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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 166, de 11/03/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 166

INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS I FERRET

Sesión núm. 13

celebrada el martes, 11 de marzo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Relativa a medidas para posibilitar la competitividad de los astilleros gallegos públicos Astano (Fene) y Barreras (Vigo). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000017) (Página 45721 )

--Sobre el trazado del gasoducto Vilalba-Tui, a su paso por la provincia de Pontevedra. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000242) (Página 4576)

--Por la que se insta al Gobierno a dirigirse a la Empresa Nacional de Gas (ENAGAS) para que sea aceptada la propuesta alternativa presentada por el Ayuntamiento de Mos al trazado del gasoducto Vilalba-Tui a su paso por el término municipal de dicho Ayuntamiento. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000243) (Página 4576)

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--Sobre propuestas a la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA), en beneficio de la economía y sociedad gallegas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000130) (Página 4579)

--Sobre el futuro de ENDESA-As Pontes. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000281) (Página 4580)

--Para incluir en el programa de mejoras de las comarcas mineras a las cuencas de As Pontes de García Rodríguez y de Meirama de Cerceda (La Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000348) (Página 4580)

--Sobre privatización de la Empresa Nacional Bazán, de Cartagena (Murcia). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000085) (Página 4586)

--Sobre medidas para garantizar la plena utilización productiva de la factoría de El Ferrol (La Coruña), de la Empresa Nacional Bazán.
Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente 161/000109) (Página 4590)

--Sobre el plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000275) (Página 4593)

--De paralización del tendido eléctrico entre los Reinos de Marruecos y España por el término municipal de Tarifa (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000294) (Página 4595)

Comparecencia del señor Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (Fernández Ordóñez), para explicar la opinión de la Comisión en relación al nuevo Protocolo del Sector Eléctrico y sobre las nuevas estrategias empresariales de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A.
(ENDESA). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000382) (Página 4601)

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--RELATIVA A MEDIDAS PARA POSIBILITAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ASTILLEROS GALLEGOS PUBLICOS ASTANO (FENE) Y BARRERAS (VIGO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000017.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a empezar la sesión.
Tenemos una mañana intensa, como saben perfectamente porque habrán recibido los correspondientes órdenes del día, y si me ayudan ustedes, intentaré administrarla con celeridad, eficacia y resolución, pero siempre teniendo en cuenta que ustedes me van a ayudar en ello, porque si no es imposible que esta Presidencia pueda ser eficaz, resolutiva y operativa en sus funciones de ordenación del debate. Mi comentario simplemente tiene por finalidad motivar a SS. SS. para hacer una sesión interesante esta mañana, toda vez que tenemos un programa de intensa actividad, con muchos temas y muchos asuntos a considerar.
Les comunico que, en principio, acumularíamos las votaciones de todas las proposiciones no de ley al final de la sesión, y a partir de la una de la tarde intentaríamos someter a debate y votación dichas proposiciones no de ley.
En la reunión de la Mesa y portavoces hemos decidido acumular varias de las iniciativas en el debate de la sesión de hoy. Va a haber cinco materias sometidas a discusión y a debate, agrupando varias iniciativas de distintos grupos parlamentarios. Empezaremos el orden del día con la primera, que hace referencia a astilleros gallegos. Esta iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Mixto y estando presente su portavoz en la sala le daremos la palabra para que nos haga una presentación breve del contenido de esta proposición no de ley, para, acto seguido, abrir un breve turno de fijación de posiciones por parte de los demás grupos y concluir este punto. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, nuestra voluntad de ayudar a la Presidencia, que es manifiesta, se incrementaría si la Presidencia nos ayudara a nosotros y nos dijera qué han acordado en cuanto a acumulación del debate, con lo que nos podríamos hacer todos una idea.


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El señor PRESIDENTE: En el segundo punto, señor Peralta, en el tema del gasoducto Vilalba-Tui, se acumulan dos iniciativas, la 161/000242 del Grupo Parlamentario Mixto y la 161/000243 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El siguiente debate sería sobre Endesa-As Pontes, y ahí se acumulan tres iniciativas. La primera sería la proposición no de ley 161/000130, del Grupo Mixto; la segunda, la proposición no de ley número 161/000281, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la tercera es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, número 161/000348, que versa sobre la misma materia.
La cuarta materia a tratar sería la relativa a la empresa Nacional Bazán, de Cartagena. La iniciativa de Izquierda Unida corresponde a la proposición no de ley número 161/000085, que se acumularía con la del mismo grupo, que lleva el número 161/000109, y también con la del Grupo Parlamentario Popular, número 161/000275.
Finalmente, trataríamos la materia de la paralización del tendido eléctrico de Tarifa, que corresponde a la proposición no de ley número 161/000294, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por último, tendríamos la comparecencia de don Miguel Angel Fernández Ordóñez.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Perdón, señor Presidente, ¿podría interrumpir 30 segundos la Comisión? Como nos hemos enterado ahora mismo de estas acumulaciones y algunos de nuestros ponentes no son los mismos, quisiéramos ordenar el debate en esos 30 segundos.


El señor PRESIDENTE: He empezado bien la sesión de esta mañana rogándoles a ustedes que me ayuden. Yo tenía entendido que los portavoces sabían ya de estas acumulaciones, porque las acordamos en Mesa y portavoces. De todas formas, suspendemos la sesión por 30 segundos y comunico a los portavoces, si tienen interés en conocer el detalle de esas acumulaciones, que se acerquen a la Mesa y volveré a informarles sobre este extremo. (Pausa.) A petición del Grupo Parlamentario Socialista, las iniciativas 7, 8 y 9 del orden del día que constituyen el cuarto punto, relativo a la Empresa Bazán, van a discutirse individualmente. Vamos a debatir las tres proposiciones no de ley individualmente, sin acumularlas, porque aun tratándose de asuntos de la Empresa Nacional Bazán su redacción no tiene el mismo contenido.
Sin más demora vamos a entrar en el primer punto del orden del día. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: El día 1 de marzo de 1997 acababa el plazo de vigencia de la VII Directiva, por la cual el astillero gallego Astano, de Ferrol, quedaba exclusivamente destinado a la fabricación de unos artefactos denominados offshore y expulsado del mercado de buques tradicionales. Por tanto, desde el 1 de marzo de 1997 Astano en teoría puede libremente acceder al mercado de buques. Pasaron 10 años desde que se impuso esta prohibición --fue en 1988--, si bien se tomó como fecha para contabilizar el período de 10 años el último barco que había construido en el año 1987.
El 20 de marzo de 1996 el Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una proposición no de ley en la que se demandaba de nuevo la vuelta de Astano a la construcción naval y, además, se mostraba la oposición a las intenciones de la Unión Europea de aplicar nuevas prohibiciones para el astillero gallego. Asimismo se demandaba la participación en los consejos de administración de la Xunta de Galicia y nuevas incorporaciones de mano de obra cualificada que posibilitasen un cuadro de personal estratégico que hiciese viable la factoría en el futuro.
Hay que tener en cuenta --y éste es uno de los problemas cruciales que afronta nuestra proposición no de ley-- que la plantilla de Astano hoy es alrededor de 1.300 trabajadores y que en 1998 serían exclusivamente 1.100. El propio presidente de la Agencia Industrial del Estado, señor Prada, recientemente reconoció en este Parlamento que la empresa tenía una situación difícil, entre otras cosas porque su masa crítica laboral estaba tremendamente mermada, por lo que bajar porcentualmente la cifra de trabajadores sería catastrófico y llevaría consigo el cierre de la factoría. Si a esto añadimos que aún seguimos pendientes de una reducción de capacidad de las cargas de todos los astilleros españoles por parte de la Unión Europea, se pueden calibrar en su justa medida los peligros que corremos.
En todo caso está claro que la factoría de Astano requiere un personal más equilibrado y es muy urgente que su departamento de ingeniería sea dotado debidamente para hacer frente a los proyectos que se puedan contratar. Un dato elocuente es que hoy en día el departamento de ingeniería nada más que puede realizar trabajos por valor de 500 millones de pesetas, teniendo que subcontratar después otros 2.500 millones con departamentos de ingeniería situados a varios cientos de kilómetros, que muchas veces mandan los planos prácticamente inservibles y que hay que rectificar después, provocando los retrasos y las pérdidas correspondientes.
La otra cuestión importante para hacer viable el astillero de Astano, porque Barreras está hoy prácticamente en números boyantes, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la construcción naval y con un cuadro de personal muy exiguo de 350 personas, es la carencia gravísima de fondos propios, que es un problema que sí afecta a los dos. Los costes financieros que tienen las factorías, sobre todo la de Astano, que es la más grande, hacen a veces que la acumulación de deudas sea uno de las principales problemas. Dar solución de una vez a la estructura financiera de la empresa, incrementando los fondos propios, de forma que progresivamente se igualen al inmovilizado neto, es decir, al activo fijo, todo lo que valen las infraestructuras físicas de la empresa, sería una primera medida para reflotar estos astilleros y hacerlos competitivos.
Debe tenerse en cuenta que recientemente se reagruparon los astilleros de Astano y Barreras en una área galega, con una dirección única, y estos astilleros ya estaban filializados, es decir, eran empresas jurídicamente separadas

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de AESA, aunque perteneciesen a la DCN, pero curiosamente no se les da ni la autonomía de gestión ni la financiera y estas cuestiones de importancia crucial para el futuro de las factorías siguen estando centralizadas. Las investigaciones económicas recientemente efectuadas demostraron la gravedad de una gestión que se realizaba muchísimas veces a kilómetros de distancia y viceversa, de una elaboración que contaba con los medios técnicos a kilómetros de distancia también para llevar a cabo la fabricación de los artefactos offshore. En todo caso, señorías, llevamos desde el año 1984 con una especie de espada de Damocles encima.
Primero se fijó el año 1986 como objetivo para hacer estas empresas rentables. Después en 1987 se hizo un plan que debía acabar en 1992-1993.
A continuación vino el plan estratégico de competitividad, que volvió a reafirmar la exclusión del astillero de Astano de la construcción naval, y estamos en un momento en que sólo existe un proyecto de construcción offshore que se acabaría prácticamente en febrero de 1998 y no hay más carga de trabajo. ¿Cómo va a tener resultados positivos esta factoría si la carga de trabajo es problemática, no solamente porque lo es el sector naval, sino porque el astillero está destinado exclusivamente a los artefactos offshore? En todo caso, el plan estratégico de competitividad que contemplaba la incorporación de gente joven, de gente cualificada, sobre todo dedicada a la ingeniería ¿se va a llevar a la práctica a partir de 1999, como se decía, o no? Esta proposición no de ley intenta que se rectifique una política que conduce a reglamentar, en un momento de liberalización de los mercados, e incluso a prohibir a un astillero pueda construir barcos. También intenta, de una manera que cabe dentro de los presupuestos del actual Gobierno, que se incorporen nuevas personas, gente joven debidamente cualificada, a las plantillas de Astano y Barreras para posibilitar el mantenimiento del cuadro de personal estratégico, que el propio señor Prada reconocía que era una necesidad perentoria. Igualmente trata de incrementar en ambos casos los fondos propios progresivamente de forma que igualen al valor del inmovilizado neto, única forma de capitalizar debidamente las empresas y que puedan ser altamente competitivas. (El señor Secretario, Escudero Franco, ocupa la Presidencia.) El tercer punto de nuestra proposición no de ley, que no estaba cumplido a la altura de abril de 1996, afortunadamente hoy lo está con la presencia de la Administración autonómica en los consejos de administración de Astano.
Por tanto, señorías, esperamos que haya un posicionamiento positivo en relación con un tema que afecta gravemente a todo el Estado español y de una forma peculiar y particular a este ex astillero de Astano, que está perfectamente preparado también para construir barcos, pero sobre todo tiene que hacerse frente a la renovación de su plantilla y a su capitalización.


El señor SECRETARIO (Escudero Franco): ¿Grupos que quieren intervenir para fijar posición? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, para nosotros es una satisfacción comprobar que buena parte de la sesión de la Comisión de Industria que estamos celebrando en estos momentos se va a dedicar a tratar temas de Galicia, y es, desde luego, una satisfacción más cercana a nosotros comprobar que parte importante de las iniciativas de hoy se debe a la actuación de nuestro grupo. En todas ellas --y creo que es la filosofía que inspira también la actuación de los otros grupos-- se contiene la filosofía de trabajar por Galicia partiendo de la realidad, partiendo de lo que existe, no intentando inventarnos industrias nuevas, nuevos sectores productivos, sino trabajar por el futuro partiendo del presente, con los pies en el presente y, desde esta realidad de base, mirar y caminar hacia el futuro. Aplicando esta filosofía a esta iniciativa concreta que responde a la actuación del Grupo Parlamentario Mixto, creemos que coincide sustancialmente con ella. Es verdad que, tal como ha puesto de manifiesto el propio portavoz que la defendía, algunos de los puntos concretos hoy ya no son de actualidad, afortunadamente. No cabe duda de que la petición concreta que se formulaba en esta proposición no de ley habrá contribuido que efectivamente así se haya resuelto. A alguno de ellos quizá nosotros le hubiéramos dado una redacción distinta y posiblemente a lo mejor hubiéramos planteado otros que no se contemplan aquí, pero en definitiva, señorías, estamos sustancialmente de acuerdo con esta proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Mixto. Nos parece que el contenido de la misma manifiesta la inquietud, la preocupación y el interés por mejorar la situación de la factoría de Astano y, desde esa perspectiva, anunciamos el voto favorable a la misma.


El señor SECRETARIO (Escuredo Franco): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARON BELTRAN: Señorías, comparto con el señor Peralta las palabras que decía respecto a que esta Comisión realmente está dedicada a Galicia y esperamos que eso sirva al menos para crear una conciencia política de la grave situación por la que atraviesa.
El fondo de esta proposición no de ley ya ha sido debatido en esta Cámara, tanto en iniciativas del grupo del actual Gobierno como del que yo represento y que tenía en aquel momento las responsabilidades de gobernar, y hay que decirlo, con un cierto grado de consenso. Igualmente, los grupos políticos se han posicionado en el Parlamento gallego, pero, curiosamente, mientras el gobierno del Estado era el Partido Socialista, las reivindicaciones de la Xunta de Galicia y su grupo eran reiteradas y constantes; posteriormente, en septiembre de 1996, en un debate sobre el PEC, el Partido Popular ya vota en contra. ¿Puede considerarse esto demagogia, oportunismo? No lo voy a concretar.
Como es conocido, el PEC se firmó con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, cuyo proyecto inicial había sido modificado sustancialmente con enmiendas y propuestas de nuestro grupo. En ese momento de crisis del sector naval

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se hizo un reparto de competencias basado en la especialización y, en el caso de Astano, dedicado al offshore, plataformas y artefactos flotantes de alta tecnología, en su mayoría, por no decir todos, prototipos, con un elevado coste y que son la vanguardia de los mercados internacionales.
Las construcciones de los últimos años han supuesto unos 20.000 millones de pesetas para la comarca de Ferrol, con más de 2.000 personas subcontratadas en industrias auxiliares, que, añadidas a los 1.400 trabajadores de plantilla de Astano, dan idea de lo que supone para la comarca de Ferrol y para Galicia. Pero no podemos olvidar la difícil competitividad del mercado, ya que la construcción naval en el mundo, en estos últimos años, aumentó en tres millones de toneladas y que las pérdidas son superiores a las previstas, por lo que hay razones, parece que evidentes, para considerar que las circunstancias han cambiado y que hay que replantearse la vuelta de Astano a la construcción naval, abordar un plan de rejuvenecimiento de plantillas e inyectar recursos financieros que contribuyan a mitigar el déficit.
El tercer punto de la proposición no de ley, como ya se ha dicho, está materializado, pero falta que el gobierno gallego asuma responsablemente lo que implica un consejo de administración. Además de ciertas ventajas para quienes lo pueden representar, debiera llevar aparejado el compromiso del Gobierno gallego de contribuir activamente en aportar soluciones a la industria y al empleo de nuestra comunidad autónoma y que la sintonía política de ambos gobiernos (gallego y del Estado) también debiera materializarse en algún logro positivo. No obstante haber hecho algunas matizaciones en cuanto a las peticiones formuladas en la proposición no de ley, nuestro voto va a ser afirmativo.


El señor SECRETARIO (Escuredo Franco): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición con respecto a la proposición no de ley formulada por el Grupo Mixto. Nuestro criterio es rechazar esta proposición en su totalidad por los motivos que ahora iremos aduciendo.
En primer lugar, en cuanto a posibilitar la vuelta de la factoría Astano a la construcción naval, levantando la prohibición que pesa en exclusiva sobre el astillero gallego, antes de iniciar la motivación del criterio negativo sobre este punto, quisiera decir que esta prohibición no pesa en exclusiva sobre el astillero de Astano. Concretamente, fruto de la reconversión del año 1985, la factoría de Cádiz también tiene prohibida la construcción naval y también se dedica a grandes transformaciones y reparaciones.
La primera razón que tenemos que esgrimir para nuestro voto negativo es que la capacidad de los astilleros públicos españoles para construcción y transformación naval está condicionada por el nivel de ayudas concedidas por la Administración española y autorizadas por la Comisión Europea.
Dentro de esta limitación, es aconsejable, y así se ha establecido en el plan estratégico de competitividad aprobado por la Agencia Industrial del Estado, la división de construcción naval y los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CAT y ELA-STV, la especialización de los astilleros en función de sus características. Así, la factoría Astano se dedica actualmente a la actividad offshore básicamente en el segmento de artefactos para explotación, almacenamiento y procesos de recursos petrolíferos en el mar y a reparaciones navales por decisión que proviene del proceso de reconversión anterior.
En segundo lugar, Astano, tras importantes esfuerzos empresariales y laborales, apoyado en la utilización de ayudas públicas, es el único astillero de España, y uno de los pocos del mundo, capacitados para la construcción de unidades offshore. En este sentido, quisiera señalar una información del periódico Cinco Días en la que dice que la discusión sobre Astano está en este momento en tablas. Textualmente dice: El futuro de Astano ha sido uno de los puntos más delicados en la discusión entre Madrid y Bruselas. Oficialmente, el astillero gallego tiene prohibida la fabricación de buques, por lo que se ha especializado con cierto éxito en construir plataformas navales semimóviles. Las autoridades españolas sostienen que éstas no pueden ser consideradas como buques a efectos de la normativa sobre ayudas, pero otros gobiernos pretenden encuadrarlo así para poder mantener los subsidios y de paso eliminar a un competidor que cada vez le preocupa más.
La construcción offshore, aun con sus incertidumbres, que también tiene la construcción naval convencional, se caracteriza por la construcción de unidades de mayor complejidad y valor añadido que los buques tradicionales. Requiere un alto nivel tecnológico y una especialización que limita a pocos astilleros la posibilidad de acceso a la misma. Astano reúne dichas características y disfruta de un excelente posicionamiento a nivel mundial; de hecho, es en la actualidad un referente obligado en cualquier contratación de artefactos offshore, habiendo logrado hacerse con una posición destacada en este mercado, que por registrar un nivel aceptable de demanda y ser de acceso restringido tiene precios menos degradados que los de la construcción naval mercante tradicional. Astano ha tenido últimamente una cartera de pedidos suficiente para asegurar su actividad, sin perjuicio de que prosigue su intensa actividad comercial para la consecución de nuevos contratos. Por lo tanto, se espera conseguir, tras la aplicación del plan estratégico de competitividad del astillero, su puesta en rentabilidad sobre contratos offshore y reparaciones navales, sin necesidad de que realice otras actividades marcadas en la definición de construcción naval.
Por último, la historia reciente y las previsiones para los próximos años permiten asegurar que la capacidad de los astilleros de Puerto Real y Sestao es suficiente para la construcción de los buques convencionales grandes que la división de construcción naval de la Agencia Industrial del Estado puede captar en el mercado. Dado el desequilibrio actualmente existente entre la oferta y la demanda de construcción naval mundial y que se mantendrá en un próximo futuro, no parece que la Comisión Europea vaya a autorizar la reapertura de Astano para la construcción naval convencional, salvo que a cambio se cerrasen otras instalaciones

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con una capacidad equivalente a la de construcción naval de Astano, que son 140.000 toneladas de registro bruto compensado al año. Además la especialización del astillero en actividad offshore hace que sus sistemas productivos no resulten idóneos para la construcción de buques mercantes, lo que elevaría los costes y dificultaría seriamente la competitividad del astillero en este sector. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Respecto al segundo punto, de comprometerse en una política de nueva incorporación y de personal joven debidamente cualificado, este compromiso debe limitarse a lo ya anunciado y establecido en el apartado tres del acuerdo para la aplicación del plan estratégico de competitividad de la DCN, que se firmó el día 19 de octubre del pasado año, como decíamos anteriormente, entre la parte empresarial y la parte sindical, constituida por Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Colectivos Autónomos de Trabajadores y ELA-STV.
En tercer lugar, sobre la petición de aceptar la demanda de la Administración autonómica gallega de incorporarse a los consejos de administración de Astano y Barreras, mediante su participación accionarial, una vez que se constituya en unidades de negocio, consideramos que este punto es innecesario, puesto que esto ya está totalmente realizado. En Astano hay tres personas de la Junta de Galicia que forman parte del Consejo de Administración y en Barreras otros tres.
Podemos citar que en Astano lo constituyen los señores González-Llanos Galvache, Del Moral Crespo y Novoa Montero, y en Barreras está la señora Casais Mira y los Señores González González y Rodríguez Yuste.
Respecto al cuarto punto, sobre incrementar en ambos casos los fondos propios progresivamente de forma que igualen el valor del inmovilizado neto, es un criterio que sólo puede aceptarse en cuanto al incremento de fondos propios hasta el valor previsto en el plan estratégico de competitividad, lo que no permite garantizar que se iguale el valor del inmovilizado neto. La compensación de pérdidas y de la inflación del capital de las empresas con fondos públicos son actos considerados por la Unión Europea como supuestos que en determinadas circunstancias podrían alterar significativamente lo términos de la libre competencia. Es por tanto imprescindible la autorización comunitaria para la aportación de fondos a estas empresas, aportación que sólo se producirá si la Unión Europea acepta el principio de que esta capitalización no altera la libre competencia o si se produce un supuesto especial de autorización por un proceso de reestructuración del sector en el ámbito comunitario. El plan estratégico de competitividad aplicable a la división de construcción naval contempla unas aportaciones públicas a todas las empresas del sector que en estos momentos están siendo negociadas con la Unión Europea. La capitalización final de los diferentes astilleros será la que resulte de la autorización comunitaria y de la evolución de los resultados en dicha sociedad.
Por todos estos motivos nuestro grupo va a votar en contra de la proposición no de ley formulada por el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Concluido este debate en torno a esta proposición no de ley, la someteremos a votación al final de la sesión, a partir de la una.


--SOBRE EL TRAZADO DEL GASODUCTO VILALBA-TUI, A SU PASO POR LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000242.)

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DIRIGIRSE A LA EMPRESA NACIONAL DEL GAS (ENAGAS) PARA QUE SEA ACEPTADA LA PROPUESTA ALTERNATIVA PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MOS AL TRAZADO DEL GASODUCTO VILALBA-TUI A SU PASO POR EL TERMINO MUNICIPAL DE DICHO AYUNTAMIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000243.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar el segundo punto, en el que se acumulan dos proposiciones no de ley, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A la primera hay una enmienda presentada por el propio Grupo Mixto, por lo que rogaría a su portavoz que en su intervención hiciera la defensa del texto con la enmienda ya incorporada.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra su portavoz.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): El Bloque Nacionalista Galego con esta proposición no de ley trata de hacer llegar la voz de numerosos ciudadanos gallegos que asisten atónitos a cómo sus legítimos intereses se ven atropellados y buscan de alguna manera el amparo de este Congreso de los Diputados para conseguir una solución justa que permita conciliar el interés general con el interés particular.
Como SS. SS. saben, se está construyendo un gasoducto denominado Vilalba-Tui, que es necesario para el desarrollo económico de Galicia y cuya construcción nadie cuestiona, incluidos los afectados que protestan por el actual trazado, y eso debe quedar claro inicialmente. El trazado a su paso por la provincia de Pontevedra está creando numerosos problemas, no así en otras provincias. Esos problemas vienen derivados del trazado que se está proponiendo, que atraviesa zonas de alto valor para sus propietarios. Esto dio lugar a la creación de coordinadoras de afectados y a que varios ayuntamientos expresasen su disconformidad con alegaciones, recursos judiciales, etcétera. Yo creo, señoras y señores Diputados, que hay que conocer la estructura de la propiedad en Galicia para comprender por qué la gente se siente ninguneada, cuando, sin razón aparente o sin demostración fehaciente, le sustraen uno de sus más preciados valores, en este caso la tierra. El paso del gasoducto por la cercanía de núcleos habitados y

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las servidumbres a las que da lugar inutilizan tierras de labor urbanizables con alto valor para sus propietarios.
Se presentaron, tanto por afectados como por diversos ayuntamientos, como decía antes, propuestas de modificación del trazado basadas en informes técnicos. En general el sentido de estas propuestas pretendía variarlo acercándolo a la zona de afección de la autopista en el caso de Caldas o Barro o a zonas de aprovechamiento forestal, como Pontevedra o Mos, con el fin de reducir el impacto socioeconómico. Prácticamente todas estas propuestas o alegaciones fueron rechazadas basándose en general en los criterios exclusivos de la empresa. Para nosotros y desde luego para los afectados es difícil comprender el porqué del rechazo de estas alegaciones, a no ser --y eso conviene decirlo también-- por la prepotencia de la empresa y la búsqueda del abaratamiento de costes, que lleva incluso a que en este momento los ayuntamientos estén presentando proyectos de obras con un coste claramente inferior al real para pagar menos por la licencia; por el interés de algunos en acabar cuanto antes el gasoducto para tener algo que inaugurar o por la insensibilidad de la Administración en general para con sus ciudadanos; más bien se trata de una Administración que a veces parece que está al servicio exclusivo de las empresas.
Desde nuestro punto de vista no se puede estar recurriendo constantemente a las fuerzas de orden público para imponer los criterios de la Administración o de una empresa concreta para llevar a cabo determinadas obras. Yo creo que no debemos caer en el recurso fácil de pensar que efectivamente el problema siempre estaría ahí porque si se les resuelve el problema a unos afectados, habría otros inmediatamente después --es un recurso que se suele utilizar, pero en este caso no es así--, o porque técnicamente no hay otro trazado, lo que desde nuestro punto de vista tampoco es así. Nosotros, y así lo expresan también los afectados, admitimos el gasoducto, pero creemos que hay posibilidades de otro trazado menos perjudicial, y de lo que se trata es de negociarlo, de buscar una solución con seriedad a esos trazados alternativos y demostrar que eso no es así. Eso no se hizo hasta ahora y, por cierto, el cambio de trazado aún estamos a tiempo de llevarlo a cabo.
Además --y hago referencia aquí a la enmienda de adición que presentamos-- en estos momentos se están pisoteando los derechos de la gente en cuanto que la propia empresa constructora o concesionaria no respeta lo que marca la Ley de expropiación, que entre otras cosas obliga a levantar las actas de expropiación correctamente describiendo los bienes afectados y marcando correctamente las zonas, lo que no se está haciendo. En estos momentos se está actuando pisoteando claramente los derechos de los propietarios y habría que preguntarse si es porque son pequeños propietarios. Además, en el caso de las valoraciones de algunos terrenos, se está intentando pagar precios absolutamente ridículos.
La proposición de ley que nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, presentamos no pretende desde luego nada imposible. Se propugna simplemente que se negocie un cambio de trazado con el menor impacto socioeconómico posible y que se obligue a la empresa concesionaria a respetar los derechos de los ciudadanos.
Yo invitaría a las señoras y señores Diputados a reflexionar sobre lo que estamos planteando, porque aquí no está en juego ni la estabilidad del Gobierno ni cualquier otra cuestión de mayor envergadura. Lo que está en juego simplemente es que los ciudadanos vean que el Congreso es capaz de amparar sus derechos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta para defender su proposición no de ley.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, la proposición no de ley que tengo el gusto de defender en estos momentos no hace referencia a todo el trazado del gasoducto por la provincia de Pontevedra; se limita exclusivamente a la incidencia de su trazado en el ayuntamiento de Mos y en las distintas parroquias que lo componen.
Yo creo que todos somos conscientes de que la construcción de una infraestructura importante, como es la del gasoducto, tiene una incidencia notable en toda una serie de valores y de bienes de los ciudadanos, que son respetables en sí mismos y más de acuerdo con la normativa jurídica vigente en nuestro país. Es importante resaltar, y en este sentido se ha expresado también el anterior grupo que ha hecho uso de la palabra, que por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pontevedra no existe una oposición de principio al trazado del gasoducto, al contrario, son partidarios de que se construya. Lo que ocurre es que, como decía anteriormente, la construcción de esta infraestructura plantea una incidencia notable sobre derechos, bienes y valores de estos ciudadanos, que debe ser objeto también de consideración junto con los valores, los intereses y los bienes que resultan beneficiados por la construcción de ese gasoducto. No cabe establecer, en principio, una valoración preferente en favor de la construcción de la infraestructura sobre los derechos, bienes y valores de ciudadanos, sobre todo cuando afecta a miles de ellos, como es en este caso. Es necesario llevar a cabo una valoración concreta de cada circunstancia y de cada situación, sin perjuicio de tener en cuenta la importancia global del proyecto que nosotros compartimos.
En nuestra proposición no de ley, señorías, lo que planteamos es una consideración específica a la realidad del ayuntamiento de Mos y a las distintas parroquias que lo componente. En la actualidad este ayuntamiento es objeto de la construcción de distintas infraestructuras que hoy ya están condicionando de una manera notable la vida cotidiana de sus ciudadanos y sus posibilidades de desarrollo urbanístico, económico, etcétera. Basta pensar que una antigua carretera nacional, que ha sido objeto de una reconversión reciente, como consecuencia de la cual es infranqueable y tiene una notable incidencia en la vida ciudadana, atraviesa el ayuntamiento; el trazado de la vía férrea también atraviesa este municipio y algunas de estas infraestructuras no suponen un beneficio concreto para el ayuntamiento de Mos, ya que la carretera, a la que hacía referencia anteriormente, no se tiene acceso desde el propio

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municipio y, sin embargo, se justifica por la cercanía del ayuntamiento de Mos a una ciudad importante como es la de Vigo, con todo el complejo industrial y económico que se mueve en torno a ella. Los ciudadanos de Mos son conscientes de esta servidumbre y la soportan, pero también entienden que su capacidad de sufrir la incidencia de este tipo de infraestructuras debe tener un determinado límite, y ellos piensan que éste se plantea en relación con el trazado actualmente aprobado por Enagas para la construcción del gasoducto en este municipio. Como decía al principio, señorías, ellos no se oponen al trazado y buena prueba de ello es que han hecho una oferta de uno alternativo que discurre por el mismo municipio de Mos. Lo único que hace es cambiar la ubicación física del emplazamiento actual del trazado. Yo creo, señorías, que es verdad que todo trazado tiene dificultades. El que hoy pretende ejecutar la empresa qué duda cabe que las tiene, y éstas se han superado a la vista del trazado y proyecto propuesto por la empresa.
Se ha dicho que el trazado propuesto por los vecinos tiene dificultades, sin lugar a dudas, pero también se reconoce que son salvables, que tienen una incidencia económica y técnica. Lógico; todo trazado las tiene y todo proyecto tiene que superarlas. Nosotros pedimos que el trazado alternativo propuesto por los vecinos sea respetado por Enagas. Es importante recordar aquí que dicho trazado fue aprobado en dos ocasiones, en los años 1991 y 1992, por la unanimidad de las fuerzas políticas presentes en el ayuntamiento --quiero hacer referencia específica a que eran: el Partido Popular, el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida, Esquerda Galega--, por unanimidad de las cuatro fuerzas políticas, como un trazado alternativo.
Creemos, señorías, que en la consideración concreta de las circunstancias que concurren en el ayuntamiento de Mos este cambio de trazado sin lugar a dudas implica una modificación de los planes acordados por la empresa Enagas. Incluso cabe la posibilidad de que pueda llevar aparejada una modificación de sus previsiones temporales, por poco tiempo seguramente, de sus previsiones económicas, posiblemente también una pequeña cantidad en el monto global que tiene un proyecto tan ambicioso y tan amplio como es el trazado del gasoducto, pero creemos, señoría, que, en atención al conjunto de servidumbres y de circunstancias que hoy ya afectan al ayuntamiento de Mos, a la voluntad explicitada y acreditada por los hechos de los ciudadanos de ese ayuntamiento de soportar distintas servidumbres y afecciones en beneficio del interés general, al que sin lugar a dudas el gasoducto contribuye, esta posición debe ser atendida.
Por tanto, pedimos a todas las fuerzas políticas que están aquí y que también están presentes en el ayuntamiento de Mos que sean coherentes con los planteamientos que han hecho a nivel de ayuntamiento y que, en consecuencia, voten a favor de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Los grupos que no han presentado enmiendas desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en efecto compartimos la preocupación expresada por los dos intervinientes en relación a las proposiciones no de ley sobre el trazado del gasoducto en algunos puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia. A nuestro grupo, aun compartiendo lo manifestado por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le parece más conveniente la proposición no de ley defendida por el señor Vázquez, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, porque trata de abordar el problema en su conjunto más allá de la especificidad del ayuntamiento de Mos, porque éste es un tema que no solamente afecta a dicho ayuntamiento sino también a otros como Porriño, Vilaboa, Portas, Valga, Barro, incluida la ciudad de Pontevedra. Por lo tanto, entenderíamos que su iniciativa podría quedar subsumida, si así lo considerara el proponente, en la propuesta del BNG, porque da satisfacción no solamente a lo que él plantea, sino a lo que es una demanda y una inquietud de muchos vecinos, de muchos ciudadanos. Pero también es una demanda y una inquietud institucional, y yo lo quiero recalcar, dado que son numerososlosayuntamientos, que representan --está de sobra seguramente recordarlo-- la voluntad popular cuando unánimemente se ha manifestado sobre el tema que hoy es objeto de debate en esta Comisión, el trazado del gasoducto. Yo no quiero bajo ningún concepto que de la posición de nuestro grupo se pueda derivar que nosotros cuestionamos el gasoducto, que, a nuestro juicio, es fundamental para impulsar o, por lo menos, para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Mantenemos la misma posición respecto a este tema que ya hemos suscrito en el Parlamento de Galicia al debatir unas proposiciones similares a éstas. Por lo tanto, no pretendemos poner en cuestión la necesidad de acometer este proyecto --insisto--, que consideramos positivo, pero mantenemos una posición contraria al trazado concreto por donde está previsto que discurra.
Señorías, el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos ha puesto el ejemplo del ayuntamiento de Mos, donde institución y vecinos proponen trazados alternativos, como puede ser llevarlo por un monte vecinal o, incluso, por una zona de afección de la autovía, en lugar de que transcurra por fincas productivas, atravesando diagonalmente todo el municipio, y la negativa a todo esto se hace siempre amparándose en genéricas cuestiones técnicas --genéricas cuestiones técnicas que muchas veces se desconocen-- y con la cerrazón de la Administración autonómica y de Enagas, contraria a cualquier tipo de modificación.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que, cuando menos, se deben valorar las propuestas que han realizado tanto instituciones como vecinos. Creemos que se debería tratar de consensuar una solución alternativa, al objeto de que el impacto del gasoducto sobre el terreno donde incide sea el menor posible. Por eso, señorías, apoyamos las iniciativas presentadas y les pedimos a los demás grupos parlamentarios que sean sensibles ante opiniones de ciudadanos, pero también ante opiniones de instituciones que verían con agrado que el Parlamento del Estado es sensible a

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una reivindicación que es tan justa como necesaria, que hay que resolver para evitar problemas y tensiones y que, sobre todo, trata de conseguir --como decía hace un momento-- que el impacto del gasoducto sobre los terrenos sea el menor posible.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PEREZ CORGOS: El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las dos proposiciones no de ley que ahora mismo discutimos. Se plantea, señor Presidente, el clásico conflicto de intereses, entre el interés general y el interés particular. Afortunadamente, ninguno de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra se han opuesto a la construcción del gasoducto --una obra importantísima entre las infraestructuras industriales de Galicia--; sin embargo, hay una serie de cuestiones sobre las que no querría pasar sin detenerme un momento.
Este conflicto de intereses, señor Presidente, está plenamente garantizado a través del artículo 33 de la Constitución española y, desde el punto de vista de la legislación ordinaria, en la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa vigentes. Por lo tanto, la afirmación del Grupo Mixto de que la empresa intenta conculcar los derechos de los vecinos sin el levantamiento de las actas previas, desde el punto de vista de técnica legislativa, nos parece inaceptable por cuanto la potestad expropiante en ningún caso corresponde a la beneficiaria de la expropiación sino a la Administración pública.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego, tiene por objeto instar al Gobierno a que se abra la negociación para estudiar un trazado alternativo. Tengo que decir que esta negociación nunca estuvo cerrada.
En la actualidad se vienen manteniendo diversas reuniones entre la empresa concesionaria y los ayuntamientos afectados y, por iniciativa del gobernador civil de Pontevedra --con participación directa del gobernador civil y con la asistencia de la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia--, se han mantenido múltiples reuniones entre la empresa concesionaria, la coordinaria provincial de afectados y numerosos alcaldes de la provincia de Pontevedra. Precisamente por iniciativa de estos alcaldes se han propuesto soluciones y se han estudiado determinadas modificaciones puntuales del trazado. Durante los últimos meses, en la provincia de Pontevedra se han aprobado, en el pleno de los ayuntamientos, las licencias municipales en la mayor parte de ellos, de tal forma que los problemas que han surgido en la provincia de Pontevedra han ido evolucionando favorablemente y se continúan manteniendo esas reuniones y acordando esas modificaciones puntuales.
En relación con las consecuencias de las servidumbres de paso del gasoducto, a las que se alude en la proposición no de ley, tenemos que señalar que las servidumbres en ningún caso inutilizan las tierras para uso agrícola, ya que se trata de una servidumbre subterránea, por lo que, una vez enterrada la tubería y finalizadas las obras, el terreno será restituido a su estado original, pudiéndose realizar las tareas agrícolas y forestales que actualmente se vienen desarrollando, con las limitaciones derivadas de la seguridad de las instalaciones. Por último, tampoco podemos estar de acuerdo con el estudio de un nuevo trazado, ya que esto supondría un retraso considerable en la construcción del gasoducto y, por lo tanto, en la gasificación de Galicia.
Respecto a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tengo que decir que el ayuntamiento de Mos ha agotado todos los recursos posibles en orden a proponer un trazado alternativo al que fue aprobado por la Administración central anterior. El 29 de julio de 1996, el ayuntamiento de Mos ya requirió a Enagas para que propusiera un trazado alternativo por los montes Louredo y Mos, y Enagas presentó un informe en el que destacaba la inviabilidad de este proyecto. Ante este informe de Enagas, el ayuntamiento de Mos, responsablemente, lo que hace es solicitar un informe independiente a la Universidad de Vigo, que es redactado por el doctor ingeniero de minas don Javier Taboada Castro. Este informe entró en el ayuntamiento de Mos el 25 de septiembre de 1996 --su registro de entrada es el 4.267-- y, después de un minucioso estudio, concluye dividiendo el trazado alternativo en cinco tramos, dando a cada uno la siguiente calificación: tramo 1, inadecuado; tramo 2, inadecuado; tramos 3, factible en su primera parte y totalmente inviable en cuanto aparecen afloramientos rocosos; tramos 4, inviable y tramo 5, inviable. A la vista de este informe técnico, redactado por el doctor ingeniero de minas, profesor de la Universidad de Vigo, la comisión de gobierno del ayuntamiento de Mos concede nuevamente la licencia a Enagas el 5 de noviembre de 1996. Es cierto que ha habido pequeñas modificaciones, que ha propuesto la empresa y que el ayuntamiento ha aceptado, como la que se ha producido entre los vértices 191 y 202, discurriendo el gasoducto en esos puntos por la zona de afección del río Perral, y la posible coincidencia con el trazado de la A-9 a su paso por la parroquia de Pereiras.
Señor Presidente, entendemos que no podemos admitir las proposiciones no de ley que se plantean, por las razones expuestas, y que en ningún caso se ha tratado de obviar los intereses particulares de los propietarios afectados, sino todo lo contrario. Las administraciones actuantes, la Xunta de Galicia, el Gobierno Civil de Pontevedra y el ayuntamiento de Mos han actuado de una manera absolutamente responsable, tratando de proteger los intereses de los vecinos y de los propietarios de las tierras afectados.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de este punto del orden del día, en el que hemos tratado la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego y la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


--SOBRE PROPUESTAS A LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA), EN BENEFICIO DE LA ECONOMIA Y SOCIEDAD

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GALLEGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000130.)

--SOBRE EL FUTURO DE ENDESA-AS PONTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000281.)

--PARA INCLUIR EN EL PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS COMARCAS MINERAS A LAS CUENCAS DE AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ Y DE MEIRAMA DE CERCEDA (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000348.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los puntos 4, 5 y 6 del orden del día, que son tres proposiciones no de ley que tratan del futuro de la empresa Endesa en Galicia.
Vamos a empezar por la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, sobre propuestas a la Empresa Nacional de Electricidad, S. A.
(Endesa), en beneficio de la economía y la sociedad gallegas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, cuando leemos en los medios de comunicación escritos o cuando se habla en los medios audiovisuales de Endesa, es habitual referirse a ella con la expresión «la joya de la Corona», y sobre todo era habitual hasta ahora. Realmente en «la joya de la Corona», que tuvo y tiene una de sus actividades fundamentales en Galicia, normalmente se oculta el papel que cumplió en la economía y en la sociedad gallega. Cuando los gallegos nos fuimos enterando de que esta empresa de enclave, que vivió de explotar los recursos de Galicia durante más de veinte años, tenía unas ganancias que no bajaban en bruto de 65.000 millones de pesetas anuales, limpias entre 35.000 y 45.000 durante estos más de veinte años, y lo contrastamos con el estado calamitoso en que se encuentra todo el norte de la provincia de A Coruña, y particularmente la comarca de As Pontes, no dejábamos de sentir una cierta rabia que se expresaba con un adjetivo que pronunció muchas veces un alcalde, teóricamente independiente, de ese municipio catalogando la actuación de Endesa como colonial. Desde el punto de vista de los puestos de trabajo, tampoco fue una empresa que dejase en Galicia una rentabilidad acorde con su importancia económica. Hoy en día son prácticamente 1.600 trabajadores los que tiene la industria, cuando no hace más de dos años tenía 2.600.
¿Qué tejido alternativo de carácter productivo podemos comprobar los gallegos y las gallegas cuando nos paseamos por esa comarca? Prácticamente ninguno; solamente un paisaje lunar de más de 24 kilómetros cuadrados, más de la mitad del municipio, totalmente removido para explotar a cielo abierto el lignito pardo. Además, estamos en los momentos cruciales y últimos de la explotación de la mina, y se plantean muchas interrogantes sobre la continuidad de la actividad de Endesa en Galicia; en todo caso, no está asegurada nunca, tal como está funcionando hoy en día, más allá del año 2010.
Señoría, es todavía más grave, y causa espanto comprobarlo, observar cómo no sólo al ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, sino lo que es toda la comarca de Ferrol, en su estructura viaria y en su puerto, están gravísimamente condicionados por la presencia de Endesa, y no para bien.
En la ría de Ferrol, en una de sus mangas fundamentales, se construyó un puerto carbonero que costó 3.000 millones de pesetas, aproximadamente, y se puede comprobar cuál va a ser su utilidad después del año 2010 y el terrible impacto que causó en la ría, no sólo desde el punto de vista paisajístico sino en la riqueza pesquera y marinera, cuando había grandes espacios vacíos en el puerto prácticamente inutilizados. Es más, resulta que todo el carbón que se transporta desde el puerto, carbón de importación que llega de Estados Unidos, para rebajar las emisiones de dióxido de azufre, circula a través de un corredor que hemos pagado todos los gallegos y las gallegas, es decir, por cuenta de la Administración autonómica, sin que la gran empresa del Estado pusiese un solo céntimo.
La Xunta de Galicia mantuvo una posición acobardada y prácticamente sumisa frente a esta gran empresa de enclave que podría explicar muchísimas cuestiones de la historia política reciente de Galicia. Para darles un dato, una de las muchísimas veces que llamó a las puertas de Endesa, desde el año 1992, por presión de la oposición política en nuestro país, y se vio obligada a imponer una ecotasa, la primera vez en todo el Estado español, precisamente para ver si así la empresa entraba en razón, fue de nuevo burlada por dos motivos, primero, por una sumisión de la Administración autonómica, que rebajó sensiblemente el precio a cobrar pretextando que ya no había emisiones de dióxido de azufre, que ya no contaminaba la planta térmica, una de las más contaminantes de toda Europa según se reconoce en los datos oficiales, y segundo, porque la propia empresa recurrió el cobro de la ecotasa ante los tribunales, como hicieron curiosamente otras grandes empresas de enclave de Galicia. Decía que explicaba en gran parte la historia política de nuestro país, y esto es tan claramente así porque en la Galicia del norte no se tomaba ni una sola decisión política sin estar amedrentados o sin estar condicionados por esta empresa. Como las cosas se traducen en términos políticos, para que SS. SS. comprueben hasta qué extremo se determina la vida política del país, un ministro del actual Gobierno español pronunció estas palabras: «Tiene todas las ventajas que se pueda pensar para este concello que, siendo un concello del Partido Popular --se refería a una moción de censura--, estará en la mejor sintonía con el Gobierno del PP de Galicia y con el Gobierno del PP en España, que es tan importante en un concello como As Pontes, tan relacionado con entidades que tienen dependencia y relación con el Gobierno de España. Por tanto, creo que es una gran noticia para As Pontes un gobierno municipal del PP en este

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momento, como es lo que esperamos que ocurra en muy pocas semanas y podamos celebrar que recuperemos este concello.» (Aplausos.) El está comprometido en eso, y nadie mejor que Fraga para defender los intereses de todos los gallegos, especialmente los de este concello que tanto depende de decisiones que se puedan tomar a nivel central. Realmente, contamos con muchas decisiones a nivel central, y en el caso de Endesa totalmente infumables e intolerables; incluso desde el año 1992 a 1996, en que la empresa firmó un supuesto plan con la Xunta de Galicia para hacer que se hace, no vimos nada en la práctica que pueda ser tangible y contrastable.
Por tanto, señorías, es curioso que cuando se hace la planificación para el futuro del carbón en el Estado español no se cuenta con Endesa ni con Meirama, quedan fuera de la mesa del carbón los planteamientos de los lignitos pardos pretextando razonamientos técnicos, y ahora tiene que venir el Partido Popular a intentar deshacer un entuerto que sitúa a la explotación de Endesa en As Pontes y de Fenosa en Meirama, en concreto al carbón gallego, fuera de España, como realmente estamos siempre a la hora del trato, un trato equilibrado, y vuelvo a repetir que ya está bien no haber contado ni con una inversión de mil millones de pesetas de los 65.000 que desde los años setenta lleva produciendo esta empresa que para algo serviría al resto del Estado español. A nosotros lo más que nos provocó fue intoxicación, deterioro y perturbación del medio ambiente, gasto público de la Administración autonómica en unas infraestructuras mediocres pero a su servicio, deterioro del ecosistema marino, y así sucesivamente. Que en el año 2010 vaya a desaparecer y no deje nada tangible en el país realmente es un caso de salvajismo de una empresa de enclave y de una empresa colonial que, desde luego, los gallegos no estamos dispuestos a tolerar, y ya toda la población de As Pontes de García Rodríguez, afortunadamente, con los sindicatos que hoy actúan en esa empresa lo dejaron claro también ante la SEPI y ante la propia Endesa en Madrid, que por primera vez se encontró con una contestación social que no puede ser calibrada por SS. SS. porque estuvo muy por encima del resto de las protestas mineras de España, pero que fue también contestada represiva y violentamente por las fuerzas de orden público dependientes del Gobierno español.


El señor PRESIDENTE: La segunda proposición no de ley con contenido parecido es la presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, tiene una factoría muy importante en As Pontes de García Rodríguez. Yo creo, señorías, que los gallegos tienen derecho a considerar esta empresa, este centro en concreto, el de As Pontes de García Rodríguez, como suyo. Efectivamente, suya ha sido la materia prima que durante décadas ha venido explotando la empresa, de sus impuestos han salido las infraestructuras del transporte, de las que se ha valido la empresa para su actividad económica, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Galicia ha sido el medio ambiente, tanto aéreo como marino, que ha sufrido un notable deterioro como consecuencia de la actividad de la empresa, sin olvidar por supuesto que eran fundamentalmente trabajadores de Galicia, por tanto ciudadanos de Galicia, quienes hacían día a día la actividad económica de la empresa. Por todo ello, las ciudadanas y los ciudadanos de Galicia tienen derecho a considerar como suya esta factoría. Pero este derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos ha venido chocando históricamente con la gestión y los intereses a que servía esa empresa y ese centro de trabajo. Como se ha dicho en la anterior intervención, los intereses a favor de los cuales se ha gestionado este centro de trabajo han estado alejados de los intereses de la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos de Galicia. Este gestión ha ocasionado un notable deterioro. Desde el punto de vista medioambiental ha ocasionado una notable usurpación de medios colectivos y se plantea finalmente la posibilidad, la hipótesis de que todo ello termine en un futuro incierto con la desaparición pura y simple de un centro de trabajo que dejaría tras de sí unas secuelas en principio importantes y en algunos casos irreversibles.
Frente a esta situación, las ciudadanas y los ciudadanos de Galicia han intentado conseguir que la representación democrática de sus intereses y sus derechos estuviera presente en la gestión de esta empresa. Así, en su día se alcanzó un acuerdo entre la Xunta de Galicia y la propia empresa que en nuestra opinión era importante y que tenía como objetivo llevar a cabo toda una serie de actuaciones por parte de Endesa, y con cargo a los beneficios de Endesa, que intentaran, de una parte, compensar el uso y en ocasiones el abuso que había hecho de bienes y de derechos colectivos y, por otra, crear un marco socioeconómico distinto, diversificado, que no fuera, como ocurre en la actualidad, tan exclusivamente hegemónico y tan dependiente de la actividad de una única empresa. Es cierto que esos acuerdos que en su día se alcanzaron entre la Xunta de Galicia y la representación de Endesa han sido objeto de un incumplimiento total o parcial, de una manera significativa, en todos los casos. A nosotros nos parece, desde la perspectiva de atender los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de Galicia, que lo mejor es conseguir que esos acuerdos y esa representación democrática de esos ciudadanos estén presentes en la gestión de Endesa. Por eso, señorías, nosotros planteamos en nuestra proposición de ley que se urja a Endesa para que reabra las negociaciones con la Xunta de Galicia con el objetivo de cumplir los acuerdos que se alcanzaron entre la empresa y la Xunta en el año 1992. Esto sería, en nuestra opinión, un paso importante para conseguir que los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de Galicia estuvieran presentes en la vida cotidiana y en la gestión de Endesa en su centro de As Pontes de García Rodríguez.
Creemos también, y lo digo al día de hoy, que es necesario que en esas negociaciones exista una representación del ayuntamiento de As Pontes.
Nos parece coherente con nuestro planteamiento democrático. Nosotros creíamos que era necesario que en esas negociaciones, en definitiva, en la gestión de la empresa Endesa paticipara la representación

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democrática del ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez. No contábamos, señorías, con que, al contrario de lo que nosotros pedíamos, lo que iba a ocurrir era que presumiblemente la empresa se metiera en el ayuntamiento en lugar de meterse el ayuntamiento en la empresa.
Desgraciadamente, señorías, esto es lo que ha ocurrido recientemente; y ha ocurrido como consecuencia de una moción de censura, que es un mecanismo en sí mismo legal pero en ocasiones, señorías, difícilmente cabe calificar de democrático. Digo esto sobre la base de que estas afirmaciones las ha hecho muy recientemente el propio Grupo Popular, por ejemplo, en relación a una moción de censura que se ha planteado en alguna comunidad autónoma del Sur; una moción de censura para cambiar a un alcalde del Grupo Popular que ha sido olímpicamente despreciada también con artificios legales de dudosa admisibilidad desde el punto de vista democrático.
Insisto en que nos hemos encontrado con que en lugar de que el ayuntamiento participe en la gestión de la empresa, ahora la empresa está prácticamente gestionando el ayuntamiento. Pues aun así, señorías, nosotros seguimos manteniendo el punto último, porque en la gestión del ayuntamiento de As Pontes no creemos que el paso atrás que se ha producido recientemente vaya a terminar --desde luego confiamos en ello, estamos absolutamente convencidos y trabajaremos por ello-- con todos los demás mecanismos democráticos que van a seguir posibilitando que los derechos y los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de As Pontes tengan voz y viabilidad. Desde ese punto de vista seguimos considerando positivo que haya una representación del ayuntamiento de As Pontes en esas negociaciones necesarias entre la Xunta de Galicia y Endesa para ejecutar unos acuerdos que se firmaron en el año 1992, que al día de hoy siguen en su mayor parte incumplidos y que en nuestra opinión siguen siendo necesarios. La gestión de Endesa tiene una deuda histórica importante con Galicia en general, y con As Pontes en particular, que es necesario contribuir a saldar en un breve plazo. Desde esta perspectiva se justifica la proposición no de ley que hemos presentado y para la que solicitamos el voto positivo de SS. SS.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, para incluir en el programa de mejoras de las comarcas mineras a las cuencas de As Pontes de García Rodríguez y de Meirama de Cerceda (La Coruña), tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PEREZ GORGOS: Señor Presidente, me voy a limitar inicialmente a la defensa de nuestra proposición no de ley, pero antes quería señalar una cosa. El señor Peralta, al iniciar su intervención en el punto uno del orden del día, se congratulaba porque hoy estuviera el orden del día lleno de temas de Galicia. Pues bien, yo tengo que ser todavía más estricto, si me lo permite el señor Presidente, y decir que me felicito porque una gran parte del orden del día está dedicada al ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, ayuntamiento del que soy natural, en el que vivo y del que soy concejal desde el año 1991, y por tanto es motivo de clara satisfacción.
El Grupo Parlamentario Popular propone la inclusión de las cuencas mineras de As Pontes de García Rodríguez y de Meirama de Cerceda, en La Coruña, en lo que en la actual fase de negociación se denomina Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras 1998-2005. Ello supondría para los lignitos pardos gallegos el acceso a las ayudas destinadas a fomentar la reactivación de las comarcas afectadas por las reducciones de la actividad minera para que facilitaran empleo alternativo a la mano de obra excedentaria. El acceso a estas ayudas, como saben SS. SS., está limitado hasta este momento a los carbones CECA, a la hulla, a la antracita y al lignito negro. Con la aprobación de la proposición no de ley que presentamos tendrían acceso a las ayudas financieras por este concepto los proyectos de inversión empresarial, los destinados a la mejora de infraestructura y aquellos otros dirigidos a la formación profesional.
Describimos en nuestra exposición de motivos la enorme dependencia que tanto As Pontes como Meirama tienen respecto a la extracción de lignito pardo y el impacto que para sus respectivas economías representa la reconversión de esa industria y que han quedado patentes en las diversas intervenciones parlamentarias de representantes tanto de la alta Administración del Estado como de la propia Endesa. El Ministro de Industria, en su comparecencia ante esta Comisión el 30 de octubre de 1996, nos advertía que en el nuevo marco del carbón se va a producir la desaparición progresiva de la potestad de la Administración a la hora de fijar los cupos, y ello va a afectar a As Pontes y a todas las centrales térmicas del país. Por otra parte, el día 19 de diciembre del mismo año señalaba también el ministro que los lignitos pardos que se explotan en As Pontes no tienen la consideración de carbón en la terminología CECA, por lo que no es posible legalmente incorporarlos al sistema de ayudas actualmente vigentes para este tipo de carbones. Sin embargo, sí mostró el ministro su mejor disposición a tomar en consideración las necesidades de esas comarcas si explotan lignitos pardos, desde el punto de vista de adecuar y favorecer su desarrollo. Desde luego, desde nuestro grupo no olvidamos la importancia que tiene el hecho de que ambas cuencas se beneficiarán de las medidas dirigidas a fomentar el consumo del carbón nacional --medidas que se contienen en el protocolo eléctrico-- mediante el reconocimiento de ese extra coste para el carbón nacional en relación con el carbón de importación. Sin embargo, y a pesar de ello, la absoluta dependencia del mantenimiento del equilibrio entre la actividad extractiva y la generación de energía eléctrica hacen a estas zonas muy sensibles a los cambios de política energética, no sólo por la importancia económica sino por la escasa presencia de otras industrias y el insuficiente desarrollo de las infraestructuras que dinamicen económicamente este territorio.
Por ello, nosotros proponemos al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a incluir en el programa de reactivación de las comarcas mineras, en el denominado Plan de futuro de la minería del carbón y reactivación de

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las comarcas mineras, que en la actualidad se denomina Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de comarcas mineras 1998-2005, a las cuencas mineras gallegas de As Pontes de García Rodríguez y Meirama de Cerceda, de la provincia de La Coruña, haciéndolas partícipes de cuantas ayudas e incentivos se contemplen en el citado programa, además de contar con su presencia en los órganos representativos que se desarrollen como consecuencia de su puesta en funcionamiento.


El señor PRESIDENTE: A estas tres proposiciones no de ley no se han presentado enmiendas, por lo que sólo queda el turno de fijación de posiciones para los grupos que no hayan sido proponentes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARON BELTRAN: Señor Presidente, vamos a seguir el mismo orden y, por tanto, en cuanto a la iniciativa presentada por el Grupo Mixto, concretamente por el Bloque Nacionalista Galego, tengo que decir que estamos sustancialmente de acuerdo con la filosofía de dicha proposición no de ley relativa a Endesa, en el sentido de que invierta en la comarca donde está ubicada y en Galicia, que contribuya en las obras de infraestructuras, tanto de carreteras como de ferrocarril, que se creen centros de investigación y desarrollo, etcétera, lo que me parece importantísimo, pero quizá es el apartado tercero el que me permite hacer una reflexión más profunda al respecto. Queremos que la sombra de la segregación desaparezca, que se exploten todas las reservas de carbón existentes y que para ello se hagan las correspondientes prospecciones y revisen cotas, pero lo prioritario es definir para el futuro un plan alternativo de reindustrialización de la zona. ¿Cuál es el futuro de la mina? ¿Cuál es el futuro de Endesa? Posiblemente hoy votemos afirmativamente estos puntos, pero ¿va a cumplirlos dentro de unos meses una empresa privada, como parece que puede ocurrir en cualquier momento con su total privatización planeando sobre dicha empresa? Permítanme, señorías, que les traslade mi preocupación y escepticismo. Lo que realmente me preocupa en este momento es qué va a pasar con Endesa.
¿Se va a privatizar en su totalidad una empresa rentable, saneada, de la que depende el futuro de una gran comarca, con más de 2.100 puestos de trabajo directos, enmarcada en Galicia, donde el paro crece por encima de los parámetros nacionales y no se están adoptando medidas que frenen la vertiginosa caída del empleo? Evidentemente, éstas son grandes incógnitas. En este sentido, nuestro grupo impulsará iniciativas para que Endesa se mantenga como empresa de mayoría de capital público. Creo que en este momento sería lo prioritario, pero pese a todo nuestro voto será favorable a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, aunque, como he dicho, sea escéptica sobre los resultados de la misma.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tenía vigencia en el momento en que fue presentada. En ese momento nuestro voto sería favorable a la misma, pero actualmente entendemos que está superada en sus tres apartados.
En cuanto al primero, el relativo a retirar de inmediato la actualización del plan de reordenación laboral, quiero decir que hay un acuerdo firmado el pasado 6 de marzo entre la empresa y los sindicatos, acuerdo que tengo sobre la mesa, en el que hay un compromiso, tanto por la parte social como por la parte de la empresa, de dejar un período de reflexión con el fin de adoptar procedimientos no traumáticos y se comprometen a propiciar, a facilitar la implantación de las medidas necesarias para la mayor eficacia de la organización y producción. Por tanto, a mí me parece que hay un pacto en el que nosotros no debemos entrar en este momento; que no es prudente alterar con pronunciamientos políticos lo acordado por la empresa y la representación social.
En cuanto al segundo apartado, hay que decir que también hay un preacuerdo de un nuevo plan de desarrollo económico e industrial para Puentes, prácticamente finalizado, pendiente de ser ratificado solemnemente por los intervinientes, Xunta, empresa y sindicatos. Este preacuerdo lleva implícito el tercer apartado, en el que se prevé una representación institucional del ayuntamiento.
Por tanto, en aras a que este plan inicie su andadura, no voy a entrar en valoraciones, aunque, si se me permite, tenga mis reservas. Espero que las partes comprometidas, Xunta y Endesa, pongan mayor empeño en dar cumplimiento a los acuerdos y que no corra la misma suerte que el firmado en 1992, que ha supuesto el mayor de los incumplimientos. Por tanto, nuestro voto será de abstención, por entender que en este momento ninguno de los apartados tiene la actualidad, la vigencia que se pretende, aunque, como digo, sí estábamos de acuerdo con la filosofía inicial de dicha proposición no de ley.
Paso a la tercera y última proposición no de ley, del Grupo Popular, relativa a la cuenca minera. El futuro industrial de las comarcas de Meirama y As Pontes, condicionado en parte a las directrices del mercado del carbón, necesita imbricarse en aquellos acuerdos que puedan aportar ayudas, aunque su producción sea lignito pardo y, por tanto, no estén sometidas al régimen especial para los carbones CECA. Las compensaciones previstas en el Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras deben ser extensivas a las cuencas de producción de lignito pardo, que también es mineral energético, por lo que el Grupo Socialista apoyará la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, pero si se me permite me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto.
Primero, si se amplía el territorio, es decir, el número de comarcas o cuencas afectadas, ¿se van a incrementar las cantidades? ¿En qué cuantía? ¿Están las partes sociales de acuerdo con esta posición? Cuando menos parece existir cierta incoherencia e imprevisión en estas medidas.
Segundo. ¿Se han cuantificado por el Gobierno las repercusiones sociales? ¿Qué va a pasar con el empleo directo e inducido? En ambas cuencas afecta a un gran número de trabajadores, ¿a cuántos? ¿Qué excedentes tienen previstos? Queremos conocer cuáles son los planes del

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Gobierno para las cuencas con lignito pardo y, una vez conocidos, establecer las compensaciones, proporcionales a las consecuencias; que se empiece a negociar con los agentes sociales para despejar incertidumbres; que las comarcas de Meirama y As Pontes tengan compensaciones territoriales, incentivos a la inversión, equipamientos colectivos y soluciones no traumáticas definidas y negociadas, como se está haciendo con el carbón CECA en las cuencas correspondientes; que, una vez más, Galicia no quede marginada en un ajuste en el que --por ser benévola en mis palabras--, cuando menos, aparece la sombra de la inconcreción. No obstante, como he dicho, votaremos afirmativamente esta proposición no de ley.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, le suplico un brevísimo turno, de un minuto, en relación...


El señor PRESIDENTE: No suplique jamás, señor Peralta, en la Cámara. Pida pero no suplique. (Risas.) En democracia no se suplica nunca; se solicita, se plantea, se propone. Yo le propongo que haga uso de la palabra para hacer la réplica que usted desea. No obstante, sabe usted, señor Peralta, que no hay turnos de réplica en estos trámites. Le ruego que sea breve y que no reabra el debate, puesto que entonces me da pie a que tenga que acceder también a las peticiones de otros grupos que deseen hacer uso de la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Sin lugar a dudas, señor Presidente, influía en mi formulación mi procedencia, como sabe, del mundo del Derecho y mi constancia de que efectivamente no tengo derecho a esta intervención, que le agradezco.


El señor PRESIDENTE: En este elemento quizás está la diferencia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que en el Legislativo jamás se suplica. (Risas.)

El señor PERALTA ORTEGA: No entremos en un tema tan espinoso; no nos compliquemos la vida más de la cuenta.


El señor PRESIDENTE: No obstante, tiene usted derecho a usar la palabra y se la concedo.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera dirigirme, en esta brevísima intervención, al Grupo Socialista en relación con la manifestación de voto que ha realizado a la propuesta del Grupo de Esquerda Unida-Esquerda Galega sobre Endesa-As Pontes. Es verdad, y me consta, que algunos de los puntos concretos de nuestra proposición no de ley al día de hoy están superados por la realidad. Por esa razón en mi intervención me he centrado fundamentalmente en la filosofía, en pretender que los intereses colectivos de los ciudadanos y ciudadanas de Galicia estén presentes en la gestión de Endesa, y ello concretado en la necesidad de negociar el futuro con las instituciones representativas, tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento y por supuesto los sindicatos, con los que se ha firmado recientemente un acuerdo.
Yo pediría que atendiendo a esta filosofía, que es el fondo real de nuestra proposición, más allá de los puntos concretos que respondían a una coyuntura y que efectivamente pueden estar desbordados, el Grupo Socialista tomara posición a favor, de la misma manera que creo que todos nosotros vamos a estar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular. Lo que sea bueno lo apoyaremos, pero es bueno que el Grupo Popular sepa también que hay una mayoría importante de ciudadanos y ciudadanas de Galicia que le exigen ir más allá de lo que plantea.


La señora MARON BELTRAN: Señor Presidente, quiero responder al señor Peralta.


El señor PRESIDENTE: Ya entiendo que lo quiera usted; otra cosa es que deba hacerse. Como hay otro grupo que también desea hacer uso de la palabra, quizás para tomar postura en relación con las demás proposiciones no de ley, si le parece voy a dar un turno al Grupo Popular para conocer mejor su posición y luego le concederé brevemente la palabra para que pueda usted terminar de fijar su posición.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PEREZ CORGOS: Señor Presidente, voy a intervenir en relación con las dos proposiciones no de ley que se han defendido al margen de la de nuestro grupo.
En primer lugar, referido a la del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero reiterar la intervención de la portavoz del Grupo Socialista en el sentido de que las peticiones que contiene la proposición no de ley están ampliamente superadas por el tiempo. Evidentemente me consta el conflicto surgido, me constan los problemas que ha habido, y precisamente he tenido el honor de acompañar a la representación del comité de empresa a la reunión que mantuvieron con el Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales el 18 de diciembre pasado, fecha en la que se desbloqueó aquella situación y a partir de la cual se abrió ese período de reflexión y se abrieron de nuevo las negociaciones. Es evidente que todos, no solamente los gallegos, todos los españoles queremos alcanzar siempre las mayores cotas de bienestar, de posibilidades, lo que pasa es que a veces hay dificultades económicas y técnicas que nos lo impiden. Tenemos que poner los pies en el suelo y limitarnos a la realidad.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto y defendida por el representante del Bloque Nacionalista Galego, tengo que diferir en esa visión colonial de la empresa y disentir en ese concepto formulado sobre las palabras de un ministro del Gobierno de que, a partir de ahora, a través de la moción de censura las cosas se harán de otra manera. Evidentemente se van a hacer de otra manera porque consideramos que se van a hacer bien, que lo vamos a hacer mejor que quienes estaban.
Hay que recordar --y toda la Comisión debe conocer-- que Endesa procede a la explotación de los recursos

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mineros de la cuenca de As Pontes precisamente cuando la iniciativa privada había renunciado a explotarlos, lo que pudo llevar a la empresa a una situación irreversible, y que afortunadamente, gracias a una buena gestión empresarial, no sólo la empresa no tuvo pérdidas sino que ha sido una pieza clave para el desarrollo industrial español. Como decía antes, como vecino de As Pontes siempre uno tiene la sensación de que aquello que recibe es menos de lo que aporta y lo que aporta son unos recursos minerales, no renovables, que se extinguen; aporta un medio ambiente intacto, que va a sufrir el impacto de la actividad extractiva, pero también es cierto, y no se puede negar, que se reciben a cambio cosas importantes.
En los últimos años Endesa se ha preocupado de mantener su actividad hasta los límites más alargados. Nos decía en la pasada legislatura el anterior presidente de la empresa, el señor Fuster Jaume, en una comparecencia ante esta Comisión, que se trataba de alargar la vida de la mina el máximo posible. Para ello, Endesa, no solamente por la necesidad de reducir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, sino también por la necesidad de alargar la vida de la mina, de alargar la duración de la explotación, procedió a importantes inversiones en la reforma de los grupos y en la adaptación de los mismos a la central para que pudieran quemar, junto con el lignito pardo autóctono, carbón de importación.
Dentro de esa actividad de la empresa es cierto que ha habido un convenio Xunta-Endesa para la incentivación industrial de la zona, firmado en el año 1992, que no tuvo operatividad seguramente --es mi opinión y la de muchos gallegos-- por la reticencia de Endesa a cumplir ese convenio, y precisamente el día 12 de febrero del presente año se firma definitivamente el convenio Xunta-Endesa con un preacuerdo entre la empresa, la Administración autonómica y los sindicatos Comisiones Obreras, Ciga y UGT. Este convenio, según la información de que dispongo, ha sido ya ratificado por el Consello de la Xunta y por el consejo de administración de la Empresa Nacional de Electricidad.
Respecto a la inversión en infraestructuras, es evidente que la empresa puede aportar dinero, pero la inversión infraestructural corresponde siempre a la Administración pública, no a una empresa; no suele suceder así en ningún país del mundo. De todas maneras, tengo que decir que, por lo que respecta a la carretera, en el eje Ferrol-As Pontes, uno de los tramos, el de As Pontes-Espiñaredo, ha sido ejecutado por Endesa, porque el anterior tramo fue ocupado por la mina, y que existen y han existido negociaciones entre la propia Endesa y la Consellería de Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Vivienda para llegar al acuerdo sobre cofinanciación de determinadas obras. Hubo un momento en el que ese preacuerdo se había situado en torno a los 600 millones de pesetas de aportación de la empresa pública y el compromiso de Endesa de participar con el 50 por ciento en los gastos de mantenimiento de estas infraestructuras.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor PEREZ CORGOS: Voy a concluir tan pronto como me sea posible, señor Presidente, porque es un tema complicado que creo que hay que explicar lo suficiente.
Ese convenio está de momento en stand by pero se retomará cuando sea posible.
Respecto al ferrocarril, es una obra importante que interesa a Endesa, que interesa a la Xunta de Galicia y que quizá solicitando financiación europea y de la Administración central se pueda acometer.
Respecto a los límites de explotación de la mina y los usos futuros de la escombrera, que es algo importantísimo, tengo que decir que figura dentro de los planes de I+D de la empresa pública. Los límites de explotación de la mina son conocidos perfectamente por la Administración autonómica a través del plan de explotación de la mina. Los usos futuros de mina y escombrera forman parte, como digo, de un proyecto de I+D. Este proyecto se está redactando y se presentará por la empresa a la Administración autonómica para su aprobación.
Respecto a las inversiones en I+D y en el desarrollo formativo de la comarca, son numerosísimos los convenios que Endesa tiene con la Fundación Universidad-Empresa, con centro de formación profesional, etcétera. La semana pasada han firmado un convenio con el rector de la Universidad de La Coruña para que los alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol puedan hacer sus prácticas en Endesa.
Por último, respecto a la petición de que la Administración autonómica tenga participación en el consejo de administración de Endesa, no podemos olvidar que se trata de una empresa que cotiza en Bolsa, que la previsión de privatización total de la empresa está ya delimitada y que la presencia de la empresa en tantas comunidades autónomas haría al consejo de administración de Endesa casi una réplica de una cámara de representación territorial, casi un Senado, lo que complicaría la operatividad de un consejo de administración que debe tener el número justo de consejeros para poder adoptar unas decisiones adecuadas.
Vamos a votar en contra, señor Presidente, de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARON BELTRAN: Señor Presidente, si bien estamos de acuerdo con la filosofía que plantea en su intervención el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quizá hubiera sido deseable una enmienda suya para actualizar la proposición no de ley.Realmente las circunstancias han cambiado de forma sustancial: se ha creado un clima de diálogo entre la empresa y los sindicatos y hay un nuevo plan Xunta-Endesa en aras de esa filosofía que defendía el grupo, yo precisaría una mejor andadura al nuevo plan y a las nuevas iniciativas de negociación que ya han dado su fruto recientemente. Por ello votaremos a favor de la iniciativa que, a mi entender, debiera ser enmendada por su propio grupo.


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--SOBRE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA NACIONAL BAZAN, DE CARTAGENA (MURCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000085.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto número 7: proposición no de ley sobre privatización de la Empresa Nacional Bazán, de Cartagena.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es el proponente, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la proposición no de ley de Izquierda Unida fue presentada en el mes de junio, al calor de lo que era la situación de la Empresa Nacional Bazán en su conjunto y, en concreto, la factoría de Cartagena; una factoría que había vivido en los últimos años cinco regulaciones de empleo; la última, en el año 1994, había afectado a 2.000 trabajadores y en la actualidad la factoría de Cartagena tiene 2.192 empleados. Esta iniciativa ante el Congreso obedecía a recoger lo que había aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios la Asamblea Regional de Murcia. La moción que se presentó en la Asamblea, avalada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, instaba al Gobierno a que tomara dos medidas. La primera, rechazar cualquier intento que supusiera la privatización, reducción de plantilla o cierre de la factoría de Cartagena. Como saben SS. SS., la Empresa Nacional Bazán tiene distribuida cada factoría en unidades de negocio. Las tres unidades de negocio que funcionan en la factoría de Cartagena son la de motores, que ha ido evolucionando con una carga de trabajo importante en la actualidad, astilleros y la gran carena. Tanto las distintas factorías de Ferrol como San Fernando tienen también tres unidades de negocio, aunque con volúmenes de empleo totalmente diferentes. La segunda petición de la moción aprobada por unanimidad en la Asamblea era realizar cuantas gestiones e iniciativas fueran necesarias para garantizar el empleo.
Pues bien, si aquella resolución hubiera sido totalmente precisa y nítida, puesto que el Gobierno estaba recién incorporado y el anuncio de privatizaciones se había limitado, hubiera hecho innecesario, señorías, debatir hoy esta iniciativa. En el mes de febrero se han hecho declaraciones que desde nuestro punto de vista han sido globos sonda o han sido improvisadas y han acarreado una serie de matizaciones de las distintas autoridades locales, por ejemplo la alcaldía de Cartagena, y de las distintas autoridades a nivel de Administración central. El propio ministro precisaba las declaraciones que se pusieron en boca del presidente de la Agencia Industrial del Estado. Estas declaraciones del mes de febrero parecían un contrasentido. Hablaban de un proceso de privatización a medio plazo --en seis o en siete años--, con una consolidación determinada. Una empresa, según los datos de que dispone este Diputado, con una carga de trabajo importante tanto para la fábrica de motores --lo que es el volumen del Ministerio de Defensa--, como actuaciones privadas y distintos proyectos con diferentes países como Indonesia, incluso colaboración con Enresa, y con una dinámica fija significaba una estabilidad totalmente consolidada, saneada para los próximos cuatro años, con una plantilla de alrededor de 500 trabajadores.
La factoría naval, con 1.500 trabajadores, también había ido despejándose, en la medida en que junto con los cazaminas se había puesto en marcha la gran carena de los submarinos S-61 y S-73. Por tanto, no entendíamos por qué se planteaba ahora esa discusión si, según la liquidación del año 1996 y en boca del propio Presidente de la empresa, la cuenta de resultados había mejorado, había una mayor facturación y un mayor margen bruto, aunque con alguna reducción de los costes de producción; no entendíamos por qué se planteaba en ese momento, cuando había una estabilidad, una previsión de recuperación alta de una situación anterior, en el año 1995, en torno a 3.500 millones de pesetas, e incluso se había reducido el déficit de la empresa a nivel global.
¿Cuál es el objetivo de mantener esta propuesta? Fundamentalmente dar estabilidad. Yo creo que es positivo que haya suficiente tranquilidad en una empresa que en la actualidad tiene una plantilla de 7.500 trabajadores, y si los proyectos de la fragata F-100 se consolidan para El Ferrol --y parece ser que sí--, con 280.000 millones de pesetas, si se despeja la situación de los submarinos, sobre todo el contrato con Chile que ya ha sido concedido, y se incrementa la renovación de las actuaciones de marina mercante con diversos países, nosotros creemos que sería positivo que hubiese un pronunciamiento de esta Cámara como impulso al Gobierno para que la actuación de las distintas autoridades, de los distintos altos cargos, vaya dirigida a dotar del máximo de estabilidad.
El plan estratégico, señorías, señor Presidente, está ya elaborado --aunque tenía que estar en el mes de enero--, está ya presentado a la Agencia Industrial, está siendo estudiado por una auditoría externa para conocer, en definitiva, cuál va a ser su evolución, pero nosotros preferiríamos --y creemos que es importante-- que se aborde con dos compromisos: por un lado, no privatizar, y por otro, no reducir plantillas. ¿Por qué no reducir plantillas? Cuando hablamos de reducir plantilla no estamos en contra de que se adecuen las áreas de producción a cifras razonables, pero lo malo es cuando los planes estratégicos abordan procedimientos de jubilaciones anticipadas como diseño, sin que vaya unido a algo muy importante como es el compromiso de rejuvenecer las plantillas. Si una persona se jubila anticipadamente, otra joven entra.
¿Por qué? Porque la edad media de la plantilla actual de la factoría está en 42 años, y si no se produce un rejuvenecimiento de esas plantillas a corto plazo, la capacidad constructiva de las distintas factorías que se debe mantener se deterioraría e iríamos a una dinámica de privatización progresiva sin acometer la privatización accionarial. Y me explico. Si se va a un volumen alto --y en la actualidad lo hay-- de subcontratación de diversas obras, y hoy se están subcontratando en la factoría Bazán actuaciones de proyectos concretos, desde la gran carena a las que puedan hacerse en otras vertientes

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de las distintas áreas de producción; si se va haciendo progresivamente y la capacidad de actuación dentro se va reduciendo, al final nos quedaremos con áreas de producción cuya misión es proyectar, programar, controlar la calidad de lo que se produce, pero sin capacidad de construir; de construir motores, de construir barcos o revisar o adecuar los submarinos en la actuación del centro de Cartagena y en cualquiera de los otros centros, los grandes barcos que se harían en Ferrol, los pequeños barcos que se harían en San Fernando y los medianos que se harían en Cartagena.
Por tanto, señorías, hoy sigue siendo de interés --por despejar incertidumbres--, hoy no vale decir que pedimos al Gobierno desde esta Cámara que el plan estratégico adecue las factorías o que mantenga el empleo posible. No. Eso produciría dudas, sembraría desconfianza en un momento en el que la empresa no está en esa situación. Tiene estabilidad para los próximos tres años. Es verdad que en Astilleros puede existir una situación más delicada, en función de que se garanticen unas actuaciones u otras. Por eso es importante que el pronunciamiento de la Cámara hoy sea el compromiso de los distintos grupos que aquí estamos representados para que el Gobierno --los distintos órganos correspondientes, la Agencia Industrial del Estado-- apruebe el plan estratégico desde la orientación de no privatizar, para que a la gente le quede claro cómo fue el pronunciamiento y que lo que se ha dicho de no se va a privatizar quede escrito en el papel. Que no sea solamente la palabra, que se la lleva el viento y además se puede cambiar de parecer de la noche a la mañana; puede haber hoy una declaración y dentro de un año otra. En segundo lugar, la reducción o la adecuación de plantilla debe ir unida al rejuvenecimiento y al mantenimiento de las distintas áreas o negocios que ahora mismo se desarrollan en las diferentes factorías.
Por último, otro punto sería que el Gobierno adoptara toda una serie de iniciativas, de propuestas, para garantizar el empleo que en la actualidad existe y la titularidad pública. Termino, señor Presidente, haciendo referencia a esto. Si algún sector puede definirse como estratégico en nuestro país es el de defensa, junto con el de energía.
Poca justificación de actividad productiva en las empresas podría tener si éstos no son definidos, como sectores estratégicos. Es más, señorías.
Hay un compromiso para abordar en seis años un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas; modernización que va unida, por un lado, a la profesionalización de la tropa, y, por otro, a la capacidad. No es posible abordar la adecuación de un ejército rápido, de un ejército flexible si no está bien dotado, fuertemente dotado, y las factorías que hoy tenemos en Cargatena, así como las distintas factorías de Bazán, pueden participar --deben hacerlo-- en esa modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, sería una contradicción que no tuviéramos esa dinámica cara al futuro. Hacemos hincapié en que se mantenga la titularidad pública por entender que el de la defensa es un sector estratégico y que la dinámica que elabore ese plan estratégico --aunque hay que reconocer que debe estar basado en el compromiso, en los contratos con el Ministerio de Defensa, con la Armada-- lógicamente se debe abrir, ampliar, crecer con los contratos complementarios, con los contratos civiles, que tengo que reconocer que son bastante amplios y que la empresa está caminando holgadamente hacia ellos. Por tanto, creo que sería un buen caminar de ese plan estratégico y un buen clima para que pueda ser negociado entre los agentes sociales y las fuerzas políticas este pronunciamiento de la Cámara. En todo caso, como hay enmiendas presentadas por otros grupos, espero oír su argumentación y nos pronunciaremos al final sobre las mismas.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz señor Cárceles.


El señor CARCELES NIETO: Señor Presidente, yo participo extraordinariamente de las opiniones del señor Ríos en defensa de su proposición no de ley; participo de las ideas de carácter general. Una empresa no es capaz de mantener su tecnología si no es capaz de mantener la renovación de su plantilla y de mantener unas edades medias y unas incorporaciones en las que las entradas y las salidas de personal vayan enlazando, heredando, la tecnología que ese astillero tiene en la actualidad. Por cierto, hay que decir que la Empresa Nacional Bazán posiblemente sea el único astillero europeo de integración, el único.
Posiblemente los hay de mayor especialización y de mejores resultados, pero astilleros de integración como la Empresa Nacional Bazán, después de unas determinadas reformas, evidentemente no los hay.
Ahora bien, ante los fantasmas de las palabras que producen un determinado estado psicológico en las personas como privatización, reducción, cierre, quiero dejar muy claro aquí, ante esta Comisión, que se han hecho manifestaciones utilizando incluso los argumentos del señor Ríos. Figuran en el «Diario de Sesiones» las manifestaciones muy recientemente hechas en una comparecencia del señor Piqué, Ministro de Industria, manifestando que precisamente por ser una actividad estratégica para el Estado no se privatizará la Empresa Nacional Bazán. Y lo han dicho también después, al hilo de las declaraciones del ministro, los distintos altos cargos del Ministerio de Industria. Por tanto, rotar y girar sobre esa idea creo que es estéril e inútil porque ha habido un compromiso claro. Y si alguna duda queda en el rango de la jerarquía del Gobierno, el propio Presidente del Gobierno ha dicho que Bazán no se va a privatizar. Por tanto, eso no me preocupa.
Sin embargo, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque hemos encontrado la dificultad técnica de su redacción. Por ejemplo, elaborar un plan estratégico de Bazán que impida cualquier intento de... No hay ningún plan estratégico que pueda ser tan rígido como para decir que tiene que llegar a ese final. Un plan estratégico no es más que dotar de una serie de instrumentos de carácter financiero, de carácter empresarial, de carácter, valga la redundancia, estratégico en el mercado para producir un mayor dinamismo de la empresa, según los objetivos establecidos.


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¿Y cuáles son los objetivos establecidos de la Empresa Nacional Bazán? De carácter estratégico específico es atender las necesidades del armamento de la defensa nacional. En este caso específico la construcción de buques y motores para la Armada y para otros ejércitos los carros de combate, etcétera. De manera que un plan estratégico puede abordar esos instrumentos necesarios para que la empresa pueda alcanzar unos objetivos que hay que establecer. Lo que no se puede hacer, en cualquier caso, es que un plan estratégico apunte con carácter final, con carácter fatal, una determinada posición o una determinada conclusión de que no se haya esto o lo otro, dependerá. Dependerá ¿de qué? Dependerá del mercado, dependerá de si tenemos más presencia en el mercado internacional, dependerá de si el Estado español quiere tener una dimensión de Armada mayor o menor. Estos son los temas que evidentemente pueden influir en que la empresa tenga un tamaño A un tamaño B o un tamaño C.
Quiero recordar al señor Ríos que la evolución de las plantillas desde el año 1984 a 1993 ha sido exactamente de 37.071 empleados a 14.650, en ese ciclo de años. Es decir, bajo mandato socialista se ha producido una reducción brutal de la empresa. ¿Por qué? Porque bajo mandato socialista no es que ha habido ganas --que por supuesto presupongo la buena fe, no es que ha habido ganas de echar a la gente de una empresa-- sino porque el inmovilismo de la empresa pública bajo el Gobierno socialista ha impedido, primero, que el propio Ministerio de Defensa tuviera un proyecto ambicioso de construcción naval. Quiero recordar a su señoría que en esta Cámara y bajo ese Gobierno se aprobó el plan Altamar, que el propio Gobierno socialista renunció a ejecutar. También tengo que recordar al señor Ríos que en cuanto al mercado de la exportación en la industria de la defensa tampoco en esos años el Gobierno español ha conseguido colocar productos muy importantes y de mucho prestigio, como es la construcción y proyecto de submarinos, como es la construcción de cazaminas, como ha sido la construcción de corbetas de gran prestigio en la referencia de la Guerra del Golfo, como ha sido un portaaviones pequeño, operativo y dinámico. Es decir, en este momento, la Empresa Nacional Bazán tiene, desde el punto de vista de la construcción naval, cuatro, cinco, seis productos de una importante demanda en el mercado internacional. ¿Por qué no se ha trabajado en esa línea? El no tener cartera de pedidos ha obligado al Gobierno a poner en una situación no asfixiante a la empresa para reducir sus contratos.
Señor Presidente, entendemos que no se puede hacer un plan estratégico que apunte finalistamente a una conclusión. El plan estratégico requiere lo que dice su expresión: dotar de instrumentos de todo tipo a una empresa para que pueda tener un mejor resultado económico y una mejor viabilidad empresarial.
Por tanto, señor Presidente, nosotros planteamos una enmienda de modificación a la proposición no de ley. Consistiría en lo siguiente.
Punto primero: Elaborar un plan estratégico de Bazán que adecue la factoría de Bazán en Cartagena a las necesidades previsibles del Ministerio de Defensa y a las posibilidades de captación de pedidos de otros mercados. Punto segundo: Realizar cuantas propuestas de iniciativas se precisen para garantizar el mayor empleo posible. También sometemos a la consideración de esta Comisión añadir la siguiente expresión: Con el objetivo de conseguir, en un plazo de tiempo razonable, situar a la Empresa Nacional Bazán en Cartagena en situación de viabilidad para que pueda subsistir sin la necesidad del soporte financiero de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno quiere que la Empresa Nacional Bazán opere en el mercado para que guarde no solamente equilibrio financiero como tal actividad económica, sino que, además, en defensa de los intereses estratégicos de la nación, pueda incrementarse su facturación y su presencia en el mercado, no sólo en el nacional sino también en el internacional.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿acepta su grupo la enmienda?

El señor RIOS MARTINEZ: ¿No fijan posición los grupos y, después, hablo de la enmienda?

El señor PRESIDENTE: Hay que saber, señor Ríos, la posición de su grupo sobre si acepta o no la enmienda. Si su grupo no la acepta, no cabe ya pronunciarse sobre la misma porque no se interpreta que tenga trámite esa enmienda.
¿Acepta su grupo esa enmienda?

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo le explico ahora nuestra posición sobre los dos puntos de la enmienda y la transacción que se me ofrece in novo. Por regla general, en las comisiones siempre se responde al final, después de la fijación de posiciones, para oír la opinión de los demás grupos. Reglamentariamente, es así en el Pleno todos los días.


El señor PRESIDENTE: Lo que sucede es que, si se plantea una enmienda a la proposición no de ley, los grupos que tienen que fijar posición deben saber si el grupo proponente acepta la enmienda, porque la fijación de posición debe ser referida estrictamente a esa enmienda que se acepta.


El señor RIOS MARTINEZ: Acepto el procedimiento reglamentario de la Presidencia y paso a explicarme.
Señor Presidente, nosotros no podemos aceptar la enmienda porque, más que una enmienda, es una modificación sustancial de nuestra propuesta, no porque no vaya con buen objetivo pues intenta recoger compromisos, pero parece como si ahora mismo no hubiese viabilidad en la realidad, conforme lo ha terminado de explicar el portavoz del Grupo Popular, señor Cárceles. Hablaba de la evolución de la empresa, de 34.000 a 14.000; hoy hay 7.500. No se puede plantear que la figura ideal de la empresa sea de 6.000, 5.000, 4.000, porque no hay renovación.
En ese sentido, señor Presidente, entendiendo que es un buen objetivo que la Cámara se pronuncie para que haya un plan estratégico, la redacción que se nos propone es excesivamente

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abierta, aun reconociendo que nuestro texto podría haberse modificado.
Por ejemplo, en lugar de «que impida», pues lleva razón que no se puede impedir, se diga «que evite» cualquier intento de privatización; en lugar de «reducción», que se diga «reducción drástica». Eso sí habría sido una enmienda de precisión de nuestro contenido, pero el pronunciamiento de la Cámara, con independencia del posicionamiento verbal de distintos miembros del Gobierno, no debe evitar que los grupos parlamentarios puedan votar aquí la opinión de la Comisión de Industria ante el Gobierno. Otra cosa es lo que digan los ministros, estamos así todos los días en la Cámara, en el Pleno y en la Comisión. Por eso, señor Presidente, preferimos que nuestra proposición se vote con esas dos modificaciones in voce: sustituir la palabra «impida» por «evite» y añadir «drástica» a la expresión «reducción de plantilla».


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición sobre el texto de la proposición no de ley con estas particulares correcciones del proponente? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz.


La señora CANOVAS MONTALBAN: Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista respecto de la proposición no de ley que hoy nos ocupa y adelanto que votaremos a favor, aceptando las modificaciones que ha introducido el representante de Izquierda Unida.
La proposición puede parecer extemporánea pues hace nueve meses que fue presentada en esta Cámara y reabre un debate que debería estar cerrado y aclarado en su totalidad, ya que la viabilidad de la empresa en un futuro tenía que estar reflejada en el plan de empresa, y la voluntad de no privatización no ha debido ponerse en duda en estos meses.
Nuestro grupo, allá por junio, cuando esta proposición fue presentada, recibió una respuesta escrita del Gobierno en el sentido de no privatización, aunque añadiendo el matiz de introducir un mayor grado de tensión que, en su momento, no sabíamos muy bien cómo interpretar, pero ahora creemos que podría referirse a la tensión arterial de los trabajadores gracias a las declaraciones de febrero del señor Prada, afortunadamente ya aclaradas por él mismo en su reciente comparecencia en esta misma Comisión, en la que tuvimos ocasión de preguntarle y ser respondidos que no existe ninguna previsión de privatización a tan largo plazo, desmintiendo así las noticias de prensa que atribuían a la Agencia la intención de privatizar Bazán/Cartagena en siete años. (El señor Vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.) También escuchamos atentamente las manifestaciones del Grupo Popular, más contundentes, afirmando que es una empresa estratégica y que ni ahora ni nunca. Por tanto, no dudamos ni de unos ni de otros y queremos creer que este Gobierno quiere mantener el modelo del continente europeo de astilleros públicos, frente a la concepción privatizadora de Inglaterra o Estados Unidos.
Se han sucedido en estos meses comparecencias en sedes parlamentarias, respuestas escritas y orales, declaraciones y desmentidos, manteniendo viva una cuestión que debía estar totalmente cerrada y que todos, no sólo los grupos políticos en el Congreso sino los trabajadores en su empresa y los familiares en sus casa, tengan la total seguridad de que en los planes del Gobierno no entra privatizar Bazán, ni ahora ni en el futuro, por considerarla una empresa estratégica para los intereses del Estado.
Comienza la proposición pidiendo un plan estratégico y continúa solicitando que se realicen las propuestas e iniciativas necesarias para garantizar el empleo y la titularidad pública en Bazán. Interpretamos que se refieren al plan de empresa, que desde hace tiempo esperaban los trabajadores para enero y que ahora se les promete para junio --esperemos que no quede para septiembre-- y que darán para auditar a expertos externos. Podemos entender que estén esperando garantizar ciertas cargas de trabajo antes de cerrar el plan. Por tanto, nos parece oportuno que nos reafirmáramos aquí todos los grupos en lo que puede parecer obvio, entendiendo que, en este caso, lo que abunda no daña. En consecuencia, apoyaremos este texto, ya suscrito por el Grupo Socialista en otra sede parlamentaria, pues coincide con la moción conjunta de los grupos de Izquierda Unida y Socialista, presentada en junio en la Asamblea regional de Murcia, y que recogía el escrito entregado por los trabajadores de Bazán a todos los grupos políticos en esas fechas.
Así que, mientras llega el ansiado plan de empresa, que debe marcar las pautas de actuación para los próximos años, y se despejan algunas incógnitas respecto a nuevas cargar de trabajo, segundo LPD, submarino de Chile, posible renovación de la flota de submarinos, etcétera, consideramos que el texto de la proposición sigue teniendo validez y votaremos a su favor. Escuchar la enmienda que el Partido Popular presenta a esta proposición nos reafirma en mantener el texto de la propuesta porque nos puede traer una reducción de plantillas. (El señor Cárceles Nieto pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Cárceles?

El señor CARCELES NIETO: Estamos en turno de fijación de posición sobre la proposición no de ley, señor Presidente, y yo he defendido la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor CARCELES NIETO: No deja de sorprenderme la intervención de la señora Cánovas...


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, quiero pedir la palabra porque no es tradicional, ni ordinario, ni reglamentario el turno que se va a conceder. Si el señor Presidente considera que es necesario que se dé el turno, le pediría que tenga la consideración después de ofrecer la posibilidad de poder fijar la posición respecto a la intervención. En cualquier caso, en su propia posición ya ha fijado también la de la enmienda.


El señor CARCELES NIETO: Señor Presidente, la Presidencia ha hecho una invitación a los grupos que deseen

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intervenir sobre la proposición no de ley. Ha habido un trámite previo para debatir una enmienda y a continuación termina el turno con la posición de los grupos.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): El turno queda cerrado así.
Si usted lo considera necesario, le voy a dar un turno de un minuto y después lo tendrán los demás.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo le solicitaré ese turno porque es reabrir el debate. La fijación de posición del Grupo Popular es la defensa de la enmienda a la proposición. En todo caso, como ha habido siempre magnanimidad, si hay ese turno de explicación, después la daremos los grupos. No debe cerrar un debate quien no es el grupo proponente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Oídos todos los portavoces, señor Cárceles, le rogaría que desistiera de la utilización del turno.


El señor CARCELES NIETO: Señor Presidente, yo no trato de alterar nada, pero lo que no se puede es desnaturalizar el debate de menor a mayor, por grupos parlamentarios, de manera que cierre este debate la señora Cánovas, del Grupo Socialista. Es correcta la interpretación del Reglamento para que, visto el trámite de enmiendas, fijen posición los grupos de menor a mayor. (Rumores.) Así es el Reglamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Si SS. SS. quieren les leo el artículo 195 para ver si conseguimos zanjar la discusión: La proposición no de ley será objeto de debate, en el que podrá intervenir, tras el grupo parlamentario autor de aquélla, un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que hubieran presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran hecho. Una vez concluidas estas intervenciones, la proposición, con las enmiendas aceptadas por el proponente de aquélla, será sometida a votación.
Por consiguiente, señor Cárceles, le ruego que desista de su pretensión.


El señor CARCELES NIETO: Señor Presidente, yo acato las decisiones de la Presidencia, como es natural.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Muchas gracias, señor Cárceles.


--SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION PRODUCTIVA DE LA FACTORIA DE EL FERROL (LA CORUÑA), DE LA EMPRESA NACIONAL BAZAN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000109.) El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Pasamos al punto 8 del orden del día. Proposición no de ley sobre medidas para garantizar la plena utilización productiva de la factoría de Ferrol (La Coruña) de la Empresa Nacional Bazán. Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, la Empresa Nacional Bazán, dentro del sector de construcción naval, lógicamente ha sufrido los avatares de este sector, si bien en el caso de esta empresa, con las especialidades que se le imponen, tanto por la normativa nacional como por la europea, en la medida en que viene trabajando en exclusiva en el mercado militar, esa normativa le impide el acceso al mercado civil. Con estas limitaciones lo cierto es que la empresa y sus trabajadores han acreditado sobradamente su profesionalidad, que se ha puesto de manifiesto en la obtención, por parte de la Empresa Nacional Bazán, de concursos celebrados, no sólo a nivel nacional sino también internacional, para la construcción de buques importantes que han supuesto contratos con potencias extranjeras.
Recientemente, la Empresa Nacional Bazán entregaba un portaaviones para Tailandia. Por sus características, la construcción de este específico buque acredita sobradamente la profesionalidad y capacidad de la citada empresa. Esta profesionalidad y competencia contrasta con las dificultades por las que atraviesa últimamente esta empresa, en concreto una fuerte caída de la carga de trabajo y una incertidumbre importante en relación con el futuro, tanto inmediato como a medio y largo plazo.
Para abordar esta situación, señorías, hemos presentado la proposición no de ley que hoy sometemos a votación. En ella queremos atender esta realidad de la Empresa Nacional Bazán desde lo más urgente, desde lo más inmediato hasta el medio y largo plazo, empezando por la necesidad de que se le encargara, en concreto a la factoría de Ferrol, la construcción de un buque susceptible de ser iniciado en el mes de marzo de 1997. En este sentido anticipo que la enmienda que va a presentar el Grupo Socialista, acerca de que este buque tiene que tener unas características determinadas para que su construcción pueda iniciarse en el mes de marzo de 1997, estamos dispuestos a aceptarla porque es perfectamente coherente con la sintonía, con la filosofía y con el tenor literal de nuestra petición.
Asimismo, señorías, consideramos que es urgente, necesario a medio plazo la aprobación con la orden de ejecución de las cuatro fragatas F-100. Es verdad que ya se han puesto en marcha todas las medidas encaminadas a hacer realidad esta orden de ejecución. Nos parece oportuno que nuevamente nos pronunciemos y ratifiquemos la necesidad de que esto es así y que se haga realidad cuanto antes. La construcción de las cuatro fragatas F-100 requiere toda una serie de trabajos preliminares que cuanto antes se pongan en marcha mejor para la factoría.
Creemos también que el futuro a medio y largo plazo de la factoría de Ferrol de la Empresa Nacional Bazán requiere abordar la problemática de su regulación legal, que se concreta en la prohibición de acceso que tiene hoy, por

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norma, al mercado civil de la construcción y, por otra parte, la elaboración de un plan de diversificación que no sea pura y simplemente un documento que puede estar muy bien elaborado, que puede reflejar soluciones adecuadas, pero que no serviría de nada, señorías, si no va acompañado de la previsión presupuestaria, de las dotaciones necesarias para la efectividad del mismo. Este es un punto importante.
Nosotros consideramos que estas medidas, que sin lugar a dudas seguirán siendo incompletas, se podrían mejorar con las aportaciones de otros grupos, pero insisto que son necesarias. Por tanto, señorías, les rogamos su voto a favor de las mismas.
Creemos que estas medidas son más concretas, pero en definitiva comparten también la filosofía que se contiene en la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que luego se someterá a consideración. Nosotros anticipamos nuestra mejor disposición en relación con esa proposición no de ley. Le hemos hecho una sugerencia al Grupo Popular y desearíamos que por su parte hubiera la misma disposición y buena voluntad en relación con nuestra proposición.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Hemos presentado una iniciativa para el plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán, que tiene por objeto el impulso de un nuevo plan de viabilidad para la citada empresa y el análisis de la oportunidad de nuevas actividades, pero respetando las limitaciones legales a que está sujeta.
La construcción naval está sometida, en cuanto a la utilización eficiente de sus capacidades, a oscilaciones importantes del lado de la demanda. En el caso de la construcción naval de defensa parece conveniente que por razones de tradición, bien hacer y estrategia industrial siga recayendo en la Empresa Nacional Bazán.
Gracias a los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Industria y el de Defensa se ha reducido la incertidumbre sobre el futuro de la empresa y ajustado las potencialidades de su factoría, lo que permite dedicar un conjunto de recursos a la investigación y desarrollo tecnológico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a impulsar un nuevo plan de viabilidad que prevea el escenario de actividades con construcciones para la Marina de guerra, exportaciones y reparaciones.
El plan que solicitamos tiene como punto de partida la situación actual de la empresa y el análisis de las actividades que deben ser potenciadas, pues van a ser las que se les demanden en el futuro.
En definitiva, se trata de definir el esquema de Bazán para los próximos diez o doce años, que es el horizonte en el que la empresa se puede mover. En líneas generales, el objetivo principal del plan es mantener la capacidad de Bazán en lo que se refiere a defensa nacional, para seguir siendo una empresa capaz de proporcionar a la defensa productos de primerísima línea, tan buenos como los mejores, que el mercado internacional pueda ofrecer.
De forma secundaria, y para complementar esto, se potenciarán las capacidades de exportación de defensa y, dentro del campo civil, las actividades propias de Bazán en el campo naval y en el campo industrial --motores, turbinas, Proyecto bosque, sistemas de vigilancia naval Serviola y otros--, en las que la empresa es altamente competitiva. Lo que se pretende es que Bazán no quede para siempre colgada de los presupuestos de Defensa, de forma que la empresa pueda compensar las bajas que puedan producirse, aumentando su facturación exterior y en las áreas del campo civil mencionado.
Para solicitar este plan ha sido preciso esperar a la aprobación del programa de fragatas F-100, pues la situación de Bazán era totalmente distinta sin éstas. Sin fragatas, Bazán tenía un futuro crítico, pues durante los últimos años sólo se había confiado en este programa, sin buscar alternativas posibles. Por otra parte, Bazán debe continuar haciendo un cada vez más riguroso seguimiento de los planes industriales y estratégicos, tanto nacionales como regionales, tratando de obtener las oportunidades de negocio que de ellos puedan derivarse para complementar sus actividades tradicionales en el campo de la defensa nacional. Por último, continuar en el esfuerzo ya emprendido de estar presente en todo tipo de licitaciones nacionales e internacionales, tanto en el campo de la construcción naval como en el resto de sus líneas de actividades.
Señor Presidente, quisiera también entrar en el debate sobre el punto anterior de la proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida, donde se nos habla, en primer lugar, de la aprobación antes del 31 de julio. Se ve que ha quedado desfasado en el tiempo. Imagino que el cuarto punto, la elaboración antes del 31 de diciembre de 1997, será una errata y quería referirse al año 1996. Suponemos que el primer punto se está refiriendo a un buque de guerra, en concreto al famoso buque tipo LPD, y podemos apuntar hoy mismo que está muy próxima la concreción de este contrato, puesto que resulta imprescindible, y así lo ha visto el Gobierno popular, para evitar un expediente de regulación de empleo en esta factoría, dado que este buque permite cubrir el desfase entre la terminación de los trabajos actuales y eldesarrollosustancialde las fragatas F-100.
En cuanto a la aprobación de la orden de ejecución de las cuatro fragatas, está claro que en el Consejo de Ministros celebrado el 24 de enero de 1997 tuvo lugar el acuerdo para la celebración de dicho contrato. (Los señores Hernández Moltó y Cuevas Delgado cambian impresiones entre sí.) Sí, es un desahogo, porque realmente hemos visto que no ha habido una previsión en los últimos años para Bazán; nos hemos encontrado con que ni siquiera el programa de las fragatas F-100 estaba culminado, y nosotros hemos llegado a este extremo.
Queríamos también comentar...


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, lo de desahogo no iba en absoluto por las argumentaciones, ni mucho menos.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señor Hernández Moltó, en la defensa de la enmienda cabe

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lo que está diciendo el representante del grupo enmendante.


El señor HERNANDEZ MOLTO: En una interpretación muy laxa, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Estoy de acuerdo con usted, señor Hernández Moltó.


El señor IBAÑEZ HARO: En el tercer punto hay que precisar que Bazán no tiene prohibido realizar reparaciones; de hecho Bazán-Ferrol ha facturado del orden de 4.000 millones de pesetas en los últimos años y tiene asignada a esta actividad, la de reparaciones, una plantilla de unos 450 trabajadores, aunque realmente en el año 1996 ha tenido un grado de ocupación de un 57 por ciento.
La norma que establece la prohibición referida es actualmente el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval, que fue modificado con posterioridad parcialmente por el Real Decreto 1.395/1995, y hay que señalar que la intención, a la hora de limitar la actividad de Bazán en cuanto a la construcción de buques mercantes, era evitar la posible competencia con los astilleros nacionales que iniciaron sus procesos de reconversión al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1.271/1983, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval, con una importante reducción de la capacidad de construcción de buques civiles, acorde con la llevada a cabo por los restantes países comunitarios como consecuencia de la importante reducción de la demanda mundial de construcción de buques mercantes acaecida a mediados de los años setenta y que se ha mantenido, con pequeñas oscilaciones, hasta la actualidad.
La reducción de capacidad del conjunto del sector de construcción naval suponía, y supone todavía, un importante esfuerzo, tanto por parte de las empresas y trabajadores implicados como de los fondos públicos necesarios para contribuir a la financiación de los costes correspondientes. Por tanto, no parece lógico que Bazán, además de su actividad principal de construcción de buques militares, construya buques civiles, como había hecho en el pasado, y ello sin perjuicio de que en determinados casos muy justificados, el de los ferry rápidos de aluminio, que es una aplicación dual, se autorice la entrada en el área no estrictamente militar.
Por último, el plan de futuro que Bazán está elaborando contemplará todas las actividades de la empresa, además de las actuales de diversificación de la factoría de Ferrol, fundamentalmente la fabricación de turbinas. Se espera iniciar este año la colaboración en el plan eólico gallego, con una importante participación en la fabricación de aerogeneradores. Dicho plan está prácticamente elaborado, se ha presentado a la Agencia Industrial del Estado y posteriormente se va a negociar con los representantes sindicales.
Señor Presidente, señorías, creo que esto debía de soportar precisamente este plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán que nuestro grupo ha presentado como enmienda al punto anterior.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el señor Peralta, en nombre del grupo proponente, a los efectos de decir si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Popular.


El señor PERALTA ORTEGA: Previamente, señor Presidente, le pediría una aclaración, porque la amplia disertación del representante del Grupo Popular me ha introducido la duda de si estamos debatiendo sólo mi proposición no de ley o también una proposición no de ley del Grupo Popular que viene a continuación sobre el mismo tema, porque me ha parecido que hacía una exposición de las medidas de su proposición no de ley. Si sólo se discute la mía, me posiciono en relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Estamos debatiendo exclusivamente la suya, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por esa aclaración acerca de la duda que, insisto, se me ha suscitado.
Señorías, me van a permitir que les lea cuál es el contenido de la enmienda del Grupo Popular. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las oportunas medidas tendentes a la plena utilización productiva de la factoría de Ferrol de la Empresa Nacional Bazán.
Sin lugar a dudas ésta es la mejor declaración de intenciones, que todos suscribiríamos, pero que desde luego dista mucho de ese nivel de preocupaciones tan concretas a las que el propio representante del Grupo Popular ha hecho referencia en su intervención. Yo hubiera celebrado que todas esas declaraciones y manifestaciones que verbalmente ha realizado el representante del Grupo Popular las hubiera concretado en esta enmienda, y yo posiblemente no hubiera tenido el menor inconveniente en aceptarla. Pero cuando, tal y como se reconoce por el representante del Grupo Popular, se están atravesando serias dificultades por una caída importante de carga de trabajo en la factoría de Bazán; cuando hay incertidumbres importantes acerca del futuro, que se nos diga pura y simplemente esta declaración de intenciones, no es voluntad de nuestro grupo oponernos a esto, sino que entendemos que realmente no se da una respuesta satisfactoria incluso en los mismos términos en los que se ha expresado el representante del Grupo Popular, que, insisto, hubiéramos deseado verlo plasmado por escrito, y en ese caso posiblemente lo habríamos aceptado. Tal como está redactado, lo siento, pero no puedo aceptarlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida.


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En primer lugar, quiero decir que, aunque tiene como fecha de entrada el 13 de junio de 1996, se trata de una proposición que desgraciadamente sigue vigente porque desde esa fecha no se han tomado las medidas que aquí se reclaman. De los cuatro puntos de que consta la proposición, nosotros vamos a apoyar tres --ahora diré con qué punto mantenemos diferencias--, por lo que, en el momento de la votación, solicitaremos que se haga separadamente.
Decía antes que la proposición tenía plena vigencia porque, si ahora estamos reclamando que se apruebe y se agilice la orden de ejecución de las cuatro fragatas F-100, hay que recordar que el anterior Gobierno socialista ya había ultimado este plan, estaba en condiciones de aprobarlo y no lo hizo precisamente por el período de convocatoria electoral, puesto que incluso durante la transmisión de poderes hubo declaraciones públicas de representantes del Grupo Popular que estaban en esa negociación pidiendo que determinadas cosas no se aprobaran. Pero es bien cierto que, una vez que se forma Gobierno, se podía haber puesto en marcha perfectamente ese plan de ejecución de las fragatas, y la verdad es que, a estas alturas, todavía seguimos sin tener esa certeza --aunque parece que sí se van a construir--, ya que no está dada la orden de ejecución de las fragatas y no está puesta en marcha operativamente.
En todo caso, debido a este retraso, hay un problema: si no se habilita una carga de trabajo para lo que queda de 1997 y 1998, habrá problemas, sobre todo en la factoría de Ferrol. Por tanto, el punto primero, que es encargar un buque susceptible de iniciarse en el mes de marzo, nos parece que es muy oportuno. Yo aquí hago una enmienda in vocce, si el señor Peralta tiene a bien aceptarla, y es que se concretara que este buque fuera LPD, que es el que permitiría su ejecución inmediata. Otro tipo de buque no lo permitiría, porque estaríamos en la misma situación que con las fragatas.
Respecto al último punto, la elaboración de un plan de diversificación, nosotros estamos de acuerdo; no estamos en contra de que se estudie, se analice y se haga un plan de diversificación, pero eso no tiene por qué suponer --a eso sí nos opondríamos-- la derogación de la norma por la que se regula la actividad de la Empresa Nacional Bazán, porque está íntimamente ligado a acuerdos sobre el sector naval tomados en la Unión Europea, afectaría negativamente a los astilleros y, por tanto, no sería una buena medida. Por otra parte, no se trata solamente de un problema de derogación, sino que nosotros creemos que es posible la diversificación de la empresa, aun respetando esta normativa legal.
Por tanto, aprobaremos los tres puntos de esta proposición a los que me he referido y nos opondremos al punto tercero, por lo que solicitaremos votación separada.
Como esta proposición tiene mucho que ver en su filosofía con la que sigue, anuncio ya que parte de nuestra posición aquí está reflejada en una enmienda presentada a la siguiente proposición, que veremos luego.
Por tanto, termino aquí mi intervención.


--SOBRE EL PLAN DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL BAZAN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000275.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que corresponde al punto número 9: sobre el plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor Presidente, ya he hecho la defensa antes. Al hacer la exposición del plan de viabilidad hice las dos cosas al mismo tiempo, y sería repetir lo anteriormente dicho. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): De acuerdo. ¿Señor Peralta?

El señor PERALTA ORTEGA: Me permitirán que comience pidiendo excusas. A mí me había parecido, señor Presidente, que el Grupo Popular había hecho su exposición anteriormente, y lo que me sabe fatal, y reconozco que es mi ignorancia, es que, después de haber atendido a aquella exposición, sigo sin entender por qué el título de esa proposición no de ley del Grupo Popular es: proposición no de ley sobre el levantamiento de la prohibición que pesa sobre la Empresa Nacional Bazán para la construcción naval.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Es que ha habido una corrección.


El señor PERALTA ORTEGA: Pues no me ha llegado a mí, señor Presidente, y me estaba calentando la cabeza pensando qué prohibición querían levantar los representantes del Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): En el Boletín del 23 de diciembre hay una corrección relativa a esta proposición no de ley sobre el levantamiento de la prohibición que pesa sobre la Empresa Nacional Bazán para la construcción naval, en el sentido de sustituir dicha expresión por la siguiente: proposición no de ley sobre el plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán.
¿Desea intervenir, señor Peralta?

El señor PERALTA ORTEGA: Deseo fijar posición cuando me toque, porque creo que algún grupo ha presentado enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el señor Cuevas, para defender su enmienda.


El señor CUEVAS DELGADO: Estamos en la misma situación de siempre al acercarnos al problema

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de la Empresa Nacional Bazán, bien sea con proposiciones en relación con Cartagena, bien en relación con Ferrol, etcétera. Ahora se hace una proposición por la que se pretende impulsar un nuevo plan de viabilidad que prevea un escenario de actividades en términos generales --exportaciones y reparaciones-- y, después, se prevé analizar las oportunidades de la empresa de nueva actividad.
Nosotros hemos presentado una enmienda y, sobre esa enmienda, vamos a presentar otra enmienda in voce que la aclare más en el sentido siguiente. Nosotros pensamos que se pueden analizar las oportunidades, que se puede impulsar un nuevo --si se quiere llamar nuevo-- plan de viabilidad, pero todo eso estaba en marcha. El problema que hoy tiene la Empresa Nacional Bazán es que, teniendo carga de trabajo a medio y largo plazo, hay un tiempo, lo que queda de 1997 y 1998, en que esta empresa tendría déficit de carga de trabajo. Nosotros presentamos una enmienda a los presupuestos para que se habilitara dotación presupuestaria para la construcción de un nuevo buque LPD, enmienda que fue rechazada; sin embargo, parece ser que en los presupuestos sí hay consignación para una posible regulación de empleo en la factoría de Ferrol. Aquí tengo una carta del Director General de Industria en la que dice que puede confirmar que en las próximas semanas se establecerán los oportunos acuerdos para la puesta en marcha de la segunda LPD. Esta es una carta fechada el 9 de enero de 1997. Puede haber una posibilidad de que haya asignación presupuestaria para la construcción de este nuevo buque si hay un acuerdo entre los Ministerios de Industria y Defensa, y creemos que ésta es la única solución, que no hay otra. En todo caso, en la enmienda que hemos presentado --que sería un punto 3 nuevo--, para dar mayor amplitud a su contenido, decimos que se concreten los encargos previstos con la mayor urgencia. Decimos previstos porque parece ser que hay otros encargos. Y, si no fuera posible, que se dispusieran inmediatamente las medidas para que entre el Ministerio de Industria y el de Defensa pusieran en marcha el encargo de un nuevo buque LPD, que es la cuestión, y lo demás es darle vueltas.
Por eso, el sentido de nuestra enmienda creemos que no puede ser rechazado por el Grupo Popular, además de tener la misma filosofía que la anterior iniciativa de Izquierda Unida. Por tanto, señorías, si todos estamos diciendo que hay que asegurar la calidad de trabajo y hacer viable la empresa, pongamos manos a la obra y aprobemos esta proposición con la enmienda correspondiente.
Hay otra pequeña enmienda, otra corrección, relativa a que solamente se hace referencia a la Marina de guerra cuando nosotros entendemos que debe figurar Ministerio de Defensa.
Esta explicación sobre el sentido profundo de la enmienda es reiterativa --hace dos semanas la señora Marón presentó otra iniciativa en este mismo sentido--, pero creemos que la única forma de garantizar la viabilidad de la Empresa Nacional Bazán a corto y medio plazo, sobre todo en la factoría de Ferrol, es que el Ministerio de Defensa encargue un nuevo buque LPD.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, a los efectos de explicar si acepta o no la enmienda.


El señor IBAÑEZ HARO: No aceptamos la enmienda, señor Presidente.
Entendemos que el plan de viabilidad que está contemplando es el que quiere el Grupo Popular, y además en la propia enmienda que presenta el Grupo Socialista nos dice que está previsto ya en los planes de dicho Ministerio, sólo queda la concreción del contrato que se va a hacer en breve, y, por tanto, ese buque LPD será una realidad inmediata en la factoría de Ferrol.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, decía hace un momento que me gustaría que el Grupo Popular hubiera explicado por qué había puesto inicialmente como título a su proposición no de ley el de: proposición no de ley sobre el levantamiento de la prohibición que pesa sobre la Empresa Nacional Bazán para la construcción naval. Ya se me ha aclarado que no es ése el título correcto que tiene esta proposición no de ley, o al menos no es el título que finalmente prevalece. Sin embargo, me queda la duda, señorías, de por qué se le puso ese título inicialmente, máxime si se tiene en cuenta que si esa proposición no de ley guardaba alguna relación con la defendida por nosotros hace un momento y trataba de, en relación con la problemática por nosotros denunciada, marcar la posición del Grupo Popular, la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida debatida con anterioridad hablaba pura y simplemente de medidas para garantizar la plena utilización productiva de la factoría de Ferrol de la Empresa Nacional Bazán; no se decía en su título nada de ninguna prohibición que afectara a la Empresa Nacional Bazán.
Sin embargo, los autores de la proposición no de ley del Grupo Popular --y digo autores porque me consta que en el Grupo Popular se trabaja seriamente estos temas y no es una persona concreta sino un colectivo-- la titulan: para levantar la prohibición que pesa sobre la Empresa Nacional Bazán. Yo pregunto ahora, ¿es que pesa realmente alguna prohibición sobre la Empresa Nacional Bazán? Efectivamente, sí, señorías, sí que pesa, y lo verdaderamente curioso es que se redactara una proposición no de ley con ese objetivo y a continuación no se hiciera la menor referencia a esa prohibición. Nosotros creemos, señorías, que esa prohibición es un lastre importante a la actividad de la Empresa Nacional Bazán, y en la proposición no de ley, en concreto en la que nosotros hemos defendido anteriormente, pedíamos que esa prohibición, que tiene su reflejo en una norma concreta, fuera derogada.
Pero ésa ha sido la discusión que hemos tenido anteriormente porque nosotros sí que creemos que hay una prohibición y planteamos, lógicamente, que se levante, como dice el Grupo Popular, o que se derogue, como decíamos nosotros. Ese fue el debate anterior, ahora ya no estamos en ese debate, ahora estamos en un debate quizá,

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permítanme que lo diga, presidido por una cierta incoherencia inicial de denunciar una prohibición a la que a continuación no se hace la menor referencia, pero, en definitiva, eso es lo que ha querido el Grupo Popular, y si hay incoherencia es la incoherencia del Grupo Popular, no la nuestra. Sobre esa posición nos tenemos que pronunciar.
Señorías, no tendríamos inconveniente en votar a favor de la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Popular. Nos parece que no es la respuesta adecuada, concreta, clara, precisa a la problemática de la Empresa Nacional Bazán, que hay omisiones importantes, pero es una vía posible, y nosotros estamos dispuestos a agotar todas las vías para conseguir que, efectivamente, la Empresa Nacional Bazán siga trabajando.
En este sentido, le pedimos al Grupo Popular --y no me atrevo a decir lo de suplicamos atendiendo lo que me decía anteriormente el Presidente-- la posibilidad de que se omitiera el último párrafo del apartado 2 de su proposición no de ley, y quiero ser preciso, digo que se omita la referencia, no digo que se derogue, que se elimine o que se suprima, pido simplemente que se omita la referencia. Hecha esa omisión está claro que la normativa legal vigente es la que es hoy día, y en el futuro será la que sea hoy día, y en todo caso la empresa tendrá que desempeñar su actividad con sujeción a la normativa vigente, lo cual para nosotros es evidente; las leyes democráticas en este país están para cumplirse por todos. Pero en la medida en que hay una discrepancia sobre el contenido de las disposiciones legales vigentes en estos momentos, le pediría al Grupo Popular que hiciera el esfuerzo de, en aras de un consenso, omitir una referencia, que queda claro que no es derogar la normativa ni eliminarla, es, pura y simplemente, omitir una referencia que está claro que como tal norma seguirá vigente. Ese sería un esfuerzo por parte del Grupo Popular que se vería compensado con el esfuerzo de nuestro grupo de votar a favor de la proposición no de ley en beneficio de las trabajadoras, los trabajadores y toda Galicia.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Si he entendido bien el señor Peralta ha hecho una enmienda in voce. ¿La acepta el Grupo Popular?

El señor IBAÑEZ HARO: No se acepta.


El señor CUEVAS DELGADO: Señor Presidente, no me ha quedado clara la postura del Grupo Popular, porque hemos presentado una enmienda y luego una enmienda in voce sobre la propia enmienda. Me ha hablado de que no aceptaba la enmienda in voce y no me ha quedado claro si también rechaza la enmienda formalmente presentada, que solamente se refiere a una cosa mucho más general, que es el primer párrafo hasta la fragata F-100.


El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Esta presidencia ha entendido que se rechazaba en su totalidad.


El señor IBAÑEZ HARO: Se rechaza en su totalidad, señor Presidente.


--DE PARALIZACION DEL TENDIDO ELECTRICO ENTRE LOS REINOS DE MARRUECOS Y ESPAÑA POR EL TERMINO MUNICIPAL DE TARIFA (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de Expediente 161/000294.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Punto siguiente del orden del día, proposición no de ley de paralización del tendido eléctrico entre los Reinos de Marruecos y España por el término municipal de Tarifa (Cádiz).
Por el Grupo proponente tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, señorías, el proyecto de construcción de una conexión eléctrica que uniría nuestro país con Marruecos ha desatado, como ustedes conocen, una notable oposición popular, hasta el punto de que dicho proyecto lleva acumulado ya un retraso de casi dos años respecto al calendario inicialmente previsto.
Entre las razones esgrimidas por Red Eléctrica Española para continuar con dicho proyecto está la de suministrar electricidad a un país amigo que tiene notables déficit de abastecimiento. No obstante, es poco defendible que para lograr dicho objetivo la opción más razonable sea la de conectar el sistema marroquí con la Península a través de un cable que con una tensión de 400 kilovoltios permita transmitir una potencia de 300 megavatios.
Por el contrario, parece una opción mucho más razonable, que es la que presentamos hoy, la de facilitar, mediante créditos, la instalación en terreno marroquí de una planta de generación eléctrica a base de gas mediante una tecnología de ciclo combinado que permite unos rendimientos termoeléctricos muy superiores a los de los sistemas de generación convencional, y subsiguientemente un coste de kilovatio/hora que en palabras de actual Ministro de Industria y Energía es el orden de seis pesetas.
Para la construcción de dicha planta podría aprovecharse el gasoducto recientemente construido en su tramo marroquí y que podría disponerse de la amplia experiencia de empresas eléctricas españolas que disponen de tecnologías contrastadas y, además, parecen dispuestas a construir varias instalaciones del mismo estilo de la señalada en nuestro país, con lo que podría reducirse el coste de instalación al lograrse economías de escala.
Podrían instalarse en el lado marroquí del Estrecho parques eólicos también con tecnología nacional, que tan buenos resultados están ofreciendo en Tarifa. Hay que resaltar que, según el análisis de los expertos, el régimen de vientos en el lado marroquí del Estrecho es aún más favorable que los excelentes vientos de Tarifa. Con ello se conseguirían no sólo unas relaciones mucho más fluidas con el pueblo marroquí, sino una transferencia de tecnología que permitiera un ulterior desarrollo basado en sus propias instalaciones. De esta forma se reduciría, además, el impacto ambiental al generar una energía eficiente y en parte con

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recursos renovables y de bajo impacto, ahorrando las pérdidas de electricidad que se derivan del alejamiento de las fuentes de generación de los centros de consumo y que crecen espectacularmente en el cable actualmente concebido.
Debe, además, resaltarse la contradicción que entraña exportar electricidad a Marruecos, al tiempo que se intenta realizar una importación de Francia, por entender que ésta se realiza en condiciones económicamente favorables para nuestro país. Si a ello se añade que dicha importación se encuentra notablemente dificultada por el tendido de la red en el lado francés, la contradicción es aún más evidente.
Quiero añadir al respecto que resulta difícil entender cómo puede exportarse electricidad a Marruecos en condiciones económicamente favorables para las dos partes, si la electricidad se genera en plantas próximas al Estrecho, entre ellas las de Cádiz, Algeciras o Los Barrios que, o son de fuel, con un coste de 16,46 pesetas kilovatio/hora, o de carbón de importación a 7,5 pesetas kilovatio/hora. No parece pues que exista más justificación para continuar el proyecto que un lamentable error de elección de red eléctrica, que parece persistir para evitar pérdidas aún mayores, no existiendo ninguna otra razón que justifique el disparatado proyecto.
Es por eso que presentábamos en su día esta proposición no de ley que insta al Gobierno a paralizar la instalación de la conexión eléctrica entre nuestro país y el Reino de Marruecos a su paso por el municipio de Tarifa, tanto por el notable rechazo social que ha suscitado como por el nulo interés económico que se deriva de la misma. Por otra parte, se instaba a iniciar contactos con el Reino de Marruecos para comenzar la construcción en su territorio de una planta de gas en ciclo combinado y de parques eólicos que permita la obtención de una cantidad de electricidad equivalente a la que se suministraría mediante la conexión eléctrica con España, con la convicción de que esta alternativa resultaría mucho más rentable para ambas partes.
Señorías, en definitiva, nosotros entendemos que el actual tendido es un mal negocio para España, un mal negocio para Marruecos, que persiste un error, que para mantener ese error se está utilizando la fuerza de la Guardia Civil, que se intenta poner de rodillas al pueblo de Tarifa, que ha habido enfrentamientos muy serios entre la Guardia Civil y el pueblo de Tarifa de una manera sostenida durante más de un año, que ha habido malos tratos que están denunciados en el juzgado sobre estas continuas cargas de la Guardia Civil, que hay un ciudadano que ha perdido un ojo por un bote de humo --que, por cierto, todavía está pendiente de indemnización por parte de la Administración-- y cuando se presentó en su día esta posibilidad de enlace entre la Península y Marruecos, aquí, en sede parlamentaria, por parte del Presidente de Red Eléctrica, en noviembre de 1991, no dio ni un solo dato convincente que hiciera justificable esta inversión.
En definitiva, la instalación del cable es más cara --el coste inicial sale a 20.000 millones de pesetas; ahora, por supuesto, estaríamos en un coste mucho más elevado por el retraso-- frente a la alternativa que estamos defendiendo de una planta de gas de ciclo combinado que saldría por 15.000 millones de pesetas. El costo kilovatio/hora, como hemos planteado anteriormente, de carbón de importación saldría a siete pesetas frente a las cinco pesetas del coste kilovatio/hora de la planta de ciclo combinado, y si se utilizara fuel y gas, en cuanto a la energía que transporte el cable, sería 16,46 pesetas frente a las cinco pesetas de la alternativa de la planta de ciclo combinado. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Pero es que, además, atendiendo las evaluaciones ambientales, resultaría que las emisiones de la planta de fuel, que sería la generadora del actual trazado del cable, serían 1.930.000 toneladas de dióxido de carbono frente a las 920.000 toneladas de las del ciclo combinado; 3.888 toneladas, igual que la de ciclo combinado, de dióxido de azufre, y habría una reducción sensible en la alternativa que ofrecemos porque las emisiones de fuel serían, en óxido de nitrógeno, 3.402 toneladas frente a las 2.633 toneladas de la alternativa que presentamos.
Abundando en la información de las propias empresas asociadas a Endesa, en un trazado parecido que se pretendía hacer entre Levante y Baleares, la empresa GESA, asociada al grupo Endesa, viene a desautorizar esa solución, exactamente con el mismo problema, a través de un tendido de alta tensión. Decía textualmente lo siguiente esta empresa hablando del enlace entre Baleares y Península: «Un enlace para la alimentación desde la Península tiene mayor coste de inversión que una central y, además, no permite dejar de instalar potencia de emergencia en las islas para evitar un desastre si el enlace sufre una avería. Si se construye como alternativa de apoyo y no de base, su alto coste se hace todavía más importante. Adicionalmente supone un mayor impacto ambiental global, ya que debe incluir el de la correspondiente generación en la Península, mayor por las pérdidas del enlace, más la ampliación de la red de alta tensión y las dos estaciones de conversión en los terminales. Por todo ello, GESA no propugna esta solución.» Es decir, la misma empresa desaconseja esta instalación.
Y no hablamos de los daños que se pueden producir por el efecto del campo electromagnético a personas que estén cerca de cables de alta tensión, porque no están claros. En todo caso, es un debate que los propios científicos no han cerrado, pero hay informaciones. Por ejemplo, una de las asociaciones que asesora a la entrega de los premios Nobel en Suecia, sobre una encuesta de unas 500.000 personas empieza a plantear que, efectivamente, los campos electromagnéticos pueden producir lesiones graves a las personas más débiles --niños, ancianos, etcétera.
En todo caso, y por concluir, señorías, nosotros creemos que este mal negocio obedece a una mala gestión, a una irresponsabilidad sostenida en el tiempo; que los datos rigurosos de análisis de costes, de análisis ambientales, utilizando los propios que da la Red Eléctrica, vienen a considerar que lo razonable sería que se diera la alternativa que nosotros en este momento estamos planteando. Desde luego, este error sostenido, este intento de poner de rodillas al pueblo de Tarifa yo creo que tiene un nombre, el señor Fabra, Presidente de Red Eléctrica Española, que por incompetente y por irresponsabilidad vamos a pedir su dimisión como presidente.


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El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas a esta proposición no de ley, entramos ya en el turno de fijación de posiciones. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación a esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que solicita la paralización del tendido eléctrico entre España y Marruecos.
Tenemos que decir que esta interconexión fue calificada en su día como un proyecto de interés prioritario por la Unión Europea, y que incluso fue incluido en la lista de proyectos de interés común en el marco de las orientaciones sobre las redes transeuropeas de energía.
Desde el punto de vista del Partido Socialista, así como del anterior Gobierno socialista, los planteamientos por los cuales se inició y se puso en marcha este proyecto han sido constantes a lo largo de todos estos años, porque son varios los que lleva desarrollándose, todavía incluso. Eso no puede ser repetido por los demás políticos, al menos por el Grupo Popular y por Izquierda Unida, como luego se verá.
La realización de este proyecto va a conllevar --y así se dijo en su día-- una mejora de la calidad y de la seguridad en el abastecimiento, tanto para el sistema europeo como para el marroquí, pues, como ustedes saben, el sistema marroquí tiene actualmente una demanda potencial de energía que no puede cubrir con su equipamiento, y es necesario, por tanto, una puesta en marcha como la que se plantea en esta interconexión para que permita a corto y medio plazo unas posibilidades de abastecimiento energético que impulsen su desarrollo. Además, los beneficios no sólo van a ser para Marruecos, sino que también lo serán para España --beneficios de carácter estratégico, comerciales y de muy diversa índole--, y fundamentalmente para el campo de Gibraltar, porque va a aumentar sensiblemente la calidad del servicio eléctrico en esta zona en cuanto a potencia, fiabilidad y estabilidad, ya que lo incorporará al sistema de línea de 400 kilovoltios.
Quería decir esto porque, insisto de nuevo, ha sido un planteamiento constante a lo largo de estos años que ha reiterado tanto el anterior Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista, y esto no lo pueden decir ni Izquierda Unida ni el Partido Popular.
No voy a seguir hablando, por tanto, de las bondades para España y Marruecos de esta interconexión eléctrica puesto que de lo que se trata es de discutir la proposición no de ley que hoy nos presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Entiendo que la misma resulta lamentable en cuanto a su cortedad de miras, pues equipara un concepto tan amplio y rico en posibilidades como es el de la interconexión eléctrica con el mero canal para la exportación de energía eléctrica. Además, plantea una falsa disyuntiva, pues la interconexión eléctrica no excluye la posibilidad de producción propia en terreno marroquí a través de una instalación que se ubique allí, como puede ser la que ellos exponen de una planta de generación eléctrica a base de gas mediante tecnología de ciclo combinado. Saben ustedes, señorías, que las energías renovables, tan convenientes desde el punto de vista medioambiental, son muy difíciles de regular, por lo que deben verterse a las redes en la cuantía en que se producen, y eso no siempre se puede hacer con los planteamientos que lleva a cabo Izquierda Unida en esta proposición no de ley.
Creo que el tema se debe centrar en los siguientes aspectos: si esta interconexión es de utilidad pública para Europa y para España, si, además, están declarados de utilidad pública los estudios medioambientales hechos, si no existe efecto sobre la salud, como ya hoy día se reconoce o al menos se deja entrever, incluso por el representante de Izquierda Unida, aunque ha manifestado la existencia de un expediente y eso no deja de ser simplemente algo baladí puesto que no hay conclusiones sobre los efectos negativos de la salud, ¿por qué se plantea la paralización? Por una cuestión muy concreta. Porque este tema ha sido utilizado políticamente por el Partido Popular y por Izquierda Unida como un arma arrojadiza contra el Partido Socialista, fundamentalmente para destituir en aquellos momentos al alcalde socialista de Tarifa, y el tema se les fue de las manos, señoría. Es un tema que se inició con una serie de planteamientos radicales llevados a cabo, incluso, por Diputados del Partido Popular, que no dudaron en encabezar manifestaciones en contra del cable. Tiene buena muestra de ello en esta foto que les enseño, en la que se puede ver a miembros de esta Cámara encabezando manifestaciones en contra del cable.
Precisamente, en esta misma Comisión, el 29 de marzo de 1995, la Diputada Teófila Martínez, actual alcaldesa de Cádiz, nos decía: Este es un proyecto de gran envergadura y creo que el Gobierno español lo primero que tendría que decir es si es importante para la Unión Europea, pero, ¿a costa de quién? Si es necesario para Marruecos, ¿a costa de quién? Si es ventajoso para Marruecos, pero, ¿a costa de quién? ¿Ventajoso para el campo de Gibraltar y para Tarifa? No. Decía entonces la Diputada del Partido Popular que sobre los campos electromagnéticos podríamos tener un dossier muy importante que nos dijera que no producen problema alguno y otro en el que se dijera que sí los produce.
Estas son afirmaciones en contra del cable en Tarifa, pero hoy, como luego veremos en la exposición del Partido Popular, seguramente serán contrarias a lo que se dijo en su día. Porque, señorías, detrás de todo este asunto simplemente se esconde una manipulación electoralista del Partido Popular en la que, apoyados por los entonces concejales de esta formación, posteriormente tránsfugas y actualmente responsables del equipo de gobierno de esa localidad, no dudaron en constituir un partido político independiente cuyo único lema electoral fue: Cable, no.
Posteriormente, una vez que obtuvieron la alcaldía sus vaivenes políticos y mercantilistas han favorecido un ambiente de crispación y rechazo social en la población tarifeña. A ello, además, se deben sumar los planteamientos radicales de una plataforma ciudadana que fue modulando sus planteamientos de rechazo al cable con argumentos tan peregrinos que van desde: cable, no, porque produce cáncer, pasando

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por una hipotética instalación que serviría para llevar a cabo una central nuclear en Marruecos, o lo negativo que es este cable para los voraces, cuestión esta que quedó ayer rechazada por la cofradía de pescadores.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya terminando.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Simplemente quiero decir que actualmente el planteamiento de esta plataforma es: cable, no, porque no. Tampoco podemos olvidar la posición que irresponsablemente mantuvieron, repito, Diputados del Partido Popular. Por otra parte creo que también han llevado a cabo unos planteamientos que han contagiado a ciudadanos de buena fe, que se han opuesto frontalmente al tendido eléctrico porque han sido convenientemente intoxicados por planteamientos de Izquierda Unida, del tipo de la propuesta que hoy hemos debatido aquí.
Concluyo diciendo, señorías, que lo que más le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es recobrar la normalidad que se ha perdido en una población como Tarifa, un pueblo marinero, abierto, que pasa por horas amargas y de crispación, al que nosotros tenemos que tranquilizar porque, además, su mayor fuente de recursos, que es la actividad turística, comienza a resentirse.
Concluyo ya diciendo que se aliviaría la tensión de retirarse progresivamente los grupos rurales de seguridad, que en un total de 300 ocupan esta población para terminar la interconexión eléctrica entre España y Marruecos. La reducción progresiva de los GRS reduciría la tensión y favorecería un clima de normalidad que se ha perdido. Del mismo modo, el acuerdo alcanzado ayer mismo en la cofradía de pescadores para que no se opongan al tendido eléctrico hará que la tensión se suavice.
Concluyo ya diciendo que consideramos que la paralización de la instalación de la conexión eléctrica, basada en los argumentos que presenta Izquierda Unida no es razonable, por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista anunciamos nuestro rechazo a la misma.


El señor PRESIDENTE: ¿Ha concluido ya? (Asentimiento.--Risas.) Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición --brevemente por favor--, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor Presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible.
Esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la interconexión eléctrica entre España y Marruecos parte de la premisa falsa de que es mejor que no exista tal interconexión y que cada país atienda sus propias necesidades de energía eléctrica.
Esta conclusión desconoce la tendencia observada a escala mundial de interconectar los sistemas eléctricos nacionales y regionales --Europa y América del Norte son un buen ejemplo de ello--, aunque sean autosuficientes, primordialmente para eliminar o disminuir el efecto pernicioso que puede causar una avería importante en el sistema eléctrico de un país. Es decir, las interconexiones internacionales se constituyen para transportar energía eléctrica, lo que permite suministrar energía de socorro en caso de existir una avería importante en un determinado sistema. Además, el desarrollo de las redes de alta tensión es una de las actividades económicamente más justificadas en el funcionamiento de los sistemas eléctricos, pues son las instalaciones que permiten integrar los sistemas, evitar restricciones en el funcionamiento de la central y asegurar la continuidad del suministro y la minimización de la reserva total necesaria. Por estas causas, todos los países europeos, tanto entre ellos como, por supuesto, en su propio interior, están interconectados por un mallado que permite el transporte de energía eléctrica y el socorro en caso de necesidad en todas las direcciones del mismo.
En el caso de las interconexiones internacionales estos beneficios son mucho más acusados al permitir coordinar sistemas desarrollados de forma independiente y aprovechar sus complementariedades. La conexión con Marruecos tiene esos mismos objetivos. Por un lado, con el establecimiento de un contrato de exportación de España a Marruecos, suministrar energía de calidad al país vecino, de la que está necesitado para su desarrollo económico, ya que su esquema de producción eléctrico actual es bastante deficiente y, asimismo, suministrar energía de socorro en el caso de que por cualquier circunstancia falle un grupo importante de generación. Por otro lado, aprovechar las complementariedades de los sistemas español y marroquí con la previsión de un conjunto de intercambios de explotación con importantes beneficios para los dos sistemas.
Además, esta interconexión redundará en beneficio de otros países del Magreb y del norte de Africa, ahora en fase de interconexión entre ellos, ya que tendrán como apoyo todo el sistema eléctrico europeo --no sólo el español--, lo que implicará una indudable mejora de las condiciones objetivas para la instalación de nuevas actividades industriales y la mejora de la calidad de vida en dichos países, dada la importancia estratégica que tiene para el desarrollo económico un buen servicio eléctrico.
El supuesto notable rechazo social esgrimido puede ser comprensible teniendo en cuenta la desinformación provocada por una insistente campaña de manipulación informativa de la población local. En realidad, la repercusión medioambiental de la parte aérea de la interconexión es prácticamente nula, al igual que la del resto de los más de 30.000 kilómetros de línea de muy alta tensión existentes en España y los más de 250.000 kilómetros existentes en los países de la Unión Europea. Por otra parte, estas conexiones son absolutamente fundamentales para el adecuado funcionamiento de los sistemas eléctricos.
En el caso de esta interconexión concurre además la circunstancia de que la mayor parte de su trazado utiliza cable submarino y subterráneo que, por sus necesarias características técnicas de construcción, tiene aún menos repercusión medioambiental que las líneas aéreas --de hecho los grupos ecologistas han demandado tradicionalmente en

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otras zonas el enterramiento de las líneas--. Sin embargo, paradójicamente, el rechazo se ha producido sobre la parte submarina y subterránea de la interconexión, no existiendo ninguna reivindicación sobre la parte aérea de la misma.
Además cabe señalar que la oposición social a la continuación de la línea ha ido disminuyendo paulatinamente desde que el nuevo Gobierno del Partido Popular reinició las negociaciones con los grupos sociales de Tarifa, que habían quedado rotas durante el último Gobierno socialista.
(Rumores.) Las negociaciones realizadas han permitido, mediante el aporte de la información necesaria para demostrar la inocuidad de la línea; la firma el pasado día 23 de diciembre de un convenio entre el alcalde de Tarifa y la empresa concesionaria del tendido eléctrico, Red Eléctrica de España, mediante el cual el ayuntamiento acepta la construcción de la línea y Red Eléctrica de España se compromete a aportar unos recursos económicos para mejora de infraestructuras y protección de la pesca en el municipio.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya abreviando.


El señor IBAÑEZ HARO: Termino, señor Presidente.
Dicho convenio fue ratificado por el pleno del ayuntamiento en su sesión del 17 de diciembre. La propuesta de iniciar contactos con Marruecos para la construcción de una nueva generación en su territorio no tiene en cuenta que para poder desarrollar ponderosamente un sistema de generación es absolutamente imprescindible desarrollar el sistema de transporte, tanto para poder evacuar la energía de las centrales como para poder estabilizar su producción y compartir las reservas.
Dentro del desarrollo del sistema de transportes es de crucial importancia el desarrollo de las interconexiones internacionales, sin las que sería difícil para Marruecos instalar grupos de tamaño competitivo entre 300 y 600 megavatios y sería imposible realizar un parque eólico en el norte debido a la ausencia de elementos estabilizadores de la red necesarios para su integración en la producción.
Por otra parte diversas empresas y grupos empresariales españoles han mantenido repetidas conversaciones con los responsables del Reino de Marruecos para colaborar en el desarrollo futuro de la producción de electricidad de ese país, habiéndose incluso presentado a los concursos internacionales convocados al efecto. Ese interés permanente se seguirá manifestando y es deseo de todos que dé su fruto lo antes posible, para lo que será imprescindible haber finalizado el proyecto de interconexión en curso.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular va a votar negativamente a esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que la paralización del proyecto supondría impedir el progreso del país vecino y el deterioro de las buenas relaciones existentes en el mismo, con unas consecuencias negativas muy importantes, y porque la propuesta alternativa de suministro energético propuesto por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no sólo no es la solución adecuada para las necesidades inmediatas que tiene el país, tanto en energía eléctrica como en calidad de suministro de la misma, sino que además es difícil de desarrollar si no se finaliza la interconexión en curso.
En la intervención del Grupo Socialista sobre el pasado, hemos de decir que de la bondad del proyecto no fue suficientemente informado el pueblo de Tarifa (Rumores.), y la modificación que ha efectuado el Gobierno Popular consiste en haber desplazado dos kilómetros ese proyecto. Lo que decía el Partido Popular en su momento es que no fuera un proyecto chapucero, que se le dotara económicamente y que además hubiera la suficiente información. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, ¿a efectos de qué pide la palabra?

El señor MEYER PLEITE: Por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Le rogaría que interviniera por unas muy breves alusiones, dada la premura que tenemos de tiempo. Tiene la palabra por 30 segundos.


El señor MEYER PLEITE: Es en cuanto a una alusión que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista refiriéndose en su argumentación a que Izquierda Unida ha intoxicado... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que escuchen las alusiones relativas a la intoxicación. Yo creo que les puede interesar.


El señor MEYER PLEITE: Yo quería decir al portavoz socialista que aquí los únicos que intoxican son los botes de humo que lanza el GRS, el Grupo Rural de Seguridad y parece ser que el GRS es la principal base argumental para convencer de lo magnífico que es este tendido eléctrico.
No he ido al fondo de la cuestión, lo lamento. Nosotros hemos utilizado la alternativa sobre los datos de la propia Red Eléctrica y es a lo que nos ceñimos. Por lo tanto, quiero insistirle en que aquí lo único que intoxica son esos botes de humo; que hay un ciudadano que ha perdido un ojo y que todavía sigue sin cobrar la indemnización de la Administración.
(El señor De la Encina Ortega pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Yo creo, señorías, que no se debería demorar más el debate de esta cuestión.
Vamos a pasar a las votaciones. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Sánchez i Llibre? ¿Es un turno de orden?

El señor SANCHEZ I LLIBRE: Es para informar a la Mesa y a la Comisión, para que no haya confusión a la hora de las votaciones, que el Diputado Salvador Sedó sustituye el Diputado señor Nadal.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Hay alguna otra comunicación de este orden, señorías? (Denegaciones.)

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Vamos a proceder a las votaciones. La primera será la relativa a la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre posibilitar la competitividad de los astilleros gallegos públicos Astano (Fene) y Barreras (Vigo).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre el trazado del gasoducto Vilalba-Tui. Esta proposición no de ley contaba con una enmienda que no ha sido admitida por el grupo proponente. Por lo tanto, pasamos a votación el texto literal de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente proposición no de ley es la relativa a que el Gobierno se dirija a la Empresa Nacional del Gas (Enagas) para que sea aceptada la propuesta alternativa presentada por el Ayuntamiento de Mos al trazado del gasoducto Vilalba-Tui a su paso por el término municipal de dicho ayuntamiento. Es a iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre propuestas a la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (Endesa), en beneficio de la economía y sociedad gallegas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre el futuro de Endesa-As Pontes, propuesta por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley para incluir en el programa de mejoras de las comarcas mineras a las cuencas de As Pontes de García Rodríguez y de Meirama de Cerceda (La Coruña), propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre privatización de la Empresa Nacional Bazán, de Cartagena, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A esta proposición se ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada por el grupo proponente. Por lo tanto, pasamos a votar el texto de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre medidas para garantizar la plena utilización productiva de la factoría de Ferrol (La Coruña), de la Empresa Nacional Bazán, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A esta proposición no de ley se había propuesto una enmienda, que no ha sido aceptada a trámite, pero ha sido corregida a instancias de Izquierda Unida, al añadir las palabras «modelo» y «LPD».
Con estas puntuales correcciones, sometemos a votación la proposición no de ley.


El señor CUEVAS DELGADO: Pedimos votación separada del punto 3.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de que se ha modificado no a instancias de este grupo sino a instancias del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Mucha gracias, señor Peralta.
Pasamos a la votación del punto 3 de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre el plan de actividad de la Empresa Nacional Bazán, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas, que no han sido aceptadas. Se somete a votación la proposición no de ley tal cual está redactada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de hey de paralización del tendido eléctrico entre los Reinos de Marruecos y España por el término municipal de Tarifa (Cádiz).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (FERNANDEZ ORDOÑEZ), PARA EXPLICAR LA OPINION DE LA COMISION EN RELACION AL NUEVO PROTOCOLO DEL SECTOR ELECTRICO Y SOBRE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A.
(ENDESA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000382.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la comparecencia del Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, don Miguel Angel Fernández Ordóñez, a quien le damos la bienvenida. La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a dar la palabra al Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, para que luego, si lo desean, consuman un turno de fijación de posición. Sin más, le concedo la palabra al señor Fernández Ordóñez, para que haga uso de la misma en el término que estime oportuno y para que dé respuesta a la motivación que ha llevado al Grupo Socialista a solicitar su presencia en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (Fernández Ordóñez): Muchas gracias, señor Presidente, gracias, señorías, gracias que no son protocolarias porque creo que es la obligación de un órgano administrativo independiente venir esta Cámara para explicarse y someterse al escrutinio de la misma.
Hemos enviado recientemente a la Cámara nuestra memoria, tal como prescribe la ley, y a veces uno se queda con la sensación de la frialdad de no tener la oportunidad de explicarles qué es lo que la Comisión está haciendo. Digo que no es protocolario porque una de las funciones de la Comisión, como ustedes saben, ordenada por este Parlamento, es velar por la transparencia de la regulación y del funcionamiento; por tanto, todo lo que sea explicar y hablar forma parte de nuestras funciones. En la regulación de un monopolio, la transparencia es quizá el elemento esencial, que se conozca todo y se acabe con la oscuridad y con la opacidad.
Entiendo que la pregunta tiene dos partes, una el comentario o la opinión de la Comisión sobre el protocolo, y otra algo distinta aunque relacionada con las estrategias empresariales de Endesa.
Empezaré por la primera, por el protocolo. Saben ustedes, porque lo explicó el ministro aquí, que hay un informe de 179 páginas de la Comisión sobre el protocolo y lo que piensa. Nuestros informes son todos públicos, es una de las decisiones que tomó la Comisión en esta línea de transparencia. En otros países se va más allá, incluso las reuniones de la Comisión se transmiten por la televisión. Nosotros no hemos llegado todavía a tanto; habrá que hacer las cosas despacio, pero los documentos son absolutamente públicos.
Por tanto, voy a tratar de no repetir todo lo que está ahí, sino de decir las cosas esenciales y probablemente explicar dónde estamos ahora, porque ahora estamos en pleno desarrollo del protocolo, y somos conscientes de que la aparición, en algún sentido crítica, de la Comisión no se entiende bien con el apoyo total y el trabajo que estamos realizando para sacar adelante el protocolo en este momento.
Evidentemente, hay puntos de vista distintos, diferimos en temas del protocolo. Yo diría que esto es algo saludable en un órgano independiente, porque creo que un director general no debe dejar de pensar como piensa un ministro, y si fuera así se le cesa; un órgano independiente está para pensar de forma distinta, y sobre todo de las empresas. Si se ha creado este órgano es porque el análisis que se hacía antes se hacía por parte de las empresas y sus asociaciones y la sociedad tiene la oportunidad de escuchar un análisis de una serie de personas, independiente de las empresas, y luego poder seguirlo o no.
Yo seguiré en mi exposición tres líneas: primero, sobre el procedimiento que se ha llevado en la elaboración del protocolo; en segundo lugar, sobre el contenido del protocolo; y, en tercer lugar, y ligado con la segunda parte de la pregunta, sobre aquello que no contiene el protocolo y que, en nuestra opinión, era importante que hubiera contenido.
Hablo muy poco sobre el procedimiento y las formas, porque realmente han cambiado. Frente a la elaboración del protocolo que se hizo exclusivamente con las empresas (y que nosotros creíamos que no se debía hacer así, sino con el conjunto de los agentes, con consumidores), en este momento los grupos de trabajo de desarrollo del protocolo están absolutamente abiertos a todos: consumidores, autoproductores y todo aquel que tenga un legítimo interés sobre el desarrollo del protocolo.
Por tanto, esto es algo que pertenece al pasado, si bien le dimos importancia porque las formas son muy importantes en la regulación. Los reguladores nacen fundamentalmente con la idea, no de sustituir, pero sí de hacer algún tipo de función cuasi judicial, y como ustedes saben en las funciones cuasi judiciales la independencia y las formas son algo esencial. Por tanto, hacer las cosas de una forma adecuada era importante y lo señalamos en su momento. Se podrían ver en el protocolo muchos casos donde probablemente por haber estado sólo las empresas se ha girado la posición a favor más bien de las mismas, frente a otros factores del protocolo.
Pero lo más importante es el contenido del protocolo, porque es, en definitiva, un programa de reforma que, como ustedes saben, se apoya fundamentalmente en la ley anterior y en la directiva, pero es todo un programa de reformas. Ahí sí debo decir que la Comisión mantiene un acuerdo absoluto con el diseño del mercado mayorista que se establece en el protocolo que --y lo hemos dicho en el

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informe-- permite el diseño más avanzado que se pueda hoy imaginar.
Quiero decir que la Comisión ha estado durante estos años trabajando en estudiar qué estaba pasando en California, en Noruega, en distintos países, en Australia, un experimento interesantísimo. Debo decir que cuando criticamos el procedimiento nunca criticamos que el Gobierno no nos preguntara; nos preguntó en el proceso, como dijo el ministro en esta Cámara; tuvimos ocasión de decir qué es lo que pensábamos. Se nos hizo caso en muchas ocasiones, por ejemplo, en el diseño del mercado mayorista, donde se han incorporado cantidad de elementos de regulaciones de otros países muy positivas, y que paso a señalarles a ustedes.
En primer lugar, en el mercado mayorista, donde se van a verter todas las energías, aparecerán todos los costes (costes variables y costes fijos).
En definitiva es un mercado como cualquier otro y, por tanto, no hay ninguna restricción en ese sentido. Estarán todas las tecnologías (hay países que han excluido la nuclear, la hidráulica); el protocolo prevé que estén todas la tecnologías, lo cual es también muy positivo porque, en definitiva, permite comparar los precios de las distintas tecnologías.
El protocolo permite también los contratos bilaterales, que es una discusión que se mantuvo durante cuatro años en California. El hecho de permitirlos, frente a otros países que no los permiten, da una oportunidad muy positiva a los nuevos entrantes en el mercado, permite que un consumidor y un generador --de alguna forma recoge lo que esta Cámara aprobó con el sistema independiente--, al margen de todo lo que se organice, puedan ponerse de acuerdo sin necesidad de pasar por el pool organizado.
Otro aspecto de enorme interés es el rol activo de la demanda. Como ustedes saben, por ejemplo, el modelo inglés, que es el primero que arrancó, es casi un mercado exclusivamente de oferta, la demanda está fija, no tiene ningún juego y, sin embargo, en el protocolo se introdujo --debo decir que la Comisión trató en este sentido de influir, y conseguimos que se incluyera el que la demanda juegue-- para que cuando los precios suban pueda retraerse, y cuando los precios bajen pueda comprar. Este juego es enormemente útil para permitir que la inversión en el sector eléctrico sea menor de la que sería en un sistema de pura oferta, y el país se pueda ahorrar mucho dinero dejando jugar a la demanda; puede además permitir que cantidad de industriales se ajusten perfectamente a los precios que quieran y trabajen de noche, en el momento en que quieran, porque habrá señales de mercado en ese sentido.
Por tanto, éste es otro aspecto muy positivo.
Otro elemento positivo es la organización del mercado internacional. La libertad de importación/exportación, sin que haya prácticamente un intermediario, nos parece que es la forma más positiva de organizarlo.
En el contenido del protocolo de nuevo hay un diseño institucional muy positivo, distinguiendo las funciones del operador del mercado, del operador del sistema y del transportista. Esto de nuevo facilitará el funcionamiento del mercado y permitirá la defensa de los intereses públicos mucho mejor que si tuviéramos todo unido en una sola institución.
Finalmente, y esto quizá está un poco en el aire, la declaración que hay en el protocolo de liberalización de energías primarias, que luego queda matizada, como ustedes saben, por el tema del carbón, pero la declaración que se adopta de liberalización de energías primarias es algo positivo.
Todo esto en nuestra opinión ha de tener efectos muy positivos, que son los que se derivan de la competencia, de una mayor eficiencia, mayor reducción de costes e innovación (la aparición del precio por hora, que les señalaba antes, es algo enormemente positivo). Por tanto creemos que especialmente los grandes consumidores industriales pueden estar satisfechos de ese diseño.
El segundo aspecto del contenido es el mercado minorista, es decir, la elección de los consumidores, ya no cómo se va a organizar el mercado de generación, sino cómo se va a poder elegir compañía suministradora. Ahí la Comisión tiene la posición de que se debería haber ido más deprisa de donde va el protocolo. El protocolo hace un calendario de elegibilidad, es decir, quién va a poder elegir en los años 1998, 1999, 2000.
No propusimos nunca lo que se ha hecho en otros países que es que, de la noche a la mañana, todo el mundo pueda elegir. Se ha hecho en Suecia; se va a hacer en California. No fuimos tan radicales en ese sentido. ¿Por qué? Porque creemos que en España hay todavía unos subsidios cruzados importantes y la operación hay que hacerla gradualmente. Por tanto, coincidimos en que la operación de elegibilidad debe ser gradual. Nuestra diferencia con lo que firmaron las empresas y el ministro es que nosotros hubiéramos preferido que esto hubiera ido más deprisa. ¿Por qué? No simplemente por una posición de mayor ritmo, sino porque creemos que hay otros elementos en el sistema español que van a jugar contra la competencia, y que la elegibilidad del consumidor jugaría como elemento compensador para favorecer el desarrollo del mercado.
¿Cuáles son esos tres elementos que van a jugar en contra? En primer lugar, la falta de comercio internacional. España no tiene interconexiones con el continente europeo, las tiene exclusivamente con Portugal; con Francia tenemos unas interconexiones que, debido a razones de seguridad, son casi menores que las que tiene Inglaterra. (En este sentido a veces en broma decimos en la Comisión que España es más una isla eléctrica que Inglaterra.) Por tanto, al no haber comercio internacional, una de las fuentes capitales de la liberalización de cualquier sector, que es el comercio internacional, está cegada, al menos mientras no se construyan las infraestructuras suficientes.
En segundo lugar, hay una concentración horizontal muy fuerte, y de eso hablaré cuando lo haga sobre el asunto de Endesa. En tercer lugar, hay una fuerte integración vertical. Es decir, las empresas están, a pesar de que se van a separar jurídicamente en el año 2000 como ustedes ya saben, muy concentradas en generación y distribución, y nosotros pensamos que puesto que el legislador español no ha decidido separarlas como el legislador inglés, que prohíbe a las empresas de generación y distribución ser las mismas (eso hubiera dado un juego mucho más al mercado, aquí no, aquí el legislador español, la Losen,

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en el propio protocolo no discute que alguien pueda ser dueño de empresas de distribución y de generación, simplemente las separa). Esto hubiera podido romperse si de alguna forma unas empresas hubieran podido robar clientes de otras, para entendernos. El hecho de que hubiera habido más clientes elegibles hubiera sido más positivo.
No obstante, a esto no le damos demasiada importancia porque en nuestra opinión esto va a ser un proceso imparable, lo importante es que esto arranque. En el momento en que alguien pueda elegir, inmediatamente se desarrollará un proceso de, ¿y por qué yo no? Les pongo un ejemplo.
Nosotros estudiamos y vimos que la empresa consumidora más grande del país, que es Renfe, no va a poder elegir. ¿Tiene sentido esto? No, porque en el protocolo se le exige que se mida por punto de conexión; o El Corte Inglés, que es la empresa mayor de distribución. Esto esperamos que en algún momento se vaya corrigiendo.
Respecto a la transición a la competencia, pasar de un modelo monopolizado a un modelo de competencia requiere siempre pensar, y es lógico, en modelos de transición. Aquí está el elemento de las ayudas a las empresas para pasar a una situación de competencia, los famosos dos billones que aparecen en la prensa, los stranded cost, ¿qué hemos pensado de esto? Nosotros en principio sugerimos siempre y desde un primer momento que había que ayudar a las empresas eléctricas, que en España no se podía hacer como en Inglaterra o en Suecia, porque precisamente el precio al que están vendiendo nuestras empresas en España es muy superior al que estaría en competencia, y si introdujéramos competencia inmediatamente nuestras empresas sufrirían enormemente. Por tanto, la Comisión no sólo no ha estado de acuerdo, sino que en sus documentos ha dado ideas para ayudar a las empresas. El tema es cuánto, y en esto hemos tenido una discrepancia. Nosotros considerábamos que no era necesario hablar de esas cifras, que los cálculos que hemos hecho los sitúan por debajo de esas cifras. Entonces, ustedes pueden preguntar: ¿Y cómo el informe a la Comisión, después de haber dicho que la cifra le parece muy alta, que seguramente está sesgada al alza, dice que los consumidores deben estar de acuerdo con lo que se ha firmado en el protocolo? Pues yo diría que por dos razones que están en el protocolo y que ahora algunas empresas quieren discutir, y curiosamente la Comisión es la principal defensora de lo que se ha firmado en el protocolo, porque creemos que son dos garantías para los consumidores muy importantes. Primero, que ese valor es máximo, no es fijo. Es decir, que si las empresas recuperan a lo largo de estos años dinero, se descontará y, por tanto, no recibirán esa cantidad. Eso está dicho en el protocolo y la Comisión va a defender que eso sea lo que se ponga en el desarrollo del protocolo. Y otro punto importante es que al cabo de los diez años no se cobrará una peseta de esto. Es decir, que es un tiempo limitado. Nosotros le ayudamos a usted, le ayudamos durante diez años, el máximo de ayudas es equis, que probablemente es exagerado, pero acabados esos diez años se acabaron las ayudas. Y esto es muy importante, porque frente a algunas demandas de las empresas que querrían ver esta ayuda como la moratoria nuclear, que se titulariza y, por tanto, se cobra en 35 años, el protocolo es muy claro, y la Comisión va a defender lo que dice: esto se cobra en diez años y no se cobra más. Esto creemos que es una garantía para los consumidores y, por tanto, explica la aparente contradicción de que la Comisión piense que la cifra es muy alta pero, sin embargo, esté tranquila si lo que se ha dicho en el protocolo se cumple.
¿Diez años es mucho para ayudar a unas empresas? Pues comparen la liberalización de la industria española con el Mercado Común, que fueron siete años; a la agricultura se le dieron diez. Las empresas eléctricas debo decir que técnicamente son eficientes como ninguna --y siempre me recuerdan los amigos de las empresas eléctricas que no digo que las empresas eléctricas son muy eficientes--, pero venden al doble lo que vale una cosa. Es decir, económicamente no son eficientes y, por tanto, darles más tiempo del que ha tenido la industria puede tener sentido, justamente porque la cifra de la que parten es muy alta, pero diez años es el máximo que ha recibido, que yo sepa, cualquier sector en transición, como la agricultura.
Otro elemento importante en el protocolo que garantiza a los consumidores, es la senda de tarifas, el haber fijado una senda de tarifas descendente. Nosotros dijimos que la reducción de este año no debía ser de un 1,2 por ciento --que es la que ha sido realmente para las empresas eléctricas, no ha sido el 3, el 3 ha sido para el consumidor, pero a las empresas eléctricas se les ha reducido exclusivamente un 1,2--, sino un 5, y lo pensábamos porque este año han caído, como ustedes saben, los tipos de interés y hay una evolución que hubiera justificado, en nuestra opinión, una reducción de tarifas adicional. El Gobierno ha decidido otra cosa y en la ley evidentemente quien toma la decisión es el Gobierno y no esta Comisión. Pero lo que sí tiene de positivo el protocolo es que hay una senda de tarifas, el 3, 2, 1,1. ¿Por qué esto es positivo? Está copiado --y nosotros lo sugerimos-- de la experiencia californiana, porque da garantía de que el experimento de entrada en competencia no va a ser sufrido por los consumidores, y esto es importante, porque cuando uno se mete a hacer experimentos de algo que no conoce no sabe cómo puede acabar. Por tanto, el hecho de saber que hasta el 2001, como poco, las tarifas descenderán, es positivo. Luego discutiremos si, como piensa la Comisión, el descenso debe ser mayor, porque evidentemente si estamos en una cifra que es casi el doble del precio de generación, muy probablemente estos descensos son insuficientes, pero el hecho de que haya una senda de descenso hay que reconocer que es positivo.
Pues bien, en cuanto al protocolo esto pone algo adicional, y ligo con la segunda parte de la pregunta, que es lo que no contiene el protocolo.
Nuestro informe acababa diciendo que así como en el protocolo se plantea prácticamente todo lo que es la liberalización del mercado mayorista, el mercado minorista, la transición, y que es completo de alguna forma aunque uno discuta la filosofía, no se plantea, sin embargo, lo que en todos los países que han liberalizado se llama el restructuring, la reestructuración, coger un monopolio y reestructurarlo para que opere en competencia. Esto no se lo ha planteado el protocolo, y

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esto es lo que yo entiendo que la segunda parte de la pregunta, en relación a Endesa y las estrategias empresariales, viene a decir. La Comisión ahí sí que ha mantenido una postura muy clara, tanto en la OPA de Endesa como en nuestro informe al Gobierno sobre las privatizaciones, como en nuestro informe sobre el protocolo; no se puede pensar que el mercado vaya a funcionar si dos empresas tienen el 80 por ciento del mercado. Esto no puede funcionar o no va a funcionar. Yo no sé, señor Presidente, si esto se vería a lo mejor más claramente con cuatro o cinco transparencias, para que ustedes vean cómo quedaría el sector, cómo se compararía con otros sectores. Bien, si no está preparado, para que ustedes no pierdan tiempo, se lo digo verbalmente.
¿Qué han hecho todo los países que han liberalizado? Por ejemplo, el país donde mejor ha funcionado el mercado mayorista de generación --y siento decirles que sea un país latinoamericano, porque parece que en este país de los latinoamericanos no tenemos que aprender nada-- ha sido Argentina.
Argentina es un país que ha liberalizado su mercado mayorista y una de las condiciones que puso fue que nadie pudiera tener más del diez por ciento de la generación. Argentina tiene en este momento treinta y tantos generadores y tiene el mejor precio de electricidad en el mercado mayorista. Otro ejemplo es en Australia, en el Estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, que tiene una población que es inferior a la de Cataluña, debe tener cuatro millones y pido, y han decidido hacer cinco empresas generadoras. Aquí estaríamos hablando de cincuenta en los mismos términos. En California, donde hay tres grandes empresas, hay una obligación de desinvertir activos y convertir al menos en seis grandes empresas. Sólo ha habido un país que no se planteó esto, que fue Inglaterra, la Inglaterra de la señora Thatcher, que hace el primer experimento liberalizador y, sin embargo, organiza todo en torno a tres grandes empresas: la Nuclear, PowerGen y National Power. ¿Pues qué ha pasado en Inglaterra? Que no ha funcionado y que el segundo Gobierno conservador, el de Ian Lang, no el de Michael Heseltine, ha dado la razón al regulador y ha obligado a las grandes empresas a vender activos de generación para tener competencia. El único que no lo hizo lo ha tenido que hacer después. Y esto partiendo de datos, como en Inglaterra, donde las dos primeras empresas tenían el 33 más el 26, es decir, que estamos hablando del 60 por ciento. Si nosotros hubiéramos aceptado --y entro en la segunda parte de la pregunta-- el que actuaran dependientemente Fecsa, Endesa y Sevillana, y no hubiéramos exigido el acuerdo que ustedes saben que exigimos de actuación independiente, el grupo Endesa tendría el 52 por ciento de la generación del país, que sumado al 30 por ciento de Iberdrola daría el 80 por ciento de la generación en mano de dos empresas. Pueden decir ustedes, ¿y esto por qué? En otros sectores, como telefonía, no importa, porque la posibilidad de entrar es fácil. Primero, porque no tienen ese grado de concentración; es decir, si ustedes examinan el sector bancario español, al cual se acusa a veces de tener grandes bancos, etcétera, el banco más grande español, que es el Santander-Banesto después de la fusión, o el BBV, no llega apenas al 13 por ciento del mercado. Es más pequeño que una empresa eléctrica que calificamos como pequeña, como Unión Fenosa, que tiene el 15 por ciento.
Si observan ustedes cualquier otro sector, el sector de los medios de comunicación, el Grupo Prisa, El País no vende más del 13 por ciento de los diarios nacionales. ¿Qué sucede? Que en este país, que no es un país pequeño, tener un 15 por ciento del mercado español es ser un empresa muy importante. El BBV y el Santander no son empresas diminutas, son empresas que en el ranking de los bancos americanos son la sexta o la séptima. Lo que sucede es que si nosotros colocamos a las empresas eléctricas en el ranking de empresas americanas, son la primera y la segunda. La primera empresa americana es la mitad de una de las empresas españolas. ¿Tiene esto sentido? Realmente, en nuestra opinión, no lo tiene. En nuestra opinión en España habría que hacer lo que se ha hecho en los demás países, que es tratar de que haya rivalidad suficiente, que haya competencia suficiente en este sentido. Así lo hemos mantenido siempre, señorías, porque con el Gobierno anterior, como ustedes saben, hubo una operación de intento de control de Endesa por parte de Unión Fenosa y la comisión, recientemente nombrada por el Gobierno anterior dijo que no aceptaba autorizar esa operación salvo que operaran independientemente.
Lo mismo hemos hecho con el actual Gobierno en la operación Endesa-Fecsa-Sevillana.
No estamos de acuerdo. ¿Tenemos razón? No lo sabemos. Desde luego sí estamos firmemente convencidos de que es lo que ha hecho todo el mundo, que la lógica va en ese sentido, que todos los países lo han hecho y que no hacerlo ahora puede tener costes después, porque evidentemente todo esto --y con ello acabo-- puede cambiar, y si no funciona un mercado mayorista con dos empresas, ya habrá tiempo, como han hecho los ingleses, de cambiarlo, lo que pasa es que es costoso obligar a empresas privadas, que ya están privatizadas, a deshacerse de activos. Por tanto, de lo que estamos hablando no es de que las cosas no tengan solución, sino de que la solución pueda ser más costosa en el futuro.
¿Por qué a pesar de todo esto ahora la Comisión está apoyando, está desarrollando absolutamente el protocolo? Por una virtud esencial del protocolo, que es un compromiso firme de que esto funcione el 1 de enero de 1998. Porque en el momento en que esto funcione se irá viendo qué es lo que funciona mal e irá cambiando, y si no funciona nada, realmente no podremos mejorarlo. Por tanto, más vale que arranque lo que está ahí y que podamos empezar a ver cómo funciona el mercado mayorista de generación, cómo eligen los consumidores, pues aunque esta Cámara, aprobó a finales de 1994 que los consumidores pudieran elegir compañía eléctrica en la Losen, los consumidores todavía no pueden elegir.
Lo que es importante es que desatemos ese proceso y luego, si la Comisión tiene razón, se tocará el tema de estructuras; si la Comisión tiene razón se le dejará elegir a El Corte Inglés. Y si no tiene razón, no se hará.
Creo que el proceso, de alguna forma, se hará como deben hacerse todos los procesos.


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Permítanme que les lea, para que vean ustedes esta posición, la intervención, en esta misma Comisión en el Senado americano la semana pasada (gracias a Internet recibimos antes lo que sucede en el Senado americano que en la propia Comisión española) del Presidente de Enro, que es la compañía que ha calificado Fortune como la más innovadora de todo Estados Unidos y, evidentemente, interesada en la competencia, es parte interesada. Después de una exposición muy interesante, donde se dice que podría trasladarse a España el actual sistema de proveer electricidad a los hogares y a la industria española, que el sistema es una reliquia, es un producto de décadas de proteccionismo que ha permitido las empresas monopolísticas..., etcétera, acaba diciendo: Pero miren ustedes, el debate sobre la política de competencia se ha acabado, nadie puede seriamente pretender que un monopolio regulado por un ministerio es mejor que la elección individual y la competencia; la única táctica que les queda --dice el Presidente de Enro-- a las empresas eléctricas es retrasar, retrasar, retrasar.
Creo que el protocolo, diciendo que esto va a arrancar el 1 de enero de 1998, tiene probablemente una de sus mejores cualidades.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sin duda ha sido una intervención interesante. Va a tener interés para la Comisión de Industria conocer a menudo las posiciones y los análisis de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Esta quizá sea una primera intervención pero espero que sea seguida por muchas otras intervenciones, para que podamos conocer con precisión y detalle las reflexiones que hace la Comisión. Sin duda, no sé si vamos a poder facilitar mediante Internet que le lleguen antes nuestras reflexiones y nuestros debates que las del Senado americano, pero vamos a ver si podemos, de alguna forma, mejorar esa comunicación con la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y mantener una estrechísima relación en un futuro inmediato.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por su comparecencia.
Quiero, en primer lugar, felicitar, a usted y a la Comisión, por el informe sobre el protocolo, que ciertamente es riguroso, profesional y objetivo, con el que estamos básicamente de acuerdo desde el Grupo Socialista. Hay algunas lagunas, algunas interpretaciones que nos gustaría que usted nos despejara.
Dicho esto, quiero comentarle también determinadas incongruencias que nosotros entendemos que hubo a continuación de ese informe. Por ejemplo, esa oportuna carta de su jefe de gabinete, en vísperas de la comparecencia del ministro en esta Comisión, donde se esfuerza en buscar puntos de coincidencia entre el protocolo y el informe, cuando lo que resulta evidente son los puntos esenciales de divergencia que existen entre ambos documentos, desde nuestro punto de vista.
También como incongruencia, quisiera, si me lo permite, hacerle un pequeño reproche por unas declaraciones suyas a un diario económico nacional en las que dice: A partir de ahora apoyaremos a tope al Ministerio de Industria. Le aseguro que he mirado con mucho detenimiento el artículo 8 de la Losen, donde se establecen las competencias y las funciones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, y entre ellas no he encontrado que deba apoyar a tope al Gobierno. En ese mismo artículo dice --y esto es verdad-- que ésta es la primera Comisión de esta naturaleza que se conforma en España fuera el ámbito puramente financiero. Bien, remitiéndonos al ámbito financiero, imagínese cuál no sería el estupor de los ciudadanos si el Gobernador del Banco de España dijera que iba a apoyar a tope al Gobierno.
Dicho esto, le quería comentar si sabe que en este momento existe un borrador de anteproyecto de ley eléctrica que recorta drásticamente las competencias de la Comisión. Estoy seguro de que no lo conozco, porque entonces no apoyaría de esa manera al ministerio. Por tanto, si no lo conoce, se estará incumpliendo por alguien, otra vez por el ministerio, la obligación que impone la ley de informar a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. De todas maneras, nos parece que la intención del Gobierno de recortar el espacio regulador de la Comisión es algo permanente, así como la intención de que se vuelva a la autorregulación en el sistema. Estamos convencidos de que la autorregulación más la concentración empresarial, que usted tantas veces ha denunciado, más el entorno competitivo, serían los ingredientes óptimos para el perjuicio de los consumidores.
En cuanto al protocolo, y a ese informe que usted decía que tenía 179 páginas --yo había contado 183, pero no importa--, es un informe profuso que, por cierto, tiene fecha del 10 de diciembre, cuando el protocolo fue firmado el 11 de diciembre. Parece que en lugar de ser digerido fue deglutido rápidamente por el ministerio. En él se dice que no se conoce ni la metodología ni cómo se ha determinado el valor actual neto de esos dos billones de pesetas. Me estoy refiriendo a los costes de transición a la competencia. Es cierto que nadie ha explicado esa metodología, pero usted habrá escuchado, como nosotros, determinadas referencias a la diferencia que existe entre la retribución de las compañías, vía marco legal estable, y la que obtendrían con este nuevo sistema. Pero usted también sabe perfectamente, como nosotros, que el marco legal estable está periclitado por la Losen, y en el artículo 16 de la Losen se establece ya que no se reconoce a las compañías ni la extensión debida ni la retribución por inversiones adicionales, lo que es un recorte importante en sus retribuciones. Yo le preguntaría --quisiera que me contestara-- si usted entiende que el marco legal estable debe ser proyectado hasta el año 2007, por la referencia para determinar la cuantía de los stranded cost del sistema, porque a nosotros, insisto, nos parece que no lo es, en absoluto.
En cuanto a esa cuantía que se desconoce, lo cierto es que --usted lo comentaba hace un momento-- la negociación fue unilateral, fue ciertamente opaca, al menos en su

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principio, y seguramente con una asimetría de información a favor de las empresas --Unesa, lógicamente, mejor informada en este tema que el Ministerio--, y es lógico y razonable que planteemos que pueda ser excesiva esa cantidad, que pueda estar sesgada hacia Unesa.
Desde esta óptica, yo le quería preguntar, por ejemplo, en el terreno de la energía hidráulica, si esas cuantiosas inversiones hidráulicas han sido ya financiadas a costa de los consumidores en el recargo ofile, o el resto está incluido en el compromiso regulatorio, en los costes de transición a la competencia. Sin embargo, si la energía hidráulica va a ser beneficiada, porque como usted sabe perfectamente, con un coste variable muy bajo ahora va a obtener el precio marginal del pool, ¿por qué esos beneficios que se obtendrán con la energía hidráulica no se utilizan para deducirlos de los stranded cost y de esa manera se limitarán aquellos costes que tienen que asumir los consumidores por determinadas tecnologías, que sí es razonable que tengan un apoyo durante esta etapa de transición? En todo caso, yo le he oído hablar del compromiso regulatorio intentando pasar página. Para el Grupo Socialista no se puede hacer tabla rasa de un pasado tan inmediato que supone dos billones de pesetas para los consumidores sin garantía de que esa cantidad sea la adecuada. Que sea un límite superior tampoco nos consuela excesivamente si ese límite es muy superior también a la cantidad que razonablemente deben de pagar los consumidores. Por eso, una de las cosas que echamos realmente de menos desde el Grupo Socialista en el informe de la Comisión del Sistema Eléctrico es una evaluación de los stranded cost, de los costes varados del sistema. Es decir, nos gustaría que se completase con una única valoración, según el mejor criterio de la Comisión, para obtener por parte de la comisión independiente del sistema cuál es la cantidad que razonablemente deben de pagar los consumidores.
Otra cosa que yo quería plantearle era lo relativo a las posiciones de dominio en tecnología. Se ha hablado mucho de esas posiciones de dominio por las concentraciones empresariales, pero, ciertamente, existe alguna tecnología que debemos de considerar en este momento estratégica mientras no sea contestable ese mercado. Me esto refiriendo a la tecnología hidráulica, a la hidráulica regulable obviamente. Usted sabe perfectamente que se utiliza para cubrir las puntas de demanda. Por tanto, en esos tramos horarios esa energía va a marcar el precio marginal, y hay alguna empresa que tiene en este momento una posición de dominio evidente con un 60 por ciento de ese mercado que no será contestable, insisto, hasta que el gas, con la implantación correspondiente en ciclos combinados, dé la respuesta oportuna. Quisiera saber su opinión respecto a esa situación de privilegio en el mercado que tiene, de hecho, alguna empresa concreta.
Respecto a la estructura empresarial del sector, es verdad que desde la Comisión, y usted mismo en numerosas declaraciones y ahora mismo lo ha manifestado, se ha expuesto la necesidad de atomizarlo, lo cual obviamente, desde el punto de vista de la competencia es bueno. Otra cosa será desde el punto de vista de la política industrial, pero no es el caso. Yo entiendo, además, que la Comisión debe de defender fundamentalmente a los consumidores y a la competencia. Pero permítame que le diga que se ha hecho siempre insistiendo mucho en que se aproveche el proceso de privatización del sector público empresarial eléctrico, que, como a usted le gusta decir, tiene mayoría en seis de las diez empresas; a usted le gusta hablar de diez empresas cuando quizá no sean tantas en términos reales de operatividad.
Entendemos que es discutible ese planteamiento. Es discutible porque si bien una mayor competencia va a beneficiar a los consumidores, que somos todos evidentemente, también todos somos propietarios de ese patrimonio público que se va a vender, y lógicamente pretendemos que se maximice ese beneficio. De todas maneras no es ésa la cuestión, y comprendo perfectamente su óptica. Lo que no entendía --y desde luego en ese sentido sus aclaraciones hace un momento me lo han aclarado-- es que se necesitase también desinvertir en el sector privado. Eso es lo que han hecho efectivamente los británicos. Como usted comentaba, la oficina reguladora ha pedido una desinversión porque se veía que no había manera de nuevos entrantes en la competencia, y aquí, si se plantea una atomización del sector público, obviamente también debería hacerse en la empresa privada, que mantiene una posición de dominio.
Creo que el Gobierno no está tanto por la competencia como para trocear a Endesa antes de su venta. Sin embargo, no ha dudado, a través del protocolo, en inferirle una pérdida de valor, porque los analistas usted sabe perfectamente que estiman en unos 50.000 millones de pesetas los menores ingresos de incidencia del protocolo sobre la compañía.
En relación a las OPA, me gustaría decirles que si las limitaciones impuestas por la Comisión para preservar la operatividad independiente de las compañías, efectivamente, surten efecto, entonces podríamos decir quizá que los 200.000 millones de pesetas que se aplicaron a las OPA para restablecer de alguna manera el equilibrio en el sistema de Endesa no han sido correctamente aplicadas, no han surtido su efecto y, por tanto, son recursos públicos, repito, que no se han utilizado demasiado correctamente.
En definitiva, señor Fernández Ordóñez, yo creo que usted tiene una fe extraordinaria en la competencia, cosa que no me extraña nada procediendo, además, de donde procede. En este sistema eléctrico tienen ustedes un hueso duro de roer.
En el sistema eléctrico español --usted lo ha dicho-- hay un aislamiento; hay una sobrecapacidad instalada; hay una estructura empresarial excesivamente concentrada; hay diferentes mix de generación; hay posiciones de dominio en tecnologías de empresas; existe una tarifa perfilada también hasta el año 2001, que supongo que no incentivará precisamente la competencia; hay centrales multipropiedad, y luego una serie de restricciones de política energética, las necesarias para consumir el carbón nacional, la compra de los vertidos de los autogeneradores de menos de 50 megavatios, el sobreprecio para los de menos de 25 megavatios, el contrato del gas y el restrictivo decreto de acceso de terceros a la red de gasoductos. Incluso el único

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elemento de dinamización del mercado, que es sin duda la elegibilidad, si usted se acuerda, es inferior la propuesta que se hace en el protocolo que el estudio que ustedes habían remitido al Ministerio allá por junio, es un bosquejo en el marco del sistema independiente que dicen que no vale para introducir competencias en este país.
Por tanto, creo que son demasiadas cuerdas para que el violín de la competencia no digo que dé alguna nota, sino que no va a dar absolutamente ninguna, según mi opinión. En todo caso, esa pasión que usted manifiesta por la competencia parece que es una especie de viento divino que entra por cualquier agujero y lo convierte enseguida en una ventana diáfana por la que penetre luego el mercado, pues aquí la verdad es que fisuras de ésas va a encontrar poquísimas.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Mariano Santiso.


El señor SANTISO DE VALLE: Intentaré ser breve dado lo avanzado de la hora.
Quiero agradecer su comparecencia sobre todo por una razón, por la claridad. A pesar de que no hayamos podido ver las transparencias, las únicas que íbamos a ver en todo este proceso, quiero decirle que ha sido muy claro y que yo respeto mucho a aquellos que defienden su opinión, aunque no la comparta en algunos aspectos muy importantes. También quiero agradecerle su comparecencia por la capacidad de ser crítico con un documento que nosotros, desde otros puntos de vista, podemos serlo también con él.
No voy a utilizar ni siquiera frases que han dicho compañeros del Partido Socialista, como atraco o similares, que puedo compartir en el fondo en un sentido. Yo creo --y es nuestra valoración, y como es la nuestra es la que es-- que es un protocolo eléctrico hecho a la carta y al servicio de las compañías eléctricas, manteniendo éstas los privilegios que han tenido, por razones históricas, a lo largo de los años, y que, por tanto, ni siquiera garantiza unos mínimos de los supuestos beneficios de competencia, como desde nuestro punto de vista se desprende traduciendo las palabras del interviniente.
Ha reiterado por dos veces que las compañías eléctricas venden al doble lo que vale un precio. Es decir, en el fondo, todo el sistema generado a lo largo de tantos años lleva a que las compañías eléctricas nos cobren el doble de lo que cuesta la generación del kilovatio/hora en general.
Por tanto, este protocolo, bajo la especie de reducir un uno por ciento, según los casos, un tres por ciento a algunos grandes consumidores, en definitiva, maquilla un mecanismo. Y hago mía también una frase del interviniente. Yo creo que se trata, una vez más, ante lo obvio y ante la presión internacional, de ganar tiempo y ver si en un período de ocho o diez años pueden seguir con este tipo de situaciones defendiendo esos mismos privilegios.
Me gustaría saber cuál es la valoración económica que se hace de los costes de transición desde la Comisión, que algunos evaluamos en más de 700.000 millones, sobre el coste real de todo lo que contiene en sí esta regulación del sector. Me parece un deseo de buena voluntad el presuponer --ante el hecho de que sean costes máximos reconocidos en diez años-- que no se paguen los dos billones, sino que se paguen los 700.000 millones.
Creo que la presión que ejercen este tipo de grandes compañías va a intentar forzar, lógicamente --y además es su obligación--, sacarnos los dos billones de pesetas, y si pueden un poco más. Porque, no nos engañemos, se ha organizado mal el debate, en mi opinión. El Partido Popular, cuando llega al Gobierno, tenía que haber empezado por decirnos qué política energética quiere; a partir de ahí ir hacia atrás haciendo una nueva ley de ordenación del sector y, al final, un protocolo eléctrico para resolver los problemas en ese marco.
Eso que dicen de que en 1998 se pone en marcha algo que es mejor que no tener nada o tener lo que había, en realidad encubre el dilatar durante diez años una situación que no ha resuelto el problema de qué va a pasar con el carbón. Prueba de ello es que hay unas mesas abiertas que cuando termina la negociación tienen que tener una incidencia directa en el propio protocolo eléctrico, en qué va a pasar con Endesa y con aquellas compañías que tienen un peso muy importante en la generación de la energía a través de las térmicas.
El forzar la firma de un protocolo, que --se ha dicho ya-- beneficia tal y como se ha diseñado a Iberdrola, con nombres y apellidos, es un cierto despropósito mientras no entre en competencia el gas, pues perjudica a Endesa y creo que si no hubiera sido una empresa pública no hubiera firmado este protocolo. Incluso, en mi opinión, se ha forzado recientemente a Hidrocantábrico a sumarse al mismo con compensaciones que se han negociado en los últimos tiempos, y que también quiero decir que se ha firmado por no quedarse fuera y porque era un poco extraño que Hidrocantábrico, que tenía una mejor gestión que otras, sobre todo en costes financieros, quedara fuera, resultando curiosamente perjudicada por haber hecho buena gestión. El panorama que se ha diseñado beneficia, desde criterios teóricamente conservadores, más a aquellos que peor lo han hecho, en nuestra opinión.
Ayer leía un informe sobre compañías que tienen un funcionamiento muy curioso, donde el reparto de beneficios es discriminatorio entre los accionistas y lo mismo en los consejos de administración; es un informe llamativo de esa endogamia que tiene el sector, que además se escuda en esta isla eléctrica en el sentido de poner mecanismos que dificulten mucho más la posible competencia de la entrada de energía vía Francia o cualquier otra vía europea. Por tanto, creo que es un absoluto despropósito también desde ese criterio, que no comparto, la liberalización a ultranza.
¿Por qué otros países excluyen la energía hidráulica? Por razones obvias.
Porque es imposible que el coste del kilovatio/hora del carbón, que está reconocido a seis o siete pesetas, pueda competir con kilovatios/hora cuyo precio reconocido se le estipula en 1,2 ó 1,3, o con energía nuclear donde se han excluido un montón de costes añadidos

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y se regula que el precio esté en dos pesetas y pico el kilovatio/hora.
Creemos que este protocolo va a generar, en primer lugar, dificultades tremendas para la energía procedente del carbón; ahí están pendientes las negociaciones y habrá que volver a introducir criterios políticos para resolver este problema, como es modificar el protocolo. Segundo, creemos que la energía hidráulica no tenía que haber mantenido estas condiciones, porque produce desequilibrios entre empresas y dificultades a un sector que mantiene un nivel de empleo muy importante todavía, como es la minería del carbón.
Por último, como decía otro interviniente, no hay competencia. Los únicos que quizá tengan alguna posibilidad --y es positivo-- sobre algunas empresas --muy reducidas-- son los que creen dificultades a las empresas que tienen cogeneración y no generen estímulos para continuar impulsándola, salvo que ahora se inventen --cosa que será necesaria porque así se ha acordado en esta Cámara-- algo para buscar impulso a las energías renovables y la cogeneración. Al mismo tiempo, creo que se va a pasar a un esquema donde se va a intentar captar entre dos grandes grupos a determinados grandes consumidores, y probablemente nos veamos como en Inglaterra, donde ustedes saben que en muchos casos lo que se produce es que el ahorro para las grandes empresas lo paga después el pequeño consumidor que no tiene esa capacidad de negociación o de presión en su demanda de energía eléctrica.
Por tanto, creo que por ganar tiempo aparentemente estamos perdiendo diez años, no se está yendo a un sistema real de competencia y las compañías eléctricas, una vez más a costa de los consumidores y con la aparente reducción de un uno por ciento, han perdido una gran oportunidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landeta.


El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero agradecer al señor Fernández Ordóñez la concreta y clara exposición que ha hecho respecto al planteamiento que tiene la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional en cuanto al protocolo.
Tengo que decir que en algunas ocasiones ha salido reflejado en la prensa lo que parece un criterio de oposición por parte de la Comisión al protocolo. Sin embargo, después de oír la intervención del Presidente llegamos a la clara conclusión de que se desprende de ese informe de 187 páginas, que se ha emitido antes de poner en funcionamiento los elementos que tenía el protocolo para su desarrollo, que la Comisión, en los momentos actuales, apoya íntegramente lo que es el protocolo.
Por otra parte, había unos puntos de discordancia, el primero de ellos era el procedimiento; el segundo, la elegibilidad de los consumidores; el tercero, la tarifa de 1997 y la concentración que día a día se está suavizando, llegando a un acuerdo de concordia y dando solución a los problemas que inicialmente tenía planteados el protocolo.
Respecto al procedimiento, tenemos que decir que se le calificó de opaco porque las negociaciones inicialmente habían sido entre el Ministerio y las grandes empresas. Sin embargo, a lo largo del examen de todas las actas y gestiones que ha realizado el Ministerio vemos que en muchas ocasiones se ha negociado y se ha hablado con los consumidores. Por otra parte, en la memoria que nos presenta la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional aparece reflejado que en múltiples ocasiones tuvieron reuniones sobre el protocolo y también que muchas de las alternativas o actuaciones que proponía la Comisión fueron aceptadas dentro del protocolo. Entre ellos podemos destacar la decisión de repartir el 20 por ciento de los costos hundidos anualmente o la reforma de la red eléctrica española entre otras cuestiones. Todo ello nos lleva a la idea clara de que el protocolo en modo alguno es opaco, y que se está dando en todo momento con luz y taquígrafos. Actualmente, el desarrollo total está constituido por nueve comisiones, donde está la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y también representantes de todas las empresas y todos los sectores.
En cuanto al contenido, resultan esenciales cuatro temas. El primero es el modelo de funcionamiento del sistema eléctrico, donde la Comisión dice que en la organización del mercado mayorista de electricidad que se aplica a partir del primero de enero de 1998, las líneas generales del protocolo son las adecuadas y satisfactorias, y su desarrollo normativo es análogo al de los países más avanzados en el proceso de liberalización. Es decir, en un tema esencial y concreto dentro del protocolo, el criterio que tiene el mismo lo camparte la Comisión.
Respecto a la elegibilidad de consumidores, que constituye el elemento fundamental del proceso de introducción de la competencia en cualquier sector, la Comisión parece deducir de sus alegaciones iniciales que la consideraba lenta y dejaba sin posibilidad de ejercer a aquellos grupos de consumidores más interesados en ello. Si embargo, tenemos que decir a este apartado que el calendario de liberalización fijado en el protocolo es mucho más rápido que la propia directiva europea. Esto es, a partir del primero de enero de 1998 se están dando pasos muy avanzados, y en otros países de nuestro entorno comunitario van mucho más lentos que nosotros.
Referente a la transición de la competencia, consideramos conveniente introducir mecanismos que flexibilicen la transición de las empresas eléctricas y el conjunto del sistema hacia esa competencia. No obstante, la definición de dichas ayudas o cargas a la transición no pueden descansar en el marco legal estable. La Comisión ha dicho en sus informes que no ha tenido acceso a la metodología del cálculo de las cifras de las ayudas a las empresas, y parecía manifestar que podían haberse dado, indiscutiblemente, unas ayudas sesgadas a favor de determinadas empresas.
A esto debemos alegar las siguientes cuestiones. En primer lugar, que con el sistema actual las compañías eléctricas tendrían por extracostes una cantidad superior a tres billones de pesetas. Sin embargo, en el momento actual lo que se ha fijado es un billón 988.000 millones, es decir, que los consumidores, con la aplicación del protocolo, se van a ver

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beneficiados en un billón de pesetas, y la recuperación se hace también en un período de diez años.
También recoge la propia memoria de la Comisión que el protocolo prevé y fija mecanismos de ajuste que permiten neutralizar los efectos negativos del cálculo haciendo menos onerosas las cargas de transición para los consumidores; es decir, que indiscutiblemente no sólo se fija esta cifra rebajada un billón de pesetas, sino que también se pueden modificar y mejorar estos condicionantes. Tenemos la certeza de que la introducción de competencia será gradual y que se ayudará a las empresas a adaptarse a la nueva situación, garantizando la viabilidad financiera, los derechos de los generadores, consumidores y reguladores, y haciendo compatible todo esto con un perfil decreciente de la tarifa.
Otra de las cuestiones que tenemos que decir que se debatió es la tarifa de 1997. La Comisión alegaba que se consideraba que era posible reducir la tarifa este año en un cinco por ciento, que la reducción real sobre las empresas era de un uno por ciento y el dos por ciento restante lo hacían otros organismos o bien eran reducciones de ingresos que se pagarían a las empresas en el futuro. La Comisión dice que si al tres por ciento se le añaden las laminaciones de costos y la reducción de costos ajenos, indiscutiblemente podría llegarse a ese cinco por ciento. Pero nosotros tenemos que añadir que lo que realmente está soportando la empresa en estos momentos es superior al dos por ciento, y los ingresos de las empresas suponen entre 42.500 y 52.500 millones de pesetas.
Asimismo, la ampliación del período de recuperación de costos pendientes les supone otros 32.500 millones de pesetas. Esto es lo que realmente están soportando las empresas en esta actuación. Sin embargo, es un hecho importante, y así aparece reflejado en la memoria, que en 1995 la Comisión intentó reducir las tarifas un uno por ciento y, sin embargo, se fijó en el punto cero; es la primera vez, incluso dice que puede considerarse como un hito histórico, que el protocolo establece la reducción del tres por ciento nominal. Es decir, que ahora, examinando toda la trayectoria de las tarifas eléctricas, es la primera vez que se logra reducir un tres por ciento.
Por último, respecto al proceso de reestructuración del sector eléctrico, nosotros no vemos procedente incluir medidas para la reestructuración dentro del mismo y evitar la concentración, dado que impediría la formación de grupos competitivos a nivel europeo. En todo el problema que se ha planteado respecto a Endesa, tenemos que decir que realmente en el mercado nacional existía un desequilibrio entre producción y distribución, que dado que la idea del Gobierno es introducir la competencia en generación y permitir el libre acceso a la actividad y a las fuentes de energía primaria, teniendo como tenía Endesa el 40 por ciento en Sevillana y el 49 por ciento en Fecsa, de llevar a efecto esta absorción como realmente se plantea Endesa aumentaría su capacidad de producción al 50 por ciento y de distribución al 40 por ciento, haciéndola semejante a Iberdrola. Con esta absorción, Endesa será el cuarto grupo europeo en generación y el quinto grupo europeo en distribución.
Por ello, nosotros entendemos que la formación de un solo grupo, con autonomía operativa y salvaguardando en todo momento la competencia en beneficio de los consumidores, reporta muchas más ventajas que errores.
Quiero terminar mi intervención diciendo que la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional llega a la clara conclusión de que debe instarse al Ministerio para que lleve a efecto el protocolo lo antes posible, porque tenemos la creencia de que a partir de ese momento será beneficioso para el sistema energético español.


El señor PRESIDENTE: Señor Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, tiene usted un último turno para poder responder a todas estas cuestiones, pero yo creo que le hemos de dejar que responda con tranquilidad, puesto que el tema es muy interesante. Tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (Fernández Ordóñez): Por empezar con el titular, «apoyar al Ministerio de Industria», que obviamente es contradictorio con un órgano independiente, yo creo que el periodista al final elige el título con arreglo a cómo entiende la cuestión. Yo creo que entiende bien un mensaje, y es que la Comisión no iba a plantear las cuestiones que había planteado en el protocolo en el desarrollo del mismo; es decir, no nos íbamos a sentar a hablar de los stranded, de los dos billones, si la elegibilidad está mal, etcétera, sino a tratar de sacar lo que se ha acordado ahí, y eso sí lo decidimos. Quizá es incorrecto, quizá deberíamos haber decidido otra cosa, pero pensamos pragmáticamente que si el 1 de enero de 1998 estaba en funcionamiento algo con lo que no estábamos de acuerdo, era mejor que tener el planteamiento de ir a un maximalismo, y esto sí lo decidimos, repito, en la Comisión. Yo creo que el periodista interpretó correctamente de alguna forma, aunque legalmente es un puro dislate el que la Comisión esté apoyando al Ministerio, porque no es su función, y usted tiene toda la razón.
Se dice que se nos van a recortar las competencias. Es evidente que muchas empresas, a la vista de la labor hecha estos años, lo querrían. Yo debo decirle que he hablado con el Ministerio, con el Secretario de Estado y me dice que ése no es el deseo del Ministerio, y es la respuesta que tengo, pero sí es el deseo, repito, de muchas empresas. Decía un juez americano que el primer monopolio de la energía fue el que tenían los dioses del Olimpo, y a Prometeo se le ocurrió arrancar el fuego y llevarlo a los humanos, y lo ataron a una roca y le mandaban un águila para que le comiera el hígado todos los días. Mientras nos quiten competencias, yo me quedo tranquilo, y el hígado seguirá bien. Pero espero que ni eso se produzca, porque estoy absolutamente de acuerdo con usted en que sería nefasto volver a la autorregulación. La clave de que funcione un mercado de este tipo es que haya una regulación independiente, y si lo han pensado todos los países, sería absurdo que España, a la hora de montar un mercado, no montara un regulador independiente e incluso lo reforzara.


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Yo estoy completamente de acuerdo con usted en que no es aconsejable volver a la situación en la que Unesa redactaba las cosas y al Ministerio no le daba tiempo a examinar porque no había análisis independiente. Los americanos hablan, cuando defienden estas instituciones, del análisis independiente, de que alguien se siente fuera y diga lo que piensa de los stranded, etcétera. Esto es un útil para la sociedad. Está en sus manos quitarlo, porque está en la ley, pero sería un disparate quitarlo, en mi opinión. Creo que está bien creado, está bien creada la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, está bien creada la Comisión del Mercado de Valores; son organismos útiles para un sistema democrático.
Valoración de los stranded. Evidentemente, nosotros discrepamos de la cifra. Creemos que el cálculo no debería hacerse y en esto estamos de acuerdo con el marco legal estable que acabó con la Losen. ¿Qué fue el marco legal estable? Una decisión de un Gobierno que ve unas empresas hundidas, las ayudas y eleva toda la retribución. Esto es correcto. Pero una vez que la situación financiera es correcta y saca la Losen, ¿por qué tiene que proyectarse esto hasta el infinito? No estamos de acuerdo.
Incluso proyectando los ingresos del marco legal estable, tampoco nos salen las cifras. Se pregunta S. S. por qué y el señor Santiso aludía al valor máximo. Para nosotros es suficiente; no lo sé si lo será para usted. Para nosotros, si las empresas eléctricas no consiguen que eso sea una cantidad fija, sino que se acepta lo que dice el protocolo, es suficiente. Porque, en definitiva, ¿qué va a significar? Que no se va a cobrar eso. Se va a cobrar la diferencia del precio del mercado durante diez años. Y eso sí creemos que es razonable. Además, hay una cosa que dice que en el 2007 se ha acabado. Si esto variara, usted se encontraría a la Comisión a su lado diciendo: no estamos de acuerdo en los dos billones. Pero si no se varía no creo que el Ministerio y nosotros debamos perder el tiempo, si me lo permite, en hacer unos cálculos de algo que no se debería pagar, si se cumple lo que se ha dicho en el protocolo. Porque es una garantía de las empresas que si los precios se derrumban se les podría ayudar hasta dos billones. Y ahí sí estamos de acuerdo, aunque la cifra esté calculada.
El tema de posición de dominios por tecnologías es muy interesante y más que por tecnologías porque probablemente no haya un producto eléctrico sino varios y no sea lo mismo el producto de valle que el producto de punta. Por tanto, habría que hacer un estudio de mercados relevantes.
Pero lo que estamos diciendo desde la comisión, cuando hablamos de la estructura y de todo esto, es que deberían estudiarse los temas de poder de mercado, no sólo como nosotros lo hacemos a nivel global, que ya da unas pistas de que la cosa no puede funcionar, sino en la línea que dice usted, o yendo a los productos. Esto hay que estudiarlo antes de poner en marcha un sistema. ¿Por qué? Yo soy muy partidario del mercado, no creo en un viento divino; usted sabe que soy agnóstico o ateo, como se decía antes, y por tanto no creo en lo que hacen los hombres. El mercado no me parece una institución divina, aunque podría hablar de lo de los jesuitas, aquello tan bonito del precio del mercado. Cuando discutían el precio justo, decían que como el único que sabría cuál es el precio justo es Dios y los hombres no vamos a poder ser Dios, dejemos que el precio de mercado sea el que se fije. Era la defensa de los jesuitas de la escuela de Salamanca. Yendo a lo que usted decía, habría que estudiarlo, porque ¿qué es lo que más nos preocupa? Lo que más nos preocupa es que el mercado no funcione porque haya poder de mercado y que el Gobierno que venga después o el que esté no tenga instrumentos bien para intervenir en las empresas públicas, bien para intervenir en las empresas privadas, para garantizar que el mercado funcione. Esto nos preocupa, porque queremos que funcione y en esto sí que disentimos de que esto no sea un tema importante. Creemos que es un tema importante a estudiar. ¿Que tiene otras dimensiones más allá de política industrial? Que se expongan también, aunque no sea nuestra posición. Nosotros no estamos por empresas pequeñas. Cuando se le obliga a alguien a cambiar su activo de generación se le está dotando de más dinero para invertir en generación en otros países. No estamos defendiendo empresas pequeñas; estamos defendiendo empresas que tengan cuotas de mercado razonables en el mercado interior.
Usted comparaba Campsa cien por cien del mercado español frente a British Petroleum 30 por ciento; British Petroleum era siete veces Campsa, porque estaba por todo el mundo. Lo que hace débiles a las empresas es no hacerles competir. Darles todo el mercado al final les hace débiles y miserables. Esto es lo que, de alguna forma, pensamos.
Yo no quiero a esta hora tan tardía de la tarde consumir mucho tiempo.
Sólo voy a referirme a algunas pequeñas cosas que se han dicho.
He hablado del doble, pero no es el doble del precio de todo; es el doble de generación. Lo digo porque muchas veces estas cosas corren y lo que llega es que la Comisión dice que el precio es el doble. Es el doble del precio de generación, que son nueve pesetas, y el doble además relativamente porque no sabremos qué vale la electricidad en este país hasta que no nos dejen comprarla. En definitiva, la opacidad está ahí.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Landeta y, sobre nuestra participación, con el Ministro. Lo he dicho aquí. En este momento el Ministerio nos ha dado las ponencias de los tres grupos más principales, el de diseño de mercado, el de distribución y el de stranded cost. Por tanto, nunca nos hemos quejado de que no se nos preguntara. Nos hemos quejado de que no se preguntara a otros, no a nosotros, en que las relaciones han sido espléndidas.
En las tarifas sí hay diferencias. Creemos que este año han caído cuatro puntos los tipos de interés. En un sector que tiene casi tres billones de deuda son 100.000 millones de pesetas que les vienen caídos del cielo, más que quizás el agua. Por tanto, como decía un colega de la Comisión, no es que las eléctricas, reduciendo la tarifa, estén ayudando a Maastricht; es que Maastricht ha venido a ver a las eléctricas, porque la convergencia ha significado una reducción de costes. Que el Gobierno decide no hacer una reducción más que en nuestros cálculos de treinta y pico

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mil millones de pesetas, que es el uno y pico, es su función y no la nuestra. La nuestra es decir la que debe ser.
Yo creo que fue histórico las dos decisiones; fue histórica la decisión del Gobierno anterior de no subir --no había ningún gobierno decidido a no subir nunca-- y es histórica la decisión de este Gobierno de haber bajado, y los dos, como usted señalaba, no nos han hecho caso.
Y nada más. Quizás deba señalar que es verdad lo que decía el señor Fernández de que desmontar este monopolio es muy complicado. Por eso insisto en el agradecimiento y la oportunidad de poder compartir con ustedes estas tareas.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones, le agradezco en nombre de la Comisión su presencia.
Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.

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