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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 206, de 06/05/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 206

SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO

PRESIDENTE: DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA

Sesión núm. 5

celebrada el martes, 6 de mayo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos), para informar sobre las líneas generales y aspectos básicos del proyecto de Ley de Coperación Internacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000547) (Página 5662)

Preguntas:

--De la señora Balletbó i Puig (Grupo Socialista), sobre instrumentos para favorecer una mejor coordinación con las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). (Número de expediente 181/000662) (Página 5673)

Comparecencia del señor Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Espinosa Fernández), para informar sobre los proyectos en curso de cooperación al desarrollo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000548) (Página 5677)

Preguntas:

--De la señora Balletbó i Puig (Grupo Socialista), sobre aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) al fondo de población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997. (Número de expediente 181/000506) (Página 5686)

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--Del señor Izquierdo Juárez (Grupo Popular), sobre aportación de España en la crisis de los Grandes Lagos. (Número de expediente 181/000606) (Página 5688)

Proposiciones no de ley:

--Sobre destino del 1 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) para la lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000485) (Página 5690)

Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS), PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES Y ASPECTOS BASICOS DEL PROYECTO DE LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000547.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo y lo hacemos dando la bienvenida al Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando Villalonga, que, como saben, comparece para informar sobre las líneas generales y aspectos básicos del proyecto de ley de cooperación internacional.
Sin más dilación, por tanto, y dándole los buenos días, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, quiero agradecer al Grupo Popular la posibilidad que me ofrece de exponer ante la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo lo que son las líneas generales y aspectos básicos del proyecto de ley de cooperación internacional. Creo poder afirmar, sin riesgo a equivocarme, que esta ley es una aspiración largamente esperada por todos aquellos que trabajamos desde hace tiempo en el campo de la cooperación. Como saben ustedes, España, en apenas 20 años, ha pasado de ser un país receptor de ayudas exteriores a convertirse en el undécimo país contribuyente neto en la lista de países donantes y, paralelamente al incremento de fondos destinados a la ayuda oficial al desarrollo, nuestro país ha puesto en pie una completa estructura para la gestión y articulación de su política de cooperación al desarrollo. Sin duda, uno de los retos de nuestra política de cooperación al desarrollo ha de ser el de procurar mantener esta posición destacada en la lista de contribuyentes donantes nacionales, así como mejorar progresivamente la ratio AOD/PIB que mide ese esfuerzo nacional. Sin embargo, considero que el objetivo fundamental de la misma ha de ser, ante todo, ganar la batalla por la calidad de la cooperación y conseguir mejores resultados en su acción de lucha contra la pobreza en los países del Sur, instrumentando un sistema de evaluación que hoy todavía no se aplica y ejerciendo un cada vez más depurado control del gasto para así poder rendir cuentas claras ante los contribuyentes. No en vano la eficiencia de la cobertura de los objetivos establecidos por los proyectos de ayuda al desarrollo, la eficacia de las distintas fases de su ejecución y la calidad de los sistemas de control y seguimiento supondrán la legitimación última de nuestro esfuerzo como donantes.
La futura ley de cooperación está llamada a establecer el marco jurídico definitivo de nuestra cooperación internacional, ordenándolo y racionalizándolo de manera que pueda atender con la mayor eficacia sus necesidades, y, en definitiva, la ley constituirá un elemento clave para la correcta articulación de una política de cooperación española; por otra parte, su promulgación dará respuesta a los requerimientos formulados por los informes y ponencias sobre la cooperación internacional, aprobados en anteriores legislaturas en esta Cámara y en el Senado, así como a la recomendación efectuada por el Comité de Ayuda al Desarrollo en su examen de la ayuda española de 1994. Todas estas razones explican las causas por las que el Gobierno se ha planteado la promulgación de la ley de cooperación internacional para el desarrollo como una de sus prioridades en la presente legislatura. En tal sentido subrayo, señorías, que el Gobierno tiene la intención de remitir a las Cortes este proyecto de ley en el curso de este primer semestre del año.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado ya un anteproyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo, en cuya redacción ha tenido en cuenta tanto la versión preparada por el anterior equipo de Gobierno, que no llegó a tener tramitación parlamentaria, como algunas aportaciones de diversas instancias no gubernamentales competentes en materia de cooperación. El Gobierno es consciente de la conveniencia de lograr una ley que cuente con un amplio consenso nacional al objeto de garantizar su eficacia y efectividad. Tengan la seguridad, señorías, de

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que con la finalidad de lograr este consenso el Gobierno no regateará esfuerzos. En estos momentos, el anteproyecto está en fase de examen por los diferentes departamentos ministeriales. Mañana lo presentaré ante la Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios y, tras su aprobación por la misma, el texto deberá ser objeto de informe preceptivo por el Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. A continuación, volverá a la Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios, que lo llevará al Consejo de Ministros para su aprobación. Será entonces cuando el Gobierno presente el proyecto de ley definitivo a las Cortes para su estudio y discusión.
Al pasar a tratar las características básicas de este anteproyecto de ley que hemos preparado quisiera destacar los dos temas que considero que son el objetivo central de la futura regulación. En primer lugar, hablaré de la estructura institucional de la ayuda al desarrollo y de la metodología de la planificación. El anteproyecto procede a analizar la actual estructura institucional de la AOD y trata de conjurar el riesgo de parálisis y descontrol que hoy la amenaza, ante la multiplicidad de instancias competentes en la materia y la ausencia de un órgano que las interrelacione efectivamente. El anteproyecto busca asegurar también la plena participación de todos los agentes con voz propia en el mundo de la cooperación al desarrollo a través de canales de participación adecuados, garantizando, al propio tiempo, la aplicación y la vigencia del principio de la unidad de acción del Estado en el exterior. En este sentido y en lo que se refiere a la futura estructura institucional de la ayuda al desarrollo, la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores al redactar el anteproyecto se ha centrado en cuatro puntos prioritarios.
El primero de ellos es la coordinación interdepartamental. El anteproyecto prevé el mantenimiento de la actual Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI), que a lo largo de los años ha probado ser una estructura útil de coordinación entre los diferentes departamentos ministeriales gestores de AOD. Entre ellos destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debe seguir siendo, según la ley, el departamento que coordine la política de cooperación al desarrollo, que es parte fundamental de la política general exterior del Estado, y también el Ministerio de Economía y Hacienda, dada la importancia cuantitativa del componente de los créditos FAD en la ayuda al desarrollo. Con todo, no deben subestimarse las contribuciones de otros ministerios ejecutores de gastos de AOD, que, a pesar de su escasa relevancia, son importantes por su especialización sectorial.
En segundo lugar está la coordinación con la cooperación oficial descentralizada. Como ustedes saben, se trata de un rubro en creciente expansión que supone ya más del 14 por ciento de la AOD bilateral. Varias comunidades autónomas han creado sus propios consejos de cooperación y algunas prevén promulgar a corto plazo normas sobre la ayuda oficial al desarrollo. Parece conveniente buscar la más estrecha coordinación entre los distintos entes de la cooperación oficial descentralizada y con este objetivo en el actual anteproyecto de ley se prevé la creación de un órgano interterritorial de cooperación que sirva de cauce, de relación y de instrumento de concertación permanente entre la Administración del Estado y otras administraciones públicas donantes. Con esa finalidad se impone también la necesidad de establecer un banco de datos común, un registro común de organizaciones no gubernamentales y un instrumento de información permanente que garantice el conocimiento de las acciones de cooperación al desarrollo cofinanciadas por las diferentes administraciones territoriales y que permita homogeneizar criterios en la metodología de la formulación, gestión y seguimiento de proyectos de cooperación, al objeto de evitar duplicaciones y solapamientos.
El tercer elemento es la creación, con una nueva forma, del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Hay que decir que el anteproyecto prevé la permanencia de este órgano, que es una importante pieza en la estructura institucional de la ayuda española; se reafirma en su carácter de órgano consultivo, se mantiene como cauce privilegiado de presencia y participación de instancias privadas competentes en materia de cooperación y se le incorpora al proceso de definición de estrategias de la política oficial de ayuda al desarrollo.
En cuarto lugar, se da una especial relevancia al papel del Parlamento.
El anteproyecto de ley propugna que las Cortes aparezcan como la pieza fundamental del engranaje institucional de la futura política nacional de cooperación al desarrollo, y es que el amplio consenso político y social en el que ha de sustentarse esta política aconseja la activa implicación del órgano que aúna y representa todas las voluntades del Estado.
Fomentar y potenciar el control parlamentario de la política de cooperación a través de los plenos y por las comisiones especializadas respectivas constituye una de las prioridades de la ley. Sin embargo, el Gobierno también está convencido de que las funciones de las Cámaras no pueden quedar limitadas, como he dicho en ocasiones anteriores, a una actividad de control, sino que deben extenderse muy fundamentalmente a la definición de los principios y directrices en los que se haya de inspirar la política gubernamental de cooperación al desarrollo, principios que deberían también inspirar la acción promovida por otras administraciones territoriales y por los diversos agentes de la sociedad civil competentes en cooperación.
Tal y como indiqué anteriormente, junto a la estructura institucional, otro de los temas centrales que regula la futura ley será el de la metodología de la planificación de la ayuda oficial y al desarrollo.
La futura ley introducirá un nuevo esquema de planificación en la acción cooperativa del Estado. Como SS. SS. saben, el actual plan de cooperación internacional --el PACI-- que se ha revelado como útil instrumento de verificación, no ha podido ser nunca un verdadero instrumento de planificación. Sin embargo, una planificación acertada y rigurosa constituye un elemento indispensable, que puede además reconducir a un esquema unitario y coherente los diferentes esfuerzos que en el ámbito del territorio español se realizan en favor del desarrollo de los países del Sur. Con este objetivo, el anteproyecto de ley establece dos vías esenciales de la planificación, por un lado, el plan director a cuatro años y, por otro, los planes anuales.


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El plan director cuatrienal definirá las estrategias globales para el período, marcará las prioridades geográficas y sectoriales --que puedo anticipar a SS. SS. que no van a diferir básicamente de las tradicionales-- y, por último, establecerá con carácter indicativo los recursos que se destinarán a los diversos componentes de la cooperación.
Por otra parte, se mantendrá la vigencia de los planes anuales heredados del PACI. Entre ellos, se diferenciarán el plan anual, orientado al año futuro y sujeto a las condiciones presupuestarias del ejercicio, y el plan de evaluación, que es una mirada retrospectiva anual sobre lo gastado en el período inmediatamente anterior en la ayuda oficial al desarrollo y que aclarará, como no ocurre con los actuales PACI, si se han alcanzado los objetivos marcados y si han sido conseguidos los resultados planificados. Con este nuevo método de planificación se busca alcanzar una evaluación bastante más precisa de las realizaciones conseguidas, una mayor eficacia en la ejecución del gasto y un mayor control en su verificación. En definitiva, se trata de valorar con suficiente precisión la eficacia y la eficiencia de nuestra AOD.
Me he centrado hasta ahora en el tratamiento que da el anteproyecto a dos cuestiones fundamentales para la cooperación al desarrollo: su estructura orgánica y su planificación y evaluación. Sin embargo, junto a ellas, el texto desarrolla otros temas de gran interés. Entre éstos, podría destacar sin ánimo exhaustivo la definición de los objetivos y prioridades de la cooperación pública española, así como de las modalidades e instrumentos de la cooperación. Entre estos últimos subrayaría la propuesta de creación de ayudas financieras para la cooperación al desarrollo en condiciones mucho más ventajosas que las del mercado y siguiendo las prioridades que establece la ley, que serían gestionadas en principio por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El anteproyecto también prevé la definición de las organizaciones privadas de cooperación para el desarrollo y su registro público, regula el régimen jurídico del personal al servicio de la cooperación internacional al desarrollo y aplica un tratamiento especial para el voluntariado.
Igualmente, en su último artículo, el anteproyecto establece y regula con carácter general el fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo y promueve la toma de conciencia de la sociedad española por este tema.
No quiero terminar sin reiterar de nuevo el deseo del Gobierno de conseguir una ley que cuente con el más amplio consenso de todos los sectores de la sociedad española. Entendemos que la cooperación al desarrollo es un elemento esencial de nuestra política exterior y como tal debe contar con el apoyo de la sociedad española en su conjunto. En aras de buscar este consenso --repito-- el Gobierno va a realizar los máximos esfuerzos. El objetivo último a lograr por la futura ley de cooperación internacional para el desarrollo no es otro que el de poder disponer de un marco jurídico institucional eficaz que permita canalizar con mayor eficiencia y el máximo rendimiento el generoso esfuerzo que realiza la sociedad española en apoyo de las poblaciones del mundo más necesitadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como he llegado un poco tarde por problemas de avión, no sé si se habrá referido al principio al tema de la fechas. Yo agradezco profundamente al Secretario de Estado su comparecencia para explicar la líneas generales del anteproyecto, aunque lo primero que habría que señalar es la no adecuación de la fecha de la presentación de la ley que se había señalado en su primera comparecencia.
Si no recuerdo mal, se hablaba de finales del año pasado y ya han pasado algunos meses y todavía estamos en fase de anteproyecto. Creemos que esta ley es muy importante y que había que haberla hecho con un poco más de rapidez. En cualquier caso, nos alegramos de que ya esté a punto de ser presentado el proyecto de ley ante las Cámaras.
Como usted ha señalado muy brevemente las líneas generales, yo también me referiré muy brevemente a los rasgos generales del anteproyecto que usted ha definido. Me voy a basar simplemente en tres cuestiones claves, sin perjuicio de que cuando llegue el proyecto de ley podamos tener datos más concretos y una mayor información y, por tanto, entrar en detalles más específicos. La primera cuestión es la relativa a la unidad de acción del Estado, en el sentido de ver cómo se coordina con lo que usted ha denominado como autoridades o administraciones descentralizadas. Me imagino que la descentralización hace referencia tanto a comunidades autónomas como a administraciones locales, que yo creo que son de diversa naturaleza, pero es cierto que ambas administraciones tienen líneas presupuestarias de cooperación y ayuda al desarrollo. En este sentido, ¿qué es lo que ustedes consideran como unidad de acción del Estado? ¿Qué es lo que va a suponer respecto a proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo que en este momento están siendo financiados por parte de las comunidades autónomas? ¿Cómo se va a proceder a esa concertación? ¿Qué relevancia van a tener esas prioridades? ¿Va a existir algún condicionamiento para esas estrategias que en este momento están realizando las comunidades autónomas? Todo esto lo ha explicado pero no de manera muy detallada y nos parece un tema muy importante y, en función de cómo se detalle, yo diría que incluso puede ser preocupante si supone una cierta merma en la capacidad de actuación o en la capacidad de decisión que han venido teniendo hasta este momento las comunidades autónomas en materia de cooperación y ayuda al desarrollo. Eso por lo que se refiere a los principios de unidad de acción del Estado en el exterior, que ha denominado concertación o coordinación. Vamos a ver en qué queda, si es concertación o es coordinación, y vamos a ver cuáles son los mecanismos que se siguen para concertar esta serie de cuestiones.
En segundo lugar, habrá que ver exactamente cómo se compone esa comisión o ese órgano interterritorial, cuál va a ser el modus operandi y cuáles van a ser las funciones que va a tener: si va a ser simplemente consultivo, quiénes van a participar, cómo se va a articular esa comisión y cuáles

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van a ser sus funciones en relación a la cooperación y ayuda al desarrollo.
Una tercera cuestión evidentemente importante es el consejo. Ha señalado que el consejo va a tener simplemente funciones consultivas. Me gustaría saber si se piensa ampliar con otra serie de funciones como pudieran ser las de asesoramiento o de control y por qué serían sólo funciones consultivas. Respecto a la composición me gustaría conocer si se va a mantener la misma que existía anteriormente y cuál es el análisis que desde la Secretaría de Estado realizan ustedes de la experiencia que ha habido ya con el Consejo de Cooperación al Desarrollo y si van o no a modificarlo. En ese sentido nos gustaría conocer algunos detalles más en este momento, si es posible, y, si no, esperaremos a la presentación del proyecto de ley.
La cuarta cuestión a destacar es que el Parlamento, según nos ha dicho usted, va a tener un papel importante a la hora de determinar las prioridades en el plan director de cuatro años. Me gustaría saber si se piensa establecer una relación más fluida en cuanto al control por parte del Parlamento; las funciones de control del Gobierno, genéricamente, ya las tiene, pero me gustaría saber si se piensan articular cauces más flexibles o más ágiles para controlar el tema relativo a la cooperación y ayuda al desarrollo. Quisiera saber qué interrelación puede tener el Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo con el Parlamento, si se considera oportuno que pueda tener alguna relación institucional, sin perjuicio de las relaciones oficiosas que puedan existir. Creo que sería importante que nos lo aclarara.
No nos ha dicho nada sobre el personal, sobre quiénes se van a dedicar a la cooperación y ayuda al desarrollo, tanto dentro del Estado como fuera del mismo. Aparte del voluntariado, quisiéramos saber cuáles son las características y si se ha considerado que conviene reestructurar el personal cualificado, dado que es una materia específica que quizá convenga organizar de una manera diferente.
Dejo estas cuatro cuestiones generales sobre la mesa por si considera oportuno darnos más información en este momento, y, si no es así, nos remitiremos al proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra su portavoz, el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Mi intervención va a ser muy breve. Soy consciente de que hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia, siempre agradable, del señor Villalonga, Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, quien viene a presentar la líneas generales y los aspectos básicos del proyecto de ley de cooperación internacional, y en esta Comisión vamos a tener tiempo de debatir y en su caso de enmendar cada uno de los puntos de este proyecto de ley que tanto preocupan, con razón, a la portavoz del Grupo Mixto. Por tanto, en este momento sólo quiero expresar la satisfacción de que se haya hecho la promesa firme de que en este semestre va a llegar a la Cámara el proyecto de ley de cooperación internacional. Nosotros consideramos que es importantísima como norma jurídica, como marco jurídico y como marco político para nuestro Estado, habida cuenta de que ya no somos de los últimos, sino que ocupamos el décimo lugar en el ranking mundial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al Secretario de Estado su comparecencia ante esta Comisión y, cómo no, sumarme también al ambiente de optimismo por el hecho de que se plantee, por primera vez, un anteproyecto que se somete al debate y consideración de la Comisión, un anteproyecto de ley de cooperación internacional al desarrollo. Creemos que se trata de una necesidad, pero estamos también ante una reivindicación histórica. Quiero recordar al señor Secretario de Estado, para ilustrar la importancia de que este anteproyecto venga a la Cámara, que ya en el año 1982, antes de las elecciones generales, convocados por una ONG, Justicia i Pau, todos los grupos que en ese momento tenían representación parlamentaria se reunieron y firmaron un doble compromiso. El primero era conseguir en el horizonte de esa legislatura, la que finalizaba en 1986, dedicar el 0,7 por ciento del producto interior bruto a la ayuda oficial al desarrollo; en fin, sobran comentarios. El segundo era que todos los grupos políticos nos comprometimos a la elaboración y tramitación en esa legislatura de lo que entonces denominábamos una ley de política exterior. En definitiva, estábamos pensando en esto, es decir, en elaborar una ley que permitiera un desarrollo de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo, en ese momento en una fase mucho más incipiente que la actual. La historia es la que es, han pasado muchos años y todavía no hemos podido discutir ese proyecto de ley. Si no recuerdo mal, en mi pasada actividad parlamentaria y en relación con este tema, le pregunté a dos ministros de Exteriores. Me decían que lo estaban considerando, que seguramente se iba a hacer pronto, pero lo cierto es que dicho anteproyecto no vino a la Cámara. Por ello debo felicitarle por haber tenido la iniciativa de traer el anteproyecto a la Cámara.
En este momento considero que es especialmente importante aprobar una ley de este tipo, porque, como usted ha dicho al inicio de su intervención, se han quemado algunas etapas ya en la política de cooperación. Hemos pasado de ser un país receptor a ser un país donante y a ser posteriormente un país miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y ello conlleva, entre otras cosas, un incremento de la ayuda oficial al desarrollo, pero también de la cooperación que se canaliza a través de organizaciones no gubernamentales y que viene de los bolsillos de los ciudadanos. Sobre todo, es necesario realizar una cooperación no sólo de mayor cantidad sino de mayor calidad y ello quiere decir que tiene que ser una cooperación más eficaz y mejor controlada, porque estamos hablando en la mayor parte de los casos de fondos públicos y, por tanto, existe una obligación por parte de las distintas administraciones y de este Parlamento de asegurar que ese dinero

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se gasta convenientemente. Estas cuestiones y otras a las que me referiré muy someramente deben ser el objeto de este proyecto de ley. Por tanto, repito, sea bienvenido el anteproyecto, que esperemos que pronto se convierta en proyecto y después en ley, y por ello queremos mostrar nuestra satisfacción porque parece que en esta legislatura lo vamos a aprobar.
Permítame que haga una serie de observaciones rápidas sobre el texto, porque estamos en una fase bastante incipiente todavía del debate. En primer lugar, quiero hacer referencia a un tema que ya ha sido planteado por un interviniente anterior, la señora Lasagabaster, que es el principio de unidad de acción del Estado en el exterior, que ilustra este anteproyecto y al cual se refiere de una forma destacada la exposición de motivos y que luego aparece de nuevo en alguna parte del articulado. Es deseable que se pueda conseguir este principio, señor Villalonga, es decir, que haya unidad de acción. Ahora bien, discrepo con usted sobre las vías para hacerlo. Creo que es bueno que se pongan de acuerdo en este caso todas las administraciones públicas --central, autonómica y local-- sobre determinados aspectos que hacen referencia a la cooperación, por ejemplo, los ámbitos sectoriales, los ámbitos territoriales y la evaluación de los proyectos, pero nosotros siempre hemos creído --no es la primera vez que lo pongo de manifiesto-- que ello se debe conseguir por la vía del diálogo entre las distintas administraciones, intentando llegar a unos acuerdos sobre cuáles son estos objetivos y, a partir de ahí, que cada uno haga su trabajo. No he encontrado en la Constitución ese principio de unidad de acción. Sí he encontrado un artículo que hace referencia a la competencia de la Administración central en cuanto a las relaciones internacionales, y el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, ha dicho que ese principio se concreta en aquellos casos donde una acción de cualquier Administración pública genera responsabilidad para el Estado, que no es el caso, creo yo, de la cooperación y ayuda al desarrollo. Pues bien, la discrepancia por nuestra parte viene en el momento en que ese principio se concreta en determinadas exigencias para aquellos organismos o administraciones que realizan cooperación descentralizada y a la que usted también se ha referido. Para nosotros --y hablando ya de criterios muy globales-- este anteproyecto debería ser riguroso y concreto en el momento de regular todas las acciones de cooperación y ayuda al desarrollo que se nutren de los Presupuestos Generales del Estado, fijando un marco, que debiera ser objeto de diálogo, para la cooperación descentralizada o la cooperación realizada a través de ONG con fondos propios, por tanto, con fondos que no se nutren de los Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido, hay aspectos que usted ha citado, como el registro único de ONG o determinadas acciones de control y evaluación por la Secipi de todas las acciones de cooperación, con los que no podemos coincidir.
En segundo lugar, y dentro del ámbito de los principios, hay una referencia constante --y esto no es nuevo-- a la política de cooperación como integrante de la política exterior del Estado. Estamos de acuerdo en que la política de cooperación es política exterior, pero creemos que falta algo. Es decir, yo creo que la política de cooperación no es sólo política exterior, sino que es algo más. Cuando una organización no gubernamental hace política de cooperación, su fin último no es coadyuvar a la política exterior del Estado español, sino que tiene otros fines muy determinados, fines altruistas, fines ideológicos. Lo mismo ocurre cuando los ciudadanos donan una parte de sus ingresos a la política de cooperación o dedican un tiempo de su vida a hacer cooperación. En ese sentido, desde la Administración o desde el ámbito político también se puede considerar así, y ello hay que tenerlo muy en cuenta y debe quedar perfectamente plasmado en la ley como principio. La política de cooperación no es sólo política exterior, sino también política de solidaridad. Podríamos poner unos cuantos adjetivos, pero en cualquier caso creo que es algo más que política exterior. Y ello es simplemente a título enunciativo, porque luego, cuando se examina el desarrollo del anteproyecto, se ve que no estamos pensando sólo en política exterior, sino que también pensamos en otras cosas, pero, como digo, a título enunciativo se habla de política exterior, cosa que no es nueva, repito, porque éste es un debate que en 1992, cuando hicimos el informe de la política española de cooperación aquí, en el Congreso, estuvo encima de la mesa; había quien defendía que la política de cooperación era política exterior y otros defendíamos que era política exterior pero también algo más y que quizá incluso habría que invertir las prioridades.
Dejo de lado los principios y me voy a referir a cuestiones más concretas, aunque de forma somera. En primer lugar, estamos de acuerdo en casi todos los aspectos que se tocan en el anteproyecto. Quizá en su desarrollo tenemos objeciones, pero puedo decirle, señor Secretario de Estado, que si hubiéramos hecho a ciegas una lista de aquellos temas que debían ser regulados en una ley de cooperación y la comparáramos con su anteproyecto veríamos que no se deja nada, están todos tocados, todos se desarrollan de alguna forma, con mayor o menor fortuna. Por ejemplo, es obvio que un anteproyecto de este tipo debe regular toda una serie de prioridades territoriales y sectoriales, y ello se realiza; incluso le diré que no es difícil que nos pongamos de acuerdo en las prioridades territoriales porque es muy obvio cuáles son aquellas partes del globo terráqueo a considerar como ámbitos territoriales prioritarios para nuestra política de cooperación.
Sea bienvenida la intervención de las Cortes, además con un papel muy protagonista en el diseño y en el control de la política de cooperación.
Nos parece muy bien, nos parece un paso positivo y que va a contribuir a que la política de cooperación tenga una repercusión social y a nivel de la opinión pública más importante por el hecho de que obligadamente va a tener que ser objeto de varios debates en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Hay un ámbito al que ustedes dedican mucho espacio, el de la coordinación, que efectivamente es una cuestión muy importante. El Consejo de Cooperación, que es el ámbito donde se encuentra representada la sociedad civil y desde donde participa en la política de cooperación, creo que se desarrolla correctamente. La coordinación interterritorial, a la que nosotros damos mucha importancia,

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siempre está basada en el diálogo y creo que es conveniente que se cree un organismo donde se encuentren todos aquellos ámbitos administrativos que realizan cooperación descentralizada para que intenten ponerse de acuerdo. Repito y subrayo que no creo que sea difícil que se puedan poner de acuerdo, pero ese acuerdo debe basarse siempre en el diálogo, no en la imposición de unos determinados criterios desde la Administración central del Estado.
En cuanto a la coordinación interministerial, enuncio los principios básicos para este grupo parlamentario. Para nosotros, el director de la política de cooperación tiene que ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sólo el Ministerio de Asuntos Exteriores. La descoordinación y la dispersión en varios ministerios de la política de cooperación han actuado en contra de la eficacia de esta propia política de cooperación, y ejemplos hay los que quiera, como usted debe conocer seguramente mejor que yo. Creemos que debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores el ministerio de cooperación, el que dirija la política de cooperación. Obviamente pueden tener responsabilidades otros ministerios, seguramente las han de tener, pero siempre bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En cuanto a los créditos a disposición de la política de cooperación, creo que es positivo el desarrollo que se realiza en el anteproyecto.
Vamos allí donde nosotros hemos querido ir siempre, a que los FAD se dividan en créditos con una finalidad claramente comercial que deben existir para que el Ministerio de Economía pueda promover determinadas exportaciones y compras de productos españoles. Ahora bien, éstos son unos fondos que --lo sabemos todos--, constituyendo un elemento importantísimo de la política española de cooperación, no han tenido en cuenta los criterios no sólo sectoriales, sino incluso territoriales de la política de cooperación. Por tanto, estos fondos deben mantenerse --creo que a partir de ahora se llaman fondos de ayuda a la exportación-- y paralelamente deben existir unos fondos que deben ceñirse estrictamente a los objetivos de la política española de cooperación. Creo que ésta es una reivindicación tradicional del mundo de la cooperación; ha sido debatida multitud de veces en esta Cámara --yo recuerdo debates con el Ministro de Comercio y con el Secretario de Estado de Comercio en la anterior legislatura-- y creo que supondría un paso adelante.
También nos parece positivo el desarrollo que se realiza de los incentivos fiscales a la política de cooperación. En España no acabaremos de tener un marco sólido de ayuda a la política de cooperación al desarrollo hasta que las aportaciones de la sociedad civil a esta política de cooperación estén suficientemente incentivadas desde la ley.
Se da un paso quizá insuficiente, aunque yo estoy seguro de que ustedes deben tener problemas incluso para dar este paso que nosotros consideramos insuficiente, y más en la coyuntura presupuestaria actual, pero creo que debemos avanzar por esta vía.
También nos parece razonable que se desarrolle el estatuto del cooperante. Nosotros quisiéramos desarrollarlo más y en ese sentido realizaremos alguna aportación.
Por último, me parece positiva la referencia a la prestación social sustitutoria, que siempre hemos pensado que es una actividad que puede avanzar mucho en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Es decir, las actividades de los programas de la prestación social sustitutoria en este ámbito están insuficientemente desarrolladas --creemos que queda mucho camino por recorrer-- y es bueno que se recoja en el anteproyecto de ley.
Esto es todo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero decir que la política de cooperación, como ha dicho el señor Secretario de Estado, es una política en la que el consenso es fundamental, y en ese sentido estamos disponibles para ese consenso parlamentario, en el bien entendido de que en el proceso previo de información, de contactos y de opiniones sobre la futura ley todos los grupos podamos tener el material necesario para iniciar un diálogo fluido, porque si no puede ocurrir que los miembros de esta Comisión estemos en situaciones diferentes, e insisto en que creo que todos los grupos parlamentarios, todos los Diputados y Diputadas de esta Comisión tenemos como objetivo fundamental lograr una coincidencia básica en estos asuntos.
Quiero felicitarle por el anuncio de que finalmente este proyecto de ley entrará en este primer semestre. Es una reivindicación histórica, como usted muy bien conoce, y quiero exhortarte a que cumpla este compromiso.
No tengo ninguna duda de que lo va a cumplir, pero la experiencia histórica sobre este proyecto de ley nos dice que anuncios de estas características se han ido retrasando, como decía antes el portavoz de Convergència i Unió, año tras año. Sería importante que el debate de los próximos presupuestos generales del Estado se pudiera hacer con esta ley aprobada, es decir, que iniciáramos el debate de los presupuestos con la ley en vigor. Quiero señalar, no obstante, el hecho de que el aspecto positivo del anuncio por parte del Secretario de Estado de la presentación del proyecto de ley viene disminuido o empañado, en estos momentos, por la tendencia no sólo en España, sino en general, de la disminución de la ayuda al desarrollo. En los últimos años se ha producido una disminución importante de la ayuda oficial al desarrollo.
España no se ha escapado a esta tendencia y es posible --ojalá no así-- que en el año 1997 esté en una de las cotas mínimas de ayuda al desarrollo. Por tanto, desde este punto de vista quiero exhortarle a la presentación de este proyecto de ley, pero también a que considere la necesidad de que ha de ir complementado, como mínimo en los presupuestos generales del año que viene, con más dotaciones económicas dignas.
A partir de aquí quiero hacer tres o cuatro precisiones porque usted ha hecho una presentación genérica --no podía ser de otra manera-- de su proyecto de ley, pero nuestro grupo desconoce el texto del mismo y es difícil que pueda opinar de manera profunda. La primera consideración es que he echado en falta en su exposición una explicación

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más extensa sobre los principios rectores de la política de cooperación.
Usted se la ha sacado de encima diciendo que van a continuar con lo que se hacía antes. Ha venido a decir: Tranquilícense que no vamos a modificar nada. Sería importante que pudiera desarrollar esto un poco más, sobre todo porque he tenido una cierta preocupación --es evidente que de una intervención como ésta no puedo tener grandes preocupaciones-- respecto a que la política de cooperación no se caracterice como complementaria, subsidiaria, de la política exterior del Gobierno. Creo que si ustedes avanzaran por ahí se equivocarían. Estando de acuerdo, como antes se ha dicho, en que la política de cooperación ha de estar dirigida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que la pluralidad, la riqueza, el hecho de que lo que mueve hoy a la sociedad no es la política de asuntos exteriores, sino la política de solidaridad, en un sentido muy amplio y a veces contradictorio, porque incluso la prioridades de la política de solidaridad pueden ser y son distintas, tanto desde las diversas administraciones como desde la Administración central y la sociedad civil. Quisiera que consideraran no encorsetar mucho la política de cooperación como una política complementaria, subsidiaria de la política gubernamental exterior. Creo que si hicieran esto se estarían equivocando. En ese sentido, ha habido una serie de expresiones --antes se ha hecho referencia a la unidad de acción del Estado o a una gran preocupación que me ha parecido tenía usted en relación a los temas de control y de centralización-- admitiendo que uno de los retos fundamentales de la política de cooperación hoy es incrementar su eficacia. Por tanto, coincidiendo en este reto que tiene hoy la política de cooperación, no intenten solucionarlo por la vía de una gran centralización, de un gran control y de una subsidiariedad de la política de cooperación a la política de asuntos exteriores. Comparto algunas de las preocupaciones y reflexiones que se han hecho tanto desde el punto de vista de la articulación de la política del Gobierno central como de las comunidades autónomas con el conjunto de sociedad civil.
Estas son la primera y la segunda de las preocupaciones. La tercera sería el consejo. No sé si usted puede detallar algunas cosas más. Me ha parecido que le han preguntado por su composición, pero cuando ustedes --el Gobierno-- califican el consejo de consultivo, ¿cuál es el ámbito competencial? ¿Este consejo tiene capacidad de iniciativa o no la tiene? ¿Tiene obligación de respuesta o no? Por último, quería preguntarle por los créditos FAD. Antes he oído a otro portavoz que hacía esta distinción, largamente reivindicada, entre los créditos FAD entendidos como ayuda a la política exterior y los créditos FAD entendidos intrínsecamente como política de cooperación. Mi pregunta es: ¿Hasta qué punto eso se desarrolla en el proyecto de ley? ¿Significa o no, en función de su tratamiento, que va a haber un nuevo proyecto de ley o un real decreto-ley o un decreto que desarrolle los créditos FAD de cooperación? Este es un tema largamente en entredicho. El funcionamiento de los créditos FAD no satisface a nadie y quiero saber hasta qué punto se hace en el proyecto de ley una apuesta decidida por solucionarlo o se va a remitir a otras disposiciones posteriores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz el señor Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: Señor Presidente, también voy a ser muy breve.
Señor Secretario de Estado, no puedo sumarme a la alegría expresada por otros portavoces por la existencia de un anteproyecto que no conocemos; probablemente otros portavoces lo conozcan, nosotros no.
La primera reflexión que he de hacer es que tal vez no deberíamos estar hablando hoy de las líneas generales de la futura ley de cooperación, sino de la ley de cooperación, habida cuenta de que en la comparecencia primera del señor Secretario de Estado en esta Comisión, en septiembre del pasado año, se nos dijo que la ley estaría a final de año. Además, usted sabe que no partía de cero a la hora de elaborar el proyecto de ley. Afortunadamente para usted había una documentación bastante amplia y un elevado nivel de acuerdo entre las fuerzas políticas sobre lo que deberían ser las líneas básicas de la ley de cooperación y de la cooperación en general. El señor Secretario de Estado conoce muy bien, porque lo habrá leído muchas veces, el informe del Congreso de los Diputados del año 1992 y el informe del Senado del año 1994. Ha hecho referencia también al proyecto de ley que tenía el anterior Gobierno y que no llegó a la Cámara por la disolución anticipada de las Cortes. El Consejo de Cooperación había hecho también un informe de ese proyecto de ley y la propia coordinadora de organizaciones no gubernamentales tenía también un proyecto. Es decir, que había y hay una documentación amplia que permite al señor Secretario de Estado trabajar sobre documentos serios, desde distintos puntos de vista, para elaborar el proyecto de ley. Nosotros hemos presentado, a finales del pasado mes, una proposición no de ley en el Congreso para que en breve plazo se traiga el proyecto de ley de cooperación. Creo que el Secretario de Estado estará de acuerdo en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque, más allá de su voluntad, que no pongo en duda, de la rapidez, no depende sólo de él.
Todos conocemos que en este tema hay muchos problemas entre ministerios, pues cada uno tiene una visión. En el Ministerio de Asuntos Exteriores se tiene una visión y después hay pequeños roces, en el buen sentido de la palabra, con el Ministerio de Economía u otros ministerios. Por eso digo que yo no le imputo el retraso. Usted querría haber tenido la ley en el Consejo de Cooperación a final de año, como dijo. ¿Qué pasa? Pasa que son otras visiones de otros organismos ministeriales que también tienen algo que decir, y ahí empieza una serie de obstáculos que impiden llevar a la práctica la voluntad que yo creo que tenía y que era verdad cuando lo decía el señor Secretario de Estado en su primera comparecencia. Por eso digo que si se aprueba esa proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, con un horizonte tasado por el Congreso, no habrá más remedio que traerla; si no, nos podemos encontrar con que esas disputas o esas diferencias de criterio entre ministerios puedan alargar la presentación del proyecto de ley por encima de la voluntad que nos ha expresado el señor Secretario de Estado.


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Difícilmente se puede entrar a valorar un proyecto de ley de tanta importancia sin conocer el anteproyecto y simplemente por las afirmaciones que ha hecho el Secretario de Estado, que yo y creo que todos los portavoces que estamos aquí compartimos en gran parte.
Difícilmente se puede estar en desacuerdo con la exposición del Secretario de Estado que, además, de alguna forma recoge todo ese bagaje de consenso en el tema de cooperación que tienen las fuerzas políticas de esta Cámara, ya iniciado en el año 1992 con el informe del Congreso, repetido en el Senado y recogido en parte en el proyecto de ley del anterior Gobierno. Pero quería hacer algunas matizaciones. Difícilmente se podía hablar en 1982 y en 1983 de ley de cooperación. ¡Si éramos un país receptor de fondos de cooperación! El problema de la ley de cooperación y de la cooperación se plantea lógicamente cuando ya es una realidad en la sociedad española, que es mucho más tarde. No es casualidad que los distintos grupos políticos mostraran su inquietud sobre esta cuestión (recuerdo aquí --ya no está presente-- al señor Herrero Rodríguez de Miñón, que fue uno de los promotores de este informe del Congreso de los Diputados) mucho más tarde. ¿Por qué? Porque esa necesidad se plantea cuando la cooperación adquiere ya un volumen importante en España, cuando España empieza a tener una cierta importancia como país donante de fondos de cooperación y no antes. Digo esto para acotar bien cuándo empieza realmente esta necesidad. Cuando venga la ley --y ojalá venga en breve plazo si se aprueba esta proposición no de ley del Grupo Socialista que hemos presentado-- nos aproximaremos a ella como estamos haciendo en casi todos los temas que afectan a lo que estamos hablando de cooperación. Es decir, lo normal es que sea una ley que, recogiendo todo ese bagaje que hay de acuerdo, tenga un amplio apoyo parlamentario, que sea una ley que sirva para los objetivos de la cooperación, que también compartimos prácticamente todos los grupos parlamentarios, y que tenga una tramitación lo más rápida posible.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Secretario de Estado y recordar a SS. SS., si me lo permite la Presidencia, con toda brevedad, que ésta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que nosotros hemos pedido la comparecencia del señor Secretario de Estado en el contexto de lo que dice el escrito presentado a la Mesa de la Cámara, que es la presencia del Secretario de Estado de Cooperación Internacional para que nos explique las líneas directrices, los aspectos básicos de la futura ley de cooperación internacional. Por tanto, entendemos que el posicionamiento del resto de los grupos ha de ser sobre la comparecencia que nosotros hemos solicitado, puesto que es iniciativa nuestra. Lo que pretendíamos, no obstante, como aclaración previa al pedir la comparecencia del señor Secretario de Estado era que en esta Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo se produjera ese debate inicial sobre los contenidos y las líneas básicas de la futura ley de cooperación; ese debate inicial que creo que es interesante que se produzca en esta Comisión puesto que, como ha dicho el señor Secretario de Estado, es la única específica que tiene su sede en el Congreso de los Diputados y que entiende exclusivamente de estos temas.
Dicho esto, señorías, yo creo que efectivamente la ley de cooperación es una aspiración largamente deseada. Como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, ya se planteó por los años 1982 y 1983. Recuerdo a SS. SS. que España entonces era ya un país donante y que España dejó de ser un país receptor de fondos de cooperación al desarrollo con gobiernos anteriores, en concreto en 1970, y estamos hablando de 1979, cuando se crean, si mi memoria no me falla, los créditos FAD y las primeras aportaciones de España a organismos multilaterales para la cooperación al desarrollo y sus primeras operaciones bilaterales de cooperación al desarrollo. La ley de cooperación, señor Secretario de Estado, es una aspiración histórica de esta Cámara. Yo diría más, es una aspiración histórica de la sociedad española. En aras al consenso, en aras al futuro, en aras a mirar hacia adelante, nosotros no vamos a entrar en valoraciones de por qué no se ha traído durante tantos años atrás una ley de cooperación al Congreso de los Diputados. Yo puedo tener mi opinión, nuestro grupo parlamentario puede tener su opinión particular. En cualquier caso entiendo yo, señor Secretario de Estado, señorías, que cuando el Gobierno legisla le devuelve al pueblo su soberanía. Es muy fácil con estos temas hacer políticas voluntaristas, maximalistas o políticas, si me lo permiten SS. SS., de clientelismo. No sé si estaré explicándome suficientemente. Yo creo que una ley de cooperación, un marco jurídico para la cooperación al desarrollo es, en definitiva, devolver a los ciudadanos la confianza que depositaron en nosotros, los legisladores, y en el Gobierno; en el Gobierno para gobernar, para ejercer la facultad potestativa del ejercicio de la acción del Gobierno, y en nosotros para legislar. Por tanto, señorías, el hecho de que en esta legislatura y, como ha dicho el señor Secretario de Estado, en el curso de este primer semestre se pueda presentar a las Cortes el proyecto de ley de cooperación internacional ya es algo de extraordinaria importancia, porque además de dar un marco jurídico a la cooperación y, por tanto, avanzar en ese gran problema de la cooperación al desarrollo que es el tema de la eficacia y de la calidad en la cooperación, además de eso le devolvemos a los ciudadanos la soberanía. Nos vamos a dar un marco jurídico, vamos a obligar al Gobierno de España, el Gobierno se va a obligar con este proyecto de ley a cumplir una serie de objetivos y de principios y una serie de programas y de presupuestos terminológicos, ideológicos o como ustedes quieran llamarlos.
Señorías, señor Secretario de Estado, para el Grupo Parlamentario Popular ganar la batalla de la calidad, que es lo que pretende esta ley de cooperación, fuera de la guerra de cifras, fuera de otras cuestiones importantes, qué duda cabe, pero no las más importantes, ganar la batalla de la calidad es empezar a ganar la batalla contra la pobreza. Hoy, señorías, la cooperación está en crisis. En función de nuestras responsabilidades todos estamos asistiendo en los últimos

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meses a reuniones sobre la ley de cooperación, sobre el futuro de la cooperación en el próximo siglo, sobre la crisis de la cooperación, sobre la fractura a finales del siglo XX, el ensanchamiento entre las desigualdades en el Tercer Mundo después de tantos años de cooperación, después de tantos esfuerzos conceptuales, de tantos esfuerzos financieros, de tantos esfuerzos económicos. Hoy podemos decir, a tres años del siglo XXI, que el esfuerzo de los países desarrollados no ha sido eficaz en la lucha contra la pobreza, puesto que hoy, señorías, los ricos son más ricos en el Tercer Mundo y los pobres más pobres. Este debate, que es el gran debate, se plantea en el seno de Naciones Unidas, incluso se cuestiona si los principios que han orientado las políticas de cooperación durante todos estos años, durante los últimos cincuenta años, han sido los adecuados, si el método para aplicar esas políticas de cooperación ha sido el adecuado; también se plantea qué tenemos que hacer los países desarrollados en el próximo siglo para intentar ganar la batalla contra la pobreza, que el desarrollo no sea una utopía, como es ahora, sino algo que podamos conseguir. Yo creo que una ley de cooperación es el principio para eso. Por lo menos en España estaremos en condiciones de sentar las bases políticas, y dicen los expertos en cooperación que el futuro se construirá sobre decisiones políticas que tomemos ahora. Es cierto --como se ha dicho-- que la ayuda al desarrollo por parte de los países que forman el CAD, en la OCDE, está disminuyendo.
En España, disminuyó en el presupuesto del año 1996, un presupuesto compartido; no obstante, la apuesta de los Presupuestos Generales del Estado es la de invertir la tendencia del descenso y, en 1997, equilibrar ese descenso progresivo que se produce desde el año 1995. La cuestión es por qué se produce ese descenso. En Europa lo tenemos meridianamente claro; es decir, ese esfuerzo importantísimo que estamos haciendo todos los países por converger en la moneda única, y España en particular un esfuerzo extraordinario en el último año de reducción del déficit para recuperar el tiempo perdido y estar, como estamos hoy, en el pelotón de cabeza de la Unión Europea. Estar ahí puede sonar a frase manida, pero estar ahí va a suponer en el futuro no solamente mayor bienestar para las españolas y españoles, sino también mayor calidad en nuestra cooperación, sin lugar a dudas, cuantitativa y cualitativamente.
Señorías, ahora pondremos las bases políticas para la cooperación del futuro, también en España. Esta ley es importantísima y por eso nosotros celebramos que el actual Gobierno se comprometa a traerla en este período de sesiones, si es posible; en cualquier caso, a aprobarla en esta legislatura. Señorías, creo que el debate debe ser tranquilo, con serenidad, porque tenemos que tener una ley de cooperación. Cuando la decisión de traer la ley de cooperación ya está tomada --y lógicamente esperamos que se cumpla--, el tiempo que tardemos en aprobar una gran ley de cooperación, sobre la base del amplio consenso político y social, creo que importa menos. Lo importante es tener una ley eficaz. Por tanto, recogemos, señor Secretario de Estado, ese guante del consenso que usted ha lanzado a la Comisión de Cooperación, y hago una llamada también a la reflexión y a la serenidad en el debate.
Como se han avanzado algunas cuestiones, entiendo yo que se pueden hacer algunos comentarios. Compartimos la idea del resto de los grupos parlamentarios de que la política exterior no es solamente política exterior, pero nosotros, señorías, queremos ir más allá --como ha dicho el señor Secretario de Estado en su intervención inicial, que es la que yo comento--, es decir, que la política de cooperación al desarrollo es la pieza fundamental de la política exterior del Estado. Es un matiz de extraordinaria importancia que yo agradezco y además comparto al cien por cien. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la política de cooperación al desarrollo debe dar cobijo y paraguas a toda la política exterior del Estado porque, en definitiva, eso es lo que ha dicho, en repetidas ocasiones, el Presidente del Gobierno o nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. El esfuerzo de política exterior que España hace en todos los campos tiene un objetivo, que es la solidaridad de España con el resto de los países, fuera de otros objetivos geopolíticos o geoestratégicos, lógicamente legítimos en la defensa de los intereses de España y que --entendemos, señorías-- políticas de cooperación al desarrollo descoordinadas no pueden poner en peligro, porque al final estaríamos tirando tejas contra nuestro propio tejado y provocando una fractura en esos objetivos de solidaridad, sin lugar a dudas. Bajo ese concepto, nosotros entendemos que la política de cooperación al desarrollo debe influenciar los objetivos de la política exterior del Estado y, por tanto, también los objetivos de nuestra política de comercio exterior. Al final, señorías, la polémica nominativa sobre la competencia específica de unas cuestiones u otras, en el Ministerio de Economía y Hacienda o en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene menos importancia si avanzamos en lo conceptual.
Señor Secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Popular le da una gran importancia, como usted sabe, al contexto social de la cooperación al desarrollo. Entendemos que en ese proyecto de ley de cooperación debe quedar determinado del modo más flexible y amplio posible, para que sean reglamentaciones posteriores, dictadas sobre la base del diálogo y del consenso social y político, las que establezcan los aspectos concretos de la composición del Consejo de Cooperación al desarrollo, del registro de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Creemos que tiene una gran importancia la regulación del contexto social de la cooperación en esta ley.
Ha habido ciertos rumores, señor Secretario de Estado --aquí se han apuntado algunas interrogantes al respecto, que nosotros reiteramos--, relacionados con algunas declaraciones suyas en torno a que la intención del Gobierno es que la Administración del Estado no estuviera presente mayoritariamente en el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Si esto fuera así, le ruego una ampliación sobre el particular. Para nuestro grupo parlamentario sería de gran importancia porque supone un avance conceptual extraordinario.
Voy a terminar, señor Presidente, señorías, diciendo tres cuestiones, si se me permite. Entendemos que en la política de solidaridad, en esta legislatura, gracias --y lo digo con todas sus consecuencias-- al ejercicio importante de

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responsabilidad que el grupo mayoritario de la Cámara y sus socios parlamentarios realizan sobre la acción del Gobierno y --entiendo-- al ejercicio de responsabilidad que hacen también los grupos de la oposición --en el debate y tramitación de este proyecto de ley, esperamos que así sea--, y gracias, como es lógico, a la acción del Gobierno, me da la sensación de que las cosas van más deprisa en apenas un año de Gobierno y de vida de esta Comisión de Cooperación en esta etapa. Por ejemplo, recuerdo a SS. SS. las acciones emprendidas respecto al comercio justo, a las minas antipersonales, al tráfico de armas, el pronunciamiento de esta Comisión sobre las operaciones humanitarias de mantenimiento de la paz, etcétera. Entiendo que hay una presión social, una presión política y también un Gobierno receptivo a esa presión social y política, un Gobierno que no se escuda en sus propios planteamientos sino que está abierto a esa presión de la sociedad para legislar y para realizar la acción de gobierno con eficacia.
Señor Secretario de Estado, lo que le he preguntado sobre el Consejo de Cooperación es importante, en lo conceptual, para nuestro grupo, porque eliminaríamos de la cooperación al desarrollo algo por lo que debemos luchar todos --yo lo enunciaba al principio de mi intervención; quiero ser cortés pero no quiero dejar de ser claro--, que es el voluntarismo en la cooperación. La cooperación al desarrollo tiene que ser eficaz para luchar efectivamente contra la pobreza, no para mejor y mayor gloria de quien hace cooperación al desarrollo; y me refiero a mejor y mayor gloria política. Entiendo que uno de los elementos que hay que intentar que en esta ley quede claro es la función directiva del Ministerio de Asuntos Exteriores y la facultad potestativa de la política de cooperación, que es un principio constitucional, pero debemos avanzar para evitar que las políticas de cooperación al desarrollo tengan bandera política. Por supuesto que aquí hay ideologías, hay criterios y hay discrepancias, pero no hay banderas. La política de cooperación al desarrollo no se puede utilizar, señorías, como se ha utilizado, para el fortalecimiento de los liderazgos personales o de determinadas opciones políticas, porque la pobreza, señorías, no entiende de estas cuestiones. Dejo este tema como reflexión por si acaso pudiéramos avanzar en el futuro en estas cuestiones. Nuestro grupo parlamentario da gran importancia, señor Secretario de Estado, a que la Administración salga del Consejo de Cooperación al Desarrollo y, en consecuencia, le pedimos una aclaración al respecto.


El señor PRESIDENTE: Para responder a los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Gracias a todos los grupos por la valoración que hacen del trabajo para el avance de la ley, que es de todos y que no pretendo ni he pretendido en ningún momento decir que es de esta Secretaría de Estado ni del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que, muy al contrario, en mi intervención he dejado bien claro que esto es el resultado de un trabajo anterior, puesto que contábamos con un anteproyecto de ley y con aportaciones de las organizaciones no gubernamentales. Como no es el objetivo de esta Secretaría de Estado ponerse flores sobre quién presenta el proyecto de ley de cooperación ante las Cortes, tampoco entraré en el argumento contrario, es decir por qué no se trajo antes.
Es un momento importante para todos el empezar a trabajar con un proyecto de ley que va a ser fundamental, que va a determinar la calidad y la naturaleza de la ayuda española al desarrollo para los próximos quince o veinte años. Creo que podemos ser generosos, realistas, prever un futuro bueno para la cooperación y trabajar todos de forma creativa conjuntamente para tener una buena ley. Porque el debate que realmente se plantea ahora con la ley es el modelo de cooperación que queremos, y yo soy de los que piensan que podíamos hacer una buena cooperación sin ley y que podemos hacer una mala cooperación con ley, pero si tenemos una buena ley de cooperación, lógicamente estaremos más encaminados a hacer una buena cooperación. Ese es el gran debate y el gran tema que tendremos que plantear ante esta Cámara.
Sobre aspectos concretos no les puedo avanzar mucho más, porque sería lanzarme a una piscina que a lo mejor no tiene agua. Hay que formar la voluntad de la Administración, y todos conocemos que esa voluntad es compleja, porque en un aspecto como la cooperación no sólo entran los diferentes departamentos ministeriales, sino que, además, la misma cooperación, por su carácter horizontal, afecta a las políticas de todo el Estado, desde la política cultural hasta las políticas sectoriales, la sanitaria, la de educación y la propia política económica del Gobierno; por tanto, es difícil conformar una voluntad única de la Administración que aúne las diferentes voluntades y que dé como resultado un buen proyecto de ley de cooperación. Esa es la dificultad. Sería fácil presentar ante esta Cámara un mal proyecto de ley de cooperación, algo vacío que no tuviese mayor trascendencia, y como es difícil yo tampoco me atrevo a ser muy preciso en el contenido de este proyecto de ley, pero sí hay algunos puntos que podríamos comentar y que SS. SS. han traído a colación ante esta Comisión.
Respecto a los principios rectores, queda meridianamente claro en la ley que el principio rector de la solidaridad en la lucha contra la pobreza es el que marca la política de cooperación. Ahora, la solidaridad no es un elemento puro dentro de la cooperación. Creo que son compatibles, y así debe ser porque la sociedad lo quiere, diferentes objetos. La cooperación es un instrumento fundamental en la política exterior del Estado, no sólo es política exterior, pero es un instrumento fundamental en ella, y creo que todos los grupos estarán de acuerdo con eso. Pero es que además es solidaridad, puede ser fomento de la economía nacional y debe serlo así. Nadie entendería que un esfuerzo económico que hace la sociedad española no revirtiese, pudiendo hacerlo, en esta sociedad, en bienes, en servicio, en empleo y en bienestar. De manera que todos estos elementos son compatibles como principios rectores de la cooperación.


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A unos sectores o actores de la cooperación les gustará más un elemento, a otros les gustará otro, y yo creo que negar al Ministerio de Comercio que la promoción comercial como objetivo fundamental de un determinado tipo de crédito pueda tener además un objeto o un fin desarrollista de lucha contra la pobreza es negar una realidad, y sería además tener una visión muy pacata de lo que es la cooperación, de manera que la ley recoge todos esos principios, y en la medida en que los recoge creo que acierta en decir qué es lo que quiere la sociedad española respecto a la cooperación internacional para el desarrollo.
Se ha tratado también aquí con especial preocupación el principio de la unidad de acción del Estado en el exterior. Tampoco es un principio que pueda provocar sorpresas. Todos los Estados, incluso los más federales, tienen ese principio de unidad de acción en el exterior, y en la medida en que la cooperación puede generar responsabilidades, y sobre todo afectar a la política exterior, yo creo que a esta Cámara le corresponde definir cuáles son las prioridades sectoriales y territoriales y establecer una serie de mecanismos que garanticen esa unidad de acción.
No sería de recibo en estos momentos, por ponerles un ejemplo gráfico que demuestra lo que es la unidad de acción en el exterior, que un determinado ayuntamiento realizase en estos momentos una tarea de cooperación, importante o no, en Irán, después del caso Mykonos. Creo que a esta Cámara, a las dos comisiones, la de Asuntos Exteriores y la de Cooperación, le corresponde también ejercer esa responsabilidad y señalar que por supuesto tiene efectos dentro de la política exterior la cooperación, con independencia de que tanto comunidades autónomas como diputaciones provinciales y ayuntamientos, como agentes descentralizados de la Administración para la cooperación al desarrollo, tengan competencias en materia de cooperación reconocidas por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, es al Estado al que le corresponde, a la hora de pasar la revisión de la ayuda oficial al desarrollo, responder también por la naturaleza, la calidad y la cantidad de esa cooperación que realizan administraciones descentralizadas. Cuando pasamos el examen de la ayuda oficial al desarrollo, es toda la ayuda oficial al desarrollo y no sólo la del Estado, también la de los ayuntamientos, la de las comunidades autónomas y la de las diputaciones. Por eso, respetando las competencias de todas las administraciones, es importante, a través del diálogo y no de la imposición, poder llegar desde esta Comisión, desde esta Cámara o desde las Cortes a establecer principios rectores que nos afecten a todos, es decir, que nos vinculen a todos. Cuando establezcamos una serie de principios rectores generales de la cooperación, prioridades sectoriales o geográficas, también serán de aplicación a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales, y servirán como principios guía, que siempre serán de carácter muy general pero que desde la soberanía popular de estas Cortes Generales pueden emanar fácilmente.
Otra cosa es el órgano de coordinación o de concertación interterritorial, de carácter siempre consultivo y de carácter constructivo para la cooperación. Es decir, lograr criterios conjuntos e intercambio de información, lograr documentos normalizados para todos e intercambiar criterios de proyectos que a lo mejor están cofinanciados --y que suele ser así casi siempre-- por administraciones locales, provinciales, autonómicas y del Estado, creo que será positivo, y no hay en la ley, se lo aseguro --lo podrán comprobar cuando cuenten con el texto--, ningún deseo por parte del Estado de dirigir esta Comisión de coordinación interterritorial ni por supuesto de imposición de criterios sobre temas que no son de su competencia. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales son competentes para realizar su propia cooperación.
Otro de los puntos que ha generado cierta duda de futuro es la naturaleza del Consejo. El Consejo se mantiene en la ley, no pasamos a una regulación estricta. La ley no recoge una regulación exhaustiva de su composición, porque eso le corresponderá a un real decreto, y así ocurrirá prácticamente con los instrumentos crediticios a la cooperación --corresponde también a los reales decretos, y esta Cámara lo conocerá en su día, regular de forma más exhaustiva no sólo los órganos de la cooperación sino también los instrumentos--, por lo que no entra directamente en la composición, pero aunque no tengamos una posición definida todavía, me gustaría señalar la actual naturaleza del Consejo para la Cooperación al Desarrollo.
Actualmente es un órgano consultivo y de participación con mayoría de la Administración. Difícilmente la Administración puede consultarse a sí misma, es un organismo que funciona de forma perversa, y eso lo han puesto de manifiesto tanto las organizaciones no gubernamentales como los grupos parlamentarios, que se dan cuenta de que, tal y como está ahora, el Consejo de Cooperación al Desarrollo parece que responda a un deseo de dar participación pero no darla, es decir, garantizarse la Administración una mayoría dentro de un órgano que es consultivo para que las voces disonantes no discrepen demasiado o al menos la discrepancia no tenga demasiada trascendencia. La Administración, con una mayoría, siempre obtiene la resolución que quiere por parte del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Esa es la naturaleza que nosotros queremos cambiar. No tendría nada de especial, y creo que sería útil, que la Administración se retirase y se convirtiese en un consejo consultivo de verdad de los agentes sociales y de los expertos de cooperación, que a la hora de regular aspectos concretos de la cooperación dijese qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y que emitiese su parecer de forma no vinculante.
Lo que siempre he dicho, creo que comparten también los grupos de esta Comisión, y estoy seguro que también el Grupo Socialista que anteriormente fue gobierno, es que el Consejo de Cooperación no puede ser un órgano de control, para eso están las Cortes Generales. Tiene que ser un órgano consultivo, un órgano positivo, un órgano que informe, pero no puede ser un órgano de iniciativa, de control, porque estamos usurpando la soberanía. Es a esta Comisión de Cooperación al Desarrollo y a esta Cámara, las Cortes Generales, a quien le corresponde el control de la cooperación. Tiene que ser consultivo, podría tener iniciativa, se le deben consultar de forma reglada algunos aspectos de la política española de cooperación, porque a la hora

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de realizar un programa cuatrienal se debe solicitar la opinión a Consejo de Cooperación, pero de ahí a que se convierta en un órgano de control de la Administración me parece que no responde ni a la voluntad de la actual Administración ni siquiera a la voluntad de la actual composición del Consejo, donde tiene mayoría la Administración. Como planteamiento general me parece más honesto que la Administración se retire de ese Consejo, dejar a la sociedad civil y a los expertos en cooperación que se expresen libremente con el peso que les da su conocimiento sobre materia de cooperación y su experiencia, que informen y que sirvan de órgano que ayude a la Administración a formar su voluntad desde el conocimiento, desde la experiencia y desde el saber hacer cooperación. Es un planteamiento que no viene reflejado en la ley. Lo que sí viene reflejado es el carácter consultivo, y no de control ni de otro tipo de naturaleza.
Sobre el Parlamento, tengo que decir que el deseo del Gobierno es potenciar esta Comisión, potenciar también no sólo el control sino la participación en lo que es la definición, como he dicho antes, de los principios rectores, prioridades sectoriales a través de la planificación y dar mayor prioridad a los Cortes.
Es prematuro hablar de una política crediticia. Aquí me expreso como Secretario de Estado. Personalmente creo que es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. A nadie puede escandalizarle que diga que el actual sistema crediticio para fomento de la exportación ha quedado obsoleto por la propia evolución de las cosas. Nuestra pertenencia a la OCDE y la restricción de la competencia ilícita en la promoción de bienes y servicios nacionales cada vez es más restringida. Esa competencia desleal que intenta evitar la OCDE hace que los créditos concesionales para fomento de la exportación cada vez se encuentren con mayores dificultades, no sólo de nivel de renta sino también de naturaleza de proyectos. Como saben, hoy sólo se pueden utilizar créditos concesionales para exportación de bienes y servicios en aquellos proyectos que vayan dirigidos a sanidad, a tratamiento de aguas, a educación o a electrificación rural; son las cuatro áreas que marca la OCDE. Eso ha hecho que los créditos FAD hayan perdido también su vigor como instrumento de promoción de bienes de exportaciones. Es necesario que cada día el camino de esos créditos, que fueron muy importantes para la economía española hace algunos años, tengan más objetivos de desarrollo que no de exportaciones de bienes y servicios. Por eso es importante y urgente que el Gobierno, con estas nuevas realidades, se plantee una regulación diferente de lo que es la política crediticia para el fomento de exportaciones españolas.
En este contexto es absolutamente necesario que la ley no sólo regule unos créditos que pueden tener doble naturaleza, sino que regule instrumentos de créditos de los que SS. SS. a veces no se acuerdan, pero que son fundamentales para la cooperación, como es el microcrédito o como son los revolving. Son instrumentos muy importantes, repito, que países con gran experiencia en materia de cooperación han utilizado muy exitosamente. Será un capítulo importante de la ley todo lo que sea la parte crediticia.
También es importante, aunque todavía no está formada la voluntad de la Administración por esa dificultad que les señalaba de que la cooperación sea de carácter horizontal y que afecte a la política económica del Gobierno, a la política fiscal, etcétera; también es importante, decía, ayudar a la sociedad civil a que contribuya cada vez más a ese esfuerzo solidario a través de incentivos que no pueden ser iguales que para otros campos que también tienen su importancia. Creo que tiene que tener un tratamiento diferenciado el incentivo fiscal a la solidaridad.
Esa es, más o menos, la estructura de la ley. Creo que hemos logrado un buen anteproyecto de ley, que incluye logros del anterior, pero también tiene elementos nuevos. Es una ley ambiciosa, y en el caso de ser aprobada, en términos generales y con las líneas que actualmente tiene, lograremos un buen instrumento para la cooperación y será positivo en general.


PREGUNTA:

--DE LA SEÑORA BALLETBO I PUIG (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER UNA MEJOR COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs). (Número de expediente 181/000662.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo a una pregunta de la señora Balletbó relacionada con los instrumentos para favorecer una mejor coordinación con las organizaciones no gubernamentales. Para su formulación, tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Es sabida, y creo que además es compartido por el Secretario de Estado, la importancia creciente del papel de las organizaciones no gubernamentales en la gestión de los asuntos públicos.
Precisamente en una sociedad cada vez más globalizada, por la pérdida del poder político de dirección que han tenido tradicionalmente los Estados hay un desplazamiento en lo que sería la gestión de la soberanía hacia organismos que podríamos llamar de sociedad civil. En esta parte de la sociedad civil lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que aquellos que de una forma u otra tienen como objetivo el poder y la gestión en el crecimiento económico y la distribución de beneficios, están creciendo de una forma muy importante. Me estoy refiriendo a los grupos multinacionales, a los grupos multimedia, a los grandes grupos de empresas, como pueden ser Coca-Cola, Nissan o Fiat. De una forma u otra estos grupos ya se han organizado desde hace tiempo e intervienen en la gestión pública mundial de una forma muy clara. Hasta tal punto esto es así que algunos de estos grupos muchas veces son infinitamente más potentes que los mismos estados. Creo que ahora en Naciones Unidas hay 187 países, y no se escapa a nadie que Fiat, Nissan, Coca-Cola, CNN, etcétera, por citar algunas, son más potentes que el 90 por ciento de estos Estados.


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¿Qué hay que hacer para que se pueda seguir manteniendo el equilibrio en la convivencia? A mí no me parece mal que estas empresas crezcan, pero creo que hay una contrapartida que sería la internacionalización, la potenciación de la sociedad civil organizada, aquellos que no tienen poder económico pero que tienen la voluntad, las ganas de colaborar, las ganas de gestionar o la solidaridad; aquellas organizaciones que pueden capacitar activos muy importantes de la sociedad a través de los intereses que despiertan en los jóvenes, etcétera. Estamos en un hecho crucial para los próximos años, que es, por una parte, los Estados y, por otra parte, la sociedad civil, que tiene varias variantes de organización, una a través de los poderes económicos, las empresas; otro, de tipo más social, etcétera. Por tanto, parece que eso hay que potenciarlo, y hay que hacerlo sobre todo desde los Estados y desde los poderes públicos.
En ese orden de cosas parece razonable, y yo estoy segura de que el Secretario de Estado lo comparte, que los objetivos en relación a las organizaciones no gubernamentales tendrían que ser, por una parte, potenciar, ayudar y estimular; por otra parte, favorecer el diálogo, y, en última instancia, garantizar una cierta neutralidad.
En cuanto a potenciar, ayudar y estimular, es verdad que precisamente una de las características de estos grupos es que no disponen de unas estructuras estables, no disponen de una capacidad de gestión, pero esto lo pueden suplir muy bien por el número de personas y por lo que yo diría que es la rentabilidad de la voluntad. Es decir, en otros organismos la eficacia se da por la vía del salario; en estas plataformas, en estas organizaciones, la eficacia se da por la vía de la rentabilidad de los pocos recursos, y muchas veces hay un plus, que es el plus personal, que hace que esto sea altamente rentable. En el sentido de potenciar, decía, ayudar y estimular, el señor Secretario de Estado sabe que a mí personalmente la idea de que el 80 por ciento de ayuda pública para cualquier proyecto esté a la vez comensado por un 20 por ciento de ayuda privada no me parece un objetivo desechable, ni mucho menos. Incluso diría más, creo que a corto o medio plazo eso tendrá que aumentar. Tendrá que aumentar la captación de recursos del sector privado. Otra cosa es, señor Secretario de Estado, que esto se pueda hacer en seguida. Usted sabe que la coordinación de organizaciones no gubernamentales no está del todo de acuerdo y ha habido un cierto rechazo a esas medidas, que yo creo que más que rechazo en su globalidad es a la implantación. La cooperación, como se ha dicho aquí por parte de diversos portavoces, es un tema reciente y, por tanto, no hay experiencia. No se trata de pasar directamente a pedir un 20 por ciento de aportación privada. Quizá es más razonable pedir primero un 10 por ciento, luego un 15 por ciento, luego un 20 por ciento y después un 25 por ciento, para dar tiempo a adaptarse.
Yo lo que veo, señor Secretario de Estado, es que si una institución como es la Secretaría de Estado tarda casi un año y medio en hacer un proyecto de ley de cooperación, ¿qué no va a tardar una organización no gubernamental, que tiene todo un proceso de debate interno, para adaptarse a las nuevas circunstancias? Ahí quisiera escuchar la explicación del señor Secretario de Estado porque me parece una cosa razonable. A veces lo que pasa es que se dice: yo le pido un 80 y un 20, pero luego en el seguimiento veremos qué hacemos. Son cosas que hay que saber. A mí no me parece mal poner un objetivo, porque si no hay objetivo no hay esfuerzo para alcanzarlo. Lo que luego tenemos que ver es cómo se puede conseguir ese objetivo y en qué medida pueden paralizarse algunos proyectos o se puede paralizar la marcha de alguna organización por incapacidad o por dificultad en conseguir este objetivo a corto.
A lo mejor el objetivo 80-20 es interesante, pero a lo mejor lo más interesante es indicarles a las organizaciones no gubernamentales qué porcentaje de los gastos de estructura debe representar cualquier proyecto en relación con lo que serían los gastos de programa. Yo sé que éste es un debate que las organizaciones no gubernamentales tienen abierto, porque algunas, por desconocimiento o por falta de previsión, se han cargado con demasiados gastos estructurales, con lo cual se comen el presupuesto destinado a las ayudas. Lo de menos es si yo tengo un 20-80, porque a lo mejor con este 20-80 yo no hago rentable el proyecto; a lo mejor interesa más ver qué proporción tengo yo de gastos de estructura y qué tengo para el programa, porque naturalmente la ayuda al desarrollo tiene que ser rentable en términos económicos o sociales. Estoy de acuerdo con esto y seguramente el señor Secretario de Estado también lo está.
La coordinadora de organizaciones no gubernamentales está planteando todo eso y además se plantea otras cosas. Se está planteando los límites salariales de los cooperantes. Este es un debate que tienen abierto y yo he asistido a él. Hasta qué punto una organización no gubernamental, cuyo objetivo es la ayuda a los que menos tienen, puede hacer que sus cooperantes reciban un salario de tipo muy occidental en relación a lo que está haciendo en un territorio donde los salarios son los que son.
Este es un tema.
Otro tema es, por ejemplo, el límite de los medios. ¿Justifica el fin los medios? En eso también ha habido críticas dentro de las mismas organizaciones respecto a otras muy potentes que casi son unas multinacionales de la cooperación y que por sus capacidades han hecho una gestión agresiva que a lo mejor se ha justificado para la captación de fondos, pero que en cierto modo también ha levantado unas críticas internas en el sentido de decir ¿vale todo? ¿Vale que yo ponga un anuncio y despierte aquellos sentimientos de una sociedad muy satisfecha que tiene una mala conciencia y le tengo yo que poner unos niños despedazados para justificarme? ¿Debo hacer esto sin consultar a los países del Tercer Mundo? Porque a los países en vías de desarrollo ellos les dicen que esas imágenes les quitan poder y les hacen cada vez más subordinados de los países desarrollados. Por tanto, a lo mejor lo que se está consiguiendo con la cooperación, que es un objetivo a seguir, tiene unas contrapartidas, que es el debilitarlos, que deberíamos tratar de limitar.
Ese también es un debate abierto.
En definitiva, creo que hay muchos temas, pero el papel de las ONG no es sólo un elemento dinamizador y de encuadramiento de lo mejor de nuestros jóvenes, sino que

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además deben constituir un elemento moral y de conciencia. Eso también lo ha dicho el señor Secretario de Estado en algún momento. El objetivo en relación a las ONG ha de ser potenciar, ayudar y estimular a estas ONG.
Si éste es el objetivo, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Las estimulamos exigiéndoles cosas con unos calendarios que les cuesta cumplir? Otro tema sería el diálogo. El consenso parlamentario es esencial, pero también tiene que haber el consenso social. Ahí volvería a insistir en lo mismo, en el rechazo de las normas del 18 de julio por parte de la coordinadora en relación al 80-20. Otra cuestión es que el Secretario de Estado dice que el 80 es el 80 por ciento público y ahí se incluyen las aportaciones de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. El objetivo me parece bien, pero habrá que discutirlo con esos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, porque si no lo discutimos con ellos y hacemos la norma incluso antes del proyecto de ley, puede haber problemas. El proyecto de ley no ha entrado pero la norma está aquí y decimos: les voy a ir acostumbrando --estoy haciendo una parodia-- y así cuando venga la ley ya me entrarán. Creo que aquí había un representante de un partido autonómico, un Diputado del grupo logístico de apoyo al Partido Popular --que yo siento que no esté aquí, aunque es mejor porque así no puede pedir la palabra para contrariarme-- que decía que la coordinación se tiene que dar, pero lo que no puede ser es que venga impuesta. Yo estoy de acuerdo con que la coordinación la tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene que hacerse desde el organismo del Estado, pero el consenso social significa que se consensua con las ONG y también con los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, porque si no yo digo: el 80 de público y les incluyo a todos porque a mí no me da la gana.
Ya está nervioso el Presidente, pero por una vez que me deja intervenir... (Risas.) Estas serían las tres cuestiones: potenciar ayudas y estimular, el otro sería el diálogo y, finalmente, la neutralidad.
Respecto a la neutralidad, me remito a una intervención anterior del mes de septiembre del portavoz socialista Fuentes Gallardo, en la que le solicitó el listado. Finalmente disponemos de este listado, y lo estamos mirando --porque son largos--, porque hay que comprobar quiénes lo solicitan, cuánto solicitaron, para qué proyecto, qué se concedió y cuánto se concedió. En este sentido, señor Secretario de Estado, realmente la neutralidad es básica. En esa comparecencia se habló del FER, de la Fundación Clinic, del Opus Dei. Yo no tengo nada que decir en contra de ninguna ONG, tampoco contra el Opus Dei. El Opus Dei tendrá sus derechos, pero también los tienen los demás y de una forma u otra, como decía muy bien el señor Izquierdo, lo que no puede ser es que cada organización esté al servicio de objetivos políticos, pero tampoco religiosos ni de grupos cerrados, digo yo, porque, al final, los partidos políticos somos un colectivo confesado y confeso, mientras que algunos grupos están confesos pero no están confesados. Me parece mucho mejor decir que yo soy socialista y que quiero cooperar, que el que uno diga que es independiente y, al final, por las noches, se dedica más a su militancia espiritual que yo a la política. Me parecen bien las dos cosas, pero que se sepa para que haya mucha transparencia y mucho conocimiento, que es de lo que se trata en los fondos públicos.
En resumen, yo diría que no haya utilización política, pero tampoco utilización religiosa, porque ésta también puede ser una actitud de militancia política, por llamarlo así, como a veces lo es la política en relación a la religión. Que sea un poco para todos. Estoy segura que el señor Secretario de Estado comparte lo que decía el castizo, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Al final de la buena intención miremos los papeles, porque igual nos condenamos todos, señor secretario de Estado, usted y yo también. Por tanto, lo que hay que hacer es que esa neutralidad se plasme de una forma u otra. Cuéntenos un poquito cómo está el tema de las ONG, si usted comparte estos criterios y lo que tiene previsto.


El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, no estaba nervioso en absoluto, me encanta oírla. Era simplemente para ajustarnos un poco al tiempo, y espero que nos salvemos todos.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para contestar la pregunta de la señora Balletbó.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Usted me plantea una pregunta, pero yo creo que más desde su posición como miembro de una organización no gubernamental y que vive el día a día de la cooperación, que como miembro de esta Comisión. Aun así, quiero decirle que yo comparto el análisis inicial que usted ha hecho sobre las organizaciones no gubernamentales, lo he dicho en esta Cámara y lo reconoce la ley, y el papel de la sociedad en la cooperación, que fundamentalmente se realiza a través de organizaciones no gubernamentales, pero también a través de administraciones. Recogemos instrumentos de participación de organizaciones no gubernamentales en diferentes órganos: en el consejo consultivo, en sus relaciones diarias con la Agencia Española de Cooperación, con la Oficina de Planificación y de Evaluación, etcétera.
Usted ha hecho un canto a la sociedad civil al principio, pero después ha recogido carrete y a la hora de hablar de organizaciones religiosas ha dicho ya que no. Parece que se desliga, que ya no sea tan partidaria de la sociedad civil y más de los intereses declarados y oficiales de partidos políticos. Yo creo que todo el mundo tiene cabida dentro de la cooperación. Creo que la solidaridad no es un principio puro, como he dicho antes, sino que puede tener muchos objetivos, unos de carácter espiritual y otros sólo de carácter político, pero todos tienen su papel en la sociedad internacional. Yo a los partidos políticos les doy un grandísimo valor en la formación de valores democráticos, que son también importantes para el desarrollo, y lo vemos día a día colaborando con ellos en la formación de líderes políticos y de partidos de oposición sólidos, de administraciones bien formadas y de buen gobierno y no corruptas, con principios sólidos de formación. Eso lo vemos en

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América Latina, donde tenemos una relación constante, pero también las organizaciones religiosas hacen un gran papel, como por ejemplo en Africa; por supuesto que sí. ¿Que tengan después fines también proselitistas por sus propios convencimientos? Pues gracias a Dios. Ellos fueron los que marcaron la cooperación de forma altruista y más solidaria que nadie. Hay ejemplos perdidos en lugares donde no iba nadie, donde hay conflictos y donde ni siquiera acuden las organizaciones no gubernamentales civiles para el desarrollo, pues allí están las órdenes religiosas trabajando por la solidaridad y en contra de la pobreza. Y ése es un valor que también hay que potenciar.
En lo que no estoy de acuerdo es en volver otra vez a que la potenciación de las organizaciones no gubernamentales pase por la financiación pública al cien por cien. No puede ser. Las organizaciones no gubernamentales tienen que tener un carácter no gubernamental. En la medida en que estén financiadas al cien por cien dejan de ser organizaciones no gubernamentales; se convierten en gubernamentales. Ese es un gran peligro de la cooperación. Y a pesar de las críticas que haya habido a la regulación de las subvenciones por parte de la Secretaría de Estado, han funcionado muy bien. En el fondo, las organizaciones no gubernamentales grandes, serias, especializadas, incluso pequeñas con implantación social en la sociedad civil que usted llama fuerte han agradecido esta normativa. Es una normativa mucho más suave, como repetí en anteriores comparecencias sobre este tema, en cuanto a participación de fondos privados o fondos propios que la de los países de nuestro entorno, donde se exige hasta el 55 y el 60 por ciento de participación de fondos propios. De manera que está funcionando bien, y eso lo prueba el hecho de que se presentan proyectos, muchos de ellos con financiación propia de ese 20 por ciento. No es una imposición que hace la Administración del Estado. Nosotros regulamos nuestros fondos propios, después cada comunidad autónoma regula lo propio. Me estoy acordando de una comunidad autónoma cuya política de cooperación es fomentar que la sociedad civil participe para evitar que la comunidad autónoma con fondos públicos financie cooperación al desarrollo. No se impone ningún criterio. El Ayuntamiento de Barcelona tiene unas normas diferentes de las que tiene la Administración del Estado, pero yo creo que esta coordinación entre todos, que es absolutamente necesaria, encontrará un marco institucional adecuado en el Consejo Interterritorial de Cooperación. Ahí nos podremos intercambiar información, etcétera.
Quiero decirle, respecto al diálogo, que una cosa es dialogar con las organizaciones no gubernamentales, ejercicio que repetimos todos los días, y otra cosa es consensuar lo que no es consensuable. No es consensuable que las organizaciones no gubernamentales tengan el cien por cien de la financiación. Si dialogar significa darles poder normativo y que ellas regulen el acceso a los fondos públicos, esto no puede ser. Hay un término medio, podemos llegar a acuerdos y de hecho llegamos.
Me gustaría dejar constancia también en esta Comisión que, a pesar de que no se recogió en los Presupuestos Generales del Estado una subvención específica para la coordinadora, dentro del diálogo del que usted habla, sí me brindé a financiar proyectos concretos de esa coordinadora destinados fundamentalmente a una de las labores que creo debe ser esencial en una institución de esa naturaleza, como es la educación para el desarrollo. Nos han presentado una serie de proyectos y he de decir que ninguno era de educación para el desarrollo. Realmente estamos necesitados en España de una labor intensa en los colegios, en las escuelas, en las transversales de la Logse, de una acción clara y decidida hacia esa educación para el desarrollo. Ninguno de los proyectos presentados eran de educación para el desarrollo. No obstante, unos proyectos que nos han parecido muy interesantes, como por ejemplo un listado de organizaciones no gubernamentales que se facilite al público, una serie de manuales, etcétera, les hemos financiado. No tengo ningún inconveniente en financiar a la coordinadora todos aquellos proyectos que sean en beneficio de la cooperación al desarrollo, y les he instado --creo que así van a actuar-- a que presenten proyectos de educación para el desarrollo y de sensibilización ante la sociedad, que con gusto los financiaremos desde la Secretaría de Estado.
Respecto a la neutralidad, no sé si detrás de su afirmación, más que pregunta, subyace una duda sobre la neutralidad de la Administración a la hora de la concesión de subvenciones. Le aseguro que la neutralidad existe y que no ha habido ninguna desviación.
He firmado todas las propuestas que la Agencia Española de Cooperación me ha presentado sobre financiación de proyectos y no he introducido ningún elemento político en esa financiación. Si usted cree que no hemos sido neutrales o hemos sido partidarios en alguna, le pido lo indique; luego con usted nos hemos portado muy bien.


El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Comparto casi siempre los criterios del Secretario de Estado, porque en realidad creo que el objetivo que tenemos es básicamente el mismo.
Sobre la neutralidad no tengo sospechas, pero a veces uno prefiere adelantarse a los acontecimientos. Recogía un poco lo que había dicho el señor Fuentes Gallardo en otra intervención y en todo caso, como aquí se ha dicho muy bien, soy de los que creen que lo mejor es que haya una buena coordinación entre la Administración y que el grueso de la cooperación esté en su departamento. Lo creo y estoy dispuesta a colaborar en lo que haga falta, porque además de los criterios de ayuda entre países tiene que haber unos criterios de fondo, de desarrollo sostenido y he visto proyectos de cooperación con créditos FAD que pueden ser muy interesantes, por ejemplo en las relaciones bilaterales con algún país, aunque no cumplen los requisitos de desarrollo sostenido. Esto ocasiona perjuicios a medio plazo y estoy segura de que hay una más alta sensibilidad en su departamento.
No me haga decir lo que no he dicho. Creo en la sociedad civil y la única observación que hacía es: todos, también los laicos. La colaboración de algunas organizaciones

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laicas con Cáritas o con Intermón es altísima. Como usted ha dicho, llegan con una razón de vocación y proyecto de vida en unos destinos que a lo mejor otros que por su opción laica les permite tener una familia y unos hijos, les cuesta más ir porque tienen otro tipo de responsabilidades familiares y es más complicado o unos desarrollan una vocación de sesenta años de vida y otros a lo mejor lo hacen sólo de veinte años, en aquella época de su juventud en la que se pueden permitir unos desplazamientos que más adelante no les resulta posible realizar.
No quiero indicar que estoy en contra de que se ayude a los del Opus, pero me preocupa que como el dinero es el que hay, si va a la derecha no va a otro sitio y al decir derecha significa si va a un lado no va al otro.
Le pido un esfuerzo --y estoy segura de que está de acuerdo conmigo--, ya que al final todos tenemos la sociedad civil organizada que podemos. De una forma u otra esto es siempre un núcleo débil en la medida que es mucho más difícil poner de acuerdo a un grupo de personas diversas que lo hace voluntariamente que a un grupo que tiene un nexo de unión, tiene un referencial al que acudir. La única cosa que le pido señor Secretario de Estado, es que sea sensible con eso y en aquellos casos en que el 20 por ciento es difícil, dé manga ancha, pero no manga ancha por hacer excepciones; sin embargo, cuando haga el balance plantéese lo que ha sido la cooperación --más tarde lo veremos en este listado que se nos ha dado--, y si se ha perdido algún proyecto, que valía la pena por esa dificultad o qué organizaciones se debilitan.
Creo que puede haber organizaciones no gubernamentales que lo mejor es que no estén --se lo digo sinceramente--, porque poco aportan por el tipo de organización que son. Estoy de acuerdo en que se exija, pero veámoslo todo en el contexto a ver qué pasa y hasta qué punto llega esa norma que comparto. Le digo más, esto a medio plazo tendrá que aumentar, no obstante, la única cosa que lamento es que al haberla aportado de buenas a primeras sin un cojín, algunas organizaciones hayan quedado estarracadas; perdone la palabra, pero ésta es la única preocupación.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate el señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): No quiero dividir la cooperación entre solteros y casados y religiosos y no religiosos; los dos creemos en la sociedad civil y estamos de acuerdo en que es participativa y plural y tiene que ser así.
No puedo romper desde la Administración el principio de la seguridad jurídica e implantar la manga ancha, un colchón, unos sí y otros no. La norma es para todos igual. No veo ningún otro criterio que el de la objetividad de la norma y de su aplicación para conseguir los principios de igualdad, de legalidad y seguridad jurídica por los que también tenemos que velar quienes nos dedicamos a la cooperación.
Creo que hemos sido muy tolerantes a la hora de aplicación de la normativa. Es una normativa muy suave y de hecho tampoco ha causado mayores perjuicios a la cooperación pues siguen presentándose multitud de proyectos, muchos más que dinero, más de los que puede financiar la cooperación española, de manera que no ha sido tan restrictiva ni tan destructiva para la cooperación.
El proceso de depuración natural de organizaciones no gubernamentales se tiene que dar y, como usted bien dice, habrá que ir a medio plazo a criterios de mayor exigencia y de financiación de los proyectos con fondos propios de las organizaciones no gubernamentales. Creo que ha sido bueno. Ya me dirá su valoración después del análisis que realice, pero creo que se ha clarificado el campo, se ha depurado y sobre todo ha hecho más no gubernamentales a las organizaciones no gubernamentales y eso siempre es bueno.


El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir la sesión por espacio de cinco minutos para despedir al señor Secretario de Estado y recibir al siguiente compareciente.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (ESPINOSA FERNANDEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS PROYECTOS EN CURSO DE COOPERACION AL DESARROLLO, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000548.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión de la Comisión con el tercer punto del orden del día: comparecencia del Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, don Luis Espinosa, para informar sobre los proyectos en curso de cooperación al desarrollo.
Al efecto tiene la palabra el señor Espinosa.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Para mí es un honor estar ante ustedes para exponerles, con la mayor brevedad posible, los principios y los proyectos en curso de la cooperación al desarrollo que este año, por designio de ustedes y tras la aprobación de los presupuestos, van a sufrir un incremento considerable de aproximadamente el 27 por ciento.
Previamente el Secretario de Estado les ha dicho a ustedes cuáles son los principios generales de la cooperación y cómo se estaban haciendo, por lo que voy a obviar toda esta parte. Sí quiero decirles que en todos los proyectos que se realizan a través de la agencia la pertenencia de

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nuestro país al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE nos obliga a una serie de cuestiones, como son los géneros donde podemos aplicar esta ayuda, qué capacidad tenemos e incluso el tanto por ciento máximo de ayuda pública que podemos dar a este proyecto. Precisamente esto ha obligado al Gobierno a introducir una serie de cambios importantes en los modos de ejecución de la política de ayuda al desarrollo, en los métodos de distribución e incluso en la definición de prioridades estratégicas y alguna línea de política de gasto, aunque siempre, eso sí, teniendo como fin la erradicación de la pobreza, que es el fin primordial de toda la política de cooperación.
Como también creo que ha dicho el Secretario de Estado, este esfuerzo económico para la erradicación de la pobreza ha de tener siempre presente que no sea incompatible, sino más bien sinérgico, con la ayuda a las propias instituciones económicas españolas, porque mal estaría que con el dinero de los españoles, que con tanto esfuerzo se recauda, se pudiesen financiar al final bienes y servicios de terceros países, sencillamente porque tuviesen una mejor presencia en el mundo de las ONG de la que hasta ahora tiene España. Lo diré de otra manera. No parece demasiado correcto que algunos proyectos educativos estén financiados por España y los mobiliarios de esos centros educativos se compren en Noruega o en Suecia sencillamente porque los centros de distribución de agencias o de ONG internacionales estén allí o porque participen esas empresas en la feria que cada año se hace en Ginebra de los suplidores de las ONG.
Nosotros hemos pensado que la sinergia con el mundo económico tiene que ser un factor importante para que los proyectos de desarrollo tengan una valoración positiva.
También tengo que decirles que no importa tanto al Comité de Ayuda al Desarrollo en este momento económico mundial la cantidad como la calidad, y nadie crea que esto es ponerse un sombrero antes de la lluvia, sino que es sencillamente constatar que ayer mismo todos los presidentes de delegación del Comité CAD, en el que tuve el honor de estar representando a nuestro país, decían que en este momento de contención lo importante es que los proyectos tengan como finalidad realmente el desarrollo, que sirvan para la finalidad que se han concebido.
Esto es lógico que sea así, porque insisto en que todo el dinero que utilizamos, bien directamente o bien a través de las ONG, es un dinero de los impuestos y, por tanto, tiene que tener esa finalidad de consenso social que esta Cámara impuso en los años 1992 y 1994. Por ello, los mínimos básicos de continuidad y estabilidad en los objetivos y directrices de la política española de cooperación son factores de congruencia con las prioridades sectoriales y territoriales, y en consecuencia Iberoamérica es el lugar donde se concentran más del 45 por ciento de nuestros programas, y dentro de Iberoamérica el área centroamericana y de los Andes está siendo priorizado este momento quizá por la especial circunstancia del abandono de la guerra como método de convivencia en centroamérica y también por las necesidades de desarrollo de esas zonas.
Otra prioridad importante o característica es el Magreb porque, como ustedes saben, es el flanco sur de nuestro país o el flanco norte de los países menos desarrollados, que someten a presiones constantes a nuestro territorio y a nuestra población. Quizás por ello esta Cámara sabiamente dijo que como mínimo debíamos hacer que el 15 por ciento de nuestra ayuda estuviese dirigida a esos países del Magreb. Indudablemente continúa siendo una característica fundamental que cumplimos escrupulosamente.
Marruecos, Túnez, Argelia y en menor medida el pueblo saharaui --y al decir en menor medida lo digo por su volumen, no por una calificación política-- están recibiendo gran parte de los proyectos de España en Africa, sin que abandonemos nuestra presencia incipiente en la región sudsahariana, y más fundamentalmente en la zona lusófona Angola y Mozambique, donde importantísimos proyectos están llevándose a cabo y donde de alguna manera los países, los Estados, los gobiernos de esos países acuden a nosotros para satisfacer algunas necesidades.
Si ustedes me permiten, les contaré como anécdota que en la entrevista que el Presidente de Mozambique tuvo con la delegación española, por cierto presidida por nuestro Presidente de Gobierno, en la FAO le hizo una petición muy concreta: envíennos libros en castellano, porque son los que van a sustituir en la educación a los libros que teníamos en el idioma de la potencia colonizadora. También es un programa que estamos haciendo; es decir, tenemos una presencia, aunque no excesiva, dentro del Africa subsahariana, en la parte de Africa lusófana.
Especial mención merece, dentro de Africa, Guinea Ecuatorial. Las razones históricas y de presencia española durante muchísimos años y el desencuentro permanente que padecemos con este país hacen que la cooperación, a pesar de ser muy importante, se lleve por cauces quizá más heterodoxos que en cualquier otro país. ¿Dónde está la heteredoxia? Pues en que fundamentalmente son las organizaciones religiosas las que tienen presencia en Guinea, las ONG no tienen presencia en Guinea Ecuatorial porque no les dejan estar y porque no pueden estar, y a través fundamentalmente de las ONG tenemos que hacer todo el desarrollo. Pero permítanme decirles que, por ejemplo en educación, más del 80 por ciento de la educación primaria de Guinea Ecuatorial en este momento se realiza por medio de organizaciones religiosas dentro de FERE y que más del 95 por ciento de la asistencia sanitaria primaria a la infancia se realiza por estas mismas organizaciones religiosas; es decir, el Estado casi no tiene presencia en estos dos ámbitos, ha sido relegado a otro ámbito, y ahí es donde nuestra cooperación se está desarrollando.
Dejando a Africa a un lado, también tenemos una relación especial con Filipinas, por razones obvias, razones históricas y también de una serie de lazos más importantes que los momentos políticos determinados. En fin, la agencia tiene programas y proyectos en casi todas las partes del mundo, menos donde todavía el PACI no ha desarrollado su terreno de acción, como puede ser el centro de Europa.
También tenemos que decir que los programas y las acciones se desarrollan de tres maneras absolutamente diferentes. La primera, que dividiremos en dos grupos, los programas gubernamentales hechos a través de la agencia, bien directamente por ella o bien a través de organismos

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multinacionales, y después lo realizado por organizaciones no gubernamentales a las que se ha puesto una serie de compromisos para hacer programas. Me gustaría señalar que la agencia española no subvenciona nunca ONG, subvenciona programas de desarrollo económico y social que presentan las ONG, las cuales tienen en las convocatorias ordinaria y extraordinaria capacidad para presentar este tipo de proyectos.
La Agencia Española de Cooperación tuvo un incremento importantísimo del presupuesto, pasando a tener en este año 26.168 millones de pesetas para acción directa, con un incremento del 37 por ciento respecto al ejercicio anterior. Al día de hoy, tenemos comprometida la cantidad de 9.213 millones, es decir, el 35,18 por ciento y nos queda el resto para utilizarlo a lo largo del año. Si quitamos el capítulo de personal, que es obligado, de los 23.000 millones que tenemos para acciones, hemos gastado 8.500 millones, es decir el 35,82 por ciento. ¿En qué proyectos? Si tuviese que leerles proyecto por proyecto, necesitaríamos bastante tiempo. Sus señorías pueden tenerlo cuando lo deseen, porque además de que se publican cada tres meses en el «Boletín Oficial del Estado» todos y cada uno de los proyectos que subvenciona la agencia a través de su convocatoria abierta y permanente, también las de los ONG alcanzan su refrendo y son distribuidas a SS. SS. Si alguien desea cualquiera de ellos, inmediatamente podríamos darle todo lo que corresponde a la agencia.
Lo que estamos haciendo a través de la agencia o bien por la ayuda con los organismos multilaterales, son una serie de acciones de reforzamiento institucional, una lucha contra la inestabilidad socioeconómica y también una serie de proyectos para el mayor desarrollo empresarial y para el mejor desarrollo cultural. Estos son los proyectos fundamentales en los que la agencia está directamente comprometida. ¿Alguno de ellos? Por ejemplo, la erradicación del trabajo infantil en toda Sudamérica es un proyecto en el que la agencia ha comprometido doce millones de dólares y que realiza por medio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Es un programa importante y espera que al final del mismo en los países del área andina y en Brasil, que son los países donde se está realizando este proyecto, la edad mínima de acceso al trabajo pase a los 16 años y que, de alguna forma, haya compromisos claros de las administraciones respectivas para implantar legislaciones por las cuales la mendicidad, la explotación, etcétera, queden terminantemente prohibidas y haya una base legal para poder actuar cuando esto no suceda.
¿Otros temas? Tenemos una serie de asistencias importantísimas en el área de creación de escuelas diplomáticas, de creación de escuelas de inspecciones de trabajo, de reformas fiscales, de reformas aduaneras y de reformas de los sistemas educativos. Permítanme darles una pincelada. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos ya 18 grupos escolares España, grupos escolares que se han hecho con la cooperación española con los fondos de contravalor. Es un verdadero gusto, por lo menos para mí llegar a esos centros y, además de llamarse España, ver que día a día, todos los días del año, ondea la bandera española junto a la bandera de Costa Rica, como demostración de que allí la solidaridad española ha hecho posible primero la edificación de la escuela y, segundo, la escolarización de los niños y niñas que si no posiblemente serían carne de marginación.
¿Qué otros temas hacemos? Los temas sanitarios también son importantes.
Antes he oído un nombre y voy a decirlo, que es la Fundación Clinc.
Estamos orgullosísimos de hacer con ellos un proyecto de erradicación de la malaria, según la vacuna del doctor Patarroyo. Hemos empleado 400 millones de pesetas en este programa habiendo conseguido algo fundamental e importantísimo y es que en las zonas de Tanzania y Mozambique, donde se está haciendo la aplicación, haya descendido el 22 por ciento la mortalidad de los niños menores de cinco años. Sólo con esto, sea o no eficaz la vacuna del doctor Patarroyo, en lo que no entro porque no soy médico ni quiero serlo, solamente con esto estaría más que justificado el empleo de este dinero. Entre otras cosas se han separado las aguas limpias o de beber de las aguas sucias o de defecación, lo cual es un gran avance y porque se han creado unos, parece, hospitales y digo que parece hospitales porque son grandes salas, divididas con cañizos y con unas mantas en el suelo que hacen de camas, pero eso es infinitamente mejor de lo que se tenía antes. Es un proyecto sanitario que ha dado un gran campanazo en aquella zona de la Africa subsahariana. Déjenme poner otro ejemplo completamente diferente. La creación de los depósitos fríos estancos en todo centroamérica para el tratamiento de las vacunas que se echaban a perder por la falta de una cadena de frío. Hemos creado cada equis kilómetros --no recuerdo cuántos son pero lo podría ver si a alguien le interesa--, unos elementos estables en donde hay unas cámaras que por medio de generación solar, donde se puede, y donde no por medio de generador de gas-oil o gasolina, mantienen en frío las vacunas hasta que éstas pueden ser distribuidas y puestas en la población que lo necesita. De esta manera dice el Ministerio panameño de Sanidad se ha conseguido la erradicación de dos o tres enfermedades, pero me van a perdonar que no diga cuáles son. Si alguien quiere conocerlas lo miro, porque, insisto, no lo sé.
A través del PNUD, que como saben es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos una serie de proyectos para capacitación de jueces, magistrados y fiscales. Ya saben que la seguridad jurídica en Iberoamérica es uno de los puntos esenciales. Si se consigue que haya una seguridad jurídica de verdad, quizá empezaremos a conseguir una sociedad democrática estable. Así lo vieron Naciones Unidas y así hizo la recomendación. Se creó un fondo fiduciario para el cual España puso 140 millones de pesetas, en el que participan de forma muy bien valorada jueces, fiscales y el propio Consejo General del Poder Judicial de nuestro país.
Otro tema que nos preocupa muchísimo en el norte de Africa es la formación del personal para evitar que la falta de perspectivas haga que se produzca el cruce del Mediterráneo. Por eso les decía que, por ejemplo, tenemos cantidad de programas de formación profesional en Túnez, en Marruecos y en Argelia lo que nos dejan, porque ya saben los problemas que estamos teniendo.


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De la cooperación cultural ¿qué les diría? La agencia mantiene en todos los países 17 centros culturales que son un foco de irradiación de la cultura española, a la vez que un foco de incitación a la creación cultural de los países donde está. La artesanía se está potenciando, las bellas artes indígenas también se están potenciando, se crean unas bibliotecas que son foco de atracción para todas las capas interesadas, entre comillas, de sus países, desde el estudiante hasta el intelectual.
Estamos en esa presencia constante y continua y queremos continuar estando.
Finalmente, excepto que SS. SS. quieran saber alguna cuestión más, deseo hablarles de otras tres cosas que hace la agencia, que son la ayuda alimentaria, la ayuda de emergencia y el programa de becas. La ayuda alimentaria se da a aquellos países que tienen mala distribución alimentaria o una deficiencia alimentaria, países que normalmente están en el área americana, excepto la población saharaui y la población de territorios palestinos. Por ejemplo, para este año, Nicaragua tiene 200 millones de pesetas de ayuda alimentaria; Honduras, 75; la República Dominicana, 100; Perú, 75; Cuba, 150; Haití, 100; Mozambique y Egipto, 75; Mauritania, 150; los saharauis, 150 y los territorios palestinos 100 y, además, España da una ayuda de 250 millones para la reserva alimentaria internacional, que está prevista en el convenio que suscribimos con la FAO para 1997. Normalmente, en los países donde se puede, la ayuda alimentaria la hacemos por vía de fondos de contrapartida. Quiere decirse que, llegada la ayuda alimentaria española, ésta se vende a los precios de aquel mercado y con ese dinero se constituye un fondo mixto y, poniéndonos de acuerdo con el órgano de cooperación del país al que se envía, se crean programas de desarrollo.
Por ejemplo, en Perú se han llevado a cabo 32 proyectos de electrificación rural que son realmente increíbles; también se ha desarrollado un programa de camionetas para municipios del altiplano, que ven bastante imposibilitada su comunicación, y con esta forma de transporte se puede hacer, porque no hay una línea rentable, entre comillas, que pueda realizarla. Se han hecho otras muchísimas cosas: edificios, casas de cooperativas, etcétera. Donde no se puede conseguir este fondo de contrapartida porque no existe la base o la capacidad suficiente, lo que se hace es sencillamente dar el alimento, procurando que llegue a su destinatario. Para eso normalmente confiamos en los gobiernos, excepto cuando los gobiernos nos han demostrado que no se puede confiar en ellos, y en ese caso hacemos la distribución por medio de las ONG o a través de nuestra embajada. La ayuda alimentaria viene siendo una tradición de la cooperación española y vamos a continuar haciéndola porque ha demostrado su bondad y su necesariedad.
En cuanto a la ayuda de emergencia les diré que es un capítulo que tenemos reservado para cuando se produce una catástrofe o algo por el estilo en cualquier país más o menos amigo y que requiera nuestra ayuda.
Esto ha pasado en Cuba con el huracán Lili, en Ecuador recientemente con las graves inundaciones de la zona costera, en Mauritania a causa de una gran tormenta que ha secado la mitad de la cosecha de cereales que tenían para poder alimentarse y sucede de forma imprevisible. Les puedo decir lo que hemos mandado este año, pero yo creo que es más interesante quedarse con el concepto de que es un fondo que tenemos ahí para cuando sucede una catástrofe inesperada e imprevista, ante la cual el Gobierno que sea solicita la solidaridad internacional y nosotros acudimos con una cantidad de dinero que decide nuestro Gobierno.
Y, finalmente, pasaré a hablar de las becas, que es un programa fundamental en la cooperación española. Yo creo que la gran mayoría de la inteligencia, entre comillas, iberoamericana se ha formado en España y esto permite cada día realzar los vínculos que tenemos de dos sociedades que quieren entenderse e ir por el mismo camino. Nosotros en el año 1996 hemos gastado 2.644 millones en becas y para el año 1997 está previsto gastar 2.818 millones, de los que Iberoamérica se llevaría la parte del león, como es lógico, el cuarenta y tantos por ciento, 1.121 millones, más 16 millones. Luego tenemos también el mundo árabe, que se lleva 500 millones; los africanos y asiáticos, que se llevan 400 millones, y el programa de lectores de español, que consiste en que enviamos profesores fundamentalmente a las universidades del mundo africano y asiático, que se lleva 75 millones de pesetas. Insisto en que si alguien quiere tener algún detalle más de la distribución por países, la estadística la tienen a su entera disposición. A través de la convocatoria abierta y permanente que tiene la agencia, que cada 15 días reúne una comisión para otorgarlas, hasta este momento se han dado 850 millones de pesetas de ayudas para realizar proyectos particulares por medio de esta convocatoria. ¿Cuáles han sido? Han sido muy variados. Por ejemplo, al Instituto Español de Oceanografía se le han dado tres millones de pesetas para realizar un estudio en colaboración con Argelia, Túnez y Marruecos sobre unas algas comestibles en el norte del Mediterráneo; está el Puente Familiar con Cuba, que ha tenido un importe de 11 millones de pesetas de ayuda para enviar alimentos de primera necesidad a las familias que han quedado en aquel país y no pueden alimentarse demasiado bien; o la Fundación para la educación en televisión, en Panamá, Canal 5, que ha tenido un presupuesto de 31 millones de pesetas para desarrollar programas educativos, fundamentalmente de castellano; o el Centro Cultural de España en Miami, que ha tenido una subvención de 18 millones de pesetas para ayudar a su presencia, etcétera. Me van a permitir que no continúe, insistiendo en que los datos, por supuesto, están a su disposición.
Concluida esta parte les doy las gracias por la atención y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran formularme.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Secretario General por su comparecencia y su explicación.
Usted ha informado con carácter global de que el 45 por ciento de estas ayudas va a programas en Latinoamérica. Por contra, por ejemplo, yo no sé qué proporción va al Magreb. Usted ha dicho que era una segunda zona importante

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de su acción, pero tendríamos que ver cuánto se destina a la misma.
En programas de formación ha hablado usted de Túnez y se ha referido también a Argelia. Uno de los grandes problemas de Argelia ha sido precisamente la gran frustración de la sociedad argelina, porque el nivel de formación es altísimo y la salidas, imposibles. Uno de los elementos de radicalización de la situación en Argelia viene dado porque su nivel de formación es uno de los más altos del Magreb. Esto crea una gran frustración, porque gente que a nivel universitario o a nivel de carreras técnicas ha tenido una alta formación, luego no tiene salidas. Ese socialismo del Frente de Liberación Nacional no ha creado las posibilidades para canalizar esa formación y, justamente, esta gran frustración ha conducido a que unas élites altamente formadas se hayan encuadrado en el FIS. Este es uno de los grandes problemas. A mí me gustaría conocer más datos y si no dispone hoy de ellos, ya nos los dará en otro momento.
En cuanto a los programas de servicios sociales básicos, uno de los acuerdos de Beijing, de la IV Cumbre de la Mujer, indicaba que precisamente la ayuda a la cooperación, canalizada en programas que gestionan las mujeres, tenía dos ventajas importantes, una que rendía más a nivel de territorio; otra, que iba más directamente a los más desfavorecidos como eran los niños y los ancianos, y luego incluso había una tercera consecuencia, que era que incidía en un elemento básico en esas sociedades en cuanto a que proporcionaba alimento de forma más directa y además capacitaba a las mujeres, sobre las que en los países del Tercer Mundo descansan al final las responsabilidades básicas de la familia y todos los temas de control de población, etcétera. Por tanto, me gustaría saber, sobre este volumen de ayudas, qué porcentajes inciden en la gestión directa por parte de comunidades femeninas.
Usted ha citado algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, los 400 millones de pesetas a la Fundación Clinic para la vacuna del doctor Patarroyo, me parecen estupendos, como lo que se ha dado al Instituto Español de Oceanografía para el estudio de algas comestibles. Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que a lo mejor éstos son otros capítulos. Yo no digo que sean I+D. A mí no me parece mal que la subvención a la Fundación Clinic esté en su departamento, pero quizás estos 400 millones de pesetas tenían que haber sido un dinero extra en su presupuesto; no digo que no se lo dé a la Fundación Clinic, ni que no haga usted el estudio oceanográfico de las algas comestibles, pero a lo mejor el estudio oceanográfico de las algas comestibles es un programa de I+D y si lo llevamos directamente a la agencia, a lo mejor lo que tenemos que hacer es subir las aportaciones. Nosotros ahora no tenemos los datos del año 1996 relativos al perfil de distribución en relación al producto nacional bruto, pero sí tenemos los del año 1995 y estábamos en el 0,28.
Por las informaciones que tenemos, está bajando. Claro, no baja si vamos metiendo otras cosas, pero baja si analizamos los conceptos, es decir, si ponemos los 400 millones de pesetas aquí --y estaba en otras partidas-- el conjunto baja. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener es acercarnos a este 0,7 por ciento. En este sentido, creo que la iniciativa del Grupo Popular es muy adecuada, es decir, vamos a ver cómo nos acercamos, pero, insisto, no poniéndolo todo, porque si es así, igual podemos llegar al 0,30 por ciento. En todo caso, yo creo que lo que hay que ver es la proporción y me parce estupendo que lo pongamos todo. En ese sentido debo adelantarle que hace dos o tres días hemos recibido ese listado que usted nos indicaba y lo tenemos que examinar para luego poder preguntar sobre las conclusiones a las que hayamos llegado. A título indicativo yo hice una serie de preguntas en relación a la cooperación, en Latinoamérica y en otras zonas y he recibido respuesta escrita, pero no la he recibido con respecto a Filipinas, y me gustaría tenerla porque puede pasar que en Filipinas no todos los proyectos de cooperación, sin duda necesarios, sean estrictamente de cooperación según los conceptos que estamos definiendo en esta Comisión. Estarán bien o estarán mal, eso ya se verá, pero es importante que no estemos diciendo que estamos dando esta ayuda si nos situamos en unos porcentajes tan bajos; si lo metemos todo, tendríamos que estar por lo menos en el 0,7 por ciento, y si estamos tan bajitos, no podemos estar alimentando de una forma, no digo falsa pero sí errónea, lo que son realmente proyectos de cooperación.
En mi intervención con motivo de la comparecencia del señor Secretario de Estado quizás haya utilizado erróneamente la expresión manga ancha, pero hay una cosa que es verdad y quiero saber su opinión. Cuando ustedes piden un 20 por ciento de ayuda privada para los programas, sabe que la Comunidad Europea está exigiendo el 15 por ciento. (El señor Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Espinosa Fernández. Es el 50 por ciento.) Bueno, por lo menos era el 15 por ciento, rectifico, pero según las informaciones que yo tengo la Dirección General de Relaciones con las ONG, hace exactamente unos poquísimos meses, exigía un 15 por ciento. Si ha cambiado algo en los dos o tres últimos meses, yo rectificaré, pero hace poquísimos meses en esa dirección general se exigía que los recursos de la propia ONG fueran del 15 por ciento. Tampoco se decía si estos recursos propios tenían que ser públicos o privados. Este es el matiz que yo quería introducir. Yo defiendo la seguridad jurídica en torno a las ONG y no quiero excepciones. Lo único que sí me gustaría es que el Secretario General de la Agencia nos dijera cómo se han podido traducir estos criterios a la hora de la verdad en relación a algunos proyectos. A lo mejor han funcionado de maravilla, pero por eso se lo pregunto.
Estoy de acuerdo en que la cooperación es un tema que estabiliza a la sociedad y comparto su criterio, que creo que lo ha expresado, en relación a Latinoamérica, de que una sociedad se estabiliza también en la medida en que económicamente se le pueda favorecer y pueda desarrollarse.
En este sentido creo que hoy los grandes problemas de la inseguridad no vienen sólo del tráfico de armamento ni de los armamentos nucleares y convencionales, sino de la pobreza que hoy por hoy es un gran foco de inseguridad en Latinoamérica, en el Magreb, en el Africa subsahariana y en algunos países del Asia. ¿Por qué? Porque no hay nada más desesperante que la gente que no puede alimentarse

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a sí misma ni a su familia. Esto está claro y por tanto me parecen adecuados los proyectos de ayuda alimentaria que usted nos ha indicado.
Insisto en que me gustaría que usted me dijera cuál es la proporción en el caso del Magreb, porque en un fondo como éste no vamos a quitar a los latinoamericanos para dárselo a los magrebíes. A mí lo que me gustaría es que aumentaran el fondo para darles un poquito más a los magrebíes. Estoy de acuerdo con usted en que ahí tenemos un cinturón de pobreza que rodea al continente europeo, en el que están Marruecos, Túnez, Egipto, y en el caso de Argelia se agrava por la escisión dentro de la sociedad, con el enfrentamiento civil armado que conlleva una descomposición total y una impunidad por parte de unos grupos que asesinan a la población civil, sobre todo a mujeres, de una forma absolutamente espeluznante. Por tanto, la posición de mi grupo es tratar de acercarnos más hasta el 0,7 por ciento para intentar hacer algún proyecto más en esas zonas, porque estoy de acuerdo con usted en que es una zona que tiene que ser absolutamente prioritaria para nuestro país y que lo es dentro de las prioridades de la Comunidad. La Comunidad de una forma u otra nos mira en este campo.
Fíjese, por ejemplo, en Italia, que en algunas cosas va incluso por delante de nosotros, siendo como es un país que al parecer tiene enormes dificultades para alcanzar el ingreso en la moneda única. Por delante tenemos a Bélgica, Alemania, los Países Bajos y a Francia. Ya no hablo de Noruega, Dinamarca y Suecia, que están a años luz y no pretendo que nos comparemos. Creo que nuestra posición de país medio en contribución dentro de la consideración internacional todavía no se corresponde con lo que nosotros damos para la ayuda de cooperación, y nos correspondería ocupar un lugar bastante más alto.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quiero agradecer en primer lugar de manera muy especial la presencia del Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, don Luis Espinosa, porque, señorías, la intención del Grupo Parlamentario Popular al plantear esta comparecencia no ha sido la de asetear al Secretario General de la Agencia con preguntas concretas, como él muy bien ha dicho, sobre proyectos de cooperación específicos, puesto que están a disposición de todos los grupos parlamentarios y de toda la opinión pública a través del «Boletín Oficial del Estado», sino la de hacer realidad el compromiso del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario para que la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo sea un instrumento eficaz de control parlamentario sobre los proyectos y programas de cooperación y además también de iniciativa parlamentaria en este sentido.
Recogemos, señor Secretario General, los datos globales que nos ha dado con satisfacción y con optimismo, y al mismo tiempo con agradecimiento, porque el hecho de que la Agencia Española de Cooperación Internacional en estos momentos tenga comprometido y gestionado un 35 por ciento de su presupuesto en ayuda directa al desarrollo es un dato no habitual, lo cual quiere decir --y, por lo tanto, queremos que quede constancia pública de nuestro agradecimiento-- que se está trabajando con eficacia y que se están cumpliendo los objetivos presupuestarios.
Esto es de extraordinaria importancia, porque cuando no se cumplen los presupuestos, llegan los finales de año y la Administración se revoluciona a sí misma y los criterios, en principio objetivos, de eficacia en la cooperación --en cualquier tipo de política, pero más en este caso-- se pierde un poco por la necesidad de cubrir el expediente de decir que se ha empleado el presupuesto en tales partidas y podemos dar un balance equilibrado o positivo de nuestra gestión. En este caso el hecho de que la Agencia Española de Cooperación Internacional tenga comprometido más del tercio de su presupuesto indica que nuestro programa, el programa del Gobierno sobre temas de cooperación al desarrollo se está cumpliendo con criterios de eficacia.
No tengo nada que decir, señor Secretario General de la agencia, sobre las prioridades geográficas que usted ha señalado, puesto que en definitiva son las que han emanado de estas Cortes y sobre las que existe un amplísimo consenso parlamentario y social. Pensamos que, como ha dicho usted, el objetivo de la cooperación es la erradicación de la pobreza y por ello saludamos con satisfacción la importancia especial que ha dado a los programas de cooperación para la erradicación del trabajo infantil en Iberoamérica. Lo consideramos fundamental y está muy de acuerdo también con el mandato de las Cortes. No en vano hace pocos meses aprobamos por unanimidad una proposición no de ley sobre comercio justo y solidario donde uno de sus argumentos fundamentales era éste, la erradicación del trabajo infantil y, por tanto, de la explotación de la infancia. Le pedíamos al Gobierno --y recibimos con satisfacción sus datos-- que incorporara activamente las políticas de comercio justo y solidario en sus objetivos de cooperación. Felicitamos al Secretario General por esta iniciativa que consideramos muy relevante.
Es importante que la Comisión conozca las prioridades sectoriales de la cooperación, que son extraordinarias, en función de las obligaciones de España en sus acuerdos internacionales, en función de lo que se ha demostrado como bueno en política de cooperación y ayuda al desarrollo.
Consecuentemente, si el Secretario General de la agencia quisiera ampliar en términos globales cuál es el monto total de los proyectos de cooperación según las prioridades sectoriales que se consideran en este momento más importantes, se lo agradeceríamos mucho.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra para contestar a los grupos parlamentarios.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Antes de nada quiero decirles que en cuanto a la distribución geográfica de la ayuda, la agencia está condicionada por el acuerdo unánime de la Cámaras de 1992, que estableció la obligatoriedad de esta distribución poniendo unos mínimos, que le recuerdo

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que eran de un 45 por ciento para Iberoamérica, un 25 por ciento para el Magreb y el resto para zonas fuera de estas enunciadas. Eso es lo que hemos cumplido y lo que estamos cumpliendo, porque lógicamente una norma aunque no tenga carácter de ley, pero que ha sido aprobada además por unanimidad por quienes representan al pueblo español, es para nosotros absolutamente obligatoria y la seguimos con lupa, lo cual no significa, porque no podría ser, que en cada uno de los dieciocho grupos de programas que lleva la agencia tenga que establecerse ese 45 y ese 25 por ciento, porque consideremos la ayuda de emergencia, por ejemplo.
Imaginemos que, a Dios gracias, en el norte de Africa no sucede ninguna catástrofe ni calamidad a lo largo de un año. Pues lógicamente no dedicamos ni una peseta de ayuda de emergencia al norte de Africa.
Piensen ahora que en un año hay no una sino cuarenta y siete calamidades.
Pues a lo mejor a la ayuda de emergencia dedicamos bastante más del 25 por ciento. No obstante, en el monto global de los 195.000 millones de pesetas que el Estado ha distribuido este último año para la cooperación internacional, aproximadamente se cumple ese 25 por ciento, que va para las zonas del Magreb que son absolutamente sensibles.
Me gustaría no olvidar nada de lo que me ha preguntado la dignísima representante del Partido Socialista. Empecemos por la formación. Es uno de los capítulos esenciales de toda cooperación al desarrollo. Ya sabe usted que ha sido definida por el Cedefop, que es la Agencia de la Comunidad para la Formación, como arma estratégica para lo que queda de esta década, pensando que si no se da un nivel de formación adecuado, cualquier otra cosa no podrá ser bien hecha a partir del año 2000.
Me ha puesto el ejemplo de Argelia y estoy bastante de acuerdo con usted, pero me va a permitir una pequeña acotación: el problema de Argelia es que hubo una titulitis totalmente ajena a la realidad económica del país.
No se puede tener 300.000 ingenieros nucleares --y es un ejemplo, no una realidad-- cuando no se tiene ni una sola central de tratamiento nuclear.
No se puede tener --y esto ya sí es un dato real-- una facultad de ingeniería de ferrocarriles cuando no hay ni 1.500 kilómetros de vía, entre otras cosas porque no hay posibilidad de sacarlos. Sin embargo, Argelia necesita como todo el norte de Africa una ayuda esencial en formación profesional de choque en las habilidades más esenciales. Uno de los graves problemas de Argelia en este momento es el parque automovilístico, por la falta e incapacidad de talleres de reparación.
Este hecho, que podríamos trasplantar a otras muchas áreas, nos lleva a que la política de cooperación en la formación básica y en la formación profesional que está desarrollando nuestro país es acertada y nos ha sido reconocida por los gobiernos de Marruecos y nos ha sido solicitada repetidamente por el Gobierno de Túnez, cuyo presidente, con ocasión de la visita a nuestro país, reiteró la gran necesidad de que España incrementase su esfuerzo si podía para poder tener una formación profesional mejor.
Me decía usted que no sabe cuánto se ha dado para la promoción de los servicios sociales básicos. No hay un rubro de servicios sociales básicos. Como usted sabe perfectamente, el CAD divide en dieciocho los sectores de ayuda al desarrollo, que si quiere se los digo: fortalecimiento institucional; agricultura; infraestructura, energía y comunicaciones; desarrollo estratégico urbano; agua potable, asentamientos urbanos y su saneamiento; comercio, banca y turismo; industrias manufactureras, extractivas, construcción y equipamientos industriales básicos; artesanía; desarrollo empresarial y economía social; cohesión social, servicios comunitarios y población; sanidad, educación y formación; ciencia y tecnología; medio ambiente; programa de investigación, difusión o sensibilización y, finalmente, un gran capítulo que es «otros», donde se incluye lo que se haya podido quedar fuera de los diecisiete primeros. Sin embargo, no hay ningún programa que sea servicios sociales básicos; por tanto, lamentablemente, no puedo darle a usted una cantidad determinada. Sí puedo decirle que si por servicios sociales básicos, por ejemplo, entendiésemos infraestructuras, le diría que en este capítulo hemos gastado para el año 1996 4.700 millones; en lo que va de año llevamos 2.798 millones de pesetas y muy posiblemente lleguemos a final de año aproximadamente a los 5.000. En desarrollo estratégico urbano, que supongo que estará dentro de esos servicios sociales --no lo sé--, nos hemos gastado 5.151 millones de pesetas. En agua potable, asentamientos urbanos, etcétera, hemos gastado 3.998 millones de pesetas. Creo que en un país con necesidades de desarrollo económico y social todo lo que contribuya a una mejor preparación de la sociedad marginada, de los grupos sociales más vulnerables constituye un servicio social básico.
Usted ha mencionado la Conferencia de Beijing. Indudablemente en ella se hicieron una serie de recomendaciones, recomendaciones que no han sido trasladadas en forma compulsiva, ni tan siquiera como recomendación, a los órganos del CAD. El tema mujer no aparece como un capítulo dentro de él, quizá porque han pensado que además de los 18 grupos incluir los de mujer, jóvenes, etcétera, crearía tal dispersión que impediría realizar una estadística concreta. Sin embargo, la agencia ha detectado que hay determinadas áreas donde la mujer tiene un papel fundamental. Como usted muy bien ha dicho, en algunas sociedades iberoamericanas la mujer se constituye en cabeza de familia en muchas más ocasiones que el varón y, por ello, sí tenemos una serie de programas dedicados especialmente a la mujer. Por ejemplo, en Costa Rica hemos creado unas oficinas municipales de formación activa de los derechos de la mujer que funcionan bastante bien. En Nicaragua hemos creado unas comisarías de policía especiales para evitar el maltrato a la mujer, que allí era uno de los elementos más nefastos de la convivencia. En Perú hemos creado unas cocinas llevadas por mujeres. Estas cocinas están siendo de una gran eficacia para contribuir a erradicar la marginalidad de ese tipo de familias. Pero tampoco tengo ninguna estadística de cuánto sumarían todos los programas específicos de mujer que se han hecho. Ha habido algunos. Sin embargo, hay otros que han sido excesivos. Me gustaría recordar, por ejemplo, que en Machu Pichu se hicieron 16 programas exactamente iguales en el transcurso de dos años sobre la formación sexual de la mujer

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indígena de esa zona. Indudablemente, todas las mujeres indígenas de allí deberían ser las más expertas del mundo respecto a la formación sexual, cosa que lamentablemente no es cierta.
Su señoría dice que le preocupa la disminución del ratio ayuda al desarrollo respecto al PIB del año 1995. Es verdad. Es una preocupación que no sólo tiene usted sino creo que todos los que estamos en este ámbito de cooperación. Permítame corregirle un dato. En el año 1995 fue del 0,27, no del 0,28. No es que tenga mayor importancia, pero el CAD que nos dio la OCDE fue del 0,27.
Los presupuestos del año 1996 --que, como usted recordará, gestionamos en parte pero no presentó ni realizó el actual equipo de Gobierno-- hizo disminuir del 0,26 al 0,23 nuestra aportación respecto al PIB. Se pasó del 0,26 al 0,23. ¿Por qué disminuyó? Por varios motivos. Porque el día 1 de mayo de 1996 se había gestionado el 8 por ciento de la ayuda de todo el año. También ha disminuido porque la utilización de las técnicas financieras de los FAD ha dejado 30.000 millones sin utilizar, si mal no recuerdo, lo que ha hecho disminuir la cifra. Sin embargo, tengo que decirle que en porcentaje bruto, no en porcentaje del PIB, sino global, la cooperación española ha sido mayor que la de los años 1995 y 1996.
¿Qué va a pasar ahora? La verdad es que en este año no lo sé. Ayer finalizaban las evaluaciones en el seno del CAD de París; cuando vengan las estudiaremos, las analizaremos y diremos lo que nos parecen.
En cuanto al 0,7, si S. S. me permite, me gustaría más que hablásemos del 1 por ciento, porque ésa es la recomendación de las Naciones Unidas. Nos solemos acordar solamente de la primera parte de esa recomendación. Esta dice que los países desarrollados deberían emplear el 1 por ciento de su producto nacional bruto en ayuda al desarrollo; el 0,7 de esa ayuda debería ser coordinado por los poderes públicos y el 0,3 debería ser la aportación de la sociedad civil no gubernamental, no pública, no derivada de impuestos. Pues bien, si comparamos en 1995, último año del que tenemos datos, lo que ha hecho la aportación pública respecto a su 0,7 con lo que ha hecho la aportación privada respecto a su 0,3 nos encontramos con que el sector público va bastante por delante del privado en esa solidaridad institucional con los países en vías de desarrollo.
Convendría no olvidarlo por una razón fundamental, porque en las cuestiones de solidaridad, si el Gobierno va por delante, puede retraer a los particulares, que podrían pensar: si ya lo da el Gobierno, ¿para qué tengo que darlo yo? Y se olvidan de que el concepto de solidaridad es más amplio que el gubernamental.
¿Estamos en la media? Sí. De los 21 países de la OCDE que han entregado sus datos al CAD estamos justo a la mitad. Hay tantos países que dan más que nosotros como que dan menos. Le aseguro que entre estos últimos hay países tan importantes y representativos como Estados Unidos, Japón y otros muchos. Y hay países que siendo más pequeños que nosotros dan más que nosotros en porcentaje de su PIB, como es el caso de Luxemburgo, Noruega o de Holanda. Pero déjeme decir también que quizá en cuanto a Holanda tendríamos que hacer una pequeña salvedad, porque si nosotros contabilizásemos como lo hace Holanda quizá subiríamos bastantes décimas nuestra ayuda al desarrollo, porque también en la contabilidad hay que establecer determinadas diferencias.
Ha mencionado la aportación de las ONG a los proyectos de desarrollo. La Comunidad Europea establece que sus fondos nunca serán superiores al 50 por ciento, bajo ningún concepto, excepto en los programas de distribución de ayuda alimentaria y emergencia, cuya aportación llega al 95 por ciento. Por ejemplo, si se piensa repartir leche a los niños de Irak, se hace una especie de concurso entre las ONG que tienen presencia allí y se les da ese dinero. En el Decreto del 28 de julio --permítame que le corrija la fecha-- lo que se dice es que la cooperación española podrá dar hasta el cien por cien cuando sea necesario, pero no menciona rígidamente el 80 por ciento. De hecho ha habido proyectos que por su especial incidencia han tenido una aportación mayor que ese 80 por ciento. Y el 20 por ciento restante tiene que salir de donde sea. Las ONG, que son organizaciones implicadas y nacidas de la sociedad civil, han de tener la base suficiente para poder recurrir a ella para establecer una parte de sus proyectos.
Finalmente, ¿acciones como la erradicación de la malaria o el alga alimentaria son o no ayuda al desarrollo? Sí en los términos internacionales; absolutamente en los términos que establece la OCDE. Si nosotros queremos hacer otra división, y tenemos capacidad para ello, diremos sí o no, pero mientras el Gobierno español y las Cortes, como hasta este momento al menos, sigan aceptando la distribución de los 18 sectores que ha diseñado el CAD de la OCDE, indudablemente estas acciones entrarán total y absolutamente dentro de ayuda al desarrollo, y no por ello disminuye la cantidad de dinero. Por ejemplo el Gobierno anterior, basándose en la mayoría parlamentaria que su grupo le otorgaba, tenía un programa sanitario en Cuba tremendamente más amplio que el de la Fundación Clinic de erradicación de la malaria, y no por eso dejaba de ser un fondo de CAD. Exactamente igual, era un fondo CAD de los previstos por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Por cierto, como pude ver personalmente lo que hace la Fundación Clinic en Mozambique, tengo que deciles que es un orgullo para todos los españoles que pensamos que la cooperación sirve para algo lo que está haciendo esta fundación en esta zona de Africa.
No puedo por menos que coincidir con usted, señor portavoz del Partido Popular: la erradicación de la pobreza es el hito fundamental que preocupa a la agencia como brazo ejecutor de la política gubernamental de desarrollo. El comercio justo y solidario es el enfoque prioritario para esta etapa que viene, como no puede ser de otra manera. De nada sirve que hagamos que un país sepa producir y desarrollar si luego no puede vender y comerciar con sus productos porque tiene que entrar en cadenas más o menos monopolizadas que le impiden obtener el justo beneficio de su trabajo, y por tanto éste es un tema de enfoque prioritario para la agencia.
Finalmente, hemos hecho 18 proyectos. Si me lo permitiera el Presidente, yo pongo a su disposición todo este mamotreto de estadísticas de los 18 sectores en vez de leérselo

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y contárselo, para que, si el Presidente lo tiene a bien, lo distribuya entre SS. SS.; quizá sea lo más claro, lo más explícito y lo mejor, excepto que ustedes quieran cualquier otra cosa, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Quiero puntualizar un par de cosas. En primer lugar, es natural que el porcentaje de la cooperación aumente si aumenta el PIB, porque si no aumentara en términos absolutos significaría que lo que estamos haciendo no es aumentar, sino restar. Me parece absurdo porque esto ya lo sabemos todos; es decir, si el PIB aumenta en un punto se supone que en un punto respecto a la proporción tendrá que aumentar la ayuda al desarrollo, luego esto está sobrado y aquí nos entendemos todos perfectamente.
Yo no voy a entrar en decir quién es el bueno y el malo de las ONG; todas son buenas: Patarroyo, la oceanografía, todas, yo no voy a entrar en este trapo, señor Secretario General de la Agencia, porque me parece absurdo.
Yo he preguntado cuántos temas de investigación y desarrollo se ponen en la cooperación, cosa que me parece estupenda, pero espero que en la cooperación no pongan el armamento ya que el asunto tendría grandes proporciones, porque algunos países esto lo entienden como cooperación.
Lo único que le digo es que esas partidas --que son todas bienvenidas, y más si hubiera-- pueden hacernos creer que crecemos falsamente respecto a unos datos que teníamos, nada más. Es como el tema del empleo: si todas las mujeres antes no nos dábamos de alta en las agencias de contratación y ahora sí, naturalmente aumenta el paro. Si algunas no tenían expectativas de trabajo, no aumenta. Con esto sucede un poco lo mismo, o sea que yo creo que nos entendemos, usted explica estupendamente, no me haga decir lo que yo no digo.
Argelia. Estoy de acuerdo con usted. Desde luego, en el mundo de los antiguos países de la órbita de la Unión Soviética lo que sobran son ingenieros nucleares a punta de pala, y por 70.000 pesetas puede poner usted a uno en la nómina que le hace una pequeña bomba para que la guarde en el armario, que supongo que no está en su intención, pero es así. En Novosibirsk, que era la capital del armamento, hay cantidad de ingenieros nucleares que trabajan lunes, miércoles y viernes, unos, y martes, jueves y sábados, otros, y no sé lo que hacen, supongo que nada, pero están intentando hacer una transición difícil. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, en esta línea. Y estoy de acuerdo en que hay que sensibilizar a la población respecto a la cooperación. Ahora bien, el capital privado no puede nunca sustituir a la ayuda oficial. Si en un país ha habido unas campañas autónomas de sensibilización precisamente ha sido en España en los últimos tiempos, hasta el punto de que han causado una gran expectación en la comunidad los acampados del 0,7 para exigir a los estamentos públicos el 0,7, pero a la vez su movilización ha tenido una repercusión automática en los privados. Y es que yo creo que una campaña como la del 0,7 tenía dos efectos: exigir a la Administración pública e indirectamente crear en la sociedad el sentimiento de que esto era necesario. Yo no conozco los datos de las aportaciones de los privados, usted los sabe mejor que yo, y en eso acepto sus informaciones, como si me dice usted que bajan, me lo creo, qué remedio me queda, porque no tengo ningún dato para rebatirlo.
Déjeme también decirle una cosa. No sé si fue el 17 o el 18 de julio, tendrá que hablar con el señor Villalonga Campos, porque dijo lo siguiente: las modificaciones de las bases que introdujo la Secretaría de Estado el 17 de julio, y por tanto publicadas el 18 de julio... Ustedes verán, esto es del 17 de septiembre de 1996, pero pónganse de acuerdo, porque yo entro en el capote de su Secretario de Estado; corríjale en cuanto llegue al Ministerio y dígale que yo cometo errores por su culpa, pero nada más.
Quizá ha habido una confusión cuando yo he hablado de los servicios sociales básicos. Yo estaba pensando --no sí si lo he dicho, tendría que remitirme al «Diario de Sesiones»-- en el fondo de ayuda a la población, que es un tema destinado a las mujeres como servicio social básico.
Quizás no lo he dicho, pero como tendremos ocasión en la próxima pregunta, lo desarrollaremos. En todo caso, gracias por comparecer.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Intervengo para decir que no me parece muy razonable que se aproveche una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para plantear otras grandes cuestiones de la política de cooperación que además han tenido su sitio en la comparecencia anterior y que tienen su sitio en algunas preguntas; por ejemplo, el tema del 0,7 vamos a verlo en una proposición no de ley a continuación. En todo caso, tampoco me quiero meter en lo que no es mi responsabilidad.
Quiero reiterar, señor Secretario General de la agencia, nuestro agradecimiento por los datos que ha facilitado a la Mesa de la Comisión, que transmitirá al resto de los grupos parlamentarios, para realizar un seguimiento concreto de las prioridades sectoriales y geográficas de nuestra cooperación al desarrollo, y termino agradeciéndole esa transparencia y ese ejercicio de ventanas abiertas en estos temas, lo cual no ha sido normal en esta Cámara ni tampoco en años anteriores, y no se me entienda esto como crítica, sino en definitiva como la constatación de un avance muy positivo. Le agradecemos su transparencia, su cordialidad y sus criterios clarísimos en las cuestiones que ha señalado.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, quiero aclararle que fue una intervención del señor Secretario General, que ha hablado del 1 por ciento, del porcentaje del 0,7 y del 0,3 público y privado, la que ha provocado la intervención de la portavoz socialista que, haciendo referencia a ese dato que ha dado el señor Secretario General, ha hecho uso de la palabra, aunque tengamos un debate a continuación.
Tiene la palabra el señor Secretario General.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Agradezco las puntualizaciones de ambos portavoces. Indudablemente, señoría, la transparencia es la norma que este Gobierno impone en su gestión y la que me obliga lógicamente, y además con mucho gusto, porque creo que es la mejor manera de que todos y cada uno sepan en cada momento, primero, de dónde sale el dinero; segundo, a dónde va el dinero y cómo se transmite ese dinero. Yo creo que nunca seremos suficientemente transparentes para que hasta la última persona que esté interesada sepa el cómo, el porqué y el para qué.
Sin querer entrar a ningún trapo, yo no le he pedido que defina la bondad ni la maldad de las ONG, porque como elementos de la sociedad civil creo que al menos a mí, como parte ejecutora del Gobierno, no me corresponde hablar de bondades ni maldades, sino juzgar los proyectos que presentan las ONG, y no es que estos proyectos sean buenos o malos, sino adecuados o no adecuados a una serie de circunstancias que vienen establecidas en varios elementos: a), el PACI; b), las propias resoluciones de esta Cámara, y c), la legislación vigente. En eso es en lo que toca a la agencia que dirijo juzgar si son adecuados o no, así como si son adecuados dentro de unas normas del CAD, y en las normas del CAD le aseguro que no hay nada de investigación y desarrollo. Hay algo muy importante y es que la ayuda a la sanidad básica y la erradicación de una enfermedad endémica es totalmente ayuda al desarrollo. La malaria, enfermedad endémica en gran parte de Africa por problemas de aguas estancadas, entra total y exclusivamente dentro de lo que es política de ayuda al desarrollo.
Las acampadas y las demás normas que hace la sociedad civil tienen todo mi respeto, pero ello no significa que esas acciones de la sociedad civil tengan que condicionar la acción de la Agencia Española de Cooperación, porque lo que tienen que condicionar es la voluntad de SS. SS., que son los padres legisladores de la patria y los que tienen que determinar, con su legislación y con sus acciones lo que nosotros, gestores, debemos realizar. El día que esta Cámara ponga a disposición del Ejecutivo, por medio de la Ley de presupuestos, no el 1, sino el 3 por ciento del PIB para ayuda al desarrollo, a quien está hablando, si es que continúa dirigiendo la agencia, le corresponderá poner los medios técnicos y humanos necesarios para que ese equis por ciento se dedique al fin que ustedes le han dado. Pero son SS. SS. las que tienen esta capacidad y no seré yo quien quiera hurtarles ni una millonésima parte de la misma.
Por lo demás, muchísimas gracias por la paciencia que han tenido.


PREGUNTAS:

--DE LA SEÑORA BALLETBO PUIG (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE APORTACION DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS EN EL EJERCICIO 1997. (Número de expediente 181/000506.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta de don Pablo Izquierdo, de Grupo Popular, respecto a la aportación de España en la crisis de los Grandes Lagos. Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, si no está mal el orden del día del que dispongo, ahora viene una pregunta de la señora Balletbó. La pregunta siguiente, señor Presidente, si me permite indicárselo, la hará en mi nombre la Diputada Ana Torme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Pasamos al punto 4 del orden del día: pregunta de la señora Balletbó sobre aportación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al fondo de población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997.
Tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular que, aunque algunas cosas dice que no le perecen bien, ésa le haya parecido estupenda.
Yo soy de las que creo que todo influye y pienso que además al señor Bush le influyó la CNN para mandar las tropas a Somalia; imagínese si no nos influye incluso la acampadita. Pero esto es al margen. Por eso unos son los técnicos y otros son los políticos.
Quiero plantearle una cuestión en la que España no está especialmente bien situada, aunque es verdad que es un tema en el que otros países tampoco están en una posición óptima. Aun cuando tengo alguna limitación informativa, los datos me indican que los países miembros del CAD destinan un promedio de sólo un 10 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo a la cobertura de necesidades sociales básicas, dentro de las cuales el tema de la población es importante. En ese sentido, usted sabe que el marco del pacto 20/20 de los servicios sociales básicos comprende esencialmente, aunque tiene una lista muy larga, educación básica, atención primaria de la salud, incluida la salud reproductiva y la planificación familiar. Una de las preocupaciones es que no hay dinero para todos y, como es natural, hay que atender al PNUD, hay que atender a la OMS, a la Unicef y a la Unesco, pero el tema del fondo de Naciones Unidas al desarrollo es importante. En este sentido, según los últimos datos publicados de los que dispongo procedentes del año 1994, España está situada en una franja bastante baja en cuanto a la ayuda a la población. Por descontado, en cabeza están Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Suecia, etcétera, pero nosotros nos situamos empezando por abajo: Portugal, Irlanda y después España, con 0,6 millones de dólares. La pregunta que tengo que formularle al Director General es si, a pesar de las restricciones

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presupuestarias, que no afectan sólo a España sino también a Alemania, al Reino Unido y a los Países Bajos, tiene previsto un cierto incremento de esas aportaciones para cumplir con el seguimiento y evaluación de la puesta en práctica del programa de acción, adoptado en la Conferencia de El Cairo y que España suscribió. Usted indicaba que algunos de estos acuerdos eran recomendaciones, eso es verdad. En las conferencias internacionales siempre se dan recomendaciones, hasta que los respectivos parlamentos las aprueban. Le agradezco que haya ensalzado nuestro papel, del que somos todos conscientes, sobre todo en la oposición, de que nos toca legislar y arbitrar el reparto de los fondos. Pero déjeme decirle que también corresponde al Gobierno traer a las Cámaras el cumplimiento, para su aprobación y ratificación en la Comisión de Asuntos Exteriores, de estos acuerdos, porque si no no pueden ser adoptados. Es un tema que a España le interesa especialmente. En términos comparativos, la aportación de España como país donante en este capítulo se sitúa en una franja bastante baja, ya que sólo Irlanda está por debajo de nosotros. Incluso dentro de los países de la Comunidad estamos igual que Portugal. Tendría especial interés en escuchar, señor Espinosa, cuál es la posición respecto a este tema y si hay una perspectiva de incremento de estos fondos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, quisiera recordarle que el año 1994, fecha de la estadística que usted ha dado, no estaba gobernando este equipo de gobierno y no tomaba decisiones con respecto a la salud reproductiva y planificación familiar. Quizá porque estamos de acuerdo en que en los años 1994 y 1995 esta cifra era excesivamente pequeña con respecto a la ayuda al desarrollo, en 1996 la AECI viene desarrollando con el fondo de población de Naciones Unidas, que como usted sabe es el Fnuap, un proyecto titulado Salud reproductiva y planificación familiar, con una aportación de un millón de dólares, 145 millones de pesetas, y una duración de dos años, 1996 y 1997. Este proyecto, en el que están involucradas varias ONG españolas, está reforzando los servicios de salud materno-infantil en ocho oficinas regionales del departamento de salud de Filipinas, en 45 hospitales y en otras dependencias de 27 provincias del país. Su finalidad es reducir la tasa de mortalidad materna de 209 a 100 defunciones por cada cien mil partos y la mortalidad infantil de 53 a 48 defunciones por cada mil nacidos vivos. Además de esta contribución financiera, la AECI está financiando a un experto español en la sede de la Fnuap de Nueva York, con un coste de 33.800.000 pesetas, y a una voluntaria de Naciones Unidad adscrita al proyecto. El coste de ambos puestos es de 43 millones de pesetas. Estamos en estudio de varios proyectos...
Es este momento tenemos en estudio varios proyectos más con el Fnuap en Argelia, Cuba, Perú y Bolivia, que en caso de merecer la atención que pensamos deben merecer se incluirán en el presupuesto del año 1998, a presentar ante SS. SS. Finalmente, conviene recordar además que a partir de 1995 España ha dado 60 millones de pesetas anuales de contribución al Fnuap, lo cula significa un aumento del 22,5 por ciento sobre la contribución de años anteriores, que tan perfectamente ha señalado S. S.


El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Si manejamos estadísticas no me importa darle el dato de 1994 ni de 1995, donde se pasó del 3 y 4 por ciento en ayuda al desarrollo al 13 por ciento; es decir, se aumentó y, por tanto, ese aumento afectaba al Gobierno que usted citaba. En todo caso, es verdad que en términos puntuales las cifras indican poco, porque usted me dice: un millón de dólares a 145 pesetas, pero creo que ha hecho el cambio un poco alto. Me parece que está un poco más bajo, aunque depende del día en que usted aprobara el proyecto y no sé si estaría a 145 pesetas o a menos. Supongo que usted aprobaría en dólares y el aumento del dólar no nos lo puede imputar --creo yo modestamente--porque ya estará desembolsado, ya estará allí, pero es igual, no vamos a discutir ahora por cinco millones de pesetas. La verdad es que cuando se hacen las cifras hay que ver lo que representa en las cifras totales, porque si la ayuda al desarrollo crece porque aumenta el PIB es lógico que haya algún programa de apoyo a la población.
Tendríamos que estudiar en qué medida realmente se puede trabajar en el tema de la población. Antes hemos hablado, y creo que nos hemos puesto de acuerdo, en que el tema de pobreza genera gran inseguridad. Yo soy de los que creen que no genera inseguridad el aumento de la población, lo que crea inseguridad es la pobreza, pero la pobreza tiene dos consecuencias automáticas, que son el incremento de la población, por un lado, y el movimiento migratorio por otro, y hay que tener en cuenta que una cosa son los desplazamientos ocasionados por guerra y otra por falta de recursos alimenticios. Todo eso aumenta el círculo vicioso de la inseguridad. En este sentido me parece haber entendido que usted también estaba de acuerdo en que algunos programas destinados específicamente a las mujeres tenían repercusiones muy positivas en la reivindicación de la pobreza. El tema de la población afecta directamente a las mujeres, no porque los hombres no sean responsables de este tema, sino porque los errores en esa materia siempre los acabamos padeciendo las mujeres y, por tanto, somos las más sensibles en esta cuestión. Por tanto, yo creo que sería interesante tratar ese tema. Además yo creo que ustedes tienen una ocasión bastante buena. Me parece que el 27 o el 28 del mes de mayo la señora Sadik está en España camino de Santiago para la conferencia anual del SID, de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, y tiene especial interés en entrevistarse con usted y el señor Villalonga para hacer lo que llaman los ingleses advocacy en favor de ese tema. Debo decir que estoy dispuesta a trabajar con la señora Sadik para hacer advocacy y ver si conseguimos lobbies, no porque no crea que los parlamentarios somos independientes, no porque no crea que la soberanía

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de esta Cámara está por encima del bien y del mal, no porque no crea que las acampadas no nos afectan a nadie, sino porque a Dios rogando y con el mazo dando, e igual que vinieron los amigos del PNUD a explicarnos cuáles eran sus necesidades, es razonable que otra agencia de Naciones Unidas, que yo creo tiene un papel extremadamente importante, trate de concienciar a los gobiernos respectivos de la importancia del tema de la población. Yo me sentiría muy orgullosa de que mi país pudiera remontar un lugar en esta lista de países que ayudan con fondos directamente a la población y me pudiera desplazar un poquito de Irlanda hasta situarme por encima de Portugal, que no es un país precisamente mucho más potente que el nuestro y, en cambio, en este sentido está haciendo más.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, yo estoy de acuerdo con usted en que las aportaciones para el tema de la población son fundamentales en la ayuda de cooperación al desarrollo, pero he debido entenderla mal cuando usted decía que toda la ayuda para el desarrollo es la que se hace a través del Fnuap; seguro que la he entendido mal. Quería decirle que la ayuda que el Gobierno español hace a través de la agencia a los temas de población y básico de nasciturus, etcétera, es bastante mayor de la que hacemos a través del Fnuap, pero la pregunta que me había pasado don José María Michavila era sobre aportación de la agencia española al fondo de población de Naciones Unidas en el ejercicio 1997.
Por tanto, en la primera contestación me he limitado a decirle única y exclusivamente las cantidades económicas que la agencia ha destinado al Fnuap, pero insistiendo muy mucho en que esto es una parte y no precisamente la más importante de lo que destina la Agencia Española de Cooperación Internacional a todo el fondo poblacional.
Usted ya sabe que es una decisión política única y exclusivamente cómo se realiza la ayuda, si se hace por medio de mecanismos multilaterales o por medio de mecanismos bilaterales. El mecanismo multilateral de las agencias de Naciones Unidas tiene un gravísimo problema, que es el coste.
Hay agencias que quieren cobrar un 20 ó 25 por ciento de overhead de royalties o de gestión, cantidad que estimamos muy excesiva y que indudablemente no parece corresponder con los gastos de gestión que tenemos en la relación bilateral. Precisamente en los momentos en que tenemos que mirar la pela, perdón la peseta con más cuidado debemos también reducir lo más que podamos esos gastos de gestión para bajarlos al cuatro o al cinco, que es lo lógico y lo que nos cuesta a nosotros, porque dedicando esa cantidad realmente a los programas poblacionales estamos haciendo un incremento importante.
Como conclusión mía, y espero que también lo sea de S. S., diré que estamos incrementando nuestra aportación a los programas poblacionales.
Esta aportación se está incrementando no solamente a través del Fnuap sino también a través de la cooperación bilateral directa, porque nos parece más importante en cuanto a tema de gestión y ahorro económico, y es uno de los parágrafos que nos parece más importante desarrollar en el próximo futuro. Por eso en los presupuestos que presentará la agencia al Gobierno y el Gobierno a estas Cámaras hay un programa importante de incremento.


--DEL SEÑOR IZQUIERDO JUAREZ (GRUPO POPULAR) SOBRE APORTACION DE ESPAÑA EN LA CRISIS DE LOS GRANDES LAGOS. (Número de expediente 181/000606.)

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la pregunta sobre la aportación de España en la crisis de los Grandes Lagos, para cuya formulación tiene la palabra la señora Torme Pardo.


La señora TORME PARDO: Señor Presidente, señorías, señor Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, al plantear hoy esta pregunta nos llegan informaciones no demasiado halagüeñas acerca de la posible solución del conflicto de los Grandes Lagos, sobre todo teniendo en cuenta el ultimátum dado por el líder rebelde zaireño Kabila al Presidente Mobutu. La verdad es que todavía no podemos perder la esperanza de que se entre en un período de transición que desemboque en unas elecciones libres, lo que supondría además el cumplimiento de uno de los cinco puntos básicos aprobados en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la pacificación de este conflicto.
Lo cierto es que esta crisis política, que se prolonga desde hace más de dos años, ha desembocado a su vez en una grave crisis humanitaria. La situación es dramática, tanto de la población zaireña víctima de esta guerra civil como de los cientos de miles de refugiados en su mayoría procedentes de Ruanda, situación que les ha llevado a cruzar masivamente las fronteras de los países limítrofes o incluso volverse a repatriar a su país de origen a pesar de las posibles represalias políticas a que se exponen al volver a su país. Esto origina hechos tan dramáticos y lamentables como el que ha ocurrido el pasado domingo, cuando han perecido cerca de 100 refugiados hutus en un tren que se había organizado para repatriarlos a su país de origen, Ruanda.
Ante esta grave crisis política y social en la región de los Grandes Lagos la respuesta de España se ha caracterizado por un gran esfuerzo de solidaridad a pesar de no ser una región con la que hayamos mantenido unos especiales lazos históricos. En este sentido, señor Secretario General, quisiera que nos expusiera en qué ha consistido la ayuda que se ha dado por parte de España a esta crisis de los Grandes Lagos, tanto en concepto de ayuda de emergencia como en concepto de ayuda ordinaria, y desglosando, si es posible, las aportaciones procedentes o facilitadas por el Gobierno español de las aportaciones facilitadas por otro tipo de entidades españolas.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Señoría, como usted muy bien ha dicho, el Gobierno español desde hace más de un año está más que preocupado, preocupadísimo por el grave drama humano que está sucediendo en la región de los Grandes Lagos, región que, aunque no hayamos tenido una presencia histórica importante, está pasando quizá por la mayor de las calamidades como es el genocidio sistemático y sucesivo. Tanto es así que el Gobierno español me encomendó ir a Ruanda hace aproximadamente cuatro meses con una misión doble: una primera, de protesta formal ante el Gobierno ruandés por el asesinato de cooperantes españoles; y una segunda, de evaluación, para ver cómo estaba la zona y cuáles eran nuestras posibilidades. La intransigencia política y el desequilibrio que hay en la zona hacen, existiendo suficiente cantidad de ayuda alimentaria y sanitaria para poder atender las necesidades de la zona, la imposibilidad material de hacer la distribución de una forma razonable y equitativa. La existencia de bandas, grupos, mafias y todo lo demás, armadas, menos armadas y más armadas que creen que la distribución y la justicia pasan por ellos mismos olvidándose de los demás; el desprecio absoluto a la vida humana de aquella zona, etcétera, hacen casi imposible que la ayuda que deciden los países occidentales, que la ayuda que deciden los gobiernos, entre ellos el nuestro, pueda ser eficazmente recibida y notada por la población.
Puedo asegurarle que mientras que los grupos armados disponen de todo, la población no dispone de casi nada. Este es un cuadro del que tenemos que ser conscientes a la hora de intervenir porque la solidaridad tan impresionante que de demostró entre la sociedad española, entre la sociedad civil, recolectando miles y miles de toneladas de artículos, alimentos, etcétera, en muchas ocasiones no han tenido peor destino que pudrirse en unos almacenes por la absoluta imposibilidad e incapacidad para desarrollar una acción y una tarea. Por tanto, todos los datos que voy a dar a continuación tienen que ser mirados desde esta perspectiva.
También hay otra perspectiva que me gustaría incluir y es que los españoles que están en toda aquella zona casi han quedado reducidos a los grupos religiosos porque las ONG, voluntariamente algunas y a petición de nuestro Gobierno otras --y esto también quiero decirlo con toda la claridad--, han abandonado la zona; la han abandonado no porque cobardemente hayan huido, ni muchísimo menos, sino, insisto, por la imposibilidad material de garantizarles la más mínima de las seguridades.
Cuando reunimos en Kisangani a todos los cooperantes y les rogamos que en nombre del Gobierno español abandonasen Ruanda, la contestación por parte de los religiosos fue rotundamente que no. Incluso les advertimos que teníamos --entre comillas-- noticias de que el grupo religioso era el próximo que iba a sufrir en sus carnes un atentado, tanto fue así que nosotros abandonábamos Ruanda un viernes y el domingo, durante la celebración de la Santa Misa, mataron a un sacerdote canadiense. Aun así allí quedaron unos españoles porque lo desearon. Hablaba de la poca presencia de voluntarios españoles, bien sean religiosos o ONG, porque esto también impide una buena distribución de la ayuda española; por tanto, también tenemos que ser cautos y entrar dentro de los mecanismos multinacionales de distribución cuando tenemos seguridad, porque también tendría maldita gracia que, por ejemplo, ahora hiciésemos una expedición de urgencia con alimentos a algunos campos de refugiados y que esos alimentos sirvieran para avituallar a uno de los ejércitos que funcionan en la zona. Ese es un tema que, insisto, creo que SS. SS. también deben tener en cuenta.
Aun con todo, en el año 1996 y hasta la fecha la aportación española ha sido especialmente significativa. En conjunto, España ha proporcionado 8.627.792 dólares, al cambio de cada momento, no al de hoy, 1.243 millones de pesetas. Esta cantidad se puede desglosar en 7.694.472 dólares correspondientes a ayuda humanitaria y de emergencia y 933.320 dólares de ayuda a programas específicos presentados por diferentes ONG.
En este marco también quiero destacar las contribuciones efectuadas para esta zona el programa mundial de alimentos, a la reserva alimentaria internacional de emergencia y al Acnur, que, como saben ustedes, es la Oficina de Refugiados. Entonces la totalidad de estas ayudas han supuesto 2.756.283 dólares. Asimismo no quiero dejar de mencionar la solidaridad demostrada por otros organismos, que, de acuerdo con los datos disponibles, alcanzan la cifra de 3.343.000 dólares. Esta cantidad se desglosa en diversas contribuciones como son: la Junta de Andalucía, 2 millones de dólares al Acnur; los fondos de diputaciones provinciales, entre las que destacan Valladolid y Valencia, 400.000 dólares; al Comité Español de Unicef por programas de repuesto, 621.000 dólares; a la Cruz Roja Española, 216.000 dólares; la contribución especial de una ONG llamada «España con Acnur» para colaborar con el retorno de los refugiados, 106.000 dólares, etcétera.
Quiero terminar señalando a SS. SS. el enorme esfuerzo que para España ha supuesto la crisis de los Grandes Lagos. Dicho esfuerzo ha sido fruto de un impulso de solidaridad al que no ha sido ajeno ningún sector de la sociedad española. Permítanme asegurarles que el Gobierno por su parte continuará haciendo todo lo posible para mejorar la situación humanitaria que atraviesa la región y para ello cuenta con las personas indicadas en las embajadas de la zona para realizar constantemente una evaluación de lo que podemos hacer en cada momento.


El señor PRESIDENTE: Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Unicamente quiero darle las gracias y expresarle en nombre del Grupo Parlamentario Popular la satisfacción que nos produce el conocimiento de estos datos, saber y corroborar que España ha realizado un gran esfuerzo en cuanto a la canalización de fondos de ayuda humanitaria a la región afectada por esta grave crisis social y política.
Además quiero destacar que se trata de una solidaridad guiada únicamente por intereses humanitarios y no por otro tipo de intereses económicos, comerciales o coloniales.


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También queremos hacer desde aquí el reconocimiento a la sociedad civil no sólo por las aportaciones económicas, sino también por la participación de ciudadanos españoles en unas condiciones de seguridad muy limitadas, como efectivamente hemos podido comprobar, con riesgo para sus propias vidas.
Quiero felicitarle por el esfuerzo realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y es nuestro deseo que siga manteniendo la trayectoria con esos intereses únicamente humanitarios y con esa prudencia para evitar que las ingentes ayudas puedan desviarse de los fines a que están en principio destinadas.


El señor PRESIDENTE: Reitero mi agradecimiento al señor secretario general, al que despedimos en este momento, antes de entrar en el siguiente punto del orden del día.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE EL DESTINO DEL UNO POR CIENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN EL TERCER MUNDO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000485.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del orden del día, el sexto: proposición no de ley sobre destino del uno por ciento del producto nacional bruto para la lucha contra la pobreza del tercer mundo. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: No encuentro en este momento la proposición no de ley, pero no importa porque su contenido es conocido por todos.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el 0,7 es insuficiente, aunque es un gran logro de la sociedad española y, en concreto, de ese movimiento de solidaridad al cual admiramos y apoyamos como es la plataforma por el 0,7. Cuando se produjo la primera crisis de los Grandes Lagos dicho movimiento impulsó en España de manera importante, junto con otras organizaciones no gubernamentales y la propia Administración, esa explosión de solidaridad que se produjo en nuestro país. Desde entonces y hasta ahora la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, en el objetivo, que no es utópico, del 0,7 ha calado profundamente en la sociedad y en los grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el 0,7 es insuficiente porque son muchas las necesidades de desarrollo, porque son muchas las desigualdades y queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la pobreza. Hoy a finales de siglo, como decíamos antes, debatimos en este Parlamento y en otros foros, lo que se ha llamado cierta crisis de la cooperación al desarrollo. Creemos desde nuestro grupo parlamentario que a finales de siglo tenemos oportunidad de tomar decisiones políticas que conduzcan a la cooperación al desarrollo en el próximo siglo, a esos objetivos de eficacia que todos nos hemos propuesto. Por eso el 0,7 es insuficiente y tenemos que reeditar en este Parlamento la recomendación de Naciones Unidas a que antes se refería el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
El gran objetivo de la comunidad internacional es el uno por ciento del producto interior bruto y a ese gran objetivo va destinada esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Decimos en el primer punto que el Parlamento debe instar al Gobierno del Estado a coordinar los esfuerzos para que el conjunto de las administraciones públicas alcance ese 0,7 en el horizonte del año 2000.
Comento estas dos cuestiones: ¿Por qué el conjunto de las administraciones públicas? Porque España es un país plural que tiene una Administración descentralizada, porque el dinero de la Administración pública es un dinero no de lo público, sino del público, que nace del esfuerzo de los ciudadanos españoles a través de sus impuestos directos, a través de sus impuestos indirectos, etcétera. Por tanto, es dinero de todos los ciudadanos españoles. Ese dinero, gracias a la estructura descentralizada del Estado, a nuestro sistema de comunidades autónomas, se ingresa en las arcas de la Administración y se gasta a través de diferentes conductos como puedan ser las comunidades autónomas, las diputaciones, ayuntamientos y el Estado, como ya he dicho. Ese esfuerzo de solidaridad de la sociedad española debe estar compensado con un esfuerzo de solidaridad conjunto de todas las administraciones públicas del Estado, y alcanzar entre todos el 0,7 en el horizonte del año 2000 sería importante.
¿Por qué el horizonte del año 2000? Porque queremos dejar sentadas las bases políticas de la cooperación al desarrollo en el próximo siglo y porque entendemos que el horizonte del año 2000 no debe llevar fechas concretas, cortapisas o enclaustramientos de legislaturas. Lo ha dicho el Presidente del Gobierno en los medios de comunicación estos días: la intención del Gobierno es llevar la legislatura al horizonte del año 2000 y que se produzca en este país --estamos seguros-- la normalidad institucional para que las legislaturas duren lo que tengan que durar. En ese sentido coincidirían el horizonte de esta legislatura con el año 2000 para alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento.
La segunda parte de nuestra proposición no de ley es de extraordinaria importancia. En ese objetivo de alcanzar el uno por ciento del producto nacional bruto no puede estar ajena la sociedad civil, no puede estar ajena la iniciativa privada, tanto de particulares como de empresas.
Entendemos que el Gobierno de la nación tiene que facilitar los medios para que esa solidaridad de la sociedad civil pueda producirse eficazmente. Para ello instamos al Gobierno a impulsar, incentivar y facilitar que a través de la iniciativa privada, bien de particulares, bien de empresas o de fundaciones, etcétera, se cubra ese segundo gran objetivo de Naciones Unidas que es alcanzar el 0,3 por ciento, de esa forma, con el esfuerzo de las administraciones públicas,

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estaríamos en el gran objetivo del uno por ciento en el horizonte del año 2000.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz, señor Fuentes, tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: Si hiciésemos abstracción de algunas situaciones que se están produciendo en nuestro país, podrían ser razonables muchas cosas que dice la proposición no de ley del Partido Popular.
Más allá del carácter retórico, de declaración de principios, hay que analizar algunos datos concretos. En primer término, los compromisos de cada uno. Queremos recordar que en diciembre de 1995, tres meses antes de las elecciones, no mucho tiempo antes, se firmaron unos acuerdos entre distintos grupos políticos con la coordinadora y la plataforma del 0,7.
En esos compromisos por parte del Grupo Parlamentario Popular firmaba la señora Loyola de Palacio, que no es una militante cualquiera sino que es y era una militante muy cualificada del Grupo Parlamentario Popular.
Cuando ella firmó ese documento, tenía cierto compromiso de llevarlo adelante. ¿Qué decía aquel documento que firmó? Decía que se comprometía a llegar al 0,7 en la legislatura y a que en el año 1996 se alcanzase el 0,35 por ciento del PIB como ayuda oficial al desarrollo. No soy mal pensado ni mal intencionado y pienso que cuando uno firma algo es porque cree que puede hacerlo, pero después las cosas van por un sentido distinto y a veces la voluntad de uno se compadece mal con la realidad.
Eso le pasa a cualquiera, le ha pasado al Grupo Parlamentario Popular y le puede pasar a cualquier grupo. Dicho esto, hay que decir públicamente que ese compromiso no puede ser llevado a la práctica. No pasa nada, pero hay que decirlo.
Qué se nos propone ahora en la proposición no de ley. En primer lugar, no aparece la palabra legislatura. Aparece la palabra horizonte. Incluso en términos políticos no me parece correcto que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que haga algo en el horizonte del año 2000. Es un término de ambigüedad absoluta. ¿Cuál es el horizonte del año 2000? ¿El año 2002, el 2004 o el año 1998? ¿Cuál es? Por qué no poner el término legislatura, entendiendo por tal no la duración real --nadie sabe cuál puede ser--, sino la duración legal, es decir, los cuatro años. Si la legislatura durase cuatro años, se llegaría a ese compromiso del 0,7. Me parece más preciso en términos políticos y en línea con lo que se firmó.
El segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular me parece que en principio se podía discutir lo del 0,3 para la iniciativa privada, pero no me parece correcto invocar resoluciones de Naciones Unidas, para apoyar el 0,3 de la iniciativa privada que no indican exactamente lo que dice la proposición no de ley. Dicen cosas distintas en parte, pero es una interpretación que puede dar lugar a un cierto debate, aunque tal vez no sea lo sustancial. Lo del 0,3 es una ida discutible, pero no me parece correcto apoyarlo en resoluciones de Naciones Unidas que, a mi juicio, no dicen eso exactamente sino otra cosa.
¿Por qué, en mi opinión, pasa todo esto, por qué se hacen estas modificaciones? Es verdad que las cifras de la ayuda oficial al desarrollo del año 1995, responsabilidad del anterior Gobierno socialista, bajaron respecto a 1994. Es cierto, está en los datos y querer ocultarlo es una necedad, bajaron. Además me parece razonable que los representantes del Grupo Popular criticasen duramente al Grupo Socialista porque las cifras de ayuda oficial al desarrollo de 1995 bajasen respecto a las de 1994. Lo entiendo, forma parte del juego entre Gobierno y oposición. Pero en 1996, cuyas cifras todavía no conocemos pero que en la próxima comparecencia nos las tendrá que dar el Gobierno, todo el mundo que trabaja en la cooperación intuye que van a bajar respecto a las de 1995. Ante aquellas cifras tan malas de 1995 respecto a 1994, que fueron tan criticadas por el Grupo Popular, he de indicar que las de 1996 van a bajar respecto a las de 1995, lo que presenta un panorama que no es nada positivo. ¿Qué pasa entonces? Ustedes dan un salto adelante. Para no hablar del presente de la cooperación diseñan un futuro etéreo en el horizonte del 2000. Hablemos del horizonte del 2000, hablemos del uno por ciento para no hablar de cuál va a ser la realidad de la cooperación y de la ayuda oficial al desarrollo en 1996. Esa es la explicación que encuentro y no otra.
¿Qué proponemos en nuestra enmienda? En primer lugar, proponemos sustituir la palabra «horizonte» por «legislatura», que es lo que firmaron todos los grupos políticos. Proponemos que el 0,35 de ayuda oficial al desarrollo al que se tenía que haber llegado en 1996 --no se ha podido, sus motivos habrá tenido el Gobierno, sus explicaciones ha dado y dará en el futuro-- se consiga en 1997. Proponemos que se consiga el 0,7 por ciento en la legislatura y para acercarnos a esta cifra, ahora que van a empezar a discutirse los Presupuestos Generales del Estado, pedimos que en los presupuestos de 1998 figure el 0,5 por ciento para ayuda oficial al desarrollo.
En relación al segundo punto, estamos de acuerdo en que hay que potenciar la participación de la iniciativa privada en el campo de la cooperación y de la ayuda oficial al desarrollo. No estamos de acuerdo en invocar el argumento de resoluciones de Naciones Unidas, pero para conseguir que la iniciativa privada participe más en la ayuda oficial al desarrollo y en la cooperación se necesitan dos cosas fundamentales que son las que exponemos en nuestra enmienda de modificación del segundo punto.
Solicitamos que haya unos programas amplios de sensibilización de la opinión pública en todo lo que se refiere a cooperación internacional, que me parece algo razonable y sobre lo que creo que nadie estará en contra, y además algo que se ha dicho ya por representantes del actual Gobierno, que se estudien también las medidas fiscales que incentiven la participación de la iniciativa privada en todo lo que es cooperación al desarrollo.
Esa es la postura que defendemos en nuestras enmiendas, repito, para terminar, por unos motivos muy sencillos. Entendemos que los compromisos se firman a veces sin percatarse de que la realidad es bastante dura.
Creemos que hay que tender a establecer compromisos de legislatura

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no de horizontes. Además, me parece una paradoja que se repita insistentemente que el 0,7 es insuficiente, cuando lo que es realmente es inexistente. ¿Cómo vamos a decir que el 0,7 es insuficiente si no estamos ni en el 0,35? En todo caso, podríamos decir que es una meta, parecería más razonable, pero no decir que es insuficiente, salvo que, con la explicación que antes di, intentemos diseñar un futuro idílico para que no se hable del presente, porque ni es tan idílico ni tan positivo.
Concluyo con el tono cordial que todos utilizamos en esta Comisión en casi todos los temas manifestando la posición del Grupo Socialista en estas dos enmiendas con las matizaciones que he hecho a los puntos de la proposición no de ley del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria ha venido mostrando siempre, cada vez que se ha realizado una debate, su posición sobre el destino en los Presupuestos Generales del Estado de una partida por un importe, simbólico y testimonial, como era muchas veces, pero que queremos que de una vez sea real y auténtico, del 0,7 por ciento del producto interior bruto para destinarlo a esta ayuda al desarrollo a países del Tercer Mundo, con todos los aditamentos del discurso político de solidaridad a que nos obligan también nuestros compromisos con las Naciones Unidas y todos los acuerdos suscritos por España.
Nosotros vamos a mostrar nuestro apoyo ante esta nueva iniciativa que trae el Grupo Popular. Nos parece un avance que se trate de involucrar aquí a todas las administraciones públicas, porque la iniciativa siempre había venido al Parlamento cargando este 0,7 --en su porcentaje correspondiente: 0,5 ó 0,35-- a los Presupuestos Generales del Estado, y se producía la ausencia de una aportación presupuestaria, que tenía también una lectura de ausencia política y, por tanto, de ausencia solidaria, de las restantes administraciones públicas, entiéndase comunidades autónomas, diputaciones, cabildos insulares o ayuntamientos, que todos ellos tienen su marco conjunto de actuaciones coordinadas entre sí pero no entre ellos, como se pretende ahora con esta iniciativa del Grupo Popular, para que esta contribución, a conseguir en su número carismático del 0,7 por ciento en una primera fase y del uno por ciento siguiendo las indicaciones como un desiderátum de Naciones Unidas muy en el futuro, pudiera ser establecida en el marco de nuestra Constitución, que habla de un Estado de las Autonomías. Por tanto, este principio de solidaridad debe ser no sólo formal sino real y únicamente se puede alcanzar con una coordinación que no estaría de más, como sucede muchas veces con el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Gobierno del Estado coordina con las comunidades autónomas, por medio de sus respectivos consejeros de Economía y Hacienda, todas las distribuciones y compromisos presupuestarios que tengan que hacerse en el ámbito general del Estado. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa.
Frente a una discusión de si este 0,7 por ciento es insuficiente o inexistente, diré que insuficiente o inexistente lo ha sido en pasadas legislaturas. Por tanto, de una vez por todas vamos a tratar de solucionarlo, porque si es inexistente hoy, lo era también hace cuatro, ocho y doce años. Vamos a ver si tenemos voluntad política de realizar este esfuerzo dentro de los compromisos, porque aquí vale el refrán de que una coas es predicar y otra dar trigo. Cuando este tema se ha discutido en el foro de Naciones Unidas, los países a los que corresponde, de acuerdo con su producto bruto, hacer una aportación del 0,7 o similar ponen una serie de condiciones de sistemas de control a los países a los que va destinada, para que estas ayudas al desarrollo no terminen entrando en mecanismos oscuros de corrupción (venta de bienes o servicios, incluidas armas, a las que no van destinadas estas ayudas) por voluntad de un principio occidental establecido por Naciones Unidas, que lo ha venido exponiendo en sus discursos y en su retórica, pero que, al fin y al cabo, son símbolos testimoniales de la voluntad que se quiere expresar.
Dentro del pragmatismo y de la posibilidad de realizar estos esfuerzos conocemos el caso del Gobierno autónomo de Canarias, que viene destinando con cargo a sus presupuestos ayudas muy concretas hacia algunas etnias del continente africano y muy específicamente al pueblo saharaui, que figura ya siempre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la misma línea van las aportaciones que hacen cabildos insulares y ayuntamientos del Archipiélago. Por tanto, valgan estas expresiones, señor Presidente, consideramos correcta la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en esta línea la vamos a apoyar con nuestro voto positivo.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Es evidente que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Popular es importante y además responde a compromisos que el conjunto de las fuerzas políticas hemos ido asumiendo desde hace tiempo en este ámbito de la cooperación. El debate en relación a los presupuestos se ha producido y se va a producir en los trámites correspondientes de esta propia Cámara. Por tanto, no corresponde entrar ahora a discutir aquí los compromisos que los diversos grupos asumimos en relación con el mundo de las ONG antes de la campaña electoral. Hoy el Grupo Popular formula una iniciativa que intenta articular, en un espacio temporal amplio y creo que con voluntad de consenso, lo que debe ser la política de cooperación y ayuda al desarrollo que vamos a tener que impulsar en los próximos años, y se produce en un momento en que seguramente la efervescencia social que se planteó a raíz de las movilizaciones del 0,7 no está presente, en un momento en que en el conjunto de administraciones públicas, tanto las autonómicas como las locales, se está abriendo una reflexión sobre su papel, sobre sus posibilidades, en un momento

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en que el mundo no gubernamental está sometido a importantísimos cambios, en un momento en el que vamos a tramitar en esta legislatura una ley de cooperación que todos habíamos demandado desde hacía muchísimo tiempo, en un momento también en que vamos a tener que reformar el papel del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Por tanto, en este contexto amplio de una nueva etapa en las políticas de cooperación, reafirmar el compromiso del 0,7 desde esta perspectiva nos parece realista. Entendemos la posición del Grupo Socialista. Es evidente que desde la oposición se deben denunciar las insuficiencias presupuestarias, pero nos parece que desde la coherencia de lo que ha sido su gestión en estos últimos trece años han de ser conscientes de los límites presupuestarios en los que nos movemos en este ámbito. Aquí el Grupo Popular asume un compromiso del año 2000 y yo creo que cada grupo interpretaremos el horizonte en el sentido más preciso posible. Nuestra voluntad, consecuente con el pacto con las ONG, es que ese compromiso sea para el año 2000. En todo caso, si el horizonte es el del 2001, no creo que, por desgracia, esto vaya a solucionar ningún problema de fondo.
Cuando tomamos la referencia del 0,7 para el conjunto de las administraciones públicas intentamos racionalizar lo que hace tres o cuatro años producía un evidente descontrol. Yo era Diputado en el Parlamento de Cataluña cuando las movilizaciones del 0,7, y era evidente que si nos referíamos al 0,7 del conjunto del presupuesto de la Generalidad, estábamos hablando también de recursos que provenían del Estado, y si el 0,7 era en relación a los recursos propios de la Generalidad de Cataluña, estábamos planteando seguramente unas cifras que en relación con lo que solicitaban los agentes sociales eran seguramente pequeñas. El debate hay que enmarcarlo en el sentido de que el conjunto del dinero que las administraciones públicas del Estado español destinen a esta materia llegue al 0,7. Este concepto me parece importante. Va a ser importante, evidentemente, que esta necesidad de coordinación se haga respetando las iniciativas políticas que las comunidades autónomas y las administraciones locales tienen en esta materia. Sería un error plantear que esta voluntad de coordinación implicase atacar la capacidad de iniciativa de las propias autonomías.
En segundo lugar, todo lo que sea incentivar el compromiso de la sociedad civil en esta materia nos parece básico e importantísimo, y en este sentido es evidente que la legislación española, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito del voluntariado o del desarrollo del mundo no gubernamental, es escasísima, y nos parece, por tanto, oportuno y necesario que hoy se plantee esta iniciativa. Nos gustaría que en esta política se pudiese llegar a acuerdos, como se ha llegado en otras ocasiones, y hacemos un llamamiento en ese sentido a los grupos mayoritarios de esta Cámara para que creemos estos espacios de coincidencia, que me parece que es lo que, por otra parte, la gente más sensibilizada en este tema nos exige, que éste no sea un ámbito de desgaste político sino de consenso que permita al conjunto de las administraciones impulsar políticas efectivas.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, tiene la palabra a los efectos de manifestar la aceptación o no de las enmiendas del Grupo Socialista.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: A efectos de manifestar la aceptación o no de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con toda cordialidad y en el mismo tono correctísimo que usted ha empleado, señor Fuentes, entiendo que estamos hablando de cosas diferentes, incluso compartiendo el fondo de sus enmiendas y estando de acuerdo con lo que plantean, admitiendo, cómo no, que todos los grupos parlamentarios y partidos políticos firmamos en la pasada campaña electoral el pacto por la solidaridad, sabiendo también además, como sabe esta Cámara y la sociedad española entera, que aquel pacto por la solidaridad fue una declaración de intenciones de extraordinaria importancia, pero que no tiene virtualidad, puesto que ni siquiera la plataforma del 0,7 ni la coordinadora de ONG lo aprobaron, puesto que lo consideraban insuficiente, y esto no lo digo como crítica sino como admiración, porque en definitiva ésa es su obligación solidaria, considerar insuficiente lo que realmente lo es y decir que es inexistente, señor Fuentes, lo que es inexistente.
Con el resto de los grupos parlamentarios coincido en que es inexistente el 0,7 pero lo era también en años anteriores. Probablemente --no me lo tome como crítica, señor Fuentes, sino como planteamiento constructivo que usted aceptará con toda seguridad--, si hubiéramos avanzado en los últimos catorce años hacia el 0,7 de manera más decidida, hoy tendríamos menos camino por recorrer, pero no es una crítica, sino una realidad, porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Tenemos que hacer, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, entiendo yo, planteamientos realistas que no nos estropeen la utopía, porque yo considero que el objetivo del uno por ciento no es una utopía, sino un objetivo que podemos conseguir, pero con el esfuerzo conjunto de todos, sociedad civil y Administración pública y dentro de ésta, el conjunto de las administraciones públicas.
Dicen los expertos en cooperación, señor Presidente, que si España aplicara en estos momentos el 0,7 no tendría capacidad para hacerlo, ni el Estado ni las administraciones autonómicas ni las administraciones locales. Estaríamos hablando de 600.000 millones de pesetas, ratio del actual producto interior bruto; no tendríamos capacidad para hacerlo.
Vamos a construir las bases políticas de nuestra cooperación al desarrollo fuera de planteamientos maximalistas, fuera de un voluntarismo que tiene su eficacia en medios de comunicación, pero que no conduce a ningún sitio. Vamos a construirlas entonces, señorías, señor Fuentes, desde la realidad de las circunstancias actuales y de los objetivos de política social y de política económica que tiene este país en este momento, que son compatibles --por tanto, también en sus objetivos presupuestarios, los presupuestos de 1998, que se discutirán en esta Cámara-- con los objetivos de la política de cooperación al desarrollo.
En consecuencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo que rechazar las enmiendas que presenta a los dos puntos, compartiendo el fondo y su intención y

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comprendiendo su papel de oposición, que es correcto e interesante y además necesario y legítimo, por entender que nada tienen que ver con lo que estamos debatiendo. En esta proposición no de ley planteamos otra cuestión y estamos a la espera, como es lógico y siempre lo decimos, de iniciativas parlamentarias de otros grupos en este sentido para fijar nuestra posición sobre las cuestiones que usted ha señalado. Es este momento, le pido al grupo parlamentario mayoritario de la oposición, como han hecho otros portavoces parlamentarios, que se sume a una iniciativa, para que el Gobierno y la sociedad tengan el respaldo mayoritario de un amplio consenso político, que entendemos que es posible, que se puede conseguir en ese horizonte del 2000 y que en definitiva va a sentar las bases de una cooperación al desarrollo en la que van a estar implicadas directamente las comunidades autónomas y la administración local en su coordinación, en su concertación, en su diseño y en su formulación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Para decir que mantenemos nuestras enmiendas y que tras la intervención de algunos portavoces me queda la duda de si las han leído exactamente. Quiero resaltar, y no es por contradecir a nadie, porque lo ha dicho el señor Izquierdo, que en nuestra enmienda, primero, recogemos lo del 0,7, incluida la aportación de todas las administraciones públicas. Unicamente proponemos que en lugar de que figure «horizonte del año 2000» se recoja la expresión «presente legislatura» creo que no se nos puede decir que seamos un grupo que no atiende a razones, que es inflexible, que no tiene en cuenta la realidad, porque en el primer punto de nuestra enmienda somos bastante flexibles y decimos: 0,35 para 1997, entendiendo que no se pudo hacer en 1996 por muchos motivos y lo aceptamos; 0,5, para 1998, y al final de la legislatura se trata de conseguir el 0,7 por ciento. No es cuestión de que los grupos parlamentario interpreten la palabra horizonte. Esto va dirigido al Gobierno: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno. Lo que preocupa no es lo que piense un grupo parlamentario u otro de la palabra horizonte, sino lo que interprete el Gobierno. Para evitar la polisemia es mejor utilizar en ciertas ocasiones términos unívocos, y presente legislatura es unívoco. La palabra horizonte es más equívoco, más polisémico, incluso, como me señalan, un término muy utilizado en grandes películas cinematográficas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Con toda brevedad, señor Fuentes. En sus últimas manifestaciones se deja ver lo que es su trabajo, que hace muy bien y nosotros se lo reconocemos: intentar quitar virtualidad positiva a una iniciativa que va a tener el respaldo mayoritario, según se ha podido saber por la opinión del resto de los portavoces de esta Comisión, es decir el respaldo mayoritario de la Cámara. Está en su perfecto derecho de hacerlo, pero le repito que no estamos hablando de lo mismo. Lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular es que el Congreso de los Diputados siente las bases genéricas, amplias, flexibles y realistas, señor Fuentes. Si no hiciéramos ese ejercicio de realismo, su grupo parlamentario no tendría demasiada coherencia en sus críticas al actual Gobierno, con ser legítimas, puesto que han tenido más oportunidad que nadie para hacer lo que dicen que nosotros tenemos que hacer. Tampoco vamos a suponer, señor Fuentes, en el caso de que ustedes hubieran ganado las elecciones, que existía el voluntarismo inequívoco de alcanzar los presupuestos porcentuales de ratio AOD/PNB que usted ha indicado. Vamos a ser realistas, vamos a hacer no políticas maximalistas sino políticas contrastadas y vamos a ir hacia horizontes que sean perfectamente alcanzables. El horizonte del año 2000, señor Fuentes, es el horizonte del año 2000. Eso lo ha de interpretar el Gobierno pero también esta Cámara, sin lugar a dudas.


El señor PRESIDENTE: Rechazada la enmienda del Grupo Socialista, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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