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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 113, de 27/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 113

INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS Y FERRET

Sesión núm. 8

celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia de la señora Directora General de Minas (Sendín de Cáceres), para:

--Explicar las futuras normas de los cupos de producción de carbón y las variaciones en las subvenciones por reducción de capital; las medidas y política a adoptar relativas a las minas y, en especial, los temas referentes con la seguridad minera; así como de los criterios para el cumplimiento de los contratos-programa en vigor y futuros. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000048) (Página 3062)

--Explicar la incidencia en el sector del carbón de las modificaciones que se están produciendo en el sistema eléctrico nacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000383) (Página 3062)

Proposiciones no de ley:

--Relativa a actuaciones para favorecer el reflotamiento de la empresa PICUSA, de Padrón (La Coruña). Presentada por el Grupo Mixto. (Número de expediente 161/000155) (Página 3081)

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--Sobre la contratación directa por la Empresa Astilleros Españoles, S.
A., de Cádiz, de los trabajadores necesarios para atender el incremento de la demanda de construcción de buques. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000004) (Página 3084)

--Sobre medidas a adoptar para garantizar la carga de trabajo en la Empresa Nacional Bazán, de El Ferrol (La Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000177) (Página 3088)

--Relativa al levantamiento de la prohibición que pesa sobre la Empresa Nacional Bazán para la construcción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000069) (Página 3088)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE MINAS (SENDIN DE CACERES), PARA:

--EXPLICAR LAS FUTURAS NORMAS DE LOS CUPOS DE PRODUCCION DE CARBON Y LAS VARIACIONES EN LAS SUBVENCIONES POR REDUCCION DE CAPITAL; LAS MEDIDAS Y POLITICA A ADOPTAR RELATIVA A LAS MINAS Y, EN ESPECIAL, LOS TEMAS REFERENTES CON LA SEGURIDAD MINERA; ASI COMO DE LOS CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS-PROGRAMA EN VIGOR Y FUTUROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000048.)

--EXPLICAR LA INCIDENCIA EN EL SECTOR DEL CARBON DE LAS MODIFICACIONES QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000383.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Comenzamos la sesión. Quiero dar la bienvenida a la Directora General de minas, doña Paloma Sendín de Cáceres.
Quisiera indicarles, señorías, que, como saben, los contenidos de la sesión de esta mañana tienen una parte de acción de control y otra de debate sobre proposiciones no de ley, en las que se van a producir votaciones.
Si no hay ninguna observación a lo largo del curso de la sesión por parte de los portavoces, las votaciones de las proposiciones no de ley se irían sucediendo a medida que se debatan. Si hay alguna sugerencia, observación o consideración que quiera hacer algún grupo para alterar ese procedimiento, me lo pueden comentar a lo largo de la mañana.
Sin más, empezaríamos por el orden del día que tenemos fijado. El primer punto es dar curso a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, que tratan de la misma materia y que han solicitado la presencia en esta Comisión de la Directora General de Minas para explicar, la primera, las futuras normas de los cupos de producción de carbón y las variaciones en las subvenciones por reducción de capital; las medidas y política a adoptar relativa a las minas y, en especial, los temas referentes a la seguridad minera, así como los criterios para el cumplimiento de los contratos-programa en vigor y futuros que se puedan suscribir, y, la segunda, del Grupo Socialista, para explicar la incidencia en el sector del carbón de las modificaciones que se están produciendo en el sistema eléctrico nacional.
Para ello vamos a conceder un turno de intervención a la Directora General de Minas y, a continuación, los portavoces que lo soliciten tendrán una intervención. Empezaríamos por los dos grupos que han solicitado la comparecencia y luego los restantes grupos, si lo desean, para concluir con una segunda intervención de la Directora General de Minas.
Así, pues, tiene la palabra para efectuar una primera intervención.


El señor SANTISO DEL VALLE: Perdón, señor Presidente. Quería plantear una cuestión de orden.
Quizás por olvido no se ha acumulado en el orden del día una proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la Empresa Nacional Bazán.


El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, en la reunión que tuvimos la Mesa y la Junta de Portavoces se acordó ese orden del día. Ustedes no asistieron y por esa razón no pudieron hacer las oportunas observaciones para acumular otras iniciativas. Si le parece, en el transcurso de la sesión de esta mañana hablamos un momento, juntamente con los demás portavoces, para ver si se pudiera proceder a alguna alteración del orden del día.
Sabe que para que eso sea posible todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios deben estar de acuerdo. En tal caso, procederíamos a su revisión. Esta Presidencia, si es de común

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acuerdo con todos los portavoces, no tiene ningún inconveniente en que se haga como sugiere.
Vamos a empezar la sesión. Tiene la palabra la Directora General de Minas.


La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Señorías, tengo la satisfacción de comparecer ante ustedes por primera vez como Directora General de Minas para tratar de explicar las cuestiones que motivan esta comparecencia y que acaba de repasar el Presidente de la Comisión.
En relación con las tres primeras cuestiones planteadas, he de referirme, primero, a los objetivos y resultados de los distintos planes de la ordenación del sector del carbón y a la propuesta que hemos realizado desde el Ministerio como base de discusión con los agentes del sector como futuro plan de reordenación de la minería del carbón y reactivación de las comarcas mineras.
Saben que tras la primera crisis del petróleo, y a raíz de ella, se relanza en España la política carbonera, que se encontraba en crisis al haber sido desplazado el carbón por el petróleo en la década anterior. De esta forma, la Administración promueve la construcción de nuevos grupos de carbón y se promociona y fomenta el uso del carbón nacional mediante sucesivos regímenes de ayuda a la minería. Me estoy refiriendo, en concreto, al régimen de acción concertada del año 1974 y al de acción convenida del año 1980. Así tenemos, por ejemplo, que mientras otros países del entorno, los comunitarios productores, ya iniciaban o habían iniciado la reordenación del sector, en España la producción de carbón aumentó de 1980 a 1985 de casi 17 millones de toneladas a 22,5 como consecuencia de estos planes de fomento.
Llegamos a 1986, y ante la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, nos vemos forzados a abandonar la política de precios administrados, definidos y fijados por la Administración, y el sistema se transforma de manera que el nuevo precio fijado tenía implícita ya una ayuda. Además, y dado que la Comunidad Económica Europea insta a España a efectuar un saneamiento en la minería del carbón, se pone en marcha el nuevo sistema de contratación de carbón térmico que, por una parte, establece la existencia de contratos entre empresas de carbón y empresas eléctricas para fijar los precios de los suministros y, por otra parte, pretende sanear empresas que presentaron pérdidas en sus cuentas de resultados, instrumentando para ello una ayuda que percibían a final de año de las empresas eléctricas, denominada suplemento de precio, y destinada a cubrir las pérdidas de explotación según sus balances. Y ello a cambio de que estas empresas presentaran un plan de reestructuración puesto que el suplemento de precio pagado inicialmente se reducía anualmente un 5 por ciento, por lo que sus costes debían reducirse, como mínimo, a este ritmo.
Dentro de este marco del nuevo sistema de contratación de carbón térmico, aparece ya una orden ministerial donde se regulan los primeros cierres con ayuda de la Administración. Paralelamente a esta ayuda seguía en vigor el sistema de ayudas desde los Presupuestos Generales del Estado a las tres empresas con contrato-programa, en el caso de dos de ellas, además, aparecían aportaciones suplementarias del INI si las pérdidas superaban a las previstas en los contratos-programa.
Esta situación se mantiene hasta el año 1989, en que la Comisión de la Unión Europea obligó a España a presentar planes de reducción de ayudas, mediante la decisión de diciembre de 1989 para las empresas en contrato-programa y otra decisión de julio de 1990 para las empresas con contrato-programa. Se prepararon de esta manera dos planes: el plan de reordenación del sector del carbón, de 1989 a 1993, para empresas sin contrato-programa, y el plan de reordenación para empresas con contrato-programa de 1990 a 1993.
La decisión CECA de diciembre de 1989 de la Comisión de las Comunidades, requirió también del Gobierno español la presentación, después, de un plan de reducción de las ayudas que las empresas productoras de carbón percibían en función de sus resultados de explotación. En respuesta a dicha solicitud, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos creó, en febrero del año 1990, una comisión interministerial integrada por representantes de los Ministerios de Industria y Energía, Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social a la que se encomendó la elaboración de un plan de reordenación de la minería del carbón para las empresas sin contrato-programa. Dicho plan fue presentado al Gobierno el 28 de junio de dicho año --el año 1990-- y remitido a la Comisión de las Comunidades Europeas en el mes de julio siguiente en respuesta a la solicitud que ésta había formulado.
Distinguía este plan entre empresas viables, que tras el correspondiente proceso de reestructuración podían continuar desarrollando su actividad sin ayudas (para este grupo de empresas el plan, además, dispuso ayudas a la inversión para financiar la referida reestructuración), y, por otra parte, distinguía las empresas no viables que deberían, en consecuencia, reducir actividad o cerrar, a cuyo efecto el plan disponía la financiación del coste de estas operaciones de reducción, en forma de ayudas, para hacer frente a los costes sociales y a los costes técnicos correspondientes del cierre o de la reducción. El plan se instrumentó mediante las órdenes ministeriales del Ministerio de Industria y Energía de octubre de 1990 y febrero de 1992, y estuvo en vigor entre los ejercicios 1990 y 1993.
Ejecutados los planes a finales de 1993, en conjunto las empresas sin contrato-programa, habían reducido sus plantillas en 6.565 trabajadores con coste a cargo del sistema, es decir, excluyendo las bajas vegetativas, y reducido la capacidad en 2,2 millones de toneladas. No obstante, estos cierres se vieron compensados por medidas de política carbonera, incrementando capacidades en los casos como en la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada y otras empresas de la cuenca de Fabero, fundamentalmente Coto Minero del Sil, y autorizando la apertura al mercado de producciones de cielo abierto.
De las empresas con contrato-programa, Hunosa disminuyó su plantilla en 6.063 trabajadores y su capacidad en 620.000 toneladas, y Minas de Figaredo redujo la plantilla en 354 trabajadores, manteniendo su nivel de actividad.


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En enero del año 1994 se produce un cambio fundamental en el sistema al entrar en vigor la conocida decisión 3632/93, CECA, de 28 de diciembre.
La decisión, después de referirse al carácter decreciente de las ayudas y a la necesidad de reducción de costes y de la capacidad de producción de la industria del carbón, autoriza ayudas en ella siempre que se cumplan unos objetivos. Un primer objetivo es lograr, a la vista de los precios del carbón en los mercados internacionales, nuevos progresos hacia la viabilidad económica, con el fin de conseguir la regresividad progresiva de las ayudas. Un segundo objetivo es el de resolver los problemas sociales y regionales relacionados con la reducción total o parcial de unidades de producción, y un tercer objetivo se refiere a facilitar la adaptación de la industria del carbón a las normas de protección del medio ambiente.
El primer objetivo básicamente modifica el concepto de precio de referencia, pues introduce el precio pactado entre las partes, tendente al vigente en el mercado internacional, y considera ayuda el resto de los ingresos por entregas de carbón que percibían las empresas mineras en el sistema anterior. Estas ayudas deben ser regresivas, lo que obliga a que cada año sean menores. La decisión admite ayudas al funcionamiento para las empresas con posibilidades de que sus costes converjan hacia el precio internacional del carbón; admite ayudas hacia la financiación de la reducción y cierre de capacidad para aquellas empresas cuyos costes no pueden converger; admite que estas empresas, que en principio debieran cerrar el año 2002, sobrevivan más allá de este límite pero con capacidades de producción reducidas significativamente, y admite, finalmente, las ayudas a cargas heredadas del pasado, a I+D y mejora del medio ambiente afectado por la actividad minera.
Una premisa fundamental es la consignación en presupuestos públicos, o la inclusión en sistemas estrictamente equivalentes, de las ayudas a otorgar. Esta premisa obliga a modificar la financiación de las ayudas que existían hasta la decisión, así como los contratos verticales, que también existían y que ya no eran legales bajo la nueva normativa. La decisión daba un período de más de tres años para adaptar la situación que existía al nuevo marco legal. Obliga también la decisión a que los gobiernos de los Estados miembros que tenían previsto otorgar ayudas a la industria del carbón presentasen planes de reestructuración sectorial y de reducción de actividad antes de finales del año 1994. España presentó el correspondiente plan de modernización, racionalización y reestructuración y/o reducción de actividad de la industria del carbón, con vigencia hasta diciembre de 1997, y deberá presentar otro para el período de 1998 al 2002, según se desarrolle el plan hoy en vigor.
El plan distingue entre las empresas con contrato-programa, tres con 14.244 trabajadores en diciembre de 1993 y un suministro de 3,2 millones de toneladas, para las cuales resume sus planes de empresa negociados con los agentes sociales, que implican una reducción de plantilla de aproximadamente 4.000 trabajadores al final del cuatrienio y una reducción del suministro de aproximadamente 150.000 toneladas. Por otra parte, las empresas sin contrato-programa, con una plantilla de 15.675 trabajadores en diciembre de 1993, y una producción de 15.140 kilotoneladas, para las cuales prevé una reducción conjunta de 3.890 trabajadores y de 1.450 kilotoneladas aproximadamente. En total, por tanto, entre ambos grupos de empresas la reducción conjunta sería de 7.890 y 1,6 millones de toneladas.
Las previsiones de reducción contenidas en este plan se instrumentaron para el primer grupo de empresas en sus respectivos contratos-programa.
Para las empresas sin contrato-programa se instrumentaron mediante un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de febrero de 1996, que autorizó la aplicación de las medidas laborales contempladas en el plan a un total de 2.400 trabajadores en los ejercicios 1996 y 1997. Estando en vigor los tres años de transición a que me refería antes, y no siendo posible en el tiempo preparar una normativa adecuada, la reconversión del plan 1994-1997 para empresas sin contrato programa se efectuó hasta finales de 1994 con un marco legal prórroga del existente para el plan previo aprobado por la Comisión delegada de Asuntos Económicos e instrumentada mediante las Ordenes Ministeriales de julio de 1994 y diciembre del año 1994 también. Basados en esta normativa se redujeron, hasta diciembre del año 1995, 770 empleos y 229.000 toneladas de capacidad.
Las empresas con contrato-programa acometieron sus planes individuales en el marco de sus respectivos planes de empresa. Actualmente están cumpliéndose en lo relativo a disminución de plantillas y lo mismo en capacidades, aunque se manifiestan desviaciones de los costes previstos para reducciones de plantillas y demás cargas heredadas del pasado, como veremos posteriormente.
Como resumen de los planes 1989-1993 y su prórroga en el marco jurídico español para 1994 y 1995, compararemos los suministros efectuados en el año 1989, 17,7 millones de toneladas; en el año 1994, 17,5 millones de toneladas, y los efectuados en el año 1995, 17,2 millones de toneladas.
Puede apreciarse que la reducción neta de suministros, a pesar de haberse cerrado capacidades por valor de 2,8 millones de toneladas, ha sido mínima. La reducción total de plantilla financiada desde la intervención financiera de Ofico fue, en el mismo período, de 6.625 trabajadores. El coste total de estos cierres y reducciones de plantilla fue, en el período 1989-1995, de 129.513 millones de pesetas, de los que 41.500 corresponden a costes sociales y 87.900 a suplemento de precio y costes técnicos de cierres. Ello supuso un coste de 6,27 millones de pesetas por empleo perdido y 31.313 pesetas por tonelada reducida. La política seguida con la empresa MSP y con la cuenca de Fabero se ha traducido en un incremento de suministros de carbón de 441.000 toneladas anuales para MSP y 582.000 toneladas para el Coto Minero del Sil, totalizando 1,023 millones de toneladas de incremento de suministro garantizado de carbón subterráneo en ambas zonas. Asimismo, el incremento de suministro garantizado de carbón a cielo abierto ha sido de 130.000 toneladas anuales en Coto Minero del Sil y de 30.000 toneladas anuales en la MSP, totalizando este incremento 160.000 toneladas.
Por otra parte, si nos remontamos al año 1980, para hacer una evaluación más amplia, según empezábamos nuestro análisis, veríamos que del año 1980 al año 1995 el empleo

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se ha reducido un 47 por ciento, pasando de 49.176 personas a 25.985, y la producción ha aumentado un 4,07 por ciento, al pasar de 16,9 millones de toneladas a 17,7 millones de toneladas.
Si hablamos de las empresas que se quedaron por el camino en este proceso, hemos pasado de 226 empresas en el año 1987, año en que como hemos visto aparece la primera regulación de cierres con ayudas desde la Administración, a 106 en el año 1995. Y si habláramos ahora del año 1996 tendríamos que estar hablando ya de 87 nada más.
Es decir, después de un proceso que se ha visto especialmente doloroso en términos de reducción de empleo y muy costoso en términos económicos, nos encontramos con que los resultados finales de la política carbonera, incrementada en ambos planes de reconversión, no ha sido satisfactoria ni desde el punto de vista del objetivo de reflotar empresas potencialmente viables, porque muchas de las que percibieron el suplemento de precio cerraron, ni desde el punto de vista de reducción de suministros, o incluso, con matizaciones, en el caso del empleo, puesto que parte de la reducción traumática de empleo ha sido sustituida por personal de contratas, ni, por tanto, desde el punto de vista de reducción de las ayudas. Ello es así porque de los 2,8 millones de toneladas teóricas en que se redujo la capacidad de producción del sector por los cierres entre 1989 y 1995, al final quedó escasamente medio millón de toneladas de reducción real, por cuatro razones básicas, algunas de las cuales ya he comentado.
En primer lugar, el incremento en la capacidad de cielo abierto. En segundo lugar, el traspase, en muchos casos, de los suministros de carbón garantizado de cielo abierto a subterráneo. En tercer lugar, la sustitución de empleo fijo por contratas, y, en cuarto lugar, la reactivación de cupos o suministros de carbón garantizado de empresas que cerraban a otras.
Mientras tanto, los Estados miembros comunitarios productores de carbón habían ido reduciendo sus capacidades progresivamente. Bélgica redujo a cero, en el año 1993, los seis millones de toneladas que tenía el año 1980. Portugal lo hizo en 1994; tenía en el año 1980 0,3 millones de toneladas de producción. Francia ha reducido su capacidad desde 18 millones de toneladas en el año 1980 a siete millones en el año 1995, y existe, además, un acuerdo nacional que prevé cerrar toda su capacidad en torno al año 2003 ó 2005. El Reino Unido, además de cerrar capacidad, desde 128 millones de toneladas el año 1980 a 53 millones el año 1995, ha privatizado su industria y eliminado totalmente las ayudas al carbón.
Alemania ha reducido su capacidad desde 100 millones de toneladas el año 1980 a 59 millones en 1995, y ha anunciado su intención de proceder a una revisión de su política de ayudas con el objetivo final de eliminarlas en el año 2005.
Por parte de la Comisión de la Unión Europea se manifiesta intranquilidad ante el desarrollo del plan 1994-1997, presentado en su día. La Comisión ha exigido aclaraciones de la marcha del plan, tanto en lo que respecta a los objetivos de reducción de capacidad como de reducción de costes del mismo, que tendrán que ser explicados por el Gobierno español a este organismo comunitario.
Esta situación, junto con la propia del sector, que presenta, por lo que respecta a los aspectos técnicos de nuestras minas, una rentabilidad muy condicionada por yacimientos difíciles y de baja calidad del carbón, junto con un sistema de ayudas poco eficaz entre los años 1980 y 1995, con producción constante, reducción del 50 por ciento del empleo y nivel de ayudas creciente, y, además, paralelamente, una regulación exhaustiva con difíciles o casi inexistentes controles, da origen a multitud de casos de fraude, y, si coincide con una política de liberalización del sector eléctrico del país, obliga a la negociación de un plan de reordenación del sector del carbón, plan cuyo objetivo será alcanzar un mercado que funcione en un régimen de libertad, una vez introducidas las correcciones precisas para compensar el empleo del carbón nacional.
El plan que hemos puesto sobre la mesa de discusión propone una serie de medidas orientadas a la liberalización del mercado, la incentivación de la demanda de las empresas eléctricas y el apoyo a la oferta de las empresas mineras. Todo, insisto, con el objetivo último de reforzar el funcionamiento de los mecanismos del mercado, pasando éste de ser un mercado absolutamente intervenido a otro más libre, en el que primarán las empresas más eficientes en la gestión de sus recursos.
Pensemos que en este momento una de las ineficiencias graves del actual sistema es que las empresas con menores costes de producción no podían, por el propio funcionamiento del sistema de cupos, aumentar su producción y obtener el retorno adecuado de sus inversiones. Por el contrario, las empresas menos eficientes y con mayores costes veían cómo la fijación de los cupos, inamovibles durante años para muchas empresas, les preservaba de la caída de ventas que les hubiera supuesto una organización más abierta del mercado.
Pasando al terreno de las medidas concretas --y con esto aclaro algunas de sus peticiones de información motivo de esta comparecencia--, el plan plantea, desde el punto de vista de liberalización de la oferta, la supresión de los cupos o suministros de carbón garantizado, la supresión de los precios de comercialización, es decir, el ingreso por tonelada de las empresas mineras y de los costes de producción reconocidos, además de la supresión de la diferenciación cielo abierto-subterránea, estableciendo para las empresas eléctricas y mineras la libertad para acordar las condiciones de suministro que consideren convenientes.
De esta forma, las ayudas actuales por tonelada de carbón producido de cupo que perciban las empresas mineras se transformarían en una ayuda anual global por empresa que se establecería en el año 1997 como año base, a partir del cupo teórico que le hubiera correspondido en ese año, y que se reduciría desde el año 1998 en un 12,5 por ciento anual hasta el 2005.
Llegados a este punto, tengo que matizar que, según el acuerdo alcanzado con los agentes sociales del sector, sindicatos y empresarios, los pasados días 20 y 21 de noviembre, para el año 1997 se ha prorrogado el actual sistema de cupos y ayudas vigente en el año 1996, en los mismos términos.


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En todo caso, estas ayudas en el plan propuesto, que, por otra parte, se realizarán desde el año 1998 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para cumplir con el mandato de la decisión CECA de diciembre de 1993 a que me refería antes, tendrían condicionadas su percepción por las empresas mineras a que éstas, en primer lugar, se mantuvieran al corriente de sus obligaciones de pago frente a Hacienda y Seguridad Social, y, en segundo lugar, mantuvieran empleo fijo acogido al régimen de Seguridad Social minera, de forma que el importe a percibir por las empresas estaría relacionado con el volumen de empleo fijo que mantuviera la empresa con respecto al año de referencia, 1996, de acuerdo con una tabla flexible en la que no se penalizaría la reducción de plantilla hasta que ésta alcanzara una cierta proporción y sí a partir de ese momento. Ofico, por otra parte, se transformaría en una agencia estatal de ayudas a la minería del carbón para que la gestión de éstas fuera ágil.
Por lo que respecta a la demanda de carbón por parte de las centrales térmicas, se proponen una serie de incentivos para el consumo de carbón nacional, consistentes, básicamente, en el establecimiento de una prima especial que podría ser del orden de una peseta kilovatio-hora, e iría dentro de los llamados costes hundidos en el protocolo eléctrico, junto con el reconocimiento de las empresas eléctricas de un coste de combustible, en el caso del carbón nacional, que permita que paguen este carbón a ocho o nueve mil pesetas tonelada frente a las seis mil pesetas tonelada del carbón internacional.
Un tercer elemento en el apartado de incentivación de la demanda de carbón nacional sería el mantenimiento, al menos hasta el año 2001, de la financiación de los stocks superiores al estratégico.
Por otro lado, se prevé una serie de medidas complementarias relativas a las ayudas a la reducción de capacidad de actividad, la reestructuración laboral y un refuerzo del programa de desarrollo y reactivación de las comarcas mineras.
En el caso de las ayudas a la reducción de la actividad, éstas se mantendrán hasta el año 2001 en los actuales términos en que se otorgan en estos momentos y con esto contesto a otra cuestión objeto de la comparecencia. La única diferencia es que en los casos de reducción total de actividad se concede a la empresa la posibilidad de elección entre dos alternativas: una compensación equivalente al doble de la ayuda correspondiente al ejercicio en que se produce dicha reducción total de actividad, o bien la compensación prevista en la normativa actual, equivalente a 2,51 pesetas termia, calculada sobre la base del carbón suministrado por la empresa como promedio en los tres años precedentes al de la reducción.
En el caso de que se produzca una reducción total de actividad en algunas unidades de producción de la empresa o reducciones de plantilla de al menos un 15 por ciento, que impliquen reducciones de producción, se mantendrán también hasta el año 2001 las ayudas vigentes a la reducción de actividad, situadas entre 2,01 y 1,50 pesetas termia, según se trate de reducciones superiores o inferiores, respectivamente, al 40 por ciento del suministro promedio de los tres ejercicios precedentes.
Respecto a las ayudas a la reestructuración laboral, el sistema vigente, en primer lugar, permite prejubilaciones a los trabajadores con 55 años de edad equivalente y ocho o más años de antigüedad en el sector, con tres años de bonificación obtenida por aplicación de los coeficientes; en segundo lugar, jubilaciones anticipadas con 58 años o más de edad equivalente, ocho años de antigüedad en el sector, que no reúnan esos tres años de bonificación anteriores, y, en tercer lugar, indemnizaciones a los trabajadores que no entren en ninguno de los grupos anteriores.
El plan que se propone contempla medidas adicionales, como ampliar el colectivo del régimen de prejubilación, reduciendo el límite de la edad bonificada de 55 a 52 años, con lo que hemos calculado que se produciría un incremento del colectivo prejubilable en torno al 40 por ciento. Y, por otro lado, compatibilizar la percepción de las garantías suplementarias a cargo del sistema en el régimen de prejubilación y jubilación anticipada con el desempeño de un trabajo remunerado en un sector distinto al del carbón. En este caso, la renta mensual que venía percibiendo el trabajador pasaría a engrosar un fondo de pensiones a su nombre, que se le reintegraría en el momento de la jubilación. Si interrumpiese su trabajo antes de llegar a la edad de jubilación, recuperaría la percepción de su prestación mensual total, es decir, la prestación a cargo de la Seguridad Social, y las garantías suplementarias percibidas desde Ofico.
El plan propone, finalmente, la implementación de un nuevo programa de reactivación de las comarcas mineras que posibilite su desarrollo. Este nuevo programa contemplaría cuatro líneas de actuación. En primer lugar, un apartado relativo a la mejora de infraestructuras viarias de las comarcas, con unas aportaciones anuales que podrían ser del orden de 100.000 millones de pesetas durante tres años --1997, 1998 y 1999--, procedentes de los ingresos por privatizaciones que obtenga la SEPI y transferidos a una sociedad estatal para infraestructuras de las comarcas mineras de nueva creación. Esta sociedad procedería a firmar convenios marco con las administraciones públicas titulares de las infraestructuras en cada caso para la cofinanciación de estas infraestructuras, estando facultada, a la vez, esta sociedad para abordar la financiación de proyectos plurianuales con obligaciones económicas que fueran más allá del año 1999.
Una segunda línea sería la de desarrollo de un enfoque urbanístico integral, por encima de planteamientos puramente municipales, con el objetivo de la creación de un entorno residencial y grandes áreas de servicio, con el objetivo, a su vez, de atraer población y mejorar la imagen negativa ecológica de las zonas mineras.
Una tercera línea sería la relativa a la formación de capital humano, con un fondo anual en torno a los 10.000 millones de pesetas, financiado desde la tarifa eléctrica, durante el quinquenio 1997-2001, destinado a la provisión de becas de estudios al cien por cien de sus costes para mineros o hijos de mineros.
Y una cuarta línea de actuación, la última, que sería la de continuar con el apoyo a proyectos empresariales con implantación en las zonas mineras, pero con nuevas fórmulas de financiación, como participaciones de capital

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riesgo, préstamos subvencionados, créditos participativos, créditos con tipo de intereses subvencionados o complemento de riesgos asumidos por entidades financieras. Estaríamos hablando en este caso de una financiación en torno a los 10.000 millones de pesetas anuales, también para el quinquenio 1997-2001, y en los que se prestaría una especial atención a la creación de cooperativas y proyectos de autoempleo, y entre ellos el fomento del turismo.
Este es, en definitiva, el plan de reordenación del sector del carbón y de desarrollo de las comarcas mineras que proponemos a discusión desde la necesidad de refinanciar un sector hoy muy intervenido, pero a la vez desde un planteamiento que creemos puede ser asumido y beneficia a las empresas con costes de producción más bajos, que siendo las más eficientes y rentables tienen en el sistema actual el mismo tratamiento que las que no lo son. En todo caso, este plan se desarrollará teniendo en cuenta las directrices necesarias para que se mantenga una seguridad minera que garantice el menor riesgo posible en el desarrollo de las funciones diarias de los trabajadores.
Como ustedes saben --y entro ya directamente en lo relativo a la seguridad minera, otra de las cuestiones planteadas en esta comparecencia-- el marco legal en que se sustenta la política de seguridad minera del departamento es fundamentalmente el Real Decreto de abril de 1985 por el que se aprobó el reglamento general de normas básicas de seguridad minera, publicado pocos meses antes de la integración en la Comunidad Europea y después complementado con las instrucciones técnicas que lo desarrollan, quedando con ello derogado en gran parte el Reglamento de policía minera de 1934 y demás decretos complementarios que hasta entonces regulaban las materias de seguridad minera.
Esta reglamentación específica, acompañada de otras relativas a infracciones y sanciones en el orden social, comités de seguridad e higiene en el trabajo, etcétera, ha venido constituyendo la base de la regulación española de la seguridad minera. Sin embargo, últimamente, y de una manera importante, la promulgación de la ley de noviembre de 1995, de prevención de riesgos laborales, que desarrolla el artículo 40 de la Constitución y que traspone la Directiva marco 89/291 de la Comunidad, así como la inminente trasposición de la Directiva 92/104, relativa a los requisitos mínimos de seguridad y salud de los trabajadores en las explotaciones a cielo abierto y subterráneas, vienen a componer un nuevo cuerpo legislativo al que es preciso adaptar el referido reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
Los principios de eficacia, coordinación y participación inspiran esta nueva regulación, ordenando tanto la actuación de las diversas administraciones públicas como la necesaria participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones representativas. Destaca también en ella el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva mediante la elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias, así como la promoción de la mejora de la formación en todos los niveles, involucrando al conjunto de la sociedad. Por tanto, esta adaptación de nuestra regulación en la materia de seguridad minera hay que hacerla bajo nuevos enfoques, en su mayor parte derivados de nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero también como consecuencia del desarrollo de la estructura autonómica del Estado.
Por otro lado, y ante la gravedad de los accidentes que tuvieron lugar el último día de agosto del año 1995 en el pozo de San Nicolás, con 14 mineros fallecidos, y en octubre en el pozo Candín, donde se produjeron cuatro víctimas, mi antecesor en el cargo compareció ante las Comisiones de Industria del Congreso y del Senado el 2 de octubre de 1995 para tratar monográficamente sobre el estado de la seguridad en las minas españolas. En dichas comparecencias se adoptó el compromiso de abrir y articular en el seno de la Comisión de seguridad minera un debate que condujera a la elaboración del correspondiente informe sobre la seguridad minera, en España y a una actualización o redefinición del plan de seguridad minera, entonces vigente, del año 1987.
Establecida la subcomisión correspondiente, y después de concluidos los oportunos trabajos, someterá al próximo pleno de la Comisión de seguridad minera, que se celebra pasado mañana, día 29 de noviembre, el documento: La seguridad minera en España. Análisis y propuestas, con vistas a la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad minera. En dicho plan se establecen como objetivos los siguientes. En primer lugar, disponer de un cuerpo normativo armónico, claro y concreto. En segundo lugar, que todas las personas que intervengan en la actividad minera, trabajadores y empresarios, conozcan los riesgos de las explotaciones y de sus puestos de trabajo. En tercer lugar, un sistema de vigilancia y control adecuado que esté integrado a todos los niveles --Administración, empresas y sindicatos-- por personas expertas, conocedoras de la reglamentación y de la buena técnica minera. Y en último lugar, un nivel óptimo de equipamiento y cumplimiento reglamentario en las explotaciones mediante un sistema que facilite la incorporación inmediata de las innovaciones que en materia de seguridad se vayan produciendo.
Ante estos objetivos, el plan contempla propuestas de actuaciones en materia normativa, formativa, inspección y vigilancia, fomento, recursos humanos y acciones estructurales. De todo lo anterior se deduce que las labores normativas y de fomento son las más importantes en el ámbito de seguridad minera dentro de las competencias de esta Dirección General de Minas.
En relación con la primera --decreto de febrero de 1984 por el que la Comisión de grisú y de seguridad minero pasó a denominarse Comisión de seguridad minera--, establece, entre otras, las respectivas competencias del comité permanente y de la Comisión en pleno. El hecho de tener que elaborar las reglamentaciones y normativas anteriormente mencionadas, así como ponerlas al día mediante instrucciones técnicas apropiadas, exige una infraestructura técnico-administrativa especializada capaz de preparar los trabajos, convocar a los expertos y agentes sociales y redactar las propuestas y conclusiones que se deriven de los trabajos anteriores.
Anteriormente, hasta el ejercicio de 1990, existía en el presupuesto de la Dirección General de Minas un concepto

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para gastos de la Comisión de seguridad minera, suprimiéndose en ese ejercicio del año 1990. La Comisión de seguridad minera acordó, en abril de 1990, en un pleno, la creación de una secretaría técnica de la Comisión y que ésta fuera asumida por el área de seguridad minera del Instituto Tecnológico Geominero de España. Para desarrollar un programa de actuación normativa aprobado por el pleno de la Comisión, en su reunión del día 24 de julio de 1990, el ITGE --el Instituto Tecnológico Geominero de España-- firmó un convenio marco de asistencia técnica y colaboración con Confeden para que actuase como unidad de apoyo a la asociación para la investigación y desarrollo industrial de los recursos naturales --Aitemin--, importando este convenio 15 millones de pesetas que el ITGE abonaba de sus presupuestos. En diciembre de 1994 el ITGE comunica que a partir del año siguiente finalizarían las actividades del área de seguridad minera del Instituto como secretaría técnica de la Comisión de seguridad minera, y como consecuencia de ello la labor de Aitemin como unidad de apoyo. Esto ha provocado que desde esa fecha, enero de 1995, hasta la actualidad, se haya producido una cierta interrupción de la actividad de elaboración de reglamentaciones y normativas, afectando a los 14 grupos de trabajo de la Comisión, de los que están funcionando sólo dos subcomisiones. La primera, para cumplir con el compromiso ante el Senado del Presidente de la Comisión para la elaboración de un informe sobre la situación de la seguridad minera en España, análisis y propuestas. Y la segunda, que fue creada para el análisis de las causas del accidente del Pozo San Nicolás, de agosto de 1995.
Para realizar esta labor se estima que las funciones que antes desarrollaba esta Secretaría Técnica serán hechas por los funcionarios de la propia Dirección General de Minas, habilitándose para ello una partida presupuestaria de 40 millones de pesetas en el presupuesto de 1997, destinado a los gastos de los grupos de trabajo, financiación, estudios, etcétera.
Por otra parte, existe una partida presupuestaria de 166,6 millones de pesetas, destinada a la transferencia de fondos de las comunidades autónomas para acciones en campañas de seguridad que actúen en la revisión mina a mina, formando personal, y en la creación de infraestructuras de seguridad, de acuerdo con un reparto, según los baremos acordados en la Comisión de Seguridad Minera. Estas actuaciones, a su vez, se ven complementadas por otras de fomento, como las subvenciones a los proyectos presentadas a la convocatoria de ayudas, según la orden ministerial correspondiente en vigor.
Finalmente, dentro de este apartado de seguridad minera, quiero mencionar como acciones más inmediatas de esta Dirección General las siguientes. En primer lugar, concluir, por parte de la Comisión de Seguridad Minera, el informe sobre el accidente del Pozo San Nicolás, una vez realizada la prueba, pedida por la subcomisión correspondiente, que se va a ejecutar en los próximos días en las instalaciones de Explosivos de Burgos, Sociedad Anónima, y que está financiada por la Dirección General de Minas. En segundo lugar, tan pronto se apruebe el presupuesto para el año 1997, y como consecuencia del análisis efectuado, se va a relanzar la actividad de los grupos de trabajo, de acuerdo con un plan que será sometido a la aprobación del primer pleno de la Comisión de Seguridad Minera que se celebre el año 1997. En tercer lugar, desarrollar medidas de fomento a proyectos de seguridad minera, mediante una próxima orden ministerial que regulará las subvenciones para el año 1997. En este caso me estoy refiriendo a subvenciones a empresas.
Paso a exponer la situación de los contratos-programa, que es la penúltima cuestión motivo de esta comparecencia.
Recordemos que, básicamente, los contratos-programa consisten en convenios entre la Administración general del Estado y determinadas empresas en las cuales se establece un conjunto de obligaciones y compromisos mutuos. Están regulados en el artículo 91 del Real Decreto del año 1988 de septiembre, de texto refundido de la ley General Presupuestaria. En este artículo se especifica que en los supuestos en que se estipulen convenios con el Estado que den lugar a regímenes especiales, tanto por las sociedades estatales como por las demás que perciban subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, éstos deberán incluir cláusulas relativas a hipótesis macroeconómicas, objetivos, aportaciones del Estado, adaptación a las modificaciones del entorno económico y control por parte de la Administración. En este momento son tres las empresas mineras que tienen convenios de este tipo: dos estatales, Hunosa y Minas de Figaredo, y una privada, Minas La Camocha.
Los contratos en vigor contemplan el período 1995-1997, encontrándose pendiente de formalizar el de Minas de Figaredo, aunque de hecho está percibiendo las prestaciones presupuestarias convenidas. Todos ellos se ajustan a las previsiones en sus respectivos planes de empresa, negociados con los agentes sociales para el período 1994-1997, y ello en virtud de lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 28 de junio de 1994.
Estos planes, aunque son específicos para cada empresa, tienen características comunes. En todos los casos se trata de planes de reestructuración, continuación de los iniciados en el año 1991, que programan una reducción progresiva y continua de actividad e incluyen fórmulas para mitigar, por otra parte, el efecto social negativo de dicha reducción, consistente en que las bajas de personal que se produzcan deben tener carácter voluntaria, utilizando fundamentalmente la vía de la prejubilación.
Comenzando por el contrato-programa de la Compañía Hulleras del Norte, Sociedad Anónima (Hunosa), tengo que decir que ha desarrollado planes cuatrienales de reestructuración desde el año 1980. Estos planes se instrumentaron mediante sucesivos contratos-programa, y su ejecución condujo, en la década de los 80, a la introducción de mejoras técnicas en sus explotaciones, aunque desde el punto de vista económico sus resultados fueron insatisfactorios. La tonelada de carbón, que el año 1980 tenía un coste de extracción de 13.000 pesetas tonelada, costaba 30.000 en el año 1990.
El plan aprobado en 1992 para el período 1992-1993, así como el aprobado en 1994, para el período 1994-1997,

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representan ya un punto de inflexión por cuanto programan reducciones de actividad con el correspondiente cierre de instalaciones y reducción de las plantillas.
El contrato-programa en vigor contempla el período 1995-1997, prevé una reducción de personal de 941 trabajadores por la vía de prejubilación y de suministro de 241.000 toneladas. Cifra las aportaciones del Estado en 165.000 millones de pesetas en los ejercicios 1996 y 1997, de los cuales un 45 por ciento se libraría bajo la fórmula de subrogación de deuda por parte del Estado, y el 55 por ciento restante mediante subvenciones a la explotación consignadas en los presupuestos generales.
Proyectando hasta finales del año 1996 los datos conocidos a la fecha, podemos concluir lo siguiente en cuanto al cumplimiento del contrato programa.
La plantilla media y final serán superiores a las previstas en el contrato-programa debido al escaso número de personas acogidas al proceso de bajas incentivadas, que son de carácter voluntario. El absentismo será tres puntos superior al previsto, del 20 por ciento, frente al 17 por ciento previsto en el contrato-programa. La productividad subterránea será un 4,6 por ciento superior a la prevista, merced a un aumento de la mecanización y selección del yacimiento por la empresa. Habrá un incremento de un 0,8 por ciento en el jornal medio sobre la previsión, consecuencia de las presiones sobre los salarios que llegan a condicionar la consecución de producción y productividad. El valor de la producción por tonelada tendrá una desviación por exceso de dos puntos de cenizas en la producción lavada. El coste producción por toneladas experimentará una ligera mejoría por el incremento de la productividad. La producción vendible subterránea crecerá un 2 por ciento, como consecuencia del incremento de la productividad y a pesar del alto nivel de absentismo.
Las pérdidas de explotación en minería subterránea tendrán una desviación del 1,3 por ciento, resultado de un ligero incremento en los costes de subcontrataciones para aumento de la mecanización y productividad.
La producción a cielo abierto tendrá un crecimiento del 25 por ciento, resultado de la racionalización en la explotación de estas cortas. El diferencial será consumido por el grupo termoeléctrico, liberando así una parte de la producción subterránea para el cumplimiento de cupo. Los beneficios de cielo abierto experimentarán una mejoría de más de un cien por cien, consecuencia de la mayor producción y menor coste de la misma por la racionalización de la explotación.
El resultado total de explotación será de 45.508 millones de pesetas frente a 45.560. Las inversiones mineras tendrán una desviación del 10 por ciento, consecuencia de un mayor esfuerzo en preparación de infraestructura minera, y finalmente el endeudamiento operativo sufrirá una desviación del 10 por ciento, causada fundamentalmente por un retraso medio de 45 días en el cobro de subvenciones del Estado, que no estaba previsto en el contrato-programa.
Por lo que respecta a Minas La Camocha, se trata de una empresa privada que se beneficia del régimen de contrato programa. Hasta junio del año 1992 formaba parte de la MSP, de la que se segregó como consecuencia de los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de abril y diciembre del año 1990. Este último acuerdo programaba la realización de un plan experimental en Minas La Camocha, destinado a analizar las posibilidades del yacimiento y, con ello, su viabilidad futura. Este plan se ejecutó entre los ejercicios 1991 y 1993 y sirvió de base para elaborar el plan de viabilidad correspondiente al período 1991-1994.
El contrato-programa formalizado con esta empresa abarca el período 1995-1997, durante el cual se prevé una reducción de plantilla de 189 trabajadores, con lo cual quedaría al final en 741 trabajadores y de suministros de 25.000 toneladas. Las aportaciones del Estado para este período se cifran en 12.097 millones de pesetas.
En el caso de La Camocha conviene destacar que se está tramitando una petición adicional de ayuda de 1.386 millones de pesetas por el Ministerio de Economía, sobre la consignación de 3.000 millones de pesetas previsto originalmente en los Presupuestos Generales del Estado, para atender las mayores pérdidas previstas de explotación como consecuencia de las mayores dificultades encontradas en la explotación.
En el caso de Minas de Figaredo, el plan de empresa negociado para el período 1994-1997 contempla una reducción de producción de 27.500 toneladas, y de plantilla de 256 trabajadores, con lo cual quedaría en 710 a finales del año 1997. Para el mismo período prevé un incremento de la productividad del 25 por ciento. Cifra el importe de las ayudas estatales en el cuatrienio en 25.940 millones de pesetas, incluyendo estas ayudas las destinadas a financiar el déficit de explotación y las reducciones de plantilla. Su contrato-programa, aunque está elaborado, no ha sido sometido a aprobación por el Consejo de Ministros.
Con los datos conocidos del ejercicio de 1996, y extrapolándolos hasta el final del año, podemos hacer las siguientes observaciones. La plantilla media y final serán inferiores a las previstas en el contrato-programa, cumpliéndose el objetivo; el absentismo, finalmente, será 0,8 puntos superior al previsto (13,5 frente al 12,7); la productividad subterránea será un 45,8 por ciento inferior a la prevista, debido a una menor producción del 47,4 por ciento; el valor de la producción por tonelada experimentará una desviación por exceso de más de un punto de cenizas en la producción lavada; los costes de producción por tonelada sufrirán un gran empeoramiento por la caída de la producción (estamos hablando de 53.552 pesetas por toneladas frente a las 31.320 previstas); la producción vendible subterránea caerá un 47,4 por ciento como consecuencia de dos hechos: en primer lugar, una menor producción bruta, principalmente por paros generales en la empresa, por accidentes, motivos de seguridad y avería en las máquinas de extracción, y problemas en un nuevo equipo que tiene la empresa, y, en segundo lugar, por un menor rendimiento del lavadero (54,4 por ciento real frente al 66 por ciento previsto en el contrato-programa).
En las pérdidas antes de subvenciones no se produce una desviación final debido a unos ingresos accesorios y extraordinarios de 750 millones de pesetas aproximadamente.


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No hay desviaciones en las inversiones y no se producen tampoco variaciones significativas en el endeudamiento operativo.
Respecto a los futuros contratos-programa, motivo también de la comparecencia, la Agencia Industrial del Estado está cumpliendo escrupulosamente el contrato-programa vigente con Hunosa y con Figaredo, que comprende hasta el 31 de diciembre de 1997, como he dicho, y así va a seguir haciéndolo, a pesar de que algunos compromisos, como la reducción del absentismo, según hemos visto en Hunosa, no están siendo respetados por las partes que deberían cumplirlos.
Referente al futuro, es necesario definir, en primer lugar, el nuevo marco general para el carbón, el que les he presentado hace un momento, que afrontará el futuro del carbón con rigor, desde la perspectiva evidente de que en junio del año 2002 finaliza el tratado CECA y, por tanto, el actual régimen que permite la continuidad de estas explotaciones inviables en un marco de libertad para el carbón; situación que no sólo afecta a Hunosa y Figaredo, sino que es común al conjunto de las empresas carboneras de España.
Definido este nuevo marco general, se construirán posteriormente los nuevos planes de empresa para Hunosa y Figaredo, que podrán abarcar el período 1998-2002, o acaso algún año más, procediendo entonces a negociar con seriedad, realismo y rigor el contrato-programa o el instrumento jurídico que se considere idóneo para el período que se ha fijado.
Finalmente, paso a la última materia objeto de esta interpelación referente a la incidencia en el sector del carbón de las modificaciones que se están produciendo en el sistema eléctrico nacional, para lo cual considero conveniente comenzar con una referencia genérica al denominado protocolo eléctrico, de manera que se clarifique la independencia existente entre éste y el plan del carbón, y ello nos permita tratar adecuadamente los problemas del sector del carbón, lo que constituye mi parcela de responsabilidad específica en el Ministerio de Industria.
El protocolo eléctrico tiene por objeto establecer los principios básicos para orientar el proceso de introducción de competencia en el sistema eléctrico, con el mayor grado de consenso con las empresas directamente involucradas.
La misión del protocolo es propiciar una reducción de las tarifas eléctricas, que en España se encuentran en la media alta en relación con las practicadas en otros países de nuestro entorno para un conjunto muy importante de consumidores. Por ello, el protocolo constituye un compromiso de reducción de tarifa durante cinco años consecutivos. Con este objetivo, los mecanismos de competencia que se introducen en el sistema eléctrico están presentes como la mejor garantía para este compromiso de reducción de tarifas.
El protocolo se estructura en cuatro apartados: descripción del modelo de funcionamiento del sistema eléctrico; mecanismos previstos durante el período transitorio; separación de actividades (estructura de mercado y régimen accionarial), y, finalmente, desarrollo del protocolo. El documento no contiene capítulo específico por fuentes de energía primaria. No obstante, en el caso de fuentes autóctonas, como es el caso del carbón nacional, se establecen ciertas excepciones que permitan compatibilizar la generación en un modelo competitivo con las particularidades de esta fuente de energía.
Por tanto, en este marco se establecen en el protocolo las siguientes salvedades a los principios generales de liberalización. En primer lugar, se dejan abiertos los criterios para el uso de este carbón al plan de futuro de la minería del carbón y desarrollo de las comarcas mineras, que se materialice con la elaboración de la normativa correspondiente, negociada con los agentes sociales y no prejuzgando, por tanto, en el protocolo, el contenido de dicho plan.
En segundo lugar, se contempla expresamente la formalización de contratos a medio y largo plazo de adquisición de carbón nacional para la generación eléctrica, que serán supervisados por el Ministerio de Industria y Energía y los agentes sociales, y en los que se prevé, además, la retribución del coste financiero a un determinado volumen de existencias por encima del stock de seguridad. Todo ello dentro del plan de futuro del carbón.
En tercer lugar, en el protocolo, el Ministerio de Industria y Energía se compromete a hacer uso, a partir de la transposición de la directiva de la Unión Europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de las facultades que le confiere su artículo 8, con objeto de dar estabilidad al sector minero español. Asimismo, tratará de mejorar todos los aspectos que se refieren al carbón en el citado proyecto. En todo caso, se contempla el compromiso del Ministerio de Industria y Energía de elevar al Gobierno una solicitud para promover un debate parlamentario que contribuya a dotar de estabilidad la política que se establezca con respecto a la minería del carbón.
Estos compromisos quedan reflejados en el protocolo dentro de la formación de precios de electricidad para los consumidores finales y los costes de seguridad de abastecimiento, que constan de: costes asociados a la minería del carbón; costes asociados al stock de carbón nacional; costes indirectos, y los costes indirectos relacionados con el plan del carbón que comentábamos antes.
Para el análisis de la normativa necesaria en el desarrollo del protocolo se crearán grupos de trabajo que convocará el Ministerio de Industria y Energía, y en los que intervendrán, además del citado Ministerio, las empresas eléctricas, Unesa y la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, y los agentes o colectivos interesados en la materia.
En los grupos de trabajo de formación de precios en generación y diseño de mercado, así como en estructura de tarifas, se garantiza la colaboración de los sindicatos mineros, indicando expresamente en el protocolo la participación de los mismos. Asimismo, de las modificaciones de la normativa necesaria en el proceso de desarrollo del protocolo se informará previamente a los firmantes y a los agentes sociales.
Adicionalmente, para establecer los compromisos regulatorios durante el período de adaptación al nuevo modelo eléctrico, se han considerado los precios de adquisición del

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carbón nacional siguientes. Primero, precio tomado como referencia para garantizar el consumo nacional a los precios futuros es el de 1996 para los nuevos suministros, pero afectado por una prima de seguridad del suministro del 10 por ciento en vez del 14 por ciento existente, para todo el período de cálculo de los compromisos actuales. Este precio se ha internalizado en los cálculos de los compromisos regulatorios, por lo que se garantiza la recuperación de los costes de combustible existentes.
En segundo lugar, a los efectos de posibilitar en un entorno competitivo la autorización de los carbones nacionales, se ha establecido un incentivo de entorno a una peseta kilovatio/hora a las centrales que efectivamente utilizan carbones nacionales a través del sistema de compromiso regulatorio. Debo decir que el importe global de este incentivo en pesetas del año 1997 asciende a más de 200.000 millones.
En consecuencia, y como sucede para otros sectores que suministran materias primas al sector eléctrico, el protocolo no contiene pautas de ordenación sectorial y, como se recoge en el propio texto, no prejuzga el contenido del futuro plan de la minería del carbón y desarrollo de las comarcas mineras.
No se considera, asimismo, que los mecanismos de planificación tradicionales tengan capacidad para propiciar en España una energía a costes competitivos.
Con esto finalizo la intervención de 40 minutos, que ha sido un poco más extensa de lo que pensaba por la cantidad de materias que eran objeto de esta comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el turno de intervenciones de los distintos grupos. Empezaremos por los que han solicitado su comparecencia.
Tiene la palabra, en primer lugar, don Mariano Santiso del Valle, por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Debo recordarles a todos ustedes que las intervenciones tienen una duración máxima de diez minutos.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaremos resumir, ante una intervención de 40 minutos, en diez minutos las preguntas.
De todas maneras, muchas gracias, señora Directora, por comparecer, entre otras cosas porque creo que era una comparecencia necesaria y quizá llega incluso un poco tarde, en el sentido de que está pedida antes del verano por nuestro grupo, entendiendo precisamente que íbamos a entrar en una situación conflictiva y preocupante en todo lo relacionado en este caso con la minería del carbón, como desgraciadamente así ha sido.
Esta comparecencia se produce después de haber tenido convulsionadas a todas las cuencas mineras de Castilla y León, con una grave inquietud social en el sector minero, con una preocupación que se mantiene y que, en todo caso, lo que se ha abierto es un período de inicio de negociaciones para poder evaluar posteriormente cuál es la situación real en que queda la minería del carbón y su futuro.
En su intervención hay una parte descriptiva, que es interesante para recordar el origen de la situación actual del sector, pero a mí lo que me preocupa es que sobre este sector, con declaraciones especialmente procedentes del propio Ministerio de Industria, se ha creado, en mi opinión, una imagen distorsionada ante la propia opinión pública.
Una vez más, una parte de los sectores públicos, como puedan ser las empresas con contrato-programa y el propio sector del carbón, han sido situados ante la opinión pública como una especie de rémora social con la cual carga el Estado. Esto, en primer lugar, no responde a la realidad ni a la evolución histórica del sector y, al mismo tiempo, es una mala estrategia a la hora de tener que renegociar a lo largo del año 1997 contratos programa como los de Hunosa, Sierra Negra, etcétera. Yo creo que no se debe crear este tipo de inquietud en las comarcas mineras, en las comunidades autónomas que ya están muy afectadas por la debilidad de su propio tejido productivo, en unos casos, como Asturias, por estar sometida a toda una serie de reconversiones y de retirada de tejido productivo también industrial, no solamente minero, y en Castilla y León y las comarcas de Aragón afectadas porque han tenido prácticamente un monocultivo, que ha sido la minería, a pesar de las promesas permanentes, antes y ahora, de que estas comarcas iban a tener ayudas suficientes para ir transformando ese monocultivo en una diversificación industrial, en una mejora de las infraestructuras, en la creación de empleos para que la gente pueda ir paulatinamente buscando otras actividades económicas que solucionen su vida laboral. No hay que olvidar que los mineros ya no lo son por vocación, se recurre al trabajo en la minería, especialmente la subterránea, porque no hay otra alternativa, no porque sea una especie de destino histórico de los que nacen en estas comarcas ni porque su voluntad personal sea trabajar en la mina, sino porque en general no tenían más posibilidad que hacer estos trabajos, en muchos casos penosos y peligrosos. Por tanto, nos parece que ha tenido un tratamiento poco serio.
En segundo lugar, ha hecho referencia a la negociación del protocolo eléctrico, a lo que puede suponer para el sector ahora esta solución mágica, en mi opinión, de separar la discusión no de las ayudas al carbón, sino sobre el marco de referencia para las empresas mineras a la hora de poder establecer contratos a largo plazo con las propias centrales térmicas o compañías eléctricas. Yo sinceramente creo que es inseparable, que se pueden separar en todo caso las ayudas concedidas vía presupuestos del Estado o también a través de este nuevo mecanismo mágico, al que el Partido Popular recurre mucho a lo largo de estos pocos meses que lleva gobernando, que es el de los conceptos extrapresupuestarios. Es decir, aquí discutimos unos Presupuestos Generales del Estado donde la sección de Industria tiene unos ingresos previstos de 460.000 millones procedentes de la venta de las empresas de la SEPI, y además ahora tiene que hacer un nuevo esfuerzo de venta de su patrimonio, porque hay que hacer frente también a los resultados de las negociaciones, que espero que fructifiquen, con los agentes sociales para las comarcas mineras, que ustedes mismos evaluaban ahora mismo en unos 100.000 millones/año durante tres años. Quizá no hay tiempo para entrar en un debate de fondo, pero sinceramente creo que este año van a pasar muchas dificultades para poder cumplir los

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compromisos de ingresos, con la repercusión que esto tiene en los propios presupuestos, porque poner en venta durante un año más de medio billón de pesetas sinceramente creo que es una política difícil de llevar a cabo, al menos con condiciones de garantía incluso para las propias empresas que se pretenden vender. Aquí mismo se reconoció, en una comparecencia, que todavía no se había evaluado exactamente cuál iba a ser el origen o cuáles iban a ser las empresas afectadas. En segundo lugar, porque para los agentes sociales y para algunas fuerzas políticas, por lo menos las de la izquierda, es difícil de explicar, por ejemplo, que vamos a vender patrimonio para cubrir otro hueco; en definitiva, vender el coche para comprar gasolina. Es decir, venderemos Ensidesa o la Corporación Siderúrgica Integral para invertir estos fondos en las comarcas mineras.
Sinceramente, nosotros no vamos a estar de acuerdo y creo que los agentes sociales que se van a ver sometidos a esa dicotomía van a tener muy difícil poder entrar en este tipo de planteamientos. Creo que es una mala solución. No es suficiente que esa parte se pueda discutir al margen del protocolo porque son un tipo de ayudas que intentan el relanzamiento de las infraestructuras, insisto, en el sentido de que las infraestructuras son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar que se cree empleo en las comarcas mineras. Podemos tener una especie de maravillosos parques geriátricos o reservas con unas maravillosas infraestructuras, pero si además no hay manera de impulsar la instalación de otro tipo de actividades económicas, con eso no es suficiente; en todo caso, las infraestructuras sirven para agilizar la huida hacia otros sitios donde uno pueda ganarse la vida o buscar trabajo.
Como usted sabe muy bien, una orden ministerial de 1 de agosto de 1996 estimulaba a las compañías mineras, en este caso privadas, a que antes del 31 de diciembre terminasen de realizar los contratos a medio y largo plazo. La verdad es que con la situación actual me gustaría saber si esta orden ministerial va a tener algún tipo de prórroga que permita conocer a todos los interlocutores cuál va a ser realmente la situación, las condiciones en que va a quedar todo el marco del carbón. Los primeros avances que usted apuntaba ahora mismo corresponden más o menos a lo que usted expone en un protocolo que no sé si es el número seis, de 18 de noviembre de 1996, a las 12 horas de la mañana, porque yo tengo otros cinco, y cada vez que nos reunimos tenemos que intercambiarlos para ver en qué párrafo se ha modificado. (Risas.) Ustedes lo deben tener muy claro, pero tan claro no debe estar cuando van por el séptimo borrador por lo menos, y es difícil discutir de lo que supone un protocolo cuando en cada reunión nos encontramos con uno nuevo. También se corresponde con el documento que ustedes entregaron a los sindicatos y que tengo delante, y no estaría mal que estos temas se hubieran discutido por lo menos en el Congreso, como el Partido Popular propone en su proposición no de ley, con la que en términos generales podemos estar de acuerdo.
En su exposición de motivos el Partido Popular reconoce la importancia que tiene discutir un tema tan importante como éste en esta Cámara, cosa que tampoco se ha hecho hasta el día de hoy, en el que empezamos a hablar de él. Pero yo insisto en que usted dice algo que viene a ratificar mi posición: el protocolo se deja abierto para que a través de la negociación se incorpore al propio protocolo o a una prórroga del mismo el marco estable en que se prefigura el carbón, porque si no es imposible entenderlo, entre otras cosas --y espero que haya una variación en la negociación con los agentes sociales y con las empresas-- porque si se mantiene lo propuesto inicialmente en el plan de reordenación, la reducción, por ejemplo, de las ayudas en un 12,5 anual --y me gustaría que me aclarase si hay una propuesta nueva de ir a ocho años--, acabarán con el sector de la minería en principio privada, pero también la pública, porque les afecta de la misma manera.
Lo de la peseta sombra queda muy bien una vez más para encontrar fórmulas extrañas que la Unión Europea parece que puede aceptar, pero nuestro primer análisis de este borrador de protocolo, insisto, el de las 12 horas del 18 de noviembre, es que se sigue primando a la energía hidráulica. Si la ayuda queda en los términos que más o menos se apuntan ahí, seguimos pensando que va a haber una tensión importante sobre el agua, a pesar de esta peseta sombra o de la fórmula que se busque. Las compañías eléctricas, como es lógico, van a tirar de aquella energía que les deja más margen de beneficio, y el margen de beneficio, según nuestros primeros cálculos, sigue siendo sustancialmente importante, a mucha diferencia, para la energía hidráulica.
En segundo lugar, hay una discusión global; es decir, nosotros seguimos pensando que el carbón tiene que estar presente en un paquete energético diversificado, porque aunque ahora está muy de moda lo del gas, recordaría que en Inglaterra se está reconsiderando e intentando desviar, más que para su utilización en centrales eléctricas, para la utilización directa en el consumo industrial o en el consumo casero o doméstico. No hay que olvidar que el gas, aunque es verdad que tiene un horizonte más largo que el del petróleo --algunos lo estiman en unos setenta años--, es un bien que tiene límites. No creo que sea una buena política general que nos dediquemos en esta sociedad de hoy a consumir todo lo consumible y pensar que nuestros nietos ya se apañarán e inventarán algo nuevo que les produzca energía. En todo ese proceso las energías creo que van a sufrir lógicamente las tensiones de la oferta y la demanda y sus precios irán subiendo sustancialmente, especialmente si apostamos sólo a una fuente de energía.
Por estas preocupaciones que he expuesto es por lo que quisiéramos una mayor claridad y no discursos contradictorios; todavía ayer mismo, en un foro europeo, don Nemesio Fernández-Cuesta ha vuelto a insistir en que no es sostenible la situación del carbón. Se está haciendo siempre un doble discurso: cuando hay presión social, se habla de que hay que negociar, de que hay que volver a sentarse, de que no hemos querido decir esto; pero automáticamente, cuando hay un foro proclive a escuchar ese tipo de discurso, volvemos al anterior. Espero y deseo que esta negociación termine bien, en bien de todos. En segundo lugar, me gustaría que a la sociedad española se le explicasen las cosas objetivamente, y hay que reconocer que el sector

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ha hecho un esfuerzo importante en los últimos quince o veinte años, porque se ha reducido la plantilla de 52.000 trabajadores que había en el año 1975 a 25.000, se ha duplicado la productividad en toneladas/hombre; incluso el carbón ha subido dos pesetas menos que el IPC en los diez últimos años. Por tanto, hay una reducción en sí misma aproximadamente del 17,1, independientemente del sistema de ayudas.
Vamos a seguir con mucha atención la política de seguridad minera.
Entendemos --y nos preocupa-- que hay una reducción real de los recursos disponibles para los temas de seguridad minera si se comparan con los previstos en el año 1995. Ahora creo que están en torno a los 940 millones, si no me equivoco, cuando en aquel entonces se preveían --luego no se aprobaron, efectivamente-- del orden de los 3.000 millones. Nos preocupa el retraso, y sé que no es imputable sólo a esta Administración, del análisis de los accidentes mineros, aunque, efectivamente, estos días se va a realizar la prueba de Burgos. Creemos que es un tema muy serio en el que hay que insistir mucho más, y como hay una ponencia específica, en su momento continuaremos hablando de este tema.
Nos parece que no hay tanta prisa para cerrar un protocolo eléctrico, en el que ustedes mismos tienen que hacer referencia a una directiva que todavía está en fase de borrador; ustedes reconocen que se someterán a la disposición octava del borrador de directiva. ¿Por qué tenemos que correr más que nadie? Una cosa es que como Gobierno tengamos en Bruselas presiones políticas en la negociación de esa directiva, que algo tendrá que decir nuestro Gobierno, y otra cosa es apuntarnos ya a un borrador de directiva que todavía no se ha aprobado y que se aprobará probablemente a primeros del año que viene. Insisto, creo que las cosas van demasiado rápidas; además, el protocolo puede ir en contra de algunas disposiciones legales vigentes y creo que es un mal camino negociar primero el protocolo y después tener que revisar la legislación vigente, la Losen o el Plan Energético Nacional a posteriori para adecuarlo a un protocolo eléctrico. Creo que deberíamos haber empezado por explica aquí cuál es realmente la política energética del Partido Popular y de este Gobierno.
A partir de ahí, si ustedes creen que hay que modificar la ley, discutámoslo, las compañías eléctricas y el Gobierno podrán discutir un marco estable que no sea sólo para las compañías eléctricas, porque al no tener resuelto el tema del carbón ustedes abren una serie de incertidumbres para el futuro. Por tanto, creo que estamos haciendo las cosas al revés. Hagámoslo con más calma, discutamos con tranquilidad todo el protocolo eléctrico, las ayudas al carbón y dejemos tranquilos a los trabajadores. Porque, además, este inicio ha supuesto que las propias compañías eléctricas estén preparando una reducción de plantilla del orden del 25 por ciento.
Insistimos, más discusión en este Congreso para que hablemos de todos estos temas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Javier Fernández Fernández.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señora Sendín, por su presencia en esta Comisión.
He escuchado sus manifestaciones, y lo he hecho, en parte, con un cierto hastío, por que las viene haciendo no solamente usted, sino también al secretario de Estado de la Energía y el ministro en esas declaraciones dispersas que se van haciendo por todo el país, incluso fuera de él. Pero ha escuchado también algunas con franca sorpresa, porque usted, señora Sendín, ha reprochado a los gobiernos socialistas que hayamos mantenido una producción y, sin embargo, que hayamos reducido drásticamente, dice usted, el empleo, es decir, que se haya aumentado la productividad. (El señor Vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.) Creo que la intención de la decisión de la Unión Europea que usted ha esgrimido aquí no es que se reduzcan capacidades; se pueden reducir en aquellas que estén acogidas al artículo 4, pero eso no quiere decir que no se puedan conceder esas capacidades a las empresas que son ayudadas conforme al artículo 3.
De todas maneras, me ha sorprendido mucho que diga usted eso cuando lo único que han hecho, además de asustar al sector con estos anuncios, ha sido aumentar los cupos. Ustedes los han aumentado me parece que en bastante más de 300.000 toneladas. Si usted me dice que eso es un compromiso anterior, confírmemelo, porque entonces en Asturias y en León lo diré y evitaré que lo esté vendiendo el señor Lucas o el señor Marqués. Si, por el contrario, usted lo dice como reproche, ha entrado en una flagrante contradicción. En tercer lugar, si usted lo que hace es decir en cada foro lo que allí se quiere escuchar, a los sindicalistas una cosa, a los eléctricos, otra, ésta es una evidente falta de formalidad.
Usted nos ha diseñado un plan en sus puntos básicos utilizando la decisión europea; ha hablado de determinados artículos. Le voy a citar el artículo 3.2, párrafo segundo, que dice que el plan establecerá medidas apropiadas y esfuerzos continuos a fin de obtener una reducción tendencial de los costes de producción. Tendencial de los costes de producción y, por tanto, de las ayudas. Lo que le pregunto es si esa reducción tendencial significa recortar en el 12,5 por ciento las ayudas, porque eso no es tendencial, eso es un recorte drástico y forma parte de un plan claramente liquidacionista. Lo tendencial es otra cosa, y usted lo sabe perfectamente.
En el protocolo eléctrico se habla de gradualidad. El principio básico por el que debe desenvolverse el sector, después de la reunión que ha tenido usted con los sindicatos, dice que debe ser la gradualidad. ¿Es gradualidad un carbón tipo del 20 por ciento de volátiles, 25 por ciento de cenizas y 10 por ciento de humedad? Recortarle 700 pesetas de las 14.000 que supone, ¿es gradualidad? No lo es, en absoluto, porque las empresas no van a poder soportar ese recorte.
Además, ustedes ciertamente han puesto imaginación, demasiada imaginación para el sector, porque esa cantidad se recoge como ayuda en 1996 y cada una de las empresas la tendrá como compromiso regulatorio --por usar los términos que utilizan ustedes en el protocolo eléctrico-- para

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1997; imagínese que algunas empresas este año han tenido huelgas --que es un derecho constitucional, no debe luego penalizárselas por ello--, han tenido problemas de yacimiento, han tenido regulaciones. Eso supone que no habrán podido suministrar las cantidades que este año debían suministrar, con lo que las ayudas quedan amputadas. ¿Qué ayudas van a tener el año que viene? Empezarán ya gravadas con ese problema. De todas formas, eso es solucionable, y se lo digo para que lo solucione, aunque me parece que con este plan no hay solución de ningún tipo. Yo lo he dividido como usted lo ha hecho: reducción de ayudas, oferta y demanda.
Respecto a la reducción de ayudas en un 12,5, una reducción drástica que para mí supone el cierre a corto plazo, le diré que nosotros también conocemos la situación de las empresas, yo conozco algunas cuencas francamente bien. No le voy a citar las menos eficientes, le voy a citar una que lo es: la cuenca occidental del Narcea. He calculado las ayudas de 1996 y las que debe haber en 1997, porque usted sabe que la prima baja del 14 al 10 por ciento, de acuerdo con el Decreto de 28 de diciembre.
Rengos tendrá 677 millones, Antracitas de Tineo, 794 millones; en total, unos 5.060 millones, y no me equivoco en más de 20. Por tanto, de 5.000 millones de pesetas que recibe anualmente la cuenca, ustedes van a recortar 625 millones al año. Antracitas de Gillón. ¿Cuánto cree usted que puede durar esa empresa si le reducen ustedes los ingresos en 184 millones al año? Yo se lo digo porque ustedes deben saber los costes y tienen las auditorías de todas estas empresas: pues no durará más allá de dos o tres años, como máximo.
Hablemos del Bierzo-Villablino. Son 24.000 millones de pesetas/año aproximadamente, incluidas las ayudas de la MSP, vía Presupuestos Generales del Estado. Ustedes proponen eliminar ayudas a un ritmo de 3.000 millones/año. ¿Quién lo va a soportar en esa cuenca? Nadie, ni las más eficientes. Coto Cortés, por ejemplo, que tiene 2.400 millones al año de ayuda, ¿cuánto sobrevivirá con esa reducción de 300 millones/año? Igual digo de Coto Minero del Sil, al que le quitarán 675 millones/año, o la cuenca del norte de León. ¿Qué pasará con ese proyecto de nueva mina de la Hullera, que tiene comprometidas esas inversiones tan fuertes, que yo he calculado en 8.400 millones al año de ayuda --7.200 aproximadamente para la Hullera--. ¿Van a recortar ustedes la ayuda a esta empresa de esa forma? Porque adiós al nuevo proyecto, téngalo usted por seguro.
Lo dicho vale para la cuenca de Peñarroya, donde Alcasur recibe en torno a los 1.270 millones, o para Carbones de Pedraforca, que recibe 125, o para todas las cuencas de España.
Yo he calculado esto con los datos que usted pone en los documentos que les ha dado a los sindicatos, es decir, 50 dólares por tonelada equivalente de carbón 130 pesetas/dólar, más transporte, más prima del 10 por ciento, que es lo que corresponde a 1997. Por tanto, insisto, no pueden diferir sus cálculos. Yo supongo que usted habrá valorado eso y, como sabe los costes de cada empresa, o tendría que saberlos, quisiera que usted me dijera qué incidencia han calculado que tiene esto sobre cada una de las empresas y, por tanto, sobre el empleo de cada una de ellas.
¿Cree usted sinceramente que las empresas mineras españolas pueden aumentar su productividad de manera que absorban esta reducción de ayudas? Teniendo en cuenta que la ayuda media es del orden del 41 ó 42 por ciento del ingreso minero, esta reducción supone un 5,2 por ciento del ingreso total; es decir, que la productividad tendrá que aumentar en esa medida, más lo que aumenten los inputs de las empresas, porque, aunque parece ser que la electricidad no va a aumentar, van a aumentar el carril, los cuadros metálicos y el precio de la madera, y no podrán tener ustedes congelados indefinidamente los salarios de los mineros. Tendrán que hacer ustedes un esfuerzo continuado, año a año, del 6 o el 7 por ciento para incrementar la productividad.
Si se han conseguido incrementos importantes, aunque no de este nivel, en el pasado, es porque se ha tecnificado mucho la minería, se han erradicado sistemas obsoletos y anacrónicos que existían en nuestro país, pero los límites tectónicos de los yacimientos están ahí, no crean ustedes que van a inventar nada nuevo y que se va a dar un salto cuantitativo en la productividad que pueda poner a estas empresas en situación de competir, porque competir no es posible. Si ustedes sostienen que van a colocar a las empresas, a partir del año que quieran, del 2002 o cuando ustedes quieran, en situación de competir con el carbón internacional, lo que están diciendo es que van a cerrar el sector. El sector minero español va a durar lo que duren las ayudas, no va a llegar más allá. Ciertamente las ayudas tienen que ir en disminución, tienen que ser regresivas, lo dice la decisión y además es lógico, pero hay que administrar el sector en ese largo plazo y bajo ese principio de gradualidad al que ustedes se han comprometido en el protocolo eléctrico.
Lo que usted denomina la oferta, que es eso de eliminación de cupos, el ingreso minero, los precios de suministro, la diferenciación entre cielo abierto y subterráneo, a mí me parece que es intentar introducir elementos de competencia en un sector en el que eso no es posible. Si quieren introducir elementos de competencia, háganlo ustedes con parte del carbón en aquellas empresas que ya no tengan viabilidad o hayan terminado con su yacimiento, pero no a costa de lo que tienen ahora las propias empresas, porque eso que usted llama cupos y ha tratado con esa displicencia, evitando de esa manera las posibilidades de incremento de la productividad de cara a las empresas, es lo que esas empresas hace unos años fijaron en sus planes estratégicos con las eléctricas. Claro que algunas no lo calcularon adecuadamente, seguramente, por eso los gobiernos socialistas han dado a veces toneladas a esas empresas, y usted misma lo ha hecho, como antes le comenté.
¿De qué se trata con la eliminación de cupos? ¿De que entre todas las empresas aquella que oferte más barato su carbón es la que va a sobrevivir? Pues yo le digo que no solamente sobrevivirán las más eficientes, sino aquéllas en las que los empresarios estén dispuestos a esquilmar sus yacimientos y a vivir en el corto plazo, liquidando el yacimiento y, por tanto, ofertando más barato porque no van a hacer inversiones. Van a expulsar al resto del sector, y ellos, en tres o cuatro años a lo sumo, van a eliminar también sus producciones

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y por tanto el conjunto de la actividad en este país. Esto que ustedes están haciendo está asustando realmente al sector, y tenga usted en cuenta --debería saberlo y estoy convencido de que lo sabe-- que las inversiones en minería sólo son recuperables en el largo plazo y además son necesarias en todo momento. No se puede crear esta tensión, que inhibe a los empresarios de realizar estas inversiones, porque esto no tiene luego marcha atrás. Si de manera continuada no se hacen inversiones en las minas, esas minas no tienen absolutamente ningún futuro.
Explíqueme también lo que significa esa no discriminación entre cielo abierto y subterráneo. Supongo que tendrán ustedes algún coeficiente, algo preparado, porque, de lo contrario, ya sabemos quién va a ser el ganador de todo esto, el carbón de exterior. Y no estamos contra el carbón a cielo abierto, que tiene un papel en el mix energético español, y así se reconoce en el Plan Energético Nacional, pero veo que usted ha confundido los términos. No hay ninguna diferencia entre la componente energética de un carbón de exterior y uno de interior, pero sí en cuanto al papel social y territorial que desempeña cada uno de ellos, y las ayudas vienen por razones sociales y territoriales fundamentalmente, y el que es intensivo en trabajo no es el carbón de exterior sino el de interior.
En cuanto a ese precio sombra --ya estoy en la demanda-- que tenía primero el protocolo, que desapareció después y que ahora ha aparecido de nuevo, ojalá lo pueda mantener pero es una barrera de entrada de las que expresamente se condenan desde el ámbito de la Unión Europea, así que la verdad es que el balance que yo hago de ese plan no puede ser más negativo.
Quiero que me conteste explícitamente, porque no lo he visto en ese plan, si ustedes contemplan las ayudas para costes de transporte por razones de mezcla de combustible y equilibrio entre cuencas.
También ha dicho que las ayudas no van a proceder de la tarifa eléctrica, y quisiera que me dijera si es que ustedes ya saben que no es un mecanismo estrictamente equivalente o si es que se adelantan a la Unión Europea. Además, se podrá implementar algún otro tipo de mecanismo equivalente. ¿Van a trasladar ustedes a los Presupuestos Generales del Estado todas las ayudas? ¿Va a permanecer algún tipo de ayudas, las ayudas a la reactivación, al tratamiento de los excedentes laborales, al cierre? En relación al fondo de reactivación de las cuencas mineras, yo leí una vez unas declaraciones suyas que me inquietaron, porque criticaba que con esas ayudas se hubiera realizado una inversión en un geriátrico en Pola de Gordón. Nosotros creemos que esas ayudas no son para la reindustrialización exclusivamente, van más allá, es un concepto más amplio, son a la reactivación económica, y los equipamientos, colectivos y dotaciones son esenciales para conseguir lo que usted decía hace un momento: fijar población y atraer inversiones. De todas maneras, resulta paradójico el tratamiento que están dando ustedes a este fondo, un fondo del 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica que el otro día, en una proposición no de ley, como sabe usted, se determinó en el Congreso que debía pervivir. Yo no conozco cómo se está distribuyendo ese fondo en el resto de España, pero sí en Asturias en concreto. Creo que tendrá usted en proyectos en torno a los 16.000 millones de pesetas y hay siete resoluciones definitivas, pero son anteriores a su gestión, usted no ha hecho ninguna. Uno termina por pensar que lo que se dice y lo que se hace luego parece que entra en colisión. La última es del 6 de mayo de este año.
También le quería preguntar, ya que estamos en este terreno, sobre Río Narcea, un proyecto que usted sabe que es extraordinariamente importante y que supongo que recibirá ayudas por este mecanismo. No quiero que me diga que se las va a dar, que estoy convencido --¿cómo se las va a negar?--, sino cuándo se las va a dar, porque esto ya lleva mucho retraso.
En cuanto a Camocha y la cantidad de 1.300 millones, yo no estoy tan convencido que se deba a problemas técnicos del yacimiento, sino a que para este año estaban presupuestados 4.386 millones y con la congelación del presupuesto usted sabe que se quedaron en los 3.337 millones del año pasado. Lo cierto es que Camocha en este momento ha tenido que hacer frente a su reestructuración de personal contra su propia cuenta de resultados, y eso es urgente. La idea que yo tenía, porque me lo habían comentado los responsables, era que ya había sido presentada una iniciativa para la concesión de un crédito en este Congreso, pero lo he buscado y no está. Usted me ha aclarado que todavía está en el Ministerio de Economía. Había mirado incluso las referencias últimas del Consejo de Ministros, pero allí tampoco se encontraba.
Por último, señora Sendín, quería hacer referencia al protocolo eléctrico. Si lo sintetizamos --aunque las simplificaciones y los reduccionismos nunca son buenos--, me parece que se trata de que lo que se puede conseguir --y hablo del kilovatio/hora-- a 6 pesetas se les va a dar a las empresas eléctricas a 12 pesetas, aproximadamente. Ese es el compromiso regulatorio del que se habla. ¿Y eso qué es? Eso es una ayuda a las empresas eléctricas. ¿Por qué no se cuestionan las ayudas a las empresas eléctricas --con esa diferencia entre lo que costará generar con gas o lo que costará generar con carbón importado-- y se cuestionan, sin embargo, las ayudas al carbón nacional, además de esa forma tan inmisericorde? Repasando el protocolo, ¿cómo se consigue esa reducción del 3 por ciento de la tarifa? Maquillando contablemente. Se laminan costes de futuro, se amplía la vida útil de las instalaciones, con lo que las amortizaciones se difieren; se amputan costes a Enusa, a Enresa, a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, a las propias compañías eléctricas, para nada. La única reforma estructural que se pretendía hacer y que siguen pretendiendo hacer no en el protocolo, sino en el plan específico que ustedes tienen aquí, es recortar las ayudas al carbón y liquidar el sector. Y eso, sinceramente, no nos parece razonable, porque, al final, se sacrifica a los consumidores y parece que el único que los sacrifica es el sector minero.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.


El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero agradecer a la Directora General de Minas,

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señora Sendín, su comparecencia en este acto. Su comparecencia se produce en un momento muy oportuno porque actualmente las cuencas mineras que inciden en la minería en España, tanto en Asturias como en León, están pasando momentos difíciles.
Las explicaciones que nos ha dado a lo largo de su extenso informe han sido totalmente realistas, con una visión clara, concreta y objetiva de la situación del sector, y ha realizado un examen detallado y completo de la situación real que viene padeciendo la minería en este país desde el año 1980 hasta el momento actual.
Todos sabemos que la minería del carbón, indiscutiblemente en este país, tiene un negro futuro porque lleva muchos años en una situación difícil.
Está claro que a nivel mundial la minería presenta unas grandes reservas y unos precios que durante los próximos años se han de considerar estables. Desde el punto de vista europeo, a partir de la crisis del petróleo del año 1980 España ha intentado incrementar la potencialidad del carbón. Sin embargo, en esos momentos en Europa --y esto es claro-- ya empezaban algunos países a disminuir su importancia. Hoy día hay países como Bélgica y Portugal que ya no tienen carbón, en otros, como Francia, se prevé que en el año 2003 termine, y otros donde subsiste como en Alemania, que ha hecho una rebaja nada más y nada menos que de 100.000 millones de producción de carbón a 50.000 millones, es decir, ha rebajado el 50 por ciento de su producción en estos años y se está manteniendo a base de unas subvenciones muy importantes.
En España, desde su integración en el Mercado Común y sobre todo a partir del año 1993, la producción del carbón tiende a disminuir progresivamente, tienden a disminuir las ayudas y hay una idea clara de que tienen que disminuir sus plantillas.
Nosotros entendemos que el Partido Popular está afrontando, desde el punto de vista del protocolo, una cuestión fundamental: el examen completo del sector de la energía, principalmente en lo que afecta al eléctrico, y también del sector del carbón. En este protocolo ha quedado definido, mediante el pacto que se ha firmado el día 20 de noviembre, qué va a suceder con el carbón en España, pero en el momento actual y hasta el 31 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta los contratos-programas, las ayudas se mantendrán en todos sus planteamientos.
Nosotros estamos a favor de la idea de defender en todo momento el carbón en España porque consideramos que hay una parte del carbón que, actualizando la situación de las empresas, puede ser sostenible y, por tanto, el carbón es un elemento que debe incidir en la dieta energética de este país.
Los sindicatos, así como las empresas y el Ministerio de Industria, van a revisar los cupos y las subvenciones actuales. Se va a realizar un detenido estudio, se van a adoptar medidas serias y conscientes para la viabilidad del sector, por lo que empezamos una nueva etapa, una etapa de revisión total del sector, pero siempre con una idea clara de supervivencia del mismo en la medida de sus posibilidades.
Nos ha ilustrado la señora directora general sobre las medidas a adoptar y las que se están tomando respecto a la seguridad minera. Lógicamente, después de los graves accidentes ocurridos en Asturias en el año 1995 se van a incrementar las medidas de seguridad y todo ello va a beneficiar al sector del carbón. Tengo la seguridad de que en ese acuerdo a que se ha llegado con los sindicatos respecto al convenio de 20 de noviembre de 1996, en el que se pone de manifiesto con claridad que el protocolo eléctrico en modo alguno cuestiona la negociación del plan de futuro de la minería del carbón, se estudiarán detenidamente todos los condicionantes que tiene este sector. Todos van a participar para que salga adelante y se tendrá también en cuenta la reactivación de todas las cuencas mineras. Durante el año 1997 se han de mantener los suministros y las ayudas al carbón aprobadas en 1996, y ese plan se negociará durante 1997, comenzando a regir el nuevo plan del carbón el 1 de enero de 1998.
Ese plan determinará el futuro del carbón autóctono atendiendo a unos criterios que han sido manejados aquí, de racionalidad y de gradualidad, y atendiendo también a criterios económicos y sociales y siempre creando un marco estable en el sector que desembocará en el futuro del mismo con la participación de las empresas y de los agentes sociales.
Creo que la señora directora general ha hecho una exposición real, que este grupo parlamentario apoya en todos sus planteamientos y espera que el día de mañana se obtenga el mayor éxito posible.
Quiero dejar constancia de que el Gobierno del Partido Popular y los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Asturias han defendido con todos sus esfuerzos, al igual que lo viene haciendo desde hace muchos años el Partido Popular, la supervivencia del carbón como fuente energética autóctona, manteniendo y mejorando las medidas complementarias de ayudas para que los cierres empresariales, si se producen, o la reducción de la actividad no tenga en modo alguno carácter traumático.
Nosotros esperamos que este plan tenga el éxito apetecido y se logre la recuperación económica de las zonas a fin de lograr unos puestos de trabajo para una juventud que en el momento actual los tiene anulados.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): La señora Sendín tiene la palabra.


La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Quiero dar las gracias a los señores Diputados por los comentarios que han hecho. Espero ser capaz de responder a todos, incluso quiero contestar a algunos de los comentarios que han hecho.
Preguntaba el señor Santiso si se va a prorrogar la orden ministerial de agosto de 1996, que prorrogaba los contratos hasta finales de diciembre de 1996. En este momento no hay tomada una decisión, pero es muy probable que prorroguemos esa orden de forma que los contratos sigan vigentes en el año 1997, aunque sabemos --pienso que usted también-- que realmente no hay contratos. Estamos prorrogando unos contratos que no acaban de existir, pero como la situación es la que es, probablemente los prorrogaremos durante el año 1997 de forma que, como en este año se va a discutir el nuevo plan, se despejarán todas las

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incertidumbres. Unesa y Carbunión, que por otra parte ya han comenzado a tener conversaciones con vistas al año 1997 y siguientes, durante el año 1997 sí tendrán clara la situación futura y podrán instrumentar los contratos que haga falta a partir de 1998. Les recuerdo que serán contratos de suministro a largo plazo y se supervisarán por el Ministerio de Industria y Energía y por los sindicatos, de conformidad con el acuerdo al que se llegó el pasado 20 de noviembre.
Con respecto al borrador de protocolo --por cierto, tengo uno de dos días posteriores y unas horas después al suyo--, hemos dicho que seguirá habiendo más; seguirá habiendo más en la medida en que la discusión del protocolo no está cerrada y todavía queda por discutir. Se han mantenido reuniones con comunidades autónomas, asociaciones de autogeneradores, con los cogeneradores, con los distribuidores independientes, con los grandes consumidores, con las empresas eléctricas firmantes. Seguirá habiendo reuniones porque se sigue discutiendo el protocolo y hay un compromiso de presentarlo al Parlamento en cuanto esté ultimado para el correspondiente debate. Y después de él, como ya he dicho, se elaborarán las disposiciones de rango administrativo que corresponda, puesto que el protocolo no pretende ser más que un acuerdo de principio sobre el modelo global del funcionamiento del sistema eléctrico, sin más.
Al Diputado señor Santiso --y luego lo aclararé más al referirme a la intervención del señor Fernández-- debo decirle que no es segura la disminución del 12,5 por ciento, desde el mismo momento en que estamos diciendo que el plan del carbón está sobre la mesa y que en todos sus términos, en todos, está sujeto a discusión, evidentemente con un espíritu que es el que nos guía: el de la necesaria reducción de las ayudas al sector. Todos los términos, todos los parámetros, todo el borrador del plan del carbón no es más que un borrador que se somete a discusión y que empezaremos a discutir de hecho la semana que viene con empresarios y sindicatos.
El señor Santiso dice que se prima la energía hidráulica en el protocolo.
No voy a hablar en profundidad del protocolo porque soy Directora General de Minas, no Directora General de Energía, pero sí le voy a decir que el protocolo no contempla favorecer ningún tipo de energía primaria para la generación de electricidad y que, en todo caso, no tiene por qué ser Iberdrola la empresa más favorecida porque hay otras empresas que tienen energía hidráulica exactamente como la tiene Iberdrola, no en la misma cantidad, pero también la tienen. Iberdrola no es un monopolio en la generación hidroeléctrica.
Con respecto al gas, usted comentaba que no es una buena política confiar tanto. Entiendo que se refiere al gas como fuente de energía. Lo que le puedo decir, aunque tampoco quiero entrar a fondo en los temas eléctricos, es que en España la participación del gas natural en el conjunto del balance de la energía primaria es del 8 por ciento frente al 12,5 por ciento de media de la Unión Europea. Muchos otros países de la Unión Europea están apostando por el gas, como Italia, que no es precisamente un país con recursos gasísticos. Decir que el Gobierno está apostando demasiado por el gas natural es desconocer las tendencias energéticas de los países de la Unión Europea y del resto del mundo.
Reconozco que se ha hecho un enorme esfuerzo en el sector, y además creo que he utilizado la palabra doloroso cuando me he referido al proceso de reducción de empleo. No he criticado que haya una disminución de empleo y un aumento de productividad. Los planes que se han seguido hasta ahora han sido especialmente dolorosos --además, creo que he utilizado esa expresión exactamente-- en términos de reducción de empleo, y ha habido un aumento en la productividad desde el momento en que hay una reducción de empleo y se mantiene la misma producción. De lo que me he quejado básicamente es de que no han disminuido las ayudas, que tampoco hemos conseguido que muchas de las empresas que tenían, por ejemplo, suplemento de precio --suplemento destinado a garantizar la viabilidad de empresas-- sean viables, porque una gran cantidad de ellas --la mayoría-- cerraron y no hemos conseguido, a pesar de lo doloroso del proceso de reducción de empleo, una reducción de ayudas que era el objetivo de los planes de reordenación.
Con respecto al retraso en el análisis de los accidentes mineros, efectivamente hay un retraso especial en el estudio del accidente de San Nicolás y en el informe que hemos comprometido sacar, pero le voy a explicar por qué. El accidente de San Nicolás se produce el 31 de agosto de 1995, como bien sabe; en septiembre se reúne la Comisión de Seguridad Minera y decide crear una subcomisión para estudiarlo, a raíz también de la comparecencia en octubre del Director General de Minas en aquel momento. En marzo de 1996 se reciben en esa Subcomisión de Seguridad Minera los informes que elabora la autoridad minera competente, en este caso la Junta del Principado, y se plantea en ese momento una polémica sobre si se han estudiado suficientemente las posibles causas del accidente, de manera que cuando llego a la Dirección General de Minas a primeros de junio me encuentro con que la situación es de bloqueo, que la subcomisión no puede avanzar en sus estudios porque se cuestionan los dos informes que hay sobre la mesa, y se plantea por parte de una central sindical mayoritaria si no debería hacerse otro estudio sobre la base de una hipótesis que la citada central sindical propugna.
Como forma de desatascar el tema, decidí que se hiciera el ensayo sobre esa hipótesis del sindicato de manera que aclaráramos finalmente si ésa podía o no ser una hipótesis, pesar de que eso en el fondo contradice la reglamentación vigente, porque como bien sabrá el señor Fernández la Junta del Principado es la autoridad minera y el informe de la Junta del Principado debería ser el único que fuera operativo y válido. En todo caso, es un ánimo de diálogo y de desatascar el bloqueo al que había llegado la subcomisión en el estudio de las causas del accidente de San Nicolás, decidimos que el ensayo se hiciera, y es el que se va a hacer dentro de unos días. La decisión se tomó en septiembre, una vez que vimos que podíamos articular una partida presupuestaria, que no fue fácil, para hacer un ensayo que cuesta 15,4 millones de pesetas, aunque el ensayo luego ha tenido dificultades técnicas para su puesta en marcha. Lo

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que van a hacer es reproducir las condiciones en que el accidente se produjo, con lo cual hay que construir una tubería, hay que simular una explosión en unos depósitos de gas natural. Es un tema complejo técnicamente, según me argumentan todos los días cuando pregunto por ello, pero en este momento se ha construido una instalación en Burgos y esperamos que el ensayo se haga mañana, pasado o la semana próxima. Se ha retrasado ya varios días y varias veces, pero espero que se haga pronto.
En el momento en que tengamos el resultado de ese ensayo se convocará inmediatamente la subcomisión, que elevará en seguida a la Comisión de Seguridad Minera los resultados definitivos para realizar el último informe.
Respecto a la directiva, decía el señor Diputado que está en fase de borrador y que no hay que correr más que nadie. La directiva tiene aprobada una posición común en un Consejo de Ministros, si no recuerdo mal, del 25 de julio de 1996, y en ese sentido está semiaprobado. Falta ahora la discusión en el Parlamento, que es la que se está llevando a cabo, de forma que a finales de este año o principios del próximo esté en marcha. En todo caso, quiero recordar que España, como el resto de países de la Unión Europea, tiene dos años de plazo para trasponer esa directiva. Por tanto, no entraría en vigor en todo caso, como poco, hasta el año 2000.
Un último comentario. Decía que discutamos con tranquilidad el protocolo y el plan del carbón. Por lo que respecta al plan del carbón, que es de mi competencia, le puedo asegurar que vamos a discutir con mucha tranquilidad. Ya hemos empezado, seguimos la próxima semana y tendremos los meses del año 1997 que hagan falta para la discusión.
En cuanto a la intervención del Diputado señor Fernández, del Grupo Socialista, digo lo mismo que antes. Yo no he reprochado que hubiera una reducción de empleo y un aumento de la productividad. Como lo acabo de explicar, no merece la pena insistir. La decisión no dice que haya que bajar la actividad, salvo en el caso de las empresas del artículo 4.
Todos sabemos del tipo de empresas que hablamos en ese artículo. Lo que sí dice la directiva es que las ayudas tienen que ser regresivas. El señor Fernández estará de acuerdo conmigo que en el actual sistema, para que las ayudas bajen, tiene que bajar el nivel de actividad.
Hemos aumentado los cupos en la resolución de 31 de julio, y le voy a ser totalmente sincera. Se han respetado los compromisos anteriores.
Consideramos que la Administración es la Administración y porque hubiera un cambio de gobierno el administrado, al que se le había hecho una determinada promesa, no tenía por qué sufrir las consecuencias de que la Directora de Minas no tuviera bigote como tenía el señor Candil, que era el anterior director. Quiero decir que por cambiar de director creíamos que no tenían por qué sufrir las empresas. Pero también hay que decir que esos compromisos nos han sido recordados insistentemente por las comunidades autónomas, con lo cual, al César lo que el del César, hemos respetado compromisos anteriores. Pero le puedo asegurar que las comunidades autónomas han defendido con uñas y dientes lo que creían que era justo para sus territorios.
El señor Diputado ha hecho una serie de comentarios sobre la reducción del 12,5 por ciento, que es drástico, que es un plan liquidacionista.
Tendencial es otra cosa. Desde el momento en que estoy planteando que es un borrador que está sobre la mesa de discusión, no tiene por qué ser ese 12,5 por ciento. Mayor no va a ser, pero es muy fácil que sea inferior.
Está puesto a discusión y estoy segura de que llegaremos a un consenso.
Si me pregunta mi opinión personal, le diré que es fácil que baje el porcentaje o que cambiemos los plazos. En todo caso, esto es el resultado de una negociación que yo no voy a prejuzgar.
Respecto a la gradualidad, es un principio que hemos recogido en el protocolo y en el acuerdo con los sindicatos el pasado 20 de noviembre.
Estoy completamente de acuerdo.
Le preocupa al señor Fernández el hecho de que las empresas puedan haber tenido huelgas y no hayan cumplido sus compromisos de cupo el año 1996.
Creo haber dicho que las ayudas de 1997 se calculaban sobre los cupos teóricos que les hubiera correspondido en 1996, precisamente para evitar el efecto de las posibles huelgas o accidentes. Pensemos, por ejemplo, en Antracitas de San Claudio, que ha tenido un problema de hundimiento en la mina y que probablamente no tendrá todo el cupo. Se le respetará el cupo teórico de 1996 calculándolo sobre una prima del 10 por ciento, con lo cual las ayudas suben como es evidente porque se amplía la diferencia entre el ingreso al minero y el precio que paga a la térmica. Así se han calculado las ayudas para 1997. Usted hablaba de 5.060 millones para la cuenca occidental asturiana. A mí me salen 6.259 millones. Me sale más de lo que dice el Diputado. Ello debe ser debido al efecto del 10 por ciento y porque se respetan los cupos teóricos.
El Diputado ha mencionado el caso de Antracitas de Gillón. Curiosamente, si mal no recuerdo, porque estoy hablando de memoria, tiene ya presentado un expediente de reducción de actividad en la Dirección General de Minas por falta de yacimiento. También ha comentado el caso de la Hullera Vasco-Leonesa. Las inversiones que ha realizado la Hullera le permitirán en el futuro ser mucho más rentable, pero para eso lo que necesita es liberarse del corsé que le suponen los cupos. Yo no he hablado despectivamente de los cupos, pero sí que he dicho que suponen un corsé para aquellas empresas que pudiendo aumentar su producción y reducir costes hasta ahora no podían hacerlo por la restricción que suponían los cupos. Prácticamente para muchas empresas, creo recordar que lo he dicho también, se han mantenido invariables durante muchos años.
No tenemos una idea clara, específica y concreta de las empresas que van o no a tener que reducir actividad o incluso a tener que cerrar. Es probable que alguna lo tenga que hacer. Lo que sí le puedo decir es que la propuesta que hemos hecho --insisto que está en discusión y probablemente cambiará en muchos de sus parámetros en el borrador con la redacción final-- lo ha sido desde el convencimiento de que no es un plan liquidacionista y que no supone cargarnos el sector de la minería del carbón, porque si no supongo que no lo habríamos planteado así.


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Sigo con las preguntas del señor Fernández. Sobre cielo abierto y subterráneo, nosotros en el plan propuesto propugnamos eliminar esa distinción porque el carbón es carbón, venga de cielo abierto o de subterráneo. En un sistema como el propuesto, en el que se eliminan los cupos, los ingresos, los precios, en que se liberaliza el mercado, no podemos establecer una diferencia entre cielo abierto y subterráneo. Es evidente que el efecto social, el empleo en unas y otras es distinto. Eso está claro y lo comparto plenamente.
Respecto a los problemas que nos puede ocasionar la ayuda de la peseta-kilovatio con la Unión Europea, francamente veremos cómo lo podemos solucionar. Es evidente que nos estamos inventando una ayuda y que habrá que ver cómo lo sorteamos. Es evidente que se contemplan ayudas por razones de transporte en el año 1997, porque hemos prorrogado el actual sistema, y para los años siguientes dependerá de la negociación del plan, de la redacción final del mismo y de cómo quedemos al final en los distintos temas.
He dicho que se van a pasar las ayudas a los Presupuestos Generales del Estado en el año 1998, y me he referido a las ayudas a los costes de explotación. No nos estamos adelantando al dictamen de la Unión Europea.
Tenemos una carta --veo que la conoce-- de la que le voy a leer unos párrafos: La Comisión considera que su financiación por los Presupuestos Generales del Estado es la que mejor responde a los criterios de transparencia y no discriminación. Por otra parte, la aplicación de las ayudas debe cumplir estos mismos requisitos. La disposición vigesimo primera que figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 no responde a estos principios.
Tranquilizo al señor Fernández. Estamos en continuo contacto con la Unión Europea, en un diálogo fluido en el que no falta que tengamos posiciones contrarias. Hemos intentado mantener en el año 1997 las ayudas con cargo a la tarifa, porque el presupuesto no podía probablemente sostener este coste, y nos hemos encontrado con una reticencia muy fuerte por parte de la Unión Europea a que eso fuera así. Hemos recurrido al mecanismo de incluirlo en la disposición vigesimo primera de la ley de presupuestos, especificando ahí que las ayudas al carbón se pagan con cargo a la tarifa eléctrica, de manera que pasando por el Parlamento, como pasa la ley de presupuestos, la Unión Europea pudiera considerar que estamos en un mecanismo estrictamente equivalente. El problema, y usted lo sabrá bien porque probablemente siguió en su momento la decisión de la negociación de 1993 --yo no estaba en este sector entonces y, por tanto, no lo sé-- , es que no se define lo que es un mecanismo estrictamente equivalente.
Probablemente fue una forma de salir del paso y aprobar una decisión, pero sin definirlo, y la Unión Europea en este momento no ve más mecanismo estrictamente equivalente que los presupuestos. No deja de ser una contradicción; si dice los Presupuestos Generales del Estado o mecanismos estrictamente equivalentes, debe haber otro mecanismo que no sea el de los presupuestos, pero le puedo asegurar que estamos teniendo muchas dificultades para convencer a la Comisión de la Unión Europea en que, por ejemplo, lo que hemos hecho este año pudiera ser un mecanismo estrictamente equivalente. En la carta que yo le acabo de leer, que es de 7 de noviembre, aunque nos ha llegado unos días después, lo dice bien claro.
No pasamos todas las ayudas a los presupuestos, sino únicamente las ayudas a los costes de explotación, el resto de ellas (las referentes a reestructuración laboral, a la reducción de actividad, a la financiación de los stocks, y a la reactivación en sus distintas formas y apartados) siguen financiándose en el plan propuesto con cargo a la tarifa eléctrica.
Me ha sorprendido la alusión a mis críticas al geriátrico en Pola de Gordón, entre otras cosas porque he visitado Pola de Gordón con el alcalde, como he visitado otros pueblos de León con su alcalde viendo los proyectos de reactivación que planteaban, y le puedo asegurar que los proyectos de Pola de Gordón curiosamente están bastante bien dimensionados para lo que es el pueblo, cosa que no sucede en otros pueblos donde están planteando proyectos que probablemente excedan del tamaño que deberían por la zona en que están. Precisamente los de Pola de Gordón están, como digo, bastante bien dimensionados, con lo cual yo no he criticado nada. También es verdad que lo que se lee en las declaraciones que se supone uno hace es verdad en el 20 ó 30 por ciento, como usted bien sabe. No sé dónde lo ha leído, pero yo desde luego le puedo asegurar que no lo he criticado.
Somos conscientes de la importancia de los proyectos dotacionales dentro del programa de reactivación, y de hecho voy a dar unas cifras, aunque veo que las tienen, además supongo que son las que yo he mandado a algún Diputado o Senador. Estoy hablando de proyectos de reactivación con evaluación positiva en un resumen hecho a 21 de noviembre, es decir al jueves de la semana pasada, y estoy hablando ahora mismo de proyectos con resolución definitiva, es decir ya aprobados, con la subvención si no librada a punto de librarse, porque falte algún trámite tipo aval o algo parecido: Castilla y León tiene 25 proyectos aprobados, de los cuales hay 19 empresariales, y dotacionales; Asturias tiene 7, todos dotacionales; Aragón tiene 45, de los que hay 18 empresariales y 27 dotacionales; Barcelona tiene 13, de los que hay 2 dotacionales y 11 empresariales; y Córdoba tiene 4. Quiero decir con esto que el número de proyectos dotacionales es muy elevado respecto al total. En este momento en el total de los que están con evaluación positiva, que no quiere decir que estén ya todos aprobados en su trámite administrativo, tenemos 275, de los que 107 son dotacionales y 168 empresariales.
No quiero aburrirles con cifras. Con esto quiero decir que le damos la importancia que creo merecen los proyectos dotacionales. Siempre he comentado que si estuviéramos en un momento en que no nos hiciera falta dotacionales y estuviéramos sólo con proyectos empresariales sería estupendo, porque eso querría decir que los pueblos tendrían ya todos los servicios que necesitan. Usted ha dicho que los 7. Yo no he firmado ninguno. Le puedo asegurar que si no los he firmado es porque no me los han puesto en la mesa, es decir, porque no me los han presentado.


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El de Río Narcea, Goldmines, que usted hacía referencia, es un caso muy específico que no sé si merece la pena comentar en extensión, pero le dirá que se le ha comprometido una ayuda y en este momento la fijación de la misma, para que sea la mayor posible, depende de la cantidad que pueda disponer a final de año. Por eso, en este momento no se le ha dicho al consejero delegado de la empresa la ayuda concreta, pero siempre con el ánimo de que sea la máxima. Como le he explicado ya en más de una ocasión, si en el momento que la planteó, en septiembre, hubiera tenido que definir un porcentaje de ayuda, porque evidentemente no puede ser el 40 por ciento en un proyecto de 11.000 millones, si en ese momento hubiera habido que decirle ésta es la ayuda, probablemente hubiera sido muchísimo menor de la que finalmente se le va a poder dar cuando veamos en el balance de final de año qué ayuda se le puede dar a Río Narcea, que es un proyecto importante y que prevé la creación, creo recordar, de 170 puestos de trabajo inmediatamente.
El problema que tenemos con el programa de reactivación --aprovecho para comentarlo-- es precisamente lo que les acabo de decir cuando leíamos las cifras. Hay 45 proyectos en Aragón, 25 en Castilla y León y 7 en Asturias, entre empresariales y dotaciones. Yo creo que nadie me negará que es un desequilibrio bastante fuerte entre zonas. Si hay zonas que han perdido o pueden perder más empleo, es evidente que son Asturias y Castilla y León, y no tanto Aragón, que sí ha tenido una fuerte reconversión en los años pasados, pero no estamos hablando de la misma magnitud del problema que en Castilla y León y Asturias. A mí me preocupa mucho este desequilibrio en el balance entre regiones de programas, que estamos intentando ver cómo se soluciona a final de año.
Respecto a La Camocha y al protocolo, los dos últimos comentarios.
Efectivamente La Camocha tiene que hacer frente a su reestructuración de personal, que va con cargo a su pasivo. Cuando comparamos muchas veces las cifras de las empresas con contrato-programa y las sin contrato-programa, siempre digo que nos olvidamos de ese pequeño detalle: que las empresas con contrato-programa afrontan los gastos de reconversión laboral con cargo a su pasivo mientras que las empresas sin contrato-programa no. Bien es cierto que esto no explica la enorme diferencia de costes que hay entre unas y otras, pero sí una parte de ellos. Es decir, que estoy completamente de acuerdo.
El expediente de 2.386 millones de pesetas está en este momento tramitándose por el Ministerio de Economía y Hacienda y lleva buen camino, pero todavía no ha acabado de pasar.
Respecto al protocolo, como ya digo no es mi tema, prácticamente sólo un comentario. Efectivamente contempla ayudas a las empresas eléctricas, ayudas de facto, vía compromisos regulatorios, y no es que no se cuestionen; se cuestionan desde el momento que se establece un plazo de diez años para que las ayudas finalicen (El señor Torres Sahuquillo: 12.) Esos compromisos regulatorios corresponden a ingresos que hubieran tenido las empresas de continuar el marco legal y estable en que estaban inmersas. Quiere decir que también aquí se está respetado cierto compromiso, pero con la vista puesta en su finalización.
En cuanto a la intervención del señor Landeta, comparto lo que ha dicho.
Es evidente que el plan del carbón que ponemos sobre la mesa es un plan en el que pretendemos crear futuro, aunque no se nos esté creyendo en este momento, en el que en definitiva queremos construir la minería del futuro sobre la que hoy es más eficiente. En ese sentido estoy completamente de acuerdo en que apuesta por el futuro y que supone la creación de un marco estable para el sector.
Creo que no merece la pena hacer más comentarios a esa intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿El señor Santiso desea intervenir? (Asentimiento.)

El señor SANTISO DEL VALLE: Muy breve. Simplemente, sobre algunas de las cuestiones que ha afirmado ahora.
Somos plenamente conscientes de que todas las compañías eléctricas en general tienen diversificadas sus fuentes de energía, pero Iberdrola tiene el 56 por ciento aproximadamente de potencia hidráulica.
En segundo lugar, hay un hecho evidente, y es que el carbón tiene aproximadamente como combustible 6 pesetas de coste marginal por kilovatio, más o menos, mientras que la energía hidráulica está aproximadamente, según nuestras estimaciones, en 0,86; hay casi 5 pesetas de diferencia. Por tanto, por el sistema que ustedes van a seguir, insisto en que hay unos borradores, algunos de ellos porque uno se pierde, donde al final del período se remunera por el precio que oferta la última central, entendemos que va a llevar a estimular la entrada, siempre que se pueda, de las centrales hidráulicas en función también de cómo sea el año hidráulico, etcétera.
Hay un problema añadido, y es que se está privilegiando a quien explota un recurso público, que es el agua, y ya hay reclamaciones de compañías eléctricas, por ejemplo en Madrid, cuando ha tenido otro uso con motivo de la sequía y se reclaman más de 10.000 millones --creo que es el Ayuntamiento de Madrid-- por parte de una compañía, porque quería utilizar el agua para la generación de energía y entiende que ha tenido un perjuicio de 10.000 millones de pesetas.
Me preocupa también que ustedes insistan reiteradamente en sus posiciones en que el contrato-programa de Hunosa se está cumpliendo, pero resaltan ustedes la pequeña...


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señor Santiso, por favor, le recuerdo que es un turno excepcional para formular escuetamente preguntas o pedir aclaraciones a la información facilitada; no es un segundo turno.
Tiene tres minutos, señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: De acuerdo.


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Discrepo de resaltar el 3 por ciento de incremento del absentismo laboral, porque ni usted ni yo podemos comprometernos, creo que es un error del contrato-programa, a decir que el año que viene no nos vamos a poner enfermos. Una cosa es que lo deseable sea reducir esas tendencias y otra cosa es estipularlo como un incumplimiento de contrato.
Por último, decirle también que me gustaría saber sobre algunos de los conflictos que hay abiertos, por ejemplo qué va a pasar con el conflicto planteado por los trabajadores de Mina Eskar y Teberga Minera que tiene pendientes de resolución en su dirección general.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: No voy a entrar en ninguna disquisición técnica ni en ninguna réplica, solamente decirle, señora Sendín, que me ha tranquilizado mucho que usted diga que este plan es cuestionable en todos sus puntos, porque si algo ha acreditado este Gobierno es su capacidad de dar marcha atrás, luego espero que se modifique en todos sus puntos drásticamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra la señora Sendín.


La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Con relación a las preguntas del señor Santiso no puedo entrar en temas de protocolo porque ha ido usted muy específicamente y no es mi competencia.
En el caso de Hunosa le diré que el absentismo no es únicamente por enfermedades, hay otros tipos de absentismo y, en todo caso, cuando figura como un compromiso por parte de los trabajadores en el contrato-programa será porque se puede hacer cierta previsión del absentismo y se puede reducir.
Respecto a los conflictos de Mina Eskar y Teberga. El conflicto de Eskar es prácticamente jurídico. Son treinta y tantos trabajadores que han recibido la correspondiente indemnización. Tenemos la lista de las indemnizaciones que recibieron uno a uno todos ellos y que están planteando ahora entrar en una empresa, Hunosa, pero la misma jurídicamente defiende --y lo tiene perfectamente argumentado y demostrado-- que cuando se hizo cargo de Minas de Lieres figuraba en el contrato de compra que no se subrogaban en las obligaciones que tuviera Minas de Lieres. La obligación de contratar a los mineros de Minas de Eskar en Lieres era una obligación de Minas de Lieres, pero, como digo, Hunosa no se ha subrogado en esa obligación y, por tanto, la entrada en Hunosa es imposible.
Con respecto al conflicto de Teberga Minera, le puedo decir que he mantenido varias reuniones con representantes del principado y con los propios mineros, el comité de empresa y el alcalde de la ciudad para intentar buscar una solución y casi le puedo decir que estamos en vías de encontrarla; no es una solución fácil porque la posición de la empresa no es compartida por los propios trabajadores, pero estamos intentando llegar a una solución.
Por lo que se refiere al comentario del señor Fernández, ya le he dicho que está abierta la negociación, como cualquier cosa que se pone encima de la mesa en todos sus parámetros, pero manteniendo el espíritu que decía guía el plan del carbón, que es la necesidad ineludible de reducir progresivamente las ayudas al carbón, que estarán el año que viene, como se ha dicho repetidamente, en 220.000 millones de pesetas, bien es verdad que con una diferencia muy grande entre un tipo de empresas y otras. No estoy mezclando tendenciosamente las cifras, como se nos acusa muchas veces, hay cifras muy distintas entre las empresas sin contrato-programa y las que tienen contrato-programa, pero no deja de ser la cifra de 220.000 millones de pesetas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Cumplida esta réplica de la directora general y entendiendo que no hay interés por parte de ningún grupo en alargar ese debate, procederíamos al debate de las proposiciones no de ley. Antes vamos a interrumpir la sesión durante un minuto. (Pausa.)

PROPOSICION NO DE LEY:

--RELATIVA A ACTUACIONES PARA FAVORECER EL REFLOTAMIENTO DE LA EMPRESA PICUSA, DE PADRON (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000155.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con lo convenido con los portavoces, las votaciones de todas las proposiciones no de ley que vamos a debatir a continuación se realizará a partir de la una o una y cuarto.
Vamos a iniciar el debate de le primera que está en el orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones para favorecer el reflotamiento de la empresa Picusa, de Padrón, en La Coruña.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quizá convenga empezar por decir que uno de los sectores que más potencialidad industrial tuvo en la Galicia del siglo XIX y que desembocó en el siglo XX en la creación de una industria importante del ramo fue el sector de los curtidos. Aun hoy quedan por toda Galicia cantidad de edificios que estaban destinados efectivamente a trabajar artesanal o preindustrialmente con toda la piel del ganado, especialmente del vacuno. Concretamente la factoría a la que estamos aludiendo, como tal factoría industrial importante empezó a funcionar a partir del año 1947 y a la altura de los años 1975 y 1976 llegó a tener un cuerpo de trabajadores de 600 personas. Así permaneció la empresa hasta el año 1979 en que fue vendida a Rumasa y todos sabemos lo que aconteció en la etapa del señor Boyer cuando Rumasa fue expropiada, pasó a formar parte de Patrimonio del Estado y en 1985 éste privatizó la fábrica de Padrón, siendo adquirida por el empresario catalán señor Ricardo Vila por un precio

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simbólico, prácticamente testimonial y con una plantilla de 480 personas.
Hay que decir que en aquel momento el Estado subvencionó efectivamente la viabilidad de la empresa con una subvención por valor de 1.700 millones de pesetas.
La factoría trabajó a buen ritmo e incluso contrató a más personal, llegando a formar parte de la plantilla prácticamente 600 personas de las 480 con que la había cogido el señor Ricardo Vila.
En 1993 se negoció la fusión de Picusa con el grupo catalán Tipel y entró a formar parte de este grupo el 1.o de enero de 1994. Se sabe que el grupo Tipel estaba presidido por el empresario catalán Isidoro Prenafeta.
Picusa aportó la mayor parte de las acciones del grupo; concretamente, Ricardo Vila tenía el 73 por ciento de las acciones, pero no formaba parte del consejo de administración del grupo Tipel. El 24 de enero de 1994 se incrementó, de nuevo, la plantilla con otras 25 personas, y la cartera de pedidos era de 15.000 millones de pesetas para ese período anual. Curiosamente, en marzo de 1994 el grupo Tipel se declaró en quiebra, por una deuda de 50 millones de pesetas, que fue levantada porque la pagó debidamente.
En el mismo año, los señores Ricardo Vila y Javier Zaragoza --este último era empresario originario de Padrón-- vendieron su participación del 73 por ciento en el grupo catalán y, a partir de ese momento, controló el 40 por ciento de todo el grupo Isidoro Prenafeta. En abril de 1994, el grupo Tipel presentó suspensión de pagos, con una deuda de 8.445 millones de pesetas, a bancos, cajas, Hacienda y la Seguridad Social; pero hay que tener en cuenta que, de esta cantidad, la deuda de Picusa era exclusivamente 1.000 millones de pesetas; el resto, 7.000 millones, era de las otras empresas que formaban el grupo. De toda maneras, la empresa Picusa mantuvo su producción hasta 1995, y el 10 de abril se produjo la quiebra de todo el grupo Tipel, donde sólo quedaba Picusa, porque el resto de las empresas habían sido vendidas durante todo este proceso, por lo que la empresa de Padrón quedó con gran parte de las deudas del grupo, unos 5.000 millones de pesetas.
Todas las acciones legales de tipo jurídico en relación con estos procesos de quiebras y deudas, se tramitaron a través del juzgado de Vic, en Cataluña. En cualquier caso, la potencialidad de la empresa es tan grande y su ubicación tan adecuada, incluso por una oferta de agua de gran calidad y muy bajo coste, que el señor Escondrillas hizo una oferta de 1.000 millones para comprar Picusa a través de una empresa que se llama Sepyc, S. A., hasta fines de diciembre de 1995. El auto de insolvencia, de octubre de 1995, obligaba a personarse a la comisión liquidadora, que estaba formada por los acreedores, la Hacienda y Patrimonio del Estado, es decir, Rumasa. Curiosamente, nunca pudieron celebrarse las reuniones pertinentes porque no contaron con la presencia del representante de Patrimonio del Estado, de tal manera que el señor Escondrillas, a principios de 1996, reducía ya su oferta de compra a 450 millones de pesetas. La justificación de Patrimonio del Estado era que no se podía vender, sino salir a concurso público, para que pudiese haber ofertas oportunas, incluso se barajaron ofertas de grupos extranjeros, coreanos e italianos, rondando siempre los 500 millones de pesetas, mientras que la comisión liquidadora abogaba por que fuesen 900 millones de pesetas. El resultado final fue que la primera oferta del señor Escondrillas prácticamente desapareció y la Administración autonómica se preocupó de buscar un inversor mayoritario, con el que cuenta ya en este momento, un empresario local, el señor Cortizo, que se dedica al sector del aluminio. Además, comprometió la participación accionarial de la propia Administración autonómica a través de Sodiga y la ayuda a los trabajadores, para que se convirtiesen también en accionistas a través del Igape.
En consecuencia, la que fue mejor empresa de curtidos de todo el Estado español sigue siendo potencialmente reflotable, con la posibilidad de mantener 542 puestos de trabajo y solamente falta que no exista oposición por parte de ninguno de los síndicos. No se puede argumentar por parte de la Administración del Estado, que es necesario que se devuelva parte de los 1.500 millones de pesetas que se dieron como subvención al inicial empresario Vila cuando se hizo con Picusa y cuando fue nacionalizada en los años posteriores a 1985. Actualmente se vive un impasse, unos momentos de espera y toda la sociedad de la comarca está pendiente de que se resuelva positivamente, porque, en este caso, la Administración autonómica no duda que debe participar, por lo menos con el 26 por ciento del accionariado; incluso está dispuesta, como dije antes, a que participen los trabajadores. Además, se cuenta con un empresario local que está dispuesto a invertir una cantidad importante. El Parlamento de Galicia, en su momento, se posicionó a favor de todo este tipo de iniciativas, porque se trata de una empresa ultracompetitiva y sería grave que, en un país que ya tiene tantísimos problemas económicos, el Estado fuese principal oponente o la principal dificultad para que el proyecto se consumase. Por eso pensamos que, en esta situación, vendría muy bien una decisión del Congreso de los Diputados a favor de instar al Gobierno a facilitar el reflotamiento de la empresa Picusa, de Padrón, como empresa de curtidos, a través de la aceptación, por los representantes del Estado en la comisión liquidadora, de la oferta de compra más beneficiosa para el erario público y para la recuperación de la actividad de la factoría, tan importante desde el punto de vista sociolaboral y económico para la comarca. Debo decir que la autoridad judicial en este momento ya tiene una posición también proclive a que esa oferta de compra se puede combinar con la publicidad que se debe exigir a todo tipo de ventas que tengan algo que ver con el Patrimonio del Estado.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.


El señor PEREZ CORGOS: Señor Presidente, vamos a utilizar este turno en contra para explicar cuál es nuestra verdadera posición en este tema.
Nosotros nos oponemos a la aprobación de esta proposición no de ley porque entendemos que no se puede instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo o lo que legalmente está obligado a hacer. Entendemos que es lógico y

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aceptable que al Diputado proponente le interese que, respecto a la empresa Picusa, se acepte la oferta de compra más beneficiosa para el erario público y para la recuperación de la actividad de la factoría, tan importante desde el punto de vista sociolaboral y económico de la comarca. Es un criterio que compartimos, pero no compartimos la descripción que se hace en la exposición de motivos porque, a nuestro juicio, peca de una notable falta de precisión y no responde a la verdad de los hechos.
No es cierto lo que se afirma respecto a que el representante del Patrimonio --que no lo es de Patrimonio sino de Rumasa-- en la comisión liquidadora de la quiebra. El rechazo de las bajas en la oferta de Sepyc, S. A., fue acordado por unanimidad de los tres miembros de la comisión liquidadora, y así figura además en las correspondientes actas de las reuniones de dicha comisión liquidadora. La causa de este rechazo de la oferta de Sepyc, S. A., no fue otra que la insostenible pretensión de los ofertantes de modificar su oferta inicial de 950 millones de pesetas, primero, a 50 millones de pesetas y, más tarde, a 423 millones, sin causa alguna que lo justificase. La comisión liquidadora, asesorada jurídicamente --ratificada además esta postura por la asesoría jurídica del Ministerio de Economía y Hacienda--, rechazó la propuesta por unanimidad, por no ajustarse a Derecho, y de todo ello se dio cuenta al juzgado de Vic. A los ofertantes se les notificó, igualmente, la resolución unánime de la comisión liquidadora, instándoles a mantener su oferta o, en todo caso, una oferta disminuida en la que, de manera perfectamente justificada, se acreditase que el paso del tiempo hubiera reducido el valor de los bienes. Por parte del ofertante no se dio ninguna respuesta satisfactoria, sino que, por el contrario, finalmente retiró definitivamente su oferta.
La comisión liquidadora, como ha dicho el Diputado proponente, recibió verbalmente otra oferta, presentada por un grupo empresarial gallego, encabezado por el empresario don José María Cortizo. Pues bien, el 26 de septiembre pasado, la comisión liquidadora recibió en Barcelona a un representante del Igape, del Instituto Galego de Promoción Económica, y al empresario ofertante, que expuso verbalmente su proyecto, alcanzándose un principio de acuerdo. Rumasa quedó encomendada de elaborar los documentos que lo plasman, cosa que ya se ha hecho, habiéndose sometido a la aprobación de los otros miembros de la comisión el día 8 de octubre.
La fórmula sobre la que se ha alcanzado el principio de acuerdo consiste en expresar la posición favorable de la oferta auspiciada por el Igape, si bien, dado que se aparta marcadamente del convenio inicialmente aprobado, hay que someter esta aceptación a una junta de acreedores a convocar por el juzgado a instancias de la comisión, que pedirá la rescisión del convenio hoy vigente.
Se ha coordinado con los representantes de la quebrada, cuya actuación coincidente es exigida por las normas de procedimiento --estamos en un procedimiento de quiebra-- para asegurar la máxima brevedad en los trámites, negociándose en paralelo la necesaria formalización de una oferta escrita y pormenorizada de este último ofertante.
En estos momentos se está a la espera de que se alcance un acuerdo definitivo entre todos los miembros de la comisión liquidadora sobre los términos de la propuesta presentada para proceder a la firma del correspondiente contrato, previa restricción del convenio vigente, y la aprobación de uno nuevo, si ello viniera exigido legalmente.
En consecuencia, el Gobierno central, a través de sus representantes en la comisión liquidadora, la Hacienda pública y Rumasa, está trabajando de forma conjunta y coordinada, apoyando la línea de solución propugnada por el Instituto Galego de Promoción Económica, todo ello con el objetivo del reflotamiento de la empresa y la recuperación de su actividad y nivel de empleo.
Tengo que decir, además, que de todo el tracto expositivo que hemos escuchado al Diputado proponente, tenemos que recordar que desde el 6 de mayo es cuando este Gobierno tiene posibilidades operativas. Todo lo que ha sucedido en diciembre de 1995 o enero de 1996 no es responsabilidad del Gobierno actual, que, como he dejado expuesto, ha dado los pasos necesarios para lograr ese objetivo común.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Santiso tiene la palabra.


El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente quiero decir que Izquierda Unida va a apoyar esta proposición no de ley, discrepando de algunos argumentos esgrimidos por el Partido Popular. En primer lugar vamos a votar la proposición no de ley y no la exposición de motivos, por tanto, creo que ésta es la parte más importante de la propuesta que, en definitiva, trata de solucionar un problema que lleva mucho tiempo sin resolverse y no es responsabilidad de este Gobierno, aunque sí es responsabilidad de este Gobierno intentar agilizarlo. En este sentido es útil que esta Comisión pueda instar al Gobierno --aunque ya esté realizando gestiones-- para que esas gestiones sean agilizadas en la medida de lo posible y para constatar, además --como así se ha hecho--, la preocupación que pude tener por resolver este problema.
Por tanto, sin más, manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARON BELTRAN: Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista en la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, que ha defendido el señor Rodríguez.
Este tema ya fue objeto de debate en dos plenos en el Ayuntamiento de Padrón, donde nuestro grupo ha prestado su total apoyo al colectivo de trabajadores, instando a las administraciones central y autonómica para que arbitren las medidas económicas y políticas que facilitasen la viabilidad de la empresa y garantizasen los puestos de trabajo. Hubo posteriormente otro debate en el Parlamento de Galicia

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sobre una proposición no de ley presentada conjuntamente por los tres grupos con representación en dicha Cámara en la que igualmente se instaba a la recuperación de la empresa Picusa con ayudas del Gobierno gallego, bien mediante un aval o a través de las fórmulas que resultaran más eficaces. Esta proposición no de ley fue suscrita conjuntamente por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego.
Queda claro, por tanto, que nuestra posición ha sido siempre de apoyo al reflotamiento de la empresa Picusa y sigue siendo de total apoyo al mantenimiento de los 400 puestos de trabajo que en este momento están en litigio. Tenemos conocimiento, es cierto, que en estos momentos se está negociando la compra de la misma por parte de una única opción de compra presentada y que la Xunta de Galicia tiene prácticamente en sus manos cerrar la operación de compra junto con el Gobierno. Por tanto, esperamos que ese acuerdo se cierre lo antes posible, garantizando la estabilidad laboral del total de trabajadores, que se recupere el prestigio de una empresa pionera en el tratamiento de curtidos y sea, en definitiva, esta iniciativa en el congreso de los Diputados, la última instancia necesaria en aras de una solución definitiva al reflotamiento de esta empresa.
Nuestro voto será afirmativo. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez puede hacer uso de la palabra por tiempo de un minuto.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Afortunadamente esto es como en los tribunales de justicia: se juzgan los hechos, no las intenciones, cuando se actúa con corrección. Quiero decir que aquí se va a votar el texto de la proposición no de ley, no la historia que el Bloque Nacionalista Galego tiene legítimo derecho a contar según su interpretación.
Afortunadamente todo lo que no ayuda, no daña; pero parece que todo está pendiente, desde hace muchísimo tiempo, por una decisión que afecta fundamentalmente a la representación en la comisión liquidadora de lo que tiene que ver con el Estado, por lo menos formalmente (no sé si hay otro tipo de fuerzas ocultas, si las hay que se diga y entonces nos dirigiremos a ellas), creo que es lo normal presentar aquí una proposición no de ley para que el Estado o sus representantes, cuando menos, no sea el pretexto que se utilice para que esto no se pueda llevar a efecto.
Ya que el Partido Popular dice que este problema se va a solucionar, espero que se arregle en el plazo de quince días, que fue el que dieron ya los síndicos del Estado para no poner pegas. (El señor Pérez Corgos pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Me temía que sucedería eso.
Señor Pérez tiene la palabra por un minuto.


El señor PEREZ CORGOS: No es cuestión de una simple declaración de intenciones. La postura del Partido Popular ha sido muy clara a lo largo de la historia y prueba de ello son esas resoluciones a las que ha hecho referencia que se han adoptado en el Parlamento Gallego, así como la presencia del Instituto Galego de Promoción Económica en la última operación.
Estamos limitados por el ordenamiento jurídico, es la única limitación que tenemos en este momento, y por el interés de Patrimonio del Estado, de los acreedores y de los trabajadores.


--SOBRE CONTRATACION DIRECTA POR LA EMPRESA ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A., DE CADIZ, DE LOS TRABAJADORES NECESARIOS PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE CONSTRUCCION DE BUQUES. PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000004)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la contratación directa por la Empresa Astilleros Españoles, de Cádiz, de los trabajadores necesarios para atender el incremento de la demanda de construcción de buques.
Para su defensa tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré, señor Presidente, utilizar también la brevedad.
Creo que el texto de la proposición no de ley explica la situación.
Astilleros Españoles, de Cádiz, ha tenido un importante aumento en su cartera de pedidos, por tanto, un importante aumento en su carga de trabajo y se encuentra en la situación de que la propia empresa no puede contratar directamente. Ello está produciendo una media de contratación anual diaria de unos 200 trabajadores de empresas subcontratistas o interpuestas para resolver esta situación.
Consideramos que es una situación preocupante, prueba de ello es que en los temas de seguridad en el trabajo, el 90 por ciento de los accidentes laborales se producen en este tipo de empresas que están participando en contratos en Astilleros de Cádiz y lo que plantea es algo muy sencillo.
Que se permita a la empresa pública Astilleros Españoles, de Cádiz, realizar directamente esta contratación, en la medida de lo posible, sabiendo que no todos los trabajos tienen la misma continuidad, entendiendo que hay posibilidades de hacer los contratos con mayores garantías con otros trabajadores aunque sea por el tiempo de duración o contratación de la obra para esta construcción de buques.
Entendemos mucho más útil que una parte de esta contratación la pueda asumir directamente Astilleros Españoles, en las condiciones que requiera esta situación de contratación de obra, que es mucho mejor que la situación actual de permanente recurso a empresas interpuestas. Todo ello ayudaría también --insisto-- a mejorar la seguridad en el trabajo y la propia estabilidad de los trabajadores.
Por todo ello pedimos el apoyo a esta proposición porque es algo razonable.


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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición o hacer uso de un turno en contra? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, señor Presidente, me va a permitir, en primer lugar, que exprese la satisfacción, el honor y por qué no decirlo también, la emoción que siento de participar hoy por primera vez en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Esperamos que no sea la última. (Risas.)

El señor IBAÑEZ HARO: Muchas gracias, yo también lo deseo.
Ahora voy, como representante del Grupo Parlamentario Popular, a exponer el turno en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Los términos en que la presente iniciativa se formula, que el Gobierno se dirija a la empresa para que proceda a la contratación directa, etcétera, causan una cierta extrañeza acerca de la idoneidad de una petición como la que nos ocupa. No cabe tampoco mostrar excesiva sorpresa por el hecho de que el Gobierno o el ministro correspondiente pueda en ocasiones hacer llegar a una empresa pública ciertas indicaciones o sugerencias o trasladar a la misma determinadas inquietudes económicas, sociales, etcétera. No parece, sin embargo, que este carácter o calificativo público de la empresa permita llegar al extremo de que el Gobierno pueda, y especialmente deba, determinar, un tanto a modo de instrucciones, cuántos trabajadores han de ser contratados y cómo han de serlo en una determinada empresa, la cual obviamente cuenta con los oportunos órganos sociales de dirección, un consejo, administradores, directivos, gerentes, etcétera, a quienes compete esta función y, correlativamente, la responsabilidad de la misma.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el acuerdo para la aplicación del plan estratégico de competitividad de la división de construcción naval, firmado el 19 de octubre de 1995 entre las partes empresarial y sindical, tras unas difíciles negociaciones, se refiere a las nuevas incorporaciones a la plantilla bajo el principio de que las mismas, sin duda convenientes para garantizar la actividad futura de la empresa, deben subordinarse al objetivo básico de la viabilidad económica estable de cada centro de trabajo. De acuerdo con esa idea, se recoge el siguiente programa de nuevas incorporaciones dentro del PEC.
Primero. Dentro del primer año de ejecución del plan se incorporarán un número de 78 personas para potenciar aspectos específicos de la gestión.
Segundo. A medida que se vaya produciendo la salida de los trabajadores prejubilables retenidos por la empresa, se procederá a la sustitución de los mismos por personal joven debidamente cualificado.
Tercero. Entre el primero de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2000 se garantizan en el conjunto de la división de construcción naval nuevas incorporaciones de personal joven, hasta un máximo de 1.200, de las que se deducirán las incorporaciones recogidas en los párrafos anteriores. Dichas incorporaciones se repartirán proporcionalmente en las plantillas definidas en cada uno de los centros. Estas incorporaciones quedan condicionadas a que se hayan alcanzado los objetivos de rentabilidad previstos, a que exista una carga de trabajo que las justifique y a que se mantenga el equilibrio de la plantilla en cuanto a la especialidad profesional de los nuevos trabajadores.
De acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de competitividad, la factoría de Cádiz va a dedicar su actividad --eso ya lo venía realizando, puesto que Astilleros Españoles, factoría de Cádiz, desde el año 1982 no tiene construcción naval-- a transformaciones y reparaciones de buques, necesitando en muchas ocasiones el auxilio de la cercana factoría de Puerto Real, también de la misma empresa de Astilleros Españoles.
Una de las características básicas de este tipo de actividad es la integración y coordinación en un tiempo limitado de diferentes trabajos que se llevan a cabo simultáneamente sobre el buque o artefacto objeto de la transformación. La agilidad y la habilidad para coordinar los distintos trabajos es un factor competitivo decisivo a la hora de obtener contratos de transformación.
Es práctica no sólo habitual, sino imprescindible, que el astillero requiera la colaboración de empresas especialistas para abordar parte de los trabajos. Esto se da en todos los astilleros que se dedican con éxito a la conversión o transformación de buques en cualquier país del mundo.
Por tanto, no es correcto afirmar que el astillero de Cádiz contrate personal mediante empresas interpuestas; lo que hace es contratar trabajos o servicios en paquetes cerrados, lo que se llama popularmente «llave en mano», habiendo dimensionado su plantilla propia para una carga que sea posible garantizar permanentemente y con la que se pueda afrontar, sin pérdida, el punto bajo de contratación que inexorablemente se produce en una actividad cíclica como ésta, sometida a fuertes altibajos de demanda.
El mercado de reparaciones y transformaciones ha venido registrando importantes variaciones en el comportamiento de la demanda y de los precios. De hecho, es un mercado que se caracteriza por grandes pautas de actividad. Son obras que se contratan con períodos relativamente cortos de realización, seguidos de períodos más o menos largos de baja actividad. La reciente contratación de dos grandes transformaciones, que sitúan la cartera de pedidos del astillero de AESA en niveles muy altos en relación a su media histórica, debe interpretarse como una situación coyuntural. El dimensionamiento previsto en el plan estratégico de competitividad, que para la factoría de Cádiz son 390 personas, de los cuales 300 son puestos de trabajo directos, 15 indirectos y 75 de estructura, está consensuado con los representantes de los trabajadores y pretende minimizar los costes fijos del astillero, la llamada subactividad, en épocas de demanda valle. Es, por tanto, perfectamente lógico que en la situación actual el astillero tenga que recurrir a la subcontratación de empresas auxiliares cuya supervivencia y rentabilidad son imprescindibles para los astilleros de la zona y que además generan un gran volumen de empleo en ellas. Por ejemplo, en estos

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momentos, en la factoría de Cádiz, el personal de industrias auxiliares que está trabajando es de una media de 600 a 800 personas en los últimos cinco meses. Además, la subcontratación es un fenómeno generalizado en todas las actividades económicas que no implica necesariamente una disminución en la calidad del trabajo ni incrementos en los costes sociales. Antes bien, la sustitución de una estructura de costes rígida por otra más flexible y la utilización más eficiente de los recursos, al estar enfocada de forma directa a la labor a realizar, tiende a compensar sobradamente el margen comercial de las empresas subcontratistas.
En consecuencia, la política laboral de Astilleros Españoles, factoría de Cádiz, está perfectamente justificada, ya que con la inserción en su propia plantilla de los trabajadores coyunturales necesarios no le estaría dando una perspectiva real, sino falta de estabilidad en el empleo al hacer de este modo menos competitivo y, por tanto, con menores posibilidades de futuro a la factoría de Cádiz de Astilleros Españoles.
Futuro, señorías, que estaba más negro que el carbón del que hemos estado hablando en la comparecencia de la Directora General de Minas (Risas.), cuando se nos anunció por el Gobierno socialista en el verano de 1995 el cierre de la factoría de Cádiz; futuro, señorías, de los pasados últimos doce años, donde se ha perdido en la Bahía de Cádiz algo más de diez mil puestos de trabajo.
Por todo ello, señorías, creemos que no es el momento de plantear esta iniciativa, puesto que toda actuación o sugerencia sobre los astilleros públicos debe conectar con el plan estratégico de competitividad del sector, y lo que procede es hacer el máximo esfuerzo entre todos para su cumplimiento.
Finalmente, que quede claro, señorías, que desde el Grupo Popular trabajaremos sin descanso en la defensa de la viabilidad, dentro del plan estratégico de competitividad, de la factoría de Cádiz, del mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto del mismo astillero como de una industria auxiliar, complementaria, moderna y eficaz.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Perales.


El señor PERALES PIZARRO: La proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida a mí me da la impresión --no lo ha mencionado pero creo que es cierto-- que es una petición del comité de empresa de la factoría.
Se formuló a Izquierda Unida, también al Grupo Socialista y no sabemos si al Grupo Popular. La verdad es que se trata de una petición que hace bastante tiempo que se formuló y en aquel momento podría tener algún sentido mayor probablemente que el que tiene hoy.
La razón de la proposición no de ley, ciertamente extraña, es que hay una orden interna de la dirección central de Astilleros Españoles para evitar que cada una de las factorías pueda realizar contrataciones de personal.
Eso es así porque en los astilleros de la Bahía de Cádiz, y en general del sector naval, hubo una serie de sentencias laborales que obligaron hace tiempo a Astilleros Españoles a incorporar a la práctica totalidad de las contratas que se denominan contratas internas. De manera que la dirección central de astilleros adopta una decisión que no tiene mucha justificación desde el punto de vista de la estructura organizativa de una empresa, pero es una dirección muy cerrada en el sentido de que no se pueden realizar contrataciones de personal.
La proposición viene a corregir esa situación, que no tendría mucho sentido si no se explicara en función de las sentencias que he mencionado hace un momento. Creo que la proposición no supone una prioridad, tal como probablemente lo fuera cuando lo planteó el comité de empresa. No es una prioridad desde nuestro punto de vista porque hoy, sobre el sector naval, hay más negros nubarrones que hace un año y, desde luego, que hace seis meses. Porque el Gobierno actual está llevando una inquietud extraordinaria al sector de la construcción naval e inseguridad a la oposición política y a todos los operadores sociales y económicos.
En otras condiciones, el Grupo Socialista podría apoyar esa proposición, pero hoy consideramos que no es una prioridad porque hay elementos muy peligrosos que se ciernen sobre el sector de la construcción naval.
Tampoco podemos votar en contra porque la nueva dirección de astilleros está sembrando una extraordinaria inquietud. La propia dirección de astilleros puede estar mañana o pasado de acuerdo con esa propuesta, eliminando esa posibilidad de contratar directamente.
El Gobierno se caracteriza, como hemos mencionado antes en otra intervención, por su capacidad de rectificar y, por tanto, de variar también el rumbo de sus decisiones. Por tanto, ante la situación de inquietud y de inseguridad, ni podemos apoyar en este momento la proposición no de ley de Izquierda Unida ni tampoco vamos a votar en contra, sino que nos vamos a abstener en este punto concreto.
Tanto el portavoz de Izquierda Unida como del Grupo Popular han explicado parcialmente cuál es el problema. El problema en astilleros de Cádiz es que tiene una importante cartera de trabajo en este momento en el sector de las grandes transformaciones de buques, de plataformas de extracción petrolífera y derivados de esas actividades, y tiene una estructura muy reducida, por lo que en estos momentos ha acudido a contratar todas las tareas necesarias al sector de pequeñas empresas, subsidiarias tradicionalmente de Astilleros Españoles. Soldadura, andamiaje, tubería, estructura, electricidad, carpintería, se han unido en la Bahía de Cádiz en una corporación industrial. Nosotros apostamos en estos momentos por consolidar esta corporación industrial con una nueva dinámica de pequeñas empresas versátiles que añade una novedad importante. Debo decir que todo este sector de pequeñas y medianas empresas ha vivido siempre de astilleros, y esta nueva corporación industrial tiene la posibilidad de acudir a nuevos mercados y no depende ya de astilleros. Se ha hecho un trabajo importante por parte de la Administración autonómica de manera especial por consolidar esta corporación industrial de pequeñas empresas que, más ligeras de estructuras, con circuitos operativos mucho más ágiles, puedan acudir a atender a esa punta de trabajadores de Astilleros de Cádiz. Y lo que es más importante todavía, que esta corporación

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industrial sea capaz de acudir a otros mercados ajenos a la propia construcción naval, que se abran huecos de mercado. Por tanto, nos parece importante que se consolide este sector de pequeñas y medianas empresas.
Es verdad que la proposición no de ley no va en contra de eso, pero nos parece que es necesario destacar que esa actividad hoy la está atendiendo un sector al que nos parece muy importante que podamos prestar apoyo.
Todos somos conscientes de que uno de los grandes problemas que tiene hoy el sector naval es el exceso de oferta, con una lucha de precios extraordinaria. Hay una oferta muy belicosa en nuevas construcciones por parte de los astilleros coreanos y por parte de todos los astilleros europeos, especialmente los astilleros de Europa del Este, en el mercado de las reparaciones, y ese exceso de oferta está haciendo que la lucha de precios sea feroz. Todos somos conscientes de que el coste por hora en este sector de pequeña y mediana empresa es muy inferior al coste por hora ofertado por la estructura de la factoría de Astilleros Españoles, y nos parece que podría ir en contra de esa competencia y de ese exceso de oferta que disminuyera la aportación de las pequeñas y medianas empresas al precio final de cualquier coste de transformación.
El segundo factor más peligroso para la situación de los astilleros en general es lo que se llama la lucha contra la subactividad. El absentismo en astilleros puede estar en el 3 ó 4 por ciento y la subactividad alrededor del 15 por ciento. Incluso en el astillero de Cádiz hay en algún momento un porcentaje de subactividad que grava el precio final del producto y que daña de manera muy importante la competitividad de la propia factoría. Esto permite, como decía el portavoz del Grupo Popular, el contrato llave en mano; permite que la subactividad se reduzca porque se mantiene una estructura fija y una estructura eventual en astilleros de Cádiz.
Por esas razones el Grupo Socialista considera que no es una prioridad la proposición del Grupo de Izquierda Unida que se presenta. Pensamos que el objetivo fundamental de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas hoy en el sector naval deben estar dirigidas a hacer que el Gobierno y el Ministerio de Industria dejen de ser el primer propagandista negativo de la situación de astilleros. La primera prioridad hoy es despejar los negros nubarrones que se ciernen sobre el plan estratégico de competitividad. Es necesario sacar adelante el plan estratégico de competitividad, y sólo a esa tarea hoy debemos concentrar nuestra energía cada uno de los operadores en el ámbito en el que nos movemos. Nosotros hacemos nuestra oferta al Grupo de Izquierda Unida de apoyar cualquier iniciativa de este grupo --o bien la presentaremos nosotros-- en el sentido de instar al Gobierno para que se incrementen los controles de seguridad en el sector de la pequeña y mediana empresa industrial que opera en el sector naval y en cualquier otro sector industrial en la Bahía de Cádiz.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso, para hacer uso de un turno especial de réplica, por breve tiempo.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intervendré brevemente, porque en mi exposición he intentado serlo.
El recurso por parte de una empresa pública a la subcontratación casi indiscriminada me parece que obvia algo muy importante. Y es que una empresa pública tiene en sus manos también toda la gama de modalidades de contratación que contempla la legislación laboral vigente. Por tanto, creo que es apresurado afirmar que eso incrementa de por sí los costes fijos de Astilleros Españoles o de la empresa que sea.
Lo que estamos planteando, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es que esa orden interna de astilleros de autorrenunciar a esas posibilidades de contratación directa para trabajos específicos es absurda y no entra en contradicción, en absoluto, en nuestra opinión, puesto que era una práctica que además se venía realizando anteriormente, con los propios planes de reconversión del sector, o como se quieran llamar.
Creemos que es un poco paradójico que exista una plantilla en torno a 540 y a veces estén trabajando 700 personas, además de la plantilla de astilleros, en trabajos que no todos son especializados. Si por algo se caracteriza una parte importante de estas subcontrataciones es por su baja especialización, y precisamente su falta de preparación es la que está llevando, insisto, a que el 90 por ciento de los accidentes laborales se produzcan en este tipo de empresas.
Esto, además, puede conllevar un coste añadido para Astilleros Españoles, porque según la Ley de Riesgos Laborales, que se acaba de aprobar hace muy poco tiempo, es responsable subsidiario de las posibles irregularidades en temas de seguridad en el trabajo que se puedan producir.
Por tanto, es una propuesta razonable que no intenta perjudicar al sector de la pequeña y mediana empresa. Y en segundo lugar, porque es obvio que Astilleros Españoles puede tener un convenio colectivo que puede suponer algún incremento en el coste, pero también es cierto que las empresas privadas, como es lógico, tienen un margen de beneficio del 20 o del 25 por ciento, según los casos, que es el que se podría ahorrar precisamente Astilleros Españoles.
Creo que la empresa pública debe tener en sus manos las mismas posibilidades que tiene cualquier empresa privada para optar por la modalidad de contratación que va a utilizar en función de si son contratos por obra u otro tipo de contratos. Por tanto, yo creo que el argumento de la disminución de costes no se sostiene. Ese tipo de contratación para obra puntual permitiría también ayudar a la formación de esos trabajadores jóvenes que se vienen reclamando precisamente por los propios Astilleros Españoles, y que es uno de sus déficit por la pirámide de edad que en este momento tiene la plantilla y la repercusión que han tenido los planes de reconversión anteriores.
En consecuencia, pensamos que es una proposición no de ley acertada, pero de todas maneras somos perseverantes y seguiremos insistiendo en nuevas iniciativas en la misma dirección, incluso en la que apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, porque nos parece muy preocupante la accidentabilidad que está habiendo en este momento en este sector de la Bahía de Cádiz.


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El señor PRESIDENTE: El señor Ibáñez tiene la palabra.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor Santiso, yo tendría que entrar aquí en un debate más bien técnico que político. Lo que le puedo decir es que el plan estratégico de competitividad tiene previsto para Astilleros, factoría de Cádiz, 75 personas en estructuras. El tener 75 personas en estructuras quiere decir que no tiene la disponibilidad necesaria para hacer posible esa contratación en un momento determinado de trabajadores eventuales.
Por tanto, y en la filosofía en que está sustentado el PEC, aquí de lo que se trata es de tener una industria auxiliar que sea fuerte y competitiva. Con lo cual, seguimos apostando por el cumplimiento del PEC.
En consecuencia, en este tema no tengo nada más que decir políticamente.
Podría entrar en un debate técnico, pero considero que son los responsables de Astilleros Españoles, factoría de Cádiz, factoría de Puerto Real, factoría de Sestao, factoría de Sevilla, los que tienen en sus manos la manera de hacer contrataciones laborales, esperando que sea lo más beneficioso para el resultado positivo de la empresa.
En cuanto al señor Perales, quiero decirle que me extraña enormemente su abstención, cuando tengo aquí la comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía de 26 de julio de 1995, donde el señor Eguiagaray Ucelay señala que el plan estratégico de competitividad del sector naval prevé un dimensionamiento que persigue evitar la aparición recurrente de la infrautilización de las plantillas, manteniendo, sin embargo, un nivel de producción superior al actual. Para ello se requiere, entre otras medidas, acudir a la aportación adicional de una industria complementaria que deberá moverse al mismo ritmo que los astilleros, en el camino de la mayor eficiencia. Señala que el plan pone énfasis en la industria complementaria, de modo que una parte de la actividad que en este momento se lleva a cabo en el interior de la propia empresa sea después ejecutada por esta industria.
Puedo leerle también lo que dijo en su comparecencia el presidente del grupo de la división de construcción naval, señor Martínez de Albornoz, el 19 de septiembre, donde decía que el plan pretendía apoyarse en una industria auxiliar complementaria, eficiente, moderna y capitalizada, que sea un complemento al trabajo de los astilleros. Quiero decirle con esto que este plan estratégico de competitividad viene firmado desde el año 1995. Nosotros lo hemos heredado y, por tanto, vamos a tratar de que se cumpla.
En cuanto a los negros nubarrones que decía el señor Perales que nosotros vamos argumentando y poniendo por delante, ya le he dicho anteriormente lo del carbón. Negros nubarrones, opacidad total es lo que ha habido durante los doce años anteriores, donde ha habido una reconversión bastante salvaje --palabra que se ha utilizado por todos los medios en todos los tiempos--, perdiéndose en la Bahía de Cádiz algo más de 10.000 puestos de trabajo. De eso hay unos responsables, tienen nombre y apellido: Gobierno Socialista. (El señor Perales Pizarro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Creo, señorías, que en el debate de la proposición no de ley no ha lugar a turnos de réplica. He concedido dos turnos de réplica, y creo que con ello es suficiente.


El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, el portavoz del Partido Popular ha reabierto un debate.


El señor PRESIDENTE: Ha expresado una opinión. No ha reabierto ningún debate.


El señor PERALES PIZARRO: Ha abierto un debate con imputaciones directísimas. Yo, desde luego, creo que tengo derecho a hacer uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Le concedo un turno de contrarréplica a la réplica del portavoz del Partido Popular, con el deseo de que sea muy breve.


El señor PERALES PIZARRO: Quiero decirle al portavoz del Partido Popular y a los miembros de la Comisión que el Partido Socialista le desea éxito al Ministerio del Interior y le desea éxito al Gobierno popular para que los Astilleros de Cádiz no tengan ni el color del carbón ni negros nubarrones. Nosotros deseamos que el Gobierno popular saque adelante el plan estratégico de competitividad, y que sepan que el Partido Socialista va a colaborar para que eso sea así. No estaremos en la calle, si hay movilizaciones, jaleando a los opositores, y no estaremos animando desde luego a los que asalten la sede de los partidos políticos ni estaremos aplaudiendo a los que asalten la sede de los partidos políticos.
Estaremos ayudando a que salga adelante el plan, que es la responsabilidad de cualquier político serio.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor Presidente, ¿podría hacer una réplica a la réplica de la contrarréplica?

El señor PRESIDENTE: No puede.


El señor IBAÑEZ HARO: La última palabra la ha tenido el Partido Socialista.


--SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA CARGA DE TRABAJO EN LA EMPRESA NACIONAL BAZAN DE EL FERROL (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000177.)

--RELATIVA AL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICION QUE PESA SOBRE LA EMPRESA NACIONAL BAZAN PARA LA CONSTRUCCION NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000069.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate sobre las dos proposiciones no de ley relativas a la Empresa Nacional Bazán. Hay dos proposiciones, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Mixto.


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Vamos a iniciar los dos turnos de defensa de ambas proposiciones no de ley, y luego daremos un turno a los demás grupos, turno en contra y fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Diputada doña Carmen Marón.


La señora MARON BELTRAN: Señorías, hoy vamos a debatir una proposición no de ley muy importante para la comarca de El Ferrol, con más de 174.000 habitantes y con 4.000 empleos directos en la Empresa Nacional Bazán.
La carga de trabajo se desarrolla en el contexto de las necesidades estratégicas y de las decisiones del Estado: política de defensa y otras decisiones de política en general.
Bazán y su comarca forman una simbiosis única, de tal forma que, junto con Astano, son el motor de la economía y la subsistencia de la zona.
Finalizada prácticamente la construcción del portaaviones para Tailandia, que se entregará probablemente en marzo próximo, y del buque anfibio LPD, en construcción actualmente y cuya finalización también está prevista para el primer trimestre del año 1998, es necesario garantizar la carga de trabajo futura, con la construcción de las fragatas F-100, lo que supondría garantizar la estabilidad del empleo a medio plazo.
Por cierto, pese a la información recogida en diversos medios de comunicación de recurrir al «Diario de Sesiones», donde reiteradamente en comparecencias de miembros del Gobierno se habla de que es algo asumido, hace unos días, creo que concretamente el domingo, leía con sorpresa que todavía no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros la primera partida de 25.000 millones de pesetas imprescindible para el inicio de ese proyecto.
Espero nos tranquilicen las palabras del portavoz del grupo que sustenta al Gobierno en ese sentido y que no haya ninguna vuelta atrás o retroceso en este acuerdo. No olvidemos que es necesario empezar con el acopio de materiales y bienes de equipo, y la orden de ejecución no debiera retrasarse ni un día más.
Dando por sentado que las cuatro fragatas F-100 son una realidad --espero que me respondan que sí--, es necesario cubrir el vacío en los años 1997 y 1998, que necesariamente pasaría por la construcción de un segundo buque de apoyo logístico LPD. Este buque anfibio está previsto en los planes de Defensa. En el Pleno de presupuestos el portavoz del Grupo Popular hacía suyas las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Armada en el sentido de que tiene intención de construirse un segundo LPD. Su coste aproximado está en torno a los 20.000 millones de pesetas; su plazo de construcción, dos años, se puede compatibilizar con otras construcciones.
Existe la tecnología necesaria; los planos de construcción y el proyecto ya están elaborados, sólo sería necesaria la dotación para acopio de materiales. Nuestro grupo ha presentado en el Pleno de presupuestos del Congreso una enmienda con la correspondiente dotación presupuestaria de 100 millones de pesetas, para que esto sea una realidad. Espero --no ha sido así en el Pleno del Congreso de los Diputados-- que eso se corrija en el Senado.
Me inquietan, por tanto, las continuas referencias a una posible regulación de empleo en Bazán. Una de las últimas --porque aquí estamos continuamente rectificando-- ha sido la afirmación del presidente de la Agencia Industrial del Estado que considera imprescindible la regulación de empleo. ¿Saben ustedes, señorías, cuánto costaría tal regulación? Dieciocho mil millones de pesetas. ¿Saben cuánto costaría contratar el segundo LPD? Menos de veinte mil millones de pesetas. Es decir, regular el empleo, con el consiguiente coste económico y social, cuesta casi lo mismo que construir el buque anfibio LPD. No parece, por tanto, que eso sea lo razonable si sabemos, además, que el LPD es prioritario en los planes de la Armada.
Es cierto también que se aprobó un crédito blando para la construcción de un buque para Uruguay, que supondría, aproximadamente, 1,3 millones de horas, poca cosa, aunque bienvenidas sean. Tampoco nos consta que tal contrato haya sido firmado. Sería también de agradecer una respuesta afirmativa por parte del grupo que sustenta al Gobierno en este acto. La construcción del portaaviones para Tailandia, que se está finalizando, avala de un modo rotundo la capacidad tecnológica y la gran cualificación profesional que caracteriza a su personal, colocando a Bazán en condiciones de competir con los mejores astilleros del mundo en la construcción de buques.
La paralización de su actividad sería un retroceso en el esfuerzo logrado en los últimos años y dañaría su imagen a nivel internacional, condicionando sus expectativas de futuro. Sería una gran irresponsabilidad dejar pasar la oportunidad de consolidarse como uno de los primeros astilleros dentro del concierto internacional.
Por todo ello, el Grupo Socialista formula esta proposición no de ley en el sentido de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a garantizar la carga de trabajo en la Empresa Nacional Bazán de El Ferrol, encargando de forma inmediata, por parte del Ministerio de Defensa, los proyectos correspondientes, sin perjuicio de avanzar en otros extremos en un futuro más inmediato.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta, para hacer la defensa de la proposición no de ley. Veo sorpresa en su cara.


El señor PERALTA ORTEGA: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdón, se ha equivocado la Presidencia, tiene usted razón, no es del Grupo de Izquierda Unida, deseaban que lo fuera pero han retirado la petición. Su proposición no de ley se mantiene viva y se incorporará en otros órdenes del día de la Comisión de Industria.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, comenzaremos por lo más cercano en el tiempo que es la reunión que mantuvo el comité de empresa con el señor Alsina, presidente de Bazán, ayer día 16 de noviembre de 1996. El señor Alsina anunció al comité de empresa de

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todas las factorías de Bazán que sería necesaria una prejubilación de trabajadores a los cincuenta y cinco años; que fuese cual fuese la carga de trabajo de las factorías de Bazán habría que reducir los 7.600 trabajadores actuales a 6.000, y que, en todo caso, se prometía que las fragatas F-100 irían adelante. No fue tan claro en cuanto al petrolero que públicamente habían prometido que iba a construir Uruguay, porque el Parlamento de aquel país aboga por la necesidad de que haya un concurso público para ver a quién se le hace la oferta de la construcción de ese petrolero.
Lo más llamativo de esta entrevista que hoy publican algunos medios de comunicación, por lo menos en Galicia, es que para el futuro inmediato, para el bache productivo 1997-1998, la dirección de la empresa estaría dispuesta a repartir entre las factorías la construcción del segundo LPD para la Armada. No es necesario decir, sin entrar en otras consideraciones, que este tipo de política lleva consigo un encarecimiento de costes grave y sería curioso ver cómo los buques andan por las autovías, por las autopistas del Estado español, de norte a sur, en una nueva formulación que nosotros pensamos que es de auténtico disparate. si no se construye el segundo LPD, el expediente de regulación de empleo sería inmediato.
Los sindicatos que están presentes hoy en el comité de empresa están todos de acuerdo en que una de las urgencias más grandes, incluso para contar con trabajo a partir del año 2000, sería que se discutiese la permanencia dentro del nicho de la construcción militar de las factorías de la Empresa Nacional Bazán, y que además esto sería perfectamente posible porque ya se sabe que a partir de 1998 la séptima directiva decaerá y, por tanto, no habrá impedimentos, a no ser que el Estado español motu proprio vuelva a demostrar un afán de regulación que, curiosamente, tropieza con esta propaganda desreguladora a que nos tiene acostumbrados el Gobierno actual.
Por otra parte, los sindicatos, en este caso los que están presentes en la factoría de Ferrol, abogan por que habría que potenciar el departamento de turbinas y de fabricaciones y por invertir en programas de I+D en la industria medioambiental. Concretamente, en lo que afecta a la factoría de Ferrol, los 4.228 puestos de trabajo actuales, que son prácticamente más de la mitad de los que reúnen el conjunto de las tres factorías de Ferrol, Cádiz y Cartagena, podrán permanecer grosso modo si hay un aumento de la carga de trabajo para todas las factorías y si, por tanto, se aumenta la capacidad de producción, la cuota de mercado que hoy tiene el Estado español. Por eso nosotros creemos que es fundamental discutir la vigencia de los Reales Decretos 1986, 1991 y 1994, que son el primer tropiezo con que cuentan las factorías para funcionar de otra manera; es decir, que no queden supeditadas a los programas del Ministerio de Defensa y que puedan, por tanto, empezar a combatir en el mercado de la construcción civil. Y esto, vuelvo a repetir, es para todas las factorías de la Empresa Nacional Bazán.
En el caso de Ferrol, objetivamente, sin entrar en interpretaciones de otro tipo, está claro que dejar a la factoría pendiente de la hipotética fabricación de las F-100 o del LPD en exclusiva no va a poder impedir que se produzcan en 1997 y 1998 regulaciones muy graves de empleo y que la factoría esté siempre pendiente de una amenaza constante. Si a esto añadimos --objetivamente también, sin interpretaciones--, que da la casualidad que es la factoría de Ferrol la que mantuvo más la dependencia del Ministerio de Defensa y la que mantiene menos autonomía empresarial, pues las subcontratas electrónicas, incluso las que se hacen en Bazán, dependen de Cádiz; que, como no se pueden subvencionar los artefactos construidos para la marina de guerra, pero sí se pueden subvencionar artefactos de otro tipo, diversificados industrialmente, estas subvenciones van normalmente a Cartagena o que, incluso, el departamento general de carenas depende también de Cartagena, se verá hasta qué punto la factoría de Ferrol tiene una deficiencia en la capacidad de tomar decisiones propias tremendamente alarmante, que nosotros queremos poner aquí de manifiesto. De la misma manera, queremos poner de manifiesto que, habiendo un problema general para toda la construcción naval en el Estado español, que somos los primeros en combatir, está claro que es también la industria de la ría de Ferrol la única que, por métodos de prohibición que implican al Gobierno español, tiene construcción naval que no puede acceder libremente al mercado y que, sin embargo, sí ha manifestado su aspecto solidario últimamente, cuando se llevaron a construir artefactos de estación petrolífera para la bahía de Cádiz, cosa que nosotros no discutimos; pero pensamos que entonces, hay que discutir el plano general de la construcción naval en el Estado español, que es la intención del punto primero de esta proposición no de ley, que afectaría, vuelvo a repetir, a todas las factorías de Bazán.
Estamos, por tanto, ante una previsión que había hecho ya el anterior presidente de la empresa en este Congreso de los Diputados, cuando anunció que para Ferrol el 50 por ciento de la regulación sería inexorable en el año 1997 y un 90 por ciento en 1998, aunque fuesen adelante las fragatas F-100, y que se podría mantener el trabajo en el año 1995 --ya pasado-- con la finalización de la construcción del portaaviones para Tailandia y del buque anfibio LPD. En consecuencia, en este momento, si seguimos sometidos exclusivamente a la contratación con el Ministerio de Defensa, todo va a depender de otro anfibio LPD y de esa contratación con Uruguay, que no creo sea un artefacto militar, sino que será para un artefacto civil encubierto en finalidades militares.
Señorías, nosotros apoyamos que San Fernando, en Cádiz, construyese ferries para Trasmediterránea; aplaudimos, incluso, el valor de la dirección de San Fernando para actuar de esta manera. Es muy importante tener en cuenta que, a veces, el erario público sirve no solamente para mantener los puestos de trabajo, sino también para no tirar alegremente el dinero. Es mejor gastar más produciendo que no gastar en pagar paros, subsidios o prejubilaciones.
Aplaudimos que la factoría de Cartagena esté siendo diversificada para conseguir una producción respetuosa con el medio ambiente, a través de todos los programas que la revista de la empresa anunció a bombo y platillo, como la otra Bazán; pero pensamos que la factoría de Ferrol,

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cuando menos debería ser impulsada hacia la fabricación de turbinas y a una diversificación industrial que es muy necesaria e importante, por el bien de la industria del Estado español y, particularmente, por la de aquella comarca, que no hace falta decir está en un estado calamitoso. En este país, todos los sectores productivos, y acabamos de referirnos a uno competitivo también, por lo que se ve, siempre tienen tropiezos por todas partes. Vuelvo a repetir que a los dos únicos grandes astilleros se les prohíbe participar en la construcción civil; prohibición explícita que además se cumple a rajatabla.
Pido a todos los miembros del Congreso aquí presentes que voten favorablemente nuestra proposición no de ley y anuncio que nosotros vamos a votar favorablemente la del Partido Socialista porque, a muy corto plazo, significa un cierto balón de oxígeno.
Quiero aclarar que el punto 1 de nuestra proposición no de ley se refiere a todas las factorías de Bazán, no exclusivamente a la de Ferrol, y que todo lo que va a continuación, hasta el punto 8, es un intento de sacar a la factoría ferrolana del nicho en que está metida y que supere las dificultades de no disponer de cierta autonomía de gestión empresarial, que sería muy importante dentro de la panorámica de que el Estado español combata denodadamente en el mercado internacional por tener una cuota de mercado como la que tenía antes de producirse la reestructuración naval, a partir del año 1986.
Quiero decir también que estoy en contra de la enmienda que presenta el Partido Popular porque deja las cosas tal como estaban antes, porque no significa ni siquiera un compromiso del Gobierno para dar salida al problema a corto plazo, porque sigue empecinado en mantener a la empresa nacional Bazán con unas limitaciones legales que no se justifican desde ningún punto de vista, conforme al discurso del propio Partido Popular vigente en la actualidad, y porque, además, sigue empeñado en mantenernos vinculados a la marina de guerra, cuando todo el mundo sabe que es imposible mantenerse en este tipo de mercado que es ultracompetitivo y que, cuando se hacen convenios con estados extranjeros en este terreno, siempre piden participación en la tecnología, piden participación en la construcción, y así sucesivamente. Es decir, hoy esto no es ya una carga potencial de trabajo que asegure nada, ni siquiera para ninguna de las tres factorías, por tanto, nos guste o no, habrá que empezar a diversificarlas todas, a participar en el mercado a nivel internacional, sin que eso impida que, efectivamente, haya una entidad reguladora que después reparta la carga de trabajo entre todos los astilleros del Estado español con un mínimo sentido de equidad y solidaridad.
Pensamos que la solución de conjunto pasa por derogar los reales decretos que empiezan por impedir unas reglas de juego mínimamente normales en el interior y unas supeditaciones que no tienen sentido alguno; incluso, para poder mantener estas factorías, va a haber que burlarlas continuamente, como se hizo con Trasmediterránea, como se puede hacer ahora con este petrolero de Uruguay, si llega, aunque sea para la marina de guerra uruguaya, y así sucesivamente.
Si es posible, señor Presidente, rogaría que se sometieran a votación todos los puntos por separado. Si el Grupo Parlamentario Socialista no tiene inconveniente, a no ser que se voten las dos separadas, su propuesta se podría votar en primer lugar, y después, todos los puntos de la del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, separadamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ya he tomado nota de sus sugerencias.
No ha habido ningún grupo que pida turno en contra. Sí hay dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Mixto, presentadas por el Partido Popular, y para su defensa, tiene la palabra don Jesús Pérez.


El señor PEREZ CORGOS: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, porque a nosotros no nos parece que la empresa nacional Bazán, de Ferrol, tenga que cambiar de estrategia empresarial, como empresa pública relacionada con las necesidades de la defensa nacional y no con el mercado internacional de construcción naval civil. Sin embargo y dadas las incertidumbres de futuro, entendemos que un nuevo plan de actividad, un nuevo plan de viabilidad como se propone en el punto primero de la enmienda de modificación, podría asegurar el uso de las potencialidades de la empresa a medio plazo. Con el segundo punto, es decir analizar las oportunidades de nueva actividad de la empresa en relación a los distintos planes industriales y energéticos, tanto de ámbito regional como nacional, respetando las limitaciones legales de la propia actividad de la empresa nacional Bazán, se podría entroncar con nuevas oportunidades tecnológicas y de demanda. De cualquier manera, señor Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, anuncio que, en el caso de ser rechazada esta enmienda de modificación, mi grupo presentará inmediatamente una proposición no de ley, reproduciendo en sus propios términos esta enmienda de modificación.
Respecto a las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo, y comenzando por la que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, si me permite el señor Presidente, tengo que anunciar el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, porque se nos ha hablado de cifras, de lo que cuesta una cosa y de lo que cuesta otra, pero no se ha hablado de la situación económica que se ha encontrado este Gobierno; no se ha hablado de los agujeros presupuestarios o de las dificultades económicas con las que el Gobierno se ha encontrado. Es cierto que la empresa nacional Bazán, de Ferrol, es una empresa importantísima dentro de la comarca, es uno de los que podríamos llamar motores de la actividad industrial en la zona, pero tampoco se puede negar la preocupación constante que ha manifestado el Grupo Parlamentario Popular por los problemas de la empresa nacional Bazán, por la diversificación de su actividad, por sus previsiones, por sus proyectos, y en especial en relación con el mantenimiento de los puestos de trabajo.
En este sentido, quiero destacar la importancia estratégica que ha atribuido el Gobierno a esta empresa. Recientemente

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el Ministro de Industria y Energía, contestando a la pregunta de un Diputado del Grupo Parlamentario Popular, manifestaba que el Gobierno no tiene ningún plan de privatización respecto a la empresa nacional Bazán, dado su carácter estratégico y en una respuesta escrita a la señora Marón Beltrán, portavoz del Grupo Socialista, ha contestado que los planes para el futuro de la empresa nacional Bazán, en su factoría de Ferrol, pasan por la atención prioritaria de las necesidades de la marina militar, en la evaluación de las implicaciones de la nueva situación internacional sobre las industrias de defensa, puesto que se han reducido los mercados y en las posibilidades de diversificación a otras actividades.
El Grupo Parlamentario Popular, respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se muestra contrario a dicha proposición no de ley y la va a votar en contra. Hay que dejar claro que el pasado día 21 de octubre se firmó el convenio entre los ministerios de Industria y Defensa para el inicio del programa de las cuatro fragatas F-100. El desarrollo de este programa va a ser financiado por el Ministerio de Industria con créditos que harán posible comenzar la contratación principal del programa en 1997, para lo cual el proyecto de presupuestos para 1997, que hemos aprobado el otro día en esta Cámara y está pendiente de aprobación en el Senado, cuenta ya con una dotación de 10.000 millones de pesetas.
El Programa F-100 que tiene un coste estimado de unos 280.000 millones de pesetas en los próximos diez años, supone una carga de trabajo directo para la industria nacional de unos 16 millones de horas/hombre, generando el equivalente de más de 3.000 empleos. Bazán va a ser la principal contratista de este programa, asumiendo el 96,5 por ciento del trabajo, y la factoría de Ferrol en concreto asumirá el 91,2 por ciento de esta carga de trabajo. De todas maneras para asegurar la carga de trabajo en la factoría Bazán, de Ferrol, hay que intentar conseguir otros contratos.
En este sentido, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado recientemente un acuerdo por el que se establecen condiciones especiales de financiación para la exportación de un buque petrolero que se pretende contratar con la Armada uruguaya.
En resumen, nosotros coincidimos en que hay que asegurar la plena actividad de Bazán, en Ferrol, pero a medio plazo la actividad queda asegurada con el programa de las fragatas F-100, cuya decisión de inicio ya ha sido adoptada y para 1997-98 especialmente, se está intentando formalizar el contrato de construcción de ese petrolero con la Armada uruguaya. Por todo ello, nosotros rechazamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que tal y como queda planteado, parece que se quiere instar al Gobierno a dar actividad a la empresa más allá de las directrices presupuestarias y de la carga de trabajo que para los próximos años exista en la empresa. Somos conscientes de que nuestro grupo podría haber presentado una enmienda transaccional, pero también lo somos de que cualquier texto que no pretenda cambiar las directrices presupuestarias y de producción de la propia empresa sería reiterativo.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por el Bloque Nacionalista Galego, hay dos puntos que podrían estar contenidos en nuestra enmienda de modificación. Analizando punto por punto la proposición no de ley tendríamos que decir, respecto al primer punto, la derogación del Real Decreto 442/1994, nuestro criterio es oponernos a este punto por lo que respecta a esa derogación. La limitación establecida para Bazán deriva, en última instancia, de la distribución establecida en su día de las reducciones de capacidad para construcciones civiles, con el fin de que estos astilleros civiles pudieran obtener las autorizaciones pertinentes de la Unión Europea para conceder estas ayudas. Por otra parte, los medios técnicos de la empresa nacional Bazán resultan especialmente apropiados para la construcción naval militar, pero excesivamente costosos para la construcción civil.
En cuanto a consentir la superación práctica de las restricciones a las actividades de Bazán establecidas en normas jurídicas, no puede aceptarse por principio, lo que no impide que si se considera conveniente una determinada actividad con tecnología de aplicación dual --civil y militar-- para Bazán, la posible autorización excepcional sea sometida a la consideración de los órganos competentes, como ya ha ocurrido --y se ha mencionado aquí-- en el caso de los ferries rápidos.
Por lo que se refiere al segundo punto, impulsar un nuevo plan de viabilidad, nuestra enmienda contiene ese impulso al nuevo plan de viabilidad, pero como orientación general sería admisible, salvo en lo referente a las construcciones y transformaciones civiles. Para la elaboración de dicho plan se tendría en cuenta el convenio suscrito el pasado 21 de octubre por los ministerios de Industria y Defensa para la construcción de las fragatas F-100 y esas posibles operaciones de exportación, como puede ser la del buque petrolero para la Armada uruguaya.
Respecto al tercer punto, establecer acuerdos con la Comunidad Autónoma de Galicia para la participación de Bazán en sus planes industriales y energéticos, consideramos más adecuado que, en primer lugar, se hable de analizar las oportunidades concretas que pueden ir surgiendo para la empresa que establecer un acuerdo global con la Comunidad Autónoma de Galicia. Como ejemplo ya existe un proyecto de fabricación por el taller de turbinas de la empresa nacional Bazán de determinados elementos para generadores eólicos de los futuros parques eólicos, sin que en estos momentos se hayan concluido los estudios técnicos y económicos.
Con relación al punto cuarto, potenciar en Bazán de Ferrol las áreas de producción de fuerte valor añadido, salas técnicas, informática, logística, electrónica, etcétera, para abordar nuevos productos y mercados, es necesario señalar que esta posibilidad coincide con la estrategia de actuación de la empresa en general, no sólo de la factoría de Ferrol; por ello cuando la empresa encuentra una oportunidad está evidentemente obligada a utilizar los recursos de la forma que considere más eficiente.
En cuanto a la inclusión de la fábrica de turbinas de la factoría ferrolana en el sector de bienes de equipo y participación en los apartados I+D tecnológicos, fundamentalmente dirigidos al mercado de medio ambiente, nuestro

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criterio es oponernos por ser innecesarios, puesto que la fábrica de turbinas de Ferrol ya está realizando la mayor parte de su actividad dentro del sector de bienes de equipo. La mayor parte del parque de turbinas de vapor instalado en España ha sido construido por esta fábrica de turbinas de Ferrol, que está siendo muy competitiva en el mercado de mantenimiento y retrofit de este parque. Asimismo Bazán está participando en los consorcios que ofertan centrales de exportación, tratando de maximizar la participación en el suministro y que esa participación pueda extenderse a equipos de medio ambiente, no depende únicamente de la capacidad tecnológica o fabril de la empresa, sino de la competitividad de la oferta del consorcio.
Respecto del punto sexto, por lo que respecta a la participación nacional de la Xunta de Galicia, habría que empezar por conocer la postura de la Xunta al respecto, si bien en lo que se refiere a su entrada en el consejo de administración de Bazán, se rechaza por innecesario puesto que dicha entrada ya se ha producido, sin perjuicio de que, además, la Xunta de Galicia participa en la gestión de la Agencia Industrial del Estado a través del consejo territorial de la misma.
Respecto al penúltimo punto, el séptimo, habría que matizar varias cosas.
En primer lugar, si se refiere a la construcción de una nueva empresa pública, dado que se habla de área de comercialización y negocio que integre Bazán, factoría de Ferrol y Astano, nos tendríamos que oponer porque requeriría la autorización previa de la Comisión Europea y, en cualquier caso, habría que esperar a la finalización del Plan estratégico de competitividad para sopesar las ventajas y los inconvenientes. Si se refiere meramente al establecimiento de colaboración en el área de comercialización y respecto a la única actividad que desarrollan simultáneamente ambos astilleros, que es la de reparación y carenas, el criterio también es oponerse, ya que el establecimiento de acuerdos globales es innecesario. En cualquier caso de forma habitual se está desarrollando la necesaria colaboración entre las dos empresas para atender las oportunidades concretas que se consiguen en el mercado de reparaciones, en términos de máxima eficiencia económica para ambos. De hecho es muy frecuente que Astano utilice el dique de Bazán y el personal de esta empresa para realizar parte de sus obras y no sólo las de reparaciones.
En cuanto a la autonomía de la dirección de Bazán, de Ferrol, para tomar decisiones, hay que decir que la dirección de la factoría de la empresa nacional en Ferrol tiene el grado de autonomía necesario y conveniente y puede tomar las decisiones correspondientes a su ámbito de competencia de acuerdo con la organización actual de la empresa.
Respecto a la información sobre la cuenta de resultados de cada factoría, hay que señalar que jurídicamente la empresa nacional Bazán tiene tres factorías y una única cuenta de resultados a efectos contables y legales.
Las atribuciones internas de ingresos y de algunos costes a las factorías son únicamente parte de los sistemas de gestión y control de la empresa y sólo pueden ser interpretadas en los términos de sus sistemas específicos.
Señor Presidente, señorías, manifestamos nuestro rechazo, nuestra oposición a las dos proposiciones no de ley presentadas y mantenemos nuestra enmienda de modificación, afirmando que en caso de no ser aprobada nuestra enmienda de modificación, presentaremos inmediatamente una proposición no de ley en los propios términos de la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Como ya ha sido manifestada la posición del Grupo Parlamentario Mixto de no aceptar estas dos enmiendas, ustedes van a tener que hacer lo que han anunciado.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Ricardo Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve en fijar nuestra posición, en relación con las dos proposiciones no de ley que en estos momentos debatimos.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo Socialista de fecha 12 de septiembre de 1996, tenemos que decir, señor Presidente --no es el caso, también hay convicción-- que, aunque sólo fuera por razones de coherencia, tendríamos que apoyar esta proposición no de ley por cuanto tenemos una anterior, de 14 de junio de 1996, en la que decimos lo mismo que el Grupo Socialista, si bien con mucho mayor detalle.
En lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, tenemos que decir que el contenido de la misma --que va a ser votado-- es prácticamente igual que la nuestra citada anteriormente y por razones de convicción y coherencia apoyaremos con nuestros cuatro votos al del representante del Grupo Parlamentario Mixto en la defensa de esta proposición no de ley.
Señor Presidente, señorías, estamos convencidos de que el contenido de las dos proposiciones no de ley es positivo. Cualquiera que conozca la historia de la comarca de Ferrol sabe perfectamente la importancia nuclear que tiene la factoría Bazán y la de Astano en relación con la misma. Hoy hablamos en concreto de Bazán.
Ustedes saben que la importancia de medidas como, por ejemplo, la prohibición de dedicarse a actividades civiles, repercute en un momento en el que la carga de trabajo que atraviesa la factoría Bazán es preocupante.
Desde luego nos alegramos de que medidas como las que se contienen en nuestra proposición no de ley citada, del 14 de junio, en concreto en el primer punto donde se decía que la aprobación, antes del 31 de octubre de este año, de la orden de ejecución de las cuatro fragatas F-100, en alguna medida sea realidad por cuanto, como se ha dicho anteriormente, el 21 de octubre se ha firmado ya un convenio en el que se plantean la construcción de esas cuatro fragatas F-100, sin embargo, no cabe la menor duda de que en estos momentos se está terminando la ejecución del portaaviones para Tailandia y que la carga de trabajo depende exclusivamente de un navío LPD que se ejecuta y que en los primeros meses del próximo año dejaría sin carga de trabajo, si no se pusiera en práctica inmediatamente el encargo de un nuevo navío de idénticas condiciones para lo cual la factoría Bazán está en disposición de empezar inmediatamente las obras, y de esta manera cubrir

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ese período transitorio hasta que se hiciera realidad la construcción de las cuatro fragatas cuya construcción efectiva requiere de unos complejos estudios previos que necesitan meses y, por tanto, se produciría un vacío de carga de trabajo que necesitamos cubrir.
De la misma manera, nos parece que las previsiones relativas a la elaboración de un plan de diversificación, y no sólo a la elaboración teórica sino la adopción de medidas de dotación para que ese plan sea efectivo, son urgentes. Estas medidas se contienen en nuestra proposición no de ley y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, con detalle, viene a reproducir de la misma manera que, dicho en términos más genéricos, la proposición no de ley del Grupo Socialista. Habida cuenta de esta coincidencia, no hemos planteado sino que hemos retirado nuestra petición de que se debatiera simultáneamente dicha proposición no de ley nuestra que viene motivada, señorías, por el anuncio de voto en contra que ha formulado el Grupo parlamentario. Es una posición que no entendemos. Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular no dicen nada real que mejore la situación de la factoría Bazán, pero nos encontramos con que este grupo va a votar en contra.
Confiamos en que la posibilidad de una nueva discusión de nuestra proposición no de ley e incluso de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular anuncia, sirva para que dicho grupo reconsidere su posición en relación con esta empresa tan importante para una comarca que en estos momentos está sufriendo gravemente toda la reconversión industrial. La ciudad de Ferrol ha pasado de ser el tercer núcleo poblacional de la Comunidad Autónoma gallega, a ser el quinto. Ha pasado de ser una comarca de inmigración a ser una comarca de emigración. Ha pasado de ser una comarca con un nivel de actividad muy importante, a ser una comarca en que el volumen de paro supera, como mucho, las medias de la comunidad autónoma y la media nacional.
Ante esa situación, señoría, creo necesario se adopten medidas como las que se plantean en esta proposición no de ley, coincidentes con la nuestra y, por tanto, vamos a apoyarlas.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista solicita un turno breve de intervención para fijar su posición en relación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
Para este turno, tiene la palabra la señora Marón, pero por un breve plazo de tiempo puesto que hemos debatido simultáneamente las dos proposiciones no de ley.


La señora MARON BELTRAN: Voy a ser muy breve.
Tomo la palabra para fijar la posición con relación al Grupo Parlamentario Mixto, pero quisiera hacer antes una mención a las palabras del portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de agradecerle la postura de apoyo.
Lamento la no aceptación por parte de la Mesa de debatir conjuntamente esta proposición no de ley que en sus dos primeros apartados es coincidente con la que nosotros hemos presentado. Respetando la decisión de la Mesa, nos hubiera gustado que se debatieran las tres que estaban presentadas. Los últimos dos apartados de la misma son susceptibles de ser asumidos y en un futuro, cuando vuelvan a ser debatidos, por supuesto los apoyaremos porque con ello abriremos esperanzas para Bazán.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, no habría inconveniente por parte de nuestro grupo en apoyar algunos apartados de su proposición no de ley, pero no parece este momento oportuno porque algunos de ellos requieren un estudio más pormenorizado de las consecuencias. Al señor Rodríguez que ha aludido reiteradamente a las reuniones con los sindicatos --también nuestro grupo ha mantenido esas reuniones--, le diré que, sobre todo en los tres últimos apartados, no parece que guarden un equilibrio y solidaridad con otros trabajadores en distintos ámbitos. Por tanto, creo que sería el momento de no lanzar cortinas de humo sobre lo que es prioritario ahora, que es la carga de trabajo, y posteriormente, con más sosiego, estudiaremos estos puntos que como digo podremos asumirlos perfectamente y vamos a defender, pero de forma paralela, iniciar esa proposición no de ley que todos los grupos han anunciado para dar viabilidad a la empresa Bazán.
En cuanto a la postura del Partido Popular, nos parece que quien tiene que fijar las prioridades presupuestarias en este momento es el Gobierno, pero hay que ser valientes a la hora de no castigar a Galicia, como ya se ha hecho con estos presupuestos y ése parece que va a ser el camino a seguir en el futuro. Todavía queda el Senado para reflexionar y que se puedan materializar proyectos esperanzadores para la comarca de Ferrol y, sobre todo para Bazán.
Nuestra postura con relación a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego será de abstención.


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones no de ley (Pausa.) Señor Rodríguez, tiene la palabra para aclaraciones.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero decir que los puntos uno, dos, tres, cuatro y cinco están aprobados por unanimidad del Ayuntamiento de Ferrol donde están presentes el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Galego y una candidatura independiente y que, además, los cinco puntos primeros cuentan con el aval del comité de empresa.


El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración.
Simplemente quisiera aclarar al señor Peralta que si su proposición no de ley no se ha incorporado al debate conjunto no ha sido porque esta Presidencia no lo haya permitido. Me ha parecido entender de sus palabras que no se había podido incorporar por culpa de la Presidencia, y la verdad es que ha sido por decisión de su propio grupo. Creo que la intención de su grupo ha sido mantenerla con el ánimo de poder suscitar un segundo debate en esta Comisión en torno a esta materia.


El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de la portavoz del Grupo Socialista le agradezco esta referencia, señor

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Homs, porque creo que ha sido ella quien la ha hecho y yo he dejado claro que retiraba la enmienda. En nombre suyo, le agradezco la referencia.


El señor PRESIDENTE: Pero a mí me interesa que usted deje constancia de que esto ha sido así, señor Peralta, porque los autores de la proposición no de ley son ustedes. ¿Está al corriente la señora Marón de que esto ha sido así? (Asentimiento.)

El señor HERNANDEZ MOLTO: Por aclaraciones.
Habría estado mejor que el Grupo de Izquierda Unida nos lo hubiera comunicado porque nos pidió ayuda para incorporarlo. Por tanto, dentro de este orden de confusión, quería aclarar la posición de todos.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia ha hecho una aclaración indirecta para sutilmente no decirles a ustedes directamente que no era éste el comportamiento del Presidente (Risas.) Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Mixto, relativa a actuaciones para favorecer el reflotamiento de la empresa Picusa, de Padrón (La Coruña).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La segunda votación será la relativa a la proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la contratación directa por la empresa Astilleros Españoles, de Cádiz, puesto que no se han presentado enmiendas a la misma.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las dos proposiciones no de ley relativas a la Empresa Nacional Bazán. Al haber sido rechazadas las dos enmiendas por el Grupo Popular, no procede someterlas a votación. Vamos a votarlas por separado.
Primero votaremos la del Grupo Socialista y luego la del Grupo Mixto.
Habiendo sido solicitada votación separada de cada uno de los puntos, vamos a hacer las correspondientes votaciones de los ocho puntos de la proposición no de ley.
En primer lugar, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la Empresa Nacional Bazán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto, también relativa a la Empresa Nacional Bazán. Como he dicho anteriormente, se va a someter a votación cada uno de los puntos que contiene esta proposición.
Votación del primer punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segundo punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Tercer punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Cuarto punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Quinto punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Señorías, ¿podríamos votar los tres puntos que nos quedan conjuntamente?

El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Una pequeña tortura a cambio de tanta actividad... (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Entiendo la palabra tortura, pero no la respuesta.
¿Se pueden votar conjuntamente?

El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sí, porque yo no soy tan torturador. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceremos.
Se votan a continuación los puntos 6, 7 y 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
No habiendo más asuntos que tratar hoy, les informo que está prevista una sesión de la Comisión de Industria para el día 10 y otra para el día 19.
Hagan sus reservas de agenda.
Ruego a los portavoces de los distintos grupos que se queden un momento para hacer una breve reunión de Junta de Portavoces y Mesa.
Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.

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