriendo una nueva vía, y otra que esta nueva vía vaya a tener resultados concretos. Trabajamos en eso; no sabemos lo que pasará; lo vamos a intentar; la vía es nueva y distinta de lo que se ha hecho en los últimos tres o cuatro años, pero más vale no lanzar las campanas al vuelo.
Por eso quizás haya cometido un error, señor Yáñez, cuando ha hablado del cansancio y se lo ha atribuido al Gobierno. En absoluto. Más que de cansancio hablaba del escepticismo de gente como ustedes, parlamentarios, que llevan mucho tiempo dedicados a Guinea o como funcionarios que piensan que siendo el mismo el régimen guineano desde el año 1979, pocas cosas han cambiado y pocas cosas van a cambiar. Nosotros, frente a ese escepticismo, legítimo, de muchos españoles que han enfocado el tema de Guinea Ecuatorial, oponemos una esperanza ilusionada, nueva, que dará o no resultados, pero no será por no intentarlo.
Coincido plenamente con el fondo de la intervención del señor Robles en cuanto a la necesidad de no abandonar Guinea Ecuatorial y, sobre todo, de marcarnos como objetivo, como un autoexamen, las elecciones del año 1998.
Veremos si en el plazo que va de aquí a las próximas elecciones somos capaces de ayudar a crear un nuevo entorno en Guinea Ecuatorial. Si no hemos conseguido gran cosa desde el año 1979 y han pasado desde entonces diecisiete años, tampoco tenemos que tener exageradas prisas. No se puede conseguir en cuatro meses cambiar la actitud de unas autoridades guineanas que vienen haciendo lo mismo desde hace diecisiete años.
Pensamos que quizá con perseverancia, con buena voluntad y con ideas claras podremos conseguir convencer a las autoridades guineanas que se muevan por lo menos algo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General por su presencia. Seguramente en el curso de los próximos e inmediatos meses tendremos ocasión de volver a contar con su presencia y con sus explicaciones. Muchas gracias.


PREGUNTAS:

--MEDIDAS ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA DESATADA EN PALESTINA, DE LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000190.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día.
Tengo que comunicar a la Comisión lo siguiente. Acabo de recibir una nota de la señora Maestro que me transmite su deseo, en nombre del Grupo al que pertenece, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de retirar la pregunta 181/000190, que sería precisamente la que corresponde inmediatamente en el orden del día, y la proposición no de ley 161/000161.
Con el permiso de SS. SS., me voy a permitir mantener la pregunta. Puede ser entendido perfectamente que la Presidencia haga suya esa pregunta, completamente desvinculada de cualquier tipo de motivación ideológica que haya podido tener, porque me parece que, desde el punto de vista informativo, es interesante que en estos momentos el Gobierno nos transmita la información y las acciones que tomó en su momento con respecto a la situación creada en los territorios palestinos e israelíes hace todavía muy pocas semanas.
Por otra parte, está con nosotros el Secretario General de Política Exterior, señor Bastarreche, que ha venido precisamente para contestar a esta pregunta. Me parece que incluso sería un indebido aprovechamiento de su presencia aquí el que diéramos esta pregunta por retirada. De manera que, con el permiso de SS. SS., y si no hay ninguna objeción al respecto, invito al señor Bastarreche a subir a la tribuna y contestar linealmente, en los términos en que estaba presentada, la pregunta de la señora Maestro. (Pausa.) Bienvenido, señor Secretario General de Política Exterior. Tiene usted la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (Bastarreche Sagues): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, éste es un tema de actualidad y merece la pena que brevemente les dé la información que habíamos preparado para contestar a la pregunta de doña Angeles Maestro.
Como SS. SS. conocen, la pregunta está basada en cuál era la reacción que había tenido el Gobierno español en cuanto a los incidentes que habían surgido como consecuencia del cierre del túnel de los Asmoneos; los enfrentamientos que a partir de ahí se produjeron concluyeron con

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un trágico saldo de varias decenas de víctimas mortales, un altísimo número de heridos y, quizá todavía más grave en términos políticos, el aumento de la desconfianza y el recelo entre israelíes y palestinos.
A partir de este dato, el Gobierno español ante esos hechos, en la tarde del 26 de septiembre, emitió un llamamiento de urgencia para que las partes implicadas pusieran fin a los gestos de provocación y a los actos de violencia que pudiesen conducir a una escalada de la tensión. El comunicado oficial, emitido con ocasión de los acontecimientos, es una prueba más de la profunda preocupación del Gobierno ante el estancamiento del proceso de paz, proceso con el que España está profundamente comprometida.
En este marco, el Gobierno ha aprovechado todas las oportunidades de las que ha dispuesto para hacer llegar a las partes implicadas, y más en particular, como es obvio, al Gobierno israelí, la necesidad urgente de impulsar las negociaciones. Las recientes declaraciones del señor Presidente del Gobierno, José María Aznar, con ocasión de la visita a España del Presidente de la Autoridad palestina, señor Arafat, son ilustrativas y reflejan con precisión el punto de vista del Ejecutivo. En todo caso, con las autoridades israelíes se ha hecho mención expresa, en el curso de los últimos días, de cuestiones como el cierre de los territorios palestinos, el retraso en la retirada de Hebrón o la política de asentamientos que, a juicio de nuestro Gobierno, suponen graves obstáculos para el proceso de paz. Así se lo hizo saber recientemente el señor Ministro a su colega David Levy y así igualmente se le expresó en el discurso que el Ministro pronunció en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Puedo asegurarles también --y éste no es un dato del pasado, sino del futuro-- que de confirmarse la visita a España antes de finales de año del primer Ministro israelí, señor Netanyahu, prevista para la primera semana de diciembre, el Gobierno no dejará de exponer con claridad su punto de vista sobre los actuales riesgos que amenazan el proceso de paz y, más en particular, nuestras posturas sobre las actitudes del Gobierno israelí. Evidentemente, España e Israel son dos países que mantienen estrechas relaciones diplomáticas y que se irán aprovechando de la atmósfera constructiva y de franco intercambio de puntos de vista que prevalece en sus contactos para seguir abordando en profundidad todos aquellos extremos de interés mutuo, y es evidente que la paz en Oriente medio es uno de ellos.
Sobre la segunda parte de la pregunta, que se refería a la intervención de la Unión Europea, diré que los contactos entre los socios de la Unión Europea, a partir del pasado 25 de septiembre, se multiplicaron significativamente al objeto de analizar la situación en profundidad y poder definir una posición común. Esta labor cristalizó en una declaración que los quince Ministros de Asuntos Exteriores hicieron pública el pasado 1 de octubre, al término del Consejo de Asuntos Generales, y en cuya elaboración es conocido que la Delegación española jugó un papel absolutamente determinante.
Creo que nunca como hasta ahora la Unión Europea había mandado un mensaje tan firme y tan contundente a una de las partes implicadas, además de hacer un llamamiento en favor de la máxima retención y de la abstención de acciones o declaraciones que pudiesen conducir a más violencia. La Unión reconoce que tales incidentes fueron precipitados por la exasperación y frustración ante la ausencia de progresos reales en el proceso de paz. Pide a Israel que dé pruebas fehacientes de su declarado compromiso con el proceso de paz. Le dirige un llamamiento para que impida que su ejército entre en las áreas autónomas de la llamada zona A.
Expresa su creencia en que el regreso a la situación original que prevalecía en el túnel de los Asmoneos ayudaría a restaurar la confianza.
Reafirma su política sobre Jerusalén, subrayando la inadmisibilidad de la adquisición del territorio por la fuerza y la constancia de que Jerusalén este no se encuentra bajo soberanía israelí. Finalmente, afirma que es necesario un progreso urgente en cuestiones como la aplicación de los acuerdos ya alcanzados con los palestinos, la adopción de medidas económicas, como el levantamiento del cierre que pesa sobre los territorios ocupados, o la necesidad de evitar medidas que puedan prejuzgar el resultado de las negociaciones sobre el estatuto final, específicamente los nuevos asentamientos.
Observarán SS. SS. que el contenido de dicha declaración no deja lugar a dudas sobre el grado de compromiso y la voluntad política de España y de los otros países de la Unión en apoyo del proceso de paz y del estricto cumplimiento de los acuerdos firmados como única vía posible para alcanzar la paz.
Aprovecho la ocasión para informarles de que precisamente hoy mismo, con ocasión de la Conferencia económica que se abre en El Cairo, la Presidencia de la Unión hará especial hincapié en el discurso que pronunciará en representación de los quince, en la convicción de que sólo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes y su aplicación de buena fe podrá lograr una paz justa, global y duradera.
También, como noticia muy reciente, hay que subrayar que la gira que la troika de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha efectuado en la región los días 9 y 11 de los corrientes finalmente no ha ido a Israel por la negativa del Gobierno israelí a acceder a que la troika, según la posición comunitaria, visitase Orient House.
Evidentemente, en este apartado de últimas noticias hay que hacer también una rápida alusión a una cuestión igualmente importante, que ha tenido una enorme repercusión y que, además de reiterar el interés europeo por el proceso de paz, supone un motivo de satisfacción especial para el Gobierno español. Me refiero a la decisión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del pasado 28 de octubre, de designar a un español como enviado especial de la Unión Europea para Oriente Medio. Al margen de las connotaciones profesionales y personales del enviado elegido, el señor Moratinos, actual embajador en Tel Aviv, creo sinceramente que la intensa labor que España viene desempeñando en esta región del mundo no es ajena a la decisión europea. El Gobierno está convencido de que la labor que desempeñará el enviado especial repercutirá de una manera muy positiva a la hora de trasladar a la región la sensibilidad europea sobre un asunto de interés prioritario para la Unión.


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Por lo que se refiere a la última parte de la pregunta de la señora Maestro, sobre las posibles medidas sancionadoras contra el Gobierno de Israel en el seno de Naciones Unidas, quiero señalarles que España, como el resto de los países de la Unión Europea, tiene muy en cuenta la evolución de los acontecimientos en la región, y sin duda éstos influirán en la orientación política que la Unión Europea y España den a sus intervenciones en el curso del actual período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como SS. SS. conocen, existen resoluciones que la Asamblea General emite todos los años y que, lógicamente, van adaptando a las nuevas coordenadas sociales y políticas. El Gobierno español tendrá en cuenta estas coordenadas en las discusiones que están teniendo lugar actualmente. Sin embargo, SS. SS. conocen que el margen de maniobra de Naciones Unidas es más estrecho que el de la Unión Europea.
Cada foro tiene sus características y es necesario combinar la determinación para expresar con firmeza nuestras posiciones con las obligatorias dosis de pragmatismo que imponen las coordenadas internacionales.
Para terminar, el Gobierno es partidario de una línea política en la que prevalezca la gradualidad, es decir, la consideración y la eventual adopción de medidas que, en función de la evolución de los acontecimientos, contribuyan a asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que cada parte tiene. En este contexto, el Gobierno está convencido de que tras la declaración del pasado 1 de octubre y el nombramiento del enviado especial, el Gobierno israelí es plenamente consciente de nuestro grado de preocupación ante el deterioro de la situación y de nuestra determinación a no permanecer ajenos al mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bastarreche por esa interesante información. Creo que era bueno que la escucháramos. Información por información, le entrego la declaración institucional que la Comisión ha adoptado esta misma mañana, precisamente sobre los temas relativos al Oriente Próximo y en la que, entre otras cosas, nos hemos felicitado públicamente del nombramiento de don Miguel Angel Moratinos como enviado especial de la Unión Europea.
Gracias, señor Secretario General. Tendremos ocasión pronto, espero, de volver a contar con su presencia.


--APERTURA Y CIERRE DE CONSULADOS, DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ. (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) (Número de expediente 181/000201.)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día.
Anuncio algunas inevitables, y ciertamente ajenas a mi voluntad, alteraciones en el mismo. La primera, contando con el señor subsecretario para responder a la pregunta que figura con el número 3, sobre apertura y cierre de consulados, quiero recordarle que con su anuencia hemos decidido también introducir una pregunta sobre la denegación de unos visados a algunos súbditos marroquíes. El mismo amablemente contestará a esta pregunta.
También anuncio a la Comisión que me llega una nota de la señora Maestro solicitando la retirada de la proposición no de ley 161/000161, que figura con el número 4 en nuestro orden del día. Efectivamente, debemos responder a la voluntad del grupo proponente y esta proposición queda retirada. Esperemos que mientras tanto la señora Maestro pueda comparecer y llevar a cabo el trámite correspondiente a las demás proposiciones no de ley que su grupo tenía presentadas.
Bienvenido, señor subsecretario, una vez más a esta Comisión.
Para formular la pregunta sobre apertura y cierre de consulados, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, la Diputada doña Matilde Fernández se encuentra ausente en el extranjero, y me ha pedido que mantenga la pregunta en los términos en que estaba formulada, para que ella y todos podamos leer la respuesta del señor subsecretario en el «Diario de Sesiones».
Solamente me queda añadir el agradecimiento al señor subsecretario por la diligencia de venir a contestar esta pregunta de la Diputada de mi grupo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carbajal Salido): Con mucho gusto comparezco ante esta Comisión al objeto de contestar la pregunta que se me formula sobre la política llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación al cierre y apertura de nuevas representaciones consulares.
Ante todo quiero hacer una precisión muy importante. Los estudios que estamos realizando en el Ministerio de Asuntos Exteriores se enmarcan en algo más general, como es una posible reestructuración de nuestra red de representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. Se está realizando el estudio de una redistribución de oficinas que parte del convencimiento de que la red actual, el actual despliegue diplomático y consular de España, es inadecuado a la presente circunstancia internacional e inadecuado, por tanto, en alguna medida, a la mejor defensa de los intereses españoles. La red actual es prácticamente la misma que la de hace años cuando no se habían producido los acontecimientos y las circunstancias que han convulsionado el panorama internacional, y más concretamente el europeo, en un mundo donde todavía existía el muro de Berlín, la Unión Soviética y en donde las tensiones no se habían manifestado y no habían hecho surgir una serie de nuevos Estados. Estas circunstancias hacen nacer una serie de nuevos Estados empeñados muchos de ellos, no todos, en Europa, en un proceso de integración en las estructuras occidentales tanto de seguridad como de integración: Unión Europea, Alianza Atlántica. Este es el

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caso de los tres Estados Bálticos, pero también de Bosnia, donde, entre paréntesis, hay que decir que es altamente paradójico que en un país donde España tiene desplegado un importante contingente militar desde hace años no tengamos una representación diplomática. Pero es también el caso de otros países como Chipre o de los Estados nacidos de la desaparición de la Unión Soviética, que por su importancia, aunque sólo sea comercial, también justificaría que España estuviese representada permanentemente por una misión diplomática.
En otro orden de cosas, todos sabemos el renacer económico de determinados países en Asia, en donde España, al contrario que la mayoría de nuestros socios europeos, no está representada debidamente y, sin embargo, tendríamos una importancia capital a la hora de poder promocionar nuestros intereses económicos y comerciales. Estoy hablando de países como Vietnam y Singapur. Este estudio parte del convencimiento de la necesidad de abrir con urgencia embajadas en países y regiones en las que es imprescindible afirmar la presencia de España por razones políticas, económicas, culturales o de cooperación. He hablado de Eslovaquia, de Vietnam, de Chipre, de Bosnia, de Eslovenia, que serían la primera prioridad; la segunda la constituirían los Países Bálticos, posiblemente Kazajstan, el más importante de los nacidos de la antigua Unión Soviética; y en una tercera fase, Singapur y Azerbaiyán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores es absolutamente consciente de que no es posible en los momentos actuales de ajustes presupuestarios, por razones que todos conocemos y compartimos, abrir esas nuevas representaciones diplomáticas si no somos capaces al mismo tiempo de liberar los recursos suficientes para proceder a esa apertura. En consecuencia, estamos analizando la conveniencia de proceder, para compensar los gastos que conllevarían esas aperturas, a determinados cierres de algunas oficinas consulares en donde vemos que se dan una serie de circunstancias que tal vez no justifiquen su permanencia. En este sentido dos inspectores de servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores han visitado recientemente siete consulados europeos: Amberes, Lieja, Lille, Hannover, Génova, Valença do Miño y Vila Real de Santo Antonio, con el fin de evaluar su actividad y analizar la necesidad de su existencia; una actividad que nos confirman los informes que han redactado dichos inspectores, muy limitada y que realmente se ha ido reduciendo considerablemente en los últimos años.
¿Cuáles son los criterios que nos llevarían a confirmar el cierre de estos consulados? En primer lugar, como decía antes, la constatación de que la actividad de estos consulados es menor que la que justificaría, en términos absolutos, esa permanencia. Con la excepción de Hannover --y tengo los datos a disposición de SS. SS. por si alguno quisiera examinarlo con más detalle--, todos los consulados que antes he mencionado demuestran que efectivamente han ido perdiendo actividad. Esta sería la primera condición a la que debería responder el cierre eventual de una representación consular.
Debo también recordar que la pérdida de la función es consecuencia, en gran medida, de la transformación de las funciones tradicionales de los consulados. Los nacionales de los países donde están situados esos consulados no necesitan visado para entrar en España; los acuerdos de Schengen han transformado en gran medida las funciones en relación con los extranjeros de estas representaciones; las propias comunidades españolas en esos países, por el hecho de la integración europea se encuentran, valga la redundancia, mucho más integrada en el país que les recibe; la documentación que precisan se ha ido simplificando, hay una serie de factores que han llevado a esa pérdida de actividad.
La segunda condición que siempre tendríamos presente a la hora de decidir un cierre de una representación consular --para contestar concretamente a la pregunta que se formula-- es que ello no supondría, en ningún caso, la desprotección ni el desamparo de nuestros nacionales. Sus funciones serían absorbidas por otros consulados. En el caso de Amberes y Lieja, por el consulado general en Bruselas; en el caso de Lille, por el de París; en el caso de Génova, por el de Milán; en el caso de Hannover, por el de Hamburgo, y en el caso de las dos representaciones consulares que he mencionado en Portugal, por Oporto y por Lisboa. Hay que recordar que las cortas distancias entre estas poblaciones y las excelentes comunicaciones que existen entre las mismas facilitan la adopción de una decisión de cierre de dichos consulados. Ello supondría determinados trastornos para los españoles residentes que deberán desplazarse unos kilómetros estando habituados a tener un consulado más cerca de sus domicilios, pero en ningún caso una supresión afectaría a su debida asistencia.
Por último --y éste es el tercer requisito que quisiera subrayar--, en el planteamiento que estamos utilizando tenemos muy presente, antes de decidir el cierre de una oficina consular, los intereses, los derechos, las expectativas del personal que trabaja en las representaciones consulares en cuestión. El Ministerio está estudiando ya una serie de medidas tendentes a garantizar, en la medida de lo posible, el futuro de esos trabajadores en el caso de que se decidiera el cierre de los consulados en los que trabajan. Se adoptarían medidas como la reserva prioritaria de las plazas en los consulados que vayan a asumir las tareas de las oficinas que se cierran; prioridad también de colocación en las embajadas de nueva creación como contraprestación al cierre de los consulados, así como la posibilidad de traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que respecta a los funcionarios, o a otras representaciones diplomáticas consulares cercanas a las oficinas que se cerrarían. Por tanto, son los tres criterios que hemos establecido: descenso de la actividad, atención a la colonia, atención al personal, las que nos llevarían a confirmar la necesidad del cierre de alguna de estas oficinas consulares que he mencionado.
Por último, creo que es importante señalar que este estudio se enmarca también dentro de una política de continuidad respecto al equipo ministerial anterior. A estos efectos, quisiera recordar que el 23 de febrero de 1996 el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que se declaraba la conveniencia de reforzar la presencia de España en una serie de países, que son precisamente los que antes he mencionado: Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Eslovaquia,

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Chipre, República Socialista de Vietnam y Consulado general en Shanghai.
A este respecto, solamente deseo añadir que entre las representaciones que desearíamos abrir, si somos capaces, como decía antes, de generar los recursos oportunos, además de las embajadas antes mencionadas, estarían dos consulados, el Consulado general en Shanghai y el Consulado general en Moscú, en donde hemos notado un gran incremento de su actividad. En el caso de Shanghai, por razones comerciales, atención a un turismo español cada vez más creciente, y en el caso de Moscú, fundamentalmente por razones de atención a los nacionales rusos que cada vez en mayor número viajan a nuestro país como turistas, generando unos importantes recursos financieros para nuestro país.
A este respecto, me permito solamente dar unas cifras. En el año 1993 se expidieron por la sección consular de la Embajada de España en Moscú 40.000 visados; fueron 80.000, en el año 1994, es decir, el doble; 150.000, en 1995, y prevemos que a final de este año 1996 se llegue a un número en torno a los 300.000 visados. Esto, como digo, aconseja cambiar la naturaleza de la oficina consular, pasando de una mera sección consular a un consulado general. Pero, como digo --en eso somos solidarios y conscientes con los compromisos presupuestarios del Gobierno y del país, como no podía ser de otra forma--, todo pasaría por poder generar los recursos necesarios para la apertura de estas representaciones.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por esta completa y detallada contestación a la pregunta formulada por la señora Fernández y solventada por el señor Yáñez.


--MOTIVOS DE LA NO CONCESION DE VISADO PARA ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO HISPANO-MARROQUI DE PERIODISTAS AL DIRECTOR DE «LE MATIN», SEÑOR ABDELHAFID ROUISSI, ASI COMO AL DIRECTOR DE LA REVISTA «EL PUENTE», SEÑOR ABDELAZIZ TRIBAK, DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA. (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.) (Número de expediente 181/000229.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta se refiere a la denegación de visados a unos periodistas marroquíes en unas circunstancias que el proponente de la pregunta explicitará.
El señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Me permito, en primer lugar, rectificar el enunciado que acaba de hacer el Presidente. No se trata de una denegación de visados, sino de una no concesión de visados.
Quería empezar por dar las gracias al subsecretario por acceder a responder a esta pregunta, a pesar de que en la tramitación de la misma no se había producido plenamente en el momento en que se le notificó. Por otra parte, quería decir que existía esta misma pregunta presentada como pregunta con respuesta escrita a principios de julio y al día de la fecha aún no había llegado la respuesta del Gobierno.
Sin más, voy a formular la pregunta. El pasado verano se celebraba en la ciudad de Granada el primer simposio hispano-marroquí de periodistas. La lógica detrás de este encuentro es evidente en lo que en esta Comisión siempre se ha considerado una política de Estado en las relaciones entre España y Marruecos. Entre las personas que debían asistir a este simposio se encontraba el director del que probablemente es el principal periódico de Marruecos Le Matin, el señor Abdelhafid Rouissi, y el director de la principal, si no la única revista en español que se edita en Marruecos, El Puente, el señor Abdelaziz Tribak. Esos señores iniciaron la tramitación de su solicitud de visado para asistir a esta reunión con cierta antelación, pero, llegada la fecha en que tenían que desplazarse a Granada, no se les había concedido el visado, no se le daba ninguna razón concreta para la no concesión de visado, y la que se le dio verbalmente a uno de los solicitantes de visado, el señor Tribak, por parte de un miembro de nuestra representación consular no parece que fuese demasiado de recibo cuando se le dijo que cómo se le iba a dar un visado si él lo que hacía era criticar a España en sus crónicas, cosa que por otra parte pueden hacer periodistas portugueses, franceses, etcétera, puesto que no necesitan un visado para venir a España. Por eso se pregunta cuáles fueron los motivos de la no concesión de visado a estos dos representantes de los medios de comunicación marroquíes.


El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Yo quisiera ante todo lamentar que la tramitación de la contestación a esta pregunta haya sufrido cierto retraso y que no haya tenido entrada, al parecer, en la Cámara la contestación escrita a esta pregunta. En todo caso, agradezco la oportunidad que me da la Comisión para contestarla oralmente.
En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamenta las circunstancias que se han producido en torno a la concesión de negación (ahora veremos en qué términos) de estos dos visados a estos dos ciudadanos marroquíes y lamenta también las dificultades que esta situación haya podido producir a la celebración del primer simposio hispano-marroquí de periodistas que tuvo lugar en Granada entre los días 27 y 29 de junio.
Empezando por el caso del señor Rouissi, actual director del Diario Le Matin, anterior director del periódico Marroque Soir, debo decir que, después de una exhaustiva investigación contrastada con todo el personal del Consulado general de España en Casablanca, donde el señor Rouissi debería haber presentado su solicitud de visado, el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia hoy todavía de que el interesado presentara petición alguna de visado para asistir al simposio de referencia. Tenemos constancia de que no se produjo tampoco intento por parte de este señor de entrar en contacto ni con el cónsul general ni con el canciller ni con el jefe de la sección de visados.


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En tercer lugar, quisiera señalar que, de haberse producido la solicitud de visado, no había habido duda de que el mismo se le habría concedido con rapidez y sin dilación, como lo prueba el hecho de que al señor Rouissi le fue concedido, en octubre de 1994, un visado por un año, es decir, el visado más generoso --entre comillas-- que se concede a un súbdito extranjero para permanecer en España y, en el caso de aquel visado, se le concedió además con múltiples entradas y salidas.
Yo no descarto --sería ingenuo por mi parte-- que el señor Rouissi haya intentado entrar en contacto con el consulado y que la situación que se haya producido con este visado haya podido ser fruto de algún malentendido, de una falta de coordinación entre el interesado y la propia oficina consular que a lo mejor sería achacable a la carga importantísima de trabajo a la que están sometidas nuestras representaciones consulares en el norte de Africa, sobre todo en la época de verano de la que estamos hablando. Debo mencionar como cifra que en el Consulado de Casablanca por esas fechas se recibe del orden de quinientas solicitudes de visado diarias. Insisto --es la contestación concreta que puedo dar a la pregunta-- en que en el caso de este señor no tenemos constancia de que hubiera habido una solicitud por parte del interesado de visado de entrada en España.
Por lo que toca al señor Tribak, redactor jefe de la publicación El Puente, solicitó --según nuestros datos a través del director de dicha publicación en el Consulado General de España, en Tetuán, y por un escrito en el que se aludía a una visita con fin periodístico, entre comillas-- un visado de entrada en España el 17 de junio de este año 1996.
Debo decir que la primera reacción del cónsul general en Tetuán fue la de denegar ese permiso de entrada, ese visado, por razones que serían del orden de las que ha mencionado S. S., como consecuencia, tal vez, de una interpretación o una valoración, que no entro a calificar, de lo que es la trayectoria del interesado y la naturaleza de las críticas o de las crónicas que este señor firma en esa publicación de la que es redactor jefe, en relación con la presencia española en Ceuta y Melilla.
En todo caso, debo decir que después de que el cónsul general entrara en contacto con la Embajada de España en Rabat y habérselo comunicado la Embajada de España en Rabat, y más en concreto la consejería de información, este visado para la asistencia del señor Tribak al simposium de Granada se concedió la víspera del inicio del mismo, es decir, el día 26 de junio y se le concedió por los días que el interesado solicitó: 27, 28 y 29 de junio que eran los días de celebración del simposium.
Podríamos pensar que la representación consular podía haber sido algo más generosa en los días que se le deberían haber concedido a este señor, pero debo hacer notar --y deben entender sus señorías-- que los consulados, en ese sentido, actúan, como no puede ser de otra forma, a instancia de parte, y en ningún momento, según los informes que tenemos, el señor Tribak solicitó una ampliación de esos días que se le concedían de permanencia en España.


El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Tomo la palabra por cortesía, para dar las gracias al señor subsecretario por sus explicaciones, que doy por buenas.
Quiero hacer una reflexión. Entiendo que el número de elementos que entran en juego a la hora de conceder o no un visado son complejos y entran en juego distintos niveles de la Administración, distintos ministerios. Esta pregunta me lleva a pensar en la conveniencia de traer a la Comisión una serie de iniciativas dirigidas a que podamos conocer cuáles son los criterios objetivos de concesión o de no concesión de visados, con carácter general y con carácter particular en casos como los que estamos abordando ahora, con el fin de que incluso la Comisión pueda emitir una opinión, si lo estima conveniente, sobre el marco de los criterios objetivos y transparentes que deben existir para la concesión o no de visados.
Deseo añadir algo más. La verdad es que estando en un espacio común, quizá va perdiendo sentido la adopción de criterios de índole política.
Todos sabemos que el señor Tribak podía haberse dirigido al consulado alemán o al francés y haber solicitado un visado Schengen y entonces hubiera podido venir sin ningún problema. Es simplemente una reflexión que brindo al señor subsecretario.


El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, ha sido muy amable por su parte su nueva comparecencia informativa.
Quiero agradecer, a través suyo, la presencia de todos los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que en esta misma sesión han comparecido, imagino que bajo su batuta. Estoy seguro de que en el futuro seguiremos contando con la misma colaboración y presencia.
Señoras y señores diputados, señora Maestro, bienvenida a esta Comisión que es la suya.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR LA CAUSA DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO ESPAÑOL Y FUNCIONARIO DE NACIONES UNIDAS, AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000161.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación en su caso de las proposiciones no de ley que se encuentran bajo los números 4, 5 y 6 del orden del día.
Señora Maestro, entiendo que la número 4 ha sido retirada y así lo he comunicado previamente a la Comisión por decisión suya.


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Tengo que decirle también que no he retirado la pregunta anterior, que me ha parecido interesante desde el punto de vista informativo y que la hemos solventado con la amable colaboración del Director General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero le doy la palabra para confirmar si retira o no la proposición no de ley número 4.


La señora MAESTRO MARTIN: No sé cuál será la solución más adecuada desde el punto de vista reglamentario. El propósito de mi grupo no era retirarla, sino posponerla. No tengo en este momento información sobre si se ha realizado o no un trámite previo necesario, es decir, la comunicación del Gobierno de Chile al Secretario General de Naciones Unidas acerca de la sentencia de la Corte Suprema en relación con el caso Carmelo Soria.
No sé si reglamentariamente se puede plantear eso, si tengo que volver a plantearla de nuevo o puede posponerse hasta tanto esa información obre en nuestro poder.


El señor PRESIDENTE: Pienso que todo es posible. Si usted desea retirarla y posponerla lo que le pediría es que hiciera constancia gráfica y documental de la nueva presentación.
En este momento la Presidencia toma nota de su voluntad de retirarla en esta sesión y posponerla a una ulterior. Lo que sí les pediría a usted y a su grupo es que hicieran constar documentalmente esa voluntad de que fuera vista en una sesión ulterior de la Comisión. Le pediría también que lo hiciera cuanto antes para que, si es posible, pudiéramos considerala en la próxima sesión de la Comisión.
Por tanto, queda retirada la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria Espinosa, pendiente de las acciones consiguientes por parte del grupo que originariamente presentó esta proposición no de ley.


--EN RELACION CON LA NUEVA CRISIS ABIERTA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996 EN EL PROXIMO ORIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000191.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de la proposición no de ley que se encuentra con el número 5 del orden del día, cuyo autor es también el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que se refiere a la crisis abierta el día 25 de septiembre de 1996 en el Próximo Oriente.
La señora Maestro tiene la palabra para la exposición de esa proposición no de ley.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, éste es un asunto que ha sido tratado en repetidas ocasiones en esta Comisión de Asuntos Exteriores, pero la verdad es que las razones de fondo que dieron origen a diferentes iniciativas de distintos grupos parlamentarios desgraciadamente siguen en plena vigencia. Si bien el derramamiento de sangre, los enfrentamientos directos parecen haber remitido, por lo menos con la intensidad que se produjeron en un principio, lo cierto es que la situación de fondo, la paralización del proceso de paz y el retroceso incluso en las condiciones anteriores al desencadenamiento de los enfrentamientos del mes de septiembre no ha acabado. Por ejemplo, en algunos medios de comunicación internacionales hablaban en estos últimos días de un nuevo proceso de expropiación de 500 hectáreas de terreno en Hebrón, precisamente en Hebrón, para incrementar los asentamientos palestinos. (El señor Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.) Ni que decir tiene que otros aspectos vitales del proceso de paz, como Jerusalén, como la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes, la situación de los refugiados y la retirada del ejército israelí de Hebrón siguen pendientes.
La situación del proceso de paz --y el señor Arafat ha tenido ocasión de manifestarlo en su reciente visita a España invitado por nuestro Presidente del Gobierno--, es de absoluta paralización y no sólo eso, sino que se teme una escalada de violencia a través de una posible intervención militar directa de Israel.
Mi grupo parlamentario, como otros grupos que forman parte de esta Comisión, ha escuchado con satisfacción el apoyo de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y de la actitud protagonista del Gobierno español en relación con las declaraciones de la Unión Europea y la actitud más decidida que en otros tiempos por parte tanto de la Unión Europea colectivamente como de algunos países miembros como Francia e Italia, desarrollando iniciativas particulares, pero en el mismo sentido de las manifestadas en la resolución última de la Unión Europea. A esto se ha añadido el nombramiento, como todos sabemos, de don Miguel Angel Moratinos como interlocutor de la Unión Europea de cara al proceso de paz.
Hasta la fecha, desgraciadamente todos estos aspectos de una diplomacia más decidida por parte de la Unión Europea no han dado ningún fruto. La situación es muy grave, es muy preocupante y, aunque no es la primera vez que se dice, creo que no puede ser más apropiado este momento para repetirlo, ya que en los últimos tiempos la situación en Palestina es un polvorín.
Como saben también SS. SS., Israel mantiene prácticamente las tres cuartas partes de sus intercambios económicos con la Unión Europea. En fechas próximas el Pleno del Congreso de los Diputados deberá ratificar o no el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Mi grupo parlamentario entiende que, al margen de otras iniciativas que se han realizado y con las que nosotros estamos plenamente de acuerdo, la Unión Europea y, en concreto, el Estado español no deberían desperdiciar la posibilidad de utilizar un mecanismo importante para ejercer la presión necesaria sobre el Gobierno de Israel para que se produzca un cambio de actitud sustancial en relación con los acuerdos de Oslo.
Por tanto, y de una manera muy matizada, en el punto 3 de esta proposición no de ley --no aludo a los otros porque entiendo que están en el espíritu y en los hechos de acciones producidas desde el Gobierno-- se propone el estudio

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de la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel hasta tanto se produzcan cambios perceptibles y sustanciales del Gobierno de Israel en relación con los acuerdos de paz.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): A la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Robles para presentarla y defenderla.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, como saben SS. SS., hemos aprobado una declaración institucional que yo creo que es un buen terreno de entendimiento entre los grupos de esta Comisión. En este momento existe una delicada situación, un bloqueo en el proceso de paz que es generador de riesgos, peligros, amenazas que deben ser evitados desde todos los puntos de vista. Por eso quiero remontarme, aunque seré breve y aseguro a SS. SS. que no me remontaré a tiempos bíblicos, a los debates en esta Comisión sobre este mismo asunto; el seguimiento que ha hecho esta Comisión del proceso de paz y de la situación de Oriente Medio ha sido ejemplar y exhaustivo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Ha habido alguna diferencia de criterio que yo quisiera resaltar, pero la mayoría de esta Comisión siempre se pronunció por la prudencia y por considerar que lo importante era facilitar el proceso de paz y no dificultarlo.
Por esta razón hemos presentado una serie de enmiendas al texto de la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nada tenemos que objetar al punto 1, que puede ser suscrito sin reserva alguna por nuestro grupo, pero sí respecto a los puntos 2 y 3. Considero que la Unión Europea y España, en el seno de la Unión Europea, han emitido declaraciones suficientemente contundentes que han significado un importante grado de compromiso con el proceso de paz y también un considerable grado de presión sobre el actual Gobierno de Israel en la necesidad de dar pruebas fehacientes de su compromiso declarado con ese proceso de paz.
Por eso hemos considerado que convendría mejorar el texto del punto 2 de la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya urgiendo a Israel a dar pruebas fehacientes de su declarado compromiso con el proceso de paz mediante acciones concretas en el marco del pleno cumplimiento de los acuerdos alcanzados ya con la OLP. Nos parecía que la terminología empleada en el párrafo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya era excesiva y, sobre todo, innecesaria. En cualquier caso, creemos que el texto presentado por nuestro grupo refleja mucho mejor lo que es la necesidad del momento y lo que es la tradicional posición de esta Cámara y, desde luego, la tradicional y reiterada posición del Gobierno español en el seno de la Unión Europea.
En cuanto al punto 3 entendemos que hay que ser no solamente prudentes sino precisos, y la precisión en este caso exige evitar esa vinculación y esa velada amenaza que se intenta arrojar sobre el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel y que todavía debe ser ratificado. ¿Por qué? Porque la posición de Europa, que es una posición de mayor compromiso y de mayor presencia, de lo que es muestra el nombramiento de un enviado especial, en el proceso de paz en Oriente Medio, debe permitir aprovechar todos los instrumentos de cooperación y de colaboración existentes. Por eso nosotros hemos sido y somos partidarios de que la Unión Europea e Israel tengan un grado avanzado de relación y un grado profundizado de cooperación y colaboración, y solamente de esa manera podremos ejercer el nivel de influencia que, sin duda, todos los grupos aquí representados desean.
Por ello hemos propuesto instar al Gobierno a considerar, en función de la evolución de las negociaciones entre israelíes y palestinos, otras acciones o iniciativas, tanto a nivel nacional como desde el seno de la Unión Europea, que contribuyen a asegurar el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes implicadas. Además, nos parece conveniente no buscar desde esta Comisión y desde esta Cámara posiciones que no tengan al menos la posibilidad de recoger la unanimidad o el apoyo más unánime posible dentro de la Unión Europea. Creo altamente improbable que solamente se proceda a congelar el proceso de ratificación de ese acuerdo entre Israel y la Unión Europea, sino que incluso sea considerado conveniente por otras cámaras y otros parlamentos iniciar ese estudio que propone Izquierda Unida.
Me reitero en el convencimiento de mi grupo de que la Unión Europea y España deben usar todos los mecanismos, todos las acciones y todas las iniciativas que sean necesarias en todos los niveles posibles para asegurar el cumplimiento de los acuerdos firmados, pero de ninguna manera podemos contribuir a disminuir la influencia de la Unión Europea en Oriente Medio mediante una iniciativa que, aun planteada de forma ambigua, lo que pretendería sería iniciar un camino de menos relación entre la Unión Europea e Israel y no de más relación entre la Unión Europea e Israel.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desearían hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya incide en un tema de candente actualidad, sobre el que esta Comisión tuvo la ocasión de pronunciarse muy recientemente a través de una declaración institucional.
A nosotros el objeto de la proposición no de ley, globalmente, nos parece satisfactorio. Podemos coincidir, por ejemplo, con la literalidad del punto primero, que expresa algo de lo que nosotros estamos convencidos y es que la paz en la región sólo puede alcanzarse y consolidarse a través del pleno cumplimiento de los acuerdos de Oslo suscritos por Israel y la autoridad nacional palestina, por lo que se llama al respeto estricto de los mismos por todas las partes pero en cambio mantenemos serias discrepancias

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con los puntos 2 y 3. Con el punto 2 especialmente en cuanto a redacción, no en cuanto a su fondo, que también podríamos compartirlo. Con el punto 3 tenemos discrepancias francamente importantes, porque creemos que la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel no es una buena vía para favorecer la paz en la región. Es más, pensamos que es urgente que se apruebe este acuerdo, y muy recientemente se ha puesto de manifiesto, por parte de las autoridades de la Unión Europea, que la capacidad de influencia de la Unión Europea en la región no es paralela a la cooperación que está realizando la Unión Europea con el proceso de paz. Entendemos que este acuerdo, de consolidarse, es un paso en la dirección que a todos nos interesa, que es que pueda existir un mayor peso de la Unión Europea en la región.
Por todo lo manifestado, señor Presidente, no podríamos dar nuestro voto favorable a los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley y, en cambio, sí nos parece de recibo, en su conjunto, la enmienda de sustitución, al menos de estos dos puntos, planteada por el Grupo Parlamentario Popular, mucho más acorde con lo que es la concepción global del problema y, especialmente, con la declaración institucional a la que me refería hace un momento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, nuestra posición es bastante similar a algunas ya expresadas. Con relación al punto 1 estamos totalmente de acuerdo. La redacción del punto 2, por las mismas razones que apuntaba hace un momento el señor Recoder, no nos parece muy afortunada, porque condena y pide la anulación de las decisiones adoptadas por el primer ministro de Israel, pues entendemos que habrá adoptado muchas decisiones que no serán necesariamente condenables ni censurables ni susceptibles de ser anuladas.
En cuanto al punto 3, nosotros sí compartimos la intención que subyace en él. De hecho, hace dos semanas, el Ministro Matutes, precisamente a petición del Grupo Socialista, comparecía ante esta Comisión para expresar la posición del Gobierno y, a preguntas de este Diputado sobre la utilización de los protocolos como elemento de presión, admitía la posibilidad y recordaba que él, en su etapa de comisario, los había utilizado en más de una ocasión. Baste recordar los casos de Turquía, Siria o Marruecos como ejemplo de que la Unión Europea ha hecho valer su peso político en algunas ocasiones, precisamente utilizando la capacidad no de suspender sino de dilatar la puesta en vigor de algunos de estos convenios de carácter económico y financiero. En cualquier caso, esas cosas se hacen, no se dicen. Por eso, quizá, no nos termina de convencer la redacción.
De todas maneras, tomamos nota, con satisfacción, de que el Grupo Parlamentario Popular no es partidario de aplicar al Gobierno del señor Netanyahu la estricta disciplina cubana, pero nos gustaría encontrar un punto de encuentro, que no excluyera en ningún caso la utilización política, para hacer valer el peso de la Unión Europea, de unos acuerdos que están en trámite y respecto a los que nuestros grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo están valorando la eventualidad de utilizar la posible dilación de su aprobación precisamente como elemento de presión.
Pensamos que el texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular quizá se le podría añadir, después de la expresión «desde el seno de la Unión Europea», un párrafo que simplemente recordara que en estos momentos se está tramitando el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel; luego, decídase lo que se tenga que decidir.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, me tengo que dirigir a la señora Maestro para preguntarle si su grupo está dispuesto a la tramitación de la enmienda del Grupo Popular, tal como ha sido presentada.
Señora Maestro, tiene usted la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, mi grupo parlamentario estaría de acuerdo en aceptar la enmienda que se plantea al punto 2 --el punto 1 se transcribe tal cual--, en un ejercicio de voluntad de consenso parlamentario, porque yo creo que el objetivo es compartido. No obstante, de cara al texto que se propone en el punto 3, mi grupo entiende que se deja de tener presente que en estos momentos, por coincidencia en el trámite parlamentario, hay un aspecto concreto, un instrumento directo que podría permitir que la Unión Europea tuviera una capacidad de influencia en la zona que desgraciadamente no ha tenido ahora. Es decir, la voluntad de mi grupo no es eliminar la posibilidad de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, pero nos parece que, en este momento concreto, hacer caso omiso a las circunstancias que se están produciendo en la zona iría directamente en contra de la posibilidad de que la Unión Europea tuviera un peso real, más allá de la voluntad o de las declaraciones de principios de sus gobiernos. Recuerdo a las señorías que han intervenido, y a sus grupos parlamentarios, que lo que se propone en caso contrario --es decir, en caso de que las acciones precisas, no directamente relacionadas con este tema, no dieran fruto-- es el estudio de la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Por tanto, no se plantea taxativamente la suspensión sino el estudio.
Creo que el asunto está suficientemente matizado. Por lo tanto, si el Grupo Parlamentario Popular aceptara la votación separada de los dos primeros puntos, yo aceptaría el punto 2 tal y como lo redactan, pero reservaría para mi grupo parlamentario --y, en su caso, para otros que pudieran apoyarlo-- la posibilidad de que se mantuviera el punto 3 de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Como es costumbre en esta Comisión vamos a intentar salvar lo salvable, dentro de lo que es también el respeto al Reglamento, que me parece absolutamente indispensable porque, al fin y al cabo, es la garantía de los derechos de todos los grupos y de todos los Diputados.


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Entiendo que los puntos 1 y 2 tienen una clara posibilidad de ser aprobados: el punto 1, tal como figura en la proposición no de ley; el punto 2, en la versión de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, y quedan las posibilidades de aproximación sobre el punto 3. Yo no tengo ningún inconveniente en que procedamos a las votaciones por separado, en el entendimiento, señora Maestro, de que si usted, como veo, no acepta la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y no surge ninguna enmienda transaccional que reciba el consenso de todos los grupos, someteré a votación su propuesta originaria, como entiendo que establece el Reglamento.
En este momento, me dirijo al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista por si, estrujándose las meninges, pudiéramos encontrar algún tipo de aproximación transaccional que pudiera resolver el tema. Pero vamos a hacerlo rápidamente, porque tampoco querría que nos empantanáramos en este tema. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)

La señor MAESTRO MARTIN: No sé si podría satisfacer al Grupo Parlamentario Popular y a la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista añadir, después de instar al Gobierno, etcétera, la expresión «a otras acciones e iniciativas, en su caso, relacionadas con el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel». Es decir, que de alguna manera apareciera lo que está sucediendo en la realidad, y es un proceso de ratificación por parte de los parlamentos nacionales del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel; que apareciera la mención expresa, entre las iniciativas posibles, de las relacionadas con el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel manteniendo, se entiende, el resto del texto que propone el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, quizá me anticipo a prejuzgar cuál va a ser la opinión del Grupo Popular, pero entiendo que la enmienda de la señora Maestro no se acerca a lo que pretende el Grupo Popular, por eso plantearíamos de manera más concreta nuestra propuesta, que entendemos que no prejuzga cuál puede ser la decisión sobre si se utiliza o no el acuerdo y sería la siguiente. En el punto 3, otras acciones e iniciativas, tanto a nivel nacional como desde el seno de la Unión Europea, se podría decir entre guiones o entre paréntesis: que actualmente tramita el acuerdo de asociación Unión Europea e Israel, y se cierran los paréntesis o los guiones. Se constata así un hecho y cada uno puede sacar las conclusiones que desee; evidentemente el Gobierno sacará las suyas y la oposición las suyas, pero no prejuzga en absoluto la eventual conducta con relación a este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Este grupo ha dado numerosas muestras de su flexibilidad negociadora a lo largo de estos meses, si bien en este tema, repito, nuestra propuesta no excluye ninguna iniciativa, pero evita mencionar lo que consideramos no debe ser mencionado, y por tanto cualquier mención sobre lo que no debe ser mencionado contará con el voto contrario de mi grupo. Por ello, me atengo al texto de mi enmienda, que me parece que, sin excluir ninguna opción, tampoco prejuzga el futuro desarrollo y las futuras opciones o iniciativas que pueda tomar España, bien individualmente o bien en el seno de la UniónEuropea.


El señor PRESIDENTE: Está claro. El punto 1 queda tal como figuraba en la proposición originaria de la señora Maestro; el punto 2 queda tal como figuraba en la redacción de la enmienda del Partido Popular, es decir: Urge a Israel a dar pruebas fehacientes de su declarado compromiso con el proceso de paz mediante acciones concretas en el marco del pleno cumplimiento de los acuerdos alcanzados ya con la OLP.
Entiendo que ese párrafo y su redacción reciben el acuerdo unánime de todos los grupos.
Pasamos a votar el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 15; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Naturalmente quedan aprobados los puntos 1 y 2 tal como la Presidencia explicó previamente.


El señor RECODER I MIRALLES: ¿No habría que votar los puntos 1 y 2 para que pudieran quedar aprobados?

El señor PRESIDENTE: Para mayor claridad vamos a votarlos.
Señoras y señores Diputados, vamos a proceder a la votación de los puntos 1 y 2; el punto número 1, repito, tal como figura en la proposición originaria y el punto número 2 tal como figura en la enmienda propuesta por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


--RELATIVA A LA SITUACION DE LA MUJER EN AFGANISTAN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000224.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 6 del orden del día, proposición no de ley relativa a la situación de la mujer en Afganistán, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra para su exposición la señora Sainz.


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La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, todas SS. SS. conocen la grave crisis de Afganistán y saben también las tristes consecuencias, muertes y violaciones de los derechos humanos, en tales extremos que se ha producido, como no podía ser menos, una conmoción de la opinión pública, pero no sólo de la española, que ha sido importante, sino también del mundo entero.
Conocen perfectamente cómo la invasión soviética desató enfrentamientos, odios que todavía hoy lamentablemente impiden vislumbrar el momento en el que al fin el pueblo afgano pueda emprender el camino deseado de la reconstrucción y de la paz. Ha sido convertido en terreno de actuación de las potencias de la zona y han prevalecido hasta la fecha los movimientos y grupos más radicales e intolerantes, y últimamente, como también conocen perfectamente SS. SS. --y ello ha desencadenado de alguna manero lo que aquí ahora estamos poniendo sobre la mesa y denunciando con toda energía--, la toma de Kabul por los ultraintegristas talibanes, grupo radical e intolerante, ha provocado todo tipo de sufrimientos: muertes sufrimientos y dolor entre toda la población civil, hombres y mujeres.
Pero de una manera particular me van a permitir que señale, porque desgraciadamente así es la realidad, que el sistema legal y de penas impuesto por este grupo ultraintegrista lleva consigo el mayor ataque a la dignidad de las niñas, de las mujeres, condenadas a estar, como saben SS. SS., encerradas, a no ir a la escuela, a no poder trabajar, a no poder recibir asistencia médica por médicos hombres, lo que, unido a otro tipo de vejaciones supone, en definitiva, el mayor de los atentados a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Señorías, toda la población, pero de una manera muy particular, como conocen, la población femenina, está sufriendo atentados contra los derechos y libertades que todo ser humano tiene derecho a disfrutar. En este sentido yo quisiera además recordar que la IV Conferencia Internacional de la Mujer, en las resoluciones números 8 y 9 de su plataforma de acción, reafirmaba precisamente entre sus compromisos la igualdad de derechos y la dignidad humana inherente de mujeres y hombres, así como los demás propósitos y principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con otros instrumentos también internacionales de derechos humanos, en particular la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la convención sobre los derechos de los niños y de las niñas, así como la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y la declaración sobre el derecho al desarrollo. Y precisamente era el punto 9 el que insistía en asegurar la plena implementación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable --y en eso hemos hecho hincapié todos los países que hemos firmado--, integral e indivisible de todos sus derechos humanos y de libertades fundamentales.
Pues bien, las circunstancias nos hablan de una realidad muy distinta, y nuestro grupo, ante esos graves hechos descritos, presentó el día 18 de octubre una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno para que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, plantease ante las instancias competentes de la Unión Europea la grave situación que atravesaba la población femenina en Afganistán de una manera especial, con vistas a que se analizase y a la eventual toma de acciones.
Ahora bien, por un lado, esta propuesta ha sido superada desde entonces por los acontecimientos, puesto que nuestro grupo tuvo conocimiento de que el día 28 de octubre la presidencia de la Unión Europea hizo ya pública una declaración adoptada por el Comité político en la que, entre otros extremos, se expresó la preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos en Afganistán, y, de una manera particular, las discriminaciones contra las mujeres y las niñas, como nuestro grupo denunciaba. España fue, de ello nos congratulamos, uno de los promotores de esta declaración.
Por otro lado, el transcurrir de los acontecimientos nos ha hecho ampliar el contenido de la propuesta. Por ello, nuestro texto alternativo al que en su momento, el día 18, habíamos presentado, y que todas SS. SS.
conocen porque se les ha hecho llegar, pasaría a quedar redactado de la siguiente manera, de forma más general, dada la gravedad y, repito, la magnitud de los hechos que se siguen produciendo: Condenar las graves violaciones de derechos humanos, y que son contrarias a todas las convenciones sobre derechos humanos firmadas por Afganistán; rechazar la discriminación contra las mujeres puesta en práctica por las actuales autoridades de Kabul; reiterar el compromiso de España en el seno de la Unión Europea con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de Afganistán; y apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política al conflicto.
Este sería el contenido de nuestra propuesta y enmienda de modificación a la proposición no de ley presentada y, si le parece a la Presidencia, teniendo noticias de una enmienda presentada a esta propuesta por el Grupo Socialista, podría pronunciarme a favor de su inclusión o no, como usted considere oportuno y así, en su caso, lo haría.


El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, lo primero que esta Presidencia querría ver es el texto que acaba de leer, porque no consta entre los papeles con los cuales esta Presidencia ha sido informada.
En segundo lugar, vamos a proceder, como normalmente hacemos, dando la oportunidad a que el grupo proponente de la enmienda explique el contenido de la misma para ver exactamente cuáles son las posibles soluciones al respecto.
Señora Sainz, esta enmienda de modificación ¿cuándo ha sido presentada?

La señora SAINZ GARCIA: De acuerdo con las noticias que me ha dado el portavoz del grupo, en tiempo y forma.


El señor PRESIDENTE: Ahora solventaremos ese problema, porque aquí no me consta que haya sido presentada.
Señor Robles.


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El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, está entre los papeles distribuidos por el señor letrado.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
El señor Boix tiene la palabra para defenderla.


El señor BOIX PASTOR: Quiero manifestar, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario también ha presentado a la Mesa del Congreso una proposición no de ley sobre la protección de los derechos humanos en Afganistán, al igual que lo ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, coincidente en manifestar la preocupación de ambos grupos respecto a la vulneración de los derechos humanos en Afganistán.
Simplemente quiero matizar que, a la grave situación bélica que sufre Afganistán durante los últimos meses, hay que añadir otro tipo de vejaciones que suponen una gravísima vulneración de los derechos humanos.
Las nuevas autoridades afganas han procedido a una aplicación de la ley islámica en su más pura ortodoxia, lo que les lleva a mantener a las mujeres fuera de sus puestos de trabajo y a las jóvenes afganas las impiden su asistencia a los colegios y universidades, lo que llevan a cabo bajo la amenaza y coacción, incidiendo en conductas discriminatorias y en un atentado frontal a lo que pueda ser cualquier configuración de los derechos humanos.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de octubre, como manifestaba la Diputada del Partido Popular, una resolución en la que condenaba firmemente la discriminación sistemática de las mujeres afganas, las numerosas violaciones de los derechos humanos y el adoctrinamiento forzoso de la población afgana que han tenido lugar tras la toma de Kabul por los talibanes.
Una vez que hemos visto la enmienda de modificación presentada por el propio grupo proponente, que consideramos que mejora técnicamente el texto inicial, nosotros, que en un principio habíamos presentado tres enmiendas, retiraríamos las dos primeras, que serían una de adición y otra de sustitución, incluyendo una enmienda adicional al texto, que paso a leer, si la Presidencia lo considera necesario. Consiste en instar al Gobierno a llevar a cabo las gestiones pertinentes en los organismos internacionales tendentes a que, por las actuales autoridades afganas, se garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos sin distinción de condición, sexo u opinión, conforme a los convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos.
Consideramos que esta enmienda viene a enriquecer el texto presentado y, en aras del consenso, la mantenemos.


El señor PRESIDENTE: ¿Me podría facilitar el texto por escrito, por favor, para mayor claridad? ¿Otros grupos parlamentarios que desearían intervenir? (Pausa.) El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBO: Debo reconocer que con tanta enmienda, contraenmienda, enmienda del propio grupo proponente y enmienda que, de hecho, corregía la proposición de ley que ya no es tal, hay una cierta complejidad sobre a qué estamos dando nuestro acuerdo, porque todos los textos nos parecen globalmente buenos, con pequeños comentarios de matiz.
Si no entiendo mal, finalmente lo que se va a someter a votación, sobre lo cual nos tendríamos que pronunciar, es la enmienda de modificación presentada por el Grupo Popular, con un párrafo, en caso de que así lo acepte el Grupo Popular, presentado en forma de enmienda por el Grupo Socialista.
¿Es así, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Ese sería más o menos el itinerario, pero antes tendría que preguntar al Grupo Popular si acepta las enmiendas. Ya sabe usted el procedimiento; de manera que vamos a ver si lo cumplimos con cierta claridad.


El señor GUARDANS I CAMBO: Nosotros, yendo antes que a la forma al fondo del asunto, estamos absolutamente de acuerdo con que esta Comisión se pronuncie sobre la dramática situación que se está produciendo en Afganistán, discriminación brutal que tiene un elemento nuevo con respecto a otras discriminaciones de la zona, que es el contraste con la situación anterior.
Creemos que algunas de las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas --con esta expresión que se está utilizando aquí-- en ocasiones no es muy distinta de la que se da en otros Estados de gobiernos fundamentalistas islámicos. Lo que sí es distinta es la violencia con la que se está haciendo y sobre todo que eso se superpone a una situación en la que había habido un cierto proceso, si no de occidentalización, sí cuando menos de una apertura importante respecto de otros regímenes islamistas, y porque ese contraste no es sólo cultural, no está aceptado como pueda ser en países vecinos, sino que se está imponiendo por la fuerza.
Por tanto, en la medida en que claramente es algo que se impone por la fuerza y contra la voluntad, clarísimamente expresada, de las propias interesadas, apoyamos que el Gobierno español adopte las medidas de presión que estén en su mano, que hay que reconocer que son escasas, para intentar corregir esta situación.
Pasando al texto concreto de la proposición no de ley, apoyaríamos la modificación presentada por el Grupo Popular sin más que --pretendería no contribuir a la confusión-- una pequeñísima enmienda in voce al inicio, donde quede claro qué país estamos condenando, es decir, en qué país se están produciendo las violaciones de derechos humanos, porque parece que se dice de pasada, pero no queda claro en el texto. Es decir, condenar las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Afganistán --o la redacción que se estime más oportuna-- y que son contrarias a todas las convenciones sobre derechos humanos firmadas por ese país; pero que la mención de Afganistán no aparezca sólo por el hecho de que es firmante de tal o cual convenio, sino porque es la sustancia del texto.
Por lo demás, si el itinerario que describía el señor Presidente es éste, nosotros daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley.


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El señor PRESIDENTE: Señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: A nuestro grupo le satisface el que, de alguna forma, todos los grupos estén de acuerdo, en primer lugar, sobre el fondo, como no podía ser menos, donde se denuncia claramente la situación de violación de los derechos humanos en general y de una manera muy especial de las mujeres y de las niñas.
En segundo lugar, que todos estemos de acuerdo sobre la forma. Nuestro grupo acepta la enmienda hecha por el Grupo Socialista, que complementa el contenido de las resoluciones propuestas en nuestro texto alternativo, y no tengo ningún inconveniente, también en aras a la mayor precisión, en aceptar la última propuesta hecha para que no quede ninguna duda, a pesar de que pienso que podía quedar ya perfectamente claro por el contenido de la resolución, pero no hay ningún inconveniente por nuestra parte en aceptarlo también.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que lo que vamos a someter a la votación es un texto que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Condenar las graves violaciones de derechos humanos que tienen lugar actualmente en Afganistán, y que son contrarios a todas las convenciones sobre derechos humanos firmados por ese país. 2. Rechazar la discriminación contra las mujeres puesta en práctica por las actuales autoridades de Kabul. 3. Llevar a cabo las gestiones pertinentes en los organismos internacionales tendentes a que, por las actuales autoridades afganas, se garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos sin distinción de condición, sexo u opinión, conforme a los convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos. 4. Reiterar el compromiso de España en el seno de la Unión Europea con la soberanía, independencia o integridad territorial y la unidad nacional de Afganistán. 5. Apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una solución política al conflicto.
Este es el texto que recoge, por una parte, la última versión de la propuesta del Grupo Popular y, al mismo tiempo también, la enmienda al mismo, tal como ha sido facilitada a la Presidencia por el señor Boix.
Esto es lo que sometemos a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


DICTAMENES SOBRE:

--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 26 DE JUNIO DE 1996. (Número de expediente 110/000034.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes y votación de los acuerdos y tratados internacionales, de los cuales tenemos unos cuantos.
Punto numero 7 del orden del día, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: Nos alegra este acuerdo entre España y Ecuador que tiene por objeto fomentar la cooperación económica y favorecer los intercambios comerciales, creando unas condiciones favorables para las inversiones de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante. Este acuerdo es similar a otros acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones firmado por España con otros países, siguiéndose en todos ellos el modelo elaborado por la OCDE.
Las negociaciones para la conclusión de este Acuerdo de promoción y protección de inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador tuvieron su culminación con la rúbrica del texto en Madrid el día 24 de enero del año 1994. Posteriormente, la Dirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Comercio y Turismo español propuso una modificación, recogiendo una sugerencia que había sido formulada por el Consejo General de la Inmigración; modificación que fue aceptada por parte de Ecuador mediante nota verbal de fecha 30 de marzo del año 1995. Este convenio permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se renovará tácitamente por períodos consecutivos de cinco años, a menos que sea denunciado. El Grupo Popular dará su voto afirmativo al mismo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Múgica tiene la palabra.


El señor MUGICA HERZOG: Simplemente, señor Presidente, señorías, quiero mostrar el acuerdo de mi grupo parlamentario con el Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España para la protección recíproca de las inversiones.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE TUNEZ, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 17 DE JULIO DE 1995.
(Número de expediente 110/000035.)

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El señor PRESIDENTE: Punto número 8 del orden del día: Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Túnez.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Solé Tura, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor SOLE TURA: El Grupo Socialista votará favorablemente este Acuerdo Euromediterráneo --y subrayo la palabra euromediterráneo-- de asociación entre las Comunidades Europeas y la República de Túnez.
Consideramos que es un texto que se inscribe en la línea general de desarrollo de las relaciones de las Comunidades Europeas con el norte de Africa, y especialmente en la línea de la política euromediterránea y, por consiguiente, aunque su esencia principal es el desarrollo de contactos económicos, de buenas relaciones económicas, de libre circulación de mercancías, etcétera, el texto del acuerdo va mucho más allá, porque en realidad se insiste una y otra vez en que se trata de fijar un marco apropiado para el diálogo político, para favorecer el desarrollo y la prosperidad del pueblo de Túnez, para estimular la integración magrebí --que esto es muy importante-- y para fomentar la cooperación, no sólo en el terreno estrictamente económico, sino también en el social y en el cultural. En ese sentido, el título I es de una importancia considerable, puesto que instaura lo que se denomina en el propio texto como diálogo político regular entre las partes, y se insiste una y otra vez en que esto permitirá consolidar la seguridad y la estabilidad en la región mediterránea y en el Magreb en particular, facilitará el acercamiento entre las partes y las permitirá tener en cuenta la posición de los intereses de cada una de ellas. En definitiva, estamos ante un mecanismo que, poniendo el acento principal, efectivamente, en los intercambios económicos, va mucho más allá, como decía al principio, y sienta las bases para una cooperación en una zona tan fundamental para la estabilidad del conjunto de Europa, y muy especialmente también para la nuestra, como es la zona mediterránea. Por consiguiente, votaremos favorablemente esta propuesta de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, muy brevemente querría destacar la importancia que damos a la ratificación de este acuerdo euromediterráneo, porque creemos que tiene una grandísima importancia política básicamente, en la medida en que se consolida (como acaba de decir el portavoz socialista) el interés que tiene Europa por esta área mediterránea, y se consolida el hecho de que Túnez es punta de lanza del desarrollo de esa zona y que efectivamente es, de entre los distintos países de esa zona, el que tiene los principios democráticos más consolidados, y sobre eso es sobre lo que se basa este convenio, que ya en el artículo 2 establece claramente que las reglas de juego democráticas, el respeto a los derechos humanos es su fundamento. Por tanto, el subrayar el carácter mediterráneo de la política exterior comunitaria, si es que ese concepto lo podemos utilizar, nos parece de máximo interés, como nos parece también --y no queríamos pasarlo por alto-- el hecho de que aquí se establezca una cooperación económica que puede tener una gran trascendencia a medio y largo plazo aun en el caso de que a veces --y así será muy probablemente-- pueda entrar en oposición con intereses particulares españoles. Es decir, el hecho que a nosotros nos parece muy positivo --y queríamos subrayarlo-- es cómo el interés común de buscar el mejor desarrollo de la zona del norte de Africa y, en general, de la cuenca mediterránea, prevalece sobre el hecho --que efectivamente puede ocurrir-- de que determinadas ventajas económicas, o simplemente el mejorar la libertad de comercio sobre determinados productos con respecto a Túnez, pueda a veces en algún caso perjudicar algún interés particular español.
Por último, señor Presidente, yo no sé esto cómo debería hacerlo reglamentariamente, pero querría llamar la atención de la Mesa, y en su caso del letrado, sobre un error formal que tiene el acuerdo tal como está publicado y que creo que de alguna manera sería bueno que fuera solventado antes de que siguiera su curso, porque no deja de ser un texto importante. Tal como aparece publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes», a continuación de lo que es el texto propiamente del acuerdo, aparece publicada, sin más, prácticamente sin explicación, una corrección de errores que da nueva redacción a artículos que aparecen con anterioridad. Incluso, para acabar de aumentar la confusión, no se mencionan los artículos a los cuales se está dando nueva redacción.
Pondré un ejemplo. A partir de la página 17 de la publicación, donde aparece, corrigendum, acuerdo euromediterráneo por el que se crea...
dice: Las páginas, tal y tal se sustituyen por las que figuran a continuación. Las páginas tal y tal no son las páginas de este boletín, son las páginas, en su caso, del diario de las Comunidades Europeas donde eso debiera aparecer publicado. A continuación, sólo después de una labor de cotejo, uno acaba sabiendo cuál es el texto que aparece con redacción distinta.
Por tanto, creo que todo esto debería ser revisado; no toca para nada el propio contenido del acuerdo, pero dejar esto tal cual está claramente induce a confusión en aspectos importantes. No sé exactamente cuál es el procedimiento para revisar formalmente este documento, pero creo que debería hacerse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans; el procedimiento comienza precisamente por lo que usted acaba de hacer, que es llamar la atención sobre los errores que se hayan podido cometer en la publicación por parte de esta casa del texto originario. Tiene usted toda la razón en señalar que al fin y al cabo estamos procediendo a la realización de una tarea legislativa que naturalmente se aplica a textos concretos, y sería grave que esos textos concretos no fueran fehacientes. De manera que la Presidencia hará saber a los servicios correspondientes de la Cámara los errores que usted acaba de detectar y pedirá formalmente que se proceda a la publicación de una versión revisada y en

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orden de todo el texto. Le agradezco su colaboración en este sentido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.


El señor GIL MELGAREJO: Vamos a dictaminar sobre el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la república de Túnez por otra.
Quiero llamar su atención sobre lo que considero una importante singularidad del mismo. Como saben, en noviembre de 1995 se celebró en Barcelona la Conferencia Euromediterránea. Allí ya se estableció la necesidad, por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de reforzar las políticas comunes con el Magreb, con el norte de Africa y, en una palabra, con la cuenca mediterránea en general, orientadas a fortalecer la estabilidad de esa importante área geográfica, y de la que, sin duda, los primeros Estados beneficiarios serán los ribereños, encontrándose España a la cabeza por su característica de Estado fronterizo más próximo al Magreb. La singularidad radica en que la aprobación de este acuerdo significa, en caso de que así lo estimen SS.
SS., repito, el primero de una serie de pasos que deben marcar, en el siglo XXI, intereses comunes de la región mencionada, la cuenca mediterránea y la Unión Europea.
Por tanto, comunico que el grupo al que represento, el Grupo Popular, votará a favor del dictamen.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Acuerdo Euromediterráneo entre las Comunidades Europeas, sus Estados miembros y la República de Túnez.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA RELATIVO A LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente 110/000036.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 9, Acuerdo entre España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación irregular.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Dicho Acuerdo fue negociado en diciembre de 1995 en Madrid, entre las delegaciones de España y Rumanía. Es de destacar el esfuerzo que en los últimos meses ha realizado Rumanía para poner fin a la emigración ilegal a los países de la Unión Europea. Hay países dentro de la Unión Europea que han firmado ya acuerdos similares a éste, adoptándose también unas medidas internas en materia de nacionalidad y de expedición de pasaportes con el objetivo de controlar los posibles flujos migratorios dirigidos especialmente a Europa occidental.
Este acuerdo se acompañó de un canje de notas en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos que examinaremos en el próximo punto del orden del día de esta Comisión. Este acuerdo consta de 13 artículos, debiendo destacar los dos primeros, que prevén las condiciones en las que la parte contratante requerida se compromete a readmitir en su territorio a todas aquellas personas de las que se pruebe o se presuma razonablemente su nacionalidad. En los artículos 6 al 9 se regulan las condiciones del tránsito de nacionales de terceros Estados que sean objeto de medidas de extrañamiento.
Por todo ello, y porque consideramos la necesidad de que este acuerdo esté vigente, el Grupo Popular va a votarlo favorablemente.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más grupos que deseen hacer uso de la palabra, procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA EN MATERIA DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente 110/000037.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 10 del orden del día, Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Este Canje de notas, que va íntimamente unido al punto anterior que hemos tratado, consta de siete puntos dispositivos y prevé que los nacionales de ambos países, titulares de pasaporte diplomático en vigor, puedan entrar y permanecer sin visado en uno y otro país por una estancia de hasta 90 días. Grecia e Italia han firmado ya acuerdos de este tipo con Rumanía en la línea en la que el Gobierno rumano ha venido actuando en los últimos meses para acabar con esa emigración ilegal y regularizar los problemas con los Estados miembros de Schengen.
La entrada en vigor se producirá 30 días después de la fecha de la última notificación por vía diplomática del cumplimiento de los respectivos requisitos legales internos.
El Grupo Popular, al que represento, va a votar favorablemente este Canje de notas.


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El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TERCER TRATADO SUPLEMENTARIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 1996.
(Número de expediente 110/00038.)

El señor PRESIDENTE: Punto 11 del orden del día, Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Múgica.


El señor MUGICA HERZOG: Señorías, el Tratado de Extradición, complementario de otros anteriores, entre el Reino de España y los Estados Unidos de América consta de un breve párrafo preambular y cinco artículos que actúan en el sentido fundamental de que la parte requerida por la parte requirente, sea cual sea, los Estados Unidos o el Reino de España, entregará a la persona reclamada, de acuerdo con el propio procedimiento, sin exigir la presentación de los documentos previstos en el artículo 10 de este Tratado, si la persona reclamada consiente libremente ante una autoridad judicial en su entrega a la parte requirente. El consentimiento de la persona reclamada puede incluso ir de acuerdo con la renuncia del principio de especialidad, tal y como se recoge en el artículo 23 de este Tratado.
Este es el tercer tratado suplementario de un convenio de extradición con Estados Unidos que es importante, dada la fuerza de los Estados Unidos, el sentido que tiene nuestra buena alianza con ellos y la cooperación en todos los extremos, entre los cuales se encuentra la cooperación judicial, policial y penal.
Por eso, el Grupo Socialista va a votar afirmativamente este Tratado suplementario, complementario de los anteriores de extradición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Castillo.


El señor CASTILLO JAEN: Solamente para complementar y puntualizar la intervención del representante del Partido Socialista.
Anuncio de antemano el voto afirmativo de nuestro grupo, y quiero recordar a SS. SS. que en los últimos tiempos se han venido produciendo, como todos conocen, numerosos casos de denegación de solicitud de extradiciones entre España y Estados Unidos, siempre en aplicación de las disposiciones vigentes en el tratado bilateral en materia de prescripción.
Por esta razón, ambos países decidieron, de común acuerdo, concluir un tercer tratado suplementario con una nueva redacción, que permitiera mayor agilidad en la aplicación de la referida prescripción. Este tratado, que se negoció en Madrid en septiembre de 1995, fue rubricado en Washington durante la visita del Ministro de Justicia e Interior el 31 de octubre del mismo año. El Consejo de Ministros autorizó la firma y lo remitió, después del dictamen del Consejo de Estado, a las Cortes.
Para mejorar las relaciones, siempre buenas, entre España y Estados Unidos, nuestro grupo pide el voto afirmativo a este tratado.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO AGUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA FREGENEDA (ESPAÑA) Y BARÇA D'ALVA (PORTUGAL), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000039.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 12 del orden del día: Convenio entre España y Portugal para la construcción de un puente internacional sobre el río Agueda entre las localidades de La Fregeneda, en España, y Barça d'Alva, en Portugal. Firmado «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de 1996.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor de Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Nuestro grupo dará su voto favorable a este convenio de construcción de un puente internacional sobre el río Agueda entre La Fregeneda, en España, y Barça d'Alva, en Portugal.
Es un proyecto de gran importancia, porque conectará el nordeste de Portugal, la zona áspera y difícil de esos dos montes, con el norte de Salamanca y con el sur de Zamora, que no tienen ahora mismo conexiones alternativas importantes. El proyecto de dicho puente y accesos fue acordado en 1993 entre el Ministerio de Obras Públicas, hoy de Fomento, y su homólogo portugués. A continuación, se firmó un convenio «ad referendum» el 18 de enero de 1996. España redacta el proyecto, la adjudicación, construcción y ejecución de las obras de acuerdo con Portugal y los gastos serán a partes iguales, lo mismo que la ayudas conseguidas para la realización de dicho proyecto. Cada Estado, lógicamente, será propietario de la parte del puente y de los accesos situados en

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los respectivos territorios y la línea fronteriza será trazada, como de costumbre, por la Comisión Internacional de Límites.
Cabe subrayar que dicho proyecto es análogo al que esta Comisión aprobó recientemente en referencia al puente internacional sobre el río Caia, entre España y Portugal, concretamente entre Badajoz y Elvas, al cual también se refiere el preceptivo informe del Consejo de Estado.
Esto es todo y por ello votaremos afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ BARNUEVO: Hablo en nombre del Diputado don Jesús Caldera, quien me pide que lea un pequeño texto como Diputado por Salamanca. Dice lo siguiente: Señor Presidente, muestro nuestra satisfacción, espero que compartida por todos los grupos de la Cámara, ante la solicitud de autorización para la aprobación del presente convenio al que vamos a conceder nuestro apoyo.
Muchos de nosotros llevamos años trabajando para su consecución. Me gustaría mencionar de forma especial a quien fuera compañero y Diputado, don Ciriaco de Vicente Martín, quien a comienzos de los años 80 comenzó la labor de sensibilización de ambos gobiernos sobre la necesidad de construir este puente internacional que ahora ve sus frutos. Han sido igualmente objeto de debate, acuerdo y esperanza en los encuentros del Grupo parlamentario de amistad España-Portugal.
Dicho esto, fue en 1993, por fin, cuando ambos países acordaron la construcción de un puente internacional destinado al tráfico por carretera que uniera la zona norte de Salamanca y sur de Zamora con el nordeste de Portugal. No hay duda de la importancia política, social y económica de esta iniciativa. Supone favorecer, aún más, la unión de dos pueblos hermanos, acrecentará el excelente nivel de relaciones y los fortísimos lazos económicos entre España y Portugal, consolidando a nuestro país como el primer inversor y socio de Portugal, así como su primer suministrador de mercancías, bienes y servicios.
Salamanca y Zamora con sus gentes quieren ser copartícipes de estos lazos que deben estrecharse aún más. Sólo me queda una duda: su financiación.
Acordado está financiar esta obra a partes iguales, aproximadamente 400 millones de pesetas, pero en el proyecto de ley de presupuestos para 1997, a debate en la Cámara, no figura previsión alguna para esta obra.
Espero que el Gobierno pueda resolver ese déficit del año 1997.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Convenio entre España y Portugal para la construcción de un puente internacional sobre el río Agueda.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO NUMERO 7 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ESTRASBURGO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1984, ASI COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. (Número de expediente: 110/000040.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la ratificación.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Como es sabido, los protocolos al Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo de Europa, llamado Convenio de Roma, constituyen el mecanismo para el desarrollo de este Convenio, adaptándolo a las nuevas exigencias y situaciones que se producen con el paso de los años. Hace algún tiempo tuve el honor de expresar la opinión del Grupo Socialista en esta misma Comisión en relación con el protocolo número 11, que es un protocolo importante, puesto que adapta la situación y el funcionamiento del Tribunal de Derechos Humanos a las nuevas exigencias.
El protocolo número 7 que hoy estamos discutiendo tiene ya una historia, puesto que se firmó el 22 de noviembre de 1984. Fue firmado «ad referendum» por la mayoría (no todos) de los miembros del Consejo de Europa en aquel momento; entre ellos desde luego estaba España. Por consiguiente, lo que ahora se nos propone es su ratificación, es decir, la definitiva prestación del consentimiento del Estado.
Este protocolo número 7 desarrolla, como antes decía, el Convenio de Roma en algunos aspectos fundamentales y amplía su contenido con el reconocimiento también de algunos derechos importantes; entre ellos cabe destacar los siguientes: en primer lugar, el derecho del extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado miembro a recurrir contra su eventual expulsión por decisión de las autoridades nacionales. En segundo lugar, el derecho a recurrir contra una sentencia penal condenatoria. En tercer lugar, el derecho a una indemnización en favor de los afectados por una sentencia penal que resulte posteriormente anulada o que sean beneficiarios de una medida de gracia por haberse producido un error judicial. El cuarto aspecto a señalar es la reafirmación del principio de «non bis in idem», es decir, que nadie podrá ser inculpado o sancionado penalmente por una infracción de la que ya hubiese sido absuelto o condenado en virtud de sentencia conforme a ley. Y el quinto aspecto que quiero subrayar es la afirmación clara y rotunda de la igualdad de derechos y responsabilidades civiles de los cónyuges entre sí y en las relaciones

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con sus hijos durante el matrimonio y en caso de disolución. De hecho --insisto-- esto se firmó «ad referendum» en noviembre de 1984 y casi todos estos derechos están prácticamente incorporados a nuestro sistema penal y civil, tanto en el aspecto sustantivo como en el procedimental.
Sin embargo, el Consejo de Ministros, al solicitar esa autorización del Congreso para su ratificación definitiva, considera necesario formular una reserva y dos declaraciones, y a ello me voy a referir.
La reserva se refiere al artículo 3 del protocolo sobre indemnización, que antes he citado, en caso de anulación de sentencias penales firmes por error judicial o por medida de gracia. Ahí está la clave del asunto.
El Gobierno insiste en que el artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el procedimiento al respecto y, de acuerdo con el artículo 62, letra i), de la Constitución Española, que otorga la prerrogativa de gracia del Rey, señala que el derecho de gracia queda expresamente excluido del campo de aplicación del citado artículo 3 del protocolo, es decir, que no se puede solicitar indemnización en caso de ejercicio del derecho de gracia.
En cuanto a las declaraciones, cabe decir que las dos intentan precisar conceptos genéricos; por ejemplo, la referencia al más alto órgano jurisdiccional que se concreta en la declaración primera en la cita al Tribunal Supremo, o conceptos como los de infracción, procedimiento o decisión, que en este caso se especifica que serán siempre calificados como tales por la legislación penal española.
Tanto la reserva como las dos declaraciones son absolutamente pertinentes y, por consiguiente, el Grupo Parlamentario Socialista va a aprobar la rectificación del protocolo y también las propuestas de reserva y declaraciones por considerarlas absolutamente ajustadas al espíritu del acuerdo y, en este sentido, como decía, votaremos afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LETONIA, ESTONIA Y POLONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000041.)

El señor PRESIDENTE: Punto 14 del orden del día: Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
¿Grupo que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Milián, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, éste es un acuerdo que se toma en virtud, como ha dicho usted en el enunciado, del convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial, que se firmó en La Haya en el año 1970. España lo hizo el 21 de octubre de 1996. Este convenio lo firmó para la obtención de pruebas en el extranjero en materia comercial y civil y se conoce como Convenio número 20. Se depositó el instrumento de ratificación del Convenio el 22 de mayo de 1987 y entró en vigor el mes de junio siguiente.
Este convenio tiene por finalidad facilitar, entre otras cosas, la práctica de pruebas en el extranjero en materias específicas, civil o comercial, mediante la ordenación de las llamadas comisiones rogatorias y la ejecución de otras actuaciones judiciales que amplían las facultades de los representantes diplomáticos y consulares. En el artículo 39 se establece que todo Estado no representado en el undécimo período de sesiones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que fuere miembro de la conferencia o de las Naciones Unidas, o de un organismo especializado de las mismas, o que fuera a su vez parte en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podrá adherirse al convenio después de la entrada en vigor general. Es el caso de Letonia, que se adhirió al Convenio número 20 de La Haya, del 28 de marzo de 1995; el caso de Estonia, que lo hizo el 2 de febrero de 1996, y el de Polonia, que lo hace, a su vez, el 13 de febrero de 1996. En el párrafo 4 de este artículo 39 se estipula que la adhesión de un Estado no surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherido y los Estados contratantes que hubiesen declarado aceptar dicha adhesión, la cual entrará en vigor a los sesenta días del depósito de la declaración de aceptación.
Este es un Convenio, como he dicho, que surte efectos importantes para los tratamientos de temas judiciales, que tiene algunas características muy peculiares, pero sobre todo que facilita en gran manera lo que pueden ser las relaciones específicas en el seguimiento por las leyes de aquellos incursos en causas civiles o comerciales que frecuentemente han buscado el acomodo en otros países para aligerarse de sus responsabilidades frente a la ley de los suyos propios. Consecuentemente creemos que es un instrumento de gran utilidad y, en este sentido, nuestro grupo va a apoyarlo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, nos parece que éste es un convenio importante. A veces en esta Comisión, por el volumen de trabajo en la aprobación de informes sobre convenios, podemos llegar a equiparar

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más o menos los convenios como si tuvieran todos la misma relevancia y a poner en el mismo saco --si se me permite la expresión-- convenios que no pasan de ser, a pesar de la importancia que tengan, declaraciones políticas de mayor o menor entidad, de convenios como éste cuyo informe en este momento se aprobará, imagino, que tiene repercusiones prácticas para los ciudadanos, evidentemente para aquella parte de los ciudadanos a quienes esto afecta. Este es uno de ellos. Este es un convenio que tiene consecuencias prácticas, que las tendrá inmediatas desde el momento en que entre en vigor para España en la medida en que, efectivamente, como ha dicho el portavoz Popular, simplifica de forma muy importante la obtención de pruebas en el extranjero, y eso tiene consecuencias importantes para la vida comercial.
En este sentido, el hecho de que estemos, aunque sea brevemente, discutiendo este convenio aquí es buena señal porque significa que las inversiones crecen. Sólo cuando hay inversiones de un país en otro hay litigios (si no hay inversiones no hay litigios) y sólo cuando hay litigios es necesario pasar a canalizar la obtención de pruebas en el extranjero. Si invertimos el razonamiento, el hecho de que estemos aprobando un convenio para facilitar la obtención de pruebas testificales, de documentos, etcétera, en materia civil y mercantil, en países como Letonia, Estonia y Polonia, que hasta hace muy poco parecían muy remotos desde el punto de vista del tráfico comercial, es muy buena señal de que las relaciones comerciales entre España y esos países se incrementan y que, por tanto, vamos a poner en marcha un instrumento muy favorable para esas relaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Boix, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor BOIX PASTOR: Muy brevemente, después de lo ya aportado por las señorías que me han precedido, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista votará faborablemente, dado que entendemos que este convenio facilitará el funcionamiento de la Administración de justicia respecto a los procedimientos civiles y mercantiles en que sea necesario practicar pruebas en el extranjero en relación a ciudadanos españoles o recíprocamente.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995. (Número de expediente 110/000042.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 15 del orden del día: Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Señor Presidente, se trata de un tratado que tiene un claro antecedente en el Convenio-marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales del Consejo Europeo, hecho precisamente en el año 1980. (El señor Vicepresidente, Milián Mestre, ocupa la Presidencia.) Sucedió entonces que en el instrumento de ratificación España incluyó una declaración unilateral en que se subordinaba la efectiva aplicación de dicho convenio a la celebración de acuerdos interestatales y, en defecto de estos últimos, la eficacia de los convenios de colaboración suscritos entre entidades territoriales fronterizas requería la conformidad expresa de los gobiernos de las partes. Precisamente en la cumbre hispano-francesa de Foix se aprobó y se decidió proceder a la negociación y firma. Lo que ocurre es que la interrupción del período legislativo y la celebración de elecciones lo demoró, por lo que, de una forma y otra, implícitamente tenemos que volver a proceder a la aprobación por parte de las Cortes de dicho tratado.
Este tratado es importante porque va a permitir la aplicación de los principios del ya citado convenio-marco europeo en los que el tratado precisamente se inspira y hará posible levantar la declaración unilateral española, primero, respecto a Francia y, posteriormente, si se suscriben tratados similares de la misma naturaleza, respecto a Portugal y Andorra.
Yo sólo quiero señalar que, en cuanto al contenido, dicho tratado constituye el marco jurídico en el que se debe desarrollar la cooperación entre entidades territoriales de los dos países, en este caso, naturalmente, entre Francia y España, que están situadas a uno y otro lado de la frontera. Como no escapa a SS. SS., uno de los temas que implican la construcción europea es precisamente un incremento de la cooperación entre países que estaban separados por fronteras y, de una forma y otra, la incorporación de otros entes territoriales que a veces están directamente implicados por esa proximidad geográfica. Por tanto, el ámbito geográfico establecido en el tratado supera el concepto de estricta vecindad contemplado en el convenio-marco del Consejo de Europa, al incluir por parte española a las comunidades autónomas fronterizas y a todas las provincias y territorios históricos.
Quiero señalar que en este tema hubo, en su momento, una cierta disconformidad respecto a lo que preveía el tratado en relación a la presencia autonómica y a cómo debería procederse en los acuerdos y el reconocimiento de los mismos por parte de determinadas comunidades autónomas del Estado español, especialmente por las comunidades

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autónomas del País Vasco, de Navarra, Aragón y Cataluña. En el Congreso de los Diputados se procedió, en mayo de 1995, a la aprobación de una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que trataba de solucionar dos temas sobre los que había una cierta disconformidad. Uno de ellos era la presencia permanente de representantes de las comunidades autónomas en la Comisión. Debo señalar que el convenio, en principio, preveía que dichas presencias se harían en función del orden del día. Ese asunto quedó subsanado en la proposición no de ley. También había una cierta discrepancia respecto a cómo debía procederse. Por una parte, el Gobierno español exigía en el redactado inicial que para la eficacia de los convenios el artículo 12 establecía la conformidad expresa y previa del Gobierno español. En cambio, en función de la proposición no de ley lo que se acordó en su momento fue que la eficacia de los convenios era efectiva ya si las comunidades autónomas que lo suscribían lo comunicaban al Gobierno del Estado en el plazo pertinente para que éste, si estaba disconforme, pudiera ejercer su oposición. Quiero señalar en ese sentido que la presencia de las comunidades autónomas en la Comisión no tiene mayor problema y, por tanto, es suficiente con comunicarlo a la parte francesa. En cuanto a lo que hacía referencia al artículo 12, no será suficiente con comunicarlo porque lo que habrá que hacer es adecuar, por la vía del intercambio de notas, esta posición que hace que las comunidades autónomas puedan suscribir los acuerdos y luego el Estado, si no está de acuerdo, hacer las objeciones pertinentes. Pienso que vamos a volver a ver ese convenio, no estrictamente el convenio pero sí un intercambio de notas que tendrá que solucionar ese asunto que está en curso de resolución.
Mi grupo parlamentario pide la aprobación y el voto favorable porque hay algunos temas que ya están en marcha, por ejemplo, el túnel de Salao y otros proyectos, y si se retrasa la aprobación del convenio puede representar una demora en la realización de unas obras y de una aproximación desde el punto de vista de facilitar las infraestructuras entre los Estados francés y español y entre las comunidades autónomas transfronterizas o próximas a la otra parte.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Nuestro grupo va a votar favorablemente la aprobación del Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona en el año 1995.
Quiero hacer alguna precisión. Este tratado viene a confirmar legalmente lo que es una antiquísima tradición de cooperación transfronteriza, al margen o independientemente de los reinos, repúblicas o situaciones históricas dadas, porque todos los que hemos vivido o hemos tenido representación en estas áreas sabemos que la cooperación transfronteriza ha sido muy intensa históricamente, pero venía a complicarse o a innovarse en función de la nueva ordenación territorial efectuada en nuestro país a partir de la Constitución de 1978 y de la diferente concepción territorial que tiene la República Francesa.
La portavoz socialista ha hecho un buen relato de los acontecimientos desde el punto de vista de la parte española, pero hay que decir que desde la parte francesa la primera dificultad para efectuar convenios entre una parte y otra es su diversidad y su distinta concepción de la administración territorial. Baste recordar que no existe nada parecido a lo que es la Comunidad Autónoma vasca en el lado francés, donde el ámbito geográfico es mucho más amplio con los llamados Pirineos atlánticos. En consecuencia, tiene unos elementos de complicación y de complejidad no sólo referidos a la parte española. No obstante, a partir del año 1992 la República Francesa adoptó medidas más precisas en relación a esa administración territorial, y eso ha hecho posible un tipo de acuerdo o convenio entre la administración territorial de ambos lados de los Pirineos y ahora se trata de darle la aprobación. En ese sentido hay que decir que este tratado viene a clarificar las posibilidades de una manera bastante precisa a ambos lados de la frontera y lo que hace, como dije anteriormente, es continuar una tradición a través de municipios, de familias, de personas, de empresas, etcétera, pero lo que se tiene en cuenta ahora es la nueva ordenación territorial española y también la nueva disposición francesa en esta dirección.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a proceder a la votación del Tratado, a que se refiere el número 15 del orden del día, entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1954, ASI COMO RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION. (Número de expediente 110/000043.)

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Punto número 16 del orden del día: Convención sobre el estatuto de los apátridas, hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el momento de la adhesión.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: España lleva a cabo, en 1978, la adhesión a la Convención sobre el estatuto de los refugiados y al Protocolo sobre dicho estatuto. Estos instrumentos sólo comprenden a apátridas que son a

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la vez refugiados, por lo que muchos son los que se quedan sin regular.
Para evitar esta laguna la Convención sobre el estatuto de los apátridas fue adoptada en septiembre de 1954. A España no le interesó adherirse a la convención debido a la legislación vigente en aquel momento; hoy, sin embargo, sus disposiciones no suponen un trato más beneficioso para los apátridas que el que dispensa la legislación vigente. Además, España desea cada vez más promocionar y defender los derechos humanos, las libertades y la democracia. Por ello, consideramos que es aconsejable que nuestro país sea parte en el mayor número posible de instrumentos jurídicos internacionales en esta materia.
En esta línea, la Convención sobre el estatuto de los apátridas cubre un campo importante para la protección de las personas que carecen de nacionalidad y, por tanto, de los mecanismos de defensa derivados de este hecho. Consta la Convención de un preámbulo y de 42 artículos en los que se regulan los derechos y obligaciones de los apátridas, que no voy a entrar a analizar, pero sí quiero destacar la realización por España, en el momento de la adhesión, de una reserva referida al hecho de la necesidad de adecuar el régimen fiscal aplicable a los apátridas, de manera que las disposiciones del párrafo primero del artículo 29 de la convención sólo sean aplicables a los apátridas que sean residentes en el territorio de los Estados parte en la misma. La adhesión de España entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se efectúe el depósito del correspondiente instrumento de adhesión en poder del Secretario General de Naciones Unidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Aunque España está adherida, desde 1978, a la Convención sobre el estatuto del refugiado y al Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, parece evidente que estos dos instrumentos no contemplaban la situación de aquellos apátridas que no eran a la vez refugiados. Nuestra vinculación ahora a esta convención corrige esa carencia. La convención procede de la posguerra y cuando uno mira su texto encontramos referencias a los apátridas que lo son como consecuencia de deportaciones producidas durante la guerra mundial; encontramos referencia a los derechos de los apátridas a ser dotados o provistos de cartillas de racionamiento, etcétera. Sin embargo, lo que es importante es que esta convención, desde la perspectiva de los derechos humanos, confiere a los apátridas los mismos derechos que cualquier nacional en el Estado miembro que pasa a ser parte de la convención, como va a ser ahora el caso de España, en cuanto a la libertad de circulación, a la religión, a la no discriminación, a la propiedad tanto material como intelectual, a los derechos de asociación, de acceso a los tribunales, al empleo, a la vivienda, a la asistencia pública, etcétera. Por tanto, nos felicitamos de que España, lo mismo que otros doce países de la Unión Europea, se una a esta Convención sobre el estatuto de los apátridas, hecho en Nueva York en 1954.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, nunca es tarde si la dicha es buena. El hecho de que a estas alturas ratifiquemos este convenio ya es de por sí una señal positiva porque, efectivamente, se echaba de menos que España fuera parte de un instrumento de la importancia que tiene este texto. Es cierto que en el momento en que este texto se elaboró y en que las partes lo firmaron en su fase inicial pensaban más bien en los deportados de la II Guerra Mundial y en aquellos casos de privación de nacionalidad por la II Guerra Mundial o por la redistribución de fronteras en Europa fruto del nacimiento de la guerra fría, dicho brevemente. Sin embargo, también es cierto que hoy por hoy, en 1996, el tema de los apátridas ha recuperado una grandísima actualidad y, por tanto, este instrumento tiene de nuevo una importancia que nadie habría pensado que debería tener. Me refiero básicamente a los supuestos de apatridia africana, que cada vez son mayores y que lamentablemente, ya sea voluntariamente incluso, o simplemente por irregularidades de los Estados de origen de los ciudadanos que aparecen en nuestro país, el hecho es que la cantidad de apátridas africanos que existe en nuestro país es creciente, algunos en situación irregular, otros en una situación regularizada con el tiempo, pero en todo caso a ellos también les es aplicable este convenio en la medida en que no tienen nacionalidad definida. Por tanto, la actualidad de este convenio merece ser destacada.
Desde el punto de vista técnico-jurídico --perdone el señor Presidente esta pequeña deformación profesional-- hay un punto en el que este convenio es regresivo respecto a nuestro derecho vigente, lo cual es absolutamente excepcional en nuestro sistema de Derecho internacional privado pero así es, puesto que el convenio establece que la ley personal de los apátridas será la del domicilio y sólo en defecto del domicilio la de la residencia habitual. Cuando este convenio entre en vigor para España, eso pasará a modificar la regla del artículo 9 del Código Civil en la cual ya se estaba diciendo que es la residencia habitual la que establece la ley personal que rige para los apátridas. Por tanto, modificar la residencia habitual por el domicilio, aunque sólo sea de forma subsidiaria, es una regresión desde el punto de vista técnico-jurídico. Sé que desarrollar esto es un poco complicado, pero quería dejar constancia de ello porque tiene consecuencias prácticas importantes, si no cuantitativamente, sí cualitativamente.
En cualquier caso, nos felicitamos por la adhesión de España a este convenio porque, a pesar de algunas críticas a su texto porque, como siempre, llegamos tarde y nos estamos adhiriendo a un texto que es del año 1954 y nosotros ya habíamos evolucionado en algún punto en derecho interno, a pesar de esta pequeña crítica formal, si se me permite, en conjunto la valoración es positiva, incrementa la seguridad jurídica de los apátridas y, por tanto, tiene nuestra plena aprobación.


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El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a votar el punto sobre la Convención sobre el estatuto de los apátridas, hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el momento de adhesión.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE CARTAS, DE FECHAS 17 DE JULIO DE 1996 Y 19 DE AGOSTO DE 1996, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACION DE UN SEMINARIO SOBRE MISIONES DE PEQUEÑOS SATELITES (MADRID DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000044.)

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Entramos en el punto 17 del orden del día: Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996, constitutivo de acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños satélites, hecho en Madrid del 9 al 13 de septiembre de 1996.
Tiene la palabra el señor Múgica.


El señor MUGICA HERZOG: Señor Presidente, señorías, el tema es baladí, en absoluto es un tema importante. Se trata del acuerdo que se quiere entre España y Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños satélites a celebrar en Madrid. En su día, el director general de las Naciones Unidas emitió una carta al representante permanente de España ante las Naciones Unidas para organizar este seminario. (El señor Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.) Como decía, es baladí pero también es significativo, porque, una vez más, España en estos momentos aparece como un país con su capacidad técnica, con su capacidad de acogida para organizar congresos y reuniones de todo tipo, desde la reunión de Madrid que dio origen a un proceso de paz en Oriente Medio hasta la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños satélites precisamente por la capacidad de España en este sentido, por el alto nivel técnico que ha llegado alcanzar el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de lo cual nos congratulamos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de este acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: El Grupo Popular votará también afirmativamente este acuerdo en base a la consideración positiva que le merece, sin que obste a dicha consideración positiva el hecho de que el seminario previsto en este acuerdo se haya celebrado ya, en primer lugar, porque dicha celebración estaba prevista y, de hecho, el acuerdo entró en vigor de modo provisional desde el momento de la firma por ambas partes y, en segundo lugar, por la importancia que para los intereses de España tenía el citado acuerdo, siendo conscientes del papel que desarrollaba el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en esta materia, todo lo cual justifica suficientemente el voto afirmativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a someter a votación el canje de cartas constitutivo de acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños satélites.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--MEMORANDUM DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION CON RESPECTO A LA 38 REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL ARROZ (SEVILLA, 14 A 17 DE MAYO DE 1996). (Número de expediente 110/000045.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos al punto 18: Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación con respecto a la 38 reunión del Grupo Intergubernamental sobre el arroz, Sevilla, del 14 al 17 de mayo de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, durante la trigésima séptima sesión del Grupo Intergubernamental del arroz de la FAO, celebrada en Bangkok, Tailandia, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1995, la delegación española invitó formalmente al grupo a celebrar su siguiente reunión en Sevilla a mediados del año 1996, y a tal efecto y con este propósito se somete hoy a dictamen de la Comisión un memorándum de responsabilidades asumido entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación respecto a la que ha sido trigésima octava reunión del Grupo Intergubernamental sobre el arroz y que tuvo lugar en Sevilla.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Yáñez.


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El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: No voy a añadir mucho a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Solamente quiero destacar la importancia que tiene para España el tema de la producción, el consumo y el comercio de arroz, especialmente dicho por un Diputado por Sevilla, ciudad en la que se celebró la reunión y donde la agricultura probablemente en un tercio dependa del cultivo del arroz de las marismas del Guadalquivir.
Fue muy importante esta reunión sobre el memorándum de acuerdo con la FAO en el que se señalan diversos aspectos relacionados con lo que acabo de citar de la producción, el consumo y el comercio del arroz. Por tanto, vamos a votar a favor de este punto.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Vamos a proceder a la votación del Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, con respecto a la 38 reunión del Grupo Intergubernamental sobre el arroz.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000046.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 19: Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Estamos ante un acuerdo que debe arbitrar, de alguna manera, el ordenamiento de un espectacular crecimiento en las relaciones comerciales entre ambos países y que, de forma muy especial y por razones en algún caso coyunturales pero que han favorecido la tendencia, necesitan ese refuerzo financiero para el establecimiento de una serie de empresas e industrias españolas que se asientan en el Magreb, y de forma muy particular en Túnez y en Marruecos. En este caso, el escenario es conveniente a los apoyos económico-financieros no sólo por razones de vecindad, sino incluso por razones de interés político, puesto que ha sido tendencia general --y nuestros gobiernos así lo han manifestado desde hace algunos lustros, no solamente el último sino gobiernos socialistas-- el empeño por apoyar la economía del Magreb, buscando justamente el equilibrio demográfico y la anulación de otras derivaciones que puedan producirse más allá del estrecho.
En segundo lugar, ante la evolución y el marchamo que han adoptado estas relaciones comerciales y financieras, es imprescindible un instrumento que pueda facilitar no solamente el hábito normal de las relaciones comerciales, sino incluso la implantación de las industrias que, por nuestra parte y desde hace un lustro, se están acometiendo en Marruecos de forma harto espectacular.
En tercer lugar, este acuerdo favorece también el apoyo a las joint-ventures, puesto que la cooperación se está estableciendo ya a nivel de titularidad en las propias industrias mixtas que se están constituyendo entre ambas partes, al margen de las pesquerías; y no es a éstas a las que me estoy refiriendo, puesto que el nuevo instrumento probablemente no las afectará demasiado.
En cuarto lugar, la creciente implantación de sectores enteros de la economía española en Marruecos, como puede ser el textil, hace que el Gobierno tenga que acometer algunas apoyaturas de orden financiero-económico para facilitar este tránsito industrial hacia el sur, siguiendo la brillante teoría de las tecnologías maduras del profesor Galbraith.
Todo lo expuesto aconseja que el Gobierno dé por bueno un acuerdo que se hizo en enero de 1995 y que fue rubricado, en Rabat, el 6 de febrero de 1996 por parte del Ministro de Comercio y Turismo del Gobierno socialista, don Javier Gómez Navarro, y el de Finanzas del Gobierno de Marruecos, Mohamed Kablaj. Este acuerdo consta de once artículos y un preámbulo, de los que quiero subrayar solamente algunos aspectos, en concreto las cantidades que el Gobierno español aportará y pondrá a disposición de este acuerdo, que son 150.000 millones de pesetas anuales.
Por otra parte, se producirá una periodicidad de los créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, el FAD, buscando la resolución de posibles incidencias que se puedan promover en esta, repito, creciente y espectacular relación comercial e industrial entre ambos países; buscando también el establecimiento de líneas específicas de financiación a las modalidades que requieran ciertos sistemas y, por supuesto, a la disposición de los créditos por parte de los españoles o del Gobierno español. Por tanto, se está buscando en este caso la concreción máxima de las operaciones, la identificación del agente marroquí, los avales necesarios; que de esta financiación salgan beneficiadas las entidades distintas al propio Gobierno, es decir, las de personalidad jurídica privada; la promoción de inversiones, la creación de joint-ventures, como decía. Por supuesto, todo esto va a contar con un comité conjunto de seguimiento que se reunirá periódicamente, no menos de dos veces al año.
Estas medidas tienen un límite que se ha establecido en el 30 de junio del año 2001.
En consecuencia, creemos que se trata de un paso muy importante y significativo que aumenta y mejora la tendencia hacia la inversión europea, especialmente la española, en nuestra vecina zona del Magreb, por razones, como decía, no sólo de conveniencia económica sino incluso política para atemperar las consecuencias de la explosión demográfica y todos sus derivados. Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación del Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO EN MATERIA DE PERMISOS DE RESIDENCIA Y TRABAJO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000047.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto número 20: Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fuentes por el Grupo Socialista.


El señor FUENTES GALLARDO: Señor Presidente, voy a intervenir brevemente para exponer los motivos por los que vamos a votar favorablemente este acuerdo, que supone una mejora en las condiciones de estancia de los casi 6.000 españoles que están viviendo en Marruecos y, también, equiparar su situación con la de los residentes italianos o franceses, por poner un ejemplo. En concreto, con este acuerdo, los nacionalistas de ambos países se van a encontrar en la siguiente situación. El primer permiso de residencia tendrá un año de duración, la primera renovación de este permiso tendrá una validez de dos años y la segunda, de tres años. A partir de los seis años consecutivos de residencia, los permisos serán prorrogables por cinco años. Por todos estos motivos vamos a votar favorablemente este acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, de alguna manera yo relacionaría este acuerdo con el anterior; no se refiere exactamente a lo mismo pero hay acciones derivadas. Cuando las inversiones anteceden a los hombres, es inevitable que la presencia de los hombres en los países que invierten tenga que ser constante y permanente. Este acuerdo arbitra y mejora las condiciones actuales, puesto que había de facto una discriminación evidente entre el tratamiento que Marruecos ofrecía a los ciudadanos españoles y el que ofrecía, como bien ha dicho mi compañero socialista, a los italianos, incluso a los franceses y a los de algún otro país comunitario. Las gestiones que las autoridades españolas han venido realizando ante las marroquíes, a distintos niveles, para conseguir esta equiparación, han tenido buena consecuencia final y no solamente afectará de manera directa a los 6.000 españoles sino también, de manera mucho más directa y beneficiosa, a los más de 64.000 marroquíes instalados en nuestro país, sin mencionar a todos aquellos que están entrando en España de forma subrepticia y que por las regularizaciones posteriores que acometa el Ministerio de Interior podrán adquirir la condición de residentes. Por tanto, este acuerdo facilita notablemente su regulación y su legalización en nuestro país. Por todo ello, nuestro grupo, adhiriéndose a lo expresado por el colega socialista, va a votar a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación del Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO EN MADRID EL 25 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000048.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación y anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR GUILLEN: Señor Presidente, este Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación pretende dotar de una mayor transparencia y carácter contractual a las relaciones de cooperación existentes entre ambos países, estableciendo como principio fundamental la participación de ambos países en el financiamiento de todos los proyectos que se lleven a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la novena Subcomisión mixta de cooperación técnica y científica entre México y España.
Señorías, en el ámbito de la cooperación con Iberoamérica, concretamente con México, la creación de un fondo

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mixto para la ejecución conjunta de actividades y proyectos orientados a los objetivos antes indicados constituye una modalidad exigente para ambas partes de mayor compromiso, de asunción de responsabilidades y de incidencias sobre objetivos comunes. Este acuerdo, pues, señorías, abre nuevos caminos en la cooperación bilateral en una línea de responsabilidades mutuas que sin duda contribuirá a la consolidación y ampliación de un espacio común entre ambos países en los diferentes ámbitos, tanto sociales como políticos, económicos y culturales. Por tanto, señor Presidente, señorías, el Grupo Popular votará favorablemente este acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos directamente a la votación del Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación y anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN SEBASTIAN EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995, CANJE DE NOTAS DE 8 DE MARZO DE 1996 Y DE 13 DE JUNIO DE 1996 POR EL QUE SE SUBSANA UN ERROR MATERIAL EN SU ARTICULO XVII. (Número de expediente 110/000049.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 22, Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16 de septiembre de 1995, canje de notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de 1996, por el que se subsana un error material en su artículo XVII.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Este acuerdo se firmó «ad referendum» el 16 de septiembre de 1995 en San Sebastián durante el Festival de Cine y cubre un importante vacío, porque el acuerdo que existía anteriormente se firmó en 1978 y no fue debidamente legalizado. Por tanto, había una carencia de normativa jurídica para la regulación de la producción cinematográfica entre España y México. El acuerdo va acompañado de un canje de notas para corregir un error del texto inicial que omitía la referencia a las competencias de las Comunidades Europeas y que ahora se corrige, de acuerdo entre ambos gobiernos, mediante un nuevo párrafo del artículo XVII, que establece que los compromisos suscritos por el Reino de España en el presente acuerdo respetarán las competencias de las Comunidades Europeas y las disposiciones emanadas de sus instituciones.
El Grupo Socialista considera que éste es un acuerdo importante por tres razones fundamentales: primero, porque favorece la colaboración entre los dos países para el desarrollo de nuestras respectivas industrias cinematográficas, elemento indispensable para poder extender la presencia de ambas en un mercado cinematográfico internacional, que tanto desde el punto de vista de la producción como de la distribución exige un gran esfuerzo y sumar iniciativas para hacer frente a las grandes concentraciones financieras que intentan monopolizar el sector; segundo, porque favorece la colaboración entre dos países fundamentales para el desarrollo de la cultura en lengua española a través de un medio de difusión y de comunicación tan importante como el cine, y tercero, porque aúna los esfuerzos de renovación y las potencialidades creadoras de dos cinematografías en pleno auge.
Por todo ello el Grupo Socialista votará favorablemente la autorización de este acuerdo y del canje de notas que lo acompaña.


El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Brevemente, señor Presidente, para indicar que el Grupo Popular votará a favor de este Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
Entendemos que el desarrollo de una industria cultural y cinematográfica en español pasa por acuerdos de esta naturaleza, que sin duda deben permitir que el cine en español se consolide como uno de los cines más fuertes y más prósperos, desde el punto de vista cultural, de nuestra órbita cultural.


El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Pasamos a votar el Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmando «ad referendum» en San Sebastián el 16 de septiembre de 1995, así como los canjes de notas a los que se ha hecho referencia al enunciar este acuerdo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE HONDURAS, SAN CRISTOBAL Y NIEVES, CHIPRE, ZIMBABWE Y COLOMBIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES.
(LA HAYA, 25 DE OCTUBRE DE 1980) (Número de expediente 110/000050)

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El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25 de octubre de 1980).
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Pulgar, por el Grupo Popular.


La señora PULGAR FRAILE: Países distintos y distantes como Honduras, San Cristóbal y Nevis, Chipre, Zimbabwe y Colombia se unen en su adhesión al XXVIII Convenio de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. El convenio de referencia, de 25 de octubre de 1980, fue firmado por España el 7 de febrero de 1986 y ratificado el 16 de junio del año 1987. Insisto en que este convenio de La Haya tiene como propósitos esenciales el de proteger al menor contra los efectos perjudiciales de un posible desplazamiento o impedimento del regreso con carácter ilícito, así como establecer en esa línea unos procedimientos que garanticen el regreso inmediato del niño al Estado de su residencia habitual, asegurando la efectividad del derecho de visita. El artículo 38 del convenio estipula que cualquier Estado que no fuera miembro de la Conferencia de La Haya sobre el derecho internacional privado en su XVI período de sesiones podrá adherirse al convenio. Sin embargo, la adhesión surtirá efecto sólo respecto de las relaciones entre el Estado adherido y aquellos Estados contratantes que hayan declarado su aceptación de la adhesión. Dicha declaración será depositada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Quiero mencionar las fechas de adhesión de estos países, que fueron: Honduras en el año 1993, San Cristóbal y Nevis en 1994, Chipre en 1994, Zimbabwe en 1995 y Colombia en 1996. Por supuesto que en el año 1980, fecha de este convenio, hubiera sido imposible la adhesión al mismo por parte de San Cristóbal y Nevis, puesto que este pequeño país caribeño, que solamente tiene 261 kilómetros de extensión, obtuvo la independencia en el año 1983, y algo similar se puede aplicar a Zimbabwe, puesto que su independencia de Zimbabwe-Rhodesia también la obtuvo en el año 1980.
En la documentación recibida aparecen nombres distintos, Nieves, Nives, y yo he utilizado esta última palabra, Nevis. En el año 1992 --supongo que don Luis Yáñez, por su cargo, recibió también a la delegación-- yo recibí a una delegación en el pueblo de Palos de la Frontera, donde yo era alcaldesa, y ellos insistieron mucho en que era Nevis, y es la palabra que yo he estado utilizando, pero podría cambiar de opinión si hay alguna base para no utilizar esta palabra.
Finalmente quiero decir que España tiene interés en declarar la aceptación de esta adhesión, ya que los problemas que plantea el secuestro de menores son cada vez más frecuentes por el crecimiento de los matrimonios entre cónyuges de distintas nacionalidades.


El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Le agradezco el comentario que ha hecho sobre la denominación exacta, porque precisamente lo estábamos comentando en la Mesa hace un instante. Yo rogaría a los servicios de la Comisión que consultaran con la Delegación General de Tratados, con objeto de que en toda la documentación que acompañe a este instrumento aparezca la denominación correcta desde la perspectiva de la Cancillería española.
Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Queda poco que añadir a lo ya expresado por la portavoz del Partido Popular, aunque sí quisiera incidir en que este convenio es una prueba bastante clara de hasta qué punto el derecho internacional, pensado inicialmente sólo para Estados, hoy día afecta de manera muy directa a los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es un problema desgraciadamente vivo y vigente que aparece cuando el derecho de custodia o el derecho de visita a los hijos por parte de sus progenitores separados o divorciados plantea problemas de ejecución, y además este problema existe en el marco del derecho interno de muchos países. Siendo esto así, imaginemos las dificultades que puede haber cuando resulta que afecta a progenitores que están sometidos a ordenamientos jurídicos de países diferentes, pudiéndose plantear además que la retención ilícita del menor se realice en un país diferente de aquel en el que se produce la custodia.
Estos problemas son, en definitiva, los que pretende resolver el XXVIII Convenio de La Haya, con el propósito esencial de proteger al menor contra los efectos perjudiciales de un posible desplazamiento o de un impedimento de carácter ilícito, así como establecer en esa línea, como ya ha expresado la portavoz del Partido Popular, unos procedimientos que garanticen el regreso inmediato del niño o de la niña al Estado de su residencia habitual, asegurando al mismo tiempo la efectividad del derecho de visita.
Por todo ello mi grupo votará favorablemente esta petición de adhesión.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación la declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nevis --de momento--, Chipre, Zinbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25 de octubre de 1980).


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO

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A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985, TAL COMO QUEDO ENMENDADO POR LOS PROTOCOLOS RELATIVOS A LA ADHESION DE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ITALIANA, DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y DE LA REPUBLICA HELENICA, FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990, 25 DE JUNIO DE 1994 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995, ASI COMO ACUERDO DE ADHESION DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA, RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990, AL CUAL SE ADHIRIERON LA REPUBLICA ITALIANA, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y LA REPUBLICA HELENICA POR LOS ACUERDOS FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, ACTA FINAL Y DECLARACION ANEJA, HECHOS EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995. (Número de expediente 110/000051.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Les advierto que la lectura que voy a hacer a continuación es levemente larga.
Punto 14. Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los protocolos relativos a la adhesión de los Gobiernos de la República Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República Helénica, firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de junio de 1994 y el 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de abril de 1995, así como Acuerdo de adhesión de la República Austriaca al Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República Helénica por los acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de septiembre de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, acta final y declaración aneja, hechos en Bruselas el 28 de abril de 1995.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Este acuerdo farragoso en su enunciado en realidad sintéticamente se reduce a dos aspectos fundamentales: el protocolo de adhesión del Gobierno de la República de Austria al Acuerdo de Schengen de 1985, por una parte, y el acuerdo de adhesión, también de Austria, al Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen firmado en junio de 1990.
Austria ha solicitado adherirse tanto al Acuerdo de Schengen como al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Sabido es que venía gozando de un estatuto de observador en relación con los acuerdos de Schengen, habiendo mantenido dicho estatuto hasta que Austria se ha adherido a la Unión Europea. Una vez que se ha producido dicha adhesión, se iniciaron las gestiones formales para su adhesión a los acuerdos de Schengen, y ése es el motivo por el que hoy tenemos aquí este convenio.
El Acuerdo de Schengen de 1985, al cual se adhiere Austria, establece unos contenidos genéricos para la consecución de un espacio interior sin fronteras; contenidos que fueron concretados después en el convenio de aplicación de 1990, que ya precisa las reglas sobre cruce de fronteras, visados, condiciones de circulación de extranjeros, solicitudes de asilo, etcétera. Por tanto, se trata de una adhesión de la República de Austria tanto al Acuerdo de Schengen de 1985, de carácter general, como al Convenio de aplicación, ya mucho más concreto, de 1990, y este acuerdo se trae a esta Cámara precisamente por la razón de que España al ser Estado parte de los acuerdos de Schengen tiene y adquiere, lógicamente, obligaciones en relación con este nuevo Estado parte en el convenio.
Lo votaremos favorablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: En nombre del Grupo Popular quiero hacer referencia a dos de los elementos que creo conviene recordar en este convenio. El primero, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es que Austria gozaba ya del estatuto de observador desde el 27 de junio de 1994 en Schengen, fecha en que el comité ejecutivo se lo concedió, pero precisamente en la perspectiva de la adhesión de Austria al Convenio de Schengen, que podría efectuarse únicamente una vez que Austria se hubiese adherido a la Unión Europea. Por tanto, al adherirse el 1 de enero de 1995, se iniciaron las gestiones formales para su adhesión a los acuerdos de Schengen, lo que ha culminado definitivamente el 28 de abril de 1995.
Segundo, hay que resaltar la importancia de que se suscriba también el Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990, puesto que ésta es la pieza clave para la puesta en práctica de los acuerdos. En él, y a diferencia del carácter genérico del acuerdo inicial,

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se contienen las disposiciones precisas sobre todas las materias (visados, condiciones de circulación, solicitudes de asilo, cooperación judicial, asistencia judicial en materia penal, extradición, estupefacientes, sistema de información común, protección de datos de carácter personal). Merece una especial mención que se incluyan, asimismo, algunas disposiciones en materia de transporte y circulación de mercancías. Efectivamente Austria ha solicitado adherirse a ambos acuerdos Schengen y al convenio. Nuestro grupo parlamentario, una vez pasado el trámite en el Consejo de Ministros y visto el informe positivo del dictamen del Consejo de Estado, va a votar afirmativamente en favor de la autorización de las Cortes Generales a este convenio que, en resumidas cuentas, permite que la República de Austria participe más estrechamente en la constitución de la Unión Europea, de la que nuestro país es ferviente integrante y partidario.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos, por tanto, a votar el protocolo que figura en el orden del día con el número 24, cuyo enunciado les ahorraré en esta ocasión.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA INTEGRACION DE LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF-2000 Y DEL TORNADO (NETMA). (Número de expediente 110/000052.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 25: Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF-2000 y del Tornado (NETMA).


¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Robles, por el Grupo Popular.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, no trataré de repetir lo que usted acaba de leer, porque, aparte de alguna que otra palabra complicada, contiene una muestra de la jerga otánica en su momento menos afortunado.
Para resumir y explicar a SS. SS. de forma breve lo que se trata, diré que este memorándum tiene por objeto determinar las disposiciones que van a regir la integración de las agencias de gestión de la OTAN, por una parte aquella encargada del avión Tornado, en la que no participa España, y, por otra, aquella encargada del avión EF-2000, en la que sí participa España, en una agencia única, así como el funcionamiento de esta misma.
España conseguirá con esta integración una serie de ventajas, quedando exenta de cualquier tipo de responsabilidad jurídica procedente del programa Tornado. Teniendo en cuenta que esta integración no supondrá un incremento en la actual financiación española, España obtendrá un ahorro de costes y ventajas en su actuación en el programa EF-2000. De hecho, España consigue un ahorro por la utilización del centro de proceso de datos que posee el programa Tornado, y España se encuentra, además, en condiciones de adquirir experiencias por el acceso que tendrá la gestión del programa Tornado. Teniendo en cuenta la importancia de dicho programa, que irá disminuyendo en los próximos años, el porcentaje de participación española en la Agencia integrada NETMA irá aumentando, hasta que la desaparición del Tornado produzca que la participación en los costes de la agencia se iguale a la participación de España al programa EF-2000.
España obtendrá, como ya he dicho, ahorros y ventajas, sin que este proceso suponga un incremento de costes. Es el momento de un largo proceso de integración de dos agencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, proceso que ha sido sometido, como todo lo que tenga que ver con la Alianza Atlántica y los organismos y mecanismos de seguridad occidentales, a todos los avatares de la historia más reciente. Es evidente que España tiene un interés muy importante en la participación en este programa para el desarrollo, producción y apoyo en servicio de un avión de combate llamado EF-2000, y esta integración, como ya he dicho, redundará en beneficios y ventajas para nuestro país. Por eso nuestro grupo votará a favor de este memorándum de entendimiento de integración de las agencias NAMMA y NEFMA de la OTAN.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya Milanés.


El señor MOYA MILANES: Hay poco que añadir, dadas la lectura descriptiva del Presidente y la explicación profusa del portavoz popular. Sólo quiero decir que la integración de la Agencia NAMMA y la Agencia NEFMA se concluye en una nueva Agencia integrada denominada NETMA. (Risas.) En síntesis, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Popular, de la integración de las dos agencias, una que se dedica a la fabricación, la construcción y seguimiento del programa Tornado, y la otra que se dedica al programa del EF-2000, sólo se derivan ventajas para España, que resumidamente se pueden concretar en ventajas desde el punto de vista industrial para nuestra industria de defensa y para nuestra investigación tecnológica y, al mismo tiempo, sin ningún coste añadido, en cuanto que la

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conclusión de esta integración de las dos agencias no supone incrementos financieros para España. En consecuencia, lo votaremos favorablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda claro, como señalaba el portavoz del Grupo Popular, que la OTAN ha perdido mucho en claridad y en eficacia nemotécnica. Hace unos años aprobó un concepto operativo que se llamaba FOFA, lo cual era muy fácil de recordar por los españoles.
(Risas.) Pasamos a votación este memorándum de entendimiento que figura con el número 25 en el orden del día.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

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