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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 235, de 22/05/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 235

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO

Sesión núm. 16

celebrada el jueves, 22 de mayo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Sobre la grave situación en Albania. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000483) (Página 6744)

--Sobre la situación en Belarús después del referéndum constitucional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000484) (Página 6747)

Dictámenes sobre:

--Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996. (Número de expediente 110/000099) (Página 6750)

--Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el 5 de diciembre de 1979. (Número de expediente 110/000100) (Página 6751)

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--Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad referendum» en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a formular en el momento de la ratificación del citado Convenio. (Número de expediente 110/000102) (Página 6752)

--Retirada de la Reserva formulada por España al ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 15 de diciembre de 1989). (Número de expediente 110/000101) (Página 6752)

--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. (Número de expediente 110/000103) (Página 6753)

--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. (Número de expediente 110/000104) (Página 6754)

Declaración institucional sobre ataques en Francia a transportistas españoles. (Número de expediente 140/000016) (Página 6755)

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos) para informar sobre el Acuerdo de la Unión Europea con los Estados Unidos de Norteamérica mediante el cual se suspende la Ley Helms-Burton por parte de los EE. UU., y la UE, por su parte, retira la demanda contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000578) (Página 6756)

Pregunta del señor Robles Fraga (Grupo Popular), sobre el estado en que se encuentra el conflicto entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de Norteamérica a propósito de la Ley Helms-Burton. (Número de expediente 181/000712) (Página 6756)

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos) para informar sobre la incidencia en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica de la aplicación por dicho país de legislación extraterritorial y comercial gravemente perjudicial para actividades legítimas de ciudadanos españoles, con la privación de libertad. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000283) (Página 6765)

Preguntas:

--Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre iniciativas para conseguir la liberación del empresario gallego Javier Ferreiro. (Número de expediente 181/000629) (Página 6765)

--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la detención del empresario gallego Javier Ferreiro, decretada por las autoridades estadounidenses en Miami. (Número de expediente 181/000630) (Página 6765)

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos) para informar sobre:

--Objetivos y resultados del viaje del Presidente del Gobierno a Brasil y Argentina. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000579) (Página 6771)

--Las relaciones hispano-mexicanas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000607) (Página 6775)

Pregunta del señor Robles Fraga (Grupo Popular), sobre la evaluación de la visita del Presidente de la República de El Salvador, don Armando Calderón Sol. (Número de expediente 181/000667) (Página 6779)

Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE LA GRAVE SITUACION EN ALBANIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000483.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se abre la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores.
La Presidencia, de acuerdo con la Mesa de la Comisión, se ha permitido, en función de las disponibilidades de

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tiempo, adelantar el comienzo de esta sesión, prevista, como saben ustedes, a las cuatro de la tarde de hoy mismo, con la consiguiente alteración del orden del día.
En primer lugar, en función del artículo 68 del Reglamento de esta Cámara, que literalmente dice que el orden del día del Pleno --o de una Comisión-- puede ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del Presidente, a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados miembros de la misma, querría proponer a la Comisión si aceptaría cambiar el orden del día, de manera que pudiéramos comenzar por la consideración de los puntos números 13 y 14, proposiciones no de ley ambos, teniendo en cuenta que la proposición no de ley recogida en el número 15 ha sido aplazada.
Pregunto a la Comisión: ¿es aceptable este cambio del orden del día propuesto? (Asentimiento.) No veo ninguna objeción al respecto.
Comenzaremos, pues, por la consideración de los puntos números 13 y 14.
Quiero recordar, en cualquier caso, a los miembros de la Comisión que si antes de las dos de la tarde pudiéramos haber acabado con ambos puntos, seguiríamos a continuación con la consideración de los tratados y convenios internacionales. Si así no fuera, a las cuatro de la tarde en punto se reanudará la sesión con las comparecencias previstas en el orden del día. (El señor Yáñez-Barnuevo García pide la palabra.) Señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, siguiendo una costumbre que instauró, felizmente en mi opinión, el Presidente de esta Comisión, hemos propuesto una resolución, que llamamos en nuestro lenguaje declaración institucional, en este caso sobre el acuerdo de la OTAN, la Alianza Atlántica, con Rusia, que tienen todos los portavoces. Si es necesario lo leo y si los portavoces de los distintos grupos están de acuerdo, se adopta sin mayor debate, como es habitual en este tipo de temas.


El señor PRESIDENTE: Tenía en cuenta esa propuesta de declaración institucional y también otra que ha sido formulada sobre la situación que se ha creado en el curso de los últimos días por los ataques sufridos por transportistas españoles en puntos fronterizos franceses. Ocurre, sin embargo, que en una breve consideración de los portavoces presentes, observo la ausencia de alguno de ellos y yo no querría proceder a la adopción de estas declaraciones institucionales, ambas importantes, que, como es notorio y sabido, requieren el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, ya que alguno de los grupos no presentes pudiera sentirse sorprendido, de manera que si no les parece inoportuno, aplazamos para un momento inmediatamente ulterior, cuando estén presentes todos los portavoces, la consideración de estas declaraciones institucionales.
Pasamos, pues, a la consideración del punto del orden del día número 13, proposición no de ley sobre la grave situación en Albania, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra para su presentación y defensa el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Esta proposición no de ley reúne no solamente las razones de oportunidad, sino las de coherencia parlamentaria con los trabajos de esta Comisión. Tuvimos una comparecencia recientemente, la del Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea sobre este asunto, que suscitó un interesante debate en esta Comisión, debate que, por tanto, yo no repetiré.
Creo que es el momento de adoptar una posición política e instar al Gobierno a continuar contribuyendo a la solución de la grave crisis albanesa. Como saben SS. SS., esta proposición no de ley fue presentada hace ya tiempo, entró en el registro de la Cámara el 10 de abril. Desde entonces la situación ha cambiado y nos encontramos en un momento distinto, lo cual ha llevado a mi grupo a enmendar nuestra propia proposición no de ley. Esta enmienda --y a ella me referiré directamente-- tiene el mismo sentido de nuestra posición mantenida en el curso de la comparecencia del señor Secretario de Estado don Ramón de Miguel. Consideramos que la situación caótica en Albania es un problema para toda Europa, muy especialmente para los países mediterráneos. Es una oportunidad de demostrar que las naciones mediterráneas de Europa pueden asumir sus responsabilidades e intervenir para prevenir el desarrollo de la crisis hacia una situación de gravedad aún mayor y lo que está en juego es lo bastante importante como para justificar y respaldar la decisión del Gobierno de España de contribuir a la fuerza multinacional de protección que bajo dirección italiana está presente en este momento en territorio albanés. No me referiré a la historia de la crisis, SS. SS.
la conocen bien; sin duda perderíamos un tiempo precioso.
El sentido de nuestra proposición no de ley es el de instar al Gobierno para continuar apoyando el acuerdo entre los partidos políticos albaneses que ha dado lugar al gobierno de concentración. Como SS. SS. saben, en estos momentos es necesario más que nunca insistir ante los partidos y las fuerzas políticas albaneses en que España y los demás países de Europa implicados en el asunto albanés desean que exista un acuerdo para salir de la crisis y que sin ese acuerdo no sólo es muy difícil la salida razonable de la crisis sino el mismo esfuerzo multinacional.
También debemos manifestar nuestro respaldo al objetivo de celebrar elecciones generales en Albania --la fecha, como SS. SS. saben, es el 29 de junio--, con todas las dificultades que ello supone en estos momentos, entre otras cosas por la grave división que provoca la ley electoral, la situación de inseguridad y la existencia de comités locales que han tomado el puesto de las autoridades locales elegidas recientemente. Al mismo tiempo debemos instar al Gobierno para que asegure el mejor desarrollo de la misión de las tropas españolas en el marco del mandato de Naciones Unidas, marco del que no deseamos salir, del que debe quedar claro que es nuestro punto de referencia y que constituye el sendero por el que debe actuar y en el que debe transitar la misión de nuestros soldados.
Creo que es importante recordar que hace falta un programa de ayuda en materia policial y de seguridad para garantizar el proceso de normalización democrática.


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Creo que la Unión Europea Occidental ha asumido el compromiso de realizarlo, pero ésta es una cuestión de vital importancia en un país en el que ha desaparecido el Estado, en el que la policía albanesa es totalmente incapaz de garantizar ninguna libertad y ningún derecho y mucho menos de garantizar que la ayuda humanitaria y que el esfuerzo internacional pueda contribuir, efectivamente, a sentar bases nuevas para la democracia albanesa y no exclusivamente para alimentar circuitos criminales de los que, sin duda, existe una triste experiencia en Albania.
Finalmente, debemos insistir en que la normalidad democrática en Albania debe llevar a la disolución de los comités locales, a la restauración de las autoridades locales democráticamente elegidas y a la desintegración de las bandas criminales armadas. Existe un ambiente en el que resulta difícil imaginar que un acuerdo político pueda solucionar la crisis en Albania si no entendemos que hace falta restaurar las condiciones en las que debe desarrollarse la vida social y la vida comunitaria del pueblo albanés. El momento es, sin duda, difícil. Estamos acercándonos a la fecha en la que debe abrirse el proceso electoral y creo que es una buena oportunidad para que esta Comisión de Asuntos Exteriores y el Congreso de los Diputados adopten una posición política en el sentido de mejorar y desarrollar la decisión adoptada por el Gobierno, con otros gobiernos europeos, de intervenir en Albania no solamente para evitar una crisis aún mayor sino para asegurar las bases de un desarrollo razonable, no únicamente de la democracia sino de la propia economía y de la sociedad albanesa que, tras tantos años de aislamiento y de dictadura infernal, merece sin duda mejor suerte que la de los últimos meses.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que la presentación del señor Robles se refiere a la enmienda presentada por el mismo Grupo Popular. Es decir, lo que estamos debatiendo es la autoenmienda a la proposición presentada.
(Rumores.) ¿Es posible pedir a todos los señoras y señores comisionados un cierto silencio para que podamos oírnos adecuadamente unos a otros? Más allá de la enmienda presentada por el propio Grupo Popular, no hay ninguna otra enmienda, de manera que invito a los grupos parlamentarios que quieran hacer uso de la palabra a manifestarse al respecto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Muy brevemente, señor Presidente, porque el portavoz del Grupo Popular ha expresado muy claramente el proceso que ha vivido Albania en los últimos meses. Como él ha dicho, la proposición que se nos presenta responde básicamente a lo expresado por los distintos grupos en el debate que tuvimos recientemente con el Secretario de Estado de Política Exterior. Si acaso, le haría una sugerencia al portavoz del Grupo Popular, meramente de estilo. Leído el texto, da la impresión de que se está pidiendo al Gobierno que actúe como tal en una serie de ámbitos y que emprenda una serie de acciones. Quizá convendría especificar que no se está cargando sobre el Gobierno la responsabilidad exclusiva de hacer todas estas cosas, sino que se pide que algunas de ellas las haga en un ámbito no bilateral sino multilateral. Mi sugerencia sería que, en el párrafo quinto, para que no parezca que se está pidiendo al Gobierno que disuelva los comités locales o desintegre las bandas criminales, se dijera algo así como proseguir las acciones bilaterales y multilaterales a fin de contribuir..., etcétera.
Es una corrección meramente de estilo. Por lo demás, nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: También brevemente, para expresar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a esta proposición no de ley que, aunque llegue en un momento tardío en relación al que se planteó, nos parece que su aprobación continúa siendo muy oportuna.
Simplemente quisiéramos expresar una duda, coincidente con la que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en relación al exacto alcance o a la voluntad del Grupo Parlamentario Popular sobre el punto quinto de esta proposición no de ley; por tanto, nos sumaríamos a la propuesta planteada por el señor Estrella para clarificarlo. En cualquier caso, si el Grupo Parlamentario Popular nos aclara exactamente su intención respecto a este punto quinto, seguro que encontraremos una redacción más clarificadora.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Me parece oportuna la observación de los portavoces socialista y de Convergència y Unió. Entiendo que existe una ambigüedad en el texto que no corresponde a la intención de mi grupo. Me parece correcta la propuesta del Diputado señor Estrella. No es la obligación del Gobierno español disolver los comités locales; por eso me he referido al estricto cumplimiento del mandato de Naciones Unidas.
Pretendíamos solamente señalar que la normalidad democrática en Albania necesita de esos pasos, pero creo que queda perfectamente aclarado con las aportaciones de los portavoces señor Estrella y señor Recoder.


El señor PRESIDENTE: ¿Podríamos ver cómo queda redactado el punto número quinto?

El señor ESTRELLA PEDROLA: Habría que añadir al principio del punto quinto las siguientes palabras: Proseguir las acciones bilaterales y multilaterales a fin de contribuir a la normalidad, etcétera.


El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo con esa formulación? (Asentimiento.)

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Pues es ésa la que, con la originariamente también presentada por el Grupo Popular, sometemos inmediatamente a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--SOBRE LA SITUACION EN BELARUS DESPUES DEL REFERENDUM CONSTITUCIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000484.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 14 del orden del día.
Proposición no de ley sobre la situación en Belarús después del referéndum constitucional, de la que también es autor el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Presentamos esta proposición no de ley acerca de la situación presente en la República de Bielorrusia o Belarús, puesto que yo veo indistintamente citadas ambas denominaciones, en función de una serie de acontecimientos que se han producido en los últimos tiempos y que amenazan en cierto modo lo que era una dinámica, más que política, histórica, que, tras la desintegración de la Unión Soviética, aproximaba a estas repúblicas a un estricto espíritu democrático y a la configuración estructural en este sentido de las mismas.
Lo que acaba de ocurrir en Bielorrusia o en Belarús no es justamente algo que se pueda integrar en el término de lo que acabo de expresar, sino una primera situación anómala, un poco extemporánea en el común denominador del conjunto de esos países y, por supuesto, sensu contrario a lo que entendíase que debería ser un proceso hacia la libertad y la democracia en el área ex soviética. Precisamente dos años y medio después de haber adoptado una Constitución possoviética, los bielorrusos la han sustituido por otra, mediante un referéndum nacional promovido justamente por el presidente actual Alexandr Lukashenko. Tras la celebración de este referéndum el 24 de noviembre del año 1996, la situación interna del país se ha decantado progresivamente de forma muy clara en la línea propuesta precisamente por el propio presidente. Hay que reparar, no obstante, en que los resultados finales de las tesis defendidas por el presidente, sin que hubiera la debida observación por parte de representantes extranjeros de otras democracias in situ, arrojó unos resultados del 70,45 por ciento de los votos a favor de esas tesis de Lukashenko, frente a un 7,9 por ciento favorable a la postura mantenida, y es una observación importante, no por una alternativa popular sino explícitamente por una postura defendida por el Parlamento. Consecuentemente nos encontramos ya en una confrontación directa de poderes: la presidencia y el Parlamento, algo que ha venido sucediendo de alguna manera en otros países del área.
Existe en este caso una tesis y una dinámica, como decía antes, sensu contrario a lo que es la evolución de los países hacia la democracia en ese área, que intenta una supresión de cualquier tipo de control al poder presidencial. De acuerdo con la nueva Constitución habrá que reparar, en primer lugar, que Lukashenko ve aumentado el período de su mandato en dos años o más, es decir, se le prolonga hasta el año 2001. En segundo lugar, la hasta ahora única cámara parlamentaria se ve sustituida por dos cámaras, siendo elegido un tercio de la Cámara Alta directamente por el presidente. Vamos viendo cómo se menoscaban los componentes democráticos.
En tercer lugar, el presidente, junto con el Parlamento, ostenta el Poder Legislativo, es decir, se comparten poderes. En cuarto lugar, el presidente ostenta el derecho de convocar elecciones locales y legislativas. En quinto lugar, el presidente puede disolver el Parlamento mientras que el procedimiento del impeachment contra el presidente se dificulta de forma muy sensible. En sexto lugar, el presidente incrementa su capacidad para nombrar directamente a miembros de la Comisión Electoral Central, a miembros del Tribunal Constitucional, a miembros del Banco Nacional y a miembros de la Fiscalía General, es decir, la presencia de la figura presidencial se vuelve paulatinamente omnímoda en todos los mecanismos del Estado.
A la vista de estos acontecimientos es evidente que el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el presidente, bajo presión del Kremlin, ha quedado sin efecto. El Tribunal Constitucional el pasado 27 de noviembre decidió no proceder a la moción de censura contra el presidente debido a la falta de firmas necesarias de diputados. El Parlamento se vio dividido al reunirse, de una parte, los diputados partidarios de Lukashenko, casi dos tercios, en un local anejo al edificio presidencial, frente a una minoría que, presididos por Sharetsky, llevaban a cabo una numantina resistencia a la contra. De hecho, esta nueva Cámara aprobó en su primera sesión dos leyes, la primera conformándose a sí misma como nueva Cámara Baja y la segunda suprimiendo el antiguo Sóviet Supremo o Cámara única y precedente. La política de intimidación y represión de las fuerzas de la oposición, así como el desprecio que se ha ido produciendo paulatinamente a los derechos humanos han creado situaciones de clara restricción de la libertad de prensa y no parece ir en disminución este hecho. La oposición parlamentaria sigue siendo, no obstante, considerable, y un gabinete a la sombra ha hecho un llamamiento a las instituciones europeas (OSCE y Consejo de Europa) para que apoyen a estas fuerzas democráticas en Bielorrusia. Mientras, el presidente Lukashenko sigue gobernando por decreto y el reciente cambio del Ministro de Asuntos Exteriores o el nombramiento del Ministro de Justicia como miembro del Tribunal Constitucional no auguran una modificación ni de actitudes ni de orientaciones.
En otro orden de cosas, el deterioro de la economía y la falta de reformas económicas democráticas ha llevado a los principales donantes...
(Interferencias en la audición producidas por un teléfono móvil.), perdón, como son el Banco Mundial, el BERD y los propios Estados Unidos, a suspender buena parte de las ayudas de estos nuevos proyectos

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a Bielorrusia. Esta es la situación objetiva a la cual se confrontan nuevas realidades. Estas nuevas realidades son una reacción en cadena por parte de la comunidad internacional, donde no se han ahorrado críticas a la falta de garantías democráticas. Por una parte, la Unión Europea...
(Interferencias en la audición producidas por un teléfono móvil.)

El señor PRESIDENTE: Es el señor Lukashenko el que le está llamando.
(Risas.) Yo rogaría a todos los señores diputados que, en entrando en esta sala, si quieren fumar, fumen, pero por lo menos apaguen los teléfonos. En su momento ya prohibiremos también fumar.
Señor Milián, debidamente apagado el teléfono...


El señor MILIAN MESTRE: Está apagado, señor Presidente.


El señor SOLE TURA: Tiene contacto directo con Bielorrusia.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que prosiga.


El señor MILIAN MESTRE: Digo que se ha producido una reacción en cadena en la Unión Europea, en la OSCE, en el Consejo de Europa, en los Estados Unidos, en los países vecinos, muy preocupados por cuanto está sucediendo y, por supuesto, porque entienden que el presidente está conculcando las mínimas garantías constitucionales ante un proceso de reforma constitucional en marcha. Obvio las declaraciones de estos órganos, sobre todo del acuerdo de cooperación del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, uno de cuyos ilustres representantes está presente aquí y cuya firma hemos visto en el documento, así como de otras instituciones de la Unión Europea, en carta enviada al señor Lukashenko o en una manifestación que se produjo en la troika en su encuentro con el propio presidente bielorruso en Lisboa. Sin embargo, sí hay que hacer notar que tanto Polonia, como Lituania y Ucrania, países vecinos, emitieron una declaración conjunta, en donde manifestaban su honda preocupación por los acontecimientos que se están produciendo.
Finalmente, la situación se ha modificado de nuevo con características verdaderamente particulares. Rusia parece apoyar solamente al presidente bielorruso en la medida en que admite el juego de los intereses compartidos y, por supuesto, pueda servir de moneda de cambio para contrarrestar la ampliación de la OTAN, según la clara advertencia que hizo el presidente Yeltsin diciendo textualmente que si Occidente avanza hacia el Este Rusia lo va a hacer hacia el Oeste. En este caso, la concomitancia de intereses entre Yeltsin y Lukashenko ha propuesto la celebración de sendos referendos en Rusia y Bielorrusia, realizados el 2 de abril último, que ha dado paso a un previo acuerdo de reunificación, cambiando de nuevo ese escenario y componiendo una nueva situación sorprendente para el propio entorno.
Sintetizando al máximo la expresión de estos datos, que no dejan de ser muy inquietantes, quiero advertir que el 24 de marzo de 1996 hubo una gran manifestación organizada por las fuerzas bielorrusas de la oposición en Minsk, que reunió a 40.000 personas, fruto de la cual se produjeron una serie de atropellos a las fuerzas democráticas, persecuciones posteriores, destierro práctico de Zyanon Paznyak, presidente del principal partido nacionalista de la oposición, y de su portavoz Syarhei Naumchyk, que tuvieron que huir y que en julio del año pasado estaban ubicados en Estados Unidos, donde pidieron asilo político. Esta fue la primera manifestación. La segunda se ha producido recientemente, en 1997, en conmemoración del aniversario de la independencia de la República bielorrusa en 1918, que fue eliminada por el ejército rojo a los nueve meses. Al menos 70 manifestantes fueron detenidos, entre ellos el primer secretario de embajada norteamericano, señor Alexandrov, de origen bielorruso. En este caso la manifestación fue más reducida, 4.000 manifestantes, que ignoraron las estrictas prohibiciones policiales de marchar por la capital, chocando violentamente con la policía, mientras ostentaban pancartas de este tenor: Belarús en la OTAN o no venderemos la gloria de nuestra nación. Finalmente, Estados Unidos ha cancelado la ayuda de 5.600 millones de pesetas que tenía destinados a Bielorrusia debido a la falta de respeto por los derechos humanos.
Esta es la motivación de nuestra proposición no de ley. Respecto a la postura española, queremos subrayar que no conviene aislar a Bielorrusia, en ningún momento, desde el punto de vista diplomático. España es partidaria de no hacerlo, pero sí de poner un freno a la política irracional y dictatorial de su presidente. España está de acuerdo en limitar al mínimo posible los encuentros bilaterales entre las autoridades bielorrusas y las autoridades de los países comunitarios, así como no emprender, por el momento, otras negociaciones con Bielorrusia ni para la firma de acuerdos bilaterales con Estados miembros, caso ya aplicado por Holanda en la firma de un acuerdo cultural. Nuestro Gobierno considera necesario que la Unión Europea siga demostrando su apoyo a las fuerzas de la oposición, evitando cualquier medida que pueda ser interpretada como reconocimiento implícito o explícito con las nuevas estructuras parlamentarias. En este caso se está siguiendo al Consejo de Europa en la petición de la suspensión del estatuto de invitado especial a la República de Bielorrusia. Por último, entendemos que debe evitarse un total aislamiento del país a nivel diplomático que no haría sino potenciar las tesis antioccidentales de su presidente y su inclinación hacia una mayor unión con Rusia. En este sentido cabe apreciar la entrega a Rusia de los últimos misiles de la extinta Unión Soviética en suelo bielorruso y, por tanto, el cumplimiento de un compromiso que sí se ha llevado a feliz término. Esta es la justificación de los puntos que pretendemos presentar en esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Hay tres enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, para cuya defensa doy la palabra al señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ: Señor Presidente, las enmiendas, respecto a las cuales hemos hablado

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con el portavoz del Grupo Popular, señor Robles, no con el interviniente, van en el sentido de la proposición no de ley. Dado el conocimiento enciclopédico a que nos tiene acostumbrados el señor Milián, no me referiré tanto a su intervención como al texto presentado como exposición de motivos de la proposición no de ley. Nosotros estamos de acuerdo con el texto y con la intención de la proposición. (Rumores.) Coincidimos con el planteamiento del grupo proponente, y mal podía ser de otro modo porque...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martínez. ¿Podría pedir de nuevo silencio a los miembros de la Comisión? Es difícil escuchar a los intervinientes con el permanente ruido de fondo. Si tienen algo que decirse, abandonen la sala por un momento y luego seguimos.


El señor MARTINEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Digo que no es sorprendente, en absoluto, que haya un acuerdo entre el texto que nos propone el Grupo Popular y nuestra postura puesto que en relación con los acontecimientos de Belarús, como en tantas otras cosas, se trata de una gestión llevada a cabo fundamentalmente en el ámbito europeo por el Grupo Socialista y el Grupo Popular de absoluto concierto.
La primera enmienda que presentamos es de estilo. Me decía el señor Robles que quizá fuera sencillamente que había una errata en el texto presentado. Verán ustedes que en el texto que nos presenta el Grupo Popular se habla de apoyar las medidas tomadas por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y por el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no ha tomado posición; quien la ha tomado es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Por tanto, la enmienda lo que hace es referirse a las medidas como las tomadas por las asambleas parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa. Las relaciones de Belarús con el Consejo de Europa eran relaciones del Parlamento del país con la Asamblea Parlamentaria. El estatuto de invitado especial no es un estatuto con la institución Consejo de Europa sino con la rama parlamentaria de la institución, que es lo que se ha suspendido. Por tanto, esa enmienda sencillamente trata de corregir una inexactitud.
La segunda enmienda que presentamos es al segundo párrafo, que nos parece particularmente acertado. Lo que estamos diciendo es que pedimos a los responsables de la federación rusa que intervengan porque tienen unas relaciones extraordinariamente influyentes, incluso una cierta responsabilidad en los acontecimientos de Belarús. Nosotros querríamos no limitarnos a que esa acción se dirija exclusivamente a los responsables gubernamentales, sino a los responsables gubernamentales y parlamentarios, porque es verdad que en la Duma hay una serie de iniciativas al respecto y nosotros añadimos también a nuestra enmienda la expresión «como lo haremos nosotros desde las Cortes Generales», para no dar a entender que pedimos a nuestro Gobierno que intervenga cerca del Parlamento ruso y que nosotros estaremos pasivos al respecto. Entendemos también que desde las Cortes caben otras iniciativas como la de urgirles, lo que creo que se está haciendo en las relaciones que tenemos desde el Congreso y desde las Cortes con nuestros distintos interlocutores rusos en una u otra esfera. Por tanto, entendemos que esta segunda enmienda no marca ninguna diferencia sustantiva.
La tercera enmienda es quizá la que más se distancia, la que marca una diferencia de matiz pero más importante, entiendo yo, aunque es verdad también que el texto coincide bastante con algunas de las cosas que ha dicho el señor Milián en su intervención. Así como en la proposición inicial que se nos hacía se hablaba de limitar los encuentros bilaterales con los actuales representantes bielorrusos, nosotros hablamos de orientar todos nuestros encuentros o contactos bilaterales con los actuales representantes bielorrusos, que son muy limitados por otra parte, hacia la búsqueda de una solución como aquella a la que se está refiriendo el texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en el segundo párrafo, es decir, buscar una solución constructiva y razonable de la crisis constitucional y política de Belarús. Nosotros manifestamos nuestro escepticismo en cuanto a lo de congelar cualquier negociación en curso; más bien debería ser utilizar a tal fin cualquier negociación sobre acuerdos con España o con la Unión Europea. Creemos que el texto que se nos presenta aquí es equivocado en sus cuatro últimas palabras. Es decir, no le corresponde ni a nuestro Congreso ni a esta Comisión ni al Gobierno español congelar la negociación en curso de acuerdos bilaterales con cualquier otro país comunitario. Sí podemos nosotros intervenir en acuerdos españoles bilaterales o en acuerdos de la Unión Europea, pero no podemos intervenir en un acuerdo de Italia o en un acuerdo de Grecia o de Francia. Esta es la tercera enmienda que, como digo, matiza ligeramente lo que se dice aquí. Tengo la satisfacción de haber escuchado al señor Robles decir que le parecían aceptables nuestras enmiendas. Por tanto, pido que se voten las enmiendas y el texto, de manera que tengamos una posición unánime en una materia que no es baladí.
Quiero decirles que los días 7 y 8 tenemos una reunión en San Petersburgo de la dirección de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con la dirección de la Asamblea Parlamentaria de la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Nos vamos a encontrar allí, entre otros, con los parlamentarios bielorrusos. Por tanto, una postura como la que llevamos desde España --será posiblemente la última resolución oficial que se pueda adoptar en un parlamento que tendrá representantes nuestros allí, porque estaremos el señor Puche y yo mismo-- creo que será una buena oportunidad para concienciar de manera amistosa a los demás representantes parlamentarios --estarán los presidentes de todas las cámaras parlamentarias de la CEI--, y hacer llegar una postura firme pero, al mismo tiempo, una postura ciertamente constructiva por parte del Parlamento español, a través de la decisión que esta Comisión adopte en este momento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián para indicarnos si acepta o rechaza las enmiendas presentadas.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, con sumo agrado aceptamos la primera; va de soi, era lógico,

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puesto que era un lapsus ortográfico. En la segunda está perfectamente precisada la ampliación del término relacionado con nuestra aportación como Cortes y, por tanto, me parece muy bien. Y la tercera, que es la que modifica la sustancia del texto, entendemos que es mucho más idónea. Por tanto, aceptamos en su plenitud las tres enmiendas.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a someter a votación la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular con las enmiendas del Grupo Socialista que han sido presentadas a la consideración de esta Comisión.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ: Quisiera pedir al señor Presidente un esfuerzo para que se publicaran las conclusiones de esta Comisión. Así como los debates del Pleno aparecen publicados al día siguiente, los de la Comisión suelen tardar quince o veinte días. Pediría un esfuerzo al Presidente para que en los próximos ocho días esté publicado y dispongamos del documento para esa reunión que vamos a tener.


El señor PRESIDENTE: Tomo nota. No sé si podremos proceder a la publicación, pero en cualquier caso sí tendrá la certificación del texto, de manera que, como indicaba el señor Martínez, los representantes del Consejo de Europa que se reúnen dentro de unos días en San Petersburgo puedan tener el texto debidamente certificado.


DICTAMENES SOBRE:

--ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y SALVAMENTO MARITIMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000099.)

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que la proposición no de ley que aparece con el número 15 ha sido aplazada.
Pasamos, en consecuencia, al debate y votación, en su caso, de los dictámenes sobre convenios y acuerdos internacionales.
Punto número 16 del orden del día: Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado ad referendum en Rabat el 6 de febrero de 1996. ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señorías, el Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, que es objeto de este expediente, fue firmado ad referendum en Rabat en febrero del año 1996. Este acuerdo consta de un preámbulo y de nueve artículos y su objeto primordial es el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la seguridad de la navegación marítima, especialmente en materia de prevención y lucha contra la contaminación, así como el salvamento marítimo en una zona de gran densidad de tráfico por la que transitan anualmente 70.000 buques de los que el 25 por ciento transporta mercancías peligrosas, y zonas en la que se genera un flujo de pasajeros entre España y Marruecos de más de tres millones, produciéndose solamente en los tres meses de verano y a través de la denominada Operación paso del Estrecho un movimiento de más del 50 por ciento de estas personas. Este acuerdo especifica que serán las administraciones de la Marina Mercante de ambas partes las encargadas de llevar a cabo la coordinación y la ejecución de los objetivos que se han indicado y a través del artículo 6 se define que serán las reuniones anuales de la comisión mixta hispano-marroquí las que evalúen la eficacia del mismo. Por último, señor Presidente, establece el acuerdo en su artículo 9 que se deposite en la Secretaría General de Naciones Unidas y que se envíe copia a la Secretaría de la Organización Marítima Internacional del Convenio de Barcelona y de la Comisión de Comunidades Europeas. Por eso el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de este convenio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Boix.


El señor BOIX PASTOR: Tras la detallada exposición del portavoz del Grupo Popular, nuestro grupo parlamentario, consciente de la necesidad de establecer unos medios rápidos y eficaces para la protección del medio ambiente y de las vidas humanas en el mar, votará favorablemente este acuerdo de cooperación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Seré breve, por supuesto. Este acuerdo de cooperación tiene dos componentes. Por lo que respecta a la contaminación, no tengo nada que añadir, y respecto al salvamento marítimo, dados los problemas de ámbito internacional que existen entre las aguas de soberanía española y las marroquíes por la posición geográfica del archipiélago canario, que como sabe el señor Presidente no han sido nunca definidas internacionalmente (las aguas de soberanía española superarían los ámbitos y Marruecos se mantiene contrario), España está prestando desde las bases aeronavales canarias un sistema de salvamento marítimo ejemplar, con medios logísticos aéreos y navales, sobre todo para la flota pesquera española y de cualquier otra nacionalidad europea, por supuesto también la marroquí. Por tanto, nosotros instamos a que la parte marroquí, al comprometerse con este acuerdo

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de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y el salvamento marítimo, preste una especial dedicación poniendo a disposición los medios aeronavales con que atender al salvamento marítimo. Incluso España, superando los casos puramente puntuales de salvamento de embarcaciones en peligro, dispone habitualmente del barco hospital que cubre la asistencia sanitaria de las tripulaciones de cualquier nacionalidad --por supuesto, las españolas--, de los buques pesqueros que operan en las aguas correspondientes bien a la soberanía marroquí, bien a las aguas que nosotros llamamos en la Administración el banco pesquero canario-sahariano. Por estas razones nosotros votaremos a favor de la ratificación de este acuerdo de cooperación.


El señor PRESIDENTE: Pasamos consiguientemente a la votación del Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--DENUNCIA DEL ACUERDO DE TRANSPORTES MARITIMOS ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, FIRMADO EN MALABO EL 5 DE DICIEMBRE DE 1979. (Número de expediente 110/000100.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 17 del orden del día: Denuncia del acuerdo de transportes marítimos entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el 5 de diciembre de 1979. ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? El señor Rodríguez Bolaños, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, la razón de la denuncia del acuerdo que viene en el orden del día es la consecuencia de las obligaciones jurídicas derivadas de la adhesión a las Comunidades Europeas en las que España asume la obligación de modificar los acuerdos marítimos bilaterales con terceros países de los que es parte, al objeto fundamentalmente de adaptarlos a los reglamentos de la Comunidad Económica Europea. En base a eso, España se consideraba obligada a adaptar el acuerdo antes del 1 de enero de 1993 y como consecuencia el Consejo de Ministros celebrado en diciembre de 1992 adopta un acuerdo por el que se autorizaba tal modificación a través de un intercambio de notas verbales. Se envía una nota verbal a la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial por la que se comunica a las autoridades marítimas ecuatoguineanas que las autoridades españolas proponían adaptar el acuerdo marítimo bilateral a las obligaciones derivadas de la legislación comunitaria. Considerando el estado que atravesaban las relaciones bilaterales entre los dos países, en la nota verbal de diciembre de 1992 no se daba una fecha límite a las autoridades ecuatoguineanas para aceptar la modificación del acuerdo ni se señalaba que en el caso de que tal modificación no fuese aceptada por las autoridades España se vería obligada a proceder a la denuncia del acuerdo. No obstante lo anterior y dado el tiempo transcurrido sin recibirse respuesta, con fecha 25 de octubre de 1996 se procedió al envío de una nueva nota verbal en la que se reiteraba a las autoridades ecuatoguineanas la propuesta de modificación del acuerdo bilateral, indicándose en esta ocasión en la misma que de no obtenerse una respuesta positiva antes del 1 de diciembre de 1996 España se vería obligada a denunciar el acuerdo. Durante este tiempo hay que tener en cuenta que la Comisión Europea ha procedido a enviar a las autoridades españolas varias cartas de emplazamiento recordándoles la obligación de llevar a cabo la citada modificación o, en el caso de que la misma no fuese aceptada por la parte ecuatoguineana, la denuncia del acuerdo. En base a eso y como la denuncia también está contemplada en el mismo acuerdo, en el artículo 20.2, y al objeto de cumplir las obligaciones derivadas del citado reglamento comunitario, se propone proceder a la denuncia de dicho acuerdo.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista considera adecuada la denuncia del acuerdo y votaremos a favor de la misma.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, ante la coincidencia entre lo que ha dicho el Diputado Rodríguez Bolaños y lo que yo pensaba decir, no tengo más que añadir, pero hay una cosa que no sé si he entendido bien.
En realidad esto ha sido un poco consecuencia de que nos hemos visto obligados, puesto que la Comisión Europea había procedido a enviar a las autoridades españolas varias cartas de emplazamiento recordando la obligación de llevar a cabo la citada modificación o, en el caso de que la misma no fuese aceptada por la parte ecuatoguineana, la denuncia del acuerdo. Por ello el Grupo Popular votará favorablemente la denuncia de este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? Si no es el caso, pasamos a la votación de la denuncia del acuerdo correspondiente.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad.
Punto número 18 del orden del día. (Pausa.) Parece que hay algún problema de interpretación de este punto.


El señor SOLE TURA: Señor Presidente, solicito que primero se vea el punto número 19 para que tengamos claridad sobre el exacto contenido del 18.


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--CONVENIO SOBRE PROTECCION Y UTILIZACION DE LOS CURSOS DE AGUA TRANSFRONTERIZOS Y DE LOS LAGOS INTERNACIONALES, FIRMADO AD REFERENDUM EN HELSINKI EL 17 DE MARZO DE 1992, JUNTO CON LA RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION DEL CITADO CONVENIO. (Número de expediente 110/0000102.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos en consecuencia a la consideración del punto número 19, Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado ad referendum en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a formular en el momento de la ratificación del citado convenio. ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el señor Castillo, por el Grupo Popular.


El señor CASTILLO JAEN: El convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales, firmado en Helsinki el 17 de marzo de 1992, tuvo y tiene como objetivo primordial reforzar las medidas tomadas a nivel nacional e internacional tendentes a proteger las aguas transfronterizas superficiales y subterráneas con el fin de asegurar su gestión de manera ecológicamente apropiada. Los principios de cautela y del factor contaminador pagador se reconocen como los principios directores para la puesta en práctica de las medidas propuestas. También se admite que la gestión de las aguas debe responder a las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las posibilidades para las generaciones futuras de satisfacer su propias necesidades. La elaboración de este convenio ha sido encargada a la Comisión Económica para Europa, de Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de los Estados participantes en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa en su reunión sobre la protección del Medio Ambiente celebrada en Sofía en 1989. El grupo de trabajo de los problemas del agua y del medio ambiente de la Comisión Económica para Europa ha completado durante cinco reuniones celebradas entre mayo de 1990 y octubre de 1991 la elaboración del proyecto del convenio de referencia. Su firma tuvo lugar durante la última de estas reuniones que se celebró en Helsinki los días 17 y 18 de marzo de 1992.
El convenio, en rasgos generales, cubre a lo largo de su articulado, entre otros, los aspectos siguientes: la prevención, el control y reducción de la contaminación de las aguas, vigilancia, investigación y desarrollo responsabilidad y obligación de reparar, consultas, sistemas de alerta y alarma, asistencia mutua, disposiciones institucionales, protección de la información e intercambio de las informaciones así como su divulgación al público en general. Tiene como objeto, igualmente, promover la elaboración y aumentar la eficacia de acuerdos multilaterales y bilaterales entre países ribereños de aguas transfronterizas. El embajador de España en Helsinki firmó ad referendum el convenio de referencia. Otros 23 países lo firmaron igualmente con excepción de Estados Unidos y Canadá debido al contenido del artículo 2. El convenio se abrió para su firma en Nueva York para el resto de los Estados que forman parte de la CEPE hasta un total de cuarenta. Se ha considerado oportuno por parte del Gobierno español formular una reserva a efectos de salvaguardar el criterio sostenido por el Ministerio de Industria y Energía en la cuestión, reserva que paso a relatar seguidamente. Dice así: En relación con el artículo 3.c), el Estado español entiende que los límites para las descargas de aguas residuales establecidos en los permisos deben garantizar en todo caso el respeto a las normas de calidad del medio receptor, teniendo en consideración las mejores tecnologías disponibles así como las características técnicas de la instalación afectada, su implantación geográfica y las condiciones medioambientales locales. Nuestro grupo apoya este convenio junto con la reserva que España formula al respecto.


El señor PRESIDENTE: El señor Fuentes, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: Intervengo muy brevemente porque tengo poco que añadir a la exposición elocuente y equilibrada del anterior portavoz.
Unicamente quiero resaltar que es un convenio muy importante que tiene relevantes repercusiones en nuestro país. Sólo me queda señalar algo que ha obviado el anterior portavoz y es que el convenio recoge en todas sus medidas el principio de que quien contamina paga.
Nosotros vamos a apoyar este convenio y también la reserva que ha hecho el Gobierno español.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: El convenio recogido en el punto número 19 del orden del día queda aprobado por unanimidad.


--RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL RATIFICAR EL SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE. (NUEVA YORK, 15 DE DICIEMBRE DE 1989.) (Número de expediente 110/000101.)

El señor PRESIDENTE: Volvemos al punto número 18, retirada de la reserva formulada por España al ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? El señor Solé Tura, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


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El señor SOLE TURA: Señor Presidente, pido excusas por el pequeño cambio que se ha producido en el orden del día, pero ha sido debido a la documentación errónea que se me había suministrado y, por consiguiente, no me cuadraba con el enunciado exacto del punto que estamos discutiendo.
Agradezco a la señora Diputada del Grupo Popular que me haya facilitado los documentos necesarios.
Por tanto, estoy en condiciones de decir, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que estamos totalmente de acuerdo con el dictamen que se somete a nuestra consideración.
El problema ya lo tuvimos en relación a la Convención Europea de Derechos Humanos. España había presentado una reserva en el momento de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el sentido de que la abolición de la pena de muerte quedaba condicionada a que, en nuestro caso, según nuestra legislación tanto constitucional como ordinaria, establecía una reserva para la aplicación de la pena capital en tiempos de guerra.
Efectivamente, habiendo abolido esta aplicación de la pena capital en tiempos de guerra en nuestra legislación por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, resulta absolutamente conveniente y necesario proceder a la retirada de dicha reserva.
Por consiguiente, nuestro grupo va a votar favorablemente y con absoluta satisfacción este acuerdo del Consejo de Ministros que se propone a nuestra consideración.


El señor PRESIDENTE: Me alegra saber que entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular existe, por lo menos en esta Comisión, una voluntad de cooperación evidente.
La señora Castro Masaveu tiene la palabra en nombre del Grupo Popular.


La señora CASTRO MASAVEU: Después de las palabras el señor Solé Tura en defensa de la aprobación de esta retirada de la reserva, solamente me queda decir que, efectivamente, el Grupo Popular se une con su voto favorable.
Además, creo que debemos felicitarnos, puesto que España es uno de los pocos países de la comunidad internacional que tiene abolida la pena de muerte y éste era un resquicio que quedaba, que debíamos ajustar, y así lo hemos hecho al retirarse esta reserva.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, consiguientemente, a votar la retirada de la reserva formulada por España al ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la retirada por unanimidad de la Comisión.


--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE CHILE, HECHO EN MADRID EL 28-1-97. (Número de expediente 110/000103.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 20 del orden del día: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? El señor De Cáceres tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor DE CACERES BLANCO: El Consejo de Ministros, en reunión celebrada el 24 de enero del presente año, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, adoptó un acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile. Este nuevo convenio reviste una importancia especial para España, ya que sustituye con ventaja al convenio vigente sobre la misma materia.
Así, por ejemplo, se contempla de manera específica la posibilidad de que los trabajadores en empresas pesqueras mixtas, hispano-chilenas, puedan continuar afiliados a la Seguridad Social española. Este convenio será de aplicación a los trabajadores nacionales de ambas partes contratantes y a sus familiares, manteniéndose todas las propuestas recogidas en el anterior convenio, incluyendo la asistencia sanitaria e introduciendo las prestaciones no contributivas.
Por fin, el convenio recoge como principios básicos, primero, la igualdad de trato en esta materia para nacionales de ambos países; segundo, la garantía del pago de las pensiones a los beneficiarios de una parte que residan en la otra y, tercero, la totalización de los períodos de seguro acreditados en ambas partes para alcanzar el derecho a las prestaciones.
Por dictamen número 447, de 6 de febrero de 1997, el Consejo de Estado manifestó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile requiere la previa autorización de las Cortes Generales. Dada la importancia de este convenio --naturalmente, dentro de su ámbito específico--, nuestro grupo votará a favor de su aprobación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Intervengo únicamente para decir que estamos de acuerdo con el dictamen que se presenta a nuestra consideración.
Teniendo en cuenta que la filosofía de este convenio la ha expresado ampliamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sólo quiero anunciar nuestro voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Tomo la palabra, muy brevemente, para fijar nuestra posición y anunciar

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nuestro voto de apoyo a este convenio de Seguridad Social, que da una continuidad perfeccionadora al firmado en el año 1977 entre los Gobiernos de España y de Chile; perfección obligada por las evoluciones, positivas, que la legislación española, laboral y de seguridad social, ha venido experimentando. Los intercambios comerciales a nivel empresarial han generado también una problemática de asistencia social a trabajadores españoles en Chile y a trabajadores chilenos en España y, sobre todo --como también se acaba de recordar aquí--, que la existencia de unas empresas mixtas hispano-chilenas o chileno-españolas requerían una aplicación nueva, de distintas figuras y modalidades, de la Seguridad Social, especialmente en todo aquello que se refiere a la entrada en la legislación española de las pensiones de carácter no contributivo.
Creemos que es de destacar la aportación española a este convenio, y la generosidad de España queda patente en cuanto a que todos los beneficios que el Estado de bienestar ha venido alcanzando en España se pueden trasponer a los ciudadanos chilenos que se encuentren incursos en el mismo.
Por tanto, creemos que este convenio perfecciona el acuerdo de 1977 --repito, en este carácter evolutivo--, es positivo y le damos nuestro voto de apoyo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: El convenio en cuestión queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ARGENTINA, HECHO EN MADRID EL 28-1-97. (Número de expediente 110/000104.)

El señor PRESIDENTE: Punto número 21 del orden del día: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Este convenio es prácticamente similar al anterior; por tanto, resuelve la situación de los trabajadores españoles en empresas mixtas pesqueras hispano-argentinas, que podrán continuar afiliados a la Seguridad Social española, suprimiéndose la doble cotización.
No voy a ampliar más la filosofía de lo ya expresado en relación con el convenio anterior, aunque sí quiero decir que hoy tratamos dos convenios de Seguridad Social, pero estoy segura de que pasarán más por esta Cámara y este grupo parlamentario considera importante manifestar que la sanidad, la seguridad social y los servicios sociales son señas de identidad de este país y, en definitiva, servicios que el Estado presta a todos los ciudadanos. Por tanto, nos atrevemos a animar al Gobierno a hacer el máximo esfuerzo posible para conseguir que, en las negociaciones de este tipo de convenios con países donde haya emigrantes españoles, estas prestaciones --que son, en definitiva, una parte muy importante del bienestar de los ciudadanos-- sean recíprocas. Los emigrantes españoles las reclaman constantemente y, además, son prestaciones que, en justicia, les corresponden.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Unicamente quiero añadir --después de la brillante intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- que este convenio, al constituir un importante instrumento de coordinación de legislaciones, al incluir también el sistema argentino de capitalización y suponer un avance sustantivo sobre el anterior, al que sustituye, merecerá asimismo el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen hacer uso de la palabra? Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Brevemente, para mostrar nuestro apoyo. Se trata de darle continuidad al convenio de 1966, uno de los más antiguos que España tenía firmados con países del área latinoamericana, en este caso con Argentina.
Se han producido una serie de evoluciones muy significativas, igual que ha ocurrido con Chile, sobre todo porque, en la contraprestación que hace el Gobierno español, lo hace dentro de la singularidad de la legislación de la asistencia social, de la Seguridad Social española netamente estatal, porque tanto en el caso de Chile como en el de Argentina, en el régimen de legislación, sobre todo de Argentina, igual que el de Chile más recientemente, sus Gobiernos optaron por una figura que no existía en el convenio de 1966, igual que el de 1977 de Chile, que son los fondos de jubilaciones y pensiones. Es un tema que tiene su lectura política, por supuesto, de privatizaciones o de actuaciones de fondos de pensiones y de jubilaciones en Argentina, pero este acuerdo deja perfectamente garantizados los derechos de asistencia de los ciudadanos españoles en Argentina. Esperemos que no haya necesidad de recurrir a contenciosos por la especificidad de estos fondos de jubilaciones y pensiones argentinos, pero en cualquier caso los argentinos tienen perfectamente garantizado su estado de bienestar en España por nuestra progresista legislación.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina.


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Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Con esto llegamos al final de la sesión de esta mañana. (El señor Robles Fraga pide la palabra.) El señor Robles me pide la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Es para una cuestión de orden, señor Presidente.
Entiendo que el punto 15 ha sido aplazado para una posterior sesión, no para esta tarde.


El señor PRESIDENTE: Exactamente. Está claro.
Quería decirles lo siguiente, señoras y señores diputados; la Presidencia y la Mesa estará siempre dispuesta a reordenar los trabajos de la Comisión en función de la necesaria flexibilidad y en función de las conveniencias de todos los diputados, nunca a costa de la dignidad de la Cámara. La sesión de la Comisión estaba y sigue estando convocada para esta tarde, a las cuatro de la tarde. Yo les insto, de una manera especialmente urgente, para que hoy todos los aquí presentes estén a las cuatro de la tarde, como estaba previsto, al comienzo de la sesión, donde vamos a contar con la presencia de un señor Secretario de Estado, en la que tenemos cuatro comparecencias más y un cierto número de preguntas que van a ser contestadas por este alto cargo de la Administración.
Yo soy el primero en comprender las dificultades personales que se puedan producir, pero todos somos miembros de esta Cámara y, consiguientemente, a ella nos debemos, en primer lugar, y lo vuelvo a instar de la manera más urgente posible para que todos los tengamos en cuenta.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.


Eran las catorce horas y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores en la que vamos a considerar los puntos correspondientes a las comparecencias, en este caso del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando Villalonga, aquí presente, a quien doy la bienvenida, y la contestación a las preguntas que figuran en el orden del día, con algunas precisiones que a continuación realizo. La primera es que las preguntas 6 y 7, realizadas por don Francisco Rodríguez Sánchez, serán acumuladas y como tal tratadas en la comparecencia del señor Secretario de Estado que figura con el punto número 4 del orden del día. La pregunta número 5, de la que es autor don Ricardo Peralta, ha sido nuevamente aplazada. La pregunta número 11, de la que es autor don José María Robles Fraga, será acumulada en la comparecencia del señor Secretario de Estado que figura con el primer punto del orden del día. Y la última, la número 12, ha sido aplazada.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, no sé si sería posible, apelo a su benevolencia y también a la del Secretario de Estado, que el punto cuarto, ya que no se acumula al punto primero, cosa que comprendo, pasara a ser, en todo caso, el punto segundo del orden del día y siguiera a la primera de las comparecencias.


El señor PRESIDENTE: Me parece que es una propuesta razonable, de manera que el punto cuarto figurará en el segundo lugar del orden del día.


--DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE ATAQUES EN FRANCIA A TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES. (Número de expediente 140/000016.)

El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al Secretario de Estado para proceder a sus comparecencias, voy a dar lectura a un proyecto de declaración institucional que entiendo cuenta con el parecer favorable de los portavoces de todos los grupos representados en esta Comisión y que dice lo siguiente: «La Comisión de Asuntos Exteriores condena con toda energía los ataques y los actos de violencia sufridos por transportistas españoles en Francia y las medidas de sabotaje que una vez más son ejercidas contra los productores y exportadores españoles de frutas y hortalizas, lo que constituyen un grave atentado al principio de libertad de circulación y tránsito y rompe las bases mismas del Mercado Unico y de la Unión Europea.
La Comisión de Asuntos Exteriores expresa su solidaridad con los afectados y reclama a las autoridades francesas que apliquen la ley, respeten los compromisos europeos y garanticen la libre circulación, el tránsito y el acceso de las mercancías españolas a los mercados europeos.
La Comisión de Asuntos Exteriores insta a las instituciones comunitarias a que actúen con la mayor firmeza y celeridad posibles para acabar con esta lamentable situación y para restablecer la normalidad del tráfico y las exportaciones españolas hacia Francia.
La Comisión de Asuntos Exteriores, por último, insta al Gobierno de España a persistir en su postura de firmeza y de denuncia ante las instancias comunitarias competentes estos hechos que han causado importantes pérdidas a la economía y al sector exportador y hortofrutícola español.» Como digo, y si ninguna manifestación en contrario observada en esta sala, esta declaración institucional figuraría como tal declaración por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España.
Quiero agradecer a todos y a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios la colaboración que la Presidencia en este sentido ha recibido.


El señor ROBLES FRAGA: Perdón, señor Presidente. Entiendo que en el último párrafo falta un «de». Debe decir «de estos hechos». Lo digo para la mayor corrección técnica del documento.


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El señor PRESIDENTE: Exactamente, así será. Gracias de nuevo a todos.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS), PARA INFORMAR SOBRE EL ACUERDO DE LA UNION EUROPEA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA MEDIANTE EL CUAL SE SUSPENDE LA LEY HELMS-BURTON POR PARTE DE LOS EE. UU., Y LA UE, POR SU PARTE, RETIRA LA DEMANDA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000578.)

--PREGUNTA DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR) SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL CONFLICTO ENTRE LA UNION EUROPEA (UE) Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA A PROPOSITO DE LA LEY HELMS-BURTON. (Número de expediente 181/000712.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a las varias comparecencias del señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando Villalonga, comenzando por la primera que, siendo su autor el Grupo Socialista del Congreso, tiene como finalidad pedir la explicación del acuerdo de la Unión Europea con los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el cual se suspende la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, y por la suya, la Unión Europea retira la demanda contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.
Don Fernando Villalonga tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como sus señorías saben, el pasado 11 de abril la Comisión Europea dio a conocer y distribuyó a todos los Estados miembros las condiciones del acuerdo al que habían llegado el Subsecretario de Comercio norteamericano, Stuart Eizenstat, y el Comisario europeo, Brittan, en relación con el contencioso que enfrenta a la Unión Europea con los Estados Unidos por la Ley Helms-Burton.
Conviene reseñar que formalmente el acuerdo alcanzado comprometía al Vicepresidente de la Comisión y a los representantes del Ejecutivo norteamericano, y posteriormente el Consejo de Ministros adoptó unas conclusiones para materializar este entendimiento.
Por lo que respecta a los términos del acuerdo negociado, éstos afectaban a tres puntos de fricción entre ambas partes: la Ley de Libertad para Cuba, popularmente conocida como la Ley Helms-Burton; la Ley de Sanciones a Irán y Libia, conocida como la Ley D'Amato, y el panel ante la Organización Mundial de Comercio.
Me voy a referir, a continuación, a los puntos más relevantes del acuerdo en lo referente a las disposiciones legislativas que acabo de citar.
El primer apartado del acuerdo, que se refiere a la Ley Helms-Burton, comienza manifestando el compromiso por ambas partes de continuar los esfuerzos para promover la democracia en Cuba. Por parte europea, dichos esfuerzos constan en la posición común aprobada por el Consejo de 2 de diciembre de 1996.
El Título III de la Ley Helms-Burton, como sus señorías saben, trata del derecho de los ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades fueron expropiadas en Cuba, a demandar ante tribunales estadounidenses a terceras personas o empresas, con independencia de la nacionalidad que ostente, que comercien con dichas propiedades. Por parte estadounidense se ofrecen en el acuerdo la suspensión del derecho de acudir a la Justicia americana mediante un waiver permanente del Presidente Clinton durante todo su mandato.
Referente al título IV, éste prohíbe la entrada en Estados Unidos de personas que comercien con bienes expropiados en Cuba, así como a directivos de empresas que incurran en dichas actividades y a sus familiares.
En el compromiso objeto de esta pregunta, se compromete el Ejecutivo norteamericano a obtener del Congreso la posibilidad de una enmienda que autorice al Presidente, mediante un waiver, a la suspensión del mismo.
Mientras tanto, y dada la obligación legal de aplicar la ley, la Administración norteamericana se compromete a actuar de forma rigurosa a la hora de estudiar las pruebas presentadas al Departamento de Estado sobre el comercio con propiedades confiscadas, para no tener que tomar medidas contra particulares y empresas europeas en relación con el Título IV, y a mantener contactos con todas las partes implicadas, a fin de obtener y proporcionar toda la información relevante antes de emprender acciones en base a dicho título.
Asimismo, la suspensión del Título III, al que antes me referí, afecta directamente a la posibilidad de aplicar el Título IV. Al no plantearse reclamaciones ante tribunales norteamericanos, se reduce notablemente la información que las autoridades de dicho país tengan referentes a empresas y particulares que entren dentro de la categoría de traficantes con bienes expropiados en Cuba.
Por lo que respecta a la Ley de Sanciones a Irán y a Libia, más conocida como la Ley D'Amato, reconocen ambas partes que comparten el interés por trabajar juntos para contrarrestar la amenaza a la seguridad internacional planteada por Irán y Libia. En este sentido, los Estados Unidos toman nota de las medidas adoptadas por la Unión Europea y sus Estados para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, y más en concreto las recientes medidas tomadas por la Unión Europea en relación con Irán, cuando un tribunal alemán probó su participación en un acto terrorista que tuvo lugar en ese país.


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Por todo lo anterior, el Ejecutivo norteamericano se compromete a exceptuar a las empresas europeas de posibles sanciones previstas en dicha ley.
En otro ámbito, ambas partes acuerdan incrementar sus esfuerzos para desarrollar una disciplina y principios consensuados para reforzar la protección de inversiones, tanto bilateralmente como en el contexto del acuerdo multilateral de inversiones que se está negociando en el seno de la OCDE y en otros foros internacionales.
Como sus señorías saben, el acuerdo multilateral de inversiones pretende establecer una normativa multilateral que ratifique los avances de la liberación producidos en los últimos años, suprima progresivamente las últimas restricciones y armonice las reglas de juego para la inversión internacional, facilitando el flujo internacional de inversiones, tecnologías y capacidades. Entre otras cuestiones, el AMI pretende establecer unas reglas de actuación en relación con la expropiación y nacionalización que disuadan del tráfico en el futuro de inversiones que hayan sido expropiadas por un Estado contraviniendo la normativa internacional.
En relación con el AMI, ambas partes se proponen llegar a una solución acordada en el asunto del conflicto de jurisdicciones. Por su parte, la Comisión Europea se comprometía a posponer o suspender temporalmente el panel ante la Organización Mundial de Comercio, reservándose el derecho de reiniciar el procedimiento tan pronto como los Estados Unidos emprendan cualquier acción contra empresas o particulares nacionales de Unión Europea en base a los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, o se incumplan las excepciones comprometidas con respecto a la Ley D'Amato.
El día 16 de abril, el entendimiento se estudió por el Coreper, y el 18, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, mediante un procedimiento escrito, aprobó unas conclusiones en las que tomaba nota del mismo, al tiempo que realizaba las siguientes puntualizaciones significativas: 1.ª)A la vista del acuerdo, el Consejo acordó suspender los trabajos actuales de la Organización Mundial de Comercio sobre la Ley Helms-Burton. 2.ª)La suspensión está condicionada a que no se emprendan acciones contra empresas o personas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, en base a las Leyes Helms-Burton y D'Amato. En el momento en que Estados Unidos no cumpliese cualquiera de sus compromisos, la Comisión instaría a la OMC el reinicio del procedimiento. 3.ª)El Consejo reitera su oposición absoluta a la adopción de cualquier tipo de legislación extraterritorial como medio de promover objetivos relativos a la democracia, derechos humanos, libertades fundamentales y lucha contra el terrorismo.
Consecuente con el compromiso adoptado, y que acabo de explicar, el 21 de abril la Comisión presentó un escrito ante la Organización Mundial de Comercio solicitando la suspensión temporal del panel Helms-Burton.
¿Y por qué el acuerdo? Pues bien, desde la aprobación el 28 de febrero de 1996 de la Ley Helms-Burton por una conferencia conjunta de ambas Cámaras del Congreso norteamericano, y antes de su entrada en vigor en julio del mismo año, España y la Unión Europea mostraron el más firme rechazo a la misma por su carácter extraterritorial, por ser contraria a los principios comúnmente aceptados del Derecho Internacional, a la seguridad de las relaciones económicas internacionales y por ser contraria también a los intereses legítimos de los operadores.
En este sentido se ha manifestado siempre el Gobierno español, tanto en sus contactos bilaterales con las autoridades norteamericanas, como en aquellas ocasiones en que se ha planteado la cuestión en foros internacionales. Asimismo, nuestro país ha participado de forma muy activa en las medidas que la Unión Europea ha tomado para responder adecuadamente a la Ley Helms-Burton, y que, según han demostrado los hechos, han tenido un notable impacto en el ánimo de la Administración Clinton, esto es, la adopción de un reglamento antibloqueo en noviembre de 1996 y la constitución de un panel en la Organización Mundial del Comercio el 20 de febrero de este año.
Como ya expuso recientemente el señor Vicepresidente primero del Gobierno ante el Pleno del Congreso, la Unión Europea ha adoptado un reglamento comunitario directamente aplicable a los Estados miembros, que bloquea y responde activamente ante eventuales medidas extraterritoriales que puedan afectar a los legítimos intereses de ciudadanos y empresas europeas.
Desde la publicación del reglamento, el Gobierno viene elaborando una normativa específica que haga efectiva la protección de los intereses españoles de cualquier tipo de medidas extraterritoriales que puedan ser aplicadas por países terceros. Con anterioridad, el Gobierno tenía preparadas medidas nacionales que la adopción del reglamento comunitario ha obligado a modificar sensiblemente.
De forma paralela, se han denunciado en la Organización Mundial de Comercio los aspectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton y se ha exigido la constitución de un panel con diversas disposiciones en el seno de la OMC. A este respecto, el 20 de noviembre de 1996, y a petición de la Unión Europea y sus Estados miembros, el órgano de solución de diferencias de la OMC aprobó el establecimiento de un grupo especial, conocido habitualmente como panel, contra las disposiciones extraterritoriales de la Ley Helms-Burton. Dicho panel quedó constituido el 20 de febrero de 1997 por designación del Director General de la OMC, señor Ruggiero, y estaba presidido por el señor Dunkel, antiguo Director General del GATT. Se reservaron sus derechos a participar como terceros Canadá, Japón, Malasia, Méjico y Tailandia.
El grupo especial, como saben sus señorías, estableció el calendario que fijaba la fecha del 14 de abril para la recepción del primer escrito de la Unión Europea en calidad de demandante. Sin embargo, dicha recepción no ha tenido lugar, como acabo de explicar, al aceptar la Unión la suspensión del panel por un período de seis meses.
A continuación explicaré las razones que han motivado el cambio de actitud de la Administración norteamericana, que finalmente han permitido llegar a este acuerdo. En este sentido, la Administración norteamericana es contraria a un enfrentamiento con Europa en el seno de la Organización Mundial de Comercio por las consecuencias que podría

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tener para el futuro funcionamiento de la organización. La OMC, como organismo encargado de velar por la liberación del comercio internacional y garante de las normas del GATT, es una organización a la que tanto la Administración norteamericana como la Unión Europea han dedicado notables esfuerzos. En el caso de que la resolución final adoptada por el panel fuese contraria a los intereses norteamericanos, lo que la Administración norteamericana considera posible y la Unión Europea más que probable, cabría el riesgo de que tanto el legislativo norteamericano como la opinión pública de aquel país propugnasen una salida de esta organización, con el consiguiente debilitamiento de la misma.
Como ustedes saben también, los Estados Unidos podrían eludir una resolución negativa alegando la excepción de seguridad nacional, lo que está previsto en las reglas de funcionamiento de la OMC. Esta solución sería un golpe igualmente duro para la credibilidad de la organización, y es por ello por lo que desde un primer momento el enviado especial del Presidente Clinton, Stuart Einzenstat, ha querido negociar con el Comisario europeo, y así lo hizo, Sir Leon Brittan, el compromiso que permitió suspender de momento la conclusión del panel.
Para darles una valoración, el Gobierno considera positivo un acuerdo entre la Comisión Europea y el Ejecutivo norteamericano, ya que supone la adopción de una actitud más dialogante y abierta por parte norteamericana en un asunto internacional que ese país tiende a considerar como de política interna.
El acuerdo, al tiempo que da una solución temporal a un contencioso que podría agravarse hasta tener consecuencias no buscadas por ninguna de las partes, constituye un punto de partida sobre el que buscar soluciones más duraderas. Existe una garantía de principio de la Administración norteamericana de no aplicar a particulares o a empresas europeas las normas extraterritoriales contenidas en la Ley Helms-Burton y en la Ley D'Amato.
Ateniéndonos a los términos del acuerdo, cabe señalar que si bien se acepta la suspensión del panel ante la Organización Mundial de Comercio, esta suspensión está condicionada a que ninguna empresa europea se vea afectada por los efectos extraterritoriales de las leyes Helms-Burton y D'Amato, y su incumplimiento supondría la reintroducción automática del panel.
Por último, cabe recordar que el acuerdo supone únicamente una suspensión temporal del recurso ante la OMC. Esto quiere decir que tanto España como la Unión Europea mantienen las manos libres para recurrir a cualquier otro medio de defensa de sus intereses que se considere lícito.
El acuerdo no afecta en ningún sentido a la legislación antídoto que ha elaborado la Unión Europea y que se concreta en el reglamento comunitario 2271/96. Este reglamento constituye una eficaz protección de los intereses europeos frente a las pretensiones extraterritoriales de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton y de las sanciones contempladas en la Ley D'Amato. Conviene señalar, además, que este reglamento es válido, no sólo para el caso que nos ocupa, sino también para cualquier legislación extraterritorial de terceros países.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, peticionario de la comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia en esta Comisión una vez más del Secretario de Estado de Cooperación y que nos haya informado de un tema de enorme importancia para nuestro país, para nuestras relaciones económicas y comerciales y, más allá de ello, para la defensa de la soberanía, que en este caso es lo que podríamos llamar soberanía compartida con los países de la Unión Europea, ante los intentos y la realidad de legislaciones extraterritoriales, sean en el caso como el que nos ocupa de los Estados Unidos, o sea de cualquier otro país extraeuropeo que en un momento pueda tener la tentación de aprobar legislaciones de esa misma dirección.
Me ha parecido importante su información, era necesario en el ámbito parlamentario, lo hemos seguido a través de los medios de comunicación u otras fuentes de información, pero nunca nos cansaremos de insistir que es en el ámbito parlamentario donde se debe sustanciar la información de los acuerdos, de las negociaciones o de las gestiones que en el ámbito de la política exterior haga el Gobierno.
Tampoco es ocioso repetir que, si bien es bueno y es un haber que tenemos en España que haya un amplio consenso en política exterior, ese consenso no es algo pasivo ni algo adquirido de manera automática o mecánica, sino que es algo que se va construyendo día a día, y para el mismo es necesario una información puntual de los grupos parlamentarios para saber a qué atenerse y coincidir o no en ese consenso básico que fortalece la posición de nuestro país en el ámbito exterior, en la política exterior internacional.
Nos congratulamos también, en líneas generales, del acuerdo. Hemos sido de los primeros que nos manifestamos hace más de un año sobre la inconveniencia, la perversidad de la Ley Helms-Burton en los Títulos III y IV, pero en nuestro caso también en los otros Títulos. Y, por tanto, desde el principio instamos a otras fuerzas políticas, en lo que se refiere a nuestro país y a los países de la Unión Europea, a que había que dotarse de una respuesta firme y enérgica que frenara esos intentos.
Quizá, y lamentablemente, el acuerdo ha llegado, no digo tarde, pero ha tardado más de lo que nos hubiera gustado, porque entretanto, y durante un año de aplicación de la ley, ha habido circulación de listas, cartas a empresas, miedo de los mismos empresarios e inversores, inhibición, por tanto, de los operadores económicos, que actúan, como es normal y muy frecuente, de acuerdo con certidumbres, con horizontes despejados, y en este caso no lo estaban. Después de algunas dudas, de algunos titubeos, de no saber bien qué hacer con relación a esta ley por parte del Gobierno español, y también de otros gobiernos europeos, sin duda, se ha llegado a esta posición, previa a una posición unánime y firme de la Unión Europea, a una negociación con los Estados Unidos, como ha descrito el señor Secretario de Estado.


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El acuerdo quizá ha sido criticado en una dimensión, en un aspecto, como toda negociación cuando una de las partes tiene que cumplir su compromiso negociado de manera inmediata, que es el caso de la Unión Europea, suspendiendo el panel de la OMC, y la otra, en algunos de sus compromisos, tiene que ser consecuencia de gestiones con el Congreso para estudiar determinadas enmiendas legislativas; ahí la crítica se hace un poco desigual. Pero haremos el seguimiento puntual del mismo para que la Unión Europea no pierda capacidad de reacción inmediata en cuanto haya o pueda haber, ojalá no exista, alguna circunstancia que vulnere los términos de ese acuerdo. En algunas ocasiones estamos en el límite o en el ámbito de la duda, en cierta ambigüedad sobre si es o no aplicable este acuerdo a determinados casos concretos. Más tarde, en el punto siguiente, vamos a tratar el caso del empresario español don Javier Ferreiro, detenido en Miami en aplicación de una ley, que no es la Helms-Burton, pero que es una ley en relación al comercio con el enemigo, curiosa denominación en tiempos de paz, y, por cierto, ley muy antigua, de la I Guerra Mundial. Pero sin duda el clima creado, fundamentalmente en Miami y en La Florida, con la Ley Helms-Burton y la persecución de empresarios que comercian con Cuba, ha contribuido de una manera muy importante en la detención las circunstancias de la misma y lo que se está derivando, porque este señor sigue detenido. Ya tendremos ocasión, en el punto siguiente, de ampliar nuestra posición con respecto a este tema.
Me detengo ahí y le agradezco al señor Secretario de Estado su información. Le ruego también que cualquier circunstancia, cualquier circunstancia, cualquier novedad que se produzca con relación a este tema lo comunique a esta Comisión, bien como ahora en una comparecencia, bien a los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el señor Robles, autor de una pregunta que ha sido subsumida en el acto de esta comparecencia, ya que estaba directamente relacionada con la misma.


El señor ROBLES FRAGA: En primer lugar quiero agradecerle, naturalmente, al señor Secretario de Estado su intervención y sus palabras, y manifestarle la satisfacción del Grupo Popular por el resultado de las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Es un éxito de la Unión Europea, que ha sabido defender sus posiciones, que entendíamos no solamente ajustadas a una defensa firme de intereses legítimos, sino que se apoyaban en un buen entendimiento de las normas básicas sobre las que debe construirse un comercio internacional y una economía global basada en la libertad y en la liberalización de los intercambios, que venían a ser puestas en duda y en peligro como consecuencia de una ley, de dos leyes en este caso, del Congreso y del Senado norteamericanos, que aplicaban con carácter extraterritorial disposiciones internas. Nosotros, desde el primer momento, señalamos que el camino para defender correctamente los intereses europeos y españoles era la vía de la Organización Mundial de Comercio, y tengo que decir que en este punto no recibimos la comprensión de otros grupos de la Cámara, que señalaron que ésa era una vía débil, que ésa era una vía endeble, que no bastaba, que había que ser mucho más enérgico. Yo entiendo que la energía estaba y debía estar, como se ha demostrado puesta en el camino correcto, que era el de la Organización Mundial de Comercio, pues ése es el verdadero punto de interés común que en estos momentos, en lo que se refiere a la apertura y liberalización del comercio, une los intereses de Europa y los Estados Unidos. Además, eso era coherente con el programa político con el que nos presentamos a las elecciones, con las declaraciones de miembros del Gobierno, empezando por su Presidente y pasando por su Ministro de Asuntos Exteriores, y también por los distintos momentos en los que en esta Cámara ha habido que tomar una posición a este respecto.
Quiero también mostrar mi satisfacción porque España ha contribuido notablemente a este éxito. Y lo ha hecho desde la coherencia de una posición política que consistía en señalar que si bien existen coincidencias muy profundas sobre los objetivos de democratización y libertad para el pueblo cubano, los medios puestos en práctica por el poder legislativo norteamericano eran, desde nuestro punto de vista, inaceptables y perjudiciales para los comunes intereses sobre los que debe basarse un efectivo diálogo trasatlántico, una comunidad de valores y de principios a ambos lados del océano Atlántico, entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
Efectivamente, era un asunto complejo. No solamente se trata de la Ley Helms-Burton, que tanta pasión ha suscitado en este país, aunque tengo que decir, y forma parte de las preguntas que yo le haría al Secretario de Estado, que, a pesar de lo que el señor portavoz socialista considera retraso, ha producido nulos efectos en el desarrollo de las relaciones comerciales y de las inversiones españolas en Cuba; se trata, demás de la Ley Helms-Burton, de otra ley, que es la Ley D'Amato, referente a otras zonas del mundo, que también afectaba gravemente a los intereses españoles y europeos.
No debemos olvidar que la Organización Mundial del Comercio, que trata de la liberalización de los intercambios comerciales a nivel global, y el acuerdo multilateral de inversiones, forman parte de este nuevo sistema cada vez más integrado de la economía mundial que beneficia directamente a la economía y al proyecto económico, político y social de la democracia española, que es conseguir cuotas más altas de prosperidad y de bienestar para nuestros ciudadanos. Ese era el punto en el que nuestros intereses debían enfrentarse y debían encontrar una solución con los Estados Unidos a propósito de estas leyes.
Además, creo que el esfuerzo de España ha sido especialmente importante, no solamente para impulsar a la Comisión, al Vicepresidente, señor Brittan, para negociar desde una posición clara y rotunda con su colega norteamericano, sino porque después, en el Consejo Europeo, hemos sabido reforzar las garantías y hemos sabido aclarar y explicar correctamente cuáles son los puntos en los que el interés europeo es insobornable y es indeclinable.
Yo creo que hemos hecho bien en no mezclar esta cuestión con la que discutiremos después y por eso me limitaré

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a ésta. Para ser precisos y para ser rigurosos, estamos ante un éxito europeo que es también un éxito español, que muchos en su día pusieron en duda y que hoy viene a ser confirmado en las palabras del Secretario de Estado.
Quiero agradecerle y felicitarle por su contribución a este éxito y, desde luego, le ruego que traslade la felicitación de mi grupo al Ministerio de Asuntos Exteriores y muy especialmente a los negociadores y a los representantes españoles en la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desearían tomar la palabra? Señor Mardones, tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Agradezco al señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica la información que nos ha dado de un tema del que usted también ha sido testigo directo de nuestra preocupación parlamentaria, incluso desbordando el ámbito parlamentario, que no ha hecho más que recoger la opinión que había en la calle, la opinión pública española, sobre todo en los sectores empresariales que tienen relaciones comerciales con Cuba, muchos empresarios del sector turístico balear y canario, que tienen instalaciones industriales en la isla caribeña.
Me circunscribo al tema exclusivamente del contencioso, sobre el que usted también, correctamente, ha dado su explicación informativa en la tarde de hoy.
Qué duda cabe que los Estados Unidos pueden recurrir, como usted bien ha dicho, a cláusulas de excepcionalidad, a reservarse para ellos, estando disconformes con un posible fallo negativo para sus intereses en este tema, ampliar a cláusulas de excepcionalidad su concepto de la soberanía.
Pero me quedo tranquilo en el aspecto de que hay un compromiso político formal de los Estados Unidos de no aplicar esos efectos de la Ley Helms-Burton en empresarios y empresas europeas y concretamente, también por supuesto, españolas, como no podía ser menos.
Esto ha venido a evidenciar que la posición española frente a estos contenciosos internacionales debe hacerse, sin menoscabo, por supuesto, de su acción unilateral y soberanía nacional, en amplio equipo de juego, como una piña con la Unión Europea, que es nuestro espacio de política exterior para estos contenciosos. Porque no es lo mismo el respeto que puede inspirar un solo país de la Unión Europea, el que sea, no quiero hacer ninguna significación, ni de España, ni de cualquier otro que tenga un contencioso con un coloso como los Estados Unidos en todos los órdenes del mercado mundial y de las finanzas, que un bloque compacto y unitario, como lo hizo en su momento la Unión Europea, comenzando por algo que también el señor Secretario de Estado ha dicho que ha sido muy importante: el reglamento antídoto, cuando los Estados Unidos no solamente se avinieron a razones por unas cuestiones puramente vamos a llamarlas políticas o diplomáticas, sino que se dieron cuenta de que se les respondía precisamente tocándoles donde más le puede doler a un coloso, en los efectos financieros y económicos, como eran las medidas que también secundó el Gobierno español en el seno de la Unión Europea como antídoto para contrarrestar efectos perjudiciales financieros y empresariales de la Ley Helms-Burton sobre empresarios y empresas europeas.
Me gustaría, señor Secretario de Estado, que encontrara, a través de mi palabra como portavoz de Coalición Canaria, un apoyo de mi grupo a que siga manteniendo España y Europa las manos libres, como usted bien ha dicho, las manos libres ante cualquier perturbación que pueda tener.
Porque no se nos alcanza a comprender en este momento que Estados Unidos diga que quieren preservar el buen carisma del marco que es la Organización Mundial de Comercio para estos contenciosos --a fin de cuenta, las Organización Mundial de Comercio administra los acuerdos GATT, a los que usted también se ha referido-- y quiere que ese instrumento no se le deteriore y sea un cajón del pimpampum, valga la expresión, y de los contenciosos que encubren intereses económicos fundamentales mercantiles en este aspecto.
Estados Unidos no puede hacer de la necesidad virtud, tiene que demostrar que esto es cierto con todos los panel que están ahí. Porque en este momento, usted sabe, señor Secretario de Estado, que hay otro panel muy grave planteado para los intereses españoles canarios del banano ante la Organización Mundial de Comercio. Y precisamente son los Estados Unidos quienes abanderan y capitanean los países productores de plátanos del área dólar, nunca mejor dicho, del área dólar, aunque otros emplean la expresión área Caribe o de Centro y Sudamérica, que estén en la línea contraria al contingente de banano del área Caribe que puede entrar en la Unión Europea. Ahí tenemos unos horizontes de perspectivas muy preocupantes en este momento. El Gobierno canario lo ha hecho llegar hasta el conocimiento y sensibilidad del propio señor Presidente del Gobierno, el señor Aznar, y nos ha dado todo su apoyo y acogida para que esta línea se mantenga y se diga a los Estados Unidos que tan piedra de toque es el panel de la Ley Helms-Burton como es el panel sobre la OCM del plátano en la Unión Europea. Y que aquí también el Comisario europeo, el señor Brittan, y todas las estructuras políticas y diplomáticas de política exterior europeas estén al unísono para que no utilice estos intereses norteamericanos la Organización Mundial de Comercio para sacarse un panel lesivo tremendamente a los intereses legítimos europeos, donde las cláusulas de preferencia comunitaria siguen prevaleciendo desde el Tratado de Roma, desde el Acta Unica y desde los últimos documentos de todo el Derecho comunitario para la defensa de nuestros intereses.
Señor Secretario de Estado, sabe usted que tiene nuestra sintonía, nuestro apoyo, y le animamos a mantener en esa firmeza, con la flexibilidad de que sigamos con las manos libres plenamente y hacer ver a Estados Unidos que no puede entrar en una incongruencia de decir: Con el panel de la Ley Helms-Burton tomamos esta posición y con otro panel, también de contencioso con la Unión Europea, estamos dispuestos a llevar los caballos para adelante caiga quien caiga. En esta línea está, señor Secretario de Estado, nuestra congruencia con la política del Gobierno, nuestra defensa mutua de los intereses.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Yo querría, ante todo, a efectos no sé si de orden, pero en cierta manera sí de información, por lo menos a título preliminar, dejar constancia de que 24 horas después de que el acuerdo fuera aprobado, este acuerdo que es objeto de esta comparecencia fuera aprobado por el Consejo de Ministros, yo formulé al Gobierno sendas preguntas. Una, que tiene el enunciado de: Contenido del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica acerca de la suspensión de la eficacia de la ley Helms-Burton respecto de empresas europeas, así como de la suspensión del panel iniciado con este motivo en la Organización Mundial de Comercio. Y otra: Valoración del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica acerca de la suspensión de la eficacia, etcétera. Estas preguntas fueron admitidas por la Mesa de la Cámara a trámite y fueron remitidas para su respuesta en la Comisión Mixta de la Unión Europea, con un contenido idéntico al que tienen las preguntas que hoy han sido acumuladas a la comparecencia. Yo sé que eso no es competencia directa del Presidente de esta Comisión, menos aún del Secretario de Estado, pero creo oportuno dejar constancia de ello en este momento como parte de un problema sin duda más amplio; en algún momento habrá que tener la valentía de afrontar que es un problema de coordinación interna entre los trabajos que se realizan en distintas comisiones de esta Cámara.
Al margen de eso, pero me parecía importante decirlo, y entrando en lo que es el objeto de la comparecencia, uno es muy consciente de que la política es el arte de lo posible; especialmente desde mi grupo eso lo experimentamos cotidianamente y por lo tanto sabemos muy bien lo que esa expresión significa. Esa expresión, que vale para la política interna, vale también, entendemos, para la política internacional. La política es el arte de lo posible y a eso se suma otro principio, que cualquier abogado que haya ejercido su profesión sabe que es un principio básico, que es que más vale un mal acuerdo que un buen pleito; eso es un lema que cualquier abogado tiene en su conciencia y algunos incluso materializado en su propio despacho. Ahora bien, ese axioma, mejor es un mal acuerdo que un buen pleito, no nos puede llevar al triunfalismo que ha tenido alguno de los portavoces que me han precedido de convertir un mal acuerdo en un buen acuerdo sencillamente porque nos ha ahorrado un mal pleito.
Este es un mal acuerdo, señor Secretario de Estado, en mi opinión y en opinión de mi grupo; es un pésimo acuerdo. Evidentemente, es mejor que la situación en la que estábamos; de acuerdo, hasta ahí de acuerdo. Supera, mejora, perfecciona una situación lamentable en la que estábamos, sí, pero no recibirá de mi grupo especiales felicitaciones, no tanto porque no las merezca, sino porque sencillamente creemos que no hemos llegado donde había que llegar. ¿Que quizá no había más remedio que hacer eso? Sí, pero lo recibimos con un ánimo estoico y de resignación. Y, desde ese punto de vista, compartimos ese estoicismo con el señor Secretario de Estado, con el Gobierno y, en este caso, con el Consejo de Ministros de la Unión Europea. De ahí a manifestar nuestra adhesión inquebrantable y entusiasta a un acuerdo que sea prueba de un cumplimiento de un programa electoral o cosas de gran triunfalismo que se han dicho en una intervención anterior, no la inmediatamente anterior, la otra, me parece que es sacar un poco las cosas de quicio, y lo digo con todo el respeto hacia alguno de los portavoces que me ha precedido.
Es un mal acuerdo, pero es mejor que un mal pleito, no un buen pleito, sino incluso un mal pleito. Entre otras cosas, porque, y ya lo he comentado en otra ocasión, yo creo que ese pleito ni siquiera habría que haberlo empezado. Otra cosa es que quizá eso es una opción, pero en todo caso, dentro de ese juego de opciones de los que se compone la política y también las relaciones internacionales, reducir un conflicto como éste a un conflicto comercial me parece que fue un error desde el principio, error que evidentemente no es del Secretario de Estado, pues que esto es una decisión mucho más amplia, o en todo caso es compartida, y además reconozco que es discutible. Pero políticamente creo que éste no es un conflicto comercial, en absoluto, ni la Ley Kennedy-D'Amato o D'Amato-Kennedy, ni la Ley Helms-Burton plantean un problema comercial o sólo subsidiariamente plantean un problema comercial. Plantean básicamente un problema político, y netamente político, de relaciones entre Estados y de respeto a la soberanía de los demás Estados, empezando por la soberanía de Cuba, en el caso de la Helms-Burton, que es la primera soberanía directamente violada por la Ley Helms-Burton, mucho antes, incluso cronológicamente en sus títulos y en su articulado, que la soberanía de la Unión Europea o de sus Estados miembros.
La Ley Helms-Burton es una auténtica aberración jurídica desde su primer artículo hasta el último, no sólo allí donde perjudica el bolsillo de los españoles o el bolsillo de algunos accionistas españoles, o no sólo donde perjudique el bolsillo de grandes empresarios de aquí o de allá; es una aberración jurídica desde el nivel de los principios. Todos sabemos que los principios a veces valen muy poco, pero de vez en cuando hemos de tener la satisfacción de decir que algunos creemos en los principios. Y si reducimos los principios sencillamente a aquellos supuestos en los cuales nuestro bolsillo pueda estar perjudicado, creo que hemos dado la batalla por perdida antes de empezarla. Y aquí hay un problema de soberanía, hay un problema de respeto, en concreto y en primer lugar a la soberanía de Cuba. La Ley Helms-Burton empieza regulando perfectamente cómo tiene que ser su transición, quién tiene que ser su próximo Gobierno, qué requisitos debe tener. Eso está en la Ley Helms-Burton.
Hoy hemos aprobado aquí una decisión sobre Belarús, que no tenía nada que ver, que no afecta a nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque no nos da miedo. Y aquí se ha decidido esta mañana una proposición no de ley en la que hemos tomado una serie de decisiones basadas estrictamente en los principios. Efectivamente, esta Cámara y esta Comisión actúa a veces también en el plano de los principios. Cuando tenemos enfrente --y no creo que mi grupo se caracterice por un antiamericanismo barato, ni yo en particular

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ni el grupo que aquí represento-- una potencia como los Estados Unidos, los principios parece que ceden ante argumentos que son estrictamente los del bolsillo, entiéndase esta expresión en su sentido más figurativo, pero bien evidente.
Eso sea dicho de entrada, en primer lugar y con toda la firmeza. Este es un mal acuerdo, porque no entra al fondo del asunto. Es un mal acuerdo, ante todo, por cómo se hizo. Y sabe bien el Secretario de Estado --y conoce que yo personalmente estoy siguiendo en nombre de mi grupo la reforma del Tratado de la Unión Europea, etcétera, y que por lo tanto tengo muy fresco este tema en este momento-- que este tratado fue negociado sin ningún mandato por parte de la Comisión Europea y de hecho condujo al Consejo de Ministros de la Unión Europea a una situación, por lo menos muy original y sin precedentes, de una política de hechos cumplidos, en la cual el Consejo sólo podía o desautorizar frontalmente a un Comisario o ratificar, que es lo único que pudo hacer, haciendo una serie de salvaguardas que el Comisario no habría querido hacer.
El señor Brittan negoció esto encomendándose a quien se quisiera encomendar y negociando sin ningún mandato para hacerlo. E insisto, como decía antes, aquí también lo digo, creo que mi grupo no se caracteriza precisamente por un antieuropeísmo, somos profundamente europeos, respetando las reglas de juego tal como están marcadas. No tenía el señor Brittan mandato para difundir ante la opinión pública un acuerdo de esta forma, haciéndolo absolutamente inamovible en la medida en que ya se había vendido aquí y allá como algo que ya no se podía tocar y el Consejo de Ministros, único órgano que puede ser más o menos controlado políticamente, puesto que la comisión no puede serlo, es el único órgano, por tanto, que podía de alguna forma retocar ese acuerdo.
Incluso desde el procedimiento, ese acuerdo estuvo mal hecho tal como se formuló. Y en su contenido, insisto deja vivo el fondo del problema, no toca el fondo del problema, lo reduce sencillamente a un problema comercial, se suspende el panel, se hace algún tipo de prununciamiento más o menos vago acerca de la extraterritorialidad, pero deja vivo ese elemento de fondo de profunda intimidación, que es lo que quieren tener las dos leyes.
Es cierto, y vuelvo al contraste entre principios y bolsillo, que la Ley D'Amato-Kennedy no afecta al bolsillo de los españoles o afecta al bolsillo de muy pocos. No digo que la Ley Helms-Burton afecte al bolsillo de todos, pero sí son más empresas y además hay un elemento sentimental, porque es Cuba. Que se perjudique la soberanía de Irán o que se perjudique el bolsillo de las empresas italianas nos preocupa menos. No hay más que ver hasta qué punto la prensa se ha ocupado de la Ley D'Amato-Kennedy. De hecho, yo creo que es un dato objetivo que en un programa de radio se hace una encuesta sobre qué es la Ley Helms-Burton, la gente lo sabe. La Ley D'Amato ya es un tema para especialistas, para aquellos a los que les interesa especialmente, para los miembros de ésta Cámara. Y es una ley que tiene una enorme importancia.
Tanto una ley como otra siguen estando vigentes y siguen manteniendo el elemento fundamental que querían tener cuando fueron aprobadas, que es un elemento intimidatorio más allá de la frontera de los Estados Unidos, intimidatorio para todos los agentes económicos que pretendan mantener relaciones económico-empresariales con otros Estados. Eso sigue estando ahí y eso no lo ha modificado este acuerdo. Por tanto desde este punto de vista también es un mal acuerdo.
Y, por último, también es un mal acuerdo, y ahí sí que hay un elemento de pregunta formal al señor Secretario de Estado, porque --no he tenido acceso a su literalidad, sino a la información que el señor Secretario de Estado nos ha dado y a la que en su momento apareció en la prensa, que coincide sustancialmente con la información del señor Secretario de Estado -- no queda claro qué ocurre; qué es eso de una empresa europea.
Porque con esta idea de que no estamos defendiendo los principios, sino estrictamente que no nos perjudiquen nuestros negocios, que nuestros negocios no estén especialmente alterados, reducimos, para no ofender, sencillamente, la protección a las empresas europeas.
¿Qué es una empresa europea, señor Secretario de Estado, pregunto, o al menos cómo se va a interpretar en la aplicación de ese acuerdo o en el seguimiento que de ese acuerdo se haga para que en caso de violación del mismo se pueda reemprender el panel? Una empresa europea, una empresa española que actúe en Cuba a través de una filial en Bahamas, ¿es o no es una empresa europea? ¿O sólo son empresas europeas aquellas a las que estamos obligando, para que puedan estar amparados en el paraguas de este acuerdo, a que renuncien a todas las posibilidades que la legalidad vigente autoriza en aras de beneficios, fiscales o mercantiles, y que no son fraude de ley, que son sistemas perfectamente previstos de utilización de filiales, de utilización de sucursales, mil instrumentos en los cuales puede haber empresas controladas por empresas españolas o europeas en general y que sin embargo tengan formalmente la personalidad jurídica de otro Estado no comunitario? ¿Cómo se va seguir ese tema? Porque si sencillamente hablamos de empresas europeas, evidentemente son pocas, son muy pocas las empresas con nacionalidad europea, si es que en rigor podemos hablar de nacionalidad de las sociedades, con una personalidad jurídica atribuida por un sistema jurídico europeo. Son muy pocas las que así están actuando; muchas de ellas son filiales, pero filiales con una personalidad jurídica de otro Estado. ¿Cómo va a ser seguido ese tema y en qué caso está previsto que eso sea así? Por tanto, y termino, señor Presidente, no nos convence el acuerdo. No le hacemos responsable al señor Secretario de Estado de este acuerdo, creemos que esto es un problema mucho más global y sencillamente en los informes nosotros dejamos constancia de que no nos convence. ¿Es un mal menor? No lo sé, yo creo que ni siquiera llega a las características de mal menor. Yo sí que pediría que en el seguimiento, que espero y supongo que se haga, de este acuerdo, en caso de cualquier incidencia, tanto si es reflejada por los medios de comunicación como si no, fuera transmitida, como ya ha pedido el portavoz socialista, a esta Cámara, ya sea formalmente por comparecencias o,

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como se decía, por comunicaciones periódicas a los portavoces.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): No quiero abundar mucho más; dado que hay coincidencia entre los grupos mayoritarios de lo óptimo que tiene este acuerdo, en la medida en que evita un conflicto mayor con los Estados Unidos y que, como he dicho antes, evita que en éste posible buen pleito lleguemos a conclusiones no deseadas ni por los Estados Unidos ni por Europa, creo que el acuerdo es bueno.
Y este acuerdo, del que nos tenemos que felicitar, no sólo el Gobierno, sino toda la oposición, respecto a la naturaleza jurídica de la Ley Helms-Burton ha llevado a una posición firme por parte española ante la Unión Europea. Creo que nos tenemos que felicitar también porque ha sido importante para conseguirlo haber llegado a una posición común sobre Cuba en la Unión Europea y el acuerdo entre el señor Einzenstat y el señor Brittan lo recoge así. Es importante que la Unión Europea haya insistido en su deseo de que el régimen cubano cuente con una transición pacífica hacia la democracia. Y eso también ha permitido este acuerdo.
Es cierto que el acuerdo no es el mejor, pero es el único posible. Y en este sentido sí que es el mejor, porque no había otra posibilidad de acuerdo. Pienso que la Unión Europea ha cedido bastante menos que los Estados Unidos, porque me permito simplemente recordar que el compromiso norteamericano es muy, muy amplio, en ese acuerdo, y no sólo abarca dejar en suspenso las disposiciones retroactivas del Título III e impide que los Estados Unidos inicien juicios contra personas o empresas europeas que trafiquen con bienes confiscados a los Estados Unidos. También deja en suspensión siete artículos de la Ley D'Amato, de la Ley de Sanciones a Irán y a Libia. Los Estados Unidos y el Gobierno Clinton, que nunca se ha sentido cómo con este acuerdo, nunca, pero las circunstancias internas de los Estados Unidos son las que son, se han felicitado de no llegar a un conflicto abierto con la Unión Europea, que o bien hubiese supuesto la ruptura de la Organización Mundial de Comercio o bien la guerra abierta comercial con los Estados Unidos.
A mí me parece que sí que nos tenemos que felicitar todos. El Gobierno, por su posición, no dubitativa, sino clara desde un principio. El Gobierno nunca ha dejado de denunciar la Ley Helms-Burton ni el contenido extraterritorial y ese ataque, que era de naturaleza política, a la legalidad internacional, que es lo que se debatía en la Ley Helms-Burton.
No era tanto un problema comercial, como el del banano, con el que esté seguro, señor Mardones, que cuenta con todo el apoyo del Gobierno y con la solidaridad de todos los socios de la Unión Europea, sino que era una ley que atentaba a la legalidad de las relaciones entre los Estados básicamente y tenía por ello implicaciones políticas de largo alcance.
Creo que sí, que ha sido posible llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, un socio importante de la Unión Europea, y no sólo en el terreno comercial, sino en el terreno de la seguridad, de la defensa y de la política internacional.


El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, entiendo que el grupo peticionario de la comparecencia tiene derecho a una segunda intervención, si así lo desea.


El señor PRESIDENTE: Sí, pero le rogaría la máxima brevedad.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Por supuesto, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, yo creo que sí, porque ha habido una pequeña referencia en su respuesta a mi intervención, que sí hubo excesiva ambigüedad, pero no nos vamos a enredar en polémicas viejas que ya duran un año. Hemos repetido en muchas ocasiones, pero su intervención me lo hace recordar, que de la famosa entrevista del Presidente Aznar con el Vicepresidente Gore --por lo menos eso fue lo que transmitieron los medios de comunicación; el Ministro Matutes lo ha rectificado muchas veces después-- lo que transmitieron de lo que el propio Presidente del Gobierno dijo al Vicepresidente Gore no era en ese momento una condena tan rotunda y tan enérgica de la Ley Helms-Burton, sino que pidió comprensión y tratamiento benévolo para las empresas españolas que comercian o que tienen inversiones en Cuba.
Sin volver a eso, yo pienso que, en ocasiones, intervenciones excesivamente triunfalistas perjudican gravemente el consenso necesario.
Porque si hubiéramos hecho en esta Cámara, por iniciativa del Gobierno, que me consta que tenía un borrador, una ley antídoto, a lo mejor el camino hubiera sido más rápido y además el resultado hubiera sido un acuerdo necesario con los Estados Unidos, pero en mejores condiciones. Es probable. Yo cuando oigo a una coalición socia del Gobierno tener una posición tan dura con relación al acuerdo, en cierta manera me libera de que, siendo yo el portavoz de la oposición, tenga que hacer esas intervenciones para que no se nos acuse de hacer oposición por oposición.
Pero, en fin, esa línea argumental el Gobierno debería tenerla en cuenta cuando lo hace un socio de Gobierno, que no tiene por tanto ningún interés en debilitar o en criticar por criticar al propio Gobierno.
Y los efectos o los daños que haya podido hacer y que de hecho ha realizado la Ley Helms-Burton durante su año de aplicación han sido importantes y efectivos y a veces irrecuperables. Más que hacer afirmaciones o hacer todo un relato de casos concretos, habría que preguntarle o pedirle un informe a la Asociación de empresarios españoles en Cuba, para que no se diga aquí que no ha pasado nada. Sí ha pasado mucho durante este año por el efecto disuasorio que la propia existencia de la ley conllevaba.
Y, por último, nunca nos hemos cansado de repetir que ésta ni tampoco la Ley D'Amato-Kennedy son leyes que hayan surgido del equipo Clinton-Gore; no han salido de la

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Administración demócrata; son leyes que están hechas en contra de esa Administración por un Parlamento, por una Cámara de representantes y por un Senado dominados por el partido de la oposición en aquel país, el Partido Republicano, y además por los sectores más derechistas de ese partido. Digo esto porque es un aspecto político que hay que tener en cuenta. Dicho de otra manera, ayudar a Clinton a salirse de eso con una posición inteligente por parte de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: El señor Robles me ha pedido la palabra y naturalmente se la concedo.


El señor ROBLES FRAGA: Muy brevemente, señor Presidente. Yo tengo que manifestar que creo en cosas importantes, como el programa electoral del Partido Popular, creo en el pacto de gobernabilidad y naturalmente creo en las buenas intenciones de la oposición cuando se trata de analizar los éxitos del Gobierno. Y en este caso estamos ante un éxito razonable de una constante política de defensa, no sólo de intereses, que los hay en juego y los había en juego, sino también de sanos principios de Derecho internacional y de desarrollo internacional, que encuentro absolutamente resguardados con esta actitud y con este tipo de acuerdos.
El Derecho internacional público es el que es, no existen instancias más allá de las que se han utilizado para dilucidar sobre el bien y el mal en materia de legislación internacional y por lo tanto creo que no solamente era el mejor acuerdo posible, sino que era el único camino posible para que la Unión Europea y los Estados Unidos solucionasen un grave, gravísimo contencioso que ponía en peligro el diálogo trasatlántico y el desarrollo del comercio y las inversiones internacionales y afortunadamente en este caso la Unión Europea ha dado prueba de unidad de criterio y de firmeza.
Yo me permitiré señalar que no solamente había principios, había importantes intereses en juego, no solamente en el caso de la Ley Helms-Burton, sino en el de la Ley D'Amato. Quizás no sería bueno extendernos sobre ese asunto, pero tenemos y teníamos, y tenemos y tendremos intereses estratégicos de España en juego, que han sido salvaguardados con este acuerdo. Y no es --creo-- necesario recordar a SS. SS. cómo en esta Comisión tenemos que ser especialmente conscientes, y los datos existen, para asegurar que esa ley era tan perjudicial, si no más perjudicial, para los verdaderos intereses estratégicos de este país que la Ley Helms-Burton.
Por lo que se refiere al efecto de la Ley Helms-Burton, entiendo que no ha existido ese efecto de intimidación o por lo menos, si ha existido la intención, el resultado no ha sido el buscado por los legisladores norteamericanos. No solamente ha crecido el comercio entre España y Cuba, sino también las inversiones de una forma espectacular. Por lo tanto, más allá de algunas declaraciones, las frías cifras indican, y yo sobre eso había preguntado al Secretario de Estado, indican que ha habido un crecimiento notable.
Y, finalmente, para terminar, cuando existe un camino seguido con orden y concierto por parte de nuestro servicio exterior y cuando los objetivos de política exterior española y las dificultades que ésta encuentra son superados, es perfectamente razonable que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno no solamente se satisfaga mutuamente, en palabras de una ilustre Diputada socialista, sino que además haga constar públicamente que éste es un momento para señalar que los objetivos marcados por el Gobierno se han cumplido y que todo lo demás es de una importancia mucho menor. Por eso, compartiendo con el portavoz de Convergència i Unió las razones que en su día motivaron nuestras actitudes parlamentarias respecto a los peligros, los defectos y las violaciones del Derecho internacional y los atentados a los intereses españoles y europeos de la Ley Helms-Burton y de la Ley D'Amato, creo que en este momento podemos considerarnos no solamente satisfechos, sino incluso llegar al extremo, que a mí me parece perfectamente razonable, de felicitar al señor Secretario de Estado y en su nombre a toda la diplomacia española.


El señor PRESIDENTE: Inevitablemente, el señor Guardans me pide la palabra, e inevitablemente se la tengo que conceder.


El señor GUARDANS I CAMBO: Brevísimamente, yo querría señalar al portavoz del Partido Popular, en aplicación de una doctrina que parece que se generaliza, que el acuerdo de investidura y gobernabilidad no dice nada ni sobre la Ley Helms-Burton ni sobre la política exterior y, por tanto, nuestras decisiones y nuestros acuerdos o disensos no se basan en otra cosa que en nuestro sentido de responsabilidad y nuestras propias opiniones en estricta interpretación del acuerdo de gobernabilidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Muy brevemente. Yo lo único que quiero es insistir en las palabras del señor Yáñez, que nadie como la Administración española, nadie como la Administración española ha contribuido a ayudar a este posible acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea a través de diferentes acciones, una postura muy coherente desde el punto de vista política hacia Cuba y la posición común europea.
Incluso, la condición suspensiva de la retirada del panel de la OCM es iniciativa española, de manera que esa condición suspensiva queda siempre pendiente del cumplimiento del acuerdo por parte de los Estados Unidos y creo que, sinceramente, se ha hecho un buen trabajo, hemos llegado a una isla de paz en este tema, que era conflictivo, que tenía calado político y de legalidad internacional; creo que la Unión Europea y los Estados Unidos han avanzado y han encontrado al menos un espacio de convivencia sin renunciar a los principios, puesto que simplemente se suspenden las aplicaciones de las leyes, sin renunciar a los principios, llegamos a un acuerdo de convivencia pacífica.


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El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, dos precisiones. Una, a la cual me invita muy directamente el señor Guardans.
El señor Guardans hace una referencia con la cual estoy completamente de acuerdo, que es la necesidad de que las competencias respectivas entre la Comisión de Asuntos Exteriores y la Mixta de la Unión Europea sean adecuadamente tenidas en cuenta. Tan de acuerdo estoy con esa observación que en su momento tuve la ocasión de manifestárselo de una manera muy clara al señor Presidente de la Cámara y le haré llegar un escrito que conoce el representante de Convergència i Unió en la Mesa de esta Comisión, que me gustaría que conociera también Su Señoría y que apoyara también su grupo parlamentario, porque me parece importante que esta Comisión no quede ayuna del conocimiento de los temas relativos a la Unión Europea. ¡Faltaría más! Pero que conste que comparto, no sólo comparto, sino que me he adelantado en la expresión pública e institucional de esa preocupación.
En segundo lugar, yo querría hacer una brevísima y respetuosa referencia al maestro D'Ors, cuando decía preferir las quintaesencias a los fárragos. No es que, ¡líbreme Dios de pensar que Sus Señorías sean farragosas!, en absoluto, pero hemos ocupado una hora en el trámite de esta comparecencia. Quiero recordarles que tenemos tres pendientes; no sé si quieren Sus Señorías que estemos tres horas más. Yo creo que si utilizamos ese sabio precepto del maestro podríamos reducir el tiempo empleado, sin por ello afectar a la calidad de las cosas dichas y sobre todo a la intencionalidad de que las cosas dichas sean efectivamente las que uno quería decir. De manera que a mí me parece que sería bueno que todos lo tuviéramos en cuenta. Y si me lo permite el señor Secretario de Estado, también se lo digo; naturalmente, el precepto también se lo aplico; no es que sea en absoluto farragoso.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS) PARA INFORMAR SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS RELACIONES BILATERALES CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DE LA APLICACION POR DICHO PAIS DE LA LEGISLACION EXTRATERRITORIAL Y COMERCIAL GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA ACTIVIDADES LEGITIMAS DE CIUDADANOS ESPAÑOLES, CON LA PRIVACION DE LIBERTAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000283.)

PREGUNTAS:

--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE INICIATIVAS PARA CONSEGUIR LA LIBERACION DEL EMPRESARIO GALLEGO JAVIER FERREIRO. (Número de expediente 181/000629.)

--DEL SEÑOR RODRIGUEZ SANCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA DETENCION DEL EMPRESARIO GALLEGO JAVIER FERREIRO, DECRETADA POR LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES EN MIAMI. (Número de expediente 181/000630.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos con ello al segundo punto del orden del día, una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto y, en su nombre, por don Francisco Rodríguez Sánchez, comparecencia que tiene como finalidad información sobre la incidencia de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica en la aplicación por dicho país de legislación extraterritorial y comercial gravemente perjudicial para actividades legítimas de ciudadanos españoles, que conlleva la privación de libertad.
El señor Rodríguez Sánchez al mismo tiempo había formulado, en ese mismo entorno de cuestiones, dos preguntas, una relativa a las iniciativas que el Gobierno estaba tomando para conseguir la liberación del empresario gallego don Javier Ferreiro y la segunda sobre la opinión que al Gobierno le merece la detención del empresario gallego don Javier Ferreiro decretada por las autoridades estadounidenses en Miami.
El señor Secretario de Estado incluirá la contestación de esas dos preguntas en el trámite de la comparecencia correspondiente.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como Sus Señorías saben, las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y España en estos momentos se pueden calificar de excelentes, como lo prueba el buen clima en que se ha desarrollado la reciente visita del Presidente del Gobierno a los Estados Unidos y la visita anterior efectuada por Sus Majestades los Reyes con el objeto de renovar el contacto con relevantes sectores de la sociedad civil norteamericana.
Estos viajes hay que enmarcarlos en un apolítica de contactos bilaterales a alto nivel que se mantienen con regularidad tras nuestras elecciones generales de 1996 y las presidenciales norteamericanas del mismo año. De hecho, el Ministro de Defensa español ya se desplazó a Estados Unidos en marzo y el viaje del señor Presidente del Gobierno lo que ha hecho es asegurar la continuidad de un primer contacto que se mantuvo con el Vicepresidente Gore en mayo del pasado año y que acaba de ser aludido.
En el ámbito político, el momento en el que se ha producido el viaje del Presidente Aznar le da una especial relevancia, ya que coincide con nuestro interés por mantener estas buenas y excelentes relaciones bilaterales y sobre todo por la etapa de grandes cambios que está sufriendo Europa, tanto en lo que se refiere a los resultados de la

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Conferencia Intergubernamental, el paso a la última fase de la Unión Económica y Monetaria Europea, así como las decisiones que próximamente se tomarán en lo que respecta a la arquitectura de seguridad en este continente.
Ahora bien, dentro de lo que se refiere a nuestras relaciones bilaterales, quisiera hacer alguna mención breve de nuestras relaciones económicas y comerciales, a las que, como no puede ser de otra forma, concedemos gran importancia.
Nuestras relaciones se caracterizan por un fuerte desequilibrio comercial. En 1996 importamos por un valor de 977.000 millones de pesetas y exportamos por un valor de 544.000 millones de pesetas, lo cual representa una cobertura comercial del 55,6 por ciento. Para nosotros, Estados Unidos es el quinto socio comercial, mientras que España es el vigésimo segundo cliente de los Estados Unidos y el vigésimo sexto suministrador. Esta situación se ve agravada en determinados sectores por una fuerte legislación proteccionista que se complementa con una agresiva política norteamericana en lo que afecta a la propiedad intelectual, cinematografía, etcétera. En este ámbito cabe señalar además que Estados Unidos tiene un especial interés en el acceso al mercado español de telecomunicaciones, aprovechando la liberalización del sector que está en curso.
Por otra parte, el convenio bilateral de Defensa, firmado el 1 de diciembre de 1988, funciona satisfactoriamente para las dos partes, habiéndose prorrogado automáticamente por otro año, aunque esto no excluye que las partes hayan señalado la conveniencia de proceder a algunas reformas sin ir a una nueva negociación, lo cual es posible, según el propio convenio, siempre y cuando los cambios no sean sustanciales.
Otros temas de cooperación bilateral, como puede ser el narcotráfico o el terrorismo, siguen siendo fundamentales en nuestras relaciones bilaterales. Y esta relación bilateral se ve complementada además con el diálogo trasatlántico a través de la Unión Europea. Para Estados Unidos, España sigue siendo un aliado fiable y coherente. Aunque hay cuestiones puntuales de desacuerdo, podemos decir que el balance general es muy satisfactorio. España, por otra parte, es una potencia cultural, y así se reconoce en Estados Unidos. También se nos reconoce un grado de influencia política notable en Iberoamérica. Todo ello es valorado por Washington y constituye un importante activo de nuestras relaciones bilaterales con los Estados Unidos, siendo un interlocutor privilegiado en todo lo relacionado con Iberoamérica.
En relación a Cuba, creo que bastante se ha dicho ya sobre la política del Gobierno y sobre su oposición al embargo a la isla de la Ley Helms-Burton. En todo caso, conviene hacer un repaso pormenorizado de los momentos y de las maneras en que nuestra oposición, a los efectos de la Ley Helms-Burton, se ha manifestado en el plano bilateral, puesto que, como acabo de explicar, la vía multilateral, actuando en el seno de la Unión Europea, ha desembocado en la firma del acuerdo antes citado.
En el terreno bilateral, España presentó una nota verbal, en su día ante el Departamento de Estado rechazando los efectos extraterritoriales de la ley. Ello estuvo precedido por las manifestaciones del Presidente del Gobierno al Vicepresidente Gore, así como por las declaraciones ante los medios de comunicación y a los miembros de la Administración norteamericana y representantes de la oposición cubana en el exilio por parte del Ministro de Asuntos Exteriores. Todo ello le fue trasladado al enviado especial del Presidente Clinton, al Embajador Einzenstat, durante su gira europea destinada a explicar la filosofía y razones que impulsaron a la aprobación por el legislativo estadounidense de la Ley Helms-Burton.
En este mismo marco, se aprovechó la ocasión para reiterar a la Administración norteamericana nuestra disparidad, en los medios, que no en los objetivos, respecto de una política hacia Cuba que aspiraba y que aspira al restablecimiento de un sistema de libertades y de respeto de los derechos humanos.
No cabe duda que toda esta actividad de la diplomacia española ha tenido su incidencia en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en el ámbito político, pero creo que también ha contribuido a clarificar nuestras posiciones, sobre todo en el aspecto de nuestra política hacia Cuba, independiente de otros países y coincidente en la finalidad, pero no en los medios, con los Estados Unidos. Hemos ganado en credibilidad, hemos hablado con confianza y con determinación. Esta clarificación de nuestras posiciones ante los Estados Unidos nos permitirá también el actuar en otras áreas con espíritu constructivo y de colaboración trasatlántica, en el entendimiento de que las reglas de libertad de comercio deben ser objeto de respeto por parte de todos los miembros de la comunidad internacional.
En relación a la detención del empresario español, señor Ferreiro, la posición del Gobierno y las iniciativas que ha tomado en torno a su detención creo que han sido ampliamente expuestas por el Gobierno en diferentes foros. El propio Vicepresidente primero del Gobierno ha tenido ocasión, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, de responder a varias preguntas sobre esta cuestión, una de ellas formulada precisamente por su señoría, y en sus respuestas ha dejado bien claro el interés de las autoridades españolas, no sólo centrales sino también autonómicas, y concretamente gallegas --que han seguido muy de cerca el caso--, sobre la resolución rápida del caso Ferreiro. Se ha puesto incidencia sobre la asistencia consular que en todo momento se ha prestado al señor Ferreiro, así como las gestiones que se han realizado incluso por el propio Ministro de Asuntos Exteriores ante las autoridades norteamericanas. No me corresponde a mí sino reiterar los argumentos expuestos por el Vicepresidente del Gobierno en dichas respuestas.
Así pues, la detención del señor Ferreiro ha motivado que el Gobierno, de oficio, le haya ofrecido la asistencia consular que se otorga a todos los ciudadanos españoles que se hallan en esa situación. Las acusaciones, como sus señorías saben, formuladas contra él son conocidas de todos y son graves. No obstante, cabría destacar aquí que el señor Ferreiro está detenido en aplicación no de una, sino de varias disposiciones legislativas norteamericanas de carácter

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estrictamente territorial; no estamos hablando aquí de la Ley Helms-Burton.
Desde el primer momento, el Cónsul General de España en Miami se ocupó directamente de atender al señor Ferreiro. Ha visitado al detenido, a su abogado defensor y a la fiscal encargada del asunto, y ha prestado también al señor Ferreiro la asistencia consular habitual en estos casos.
Dentro de este marco, nuestro Cónsul General ha estado presente en todas las comparecencias del acusado ante el juez. Junto a esta actuación consular, y dada la gran sensibilidad política que despierta el caso, también se han emprendido, desde el primer momento, actuaciones y gestiones diplomáticas.
Como sus señorías conocen, el Gobierno siempre ha sido contrario a las medidas de embargo estadounidenses hacia Cuba, entre otras razones por considerar que estas medidas de coerción económicas son perjudiciales para los intereses del propio pueblo cubano, y por ello las ha combatido con todos los medios al alcance. Además, el Gobierno español aprovecha sus frecuentes contactos con las autoridades norteamericanas para exponerles su punto de vista al respecto, como así se ha hecho durante la reciente visita del Presidente del Gobierno a los Estados Unidos.
Las actuaciones del Gobierno parten del hecho de que el ciudadano español está sometido a un proceso por violación de la legislación interna de un Estado soberano, proceso que reúne todas las garantías jurídicas, incluida la presunción de inocencia, propias de un Estado democrático de Derecho.
El respeto a la independencia del Poder Judicial determina que no se puede interferir en el desarrollo de la justicia, aunque sí, que es lo que estamos haciendo, sensibilizar a la Administración estadounidense de la enorme repercusión política que el asunto tiene en España. Para ello, en el caso que nos ocupa, el Gobierno ha emprendido una serie de iniciativas diplomáticas cerca de las autoridades de los Estados Unidos, y aunque no voy a reiterar ahora las primeras gestiones diplomáticas al más alto nivel que se realizaron tanto en Madrid como en Washington tras la detención y procesamiento del señor Ferreiro, sí que le señalaría que éstas se complementaron y reforzaron con las gestiones del Ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, con la Secretaria de Estado norteamericana, señora Albright, quien gracias a las gestiones diplomáticas a las que me acabo de referir está plenamente informada del caso.
El Ministro Matutes, además, insistió en la sensibilidad con que el asunto se sigue en España y pidió la colaboración de su homóloga en esta cuestión. Ni que decir tiene que la señora Albright tomó buena nota del interés español, aunque señaló en todo momento que el caso estaba sub iudice.
Por otra parte, como ya señaló el Vicepresidente Cascos el 7 de mayo, durante su estancia en Nueva York el Ministro de Asuntos Exteriores mantuvo, además, dos entrevistas con una de las hijas del señor Ferreiro para solidarizarse con ella, escuchar los argumentos que ésta le expuso y explicar, por su parte, las gestiones que el Gobierno está desarrollando ante las autoridades estadounidenses. El propio Presidente del Gobierno recibió igualmente a la hija del señor Ferreiro y le hizo llegar su preocupación sobre el tema. Y la última información sobre las gestiones diplomáticas que estamos realizando la tengo de hoy mismo, y es una entrevista que mantendrá el Embajador de España mañana con la Fiscal General del Estado.


El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Sánchez tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Empezaremos por lo más urgente, lo más tangible, lo más concreto, que es lo que afecta a nuestro compatriota el señor Ferreiro.
La posición teórica del Gobierno respecto de este caso, pretextando que se trata de una legislación interna de los Estados Unidos la que se le aplica al señor Ferreiro, fue, efectivamente, una justificación para explicar una cierta o una clara inactividad por parte de las autoridades diplomáticas, y además para justificar que no había nada que hacer desde el punto de vista político.
Usted aludió a la intervención del señor Alvarez Cascos, y en esa intervención, a pesar de que quiso diluir el problema de fondo con una serie de datos puntuales en relación con las acciones de las autoridades diplomáticas consulares en Estados Unidos, sí vino a reconocer que se trataba, efectivamente, de un caso singular que no podía ser homologado a cualquier tipo de situación de un ciudadano del Estado español que cometiese un delito en otro Estado y que, por tanto, solamente tendría derecho a una cierta cobertura por parte de la embajada y de los consulados respectivos.
Sin entrar a valorar que la posición del Gobierno español no fue inicialmente igual en este caso que cuando el célebre alboroto diplomático que se armó en relación con el ciudadano detenido en Cuba por un accidente de circulación, sí queremos dejar claro delante del señor Secretario de Estado que hasta ahora la opinión familiar, por más que no se manifieste abiertamente, es una opinión que está basada en esperanza, pero no en seguridad de que se esté haciendo algo importante. Y sobre todo se tiene la clara idea de que el señor Ferreiro fue una cabeza de turco, y existe el peligro, y existió aún mucho más hace unos días, de que fuese abandonado a su suerte.
Sin ir más lejos, recientemente, el señor Embajador, don Antonio Marquesi, reconoció que las condiciones carcelarias del señor Ferreiro eran más duras que cuando se produjo su ingreso en prisión el día 1 de abril, y que además fue convertido de preso preventivo en preso mezclado, a pesar de ser preventivo, con narcotraficantes y homicidas. Realmente, este tipo de conducta por parte de las autoridades carcelarias, y sin duda fiscales o gubernativas, de los Estados Unidos, merece un mayor compromiso por parte del Gobierno. Igual que merece mayor compromiso el hecho de que se haya trasladado un hipotético juicio del 26 de mayo a dos meses más tarde por parte de una fiscalía que está muy interesada en conseguir más información, documentación y pruebas de que los productos que el señor Ferreiro vendía a Cuba eran comprados en los Estados Unidos, sin duda con muy mala intención, porque hasta ahora todo lo que hay son fax, que en todo caso llevarían

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consigo que también es imposible utilizar los teléfonos de Estados Unidos o el sistema de telecomunicaciones para comunicar cualquier tipo de contenido privado o público por parte de las personas que legalmente están con domicilio reconocido o cuando menos con viajes legalizados dentro de sus fronteras.
Si tenemos en cuenta que no se ha podido demostrar para nada que se trata de un narcotraficante o bien de un señor que negocia con armas, y sí parece que lo que negociaba era con pañales desechables, con mostaza, con ketchup, y además productos adquiridos en la República Dominicana, se tendrá en cuenta que veinte años de cárcel y 145 millones de pesetas es un precio muy caro para una actividad que está contemplada como legal desde el punto de vista de todo tipo de legislación internacional. Por tanto, señor Secretario de Estado, pensamos que en este caso habría que dar un paso más, que es la cobertura jurídica y económica suficiente a través de un aval diplomático que consiguiese, efectivamente, la libertad del ciudadano, aunque no pudiese abandonar los Estados Unidos en espera de la celebración del juicio.
La propia Unión Europea reconoció recientemente que no hubo petición por parte del Gobierno español referida a este contencioso, a pesar de que cuando conviene parece que somos ciudadanos de la Unión Europea. En todo caso, lo que sí queda claro, y pienso que habría que asumirlo respetuosamente es que no es de recibo la aplicación de una legislación que contraviene tan claramente el sistema de relaciones internacionales, el Derecho internacional. Además, no se puede considerar como acciones de guerra nada cuando no hay una guerra declarada a un país, por muy enemigo que sea considerado por una legislación territorial interna, como es la de 1963, de penalización del comercio con el enemigo, de la etapa del señor Kennedy. Por tanto, aunque no es la Ley Helms-Burton, está claro que se aplica en función de un panorama, que usted mismo reconoció, interno y externo, en cuanto afecta a Cuba o a otros Estados, que son claramente lesivos con el Derecho internacional.
Nosotros, que vemos que hay por lo menos un ligero paso de tomar muy en serio, sin duda por la presión política de amplios sectores de la sociedad del Estado español --aun recientemente ayer el Parlamento gallego por unanimidad pidió la libertad del señor Ferreiro--, animamos al Gobierno, en un caso tan claro, a que dé pasos que no tienen que estar reñidos con las buenas y excelentes relaciones con Estados Unidos, a no ser que se entiendan estas buenas y excelentes relaciones como la obligación del silencio, que sería lo más contrario a una relación diplomática mínimamente equilibrada. En todo caso, no se puede aceptar semejante tipo de represalia personal en nombre de una guerra contra un país del Tercer Mundo que bastante desgracia tiene con buscar el derecho a su propia existencia en una vía alternativa en un medio internacional tan hostil. Señor Secretario de Estado, pensamos que el último dato que usted da, siendo de agradecer, no es suficiente. Esperamos más cobertura jurídica y económica ante un caso singular.
Y ya para acabar decirle dos cuestiones. Es preocupante, y queremos denunciarlo así, recogiendo además sus palabras, que en un contexto de liberalización de la economía, que todos tenemos que aceptar aunque sea a regañadientes, ustedes mismos reconozcan que los Estados Unidos es el país más proteccionista de los que existen, sin duda, a nivel internacional. Así cualquiera puede competir y ser una gran potencia.
Igual que es preocupante que usted reconozca el interés de Estados Unidos con el Estado español en nombre de una futura real liberalización de las telecomunicaciones. No sé si esto tiene algo que ver con la guerra política a la que estamos asistiendo estos últimos días. En todo caso, esta colaboración contra el narcotráfico y contra el terrorismo esperemos que también valga en sentido contrario: es terrorismo la posición de Estados Unidos respecto de Cuba, y criminal, puesto que está aplicando una legislación que no es de recibo y que afecta gravemente a la población de este país.
También quiero decirle que, efectivamente, se es dispar en los medios, pero no nos gustaría que se coincidiese en el objetivo, porque el objetivo de los Estados Unidos no es una transición pacífica en el caso de Cuba, sino acabar, contra viento y marea, con el régimen del señor Fidel Castro. Y sería grave que el señor Ferreiro entrase en el haber de semejantes atrocidades y de que todo vale con tal de conseguir el objetivo final. Pensamos que si es un Estado de Derecho los Estados Unidos, como usted dijo, la legislación que aplica no lo es. Y como hay una contradicción, el Estado español, además tratándose de un ciudadano que debe ser protegido, tiene que hacer todo lo posible por salvar esta situación con todos los medios pacíficos a su alcance.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Guardans, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra. Acuérdese del maestro, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Iba a comenzar, señor Presidente, diciéndole que intentaré suprimir los fárragos y ceñirme a las quintaesencias.
Entrando directamente en el tema, les agradezco al señor Secretario de Estado sus manifestaciones, que efectivamente van más allá de lo que habían sido algunos comentarios iniciales, donde la explicación que se daba cuando se decía cuál era la actitud del Gobierno respecto del señor Ferreiro era decir: Bueno, ya le ha visitado el cónsul. Eso es lo que se dijo en un primer momento. Pero es que el cónsul tiene que visitar a un narcotraficante o a un señor que haya cometido seis violaciones, si tiene pasaporte español. Constato de sus explicaciones que el Gobierno, en concreto el Ministro de Asuntos Exteriores ha adoptado otras medidas mucho más completas y a un nivel más superior que el simple hecho de que el cónsul haya visitado a un súbdito español encarcelado en otro Estado, puesto que evidentemente eso está lejos de lo que aquí se requiere.
Señor Presidente, y no es fárrago, creo que es importante dejar claro aquí, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, que aunque no estamos ante una ley extraterritorial, que estamos ante una ley legítimamente,

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en términos formales, aprobada por los Estados Unidos, por tanto, con validez y desde ese punto de vista no podemos decir nada; no obstante, es una ley profundamente injusta. A mí me falta información sobre el detalle del sumario, pero parece que la principal imputación es el comercio con Cuba. Ya digo que no tengo acceso al sumario y por tanto mantengo la prudencia sobre eventuales otras imputaciones que pueden existir. Pero al menos respecto de ésa, y de la imputación que se derive, como se decía, de la venta de pañales o de lo que sea, del solo hecho de la exportación de bienes a Cuba y de la violación de la Ley de Comercio con el Enemigo, ahí sí que políticamente debemos manifestar nuestra repulsa a que esa ley siga en vigor, porque hay que condenar el embargo, no sólo en las grandes instancias internacionales, sino también en su aplicación.
Un comentario respecto de la intervención del señor Secretario de Estado y de lo que parece que son las gestiones que está haciendo el Gobierno, que, ya digo, en este caso, aunque no me obliga a ello el pacto de gobernabilidad, también les apoyo en todas ellas, incluida esta última que nos ha comunicado. Pero aun respetando y sabiendo que Estados Unidos es un Estado de Derecho y que existe una división de poderes, también es evidente que la acusación allí es el Ministerio Público, y en este caso no sólo el fiscal, sino el Servicio de Aduanas, y el Servicio de Aduanas depende del Ejecutivo. Por tanto, la voluntad política en Estados Unidos de que este proceso se modifique no será ninguna intromisión en la división de poderes, sino que será algo tan sencillo como que el Servicio de Aduanas adopte una actitud distinta de la que está adoptando en este momento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Ha empezado el señor Secretario de Estado su intervención diciendo que las relaciones de España con los Estados Unidos son excelentes. Podía haber añadido, dado el tema que estamos tratando, que lo son, salvo para el señor Ferreiro. Creo que ha aprovechado en parte el tema concreto que nos traía la comparecencia pedida por el Grupo Mixto para explicar esas relaciones. Y está muy bien que las conozcamos, porque la verdad es que, sobre el viaje del Presidente Aznar, no tuvimos, desgraciadamente, ocasión de tener información, ya que el viaje pasó desapercibido por la prioridad que los medios de comunicación dieron a la noticia de la boda de la Infanta Cristina, no me cabe la menor duda que por una coincidencia lamentable.
Como han dicho otros portavoces, creo que el Gobierno debería haber hecho más, y ahora --todavía no es tarde-- debe hacer más. Tengo en mi poder dos notas verbales de la Embajada de España en Washington sobre los casos de dos españolas detenidas en sendos aeropuertos de USA por temas menores que no vienen al caso. En las mismas, enviadas en aquellos días en que fue detenido el señor Ferreiro, la Embajada de España en Washington le expresaba al Departamento de Estado, decía, nuestra preocupación y protesta por la detención y trato vejatorio de la ciudadana española fulana de tal. No ha habido una nota verbal, no hubo entonces, no sé si después la ha habido, sobre el caso del señor Ferreiro. Eso ya hubiera sido una reacción necesaria, aunque no suficiente.
El señor Secretario de Estado dice también que el señor Ferreiro ha sido objeto, y está siéndolo, de acusaciones graves de violación de la legislación interna, etcétera. Yo le pediría al señor Secretario de Estado que desde el ámbito español, desde el Gobierno español, y en su comparecencia parlamentaria, no contribuya a agravar más la situación del propio señor Ferreiro, que él se ha declarado inocente, y usted no lo ha dicho en su intervención. Usted ha hablado de la presunción de inocencia, pero como término jurídico. El se ha declarado reiteradamente inocente, insisto, y no tenemos todavía ningún dato, ningún motivo para dudar de su palabra.
Hay también que contar, y no se ha dicho aquí, las circunstancias en que fue detenido. No es detenido en territorio norteamericano porque estuviera en ese momento comprando material o bienes norteamericanos para exportarlos a Cuba; estaba visitando a sus hijas, que viven en Miami, él está separado y las hijas viven con la madre. Es decir, su residencia es en La Habana y estaba visitando a unos familiares. Esas cosas tienen también importancia, incluso en el ámbito jurídico. Para decirlo en términos coloquiales, no lo han cogido con las manos en la masa. No voy a insistir en qué tipo de productos compraba para vender a Cuba, y cómo él insiste que esos productos --pañales, alimentos, etcétera-- no los compraba en Estados Unidos, sino en otros países.
Tampoco ha dicho explícitamente el señor Secretario de Estado, o yo no lo he entendido bien, que lo tratara el Presidente Aznar en su entrevista con el Presidente Clinton; ha dicho que lo trató el señor Matutes con su homóloga norteamericana. Yo creo que el tema era suficientemente grave, por la singularidad, por la alarma, por la importancia que en España se le da, y especialmente en Galicia, como para que hubiera sido tratado por el Presidente Aznar. Me parece muy bien que haya una entrevista mañana del Embajador de España con el Fiscal General del Estado, pero, insisto, podía haberse hecho antes, llevamos ya varios meses con este grave caso.
Respecto a la separación de poderes y a la independencia judicial, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió. Solamente decir algo: ¿se imaginan ustedes lo que hubieran hecho los Estados Unidos y la Embajada norteamericana en Madrid si un ciudadano norteamericano es detenido en España por cargos semejantes? En una pregunta que le hice al Vicepresidente Cascos con este motivo le dije que eso tiene una explicación, éste es el comportamiento de ser débil frente al fuerte y fuerte frente al débil; eso no es de recibo en un Gobierno digno de sí mismo. Quizá la reacción que ahora se está produciendo es porque se ha esperado --iba a decir una palabra dura, pero diré otra menos dura-- poco elegantemente a que el señor Aznar vuelva de Estados Unidos para entonces tomar medidas y no estropear su viaje. Pero cuando hay un tema tan grave que afecta a una persona encarcelada

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con un trato vejatorio, con un trato injusto, yo creo que la reacción del Gobierno debería haber sido más enérgica. Todavía está a tiempo de serlo y ojalá logre los objetivos y tengamos ocasión de felicitarlo en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Yo creo que en este terreno nos tenemos que mover en el marco del sentido común. Y permítame hacer algunas afirmaciones.
El señor Ferreiro está detenido. El señor Ferreiro es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El señor Ferreiro está perfectamente atendido y protegido por las autoridades consulares, diplomáticas, por el Gobierno de la nación, y perfectamente atendido también en lo que significa la solidaridad del pueblo gallego y del pueblo español. Pero ahí creo que debe pararse la presunción de inocencia y que no la debemos de extender a todos los que han intervenido en este debate.
El señor Rodríguez no es inocente; el señor Rodríguez está en campaña electoral. Y cuando se manifiesta que existe un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia solicitando la libertad del señor Ferreiro, es importante recalcar que la fuerza mayoritaria del Parlamento de Galicia y el Gobierno de Galicia lo integra el Partido Popular; por tanto en ese impulso político a favor de la libertad del señor Ferreiro tiene protagonismo indiscutible el Partido Popular de Galicia, y sin duda la Xunta de Galicia. Desde luego, han sido muy numerosas las gestiones del Presidente de la Xunta de Galicia y de los conselleiros ante el Gobierno central para transmitir su preocupación por este caso y su voluntad de que se resuelva de la manera más favorable y rápida posible. Esto, no para suscitar ningún debate estéril, señor Presidente, sino para poner las cosas en su punto político.
A diferencia de los aquí presentes, yo tengo una pequeña experiencia consular y puedo asegurarles que la primera visita, la más importante de las visitas es la del cónsul. Naturalmente eso debe ser recordado, porque es quien presta asistencia, atiende y calma las preocupaciones de todo español en una situación como aquella en la que se encuentra el señor Ferreiro es especialmente dramática y especialmente difícil: un ciudadano español está atrapado por un sistema legislativo y judicial ajeno, que no conoce y que, por tanto, en una especial situación de desamparo. Y tengo que recordar que el servicio consular español, los cónsules de España, y muy especialmente el cónsul de España en Miami, desde el primer momento han prestado, con un gran esfuerzo, una atención, no distinta, porque no sería justo que fuera distinta, pero sí con un esmero especial, al señor Ferreiro.
Señor Yáñez, creo que hay una gran diferencia entre una nota verbal, y usted lo sabe bien porque ha sido Secretario de Estado, entre una nota verbal, decía, por un incidente o por un caso como el que usted ha citado, y que el propio Ministro de Asuntos Exteriores y el Embajador de España intervengan directa y personalmente ante las autoridades norteamericanas. Y es mucho más importante, mucho más eficaz y mucho más fuerte, desde el punto de vista de la gestión diplomática, la entrevista entre el Ministro de Asuntos Exteriores de España y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, y las gestiones, que no son una, sino varias y reiteradas, del Embajador de España, Antonio Oyarzábal, y no Antonio Marquesi, como aquí ha sido dicho, ante la Administración norteamericana.
Sobre este asunto creo que no debe caber duda alguna. Nos encontramos ante un ciudadano español que está siendo, y creo que es importante decirlo, está siendo asistido, ayudado por la Administración diplomática y consular española. Además, ha sido el objeto de gestiones políticas al más alto nivel posible en los Estados Unidos y en España por parte del Gobierno de la nación. Y eso no es solamente, señorías, porque este Gobierno considere que la legislación norteamericana --que en parte justifica la acusación contra el señor Ferreiro, solamente en parte pero importante-- es radicalmente injusta y políticamente errónea, sino porque en este caso, como en los demás casos que afectan a ciudadanos españoles detenidos en el extranjero, España, que tiene muchos españoles, entre ellos muchos gallegos, residentes en el extranjero, debe ser especialmente atenta para que se garanticen sus derechos y para que reciban la asistencia y la protección consular y diplomática adecuada. Y creo que ese esfuerzo debe ser reiterado.
Politizar, al albur de unas elecciones autonómicas, este caso, o al albur de la política cubana, este caso, sería un franco error y desde luego no le haríamos ningún servicio al señor Ferreiro. Yo lo que sí creo mucho más importante es que existiera por parte de esta Cámara esa misma capacidad de olvidar toda posible conexión, incluyendo la relativa a las bodas reales o cualquier otra cuestión marginal que pasaba por ahí y pescamos al lazo para amenizar un debate, para construir una posición de consenso sobre la voluntad de que en este caso el señor Ferreiro reciba la asistencia y la protección adecuada, respetando, naturalmente, los principios de la protección consular, respetando los principios de las relaciones diplomáticas internacionales, pero, desde luego, afirmando en el mayor acuerdo posible nuestra voluntad de que este caso se solucione favorablemente.
Y no solamente lo digo como portavoz del Grupo Popular, sino porque ustedes comprenderán que para mí me resulta especialmente importante señalar que en este momento, en la Comunidad Autónoma de Galicia, existe por parte de los gallegos una legítima preocupación en este caso. Y eso creo que ha sido expresado firme y correctamente por parte del Gobierno y la Administración española y eso debe también constar en el «Diario de Sesiones».


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Yo no puedo sino manifestarme

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completamente de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular y creer, como cree el Gobierno, que no es positivo, ni siquiera para el señor Ferreiro, la politización de su caso, en el que entraría otro tipo de consideraciones que se han hecho en algunos medios de comunicación y en general en la opinión pública en relación con la política cubana.
Yo tengo que señalar que el caso del señor Ferreiro es un caso de aplicación de una ley interna de los Estados Unidos. ¿Justa? ¿Injusta? Nosotros creemos que es injusta, pero es la ley y la ley es la que es, es una ley democrática y por tanto tiene la legitimidad democrática del Congreso de los Estados Unidos. El señor Ferreiro no está acusado de violar una sola ley, sino varias. Además de violar el embargo, se le ha acusado de falsificación de documentos y de lavado de dinero. El Gobierno cree en la inocencia del señor Ferreiro y por tanto aplica vehementemente la protección jurídica y consular. Al señor Ferreiro se le ha ofrecido asistencia jurídica, se le ha facilitado la asistencia consular pecuniaria. Ahora, el Estado lo que no puede hacer es asumir el aval judicial del señor Ferreiro; ni del señor Ferreiro ni de ningún ciudadano, ni del interior ni del exterior. La cuantía de asistencia jurídica es limitada en este caso a 4.000 dólares. Y en el caso de que se asumiese el aval que solicitan los jueces norteamericanos al señor Ferreiro, se estaría produciendo un trato discriminatorio respecto a otros muchos detenidos, en el interior de España y fuera de España.
El Estado y el Gobierno se ha asegurado y se asegura permanentemente a través de la protección diplomática y la protección consular de que el señor Ferreiro tenga un buen letrado y tenga buenas condiciones de detención, que tenga un juicio justo, en aplicación de las leyes internas de los Estados Unidos. Y además ha sensibilizado a la Administración norteamericana desde un principio, si bien no mediante una nota verbal; desde un principio convocamos al embajador de los Estados Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores para expresarle la preocupación del Gobierno por las implicaciones que pudiese tener el caso Ferreiro.
Más allá de otro tipo de consideraciones, y ya sé que su señoría es muy monárquico y que se felicita, igual que el Partido Popular y el Gobierno, del compromiso de matrimonio de Su Alteza Real la Infanta, el Gobierno, no sólo en el viaje del Presidente Aznar, sino antes, después y hoy mismo ha hecho gestiones consulares y diplomáticas al más alto nivel para obtener la liberación del señor Ferreiro, para obtener todo tipo de garantías de que tendrá un juicio justo, que su asistencia letrada será justa y sus condiciones de vida serán buenas. Incluso se hizo una gestión, a petición del señor Ferreiro, para trasladarle de piso en el penal, gestión que después de un mes se pudo conseguir y que al final el señor Ferreiro decidió declinar; sus razones tendría.
Tengan claro SS. SS. que desde el Gobierno, desde la Xunta de Galicia, desde todos los grupos de la oposición de esta Cámara, no cabe sino la plena seguridad de que estamos ejerciendo la protección diplomática y la protección consular para obtener un juicio justo y con garantías para el señor Ferreiro.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez. Aunque el maestro fuera catalán, me permitirá que le recuerde su dictum, lo de los fárragos y las quintaesencias. Brevísimamente.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Cuatro cosas.
La primera es que yo no deseo entrar en debate con nadie, porque además la cuestión no es para eso, pero sí expresar una preocupación. Realmente, si con el señor Ferreiro se emplea la misma táctica que se empleó aquí de condenar políticamente sobre unas supuestas intenciones, ¡apañados vamos! Si con el señor Ferreiro se emplea la misma táctica que se siguió aquí, de acusar, de no sé qué intenciones de politizar esto en nombre de unas elecciones, apaga y vámonos, porque la suerte que le espera es bárbara.
Hay que ceñirse a los hechos y yo creo que no es bueno que se pretenda hacer un juicio de intenciones contra nadie. Que haya elecciones gallegas a mí me trae sin cuidado como representante del Bloque Nacionalista Galego. Pero es que además hay algo muy grave, si hay una preocupación legítima de la inmensa mayoría de los gallegos para solucionar el caso Ferreiro, lo que sería anormal, anómalo e incomprensible sería que sus representantes políticos no lo tuviéramos presente y no lo trajésemos a este foro, que es donde se deben tratar los temas que legítimamente preocupan a los ciudadanos.
Está muy bien todo lo que dice el señor Secretario de Estado, pero es preocupante cómo, desde el momento que hay algún tipo de observación crítica, inmediatamente se vuelve a un retroceso, a una especie como de aval de que son leyes legítimas, no solamente legales, sino legítimas. Y vuelvo a repetir, las leyes pueden ser muy legales dentro, pero también lo son las de Irán y también lo son en los sitios donde hay pena de muerte; son leyes internas de esos países, y no por eso se acatan decisiones de determinado tipo. Es más, lo que quedó claro es que toda esa legislación tenía una implicación política. Y si tiene una implicación política hay que reaccionar políticamente ante ella. Como éste es un caso político, tendremos que enfrentarlo políticamente y yo espero que a través de la presión de todos, empezando por la presión del Gobierno, ayudado todo lo que tenga que ser ayudado por los grupos políticos y por la sociedad. Vuelvo a repetir que una cosa es el respeto a otros gobiernos y otra cosa es acatar con silencio o sumisamente las barbaridades que puedan hacer. Y en este caso Estados Unidos está actuando bárbaramente en contra del Derecho internacional, y a mí me trae sin cuidado que eso sea legal dentro de su país, pero no es legítimo.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS) PARA INFORMAR SOBRE:

--OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL VIAJE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A BRASIL Y ARGENTINA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000579.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos con ello al punto segundo del orden del día, tercero dentro de las comparecencias, comparecencia pedida por el Grupo Socialista del Congreso y relativa a las explicaciones de los objetivos y los resultados del viaje del señor Presidente del Gobierno a Brasil y Argentina.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como saben SS. SS., entre los días 16 y 23 de abril el señor Presidente del Gobierno visitó oficialmente Brasil y Argentina. Del 16 al 19 de abril se desarrolló la visita a Brasil y del 20 al 23 la de Argentina.
El Presidente llegó a Brasil acompañado de una importante y numerosa delegación, que incluía no sólo a cinco secretarios de Estado y altos funcionarios, sino también a un amplio y representativo grupo de empresarios españoles.
Brasil constituye, como bien conocen SS. SS., una potencia demográfica y económica, con una población que sobrepasa los 180 millones de habitantes, siendo el quinto país en extensión geográfica del orbe, y con un PIB en 1995 de 701.500 millones de dólares. Cifras, al igual que todas las brasileñas, como le gusta gráficamente decir al Presidente Cardoso, brutais, y que corresponden fielmente a la gigantesca envergadura de este país continental. Se trata de un coloso político y económico que, tras períodos largos de inestabilidad, se ha internado en un proceso de profundas reformas estructurales que llevan camino de convertirse en un intento liberalizador definitivo capaz de situar su economía en una línea paralela a la de otros países iberoamericanos, como México o Argentina, que estuvieron sometidos a evoluciones similares de profunda reforma en el reciente pasado. Su proceso de apertura al exterior comenzó en 1988 con el desmantelamiento de la estructura de protección comercial, que incluía además la abolición de los controles cuantitativos y la lista de importaciones prohibidas, conteniendo la formulación de un programa de reducción de aranceles. Todo ello se aceleró con la introducción del plan real y la firma del acuerdo del Mercosur, que ha producido todo un cambio radical sobre su balanza comercial, que si hasta el año 1994 se caracterizaba por tener un elevado superávit, a partir de esa fecha ha invertido su signo, con un fortísimo incremento de las importaciones, que en 1995 tuvo un déficit superior a 3.000 millones de dólares, calculándose que en el pasado ejercicio estará en torno a los 2.000 de déficit.
Otro aspecto positivo en la panorámica reciente de la economía brasileña es la entrada de capitales atraídos por altos tipos de interés, la recuperación de la confianza en este mercado y las políticas de liberalización que aplica su Gobierno tras el actual plan de ajuste.
Están obteniendo, pues, excelentes resultados en el descenso continuado de la inflación y el mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico. Al mismo tiempo, Brasil representa un país de importancia capital y de inocultable peso en el Mercosur. Está ligado a la Unión Europea por el importante acuerdo marco interregional de cooperación firmado el 15 de diciembre de 1995 con ocasión del Consejo Europeo celebrado bajo presidencia española en Madrid. Hoy por hoy, los Quince constituyen el principal socio comercial de este prometedor mercado del sur y, en efecto, más del 53 por ciento de las exportaciones de la Unión a América Latina en el año 1994 fueron absorbidas por Mercosur, mientras que las importaciones europeas fueron cercanas al 45 por ciento del total latinoamericano. Brasil es de lejos quien se lleva la principal parte de estos intercambios, un 44 y un 46 por ciento, respectivamente, en importaciones y exportaciones de la Unión Europea a Iberoamérica.
Aunque a la hora de hablar de Mercosur y la Unión Europea o de Brasil y España se esté muy lejos de concentrarnos sólo en la economía, de agotar su contenido y proyección, dado que con el acuerdo que une a ambos grupos se ha incorporado una dimensión inédita a las relaciones de los Quince con el continente americano, al introducirse factores políticos y culturales que han convertido y que convierten Iberoamérica decidida y resueltamente en la tercera de las prioridades de la Unión, tras los países del Este y los del Mediterráneo.
No en vano, el acuerdo marco en cuestión, al resaltar los lazos de todo tipo que unos unen, señala también la coincidencia de que los europeos y brasileños estemos internados en sendos procesos paralelos de integración, buscando la inserción internacional de nuestras economías y, en definitiva, promoviendo el acercamiento entre nuestros pueblos, con voluntad política por ambas partes de establecer como objetivo final una asociación interregional de carácter político y económico basada en una cooperación política reforzada. Este énfasis en lo político ha tenido también vivo protagonismo en la visita del Presidente del Gobierno y en alguno de sus resultados concretos, como tendré ocasión de comentar a SS.
SS. a la hora de hacer el balance.
Es, volviendo a lo económico, en este incitador marco global en el que aún se destaca más la evolución de los intercambios bilaterales que nos han llevado en breve espacio, de 1993 a 1996, a una tasa de cobertura que, arrancando apenas del 28 por ciento en el primero de los citados años, alcanza ya prácticamente el 83 por ciento el pasado año, con unas cifras en el año 1996 de 146.000 millones de pesetas para nuestras compras y de 121.000 millones para nuestras ventas, con unas perspectivas aún mejores. A ello no ha sido ajena ciertamente la celebración de Expotecnia entre el 22 y el 27 de noviembre de 1996, enfocada como una gran operación de promoción tecnológica y comercial orientada hacia todo el Mercosur y con la participación de más de 400 empresas españolas, 18 sectores industriales diferentes y una cifra récord de visitantes, muy superior a la de tres ediciones anteriores.
Por su parte, nuestras inversiones conocen también un momento espléndido; de los 13.522 millones de pesetas alcanzados en 1995 superan ya los 21.000 millones, contabilizados sólo en los primeros nueve meses de 1996, con diferentes y significativas presencias, materializadas ya, o por convertirse en realidad, de Telefónica, líder de un consorcio que ha adquirido el 35 por ciento de la Telefónica

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del estado Rio Grande do Sul, Endesa, Iberia, CASA, Bazán, Banco de Santander, Sol Meliá, Mapfre, Emesa, Carbonell, Mirurgia, y un largo etcétera, que no hace sino refrendar el interés de una y otra parte en reforzar los contactos que tienen aún, afortunadamente, un largo camino por recorrer.
A lo largo del último año han tenido lugar una serie de acontecimientos de gran importancia para las relaciones bilaterales. La organización, como ya les he expuesto, de la señalada Expotecnia, que inauguró Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y el Presidente Cardoso; la visita del Ministro de Relaciones Exteriores a Madrid y la celebración en nuestra capital de la segunda reunión de la Comisión bilateral de alto nivel en febrero del presente año, así como por la preparación de diversos actos culturales en forma de exposiciones de arquitectura y pintura y diferentes espectáculos artísticos que acercaron la España de hoy al Brasil.
La visita propiamente dicha constó de tres etapas, San Pablo, Brasilia y PÖrto Alegre. De San Pablo cabe destacar la intervención del Presidente del Gobierno ante centenares de empresarios paulistas y españoles en la Federación de Industrias de ese estado, la influyente Fiespe, objeto de gran cobertura mediática, y en la que se reafirmó nuestro interés en una participación creciente en su apertura económica, regional e internacional, y reforzando los esfuerzos y gestiones de firmas y empresarios españoles ya establecidos o en vías de materializar proyectos en Brasil. También tuvo la oportunidad el presidente del Gobierno en su encuentro con la colonia española, en la centenaria Sociedad de Socorros Mutuos de Instrucción y Recreo, de poner de relieve la importante aportación de los emigrantes españoles a Brasil, y particularmente a San Pablo, al filo del centenario del fundador de esa ciudad, el Padre Anchieta.
En Brasilia, los contactos políticos fueron intensos, pasándose revista a la propuesta española de una Cumbre Europa-Iberoamérica, las ricas posibilidades que está llamada a ofrecer una eventual y reforzada concertación política hispano-brasileña previa a foros regionales internacionales de interés para ambas partes, el presente y futuro de las cumbres iberoamericanas, que admiten igualmente un crecimiento de esfuerzos e iniciativas de ambos países para convertir en realidad muchas potencialidades y la firma, en fin, en un acto solemne, en la presencia de ambos Presidentes, y a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil y de nuestro Secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas, del acuerdo de cooperación en materia turística.
Otros diferentes temas de tipo consular, financiero-comercial y parlamentario ocuparon una agenda en la que el Presidente del Gobierno y la delegación tuvieron acceso directo a numerosas personalidades del mundo de la política, de la empresa y de la cultura de ese país. La última etapa, en PÖrto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, permitió el encuentro con los Gobernadores de Rio Grande do Sul y de Paraná en un escenario muy próximo y afín a España, dada la tradicional simpatía y cercanía de la población local a la lengua, costumbres y culturas hispanas, reavivadas en los últimos tiempos por la pujante penetración inversora y comercial de España, aún más activa en el sur que en los demás estados de la Federación Brasileña. Ello ha permitido que nuestro idioma conozca el alza espectacular que tiene en estos días en un Brasil creciente y obligadamente volcado hacia el mundo hispánico, que lo convierte, fuera del caso específico de los Estados Unidos, en el mercado español más importante de lengua extranjera. A este respecto, se estudian ya las acciones puntuales oportunas dirigidas tanto a paliar la falta de profesores de nuestra lengua en Brasil como la eventual apertura de nuevos centros culturales que se añadan a los existentes ya en Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, PÖrto Alegre y Recife.
No quisiera acabar esta parte de mi comparecencia sin realizar una breve evaluación de la visita.
Desde el punto de vista político, ha permitido un interesante e intenso intercambio de impresiones sobre temas de actualidad internacional y de interés bilateral. Citaré entre los primeros la Cumbre «Una Europa en Iberoamérica»; la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, el G-7; la situación de las relaciones Ecuador-Perú, dada la pertenencia de Brasil, como ustedes saben, con Argentina, Chile y Estados Unidos, al grupo de países garantes del protocolo de Río de Janeiro; Oriente Próximo-Mediterráneo, tema de gran interés para nuestros amigos brasileños, que cuentan en su país con numerosas e influyentes comunidades judías y libanesas; Cuba. Y entre los segundos, entre otros, la eventual adopción de un mecanismo de diálogo y coordinación entre ambos países sobre temas regionales e internacionales que nos permita, como dije antes, un estrecho y puntual contacto, con visitas a coordinar, en la medida de lo posible, y la conveniencia de lograr una participación creciente y activa de Brasil en el marco de las Cumbres iberoamericanas.
Desde el punto de vista económico, el desplazamiento ha proporcionado un importante respaldo al empresariado español y a nuestros intereses en Brasil, reforzando, en continuidad con el esfuerzo que supuso la celebración de Expotecnia, la imagen de España como país moderno, indisociablemente europeo, iberoamericano, industrializado, en posesión de una tecnología de punta en algunos sectores y dotado de capacidad inversora, que apuesta con decisión por el futuro del Brasil y que está dispuesto a seguir participando en una nación embarcada por la apertura en todos los órdenes de su economía. Se anticiparon además con satisfacción la continuación de las conversaciones que permitan la firma de un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, reiterándose el acuerdo que aconseja la revisión del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos.
En lo consular, aparte de permitir un contacto directo con la importante comunidad española residente en Brasil y llevarles además el homenaje a su contribución al desarrollo de ese país, se llevaron gestiones sobre algunos problemas puntuales que requerían alguna intervención especial, entre ellos la desaparición de un religioso español, la situación en que se encuentra el proceso de aprobación parlamentaria del tratado bilateral de cumplimiento de penas en el país de origen, etcétera.


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En cuanto a cooperación y cultura, el camino está abierto para una notable profundización, que conocerá además la realización de sendas reuniones sobre la cooperación cultural en la Comisión Mixta de Cooperación y Educación en el segundo semestre de este mismo año.
Como indiqué al inicio de esta intervención, el Presidente del Gobierno, tras su visita oficial a Brasil se trasladó en viaje oficial a la República Argentina, donde permaneció los días 20, 21 y 22 de abril pasado. Le acompañaron, lo mismo que en la visita a Brasil, varios secretarios de Estado y un numeroso y cualificado grupo de empresarios españoles.
Para abreviar, leeré a sus señorías la conclusión de dicho viaje. Desde el punto de vista político, quiero decirles que el viaje ha producido un profundo intercambio, tanto en temas internacionales de interés común como en importantes temas bilaterales; entre los multilaterales, se trató especialmente, como se hizo en Brasilia, el proyecto de cumbre Unión Europea-Iberoamérica, así como la reforma de Naciones Unidas, G-7, proceso de paz de Oriente Medio, que interesa tanto al Gobierno argentino. Y entre temas bilaterales, se evaluó el funcionamiento del mecanismo de diálogo y coordinación política entre ambos países, habiéndose decidido aumentar la frecuencia de las reuniones, dos por año, en lugar de la única que se venía realizando.
En el campo económico, el viaje del Presidente, acompañado de un importante grupo de empresarios, ha supuesto un refuerzo también para la labor de nuestras empresas en Argentina y el éxito de sus inversiones.
Para ello y para garantizar su seguridad jurídica, se ha estudiado el funcionamiento del APRI, así como el convenio para evitar una doble imposición.
En lo consular, ha tenido especial incidencia el problema de los españoles desaparecidos durante la dictadura, y a este respecto el Presidente dejó bien claro el interés de España por defender los intereses de los familiares de aquéllos, sus derechos, el derecho de todos a conocer la verdad y la colaboración y ayuda jurídica en todo lo que sea permitido por la legislación argentina. También en este terreno el Presidente obtuvo el compromiso del Gobierno argentino de resolver las dificultades pendientes para el correcto funcionamiento del convenio de traslado de personas condenadas.
En definitiva, creo que el balance de ambos viajes es sumamente positivo para los intereses de España y que se han cumplido con creces los objetivos marcados.


El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo peticionario de la comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Bravísimamente. Gracias, señor Secretario de Estado por su información sobre ambos viajes, que nos parecen de enorme importancia por la dimensión y la trascendencia de ambos países en su relación con España y en el seno de la comunidad Iberoamericana. Nos preocupaba un poco la imagen que en parte habían dado los medios de comunicación, de un viaje de juego de paddle o de recitar tangos o de asados. Estábamos seguros de que no había sido así, que no era un viaje de turismo, y queríamos que el Secretario de Estado tuviera ocasión de explicarlo ante esta Comisión, como así ha sido, y yo se lo agradezco sinceramente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: También brevemente. Creo que además estos viajes, especialmente aquellos que tienen especial importancia, merecen, aunque sea en familia, que recibamos en esta Comisión información por parte del Gobierno.
Este viaje, tanto a Brasil como a Argentian, subraya el marco prometedor en el que nuestras relaciones económicas, comerciales, culturales y políticas se están desarrollando con estos dos países. Creo que España tiene que hacer todavía muchos más esfuerzos, especialmente por lo que se refiere al desarrollo de las relaciones con los países del Mercosur, Argentina y Brasil, tengo entendido que existen proyectos concretos, especialmente en Brasil, con cierto calado económico y tecnológico, como es el de venta de aviones de transporte. Quizás tenga algún dato que ofrecer el señor Secretario de Estado.
Y rogaría al señor Secretario de Estado que expusiera las líneas generales de la política del Gobierno en relación con las reivindicaciones de los familiares de los desaparecidos españoles en Argentina, que forman parte, por lo que nos ha informado, del contenido y de los hechos importantes de su contacto con la colonia española.
Finalmente, reitero que esta Comisión debe seguir prestando especial atención a las cuestiones iberoamericanas; sin duda lo hemos hecho en el pasado, pero creo que este impulso de la política española debe ser acompañado por una atención aún mayor por parte de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Atendiendo a la petición del portavoz del Grupo Popular, quiero decir que las conversaciones que el Presidente del Gobierno tuvo con el Presidente Menem en relación con el tema de los desaparecidos fueron sinceras y abiertas. En primer lugar, el Gobierno español sigue realizando gestiones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron las desapariciones. Quedó claro el deseo sincero del Gobierno argentino de reconocer el derecho a saber la verdad y de facilitar a las familias de las víctimas los cauces civiles para reparaciones civiles. Quedó también clara la posición del Gobierno argentino, soberana, de haber saldado de forma democrática, pactada y consensuada entre todos los grupos políticos, su convivencia democrática, mediante las leyes de punto final y obediencia debida. Y el Presidente del Gobierno puso a disposición de la Asociación de familiares de españoles desaparecidos en Argentina nuestra asistencia jurídica y consular, incluso nuestra asistencia letrada, a todos aquellos

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familiares que quisiesen reclamar compensaciones civiles ante los tribunales argentinos.
Por otro lado, es conocido de sus señorías que la potencialidad económica de Brasil, ahora reforzada por un proceso de estabilidad interna, ha abierto enormes posibilidades a la empresa española, ya instalada firmemente en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, y que ha servido de motor para la penetración de esta empresa en algunos estados del sur que han iniciado, quizás de forma adelantada a la del resto de estados federados, los procesos de apertura económica que han llevado al establecimiento de importantes empresas, como las que he dicho antes, en Paraná y en Rio Grande do Sul.
Evidentemente, el proceso no ha hecho más que empezar, y la importante delegación de empresarios, encabezados por José María Cuevas, Presidente de la CEOE, a Brasil vino a demostrar una vez más el interés de la empresa española por hacerse un lugar en ese país, en la economía brasileña, y con ello reforzar su presencia en el Mercosur. Son numerosos los proyectos, los hay de defensa, los hay civiles, de electrificación, telefonía, energía, abastecimiento de aguas, etcétera. Las posibilidades son inmensas y el inicio de nuestra implantación en los estados del sur, Paraná, Santa Catalina y Rio Grande do Sul, es una actitud promisora de lo que puede ser la presencia de la empresa española en el Brasil.


--LAS RELACIONES HISPANO-MEXICANAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000607.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en la última de las comparecencias. Querría informar a sus señorías previamente de lo siguiente, y es que en el curso de la ya no corta sesión se han producido algunas bajas desde el punto vista de las peticiones de aplazamiento. La señora Balletbó ha pedido que su pregunta, que figuraba con el número 8 del orden del día, sea aplazada. Ha retirado su pregunta el señor Rodríguez Sánchez, sobre el envío de tropas españolas a Albania. Con lo cual la única de las preguntas que nos queda ya, después de la última de las comparecencias, sería la que figura con el número 9, del señor Robles Fraga sobre la evaluación de la visita del Presidente de la República de El Salvador, don Armando Calderón Sol. No sé si en el curso del trámite de la última comparecencia, el señor Robles tendrá alguna meditación que realizar al respecto. Entretanto, pasamos a la comparecencia que figura con el número 3, que es la cuarta de esta sesión, comparecencia del Secretario de Estado de Cooperación Internacional, pedida en este caso por el Grupo Parlamentario Popular, y relativa a las relaciones hispano-mexicanas.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como saben sus señorías, el 28 de marzo pasado se conmemoró el vigésimo aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, que habían sido suspendidas después de la guerra civil española. La celebración ha coincidido en el tiempo con una particular intensificación de nuestras relaciones bilaterales, que se ha manifestado con el viaje el pasado mes de abril de Sus Majestades los Reyes, la reunión de la IV Comisión binacional en México Distrito Federal y la novena reunión interparlamentaria hispano-mexicana, celebrada en marzo en Madrid, que creó un nuevo grupo de amistad de miembros de ambos legislativos.
Esta particular densidad de encuentros en los últimos meses no debe hacernos olvidar que los contactos políticos se producen de forma casi constante, en proporción directa al amplio y variado catálogo de relaciones que se mantienen. El pasado año, el Presidente Zedillo visitó Madrid y nuestro Presidente del Gobierno viajó a México en septiembre, seguido un poco después por las Ministras de Educación y Cultura y de Medio Ambiente. Y a ello hay que añadir otras visitas oficiales españolas de alto nivel durante los últimos meses, que dan una idea clara de esa variedad: el Defensor del Pueblo, el Secretario de Estado de Comercio, el Vicepresidente del Tribunal Constitucional, el Secretario de Estado para la Seguridad y el Almirante de la Flota, además de los Presidentes del Principado de Asturias y de la Generalitat de Catalunya.
A los encuentros oficiales deben sumarse los crecientes contactos de entidades y asociaciones privadas, lo que posibilita además un conocimiento recíproco cada vez mejor y mayor. Además, el clima de transición política que vive México ha revalorizado enormemente la transición española, fortaleciéndose así el valor de referente español en el ámbito de la convivencia social y política de aquel país.
México se presenta, por tanto, como una de las prioridades esenciales de nuestra política en Iberoamérica, y no sólo en atención a la importancia de las relaciones estrictamente bilaterales, sino también como aliado insustituible para nuestro objetivo de articulación de la comunidad iberoamericana. Baste pensar en la pertenencia común al Grupo de Amigos de Guatemala, que tan eficazmente colaboró para lograr la pacificación de aquel país, y en los esfuerzos de coordinación e impulso de las cumbres iberoamericanas, que España y México han defendido juntos desde el principio con gran interés.
Por otro lado, y en justa contrapartida, nuestro país se presenta para México como otra relación igualmente prioritaria en el ámbito de sus relaciones exteriores. El propio Presidente Zedillo así lo afirmó expresamente --esto tiene una transcendencia histórica notable en las relaciones bilaterales-- cuando presentó el Plan de Desarrollo 1995-2000.
Además, existe una voluntad de diversificar la política exterior mexicana para evitar una excesiva concentración de sus relaciones con América del Norte, en especial tras la firma del TLC, concediendo una importancia primordial a las dos regiones en que España y México compartimos enfoques e intereses comunes, esto es, la Unión Europea e Iberoamérica.
Este panorama, generalmente esperanzador y optimista ante el crecimiento exponencial de los intercambios, se contempla además sin la existencia de contenciosos importantes

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entre México y España. España desea, sin embargo, despejar todavía más el horizonte y solucionar definitivamente, con la colaboración de las autoridades mexicanas, una situación que estimamos manifiestamente mejorable en el futuro. Me estoy refiriendo a la presencia en México de más de un centenar de presuntos miembros y simpatizantes de ETA, algunos de los cuales han sido acusados de graves delitos en nuestro país.
No es preciso insistir ante sus señorías sobre la particular sensibilidad española en este asunto, al que atribuimos, como es lógico, una singular importancia. Sí debo matizar que siempre hemos deseado una actividad más firme y decidida por parte de las autoridades mexicanas para facilitar las extradiciones de los presuntos terroristas y para colaborar más eficazmente en su localización y control. Diversas razones pueden aducirse, sin embargo, para explicar la situación. En primer lugar, una interpretación estricta de la política tradicional mexicana, heredera del nacimiento de la nación, política tradicional del derecho de asilo. En segundo lugar, una relativa e influyente corriente de opinión, que en ocasiones ha juzgado, con escasa fortuna sin duda, la dimensión del sistema de derechos y libertades democráticas vigentes en nuestros países. Afortunadamente, este estado de cosas se está superando, las percepciones comunes están cambiando, y tanto la sociedad como la clase política mexicana están comprobando la única realidad posible, esto es, que el terrorismo no es ni puede ser nunca una opción política en un Estado de Derecho.
En este marco, la visita que el Secretario de Estado de Seguridad realizó a México en julio de 1996 hizo posible la firma del protocolo modificativo del tratado de extradición y asistencia en materia penal de 1978, incluyendo el novedoso elemento de no considerar como políticos los delitos de terrorismo. Este gran paso adelante debe significar un cambio definitivo en el ritmo de concesión de extradiciones, que debo reconocer a sus señorías que hasta ahora ha arrojado un balance no satisfactorio para los intereses españoles. Las únicas entregas se habían producido por la vía de expulsiones administrativas sobre la base de una estancia ilegal en el territorio mexicano, y hacía falta consolidar un procedimiento más seguro y más permanente.
En cualquier caso, el protocolo está dando ya sus primeros frutos y, como sus señorías saben, durante la reciente visita de Sus Majestades los Reyes se hizo pública la decisión judicial de extraditar al presunto etarra Oscar Cadenas Lorente, que acaba de ser confirmada el pasado día 29 de abril, a salvo de los recursos pertinentes, por el Gobierno mexicano. Confiamos que con esta concesión se constituya el inicio de una nueva trayectoria de cooperación en materia legal, y para ello México puede contar además con la mejor disposición por parte española, como acaba de demostrarse con los procedimientos de extradición de dos ex banqueros mexicanos y con la detención en Madrid del ex fiscal buscado por la justicia de aquel país.
Desde un punto de vista político, tanto las conclusiones de la IV Comisión Binacional como las de la novena reunión interparlamentaria, han recogido con toda claridad el principio de condena al terrorismo en todas sus manifestaciones, aludiendo a la importancia de la cooperación internacional en este sentido.
Las relaciones económicas, comerciales y financieras hispano-mexicanas se han venido desarrollando en el marco del acuerdo económico integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad que entró en vigor en 1991. El acuerdo establecía la puesta a disposición del Gobierno mexicano de créditos por un valor de 1.500 millones de dólares, de los que 750 millones los constituían créditos FAD, y los 750 restantes, créditos comerciales en condiciones de consenso OCDE. El funcionamiento de los créditos previstos ha sido muy satisfactorio, habiéndose comprometido la totalidad de las facilidades establecidas.
México es un importante socio comercial de España. Desde el inicio de la década de los 90, las exportaciones españolas conocieron una progresión y diversificación notables, triplicando su nivel en 1994 en relación con 1989, debido a la apreciación del peso frente a la peseta hasta diciembre de 1994 y a la liberalización y modernización de la economía de México.
Las relaciones comerciales hispano-mexicanas han venido siendo tradicionalmente deficitarias para España. La tendencia se rompió en 1993 y 1994, produciendo el comercio bilateral resultados favorables para nuestro país. El impacto de la crisis mexicana, la crisis Tequila, desequilibró de nuevo el comercio bilateral en perjuicio de España. En 1996, la tendencia deficitaria del comercio bilateral se ha mantenido con un saldo negativo de 59.025 millones de pesetas. La radical caída de las exportaciones españolas se debe a la estructura de las mismas, y en particular a la importancia de los bienes de consumo destinados a la clase media/alta --vinos, conservas, libros y vehículos--, que han sido particularmente afectados por la crisis y han reducido su consumo en una proporción similar a la caída de las ventas españolas.
Las relaciones económicas bilaterales deben moverse, sin duda, en un nuevo esquema de cara al futuro. Las antiguas relaciones, basadas en el apoyo a la exportación con créditos confesionales, queda ya superada al no ser México un país elegible para la financiación confesional. Hace falta además plantearse nuevas vías de cooperación interempresarial aprovechando la pertenencia de México al TLC, la creación de un mercado de 300 millones de ciudadanos y la posible creación de una zona de librecambio entre México y la Unión Europea.
Las inversiones españolas en México son relativamente elevadas, han alcanzado un total de 21.394 millones de pesetas durante los primeros nueve meses de 1996, con un crecimiento espectacular del 228 por cien respecto del mismo período del año anterior. Se concentran en los sectores financiero, editorial, turístico y de comercio minorista. Y las perspectivas a medio plazo están muy ligadas a la recuperación del consumo interno en México y a la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
México se ha convertido en el cuarto país iberoamericano receptor de inversiones directas españolas, por detrás de Chile, Argentina y Perú.
España ocupa el quinto lugar en el ranking de inversiones de la Unión Europea en México,

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con un total del dos por ciento de las inversiones extranjeras. Sin embargo, la participación española en los procesos de privatización ha sido escasa hasta el momento, con la presencia únicamente en el sector de distribución del gas natural y con expectativas en el sector de los aeropuertos.
Quisiera referirme, antes de finalizar, al apoyo que España está brindando a México en las negociaciones del acuerdo político, comercial y de cooperación con la Unión Europea. Pretendemos que estas negociaciones se lleven a cabo con la debida flexibilidad, para lograr una zona de libre cambio en un plazo razonable.
Las relaciones culturales entre España y México se desarrollan también en un marco excelente. El marco jurídico es el convenio cultural y educativo de 1977, ampliado y actualizado, en lo relativo a la cooperación, por el Tratado General de Cooperación y Amistad firmado en enero del año 1990.
La última reunión de la Subcomisión Educativa y Cultural tuvo lugar en diciembre en México y estableció un programa de intercambio cultural y educativo para el período 1996-1998, en el que se estructura en zonas temáticas una acción cultural intensa y paritaria.
Hay que destacar que, al margen de este marco jurídico, existen convenios bilaterales en el campo de la Educación, entre universidades, con el Colegio de México, etcétera. También existe un convenio en materia de reconocimiento y convalidación de certificados de estudios, títulos, diplomas y grados académicos, que entró en vigor en 1991. Hay un reconocimiento mutuo y automático de los títulos de enseñanza preuniversitaria. En lo que se refiere a los títulos de enseñanza superior, se da en estos momentos un perjuicio notable para España: México no concede efectos profesionales a los títulos españoles convalidados. Y éste es un tema tratado en la última subcomisión mixta y que está pendiente de solución por parte mexicana; puede decirse que es el único contencioso pendiente entre los dos países en el ámbito cultural.
En la última reunión de la Subcomisión Mixta se acordó una mayor cooperación para la promoción y difusión de la lengua española a través de la colaboración entre el Instituto Cervantes y los institutos culturales de México. También es importante destacar la realización del I Congreso Internacional de la Lengua Española en torno al tema de la lengua y los medios de comunicación, en la ciudad de Zacatecas, de la que dieron cuenta ampliamente los medios de comunicación.
En el ámbito cultural hay que señalar también una inexplicable ausencia de un centro cultural español en México, que ha quedado subsanada a través de un instrumento jurídico que se firmó con motivo de la estancia en México de Sus Majestades los Reyes y que ha hecho que el distrito federal de México haya cedido el uso de un edificio histórico de su propiedad a cambio de la restauración del mismo con fondos del ICF, donde quedará ubicado el Centro Cultural de España.
Dado el nivel de desarrollo de México, por hacer un repaso exhaustivo de todas las relaciones bilaterales, la cooperación española con este país se ha centrado en las áreas en las que era posible la cooperación paritaria y de mutuo interés, y ha ido abandonando las acciones de carácter más asistencial. Así, nos concentramos en la cooperación interuniversitaria y la educativa y creamos un fondo mixto de cooperación que se firmó durante la vista de Estado del Presidente Zedillo a España en enero de 1996 y que entró en operación durante la visita de Estado del Presidente Aznar a México el pasado mes de septiembre.
Los programas y proyectos concretos que la cooperación española realiza en México son los relativos a la modernización institucional, los relativos a la educación, capacitación y formación de recursos humanos, que absorbe las tres cuartas partes de los recursos destinados a México, la modernización de los sectores productivos y las infraestructuras y la cooperación cultural, con un presupuesto ejecutado en 1996 de 846 millones de pesetas.
Las acciones en el apartado de cooperación derivada de cumbres han representado el seis por ciento, mientras que las subvenciones a ONG, al amparo de convocatorias ordinarias, ascendieron a un total de ocho millones de pesetas. México y España, por otra parte, se han significado como activos impulsores de las cumbres iberoamericanas y de los proyectos de cooperación derivadas de las mismas.
En definitiva, creo que puedo afirmar que las relaciones hispano-mexicanas, al cumplirse el vigésimo aniversario del restablecimiento de estas relaciones bilaterales, atraviesan por uno de sus mejores momentos, y buena prueba de ello ha sido la reciente visita de Sus Majestades los Reyes a principios del mes pasado, en la que se puso de manifiesto el altísimo grado de entendimiento existente entre nuestros dos pueblos, entre nuestros dos Gobiernos, los múltiples y fuertes vínculos que nos unen y la existencia de una voluntad común de caminar conjunta y estrechamente unidos de cara al futuro.


El señor PRESIDENTE: Señor Robles, tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Desde luego, la explicación exhaustiva del Secretario de Estado creo que satisface todas las preocupaciones de este portavoz. Solamente preguntar una cosa muy concreta. Usted ha señalado que el pasado 29 de abril se firmó la resolución, por parte del Gobierno mexicano, favorable a la extradición a España del presunto terrorista Oscar Cadenas. Mi pregunta es cuándo espera el Gobierno poder recibir de forma efectiva la extradición de ese presunto terrorista de ETA Oscar Cadenas.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MARTINEZ MARTINEZ: En primer lugar, quiero decir que me parece bien la explicación que nos ha dado el Secretario de Estado; me parece tanto más bien cuanto que sinceramente yo no aprecio ni siquiera una diferencia de matiz respecto de lo que se ha venido haciendo hasta ahora con México.
A mí me produce satisfacción decir eso, y a veces, por parte de representantes de un partido como el mío, que ha estado gobernando mucho tiempo, se siente una cierta irritación

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ante la impresión que se tiene, hablando con representantes del Gobierno actual, de que creen que hasta el propio Cortés era del Partido Popular.
Yo tuve una gran alegría cuando oí al Ministro de Asuntos Exteriores decir: aquí se ha construido, lo que se ha construido está bien construido y vamos a seguir levantando sobre lo que se ha construido.
Creo que ésa es la interpretación que da hoy el Secretario de Estado.
Naturalmente que nosotros, desde el Gobierno socialista, pudimos construir sobre lo que había hecho, y yo creo que bien hecho con respecto a México, el Gobierno del Presidente Suárez, y en estos momentos se sigue en una dirección que yo entiendo que debe ser más y más prioritaria, que es superadora de retóricas, ya que las relaciones con México estaban muy plagadas de retórica, y en la que hay algunos puntos que van recogiendo fruto con respecto a esfuerzos que hasta ahora no los habían dado. Esto es algo de lo que debemos felicitarnos, y quizá debemos felicitar también al Secretario de Estado para la Seguridad, porque realmente su misión, por informes que tenemos de distinto tipo, de distintos grupos, fue particularmente exitosa en un terreno en el que, lo habéis dicho vosotros, es particularmente áspero y difícil, porque vamos a contrapelo de lo que han sido las costumbres y usos durante no sé si cincuenta años o más. Por tanto, ahí hay reflejos que superar, que se vienen superando, y me parece motivo de gran satisfacción el poderlo reconocer así.
Como Grupo Socialista es importante dejar constancia, aunque sólo sea a efectos del «Diario de Sesiones», de la importancia que para nosotros tiene México. Nosotros somos, es verdad, diputados que asumimos que pertenecemos al mismo partido, que somos herederos del mismo grupo parlamentario que encontró asilo en México, que se reunió en México.
Nosotros somos de los que tenemos razón para decir que el nombre de México es un nombre sagrado, como lo es el nombre de Cárdenas. Nos merece un respeto muy grande México y no debemos perder oportunidad ninguna de decirlo. No hemos sido nosotros, por otra parte, de los que le hemos faltado al respeto al partido que ha hecho lo que es el México contemporáneo, que a veces, desde otras fuerzas políticas, se han utilizado términos despectivos, términos ignorantes hacia lo que ha sido la historia de la revolución mexicana y la historia contemporánea del México de este siglo, con todos los defectos y con todas las necesidades de superación. No podemos olvidarnos de encuentros con gentes como Jiménez de Asúa, que nos precedieron en estos escaños con el mismo nombre, con las mismas siglas, con los mismos ideales que nosotros tenemos, y a quien conocimos en México ostentando pabellones de España que eran los de la España de hoy, siendo los de ayer, la España de la libertad y de la dignidad, del pluralismo y de la democracia.
Quisiera añadir a lo dicho por los que me han precedido en el uso de la palabra que, efectivamente, hay enormes potenciales. No debemos olvidarnos de una cosa, que México ha sido el primer país, de lo que se ha considerado mucho tiempo como el Sur, que ha ingresado en la OCDE; que dentro de la OCDE es un interlocutor y un amigo, que a nivel parlamentario nos ha parecido un gran acierto la decisión, impulsada entiendo yo que por el Presidente de esta Cámara, pero también desde el Ejecutivo, para la constitución de un grupo de amistad que actúe como tal, no de un grupo retórico, y desde luego nosotros deseamos que ese grupo tome entidad política y de actuación y se mueva. Y recordar a ese respecto también que en el momento en que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se constituye en Asamblea de control parlamentario de la OCDE, ahí están nuestros colegas mexicanos junto a nosotros, muchas veces recabando nuestro apoyo para iniciativas, que me parece que es un apoyo que habrá que darles en una OCDE cada vez más amplia, donde ahora se incluyen también los coreanos a partir de este año, están los japoneses, están canadienses, están estadounidenses, y desde luego poca gente encontramos nosotros más solidaria y más capaz de comprender nuestras propias prioridades que los mexicanos.
Esta es nuestra intervención. Yo creo que es muy bueno el esfuerzo que pueda realizarse en el ámbito de la cooperación cultural, no sólo para consolidar la presencia de España en México, sino también para asociar al interlocutor y al hermano mexicano en la proyección de nuestra cultura en terrenos donde a nosotros solos digamos que nos cuesta mucho llegar. Y no siempre me ha parecido a mí razonable que toda la inversión sea nuestra en la acción que estamos llevando a cabo en el mundo para potenciar nuestro idioma y nuestra cultura, cuando en ese mundo lo que se espera muchas veces no es sólo nuestro idioma y nuestra cultura, sino el idioma y la cultura común. Y sería bueno que los demás, y en particular México, que tiene talla para ello, participara como socio en esa común tarea y obligación de potenciar el español o lo hispano a lo largo y a lo ancho del mundo.
Muchas gracias, y en una sesión tan larga desearle lo mejor y expresar nuestra amistad al Secretario de Estado, que viene aquí a comparecer y a dar su explicación, y que entienda que estamos actuando por delegación de todos aquellos colegas que habiendo tenido probablemente que marchar a su circunscripción no han podido quedarse hasta el último momento. Pero yo creo que los grupos parlamentarios están aquí dignísimamente representados, por lo menos los grupos mayoritarios de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Si no en cantidad, al menos en calidad. El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Simplemente quiero coincidir en que el resultado de las excelentes relaciones que tenemos hoy con México, y que el Gobierno desea cultivar y profundizar, son fruto de una acción de Estado de la democracia española desde la transición. Que la evolución de estas relaciones sólo ha sido posible a través de esa comprensión y de ese acercamiento mutuo entre México y España, que ha modificado algo en que todavía tenemos que seguir insistiendo, y es la percepción colectiva de España en México y de México en España, aunque eso ha cambiado mucho.
Expresiones como las dichas en Zacatecas, profundamente hispanistas y españolas, de un intelectual

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de la talla de Octavio Paz, serían impensables hace veinte años. De manera que creo que ese cambio de la percepción de ese imaginario colectivo de la realidad española en México, el país quizás más hispano de todos los hispanoamericanos, pues es una realidad y ha tenido numerosas traducciones. Una de ellas ha sido el cambio de la política de extradición o de la práctica de extradición de México hacia España, en concreto el caso Cadenas, anunciado por los jueces mexicanos durante la visita de Sus Majestades los Reyes. El sistema legal mexicano es distinto del español. Nuestro sistema es judicial y allí es gubernativo. La opinión del juez es meramente indicativa en México y depende del Ejecutivo la decisión final, a diferencia de España, donde la decisión final corresponde a los jueces.
El pasado 29 de abril, el Secretario de Relaciones Exteriores de México firmó la resolución confirmando la decisión del juez; es la primera vez que se produce una decisión afirmativa por parte del Gobierno mexicano de conceder una extradición, aunque esta decisión no implica una extradición inmediata, ya que hay dos recursos. Los abogados de Cadenas disponían de un plazo de veinte días para presentar un recurso de amparo. Su resolución tarda cuarenta y cinco días. En el caso de desestimación hay todavía otro recurso de revisión, que puede llevar otro mes y medio más.
Y, contando con ambos recursos, si los dos son favorables la entrega efectiva de Cadenas no podría producirse hasta como muy pronto en el mes de septiembre del presente año.
Yo también quiero constatar el respeto que España tiene por México y que el Gobierno del Partido Popular tiene por México, por el México histórico y por el México actual. Además, son perfectamente comprensibles, en un análisis de principiante de política exterior, las razones de que México se organizase políticamente como se organizó, perfectamente comprensibles, y celebramos ese proceso de transición y de apertura política mexicana que está teniendo lugar en estos momentos.


--PREGUNTA DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBRE LA EVALUACION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, DON ARMANDO CALDERON SOL. (Número de expediente 181/000667.)

El señor PRESIDENTE: Con ello entramos en el último punto del orden del día, que es la pregunta que don José María Robles Fraga realiza sobre la visita del Presidente de la República de El Salvador, don Armando Calderón Sol, a España.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Muy brevemente, señor Presidente. Entiendo que España ha jugado un papel destacado en el proceso de paz en El Salvador.
España ha mantenido iniciativas varias. En ese contexto tenemos que constatar también que las relaciones bilaterales, especialmente las comerciales, aquellas que se refieren a inversiones españolas, no han tenido relación posible con el papel político de España.
El Presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, ha visitado nuestro país y por eso quería preguntar al señor Secretario de Estado qué evaluación hacía el Gobierno de los resultados de esa visita y del avance en los distintos asuntos que habrían podido ser tratados.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Ante todo, dada la pertenencia de España al grupo de amigos del Secretario General de Naciones Unidas para El Salvador y el papel privilegiado que jugamos en la paz, la visita del Presidente de El Salvador y los contactos políticos a alto nivel creo que ante todo corrigen una situación que se caracterizaba por un insuficiente nivel de relaciones o de contactos oficiales bilaterales, que no se correspondía tampoco con nuestro papel destacado en el proceso de paz.
Pienso que ha contribuido fundamentalmente a un mejor conocimiento de la realidad de ambos países, a sentar las bases que impulsan un intercambio económico en la inversión y a nuestro deseo de seguir estando presentes impulsando la nueva etapa del cumplimiento de los acuerdos de paz en El Salvador.
No ha podido ser más fructífera. Se han firmado, para ser breve, una serie de acuerdos, algunos de gran relevancia. Quiero destacar, en los acuerdos en materia judicial, el tratado de extradición que se ha firmado, que reafirma la voluntad de los dos países para colaborar estrechamente en este área. Se ha firmado un convenio de cooperación judicial en materia penal y un acuerdo ministerial de cooperación en materia penitenciaria, por el que España colaborará para perfeccionar las instituciones penitenciarias salvadoreñas. Se ha firmado un memorándum de entendimiento para negociar un acuerdo de cooperación en materia de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
En el aspecto comercial, El Salvador se caracterizaba por tener una cifra de comercio muy baja con España. Esta situación, además, merecía ser corregida a la vista de las impresiones de los empresarios españoles, que han sido invariablemente positivas en los últimos años respecto de la realidad económica de El Salvador. Se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener las bases para incrementar el comercio y las inversiones y los empresarios españoles van a tener la oportunidad de participar más sólidamente en licitaciones públicas y de concurrir al proceso de privatizaciones de comunicaciones, de distribución de energía, del sistema de pensiones, que está teniendo lugar en El Salvador en estos momentos.
Se ha reafirmado la voluntad del Gobierno de España y del Gobierno de El Salvador de llevar a cabo el proyecto de sistema de interconexión eléctrica en Centroamérica, que va a ser esencial para el desarrollo económico de la región. También se han firmado una serie de acuerdos que han sentado las bases para mejorar la cooperación y las inversiones; un acuerdo sobre transporte aéreo por el que se regula, ya en

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un marco legal estable, la operatividad de las compañías españolas y se aplicará provisionalmente desde el momento de su firma, de manera que ya está en vigor; un convenio de crédito entre el Instituto de Crédito Oficial y el Ministerio de Hacienda salvadoreño, por el que se ha concedido un FAD de 3,5 millones de dólares con destino a un proyecto sanitario en El Salvador; un memorándum de entendimiento para negociar un convenio que evite la doble imposición y que potencie la presencia de empresas españolas.
Y, por último, quiero referirme al esfuerzo que está realizando España en materia de cooperación. Como saben ustedes, El Salvador está en un proceso de recuperación desde 1992, tras el largo período de conflicto armado, y la cooperación española ha continuado en estos últimos años con su apoyo a las instituciones del Estado, especialmente a aquéllas creadas o renovadas tras los acuerdos de paz. Se ha tenido en cuenta el esfuerzo que supone para la población las medidas de ajuste, realizando acciones desde la cooperación española en materia de sanidad, desarrollo social básico y educación. Y, en la misma medida, cabe destacar las acciones en materia de capacitación, formación de recursos humanos, como pilar básico para impulsar el desarrollo sostenido del país. Y se acordó también un memorándum de entendimiento sobre la prórroga del programa de alfabetización de adultos, con el objeto de posibilitar su extensión a la totalidad del país.
La cantidad de acuerdos firmados y su profundidad ya señalan la trascendencia de esta visita para las relaciones hispano-salvadoreñas.


El señor PRESIDENTE: Señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Solamente quiero agradecer las explicaciones del Secretario de Estado sobre esta importante visita.


El señor PRESIDENTE: Con esto llegamos al final de esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Querría agradecer a todos los presentes, y subrayo lo de los presentes, su dedicación, su presencia y su interés por seguir esta, como siempre larga y como siempre también interesante, sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Por supuesto, insisto también en mi agradecimiento y en el de todos los miembros de la Comisión al señor Secretario de Estado por su presencia.
Señoras y señores Diputados, se levanta la sesión.


Eran las siete de la tarde.


NOTA.- El presente "Diario de Sesiones", de la Comisión de Asuntos Exteriores, del jueves, 22 de mayo de 1997, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los "Diarios de Sesiones" ya elaborados.

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