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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 190, de 16/04/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 190

CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE: DON GABRIEL CISNEROS LABORDA

Sesión núm. 5

celebrada el miércoles, 16 de abril de 1997

ORDEN DEL DIA:

Ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley del Gobierno. (Número de expediente 121/000025) (Página 5300)

--Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. (Número de expediente 122/000011) (Página 5300)

--Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social. (Número de expediente 122/000024) (Página 5300)

--Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000027) (Página 5300)

--Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000031) (Página 5300)

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--Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000032) (Página 5300)

--Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000033) (Página 5300)

--Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000038) (Página 5300)

Propuesta de creación de una Subcomisión sobre RTVE, para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 158/000029) (Página 5301)

Protocolo y proyecto de Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, en materia de extinción de incendios forestales. Formulado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León --Junta--. (Número de expediente 93/000006) (Página 5305)

Emitir dictamen, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, sobre la proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 122/000011) (Página 5308)

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO. (Número de expediente 121/000025.)

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PERIODISTAS, RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.d) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000011.)

--PROPOSICION DE LEY REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL. (Número de expediente 122/000024.)

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (Número de expediente 122/000027.)

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (Número de expediente 122/000031.) --PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (Número de expediente 122/000032.)

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (Número de expediente 122/000033.)

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (Número de expediente 122/000038.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados, se abre la sesión.
En primer término, reclamo la atención de los señores portavoces en turno de lo que podríamos llamar diario de avisos. Como saben, mañana está convocada la ponencia informante de la proposición de ley de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria. Debo advertir que, de conformidad con los acuerdos adoptados sucesivamente en dos reuniones de la Mesa y portavoces, esta reunión es a los solos efectos de que la ponencia forme criterio sobre el carácter orgánico o no de dicha proposición de ley, cuestión sobre la que, en una lectura más atenta de la proposición, se suscitó a esta Presidencia esa inquietud, que advertimos que fue ampliamente compartida por los integrantes de la Mesa y por los señores portavoces. De suerte que ése es objeto de esa reunión y si se conviniera en el carácter orgánico, deberíamos interrumpir en ese

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punto su tramitación, elevar nuestra consulta a la Mesa del Congreso, que, como saben, es el único órgano competente para calificar el carácter orgánico o no.
En segundo lugar, en este punto informal de diario de avisos, reclamo la atención de los señores portavoces sobre la circunstancia de que esta Comisión va a recibir a una delegación del Parlamento eslovaco.


La señora SECRETARIA (Almeida Castro): Los eslovacos ya vinieron.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señora Secretaria, del Parlamento checo. La embajada de la República Checa nos sugiere la semana comprendida entre los días 5 y 11 de mayo, de suerte que, de un modo informal, sin necesidad de convocatoria de los portavoces a tal fin, sino en el curso de lo que nos resta de sesión plenaria, confío que alcancemos el acuerdo para transmitir a la Dirección de las Relaciones Parlamentarias de la Cámara la fecha que resulte más idónea para la celebración de este encuentro.
Entrando ya en la consideración formal del orden del día, los puntos 1 a 8 consisten en la mera ratificación de las ponencias designadas para informar un conjunto de iniciativas legislativas que están sometidas a la consideración de esta Comisión. Las ponencias, de acuerdo con las comunicaciones llegadas a los servicios de la Comisión y provenientes de los distintos grupos, quedarían compuestas en los siguientes términos.
Voy a dar lectura de su composición y, salvo que me hagan alguna reclamación los señores portavoces para introducir alguna rectificación, se entenderán ratificadas por asentimiento.
La ponencia encargada de informar el proyecto de ley del Gobierno estaría compuesta por los señores Trías Sagnier, la señora Fernández González y señor López-Medel Bascones, del Grupo Popular; los señores Jover Presa y Suárez Pertierra, del Grupo Socialista; el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Mardones Sevilla, por el Grupo de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Rodríguez Sánchez, por el Grupo Mixto.
Ratificamos, asimismo, la ponencia encargada de informar la proposición de ley reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, a cuyo dictamen vamos a proceder en el último punto del orden del día de esta misma sesión: los señores Muñoz-Alonso y Ledo, Vera Pro y Baón Ramírez, por el Grupo Parlamentario Popular; el señor Jover Presa y la señora Conde Gutiérrez del Alamo, por el Grupo Parlamentario Socialista; el señor Alcaraz Ramos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; señor Silva Sánchez, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Mauricio Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Rodríguez Sánchez, por el Grupo Parlamentario Mixto.
La ponencia encargada de informar la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social, que, reitero, está convocada para mañana a las cinco de la tarde, estaría integrada por los señores Trías Sagnier, Bermúdez de Castro Fernández y Fernández de Mesa Díaz del Río, por el Grupo Parlamentario Popular; la señora Del Campo Casasús y el señor Barrero López, por el Grupo Socialista; el señor Alcaraz Ramos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Campuzano i Canadès, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Mardones Sevilla, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Lasagabaster Olazábal, por el Grupo Parlamentario Mixto.
Por último y como es razonable, los grupos han facilitado los nombres de los mismos ponentes para informar el conjunto de proposiciones de ley tomadas en consideración sobre financiación de los partidos políticos que, como saben SS. SS., son cinco, versando sobre el mismo objeto. La ponencia para informar todas y cada una de estas proposiciones de ley quedaría compuesta por el señor Del Burgo Tajadura, el señor Trías Sagnier y el señor La Puerta Quintero, por el Grupo Parlamentario Popular; el señor Gimeno Marín y el señor Fernández Marugán, por el Grupo Parlamentario Socialista; el señor Santiso del Valle, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor López de Lerma i López, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Mardones Sevilla, por el de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lasagabaster Olazábal por el Grupo Parlamentario Mixto.
¿Alguna consideración u objeción sobre esta composición de ponencias? (Pausa.) Se somete al asentimiento de la Comisión la ratificación de las mismas. (Asentimiento.) Quedan ratificadas. Muchas gracias, señores Diputados.


La señora SECRETARIA (Almeida Castro): El punto 5 es el mismo que el 4.


El señor PRESIDENTE: No, señora Secretaria, el punto 4 es el 122/27, y el resto comprende a los números 31, 32, 33 y 38. Me remito a los números de expediente porque son, como les decía, cinco iniciativas de distintos grupos versando, eso sí, sobre el mismo objeto.


--PROPUESTA DE CREACION DE UNA SUBCOMISION SOBRE RTVE, PARA EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE TELEVISION Y RADIO, DE TITULARIDAD PUBLICA Y COBERTURA ESTATAL, A LOS EFECTOS DE DOTAR AL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) DE UN MARCO FINANCIERO ESTABLE Y PROPONER LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LA RADIO Y TELEVISION APROBADO POR LA LEY 4/1980, DE 10

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DE ENERO, QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 158/000029.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9 del orden del día, debate y votación de la propuesta de creación de una subcomisión sobre Radiotelevisión Española, para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española de un marco financiero estable y proponer las modificaciones del estatuto de la radio y la televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias.
Como saben, este punto del orden del día debe tramitarse aplicando la resolución de la Presidencia de la Cámara de 26 de junio de 1996, que dispone que la iniciativa podrá ser presentada por un grupo parlamentario --el grupo proponente, se entiende, que en este caso ha sido el Grupo Parlamentario Popular--, que esta iniciativa debe ser examinada y votada por la Comisión, pudiendo los grupos parlamentarios intervenir para fijar posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y en el caso de que dicha propuesta resultase aprobada, se eleva al Pleno de la Cámara, que se pronuncia sobre la misma sin debate, normalmente en los precedentes lo ha sido por asentimiento.
Consiguientemente, para la defensa de la proposición, tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Peñalosa, y a continuación intervendrán los grupos, de menor a mayor.


El señor PEÑALOSA RUIZ: Señor Presidente, señorías, el pasado 26 de febrero el nuevo director general de Radiotelevisión Española, en su primera comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario del ente público, consideraba la conveniencia de alcanzar un gran pacto de Estado en torno a Radiotelevisión Española, su viabilidad futura y su estabilidad financiera; un pacto de Estado en el que participaran la propia Radiotelevisión Española, las Cortes Generales, el Gobierno, los agentes sociales e incluso otras instituciones representativas; un pacto de Estado, de acuerdo con el tenor literal de las palabras del director general, que defina el modelo, las funciones y los objetivos de la radiotelevisión pública, al que habrán de adaptarse de forma ineludible las dimensiones de Radiotelevisión Española como empresa y que constituirá el marco de referencia al que ajustar los presupuestos de gasto; un pacto de Estado también que plantee una reforma del estatuto de la radio y televisión en España que le haga válido para gestionar la nueva televisión, la televisión del nuevo siglo.
Sobre estas ideas principales giraba la invitación del director general en la fecha de esa comparecencia, como recordarán perfectamente los miembros de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española y cualquier otro Diputado que haya tenido la curiosidad de acercarse al «Diario de Sesiones» de aquella fecha. Esta invitación fue acogida favorablemente por parte de todos los grupos parlamentarios intervinientes, que en esa ocasión fueron todos los de la Cámara. Y así, todos los grupos, insisto, sin excepción, si bien es cierto también que con distintos grados de entusiasmo, mostraron su voluntad, su disposición a obtener dicho acuerdo y a alcanzar esos mismos objetivos.
Pues bien, señorías, como consecuencia del desarrollo de aquella sesión, de la propuesta lanzada por el director general de Radiotelevisión Española y la respuesta positiva expresada por todos los grupos parlamentarios, el Grupo Popular registró esta iniciativa parlamentaria que nos ocupa y que no tiene ni persigue otra virtualidad que la de servir de cauce reglamentario a esa parte del pacto de Estado, no menor y, a nuestro juicio, sí de una notable trascendencia política y seguramente también legislativa, que nos afecta a los grupos políticos, que nos afecta a los representantes parlamentarios.
Creemos sinceramente que la creación de una subcomisión parlamentaria destinada específica y concretamente a debatir el futuro de Radiotelevisión Española es el mejor método de trabajo para obtener éxito en el diseño de ese futuro y para superar las diferencias que surjan como resultado de los distintos planteamientos que se puedan realizar e intentar obtener el consenso que este encargo lleva aparejado. La subcomisión parlamentaria se ha mostrado ya durante esta legislatura como un instrumento eficaz y adecuado para abordar cuestiones de un gran calado político y social, para abordar cuestiones de una extrema complejidad, como seguramente lo es esta también que tiene que ver con el futuro de la radiotelevisión pública en nuestro país.
El ámbito de la subcomisión puede servir para situar la discusión al margen de las coyunturales peripecias, de los coyunturales enfrentamientos políticos a los que tampoco es preciso en modo alguno renunciar y que pueden continuar teniendo todo su sentido en las sesiones ordinarias de la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española que, como SS. SS. saben, se celebra por decisión reglamentaria todos los meses, pero en todo caso la subcomisión que proponemos --y ésta es una idea clave de nuestro planteamiento inicial-- quiere reclamar para el Parlamento el mayor protagonismo en la definición del modelo y en el establecimiento de un marco financiero estable para Radiotelevisión Española. En este mismo sentido, debo aludir al texto de la moción aprobada por todos los grupos parlamentarios durante el último Pleno de la Cámara y que redunda en el papel principal del Parlamento en la definición del modelo de radiotelevisión pública, a la aprobación de los mecanismos necesarios para su financiación y en el estudio y valoración de las reformas que puedan y deban acometerse en el estatuto de 1980. De acuerdo con esta moción, que fue objeto de una enmienda transaccional que modificó la pretensión inicial del grupo proponente, el Gobierno debe elaborar un informe relativo a los problemas principales de Radiotelevisión Española para su remisión a la Cámara.
Por nuestra parte, creemos que es en el seno de esta subcomisión que ahora tratamos donde más útil y más provechosa puede ser la evacuación y el debate de ese informe del Gobierno y es en este mismo estadio parlamentario donde también nos parece más útil y provechoso el debate

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y la definición que los grupos puedan hacer del futuro de Radiotelevisión Española, desde la perspectiva clara también de que ese acuerdo será sólo una parte del pacto al que es preciso sumar las fuerzas sociales y en el que es imprescindible contar con la estrecha y permanente colaboración del Gobierno y de la dirección general de Radiotelevisión Española. Esta mañana, por tanto, queremos subrayar, señorías, por encima de cualquier otra consideración, los elementos comunes, la coincidencia en la elección del procedimiento de trabajo y en la consecución de unos objetivos que todos compartimos. Por tanto, no tenemos ninguna intención de marcar distancias, de calificar el origen de los problemas, de señalar culpables, de eludir responsabilidades o de criticar ninguna gestión.
Creo que la exposición de motivos que antecede a la solicitud de creación de esta subcomisión es meramente descriptiva de la situación actual y trata sencillamente de situarnos respecto a la importancia de acometer el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública y de cobertura estatal. También creo que los detalles de composición y el compromiso de elaboración de un dictamen son los habituales en este tipo de propuestas.
Inicialmente, nuestro grupo había considerado oportuno crear esta subcomisión en el seno de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.
La Mesa de la Cámara ha optado por considerar que esta subcomisión debe crearse en la que en este momento estamos, la Constitucional, lo que también no parece bien, porque hoy nos parece que lo más importante de todo es dar un paso más en ese consenso básico que ya se ha reflejado en dos importantes actos parlamentarios anteriores y que, tratándose de lo que tratamos, tiene una relevancia añadida y no muchos antecedentes.
Por todo ello, señor Presidente, solicito a los miembros de la Comisión Constitucional el voto favorable para la creación de una subcomisión, al amparo de la resolución de la Presidencia del Congreso, de 26 de junio de 1996, que se ocupe a la mayor brevedad posible, porque la urgencia también es evidente, de encontrar soluciones aceptables para los graves problemas de Radiotelevisión Española.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no advierte la presencia en la Comisión de ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto. En consecuencia, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad, señor Presidente, porque este portavoz, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, en todos los debates habidos en estos meses pasados, concretamente en febrero y marzo, ya ha expresado su testimonio de voluntad de sustituir con una nueva normativa el obsoleto estatuto de la radio y la televisión de 1980. Se expresó así en el mes de febrero, en la comparecencia del nuevo director general del Ente Público RTVE, cuando propuso un pacto de Estado --como certeramente ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que trae la iniciativa--. Cuando habló de un pacto de Estado este Diputado le señaló que ese pacto de Estado debía ser siempre hecho en sede parlamentaria, discutido y consensuado en lo posible por todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados. Cuando tuvimos ocasión de debatir la iniciativa que tuvo lugar con respecto a la interpelación urgente y la moción consecuente, también consideramos como pieza fundamental para este trabajo el informe que el Gobierno nos deba elevar.
Señorías, en Coalición Canaria entendemos que es ya una necesidad política imperiosa de esta Cámara encontrar los puntos de coincidencia, los puntos de convergencia comunes que nos lleven, de una vez por todas, a pacificar cualquier atisbo de polémica o de crispación que se derive de la gestión o de los resultados del Ente Público RTVE. Entendemos que en el propio preámbulo de la propuesta que trae la iniciativa del Grupo Popular se contiene el diagnóstico de la patología que está afectando actualmente al ente público; por un lado, todo lo que es buscarle un marco financiero estable a su situación de crisis económica y financiera; por otro y fundamentalmente, creo que la Comisión Constitucional tiene una naturaleza de idoneidad, como bien ha señalado la Mesa de la Cámara, para que esta subcomisión, más que desarrollarse en el marco de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, lo haga en el marco de la Constitucional, porque se vuelve un poco, históricamente, a los debates políticos de esta Cámara de los años 1979 y 1980, cuando por fin se llegó a estipular el que hoy califico de obsoleto estatuto de la radio y la televisión. Por tanto, cuando se debe entrar en esta cuestión política, a ese sentido de responsabilidad se quiere sumar Coalición Canaria, por lo que con el apoyo de nuestro voto positivo vamos también a dar nuestro sentido de amparo a todos los argumentos que aquí se establecen para votar afirmativamente la creación de esta subcomisión.


El señor PRESIDENTE: Doña Margarita Uría Echevarría tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, el portavoz habitual en los temas que hacen referencia a Radiotelevisión Española es mi compañero el Diputado don Joxé Joan González de Txabarri, pero en su ausencia expresaré yo el sentir de mi grupo, que coincide con lo por él sostenido con motivo de la interpelación y consiguiente moción debatida en días pasados en el Pleno de la Cámara con ocasión de la interpelación, repito, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Somos conscientes de la situación de crisis que padece Radiotelevisión Española y uno de los temas fundamentales que se debatió con ocasión de esa interpelación y moción fue la posibilidad de que hubiese acuerdo entre los grupos mayoritarios para llegar a lo que se ha llamado un pacto de Estado sobre Televisión Española. Mi compañero manifestó su escepticismo sobre este pacto e instaba al Gobierno para que, haciéndose eco de las palabras del señor Vicepresidente Primero, se constituyese o no la subcomisión, se pusiese cuanto antes a trabajar. No obstante, compartimos

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el diagnóstico de que la actual situación es grave y por eso, pese a este escepticismo manifestado de que la creación o no de la subcomisión no debe paralizar al Gobierno a la hora de actuar, la creación de esta subcomisión va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco por cuanto entendemos que sí es razonable poner cuanto esté de nuestra parte para ayudar a superar esta crisis. Lo que sí querríamos es que el plazo sea razonable y lo más breve posible para que también, repitiendo la misma expresión empleada por mi compañero señor González de Txabarri en el Pleno, se saje cuanto antes, evitando que el enfermo se nos vaya a ir para cuando se decida intervenir.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Ricard Burballa tiene la palabra.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: También tomo la palabra en esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ocupando la voz que normalmente tiene nuestro grupo en esta Comisión que la del Diputado señor López de Lerma, por tratarse de un tema que afecta al futuro modelo de la radiotelevisión pública en España, un problema que a nuestro grupo siempre le ha suscitado honda preocupación.
Entendemos que la propuesta de pacto de Estado realizada por el director general del ente en su presentación pública ante esta Cámara el día de su comparecencia, el 26 de febrero, es un camino en el cual se debe abundar y en el cual ciframos nuestras esperanzas, no nuestras expectativas ilusionadas pero sí nuestras esperanzas que siempre han sido las de encontrar un marco estable de financiación para RTVE. Más que hablar de entusiasmos, nuestro grupo prefiere hablar de responsabilidad, de responsabilidad de todos, para evitar que RTVE continúe siendo un motivo de enfrentamiento de los grupos parlamentarios. Entendemos que esta subcomisión puede ser un marco idóneo para el trabajo complejo --reconocido este extremo por los grupos mayoritarios y también por el nuestro-- de encontrar una salida a una situación audiovisual que no es la misma de hace diez años, en la cual la sociedad española reclama seguramente a la radiotelevisión pública cosas distintas de las que hace diez años reclamaba a un servicio público esencial.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta propuesta del Grupo Popular de creación de esta subcomisión de RTVE, en el convencimiento de que con ello contribuimos a avanzar en un modelo de radiotelevisión pública que sirva para la inmensa mayoría de los ciudadanos y que dé verdaderamente satisfacción a su sentido de servicio público.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Creo que hoy se imponen intervenciones breves, como así lo ha entendido también el resto de portavoces, no sólo porque seguramente existen más coincidencias que divergencias, sino porque, incluso, hablar poco y ponerse a trabajar ya en este tema es en sí mismo todo un símbolo. Creo que se ha perdido muchísimo tiempo, años seguramente, en que se ha dejado deteriorar la situación existente en la televisión pública española sin querer buscar soluciones adecuadas, quizá porque en el modelo ideológico de algunos no entraba la defensa en sí de la televisión pública, quizá porque otros preferían tenerla congelada, buscando otros intereses. Creo que esa fase se puede empezar a superar y, por tanto, es bueno y nos felicitamos de que exista consenso en el trabajo y de que Radiotelevisión Española y la televisión en general deje de convertirse en un arma arrojadiza.
También nos felicitamos por la idoneidad del marco parlamentario que garantiza la transparencia y la pluralidad en eso que hemos dado en llamar cuestión de Estado, porque si no existe transparencia ni pluralidad, ciertamente no va a ser una cuestión de Estado. Si esta subcomisión es el instrumento ideal, bienvenida sea. No deja de ser paradójico que aun cuando la comunicación en general y la televisión en particular sean un elemento absolutamente trascendental en la vida cultural y económica del país en el Parlamento no exista ninguna comisión que se dedique a estos temas monográficamente, cuando existen otras, digamos, pensadas para cuestiones también importantes en la vida del Estado, pero que no tienen la misma actualidad ni urgencia. Por tanto, supliendo este déficit reglamentario, si esta subcomisión es el instrumento adecuado, bienvenida sea.
Vamos a ir a la subcomisión precisamente a cumplir con lo que dice la proposición, a solucionar las dos grandes lacras, los dos grandes problemas que han minado los cimientos mismos de la existencia y del futuro de una radiotelevisión pública en España: por un lado, la crisis de financiación y, por otro, la crisis que supone la falta de un marco legal estable. Por tanto, sin que ello suponga adelantarnos a las conclusiones finales a que llegue la subcomisión, es fácil entender que la primera es que la subcomisión va a tener que trabajar en asegurar ese marco estable de financiación, y no poner un mero parche que dé respuesta al problema puntual aunque inmenso que existe en la actualidad, y en elaborar un nuevo estatuto de radiotelevisión, que, por cierto --y creo que es bueno recordarlo en esta sesión--, no afecta sólo a Radiotelevisión Española, sino que de alguna manera sirve de marco para todo el sistema de la radio y la televisión en España, pública y privada, cosa que a menudo se olvida y no es bueno, siquiera sea porque Radiotelevisión Española se encuentra, por así decirlo, en el marco de un ecosistema informativo determinado y, sin tenerlo en cuenta, no vamos a encontrar soluciones. De alguna manera, ese estatuto de la radio y la televisión debería ser una suerte de título preliminar de una especie de código de la comunicación, que alguna vez habrá que plantearse si no conviene hacer, al estilo de los grandes códigos, para regular una materia tan importante.
La única conclusión global para nosotros es que esta subcomisión debe profundizar en el carácter público de Radiotelevisión Española, con una financiación pública, sea la que sea, y desgubernamentalizada; que se acabe la

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confusión entre televisión y televisión pública, cuyo órgano fundamental de gestión, que es la dirección general, depende del Gobierno. Creo que, por una vez, ya que se toma esta decisión, merece la pena jugar a largo plazo, no quedarse en el regate corto. Yo creo que es bueno --y con esto concluyo-- coincidir en las buenas intenciones, sin olvidar que de buenas intenciones está empedrada la gestión televisiva, lo que en demasiadas ocasiones --casi siempre-- no se compadece con sus resultados.
En cualquier caso, vamos a apoyar con ilusión y sin ninguna reserva la constitución de esta subcomisión, yendo con ánimo constructivo, pero también con ánimo vigilante, con el fin de que se respete la pluralidad, para que, como digo, haya más televisión pública ahora, durante los trabajos de la subcomisión y después de la subcomisión. Que nadie piense que podríamos caer en algún tipo de trampa, algo así como sanear lo público para luego privatizar --desde luego, en ese juego no íbamos a entrar en ningún caso--, y, finalmente, como ya se ha indicado por otro portavoz, esperamos que esto no se dilate --aunque entendemos que no se puede ir con prisas-- de forma que no sirva para nada. Por consiguiente, vamos a acudir a la subcomisión con ánimo constructivo y vigilante; vamos con ilusión y esperamos que todos los grupos seamos capaces de estar a la altura que supone este reto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Nuestro grupo valora el consenso, que considera que es fundamental para adentrarnos en un debate de estas dimensiones. Desde ese punto de vista, nos parece importante que todos los grupos hayan subrayado lo mismo, es decir, que todos se hayan mostrado partidarios de avanzar por la vía de la discusión y del acuerdo. En ese sentido, nuestro grupo aportará todo lo que pueda. Sin embargo, debo decir también que el método con el que hoy nos estamos enfrentando a este problema nos parece discutible por varias razones, una de las cuales ya ha sido señalada por otro interviniente.
Hace una semana se aprobó en el Pleno del Congreso una moción sobre Radiotelevisión Española en la que se instaba al Gobierno a que remitiera a esta Cámara un informe acerca de los problemas de Radiotelevisión Española, etcétera. No sé si la respuesta del Gobierno es esa subcomisión. Aparentemente no, porque la subcomisión fue planteada con anterioridad. Se dirigió a la Comisión de Control de RTVE; la Mesa del Congreso la dirigió hacia nuestra propia Comisión y ahora nos encontramos con esta subcomisión, pero, insisto, sin saber exactamente si esto es o no el cumplimiento de la moción que se aprobó en el Pleno hace unos días.
Como ya tenemos el ejemplo de otras subcomisiones que se han creado, por ejemplo, ayer mismo, la de parejas de hecho, y el método de la subcomisión más bien ha servido para dilatar los debates y, concretamente, las soluciones, estamos algo perplejos, porque nos parece que se está abusando del método de las subcomisiones, no sólo en este terreno sino en otros y, como antes decía, nos parece un mal método de funcionamiento y, sobre todo, un método que contribuye a alargar los problemas sin encontrar una solución clara. Si la subcomisión se pone en marcha, nuestro grupo participará y colaborará con el máximo interés, pero precisamente porque nos asaltan tantas dudas respecto a lo que ha ocurrido, a lo que ocurre y a lo que puede ocurrir, nuestro grupo se abstendrá en la votación.


El señor PRESIDENTE: Como saben SS. SS., este procedimiento no es contradictorio y, en consecuencia, no ha lugar a turnos de réplica o dúplicas. En la medida en que el señor Solé Tura pudiera haber planteado alguna dificultad de orden reglamentario, quiero ratificar que, como S.
S. sabe, la iniciativa de la creación de la subcomisión fue anterior en el tiempo al debate de esa interpelación y de la moción subsiguiente.
Esta Presidencia no está en condiciones de anticipar ninguna decisión de la Mesa de la Cámara sobre la suerte que corra después ese informe que el Gobierno ha de rendir, pero parecería razonable que se remitieran justamente al conocimiento de la subcomisión que se crea. Por mi parte, lo que sí puedo asegurarle y a lo que sí me puedo comprometer es a que la voluntad de esta Presidencia será la de imprimir al trabajo de esa subcomisión el ritmo más diligente que quepa. Es cierto que la propuesta de la creación de la subcomisión no contiene un plazo concreto para la conclusión de sus trabajos, pero esta omisión está suplida por la norma de la Presidencia que regula este tipo de subcomisiones que con carácter general y supletorio establece el plazo máximo de seis meses para dar término a su tarea.
En consecuencia, someto a la consideración de la Comisión la creación de una subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública y cobertura estatal en los términos en que fue solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de la subcomisión.


--PROTOCOLO Y PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON, EN MATERIA DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES. FORMULADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON --JUNTA--. (Número de expediente 93/000006.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día. Se trata de una iniciativa relativamente

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inusual; por eso, permítanme que haga alguna consideración reglamentaria previa.
Como ustedes saben, nuestra Constitución alberga la posibilidad de que se suscriban convenios de cooperación entre comunidades autónomas; según la naturaleza y el objeto propio de estos acuerdos de cooperación, pueden limitarse a la mera notificación a las Cortes Generales o estar sometidos, como es el caso de la iniciativa que nos ocupa, a la necesidad de su autorización formal. La peculiaridad más significativa de estas iniciativas, es decir, de la autorización de los acuerdos de cooperación, es que, como saben, su tramitación debe comenzar en el Senado y sólo producida la aprobación por el Senado es cuando se ofrece a la consideración de esta Cámara. A partir de la eventual aprobación del otorgamiento de la autorización por esta Comisión, la iniciativa se eleva al Pleno, donde sigue el trámite de los debates de totalidad.
No ha sido manifestada a esta Presidencia por ninguno de los portavoces de los grupos presentes en la Comisión la intención de oponerse a dicha autorización, por lo cual, salvo que me hagan ver alguna objeción o reparo en este momento, pasaríamos a darle trámite, como hemos hecho con el punto anterior, con un turno de fijación de posiciones por parte de aquellos grupos que desearan hacerlo y que tendría lugar de menor a mayor. Persistiendo la ausencia del Grupo Mixto, y circunstancialmente también en este momento la del portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en el caso de que el señor Mardones se incorporase pediría el permiso de la Comisión para alterar el orden de menor a mayor.


La señora URIA ECHEVARRIA: En este caso, el Grupo Vasco no intervendrá.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco no va a intervenir, tampoco el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor TRIAS SAGNIER: El señor Mardones ha hecho un gesto que yo interpreto como que tampoco iba a intervenir, pero no puedo garantizarlo.


El señor PRESIDENTE: No nos excedamos en la interpretación gestual del señor Mardones y confiemos en que se incorpore en el curso del examen de este punto del orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra doña Cristina Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Intervengo muy brevemente para decir que nuestro grupo, por supuesto, va a apoyar este protocolo. Nos parece un tanto extraño, como ya ha advertido la Presidencia, que estas cuestiones vengan también a nuestra Comisión, pero reglamentariamente es como se ha indicado.
Nosotros no vamos a poner ninguna pega a los acuerdos de las comunidades y del Senado respecto a esta materia de extinción de incendios forestales, para no quedarnos sin árboles, etcétera. Nuestro grupo va a apoyarlos e intervenimos sólo para destacar esa necesidad de diálogo entre las comunidades.


El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, yo he subrayado lo inusual de la iniciativa pero, por el contrario, recabo en plenitud la competencia de la Comisión Constitucional para conocer de este tipo de iniciativas.
Además, no creo que, constitucional y reglamentariamente, cupiera otro tipo de atribución distinta, sea cual sea el objeto del acuerdo de cooperación.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Iñiguez Molina, don Joaquín.


El señor IÑIGUEZ MOLINA: Voy a ser muy breve también. Estoy de acuerdo con la manifestación última de la Presidencia de recabar para esta Comisión todos los convenios que se suscriban entre las comunidades autónomas, como establece claramente el artículo 145 de la Constitución y el 166 del Reglamento.
La importancia de la colaboración y la cooperación entre las distintas comunidades que componen el Estado español no precisa, en términos generales, un gran esfuerzo dialéctico porque responde a uno de los principios generales del desarrollo y desenvolvimiento de la política administrativa. En esta materia que nos ocupa los términos de exigencia son mayores porque se trata de la lucha contra los incendios forestales, naturales o provocados, que suponen una catástrofe ecológica y económica.
Esto hace que, en muchas ocasiones, puesto que hay una exigencia legal, incluso a los particulares, de colaboración y de ayuda en las distintas normas y reglamentos de lucha contra incendios, sea necesaria y exigible la aportación de ayudas por parte de todos para extinguir los incendios.
En este caso, es obvio que, en materia de incendios forestales, las diversas comunidades autónomas se están prestando ayuda en los casos en que se producen catástrofes. Así, en años tan decisivos como 1994, cuando se produjeron las mayores catástrofes por incendios, la Comunidad de Castilla-La Mancha colaboró de manera importante con Valencia, Andalucía, Murcia y Madrid, sin necesidad de ningún convenio ni acuerdo.
Estos convenios y acuerdos se hacen precisos y convenientes fundamentalmente por una razón. Hasta ahora, estas colaboraciones se habían producido en relación con la extinción de incendios, pero hay algo tan importante o más que la extinción, que es la prevención de los incendios, lo que no se venía produciendo. La colaboración entre las distintas comunidades respecto a prevención de incendios podía ser ocasional, pero esto es algo fundamental en este convenio, de lo cual nos congratulamos.
El título del convenio es el de: en materia de extinción de incendios, pero en él ya se habla de prevención de incendios forestales y considera de interés común establecer unos mecanismos de colaboración que permitan hacer frente, de un modo coordinado, a siniestros de esta naturaleza, especialmente en las zonas limítrofes, con un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. Así, el artículo 1.º fija como objeto del convenio tanto la prestación

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del servicio de extinción como la prevención y seguridad de los mismos.
Este convenio establece tres tipos fundamentales de ayudas; una ayuda recíproca en la zona de asistencia y socorro, que la define en dos kilómetros a partir de la línea divisoria entre las comunidades, en las cuales se regula cómo han de producirse estas ayudas, en la central de comunicaciones, etcétera, pero, sobre todo, establece una actuación inmediata sin necesidad de petición de ayuda, que se obtiene en los demás supuestos. Una interpretación de este convenio nos hace ver que no se refiere exclusivamente a estas zonas de asistencia y socorro inmediato en estos dos kilómetros, sino que están previstos implícitamente, respecto a los gastos que se produzcan, dos clases de incendios: los que afectan a estas zonas inmediatas de los dos kilómetros y los que afectan a cualquier zona de la comunidad autónoma que necesita ayuda, que tendrá que soportar los gastos producidos.
En este convenio se establece fundamentalmente la cooperación práctica y técnica por medio de redacción de programas y proyectos, ejercicios de maniobras conjuntas, formación profesional y asesoría técnica, reuniones, encuentros y seminarios e información en documentación y publicaciones.
Estas son las materias más importantes que se desarrollan por medio de este convenio. El único problema que vemos es que el convenio tenía como límite temporal el 31 de diciembre de 1996. Por razones de tramitación parlamentaria, nos encontramos con que estamos ya en 1997 y aún no se ha ratificado. Afortunadamente, tiene una prórroga automática anual, por lo que esperemos que pueda resolverse antes de la campaña de incendios, pues es muy importante.
No sólo votaremos la aprobación de estas colaboraciones por medio de convenios entre las distintas comunidades sino que, además, nos gustaría que se produjese entre todas las comunidades limítrofes pues, como digo, lo importante no es la extinción de los incendios sino la prevención. Nos encontramos con que se está dedicando en la actualidad mucho más dinero del que se ha destinado anteriormente, con lo que se ha reducido extraordinariamente este año el número de incendios producidos, aunque no sólo se ha debido a esto sino también a cuestiones climatológicas.
Los incendios forestales producidos tienen un 47 por ciento de incidencia en el conjunto de España, pero en la región castellano-manchega sólo tienen un 15 por ciento. La información a la gente y la formación de las personas conducen a la prevención de los incendios, con lo que nos evitaríamos las catástrofes naturales que provocan y los esfuerzos tremendos que se realizan para su extinción. Por tanto, vamos a votar favorablemente el convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Sandra Moneo.


La señora MONEO DIEZ: Señorías, intervengo en esta Comisión, en nombre de mi grupo, para anunciar, en primer lugar, el voto favorable con que el Grupo Popular va a ratificar la autorización que, desde el Senado, se otorga a la conclusión del protocolo y proyecto de convenio de colaboración, suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León en materia de extinción de incendios forestales.
Permítanme que, en primer lugar, muestre nuestra satisfacción de que comunidades autónomas de distinto signo hayan llegado a un pronto acuerdo para firmar un convenio en una materia tan importante y en ocasiones tan de triste actualidad como es la extinción de incendios que, por otra parte, afecta a todo el territorio nacional.
El Grupo Popular, asimismo, se congratula de que este acuerdo se haya obtenido con total respeto a los principios constitucionales y estatutarios que afectan a esta materia. En este sentido, nuestra felicitación a las comunidades autónomas que han preparado este acuerdo porque lo han hecho con total respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía. Como SS. SS. conocen, este protocolo y proyecto de convenio llega a esta Comisión Constitucional siguiendo el trámite legislativo establecido por el artículo 74.2 de la Constitución en relación al artículo 145 de la misma. Del contenido de este artículo 145 se desprende la existencia de dos tipos de acuerdos entre comunidades autónomas: los previstos en los estatutos de autonomía (convenios para la gestión y prestación de servicios propios de las comunidades contratantes que regulan los supuestos, condiciones y efectos que van a cumplir) y los denominados expresamente acuerdos de cooperación.
El protocolo y proyecto de convenio que hoy debatimos viene calificado por el Senado como un acuerdo de cooperación, a los efectos de lo dispuesto en el citado artículo 145 y en el 138 del Reglamento del Senado. Es significativo que dentro del plazo reglamentariamente establecido por la Cámara Alta --así queremos resaltarlo--, no se han formulado propuestas relativas a este acuerdo ni por los Senadores ni por aquellos grupos parlamentarios de la Cámara, lo cual nos hace pensar en un consenso de los grupos.
Podríamos entrar a debatir si este acuerdo afecta a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a las comunidades autónomas y a los principios que inspiran el Título VIII de la Constitución. A juicio del Grupo Popular, acuerdos de cooperación de este tipo no dañan ninguno de los principios expuestos anteriormente, sino que constituyen un valiosísimo instrumento en manos de comunidades autónomas para lograr un enriquecimiento de su ámbito material de actuación, así como un factor decisivo en el futuro desarrollo regional.
Es acertado, a nuestro entender, que los estatutos de autonomía, así como los reglamentos de las Cámaras --lo establecen tanto el artículo 166 del Congreso, como los artículos 131 a 139 del Senado--, hayan entregado a las Cortes la potestad de calificar uno a uno los convenios. Es una salvaguarda lógica y, a la vez, un reconocimiento de la trascendencia que éstos pudieran tener en un futuro.
Señorías, el hecho de que se hayan traspasado las competencias en la materia a diferentes comunidades autónomas no puede suponer en ningún momento un desentendimiento de las comunidades autónomas y sus administraciones.


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Al contrario, la responsabilidad entre las comunidades se debe hacer efectiva siempre en el respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía.
Por todo ello, y considerando la autorización que desde el Senado se ha otorgado para proceder a la conclusión de este convenio, el Grupo Popular va a votar a favor del mismo.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia somete a la voluntad de la Comisión el otorgamiento de la autorización para suscribir el protocolo y proyecto de convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, en materia de extinción de incendios forestales, previamente autorizado por el Senado.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PERIODISTAS, RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.D) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 122/000011.)

El señor PRESIDENTE: Estaremos en condiciones de entrar en el último punto del orden del día para dictaminar la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución en el momento en que se incorpore a la Comisión el señor ponente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; de suerte que, sin moverse de sus asientos, no vamos a dar ni siquiera rango de suspensión formal y vamos a esperar unos segundos la incorporación del señor Alcaraz.
(Pausa.) Señores portavoces, ocupen sus escaños. Los señores portavoces están de acuerdo en que la brevedad de la discusión de la proposición de ley permite que ordenemos el debate con una única intervención por parte de cada uno de los grupos; intervención que, en consecuencia, los señores portavoces deben utilizar tanto para fijar su posición con respecto al informe de la Ponencia como para defender aquellas discrepancias que se articulen después en forma de enmiendas y fijar posición respecto a las enmiendas de otros grupos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra doña Margarita Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero empezar la intervención felicitándome por el amplio consenso obtenido en la Ponencia a la hora de abordar el desarrollo del artículo 20 de la Constitución, relativo a las garantías del ejercicio del derecho de los profesionales de la información, si bien lamento que nada más se haya abordado, por no haber sido tomado en consideración la otra parte por el Pleno de la Cámara, la regulación de la cláusula de conciencia y haya quedado al margen la regulación del secreto profesional.
A nuestro juicio, la libertad de expresión comprende los derechos de los profesionales del periodismo, entendiendo como tales a los que se dediquen permanentemente a esta profesión, con las condiciones que se establecen legalmente para ello, a su independencia y libertad de opinión, incluida la cláusula de conciencia.
En relación con el texto aprobado por la Ponencia, me gustaría señalar que lamenté que, pese a haberse adoptado como artículo 1.º el texto de una enmienda presentada por el Grupo Vasco, la número 1, sin embargo, ésta quedase recortada en un aspecto que, a mi modo de ver, es importante. Quiero llamar la atención de la Comisión por si los grupos considerasen oportuno el incluir este añadido. Se dice en el artículo 1.º que la cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el ejercicio de su función profesional. El texto de la enmienda tenía un añadido que, además de garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, decía que lo era también ante los ciudadanos. Este añadido es importante porque señala este derecho de acceder libremente al conocimiento que es transmitido como derecho de la colectividad. La regulación referida sólo al punto de vista de los profesionales y no del conjunto de la ciudadanía deja cojo el contenido del derecho que se está desarrollando, que es el derecho a la información.
Añadiré un aspecto más que es objeto de otra enmienda de mi grupo, que parcialmente se ha admitido, pero a la que le resta un apéndice que también tiene interés. Es el punto 3 de la enmienda número 2 que presentaba mi grupo, que incluía la posibilidad de que se acogiesen también a la cláusula de conciencia los periodistas ante cualesquiera hechos que evidencien una pretensión empresarial de la que se deduzca impedimento o limitación del pluralismo político y social en un Estado de Derecho. Nos parecía interesante la inclusión de una cláusula de este estilo, puesto que entendemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la ley, o incluso frente a ella si ésta intentara poner otros límites distintos de los que la Constitución admite. Siendo estos valores del pluralismo político y social en un Estado de Derecho fundamentales, nos parecía interesante recogerla expresamente en el artículo tanto tratándose de empresarios públicos como de grupos empresariales privados.
Con ello, creo haber fijado la postura de mi grupo.
Sólo nos resta manifestar nuestra satisfacción por el amplio consenso obtenido en la tramitación en la Ponencia.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma (Pausa.) Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Ante todo, entenderán que muestre mi más profunda satisfacción, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque esta vieja proposición de Izquierda Unida reciba hoy un impulso decisivo. Aquello que había sido defendido por este grupo en anteriores legislaturas con diversas suertes, normalmente en su conclusión final siempre adversa, vamos a ver en ésta cómo llega a buen puerto. Quiero señalar, de manera extraordinariamente breve, que esa satisfacción no deriva sólo de haber conseguido un pequeño triunfo en sede parlamentaria, sino que, como entenderán ustedes, es algo más importante y es que hoy vamos a ver confirmado cómo todos los grupos acaban dando la razón a Izquierda Unida cuando ha defendido que el artículo 20 compone un complejo normativo que tiende a asegurar en unas condiciones determinadas de desarrollo de los medios informativos, de modernidad en las relaciones de comunicación, etcétera, que viene a determinar, digo, la importancia de que los profesionales de la información tengan unos derechos subjetivos que, a su vez, sirvan para fines globales.
Como ha hecho la señora portavoz del Partido Nacionalista Vasco, lamentamos que el Pleno de la Cámara no tuviera a bien la toma en consideración de la ley gemela de ésta, que era la del secreto profesional, pero no merece la pena, en un día de satisfacción, lamentarnos demasiado por lo que pudo haber sido y no fue.
Insisto en que hoy estamos dando un impulso notable a algo que, sirviendo ante todo a los profesionales de la información --título o denominación que ahora va a recibir en la ley, superando el que me parece entrañable, pero demasiado cerrado, de periodistas, que hasta ahora habíamos venido utilizando--, va a servir también al conjunto de los ciudadanos. Como no podía ser de otra manera, también es motivo de satisfacción el que se haya llegado, tanto en lo que queda de tramitación en esta Cámara como posteriormente en el Senado, a niveles importantes de consenso. Esto es algo relevante cuando hablamos de leyes que tienen que ver con derechos fundamentales.
En mi intervención en el Pleno --tuve el honor de llevar la tramitación de esta proposición-- ya advertía que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hacía la oferta a la Cámara de una proposición clásica e importante para nosotros, pero que estábamos absolutamente abiertos a la incorporación de propuestas de otros grupos parlamentarios. Estamos tratando de acotar una materia que, como es conocido por SS. SS., nunca ha sido regulada legalmente en España y, por tanto, las aportaciones desde los leales conocimientos jurídicos, desde las interpretaciones políticas de cada cual, vendrían siempre a enriquecer esta nueva regulación y no iban a tomarse como confrontación frente a nuestra propuesta. Este ha sido el espíritu que nos ha animado.
En el trabajo en la Ponencia se han incorporado elementos provenientes de todos los grupos que presentaron enmiendas, lo cual es bueno y positivo.
Espero que ése siga siendo el espíritu que tengamos que permita una votación unánime, cuando llegue la hora de la votación en los plenos.
Simplemente quisiera dejar constancia de que la enmienda del Grupo Vasco a la que ha hecho referencia la señora Uría, que integra en el contenido del derecho la posibilidad de que los profesionales de la información se nieguen también a actuar de manera que atente al pluralismo político, social, etcétera, va a ser apoyada por nuestro grupo si es defendida en otra fase del procedimiento; sobre todo porque para nosotros tiene una especial significación en el ámbito de las empresas públicas de radio y televisión. Igualmente, vamos a defender como voto particular el párrafo 4 del artículo 2.º del texto de la proposición que presentamos, que dice: ... el respeto al contenido y a la forma de la información elaborada...
(se está diciendo que los periodistas tienen derecho al respeto al contenido y a la forma de la información elaborada), en caso de que se produjeran alteraciones, la información solamente podrá difundirse con el nombre, pseudónimo o signo de identificación de un informador si, previamente, éste otorga su consentimiento.
Se ha objetado que, hoy en día, la información suele ser el resultado último de un proceso de trabajo colectivo en el que intervienen numerosos profesionales. Ya tuvimos algún debate en la Ponencia, sin llegar a consenso en este punto concreto. Seguramente esto es cierto en los grandes medios de comunicación, en muchos niveles de la información periodística, pero entendemos que todavía quedan muchísimos niveles de medios de comunicación en los que no sucede, en los que la actividad concreta de un profesional todavía es determinante en la información.
Cuando estamos regulando un derecho constitucional, como ahora dice el artículo 1.º, hay que garantizar la posibilidad de que ese informador pueda invocar esta ley cuando se le intente manipular aquello que ha escrito. El que sea un hecho propio de la sociología de la información actual que se tienda más a la elaboración colectiva de la información no es un obstáculo decisivo para que pueda seguir existiendo el derecho del periodista o informador que entienda que su información ha sido manipulada. A efectos de facilitar el trabajo para posteriores debates indicaría que, en consonancia con la nueva estructura de la proposición que sale de la Ponencia, pasaría a ser un nuevo artículo 4.º, en caso de que SS. SS. votaran favorablemente este voto particular.
Si es aceptada esta proposición que yo hago ahora de admisión de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, como del voto particular que acabo de indicar, nos encontraríamos con una ley suficiente, muy interesante que viene a solucionar, al menos en lo básico, los problemas que están planteados o se puedan plantear en el futuro.
Por tanto, reitero mi satisfacción. Reitero la esperanza de que se siga produciendo el consenso y reitero, en definitiva, la felicitación a todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado, por las enmiendas presentadas. Agradezco

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sinceramente, en nombre de nuestro grupo, que una propuesta nuestra haya tenido esta acogida por parte de los demás grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER I PRESA: Voy a ajustarme, lo más estrictamente que pueda, a su recomendación y en esta intervención me referiré a las enmiendas que mi grupo considera que todavía están vivas, después del informe a la Ponencia, y fijaré posición, no sobre el texto de la proposición, que ya lo hicimos cuando la tomamos en consideración, sino sobre las modificaciones que la Ponencia ha introducido en la misma, dejando claro que son modificaciones importantes, al menos de estructura. Toda la estructura de la proposición ha cambiado y, en algún aspecto, también son modificaciones de contenido. ¿Por qué digo esto? Para empezar, se ha suprimido el artículo primero y se ha sustituido por otro que dice cosas diferentes; no digo que esté mal hecho, pero es una sustitución importante. El artículo primero, como es sabido, pretendía fijar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, y ahora eso ha desaparecido y en su lugar aparece otra cosa que intenta ser una definición del derecho.
Además, en el artículo segundo se ha cambiado también totalmente la estructura, fundamentalmente en dos aspectos; primero, se ha modificado el apartado segundo, en el sentido de confiar como presupuesto habilitante --valga la expresión--, para el ejercicio de la cláusula de conciencia, el traslado del periodista a otro medio dentro del mismo grupo empresarial y, al mismo tiempo, se ha suprimido, como se acaba de decir, el apartado cuarto, que es el que se refiere al respeto, al contenido y a la forma de la información elaborada.
Nosotros, señor Presidente, estamos absolutamente en desacuerdo con esa última supresión. Nos parece que esto es lo mínimo, es el contenido mínimo de un derecho de la cláusula de conciencia, que al periodista se le garantice el respeto a la información que ha elaborado y que si esta información tiene alteraciones sustanciales, por lo menos no pueda difundirse más que con el nombre o el seudónimo de un periodista, si éste ha dado su conformidad. Esta supresión del apartado cuarto, señor Presidente, mi grupo no la acaba de entender y, por supuesto, está en contra.
De acuerdo con todo ello, señor Presidente, estoy en condiciones de decir que mi grupo retira en este momento las enmiendas 14 y 16, por considerar que, en espíritu, han sido incorporadas al texto de la ponencia, y retiramos también la enmienda número 15 --que era una enmienda de supresión--, porque, al haberse suprimido el artículo al que hacía referencia y sustituirlo por otro, ya no tiene sentido la enmienda como tal, aunque después me referiré a este tema. Aunque antes prefiero escuchar lo que diga el grupo mayoritario, seguramente también retiraremos la enmienda número 13 al artículo primero, que, repito, ha sido sustituido por otro, eliminando cualquier referencia al ámbito subjetivo de aplicación de la ley.
Señor Presidente, el artículo primero de la proposición lo que pretendía era definir con la máxima precisión posible, a los efectos de esta ley, qué se considera como periodista. Esto ha desaparecido y yo ya sé por qué, todos lo sabemos, porque parece que esta definición en ciertos sectores, sobre todo de escuelas de periodismo, planteaba problemas, no tanto a efectos de aplicación de la cláusula de conciencia, sino a efectos de la definición de lo que es periodista. A mí me parecía que este problema quedaba resuelto con las enmiendas que presentaron el Grupo Popular, nuestro grupo e Izquierda Unida, que decían: a los solos efectos de esta ley, se considerará profesional de la información... Porque lo que no podemos hacer es definir lo que se entiende como profesional de la información, no es la razón de ser de esta ley. Me parecía y me sigue pareciendo que con estas enmiendas que, repito, son tanto del Grupo Popular, como de Izquierda Unida, como de mi grupo, quedaba resuelto el problema. La ponencia no lo entendió así, y probablemente, una vez oídas las explicaciones que se den a este respecto, mi grupo también estará de acuerdo con esa interpretación, pero, insisto, prefiero oírlas, porque lo que se ha colocado en su lugar, el nuevo artículo primero del informe de la ponencia, señor Presidente, a nosotros no nos acaba de satisfacer.
Primero, es una obviedad. Dice: La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información. Esto es evidente.
Y después añade: que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional. Y yo aquí asumo todo lo que acaba de decir la señora Uría, porque esto fue fruto de una enmienda del PNV, pero retocada, y al retocarla ha perdido buena parte de su sentido.
Yo quiero recordar, señor Presidente, que la Constitución, cuando habla de la cláusula de conciencia, la conecta directamente con la libertad de información, no tanto con la independencia de los profesionales como con la necesidad de que se respete el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz. Y esto yo creo que es importante, señor Presidente, porque --quiero insistir-- la cláusula de conciencia está en el 20.1.d), no en el 20.1.a). No está cuando se habla de libertad de expresión; está solamente cuando se reconoce el derecho a la libertad de información, que es una cosa muy diferente. Y yo quiero insistir en que la propia exposición de motivos ya hace referencia a esta cuestión y toda esta proposición de ley, a mi juicio, tiene un sentido realmente positivo, porque ciertamente se enmarca dentro de esa doctrina que todos asumimos y que el Tribunal Constitucional ha remachado, de que los derechos privados de los periodistas o de quien sea; no son solamente derechos individuales de los medios, son algo más; son valores que tienen una dimensión institucional. Ha dicho el Tribunal Constitucional que son necesarios para la configuración de una opinión pública libre, y por eso son más que simples derechos individuales. En ese sentido, la deferencia que hacía la enmienda inicial del PNV a la equidad y a los derechos de los ciudadanos, creo que era muy adecuada y no estoy muy de acuerdo con que se haya suprimido. Por tanto, señor Presidente, respecto a esto esperamos la información que nos den otros grupos para decidir si finalmente retiramos nuestra enmienda número 13, o no.


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Por el contrario, mantenemos la enmienda número 17, porque era una enmienda que solamente pretendía acabar de precisar el sentido del apartado cuarto del artículo segundo. El apartado cuarto del artículo segundo en la proposición decía: El respeto al contenido y a la forma de la información elaborada --como un derecho de los profesionales--. Y añadía: En caso de que se produjeran alteraciones, la información solamente podrá difundirse con el nombre, seudónimo o signo de identificación de un informador si previamente éste otorga su consentimiento. Nuestra enmienda lo único que pretendía era decir: alteraciones sustanciales, porque el que haya una alteración gramatical de una letra, de una coma, de una pequeña frase, esto no nos parece que sea importante. En todo caso, queremos, señor Presidente, que se mantenga este apartado cuarto, y como ya el representante de Izquierda Unida ha expresado su voluntad de mantenerlo como voto particular, insisto en que votaremos a favor de su voto particular y además proponemos, como transacción --y así no haría falta hacer dos votaciones--, que el grupo proponente incorpore dentro del voto particular la expresión sustanciales, que es lo que dice nuestra enmienda, y yo creo que con ello todos ganaríamos.
Para acabar, señor Presidente, voy a referirme a una última cuestión, que ya no es tanto una enmienda como fijar posición respecto a otra modificación que ha realizado el informe de la ponencia, concretamente la modificación que se ha introducido en el apartado segundo del Título II, a la cual me refería antes. En este apartado, el texto de la proposición decía: La rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando, a iniciativa de la dirección del medio de comunicación, se produzcan modificaciones de las condiciones de trabajo que supongan un perjuicio grave para su integridad profesional y deontológica. Nosotros habíamos presentado una enmienda de supresión de este apartado porque nos parece que este tema ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
Si hablamos de condiciones de trabajo, como dice el texto de la proposición, este tema ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: a) las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad. Es incluso más amplio que el texto de la proposición. Por eso y no por otra razón, proponíamos la supresión. La ponencia lo que ha hecho ha sido cambiarlo y y sustituirlo por algo que es bastante diferente, que es el problema del traslado, y dice exactamente: Cuando la empresa le traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con orientación profesional del informador.
Por supuesto, ya sabemos todos a qué estamos refiriéndonos y a mi grupo le parece que está muy bien que esto se incorpore, porque muchas veces los medios tienen una forma muy clara de castigar al profesional díscolo, se le traslada bien a otro medio del mismo grupo empresarial o bien a otra sección, y, por poner el ejemplo más dramático, más drástico, al profesional de política internacional le ponen en deportes o en información taurina, que es una manera de destruirle. Nos parece muy bien que esto esté aquí; lo que pasa es que la redacción final que se ha introducido a mí me plantea algunas dudas, y yo espero que en trámites posteriores, en Pleno o incluso en el Senado, la podamos afinar. Por dos razones. Primero, porque dice: traslado a otro medio del mismo grupo. Y si es dentro del mismo medio ¿no vale? Porque se le puede castigar y se le puede perseguir igual sin llevarle a otro medio, dentro del mismo medio. Yo creo que sobre ese tema hay que reflexionar. Estamos hablando de una sección a otra dentro del mismo medio, que puede ser un castigo tan justificado, tan duro como llevarle a otro medio del mismo grupo empresarial. Y en otro sentido, señor Presidente, a mí me gustaba más el texto inicial de la enmienda del Grupo Popular, que fue el que originó este apartado segundo, porque el texto original de la enmienda del Grupo Popular decía: que suponga una ruptura patente con la trayectoria profesional del informador. Y aquí se ha sustituido «trayectoria» por «orientación». A mí me parece que eso es introducir conceptos bastante indeterminados. Lo que es la trayectoria profesional de una informador es bastante claro, se puede probar. No olvidemos que muchas veces esos temas plantearán sobre todo problemas de prueba. Cuando se vaya al juzgado de lo social para ver si el despido es improcedente o no, habrá problemas de prueba muy importantes y problemas de cargo de la prueba. Introducir las palabras más precisas que nos sea posible es bueno. A mí me gustaba más que dijera: trayectoria profesional del informador, como decía la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que sirvió de base a este texto, que orientación. ¿Qué orientación, la que ahora dice que tiene, la que él se inventa o cuál? Son temas que pongo sobre la mesa porque espero que se pueda discutir sobre ellos --no ahora que no es el momento-- sino en trámites posteriores.
Quiero insistir en que sólo dejamos viva para debate la enmienda a que me refería antes, ya que posiblemente retiremos la número 13 en función de los argumentos que se nos den.
Para acabar, mi grupo y yo también queremos felicitarnos porque, por fin, esta Cámara está en condiciones de aprobar uno de los derechos constitucionales que estaba todavía por desarrollar de nuestra Constitución, uno de los pocos, creo que es el único que queda, después de un trámite parlamentario largo y complejo de dos legislaturas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jover, por su muy ilustrativa intervención.
Quiero llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que la Comisión es soberana. He oído bastantes remisiones a sucesivos trámites procesales y, desde luego, de las posiciones hasta el momento, señor Baon, se deduce la existencia de bastantes coincidencias y de discrepancias relativamente poco significativas como para que no estemos en condiciones de aceptar cualquier propuesta transaccional que pudiera derivarse de la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular.
Antes de dar la palabra al señor Baon, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, querría conocer el criterio del señor portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el emplazamiento concreto en relación con la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ALCARAZ RAMOS: La aceptaríamos, incorporándola a nuestro texto.


El señor PRESIDENTE: Incorporaría el término sustanciales y, en consecuencia, damos por retirada la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista. Por favor, señor Alcaraz, haga llegar a la Mesa la nueva formulación de su voto particular y remodule (Risas.), module, rectifique o corrija, como SS. SS. quieran, pero acoja la propuesta del señor Jover.
Cuando pasemos a las votaciones, dado que nos hemos encontrado con una ponencia muy creativa, para evitar cualquier automatismo en la votación, daremos lectura, uno a uno, a los artículos, así como a las enmiendas que puedan estar vivas en relación con esos artículos, en razón de los cambios de sistemática que se han introducido.
Hechas esas salvedades, el señor Baon tiene la palabra.


El señor BAON RAMIREZ: Sustituyo en este trámite al profesor Muñoz-Alonso que en mi grupo se ha venido ocupando de todos estos debates durante las tres últimas legislaturas.
Sin el menor ánimo contradictorio --para no alargar mucho el debate y dejar, en todo caso, para otro trámite esa controversia o esa confrontación que en muchos casos se ha suscitado, quiero explicar esto para que se entienda cuál es la postura del Grupo Parlamentario Popular--, en primer lugar, contaría aquella anécdota del estreno de una obra de teatro, de un autor novel, en que el crítico de un periódico obsequió el estreno con una crítica muy breve, diciendo: Esto ¿por qué? La verdad es que pienso que dieciocho años después de aprobarse la Constitución esto todavía no se ha regulado. Y no se ha regulado no por insensatez de los gobiernos anteriores, tanto el de UCD como el socialista, sino porque la cláusula de conciencia es un refuerzo doctrinal de un derecho fundamental, quizá de tercera generación, enriquecido con el paso del tiempo. Y esto, que pudo ser un derecho fundamental --no lo sé, dudo que lo haya sido alguna vez; en cualquier caso es constitucional porque figura en la Constitución--, no es más que un derecho auxiliar complementario de un derecho fundamental.
No entremos en la discusión de si es de primera, de segunda o de tercera generación. Lo cierto es que aquí hay una hipérbole, incluso en la exposición de motivos de Izquierda Unida, como proponente, cuando lo presentó ante el Pleno, que no nos puede llevar a que la regla de la unanimidad sea la regla de cierta necedad; decir que esto era un derecho fundamental o constitucional y una de las novedades más significativas del Derecho constitucional contemporáneo. La verdad es que esto no tiene más antecedente legal que el de 1935, en Francia, donde ya están de vuelta de ese planteamiento, sobre todo en las nuevas fórmulas de comunicación. Eso no se comprende. No se comprende, sobre todo, porque que esté en la Constitución tampoco quiere decir --y es un argumento adicional-- que tenga que ser perfecto y tenga que ser un mandato que hay que desarrollar. No, y no pasa nada. No pasa nada porque hemos desarrollado, por ejemplo, el Consejo Económico y Social y todos hemos visto cómo la negociación para la reforma del mercado laboral y de la contratación laboral se ha hecho al margen de ese Consejo. Y también se habla de planificación, etcétera.
No quiero insistir sobre ese tema y, en cambio, sí quiero volver al principio general de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Pero ya que existe unanimidad respecto a un acuerdo, vamos a ver cómo lo hacemos, sobre todo porque no debemos sublimar esta garantía y adornar a los periodistas de unas cualidades casi sacerdotales, no. Esto no se entiende en el mundo anglosajón, no se entiende en Inglaterra; no se entiende y lo voy a explicar muy fácilmente. En Fleet street no se entiende que pueda haber una cláusula de conciencia para una alteración de la línea editorial de un periódico, porque para los dos mil y pico empleados del periódico The Sun, que ha cambiado de orientación y en lugar de apoyar al señor Major, a los tories, va a apoyar a los laboristas, ¿qué supone eso, que podrían, en el supuesto de que en Inglaterra hubiesen adoptado esta cláusula, pedir la resolución de sus contratos con la indemnización correspondiente? Es absurdo. Yo lo entiendo así, con todo respeto, y lo dice alguien que es parte integrante de esa profesión periodista, en mi doble especialidad, que me hace morir a veces, como al asno de Buridan, por no saber si atender a la abogacía o al periodismo, por no saber qué prioridad darles.
En cualquier caso, no quiero entretenerme más y sí pasar a la explicación del informe de la ponencia que mi grupo hace suyo. Y lo hace suyo, bien es cierto, sobre la base de otras enmiendas; la propuesta inicial de Izquierda Unida, que es el proponente originario, y la incorporación o de la aportación de otros enmendantes.
Por ser sistemáticos, me parece que hay que suprimir esa grandilocuencia de la exposición de motivos de una ley orgánica de decir: una de las novedades más significativas del Derecho constitucional comparado contemporáneo. ¡Y de los grandes expresos europeos! Eso hay que quitarlo como sea de la exposición de motivos. Y propongo una enmienda in voce, porque el día que se reunió la ponencia no lo aprecié.
Entro en el articulado. En el articulado, evidentemente, se ha querido una definición finalista. Si entramos en una definición descriptiva acotamos en perjuicio todo lo que no está dentro de la definición, y me explico. Es mucho mejor decir para qué sirve la cláusula de conciencia y dejar el ámbito subjetivo lo más general posible. Proponemos decir: profesionales de la información, porque, si no, nos vamos a internar en un bosque de definir qué es periodista, que es una expresión muy castiza pero que deja fuera a los que no escriben en periódicos. Creo que la prudencia indica que es mejor dejar esa fórmula general y someterla al ámbito de interpretación de los jueces, porque si damos otras pautas creo que podemos crear un grave conflicto en una profesión que ahora mismo tiene excedentes de personal

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para satisfacer todos los medios de comunicación del tercero, del primero y del segundo mundo.
Artículo segundo. También haría una propuesta in voce. Me voy a explicar antes. Este artículo ha querido fijar la dicotomía en que se establece la cláusula de conciencia, es decir como alteración ideológica de los medios de comunicación. Ese pudo ser su origen en Francia, en el año 1935, donde había una prensa muy combativa, que cambiaba de manos y entonces era una garantía para que los periodistas no se quedasen en la calle, para que esos medios no fuesen un cañón giratorio que hiciese un instrumento del ius variandi laboral que diese una inseguridad a la libertad de expresión. Respecto del primer apartado, cuando cambia ideológicamente la empresa, creo que habría que decir: cuando el medio de comunicación en el que estén, en vez de adscritos, vinculados laboralmente. En eso coincido con la señoría Uría, ya que tiene un contenido laboral, es una cláusula laboral que afecta al ius variandi del Derecho laboral y no podemos constitucionalizar una parte dogmático-procesal del Estatuto de los Trabajadores. En el primer apartado, en el apartado a), diría: cuando en el medio de comunicación al que estén vinculados laboralmente; suprimir «adscritos».
Ahora voy a dar una respuesta en relación con el apartado b), cuando un profesional es trasladado de otro medio. Voy a explicar por qué sustituimos la palabra «trayectoria» por la palabra «orientación». Las biografías profesionales de periodistas más cuajadas son las de aquellos que han pasado por todos los medios y por todas las especialidades, por todas las áreas: sucesos, deportes; ése es el periodista que está curtido. Toda esa variedad de trabajos constituye su trayectoria, que es un movimiento a quo, con un origen profesional; ha sido de deportes, ha sido de sucesos, etcétera. Cambiar eso sería una penalización. No; si la trayectoria de este señor resulta que ha sido magnífico en deportes, ¿por qué no lo voy a llevar a deportes ahora mismo aunque esté haciendo información política? Lo objetivo de tal manera que el pobre no puede decir nada; si en efecto ha sido cronista o enviado especial en mil acontecimientos deportivos, no puede decir nada. Por eso, es mejor la orientación, desde ahora hacia el futuro, en función de la especialidad que se tiene ahora. Y es cierto que estamos mirando los medios de titularidad pública o los grupos que tienen distintas empresas, que sólo pueden ser en holding, porque si tienen personalidad jurídica distinta es muy difícil. Queremos decir eso y prometo que vamos a estudiar los cambios, la variabilidad que pueda haber de esos profesionales dentro de una misma empresa; prometo estudiarlo, pero no estoy seguro, mientras que de lo que he dicho sí lo estoy. Es decir, el mejor castigo para alguien que es plumífero, como se dice vulgarmente dentro de la profesión, es mandarle a un medio que desconoce, radio o televisión, donde tiene que iniciar un aprendizaje ex novo.
Respecto al artículo tercero, han hecho una reserva de defensa de una enmienda. Yo no quiero ser contradictorio, pero el cajón de sastre que es el artículo tercero incluye todas las alteraciones de las reglas deontológicas profesionales y alterar un artículo de un periódico, una información, con la malsana idea de desnaturalizar ese principio de objetividad periodística, sin duda es un incumplimiento de una regla deontológica. Entonces, ¿para qué precisarla? Hoy es muy usual en los grandes medios en las grandes revistas, mandar a un país a tres o cuatro captadores de información para que luego llegue el príncipe de la redacción y se ponga a redactar lo que han recogido los demás redactores de infantería, por así decirlo. Eso es muy usual y claro que puede haber cambios. Tiene que haber una intención deliberada, dolosa. Yo sé que ésta es una fórmula de brochazo que engloba todas las otras reglas, pero que entiendo mucho más prudente, mucho más práctica que la de incidir en los casos concretos y prácticos, entre otras cosas porque a la objeción, a la enmienda que sostiene Izquierda Unida manteniendo un punto cuatro en ese sentido, yo le puedo añadir otras cinco o seis muy usuales y que suponen alteración de las condiciones de trabajo, sobre todo en la obra de un informador.
A las disposiciones derogatoria y final no hay enmiendas, no tienen alteración y, por supuesto, se mantienen.
El Grupo Parlamentario Popular quiere retirar la enmienda número 12, que me parece un disparate, pero también el buen escribano echa un borrón. Se dice que en aquellas empresas en las que estén constituidas sociedades de redacción, éstas podrán ejercitar las acciones previstas en una ley para los periodistas individualmente. Esto es un disparate. Esto es un derecho individual y no puede haber un derecho colectivo, como es una sociedad de redactores, que se subrogue en un derecho individual. Por tanto, lo retiramos de puntillas, sin hacer mucho ruido, en la idea de que las sociedades de redacción, los consejos de redacción son instrumentos, organizaciones que redactan las normas de estilo y las normas deontológicas y aquí no cabe constitucionalizar ni subvertir lo que ha querido el constituyente.
Esa es la postura del Grupo Popular, al que no le duelen prendas reconocer algunos errores que ha cometido y que deja para el trámite de Pleno la reflexión conjunta de otras enmiendas formuladas.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Baon, que las enmiendas del Grupo Popular números 9, 10 y 11 han quedado incorporadas sustancialmente al texto del informe.
No sé si he interpretado bien al señor Baon --aparte de su declaración de buenas intenciones-- en cuanto a la consideración de las enmiendas que se han anunciado en el curso del debate, en cuanto a su reconsideración de cara al debate de esta proposición de ley en el Pleno; por cierto, está incluida provisionalmente --lo pongo en conocimiento de SS. SS.-- en el orden del día de la próxima sesión plenaria.
Al margen de las buenas intenciones, digo, he creído entender que el señor Baon proponía una modificación con carácter transaccional ya en este momento en cuanto a la redacción del artículo segundo, apartado a), que diría: cuando en el medio de comunicación con el que estén laboralmente vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica. ¿Se entiende

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por parte de los restantes grupos parlamentarios que esta enmienda tiene carácter transaccional y es susceptible de incorporarse en este momento? (Asentimiento.)

El señor ALCARAZ RAMOS: Y también a la exposición de motivos.


El señor BAON RAMIREZ: Allí se dice que una de las novedades más significativas del Derecho constitucional comparado contemporáneo es el reconocimiento del derecho de los profesionales de la información a la cláusula de conciencia.


El señor PRESIDENTE: El dueño de la iniciativa y proponente está muy encariñado con subrayar la novedad significativa.


El señor ALCARAZ RAMOS: El problema, si se me permite la broma, es que, después de la intervención del señor Baon, yo nunca había visto a nadie defender una ley con tan poco convencimiento; da la sensación de que está cometiendo un pecado. No voy a ponerme a defender el texto de mi grupo, pero si a la grandilocuencia de mi grupo se oponen frases como aquella de que la mejor ley de prensa es la que no existe, que es igual, como decía en un debate en el que también estaba el señor Jover, que aquella otra frase de que el mejor indio es el indio muerto, uno no sabe qué pensar, si el señor Baon, con ese tipo de recortes conseguirá no sólo cargarse las enmiendas de su propio grupo, sino, por vía de eliminación parcial, llegar al Senado sin que la ley exista. Si ése va a ser el precio del consenso, desaparezca el barroquismo de la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su generosa disposición.
Semánticamente, no sé; conceptualmente, las frases de que la mejor ley de prensa es la que no existe y el único indio bueno es el indio muerto, no tienen el menor parentesco conceptual. (Risas.) Pido la comprensión y la atención de los señores portavoces.


El señor SOLE TURA: Puestos a ver errores, hay uno que no tiene mayor significación, puesto que está en el informe, pero en la página 2 del informe, en el último párrafo, se dice: ... de un derecho de los periodistas a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos. Supongo que se refiere a un derecho de los periodistas a negarse a participar.


El señor PRESIDENTE: Me habla de la página 2 del informe, ¿no es así? Lo digo a los efectos de que el señor letrado tome nota y lo corrija porque, evidentemente, la voluntad de la Comisión no versa sobre la literatura del informe, sino sólo sobre el anexo dispositivo de esa proposición de ley.
¿Entiendo los gestos denegatorios del señor portavoz del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de que sus enmiendas están sustancialmente incorporadas por la Ponencia y, consiguientemente, no desea que sean sometidas a votación? (Pausa.--La señora Uría Echevarría pide la palabra.) ¿Señora Uría?

La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, aun lamentando que no se hayan recogido algunos de los aspectos de las enmiendas 2 y 3 de mi grupo, entiendo que no hay trámite para que sean ahora aceptadas. Sin embargo, han sido recogidos otros aspectos en una transaccional, por lo que entiendo que no hay posibilidad de votación separada.
Respecto de la enmienda número 1, que ha sido recogida en parte en el artículo 1, me ha parecido, por las intervenciones de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, que aceptarían la adición de la expresión «y ante los ciudadanos». También he constatado que algún otro grupo la votaría. Por tanto, sí me gustaría que se someta a votación el texto íntegro de nuestra enmienda número 1, que podría pasar a sustituir la redacción que ha quedado del artículo.


El señor PRESIDENTE: Señora Uría, yo soy más comprensivo de sus pretensiones de lo que resulta a su propia señoría. Podemos someter a votación de la Comisión el fragmento no incorporado de su enmienda número 1 al artículo 1 y la enmienda número 2 al artículo 2.3, en los términos que S. S. entienda convenientes. Lo único que le agradecería es que hiciera llegar a la Mesa por escrito el tenor literal de la enmienda tal y como queda para proceder a su lectura antes de someterla a votación.


La señora URIA ECHEVARRIA: En el caso del artículo 1, sería sustituir el texto que figura en el informe de la Ponencia por la enmienda número 1 íntegra del Grupo Nacionalista.


El señor PRESIDENTE: ¿No le bastaría con la incorporación de la coletilla «y ante los ciudadanos»?

La señora URIA ECHEVARRIA: Hay otra referencia a la equidad que también me gustaría mantener.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Su señoría es dueña de su enmienda.
¿Qué pasa con el artículo 2.3, señora Uría?

La señora URIA ECHEVARRIA: Me gustaría mantenerlo.


El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Será sometido a votación. ¿La enmienda número 2 hace referencia al artículo 2?

La señora URIA ECHEVARRIA: Tal y como ha quedado redactado el artículo, pasaría a ser un apartado c) del artículo 2.


El señor PRESIDENTE: ¿Pero es al artículo 2? (Asentimiento.) Es para el momento procesal de someterlo a votación.


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En cambio, el voto particular en la nueva versión transaccional de los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como proponen un nuevo artículo, lo someteremos a votación una vez hayamos votado los tres de los que actualmente consta la proposición y antes de la disposición derogatoria.
Se somete a votación, en primer término, la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), defendida por doña Margarita Uría.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Voy a dar lectura al artículo 1 para someterlo a votación.
El artículo 1, en virtud del informe de la Ponencia, queda así: La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al examen y consideración del artículo 2. En primer término vamos a someter a votación la enmienda al artículo 2, defendida por doña Margarita Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 30; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voy a dar lectura al artículo 2, con la modificación transaccional que se ha producido en el curso del debate. Diría así: Artículo 2.1.En virtud de la cláusula de conciencia, los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajan.
a)Cuando en el medio de comunicación con el que estén laboralmente vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica.
b)Cuando la empresa le traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.
2.El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido improcedente.
Este es el informe de la Ponencia en lo que al artículo 2 se refiere.
Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (El señor Solé Tura pide la palabra.) Dígame, señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Para una cuestión de detalle. En el apartado 1 b) tiene que decir: cuando la empresa les traslade.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Tenía la intención de hacérselo ver así al señor letrado clandestinamente, señor Solé Tura, pero su intervención lo aclara. En todo caso, se entiende que la manifestación de voluntad de la Comisión se refiere a «les traslade». Entiendo que la gramática siempre está por encima incluso de la soberanía popular.
(Varios señores Diputados: ¡No, no!) Pues yo tenía entendido que la Cámara de los Comunes podía hacer cualquier cosa menos convertir a un hombre en mujer, pero ustedes pueden convertir también el género y el número. Me parece excesiva esa interpretación asamblearia de la soberanía.
El artículo 3 diría así: Los profesionales de la información podrán negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.
Se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, sometemos a votación el voto particular que postula la incorporación de un artículo 4, que rezaría así: Los profesionales de la información tienen derecho al respeto al contenido y a la forma de la información elaborada. En caso de que se produjeran alteraciones sustanciales, la información solamente podría difundirse con el nombre, pseudónimo o signo de identificación de un informador si previamente éste otorga su consentimiento.
Como saben, esta enmienda resulta de la transacción entre los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La disposición derogatoria establece que quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


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Disposición final: La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente al de su publicación el «Boletín Oficial del Estado».


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada asimismo por unanimidad.
Sus señorías me hacen gracia de la lectura de la exposición de motivos, que obra en poder de todos los comisionados, pero hago la salvedad de que en sus líneas dos y tres, debido a la generosidad del señor Alcaraz, ha quedado suprimido el inciso: Una de las novedades más significativas del Derecho constitucional comparado contemporáneo. Por ello se inicia la exposición de motivos con la afirmación: La Constitución española de 1978 ha introducido en su parte dogmática el reconocimiento del derecho de los profesionales de la información, etcétera.
Votamos la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Queda concluido el trámite de debate y dictamen de la proposición de ley 122/11 sobre cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
Ruego a los señores portavoces de los grupos parlamentarios, cuyas enmiendas se han sometido a votación, que formulen en tiempo y forma el escrito para su elevación ante el Pleno.
Les reitero que mañana a las cinco de la tarde los señores ponentes de la proposición de ley de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria están convocados para una reunión, a los solos efectos de formar criterios sobre el carácter orgánico o no de dicha iniciativa, por lo que les encarezco su puntual presencia.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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