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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 147, de 19/02/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 147

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO

Sesión núm. 11

celebrada el miércoles, 19 de febrero de 1997

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del señor Subsecretario de Asuntos Exteriores (De Carvajal Salido) para informar de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles antiguos residentes en la ex colonia de Guinea Ecuatorial. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000400) (Página 4005)

Preguntas:

--Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista), sobre posición del Gobierno ante el mantenimiento de la incautación del diario chileno «Clarín», llevada a cabo por la dictadura del general Pinochet. (Número de expediente 181/000353) (Página 4011)

--Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Mixto), sobre iniciativas para ayudar al desarrollo económico de Angola, a su pacificación y a la defensa de su Gobierno legítimo. (Número de expediente 181/000373) (Página 4013)

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--Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Mixto), sobre motivos por los que el Gobierno no mantiene una posición beligerante en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Timor-Oriental. (Número de expediente 181/000375) (Página 4014)

--Del señor Peralta Ortega (Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre medidas para facilitar la percepción de las indemnizaciones reconocidas por el Gobierno francés tras las huelgas que bloquearon las carreteras de dicho país en el mes de noviembre de 1996.
(Número de expediente 181/000362) (Página 4016)

Proposiciones no de ley:

--Por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000161) (Página 4018)

--Sobre Cumbres Iberoamericanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000277) (Página 4021)

--Sobre reclamación de las indemnizaciones al Gobierno francés por los daños y perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo del bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses, así como creación de dos corredores de interés europeo prioritario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000285) (Página 4024)

--Sobre indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de transportistas en Francia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000297) (Página 4024)

--Relativa a la situación de la democracia, los derechos humanos y las libertades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000309) (Página 4030)

Dictámenes sobre:

--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, firmado en Luxemburgo el 22-4-96. (Número de expediente 110/000079) (Página 4034)

--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y la República Azerbayana por otra, firmado en Luxemburgo el 22-4-96. (Número de expediente 110/000080) (Página 4034)

--Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé y Acta Final, firmados en Mauricio el 4-11-95. (Número de expediente 110/000068) (Página 4036)

--Convenio sobre seguridad y salud en las minas. (Número 176 de la OIT, adoptado en Ginebra el 22-6-95. (Número de expediente 110/000069) (Página 4037)

--Canje de Cartas del 23-7-96 y 27-9-96, constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Seminario internacional «Foro-UNESCO/Universidad y Patrimonio» (Valencia, 2/6-10-96). (Número de expediente 110/000070) (Página 4038)

--Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia penal, firmado «ad referendum» en Moscú el 25-3-96. (Número de expediente 110/000071) (Página 4038)

--Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de España y la República de Ucrania, firmado en Madrid el 7-10-96. (Número de expediente 110/000072) (Página 4039)

--Tratado sobre el traslado de presos entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el 7-11-96. (Número de expediente 110/000073) (Página 4040)

--Protocolo del Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé como consecuencia de la Adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en Mauricio el 4-11-95.
(Número de expediente 110/000074) (Página 4041)

--Actas, Resoluciones y Recomendaciones del XVI Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México D. F.
el 15-9-95. (Número de expediente 110/000075) (Página 4041)

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--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Hungría para la entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de identidad, realizado en Madrid el 28-11-96. (Número de expediente 110/000076) (Página 4042)

--Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 19-6-96. (Número de expediente 110/000078) (Página 4042)

--Documento acordado entre los Estados Parte en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19-11-90, adoptado en Viena durante la Primera Conferencia de revisión del funcionamiento de dicho Tratado y del Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos de personal, celebrada en Viena del 15 al 31-5-96. (Número de expediente 110/000077) (Página 4043)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (DE CARVAJAL SALIDO) PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES ANTIGUOS RESIDENTES EN LA EX COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO.) (Número de expediente 212/000400.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenos días a todos. Se abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, sesión número 11, de acuerdo con el orden del día que todos ustedes ya conocen suficientemente y sobre el cual simplemente querría pedir su asentimiento para que el punto número 20, el documento acordado entre los Estados parte en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, adoptado en Viena durante la primera conferencia de revisión, fuera considerado, si no hubiera inconveniente por parte de los señores comisionados, al final del orden del día correspondiente. (Pausa.). No veo ningún tipo de objeción al respecto. Así será. Sin más preámbulo, pasamos al primer punto del orden del día, comparecencia del Subsecretario de Asuntos Exteriores ante esta Comisión para informar de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles antiguos residentes en la ex colonia de Guinea Ecuatorial. Es una iniciativa tomada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y el señor Subsecretario de Asuntos Exteriores, don José de Carvajal, tiene la palabra al respecto.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Efectivamente, como el señor Presidente acaba de recordar, el 5 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con las medidas compensatorias a los españoles que tuvieron que abandonar Guinea Ecuatorial tras la independencia de dicho país en 1968, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que suponía muy en síntesis dos acuerdos. Por el primero se trataba de elaborar en un plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de dicha proposición no de ley un censo de ciudadanos españoles que se vieron obligados a abandonar sus bienes en Guinea Ecuatorial como consecuencia de la descolonización. En segundo lugar, en un momento posterior, el Gobierno debería informar en un plazo de dos meses sobre las medidas propuestas para compensar parcialmente a esos ciudadanos españoles que tuvieron que abandonar Guinea Ecuatorial como consecuencia del deterioro de las relaciones políticas entre España y su antigua colonia.
La elaboración de ese censo fue encomendada al Ministerio de Asuntos Exteriores y puedo asegurar a SS. SS. que, según los antecedentes que obran en mi departamento sobre este asunto, inmediatamente se creó en el mismo un grupo de trabajo que inició el estudio sobre qué medidas debían adoptarse para confeccionar dicho censo con las mayores garantías. Sin embargo, desde el primer momento se constataron las dificultades técnicas que dicha tarea conllevaba. Además, empezaron a aparecer diversos aspectos de la cuestión que, a juicio del ministerio, aconsejaron una cierta prudencia en el tratamiento de este asunto, que tenía, a nuestro juicio, insisto, unas implicaciones que iban mucho más allá de la elaboración de un censo desde un punto de vista estrictamente técnico.
Desde estos antecedentes cabe destacar dos aspectos fundamentales, primero, el hecho de que en la época de que estamos hablando en Guinea Ecuatorial no existía un censo consular de residentes, precisamente porque no existía un consulado de España en Guinea al depender aquellos territorios de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas del Ministerio de la Presidencia. Por tanto, para confeccionar el censo de referencia habría que empezar,

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por así decirlo, desde el principio. Había, es cierto, una base que daba una primera aproximación a este asunto para empezar los trabajos, ya que existía una relación de afectados que desde el punto de vista de la Administración debía considerarse como un importante punto de partida a efectos de valoración y de análisis del problema, pero que no tenía valor oficial. Esta lista de damnificados --posiblemente lo recordarán SS.
SS.-- había sido elaborada y presentada en el Ministerio de Asuntos Exteriores por la Sociedad de Españoles con Intereses en Africa, asociación que agrupa y representa precisamente a esos afectados. La relación establecida en 1995 contenía un número de 362 personas y en esa relación la cantidad total de daños se estimaba en un monto de 10.049 millones de pesetas, cantidad que se incrementa en una segunda relación que confecciona la misma asociación en 1996 hasta 11.344 millones de pesetas relativas a las pérdidas sufridas por 379 reclamantes. Como digo, entendimos que dicho censo no podía servir más que de punto de partida y de orientación, y ello incluso si se procediese a las comprobaciones de la documentación que cada uno de los afectados pudiera aportar en apoyo de sus reclamaciones. Había que asegurarse de que no quedaran fuera del censo posibles reclamantes no integrados en la mencionada asociación. A partir de ese momento se consideró que para obtener dichas garantías habría que dar publicidad a este asunto, mediante la publicación bien en el «Boletín Oficial del Estado» o en otros medios de comunicación de una disposición que anunciara a los interesados la elaboración de este censo.
De esta forma, todos los afectados hubieran podido presentar, con independencia de su integración o no en la asociación de españoles afectados, sus reclamaciones con el correspondiente soporte documental.
A raíz de estas consideraciones, continuaron apareciendo, además, otros importantes problemas de fondo, ya que una decisión unilateral por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de hacer pública la mencionada resolución en el «Boletín Oficial del Estado» suponía, a nuestro juicio, ir mucho más lejos de la tarea que había sido encomendada al departamento. Efectivamente, pareció por lo menos prudente que, teniendo en cuenta las cantidades que se estaban barajando, el análisis sobre cualquier decisión debía, al menos, ser compartido con otros departamentos. También parecía obligada esta consulta con otros organismos de la Administración porque la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha resolución, relativa a la confección del censo, podría crear unas expectativas de carácter económico, así como --tal vez algo más importante desde nuestro punto de vista-- unas repercusiones políticas que parecían rebasar las consecuencias que, en principio, debería tener el cumplimiento del mandato conferido al Ministerio de Asuntos Exteriores. Se planteaba, además, un problema adicional, cual era el de precisar cuáles serían los supuestos a los que debería hacer referencia la disposición que eventualmente se publicase en el «Boletín Oficial del Estado».
Como SS. SS. pueden comprobar ese primer párrafo de la proposición no de ley que he leído antes hace referencia --cito textualmente-- a los ciudadanos españoles, antiguos residentes en Guinea Ecuatorial, que se vieron obligados a abandonar sus bienes en dicho país como consecuencia de la descolonización. En cambio, su segundo párrafo contempla la compensación a los ciudadanos españoles que habrían sufrido perjuicios económicos como consecuencia del deterioro de las relaciones políticas entre España y su antigua colonia. Ambos supuestos parecen distintos y, en todo caso, difíciles de delimitar, tanto en su contenido como en el tiempo en que se produjeron. A esta dificultad de concretar los supuestos de hecho a los que se refería el anuncio eventual de la elaboración del censo, se sumaron otros aspectos dignos de mención por su íntima relación con ellos.
Así, se constató que ya en 1981 había sido creada una comisión interministerial sobre la ayuda social a trabajadores españoles en Guinea Ecuatorial que resolviendo un buen número de expedientes, finaliza su cometido en 1983. También, el Tribunal Supremo, tras dictar algunas sentencias favorables a este tipo de indemnizaciones de carácter social, hacía tiempo que había declarado concluido el derecho de reclamaciones y, sobre todo, mantenido el criterio de la inexistencia de responsabilidad por parte de la Administración española en este asunto. Se apuntaba así a que, en puridad, las reclamaciones que pudieran existir deberían dirigirse contra el Gobierno extranjero que confiscó y expolió bienes de los españoles. Nos pareció evidente que una decisión contraria a esta doctrina podría crear un peligroso precedente en el futuro para circunstancias equiparables, tanto pasadas como futuras, en el marco de las relaciones de España con otros países.
Puedo asegurar a SS. SS. que este asunto ha sido un tema de preocupación y de análisis permanente desde 1995 y que, en mi caso particular, desde mi toma de posesión como Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, he efectuado numerosas gestiones y reuniones de trabajo en base a todos los antecedentes a que he hecho alusión antes en relación con un asunto que, soy el primero en reconocerlo, se ha prolongado excesivamente en el tiempo. No es menos cierto que en este tiempo hemos podido constatar no solamente la complejidad técnica de este asunto sino también las diversas implicaciones y efectos colaterales del mismo, que, a mi juicio, superan ampliamente las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. En todo caso, es evidente que todas estas consideraciones han supuesto, en definitiva, que hasta el momento no se haya elaborado el censo en cuestión. La razón del incumplimiento del mandato que en su día se nos encomendó estriba, a mi juicio, única y exclusivamente en las razones de prudencia dictadas por los argumentos antes enunciados.
Señor Presidente, espero que las razones que he procurado explicar sean comprendidas por SS. SS., no tanto en lo que tienen de exculpación de una actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores en concreto, sino, sobre todo y fundamentalmente, en el sentido de que lo que en principio parecía circunscribirse a un mandato de la confección más o menos compleja técnicamente de un censo apareció posteriormente con un alcance político, económico e incluso jurídico que, por su trascendencia, merecía una consideración

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en un marco mucho más amplio que el de mi departamento.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al señor Subsecretario su comparecencia en esta Comisión para informarnos del cumplimiento de una proposición no de ley que, como sabe perfectamente y lo ha puesto de manifiesto a lo largo de su exposición, hace bastante tiempo que desde este grupo parlamentario estamos intentando que se le dé cumplimiento.
Como ya ha manifestado y es sabido por los miembros de esta Comisión, el texto inicial que este grupo parlamentario presentó como proposición no de ley fue debatido el 5 de abril del año 1995 en el seno de esta propia Comisión, aunque el texto que fue aprobado finalmente, por unanimidad de los miembros de esta Comisión, fue el resultado de una enmienda del Grupo Socialista, el grupo de la mayoría en ese momento. Digo que es conocida por esta Comisión, porque fue una proposición no de ley no improvisada sino reflexionada, incluso respecto a las posibilidades de su cumplimiento. De ahí la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Sin embargo, estoy seguro de que coincidiremos en que el trámite que ha sufrido el cumplimiento de la misma no ha sido satisfactorio. Cuando la presentamos e impulsamos su aprobación, nosotros ya sabíamos que no lo iba a ser, porque estábamos hablando de derechos que derivaban de situaciones acaecidas hace muchos años; en el año 1969 se produce el abandono de Guinea Ecuatorial por los colonos españoles, aproximadamente menos de un año después de que Guinea Ecuatorial accediera a la independencia, el 12 de octubre de 1968. Por tanto, son situaciones que se arrastraban desde hace años. Los ciudadanos que tuvieron que abandonar apresuradamente la colonia por causa del deterioro de las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España vivieron ciertamente una situación muy desagradable, en muchas ocasiones desesperada. Tuvieron que abandonar todos sus bienes, todas sus ilusiones, una parte de su pasado allí y reinstalarse en España prácticamente sin nada. Nosotros tratamos de que esa situación se resolviera y, sobre todo, que se reparara una injusticia histórica, porque el trato que se dio a los ciudadanos españoles que abandonaron Guinea Ecuatorial, desde nuestra perspectiva --y nos hemos sumergido en situaciones similares para intentar aportar soluciones y luz a la solución de este conflicto--, poco tiene que ver con la situación de Guinea Ecuatorial.
En el momento en que defendí esta proposición no de ley ante esta Comisión, señor Subsecretario, era consciente de las dificultades que iban a existir veintitantos años después para todos y para los Presupuestos Generales del Estado para poder indemnizar a estas personas y a estos colonos y ya sugerí entonces soluciones o posibilidades que no pasaban directamente por la indemnización económica o pecuniaria. Eran posibilidades que surgían precisamente del análisis de situaciones paralelas, como era el caso de los antiguos colonos del Sáhara Occidental, a quienes --y consta en el «Diario de Sesiones» porque lo manifesté en ese momento-- el Gobierno español de la época les concedió un crédito, con cargo al Instituto de Crédito Oficial, a un interés muy preferente para que pudieran reinstalarse en España. Incluso llegué a sugerir una medida de este tipo, que no tenía un coste presupuestario especialmente importante. Ciertamente, la situación en que se encuentran hoy aquellas personas es muy distinta de la de los colonos del Sáhara en el año 1975, porque obviamente ya están reinstalados, han remontado su vida en el territorio peninsular o insular en muchos casos, pero sí que podía servir de reparación histórica, que es lo que están pidiendo muchas de esas personas; que alguien se acuerde de ellos, que el Gobierno español reconozca que estas personas fueron maltratadas, que no sólo les maltrató la historia, sino que les maltrató el gobierno de la época, fuera el que fuera, que ya sabemos cuál fue.
Pues bien, hecho este puzzle de repaso, un poco desordenado, si quiere, de todo lo que ha acaecido desde el momento en que se aprobó esta proposición no de ley en sus últimas intenciones, retomando el hilo del inicio de mi intervención, como sabíamos que sería difícil, en la anterior legislatura hicimos un seguimiento continuado de su cumplimiento. Yo formulé dos preguntas en el Pleno al anterior ministro de Asuntos Exteriores, el señor Solana, y su antecesor, el señor Ezquerra, compareció también ante esta Comisión para informarnos del cumplimiento de la misma. Ciertamente, yo creía que se había avanzado mucho más, porque pocos meses después de la aprobación de la proposición no de ley, el 31 de mayo de 1995, el señor ministro me decía en el Pleno que estaban encontrando alguna dificultad para acabar el censo, pero que estaban haciendo todo lo posible para cumplir la proposición no de ley antes del día 5 de octubre de 1995, en que vencía. Esto me lo decía el ex ministro Solana en el Pleno de la cámara. Pocos meses después, en septiembre --el plazo vencía el día 5 de octubre--, y ante mi insistencia --incluso alguien habló de la pesadez de este Diputado--, el señor ministro volvía a insistir en el Pleno con los mismos argumentos y concretamente me decía que habían analizado aproximadamente dos mil y pico expedientes y que con toda franqueza lo más probable era que no lo terminaran en el período de seis meses y que era muy probable que tuvieran que pedir una prórroga para llegar a buen puerto. El señor Ezquerra, en esta misma Comisión, el 13 de diciembre de 1995, dos meses aproximadamente después del vencimiento del plazo el día 5 de octubre de 1995, para terminar el censo, nos decía que los trabajos estaban muy avanzados, que estaban a punto de terminarse e incluso exploraba las posibilidades de dar cumplimiento total a la proposición; es decir, las medidas compensatorias reales. Nos decía que en ese momento, como no existía acuerdo entre el Gobierno español y el de Guinea Ecuatorial, los términos de la proposición no de ley tendrían que hacerse siempre sobre una base de compensación derivada no de una responsabilidad por actos del Gobierno español, sino por los daños sufridos por ciudadanos españoles por actos de los cuales ellos tampoco son responsables, y, a partir de aquí, hacía una serie

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de disquisiciones sobre qué fórmulas podía el Gobierno ofrecer para compensar, siempre a nivel teórico, porque lamentablemente hoy estamos viendo que no se avanzó en la anterior legislatura sobre la base que nosotros pensábamos.
Yo quería hacerle, en primer lugar, una pregunta al señor Subsecretario y, en segundo lugar, una propuesta, pero voy a invertirlas, voy a empezar por la propuesta. Los argumentos que llevaron a este grupo parlamentario a presentar esta proposición no de ley son plenamente vigentes. Hay unos ciudadanos que se sienten maltratados, como decía antes, y no voy a adjetivar más los sentimientos que ellos puedan tener. Entiendo que todavía existe la obligación de efectuar alguna reparación y le sugiero que continuemos avanzando en el camino del cumplimiento de esta proposición no de ley, de la elaboración del censo y de empezar a concretar las posibles medidas que pudiéramos encontrar. Repito que no tienen que ser necesariamente medidas de indemnización económica, porque hay mucha gente que se conforma con una reparación moral; otros no, pero muchos sí. Pues bien, que se adopten las medidas para darle cumplimiento.
En segundo lugar, quisiera saber si este Gobierno se siente obligado al cumplimiento de una proposición no de ley que fue aprobada en la anterior legislatura y que, en principio, obligaba a otro Gobierno. Yo he entendido de sus palabras que sí, porque usted no me ha planteado en ningún momento que no se sientan obligados, sino que han encontrado toda una serie de dificultades que han hecho que la empresa les parezca como inalcanzable. Quiero saber si este Gobierno está en disposición de cumplirla, porque si no es así nuestro grupo parlamentario quizá se plantee presentar de nuevo ante esta Comisión otra proposición no de ley para que los grupos mayoritarios decidan, porque tal vez haya alguno que haya cambiado su posición hoy en relación con la que mantuvo en el mes de abril del año 1995.


El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Yo quisiera hacer algún comentario, si me permite, a la intervención de S.
S., empezando por manifestar, y quiero decirlo con toda formalidad, la admiración que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos produce la conducta y la historia de este colectivo de españoles que se esforzaron por llevar a cabo una actividad económica en Guinea y que sufrieron las consecuencias de unas circunstancias históricas que todos conocemos. Vaya por delante, por tanto, la admiración de este Subsecretario y del Ministerio de Asuntos Exteriores hacia ellos. Entiendo muy bien lo que ha señalado S. S. respecto a la conveniencia o la necesidad --creo que ha dicho S. S.-- de reparar una injusticia histórica, desde esa admiración que nos produce la actuación y la experiencia de este colectivo de compatriotas en Guinea.
¿Cómo se puede reparar o cómo se puede compensar ese perjuicio sufrido por este colectivo de españoles? En un momento se pensó --yo quiero deducir eso de la proposición no de ley de 1995-- que la compensación debería ser económica, aunque parcial. Creo que esos son los términos de la proposición no de ley, sobre la base de un censo que había que confeccionar. Sobre esto me quiero referir a algo que ha señalado el señor Diputado, en el sentido de que cuando, en un momento determinado, comparece el anterior ministro de Asuntos Exteriores y el anterior subsecretario se habla de que se está procediendo a la revisión de unos datos del censo y que se espera que en determinado plazo se pueda concluir. Volvemos a algo que he señalado antes; entiendo que lo que en aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores y el subsecretario dicen es que están procediendo a revisar unos datos de un censo que ha sido elaborado por una asociación privada, que es la asociación de españoles afectados por intereses en Africa. La duda que se nos plantea es si ésa debe ser la única base para confeccionar ese censo de afectados y si en la confección de ese censo no deberíamos, como así lo creemos, recurrir a bases de datos, por así decirlo, más amplias que la derivada de una lista confeccionada por una asociación, muy respetable, por supuesto, pero de carácter privado, a efectos --segundo problema-- de qué tipo de indemnización o de compensación se concede. Yo, desde luego, a lo que sí me puedo comprometer desde aquí --y lo hago con mucho gusto y con mucha satisfacción-- es a estudiar cualquier tipo de reparación moral que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, como parte de esa Administración, pueda ofrecer a este colectivo de españoles.
Me pregunta S. S., y creo que eso es, tal vez, lo más importante, si este Gobierno se siente obligado o vinculado por una proposición no de ley, adoptada ya hace dos años prácticamente, por un Parlamento anterior, comprometiendo también a un Gobierno anterior. Yo no quisiera ser demasiado tajante en un sentido o en otro, porque entiendo que esa pregunta tiene mejor respuesta desde el Parlamento que desde la Administración, pero entiendo honestamente que este Gobierno no se siente necesariamente vinculado en este asunto en los mismo términos en los que se expresa la proposición no de ley, tanto más cuanto que entiendo que en la doctrina parlamentaria constitucional existen dudas sobre si efectivamente una proposición no de ley aprobada en una legislatura que compromete un Gobierno vincula al Gobierno siguiente con un Parlamento distinto, tanto más cuanto que nos venimos encontrando desde hace tiempo con unas dificultades realmente grandes que aunque tuviéramos el compromiso de sentirnos vinculados por esa proposición no de ley, nos impiden hacer lo que en aquel momento el Parlamento decidió pedir al Gobierno.
Por tanto, señoría, de nuevo lo que quisiera dejar muy claro es la admiración que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos por este colectivo de españoles ex guineanos, si se me permite expresarme así.
Tenemos la más abierta predisposición a idear, de acuerdo con esta Cámara y con otros departamentos, la medida que si no materialmente, sí moralmente --a eso se ha referido el señor Diputado-- pudiéramos encontrar para que este colectivo de personas no se sintiese olvidado por la Administración. Entiendo que habría que progresar en la senda de la confección de censos a efectos de una compensación económica.


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No me atrevo a pronunciarme sobre compensaciones económicas, a las que el señor Diputado ha hecho referencia y a las que ya al parecer, me disculpo por desconocerlo, había aludido cuando se debatió esta proposición no de ley en 1995, tipo créditos de interés preferencial. Unicamente lo que puedo hacer es llamar la atención de los responsables económicos de la Administración y del Gobierno y ver si es una vía factible o es un camino que, como el que se derivaba de la letra de la proposición no de ley, es difícil de alcanzar, como nos parecía.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desearían tomar la palabra en este trámite? (Pausa.) La señora Fernández tiene la palabra, por el Grupo Socialista.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Quiero agradecerle, señor Subsecretario, su presencia en esta Comisión para informarnos sobre la cuestión que de nuevo vuelve a plantearse en esta Cámara, una cuestión que, como dijo el representante de nuestro grupo parlamentario con motivo del debate de la proposición no de ley de la que trae causa esta comparecencia, se refiere a un tema extraordinariamente complejo, que ha dado lugar a una auténtica maraña jurídico-administrativa y política durante veintiséis años y que responde a las reivindicaciones que por distintas vías administrativas, ante los tribunales y en sede parlamentaria han hecho llegar a los grupos parlamentarios antiguos residentes por la pérdida de sus fincas, fondos de comercio y bienes en general como consecuencia de la independencia de la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial. Son reivindicaciones que desde el punto de vista administrativo y respecto de la mayoría de las gestiones realizadas por la comunidad de españoles con intereses en Africa fueron atendidas en sentido favorable a la concesión de ayudas de carácter social para compensar la repatriación de colectivos de trabajadores o pequeños comerciantes que se vieron perjudicados al tener que abandonar sus puestos de trabajo. A ello respondió el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 1981, que disponía la concesión de ayudas de carácter social a los trabajadores españoles repatriados de este país, y la comisión interministerial creada para su aplicación.
Nos encontramos, sin embargo, ante reclamaciones que tienen un origen distinto, de carácter patrimonial, vinculado a las propiedades que tuvieron que dejar empresarios de explotaciones y plantaciones en aquel país e incluso de algún otro que, tras el golpe de estado de Teodoro Obiang, invirtió recursos nuevamente y fracasó como consecuencia de la intervención del Gobierno guineano sobre la exportación de café y cacao, es decir, reclaman por un riesgo empresarial respecto de los efectos de la intervención política de un Gobierno soberano.
En consecuencia, señorías, nos hallamos ante una posición por parte de la Administración española que se ha traducido en la resolución de un buen número de expedientes favorables a la concesión de ayudas de carácter social, como he dicho anteriormente; ante el criterio de inexistencia de responsabilidad objetiva por parte de la Administración española, mantenida por el Tribunal Superior de Justicia y compartida por el Tribunal Constitucional, y ante la disposición favorable de la embajada española en Guinea Ecuatorial, por otro lado, para apoyar las reclamaciones jurídicamente fundadas que presentaron los ciudadanos españoles en su momento ante las autoridades guineanas por la incautación de sus bienes.
Por otra parte, es lógico que en la legítima defensa de sus intereses los ciudadanos que se sienten perjudicados reclamen también por la vía política para conseguir la satisfacción de sus demandas sobre las que en vía administrativa y judicial no han tenido mucho éxito. Lógicamente, y como ya se ha puesto de manifiesto, en la pasada legislatura, se recogen multitud de iniciativas en este sentido a través de los Diputados del Grupo Popular y de Convergència i Unió fundamentalmente.
Durante el período socialista se ha venido dando respuesta dentro de una perspectiva estrictamente administrativa, que ha sido correspondida. En este sentido cabe destacar nuestra actitud positiva a realizar un estudio previo que permitiera conocer el número y alcance económico de las compensaciones que se pretenden como pendientes, sus términos y límites, y todo ello con las debidas reservas, dada la dificultad de valorar un porcentaje sobre lo que se perdió o su minoración sobre lo que en concepto de ayuda se haya resarcido y, en su caso, adoptar o valorar las medidas que procedan.
En su momento el representante del Grupo Popular apoyó la búsqueda de una vía de solución, una vía de compensación, porque entendía que, al igual que se ha hecho con otra serie de españoles que han ido a otros países o a otras colonias, se debía buscar una vía de solución. Parece que se quería comparar, como usted ya ha explicado, con la situación producida por la retirada española del Sáhara Occidental en 1975 y las indemnizaciones de los antiguos residentes en Cuba. Es de todos conocido que los perjudicados del Sáhara recibieron indemnizaciones y ayudas varias porque el Estado español negoció y concluyó un acuerdo con el reino alauita, en virtud del cual el Reino de Marruecos transfería a España una cifra global para compensaciones. La Administración española lo que hizo fue distribuir esos fondos, y en el caso de Cuba se tramitó una ley a dicho efecto, que SS. SS. ya conocen.
Usted, señor Subsecretario, nos ha mencionado los informes que al respecto han preparado los servicios jurídicos y de economía y hacienda de la Administración española. Las soluciones a este tema, señor Subsecretario, tendrán que aportarlas ustedes si una vez en el Gobierno de España y en representación de los intereses generales valoran que en representación de la Administración pública española realmente proceden.


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, naturalmente, yo no puedo empezar sino agradeciendo la presencia del señor Subsecretario que no está hoy, sin duda, en uno de los momentos y comparecencias más cómodas, porque efectivamente el asunto que hoy se trata es difícil,

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complejo y plantea dificultades que el señor Subsecretario no puede sino explicar o desbrozar ante esta Comisión.
Hoy reaparece ante nosotros, y digo reaparece porque no es la primera vez que nos ocupamos de esta cuestión en esta Comisión, el drama de la descolonización de Guinea Ecuatorial, que es sin duda similar al vivido en otros momentos descolonizadores parecidos en España y en otros países de Europa occidental. También vuelve a asentarse entre nosotros el drama sufrido por unos españoles que, bien en el momento de la descolonización o bien en los tristes momentos de la época negra del dictador Macías, vivieron una situación de abandono, de desarraigo, de dificultad material y personal, nacida de la incomprensión con que la Administración y la sociedad española pareció abordar y resolver el problema que planteaba el retorno de un grupo de españoles que habían decidido instalarse y desarrollar su vida en lo que entonces era la Guinea Española.
Efectivamente, señor Subsecretario, en 1995 se aprobó una proposición no de ley con el voto de todos los grupos representados entonces en aquella Comisión de Asuntos Exteriores, en la que se instaba al Gobierno a elaborar un censo en el plazo de seis meses y, con posterioridad, a establecer un plan de compensaciones parciales. Es cierto y es un hecho que este censo no se hizo a pesar de las buenas palabras de ministros y subsecretarios de entonces, y hay que señalar que probablemente no se hizo no sólo por las dificultades de entonces --debemos recordar que eran momentos de cambio político o de preparación de elecciones generales--, sino también porque existían y existen dificultades objetivas para realizar ese listado de propiedades y de personas afectadas por el drama de la descolonización y la pérdida de bienes, de empresas, de plantaciones, en fin, la pérdida de todo lo que había sido el trabajo de buena parte de sus vidas.
Yo tengo que señalar, en primer lugar, mi admiración por la insistencia y por el espíritu auténticamente parlamentario de las propuestas del señor Recoder, y además creo que siempre han sido hechas --y pienso que ha sido reconocido por las intervenciones no solamente de mi grupo entonces sino de todos los portavoces de los otros grupos-- con un carácter positivo sobre la reivindicación histórica y personal de un determinado grupo de españoles, que, a pesar de no ser efectivamente muy numeroso, representa mejor que nadie el drama y el carácter trágico del desgajamiento de Guinea Ecuatorial de España.
El señor Subsecretario ha hecho una referencia a las dificultades de carácter técnico para la elaboración de los listados y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». También se ha referido a las dificultades jurídicas, al momento preciso en el que habría que establecer el origen de esta razón indemnizatoria, bien en la descolonización, bien en los momentos de deterioro de las relaciones entre España y Guinea, que, dicho sea de paso, tienen a su vez distintas fases y etapas, con lo cual sería todavía más complicado fijar a qué momento preciso nos estamos refiriendo, si nos referimos a los peores años de las relaciones entre los gobiernos de España y el dictador Macías o si también nos referimos a ese momento en el que los españoles, después de la caída de Macías, intentan volver y deben de nuevo retornar, abandonando bienes y propiedades en Guinea. Es cierto que existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala la inexistencia de responsabilidad por parte de la Administración en casos como éstos y que además no se trata de un caso aislado, sino que podría sentarse, con una doctrina que rompiese la hasta ahora aplicada, un precedente sin duda difícil de administrar en el futuro.
El señor Subsecretario ha hecho referencia también a las dificultades presupuestarias, que son para todos evidentes. Yo no creo que sean distintas de las anteriormente vividas, pero es verdad que en este momento de rigor, austeridad y control del déficit y del gasto público, éstas se hacen más notorias o más apremiantes. Yo tengo que señalar, sin embargo, que, dentro de ese grupo de españoles --se ha cifrado en unos cuantos centenares--, existen situaciones distintas y que en algunos casos particulares la Administración podría individualizar su tratamiento y buscar solución a problemas y dificultades concretas que en su día no fueron resueltos. A mí me gustaría que la Administración, además de hacer un análisis político, jurídico y técnico del problema en su conjunto, pudiera, sin duda en diálogo y en colaboración con la Sociedad de Españoles con Intereses en Africa, acercarse más al caso concreto, al drama concreto de alguna de estas personas que o bien perdieron la vida o bien a su regreso a España afrontaron dificultades nunca bien resueltas y nunca asentadas en una respuesta eficaz por parte de la Administración.
Es cierto que este Gobierno no está vinculado, desde el punto de vista jurídico y de la práctica jurisprudencial de esta Cámara, por las proposiciones no de ley de cámaras anteriores, pero es verdad que la mayoría de los grupos --creo que diciéndolo de esta manera tampoco estoy avanzando nada en un terreno descubierto, sino que estoy cubierto por el precedente y por las palabras de quienes han hablado hoy también en esta Comisión-- veríamos con mucha satisfacción que existiesen vías de contacto, de diálogo o de colaboración, en definitiva de reparación moral e histórica entre la Administración y un grupo de españoles que han planteado su drama colectivo y personal siempre nacido no solamente del amor hacia Guinea, del recuerdo hacia Guinea o de la preocupación por las cosas de Guinea, sino por algo tan difícil de administrar como es el papel de España en Guinea. Todos sabemos las dificultades que eso genera, todos hemos conocido, en el Gobierno y en la oposición, que España tiene una responsabilidad en Guinea, que debe promover y administrar con el sentido común y la eficacia que son exigibles siempre en la política exterior, y más si se ha visto afectado un grupo de españoles, que sin duda fueron atrapados por el torbellino de la historia, pero que siempre trataron de obrar con la mejor de las intenciones posibles.
Yo creo que la honestidad del señor Subsecretario al exponer la situación, los hechos y las dificultades de cumplir una proposición no de ley del anterior Congreso de los Diputados es digna de encomio, pero a mí me gustaría que esa dedicación que ha prestado en estos meses a este asunto pudiera transformarse --y desde luego por parte del Grupo Popular estamos dispuestos a ello-- en una nueva

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manera de acercarse a este grupo de españoles que sin duda merecen no sé si el cumplimiento de todas las pretensiones que nosotros en su día expusimos, en ésta o en otras intervenciones parlamentarias, pero desde luego sí que se les escuche, que se les repare por España moral e históricamente en parte de lo que perdieron y sin duda en algo que forma parte ya integrante de su vida, de su experiencia histórica como españoles en Guinea y yo creo que de la historia misma de este país.
Por eso, señor Subsecretario, le agradezco su intervención y espero que este camino que se abre de atención, de contacto y de diálogo pueda proseguir en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): Muy brevemente, tengo ya muy poco que añadir a lo que señalé en mi intervención inicial y a lo que han subrayado las señoras y señores Diputados. Yo creo que del debate de hoy se deduce una posible línea de acción que si bien efectivamente no colmaría tal vez las expectativas económicas surgidas a raíz de la aprobación de la proposición no de ley en abril de 1995, sí iniciaría una vía de diálogo o de contactos con este colectivo de españoles afectados por la independencia de Guinea y con la asociación de españoles provinientes de Africa, con intereses allí, y en ese sentido lo que quiero es congratularme de algo en lo que he visto que coinciden al menos dos grupos parlamentarios, y entiendo que a fin de cuentas todos los intervinientes, en el sentido de analizar y averiguar la forma en que se pueden iniciar dos tipos de acciones en relación con este asunto, primero, cómo, si no material y totalmente, sí moralmente, se puede empezar a reparar una injusticia histórica con este colectivo de españoles y, en segundo lugar, algo que ha señalado el señor Robles, dar una atención muy preferente a los casos particularmente dramáticos dentro de este colectivo en el sentido de averiguar si entre las 379 personas incluidas en el censo hubiera --estoy seguro de que desgraciadamente lo habrá-- algún caso humano que necesite una atención especial por parte de la Administración, no ya a efectos de recuperar un patrimonio industrial o personal perdido en Guinea, sino de reparar o compensar una difícil situación económica, humana y personal que puedan tener en España como consecuencia de su pasado en Guinea o simplemente como consecuencia de sus difíciles circunstancias personales.
De nuevo, ahí quisiera, señor Presidente --y con esto termino-- ofrecerme a esta Comisión para servir de enlace entre la Administración y este grupo de españoles, a efectos de presentar algún caso especial, estudiar alguna forma de iniciar esa reparación moral y servir de intermediario, en la medida en que ello sea necesario, entre este grupo de españoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores e incluso los otros departamentos de la Administración.


El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que todos los grupos parlamentario han tomado buena nota de sus palabras y de la disposición de su departamento y del Gobierno y de que seguiremos trabajando para encontrar una solución a este tema.
Muchas gracias por su comparecencia y esperamos volver a tenerle pronto entre nosotros.


PREGUNTAS:

--DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE POSICION DEL GOBIERNO ANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INCAUTACION DEL DIARIO CHILENO CLARIN, LLEVADA A CABO POR LA DICTADURA DEL GENERAL PINOCHET (Número de expediente 181/000353).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al trámite de preguntas, para cuya contestación tenemos entre nosotros al señor Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, don Ramón de Miguel, a quien invito a subir a este estrado.
Señoras y señores miembros de la Comisión, el señor Ricardo Peralta, autor de la segunda pregunta que figura en el orden del día, me ha solicitado que pudiera ser aplazada su consideración hasta el final del trámite de preguntas, porque tiene que asistir en estos momentos a la sesión de otra Comisión, y si no hay inconveniente por parte de los señores comisionados, así lo haremos.
La primera pregunta que tenemos en el orden del día es la realizada por el señor Estrella Pedrola, don Rafael, del Grupo Socialista, sobre la posición del Gobierno ante el mantenimiento de la incautación del diario chileno Clarín, llevada a cabo por la dictadura del general Pinochet.
El señor Estrella tiene la palabra para dirigir la pregunta al señor Secretario de Estado.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Hace ya dos o tres meses, este mismo tema fue objeto de debate en esta Comisión con el señor ministro. También ha sido objeto de una pregunta con respuesta escrita por parte del Diputado del Grupo de Convergència i Unió señor Recoder. En la respuesta del ministro y del Gobierno al señor Recoder se abría una clara vía de compromiso del Gobierno de carácter genérico con la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles y su voluntad y su disposición a aplicar el Convenio para protección recíproca de inversiones vigente con Chile desde 1994, siempre y cuando se dieran determinadas condiciones que son las que vienen fijadas por el convenio. Así lo entendimos con satisfacción los parlamentarios que nos hemos interesado por este tema, que supone la incautación del que entonces era el principal órgano de expresión en Chile, que sigue cerrado y cuyos legítimos propietarios siguen todavía privados de la propiedad. Sin embargo, en semanas recientes se la producido una resolución de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que cuestiona la validez o la posibilidad de aplicación del convenio. Por todo eso, pedimos al Secretario

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de Estado que informe, en nombre del Gobierno, de cuál es la posición ante el mantenimiento de la incautación del diario Clarín.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): Señor Estrella, yo vengo con mucho gusto aquí a continuar la respuesta que ya dio el señor ministro sobre este tema el 9 de octubre. La expropiación del diario Clarín en un tema claro de defensa de intereses de españoles en el extranjero y, por tanto, el compromiso del Ministerios de Asuntos Exteriores en la resolución de este caso es un compromiso firme que me gustaría poder reafirmar aquí. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de los diferentes departamentos y muy especialmente a través de su asesoría jurídica internacional ha estado estudiando detalladamente todos los puntos de vista de la situación de los intereses de los ciudadanos españoles afectados por la incautación del diario Clarín, que tuvo lugar en septiembre de 1973, y la verdad es que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como naturalmente el Gobierno deploran que se prolongue esta situación sin que haya habido la indemnización correspondiente, tanto más con el Chile de hoy, un Chile por suerte democrático --no es aquel triste Chile sombrío de la dictadura de 1973--, que parece que debería tener un Gobierno que fuera receptivo a resolver estos contenciosos que verdaderamente empañan nuestra relación bilateral. No nos consta que haya por parte del Gobierno chileno una actitud claramente negativa. Lo que pasa es que para plantear la reclamación, la defensa de estos intereses debe encauzarse dentro del ámbito de lo permitido por el derecho internacional, es decir, no podemos arriesgarnos a que por cualquier defecto de forma, el Gobierno de Chile pudiera rechazar una reclamación que en este caso debería basarse en la aplicación del Convenio de protección de inversiones, que está vigente desde marzo de 1994, y esto creo que ya lo dijo el ministro. Yo quisiera añadir aquí que para aplicar este acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones entre España y Chile que fue firmado en 1994, es absolutamente imperativo, según la asesoría jurídica internacional de nuestro ministerio, que la persona que solicite el beneficio de la aplicación de ese acuerdo pruebe determinados extremos, que son los siguientes: primero, que ha intentado sin éxito recursos judiciales en Chile para obtener restitución o al menos reparación de los resultados de la confiscación de su propiedad.
Hay aquí un punto quizás oscuro, y naturalmente yo estoy abierto a la interpretación, como S. S. conoce. Nosotros pensamos que si se hubiera hecho una reclamación antes de 1994, el convenio no se podría aplicar, porque no tiene efecto retroactivo, pero sí es necesario que se hiciera alguna entre la firma y el día de hoy. Reconozco que ahí quizá puede haber un punto oscuro --y en algunos encuentros con S. S. hemos hablado de este tema--, pero el criterio de la asesoría jurídica es que las reclamaciones hechas antes del convenio de 1994 invalidarían la aplicación del convenio, pero una vez que está firmado en 1994, para que el mecanismo pueda entrar en funcionamiento, tiene que haber una reclamación posterior a la firma de este convenio del 94. Por otro lado, las otras dos condiciones, según tengo noticias, las reúne el propietario del diario Clarín, don Víctor Pey Casado, y son que en el momento de la expropiación tiene que demostrar que tenía exclusivamente la nacionalidad española. Hemos recibido noticias del letrado del señor Pey Casado, que demuestra que renunció a la doble nacionalidad precisamente en el momento del golpe de Estado del general Pinochet; por tanto, parece que sí tendría ese requisito. Y la tercera condición es que en la actualidad posea exclusivamente la nacionalidad española, lo cual me parece que es claramente el caso del señor Pey Casado, que actualmente vive en España y es naturalmente español por los cuatro costados.
Quiero reafirmar la voluntad de este ministerio y del Gobierno de proteger los legítimos intereses de un compatriota nuestro, don Víctor Pey Casado, y lograr que se le compense y se le indemnice de las pérdidas de la expropiación del diario Clarín, pero nos gustaría poderlo hacer dentro del marco legal establecido precisamente por este Convenio de protección y promoción recíproca de inversiones entre España y Chile, de tal manera que no fuera invalidada la reclamación. Esta es una cuestión que estamos abiertos a tratar con los letrados del señor Pey Casado, a estudiarla en profundidad con la asesoría jurídica internacional del ministerio y proceder a la reclamación de indemnización como corresponde, porque, como ya he dicho, nos parece un legítimo interés que debe ser protegido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo creo que efectivamente, como usted dice, no ha cambiado nada --entiendo de su respuesta-- con relación a la posición que expresó en su día el ministro. Da la impresión de que ha habido un cierto malentendido, quizá una falta de acreditación documental ante la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.
Efectivamente, el señor Pey Casado tiene acreditada su nacionalidad exclusiva española, tiene acreditada la renuncia en su momento a la nacionalidad chilena, en el marco de la doble nacionalidad, y queda la cuestión de qué quiere decir el texto del convenio cuando habla de no haber intentado sin éxito recursos para la restitución. Yo no soy jurista, pero la lógica me dice que si la reclamación se hubiese producido antes de la entrada en vigor del convenio, por las razones que usted ha citado de no retroactividad, efectivamente no quedaría cubierto por el convenio. Pero yo entiendo que si ahora se produjera una reclamación por la vía jurídico-administrativa de las autoridades chilenas, se estaría adoptando una opción. Hay dos opciones: el marco del Derecho internacional del convenio o el marco del Derecho interno chileno, y entonces me preguntaría en qué medida eso no estaría anulando la posibilidad de acogerse al convenio. De eso la asesoría jurídica del ministerio

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seguro que sabe mucho más que yo, y yo agradezco su voluntad de que la asesoría jurídica, con los letrados que asesoran al señor Pey Casado, encuentren la interpretación, porque de sus palabras -- y lo agradezco-- se manifiesta una clara voluntad de resolverlo, con el deseo de proteger los intereses de los ciudadanos españoles.
Yo entiendo que al final se trataría de que, clarificadas estas cuestiones y cubiertos, como lo están ya, todos los requisitos para poder acogerse al marco del convenio, el Gobierno decidiese presentar la correspondiente nota verbal ante las autoridades chilenas que pondría el mecanismo en el que, si las autoridades chilenas no aceptan de buen grado, todo está arreglado, e inmediatamente se pone en marcha el mecanismo del arbitraje obligatorio en este organismo dependiente del Banco Mundial que tiene su sede en Washington. Espero que se resuelva en esa vía a la que usted se ha referido esta cuestión.


--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO MIXTO), SOBRE INICIATIVAS PARA AYUDAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE ANGOLA, A SU PACIFICACION Y A LA DEFENSA DE SU GOBIERNO LEGITIMO. (Número de expediente 181/000373.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, cuyo autor es don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las iniciativas para ayudar al desarrollo económico de Angola, a su pacificación y a la defensa de su Gobierno legítimo. Para realizarla tiene la palabra su autor el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: La pregunta que formulamos en nombre del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, está provocada desde la convicción de que el Estado español tiene mucho que ganar con una actitud activa en cuanto a la defensa de los intereses del continente africano, y de forma particular de aquellos Estados de Africa que cultural, lingüística e incluso económicamente tienen o pueden tener más que ver con la península Ibérica.
En el caso en concreto al que nos vamos a referir, Angola, acabamos de recibir recientemente una noticia esperanzadora, de finales de enero de este mismo año 1997, donde parece que por fin hay un acuerdo entre la guerrilla rebelde de Unita y el Gobierno legítimo de Angola para hacer un gobierno de concentración nacional, extremo que no se veía probable o posible cuando realizó la visita al Estado español el Presidente de Angola, don José Eduardo Dos Santos, siendo recibido por el Jefe del Estado y por el Presidente del Gobierno. Hay que congratularse de este tipo de acuerdo que parece que por fin va a poner remate a una guerra cruenta, que duró prácticamente desde los años setenta a los noventa, desde el inicio de la descolonización de las colonias portuguesas, después del triunfo de la revolución de abril, hasta prácticamente la crisis de todos los Estados socialistas y más particularmente el final de la guerra fría. De todas maneras, como cabe recordar, el Gobierno actual de Angola ha salido legítimamente de las urnas, en unas elecciones democráticas celebradas en 1992 que ganó el MPLA (Movimiento para la Liberación de Angola), y el resultado es que a pesar de contar con control internacional no fueron reconocidos por la guerrilla rebelde de Unita. Esta es la razón que nos llevó a formular la pregunta en cuestión.
Más particularmente queríamos incidir en el aspecto de qué medidas o acuerdos de carácter económico va a tomar el Estado español con Angola, sobre todo después de la visita en noviembre de 1996 del Presidente José Eduardo Dos Santos, precisamente para posibilitar el despegue de este Estado africano y abrir una vía de diálogo desde la península Ibérica que no sea exclusivamente la de Portugal; qué posibilidades de colaboración hay y si el Gobierno español tomó alguna iniciativa para posibilitar este resultado que, aunque se muestra frágil, parece que abre una vía de pacificación definitiva a una guerra que provocó muchos muertos, hambre, miseria, incluso deterioro del Estado africano más prometedor de los que existían en el momento de la descolonización.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): España siempre ha mostrado un gran interés por la evolución de Angola, tanto en lo que respecta a su proceso de paz como a su desarrollo económico. Yo quisiera decir, a la última sugerencia que ha hecho S. S. de que la vía de diálogo con Angola no sea exclusivamente de Portugal, que precisamente nuestro intenso diálogo con Angola da lugar a tensiones hispano-portuguesas, en el sentido de que en algún momento por parte de Portugal hay un cierto sentimiento de que nosotros entramos demasiado en los temas que conciernen a Angola y Mozambique. Esa es una visión miope de algunas personas en Portugal, puesto que precisamente ése es el gran activo de esta civilización nuestra de la península Ibérica, el tener esta gran afinidad cultural y política que hace que con países que han sido antiguas colonias portuguesas España tenga una entrada particularmente buena, y nosotros aprovechamos esta afinidad cultural precisamente para estrechar más los lazos con ellos que con otros países africanos con los cuales nuestras afinidades culturales son mucho menores.
Este interés de España en Angola se ha puesto de manifiesto con la reciente visita a Madrid del Presidente de la República de Angola, don Eduardo Dos Santos, al que S. S. ha hecho mención. Durante esta visita, que tuvo lugar a finales del año pasado, se dio un gran impulso a los contactos bilaterales y se hizo una revisión de todos los programas y proyectos comunes que van dirigidos, fundamentalmente, a la pacificación real del país, a la consolidación de la democracia y al desarrollo de ese país que, como S. S. dice, tiene grandes posibilidades porque es uno de los grandes países, en términos de riqueza, de Africa, al que desgraciadamente al guerra civil no le ha hecho aprovechar esas riquezas en beneficio de su población.


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Es bien sabido que la diplomacia española ha mantenido tradicionalmente un papel activo en el proceso de paz de Angola y sobre todo ha defendido la necesidad de dar cumplimiento a los términos del protocolo de Lusaka, firmado en noviembre de 1994; es decir, la plena incorporación de Unita a la tarea del gobierno del país. Parece que el acuerdo de Lusaka dejó ver luz sobre la posibilidad de una solución pacífica y definitiva al conflicto civil angoleño. Ese es el único instrumento para su solución, a pesar de que la aplicación del protocolo de Lusaka deja todavía algo que desear, puesto que no ha habido suficiente coraje político para ponerlo en funcionamiento en todos sus términos. Es bien conocida que la actitud española en toda la pacificación se ha materializado en nuestra participación en los destacamentos de Naciones Unidas Unavem I y Unavem II, y debo decir que si no estamos participando en Unavem III es precisamente por las reticencias de Unita con respecto al papel que nosotros hemos jugado asesorando y apoyando, a través de nuestra cooperación con la Guardia Civil, el tema interno de la preparación de las fuerzas de policía angoleñas para pacificar el país, lo cual ha producido susceptibilidades por parte de Unita y del señor Sabimbi. Todo el mundo conoce también las intervenciones de las delegaciones españolas en los distintos órganos de Naciones Unidas, muy especialmente en los últimos dos años, en los que fuimos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. España mantiene, naturalmente con pleno conocimiento del Gobierno legítimo de Luanda, contactos con representantes de Unita en Europa, a quienes continuamente hacemos ver la importancia de que su movimiento político cumpla los términos del protocolo de Lusaka, así como los acuerdos de Libreville firmados en marzo del pasado año. Se trata de esfuerzos que realizamos con el espíritu de ayudar a limar las diferencias entre el Gobierno de Luanda y Unita con vistas a la constitución definitiva de un gobierno de unión nacional. Este gobierno de unión nacional, como S. S. conoce, debía haberse constituido el pasado mes de enero, pero las distintas interpretaciones que hacen las partes de lo pactado en Lusaka han retrasado su formación. Nosotros preferimos ser optimistas y pensar que en los próximos días, quizás en el mes de febrero, se pueda constituir ese gobierno de unión nacional. No hay nada que permita indicar que se va a hacer de manera inmediata, pero tampoco hay nada que permita suponer que hay una ruptura entre el Gobierno de Luanda y Unita.
En este intento de defensa del orden institucional y contribución a la pacificación del país, se inscribe también la cooperación entre los respectivos ministros de Interior de España y de Angola. Esta cooperación recibió un impulso adicional con motivo de la visita a Madrid del Presidente Dos Santos, y fruto de los encuentros que tuvieron lugar entre el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad fue la decisión de negociar un convenio de cooperación bilateral en materia de seguridad interior y de facilitar al Gobierno angoleño información sobre la organización constitucional de nuestro Estado de las autonomías, porque es un tema que a ellos les interesa particularmente. La forma futura que desea el Gobierno angoleño dar a su Estado es precisamente un Estado descentralizado, un Estado de tipo autonómico, inspirado en el modelo español.
Respecto al apoyo de España al desarrollo económico angoleño, que es un elemento fundamental para lograr la pacificación del país, solamente puedo decir que las relaciones bilaterales han sido intensas y que los intercambios comerciales también lo son; que empresas españolas están presentes en Angola, que hay un acuerdo de cooperación firmado desde mayo de 1987, con una comisión mixta que se reúne regularmente, un acta de conversaciones en materia de cooperación económica y financiera que se firmó en el año 1995, un acuerdo de promoción y protección de inversiones, en junio de 1995, que fue negociado pero que todavía no está firmado, y que es parte del impulso político de la visita de Dos Santos la decisión de la firma de esta convenio.
Nosotros estamos haciendo esfuerzos para financiar la deuda bilateral angoleña. En este sentido, en el año 1987 se firmó un acuerdo con Angola y en año 1989, en el marco del Club de París, se firmó un acuerdo multilateral. En el año 1994 se firmó de nuevo un acuerdo bilateral por el cual se está financiando deuda a base de envíos suplementarios de petróleo. La cuestión crucial en estos momentos es, por tanto, el incremento de los envíos de petróleo angoleño a España, puesto que cuanto más les compremos más dinero disponible van a tener, no solamente para atender a su propio desarrollo sino también para atender a algunos problemas derivados de la deuda.
Como conclusión sólo puedo decir que las relaciones con Angola son plenamente satisfactorias, tanto a nivel político como a nivel económico, y que si el protocolo de Lusaka se puede materializar vamos a ver dentro de muy poco un gobierno de unión nacional en Angola, que es lo que España vehementemente desea para que en la total normalización de relaciones que nosotros tenemos con un país interesante e importante (tenemos ya un pasado de relaciones) se consolide finalmente la unión nacional y todas las fuerzas políticas del país puedan trabajar para el desarrollo en beneficio de la población de Angola.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, teniendo en cuenta que todavía no se ha desarrollado el acuerdo negociado en junio del año 1995, según dijo el señor Secretario de Estado, sólo quiero desear que ese acuerdo se firme y se concrete a la mayor brevedad posible.
Por lo demás, deseo que los intercambios comerciales sean mutuamente beneficiosos, como a juzgar por los datos lo son, porque la fuente de energía que nos entregan es siempre un factor de desarrollo muy decisivo por lo menos para el Estado español.


--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO MIXTO), SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO MANTIENE UNA POSICION

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BELIGERANTE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE TIMOR-ORIENTAL. (Número de expediente 181/000375).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de la pregunta número 5, formulada también por el señor Rodríguez Sánchez, relativa a los motivos por los que el Gobierno no mantiene una posición beligerante en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Timor-Oriental.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, estamos ante un caso que en esta ocasión afecta a una pequeña nación de Asia y, por primera vez en este Congreso de los Diputados, escuchamos de boca del Presidente de la República Portuguesa una referencia a que efectivamente Timor-Leste tenía derecho a la autodeterminación nacional. Más tarde, gracias a que le fueron concedidos los premios Nobel de la Paz a dos militantes a favor de la autodeterminación de Timor-Leste, el primero a José Ramos Horta, que es el Secretario del Frente de Liberación Nacional del país, y el segundo a Carlos Felipe Ximenes Belo, el obispo de Dili, la capital de Timor-Leste, se popularizó más la causa de este país, al que vimos indirectamente aludido por unas observaciones en la última Conferencia Intergubernamental de Dublín realizadas en relación con Indonesia, donde se hablaba de manera muy vaga, muy timorata, sobre la defensa de los derechos humanos por parte del gobierno indonesio. Teniendo en cuenta que aquellas alusiones eran vaguísimas y además no explícitas en referencia a Timor-Leste, es por lo que formulamos la pregunta referida a un país que también viene padeciendo una guerra de más de 21 años, con violación de los derechos humanos de todo tipo, y que tuvo unas consecuencias cruentas de hambre, de enfermedades, de eliminación física. Si tenemos en cuenta, además, que el país primero sostuvo una guerra independentista en contra de Portugal, que padeció durante la segunda Guerra Mundial la invasión japonesa, en la que prácticamente la mitad de la población murió, que solamente gozó de una independencia de unos meses después de la Revolución de los Claveles, que fue invadido el 7 de diciembre de 1975 por el actual gigante asiático que es Indonesia y el régimen de señor Suharto, tendremos todo el calibre de la problemática que lleva empeñada a la ONU y a la ex metrópoli Portugal en conversaciones continuas con el actual ocupador de la ex colonia portuguesa, que es Indonesia, para hacerlo entrar en razón.
En definitiva, nosotros pensamos que el Gobierno español, como una de las partes de la Unión Europea, debía tener una posición más dura y ser favorable al embargo de armas al régimen de Suharto y, además, propiciar un clima más favorable dentro de la Unión Europea a que se realizase un referéndum de autodeterminación en la ex colonia portuguesa que posibilitase su liberación de las garras del régimen de Indonesia, lo cual contribuiría sin duda también a la democratización de este régimen del sureste asiático.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): El Gobierno español es muy consciente de la situación en Timor-Leste o Timor-Oriental, como decimos en español, y mantiene una clara política de defensa de los derechos humanos en este territorio, tanto en sus contactos bilaterales con el Gobierno indonesio como en el marco de la Unión Europea y en los foros competentes de Naciones Unidas.
La Unión europea, a través de su troika de embajadores en Yakarta, ha realizado diversas gestiones de carácter confidencial para hacer patente a las autoridades indonesias nuestra preocupación sobre este asunto. En el último período de sesiones de la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Unión Europea, con una destacada contribución española, participó en la negociación y adopción de una declaración del Presidente de la Comisión en la que se expresó la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Timor-Oriental y la necesidad de poner en libertad a sus ciudadanos detenidos o condenados. Asimismo se instó a la necesidad de esclarecer aún más las circunstancias que rodearon los acontecimientos dramáticos que tuvieron ligar en Dili en 1991. El pasado 23 de junio la Unión Europea adoptó una posición común sobre Timor-Oriental, en la que se establece como objetivo obtener, a través del diálogo, una solución justa global e internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor-Oriental que respete los intereses y las aspiraciones legítimas del pueblo timorés conforme al Derecho internacional. En esta posición común se invita al Gobierno indonesio a adoptar las medidas efectivas conducentes a una mejora significativa de la situación en Timor en materia de derechos humanos.
Creo que es buen momento para recordar que durante la Presidencia española el pasado año, en el marco de la política exterior y de seguridad común, se tomó la decisión, a iniciativa de la Presidencia, de que al menos una vez cada semestre los consejeros políticos de las embajadas de la Unión Europea acreditadas en Yakarta realizaran una visita a Timor-Oriental. Una primera visita de estos consejeros, para ver sobre el terreno la situación de los derechos humanos, tuvo lugar durante el semestre de la Presidencia española. En esta visita se tuvo contacto con las autoridades civiles y militares y se tuvo acceso a la población y a dialogar y conocer cuál es su verdadera situación y la del territorio de Timor-Oriental. España está apoyando también el Memorándum de entendimiento entre el Gobierno indonesio y el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que haga posible el desplazamiento a Timor de un funcionario de la Oficina de desarrollo de Naciones Unidas para que pueda evaluar el tema de los derechos humanos en Timor. En el pasado período de sesiones de la Asamblea General, la Presidencia de la Unión Europea manifestó la preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Timor-Oriental. Ahora se está discutiendo la forma que adoptará la Unión

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Europea en la próxima comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para mostrar su preocupación por los derechos humanos en Indonesia y en particular en Timor Oriental.
La última intervención en relación con Timor-Oriental ha tenido lugar en la reunión ministerial Unión Europea-Asean celebrada el pasado fin de semana en Singapur, en la cual el tema de Timor-Oriental ha estado sobre la mesa, aunque si bien debo decir que no ha estado en las conclusiones.
En las conclusiones de esta ministerial no se ha hecho una mención específica al tema de Timor, creo que en el entendido de no provocar una reacción negativa de la delegación indonesia, pues parece que los indonesios en este momento están con un espíritu abierto de ir permitiendo la apertura y siendo sensibles a las gestiones que está haciendo la Unión Europea. Creo que una condena en un nuevo documento de una ministerial ha parecido por lo menos a la Presidencia del Consejo --en este caso holandesa, que debe tener alguna razón para conocer bien Indonesia-- que no era lo más oportuno, pero ha sido motivo de los intercambios entre los ministros y de la presentación de la propia Presidencia cuando ha expuesto la problemática de las relaciones entre la Unión Europea y los países de Asean.
En conclusión, todo parece indicar que la presión internacional sobre Indonesia está empezando a dar sus frutos y que en esa presión España ha jugado desde el primer momento no sólo por convicción, sino también por solidaridad con Portugal, un papel importante en la Unión Europea; papel que esperamos poder seguir jugando no sólo a través de nuestra embajada en Yakarta sino también en nuestras misiones en Naciones Unidas.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero agradecer la información al señor Secretario de Estado y hacer votos por que la presión española contribuya de una manera más eficaz todavía a la pacificación del país, a la defensa de los derechos humanos y a la conquista de un derecho político fundamental, cual es que el pueblo de Timor-Leste decida su futuro libremente sin colonialismos ni injerencias de una potencia extranjera como Indonesia.


--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA PERCEPCION DE LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS POR EL GOBIERNO FRANCES TRAS LAS HUELGAS QUE BLOQUEARON LAS CARRETERAS DE DICHO PAIS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1996.
(Número de expediente 181/000362.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la consideración de la pregunta número 3, cuyo autor es don Ricardo Peralta Ortega, relativa a las medidas para facilitar la percepción de las indemnizaciones reconocidas por el Gobierno francés tras las huelgas que bloquearon las carreteras de dicho país en el mes de noviembre de 1996.
Para formular la pregunta y hacer las consideraciones pertinentes tiene la palabra el Diputado señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, por la consideración hacia este Diputado que no se encontraba presente en el momento de realizar, de acuerdo con el orden del día, la pregunta y pido excusas al señor Secretario de Estado y al resto de los compañeros por mi retraso.
Le pregunto, señor Secretario de Estado, en relación con una huelga de camioneros celebrada en Francia en el mes de noviembre de 1996.
Desgraciadamente este tema de la huelga de camioneros está de actualidad ahora en nuestro país. Desgraciadamente este tema de la huelga es utilizado en ocasiones para cuestionar algo fundamental que tanto tiempo ha costado alcanzar y que tan importante es para conseguir una correcta situación de justicia social y de un mínimo equilibrio entre partes sociales desiguales, como es el derecho de huelga. No podemos olvidar que en ocasiones el derecho de huelga es utilizado por quien legalmente no tiene ese derecho. La huelga es un derecho de trabajadores y en ocasiones nos encontramos con que son empresarios o no trabajadores, en definitiva, quienes la utilizan. En ocasiones incluso cuando la utilizan los propios trabajadores, como con todos los derechos, se pueden cometer abusos.
En el caso de las huelgas de camioneros en Francia lo cierto es que, con independencia de la utilización, con arreglo a la normativa de aquel país --es un tema propio de la soberanía francesa-- tiene una grave incidencia en las exportaciones de nuestro país; tiene una grave incidencia que además se incrementa por la reiteración o por los momentos concretos en que se plantea, especialmente inoportunos desde el punto de vista de los intereses españoles. No suele ser raro que esas huelgas coincidan con un momento álgido de exportaciones de nuestro país, exportaciones que además están muy ligadas a coyunturas concretas, como es el caso de las exportaciones agrícolas, y a fechas muy concretas, como es el caso de las exportaciones citrícolas, que siento especialmente cercanas por tener importancia en la comunidad a la que pertenezco como Diputado, la Comunidad Valenciana. En efecto, las huelgas que llevaron a cabo los camioneros franceses han tenido una grave incidencia en las exportaciones de nuestra comunidad. En relación con esas huelgas, que tuvieron una dureza especial, el Estado francés, a requerimientos y a presiones de otros países, en concreto del nuestro y también de la Unión Europea, terminó aceptando su responsabilidad como Estado ante los otros Estados de la Unión, en la medida en que esa huelga había incidido y había afectado a un derecho básico que la Unión Europea obliga a respetar, que es el derecho de libre circulación. Pero esa obligación que ha aceptado Francia de pagar indemnizaciones está sujeta a numerosas dificultades por parte de los interesados. En primer lugar, dificultades de conseguir medios probatorios que en muchas ocasiones dependen de la administración de un país distinto, en este caso Francia. En segundo

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lugar, dificultades en relación con los conceptos a indemnizar. Francia ha manifestado su disposición a indemnizar el perjuicio ocasionado por los envíos retenidos en Francia, pero sin duda los perjuicios sufridos van mucho más allá de eso. Hubo una notable paralización de exportaciones en nuestro país porque no iban a poder atravesarlo. Hubo también la pérdida de cuotas importantes de mercados de destino que tuvieron que ser surtidos por terceros porque los proveedores españoles no podían llegar.
Estos daños Francia no los quiere reconocer y ante esta situación los intereses de nuestro país requieren de una actuación activa por parte de la Administración. En este sentido es en el que nos gustaría saber qué es lo que se va a llevar a cabo por parte de la Administración española. En nuestra opinión, esa intervención no sólo debería atender la circunstancia concreta de la huelga del mes de noviembre pasado, sino sacar experiencias y conclusiones de cara al futuro e intentar conseguir que este tipo de situaciones, si se vuelven a repetir --que cabe y entra dentro de lo previsible que se vuelvan a repetir--, cuando menos la Unión Europea encuentre mecanismos para que tengan la menor incidencia posible en el conjunto de la Unión y especialmente en relación con terceros. En este sentido manifiesto que tendremos ocasión de debatir posteriormente proposiciones no de ley que tocan el mismo tema y que nos parecen oportunas. En todo caso, parece claro que este tipo de situaciones ponen de manifiesto la necesidad de que Europa vaya a más y entre a regular temas que afectan a todos, como es en este caso concreto la huelga de camioneros en un país determinado, en Francia. En definitiva, ¿cuál es la posición de la Administración española en relación con este asunto?

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA (De Miguel y Egea): Me parece que S. S. y todos los aquí presentes son conscientes de que esta pregunta parlamentaria llega en un momento en que el Estado español tiene un problema similar por una acción parecida y en muchos casos inspirada por el paro francés.
Quisiera decirle que tanto el ministro como yo mismo y otros funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, en todas las instancias bilaterales y de la Unión Europea, hemos manifestado a las autoridades francesas en público la necesidad de que los transportistas españoles afectados por la huelga que tuvo lugar en noviembre de 1996 sean indemnizados por los perjuicios causados. Debo decir que también insistimos particularmente en el respeto de la libertad consagrada por el Tratado de Roma de libre circulación de mercancías, a la que el Gobierno francés no parece que prestara demasiada atención puesto que, como sabe, en ningún caso hubo libre circulación de nada, a pesar de que incluso un consejo de mercado interior recordara al Gobierno francés su obligación de derecho primario, por lo tanto contenida en el Tratado de Roma. Yo quisiera en este momento resaltar con satisfacción la gran diferencia que tiene con el compromiso comunitario el Gobierno español actual, que en todo momento ha garantizado esa libertad fundamental del Tratado de Roma, puesto que a pesar de los incidentes que ha habido en las carreteras españolas y de las acciones violentas de piquetes incontrolados la libre circulación ha estado garantizada en todo momento en nuestro país por las fuerzas del orden. Eso no ha impedido, desde luego, que haya habido algunos camiones extranjeros paralizados. Por cierto, el noventa y tantos por ciento de ellos transportaban mercancías de exportación española, algunos han tenido deterioros, y quisiera que conociera que las reclamaciones por indemnización se están empezando a apilar ya en el Ministerio de Asuntos Exteriores por parte de transportistas de diversas nacionalidades de la Unión.
Las autoridades francesas admitieron, bajo esta presión, la existencia de un procedimiento administrativo y la posibilidad de asumir responsabilidades, lo cual no hicieron con ocasión de aquel bloqueo salvaje y no anunciado de las carreteras que tuvo lugar en julio de 1992.
En aquel momento no coincidió con ninguna campaña cítrica, pero también se bloquearon todas las carreteras francesas y el Gobierno francés no aceptó responsabilidad. En este caso la ha aceptado en función del artículo 92 de la Ley francesa 8/1983, que regula la distribución de competencias entre el Estado y otras autoridades y determina la responsabilidad del Estado en caso de intervención incontrolada de grupos organizados. Naturalmente que comunicaron un procedimiento, que era sustanciar las reclamaciones ante las diferentes prefecturas. Tanto la embajada como todos los consulados de España acreditados en las diversas zonas del país han asistido a todas las empresas de transportes y a todos los perjudicados españoles en sustanciar estas reclamaciones de indemnización y, como es lógico, la determinación de si ha lugar a la indemnización y la cuantía de la misma corresponde exclusivamente a la competencia de la administración francesa. Por tanto, es muy difícil que el Gobierno español pueda intervenir en un tema que es parte del ordenamiento contencioso-administrativo del Estado francés. Sin embargo, quiero decirle que la embajada de España en París, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bilateralmente con la embajada francesa en Madrid, y todos nuestros cónsules y agentes consulares en Francia no solamente están ayudando a la presentación de estos expedientes sino haciendo presión para que se resuelvan de la manera más rápida posible. De acuerdo con el Ministerio de Fomento, también se está dando información a todas las comunidades autónomas, a las asociaciones de transportistas y, además, a productores agrícolas, es decir, a todas las personas que han sido afectadas y a todos los particulares que lo han solicitado, para que puedan conocer cuáles son los términos en los que tienen que plantear sus reclamaciones, y por nuestra parte estamos tratando de agilizar los trámites de indemnización.
Quiero decir también que se ha planteado la posibilidad de que el Gobierno adelantara ciertas indemnizaciones a las que darían lugar las reclamaciones, y me parece que es necesario que el Parlamento conozca, en primer lugar,

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que no existe base legal para que el Estado adelante indemnizaciones reclamadas por un tercero; en segundo lugar, que la Comisión Europea no acepta medidas nacionales que puedan interpretarse como un trato de favor y una vulneración del principio de libre competencia, como ya quedó demostrado con ocasión de la huelga de 1992, en que el Estado francés fue obligado a devolver indemnizaciones que había pagado a sus agricultores precisamente por la huelga de transportes, y en tercer lugar, que no se puede adelantar indemnizaciones puesto que no se sabe la cuantía de los daños que va a reconocer el Gobierno francés. En cualquier caso, quiero garantizar a S. S. la total determinación del Ministerio de Asuntos Exteriores en la defensa de los intereses legítimos de los transportistas y exportadores españoles --desde el primer día creo que quedó perfectamente patente la labor que hicieron todos los agentes, tanto aquí como en Francia, en favor de los transportistas españoles--, que estamos siguiendo este proceso de indemnizaciones para que se agilice y que al mismo tiempo no se nos va a olvidar que en este momento hay otras indemnizaciones que están planteadas por franceses en España. Desde luego, creo que lo único que puedo decir es que la reciprocidad es la regla de oro de la diplomacia.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su respuesta. Efectivamente, creo que el tema es difícil, qué duda cabe.
Usted ya ha hecho referencia a que en ocasiones anteriores, que desgraciadamente han tenido lugar, Francia incluso no reconocía responsabilidad. Afortunadamente en esta última se ha conseguido que Francia reconozca su responsabilidad. Esto es una prueba clara de que con esfuerzo y con avances a nivel del proceso de construcción europea se pueden encontrar soluciones a problemas que la realidad nos presenta. Por tanto, es verdad que el tema es difícil, pero es en la dificultad donde se demuestra la capacidad y la voluntad. Yo, sin perjuicio de reconocer el trabajo que se ha hecho hasta este momento, sí tengo que decirle que se puede seguir haciendo ese trabajo y que hay que hacerlo. Usted ha dicho que los agentes consulares, la representación diplomática en España ha estado al lado de los interesados --y tiene que seguir estando a su lado-- porque encuentran dificultades para obtener pruebas y porque individualmente tienen más dificultad que si la representación del Estado español está a su lado, y conociendo como conoce, porque vive, la realidad francesa, les puede apoyar en todos los terrenos. Eso es lo que hace falta. De la misma manera que hace falta que el Ministerio de Asuntos Exteriores en España, al que se ha dirigido de manera organizada parte de los interesados, respalde esa tramitación y esas reclamaciones ante el Gobierno francés. Y hace falta también que el Gobierno español utilice su peso político ante Francia, directamente y a través de la Unión Europea, para conseguir que cuando se produzcan situaciones de este tipo se establezcan indemnizaciones justas que compensen los perjuicios que realmente se ocasionan. Ojalá fuera posible que no se produjeran las situaciones, pero hay que conseguir que cuando se produzcan tengan lugar indemnizaciones justas.
Desde luego, estoy de acuerdo con usted en que una de las maneras de reforzar la posición es empezar por dar un ejemplo. Desgraciadamente, ahora tenemos nosotros también ocasión de dar ejemplo en esta situación.
Creo que es bueno que digamos que en ese tema concreto también respaldamos y animamos al Gobierno a que resuelva ese problema, en relación con terceros y en relación con los propios ciudadanos de nuestro país que están implicados. Sin lugar a dudas, nos parece que es un tema grave en el que el Gobierno tiene que saber llevar a cabo la actuación adecuada.


El señor PRESIDENTE: Con ello acabamos este trámite de preguntas.
Agradezco al Secretario de Estado su presencia y su disponibilidad, de la cual seguramente tendremos ocasión de tener muestras muy pronto. Muchas gracias.


PROPOSICIONES NO DE LEY

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos al debate y votación, en su caso, de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día que todos ustedes conocen.
Antes de comenzar, quisiera hacer caso público a algunos portavoces --se ha producido ya en el caso del señor Peralta y de algunos otros-- que me han pedido el aplazamiento y el agrupamiento de las votaciones al final de este trámite precisamente para procurar que algunos Diputados que tienen otras obligaciones puedan concurrir un poco más tarde, en el momento de las votaciones. Si no hay inconveniente por parte de ningún grupo o portavoces, así lo haríamos. De manera que las votaciones de las proposiciones no de ley se agruparían al final de los turnos correspondientes al debate.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, querríamos saber si puede establecerse una hora para las votaciones.


El señor PRESIDENTE: Podríamos decir que no antes de la una. ¿Les parece bien? (Asentimiento.) De manera que, con independencia de lo que pase con el debate de los tratados y convenios internacionales, las votaciones correspondientes a las proposiciones no de ley no tendrán lugar antes de la una de la tarde.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR LA CAUSA DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO ESPAÑOL Y FUNCIONARIO DE NACIONES UNIDAS, AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA.
PRESENTADA

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POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000161.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos a la consideración de las proposiciones no de ley, siendo la primera la número 6, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a instar al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Entiendo que el señor Peralta actuará en nombre de su grupo parlamentario. Señor Peralta, tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Ha entendido usted bien, señor Presidente.
Tengo que decir que éste es un tema perfectamente conocido por SS. SS.
por la transcendencia y la gravedad de la situación en la que se cuestionaban los métodos de actuación de una dictadura especialmente sanguinaria que afectó a un pueblo especialmente vinculado a nosotros, como es el pueblo chileno, y que además en este caso concreto afectó a un ciudadano español. Este tema ha tenido ocasión de ser debatido ampliamente en los órganos jurisdiccionales chilenos; la solución final que se ha encontrado al tema no se ha considerado plenamente satisfactoria, y la proposición de ley que nosotros presentamos aquí y para la que yo pido el voto favorable a SS. SS. tiene como objetivo fundamental que se siga trabajando para que finalmente sea posible alcanzar esa solución.


El señor PRESIDENTE: Como saben los señores Diputados y Diputadas, esta proposición no de ley ha venido siendo considerada y aplazada durante algunos meses precisamente porque el grupo proponente había indicado a la Comisión que quedaban todavía algunos elementos de información necesarios para proceder a su tramitación. Creo que estos elementos están solventados, de manera que entiendo que por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no hay ningún inconveniente. Por tanto, vamos a proceder a la consideración de la proposición no de ley en sus términos originarios y, naturalmente, con las enmiendas que en su momento fueron presentadas a la misma. Una de estas enmiendas, dicho sea de paso, procede del mismo Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa, y otra del Grupo Popular.
Doy en primer lugar la palabra al señor De Cáceres, que va a defender la enmienda presentada en nombre del Grupo Popular.


El señor DE CACERES BLANCO: La proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, al instar al Gobierno a remitir directamente la causa al Tribunal Internacional de Justicia, se opone en principio a la reglamentación jurídica sobre el tema, ya que, en efecto, España no puede acudir directamente, en este caso, al Tribunal de La Haya en ejercicio de la protección diplomática, pues el señor Soria llevaba muchos años residiendo en Chile y estaba acogido al Convenio de doble nacionalidad España-Chile, cuyo artículo 3.º reserva en exclusiva el ejercicio de la protección diplomática al Estado del domicilio del interesado. Por otra parte, es cierto que España sí podría acabar llevando el asunto al Tribunal Internacional de Justicia, a través de un complicado mecanismo previsto en el artículo 13 de la Convención sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, de 1973, que está firmada también por Chile. Según este artículo, toda controversia relativa a la integración, interpretación o aplicación de la convención que surja entre dos Estados partes y que no sea resuelta mediante negociaciones puede ser sometida a su arbitraje. En este caso España puede cuestionar la interpretación de la justicia chilena que no admitió el estatus de persona internacionalmente protegida del señor Soria. Y si en el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud no se llegase a un acuerdo entre las partes, entonces se podría acudir al Tribunal Internacional de La Haya.
Todo esto es cierto. Si embargo, no cabe duda de que tanto una fórmula de arbitraje como el recurso a la vía jurídica internacional son soluciones quizá muy extremas que de alguna manera interferirían las buenas relaciones de España con el Estado chileno, representado actualmente por un gobierno totalmente ajeno a los hechos considerados, que son del año 1976, y sin embargo sometido todavía a una cierta vigilancia militar, por decirlo de alguna manera. Por ello sugerimos que la proposición no de ley sea redactada de una forma más amplia, para que pueda englobar también soluciones extrajudiciales como las que se han obtenido, por citar un asunto referente a Chile, en el caso Letelier, con Estados Unidos, y que evitaría lógicamente un largo proceso con un Estado amigo. En este sentido ha venido trabajando la diplomacia española, el Gobierno español, y el Gobierno chileno ha demostrado por su parte una excelente disposición para buscar una solución extrajudicial basada en reparaciones que pueden resultar aceptables para la familia Soria. Recientemente, como ha anunciado el Ministro de Asuntos Exteriores, los Gobiernos de España y de Chile han llegado a un acuerdo para intentar alcanzar esta solución, siempre de acuerdo con la familia del fallecido.
Por todas estas razones se sugiere que la proposición no de ley relativa al caso Soria fuera redactada en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados lamenta profundamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile, del pasado día 23 de agosto, que determina la impunidad para los autores identificados del asesinato del ciudadano español y funcionario de la Cepal, don Carmelo Soria Espinosa, y al mismo tiempo insta al Gobierno a proseguir los esfuerzos que viene realizando con el Gobierno de Chile, cuya buena disposición el Congreso de los Diputados valora positivamente para promover la justa reparación de este crimen.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Yáñez.


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El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El lamentable caso del asesinato del ciudadano Carmelo Soria nos ha traído en varias ocasiones a debatir esta situación y sus consecuencias en esta Cámara. Hay que decir, en primer lugar, que es comprensible humanamente la actitud de la familia que ve cómo los autores materiales o los inductores del asesinato permanecen impunes (dos de los cuatro militares están en altos cargos en el gabinete del general Pinochet, actualmente) y que se acogieron a la autoamnistía que hizo el propio Pinochet, cuando su régimen terminaba, para no poder ser condenados por delitos cometidos con anterioridad a la desaparición de la dictadura.
Según los informes, 20 años después (hemos dedicado muchas horas a este asunto), no tiene futuro desde el punto de vista jurídico la cuestión, aunque sí lo tiene desde el punto de vista político, moral y económico, ya que el Gobierno chileno, en conversaciones con el Gobierno español, antes y después de las últimas elecciones del 3 de marzo, ha ido proponiendo soluciones a la familia. Hubo un momento en que el Gobierno español actual y el Gobierno chileno acordaron que éste, pública y oficialmente, no sólo reconociera el asesinato sino que lamentara el fallo de la Corte Suprema al no aceptar que Carmelo Soria era funcionario internacional, lo cual hubiera puesto el caso fuera de la Ley de amnistía. Además, el Gobierno chileno estaba dispuesto a una fuerte compensación económica en el sentido de crear una fundación Carmelo Soria. Ese acuerdo entre los Gobiernos español y chileno nos pareció positivo, pero la familia no lo aceptó y ahora propone llevar al Tribunal Internacional de La Haya por parte del Gobierno español al Gobierno chileno. Esto plantea problemas jurídicos porque, primero, según las múltiples consultas que hemos hecho, parece inviable jurídicamente, ya que Carmelo Soria era también ciudadano chileno al haber adoptado la nacionalidad en Chile, y, segundo, por razones políticas, porque llevar a un enfrentamiento a los Gobiernos español y chileno en la actualidad no tiene ningún sentido, ya que, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, son dos Gobiernos amigos, es un gobierno democrático el de Chile y es un gobierno democrático en España.
Por tanto, sin que dejemos caer la cuestión, porque hay que seguir apoyando a la familia buscando soluciones y fórmulas imaginativas con el apoyo del Gobierno español y el Gobierno chileno, que están absolutamente dispuestos, no somos partidarios de la vía del Tribunal Internacional de La Haya. En ese sentido, si la proposición de Izquierda Unida no es la literalidad que nos presenta hoy, sino las palabras del señor Peralta de continuar buscando fórmulas, apoyando a la familia con las iniciativas que podamos encontrar para dar satisfacción a esta cuestión, entre otras --y dicho entre paréntesis-- podría estar tratar de llevar, desde el punto de vista oficioso, al Gobierno chileno a que separe de sus cargos a los militares que todavía están ocupando altos cargos en la administración militar chilena, lo que es una espina irritativa lógica para la familia, y otras cuestiones que podrían ir solucionándose. Pero, insisto, si tenemos que votar llevar esto al Tribunal Internacional de La Haya, no seríamos partidarios y nosotros nos inclinaríamos más por la proposición in voce hecha por el portavoz del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Voy a ser muy breve, porque estamos ante un tema recurrente en esta Comisión en los últimos tiempos: el secuestro y asesinato de don Carmelo Soria en Chile durante la época del golpe de Estado del general Pinochet.
Ciertamente, la situación que se nos plantea es compleja, porque es verdad que Chile es un Estado democrático, como han puesto de manifiesto anteriores intervinientes, pero también es cierto, y los hechos nos lo demuestran día a día, que estamos ante una democracia tutelada, que es lo que explica las resoluciones de los tribunales de justicia en asuntos como éste o las resoluciones y actitudes de los tribunales de justicia en asuntos como el que hemos tenido ocasión de debatir anteriormente en esta Comisión, como es el del ciudadano español don Víctor Pey, anterior propietario del diario «Clarín», cuyos bienes le fueron incautados, y no le han sido restituidos, por la democracia chilena y no le han sido reconocidos sus derechos por los tribunales chilenos.
De todas formas, nuestro grupo parlamentario entiende los argumentos manifestados anteriormente en el sentido de que Chile es un país amigo y no podemos forzar la situación hasta límites que quizá lleven a puntos de no retorno en este asunto y que puedan deteriorar las relaciones entre España y Chile. Por tanto, somos partidarios de intentar agotar todas las vías de diálogo, de intentar comprometer a las autoridades chilenas en la resolución del conflicto y dejar abierta la puerta del Tribunal Internacional de La Haya sólo para el caso de que todos los esfuerzos por la vía diplomática pongan de manifiesto que no llevan a ningún sitio.


El señor PRESIDENTE: Señorías, la situación reglamentaria es la siguiente. Tenemos una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con una enmienda presentada por el Grupo Popular. Por tanto, lo primero es preguntar al señor Peralta si por parte de su grupo se admite la tramitación de la enmienda presentada por el Grupo Popular, ya que, desde ese punto de vista, estamos en sus manos.


El señor PERALTA ORTEGA: En este tema sería deseable que alcanzáramos una solución compartida por todos. En primer lugar, por lo que supondría de toma de posición de este Congreso democrático, ante una situación de dictadura, en defensa de un ciudadano español que tenía status diplomático, y de reconocimiento, a su vez, de los esfuerzos realizados por el Gobierno chileno.
En este sentido, yo me permitiría preguntar si podríamos estar todos de acuerdo en admitir la enmienda presentada por el Grupo Popular en la que el propio Grupo Popular aceptara que en su párrafo final, que dice: promover la justa reparación, dijera: para encontrar la justa solución.
Si

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todos estuviéramos conformes, yo estaría de acuerdo en este asunto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Cáceres.


El señor DE CACERES BLANCO: Creo que son palabras casi equidistantes en cuanto a este tema, de modo que, por nuestra parte, no habría ningún problema en aceptar ese cambio de palabra.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En ese caso, en el tiempo correspondiente, no antes de la una, someteremos a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular a la proposición no de ley originariamente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la sustitución de la palabra reparación por la palabra solución.
Me permito decir una cosa más que me parece que es necesaria por el transcurso del tiempo; habría que añadir: el pasado día 23 de agosto de 1996. Digo esto para que no quede ninguna duda con respecto al tiempo.
¿Les parece bien? (Asentimiento.) Este texto será sometido a votación de los miembros de la Comisión en el tiempo correspondiente.


--SOBRE CUMBRES IBEROAMERICANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000277.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7 del orden del día, una proposición no de ley sobre cumbres americanas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Voy a ser muy breve, porque creo que el asunto al que se refiere esta proposición no de ley, esto es, las cumbres iberoamericanas, es un asunto que ya forma parte de las cuestiones que van y vienen en esta Comisión y que, sin duda, tiene un interés constante y permanente por la celebración anual de esas cumbres.
Acabamos de celebrar la cumbre de Chile, en la que se adoptó la declaración de Viña del Mar, que ha sido distribuida y, por tanto, conocen los miembros de esta Comisión, pero no se trata solamente de recoger algunas de las ideas importantes que figuran en esta declaración de Viña del Mar y de incorporarlas a un texto de esta Cámara, sino que se trata también de reafirmar la voluntad de España de considerar como un objetivo prioritario la consolidación y el desarrollo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Nosotros pretendemos, y así consta en esta proposición no de ley en su parte dispositiva, impulsar la consolidación de las cumbres iberoamericanas, reafirmar la voluntad de desarrollar el protagonismo de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en la esfera internacional y recordar que esta Comunidad Iberoamericana de Naciones se basa en principios y valores compartidos de libertad y justicia y que es una obligación permanente en el seno de esta Comunidad, formada por las naciones soberanas de lengua española y portuguesa de Europa y América, afirmar la democracia y consolidar la justicia y la equidad.
Nosotros hemos creído necesario señalar que Cuba, hoy, es una excepción a esta norma común iberoamericana y, con los mismos términos de declaraciones anteriores, hemos señalado que deseamos ayudar y promover una transición pacífica hacia una democracia plena con respeto a las libertades y derechos fundamentales. Digo esto sin ánimo de polémica ninguna, ya que es una constante, es tradicional en esta Cámara en las distintas Comisiones que se han sucedido en las dos últimas legislaturas, hablar de Cuba, desear la democracia en Cuba y hablar de la transición pacífica hacia la democracia.
Hemos creído importante, como ya hicimos en otras declaraciones, en otras intervenciones, señalar cómo los parlamentos nacionales y los partidos políticos tienen un papel destacado que jugar en la consolidación y desarrollo de esta Comunidad Iberoamericana de Naciones y que la apertura económica y la libertad de comercio --y con esto creo que aludimos a algunas de las cuestiones candentes de la actualidad iberoamericana-- son condiciones importantes para la consolidación y afirmación de las instituciones democráticas y de los procesos de modernización.
Naturalmente, no se trata de términos o ideas excluyentes, ya que también la lucha contra la pobreza, los procesos de desarrollo económico y social sostenido y sostenible, la lucha contra la injusticia y contra la exclusión, en fin, la lucha por una mayor integración en el seno de las naciones iberoamericanas son condiciones para la afirmación democrática.
Como señalaba el Secretario de Estado de Cooperación en su comparecencia para explicar los resultados de la cumbre de Chile, las cumbres iberoamericanas se han convertido en un foro político de más alto nivel, han permitido la instauración de un código de conducta entre las naciones iberoamericanas que ha permitido a la Comunidad Iberoamericana actuar en momentos de crisis o de amenaza a la libertad o a la estabilidad de algunos países, recientemente en el caso de Paraguay, etcétera. También recordaba cómo las cumbres son un instrumento básico de cooperación y señalaba la importancia del convenio de cooperación iberoamericano propuesto en la cumbre de Bariloche, en Argentina, anunciando, por otra parte, que España pronto ratificaría este convenio; yo deseo que se haga con la mayor rapidez posible. Finalmente, recordaba también cómo el reforzamiento de la cultura, de las lenguas comunes, era una de las consecuencias principales de este proceso abierto en 1991 con el Gobierno anterior.
Tengo que decir, además, que inmediatamente la Comisión de Asuntos Exteriores señalaba, concretamente en su informe sobre las líneas maestras de cooperación del año 1992, cómo la Comunidad Iberoamericana era un marco excelente para la cooperación de España con sus naciones hermanas de Iberoamérica en todos los ámbitos.
Este mismo portavoz recordaba a finales de la legislatura pasada cómo esta vocación iberoamericana de España se había transformado en un empeño que no podemos relegar

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ni olvidar; se trata de una prioridad de carácter nacional de la política exterior de España que va más allá de las contingencias o de la mera existencia de un gobierno o de otro.
Finalmente, el señor Ministro, don Abel Matutes, en su primera comparecencia se comprometía a impulsar el proceso de desarrollo y consolidación de las cumbres. Esta proposición no de ley trata de tomarle la palabra y de plasmar en un documento nuevo la voluntad de esta Cámara, en esta nueva legislatura, de afirmar no solamente el interés de España, sino el papel protagónico de España en el proceso de construcción de esta idea, de este espacio político, que es la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y cómo España desde los primeros años noventa supo y quiso asumir una responsabilidad especial, que además se ha visto acompañada por un notable incremento de relaciones, inversiones, presencia, contactos, no solamente entre España, sino también entre el resto de los países de la Unión Europea en el continente americano.
Por todo ello, hemos presentado esta proposición no de ley que espero que cuente con el apoyo de los demás grupos. Creo que se trata de una tarea que va más allá de las contingencias políticas, más allá de los debates políticos concretos. Se trata de que esta legislatura esta Comisión nueva reafirme su voluntad de hacer de la Comunidad Iberoamericana un marco prioritario de la acción exterior de España.


El señor PRESIDENTE: Existen dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, quiero, en primer lugar, mostrar nuestra disposición favorable al espíritu y al conjunto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que viene a recoger el espíritu y la filosofía de las cumbres iberoamericanas, la oportunidad de su creación a principios de esta década, el éxito de su desarrollo, la consolidación como foros de concertación y de diálogo político y también de cooperación --y ése es un reconocimiento implícito que quiero agradecer al Grupo Popular--, porque fue una de las tareas que los socialistas nos propusimos a finales de los ochenta y que cristalizó en las cumbres a partir de 1991 como eje fundamental de la política española en relación a Iberoamérica.
Tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva estamos de acuerdo en casi todo, pero ese casi quiero explicarlo en el sentido de la presentación de esas dos enmiendas.
De los siete puntos de que consta la parte dispositiva, en cinco estamos totalmente de acuerdo, pero el punto 5 nos trae a colación el recurrente tema de Cuba. Yo quiero explicar aquí --también sin ánimo de polémica-- que no traemos a colación una enmienda de supresión de este punto que se refiere a Cuba en concreto, lo hubiéramos traído también si se hubiera referido a cualquier otro país.
Una de las claves del éxito de las cumbres iberoamericanas es que, afirmando y desarrollando los principios que inspiran al conjunto de las naciones, no cita nunca a ningún país concreto, porque --y lo saben muy bien los que tienen experiencia en las relaciones exteriores y en la vida diplomática-- eso abriría la espita de los precedentes en relación a las condenas, a los análisis de situaciones concretas de países concretos por otros que en ese momento quieren aprovecharse, porque han sido citados a su vez con anterioridad, y nos llevaría a un callejón sin salida que terminaría por poner en crisis a la propia cumbre iberoamericana; precedentes hay de otras situaciones en las que se salen los países o son expulsados y, por ejemplo, puede ocurrir que algunos países planteen el problema del narcotráfico en uno, dos o tres países concretos. Es decir, quiero explicarlo y quiero hacerme entender: hay que condenar el narcotráfico en las cumbres, hay que establecer mecanismos de concertación para la coordinación en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero, pero no se puede condenar, por ejemplo, a Colombia, Méjico o Perú con esas cuestiones porque eso, insisto, llevaría a un callejón sin salida.
Incluso agotando el argumento, ¿qué ocurriría si en una cumbre iberoamericana un país concreto, con un gobierno determinado, quiere plantear, en una resolución, que se inste al Gobierno español a que negocie con ETA, por ejemplo, para la solución del problema vasco y del problema del terrorismo? Obviamente nos negaríamos.
Por eso digo que no me refiero en exclusiva al tema de Cuba, sino que lo hubiéramos hecho ante cualquier cita de un país concreto en una resolución de esta naturaleza, porque los principios que queremos defender en relación a Cuba están contemplados, si lo ven las señoras y señores Diputados, en los puntos 3 y 4. El punto 3 reitera que la Comunidad Iberoamericana de Naciones se basa en principios y valores de democracia plena, pluralismo, respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y estricta observancia de los principios de derecho internacional recogidos en la Carta de Naciones Unidas. El punto 4 dice que la Comunidad Iberoamericana de Naciones deberá realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para afirmar la democracia en Iberoamérica y proseguir la profundización y desarrollo de los sistemas democráticos, así como la consecución de sus objetivos de justicia y equidad. Es en esa dirección, en ese sentido, en esa filosofía, en la que nosotros estamos plenamente de acuerdo.
Un último argumento: por ejemplo, tampoco aparece, y no debería aparecer en estos puntos, una condena al embargo, llamado bloqueo, de los Estados Unidos sobre Cuba. Me parece bien que no aparezca, porque no tiene que aparecer en este tipo de resoluciones. Tiempo habrá en otra clase de proposiciones no de ley, en otros debates, de establecer esa cuestión concreta. Esto en lo que se refiere al punto 5, sobre el que proponemos una enmienda de supresión.
En cuanto al punto 7, solamente presentamos una pequeña enmienda de adición, porque en ese punto dice literalmente el texto: señalar que la apertura económica y la libertad de comercio son elementos clave del proceso de

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modernización..., etcétera. Pensamos que no sólo la apertura económica y la libertad de comercio son elementos clave del proceso de modernización; hay también otros aspectos. Nosotros habíamos propuesto la educación y la sanidad, pero hago ahora una enmienda a mi propia enmienda; recogiendo el texto de la declaración de Viña del Mar, podía ser la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social sostenido y sostenible..., etcétera, y continuar el texto tal como está. Sería: apertura económica, libertad de comercio, lucha contra la pobreza y el desarrollo económico son elementos clave del proceso de modernización que han protagonizado las naciones iberoamericanas y la base sobre la que es posible sustentar la consolidación y afirmación de las instituciones democráticas en Iberoamérica.
Esas son las dos enmiendas, señor Presidente, que presentamos a la consideración de la Comisión y del grupo proponente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desearían tomar la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, no nos cabe ninguna duda de que la relación con Iberoamérica constituye uno de los polos principales de relación internacional del Estado español y así debe continuar siendo. Sentado este principio, entiende nuestro grupo parlamentario que todo lo que sea potenciar los mecanismos de interrelación de la Comunidad Iberoamericana debe merecer el apoyo de esta Comisión. Como también creo que deben merecer el apoyo de esta Comisión todos aquellos mecanismos y propuestas que intenten intensificar la relación bilateral España-Iberoamérica, como la relación multilateral, es decir, incorporar el interés por Iberoamérica dentro de la política exterior que se realiza desde la Unión Europea.
Concretamente, refiriéndome al texto de la proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular, me parece que es una proposición no de ley interesante, mesurada, medida en sus términos, que toda las principales cuestiones que interesan a esta política de intensificación de la interrelación dentro de la Comunidad Iberoamericana, por lo que la podríamos apoyar en sus justos términos.
Ahora bien, también entiendo, y en ese sentido las palabras del señor Yáñez inducen a la reflexión, que no podría suceder, y no sería positivo para esta Comisión, que el eterno y apasionado debate que se viene generando en esta legislatura alrededor del tema de Cuba fuera un obstáculo para que esta Comisión se pronunciara de forma unánime a favor del impulso de la Comunidad Iberoamericana. Por tanto, sugeriría al Grupo Parlamentario Popular que admitiera la enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Socialista, en tanto en cuanto los principios que nuestro grupo parlamentario comparte en relación a la apertura democrática de Cuba están perfectamente señalados dentro de los puntos 3 y 4 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto a la enmienda que señala el Grupo Parlamentario Socialista al último punto, es decir al punto 7 de la proposición no de ley, es cierto que sobre todo la libertad de comercio, a nivel mundial, ha supuesto y está suponiendo una mejora sustancial del nivel de vida de los países, especialmente los menos desarrollados, de la Comunidad Iberoamericana.
Pero también es cierto que no podemos olvidar que en la mayoría de estos países se viven todavía situaciones de subdesarrollo obvias, evidentes, y entendemos que también sería una aportación positiva al texto de la proposición no de ley la introducción de la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista plantea al punto 7.


El señor PRESIDENTE: Me dirijo al señor Robles, portavoz del Grupo Popular, para preguntarle cuál es su disposición de ánimo con respecto a las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Socialista.


El señor ROBLES FRAGA: Mi disposición de ánimo, señor Presidente, es buena, es comprensiva, pero creo que hay que hacer unas matizaciones sobre lo que se ha dicho.
El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas. Una es de adición, que nos parece correcta y nada tenemos que objetar a los mismos términos que recoge la declaración de Viña del Mar, esto es, señalar que no sólo hay condiciones estructurales sino políticas y problemas específicos que se refieren a la lucha contra la pobreza, en definitiva, a la aplicación de los principios de justicia y equidad en la consolidación y en la afirmación de toda democracia participativa posible, como titulaba el texto de la declaración de Viña del Mar. Efectivamente, es una adenda que consideramos positiva y que naturalmente apoyaremos, porque nos parece correcta.
Para salvar un poco el debate y para no entrar en la cuestión de Cuba, debo hacer una aclaración que, quizá, induzca al señor Yáñez a votar favorablemente y a retirar su enmienda de supresión. Yo no propongo que en una declaración de carácter iberoamericano se señale con el dedo a Cuba. Es cierto que hay --y corrijo un poco lo que ha dicho el portavoz socialista-- menciones a países concretos en las declaraciones iberoamericanas, pero siempre son de carácter positivo. Normalmente se apoyan procesos como el de las negociaciones que han llevado a los acuerdos de paz en Guatemala; se apoya a un gobierno concreto cuando sufre los embates del terrorismo, es el caso de Honduras; se alaba la celebración de elecciones libres en Nicaragua e incluso --y es una pena que el portavoz del Bloque Nacionalista Galego no esté aquí para escucharme-- se apoya la defensa de los derechos humanos en Timor oriental. Sí hay referencias a países, pero no se señala con el dedo a nadie.
Sin embargo, creo que la tarea de la Comisión de Asuntos Exteriores, más allá de las discrepancias, es otra. No estoy proponiendo, mi grupo no propone, que España haga una política distinta de la que se ha hecho en la última cumbre iberoamericana, pero sí creo que conviene recordar cómo hemos hablado de Chile y de Colombia, en otros casos --recientemente aprobamos una proposición no de ley referente a Colombia--, cómo hemos podido tratar la

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cuestión de Paraguay, cómo en su día apoyamos la defensa de las instituciones democráticas en Guatemala, y creo que sí podemos decir que existe un país que en este momento no celebra elecciones. Podemos decir todo esto y eso no debe ser motivo de polémica.
Yo no deseo introducir el elemento de debate de Cuba, pero sí me parece que hay que tener en cuenta que nada proponemos, sencillamente recordamos que ésa es la situación que hay y que se trata de un caso que tiene una especial importancia. No hemos introducido en el texto de ese párrafo --creo-- ninguna consideración polémica, ni siquiera distinta de las que ha habido en proposiciones no de ley de la legislatura anterior, y creo que es perfectamente mantenible. Si el señor Presidente considera que podemos aplazar la votación, me gustaría despejar algunas dudas en el intervalo que hay entre votación y votación con el señor Yáñez, para ver si podemos aclarar este asunto y votar todos a favor de la proposición.


El señor PRESIDENTE: A mí me gustaría aclararlo ahora, por razones evidentes. En el momento de la votación tendremos que presentar un texto y querría saber qué es lo que se va a poner a votación, como todos ustedes comprenderán. Por tanto, si me lo permiten el resto de los señores y señoras Diputados, querría convocar un momento a los portavoces, dos minutos, para ver si solventamos este problema.
Queda suspendida la sesión por dos minutos. (Pausa.) Señoras y señores Diputados, la Presidencia querría dar la palabra al señor Recoder por si hubiéramos podido encontrar algún tipo de vía intermedia. Tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, sugeriríamos una propuesta transacional que pasaría por suprimir el punto 5 de la proposición no de ley, que es el que se refiere específicamente a la transición democrática en Cuba. Lo que se pretende en ese punto 5 lo trasladaríamos al punto 4 y el texto del punto 4 quedaría como sigue: Señalar que la Comunidad Iberoamericana de Naciones deberá realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para afirmar la democracia en Iberoamérica y sus procesos de transición pacífica pendientes y proseguir la profundización y desarrollo de los sistemas democráticos, así como la consecución de sus objetivos de justicia y equidad.
Creo que esto recoge el espíritu del punto 5 y, si estuvieran de acuerdo los otros portavoces, se podría votar por unanimidad el texto de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Para expresarse al respecto, el portavoz del Grupo Socialista, señor Yáñez, tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, estamos de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Señor Robles

El señor ROBLES FRAGA: A mí me parece correcta la enmienda. Por tanto, aceptamos los textos propuestos, tanto éste como la otra enmienda del Grupo Socialista, que se refería a los principios sobre los que debe basarse la consolidación y afirmación de las instituciones democráticas en Iberoamérica.


El señor PRESIDENTE: En el momento oportuno, será sometido a votación el texto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, con la enmienda de adición in voce, que ha sido leída por el señor Recoder, suprimiendo el párrafo 5 de dicha proposición no de ley y añadiendo el texto de la enmienda que el Grupo Socialista, por boca del señor Yáñez, puso al punto número 7. Esas serán las condiciones de la votación que recaerá sobre esta proposición no de ley en el momento oportuno.


--SOBRE RECLAMACION DE LAS INDEMNIZACIONES AL GOBIERNO FRANCES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS CON MOTIVO DEL BLOQUEO OCASIONADO POR LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS FRANCESES, ASI COMO CREACION DE DOS CORREDORES DE INTERES EUROPEO PRIORITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000285.)

--SOBRE INDEMNIZACIONES A LOS PERJUDICADOS POR LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS EN FRANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000297.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente. Quiero hacer notar a todos los señores y señoras miembros de la Comisión que el punto 8 cubre exactamente el mismo terreno que el punto 9. Ambos se refieren a las indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de transportistas en Francia. Hay dos iniciativas al respecto, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través del señor Chiquillo, y otra proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso. Si no hay mayor inconveniente, la Presidencia propone dar un tratamiento conjunto a ambas iniciativas. Existe una enmienda a las dos por parte del Grupo Popular.
En primer lugar, daré la palabra al señor Chiquillo, que es quien ha presentado la primera proposición. En segundo lugar, daré la palabra al portavoz del Grupo Socialista para exponer su punto de vista sobre la correspondiente proposición no de ley, veremos las enmiendas y buscaremos la manera de integrar todas las propuestas en un solo texto.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para defender la proposición no de ley presentada en su día respecto a la solicitud de una actuación por parte del Gobierno español en cuanto a los daños ocasionados por la huelga de camioneros franceses en el pasado mes de noviembre,

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que afectó de una manera muy importante a las exportaciones españolas, en particular frutas y hortalizas y otros productos típicos de exportación del Estado español, que paralizó y causó unos daños multimillonarios a las exportaciones hortofrutícolas de las Comunidades Valenciana y de Murcia, debido a ese bloqueo que hubo en las carreteras francesas a lo largo de más de doce días.
Unión Valenciana presentó esta iniciativa el día 9 de diciembre de 1996, acompañada de una pregunta en Pleno al propio Ministro de Asuntos Exteriores respecto a las actuaciones que estaba emprendiendo. En base a la contestación y al compromiso del propio Ministro de Asuntos Exteriores y a sus resultados, hoy, casi dos meses después de aquella presentación, se han llevado a cabo gestiones y actuaciones por parte del Ministerio.
El Diputado que les habla tiene que reconocer que el Gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, como muy bien ha resaltado el señor Subsecretario, ha llevado a cabo un trabajo serio, riguroso, para exigir con firmeza ante el Gobierno de la República Francesa que se haga cargo de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a las exportaciones españolas como consecuencia de esa huelga de camioneros.
Vaya por delante reconocer y agradecer la celeridad, la brillante actuación y la firmeza con que se ha planteado, ante los foros oportunos de la Unión Europea y ante el Gobierno francés, así como la sensibilidad que ha habido en la defensa de esos planteamientos, pero la iniciativa de Unión Valenciana va más allá. Aunque lo cortés no quita lo valiente y se reconoce el trabajo que se ha hecho con esa exigencia del Gobierno español, pensamos que debería darse un paso más allá. Por eso, después de la formulación de esa pregunta, se presenta esta proposición no de ley, porque pensamos que debería darse un paso más en las reivindicaciones del Gobierno español, tanto al Gobierno francés como a la Unión Europea, presentando alguna iniciativa en su seno.
En nuestra proposición planteamos la exigencia a las autoridades competentes del Gobierno francés del abono en concepto de indemnizaciones por esos daños y perjuicios ocasionados sobre las exportaciones españolas con motivo de ese bloqueo. Parece que casi un cien por cien de ese punto ha sido planteado ya ante las autoridades francesas por el Gobierno español; falta que se materialice ese abono de las indemnizaciones, lo que parece que va para largo. El Gobierno francés ha manifestado una predisposición a asumir que fue responsabilidad suya no poner los medios para evitar que ese bloqueo pusiera en entredicho y vulnerara los más elementales derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos, derechos que se reconocen en el Tratado de la Unión Europea. Parece que ya hay un cambio de actitud por parte del Gobierno francés, pero veremos cuánto puede tardar el abono de esas indemnizaciones. Si en el caso de otros antecedentes, como el saqueo y quema de camiones españoles en territorio francés en años anteriores, el abono de las indemnizaciones ha tardado entre cinco y seis años, es evidente el temor de los exportadores, de los agricultores y de todos los sectores implicados en esta cuestión, a que puedan tardar de nuevo de cinco a seis años esas indemnizaciones, a pesar de que el Gobierno francés, que reconoce que es su culpa y por tanto su deber indemnizar por lo que pudo haber evitado, es el verdadero responsable de los daños ocasionados en el mes de noviembre por esa huelga que se produjo en su territorio. El es el guardián de que los principios básicos de la Unión Europea sobre la libre circulación se hubieran respetado escrupulosamente en su territorio.
Por eso, en nuestro paso adelante mantenemos en nuestra proposición no de ley un párrafo segundo en el que solicitamos al Gobierno español la asunción, dirección y coordinación de las reclamaciones a realizar ante el Gobierno francés, porque nos estamos encontrando con que muchos de los implicados y de los exportadores que han sufrido la pérdida de sus exportaciones, el núcleo cesante que han sufrido por no llegar al mercado oportuno en el momento preciso, no saben cómo reivindicar, no saben cómo presentar o se encuentran con muchas trabas administrativas para que su justa reivindicación, su justa petición de indemnización, llegue a buen puerto ante las autoridades francesas.
El Ministro de Asuntos Exteriores --y ahí está el «Diario de Sesiones» del Pleno del 18 de diciembre-- se comprometió a esa asunción, dirección y coordinación de las reclamaciones y nos estamos encontrando tres meses después con que muchos de los afectados no han podido canalizar aún la petición, no han podido llevar a buen término esa petición administrativa por culpa de meros trámites burocráticos, porque no tienen las pruebas que puedan avalar su petición, tal como exige la normativa francesa, o en muchos casos no tienen clara la mercancía que llevaban y si se había perdido íntegramente o no. Están chocando con problemas de burocracia y estrategia francesa para que, a la hora de reconocer esa indemnización, en vez de diez, si se indemniza por tres, mejor. Por tanto, en ese segundo punto planteamos que el Gobierno español tenía que haber asumido esa dirección y coordinación para evitar que la reclamación íntegra de los daños no haya sido cogida como estrategia por parte del Gobierno francés para reducir las posibles indemnizaciones a reconocer y a abonar en el plazo de cinco o seis años, que esperemos que no sea, pero parece que va a ser ese el tiempo en el que los afectados van a ver satisfechas sus indemnizaciones.
En este segundo punto planteamos lo que es una reivindicación de los sectores implicados (de los empresarios de la exportación, de los agricultores, de las cooperativas agrarias afectadas), que así lo han manifestado ante los parlamentos autonómicos, tanto en Andalucía como en Murcia o en la Comunidad Valenciana, para que el Gobierno español avance el pago de esas indemnizaciones mientras se gestionan éstas ante el Gobierno francés que, lamentablemente, repito, van a ser muy difíciles y se van a alargar en el plazo de varios años.
Se ha hecho llegar a este Diputado una enmienda de modificación que tiene una parte asumible, como es lo de continuar exigiendo al Gobierno francés. Yo creo que es algo obvio --exigir o continuar exigiendo--, porque creo que todos queremos que ese grave daño que se ocasionó a las exportaciones españolas por el bloqueo de las carreteras

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francesas sea indemnizado al cien por cien y con la máxima celeridad. Es lógico que se exija y se continúe exigiendo.
Ha apuntado antes el Subsecretario de Asuntos Exteriores que había un precedente en la Unión Europea en cuanto a que en una sentencia se recriminó a Francia y se dijo que las cantidades que había anticipado se consideraban como una subvención y que eso se salía de los parámetros de la normativa de la Unión Europea. Yo creo que el ejemplo no nos vale y el razonamiento es el siguiente. Cuando en el año 1982 el Gobierno francés abona a los agricultores franceses unas indemnizaciones por una huelga llevada adelante por un colectivo francés, no estamos hablando de los mismos parámetros jurídicamente, porque no es la misma causa la que produce los daños. El Gobierno francés era el que daba la indemnización o el que adelantaba el pago de una posible indemnización a los agricultores franceses por una huelga de los camioneros o transportistas franceses.
Aquí estamos hablando de que el Gobierno español avance el pago de unas indemnizaciones a los exportadores españoles, pero por una huelga que se ha producido en territorio francés y en la que el causante de los daños a España es un país tercero, como Francia. Por tanto, la causa, caso de que se produjera un litigio contra España por parte de la Unión Europea, no tiene el mismo punto de arranque. No estamos hablando de que los daños a las exportaciones españolas se hayan producido por una huelga de camioneros españoles en territorio español. No estamos hablando de lo mismo. Por tanto, yo creo que no hay ningún inconveniente para que, sobre la base del expediente que los afectados españoles presenten ante el Gobierno francés, el Estado español avance un pago de esas indemnizaciones en una cantidad, si no del cien por cien, sí por lo menos de una parte de lo que figura en esa petición del afectado español ante el Gobierno francés.
Hay un tercer punto que, desgraciadamente, por la situación que se está viviendo en las carreteras españolas, puede tener actualidad. Es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno español para que plantee en el seno de la Unión Europea que se adopten medidas reglamentarias y legislativas que posibiliten que el ejercicio de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos de uno o más países de los Estados miembros no ponga en peligro las libertades y derechos de los ciudadanos de todos los Estados miembros a la libre circulación en el seno de la Unión Europea.
Hace tres meses fue la huelga en territorio francés. Ahora desgraciadamente es en territorio español. Podría producirse en el plazo de un año, tres días o seis meses en territorio alemán, en territorio italiano, en territorio belga. Lo que nosotros solicitamos es que no haya pasividad y que el país de la Unión Europea en cuyo territorio se produzcan estos hechos que coarten o vulneren la libre circulación de las mercancías, de los ciudadanos, el libre tránsito de personas y mercancías, respete escrupulosamente a los demás y que sea la Unión Europea la que ponga también un poco de su parte para evitar situaciones como la que se produjo en Francia el año pasado, se está produciendo en España ahora o se puede producir en otros países de la Unión Europea en meses sucesivos. Que ese libre tránsito de personas y mercancías se estudie en el seno de la Unión Europea y que el Estado español plantee un estudio de viabilidad para crear dos corredores de interés europeo prioritario que recorran Europa de norte a sur, como instrumento adecuado para impedir hechos como los ocurridos en noviembre de 1996 en Francia, en febrero de 1997 en España y esperemos que Dios evite que no se produzcan en ningún otro país de la Unión Europea. Pedimos que el Estado español plantee en los foros europeos la posibilidad de que hechos como los que nos ocurren en estos momentos y ocurrieron en Francia no se vuelvan a repetir.
Por tanto, valorando la buena intencionalidad de la enmienda presentada por el Grupo Popular, reconociendo y ensalzando el trabajo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha realizado desde el primer día en que las exportaciones españolas sufrieron los daños y perjuicios por la huelga en territorio francés, creo que la proposición no de ley que presento y defiendo en estos momentos en sus tres apartados tiene plena vigencia y puede ser perfectamente asumida por el resto de los grupos parlamentarios, porque supone dar un paso más en las reivindicaciones que los sectores exportadores del Estado español esperan del Congreso de los Diputados. Aunque haya habido buena voluntad por parte del Gobierno español y del Ministerio de Asuntos Exteriores, siempre se espera algo más. Creo que esa indemnización adelantada, esa exigencia al Gobierno español para que asuma la dirección y coordinación de todas y cada una de las reclamaciones, y esa exigencia ante la Unión Europea de ese corredor de interés europeo prioritario para preservar la libre circulación de las personas y mercancías, son aspectos perfectamente asumibles y los sectores exportadores del Estado español nos lo agradecerían.


El señor PRESIDENTE: Como recordaba anteriormente, existe otra proposición no de ley sobre el mismo tema presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra la señora Salinas para proceder a su presentación.


La señora SALINAS GARCIA: Señorías, tengo el gusto de intervenir en esta Comisión de Asuntos Exteriores por primera vez para la defensa de esta proposición no de ley que el Grupo Socialista presentó en el Congreso de los Diputados, encaminada a que se adoptaran medidas relativas al colectivo de transportistas españoles que en estos últimos días, como es bien sabido de todas SS. SS., está atravesando por unas nuevas circunstancias que vuelven a agravar esta situación laboral.
El pasado mes de noviembre asistíamos, una vez más, a un brutal ataque a los intereses económicos de nuestro país por parte de un colectivo francés, los transportistas. La última huelga del transporte en Francia obligó al secuestro injusto durante doce días de más de 1.400 camioneros de la provincia de Almería y otros tantos de las restantes provincias españolas, sometidos a tensiones excepcionales, que tuvieron que sufrir penurias y pérdidas económicas como consecuencia de esa gravísima situación.


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El sector que más padeció este conflicto fue el hortofrutícola con productos perecederos. A nivel nacional, se pueden cifrar las pérdidas en unos 50.000 millones de pesetas, ya que este sector realiza un cuarto de su negocio en este período del año. Sin embargo, no se pueden cuantificar las pérdidas sólo con el sector del transporte, sino que hay que tener en cuenta las consecuencias que el bloqueo ha acarreado con la caída de precio en origen de hasta un 50 por ciento.
Las comunidades autónomas más afectadas por esta situación injusta fueron Valencia, Andalucía y Murcia; unos 6.000 vehículos que realizan 10.500 viajes a la semana se vieron afectados por esta gravísima huelga.
Como en anteriores bloqueos, los exportadores podrán reclamar el cobro de indemnizaciones siempre que se realice una denuncia de los hechos en las gendarmerías francesas y presenten un informe pericial valorado de los daños ocasionados a las mercancías.
Sin embargo, estas indemnizaciones no cubrirán los daños producidos a los agricultores ni las pérdidas ocasionadas para poder acceder a futuros mercados. De todos los afectados, los únicos que tienen posibilidad de ser indemnizados son las empresas de transportes. Eso sí, seguro que después de varios años de pleito y después de haber sufrido las trabas burocráticas que el Gobierno francés se encargó de ir gestando durante el conflicto, impidiendo claramente la tramitación de denuncias en gendarmerías, etcétera y, sobre todo, tal como ha reconocido el propio Subsecretario, pisoteando todos los acuerdos comunitarios existentes para el transporte de mercancías. No se aseguró para nada el derecho de los camioneros españoles a presentar denuncias, sino más bien todo lo contrario. En dicho conflicto fue evidente la pasividad del Gobierno francés y la escasa implicación de la Unión Europea.
La Unión Europea creemos que debe reflexionar sobre el hecho de que las reivindicaciones sectoriales de un país dejen bloqueada a toda nuestra comunidad. Las empresas españolas afectadas que quieran iniciar el trámite de reclamación por las pérdidas ocasionadas a la justicia gala deberán tramitar sus denuncias a través de abogados franceses, exclusivamente. Para ello, deberán contratar sus servicios con abogados de dicho país, a los que deberán pagar por adelantado, para hacer frente al proceso, alrededor de unas 130.000 pesetas. Además, cuando se den a conocer las resoluciones, y si el camión tiene derecho a indemnización, el abogado francés percibirá el 10 por ciento de la indemnización que reciba el exportador denunciante. Para colmo de sus males, una empresa no puede realizar una denuncia por la totalidad de sus camiones afectados, sino que se debe presentar de forma individualizada y pagar, claro está, igualmente de forma individual, es decir, 130.000 pesetas por denuncia o por camión. Al parecer, las denuncias se tramitarán por vía administrativa y en los litigios no pueden actuar abogados españoles.
Entendemos que este asunto se complica aún más por la grave situación actual de huelga en nuestro país. En este sentido, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, como muy bien ha expuesto, ha presentado una proposición no de ley, la cual ya anuncio de antemano que nuestro grupo va a apoyar. No es la primera ocasión que se han condenado acciones de este tipo que afectaban a las exportaciones españolas y se ha instado a la adopción de medidas en relación a las necesarias garantías para la libertad de circulación de mercancías en el territorio francés.
Por no alargarme más, queremos manifestar nuestro apoyo a la proposición no de ley del Grupo Mixto, que recoge en sus dos primeros puntos el sentido de nuestra proposición no de ley. Sin embargo, no podemos aceptar bajo ningún concepto la enmienda que presenta el Grupo Popular. Aunque en la primera parte sí aceptaríamos el sentido de que se siga exigiendo, entendemos (y también es digno de reconocer) que el Gobierno español ha iniciado un proceso, como muy bien ha explicado el Subsecretario (esa parte sí estaríamos dispuestos a asumirla), pero en lo que no vamos a bajar la guardia es en que se alegue, como el mismo Subsecretario ha dicho, que no existe base legal para el adelanto de indemnizaciones. Sí es verdad que en su momento el Gobierno francés, ante una situación similar, adoptó el adelanto de indemnizaciones a sus camioneros y que hay una sentencia, pero, como muy bien ya se ha dicho, y por no volver a reiterarlo, no tiene nada que ver con el tema de que estamos tratando.
Por eso nos parece que es una justificación para eludir el compromiso del Gobierno español ante el impago de indemnizaciones.
No decimos que se adelanten las indemnizaciones al día de hoy, porque eso sería injusto, pero, en caso de impago, sí pediríamos --así se lo hemos hecho llegar al Grupo Popular-- que, de alguna manera, el Gobierno se moje y se implique en caso de impago a una fecha, que también se la hemos dado, para ir más allá. No se trata de traer una proposición no de ley o una enmienda donde se siga exigiendo, porque eso vacía de contenido totalmente nuestra proposición. La verdad es que la mesa de comercialización, todo el sector, los exportadores, nos han hecho llegar que de alguna manera quieren tener una garantía jurídica que pudiera avalar algo más allá de lo que es exigir.
Por eso mantenemos nuestra proposición no de ley, anunciamos el apoyo a la del Grupo Mixto y rechazamos la enmienda del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, existen dos enmiendas presentadas respectivamente a cada una de las proposiciones no de ley, tanto del Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo, como del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de ambas enmiendas, tiene la palabra el señor Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PASCUAL MONZO: Señorías, nos encontramos debatiendo sobre un tema que por desgracia se hace harto repetitivo, sobre todo en territorio francés por unos motivos o por otros.
Desde el Grupo Parlamentario Popular es de agradecer la buena voluntad y la preocupación que existe en los distintos grupos parlamentarios del Congreso ante distintas iniciativas de proposiciones no de ley, preguntas orales sobre este tema, porque evidentemente al Grupo Parlamentario Popular, y, sobre todo, lo que es más importante, al Gobierno

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español, es un tema que le ha preocupado muchísimo, y se ha volcado en intentar solucionar, de la forma más rápida y más justa posible, las reclamaciones de los sectores afectados por la huelga de camiones del pasado mes de noviembre.
Ahora debatimos dos proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario Mixto, de Unión Valenciana, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de Unión Valenciana, como he dicho antes, la intención es buena, aunque en la forma de redactarla creemos que es un poco improcedente, porque ya en la exposición de motivos se utilizan argumentos un tanto desproporcionados, que no parece que contribuyan al fin que se pretende, el resarcimiento por la Administración francesa de los daños sufridos por los operadores durante la huelga de transportistas franceses, al no reflejar la realidad en sus límites precisos que puedan dificultar la satisfacción de las reclamaciones presentadas, porque ya la exposición de motivos, señorías, discrimina entre los afectados por la huelga por razón de su nacionalidad, y las autoridades francesas, señorías han asegurado que, no harán distinciones entre franceses, españoles o ciudadanos de otros países comunitarios en la satisfacción de las reclamaciones. Hay que recalcar que esto se da por primera vez en este tipo de sucesos, y así lo ha exigido también el Gobierno español.
Se refiere también a actos vandálicos repetidos contra productos españoles, cuando no hay constancia de que, en este caso o en esta ocasión, haya sido así, porque no ha sido un ataque a productos hortofrutícolas españoles, como otras veces, sino que ha sido una huelga que paralizó todo el tráfico por carretera en el país vecino de Francia.
Se refiere también, señorías, injustificadamente a la pasividad de las autoridades francesas y españolas, y precisamente en esta ocasión esto no es exacto. El Gobierno español, desde el principio de la huelga, ya significó al Gobierno francés, por un lado, la tremenda preocupación por los perjuicios que se estaban causando a los intereses españoles y, por otro lado, el total apoyo a todos los españoles afectados en sus justas reclamaciones.
Ya desde el principio el Gobierno francés respondió explicando claramente las vías de reclamación posibles y el Gobierno español las ha difundido de la forma más amplia posible, tanto entre las comunidades autónomas españolas, como entre las asociaciones afectadas o los individuos que lo solicitaban.
En cuanto al texto de la proposición no de ley, que se divide en tres apartados, en el primero se dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que exija ante las autoridades competentes del Gobierno francés el abono, en concepto de indemnización, de los daños y perjuicios producidos por las exportaciones españolas. Hay que decir que el Gobierno ya ha hecho llegar reiteradamente a las autoridades francesas su posición, y éstas están respondiendo satisfactoriamente. Desde que se presentó la proposición no de ley, el 9 de diciembre, a la fecha actual, el Gobierno español se ha adelantado y está en ello. Por tanto, no es necesario el primer punto.
Tampoco es necesario el segundo punto, en el que se insta al Gobierno del Estado a la asunción, dirección y coordinación de las reclamaciones a realizar al Estado francés, porque eso ya lo ha hecho el Gobierno español. Como he dicho antes, está asesorando a todos los afectados y apoyando sus reclamaciones.
El segundo apartado del punto dice: «Asumir el pago avanzado de las indemnizaciones mientras se gestionan las mismas ante el Estado francés».
Ya ha dicho antes el proponente, y ha explicado el Secretario de Estado, que hay un precedente de un caso similar donde el Gobierno francés adelantó indemnizaciones a sus afectados franceses, y hay una sentencia que condena al Gobierno francés por dar estas indemnizaciones, ya que se consideran subvenciones. No vamos a entrar, porque creo que no es el momento adecuado, en si es por causa del mismo o de otro país. De hecho se consideran subvenciones y, por tanto, atentan contra los principios de la Unión Europea. No creo que sea lógico ni sensato que el poder Legislativo, como es el Congreso de los Diputados, inste al Gobierno español a cometer presumiblemente una ilegalidad ante la Unión Europea.
Tampoco esto es de recibo.
El tercer punto es instar al Gobierno español para que exija de la Unión Europea la adopción de medidas reglamentarias y legislativas que posibiliten que el ejercicio de derechos individuales o colectivos de los ciudadanos de uno o varios Estados miembros no pongan en peligro las libertades y los derechos de los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esto lo recogemos tácitamente en la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley, que es la misma del Grupo Socialista. Asimismo, la viabilidad de crear dos corredores de interés europeo prioritario también está recogido en nuestra enmienda de forma más amplia, porque no lo circunscribimos a esta solución, sino que el derecho de libre tránsito puede ser ésta u otra solución, no debemos limitarnos sólo a una.
Dada la importancia de los daños, como han citado ya los proponentes, en el Consejo de Ministros de Transportes del pasado mes de diciembre, la Secretaria de Estado de Francia indicó las medidas que se estaban llevando a cabo, dando instrucciones claras a los prefectos para que recibiesen las reclamaciones a realizar por los diferentes transportistas afectados de forma individual, además de incluir los datos de las fechas, los efectos causados y todo lo que los reclamantes considerasen pertinente. También indicó que el procedimiento más rápido y sencillo era la presentación de reclamaciones de forma individual, dado que, de hacerlo de forma colectiva a través de los gobiernos, sería más complicado, por la necesidad de comprobar una a una desde el gobierno central las reclamaciones.
Por parte de los países afectados se solicitó de Francia que diera una rápida consideración a las reclamaciones y que se redujera en lo posible la burocracia. Además, España pidió la adopción de medidas reglamentarias por parte de la Unión Europea, para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de este tipo de situaciones cuando se produzcan.
Debería establecerse algún tipo de servicios mínimos o itinerarios alternativos.


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Posteriormente, el Gobierno francés está respondiendo positivamente a la preocupación, reiteradamente manifestada en distintas reuniones tanto por el Ministro español de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, como por el Secretario de Estado, don Ramón de Miguel, sobre la repercusión y daños de la pasada huelga de camioneros. En esta ocasión se nos han indicado rápidamente los fundamentos legales internos y la vía que debían de seguir los españoles afectados, como acabo de citar, para presentar sus reclamaciones. Por primera vez, señorías, y es lo más importante, se reconoció inmediatamente por parte de Francia que no se discriminaría entre los daños producidos por franceses y españoles, cuando en el precedente de 1992 no fue así y se discriminó totalmente a los afectados españoles. Por primera vez, repito, el Gobierno francés asume su responsabilidad de hacer frente a los daños.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la embajada en París, de los consulados de la nación en Francia y de los servicios centrales, ha seguido muy de cerca los acontecimientos y preocupaciones de los operadores españoles, asistiéndoles eficazmente y proporcionándoles toda la información necesaria para efectuar las correspondientes reclamaciones ante las autoridades francesas. Se ha reaccionado con una prontitud y atención no igualada por otras administraciones europeas, según se ha reconocido por estas mismas administraciones, incluso por los sectores más afectados, como los transportistas y productores. Asimismo, de forma coordinada con el Ministerio de Fomento, como he dicho antes, se ha distribuido la máxima información para efectuar las reclamaciones entre las comunidades autónomas, las asociaciones de transportistas y asociaciones de productores agrícolas, que han sido, como muy bien saben, los más afectados, así como entre los particulares.
Por tanto, la misma proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que tuvo su razón de ser el día 17 de diciembre de 1996, hoy, a 19 de febrero de 1997, creemos que ya se ha asumido, porque instar al Gobierno español para que exija a la República francesa el pago de indemnizaciones por los daños ya se está haciendo, y aquí está la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Siguiendo con el segundo punto de la proposición no de ley, se dice: ...
así como en caso de demora de los pagos adelante el importe de las mismas; es decir, que el Gobierno español adelante a los afectados el importe de los daños de sus reclamaciones. En este punto ha hecho mucho énfasis la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de lo cual me he extrañado, no sólo por presentarlo el Grupo Socialista, sino por la encendida defensa, repito, que ha hecho la Diputada. Me gustaría saber cuántas veces, en casos análogos anteriores, el Gobierno socialista de este país durante trece años ha adelantado indemnizaciones a los sectores afectados españoles. Nunca ha dado ese ejemplo, y me parece del mayor cinismo que ahora ponga tanto énfasis exigiendo al Gobierno del Partido Popular lo que ellos no han hecho cuando han tenido varias ocasiones para haber dado ejemplo.
Termino, señorías. Espero que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Mixto, Unión Valenciana, acepten la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español para que continúe exigiendo al Gobierno de la República francesa el pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados en las exportaciones españolas como consecuencia de la huelga de camioneros franceses del pasado mes de noviembre, y para que las autoridades francesas garanticen el derecho de libre circulación en el territorio.
Si me lo permite, señor Presidente, a este segundo y último punto de nuestra enmienda me gustaría presentar una enmienda in voce, modificándola sustancialmente, porque parece que así lo ha pedido el Grupo Parlamentario Mixto para poder aceptarla. En vez de decir: «... y para que las autoridades francesas garanticen el derecho de libre circulación en el territorio», diríamos: «... y para que las autoridades francesas y europeas garanticen el derecho de libre circulación en el territorio de la Unión Europea».
Invito a los demás grupos a que acepten nuestra enmienda porque es importante que de cara a Francia y a los sectores afectados se vote por unanimidad y se dé una imagen de unidad por parte del Congreso de los Diputados, y así conseguir de la forma más rápida y más justa posible las indemnizaciones a las que tienen derecho nuestros sectores afectados.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente.
O me he expresado mal o me ha entendido mal el portavoz del Grupo Popular. Respecto al tercer punto de nuestra proposición no de ley, cuando hablaba de la posibilidad de que se estableciera en la Unión Europea un planteamiento desde España, he hablado de que se respete el ejercicio de los derechos individuales, el libre tránsito, etcétera, y le recriminaba porque en la segunda parte de su enmienda se hablara de las autoridades francesas, ya que se podía hablar de todas las autoridades de los países de la Unión Europea. Eso no llevaba implícito mi apoyo y tengo que manifestar mi posición en este momento para que conste en el «Diario de Sesiones». Mantengo el texto íntegro de la proposición no de ley. No acepto la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular por cuanto entiendo que reclama lo obvio. Su planteamiento está perfectamente recogido en el mío original, que va más allá. Vista la intervención del portavoz del Grupo Popular, creo que no ha habido voluntad de aceptar ninguno de los planteamientos del proponente, en este caso del Grupo Mixto, Unión Valenciana. (La señora Salinas García pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Salinas, tiene la palabra.


La señora SALINAS GARCIA: Señorías, hablo para reiterar mi postura anterior y por una pequeña alusión.
Me duele bastante, sobre todo para los Diputados nuevos que llegamos al Congreso con ilusión y ganas de mirar

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hacia adelante, que siempre que se presente una proposición, con entusiasmo o sin él --le agradezco que diga que con entusiasmo-- salga lo del cinismo. No sé cómo se hace aquí oposición. Ahora está gobernando el Partido Popular, y entendemos que si hay que tomar una medida tienen que ser ellos los que lo hagan. Les pediría que no miraran más hacia atrás y tuvieran en cuenta su responsabilidad.
Nada más. No podemos aprobar esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, tenemos dos proposiciones no de ley a las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado sendas enmiendas que no han sido aceptadas, de manera que los textos correspondientes serán sometidos a votación en el momento oportuno. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.) Señor Recoder, ¿qué desea?

El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, pido la palabra para fijar nuestra posición respecto de las proposiciones no de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Estas proposiciones no de ley afectan a un tema grave, que es la situación que se vivió como consecuencia de la huelga salvaje del sector del transporte francés el pasado mes de noviembre, con unas repercusiones muy importantes en algunos sectores productivos españoles, porque Francia es un país que tiene una situación estratégica en Europa y es de obligado paso en nuestras exportaciones.
Es obvio, así ha sido reconocido, que existe una responsabilidad del Estado francés en tanto en cuanto no fue capaz de garantizar el derecho comunitario a la libre circulación de personas y mercancías, y en ese sentido se ha iniciado la exigencia a dicho Gobierno de responsabilidades por el incumplimiento de estas obligaciones comunitarias.
En ese sentido, nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en lo que manifiestan ambas proposiciones no de ley en la vía de que se exija al Gobierno francés el cumplimiento de sus obligaciones, de sus responsabilidades. También que se asuma por parte del Gobierno español la función de coordinar y dirigir las reclamaciones de los afectados españoles: transportistas, industriales y agricultores españoles sobre todo. Pero habiendo escuchado la intervención del señor De Miguel anteriormente en esta Comisión respondiendo a una pregunta que se le ha formulado al efecto, si no recuerdo mal por el señor Peralta, tenemos serias dudas sobre la legalidad de otro punto comprendido en ambas proposiciones no de ley, como es el hecho de que el Gobierno español adelante las indemnizaciones que todavía no han sido pagadas por el Gobierno francés.
En último lugar, podríamos manifestar nuestro acuerdo con un aspecto que se incluye en la proposición no de ley del señor Chiquillo, matizada por la transacción del Grupo Parlamentario Popular, como es encontrar una vía para que desde Francia, y especialmente desde la Unión Europea, se pueda garantizar que en situaciones similares, ante la posible repetición de huelgas similares --cosa que es absolutamente posible que pueda suceder dada la arraigada tradición que existe en Francia de huelgas y de acciones salvajes--, pueda ser garantizada la libertad de circulación por parte de la Unión Europea.
Quiero terminar mi intervención subrayando que existe un aspecto que nos parece que difícilmente puede ser apoyado por nuestro grupo parlamentario, como es la exigencia del adelanto de las indemnizaciones.


El señor PRESIDENTE: Repito que en el momento oportuno, en cualquier caso no antes de la una, cuando se someta a votación este tema, serán sometidas a votación las dos proposiciones no de ley en sus textos originarios, por haber sido rechazadas por sus autores las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


--RELATIVA A LA SITUACION DE LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000309.)

El señor PRESIDENTE: Hemos solventado los puntos 8 y 9 del orden del día.
Pasamos al punto número 10, proposición no de ley relativa a la situación de la democracia, los derechos humanos y las libertades, cuyo autor es el Grupo Socialista del Congreso.
El señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: El año próximo, 1998, será el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para quienes gustan de recordar efemérides, esto quizá pueda ser importante. Para el Grupo Socialista puede ser una magnífica ocasión de dar un paso adelante en ese proceso en el que nuestro país, desde la instalación de la democracia, ha venido avanzando como país en el que se respetan los derechos humanos y como país que tiene un firme compromiso con ese respeto a los derechos humanos.
Estos derechos humanos no pueden entenderse simplemente como un derecho genérico, sino que deben ser defendidos allí donde se producen las violaciones de los mismos. En algunas ocasiones hemos escuchado en la Cámara, en esta Comisión, en el Pleno, decir que la política exterior de España, la de este Gobierno y la de gobiernos anteriores, está inspirada, entre otras cosas, por la defensa de los derechos humanos. La proposición no de ley que presentamos pretende que demos un paso más y que el Gobierno remita a la Cámara anualmente un informe donde se recoja la situación de los derechos humanos en el mundo --decimos--, pero debe entenderse en unos países concretos del mundo. Pensamos que esto no puede hacerse de la noche a la mañana, y comprenderíamos que fuese un proceso gradual donde, por ejemplo, el primer informe del año 1998 contemplase los cincuenta países con los que España mantiene una mayor relación comercial.


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En el Ministerio de Asuntos Exteriores, si es que no ha desaparecido en esa orgía de sustitución de direcciones generales por asesores, existía y debe existir una oficina de derechos humanos, que es el órgano idóneo para realizar esta misión. Ello nos permitiría dotarnos, al Ejecutivo y al Legislativo, de un instrumento para conformar las políticas, para inspirar una acción exterior, para impulsar una defensa de valores y principios universalmente reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos.
Existen diversos informes de esta naturaleza, realizados en algunos casos por organizaciones no gubernamentales y en otros casos por gobiernos, y hace muy pocas semanas el Consejo de Europa acordaba reclamar también un informe de esta naturaleza. Pretendemos que ese informe sea la expresión de la posición del Gobierno de España y que, debatido ese informe por la Comisión de Asuntos Exteriores, sea también la expresión de la posición del Parlamento español como reflejo de la soberanía nacional.
No voy a hacer referencia a los incontables casos que puede encontrar uno cuando va revisando los informes que recogen las violaciones de los derechos humanos, y que se refieren, en algunos casos, a ejecuciones, a torturas, a desapariciones, a detenciones sin juicio, a mantenimiento y aplicación de la pena de muerte. Es importante señalar que nuestro país figuraba en 1996, en los informes relativos al año 1995, como un país que había dado un paso adelante con la supresión y la abolición de la pena de muerte, que quedaba como un residuo en nuestra Constitución para casos de guerra.
Hay que resaltar que de una manera creciente organizaciones internacionales de las que España es parte, como la Unión Europea, están incorporando a sus instrumentos de relaciones con terceros países, llámese Convención de Lomé, llámese acuerdos Euromediterráneos o acuerdos bilaterales de España con algunos países de América Latina o el Magreb, la defensa de los derechos humanos como uno de los elementos que deben inspirar la relación de cooperación entre esos países.
No se trata aquí de establecer un mecanismo de condicionalidad automática, sino de conseguir introducir un elemento, un acicate para que en esos países con los que nuestro país, individual o colectivamente, mantiene relaciones, se profundice en la relación de la defensa de los derechos humanos.
El Gobierno es el que tiene la capacidad política, pero sobre todo técnica, para recopilar la información, para determinar las situaciones y para evaluar. El Parlamento es el que tiene la autoridad y la capacidad de darle una proyección, una expresión en representación del pueblo español. Se trata, quizá también, de una experiencia de colaboración, de adopción de una posición común bien definida, donde Legislativo y Ejecutivo se manifiesten de una manera clara.
A lo largo de ésta y de pasadas legislaturas, en ocasiones se ha solicitado del Gobierno, mediante los instrumentos de control, una expresión de la posición del mismo ante la situación de los derechos humanos en determinados países. Este Diputado que les habla, en esta legislatura, ha presentado al Gobierno tres preguntas sobre la situación de los derechos humanos en tres países concretos, y quiero decir que el Gobierno ha respondido con extensión y con compromiso a esas preguntas.
Se trataría de realizar lo mismo de una manera codificada, de una manera incluso más simplificada y, por tanto, de aumentar también el peso y el grado de compromiso que España tiene en la defensa de los derechos humanos.


El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, invito a los grupos parlamentarios que así lo deseen a tomar la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, el tema que nos plantea el señor Estrella no es una cuestión baladí. Es obvio que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales deja mucho que desear en partes muy importantes del planeta, y hoy mismo, en los sucesivos debates que se han producido en el seno de esta Comisión, se han planteado, que yo recuerde, tres situaciones de países con los que el Estado español mantiene unas relaciones preferentes, muy especiales, sean de tipo económico o sean relaciones muy influenciadas por una vinculación sentimental, como puede ser el caso de Guinea Ecuatorial, como puede ser el caso de Cuba o como puede ser el caso de Timor, ocupado por Indochina, donde se han puesto de manifiesto, repito, situaciones de un grave déficit de los derechos humanos.
Ahora bien, hecho este preámbulo, a nosotros nos parece que la propuesta que realiza el señor Estrella, al cual debo felicitar por la buena intención y por la buena voluntad que se esconde tras la misma, en cierta forma creo que es innecesaria y de muy difícil cumplimiento. Es innecesaria porque lo que nos pide el Diputado, señor Estrella, ya hay otros organismos que lo realizan, tanto instituciones como pueden ser las Naciones Unidas, como organizaciones no gubernamentales que han adquirido un gran prestigio elaborando informes de este tipo, cual es el caso de Amnistía Internacional; pero no sólo las Naciones Unidas y Amnistía Internacional realizan esta actividad, también ponía de manifiesto en su intervención que el Consejo de Europa ha tomado recientemente la decisión de elaborar un informe de este tipo, centrado única y exclusivamente en los 40 países que lo integran, en los cuales también se observan déficit de respeto a los derechos humanos, y quiero resaltar muy especialmente, porque es un país que tiene una presencia muy importante en el Consejo de Europa, el caso de Turquía.
Por tanto, repito, en primer lugar, creo que lo que se nos pide en esta proposición no de ley ya se está realizando. En segundo lugar, creo que es de difícil cumplimiento. No sé cuánta gente ni qué medios ni qué personal exactamente puede poner el Ministerio de Asuntos Exteriores a disposición del cumplimiento del objeto de esta proposición no de ley, pero estaremos todos de acuerdo en que si hay que hacer un informe de este tipo, hay que hacerlo bien; hay que hacerlo situándose sobre el terreno, haciendo consultas, indagando, hablando con los implicados, con los denunciantes

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de las situaciones de violación de los derechos humanos, con las autoridades de los países que puedan ser objeto de estas denuncias, etcétera. No se puede hacer un informe de este tipo a base de recopilar datos de los informes que vienen realizando otras instituciones u otras organizaciones no gubernamentales, porque, si no, poca cosa aportaríamos.
En consecuencia, nos parece que es de muy difícil cumplimiento.
Lo que sugeriría nuestro grupo parlamentario quizá quede alejado del ánimo del Grupo Parlamentario Socialista, pero, en cualquier caso, sugiero que si no lo pueden o no lo quieren admitir como una propuesta transaccional, presenten una proposición no de ley en esta dirección; si no, nosotros estaríamos dispuestos a presentarla o a suscribirla con otros grupos parlamentarios. Lo que sugerimos es que esta Comisión de Asuntos Exteriores acordara la celebración, con carácter anual, de un debate en su seno sobre la situación de la democracia, derechos humanos y libertades fundamentales, sobre la base de aquellos informes que elaboran las Naciones Unidas, que elabora Amnistía Internacional, que elaboran otras instituciones u ONG de reconocido prestigio sobre el tema. Y además que en este debate se dedicara una atención muy preferente a aquellos países con los que el Estado español mantiene relaciones políticas o económicas especiales. Es una derivación de lo que se plantea exactamente en esta proposición no de ley que, repito, si el Grupo Socialista quisiera admitirla, nuestro grupo parlamentario estaría encantado de que su propuesta llevara a algún acuerdo constructivo. Es una idea que se nos surge al hilo de la proposición no de ley, que creemos que sería positiva y que aportaría un debate, repito, en el seno de esta Comisión que seguro que tendría sus frutos y, además, podría servir para que tomáramos decisiones e hiciéramos propuestas en relación a la política internacional que realiza el Estado español.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Señor Presidente, la proposición no de ley que hoy plantea el Grupo Socialista, relativa a la democracia, a los derechos humanos y a las libertades, está basada en tres conceptos que van íntimamente unidos y que son principios recogidos en nuestra Constitución. Nosotros entendemos que cualquier acción de Gobierno debe estar presidida por estos ejes fundamentales, y especialmente en lo que se refiere a política exterior española.
El Partido Popular compareció en unas elecciones generales en 1996 con un programa electoral en el que se recogían puntos que dicen: España es una nación democrática, con un sistema político basado en el respeto a las libertades fundamentales de la persona y en el Estado de Derecho. La política exterior española se basará en la defensa de los derechos humanos y tendrá como objetivo básico la consecución de un orden internacional basado en la paz, en la libertad, en la democracia, en el respeto a las normas del Derecho Internacional y en la satisfacción de las necesidades materiales elementales del conjunto de la humanidad.
Siguiendo precisamente este programa electoral, y en su cumplimiento, el Ministro de Asuntos Exteriores compareció en esta Cámara, precisamente en esta Comisión, por primera vez hablando de las líneas maestras de la política de su Departamento, y decía que, en consonancia con sus sólidos fundamentos democráticos, España se encuentra firme e inequívocamente comprometida con la defensa y promoción del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asumimos y reafirmamos solemnemente este compromiso. Por tanto, está claro cuál es la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Partido Popular en materia de defensa de derechos humanos, libertades y democracia.
En definitiva, en su intervención el Ministro dejó bien claro que el primer objetivo general de nuestra política exterior se centra en la defensa de un orden internacional basado en la protección de los derechos humanos, en la democracia y en las libertades. Además, según anunció el Ministro de Asuntos Exteriores, en política de cooperación al desarrollo se promoverá la democracia y el respeto a los derechos humanos en Iberoamérica y en el norte de Africa. Además, estos puntos están recogidos en el informe sobre las líneas generales de la política española de cooperación al desarrollo, aprobado por el Pleno de esta Cámara en noviembre de 1992.
Es muy claro que todos los grupos parlamentarios apoyan la defensa de estos tres principios fundamentales. No creo que nadie lo ponga en duda, pero yo quisiera explicar aquí por qué razón el Grupo Popular no va a aceptar la imposición al Gobierno de un compromiso tan concreto como es éste, ya que consideramos que el Grupo Socialista no pide un informe sobre la acción del Gobierno en estas materias, sino que pide un análisis sobre la situación mundial en materia de derechos humanos. Ya sé que no les gusta a ustedes que se les recuerde que han gobernado durante catorce años en este país... (Varios señores Diputados: ¡Sí nos gusta! ¡Sí nos gusta!), pero es necesario decirlo y recordarlo porque si ustedes son sensatos, yo estoy segura de que tienen que convenir conmigo que si hubiesen visto posibilidades y viabilidad a la realización de estos informes, lo hubiesen hecho. Sin embargo, cuando gobernaron, que defendieron los derechos humanos exactamente igual que lo hace ahora el Gobierno del Partido Popular, no fueron capaces de realizar estos informes. (El señor Yáñez-Barnuevo García: ¡Dejamos alguna cosa para vosotros!) Si consideran que hoy es necesario este informe, también debería haberlo sido durante los catorce años en los que ustedes gobernaron, y no lo han hecho. No lo han hecho porque son conscientes de que es irrealizable.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Para hacerlo...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, escuchen a la señora Castro, que tiene cosas que decir.
Señora Castro, continúe, por favor.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor Presidente.


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Para hacerlo deberíamos dotar a cada una de nuestras embajadas de personal diplomático encargado específicamente de hacer el seguimiento de la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países en los que nuestra misión estuviera acreditada. Además, se debería de dotar al ministerio de una infraestructura de la que carece; asimismo, para el procesamiento de datos recibidos y elaboración del informe, debería contar con una serie de funcionarios cualificados y dedicados única y exclusivamente a ese cometido.
De elaborarse ese informe en España, la insuficiencia de estos medios a los que acabo de hacer mención daría lugar a un texto que, con toda probabilidad, no podría reunir la calidad debida ni las necesarias garantías de rigor. Ello podría conducir a afirmaciones discutibles sobre la situación en países determinados en una cuestión tan delicada como el respeto de los derechos humanos. De hecho, ningún país de la Unión Europea con medios similares e incluso superiores a los nuestros, como pudiera ser Francia o Inglaterra, lo llevan a cabo por las mismas razones que nos impiden hacerlo a nosotros. Independientemente de otras instituciones y organismos que se han mencionado como pueda ser el Consejo de Europa o Amnistía Internacional, sólo el Departamento de Estado de los Estados Unidos elabora un informe como el que se contiene en esta proposición no de ley. Puedo enseñarles, por ejemplo, el de los países del Magreb, que ha realizado el Consejo de Estado de los Estados Unidos. Es un trabajo exhaustivo de 44 páginas que, francamente, me gustaría que conociesen para que vieran de qué temas estamos tratando y la seriedad que tiene este asunto que ustedes plantean.
En esos trece años ustedes no han llevado a cabo este trabajo, y lo que no deben pretender ahora es que, amparándose en la defensa de los derechos humanos, el Partido Popular lleve a cabo algo que es francamente irrealizable, como ustedes bien saben.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, quiero anunciar el voto en contra de mi grupo no sin antes decir también que nosotros apoyaríamos iniciativas puntuales como las que se han planteado en esta Cámara en otras legislaturas, para solicitar un informe al ministerio sobre la situación de los derechos humanos, libertades y democracia en algún país, pues sabemos que estamos capacitados para llevar a cabo este tipo de iniciativas.


El señor PRESIDENTE: El señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, voy a intervenir con rapidez. El señor Recoder ha hecho una propuesta in voce, la tomaremos en consideración para el futuro ya que no se nos dejan otras vías. También ha hecho otra propuesta la señora Castro al objeto de considerar casos puntuales. Ese es un derecho que nos asiste y que de hecho lo estamos ejerciendo a través de las preguntas.
Y termino. A lo largo de los últimos catorce años sí se ha hecho esa labor que nosotros pedimos ahora que se traslade al Parlamento, porque ésa y no otra ha sido la función primordial de la oficina de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque cuando los embajadores remiten sus informes al Ministerio de Asuntos Exteriores informan sobre la evolución de la economía en cada uno de los países donde están destinados, sobre la situación política y sobre los derechos humanos. Y para un Gobierno que alardea de que un eje de su política va a ser tener las puertas de las representaciones diplomáticas abiertas a la oposición, es una oportunidad inmejorable para conocer los casos de violaciones de derechos humanos que en muchas ocasiones son precisamente de inspiración política. Hay medios para hacerlo, por nuestra parte hay voluntad de que se haga de una manera gradual, de que se haga en función del volumen de comercio de nuestro país y que no tenga que ser un primer informe que cubra todos los países, pero parece que no hay voluntad por parte del Grupo Popular y, en este caso tampoco, por parte del Grupo Catalán. Lo lamentamos y mantenemos la proposición.


El señor PRESIDENTE: Es la una y diez de la tarde en este momento. De acuerdo con el anuncio que realicé, vamos a ir procediendo a las votaciones de las proposiciones no de ley en los términos que en su momento describí, con el ruego de que, si las señoras y los señores diputados me prestan atención por un ratito podamos proceder ordenadamente a la realización de esas votaciones.
Previamente tengo que informar de algunas sustituciones que se han producido por parte del Grupo Parlamentario Popular: don José Ramón Calpe sustituye a don Eugenio Enrique Castillo Jaén; don Ramón Moreno sustituye a don Guillermo Gortázar Echeverría; doña María Teresa de Lara sustituye a don Guillermo Martínez Casañ; don Fernando Fernández Trocóniz Marcos sustituye a don Alejandro Muñoz-Alonso y Ledo; don Francisco Camps, a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, y don José Ramón Pascual, a don Alfonso Soriano Benítez de Lugo. Por el Grupo Socialista, doña Isabel Salinas sustituye a don Pedro Moya; don Pedro Jover sustituye a don Lluís María del Puig, y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), doña María Carme Solsona sustituye a don Ignasi Guardans.
El señor Yáñez tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Aparte de las sustituciones anunciadas por el señor Presidente, comunico otras dos más: don Alfredo Pérez de Tudela sustituye a don Miguel Angel Martínez y doña Elvira Cortajarena sustituye a don Felipe González.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Con esas sustituciones vamos a ir procediendo a las votaciones.
En primer lugar, vamos a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya. Como saben ustedes, el Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda por la que donde se dice «la justa reparación», se sustituya por

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«la justa solución», y al mismo tiempo se mencionará que el 23 de agosto de 1996 es la fecha.


El señor PRESIDENTE: El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Entiendo que, al no incluirse dentro de la proposición no de ley la remisión de la causa al Tribunal Internacional de La Haya, habrá que buscar un título de la proposición no de ley que no desmienta su contenido.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Eso lo harán los servicios de la Cámara. De lo que queda constancia es que se somete a votación la enmienda de modificación que ha sido propuesta por el Grupo Popular y aceptada en los términos que acabo de describir por el grupo proponente.
En esos términos, señoras y señores Diputados, votamos la proposición no de ley con la inclusión de dicha enmienda.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre cumbres iberoamericanas.
Existía un texto originario del Grupo Popular que da lugar al debate. A ese texto se ha propuesto --ése es el resultado del debate habido-- la supresión del punto quinto y un añadido en el punto cuarto, de manera que se leyera: Señalar que la Comunidad Iberoamericana de Naciones deberá realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para afirmar la democracia en Iberoamérica y sus procesos de transición pacífica pendientes. Así como un añadido, procedente del Grupo Socialista, en el punto séptimo, en donde se leería: Señalar que la apertura económica y la libertad de comercio, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social sostenido y sostenible... Este sería el texto sometido a votación.
Con esas alteraciones, se somete a votación el texto así descrito.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a la votación de la proposición no de ley sobre reclamación de las indemnizaciones al gobierno francés por los daños y perjuicios producidos en las exportaciones españolas con motivo del bloqueo ocasionado por la huelga de transportistas franceses, así como creación de dos corredores de interés europeo prioritario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de transportistas en Francia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, pasamos a votar la proposición no de ley incluida en el punto décimo del orden del día, relativa a la situación de la democracia, los derechos humanos y las libertades.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señoras y señores Diputados, no es habitual que los presidentes de las Comisiones se pronuncien sobre el sentido de las votaciones y no lo voy a hacer. Lo que sí quería decirles es que, sin pronunciarme sobre el fondo de las cuestiones, a mí me gustaría, y seguramente a toda la Mesa, que en el futuro tuviéramos un poco más de cintura para que, en temas que afectan de una manera bastante clara a intereses generales del Estado, pudiésemos encontrar acuerdos que no revelaran mayorías y minorías o disentimientos. Lo digo simplemente como manifestación genérica, sin referirme a nadie en particular y a todos en general. Yo creo que todos saldríamos ganando.


DICTAMENES SOBRE:

--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente 110/000079.)

--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA AZERBAIYANA, POR OTRA, FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente 110/000080.)

El señor PRESIDENTE: Con ello pasamos al examen y eventual dictamen sobre los acuerdos y convenios internacionales que figuran entre los puntos 11 y 23 del orden del día.
Como les indicaba al principio de la sesión, se me ha solicitado que uno de los puntos, concretamente el número 20, sea incluido al final de la sesión, para lo cual no ha habido inconveniente. Se me solicita al mismo tiempo que, por necesidades de tipo profesional y personal vario, los puntos 22 y 23 sean considerados conjuntamente y al principio de esta parte de la sesión. No creo que haya inconveniente

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al respecto. Por tanto, con el asentimiento de las señoras y señores Diputados, el punto 22, que es acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996; y el punto 23, que es el acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y sus Estados miembros y la República de Azerbaiyán serán considerados conjuntamente. A la Presidencia le parece que es plausible el que así se haga porque los dos acuerdos tienen exactamente el mismo fondo y, además, se refieren a dos países que están en la misma zona del Cáucaso. De manera que vamos a considerarlos conjuntamente.
¿Grupo Parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Milián, por el Grupo Popular, tiene la palabra.


El señor MILIAN MESTRE: Estamos ante dos tratados que obedecen a una misma realidad, a los cambios que se han producido en la antigua Unión Soviética y que vienen a sustituir justamente los acuerdos de la Comunidad Europea firmados el 18 de diciembre de 1989 con aquella gran nación.
En este caso concreto estamos haciendo una sustitución de tratados entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia y Azerbaiyán, por otra. Son dos tratados gemelos que, por unas razones, en un caso y en otro imponen un refrendo por parte de estas Cortes, se entiende que tienen --y sólo me voy a referir a uno porque es equivalente al otro-- el mismo contenido.
La negociación de esos tratados empieza en el año 1995 y culmina con un acuerdo muy complejo, con sus cinco anexos, un protocolo, nueve declaraciones conjuntas, un canje de notas sobre el establecimiento de empresas y una declaración del gobierno francés. En el caso azerbaiyano existe alguna pequeña matización, pero viene a ser exactamente el mismo el contenido. Es un acuerdo con sus cinco anexos, un protocolo, nueve declaraciones conjuntas, un canje de notas sobre establecimiento de empresas y la declaración del gobierno francés.
El acuerdo tiene un carácter mixto y ha sido firmado por la Comunidad y sus Estados miembros el 22 de abril de 1996 en Luxemburgo. Existe una cierta complejidad de procedimiento puesto que corresponde de alguna manera a las tres comunidades englobadas en la Unión Europea. Es decir, los artículos 54, 57, 73, 75, 84, 113 y 235 se relacionan con el artículo 228 del Tratado de la Comunidad Europea, con el artículo 95 del Tratado de la CECA y con el artículo 101, segundo párrafo del Tratado del Euratom. En paralelo, ocurre lo mismo con el caso de Azerbaiyán. Es un acuerdo muy complejo, muy ambicioso, con una serie de condicionamientos --por ejemplo, existe una cláusula de respeto a la democracia, a los derechos humanos y a los principios de la economía de mercado-- que permitiría, en el supuesto de que se produjere, una suspensión unilateral en caso de urgencia. Al propio tiempo, la duración de estos acuerdos es de 10 años y se establece un diálogo político a partir del momento en que produce este acuerdo. Ahora bien, estos 10 años son prorrogables automáticamente en lo sucesivo, año tras año, salvo que por parte de uno de los dos firmantes hubiera una denuncia con seis meses de antelación.
Esta es la estructura arquitectónica de los acuerdos. Sin embargo, contienen un tratamiento de temas enormemente ambicioso que nos llega a considerar su contenido. Como es el mismo, solamente me referiré a uno.
Trata del comercio de bienes; de las condiciones laborales; del establecimiento y funcionamiento de empresas; de la prestación transfronteriza de servicios, de pagos y capital; de la competencia; de la protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial; de la cooperación legislativa, económica, cultural y financiera. Como se verá, son muy ambiciosos y, evidentemente, suponen un marco casi de convivencia de los intereses de una y otra parte.
Para que tengamos una idea más clara, diremos que consta de 105 artículos, distribuidos en 11 títulos, relativos al diálogo político, al comercio de mercaderías, a todo lo que acabo de decir hasta este momento y, por supuesto, a ricos anexos y protocolos que suponen una serie de matices y de cuestiones de interés para la Comunidad Europea y para esas Comunidades de Estados Independientes a las que este tratado afecta directamente.
Especificaré que, siguiendo la doctrina plasmada en otros dictámenes anteriores sobre casos particulares como éste, afectan a temas relativos a Kazajstán, a Kirguizistán, a Letonia, a Estonia, Lituania y Moldavia.
Este acuerdo contiene, efectivamente, disposiciones que atienden a materias, como lo hemos explicado antes, que en el Derecho español están reguladas por ley. Esta es la razón por la cual el Parlamento español tiene que incidir directamente, a pesar de que el refrendo del tratado general se corresponde con otros parlamentos de la Unión y, además, específicamente al Parlamento Europeo.
Estamos, pues, ante un instrumento de gran valor, de gran importancia en el establecimiento de relaciones bilaterales dentro de lo que es ya la Unión Europea y los países ex Unión Soviética que conforman la Comunidad de Estados Independientes.
Finalmente, este tratado se hace por procedimiento de urgencia y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1997 o en la fecha posterior más próxima posible. Obviamente, estamos en el segundo supuesto y no en el primero.
Nuestro grupo está en condiciones de afirmar que nos encontramos ante un instrumento de gran valor diplomático que suma enormes intereses del mundo económico, del mundo político y del mundo cultural, puesto que se establecen zona de diálogo permanente en cuestiones políticas, incluso diría humanitarias, pero especialmente en aquellas que tutelan un sistema de valores que afecta al sistema democrático de forma muy natural, un sistema de valores que configura lo que es la economía libre de mercado.
Consecuentemente, son dos instrumentos de gran importancia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


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El señor SOLE TURA: Estoy de acuerdo con el amigo Milián en que estos dos acuerdos obedecen a una misma lógica, pero no son iguales exactamente.
Tampoco lo son los que se han firmado sobre otras zonas de lo que fue la antigua Unión Soviética, y eso por varias razones. Primero, porque tanto Azerbaiyán como Georgia se integran en un ámbito muy específico, que es el caucásico, que se completa con Armenia, es un ámbito muy complejo en el que hay situaciones todavía de gran violencia y conflictos territoriales muy difíciles de resolver. En Azerbaiyán sigue vivo el conflicto del Alto Karabaj, que es una gran disputa entre Armenia y Azerbaiyán, y en Georgia siguen vivas las situaciones creadas por movimientos de tipo secesionista, como el de Abjazia, o situaciones complejas como la de Osetia del Sur. Por consiguiente, es una situación complicada. Además, la diferencia es que ambos países al ser miembros de esa zona caucásica tienen, por así decirlo, un destino distinto al de otros países de la antigua Unión Soviética. Piénsese, por ejemplo, que los tres países caucásicos en este momento son invitados especiales de la Asamblea del Consejo de Europa, lo que quiere decir que, desde el punto de vista del Consejo, se les considera a todos miembros de Europa, del ámbito europeo estricto, cosa que no ocurre con otros.
Incluso se observa alguna diferencia interesante entre Georgia y Azerbaiyán porque en el acuerdo con Georgia no figura para nada la referencia al Consejo de Europa porque en aquel momento Georgia ya estaba en situación de invitado especial. Pero en el caso de Azerbaiyán, cuando estos acuerdos se firmaron en Luxemburgo, todavía no era ni siquiera invitado especial y, por consiguiente, hay una cláusula en la que se insiste, acerca de que es importante que avance el proyecto de integración en los organismos europeos, y entre ellos se cita explícitamente al Consejo de Europa.
Por consiguiente, son situaciones, insisto muy interesantes y nuevas.
Figuran también algunas diferencias que yo quisiera señalar. Por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán una de las declaraciones a la que se ha referido el señor Milián dice explícitamente que todas las partes consideran que este acuerdo con Azerbaiyán no implica ningún juicio sobre por qué países deben transitar los productos energéticos. Es un tema clave para Azerbaiyán; también lo es para Georgia, pero menos, porque las fuentes están en Azerbaiyán. Por consiguiente, es un tema que queda abierto, que se decidirá por otros canales, entre ellos también seguramente la Comunidad Europea. No hace mucho que se firmó precisamente en Azerbaiyán un gran acuerdo petrolífero, de explotación del petróleo, del gas, de los nuevos yacimientos con las grandes compañías internacionales. Tampoco es ajeno el hecho de que los posibles trayectos de los oleoductos y de los gasoductos transiten por zonas que son terriblemente conflictivas todavía. Esta cláusula no figura todavía en el acuerdo con Georgia, porque la situación, insisto, es distinta y porque su potencial energético es más bien de receptor que de creador.
Dicho esto, efectivamente, los acuerdos son parecidos; son comerciales, de cooperación, de colaboración, que son la primera fase de una nueva relación para ellos muy importante y para la Unión Europea también. Pero, insisto, es una primera fase. No sé exactamente cuál será el desarrollo siguiente, pero es evidente que entramos en una fase muy interesante en la que no sólo se ventilan acuerdos comerciales sino también colaboración en terrenos fundamentales como es el del diálogo político, por consiguiente, el respeto a los derechos humanos, la cooperación cultural.
Sobre todo, se insiste mucho en la cooperación regional en Transcaucasia, que es un aspecto clave para el futuro de estos países.
Es evidente que se trata de un paso adelante en un proceso muy interesante que nuestro país debe apoyar sin ninguna clase de dudas. Por consiguiente, votaremos a favor de su convalidación.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esos dos importantes acuerdos de colaboración --coincido plenamente con la evaluación de los dos señores Diputados-- con Georgia y con Azerbaiyán por parte de las Comunidades y sus Estados miembros.
En primer lugar, sometemos a votación el acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y Georgia.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, sometemos a votación el acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y la República de Azerbaiyán.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME Y ACTA FINAL, FIRMADOS EN MAURICIO EL 4-11-95. (Número de expediente 110/000068.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto 11 del orden del día, de acuerdo por el que se modifica el cuarto convenio ACP-CE de Lomé y acta final, firmados en Mauricio el 4 de noviembre de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean utilizar la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES GALLEGO: Expresar que estamos ante un convenio muy importante no es una afirmación retórica. Una de las piedras angulares de las relaciones exteriores de la antigua Comunidad Económica Europea ha estado constituida por los convenios de Lomé. Estos convenios, además, han sido el marco para la cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados de Africa, Caribe y el Pacífico.


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Como consecuencia de cambios que ha habido en la política mundial, como consecuencia también del empeoramiento de la situación económica de estos países ACP y como consecuencia, en última instancia, del Tratado de la Unión Europea, se llegó a la conclusión de que había que revisar estos acuerdos de Lomé.
Para no abundar en un acuerdo muy extenso, resumiré en tres puntos fundamentales las modificaciones más importantes que trae consigo esta reforma de los acuerdos de Lomé. En primer lugar, se incorpora una cláusula que permite la suspensión de la cooperación con aquellos Estados que violen los derechos humanos o que tengan significativos déficit democráticos; en segundo lugar, mejora las condiciones de acceso de los países ACP al mercado comunitario; y, por último, permite flexibilizar los mecanismos de programación de la ayuda para evitar que se bloqueen a veces, como venía sucediendo, recursos de forma considerable.
Por estas razones, digo, vamos a apoyar la reforma de este convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Izquierdo tiene la palabra.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Se ha resumido muy bien y se ha señalado la importancia de esta modificación del Cuarto Convenio ACP-Comunidad Europea firmado en Lomé, y yo quería llamar la atención de SS. SS.
precisamente sobre uno de los aspectos importantes de la modificación del cuarto Convenio de Lomé. La defensa de los derechos humanos en el mundo es uno de los grandes éxitos en el intento de unificar la proyección exterior de la Comunidad Europea. Precisamente el nacimiento de la cláusula democrática se inserta en la búsqueda de dar cierta congruencia a la acción exterior, más allá de las simples palabras.
Con independencia de la formulación jurídica de las diferentes modalidades de cláusulas democráticas y su aplicación a través de los acuerdos y tratados realizados en el tiempo, encuentro que la crítica a su eficacia se ha producido en la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia estriba más en la no aplicación coherente de su condicionalidad negativa que en la bondad o no de su existencia, y no me refiero solamente a las condicionalidades positivas de la cláusula (más ayuda y cooperación, cuantos más esfuerzos se hagan en la promoción de los derechos humanos), sino precisamente a las negativas, es decir, menos cooperación o suspensión si se violan los derechos humanos. Parece claro que también en estos aspectos la cláusula democrática ha de existir, pero deben crearse en el futuro los mecanismos correctores necesarios para su aplicación coherente en el marco de una política de cooperación al desarrollo vinculada en sus objetivos y prioridades a la política exterior y de seguridad común.
En mi opinión, éste debe ser el sentido de la cláusula democrática: diálogo, negociación, prevención y coherencia en la aplicación de los mecanismos de sanción son aspectos esenciales. También la claridad en las convicciones; profundizar en las libertades individuales y sociales, en la protección de los derechos humanos, y la democracia no puede tener efectos contrarios. La libertad nunca será una imposición para quien no la tiene, el miedo a la libertad suele formularse desde planteamientos totalitarios y dirigistas, estén o no disfrazados de un paternalismo que siempre oculta insolidaridad.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé y Acta Final.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (NUMERO 176 DE LA OIT), ADOPTADO EN GINEBRA EL 22 DE JUNIO DE 1995. (Número de expediente 110/000069.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 12 del orden del día: convenio sobre seguridad y salud en las minas (número 176 de la OIT), adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) La señora Castro, por el Grupo Popular, tiene la palabra.


La señora CASTRO MASAVEU: Las disposiciones del presente convenio, firmado en Ginebra el 22 de junio de 1995, llevan implícita una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, que debe quedar recogida en la legislación nacional, de la misma forma que se debe designar la autoridad competente encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas. Se recogen también en el texto del convenio las responsabilidades de los empleadores y los derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes.
Señorías, la conveniencia de ratificación de un convenio que refuerce la seguridad en nuestras minas es evidente e imprescindible, pero yo iría más allá e invitaría a SS. SS. a que todos los días diésemos un paso más en este camino, quizá por una sensibilización personal con este tema, ya que represento a una de las comunidades autónomas mineras, Asturias, donde en tantas y tantas desgraciadas ocasiones vemos cómo la mina se cobra la vida de uno de nuestros mineros. Por tanto, mi grupo va a dar el voto favorable a este convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Coincido con la señora Castro en el sentido de que todo lo que se haga en este terreno es poco, aunque se tenga una legislación adecuada, como creo que es la legislación española. En cualquier

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caso la ratificación del convenio de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo es un paso más, es un dato positivo, donde se recogen, como muy bien ha dicho, las responsabilidades de los empleadores y los derechos de los trabajadores. Me parece que conviene destacar en este expediente que hay un dictamen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y una consulta a la CEOE y a los sindicatos. La contestación, el dictamen del Ministerio de Trabajo plantea que no existe ningún tipo de confrontación con la legislación española, por tanto es perfectamente asumible por nuestra legislación.
Por último, en cuanto a la conveniencia de su ratificación, viene avalada, si cabe, por los informes de las organizaciones sindicales, que han respondido a la consulta y contestan en sentido positivo. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista está a favor de la ratificación de dicho convenio.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del convenio sobre seguridad y salud en las minas, número 176 de la OIT.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE CARTAS DEL 23 DE JULIO DE 1996 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996 CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNESCO RELATIVO AL SEMINARIO INTERNACIONAL «FORO UNESCO/UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO», VALENCIA, 2 A 10 DE OCTUBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000070.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: canje de cartas del 23 de julio de 1996 y del 27 de septiembre de 1996, constitutivo de acuerdo entre España y la UNESCO relativo al Seminario Internacional «Foro Unesco/Universidad y Patrimonio», que se celebró en Valencia del 2 al 10 de octubre de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) La señora Balletbó, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


La señora BALLETBO I PUIG: Efectivamente, se trata de un seminario que se organizó, en el mes de octubre de 1996, entre la citada Universidad Politécnica de Valencia y la Unesco. En realidad sucedió en ese momento que se produjo un canje de notas, ya que no había tiempo físico para que se pudieran cumplir los trámites parlamentarios que requiere la aprobación y convalidación por parte de las Cortes Generales, según el artículo 94.1 de la Constitución. En ese sentido, se hizo pura y simplemente ese intercambio de cartas y posponerlo a cuando se pudiera aprobar definitivamente por las Cortes y autorizarlo. (El señor Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.) De todas formas, como eso tenía un calendario, se celebró, y lo único que estamos haciendo en estos momentos es precisamente convalidar un hecho que quedó aplazado, con una salvedad que se hizo, y es que el coloquio pudiera celebrarse, y a tal fin se hicieron las negociaciones que concluyeron enviando al Director General de la Unesco el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 23 de julio pasado, una carta en la que se detallaban las características. La asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores opinó que el contenido del acuerdo requería la aprobación de las Cortes, y esto es, señor Presidente, lo que en estos momentos estamos haciendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Amador tiene la palabra.


La señora AMADOR GUILLEN: Poco que añadir a lo que ha dicho la señora Balletbó, salvo llamar la atención sobre el objetivo del seminario realizado, por cierto con éxito, entre los días 2 al 6 de octubre en la ciudad de Valencia.
Se trataba de poner en marcha una red internacional constituida por estudiantes y personal docente que pondría en contacto a las universidades que dispongan de las disciplinas relacionadas con el patrimonio, la arqueología, arquitectura, urbanismo, bellas artes e informática, a fin de intercambiar sus conocimientos en materia de protección del patrimonio. Por tanto, este objetivo fue cumplido y, como he dicho anteriormente, con éxito.
Igualmente, llamo la atención de que todos los informes, tanto los que fueron consultados a los Ministerios de Educación y Cultura y Economía y Hacienda, igualmente a la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Ordenes, y asimismo el dictamen del Consejo de Estado, han sido favorables. Por tanto, el Partido Popular votará favorablemente este canje de cartas.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación el canje de cartas constitutivo del acuerdo entre España y la Unesco.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE RUSIA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, FIRMADO AD REFERENDUM EN MOSCU EL 25 DE MARZO DE 1996 (Número de expediente 110/000071).


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia penal, firmado ad referendum, en Moscú, el 25 de marzo de 1996.


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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Este convenio es de gran interés, porque viene a aplicarse casi como traje a la medida de circunstancias nuevas que aparecen en el panorama de las relaciones entre nuestros países. Es evidente que se ha estrenado una nueva situación con el cambio de la Unión Soviética a la Federación Rusa, también es evidente que esta nueva situación ha dejado una enorme libertad, yo diría que emanaciones de recursos humanos, y bien sea por la vía del turismo o de los negocios, la relación comercial habitual, o incluso la migración producen nuevas problemáticas que tienen que ser resueltas de forma fehaciente.
Justamente, en España somos muy conscientes en este momento de lo que ocurren en algunas zonas costeras, precisamente en el sur, sobre mafias, delitos y tráficos ilegales, que han conducido a la necesidad de poner en marcha una nueva especial agrupación policial ad hoc para revisar, supervisar, vigilar o punir en cualquier caso las acciones ilegales que se producen en ese entorno. No es menos cierto que, también a la inversa, en Rusia han aparecido problemas derivados de las relaciones comerciales, con delitos consiguientes afectos a personas al servicio de empresarios españoles o bien de los propios españoles que se han visto afectados por cuestiones claramente delictivas y fuera de toda norma en el trato comercial.
Esta realidad ha conllevado, pues, a que nos encontremos ante un convenio entre España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia penal que tiene una significada importancia; yo creo que tiene una gran importancia por todo lo que estoy diciendo y otras cosas que se puedan producir. Precisamente, del 15 al 17 de febrero de 1995 tuvo lugar en Madrid la negociación de este convenio, que fue autentificado después por un canje de notas verbales entre España y Rusia. La importancia de este texto por la parte rusa radicaba en ser el primero en su género que iba a firmase con un Estado miembro de la Unión Europea, dada la desaparición de la URSS; por parte española un interés dado por este incremento en el volumen e importancia de los tráficos, tanto legales como ilegales, entre los dos países, tráficos comerciales, tráficos turísticos y económicos, etcétera, así como el importante crecimiento de las redes de delincuencia internacional que nacionales rusos están imponiendo en la costa mediterránea especialmente.
Para la elaboración de este texto España utilizó otras referencias anteriores, cual es el convenio bilateral hispano-tunecino de asistencia judicial en materia penal, que por cierto está aún pendiente de firma, el hispano-egipcio en la misma materia, que también está a su vez pendiente de firma y, sobre todo, el convenio europeo, el número 30 de 1959, de asistencia judicial en materia penal, que se realizó en el seno del Consejo de Europa.
La negociación, como es obvio, por razones que a nadie se le escapan, fue sumamente difícil, ya que la Federación Rusa dista todavía en forma notable de tener un ordenamiento político y jurídico homologable al sistema occidental. Ello planteó no pocos problemas técnicos, como se refleja en el hecho de que la autoridad central rusa sea doble, la Fiscalía General, por una parte, y el Ministerio de Justicia, por otra, lo que supone una especificidad sumamente peculiar.
El convenio consta de 19 artículos e incluye áreas más comunes a este tipo de instrumentos en materias de esencia judicial, cuales son, por ejemplo, devolución de objetos materiales y documentos, entrega de documentación procesal, utilización de resoluciones en material penal, citación de testigos y peritos, traslado temporal de personas detenidas para prestación del testimonio o careo e intercambio de información sobre condenas y antecedentes penales. Este convenio fue firmado en Moscú por parte del Ministro ruso de Justicia y el Embajador de España, el pasado 25 de marzo, con carácter ad referendum, y entrará en vigor, según se establece en su artículo 18, treinta días después del canje de instrumentos de ratificación.
Por tanto, estamos ante un documento muy serio, muy importante y de inmediata aplicación, puesto que los hechos han precedido a las normas y, en este caso, están ya en los tribunales muchos de ellos.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Múgica.


El señor MUGICA HERZOG: Simplemente quiero decir que, tras el exhaustivo informe del señor Milián y la importancia, tantas veces subrayada, de este Convenio, el Grupo Socialista, está de acuerdo con todo lo que ha dicho.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación el Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia penal, ad referendum, en Moscú, el 25 de marzo de 1996.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA E INDUSTRIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE UCRANIA, FIRMADO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000072.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Acuerdo sobre cooperación económica e industrial entre el Reino de España y la República de Ucrania, firmado en Madrid el 7 de octubre de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Boix.


El señor BOIX PASTOR: Este acuerdo tiene por objeto fomentar el desarrollo de las relaciones económicas e industriales entre los dos países, incrementando y diversificando dichas relaciones económicas. Tras la desaparición de la

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URSS se plantea la necesidad de establecer un acuerdo de cooperación económica e industrial con Ucrania que sustituye el acuerdo entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el desarrollo de la cooperación económica e industrial, firmado el 24 de febrero de 1984. El acuerdo que nos ocupa consta de 10 artículos y, además de su objetivo ya expuesto, cabe resaltar la cooperación entre los individuos, compañías y organizaciones, así como el especial interés que este acuerdo presta a los problemas específicos de las pequeñas y medianas empresas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario socialista votará favorablemente este dictamen.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Tiene la palabra el señor Milián, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor MILLAN MESTRE: Estamos ante un acuerdo también de significación relevante, porque establece las normas en el tratamiento de los intereses entre una y otra economía. Obviamente, estamos abriendo mercados nuevos y Ucrania no deja de ser uno de los más importantes del continente europeo.
En este sentido, hay que recordar que el acuerdo se produjo de forma reiterada, porque existieron, si yo no recuerdo mal, dos negociaciones: una anterior, que incluso aprobó el Consejo de Ministros el 20 de octubre de 1990, autorizando la firma del acuerdo y su remisión a las Cortes, y otra posterior, derivada precisamente de la situación interna de aquel país, que hizo retroceder o demorar la aceptación de este acuerdo por parte de Ucrania, y que nos remitió a una nueva situación que por causa del artículo 155 del Reglamento del Congreso ha llevado a una nueva aprobación por parte del Consejo de Ministros y a una nueva revisión por parte de esta Cámara y su consiguiente aprobación.
Se trata de un acuerdo sobre cooperación económica e industrial entre España y Ucrania en el marco de unas buenas relaciones que mantiene nuestro Gobierno con el conjunto de gobiernos de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que viene a sustituir, de hecho, el instrumento que funcionó largos años, a partir de 1984 concretamente, con aquellas repúblicas integradas en la URSS. Consecuentemente, estamos ante la reorganización de los mercados y sus relaciones tras la desintegración de la antigua Unión Soviética, y en este caso afecta de forma muy directa a un Gobierno y a un Estado, como Ucrania, de altísimo interés, especialmente en ciertas materias energéticas y, sobre todo, agrícolas.
Los objetivos los ha dicho ya mi colega socialista, no voy a insistir en ellos, y la verdad es que creemos que estamos en el mejor de los caminos, buscando justamente esta nueva sustitución de instrumentos diplomáticos que van a corregir lo que fue la primera aportación de este tipo de tratados, en 1984, y lo que sucedió después de 1991.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación del Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre el Reino de España y la República de Ucrania.
Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PRESOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, FIRMADO EN BRASILIA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000073.)

El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Tratado sobre traslado de presos desde el Reino de España a la República Federativa del Brasil, firmado en Brasilia el 7 de noviembre de 1996.
Tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Estamos ante un tratado sobre el traslado de presos entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, que se inscribe en el marco de la política española de los últimos años de crear una red de convenios bilaterales en esta materia con todos aquellos países de Iberoamérica y del mundo árabe y especialmente con los que España mantiene un mayor volumen de relaciones.
Existen ya en vigor tratados sobre esta materia con Perú, Méjico, Argentina, Venezuela y otros países sudamericanos, así como con Egipto y Tailandia, todos ellos inspirados en el Convenio Europeo número 12, sobre traslado de personas condenadas, del que son miembros todos los Estados de la Unión Europea, Canadá y otros varios países europeos. Se trata de una materia que en la actualidad afectaría a 46 españoles que se encuentran detenidos en cárceles de Brasil, así como a 71 brasileños detenidos en cárceles españolas.
Es un tratado que consta de 10 artículos, que recogen las habituales disposiciones, como son las condiciones de aplicación, las autoridades centrales, el procedimiento, la vigencia y aplicación del principio non bis in idem, así como las disposiciones finales de rigor. (El señor Vicepresidente, Milián Mestre, ocupa la Presidencia.) Está prevista la entrada en vigor a los treinta días del canje de instrumentos de ratificación que, según el propio convenio, deberá efectuarse en Madrid.
El Consejo de Ministros autorizó el 27 de agosto de 1993 la firme remisión a esta Cámara de una versión anterior a este tratado, que no llegó a firmarse por modificaciones que propuso la parte brasileña. Una vez superadas estas discrepancias, el texto que ahora se somete a consideración de la Cámara recoge dichas modificaciones, una vez negociadas y aceptadas por ambas partes.
Entendemos que es un tratado beneficioso para España, y en este sentido el Grupo Popular votará favorablemente al mismo.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene la palabra la señor Fernández.


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La señora FERNANDEZ RAMIRO: Poquísimo que añadir a lo ya expuesto por el portavoz del Partido Popular, aunque sí muy brevemente destacar que el fin principal de este tratado es el cumplimiento de la pena en el país de origen, lo que pone de manifiesto la importancia de la reinserción social de los presos, por cuanto entendemos que al poder cumplir la pena en sus propios países, de los que son naturales, más próximos a sus condiciones familiares ambientales y a su entorno cultural y social, permite, desde nuestro punto de vista, que su reinserción social sea más favorable.
Por todo ello, mi grupo votará favorablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO DEL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME COMO CONSECUENCIA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNION EUROPEA, FIRMADO EN MAURICIO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000074.)

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): El punto número 17 del orden del día es: Protocolo del cuarto convenio ACP-CE, de Lomé, como consecuencia de la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995.
El señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Este acuerdo supone la incorporación de tres países que pasaron a formar parte de la Unión Europa a uno de los instrumentos tradicionales de cooperación de la Unión Europa, en este caso con los países de Africa, Caribe y el Pacífico, que forman la convención de Lomé.
No me extenderé más porque al comienzo de esta parte de la sesión ha habido una prolija exposición de los cambios trascendentales que se han introducido en la llamada Convención de Lomé, que naturalmente pasa a ser también patrimonio de la acción exterior colectiva de la Unión Europea, de la que ahora forman parte Austria, Finlandia y Suecia.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la ratificación.


El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A la vista de que no existe portavoz en este caso del Grupo Popular, vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.


--ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL XVI CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP), HECHO EN MEXICO D. F.
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000075.)

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Punto 18 del orden del día: Actas, resoluciones y recomendaciones del XVI Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), hecho en México D. F. el 15 de septiembre de 1995.
¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cáceres, del Grupo Popular.


El señor CACERES BLANCO: El Consejo de Ministros del 5 de diciembre de 1996 autorizó la firma ad referendum y dispuso la remisión a las Cortes de las actas, resoluciones y recomendaciones del XVI Congreso de la UPAEP, reunida en México el 15 de septiembre de 1995. (El señor Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.) Este Congreso aprobó 18 resoluciones y una recomendación que modificaron el reglamento general con vistas a la creación del servicio postal universal. También aprobó, entre otras, la resolución 5.ª coordinada de la UPAEP en tres niveles: acción gubernamental, acción de instituciones financieras y nominatim del Banco Interamericano de Desarrollo y, en tercer lugar, de expertos nacionales.
La necesidad de la autorización por las Cortes Generales es evidente cuando vemos que la Resolución 10.ª regula en su apartado segundo los recursos que la Unión Postal destinará a la cooperación técnica y que serán financiados por las aportaciones de las partes.
Por otra parte, la Resolución 15 aprueba la proposición de presupuestos de la Unión Postal para 1997, 1998, 1999 y 2000, lo que supondrá, evidentemente, obligaciones financieras para la Hacienda Pública española.
Por todo ello, y por la importancia de estas actas, resoluciones y recomendaciones, firmadas ad referendum por el Gobierno, nuestro grupo va a votar afirmativamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Brevemente, señor Presidente. Pocas cosas a añadir a la intervención del anterior Diputado. Sólo indicar que éste es un intento de la OPAEP (la Unión Postal de las Américas, España y Portugal), que es una unión restringida de la Unión Postal Universal (UPU). Se trataba en ese Congreso de hacer un esfuerzo de actualización de los funcionamientos, como muy bien ha indicado, a la agilidad y adaptación a esa globalización de servicios que en esos momentos son los grandes retos en que todos, de una forma u otra, estamos inmersos.


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Como muy bien ha señalado el anterior Diputado, en ese Congreso se aprobaron 18 resoluciones y una recomendación. No fueron aceptadas todas las propuestas para reformar la constitución de la UPAEP, pero sí se modificaron algunos aspectos del reglamento general en la línea de lo que antes yo he indicado, y de acuerdo con lo que anteriormente ha sido expuesto.
Por tanto, como es preceptivo, y todos los Diputados saben, estas resoluciones y estos acuerdos tienen que pasar el trámite del Congreso de los Diputados, en el que nos encontramos y para el que pedimos el voto favorable.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos, por tanto, a votación de estas Actas, Resoluciones y Recomendaciones del Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Quedan aprobadas por unanimidad.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y HUNGRIA PARA LA ENTRADA DE NACIONALES ESPAÑOLES EN HUNGRIA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, REALIZADO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000076.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Hungría para la entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de identidad, realizado en Madrid el 28 de noviembre de 1996.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: El Canje de notas entre España y Hungría para la entrada de nacionales españoles en Hungría con documento nacional de identidad, fue realizado en Madrid el 28 de noviembre del año 1996. Esta iniciativa del Canje de notas supone la supresión en la exigencia del pasaporte a nacionales españoles para entrar en territorio de Hungría, y surgió del Primer Ministro húngaro durante la visita del Presidente del Gobierno español a ese país en el año 1995. Se trata de un texto similar al que Hungría ha acordado con Alemania, Francia, Benelux y Austria.
La parte española, a cambio de las facilidades otorgadas a sus nacionales, se compromete a conceder un régimen similar a los nacionales húngaros, en cuanto la parte húngara haya cumplido los requisitos técnicos y jurídicos necesarios, y ello fuera compatible con los convenios internacionales de circulación sin control en fronteras, suscrito por España.
Este instrumento se inscribe dentro del deseo español de ir acercando posiciones y armonizando disposiciones legales en materia de circulación con los países del Este europeo, que están realizando un esfuerzo importante de aproximación a los espacios Schengen y de la Unión Europea.
Dado que este Canje de notas tiene la intención de fomentar y facilitar los viajes entre ambos Estados, el Grupo Popular votará afirmativamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pido excusas al señor Boix porque esta Presidencia ha alterado el orden de prelación en la alternancia que debería haberse producido. Si el Grupo Popular no tiene inconveniente, en las dos intervenciones siguientes corresponderá al Grupo Socialista intervenir en primer lugar.
Tiene la palabra el señor Boix.


El señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, después de la intervención de la Diputada del Grupo Popular, quiero resaltar que este canje de notas tiene por objeto la supresión de la exigencia de pasaporte a nacionales españoles para entrar en el territorio de Hungría, como bien he manifestado. Por otra parte, se compromete a conceder una situación similar a los nacionales húngaros, siempre que la parte húngara cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos necesarios.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista votará favorablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Sometemos a votación este canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Hungría.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, ACTUANDO EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA, POR UNA PARTE, Y LA RE-PUBLICA DE ESLOVENIA, POR OTRA, FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 19 DE JUNIO DE 1996. (Número de expediente 110/000078.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): De acuerdo con lo anunciado en su momento por el Presidente, pasamos al punto 21, acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, firmado en Luxemburgo el 19 de junio de 1996.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Este acuerdo, que es de hecho un acuerdo de transición hacia futuras integraciones en la

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Unión Europea, sustituye al primer acuerdo que se celebró entre la Unión Europea y la República de Eslovenia en el año 1993.
La República de Eslovenia, dentro de lo que fue la tragedia inmensa de la antigua Yugoslavia, es seguramente la república que tenía dentro de Yugoslavia un nivel de vida más alto y una composición social más homogénea, y sigue siendo hoy una de las antiguas repúblicas de Yugoslavia más prospera. De hecho, este acuerdo sustituye al antiguo acuerdo de cooperación y colaboración y se convierte en un acuerdo de asociación, que se firmó en 1995. Si se ha retrasado hasta nuestros días no es por culpa de nadie ni tampoco por culpa del Gobierno socialista español (Risas.), sino debido al contencioso existente entre Eslovenia e Italia, sobre todo en sus disputas no sólo sobre temas inmobiliarios, sino también por otros, en territorios que habían pertenecido anteriormente a Italia, normalmente por expoliación, como ocurrió en el caso de Istria y en otras zonas del occidente de Eslovenia.
Este acuerdo da por hecho que Eslovenia no está en transición hacia un Estado de Derecho, sino que ya lo es y su objetivo es fortalecer este sistema democrático y crear un nuevo orden económico basado en la economía de mercado. Su objetivo principal es establecer una zona de libre comercio que será una primera fase, completada por una transición en el curso de un año, y que tiende a la plena integración de Eslovenia en la comunidad de las naciones democráticas y se entiende también como un progresivo acercamiento a la Unión Europea.
Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que es un convenio pertinente y que es necesario votar afirmativamente para hacer frente precisamente a ese retraso acumulado por las razones anteriormente indicadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, estoy de acuerdo con el señor Solé Tura. El Partido Socialista Obrero Español no fue responsable de la Segunda Guerra Mundial. No sé si Felipe González estaba o no en el desembarco de Normandía, como alguna vez se insinuó (Risas.), pero este retraso, que es heredero de alguno de los restos de los conflictos que se abrieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente ya ha terminado y la Unión Europea ha podido firmar, con el consenso de todos los países miembros, un acuerdo por el que se crea una asociación con la República de Eslovenia.
Es un hecho positivo por lo que significa de contribución a la consolidación y al desarrollo de la República eslovena, que está no solamente en una situación especialmente importante en el Mediterráneo, sino que siempre manifestó su deseo de establecer vínculos sólidos, vínculos consolidados capaces de permitirle acercarse todavía más hacia su deseo de formar parte de la comunidad libre de naciones que constituye hoy la Unión Europea.
Por ello, clausurado ese retraso, cerrado ese período en el que no pudo firmarse ni acordarse tratado alguno con la Unión Europea, es bueno que haya llegado a esta Cámara, es bueno que se vote por unanimidad y que así ratifiquemos el proceso de acercamiento entre Eslovenia y la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Existen todavía profundas dudas sobre quién mató a Kennedy. (Risas.) Vamos a someter a votación dicho acuerdo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por unanimidad.


--DOCUMENTO ACORDADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE EN EL TRATADO SOBRE FUERZAS ARMADAS CONVENCIONALES EN EUROPA, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1990, ADOPTADO EN VIENA DURANTE LA PRIMERA CONFERENCIA DE REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHO TRATADO Y DEL ACTA DE CONCLUSION DE LA NEGOCIACION SOBRE EFECTIVOS DE PERSONAL, CELEBRADA EN VIENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 1996. (Número de expediente 110/000077.)

El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos al punto 20, último del orden del día, documento acordado entre los Estados parte en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19 de noviembre de 1990, adoptado en Viena durante la primera conferencia de revisión del funcionamiento de dicho Tratado y del Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos de personal, celebrada en Viena del 15 al 31 de mayo de 1995.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Este documento es también una consecuencia de los avatares ocurridos en los últimos años en la antigua Europa dividida en bloques.
Fue un primer acuerdo, después de la caída del muro de Berlín, sobre Fuerzas Armadas Convencionales en lo que quedaba de los antiguos bloques, pero posteriormente sufrió una transformación decisiva cuando una de las partes integrantes fundamentales, que era la Unión Soviética, se desintegró como tal, dejó de ser la Unión Soviética, se convirtió en la Federación Rusa y una buena parte de aquellas zonas que integraban a la vieja Unión Soviética se convirtieron en Estados independientes. A partir de aquí se creó una situación en la que el acuerdo inicial de París no se podría aplicar con claridad y llevaba a situaciones absurdas, como, por ejemplo, la que le ocurrió a Ucrania que, en función de los términos iniciales, se veía obligada a concentrar las tres cuartas partes de sus fuerzas en una cuarta parte del territorio. Por consiguiente, era necesaria una revisión

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del tratado en función de lo que había ocurrido, y eso es lo que hoy tenemos ante nosotros: la revisión que procede a una redistribución de las fuerzas dentro del concepto de Fuerzas Armadas Convencionales y dentro del concepto de acuerdo general. En esa revisión se integran además zonas que figuraban como parte de la Unión Soviética y que ahora son independientes o incluso otras. Por ejemplo, se integra la República de Kazajia, la República de Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán e incluso concierne a los dos países que formaban anteriormente Checoslovaquia.
Por consiguiente, es absolutamente indispensable que esa revisión culmine su proceso, y en ese sentido nosotros vamos a aprobar el documento que estamos ahora discutiendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Sin duda este tratado es importante por las razones expuestas por el portavoz del Grupo Socialista.
Nosotros consideramos que el Parlamento español debe aprobar por la unanimidad demostrada a lo largo del día este tratado, y por ello, sin extenderme más y dando por buenas las razones expuestas por el señor Solé Tura, cuya experiencia y capacidad política en estos temas es reconocida por todos, el Grupo Popular votará naturalmente afirmativamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar y habiendo excedido solamente en unos trece minutos la hora que se había previsto terminar esta Comisión, se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.


RECTIFICACION.--En el «Diario de Sesiones» número 115, correspondiente a la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores del 4 de diciembre de 1996, relativa a la comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores, en la página 3119, segunda columna, línea 23, se dice «y con el 88 por ciento de las 18.000 personas gibraltareñas...», cuando debería decirse «y con el 52 por ciento de los 18.000 residentes gibraltareños con derecho a voto...». Asimismo, en la página 3120, penúltima línea de la primera columna, se alude a la Declaración de Bruselas de noviembre de 1987, cuando en realidad es de noviembre de 1984. Finalmente, en la página 3122, línea 36 de la segunda columna, debe sustituirse «... tal y como ha dicho el Tribunal de Justicia...» por «... tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia...».

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