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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 358, de 17/12/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 358

INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET

Sesión núm. 25

celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Relativa a la petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (Astano), de los trabajadores obligados a entrar en los Fondos de promoción de empleo por la reestructuración del sector naval de 1984 y 1988. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000342) (Página 10546)

--Sobre futuro de la empresa pública Astilleros de Santander, S. A.
(Astander). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000550) (Página 10551)

--Sobre mantenimiento en el Astillero público Astilleros de Santander, S.
A. (Astander), de la actividad de transformación de buques. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000640) (Página 10551)

--Relativa a la adopción de medidas necesarias para superar los posibles efectos sobre Astander derivados del cese de la actividad de transformaciones ligado a la titularidad pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000777) (Página 10551)

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--Sobre mantenimiento del Grupo Astilleros Españoles, S. A. (Aesa), en su composición funcionarial actual. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000732) (Página 10555)

--Relativa al posible proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman). Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000757) (Página 10558)

--Relativa a la bajada de la tarifa eléctrica para 1998. Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000751) (Página 10562)

--Sobre la reducción de las tarifas eléctricas en el año 1998. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000766) (Página 10562)

--Sobre recolocación de los trabajadores de la mina Eskar, de Hulleras del Norte, S. A. (Hunosa). Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000249) (Página 10567)

--Sobre cumplimiento del Convenio para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000642) (Página 10568)

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión.
En primer lugar, comunico a la Comisión que, yo diría que por unanimidad, y espero que así se refleje en las posiciones de los distintos grupos, se modifica el orden del día de la sesión de hoy y también el acordado para mañana por la tarde --como saben, la comisión comienza hoy pero tiene su continuidad mañana por la tarde--, suprimiendo el punto relativo a las comparecencias, el número 10: Comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, don Manuel Kindelán, a petición de varios grupos parlamentarios.
También se suprime, señorías, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, relativa a la política industrial del Gobierno en relación con el sector textil, que se va a ver mañana por la mañana.
Por otra parte, sobre la proposición no de ley de Izquierda Unida, relativa al sector eléctrico, a la bajada de tarifas eléctricas, no teníamos la certeza, en el momento en que se conformó el orden del día, de que se hubiera presentado en el registro. Ya tenemos conocimiento de que se ha hecho, el Grupo de Izquierda Unida solicita que se debata junto con las otras que se han presentado y que hacen referencia al mismo contenido. Si ningún grupo parlamentario se opone a esta incorporación, se debatirá así.
¿Algún grupo quiere hacer alguna observación? (Pausa.) Muy bien, señorías.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--RELATIVA A LA PETICION DE REINGRESO EN LA EMPRESA ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. (ASTANO), DE LOS TRABAJADORES OBLIGADOS A ENTRAR EN LOS FONDOS DE PROMOCION DE EMPLEO POR LA REESTRUCTURACION DEL SECTOR NAVAL DE 1984 Y 1988. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000342).


El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por la proposición no de ley relativa a la petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (Astano), del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de dicho grupo.
Señorías, quiero anunciarles que las votaciones de todas las proposiciones no de ley no se realizarán antes de las once u once y media, probablemente a las once estemos ya en condiciones de votar. Hasta esa hora, con seguridad, no habrá votaciones.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, la proposición no de ley que el Bloque Nacionalista Galego presentó en el Congreso de los Diputados y que tiene fecha de 20 de enero de 1997 intenta paliar lo que fue una grave injusticia social derivada de una política industrial cuando menos errática.
Efectivamente, por el expediente de regulación de empleo número 820, del mes de noviembre de 1984, de la Dirección General de Empleo, se hizo una reestructuración, una reconversión, denominada eufemísticamente así, que llevó, nada más y nada menos, a que 3.414 trabajadores del astillero más grande del Estado español fuesen abocados a un proceso de recolocaciones a todas luces irracional, porque provenía de un proceso de especialización irracional de la empresa a la que pertenecían, en concreto Astano, que quedaba especializada exclusivamente en la construcción de lo que se conocía con el nombre de plataformas

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offshore. Además, obligaba a la empresa a una reducción continuada de personal, creando una crisis social sin precedentes en la comarca de Ferrol.
El decreto que posibilitaba este tipo de política industrial y laboral conllevaba también la creación de unos fondos de promoción de empleo.
Consistían esos fondos en que los trabajadores que entrasen en ellos, es decir, aquellos que estaban obligados a abandonar Astano, concretamente los 3.414, tendrían que esperar a ser recolocados en un área de 25 kilómetros a la redonda y, además, serían indemnizados con el dinero correspondiente a 20 días por año trabajado y no más de una anualidad; eso sí, con el compromiso de que este dinero tendría que ser invertido en parte en la nueva empresa en la que fuesen recolocados. Este tipo de política iba acompañado, lógicamente, de un supuesto plan de reindustrialización de la zona, que acabó convirtiéndose en un patente fracaso. El resultado final fue que prácticamente el astillero quedó con 1.200 ó 1.300 trabajadores, a pesar del compromiso, establecido incluso en el PEC, de que nunca bajaría de 2.200 trabajadores.
Desde entonces, los acontecimientos fueron, cuando menos, contradictorios. Se puede decir que especialmente entre el año 1991 y 1996 la carga de trabajo del astillero, dedicado exclusivamente a plataformas offshore, es decir, excluido de la construcción naval tradicional, podría dar trabajo a 3.000 personas. Esto llevó consigo, lógicamente, que el 60 por ciento del personal que trabajaba fuera personal subcontratado. Para dar un dato elocuente, diré que entre 1991 y 1996 las horas subcontratadas, más las extraordinarias de la empresa principal donde se hacían, más las horas de tiempo por tiempo, oscilaron entre 800.000 y 2.300.000. Y las horas directas, esto es, las horas de la empresa principal, en el mismo período, oscilaron entre el medio millón y 1.500.000. Esto puede dar una idea de cuál era la situación contradictoria y llamativa de un astillero funcionando a pleno rendimiento, que, sin embargo, era incapaz de recolocar en la plantilla principal a aquellos 3.400 trabajadores o a una parte de ellos que fueron precisamente expulsados de la empresa por esta política de reconversión.
Es más, también se produjeron a partir de ahí diversos acontecimientos que avalan la petición de reingreso de las más o menos cien personas que hoy lo solicitan. En concreto, seis trabajadores, que, a través de una lucha sin cuartel, consiguieron negarse a ser recolocados en la Empresa Nacional Bazán, próxima al astillero, precisamente aduciendo que ya no existía, cuando a ellos les obligaban a esta recolocación en Bazán, la vigencia de la legislación reconversora; al final, tuvieron que ser recolocados contra viento y marea, a pesar de la opinión del comité de empresa o de la indisposición de la propia empresa pública a recolocarlos. También están los trabajadores que fueron recolocados en la empresa Auxini, que fracasó, como tantas otras de la reindustrialización, y que hicieron frente común con el comité de empresa. Asimismo tuvieron que ser recolocados aquellos doscientos y pico que estaban destinados a emplearse en el mayor proyecto industrial que se contemplaba para la zona como proyecto de reindustrialización, el SIV, una especie de fábrica importante, con dinero italiano, de fabricación de vidrio. Los trabajadores que quedaron sin ser recolocados estaban tan mal como estos otros o incluso trabajando en las empresas auxiliares en este período de bonanza y haciendo, lógicamente, las horas subcontratadas.
Realmente no nos basamos en criterios jurídicos para hacer esta petición, a pesar de que está claro que, cuando se habla de que abandonaron voluntariamente la empresa, nos referimos al hecho de que los despidos improcedentes fueron pactados por una cantidad equivalente a siete millones de pesetas, más o menos. Como es lógico, si no se pactaban voluntariamente, el despido procedente sería legal. Por tanto, no valen las sentencias jurídicas --tampoco nos apoyamos en ellas, en su legitimidad o ilegitimidad--, sino argumentos de carácter social, tecnológico y empresarial.
Vuelvo a repetir: 257 trabajadores recolocados porque no se pudieron recolocar en SIV; esta recolocación se hizo por acuerdo de 23 de mayo de 1991. 54, del fracaso de Auxini, por acuerdo del 11 de marzo de 1992. Los seis de Astano que se opusieron, a partir de sus propios esfuerzos inicialmente, a ser recolocados en Bazán, y los 75 provenientes de Imenosa. Y hace unos días, curiosamente, la empresa accedió a la recolocación de dos despedidos y nada menos que por actividades sindicales que se consideraron violentas, afiliados al sindicato Comisiones Obreras. Milagrosamente, aparecen colocados en la empresa, estando en la misma situación o incluso jurídicamente peor que estos cien más o menos que piden el reingreso en Astano.
Por tanto, señorías, si el fracaso de la reindustrialización fue evidente --sólo hay que citar la desaparición de la empresa El Cisne, la desaparición de SIV o el no inicio de este proyecto industrial, la desaparición de Auxini, la reducción hasta extremos ridículos de Tilstone, el traslado a Sevilla de Euroini, y así sucesivamente--, tendremos en cuenta que Astano sigue siendo una pieza fundamental de la industria de la comarca.
Esta proposición no de ley, que está fechada en enero de 1997, tenía una validez incluso total, en el sentido de que Astano estaba trabajando a pleno rendimiento. Nos damos cuenta de que en este momento está en una situación crítica, precisamente derivada de una política dictada por la Unión Europea, en connivencia con el Gobierno español, que la tiene expulsada de la construcción naval tradicional y que aspira a expulsarla también de las plataformas offshore, con el pretexto de que tienen forma de buques, a pesar de ser el astillero tecnológicamente más capacitado para hacerlas, y así lo ha demostrado durante todos estos años, contra todo tipo de impedimentos y dificultades, abriéndose vía en el mercado internacional.
Nosotros pensamos que esta propuesta que hacemos sigue siendo válida. En todo caso, veríamos positivo que se aceptase, aunque fuese poniendo el reparo de que sea siempre y cuando la actividad de Astano vuelva a despuntar o siempre y cuando sea necesario para la normal actividad del astillero, si es capaz de seguir en la actividad offshore como hasta ahora. Pero, por favor, que sea tenga en cuenta que, si el astillero se salva, es legítima la petición de estos trabajadores; se hizo con otros, no son más de cien y,

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además, es personal perfectamente cualificado. Si vuelve a haber un nivel de subcontratación elevado, si estos trabajadores sufrieron de forma grave los procesos de reconversión desde 1984 y fueron obligados a entrar en los fondos, no por incapacidad o por falta de cualificación, sino por una política dictada desde unos criterios que hoy se demuestran terriblemente regresivos, es de justicia que paliemos esta situación anómala desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista tecnológico y mucho más desde el punto de vista social.
Vuelvo a repetir que esto, aunque fuera con el correctivo o con la idea previa de que solamente se cumpliría en caso de que Astano volviese otra vez a tener carga de trabajo suficiente, sería cuando menos una vía abierta a la consolidación de una política justa que tiene precedentes, el último bastante alarmante. Esperemos que ahora la recolocación no vaya a estar reducida a aquellos que tengan influencias y que quede fuera de cualquier tipo de posibilidad, por lo menos de intentarlo, el grupo que lo demanda y que lleva luchando muchos años por su reingreso, cuando además trabajaron incluso en actividades relacionadas con Astano, aunque fuese en empresas auxiliares.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: La propuesta del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, nace, como se ha explicado, del fracaso al que se ha llegado en la política de recolocaciones fruto de los planes de ajuste industrial en el astillero Astano, ajuste industrial que supuso, como también se ha estado analizando, una grave crisis en cuanto a la capacidad de producción y a la capacidad generadora de empleo y que una cantidad ingente de trabajadores tuvieran que situarse en los fondos para poder encontrar una recolocación, incluso provocando una reconversión dentro de su propia formación.
Transcurrido este tiempo, todas aquellas apuestas por las que se pujó en su momento para intentar dar una salida a esa demanda de empleo alternativo se han visto frustradas y nos encontramos con una situación parecida a la del momento en el cual se firmaron aquellos acuerdos de ajuste de plantilla por parte de los sindicatos y de la empresa. Hay una cantidad importante de trabajadores sin colocación y desde la Administración no se puede decir que transcurrieron los tres años que había de período de carencia en los cuales se garantizaba la vuelta a su puesto anterior, puesto que, de alguna forma, quien provocó esta situación fue la propia Administración con la reconversión de Astano. Sí creemos que existe ese cordón umbilical entre la situación actual y quien la originó y vemos el matiz que ha incorporado la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego entendiendo que esta vuelva a su trabajo en Astano va unida intrínsecamente a una capacidad de producción suficiente, no sólo para satisfacer la demanda de empleo de la plantilla actual, sino de todas las personas que, siendo especialistas del sector naval, puedan participar en un momento dado en los proyectos de construcción de las plataformas offshore, que son las únicas que Astano tiene autorización para construir. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para intentar comprometer a la Administración en que no dé la espalda a los trabajadores que un día pertenecieron a esa empresa y que, por las propias necesidades de la Administración, actualmente están alejados de ella. Es una propuesta totalmente sensata desde el punto de vista de que no va a suponer un crack dentro de lo que es la gestión de mano de obra de hora de trabajo de los astilleros actuales y desde el punto de vista de que no estamos hablando de personas ajenas al sector naval, sino de personas que, en un momento dado, han sido profesionales de ese sector con una demostrada capacidad profesional.
Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar la propuesta del Bloque Nacionalista Galego.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Borreiros.
Creo, señor Borreiros, que es la primera vez que habla en este Parlamento.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Sí, es la primera vez, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Le doy la bienvenida y tiene usted la palabra.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Muchas gracias.
Señorías, el Grupo Socialista concibe la iniciativa que hoy se debate sobre la empresa Astano como un aspecto más de un problema más global y más compartido incluso por las fuerzas mayoritarias, sindicales y políticas de Galicia y de la zona de Ferrol, que es el incumplimiento en los últimos meses, en concreto, en este último año y medio, de lo acordado entre la Agencia Industrial del Estado y los sindicatos mayoritarios de Astano y de la rama del metal. No sólo eso; recientemente los trabajadores de Astano, a instancias del pleno del comité de empresa, apoyados por una amplia ciudadanía, ejercieron sus derechos en torno a una serie de puntos entre los que destacaba el rejuvenecimiento de la plantilla, cuestión que nosotros defendemos, como no podía ser de otra manera, y que constituía un elemento esencial de los acuerdos del llamado Plan estratégico de competitividad, firmados en diciembre del año 1995, hace escasamente dos años.
Vista la argumentación que figura en la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, hay que recordar que el PEC aprobado y firmado en su día variaba de manera sustancial el propuesto inicialmente debido al consenso con los sindicatos mayoritarios.
Astano es una empresa que mueve anualmente más de 40.000 millones de pesetas en la zona de Ferrol, en Galicia, y da trabajo directo a un promedio de 2.000 trabajadores, tanto propios como auxiliares, sin contar los indirectos. Ello en un contexto, la Galicia actual, la Galicia del señor Fraga Iribarne, que tiene el porcentaje más bajo de

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empleo industrial de los últimos tres decenios. Galicia en este momento tiene un porcentaje de empleo industrial del 14 por ciento y no hay que olvidar en esta Cámara que, en ese porcentaje de bajo empleo industrial, hay más de un 10 por ciento de tejido industrial público en el total de la industria gallega.
El análisis de la situación de Astano señala graves deficiencias e importantes asuntos que es preciso resolver: la mayor competitividad, la capitalización, abrir mercados, el rejuvenecimiento de la plantilla y la consolidación como industria naval generalizada. Tenemos poco tiempo por delante para hacer un compromiso efectivo en este aspecto.
En primer lugar, los socialistas pensamos que es necesario que en Astano la construcción naval sea genérica, una vez que en abril se han cumplido los diez años de prohibición por la Comisión Europea de construir buques convencionales y ahora, cuando es responsabilidad del Gobierno actual y de sus decisiones, ya llevamos seis meses de demora. El propio Parlamento Europeo, en la resolución 03/93 B-4, del año 1995, abría esa posibilidad, que supondría que la empresa Astano aumentaría la carga anualmente en 125.000 toneladas métricas de construcción y tendría posibilidad de ayudas al 9 por ciento, ayudas que hoy le son negadas.
En segundo lugar, y entraría dentro de la proposición hoy debatida, está el hecho de que se cumpla el rejuvenecimiento de plantilla. Hay que recordar que en los acuerdos firmados en el año 1995, en diciembre hará dos años, por la AIE y los sindicatos mayoritarios, se preveían 1.200 nuevos empleos en la empresa Astano.
En tercer lugar, la capitalización de la empresa. Astano no cobra primas, en contra de lo que manifestó el vicepresidente del Gobierno, Alvarez-Cascos, el 17 de octubre del año 1997. Astano da un déficit de aproximadamente 4.000 millones al año y hay que contar que el 31 de diciembre del año 1998 ya no pueden existir pérdidas.
En último lugar, hay que aumentar la capacidad tecnológica y de los mercados. En los últimos años, ha aumentado la construcción naval globalmente en el mundo, en Europa y en la OCDE. España no debe bajar, pero dudamos que haya un intento serio y decisivo por parte del actual Gobierno para que ese compromiso se haga realidad. Durante estos últimos meses, y tengo que resaltarlo, hemos vivido desde mi punto de vista un juego de despiste por parte de miembros del Gobierno y de personas relacionadas con el partido mayoritario que apoya al Gobierno. Y sentimos inquietud porque, a finales del año pasado, el nuevo presidente de la Agencia Industrial del Estado mantuvo públicamente que no era necesario el planteamiento que acabo de hacer, mientras que, por esas mismas fechas, varios diputados del Partido Popular mantuvieron todo lo contrario. El consejero de Industria de la Xunta de Galicia, presidente del Partido Popular de A Coruña, recientemente afirmaba que este mes de noviembre había contratos inminentes e incluso una unión estratégica entre Astano y la Empresa Nacional Bazán. El vicepresidente del Gobierno, señor Alvarez-Cascos, el día 15 de octubre del presente año decía en Ferrol: «Astano tiene resueltas sus incertidumbres. Puede acceder a las primas a la construcción naval, ya que el Gobierno no acepta su exclusión y podrá competir en igualdad de condiciones». Contrariamente a estas declaraciones, el ministro de Industria y Energía, en Cádiz, hace un año decía que no se cumplían los acuerdos firmados unos meses antes con los sindicatos por el Gobierno, porque las pérdidas eran superiores a las previstas y precisamente ayer no ocultó --decía la prensa-- su preocupación por el futuro de la construcción naval. Lógicamente, nosotros estamos más preocupados. No se han cumplido los acuerdos y, en realidad, en este momento, el Gobierno, por lo que sabemos y vemos en la empresa Astano, hace dejación de sus responsabilidades. Está abandonando a su inercia a una empresa que genera una importante mano de obra en una zona en declive industrial en este momento, al mismo tiempo que significa un porcentaje importante respecto al tejido industrial en Galicia.


El señor PRESIDENTE: Señor Borreiros, le ruego que vaya terminando.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Estoy acabando, señor presidente.
Existe en este momento una inmensa irresponsabilidad, no sólo del Gobierno, sino de todas las fuerzas políticas y sindicales, y, mirando hacia adelante y no hacia estos últimos meses ni a los años anteriores, el Grupo Socialista apoyará todo aquello que llame positivamente la atención sobre la virtualidad del cierre de Astano y del incumplimiento de los acuerdos con los sindicatos mayoritarios, entre los que figuraba el aumento de plantillas y su rejuvenecimiento. Después de escuchar la salvedad expuesta por el portavoz del Bloque, que las personas que han estado en los fondos va dentro del problema global de aumento de plantillas y rejuvenecimiento y la necesidad del compromiso del Gobierno para que Astano siga como una empresa viva, ejerciendo un peso importante específico, económico y social en la zona de Ferrol, el Grupo Socialista va a apoyar, con la salvedad señalada, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor presidente, señorías, comparezco en esta Comisión para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Astano, al igual que el resto de astilleros públicos integrados hoy en la división de construcción naval de la Agencia Industrial del Estado, dentro de la Sociedad Estatal de Participación Industrial, ha puesto en marcha el Plan estratégico de competitividad del período 1995/1998, que, entre otras acciones, incluye una importante reducción de plantilla, 4.000 trabajadores para el conjunto de la división de construcción naval, de los que 790 corresponden a Astano. Esta reducción fue acordada con los sindicatos más representativos en el sector y permitirá disponer, en 1998, de una plantilla más ajustada a las cargas previsibles de

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trabajo, evitándose las importantes regulaciones temporales de empleo habidas en los pasados años.
A pesar de la reducción de plantilla efectuada en Astano, de unos 2.000 trabajadores, a finales 1994, a menos de 1.500, a finales de 1996, se siguen dando situaciones de insuficientes cargas de trabajo, que implican la necesidad de regulaciones temporales de empleo para una parte importante de la plantilla. Cuando Astano alcance la plantilla objetiva establecida en el Plan estratégico de competitividad, 1.180 trabajadores, será más fácil que quede cubierta su actividad de forma continua y se eviten o se reduzcan a un mínimo las regulaciones temporales de empleo.
La tendencia general en el sector europeo de construcción naval es dimensionar las plantillas fijas de los astilleros de acuerdo con los trabajos que estrictamente hayan de realizarse por los mismos y que no puedan subcontratarse a la industria auxiliar. Asimismo, la plantilla debe dimensionarse para la actividad previsible durante los ciclos bajos de la demanda, cubriéndose la punta de demanda mediante mayor subcontratación, lo que hace que el Plan estratégico de competitividad no pueda acoger la recolocación de los trabajadores que pide el Grupo Parlamentario Mixto.
Por otra parte, no parece que exista motivo jurídico para el reingreso en Astano de los trabajadores a los que se refiere la proposición no de ley, ya que las dos demandas de reingreso presentadas ante la jurisdicción social por sendos grupos de trabajadores (86 y 40 personas, respectivamente, lo que hace un total de 126) han sido desestimadas. Se han presentado dos demandas de ex trabajadores de Astano en el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol. La primera es de un grupo de 86 trabajadores que, en el verano de 1996, reclaman a Astano su reincorporación a la empresa; todos los trabajadores tienen en común la característica de haber extinguido voluntariamente su relación laboral con Astano. La sentencia 638/1996, dictada con fecha 11 de octubre, clasifica a los trabajadores reclamantes en cinco grupos: un grupo de 50 trabajadores afectados por el expediente 820/1984, que cesaron en el fondo de promoción de empleo en Astano, mediante finiquito que extinguió las relaciones laborales por acuerdo entre ambas partes; un grupo de 16 trabajadores, que, tras permanecer en el fondo, fueron colocados en otras empresas, causando baja en el fondo; un grupo de cinco trabajadores integrados en el fondo, que solicitaron la indemnización, extinguiéndose a petición propia la relación laboral; un grupo de ocho trabajadores, que alcanzaron acuerdo en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, con posterior indemnización; y un último grupo de siete trabajadores, que tienen en común haber extinguido su relación con Astano mucho antes del año 1984 y por diferentes causas, excedencias, baja voluntaria, invalidez etcétera. La sentencia dictada, del 11 de octubre de 1996, estima que los demandantes carecen de razón para reclamar por despido y han desestimado la demanda. Esta sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, con fecha 30 de enero de 1997, ha dictado sentencia desestimando el recurso de suplicación.
Hay una segunda demanda, presentada por 40 trabajadores que, igual que en el caso anterior, piden la reincorporación a la empresa. La sentencia 32/1997, dictada con fecha 23 de enero, clasifica a los trabajadores reclamantes en cuatro grupos. El más importante de todos es el de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo 820/1984, citado anteriormente, que en su momento, 31 de diciembre de 1987, cesaron en el fondo de promoción de empleo y en Astano, mediante los correspondientes recibos de finiquito, percibiendo las cantidades correspondientes por el cese. El segundo grupo está integrado por trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo que, tras permanecer en el fondo, consiguieron una nueva colocación en otra empresa distinta, la mayoría en CASA, y que por ello solicitaron la baja en el fondo y obtuvieron de éste el abono de las cantidades que les correspondían. Un grupo de ocho trabajadores, que alcanzaron conciliaciones ante el servicio de mediación y arbitraje con la empresa demandada después de ser despedidos, y un último grupo de tres demandantes, que tienen en común la extinción de sus relaciones laborales con la empresa Astano por baja voluntaria e invalidez permanente. Esta sentencia, dictada el 23 de enero de 1997, desestima la demanda y absuelve a Astano. Además, determina que la actuación procesal de los demandantes pone de manifiesto una notoria temeridad y les llega a sancionar, al considerar el juez que mantienen la demanda contra toda lógica jurídica, pues ellos mismos reconocen que han extinguido su relación laboral con Astano.
Por todo lo expuesto, por el cumplimiento del Plan estratégico de competitividad y por las demandas presentadas y desestimadas, el Grupo Popular no va a dar su voto afirmativo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Sin embargo, no queremos dejar en el tintero las palabras del representante del Grupo Socialista. No se puede pasar de puntillas sobre los catorce años anteriores en los que se ha aplicado una equivocada política en la reconversión industrial, concretamente en el sector naval y ahora culpar de ello al Gobierno actual. Yo me he quedado un poco estupefacto cuando he oído decir que el Gobierno actual es el culpable de que no se hayan recolocado estos trabajadores a lo largo de catorce años, que es el tiempo que ha transcurrido desde su pase a los fondos hasta nuestros días. (El señor Borreiros Fernández pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, no hay más intervenciones, no habiendo ninguna enmienda planteada.
Señor Borreiros, ¿a qué efectos solicita S. S. la palabra?

El señor BORREIROS FERNANDEZ: Porque he sido aludido.


El señor PRESIDENTE: No ha entendido la Presidencia que esa alusión dé lugar a ningún tipo de réplica.
La proposición no de ley se someterá a votación en su momento.


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--SOBRE FUTURO DE LA EMPRESA PUBLICA ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
(ASTANDER). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000550).


--SOBRE MANTENIMIENTO EN EL ASTILLERO PUBLICO ASTILLEROS DE SANTANDER, S.
A. (ASTANDER), DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFORMACION DE BUQUES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000640).


--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS NECESARIAS PARA SUPERAR LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE ASTANDER DERIVADOS DEL CESE DE LA ACTIVIDAD DE TRANSFORMACIONES LIGADO A LA TITULARIDAD PUBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000777).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley, señorías, que se debatirá conjuntamente con las que figuran en los puntos 3 y 4. Se trata de tres proposiciones no de ley que hacen referencia a la empresa pública Astilleros de Santander (Astander).
Por el mismo orden que están planteadas vamos a conceder la palabra a los portavoces de los grupos proponentes: el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Socialista del Congreso y el Grupo Parlamentario Popular y posteriormente intervendrán los grupos que deseen fijar su posición, que lo harán conjuntamente también sobre las tres proposiciones no de ley. Rogaría a los portavoces de cada uno de los grupos proponentes de las iniciativas que en su intervención fijen su posición en relación con las otras proposiciones.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: El proceso en el que están inmersos todos los astilleros españoles tiene unas características que lo definen no sólo como un holding concreto y específico, con unas medidas que se están aplicando de forma global, sino que también lo distinguen por una serie de actuaciones que se están tomando en cada uno de los astilleros de una manera --desde nuestro punto de vista-- indiscriminada y no justificada.
En Astander nos encontramos con una de esas características. Es un astillero que está inmerso, como el resto, en el Plan estratégico de competitividad, en el que se contempla una serie de actividades concretas en torno de las cuales se diseña su desarrollo comercial, su plantilla, etcétera, con la espada de Damocles que tienen todos los astilleros, que es situarse en una cuenta de resultados positiva el 31 de diciembre de 1998. Por lo tanto, en esta situación Astander se pone a trabajar, los sindicatos y los trabajadores cumplen sus compromisos y, de repente, nos encontramos que desde el Gobierno del Partido Popular --esto sí que no tiene ningún tipo de vinculación con la etapa anterior que tantas veces se pone de manifiesto-- al ministro que está llevando a cabo las negociaciones con la Comisión Europea para conseguir las subvenciones extraordinarias para el sector naval español se le ocurre introducir una variable dentro de la negociación sin contar con los sindicatos ni con los afectados, rompiendo así uno de los principios que estaban contemplados dentro del Plan estratégico de competitividad y que representaba una posibilidad de mantener en plena actividad los astilleros de Santander. Me estoy refiriendo a la posibilidad de transformación. Si nos atenemos a los diarios de la Comisión de las Comunidades Europeas, en el publicado el 19 de marzo de 1997 vemos que se recoge la propuesta hecha por el ministro de Industria en la que todavía se recogía, en el mes de marzo, la posibilidad de que en Astilleros de Santander continuaran las actividades de transformación y de reparación.
Se preveía, eso sí, la cláusula que ponía fin a las actividades de construcción --el último buque que se había construido era en 1990 y había una etapa en la que no se debía volver a construir, hasta 1997-- eliminando así la posibilidad de que pudiera hacer nuevas construcciones, pero, mientras tanto, en marzo de 1997, la Comisión Europea reconoce perfectamente la capacidad, la competencia y la legalidad --dentro de los acuerdos que se han adoptado-- de que Astander pueda hacer transformaciones y reparaciones. A lo largo de este año el ministro considera que a Astander se le puede privar de la posibilidad de hacer transformaciones y, de hecho, así se lo propone a la Comisión, pero no ha sido ni un mandato ni una exigencia ni una obligación impuesta por la Comisión Europea al Gobierno español.
Esta situación se la hemos achacado al ministro, quien, a nuestro entender, no ha ponderado suficientemente las consecuencias que tenía para este astillero abandonar ese sector de la producción. En ese astillero --y en cualquier otro en el que se haya visto reducida su capacidad de nuevas construcciones y que se están haciendo fuertes en un producto-- la eliminación radical y unilateral de ese elemento supone un crack en lo que es el funcionamiento cotidiano de ese astillero y supone con seguridad que el futuro lo va a tener cuestionado totalmente. La última reparación que se hizo en Astander fue en agosto de 1997. A pesar de que formalmente la División de Construcción Naval sigue anunciando dentro de sus catálogos lo que es la promoción del sector naval español en el extranjero, incluye Astilleros de Santander al margen de las transformaciones, no obstante, siguen llamando a la puerta de dichos astilleros todos los armadores que tradicionalmente hacían operaciones con el mismo, armadores que están muy satisfechos de su trabajo y que, de alguna forma, entienden que la eliminación de esta parte de su producción no se atiene a ninguna justificación, desde el punto de vista técnico y de la relación calidad precio, que es el que le interesa a un armador.
Astander mantiene todavía --a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Industria por que desaparezca esa tradición y esa cultura en la transformación de los buques-- la imagen de un astillero capaz de hacer no sólo transformaciones pequeñas sino grandes, y capaz de poder cumplir los compromisos de transformación

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de buques que le reclaman los distintos contratos; por lo tanto, no tiene ninguna justificación que se le haya privado de la posibilidad de hacerlas. Todo ello ha ocasionado la respuesta de los trabajadores y la respuesta de toda la sociedad cántabra, que haya habido una serie de movilizaciones, desgraciadamente, en algunas de ellas, con altercados de orden público, que han puesto en marcha el mecanismo de la sensibilización no sólo social sino institucional. De nuevo en este caso se vuelve a producir una falta de sintonía de algunos de los partidos en esa comunidad entre la interpretación sobre cuál debería ser la actuación del Gobierno en este astillero y lo que esos mismos partidos están planteando desde el Gobierno o desde el Parlamento. Por tanto, no tiene sentido que estemos predicando una cosa en un lado y actuando de forma contradictoria en otro.
Definitivamente, en el mes de noviembre pasado la Comisión Europea tenía que hacer un análisis y una determinación sobre algunas cuestiones que habían quedado pendientes en la negociación que hubo en marzo de 1997, y ha sido entonces cuando desgraciadamente ya se ha recogido en la directiva europea que el Gobierno español conviene en que Astilleros de Santander no llevarán a cabo transformaciones mientras sigan siendo públicos. Aquí nos encontramos con un elemento mucho más grave todavía y es el chantaje que se está proponiendo a los trabajadores, a los sindicatos y al conjunto de la sociedad cántabra. ¿Por qué el Gobierno español arrebata la posibilidad de futuro de un astillero mientras que siga siendo público? La responsabilidad accionarial de ese astillero sigue estando en el Estado; por tanto, ¿cómo el Estado puede tomar decisiones que perjudican gravísimamente la viabilidad futura y la rentabilidad de un astillero y, sobre todo, mientras siga siendo público? Lo público ya no sólo no es compartido por el Partido Popular, sino que intrínsecamente es maligno; por tanto, provocan un proceso mucho más rápido hacia la privatización haciéndole una travesía del desierto lo más dura posible. El período que el Gobierno ha considerado que puede haber entre este momento y aquel en que se pueda salir a la oferta privada no va a ser un tránsito en el cual intentemos mejorar la gestión, su cuenta de resultados o su imagen comercial internacional, ya que estamos hablando de sectores totalmente dedicados a la exportación y que, lógicamente, son muy sensibles a cualquier maniobra o a cualquier movimiento que se pueda hacer y que afecte gravemente a su capacidad de producción y a su imagen exterior; en vez de velar por que en ese período de transición nos encontremos con unos astilleros fortalecidos, tal como estaba contemplado en los propios acuerdos que firmaron los sindicatos con el Estado y como fue asumido por este Gobierno, nos encontramos con un período en el cual el ministro de Industria está actuando de forma que, conscientemente, está perjudicando la viabilidad de los astilleros y su presente. Esto es inaudito. Una cosa es que discrepemos políticamente sobre si sectores públicos o sectores privados, si el Estado debe ser empresario, industrial, etcétera, que son debates políticos, y otra cosa es algo como lo actual: que el Gobierno perjudique conscientemente a uno de sus sectores industriales y, además, lo chantajee diciendo que eso, esa condena, ese acto totalmente pernicioso para el astillero desaparecerá en cuanto pase a la propiedad privada.
Desde luego, hemos superado ya el debate ideológico sobre sector público o privado, iniciativa privada y la dinamización que puede suponer un holding unido, etcétera, y hemos pasado a una actuación totalmente perniciosa, una actitud preconcebida, maligna intrínsecamente, hacia uno de los astilleros, y a lo largo del día de hoy y de mañana tendremos ocasión de ver cómo se está actuando sobre el conjunto de los astilleros.
Por todo lo dicho hemos presentado una proposición no de ley. La verdad es que confiábamos en que desde marzo hasta noviembre el ministro de Industria cambiase su criterio en cuanto a actuar negativamente sobre Astander, pero, desgraciadamente, en noviembre, a pesar de que el propio ministro reconoció que esto iba a tener una grave incidencia en el futuro de Astilleros de Santander, se ha fortalecido en su idea original de eliminar las transformaciones de Astander, lo que se ha confirmado, como no podía ser de otra forma, a petición del Gobierno español; lógicamente, la Comisión Europea acepta cualquier tipo de restricción, cualquier tipo de abandono de producción, de abandono de capacidad de fabricación, etcétera, todo eso es bien recibido en Bruselas, pero lo que nadie entiende es que un Gobierno actúe contra sus propios intereses. Por tanto, la proposición no de ley sitúa el futuro de Astander dentro del marco del Plan estratégico de competitividad. Fíjense ustedes qué cosa más complicada estamos proponiendo, situarnos dentro del compromiso firmado por el Gobierno y los sindicatos. Eso es algo que venía dado después de los ajustes anteriores; no es una situación especialmente privilegiada para Astander ni para el resto de los astilleros.
Pretendemos situarnos dentro de ese marco para garantizar que a 31 de diciembre de 1998 este astillero pueda estar en resultados positivos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra don Jaime Blanco.


El señor BLANCO GARCIA: Señorías, el diputado preopinante, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ya ha hecho una pequeña referencia a la reciente historia de Astilleros de Santander, Astander.
Efectivamente, tenemos que partir del año 1995, cuando por la División de Construcción Naval, los sindicatos y la Agencia Industrial del Estado se firma el Plan estratégico de competitividad. Este es el marco en el que nos tenemos que desenvolver, porque es el acuerdo social y el acuerdo con la Administración para el futuro de Astander. De ahí, de ese Plan estratégico de competitividad, tenemos que saltar a la reunión del 24 de abril en Luxemburgo, en la que participan los ministros de Industria y se da un giro radical al futuro de estos Astilleros de Santander. En esa reunión de 24 de abril de 1997 el ministro de Industria del Gobierno español decide de una manera unilateral, y además lo propone él --tenemos que subrayar este dato, es propuesto por el propio ministro de Industria español--, que Astander deje de hacer transformaciones de buques. Un

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mes después, en mayo de 1997, en la comparecencia del ministro de Industria en Comisión, no se hace ninguna referencia a este acuerdo. En los objetivos del Plan estratégico de competitividad, que se han actualizado por parte del Gobierno, no se hace ninguna referencia a este acuerdo ni se hace ninguna mención a ese giro en la producción de Astander y tampoco se da este dato concreto, y por tanto se oculta, a la comisión de seguimiento del Plan estratégico de competitividad.
¿Por qué el Grupo Socialista hace tanto hincapié en la capacidad de Astander, en que Astilleros de Santander sigan teniendo la capacidad de transformar buques? Creo que va a quedar muy claro con unos datos de ventas y facturación. En 1996 las cifras de ventas ascienden a 3.815 millones de pesetas, de los cuales el 79 por ciento es debido a las transformaciones de buques. Esto da una idea, señorías, de cuál es la actividad principal de este astillero y de que, al quitarle las transformaciones de buques, este astillero queda sin su carga de trabajo fundamental. Hay que decir algo más. En 1984, con la reconversión industrial, Astander contaba con una plantilla de unos 1.300 trabajadores; en la actualidad, después de los procesos de reconversión industrial acordados con los sindicatos, la plantilla ha sido reducida a 360 trabajadores, y esto ha sido consecuencia de un trabajo, creo, bien hecho, hecho con reflexión y, por supuesto, con el sacrificio de los trabajadores, para conseguir un centro que sea competitivo con el resto de los centros no solamente españoles sino del conjunto de la Unión Europea. ¿Creen SS. SS. que se les pueden pedir más sacrificios a los trabajadores? Yo creo que no, que no es posible pedirles más sacrificios, sobre todo cuando recientemente, a principios de este año, han firmado un convenio por el que, de una manera generosa y responsable, pensando en lo que el Plan estratégico de competitividad contemplaba, es decir, las transformaciones y las reparaciones de buques, han querido contribuir a consolidar Astander. ¿Creen SS. SS. que este astillero es viable sin las transformaciones de buques cuando, como he dicho antes, éstas suponen el 79 por ciento de la facturación? Yo creo que no, que no es viable. Cabría preguntarse: ¿es que Astander es un desastre económico, las pérdidas en sus balances son tales que lo hacen inviable económicamente y, por tanto, tiene que desaparecer? Yo creo que no y mi respuesta está basada en el balance y en los resultados del año 1996, en el balance que presenta el propio consejo de administración y que dice textualmente: En 1996 se ha conseguido mejorar las cifras del Plan estratégico de competitividad...
el arranque del ejercicio se presenta sin desviaciones... Y sigue el informe diciendo: El Plan estratégico de competitividad se ha venido aplicando con buenos resultados durante todo el ejercicio 96. El efecto sobre los costes financieros y de personal ha sido el esperado, suponiendo una mejora sensible que debe de continuar para 1997.
La actitud del ministro, desde que se lleva a efecto la reunión de Luxemburgo en abril de este año, y las posteriores declaraciones de responsables del Ministerio está siendo, por citar una novela muy conocida, la crónica de una muerte anunciada. Es la crónica de una muerte anunciada porque ese astillero, señorías, no es posible que sobreviva sin tener esta capacidad de transformación de buques y esta carga de trabajo.
Es el anuncio de una muerte anunciada en la que, señorías, parece que 350 trabajadores, que además son de alta cualificación en un astillero con una mediana tecnología, no parece lógico que se dediquen única y exclusivamente a las reparaciones de buques. Por tanto, esto va destinado, como ha sido anunciado ya por responsables del Ministerio, a una privatización, privatización que requeriría, naturalmente, una nueva reducción de plantilla. Y estamos hablando de una región en Cantabria que es Objetivo 1 y que por tanto está por debajo del 75 por ciento de la media europea en renta per cápita, estamos hablando de una comarca que tiene y es tradicionalmente considerada como deprimida dentro de la propia región, de un astillero que genera una actividad económica que, de una manera directa o indirecta, implica a unas 1.500 personas y que está enclavado en una comarca de 15.000 habitantes. Ante esta situación yo creo, señorías, que tienen que convenir conmigo que no es casual que todas las fuerzas políticas de Cantabria y las fuerzas sindicales hayan cerrado filas propugnando una salida generosa para este centro y rechazando las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria del Gobierno de España.
El Parlamento de Cantabria, señorías, su Asamblea Regional, ha aprobado varias resoluciones por unanimidad del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Partido Regionalista, Unión del Progreso para Cantabria e Izquierda Unida. Así, en junio de 1997, se reprueba la decisión del ministro de Industria por la que Astander deja de realizar transformaciones, y recientemente, en el mes de diciembre de 1997, es suscrita por todos los grupos políticos, insisto, todos los grupos políticos de la Asamblea Regional la siguiente proposición no de ley: Primero, que Astander se mantenga en el sector público como única manera de generar la actividad industrial que hasta ahora el astillero ha tenido. Segundo, que tal como se contiene en el Plan estratégico de competitividad y como se contemplaba en el año 1995, que se mantenga la facturación, para lo cual ha de posibilitarse que Astander vuelva a hacer transformaciones --tercer punto.
Por todas estas razones el Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, en el marco del Plan estratégico de competitividad, largamente comentado, se mantenga en el astillero público de Santander, Astander, la actividad de transformación de buques, para lo que les pido a SS. SS. el voto favorable a esta proposición no de ley, y en especial se lo pido a los grupos nacionalistas, porque son muy sensibles a las decisiones y reclamaciones que parten de los parlamentos regionales y autonómicos.
Como la Presidencia nos ha invitado a que nos pronunciemos sobre las otras dos proposiciones no de ley, quiero decir que mi grupo va a votar favorablemente la presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, puesto que va en los mismos términos que la nuestra, y en principio no podemos votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular porque no se puede sostener que se quiera mantener la plantilla de trabajadores, quitándoles de

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una manera tan drástica la carga de trabajo, y además porque no es congruente con lo que su propio Gobierno, el Gobierno de Cantabria, conformado por el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, está pidiendo insistentemente, y es que en Astilleros de Santander, en Astander, se sigan manteniendo las transformaciones y se sigan manteniendo en el sector público.


El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, intervengo para defender la proposición no de ley que mi grupo presenta y que tiene la motivación siguiente. El acuerdo sobre las actividades futuras de Astander, al igual que la determinación de actividades a realizar y capacidades máximas de nuevas construcciones de los restantes astilleros de propiedad pública, forman parte del acuerdo del Consejo de Industria de 24 de abril de 1997 de la Unión Europea para la aprobación del reglamento del Consejo sobre determinadas ayudas a astilleros en curso de reestructuración, entre ellos, los astilleros públicos españoles. Este reglamento da respaldo legal a la percepción de 135.028 millones de pesetas de ayudas, que de otra forma no tenían encaje en la actual normativa comunitaria constituida por las disposiciones de la séptima Directiva, bajo las cuales sólo podían justificarse 183.084 millones de pesetas del total de 318.112 millones de ayudas vinculadas o relacionadas con el Plan estratégico de competitividad de los astilleros públicos. Dado que debido a las desviaciones registradas en la ejecución del PEC para llevar a cabo el plan son necesarias todas las ayudas anteriormente indicadas, la aprobación del reglamento de referencia era un elemento imprescindible para alcanzar la viabilidad de los astilleros públicos españoles con los ajustes de capacidad y limitaciones de actividades consiguientes. En el caso de Astander supone el cese de la actividad de transformaciones mientras siga siendo de titularidad pública.
Hay que señalar que en los últimos tres años en Astander las transformaciones de buques sólo han representado algo menos del 25 por ciento de las horas totales de la actividad de este astillero, que se han cubierto mayoritariamente con reparaciones de buques, actividad que puede seguir realizando en el futuro. Así pues, para compensar los efectos de la no realización de transformaciones y potenciar las reparaciones para cubrir ese 25 por ciento de las horas totales de la actividad del astillero mi grupo presenta esta proposición no de ley en donde dice que por parte de la división de Construcción Naval de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sería necesaria la realización de las siguientes actuaciones: inversiones adicionales a las previstas inicialmente en el PEC por valor de 400 millones de pesetas; recabar de los organismos competentes la ejecución a su costa de los dragados necesarios para una mayor accesibilidad del astillero y consiguiente incremento de sus posibilidades comerciales; concesión por parte del Ministerio de Industria de una subvención en el marco de su política de reindustrialización contemplado en la Orden ministerial de 19 de mayo de 1997, que sería destinada a cofinanciar el dragado del puerto, uno de cuyos grandes beneficiados Astander, ya que haría posible la recepción de buques de mayor calado de los que ahora pueden acceder a sus instalaciones. Otras medidas a tomar serían la reducción de los cargos económicos corporativos a soportar por Astilleros de Santander en función de su nueva actividad, una campaña de promoción comercial singularizada para Astander, realizada a expensas del grupo AESA, prioridad para Astander para la contratación de reparaciones en competencia con los otros astilleros del grupo; el encargo de trabajo de varada y garantía de los buques construidos en el grupo de Astilleros Españoles; la participación en los trabajos de construcción del resto de los astilleros del grupo, y por último una revisión de los programas de investigación y desarrollo, así como formación previstos para adecuarlos a las nuevas circunstancias y tramitación urgente de los mismos para acceder a los mecanismos de subvención disponibles. Por todo ello presentamos la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para superar los posibles efectos sobre Astander derivados del cese de la actividad de transformaciones ligados a la titularidad pública, de manera que se mantengan los puestos de trabajo previstos en el PEC.
Quiero añadir que es criterio de mi grupo votar negativamente las proposiciones no de ley presentadas por los grupos de Izquierda Unida y Socialista por las razones que hemos expuesto en nuestra proposición no de ley. Hemos de decir, además, que nadie va en contra de sus propios intereses. No hay una petición explícita de condenar al astillero de Astander; es que Bruselas impone limitación de capacidades y eliminación de ciertas actividades y se trata de recibir o no ayuda para el resto del grupo. Es un sacrificio que se ha hecho y mediante esta proposición no de ley queremos activar el astillero de Astander con estas medidas que consideramos muy necesarias y que se pueda llevar a cabo el Plan estratégico de competitividad que tenía los siguientes objetivos: mejora de los costes mediante la optimización de los aprovisionamientos y el incremento de la productividad en todos los centros, redimensionamiento de las plantillas para adecuarlas a la carga de trabajo previsible y reestructuración patrimonial de las medidas que permitan las ayudas autorizadas tras la reposición de pérdidas que se generen durante el período de transición, que es lo que ha ocurrido en estos momentos. Es imprescindible también para la eficacia de las medidas a aplicar la existencia de un clima laboral adecuado y llevar a cabo los cambios necesarios en la organización del trabajo que contribuyan a hacer posibles los incrementos de productividad, cumplimiento de plazos, etcétera, que los objetivos del Plan estratégico de competitividad exigen.
Por todo lo expuesto, pedimos el voto favorable para nuestra proposición no de ley. (El señor Navas Amores pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Navas?

El señor NAVAS AMORES: Me he olvidado de anunciar el voto a las proposiciones no de ley.


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El señor PRESIDENTE: Pues tiene la palabra para anunciar el voto.


El señor NAVAS AMORES: Vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista porque evidentemente coincidimos en el fondo y en la forma de su exposición, y vamos a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Popular porque se circunscribe a la aceptación de la realidad actual no para cambiarla, sino para hacer una serie de propuestas sobre su posible viabilidad; por eso nosotros no la vamos a apoyar.


--SOBRE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. (AESA), EN SU COMPOSICION ACCIONARIAL ACTUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000732).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que figura en el número 5 del orden del día, relativa al mantenimiento del grupo de Astilleros Españoles, S. A. (AESA), en su composición accionarial actual, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Navas, tiene usted la palabra para su defensa.


El señor NAVAS AMORES: Es una proposición no de ley que intenta ser ambiciosa en cuanto que, primero, demuestra ya una clara sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo alrededor de la División de Construcción Naval y, sobre todo, respecto a una de las situaciones que más importancia van a tener en estos próximos meses en los astilleros, como de hecho va a ocurrir, porque así lo ha anunciado el propio Gobierno, con la privatización de Astilleros Españoles. Por tanto, esta proposición no de ley intenta conseguir del Gobierno un compromiso de no privatización del grupo Astilleros Españoles. Estamos hablando de un sector que, como todos sabemos, ha sufrido a lo largo de estos años múltiples reconversiones, que está situado en la fase de una última reestructuración y de un último plan, que ha conseguido el apoyo de la parte social y de los trabajadores, y se suponía --nosotros lo pensábamos-- que la otra parte, el Estado, que es el propietario de los astilleros, cumpliría con sus obligaciones, recogidas en el propio PEC.
Lamentablemente, nos estamos encontrando con que, por parte del Gobierno, los astilleros se están situando en un callejón sin salida. Esto viene a justificarse por el seguimiento que nosotros estamos haciendo de cuáles son las condiciones y las exigencias que el propio PEC recoge y que deben recaer en el Estado y nos encontramos con que hay una dejación notable e importantísima de esas obligaciones. El PEC no sólo recoge la necesidad de una unificación dentro de las regulaciones laborales, salariales y profesionales de los distintos astilleros, sino también una serie de obligaciones, de inversión, tecnológicas, de centralización de algunos de los servicios, de consecución de porcentajes de ahorro, etcétera.
El seguimiento de todo ese compendio de obligaciones por parte del Estado viene a concretarse en una respuesta parlamentaria que se me da en septiembre de 1997 cuando por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se reclama al Gobierno que informe sobre qué resultados se están obteniendo en la aplicación del PEC, qué objetivos se están cumpliendo y qué causas pueden originar las desviaciones que se estén produciendo. La respuesta que nos aporta el Gobierno es que la División de Construcción Naval no dispone de información con el nivel de desglose y detalle con el que es solicitada. Esto es en septiembre de 1997, hace prácticamente dos meses; por tanto, esta respuesta es suficientemente alarmante para ver el grado de implicación que tiene el Gobierno en la viabilidad futura de los astilleros. Esto encaja perfectamente con la proposición no de ley anterior que hemos debatido de Izquierda Unida, en la cual denunciamos clara y contundentemente que el Gobierno ha dado la espalda a Astilleros Españoles, no cara a su privatización sino cara a su viabilidad y cara a posibilitar una obtención de resultados positivos a 31 de diciembre de 1998.
Hay que analizar cómo se producen las pérdidas. Tradicionalmente, en las anteriores crisis del sector naval, se había llegado a la conclusión de que dos de las causas más importantes de su cuenta de resultados negativa eran la propia inactividad que tenían los distintos astilleros por no llegar a cubrir la capacidad para la que estaban preparados y el retraso en la entrega de las ayudas. Nos encontramos con que no tenemos un análisis por parte de la División de Construcción Naval de qué es lo que está pasando con los posibles desfases y desajustes, de cómo está la capacidad de los distintos astilleros y cómo se está mejorando la productividad, etcétera. También nos encontramos con que otra de las causas tradicionales de las pérdidas, que es el retraso en la entrega de las ayudas, se está volviendo a repetir y del total de pagos que el Gobierno tenía que hacer para compensar las pérdidas que tenía pendientes y que estaban recogidos tanto en los compromisos del Ejecutivo con los sindicatos como en la propia directiva europea y que se deberían efectuar entre el año 1995 y 1998, que es la vigencia del PEC --estamos hablando de 89.104 millones de pesetas--, hasta el 31 de diciembre de 1996, sólo se habían abonado 39.376 millones cuando, según las propias cifras del Gobierno, esa cifra tendría que ser, como mínimo, el doble. De nuevo estamos sometiendo a los astilleros a las mismas actuaciones en el modelo de gestión que tuvieron lugar con anterioridad, las cuales provocaron, lógicamente, un crack en la cuenta de resultados y una constante incertidumbre sobre su capitalización y sobre los costos financieros, elementos que están contemplados en el PEC. Cuando hablamos de esta crítica a la actitud del Gobierno no estamos haciéndolo desde un discurso lejano a sus propios compromisos, a lo que él mismo ha aceptado con los sindicatos. Llegará el momento en el cual tengamos que hablar de otros elementos que sí son ideológicos y que no están recogidos en el PEC. Por tanto, cuando estamos hablando de viabilidad futura, de que los astilleros en manos públicas están condenados al fracaso en la gestión y están condenados a las pérdidas constantes y permanentes

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no seamos hipócritas: ésos son defectos de gestión. Es mucho más grave cuando se han detectado con anterioridad y se vuelve a caer en los mismos defectos. El Estado está sometiendo a una nueva reconversión a los astilleros no recogida en ningún acuerdo, una nueva reconversión unilateral, la cual está definiendo unos resultados catastróficos para el año 1998, y ya entraremos más adelante en algunas de las medidas que el Gobierno ha tomado en perjuicio de los propios astilleros públicos. No debemos caer en el error de que lo que está contemplado en el Plan estratégico de competitividad: la filialización de los distintos astilleros es una confirmación de que se ha firmado su privatización. En absoluto, se ha firmado la filialización para conseguir la individualización de la cuenta de resultados, para conseguir que cada astillero tenga sus propios ingresos y sus gastos y que al final pueda salir una resultante sobre en qué situación está el 31 de diciembre de 1998. Que nadie intente convencernos, que nadie intente hacer demagogia con ese término. Ese término exclusivamente está dado a la contabilidad de cada astillero y nada tiene que ver con una condena intrínseca a que los astilleros tienen que estar en un proceso previo de privatización, porque incluso alguien puede entender que estaba recogido en los propios acuerdos firmados con los sindicatos en el PEC, cuando no es así.
Ahora sí que pasamos a uno de los discursos más políticos. Nosotros entendemos --se lo hemos hecho saber a los comités de empresa de todos los astilleros de la División de Construcción Naval, en las distintas reuniones que nuestro grupo parlamentario ha tenido con ellos-- la necesidad de mantener unido todo el holding de la División de Construcción Naval y no sólo en manos públicas. Una vez que rechazamos la privatización, hacemos una loa a la necesidad de la fortaleza de la unión, de la aportación que cada uno de los astilleros puede dar al conjunto del holding. Se ha hecho un reparto más o menos equitativo, fijándose en las distintas potencialidades, producciones y especializaciones de cada astillero. Por tanto, hemos conseguido un equilibrio en la producción, en la especialización y en la capacidad tecnológica de cada uno de los astilleros. Eso supone que la aportación que cada uno hace al todo es complementaria con la de los demás, no es un holding industrial que compite entre sí, sino todo lo contrario, se enriquece y se potencia con la aportación de cada uno de ellos. No cabe la menor duda y es evidente, porque está recogido en los propios documentos que el Ministerio de Industria ofrece a los posibles armadores, a los posibles ofertantes de construcciones en el mundo, que hay que anunciar la fortaleza y la dimensión industrial que tiene nuestro holding de División de Construcción Naval. Ahí sí que hay un proyecto industrial, un proyecto que se complementa, un proyecto que es capaz de ofertar el conjunto de cualquier tipo de construcción naval. Hemos conseguido situar, con grandísimos sacrificios no sólo de la parte social, sino de la propia Administración, con aportación de fondos públicos, un conjunto de astilleros que tienen una característica principal y primordial, cual es la cohesión territorial, el hecho de estar distribuidos a lo largo de todo el territorio y, sobre todo, en unas zonas que han tenido una reindustrialización importantísima, una crisis industrial en sectores tradicionales, lo que ha provocado también una desertización industrial y una bajada drástica de los índices de capacidad industrial. La pervivencia del sector naval es fundamental para seguir manteniendo esa cultura tradicional de industria, de vinculación hacia los sectores industriales de esas comarcas. A la vez, se han situado otros astilleros en zonas donde, careciendo de una tradición industrial, son el único elemento capaz de dinamizar industrias auxiliares de los propios astilleros que, como todos sabemos, generan una gran cantidad de horas de trabajo sobre industrias auxiliares. Es la única posibilidad de que haya un motor industrial en muchas de las comarcas castigadas por un paro galopante y en las que el Estado, en un ejercicio de responsabilidad al margen de las ideologías, debería tener una consideración especial para el mantenimiento de esos astilleros. No nos engañemos, un proceso de privatización parcial como el que están desarrollando nos va a llevar al debilitamiento del holding en su conjunto, porque, como digo, esto es un puzzle en el cual cada pieza es fundamental para el mantenimiento de toda la figura, y una privatización individual situaría como siempre un compromiso temporal para mantener el empleo, hacer alguna inversión o capitalización, y a partir de ese momento, la incertidumbre. Estamos cansados de escuchar constantes mensajes sobre lo que puede ocurrir sobre tal o cual astillero y criticamos una actitud de constantes mensajes de temor hacia los trabajadores de los astilleros y hacia las comarcas en las que están asentados. Venimos asistiendo a discursos sobre privatización parcial, sobre garantías de no privatización, sobre qué va a ocurrir, qué candidato va a ser el que va a llevarse este astillero...


El señor PRESIDENTE: Señor Navas, le ruego vaya terminando.


El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, acabo ya.
Quiero decir con esto que basta ya de llenar de incertidumbre y de zozobra a todos estos trabajadores, a todas estas comarcas, a todas estas regiones. Tenemos que definirnos en la línea que propone nuestra proposición no de ley y le pedimos también al Gobierno que se defina claramente con una propuesta concreta, que no siga llenando de dudas el futuro del sector naval español, el futuro de tantos y tantos empleos y personas que indirectamente necesitan de ese sector para tener una garantía de futuro.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Nosotros estábamos de acuerdo con la redacción primera de la proposición no de ley de Izquierda Unida, pero luego hemos leído otro texto en el que se decía que se corregía un error advertido en el texto de la proposición no de ley. No creemos que sea sólo la corrección de un error, pues estimamos que cambia radicalmente el sentido de la iniciativa. Hemos pasado de

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una proposición en la que se instaba a que no se privatizaran total o parcialmente los astilleros mientras se encontrara en vigor el Plan estratégico de competitividad a otra en la que se rechaza cualquier privatización parcial o total del mismo. Esto es radicalmente diferente, no es sólo un error.
Nuestro grupo quiere aclarar la posición que vamos a mantener. Hemos presentado una enmienda en la línea de la primera proposición del Grupo de Izquierda Unida, reforzándola con algunos mecanismos que, a nuestro juicio, tenían la finalidad de garantizar la transparencia, el acuerdo y el consenso de todas las partes interesadas en la viabilidad y en el futuro de los astilleros.
Quiero explicar brevemente el sentido de esa enmienda y la posición exacta de nuestro grupo.
Nosotros estamos de acuerdo en que es fundamental y necesario mantener la unidad del grupo de astilleros que integran la División de Construcción Naval de la SEPI como una cuestión no solamente estratégica, que lleva aparejada la viabilidad de ese grupo. En el contexto de competencia mundial y europeo éste es un aspecto fundamental. También estamos de acuerdo en que ese grupo mantenga mayoría de capital público, sin embargo creemos que la industria naval en España en estos momentos, de difícil viabilidad no sólo en España sino también en Europa y en todo el mundo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que van a endurecer mucho más la competencia a nivel mundial por la nueva situación creada en Corea y en Japón, no puede cerrarse a cualquier proceso de alianzas estratégicas en el marco europeo. Tampoco podemos cerrarnos a cualquier proceso de participación minoritaria de capital privado en los astilleros. Sí nos parece fundamental cumplir con el plazo previsto en el Plan estratégico de competitividad, que es el que evaluará al final de este proceso todas las políticas implementadas en el mismo. Decimos en nuestra enmienda también --en caso de que sea aceptada por los demás grupos-- que los mecanismos por los cuales se pueden abordar esos posibles procesos de intervención de capital privado en la industria naval tienen que hacerse de acuerdo con las administraciones autonómicas y locales afectadas, con las centrales sindicales en proceso de diálogo, información, etcétera, y con las garantías y cumplimiento de los compromisos de inversión y empleo que se asumieran en dichos acuerdos.
El Grupo Popular, que en la anterior legislatura se llenaba la boca hablando de transparencia, de que había que acordar estos procesos con los gobiernos autonómicos y con los sindicatos, no tendría inconveniente en aceptar esta enmienda. Desde el punto de vista de que se está aplicando el Plan estratégico, aunque es verdad que algunos responsables del Gobierno han dicho que no les gusta mucho, creemos que tampoco tendría inconveniente en aceptarla. Esperamos que, mientras no se derogue ese Plan y lo sigan manteniendo, cumplan con él.
En ese sentido, esperamos que el Grupo de Izquierda Unida reconsidere su proposición no de ley y, en esta vía de aceptar nuestra propuesta, demos un paso para asegurar la viabilidad futura de los astilleros, que es lo que le interesa al pueblo español y a los trabajadores de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez, para pronunciarse también sobre la enmienda que se ha presentado.


El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, han bastado veinte meses para que el nuevo Gobierno del Partido Popular ponga en marcha un nuevo modelo de crecimiento que empieza a dar sus frutos. Nadie, al día de hoy, puede ocultar que en España hay crecimiento económico, crecimiento de la productividad y creación de empleo; la mitad del empleo creado en la Unión Europea en el último año lo ha sido en España. Esta nueva senda de crecimiento saneado ha tenido en la industria española un protagonista destacado. Es difícil romper con las tendencias de años anteriores, pero se está consiguiendo. Así, crece el empleo industrial, la producción industrial crece muy por encima del producto interior bruto y las ganancias de productividad se reflejan en la creciente capacidad de exportación de nuestras manufacturas. Más importante que la frialdad de los datos, una variable resume esta compleja realidad mejorada de los últimos meses, el clima industrial, la opinión del sector respecto al futuro, las expectativas empresariales, en definitiva, elementos básicos para la inversión y el empleo futuro. Estas expectativas han roto la tendencia pesimista de años anteriores respecto a la industria española y hoy son crecientemente optimistas.
En este contexto, no cabe negar que ha sido la política económica del Gobierno la que ha contribuido eficazmente a este cambio de expectativas.
No cabe negar que una apuesta decidida por una política industrial activa, como la del actual Gobierno, ha sintonizado con el mundo industrial. Tampoco debe soslayarse que el desarrollo de una política liberalizadora de la industria, junto con una decidida apuesta por la modernización del sector público empresarial, están también en la base de este cambio.
Precisamente aquello que está ayudando al crecimiento y a la mejora de las expectativas, como el desarrollo del programa de modernización del sector público empresarial, que se acordó en el Consejo de Ministros del 28 de junio del año 1996, implica poner en beneficio a las empresas públicas, sanearlas y hacerlas competitivas y, en función de las condiciones de los mercados financieros, hacer partícipe al sector privado. Lógicamente, intentar inmovilizar el accionariado actual de las empresas públicas es negar la mayor, es decir, la esencia del programa de modernización.
En este proceso de saneamiento y participación privada también se encuentra el sector público de construcción naval. De hecho, con carácter extraordinario, recibió más de 200.000 millones de pesetas en ayudas recientemente, con el objetivo de sanearse y situarse en condiciones de competir. No solamente se quiere conseguir el objetivo con estas ayudas.
Debe citarse el papel que ha jugado el Plan estratégico de competitividad y no menos importante ha sido el convenio colectivo firmado recientemente; todo ello para hacer de los astilleros españoles centros manufactureros solventes y con proyección hacia los mercados internacionales y hacia el futuro.


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En este largo camino no se deben poner más obstáculos y, desde luego, sería una gran dificultad el que la propiedad, en estos casos pública, tuviera restricciones al manejo de sus derechos. Es decir, limitar la movilidad de la propiedad dentro de la empresa es tanto como ir en contra de la modernización de las empresas del sector naval porque deja en las puertas, sin posibilidad de entrada, nuevos proyectos empresariales y de inversión solventes y atractivos que revitalizarían definitivamente los astilleros españoles. Nadie debería obstaculizar el futuro de estas empresas de esta forma, porque además esto no asegura ni el futuro productivo ni el empleo.
Hay datos definitivos de los astilleros públicos durante los últimos quince años, cuando se perdió el 60 por ciento de su capacidad de construcción, el 65 por ciento de sus plantillas y todos los años, sin excepción, perdieron entre 13.000 el que menos y 60.000 millones el que más. Luego no se puede decir que, en los últimos tiempos, el sector naval haya sido un modelo de competitividad y de ganancia. En definitiva, no parece lo más conveniente para el sector naval ni para sus trabajadores que se pierdan oportunidades de entrada de nuevos accionistas interesados en reactivar, modernizar y hacer competitivos los astilleros. Podría ocurrir así si nos empeñáramos en instar al Gobierno a mantener la actual composición accionarial del grupo Astilleros Españoles. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida.
En cuanto a la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, quiero decirle a su portavoz que, si anteriormente se nos llenaba la boca hablando de la transparencia, ahora se nos sigue llenando la boca de la misma manera. No vamos a aceptar la enmienda que propone porque es reiterar el propio programa de modernización del sector público empresarial del Estado que, como he dicho anteriormente, se aprobó en el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 y, aunque es en general para el sector público del Estado y aquí se matiza que sea para la División de la Construcción Naval, está comprendido en el sector público empresarial del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Navas, para manifestar si acepta o no la enmienda que ha propuesto el Partido Socialista, tiene S. S. la palabra.


El señor NAVAS AMORES: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no puede aceptar la enmienda que propone el Partido Socialista, puesto que es una proposición para otro momento, para un fin distinto del que pretende alcanzar la nuestra. Evidentemente, nuestra proposición estaba circunscrita al ámbito de privatizar o no los astilleros españoles y en la propuesta del Partido Socialista se recoge cómo debería de hacerse cualquier proceso de privatización, elemento posterior. Nosotros estaríamos dispuestos a discutir y a consensuar, tanto con el Partido Socialista como con el resto de los partidos, el modelo de exigencia de un proceso de esas características, pero en este momento la proposición no de ley de Izquierda Unida está centrada exclusivamente en la necesidad de mantener la titularidad pública del conjunto de los astilleros y no sobre un modelo transparente, claro, proyecto industrial, etcétera, de un posible comprador, porque en este momento no lo planteamos.


--RELATIVA AL POSIBLE PROCESO DE VENTA DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (SODICAMAN). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000757).


El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones en relación con este punto del orden del día, vamos a pasar al siguiente, que figura en la numeración como 6, relativo al posible proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman). Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra don José Luis Ros.


El señor ROS MAORAD: Señorías, pretendo hacer una breve intervención desde la coherencia, la razón, el sentido común y, desde luego, en defensa de los intereses generales de Castilla-La Mancha.
Esta intervención viene motivada porque la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pretende vender sus acciones en la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha y convertir a las diputaciones provinciales en socios mayoritarios. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado por escrito su firme decisión de comprar esas acciones por el precio fijado por la sociedad vendedora. Puedo aportar, si el presidente lo considera oportuno, la carta del día 18 de noviembre en la que el consejero de industria de Castilla-La Mancha, don José Fernando Sánchez Bódalo, se dirige a la SEPI mostrando la disposición del Gobierno regional para adquirir, por acuerdo de Consejo, el 51 por ciento de las acciones de Sodicaman.
¿Cuáles son las razones que a nuestro juicio asisten al Gobierno de Castilla-La Mancha para comprar las acciones de Sodicaman? La primera, desde luego, es que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia de planificación y desarrollo industrial en Castilla-La Mancha.
Las Sodi son un instrumento financiero, como conocen SS. SS., con forma de sociedad mercantil pública cuyo objetivo es el desarrollo regional.
Hasta 1982 esta competencia correspondía a la Administración central, ejercitándose a través del Instituto Nacional de Industria, hoy Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), constituyendo a tal efecto diversas Sodi, como la de Galicia, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Desde el año 1982 corresponde en exclusiva, según el artículo 31 del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, a la Junta de comunidades el fomento del desarrollo económico de la región. Desde dicha fecha la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha es la única institución

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con competencia en materia de desarrollo industrial regional. Además, se promulgó en el año 1994 un Real Decreto, el 394/1994, de 4 de marzo, donde la propia Administración central determinaba que, a la vista de la evolución de las circunstancias que configuran el entorno industrial y económico con un mayor protagonismo y presencia de las comunidades autónomas en dichos ámbitos resulta oportuno establecer la posibilidad de que el INI, dejando de tener mayoría en este tipo de sociedades, facilite la actuación de otros agentes y, en concreto, de dichas comunidades autónomas.
En segundo lugar, Sodicaman es una sociedad para el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha. Se constituye con el objeto social de promover el desarrollo industrial en la comunidad de Castilla-La Mancha. Conceder, por tanto, los instrumentos de desarrollo industrial a las diputaciones cuyas competencias no son de interés general para el conjunto de la región sería una vulneración del principio de autonomía regional que la Constitución ampara y defiende.
En tercer lugar, la Junta de comunidades se interesa por la adquisición de la mayoría de la SEPI en Sodicaman. En ningún momento, señorías, la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha ha declinado o manifestado desinterés alguno por la compra de Sodicaman; más bien todo lo contrario.
Desde diciembre de 1996 se manifiesta el compromiso expreso de adquirir las participaciones de la SEPI. Durante el año 1997 se realizan las valoraciones y la Junta de comunidades informa a la SEPI de la conveniencia de incorporar accionistas privados. Por ello solicita un plazo breve, menos de un mes, para cerrar el acuerdo con otros posibles.
Ante el apremio injustificado por parte de la SEPI, el Gobierno regional formaliza la oferta de compra con autorización del Consejo del Gobierno para el 51 por ciento de las acciones de Sodicaman que están en poder del Estado.
En cuarto lugar, señorías, la venta a las diputaciones provinciales, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es irregular. Las diputaciones provinciales tienen limitadas por ley sus competencias al ámbito provincial de su respectivo territorio y no pueden, según el estatuto de autonomía, irrogarse competencia alguna en desarrollo industrial regional, que es competencia exclusiva de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha. Además, las diputaciones provinciales presentaron la opción de compra sin consultar a sus respectivos plenos.
En quinto lugar, el procedimiento de venta a las diputaciones a nuestro juicio sería irregular. La SEPI provoca concurrencia de ofertas sin conocimiento alguno del Gobierno de Castilla-La Mancha y sin fijar procedimiento alguno; es decir, lo hace de modo arbitrario. No se responde a la solicitud del 4 de noviembre de 1997 en que la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha pide la ampliación de un plazo de un mes, y no se responde a la oferta de adquisición de acciones que propone el Gobierno de Castilla-La Mancha con fecha 18 de noviembre de 1997.
Por si esto era poco, señorías, el proceso de venta en modo alguno está cerrado. En estos momentos no todas las diputaciones han presentado a sus respectivos plenos la aprobación de compra de acciones de Sodicaman y, por ello, la oferta de las diputaciones tiene igual firmeza que la del Gobierno de Castilla-La Mancha. Además es necesario, como conocen también SS. SS, el informe del Consejo consultivo de privatizaciones antes de que se apruebe definitivamente por el Consejo de Ministros.
Les daré unos ejemplos de cuál ha sido la historia de las privatizaciones de las distintas Sodi que hasta este momento se han producido. La Sociedad de Desarrollo Industrial de Galicia, en la que la SEPI tenía una participación del 51 por ciento, fue vendida a la Junta de Galicia en el año 1994 y hoy día la composición accionarial de dicha sociedad es la siguiente: bancos, un 8 por ciento; cajas, un 23 por ciento; SEPI, un 5 por ciento; Junta de Galicia, un 62 por ciento. En el caso de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Canarias, al día de hoy, una vez vendida la SEPI --termino, presidente--, el accionariado estaría compuesto del modo siguiente: los bancos, un 4 por ciento; las cajas, un 30 por ciento; la comunidad autónoma, un 36 por ciento. En el caso de Castilla y León, una vez vendida también al Gobierno regional, el accionariado sería: bancos, un 5 por ciento; cajas, un 3 por ciento; comunidad autónoma, un 92 por ciento. Señorías, hay precedentes que de modo evidente muestran que hasta este momento la política que ha llevado la SEPI ha sido vender las acciones que tenía en las distintas Sodi a favor, en coordinación y en acuerdo con los gobiernos regionales. Alguien tendría que responder por qué cuando el Gobierno regional de Castilla-La Mancha hace una oferta para comprar las acciones de Sodicaman no se responde lo mismo que en Galicia, en Castilla y León y en Canarias.
Señorías, presento a la Comisión una proposición no de ley que, en síntesis, diga lo siguiente. Se insta al Gobierno a que el proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha se produzca en coordinación y acuerdo con el Gobierno regional de dicha autonomía. Y, en segundo lugar, que, en tanto no se produzca ese acuerdo, se paralicen las actuaciones que pudieran estar realizándose por la SEPI en orden a la venta de la citada Sodi.


El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco participa de los posicionamientos que acaba de manifestar el portavoz socialista en relación al proyecto de puerto seco. Las opiniones que tiene el Grupo Parlamentario Vasco en relación a este tema son coincidentes con lo que acaba de manifestar el señor Ros.
Voy a intentar no ser reiterativo. El planteamiento que analiza el Grupo Parlamentario Vasco al apoyar esta proposición es meramente industrial porque este proyecto se consolida en base a tres grupos de interés. Un grupo catalán, liderado por el puerto de Barcelona, del que forma parte también el consorcio de la zona franca, y el interés se centra en potenciar la captación de tráficos marítimos con

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origen y destino en la zona centro de España para su operación a través del puerto de Barcelona, y de tráficos terrestres internacionales a través del consorcio de la zona franca. Un segundo grupo, cuyo interés está en la captación de tráficos con origen y destino en la zona de centro de España para su operación a través del puerto de Bilbao.
Igualmente, su operatoria en puerto seco le permite solventar el grave problema que actualmente tiene para la salida por carretera de las mercancías del puerto sustituyendo carretera por ferrocarril. Este es un grupo que tiene una actitud muy activa en este proyecto. Como ha manifestado el señor Ros, es también un grupo local formado por Gran Europa y Sodicaman, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, cuyo interés es el de desarrollar la máxima actividad del puerto seco de Azuqueca de Henares. Para ello el grupo de Bilbao actúa coordinadamente con ese grupo local, que es el que tiene una posición más activa.
En este tema de combinación de participaciones societarias para la toma de decisiones por mayorías, el papel de Sodicaman resulta decisivo.
Compartimos la opinión de que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el que tiene las competencias en materia de desarrollo industrial autonómico, y en este sentido cofinancia el puerto seco de Azuqueca de Henares.
Compartimos también que con la legislación vigente las diputaciones provinciales no tienen ninguna competencia en esta materia. En este momento en que la SEPI quiere vender su participación en Sodicaman, nos encontramos con que existe un conflicto político. Por una parte, quieren comprar esta participación de Sodicaman el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el Partido Socialista, y las diputaciones provinciales, por Caja Castilla-La Mancha, lideradas por gentes del Partido Popular.
Una vez manifestada que la opinión básica del Grupo Parlamentario Vasco se centra en las prioridades industriales; que el tema competencial se decanta a favor del Gobierno de Castilla-La Mancha, establecido, por coherencia, el conflicto político con desarrollos autonómicos manifestados también por el señor Ros, nos decantamos a favor de la adscripción de esta venta de Sodicaman al Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que es éste quien tiene las competencias en materia de desarrollo industrial autonómico.
Estimamos que de esta forma se garantizará mejor una mayoría estable de control accionarial y que no se producirán disfunciones ni desde el punto de vista industrial y competencial, ni desde el punto de vista de los intereses del puerto de Bilbao. En esta hipótesis que estamos elaborando las inversiones en infraestructuras en el puerto seco de Azuqueca de Henares podrán desarrollarse con mayor diligencia.
En relación a la enmienda que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida, estamos de acuerdo con su contenido. En realidad, es una enmienda de adición al texto que presenta el Grupo Socialista. Quizá desde el punto de vista competencial, dada la referencia que ha hecho el señor Ros, merecería algún matiz su redacción, pero en todo caso estamos abiertos a que se estime como enmienda de adición al texto propuesto por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intentando ser lo más breve posible, quiero decir que nuestro grupo no va a valorar quién es el responsable de la situación pero sí quiere dejar claro que estas sociedades deben estar controladas por la comunidad autónoma respectiva. Los precedentes del mes de mayo de este año 1997 muestran que las acciones de una sociedad similar han sido transferidas también a Castilla y León. Sin querer entrar en la polémica de qué administración es la responsable de la situación actual, nos parece que no es una situación deseable el que sean las diputaciones las que al final tengan el control de un mecanismo de impulso que tiene que tener siempre ámbito regional.
En base a esta cuestión, presentamos una enmienda cuyo texto literal es el siguiente: Que a partir de la aprobación de esta proposición no de ley la SEPI disponga los mecanismos oportunos para que el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda adquirir con carácter prioritario las acciones de Sodicaman que hoy están en manos de la SEPI, al menos en las mismas condiciones ofrecidas a diputaciones y cajas de ahorro.
Del debate producido, más allá de la lógica confrontación entre administraciones, parece haber en este momento una disposición --no sé si la ha habido anteriormente-- de la propia Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a hacer una oferta de compra sobre estas acciones. Yo creo que es positivo que las dos administraciones busquen un punto de encuentro. Dado que las valoraciones que se utilizan son las mismas al no existir en este momento discrepancias (insisto en que no sé si anteriormente existían, probablemente sí y fue el motivo de esta situación), y dado que ahora todos reconocen como válidas las auditorías y el valor posible de la sociedad, proponemos que esta oferta ya realizada a otras administraciones se haga en condiciones similares y con prioridad a la comunidad autónoma, lo cual es un punto de encuentro entre las dos posiciones de confrontación de las administraciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballesteros.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Parece que todos los grupos esta mañana estaban de acuerdo con las manifestaciones del señor Ros. Evidentemente, no se puede estar en contra de ese discurso autonomista, no se puede estar en contra del estatuto de autonomía, no se puede estar en contra de las competencias que una comunidad autónoma tiene. Lo que ocurre es que el planteamiento que el Grupo Socialista ha hecho esta mañana aquí no es exactamente real. El planteamiento que se hace en la proposición no de ley que se nos presenta esta mañana sobre Sodicaman no obedece --por decirlo de una forma suave y no entrar en un debate tendencioso-- a la realidad de lo acontecido. El párrafo tercero de la exposición de motivos dice que la eficacia del funcionamiento de las Sodi han dependido en gran parte del nivel de relación y coordinación

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con los gobiernos autonómicos y sus políticas de desarrollo industrial y empresarial. En el párrafo cuarto de la citada exposición de motivos señala que se ha incumplido esa coordinación, lo cual no es cierto. Yo puedo hacer un relato de hechos que evidencian esta exposición de motivos del Grupo Socialista. ¿Cómo se puede decir que no ha habido una coordinación cuando el Grupo Socialista reconoce y el mismo Ministerio dice que a finales de 1996 se le explica a la Junta de comunidades la intención de vender por parte de SEPI su participación en Sodicaman, siendo comprendido el planteamiento por el consejero. El 13 de diciembre de 1996 --estamos hablando de hace un año--, el consejero de administración de SEPI aprueba que se proceda a la convocatoria de asesores. Posteriormente, se convoca y se nombra al asesor de la operación. El 19 de mayo de 1997, a principios de este año, se presenta a la Junta de comunidades --cuyo interlocutor entonces era el director general de Desarrollo Industrial, don José Fernando Sánchez, que en la actualidad es el consejero de Industria y Trabajo-- el cuaderno de venta y se hacen sucesivos requerimientos. A esto no se le puede decir que no sea coordinación, que no sea tener al tanto a la Junta de comunidades por el Gobierno. ¿Qué ocurre? Que el gobierno regional no lo tiene claro. Hay que decir que la voluntad política del señor Bono y de sus muchachos no está clara. ¿Por qué? Porque yo creo que sus amigos no tienen claro qué es lo que quieren hacer. Por eso, desde 1996 están bandeando en política industrial referente a Sodicaman de un sitio a otro; no tienen claro si quieren comprar o no, a pesar de la insistencia del Gobierno de la nación a los diferentes consejeros. Seguramente la Consejería de Economía les esté diciendo que las últimas experiencias, incluida Mohedano, no aconsejan la compra de Sodicaman. Sin embargo, a Industria le apetece este tema.
En todo caso, lo que sí tiene que quedar claro, y no puede dejarse en el aire, es que aquí no hay ningún proceso de interferencias; si hubiese un proceso de interferencias estatutarias, del Estatuto de la comunidad o de competencias de la comunidad autónoma por parte de las diputaciones provinciales, nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Aquí lo único que ha habido, incluso reconocido en medios de comunicación por el señor Ros en su provincia, es una desidia del Gobierno regional, no se ha dicho así exactamente, pero sí una falta de agilidad por parte del Gobierno regional, que ha dejado pasar el tiempo porque no tenía esto muy claro. Tan poco claro lo tiene incluso ahora que Izquierda Unida --y esto no sé si lo conoce el parlamentario aquí de Izquierda Unida-- en Castilla-La Mancha, hoy Izquierda de Castilla-La Mancha, ha venido presentando alternativas para que se incluya en los presupuestos dinerillo para poder comprar Sodicaman y, sin embargo, el Gobierno de Bono no ha querido incluirlas. La más reciente se ha desestimado hace unos días en la Comisión de Presupuestos, donde no quieren hacer consignación para esta compra.
Ahora nos encontramos con una proposición no de ley que tiene un punto primero que ya está cumplido totalmente, porque el Gobierno de la nación ha hecho ya lo que aquí se pide, y es que el proceso de ventas se haga de acuerdo y en coordinación con el Gobierno regional, y ya he hecho yo el relato de todas las gestiones que el Gobierno ha realizado con la Junta de Comunidades. Después se pide que se paralicen para que se haga de acuerdo con el Gobierno regional. Yo creo que esto hay que plantearlo en términos de igualdad. Cuando no se trata de interferir competencias sino de aumentar el capital de diputaciones --el capital que ya tienen, por cierto-- o de cualquier otra persona pública o privada, no se puede hacer en desigualdad. Nosotros estaríamos de acuerdo con la enmienda de Izquierda Unida si se resalta el tema de la igualdad de condiciones a cualquiera que desee tomar parte en ese proceso privatizador. Yo creo que a ninguna persona, ni pública ni privada, la podemos tratar en desigualdad, sea la comunidad autónoma, sean las diputaciones provinciales o sea una persona privada que quiera adquirir estas acciones del SEPI.
Por tanto, nuestro grupo va a estar de acuerdo si se transacciona por parte de Izquierda Unida y el PSOE acepta que el segundo párrafo en lugar de «se paralicen» diga «se adecuen». Señor Ros, estaríamos de acuerdo con la enmienda si se acepta nuestra transacción.


El señor PRESIDENTE: Señor Ros, tiene usted la palabra para responder a la propuesta de enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular.


El señor ROS MAORAD: No voy a entrar de nuevo en el debate, porque comprendo que es muy difícil hablar de un asunto cuando no se conoce.


El señor PRESIDENTE: No debe hacerlo.


El señor ROS MAORAD: No voy a entrar en esa cuestión.
Me gustaría oír de nuevo la enmienda de adición que presenta Izquierda Unida, porque la interpretación que escucho del portavoz del Grupo Popular me preocupa. Esa enmienda he querido entender, señor presidente, cuando se ha leído, que es con carácter prioritario.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia no tiene conocimiento de que haya una enmienda de ningún otro grupo. Yo he seguido el debate y no tengo conocimiento, insisto, de que exista enmienda de otro grupo.
¿Izquierda Unida tiene una enmienda, señor Santiso?

El señor SANTISO DEL VALLE: La hemos hecho como propuesta en el debate.


El señor PRESIDENTE: Pero no han formalizado ustedes ninguna enmienda, ni la han expresado, ni la han ofrecido literalmente.
Señor Santiso, le ruego que comunique si la voluntad de su grupo es presentar una enmienda.


El señor SANTISO DEL VALLE: En mi intervención quizá no se entendió, pero quise dejar claro que hacíamos una propuesta de enmienda de adición al texto presentado por el Grupo Socialista.


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El señor PRESIDENTE: ¿Podría hacer llegar a la mesa la propuesta de enmienda de adición? (Asentimiento.) Cuando la entregue a la Mesa procederemos a su lectura.
Señor Ros, le ruego que usted, ahora, se posicione en relación con la enmienda que le han ofrecido desde el Grupo Parlamentario Popular.
¿Conoce la enmienda de Izquierda Unida?

El señor ROS MAORAD: Quiero conocerla con exactitud.


El señor PRESIDENTE: Pues vamos a hacer ahora una reproducción de la enmienda propuesta por Izquierda Unida.


El señor ROS MAORAD: Señor presidente, si es una enmienda breve, con la lectura de la misma, por facilitar los trabajos de la Mesa, me bastaría.


El señor PRESIDENTE: La enmienda dice exactamente: Adicionar un segundo punto al texto de la proposición no de ley que diga que, a partir de la aprobación de esta proposición no de ley, la SEPI disponga los mecanismos oportunos para que el Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha pueda adquirir, con carácter prioritario, las acciones de Sodicaman que hoy están en manos de la SEPI, al menos en las mismas condiciones ofrecidas a diputaciones y cajas de ahorro.


El señor ROS MAORAD: Señor presidente, preferiría que, como decía a S.
S., podamos ver la enmienda por escrito.


El señor PRESIDENTE: Vamos a reproducirla y entregarla a todos los grupos. (El señor Peón Torre pide la palabra.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Peón.


El señor PEON TORRE: Nosotros, en el transcurso de la intervención en este debate de nuestro representante, habíamos formulado una propuesta in voce de aportación a la enmienda transaccional de Izquierda Unida, en el sentido de que nos parece razonable el planteamiento, lo votaríamos favorablemente, pero pedimos al grupo proponente que introduzca una modificación en el segundo párrafo de su propuesta original, de manera que donde dice «se paralicen» se diga «se adecuen», porque, en el fondo, entendemos que no tiene sentido paralizarlo en la medida en que, sea cual sea el destinatario final del proceso de transferencia de acciones, es bueno seguir avanzando en el mismo.


El señor PRESIDENTE: Señor Ros, tiene la palabra.


El señor ROS MAORAD: Señor presidente, puesto que un verbo que parece que no tiene importancia, la puede tener según cual sea el texto definitivo que votemos, y como eso está a expensas de ese texto de la enmienda de Izquierda Unida que debemos estudiar, yo le pediría al presidente que nos la repartiese.


El señor PRESIDENTE: La enmienda que propone el Grupo Popular es independiente de la que propone Izquierda Unida. En cualquier caso, es una propuesta que ustedes deben indicar si la aceptan o no, porque si la aceptan se someterá a votación, y, si no, no se admitirá a trámite.
Tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Señor presidente, nuestra enmienda, en cuanto a este término, es en el supuesto de que el grupo proponente acepte la enmienda transaccional de Izquierda Unida; en otro caso, nosotros votaríamos negativamente la propuesta del Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señorías, las cosas están de la siguiente forma. Hay una propuesta de enmienda planteada por el Grupo Popular de sustitución del verbo «paralicen» por «adecuar» en el punto 2 del texto de la proposición no de ley, y hay una propuesta de enmienda de Izquierda Unida, que va a ser ahora repartida a todos los grupos, de sustitución del punto 2 de la proposición no de ley, al que hemos dado lectura, y el Partido Socialista es el que debe pronunciarse sobre si acepta o no las propuestas de enmiendas que le están formulando.
Señor Ros, le ruego que usted indique cuál es la posición de su Grupo.


El señor ROS MAORAD: Sí, señor presidente, con mucho gusto.
Yo podría aceptar la palabra adecuen siempre que se haga referencia al punto primero de esta proposición no de ley. Es decir, «adecuen sus actuaciones a los contenidos del punto 1 de esta proposición no de ley».


El señor PRESIDENTE: He entendido lo que usted ha querido decir, pero trasladado a los textos concretos de los dos puntos de la proposición no de ley, no termina de tener sentido lo que nos propone.
Señorías, puesto que se va a someter a votación la proposición dentro de un rato, ruego a los portavoces de los grupos hablen entre ustedes y formalicen exactamente el texto final de la enmienda para que se pueda someter a votación.


--RELATIVA A LA BAJADA DE LA TARIFA ELECTRICA PARA 1998. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000751).


--SOBRE LA REDUCCION DE LAS TARIFAS ELECTRICAS EN EL AÑO 1998. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000766).


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El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la bajada de la tarifa eléctrica para 1998.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Javier Fernández.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Señorías, en el Protocolo eléctrico se fijaba una determinada senda de tarifa, con unas bajadas nominales que ciertamente no respondían a que las centrales hayan cambiado su tecnología, sean más eficientes, se haya cambiado el personal que operaba en ellas y ni siquiera el marco normativo porque este año las tarifas han bajado con el marco todavía vigente y el año pasado se congelaron. No obstante, son otros los parámetros que están influyendo en esa disminución y los esenciales son, sin duda, la bajada de los tipos de interés y el mantenimiento de la estabilidad de los precios de las materias primas energéticas.
Sin embargo, en ese protocolo se incluye una cláusula en virtud de la cual, si los tipos de interés evaluados a través del mibor bajan del 6,5 por ciento, se producirían rebajas adicionales. Basándose en ello, en el informe que en su día emitió la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico al Consejo consultivo se establecía una banda de bajada de tarifas entre el 4,9 y el 5,3, y el Gobierno plantea una reducción adicional a ese 2 por ciento de un 1,6 por ciento, de acuerdo con el borrador de real decreto por el que se establece la tarifa eléctrica para 1998. Bienvenida sea esa bajada, pero a nosotros ciertamente nos parece exigua, porque creemos que lo único que hace el Gobierno es utilizar la bajada del mibor para aminorar un punto y medio por encima de lo previsto, como estaba obligado, y ni siquiera explota todo el potencial de bajada de tarifa que proporciona la minoración de los tipos de interés, ya que esa bajada responde solamente a las menores cargas financieras de las empresas eléctricas por el servicio de la deuda a tipo variable, pero la deuda a tipo fijo --si bien con alguna penalización-- debe haber sido renegociada.
Por otra parte, cuando las empresas firmaron el protocolo y la senda tarifaria en él contenida, sus necesidades para la retribución de capitales estaban referidos a un mibor del 6,5 por ciento, y al disminuir éste de forma notable, también disminuyen estas necesidades y se debería reflejar en una mayor reducción de las tarifas. No se han exprimido todas las posibilidades de rebaja de tarifas que abre la bajada de tipos de interés.
Pero supongamos que el efecto de tipos de interés equivale a ese punto y medio de rebaja adicional, poco más o menos, si uno examina detenidamente el expediente hay otros componentes de la tarifa que permiten bajadas adicionales. Por ejemplo, se fija en un 3 por ciento el crecimiento de la demanda, y la demanda en este último semestre ha crecido muy por encima del 4 por ciento y los cálculos y previsiones más realistas no pueden establecer un incremento en esa demanda por debajo del 4 por ciento en el próximo año. Son 1.500 gigavatios/hora a un precio medio de 13 pesetas kilovatio/hora, cuando el de generación es inferior a cuatro pesetas/kilovatio. En todo caso, hay una diferencia que se traduciría en 0,6/0,7 puntos de tarifa.
Más importantes son las compensaciones extrapeninsulares que se recogen en la previsión de tarifa para 1998. El año pasado esas previsiones eran de 19.000 millones de pesetas, ¿cómo es posible que el próximo año vaya a ser de 42.711? En el año 1997, repito, las previsiones fueron de 19.000 y para 1998 serían 42.711 según ese borrador. Ciertamente ha habido una incorporación de nueva potencia, pero eso sólo puede suponer unos 2.000 millones adicionales, y el resto se hace considerando que la diferencia entre el coste extrapeninsular y el peninsular ha aumentado con el menor coste de este último; esto es una ficción contable, porque la diferencia son los CTC y no hay menor coste en términos reales. Pues bien, esa diferencia de 20.000 millones en la previsión de compensaciones extrapeninsulares son más o menos equivalentes a un punto de tarifa.
Al hablarles de los CTC quiero recordarles que en el protocolo se incluían 295.270 millones para incentivar el consumo de carbón nacional, concretamente 254.365 en concepto de la peseta kilovatio/hora generada con carbón nacional y 40.911 millones para la conversión del stock de carbón autóctono en su equivalente a carbón de importación. El stock de carbón autóctono ha disminuido en parque de central por debajo de las previsiones que se establecían y, por otra parte, ha habido un aumento del precio de carbón internacional; aumento constatado y constatable en la resolución de la Secretaría de la Energía, en virtud de la cual, y debido a ese aumento, se disminuían en 10.000 millones de pesetas las ayudas a las empresas eléctricas.
Otra cuestión más es la relativa, por ejemplo, a Red Eléctrica de España.
Red Eléctrica de España, en 1997, recibió 49.000 millones, con lo que --por cierto-- repartió un dividendo extraordinario, y durante este año, con esos 49.000 millones, ejercitaba sus funciones de operación de ingestión técnica y mantenimiento de la red. En 1998 le corresponden 51.121 millones solamente para retribuir la actividad de transporte y 2.022 millones para la operación del sistema. Además, hay que tener en cuenta que Red Eléctrica de España hizo una aportación recientemente de 15.000 millones por los activos de fibra óptica a Retevisión, que le van a suponer durante 35 años 600 millones de renta anual.
Por los conceptos que he enumerado, y por algunos más, estamos hablando de varios puntos adicionales en los que se puede rebajar la tarifa. Es más, ayer mismo, en el Comité consultivo, se barajaba que la rebaja adicional debía oscilar en torno a los 100.000 millones. Si suponemos que la cifra son 80.000 millones, que está alrededor de los cuatro puntos de tarifa, el Gobierno tiene dos alternativas: rebajar la tarifa o incorporar esos costes a los CTC. Es decir, los CTC se fijan en 201.921 millones de pesetas en el borrador de la tarifa eléctrica para el año 1998, y si el Gobierno decide, desde luego legítimamente, que esos otros 80.000 millones no van a aplicarse a la rebaja de tarifa, lo que tiene que hacer es incluirlos en los costes de transición a la competencia. Con esto, el Gobierno estará haciendo todo lo posible para que aquella cifra de 2 millones (que se consideraba que era máxima) efectivamente se cobre por parte de las compañías.


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En todo caso, aunque sea legítimo que el Gobierno destine esos fondos a pagar CTC, lo que debe hacer es que, a través del recibo de la luz, los españoles se enteren de cuál ha sido su decisión y no se les hurte ese conocimiento; que sepan lo cara que resulta esa competencia que ustedes venden, señorías, y en aras de esa transparencia, repito, que se reflejen esas cantidades. Piensen que el Gobierno socialista sí reflejó en el recibo de la luz el coste de las ayudas con las que se financiaban la minería del carbón. Creo que es lo más equitativo con ambos sectores, es decir, si se reflejan las ayudas a la minería del carbón, que se reflejen también las ayudas a las eléctricas, y es obligado, además, para con los ciudadanos. En todo caso, va a resultar realmente curioso que algún grupo parlamentario no se haga eco de esta exigencia y esa obligación de transparencia, y desearía extraordinariamente conocer esos argumentos.
Termino ya, señoría. Al hilo de esta transparencia y de la hipocresía con la que se viene actuando en esta materia por parte del Gobierno, quería recordarles que hace muy pocas fechas debatimos en esta misma Cámara el proyecto de ley eléctrica. Recuerden SS. SS. que hubo un consenso en torno a la transitoria decimotercera, consenso que se reflejaba en aquellos umbrales de elegibilidad de 15 gigavatios/hora, sin ninguna precisión posterior sobre que fueran por punto de suministro o por instalación. En el borrador del decreto de organización y regulación del mercado de producción de energía eléctrica, que se ha remitido al Consejo de Estado, se contempla que esa elegibilidad, esos 15 gigavatios/hora, son por punto de suministro. Con esta restricción, más los peajes abusivos que se recogen para el acceso a la red en el borrador del real decreto, esa elegibilidad no va a surtir los efectos que todos esperábamos.


El señor PRESIDENTE: Rogaría a los portavoces que intentaran concentrar sus intervenciones, porque todavía nos quedan dos proposiciones no de ley más.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Dado que luego tenemos una proposición de ley relativa también a la aplicación de esa rebaja de tarifas eléctricas, intentaré ser en esta ocasión más breve, y luego redundaré en algunos argumentos.


El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, esta mañana, al comienzo de la Comisión, hemos hecho referencia a la incorporación de la proposición no de ley de su grupo, y ahora le damos la palabra para que pueda usted hacer la defensa de esta proposición no de ley y, a la vez también, la referencia a la que ha presentado el Grupo Socialista.


El señor SANTISO DEL VALLE: La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado que no coincidieran en el tiempo las dos, pero puesto que esto es ya irreversible, quiero decir, simplemente, que estamos de acuerdo con los planteamientos expuestos por el portavoz socialista en cuanto a que las tarifas podrían rebajarse no un 3 por ciento, como se está indicando, sino en torno a un 5 ó 6 por ciento, y ello en función de varias cuestiones.
Es llamativo que en un marco que no es de libre competencia sino que es, en definitiva, un marco de intervención, es en el que se va a hacer la propuesta de reducción de tarifas para este año. Desde luego, una reducción del 3 por ciento es absolutamente insuficiente para las posibilidades que hoy tiene el sector, en primer lugar --como se ha dicho-- porque los menores tipos de interés que gravitan sobre las deudas originadas de las compañías eléctricas les han hecho situarse financieramente en unas condiciones óptimas, muy por encima de sus propias previsiones, del propio coste financiero que sostenían hasta ahora; en segundo lugar, por actuaciones anteriores, como ha sido la retirada de los balances de las compañías de los activos y pasivos afectados por la moratoria nuclear, 729.000 millones de pesetas, retirada hecha por el Gobierno anterior y que ha permitido un saneamiento financiero de las compañías.
Tampoco es una cuestión menor el aumento de la demanda, que al conseguir el aumento de las horas de actividad en las instalaciones de obtención de electricidad reduce el coste medio del kilovatio/hora, y permite, por tanto, unos precios por kilovatio más competitivos. Al mismo tiempo, existe una mejora energética en la medida en que hay una mayor eficiencia con las nuevas instalaciones que en algunos casos se están abriendo; también ha sido un buen año hidráulico, no hay que olvidarlo, que está permitiendo producir energía a unos costes muy inferiores a los de años anteriores, que fueron años de sequía; existe una mejora fiscal de sus beneficios futuros como consecuencia de la política de actualización de balances generalizada, y una estabilidad monetaria que, junto a la disminución en términos reales o por lo menos la estabilidad en los precios de las materias primas importadas, les permite unas mejores condiciones. Todos estos elementos nos llevan a hacer una evaluación que permitiría una reducción en torno al 5 ó 6 por ciento sobre el año base.
Ahora bien, quiero decir que tenemos una coincidencia con la propuesta del Partido Socialista en el análisis de la situación real, y se refiere a que es posible conseguir un ahorro del 5 ó 6 por ciento, pero tenemos una discrepancia en la aplicación de esa posible reducción. La discrepancia es que nosotros entendemos que hay que utilizar --y ése es el origen real de la proposición no de ley de Izquierda Unida-- ese 5 ó 6 por ciento para promover una serie de actuaciones de eficiencia y de ahorro energético en programas mucho más ambiciosos que los que se han emprendido hasta ahora, y en la misma línea que países muy avanzados están impulsando de manera generalizada. Esto permitiría, si se hace bien, que el propio usuario, en lo que paga en su recibo, percibiera una reducción sustancial de sus consumos, a base de una mayor aplicación de programas de eficiencia energética.
Al mismo tiempo, quiero decir que, compartiendo el análisis de la situación que hace el Partido Socialista en su proposición, vamos a pedir votación separada, si es posible, del punto 3, porque lo apoyaremos, y nos abstendremos en los puntos 1 y 2.
Por último, quiero decir que nos preocupa también que esta reducción del 3 por ciento anunciada por el Gobierno

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se va a producir de una manera, en nuestra opinión, desequilibrada; una manera en la cual, probablemente una vez más, se va a primar a grandes usuarios --eso con bastantes matices-- a pesar de que hay algunas cuestiones que parece que se han intentado resolver, como eran los problemas que la propia ley producía a compañías como Renfe o a grandes consumidores con distintos puntos de conexión a la red. Nos preocupa que el camino que se está emprendiendo lleva a que la reducción real, al usuario de a pie, esté en una media del uno por ciento, no llega al dos por ciento. Nos parece, por tanto, que hay una escasa traslación al usuario de las posibilidades reales, con el saneamiento del sector, que podría tener una aplicación más racional, y que el propio usuario, lógicamente, debería ser el más beneficiado, y no dejarlo «prisionero», entre comillas, de unas disposiciones que se venden bien ante la opinión pública, en el sentido de que no sube el recibo, pero, al mismo tiempo, no se les cuenta que las reducciones podrían ser muy superiores, bien por una aplicación directa de esa reducción, como propone el Partido Socialista, o bien, como propone Izquierda Unida, por la vía de una inversión mucho más fuerte y un impulso de las campañas de ahorro energético.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Medina tiene la palabra.


El señor MEDINA TOLEDO: Empezaré por la proposición no de ley del Partido Socialista, dejando claro que en su exposición de motivos se tergiversan los términos en forma tal que podíamos decir que casi equivale, con respeto y sin ánimo de ofender, a hacerse trampas en un solitario. Me voy a explicar. Aquí el único gobierno que ha reducido las tarifas tanto en términos nominales como reales ha sido el Gobierno del Partido Popular.
Ustedes, en el primer párrafo de la exposición de motivos, hablan de las tarifas en términos reales, es decir, incluyendo el efecto de la inflación que ha ido descendiendo; pero en términos nominales, el Partido Socialista lo único que ha hecho año tras año es subir las tarifas eléctricas. Unicamente en su último año de gobierno, que coincidió por aprobación con el primer año de gobierno del Partido Popular, las congelaron. Hay que decir las cosas en sus términos reales y no confundir cambiando la base de cálculo del párrafo primero al párrafo segundo.
Pero voy más allá. Yo diría que las argumentaciones que ustedes hacen últimamente son realmente sorprendentes, porque se apoyan permanentemente en los dictámenes de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que por cierto aquí --no sé si en un gesto de nostalgia-- la llaman Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, si bien --sea dicho en su descargo-- la proposición de ustedes está presentada el 24 de noviembre, tres días antes de la publicación de una ley que ya estaba aprobada y ya la conocíamos, porque está publicada el día 10 de diciembre, cuando ya el nombre de la Comisión es distinto. Salvando este detalle menor, lo que sí está claro es que, cuando ustedes congelan las tarifas, la Comisión había recomendado una bajada del uno por ciento, es decir, ustedes, muy lógicamente, en términos de lo que hace un gobierno, toman sus decisiones y hacen lo que estiman conveniente, no asumen al dictado lo que dice la Comisión, como pretenden que haga en este momento el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, el Gobierno no ha hecho nada diferente de lo que ustedes hacían en el pasado; en su momento, tendrían ustedes sus razones, y en este momento, el Gobierno del Partido Popular tiene las suyas. Lo que es cierto es que cuando ustedes proponen una bajada del 5 por ciento, es un 5 por ciento nominal, no un 5 por ciento real, es decir, que la bajada real de tarifas sería mayor en función de que la inflación sigue siendo descendente. Por tanto, yo creo que es justo y es transparente que ustedes digan las cosas siempre en la misma base de cálculo y no que cambien los términos cuando políticamente les conviene.
Pero voy a decir otra cosa, y es que ustedes tienen una fijación obsesiva con el tema de los CTC y aprovechan la primera ocasión para intentar hacer una especie de cruzada contra las compañías eléctricas en el tema, otra vez, de los dictámenes de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Ustedes reconocen paladinamente, en la exposición de motivos, que la Comisión tiene una base de cálculo y unos métodos de cálculo determinados, pero bien es cierto, y aquí hay transparencia absoluta por parte del Gobierno, que había una memoria económica que acompañaba a la recientemente aprobada Ley 54/1997 donde se explicaba con todo detalle cómo habían sido calculados los CTC, y saben ustedes también perfectamente que esos CTC, que tienen un valor máximo, que no tienen por qué preocupar ahora --veremos en su momento la evolución de todos los parámetros que influyen en las tarifas y en los precios a lo largo del año--, están siempre sujetos a una liquidación que puede que no coincida con ese valor máximo. Entonces, no hay por qué poner condiciones de contorno y rigideces permanentes como ustedes pretenden en el tema de los CTC.
Nosotros creemos, sinceramente, que los cálculos del Gobierno son bastante más realistas y ponderados, ya que responden exactamente a lo que se preveía en el protocolo eléctrico, una bajada del 2 por ciento, que era lo pactado en el protocolo, más 1,63 por ciento aproximadamente, que es lo previsto, como la reducción del mibor a tres meses desde el 6,5 por ciento al 5,17 por ciento. Por tanto, no entremos en la consideración de lo que en un momento determinado se consideraba como una carga sobre la tarifa y ahora se considera como tarifa en el tema del carbón, sino en la realidad, y es que, por promedio al consumidor, se produce un descenso del 3,63 por ciento.
Yo creo también que la propuesta del Gobierno de atribuir aproximadamente un 3 por ciento al conjunto de lo que son las tarifas domésticas, las de gas al pequeño comercio, servicios, explotaciones agrícolas y alumbrado público, y la reducción que en este año será menor de las tarifas de alta tensión, del orden de un 4,7 por ciento --y hay otras tarifas de grandes consumidores como las G-4 que se mantiene y las de larga duración que solamente bajan un 3,6 por ciento--, logran el efecto conjunto que se pretende de una forma más favorable que como ustedes lo dicen; es decir, la baja del 3 por ciento para familias, el poder adquisitivo

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en general y el IPC son favorables, pero a la vez se contribuye a otro de los objetivos, que es seguir incrementando y mejorando la competitividad industrial vía bajada sustancial de los costes de energía eléctrica.
Otro tema que me ha llamado enormemente la atención ha sido la alusión a los consumidores cualificados. Estamos hablando de tarifas, y los consumidores cualificados pactan precio. Por tanto, esas reducciones adicionales son posibles, al igual que una mejora de la competitividad.
Yo creo sinceramente, por todos estos motivos, y quizá sea por las fechas navideñas, que la propuesta de reducción del 5 por ciento es literalmente una carta a los Reyes Magos; creemos que son las cartas a los Reyes Magos que el Partido Socialista normalmente manda desde que está en la oposición, pero que no mandaba cuando estaba en el Gobierno. Cuando podían hacer esas reducciones sustanciales de tarifas no las hacían, luego nos están pidiendo a nosotros que hagamos algo que no es sensato.
Hay que ponerse en una postura intermedia, aquella en la que se pueda atender a todas las posibles necesidades y actuar con responsabilidad, que es lo que se espera de un gobierno.
Respeto al tercer apartado, puesto que el primero y el segundo están relacionados y creo que están suficientemente expuestos, en el tema de la especificación de los costes reconocidos --y los costes de transición a la competencia son uno de los costes permanentes del sistema-- la Ley 54/1997 dice claramente, en su artículo 17.4, que con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios de suministro de la energía eléctrica, se desglosarán en la facturación del usuario de la forma que reglamentariamente se determine al menos los importes correspondientes a la imputación de los costes de diversificación, de garantía de abastecimiento y a los permanentes del sistema, así como los tributos que graven el consumo de electricidad y los suplementos territoriales cuando corresponda. Es decir, queda claro que fiamos a un desarrollo reglamentaria sosegado y sereno la especificación, y no creo que haya gran inconveniente en hacer constar ese coste. A lo mejor es necesario hacer constar otros costes permanentes del sistema, pero habrá que valorarlo, porque, al final, el recibo eléctrico suele ser algo, que, por muy sencillo que sea, solamente entienden los iniciados, y al resto de los consumidores lo que le interesa saber son los grandes conceptos generales.
Estimo, señor presidente, que también es procedente en este momento intervenir respecto de la proposición no de ley de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Es procedente, pero hágalo con brevedad, si puede ser.


El señor MEDINA TOLEDO: Con mayor brevedad que la que he empleado en la anterior.


El señor PRESIDENTE: Con la que usted sea capaz.


El señor MEDINA TOLEDO: La que S. S. merece, sin duda.
En el caso de Izquierda Unida, hay otro argumento realmente singular, y es que cuando habla de la proposición no de ley del Partido Socialista se une a sus argumentos y reprocha que no se bajen más las tarifas. Sin embargo, en su propuesta lo que hace es pedir que se congelen esas tarifas. Eufemísticamente dice que para otras acciones, etcétera, pero la realidad --yo creo que debe ser por la época-- es que estamos nuevamente ante otra carta a los Reyes Magos con esta proposición no de ley. Estos reyes magos eléctricos, eso sí, son reyes magos coercitivos, porque pretenden conseguir el ahorro y la eficiencia energética a través de un tarifazo a los consumidores, e impedirles, a través de la congelación de las tarifas, que familiares y empresas se beneficien de una reducción de las mismas. Yo diría que estos reyes magos eléctricos casi lo que hacen es eufemísticamente ponernos carbón en la peor situación del caso.
Lo que sí queda perfectamente claro, a través de la exposición de motivos de Izquierda Unida en su proposición no de ley, es que los argumentos no sólo son utópicos, sino que no están contrastados por la experiencia, es decir, contradicen principios económicos muy importantes y ampliamente demostrados respecto a la elasticidad o no de la demanda de determinados bienes y servicios, es decir, no influirá demasiado el precio. Para decirlo en términos coloquiales y claros: ponga usted determinado precio a la electricidad, bajen o suban determinada cuantía; pero en algunos casos, y en función del nivel, eso no será un efecto disuasorio para el mayor ahorro y la mayor eficiencia. El mayor ahorro y la mayor eficiencia se consiguen por otros métodos, así como la mejora del medio ambiente, que no es precisamente lo que ustedes proponen.
Sin embargo, contemplamos con cierta satisfacción que, por fin, Izquierda Unida, en sus proposiciones, se acuerde del IDAE, porque antes se olvidaba sistemáticamente de un organismo que estaba ahí, si bien en este caso le nombra entre otros para administrar esos fondos que pretende conseguir. Por ello, nos tememos que todavía no renuncia a la famosa compañía pública para el ahorro y la eficiencia energética. Eso desde nuestro punto de vista es más burocracia, más ineficiencia económica para, teóricamente, mejorar la ineficiencia energética; es decir, nada nuevo bajo el sol. (El señor Vicepresidente, Perales Pizarro, ocupa la Presidencia.) Por estos motivos, señor presidente, nuestro grupo parlamentario rechazará las dos proposiciones no de ley, la del Partido Socialista y la de Izquierda Unida. (El señor Santiso del Valle pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Perales Pizarro): Señor Santiso, tiene la palabra.


El señor SANTISO DEL VALLE: He pedido la palabra simplemente para ratificar nuestra posición y pedir votar por separado el punto tres, si es posible, de la proposición no de ley del Partido Socialista, que es el que podremos apoyar.
Quiero decirle al portavoz del Partido Popular que lo que no es nada nuevo bajo el sol es la política energética que ustedes hacen.


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--SOBRE RECOLOCACION DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA ESKAR, DE HULLERAS DEL NORTE, S. A. (HUNOSA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000249).


El señor VICEPRESIDENTE (Perales Pizarro): El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley sobre la recolocación de los trabajadores de la mina Eskar, de Hulleras del Norte.
Tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intervendré con la mayor brevedad posible.
Esta proposición no de ley de Izquierda Unida fue presentada el 14 de noviembre de 1996, fruto del incumplimiento de un acuerdo existente entre los trabajadores de minas de Eskar, Sociedad Anónima. Con motivo de un expediente de regulación de empleo, se había alcanzado un acuerdo el 8 de noviembre del año 1995, por el cual, en un plazo máximo de cuatro años, después de la situación de conflictividad y un expediente de regulación de empleo de 22 de noviembre de 1989, a partir de la desaparición de la empresa Minas de Lieves, Sociedad Anónima, el grupo minero que estaba integrado en Hunosa y el grupo minero Tineo, al no tener viabilidad, por razones técnico-económicas este expediente de regulación de empleo concluyó, lógicamente, con el envío al paro de estos trabajadores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El cumplimiento de este acuerdo de 1995 se fue retrasando. Produjo un encierro de muchos días en el Ayuntamiento de Mieres y posteriormente se retomaron las negociaciones entre los sindicatos Comisiones Obreras y SOMA-UGT. Recientemente parece que han alcanzado un acuerdo positivo con el Ministerio de Industria según el cual, dentro del marco de negociación del plan del carbón, se acuerda la incorporación paulatina de estos trabajadores a la empresa Hunosa.
En resumen, lo que planteamos es instar al Gobierno para que este acuerdo existente hoy, no cuando se presentó la proposición no de ley, sea lo más ágil posible, teniendo en cuenta que el plan del carbón contempla, si Bruselas lo permite, que por cada 11 trabajadores que se vayan del sector por prejubilaciones ingresen otros cuatro. Creemos que hay un marco suficiente para atender esta recolocación. De hecho hay trabajadores --en un futuro puede suceder lo mismo-- que están en condiciones similares y quizá también nos veamos en la necesidad de acogerlos en el marco de estos acuerdos entre Ministerio y sindicatos.
Por ello, pido el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley.
Insisto que en aquel momento no estaba resuelto definitivamente, y conociendo que existe una propuesta por parte del Grupo Popular, prefiero que sea el portavoz de su grupo el que la explique.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Voy a fijar la posición del Grupo Popular en esta proposición no de ley. Estamos ante una cuestión que nació hace cerca de diez años. El 8 de noviembre de 1989 se produjo una situación de crisis en la empresa de la mina Eskar, lo que originó que la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias dictara, el 28 de noviembre de 1989, un expediente de regulación de empleo. La empresa contaba en aquel momento con 152 trabajadores de plantilla y tenía un cupo térmico de 53.700 toneladas al año. Previamente, el 15 de noviembre de 1989, la comisión de seguimiento del nuevo sistema de contratación de carbón térmico aprobó la inclusión de esta empresa en el régimen especial del nuevo sistema, en el que se contemplaban las reducciones de actividades reguladas posteriormente mediante la orden ministerial.
Acogida esta orden ministerial, la empresa percibió ayudas por importe de 865.000 millones de pesetas, para financiar el coste del cierre en forma de indemnizaciones para 143 trabajadores, prejubilaciones para nueve y amortizaciones extraordinarias. En el citado expediente se menciona el compromiso por parte de la empresa de la recolocación de la plantilla de Eskar en otras empresas del grupo, como Minas de Lieres y el grupo minero de Tineo. Este compromiso obligaría al grupo propietario que lo suscribió, es decir a González y Díez, después de manifestar la imposibilidad de recolocación del grupo en Tineo, por razones técnicas económicas. Asimismo, se creó una comisión de seguimiento, con representación de trabajadores y sindicatos, para vigilar el cumplimiento de las especificaciones del expediente de regulación.
Respecto a la recolocación de los trabajadores excedentes de la empresa Eskar, en Hunosa, a la que insta la proposición no de ley, cabe decir que esta empresa es ajena por completo a todo lo relacionado con el cierre de Eskar, y que su hipotética relación consistió muy posteriormente en integrar los activos mineros de Minas de Lieres, según escritura pública del 30 de mayo de 1996, así como aquella parte de plantilla de dicha empresa que optó por la recolocación, tras renunciar a los derechos a percibir las prestaciones de desempleo que venían disfrutando, sin que ello supusiera para Hunosa una subrogación en las obligaciones de la empresa minera Minas de Lieres, S. A.
De acuerdo con lo anterior, no parece que se le pueda exigir a Hunosa la recolocación de estos trabajadores en los términos planteados en la proposición no de ley, puesto que Hunosa no intervino de acuerdo con Eskar en ningún momento. Lo que sí tenemos que decir es que, posteriormente a la presentación de esta proposición no de ley, dentro del marco de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y Energía y las centrales sindicales, y a petición de éstas, el Ministerio se comprometió a la recolocación de los trabajadores excedentes de Eskar en Hunosa, a medida que en esta última se fueran produciendo vacantes como consecuencia de futuras prejubilaciones.
Por esta causa deberíamos decir que, tal como viene expuesto en la proposición no de ley, tendríamos que votar en contra, dado que se refiere a un acuerdo de 1989, que lógicamente no está vigente en este momento. Por ello, solicitamos

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al proponente que se incluya un párrafo en la expresada proposición no de ley que diga lo siguiente: En el marco de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y Energía y las centrales sindicales, y a petición de éstas, el Ministerio se comprometió a la recolocación de los trabajadores excedentes de Eskar en Hunosa, a medida que en esta última se fueran produciendo vacantes como consecuencia de futuras prejubilaciones.
Si se añade este párrafo que especifica precisamente el acuerdo entre el Ministerio y sindicatos y la resolución a la que se ha llegado, este grupo parlamentario votaría favorablemente esta proposición no de ley.
(El señor Fernández Fernández pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a reproducir la propuesta de enmienda que se plantea, que se entregará a todos los portavoces para su conocimiento.
El señor Fernández solicita hacer uso de la palabra ahora, pero debieran haberlo hecho antes. Saben SS. SS. que el orden de intervenciones es siempre de menor a mayor. Por eso, la intervención de fijación de posición de los grupos la ha concluido el Grupo Parlamentario Popular.
Esta Presidencia no quiere negarles el derecho que tienen de fijar su posición, pero les ruego que lo hagan con brevedad, y, si el Grupo Popular lo desea, volverá a intervenir.
Señor Fernández, tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Lo voy a hacer con brevedad.
Hace unas semanas pensábamos que esto estaba absolutamente resuelto, no sólo para los excedentes de la misma Eskar, sino para los de Hulleras de Langreo, Duro Felguera y otros excedentes de reordenaciones anteriores, incluso para aquellas personas a las que se les atribuye un derecho preferente porque son huérfanos de fallecidos en accidentes en la mina.
Con ese cupo, por llamarlo de alguna manera, de 1.061 trabajadores que se reincorporaban a Hunosa, de acuerdo con las negociaciones que habían sostenido las organizaciones mayoritarias de la minería y que estaban recogidas en un preacuerdo, creíamos --insisto-- que el tema ya estaba resuelto. Sin embargo, como consecuencia de las dudas que a ese respecto se plantean con la posición expresada por el señor Benavides, en la carta que remitió al Ministerio de Industria, aparecen ya los primeros problemas. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, haciendo constar nuestro deseo de que no se retrase el acuerdo definitivo para proceder a estas incorporaciones.


--SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000642).


El señor PRESIDENTE: Damos paso a la última proposición no de ley. El Grupo Parlamentario Mixto es el autor de la misma, y hace referencia al cumplimiento del convenio para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Todas SS. SS. conocen que una de las especialidades productivas de Galicia es la energía eléctrica.
Seguro que conocen que mucha de esa energía sale hacia el exterior, por cierto, para contribuir al desarrollo de otras zonas del Estado. Sin duda, serán también conocedores de que esa ventaja comparativa, es decir disponer de abundante energía eléctrica, no sólo no supuso un estímulo para la creación de un importante tejido industrial, sino que amplias zonas de Galicia cuentan con una deficiente infraestructura y, por tanto, con un servicio eléctrico muy deficiente. Esto sucede no sólo en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, sino que también existen problemas de suministro en este tipo de zonas centrales. También todo el mundo conoce en Galicia realidades tan escandalosas como que aún existen muchas localidades donde los vecinos, por poner un ejemplo, para proceder a ordeñar sus vacas han de hacerlo por turnos porque, de lo contrario, saltan las instalaciones.
Desde el año 1991, para intentar corregir esta situación, la Xunta de Galicia puso en marcha el denominado Plan Mega, mejora eléctrica de Galicia. En ese plan coparticipaban la Xunta, las empresas eléctricas y, en teoría, la Administración central. No es el momento de discutir si el plan estuvo bien o mal concebido. En todo caso, desde el año 1991, la Xunta afirma haber invertido aproximadamente 20.000 millones de pesetas en este plan sin que la Administración central aportase las «cantidades previstas», entre comillas.
Para corregir esta no participación del Gobierno central en la adecuada electrificación de Galicia, el 10 de abril de 1996, la Xunta firmó un convenio con el Ministerio de Industria y Energía mediante el que éste se comprometía a aportar 18.000 millones de pesetas entre los años 1996, 1997 y 1998. Ese convenio --creo que es así-- en la actualidad está incumplido, lo que no ayuda precisamente a conseguir el objetivo de lograr que la electrificación de Galicia alcance los niveles adecuados a las necesidades actuales. Esperamos que todos los grupos parlamentarios apoyen esta proposición no de ley, de manera que se impulse el cumplimiento de este convenio y que la firma del mismo no suponga un acto más de propaganda sin contenido real alguno, a lo que por desgracia estamos demasiado acostumbrados en Galicia.
En una reciente comparecencia en el Parlamento de Galicia, un alto cargo de la Consejería de Industria afirmaba que, por supuesto, se va a cumplir el convenio firmado con el Gobierno central y nosotros esperamos que así sea. Porque ese convenio no se cumplió, porque la electrificación de Galicia es una urgencia y porque para esa tarea creemos que es necesaria y de justicia la participación del Gobierno central con su aportación económica, es por lo que presentamos la siguiente proposición no de ley.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento íntegro al convenio para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia, suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y la Xunta de

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Galicia el 10 de abril de 1996, en lo que se refiere tanto a la cantidad, 18.000 millones, como al plazo temporal previsto, 1998.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente. Simplemente, para expresar el apoyo de Izquierda Unida a esta proposición no de ley, entendiendo que la electrificación rural es una de la asignaturas pendientes, sobre todo en zonas de la cornisa cantábrica, por las características de su población y su dispersión. Por tanto, expresamos nuestra coincidencia con los planteamientos sobre la necesidad del cumplimiento de este acuerdo que propone el Bloque Nacionalista Galego.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Carmen Silva. Bienvenida a la Comisión, pues es su primera intervención en esta Comisión.


La señora SILVA REGO: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, sobre cumplimiento del convenio para el desarrollo de electrificación rural de Galicia.
Como se menciona en la exposición de motivos de la proposición no de ley, en el año 1996 el Ministerio de Industria, del que era titular don Juan Manuel Eguiagaray, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, firmó un convenio con el Gobierno de Galicia con la finalidad de alcanzar parámetros de calidad en el suministro de energía eléctrica en Galicia, de forma específica en aquellas zonas más periféricas de la red que, por las características de dispersión de las poblaciones en el ámbito rural, no son rentables para las empresas.
En el período anterior a la firma del convenio, la actitud del Gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia fue de claro enfrentamiento y presión hacia el Gobierno del Estado, gobernado en aquel entonces por el Partido Socialista, al que se culpaba del retraso en la finalización de las obras por no tener aportado el dinero correspondiente. Cuando se firma finalmente el convenio con el Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia se muestra complacida por esta actuación y anuncia que, con esto, se finalizará el Plan Mega, de mejora eléctrica de Galicia. Hoy, finalizado 1997, para nuestra sorpresa, el Gobierno central, Gobierno del Partido Popular, no ha cumplido estos compromisos que tiene como fecha de finalización 1998, como ustedes saben muy bien. El Gobierno de Galicia ha olvidado continuar exigiendo el cumplimiento del compromiso, siendo insostenible la situación en las zonas rurales de Galicia aún hoy, tanto a nivel de suministro a los hogares, con unos niveles mínimos de calidad, como a nivel de desarrollo de los sectores productivos tradicionales que, como ustedes muy bien saben, tienen un peso social muy importante en nuestra comunidad y son la principal actividad en el medio rural, desempeñando además un papel amortiguador social del empleo al dar trabajo al 24 por ciento de los ocupados gallegos.
Por tanto, se da la paradoja de que, siendo una comunidad autónoma excedentaria en energía, no cuenta con un suministro con unos mínimos parámetros de calidad que faciliten el crecimiento económico, la mejora de la productividad, la calidad de los productos, la utilización de nuevas tecnologías en estos sectores productivos en las zonas rurales.
Todo ello dificulta la inversión empresarial en estos sectores productivos en los que es necesario, de forma específica, hacer esfuerzos extras que permitan solucionar la situación en la que se encuentran. Es fundamental, pues, dar prioridad a la inversión en la mejora de la electrificación rural de Galicia, dando cumplimiento al convenio firmado en 1996, cuando nosotros éramos Gobierno.
Vamos a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto porque el futuro del mundo rural gallego depende, entre otras variables, de lograr niveles de calidad en la electrificación y porque el no desarrollo de estos sectores productivos tradicionales supondría un agravante en la ya difícil situación económica.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Partido Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.


El señor PEREZ CORGOS: Efectivamente, el día 10 de abril de 1996, el ministro en funciones señor Eguiagaray, reconociendo que el marco legal estable no había sido justo con Galicia al no considerar los mayores costes en que incurren las empresas que distribuyen en Galicia, firmaba el convenio al que se refiere la proposición no de ley que ahora mismo estamos debatiendo.
La Comunidad Autónoma de Galicia, señorías, tiene una estructura socioeconómica y demográfica básicamente rural, una gran dispersión de población, encontrándose en su territorio el 50 por ciento de las entidades locales de población existentes en España lo que, unido al bajo consumo específico de energía eléctrica y a las adversas condiciones orográficas y climatológicas, ha hecho que fueran insuficientes los tremendos esfuerzos realizados por la Xunta de Galicia para dotar a dicha comunidad de unas infraestructuras de distribución eléctrica en el área rural que equiparen los parámetros de calidad a la media nacional.
A fin de dar solución definitiva a este problema, la Xunta de Galicia promovió el Plan Mega, plan 1991-1994, en colaboración con el Ministerio de Industria y Energía y con las empresas eléctricas que distribuyen en Galicia. Los estudios técnicos que sirvieron de base para la elaboración del Plan Mega fijaban unas necesidades de inversión de 67.000 millones de pesetas del año 1990.
Han sido muchos, señor presidente, señorías, los esfuerzos que se han realizado y han sido muchas las circunstancias que han cambiado desde la firma del convenio el día 10 de abril de 1996. Desde esa fecha, se han producido muchos cambios en el sector eléctrico, que han culminado con la publicación de la Ley del Sector Eléctrico y sus correspondientes decretos de desarrollo. Estos cambios

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empezaron con el protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional, que afectaba a las empresas acogidas al Real Decreto 1.538/1997. Se disponía de una cuantía máxima de 10.000 millones de pesetas para dada año de coste reconocido adicional, con objeto de retribuir planes de mejora en la calidad del servicio de las empresas distribuidoras, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Losen, siempre que en dichos planes participen las comunidades autónomas.
En este contexto, la normativa al amparo de la cual se firmó el convenio con la Xunta de Galicia, en 1996, que contemplaba un reconocimiento excepcional de nuevas inversiones en distribución a tensiones inferiores a 36 kilovoltios, con objeto de mejorar la calidad del suministro y la electrificación rural en Galicia, ha sido adaptada en 1997 mediante el reconocimiento adicional de las cuantías concretas en la retribución de la distribución de menos de los 36 kilovoltios citados.
A la Xunta de Galicia le corresponden 3.321 millones de pesetas para 1997, es decir, la tercera parte del total de las 17 comunidades autónomas. Por ello se hace necesario que el convenio firmado por el Ministerio y la Xunta de Galicia sea analizado para posibilitar su aplicación en este nuevo contexto, realizando la interpretación correcta que corresponde, de acuerdo con lo previsto en la normativa actual, y que, a su vez, sea compatible con el cumplimiento del mismo.
Señorías, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego, formulamos una enmienda transaccional in voce que diría lo siguiente: 1.--El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe apoyando la mejora en la electrificación de Galicia a través del convenio firmado el pasado 16 de abril de 1996.
2.--En el desarrollo de la nueva Ley del Sector Eléctrico y, en concreto, en el desarrollo normativo que afecta a la distribución eléctrica, se tenga en cuenta las especificidades propias de Galicia de forma que las retribuciones a las empresas distribuidoras de Galicia permitan el adecuado desarrollo y mantenimiento de la red eléctrica gallega, haciendo innecesarios en el futuro más apoyos públicos para la mejora de la calidad.
Si se acepta esta enmienda transaccional, estaríamos dispuestos a votar a favor de la proposición no de ley planteada. En otro caso, tendríamos que oponernos a su aprobación.
Quiero informarle, señor presidente, que el texto de esta transaccional ha sido entregado ya al portavoz del grupo proponente y con mucho gusto se lo facilitaremos a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, para que comunique la aceptación de la enmienda transaccional que se le ha ofrecido, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): El Bloque Nacionalista Galego va a aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular porque, aun cuando con una formulación más ambigua, propone en su punto primero que se dé cumplimiento al convenio firmado en abril de 1996 entre la Xunta y el Ministerio de Industria y en su punto segundo que se tenga en cuenta que en el desarrollo normativo de la nueva Ley del Sector Eléctrico se considere la especificidad de Galicia a la hora de desarrollar y mantener la red eléctrica.
Esperemos que la aprobación de esta iniciativa tenga efectos concretos y positivos y que no se quede en papel mojado. Nosotros, desde luego, señor presidente, vamos a hacer un seguimiento del cumplimiento del convenio y, por supuesto, si no se cumple, no lo duden, lo volveremos a denunciar.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
Ruego que el letrado y los miembros de la Mesa colaboren para certificar el número exacto de diputados de los grupos parlamentarios que están presentes en la Comisión (Pausa.) Están presentes 17 diputados del Grupo Popular, 14 del Grupo Socialista, 3 de Izquierda Unida, 3 de Convergència i Unió, 1 del Partido Nacionalista Vasco, ninguno de Coalición Canaria y 2 del Grupo Mixto.
Vamos a someter a votación la primera proposición no de ley relativa a petición de reingreso en la empresa Astilleros y Talleres del Noroeste (Astano) de los trabajadores obligados a entrar en los fondos de promoción de empleo por la reestructuración del sector naval de 1984 y 1988, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la primera proposición no de ley sobre la empresa pública Astilleros de Santander (Astander), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el mismo tema.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la adopción de medidas necesarias para superar los posibles efectos sobre Astander derivados del cese de la actividad de transformación ligado a la titularidad pública.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el mantenimiento del grupo de Astilleros Españoles, S. A.
(AESA), en su composición accionarial actual. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista que no ha sido aceptada por el grupo titular de la misma. Por lo tanto, vamos a someter literalmente el texto de la proposición.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso relativa al posible proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman).
Señorías, como consecuencia del acuerdo que han alcanzado los distintos portavoces de los grupos proponentes de algunas enmiendas y el titular de la iniciativa, el texto que se ha hecho llegar a la Mesa y que se someterá a votación es el siguiente. La proposición no de ley tendrá dos puntos. El primero dice que el proceso de venta de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha se produzca en coordinación y acuerdo con el Gobierno regional de dicha autonomía. El segundo punto expone que, en tanto no se produzca este acuerdo, las actuaciones de la SEPI en orden a la venta de Sodicaman se adecuen al contenido de esta proposición no de ley. Este será el texto que se somete a la votación de la Comisión.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a votar el punto 7, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la bajada de la tarifa eléctrica para 1998. Ha solicitado votación separada el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y propone que se voten los puntos 1 y 2 y, en segundo lugar, el 3. No habiendo ninguna observación, vamos a someter a votación el 1 y el 2 de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos el punto 3 de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida sobre la bajada de las tarifas eléctricas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre recolocación de los trabajadores de la mina Eskar, de Hulleras del Norte, S. A., presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Se ha presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley, conocida por todos los grupos parlamentarios. Habiendo sido aceptada, la sometemos a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley sobre cumplimiento para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Popular ha propuesto una enmienda transaccional, que ha sido aceptada.
Sometemos a votación la proposición no de ley en los términos de la enmienda del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las doce y quince minutos del mediodía.

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