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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 524, de 23/09/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1998 VI Legislatura Núm. 524

POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Sesión núm. 34

celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre modificación de la orden de 26 de enero de 1998, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto .(Número de expediente 161/000875) ... (Página 15088)

- Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para excluir del campo de actuación de las empresas de trabajo temporal a determinados sectores específicos como son construcción, transporte, minería, trabajos del mar, así como todos aquellos que se consideren actividades peligrosas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000966) ... (Página 15093)

- Sobre publicidad de todas las normas que afecten a los derechos sociales de los trabajadores. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000932) ... (Página 15097)

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- Por la que se insta al Gobierno a eliminar los beneficios fiscales y los coeficientes reductores a las cuotas correspondientes que incentivan la contratación a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000965) ... (Página 15102)

- Sobre medidas para garantizar la viabilidad del centro de producción de películas radiográficas de Aranjuez (Madrid) de la empresa Agfa-Gevaert. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001041) ... (Página 15105)

- Relativa a la adopción de medidas que detecten el incumplimiento de las normativas de higiene y salud laboral en la industria del calzado.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001125) ... (Página 15110)

- Sobre medidas para la generación de empleo en el sector cultural.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001137)... (Página 15113)

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1998, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL CONTENIDAS EN LA LEY 65/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000875).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.


Quiero comunicarles que hay una pequeña variación en el orden del día, dado que el punto 4 pasará a ser el punto 2 y hará correr los números consecuentemente. De modo que iniciamos el debate de la proposición que figura en el punto 1, proposición no de ley sobre modificación de la Orden de 26 de enero de 1998, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para defender la proposición no de ley en su momento en la que se solicita la derogación del apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Orden de 26 de enero de 1998, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía social y formación profesional contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. Dicha orden y la referencia a diversas normativas sobre la cotización a la Seguridad Social y desempleo, y en concreto su apartado 2, establece para un colectivo de graduados sociales, que es un colectivo numeroso que ha colaborado siempre con la Administración de la Seguridad Social, que se adecúe a una determinada conexión, a una determinada red, a un determinado sistema para sus trabajos y sus relaciones con la Administración de la Seguridad Social. Ese apartado 2 establece que los graduados sociales que presten sus servicios a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en gestiones de índole administrativa deberán incorporarse al sistema Red para la remisión electrónica de datos. En caso contrario, no podrán recibir la contraprestación consistente en el porcentaje de las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aportadas por aquellos asociados a las mutuas respecto a los que realicen las gestiones establecidas, etc.
Como establezco y señalo en la exposición de motivos, todo avance técnico es importante y todos los avances que sirvan para mejorar la relación entre la Administración y los administrados y aquellos interlocutores, en este caso los graduados sociales, que prestan sus servicios para una mejora en la realización de las actividades relacionadas con la Seguridad Social es importante. Es cierto que es necesario primar todos aquellos cambios que supongan mejoras en la Administración, pero no es menos cierto que en la medida en que los citados cambios impliquen a su vez a otros colectivos que mantienen relaciones con la Administración, éstos deberán realizarse de forma paulatina, contemplando la armonía de los colectivos implicados y, sobre todo, con mayores dosis de diálogo y de consenso para aplicar una medida tan importante y tan decisiva, en este caso entre la Tesorería de la Seguridad Social y el colectivo de graduados sociales representados por sus colegios profesionales y el colegio a nivel estatal.
El caso que nos ocupa es bien distinto a lo que debería haber sido un proceso de diálogo normal, de acuerdo, de establecimiento paulatino de una decisión tan importante. Con la publicación de la Orden ministerial a que me he referido -en concreto con este apartado 2 de la disposición adicional séptima- se obliga a la incorporación al sistema Red del colectivo de graduados sociales que prestan

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sus servicios a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, habiéndose obviado las conversaciones que en su día se mantuvieron con dicho colectivo por el director general de la Tesorería, y bajo apercibimiento de no recibir la pequeña comisión que abonan las mutuas de accidentes de trabajo a los graduados sociales. En el citado colectivo hay un gran malestar. Este colectivo, mediante los colegios profesionales, ha colaborado desde hace muchos años con la Tesorería difundiendo las excelencias y las ventajas del sistema Red; han soportado los costes adicionales que supone el citado sistema en componentes informáticos, adaptación de programas, líneas telefónicas, etcétera. Las ventajas del sistema son claras para la Tesorería, no son puestas en duda: el ahorro a la hora de cursar los movimientos diarios y el personal que atiende a los profesionales. En cambio, para los profesionales, para el colectivo numeroso de graduados sociales en todo el Estado español, las ventajas se esfuman entre las inversiones en material informático, formación del personal y horas de espera telefónica para poder remitir los datos, debido a las pocas líneas telefónicas de las que disponen los propios centros de la Tesorería. No obstante, lo más grave para estos profesionales es el paso de una situación de exclusividad que mantenían hasta la fecha de las relaciones con la Tesorería a otra situación en la que cualquiera, como gestorías o simples asesores, pueden conectarse a este sistema, lo que, como se ha denunciado, puede generar unas importantes dosis de intrusismo en una labor tan importante -y creo que de una manera tan certera- como la que estaban llevando a cabo los colegios profesionales.


Retomando el hilo de que estos avances técnicos han modificado sin duda el quehacer diario en la Administración, ha sido una mejora que ha hecho posible una Administración más eficaz o diligente, o ése entendemos que es el objetivo de esta medida, pero pensamos que se tiene que evitar en lo posible que estos cambios sean traumáticos. En el caso que nos ocupa, este caso es traumático, con ciertas dosis de arbitrariedad, con poco diálogo y con mucho de carácter coercitivo por la manera en que se ha aprobado la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, a la que ha seguido una resolución de 15 de abril de 1998, de la propia Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social, por la que se fijan las condiciones para la aplicación del sistema de remisión electrónica de datos respecto de los graduados sociales. Estas dos decisiones de la Tesorería (tanto la Orden ministerial de 26 de enero de 1998 como la resolución de 15 de abril de 1998) no dejan de ser coacciones para este colectivo, que siempre ha estado a disposición de la Tesorería a la hora de colaborar. Por ello, no entiende cómo se han llevado a cabo actuaciones menos coactivas y, desde luego, con poco diálogo.
Unión Valenciana en su día presentó esta proposición no de ley por los motivos que ya he esbozado en los primeros momentos de mi intervención. Como conocerán sus señorías, el sistema Red permite la remisión de datos por medios informáticos; sin lugar a dudas se trata de una mejora que no ponemos en duda, pero debemos valorar negativamente la forma en que se ha llevado a cabo. De ahí nuestra petición de que se adopten las iniciativas tendentes a dejar sin efecto lo establecido en este apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden de 26 de enero de 1998.
La incorporación a este sistema del colectivo de graduados sociales por decreto ha resultado una medida impropia de estos tiempos; así no lo ha hecho llegar el colectivo de graduados sociales de una manera clara y rotunda. Los graduados sociales son los únicos profesionales legalmente autorizados para la formación y liquidación de los seguros sociales y prestaciones de la Seguridad Social. Todo ello en virtud del real decreto de hace ya varias décadas, el Real Decreto de junio de 1965. La Orden ministerial de 26 de enero de 1998, que es la que nos ocupa en el debate de hoy, y en concreto su disposición adicional décima apartado 2, permite que se cuelen otros colectivos para que puedan actuar ante la Tesorería, así como su incorporación al sistema Red, aceptando su adscripción al citado sistema sin ningún requisito, coaccionando a la vez a aquellos graduados sociales que no se incorporan al sistema negándoles el derecho a percibir la comisión sobre las cuotas de accidentes de trabajo que gestionan ante las mutuas, en el supuesto de su no incorporación; a recibir el 3 por ciento si se incorporan y a recibir sólo el 1 por ciento si no se incorporan al sistema. Y aquí hay diversas circulares, escritos y comunicaciones de la propia Tesorería tanto al colegio oficial de Graduados Sociales como al colegio de la circunscripción de la Comunidad Valenciana, que ha sido el más beligerante en contra de este orden. La incorporación al citado sistema supone además para este colectivo de graduados sociales no sólo una inversión en equipos informáticos, sino también la formación de los profesionales y una línea telefónica exclusiva. A ello hay que añadir que se les obliga a contratar un servicio de una red de valor añadido, lo que suponemos un coste adicional de 4.000 pesetas al mes más el coste telefónico de la línea. El colegio de Graduados Sociales de Valencia está en trámite de convertirse en red de valor añadido para mitigar estos datos. No obstante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones está retrasando su aprobación como red.
La Tesorería, mediante la resolución de 15 de abril que he citado anteriormente, exige el completo establecimiento de los profesionales y su integración en el sistema Red para el 1 de octubre de este año, sin ningún tipo de señalamiento de plazos que puedan amortiguar esta incorporación y los elevados costes que supone. Pensamos que se tendría que haber hecho de una manera escalonada y de una materia más racional. Un prueba de que la Tesorería no debe tener muy claro cómo ha actuado en esta cuestión, su poco diálogo y sus ciertas dosis de coacción para con el colectivo más afectado de los graduados sociales, es que hace unos meses adquirió un número muy importante de ordenadores y con sorteo ante notario fueron regalados entre los diversos graduados sociales del Estado español (tocando, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid 25 ordenadores y a la Comunidad Valenciana otros tantos), para que los repartieran entre los graduados sociales; prueba no sólo de que la Administración quiere colaborar, sino que demuestra que en este tema no ha actuado como debería haber actuado, según entendemos nosotros y según entiende el numeroso colectivo afectado por esta decisión, cuando menos arbitraria.
Asimismo, los graduados sociales, en virtud de esta segunda resolución adoptada el 15 de abril de 1998, debían

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demostrar que estaban dados de alta en el colegio y al corriente de sus obligaciones, requisitos que no existían para el resto de los colectivos que van a poder incorporarse al sistema Red y van a poder gestionar lo mismo que un graduado social. A los graduados sociales se les ponen unas pegas, unos inconvenientes y unos requisitos, y a otros, para los que se abre la puerta al altruismo, no se les exigen esos mismos requisitos.
El presidente del colegio de Graduados Sociales aceptó, en contra de un numeroso grupo de presidentes de colegios provinciales y autonómicos que conforman el Consejo, un pacto por el que el colegiado que no se incorpore al sistema Red percibiría un 1 por ciento sobre las gestiones, mientras que aquel que se incorpore tendrá derecho al 3 por ciento.
Prueba del rechazo por parte de los colegios en su mayoría es el recurso contencioso-administrativo presentado, a instancias de todos ellos, por el colegio de Valencia de Graduados Sociales, que ha sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional; la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha admitido a trámite anteayer el recurso contencioso-administrativo contra esta Orden de 26 de enero de 1998 que hoy nos ocupa, en concreto el apartado 2 de la disposición adicional décima, por providencia de 21 de septiembre.
Una vez firmado, y debido a la firmeza del colectivo de graduados sociales de Valencia, la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Valencia (y hay circulares, escritos y recomendaciones, entre comillas) ha sido incrementado sus coacciones eliminando el derecho que venían disfrutando los graduados sociales, en concreto en la Dirección Provincial de Valencia, a tramitar ante las administraciones por medio de un buzón que evitaba hacer colas.
Se ha levantado es -entre comillas- privilegio y han continuado las coacciones. Esta decisión está provocando un colapso total en la tramitación ante las administraciones, tanto de particulares como de profesionales, donde las colas de tramitación de altas y bajas llegan a ser de más de tres horas. Todo lo anterior ha llevado a una situación en la que, a pesar de mostrarse en contra del citado sistema, los profesionales han tenido que ir incorporándose al mismo para acabar con las presiones que estaban soportando. La misma Administración ha permitido - como decía anteriormente- a los graduados conectados al sistema mediante un sorteo de 800 ordenadores en todo el Estado español, de los que 25 han correspondido a la provincia de Madrid y 33 al Colegio de Valencia.
El sistema Red puede ser beneficioso -no lo ponen en duda los graduados sociales- para efectuar ante la Tesorería todos los trámites. Pero únicamente resuelve el problema del personal que atiende las altas, bajas o variación de trabajadores, causando un perjuicio al colectivo de graduados sociales. Consideramos que el modo en que se ha puesto en marcha este tema no es el idóneo, y mucho menos la forma en que se ha impuesto a los profesionales. Por ello pedíamos que se adoptaran las medidas oportunas para derogar este apartado 2 de la disposición adicional décima; y que, por lo tanto, se entablara un proceso de negociación y diálogo con los profesionales afectados y pudieran restablecerse las relaciones de cordialidad y armonía que había hasta hace un año entre la Tesorería General de la Seguridad Social y los graduados sociales, que están haciendo una labor muy importante y que tienen espíritu de colaboración con la Administración. Creo que tanto los trabajadores, las empresas, el colectivo de graduados sociales como la Tesorería General de la Seguridad Social salen ganando si hay armonía, si hay diálogo y hay comprensión. Recurriendo a decisiones como las contenidas en el apartado 2 de esta orden ministerial, por la imposición y por medios coercitivos, pensamos que un flaco favor se hace al buen funcionamiento de la administración de la Seguridad Social, al buen funcionamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social y al reconocimiento de un trabajo que tan dignamente hace el colectivo de graduados sociales. Por eso pido que se apoye esta proposición no de ley y se derogue el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998.


El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada a esta proposición no de ley.


¿Grupos que quieran fijar posiciones? (Pausa.) Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), la señora Amorós.


La señora AMOROS I SANS: Señorías, esta proposición no de ley pretende instar al Gobierno para que deje sin efecto la disposición adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, por el perjuicio que su aplicación pueda tener en el colectivo de graduados sociales. A nuestro entender, es poco el período de tiempo pasado entre la efectiva aplicación de la disposición y la petición del Grupo Mixto para ser retirada, puesto que aún no es posible conocer las repercusiones negativas o positivas del sistema. Otra cosa muy distinta sería que esta petición fuera orientada a una ampliación de plazos. Muy por el contrario, entendemos que puede ser muy positivo para que los ciudadanos y ciudadanas sean perceptores de una mejor gestión en la tramitación de sus bajas u otras gestiones con la Administración que todos los profesionales que intervienen en esta gestión (graduados sociales, gestores y empresas) estén conectados al mismo sistema informático, puesto que la competitividad es un factor fundamental puesto al servicio de los administradores y las empresas.
Por ello señor presidente, señorías, votaremos en contra, puesto que nos parece prematuro dejar sin efecto una orden a los pocos meses de su entrada en vigor sin conocer con exactitud sus repercusiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: El Grupo Socialista está de acuerdo en instar al Gobierno a que deje sin efecto el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dicha disposición, como se ha dicho, impone la obligación a los graduados sociales que presten sus servicios a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en gestiones de índole administrativa de incorporarse al sistema Red para la remisión electrónica de datos. Y ello se hace so pena de perder la contraprestación que perciben, consistente

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en el porcentaje de las cuotas (cuotas, dice la orden ministerial, realmente son primas) de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aportadas por las empresas respecto de las que realicen las gestiones. Es decir, se impone una obligación al colectivo de graduados sociales o una condición si se quiere seguir percibiendo una contraprestación. Prácticamente podríamos hablar de que se impone una prestación personal con carácter coactivo.
Por otra parte, se cambian unilateralmente las condiciones de la prestación de un servicio establecidas por normas administrativas; y además se les exige un cumplimiento inmediato. No se habla de gradualidad en la aplicación y se entiende además que la obligación se impone al día mismo de entrada en vigor de la orden ministerial a que hemos hecho referencia, es decir, el día 29 de enero de 1998, día siguiente a su publicación, aunque con efectos desde el 1.o

de enero\. Se advierte, señor presidente, que a las empresas autorizadas para la gestión centralizada de datos se les da un plazo de casi un año, hasta el 31 de diciembre de 1998 (realmente un año), para incorporarse al sistema Red para la remisión electrónica de datos. Y hay que señalar que la Orden ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de abril de 1995, sobre uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación de la Seguridad Social, dispone que dichos procedimientos electrónicos se implantarán gradualmente mediante resoluciones de la Tesorería. Aquí no hay gradualidad ni hay tampoco resolución (hasta el mes de abril) de la Tesorería.
Seguramente el ministro de Trabajo se entera con posterioridad a haber dictado la orden ministerial a que hemos hecho referencia de la existencia de esta Orden de 3 de abril de 1995, y piensa que no puede exigir a los demás lo que las normas administrativas no exigen a los gestores de la Seguridad Social; y ordena, por tanto, a la Tesorería que dicte una resolución. Dicha resolución aparece en el «Boletín Oficial del Estado», el día 24 de abril de 1998 y es la de fecha 15 de abril. En ella, en su exposición de motivos, se dice que la obligación de la que hemos hablado al principio (la del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, cuya derogación pedimos) hace necesario regular y ordenar la implantación gradual del sistema Red para los graduados sociales. Realmente, si la analizamos, la resolución de la Tesorería es contraria a la orden ministerial, que implanta una obligación con carácter inmediato. Es decir, el tesorero enmienda la plana del ministro. ¿Qué ha existido en el lapso de tiempo entre la orden ministerial y la resolución? Sencillamente, en primer lugar, una protesta masiva por parte de los graduados sociales; y en segundo lugar, la negociación de un convenio entre el presidente del Consejo General de Graduados Sociales y el ministro de Trabajo. Los graduados sociales entendía con razón que con la orden ministerial se les impone una prestación exorbitante sin período transitorio y con carácter discriminatorio con respecto a otros profesionales a los que no se impone tal obligación. Por eso ha sido impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y es de señalar que los graduados sociales no pretenden ningún monopolio, sino sobre todo que se trate a todo el mundo en condiciones de igualdad. La resolución, entre otras cosas, sigue siendo discriminatoria respecto a otros profesionales, el plazo de incorporación es insuficiente y no prevé ningún período de pruebas ni condiciones de formación.
Señor presidente, señorías, estimamos que la información de la gestión de la Seguridad Social es absolutamente necesaria, por eso la impulsaron anteriores gobiernos. Pero las cosas no pueden hacerse tan chapuceramente y casi con coacción respecto a unos excelentes profesionales que, en definitiva, son personas privadas que están colaborando en la gestión y que prestan la ayuda para llevar a cabo dicha gestión a la Seguridad Social. Por ello, pensamos que debe hablarse con ellos: háblese con estos profesionales, con el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y no exclusivamente con su presidente. Es de señalar que el convenio al que he hecho referencia ha sido impugnado por los colegios de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Salamanca, Zamora, Ávila, Palencia y Tenerife. Establézcanse unos plazos y otórguense las facilidades necesarias para la formación y la incorporación al sistema Red de todos, y para hacer frente a la inversión también en equipos informáticos.
Para acabar, señor presidente, se nos dice que la Tesorería ha regalado 800 ordenadores a este colectivo. Piénsese en el coste de estos ordenadores; súmese a este coste el ofrecimiento de instar la elevación del 2 al 3 por 100 de la contraprestación a la que hemos hecho referencia (se estima el coste en unos 3.000 millones), y todo ello con el propósito de captar voluntades, cuando seguramente lo más fácil y lo menos costoso habría sido cumplir con una razonable gradualidad, que no se discriminara a nadie, establecer períodos de prueba, procurar la formación y facilitar la adquisición particular de los medios informáticos, y sin necesidad de ningún regalo; pero, sobre todo, consensuar el método.
Por eso, señor presidente, el Grupo Socialista pide que se derogue el precepto de la orden ministerial a que hace referencia la proposición no de ley, que quede sin efecto la resolución posterior y que el ministro, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Tesorería aprendan una vez más de sus errores, aunque sea a costa de todos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ballesteros, don Atanasio.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Lo que se propone es dejar sin eficacia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden de 26 de enero de 1998. Mi grupo coincidía con la práctica totalidad de la exposición de motivos que el grupo proponente hizo en su momento. Tengo que decir que no coincide ya con la exposición que ha hecho, que dista en lo fundamental con la justificación que ha hecho de la iniciativa parlamentaria sobre el tema de los graduados sociales.
Decía en la exposición de motivos (y nosotros lo compartíamos plenamente) que los avances técnicos son necesarios. Decimos nosotros que no solamente son necesarios, sino que además vienen impuestos por la ley; y más todavía: vienen impuestos por la propia eficacia que la Administración tiene que dar tanto a los profesionales como a los administrados, más a éstos que aquéllos. De hecho se recoge

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legalmente en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 45, el que las administraciones públicas impulsen el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Este era un fundamento que nosotros compartíamos plenamente, como compartíamos de alguna forma lo que el grupo proponente está diciendo sobre el esfuerzo que la Administración está haciendo en estos momentos para informatizar este aspecto de la Seguridad Social. Si duda alguna estamos también de acuerdo en que este tipo de cambios debe ser armónico, debe ser gradual; sin embargo, no estamos de acuerdo con los criterios que esta mañana se están utilizando por los distintos grupos (Unión Valenciana y Grupo Socialista) sobre el tema de las coacciones. Las resoluciones que la Administración está dictando en estos momentos confirman que se está haciendo de una forma gradual. De hecho, los portavoces de los grupos de Unión Valenciana y Socialista han citado la Resolución de 15 de abril, que no hace otra cosa más que establecer la gradualidad de aquella disposición.


No obstante, tenemos que recordar que la disposición que se pretende dejar sin efecto es de enero de 1998, y no necesito decirles al señor presidente y a SS.SS. que estamos ya casi en octubre de 1998. Si se pretende que la Administración sea eficaz con el tema informático, introduciendo las mejoras técnicas necesarias, no podemos estar toda la vida haciendo este tipo de introducciones. Se ha hecho un planteamiento gradual en la motivación de la Resolución de 15 de abril cuando dice que se implantarán y se aprobarán gradualmente mediante resoluciones de la Dirección General, cuando dice que se hace necesario regular y ordenar la implantación gradual del sistema Red, y luego incluso se positiviza, desde ese punto de vista, cuando la propia resolución da la instrucción de que la solicitudes deberán estar presentadas el día 16 de mayo de 1998 y se ha de comenzar el día 1 de octubre de 1998. A nosotros nos parece que es una gradualidad aconsejable. Partimos de una Orden de 26 de enero de 1998, y ha transcurrido gran parte del año sin que se haya hecho lo que se debe hacer para que la Administración sea eficaz y ofrezca eficiencia al administrado; y se va regulando, como se dice, por este tipo de resoluciones. Para que no demos cuenta claramente de que no hay una imposición, que no es una cuestión coactiva, se establecen incluso prórrogas para aquellos casos excepcionales en los que así se aconseje porque el graduado social no haya podido incorporarse al sistema Red. En la instrucción segunda de esta Resolución de 15 de abril citada por los distintos grupos se plantea esta prórroga. Por tanto, queda despejado claramente el tema de la graduación; ha existido, existe y va a seguir existiendo porque no puede ser de otra forma. Lo contrario sería pretender que no fuésemos eficaces. Este tipo de temas no se pueden imponer manu militari, porque si no los profesionales no estarían en la sintonía que tienen que estar con la Administración para la defensa de los intereses de sus representados ante la propia Administración.
Hay otras cuestiones, como el tema que plantea Unión Valenciana sobre la exclusividad. Tenemos que decirle, si cabe la expresión doctrinal de lege data, que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo que los graduados sociales no tienen ninguna exclusividad en la representación de los administrados ante la Administración. No hay más que echar una ojeada al artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para leer que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, no haciendo ninguna exclusión de ningún representante: cualquier representante con las condiciones que se exponen en la propia Ley de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, desechamos también otro de los puntos importantes que se planteaban como motivos para aceptar esta proposición.
Luego está el tema de la armonía y del apoyo en medios. Esta mañana se ha hablado sobre la adjudicación de 800 ordenadores (yo diría equipos informáticos, porque además de los ordenadores había máquinas impresoras), pero habría que añadir que se ha ofrecido el personal especializado necesario para que los distintos colegios puedan orientar a los graduados sociales, para que no se pierdan en este tema y para que los especialicen en esa informatización. No se puede vender este tema como una justificación de que la Administración lo ha hecho mal y que ahora les regala 800 ordenadores. No se puede vender este tema como una justificación de que la Administración lo ha hecho mal y que ahora les regala 800 ordenadores. No se puede estar diciendo que la Administración, para hacer estas mejoras técnicas, tiene que dotar a los profesionales de medios y, una vez que lo hace, decir que es un regalo para contentarles, porque hay un poco de lío con esta cuestión. Hay que recordar que el porcentaje de cumplimiento no está siendo el necesario y el que sería procedente.
La Administración está haciendo todos los esfuerzos precisos para la implantación, porque es bueno para los administrados e, incluso, creemos, para los propios profesionales.
No podemos, por tanto, apoyar esta iniciativa; tenemos que votar en contra. Y sí queremos despejar la duda que se está dejando esta mañana sobre la Mesa de que se está coaccionando. He de decir también que el porcentaje que se está dando a los graduados sociales es un porcentaje de las mutuas que corresponde a la Administración y que hay que verlo como un incentivo. La Administración, lógicamente, no puede incentivar a aquel que no apoya; tiene que tener algún elemento cuasi coactivo o cuasi coercitivo, desde el punto de vista administrativo, para hacer cumplir sus resoluciones. Evidentemente, la Administración no está sancionado a nadie, como se ha querido dar a entender; la Administración lo que está haciendo es no incentivar a aquellos o a aquel que no colabora con ella. Si no, que alguien me explique cómo se podrían hacer cumplir las normas administrativas y las resoluciones de la Administración. Es una vieja cuestión de derecho administrativo, que no vamos a debatir esta mañana aquí, pero que todo el mundo con sentido común, de una forma razonable, puede entender. Incluso se está pensando en la posibilidad de prever en el anteproyecto del reglamento de recaudación una graduación en la retirada de esta incentivación, pero ya se verá en este anteproyecto.
Por nuestra parte, sólo quiero insistir en que no podemos apoyar esta iniciativa por las razones y fundamentos dichos.


El señor PRESIDENTE: Concluido así el debate sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto,

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que ocupa el primer lugar del orden del día, y con el fin de facilitar el trabajo a SS.SS., les diré que las votaciones se efectuarán conjuntamente a partir de las trece horas.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EXCLUIR DEL CAMPO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL A DETERMINADOS SECTORES ESPECÍFICOS COMO SON CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, MINERÍA, TRABAJOS DEL MAR, ASÍ COMO DE TODOS AQUELLOS QUE SE CONSIDEREN ACTIVIDADES PELIGROSAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/ 000966.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que, como les señalé, es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para excluir del campo de actuación de las empresas de trabajo temporal a determinados sectores específicos como son construcción, transporte, minería, trabajos del mar, así como de todos aquellos que se consideren actividades peligrosas.


Para su presentación y defensa, tiene la palabra don Pedro Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Esta proposición no de ley parte de dos datos de la realidad que nosotros queremos destacar como algo que no propicia presentar la proposición no de ley por lo oportuno que sería atajar el problema de una siniestralidad tan abultada justamente en aquellos contratos, en aquellos sectores del mundo laboral en los que la precariedad es, diríamos, la norma.
Hay sectores, sin duda alguna, de las relaciones laborales donde, fundamentalmente por su carácter estacional, etcétera, la contratación, o bien es temporal o bien es, de una forma u otra, precaria. Y precisamente es ahí donde se producen los índices de siniestralidad más elevados, unas cuatro veces más que en la contratación indefinida. Esto nos lleva a pensar a pensar que alguna relación tiene que haber entre el sistema de nuestras relaciones laborales y siniestralidad laboral tan elevada y creciente, además.
Creciente, incluso, a pesar de que se habilitan legislaciones consensuadas, progresivas, acabadas. La realidad es más fuerte que la ley, la dinámica social es más fuerte que la ley, y, en este caso, esta máxima muy antigua del derecho aparece con una fuerza hasta cruel. Porque estamos hablando, señorías, de vidas humanas, estamos hablando de muertes, en la construcción, fundamentalmente, y en otros sectores de riego también.
Y junto a esto el segundo dato de la realidad, que es que, desde la reforma del año 1994, aparecen un elemento nuevo en nuestras relaciones laborales. Ya no se convierte en mercancía el trabajo en sí mismo, la prestación de la fuerza de trabajo, sino que, rizando el rizo, se convierte en mercancía la intermediación. La misma intermediación es ahora una mercancía, y en la medida en que se introduce en la intermediación el lucro, aparece sin duda alguna una serie de características que implica, bajo nuestro punto de vista, para los trabajadores, una doble explotación: la explotación normal de las relaciones laborales y, al mismo tiempo, la de ser trabajadores prestados; por tanto, tienen que rendir ante la empresa que les presta, que a su vez tiene que rendir ante el empresario destinatario de esta prestación de fuerza laboral. Esa doble tensión general una relación superestresante, genera una relación también a salto de mata, sin seguridad en el horario ni en las condiciones de trabajo en muchas ocasiones. Más allá incluso. Estoy hablando de condiciones de características propias, específicas, de la relación de las empresas de trabajo temporal; no solamente de las cuestiones más coyunturales, como puedan ser la capacidad de fraude que se genera en función de que nuestro mercado de trabajo no esté suficientemente regulado y controlado. Ésa es otra cuestión que también pivota sobre la posibilidad de que, en los trabajos precarios servidos por las empresas de trabajo temporal, finalmente haya también un incremento de los índices de siniestralidad laboral como los que contemplamos.
Unidas estas dos cuestiones, entendemos que tenemos que acabar -y permítanme decirlo, señorías- con una cierta hipocresía institucional. Porque cuando se aborda el tema de la siniestrabilidad laboral, cuando hay una muerte de un trabajador, todo es llanto, quebranto y crujir de dientes, como dice la Biblia. Pero las medidas, hasta ahora, no han bastado ni atajan de forma radical el problema.
Radical viene de raíz; no tiene nada que ver con ninguna característica de la tendencia política a la que estemos adscritos.
No tiene nada que ver. Hay que atajar el problema de raíz; es lo que hay que hacer, para evitar las muertes que luego lloramos.


Modestamente, esta proposición no de ley quiere contribuir a dar una solución, aunque sea parcial; quiere plantear el problema y evitar que las ETT, las empresas de trabajo temporal, puedan prestar trabajadores estresados de salida para trabajos con riesgo o en sectores típicos de riego. Nosotros creemos que eso es destinarles a la primera fila de un frente donde se producen muertes. Y, como no estamos en guerra y queremos que nuestras relaciones laborales lo sean en paz, creemos que debemos evitar estas situaciones. Lo tenemos en nuestra mano y, por ello, presentamos esta proposición no de ley con serenidad y, al mismo tiempo, con el dramatismo de lo que estamos hablando. Sencillamente.
Para evitar tener que intervenir después, en otra ocasión, hemos leído y comentado con los portavoces de los otros grupos las enmiendas que se nos proponen y vamos a aceptar, en primer lugar, la enmienda del Grupo Socialista, y, en segundo lugar, la transacción que el Grupo Popular nos plantea a los tres textos iniciales que pudieran existir. Sin duda alguna, pensamos que es bueno, que es interesante que intervengan los agentes sociales; además, aceptamos que la exclusión de los sectores. Porque es verdad que efectivamente en algunos sectores hay colectivos que no ofrecen características de riesgo en su trabajo.
Quiero decir también una cosa y me van a permitir que sea pesado, porque esto es ya una cuestión de cierta racionalidad que yo me veo obligado a plantear siempre. Cuando

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hablamos de que intervengan los agentes sociales, de que se les deje negociar a ellos, etcétera, señoría, bajo mi punto de vista, no crean que se les hace un favor, sobre todo a los sindicatos; a los empresarios, puede ser; a los sindicatos, no. Porque si nosotros, por ejemplo, fruto de nuestro debate parlamentario, lográsemos sacar esto de la mesa del diálogo, o este tema estuviese en la mesa del diálogo presente con el refrendo de este Congreso y en términos más concretos de los que a veces hacemos nuestras proposiciones no de ley, sería una cosa menos por la que los sindicatos tendría que pagar peaje. Así de claro. Y ésta es la lógica para negociar. Y quien no entienda esto, o no ha sido sindicalista o nunca tiene otros intereses en esa mesa.
Yo no entiendo la contumaz postura de ayudar inhibiéndose de algunos insignes colegas de esta Cámara; en cualquier caso, la respeto. Y una postura pragmática me obliga a asumir esa tendencia institucional, instaurada en función de lo que a mí me parece un error de cálculo lamentable.
A pesar de todo esto, y seguiré insistiendo en otras ocasiones, acepto la transaccional que se me ha ofrecido.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa, por el Grupo Socialista.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nosotros hemos presentado una enmienda en línea un poco con lo que decía el señor Vaquero, fundamentalmente añadiendo a la iniciativa la participación de los agentes sociales.
Voy a empezar la defensa de la enmienda diciendo algo en contestación a lo que el señor Vaquero manifestaba.
Yo no me opondría en ningún momento a que, en temas de vital importancia, como puede ser lo de las ETT, pudiéramos conseguir por ley regular de otra forma las ETT, de manera que realmente no se diera en el mercado laboral la situación que se está dando ahora.
Porque las ETT es verdad que han introducido en el mercado de trabajo la desregulación total; no sólo porque la ley lo permita, sino, en sí mismo, por la perversión que los propios empresarios hacen a la hora de utilizar esa ley y por la gran proliferación de empresas de trabajo temporal. Las hay pequeñitas, pues, a veces son los mismos directivos de una empresa los que forman una pequeña ETT para subcontratar desde su mismo empresa. La prevención, repito, de esa ley. Ahí llegaría a un acuerdo. Y¿sería posible que la propia composición de la Cámara diera lugar a renovar esa ley, de forma que fuese más favorable y menos desreguladora? Yo tengo claro que no. Esa es la primera afirmación que hago: tengo claro que no. Yo creo que los agentes sociales tienen que tener el papel que les corresponde y tienen que tener la capacidad y toda la legitimidad para la negociación de todos y cada uno de los temas que les son propios, aunque tengan que pagar su peaje. Son mayores, saben lo que quieren, saben cómo lo quieren y, aunque tengan que pagar su peaje, que lo negocien. Porque el peaje que paguen, al fin y al cabo, será el peaje que ellos quieran o puedan pagar. Y yo prefiero que los agentes sociales negocien un mal acuerdo, que lo negocien, que darles nosotros desde aquí, anulándoles totalmente, una buena ley. Vaya eso por delante.
Segundo. Yo estoy de acuerdo en que alguna medida tenemos que tomar en lo de las ETT porque es un clamor popular. Los trabajadores, en las empresas, así lo dicen; realmente nos lo piden. Tenemos hoy aquí el ejemplo claro de que, para poder llegar a un acuerdo, tenemos que consensuar algo que es una declaración de intenciones y que no sirve para nada. Ahora bien, yo prefiero que hagamos aquí una declaración de intenciones, aunque no sirva para nada, pero que es una declaración de intenciones, que no que pongamos un texto muy cerrado, que a mí me guste muchísimo pero que luego no consiga los votos necesarios. Porque yo prefiero dar medio pasito hacia adelante que dar un paso hacia atrás. Yo lo he dicho; no ha sido posible porque la derecha de este país es una derecha muy reaccionaria, etcétera, pero prefiero, desde mi posición de izquierda bien clara, avanzar medio pasito adelante, aunque tenga que ser llevándome de la mano la derecha ésta que tenemos, porque es lo que tenemos, y no hay arreglo. Que los trabajadores den un pasito más adelante y que mejoren sus condiciones de trabajo.
Esa es nuestra posición, la línea en la que hemos hecho la enmienda: mejorar.
Los agentes sociales consecuencia de la reforma laboral, tienen mesas abiertas con la Administración y la patronal para negociar la exclusión de las ETT en sectores o en subsectores concretos; tienen las negociaciones bastante avanzadas, están a punto de llegar a acuerdos en algunos temas. Yo tengo aquí la documentación. Por lo tanto, yo estoy a favor de esa transaccional que nos permita alentar y dar un empuje a los agentes sociales, que son los que tienen que trabajar, porque seguro que lo van a hacer mejor que nosotros, aunque nosotros seamos más listos.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gustavo Alcalde.


El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Señorías, debatimos hoy de nuevo una proposición no de ley sobre las empresas de trabajo temporal, a iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.


Su portavoz, en coherencia con la postura de oposición que mantuvo ya su grupo en la tramitación de la ley de la Ley 14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, reitera, tanto en el preámbulo de la ley como hoy a lo largo de su exposición, una visión entendemos que un tanto catastrofista y alejada de la realidad de esta importante herramienta de flexibilidad o de adaptación en la gestión de los recursos humanos en la empresa, que son (cuando actúan correctamente, por supuesto) las empresas de trabajo temporal.
Antes de entrar a debatir el fondo de la proposición, señorías, hemos de negar la premisa mayor que recogía su preámbulo, que las ETT sean uno de los elementos más negativos de la reforma laboral de 1994. Por el contrario, mi grupo considera que representan sin duda uno de los instrumentos de dicha reforma que están produciendo resultados más importantes en la mejora del funcionamiento del mercado laboral español.
No podemos tampoco compartir, señorías, que estas empresas supongan la legalización del prestamismo laboral, pues la Ley 14/1994 fue aprobada por una amplia

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mayoría de la Cámara, concretamente con el respaldo de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán y Vasco. No entiendo por ello ahora algunas manifestaciones de la señora Chamosa. Tampoco parecen compartir esta opinión de la legalización del prestamismo laboral los países de nuestro entorno, donde estas empresas tienen una gran tradición; y tampoco la Organización Internacional del Trabajo, que en su convenio número 96 autorizaba su existencia, considerándolas un instrumento importante para la lucha contra el desempleo y una manera de aflorar el empleo sumergido.
No nos parece tampoco serio, señorías, afirmar que los trabajadores de las empresas de trabajo temporal se encuentren en situación de extrema precariedad, pues, además de que tenemos una de las legislaciones más rigurosas y exigentes del derecho comparado en la materia, el desarrollo de una negociación colectiva está muy avanzado, lo cual constituye un mérito, indudablemente, de las organizaciones empresariales y sindicales de nuestro país que han negociado; ya va por el segundo convenio colectivo del sector, suscrito, si no me equivoco y no me falla la memoria, el 30 de diciembre de 1996. Estos datos impiden, desde luego, realizar tal afirmación.
Entrando ya a analizar el fondo de la proposición, he de recordar, señorías, que el Gobierno lleva meses trabajando en relación con la prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, de acuerdo con las previsiones que contiene la Ley de prevención de riesgos laborales y la propia ley que regula las empresas de trabajo temporal. En el marco del intenso proceso de diálogo social -por cierto, señora Chamosa, la derecha reaccionaria, como usted la cataloga, es la que está dialogando con los interlocutores sociales, cosa que no hacía la izquierda progresista que usted parece representar. A ver si alguna vez también son capaces ustedes de admitir una lección al respecto-, en ese marco del intenso proceso de diálogo social que está caracterizando el desarrollo normativo de la Ley de prevención de riesgos laborales, desde que llegó el Gobierno del Partido Popular, ha dado como fruto la aprobación de más de una docena de normas reglamentarias dotadas de un amplísimo consenso social y destinadas a regular aspectos esenciales y fundamentales de la prevención, de la salud y de la seguridad de los trabajadores. En este marco, repito, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha creado un grupo de trabajo tripartito con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para analizar la problemática de la prevención de riesgos laborales en este sector de las empresas de trabajo temporal. El Ministerio ya ha trasladado a los interlocutores sociales un borrador del proyecto de real decreto regulador de las normas de seguridad y salud en el ámbito de estas empresas. Este borrador ha sido objeto de diálogo y discusión durante el segundo trimestre de 1998, diálogo que se ha retomado en el mes de septiembre, este mes, con el objetivo, por supuesto, de alcanzar el máximo acuerdo; y no dudamos que próximamente se logre este objetivo deseado.
No obstante, señorías, mi grupo ha de señalar que la prevención de riesgos en las empresas de trabajo temporal no pasa necesariamente, como preconiza el Grupo de Izquierda Unida, por la prohibición de las actividades peligrosas, de la misma manera que la prevención de riesgos en general no pasa tampoco por la prohibición de las actividades peligrosas. La prevención pasa ante todo por analizar, por evaluar las situaciones que originan dichos riesgos y por establecer las medidas necesarias para evitarlos. Plantear sin más, ante la constatación de que una determinada actividad genera un riesgo o da lugar a un cierto número de accidentes, la prohibición de dicha actividad constituye un enfoque entendemos que simplista y lo menos prevencionista que se pueda imaginar. Y ello sólo puede entenderse si lo que se persigue no es realmente la prevención de riesgos laborales, sino utilizar dicho argumento como excusa para restringir por otros motivos las actividades de las empresas de trabajo temporal. Sin embargo, señorías, como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y los interlocutores sociales que participan en el grupo de trabajo que he comentado sí que les preocupa realmente la prevención de los riesgos laborales, se está realizando un análisis mucho más amplio y riguroso, no partiendo de la necesidad de prohibir nada, sino de la necesidad de garantizar que los trabajadores de las empresas de trabajo temporal disfruten, como establece el artículo 28 de la Ley de prevención de riesgos laborales, el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores. Y cito textualmente dicha ley. Por eso es preciso analizar qué características del trabajo de las empresas de trabajo temporal generan un riesgo específico o plantean dificultades concretas para aplicar las disposiciones generales de la Ley de prevención de riesgos laborales, a fin de establecer las disposiciones necesarias para contrarrestar dichos riesgos y para remover esas dificultades.
Señorías, nadie se accidenta por la forma o la duración de su contrato de trabajo. Sin embargo, sí pueden producirse accidentes por carencias de formación (de hecho, se producen), por carencias de información, por falta de experiencia, por ausencia de instrumentos de control o por problemas en el seguimiento de la salud de los trabajadores, aspectos todos ellos que pueden plantear, y que de hecho plantean, dificultades específicas, como decía el portavoz de Izquierda Unida en el caso de las empresas de trabajo temporal, en virtud sobre todo de esa relación triangular típica de este tipo de empresas y de la división de la figura del empresario, como responsable básico de seguridad que es, en dos partes, en dos sujetos distintos.
Sobre estas cuestiones es sobre las que debe incidir la norma que está elaborando el Ministerio, previo diálogo con los interlocutores sociales, a fin de tener en cuenta tales características específicas, para poder garantizar, que es el objetivo básico, el mismo nivel de protección, como exige la ley. Y únicamente en aquellos casos en que no sea posible restablecer ese equilibrio a través de esos mecanismos, habría que plantearse, en esos casos, la exclusión, nunca de un sector de actividad completo, sino, en su caso, de determinados trabajos o de determinadas actividades, cuestión que creemos que sí debe contemplar ese Real Decreto que se está elaborando, pero que no constituye nunca el único y el principal objetivo del mismo.
Señorías -y con esto ya acabo, señor presidente-, en la medida en que nosotros entendíamos que no podíamos aceptar esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida -posteriormente el señor Vaquero lo ha aclarado y ha anunciado que hemos consensuado un texto alternativo,

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un texto transaccional-, presentamos un texto alternativo que, si usted me lo permite, señor presidente, y para que quede constancia en la Cámara, diré que sería la enmienda presentada por el Grupo Popular, con la siguiente pequeña inclusión in voce: tras la palabra «Gobierno» (el Congreso de los Diputados insta al Gobierno), a que, en colaboración con los agentes sociales, tome las medidas necesarias... Y ya quedaría el texto como está redactado en la enmienda de modificación.
Quiero agradecer al grupo que ha presentado la proposición no de ley la receptividad que ha tenido hacia la enmienda del Grupo Popular. A pesar de que haya opiniones que digan que declaraciones de intenciones como la que hoy vamos a realizar aquí no sirven para nada, yo entiendo que todo lo contrario, que sirven para mucho, sirven para demostrar que, con el diálogo entre fuerzas de distinta ideología, con distintos objetivos, somos capaces entre todos, de consensuar cuestiones que son importantes para todos los trabajadores y, en definitiva, para toda la sociedad.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen participar en el debate?

El representante del Grupo Mixto, don Ricardo Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, porque manifiesto que voy a votar a favor de la enmienda transaccional que se ha alcanzado por parte del grupo proponente y los grupos enmendantes, compartiendo la preocupación del grupo proponente. En segundo lugar, quiero decir que suscribo de principio a fin la intervención de la señora López i Chamosa; me ha parecido una intervención ciertamente espléndida y creo que está bien decirlo y reconocerlo. Y en tercer lugar, porque quisiera que fuera la última vez que debatiéramos este tema entre las fuerzas progresistas, me gustaría brevemente hacer referencia al tema de la autonomía social. En la Constitución española hubo un consenso de todos en que hay una autonomía de los agentes sociales. Una autonomía. Y eso lo hemos aceptado todos, todos. Sin lugar a dudas, porque todos creemos que una sociedad moderna es una sociedad compleja; hay ámbito de actuación de distintos entes (de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, etcétera) y cada uno tiene su ámbito. Y hace falta que cada uno, en su ámbito, haga su papel. No se trata de quitar de la mesa de negociación nada a nadie. Si está en su mesa de negociación, que hagan lo que ellos tienen que hacer.
Tampoco hagamos descalificaciones a lo que hacen allí. Allí lo que hacen es negociar y presionar; lo que hacemos en el ámbito político.
¿Por qué se habla de peajes en el ámbito social, cuando lo que hacen allí es acordar en términos parecidos a los que acordamos en política? ¿Acaso no hay acuerdos, concesiones y transacciones en el ámbito político, y no los calificamos de peajes quienes estamos aquí constantemente aceptando ese tipo de transacción? ¿Aceptaríamos que se hablara de peajes? Tampoco es bueno que traslademos al ámbito social ese tipo de descalificaciones. Hacen su labor negocia y presionan, y, en función de la fuerza, de la habilidad y de la capacidad que tienen, obtienen determinados resultados. Lo que deberíamos hacer las fuerzas progresistas es no quitarles la voz, la autonomía, sino al contrario, animarles a ejercerla. Y, contando con su participación, crear una sociedad más democrática y más justa.
Esa es la apuesta que yo creo que deberíamos asumir y desde luego no sería bueno que, discutiendo sobre este tema, nos enzarzáramos las fuerzas democráticas. Porque sí que estoy de acuerdo en esa cosa: históricamente, quienes menos han aportado por el diálogo social han sido las derechas. Estoy de acuerdo. Esa es mi convicción. Y aquí tuvimos ocasión de votar una Ley orgánica de libertad sindical y todos sabemos qué posición se adoptó en aquel momento. En la última reforma del Estatuto de los Trabajadores, el representante del Grupo Pupular dijo que la reforma de las ETT estaba muy bien; la reforma sindical que allí se contenía fue votada en contra por el Grupo Popular. Esa es una posición de principios. ¿Qué en estos momentos el Partido Popular ha suscrito determinados acuerdos, algunos de ellos incluso heredados del pasado, como el Pacto de Toledo y la Ley de protección de riesgos laborales. Es verdad, lo ha hecho. Y personal y políticamente apuesto a que lo siga haciendo. Que quede claro.
Apuesto a que lo siga haciendo. Me hubiera gustado, por ejemplo en esa línea, que un tema tan importante como el Plan nacional de empleo lo hubiera acordado con los agentes sociales. Me habría parecido muy positivo para este país. Desgraciadamente, no lo hizo. Muy bien.
Desearía que las partidas presupuestarias de Empleo, de Seguridad Social, Sanidad, etcétera, de todo lo que contemplan los presupuestos, se acordaran. Lo desearía. Ya veremos el resultado.
Pero sí que me parece que más allá de esa coyuntura concreta, la posición de principio, cuando se ha tratado de regular ese tema en este país, está ahí. No lo digo yo, han sido las posiciones que han manifestado los propios representantes del Grupo Popular. Y esa situación es la que nos debe animar también a las fuerzas progresistas a saber que nosotros sí que apostamos por la ampliación de ese ámbito y porque tenga un mayor protagonismo social.
En definitiva, señorías, vamos a apoyar ese acuerdo concreto que hemos alcanzado aquí en un tema, desde luego, importante.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Amorós.


La señora AMORÓS I SANS: Parece, por la exposición de motivos de esta proposición no de ley, que las empresas de trabajo temporal sean el origen de todos los males. No tenemos en cuenta que son elementos que deberían sumar en vez de restar, puesto que deberían dar solución a unas demandas muy concretas, la organización del trabajo, ya que hay ciudadanos y ciudadanas que, por sus situaciones personales, por estudios o circunstancias familiares, encuentran en este sistema una calidad laboral que se ajusta a sus necesidades. Y las empresas pueden cubrir unos puestos de trabajo temporales por baja o incremento temporal de producción.
Otra cosa, señorías, es que se utilice de una manera honesta. Y en estos momentos esto no ocurre. Pero en este tema y en estas cuestiones tienen mucho que decir y mucho que trabajar las organizaciones sindicales para controlar y

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la Administración, para actuar en caso de fraude. Por este motivo, sería de desear que estas empresas de trabajo temporal hicieran una selección de personal cualificado y con experiencia para cubrir los puestos en los sectores y actividades con un peligro más inminente.
La siniestralidad laboral debe ser la mínima posible. La concienciación, la utilización de los recursos y la inversión de los empresarios en las empresas de trabajo temporal, de los trabajadores y las trabajadoras y usuarios y de las empresas demandantes deben ser, en materia de seguridad, una prioridad. Por este motivo, no creemos desde el Grupo Parlamentario Catalán que la exclusión en el campo de la actuación de las empresas de trabajo temporal de estos sectores sea la solución de la siniestralidad laboral. Muy por el contrario, estamos por la vía de la honestidad, de un recurso que, usado por todos y todas con responsabilidad es un elemento complementario en la organización laboral.
Por tanto, señorías, señor presidente, daremos nuestra aprobación a la proposición no de ley con la incorporación de la enmienda transaccional, en aras del avance, que ésta sí que es la solución de un conflicto real, de los trabajadores y trabajadoras usuarios del servicio.


- SOBRE LA PUBLICIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE AFECTEN A LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000932).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tres del orden del día: proposición no de ley sobre publicidad de todas las normas que afecten a los derechos sociales de los trabajadores, que ha sido presentada por el Grupo Socialista del Congreso.


Para su defensa tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Efectivamente, el día 23 de marzo de este año el Grupo Socialista, al amparo del artículo 193 del reglamento, presentó una proposición no de ley que es la que en este momento tengo el honor de defender.
Quiero decir, como preámbulo a mi intervención y para que los señores diputados que no han tenido ocasión de leer la motivación de esta proposición no de ley, o incluso los que la hayan leído, tengan una más clara conciencia de cuáles son las motivaciones del Grupo Socialista que, a diferencia de otras cuestiones que suelen ser habituales en nuestros debates en Pleno o en Comisión, en esta no hay ni el más mínimo indicio de que haya detrás una posición que pueda producir diferencias, desde mi modesto punto de vista, de apreciación en función de programas electorales, posiciones partidistas, derechas e izquierdas. No hay ni tan siquiera un reproche o un intento de enmendar algo que haya hecho este Gobierno. Se trata, pura y simplemente, de conseguir un avance en la forma de actuar nuestra Seguridad Social respecto de lo que ha sido su trayectoria histórica.


La Seguridad Social, que tuvo un origen profesional en España, se ha ido moviendo por unos parámetros, acercándose, en todas sus manifestaciones y en todas sus instituciones, cada vez más a lo que es la actividad común y general del Estado: la naturaleza de sus recursos, la naturaleza jurídica de sus prestaciones. Todo un conjunto de formas se han ido adecuando cada vez más a lo que es norma habitual en el tratamiento de los poderes públicos. Es muy notable, por ejemplo, que este Parlamento solamente a partir de 1997 conoce los presupuestos de la Seguridad Social. A título de ejemplo. Antes era un espacio reducido, era propio de un núcleo de población, a través de instituciones hoy ya fenecidas (las mutualidades laborales, los sindicatos verticales...); todo eso ha ido cambiando lentamente, pero aún perviven en nuestra Seguridad Social algunos hechos que están lejos de acercarse a ese paradigma de que los sujetos de las relaciones jurídicas de la Seguridad Social puedan tener y sufrir la doctrina común de los hechos administrativos.


Y, en concreto, esta proposición no de ley, que, como digo, se presentó el día 23 de marzo de 1998, también para ilustración de sus señorías y para que vean en su caso práctico lo que puede ocurrir de una de estas asimetrías de la Seguridad Social, que no es otra que la ausencia de publicidad de sus normas internas, proviene de que este diputado tuvo ocasión de conocer el caso particular de un trabajador con sesenta y dos años de edad que esperaba jubilarse y los sesenta y cinco y que me consultó si mantenía ese derecho. Yo le afirmé que si cubría todos los requerimientos y, ante mi sorpresa, me afirmó que en la oficina de la Seguridad Social a la que había acudido aquella misma mañana le habían informado que, o ejercía su derecho antes del 1 de abril (que era la semana siguiente, o dos semanas después) o perdería ese derecho. Yo acudí al «Boletín Oficial del Estado», a todas las formas y maneras -y seguro que un diputado tiene más formas y maneras que incluso un abogado de la calle, para enterarse de cuál era la situación de esa norma, la que a él era aplicable, que era una orden ministerial de enero de 1967-, y no encontré absolutamente nada. Con lo cual mi recomendación que fue no se jubilara -tenía sesenta y dos años- porque perdería el 24 por 100 de la jubilación; que esperara a los sesenta y cinco años, como era su deseo inicial.
Menos mal que este hombre no me hizo caso y solicitó la pensión de jubilación, porque yo le estaba dando una orientación equivocada.
Porque sí existía una instrucción, no publicada, por supuesto, en el «Boletín Oficial del Estado» ni en ninguna de las compilaciones que hace la Seguridad Social, que las hace siempre a toro pasado y con meses de posterioridad, y lo que existía eran simples fotocopias en los despachos de los jefes de los departamentos de prestaciones, donde un derecho inveterado que había habido en la Seguridad Social había sido eliminado en función de una interpretación administrativa.
En ello iba, en este caso particular, que puede ser una referencia para decenas de miles de familias, la situación económica, no una parte de su capacidad de sobrevivir, sino incluso proyectos vitales muy importantes. Este hecho concreto, particular, es lo que me movió a mí y a mi grupo parlamentario a suscribir esta proposición, que es muy simple. Se solicita, se insta al Gobierno, a que todas aquellas normas, incluso las de carácter interpretativo, que pueden tener algún efecto sobre los derechos sociales de los trabajadores sean de público conocimiento.


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Señorías, a estas alturas de la democracia española no hay ni siquiera necesidad de recordar que ese es incluso un precepto constitucional. El artículo 9.3 de la Constitución nos recuerda, como no podía ser menos, que es propio y típico de un Estado de derecho que las normas sean públicas, que sean conocidas por los ciudadanos y que no pueda ser aplicado ningún tipo de normas que no tenga ese carácter de publicidad. Es absolutamente contradictorio con una situación democrática o con una democracia de calidad que haya normas secretas o reservadas. Yo solamente vi esto en la última Unión Soviética, donde con pasmo me enteré de que determinadas cosas se regulaban por normas que no eran de público conocimiento de la población, sino sólo del aparato administrativo del Estado. Y había normas secretas y reservadas que se aplicaban en los tribunales y contra las que no había ningún tipo de defensa de los particulares.
Pero lógicamente eso está en el esquema de un Estado que no respeta los mínimos parámetros de lo que es un Estado de derecho. Señorías, ya les digo que no es una cuestión de crítica a este Gobierno, sino de ir acercando lo que era una Seguridad Social casi de ámbito restringido, patrimonializada, que así era del ámbito en los orígenes de la Seguridad Social, y dar el salto para que aquellas normas de trascendencia sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». De hecho SS.SS. pueden observar en el «Boletín Oficial del Estado», que hasta el último Ayuntamiento de España, en la última convocatoria que hace de cualquier puesto, en cualquier concurso, aunque sea para contratar vallas publicitarias, está sometido a reglas de concurrencia y de publicidad, que es lo que hoy nos trae aquí.
Yo creo, señores de la mayoría, que ustedes están absolutamente convencidos de que me asiste la razón. Y de hecho, han presentado una enmienda en la que sin ninguna duda vienen a darme la razón de fondo, en el sentido de que es absolutamente contradictorio con un sistema de protección social que se puedan cambiar parámetros fundamentales sobre los que están construidas las expectativas de los trabajadores sin que los afectados conozcan ni puedan asesorarse ni puedan defenderse individual ni colectivamente. También quiero decirles que este suceso, que ha sido el origen de nuestra interpretación, era absolutamente desconocido por los sindicatos. O sea, que ni siquiera los trabajadores organizados sindicalmente pudieron hablar, discutir o negociar con el Gobierno ante un hecho de enorme trascendencia como es el que me motivó a hacer una proposición no de ley.
Le decía, señor presidente, que el propio grupo mayoritario ha preparado una enmienda, que yo agradezco, que, aunque la modifica, significa que al menos se la han leído y han aceptado que parte de lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista aunque sea el fondo, es razonable. Pero, lamentablemente, señores del Grupo Popular, yo creo que con pocos reflejos -lo digo porque conozco estas cuestiones al haber estado muchos años en el gobierno y normalmente suelen ser los órganos administrativos los que dan respuestas o soluciones a las iniciativas parlamentarias-, sigue siendo una posición defensiva. Se acepta que se necesita publicidad, pero no hay ningún compromiso serio.


Se dice en la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y que, reitero, que agradezco, que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar la máxima difusión de las publicaciones. Pues la máxima difusión de las publicaciones, referidas a los derechos sociales de los trabajadores, es el «Boletín Oficial del Estado». La máxima es el «Boletín Oficial del Estado», que es un instrumento conocido por abogados, por jueces, por diputados, por sindicatos, por periodistas, etcétera. Este es el instrumento que hay para dar difusión, y no los anuncios en los periódicos. No sé qué otro tipo de instrumento puede tener mayor difusión. Mucho menos si la interpretación de máxima difusión es lo que, entre comillas y en una oración subordinada, se contiene en su propuesta; y es que sea a través de lo que tenemos hoy, que es el conjunto -como dicen ustedes- de las compilaciones donde se recopilan las instrucciones y respuestas a consultas. Ese es un boletín interno de la Seguridad Social, que no es secreto, pero sigue siendo restringido, reservado, para uso de los funcionarios, y que no está a disposición de los ciudadanos, el boletín informativo de la Seguridad Social. Además, es un boletín que se produce con un decalaje temporal y las normas que en él aparecen ya son normas de obligado cumplimiento en las oficinas de la Seguridad Social. La publicidad de las normas lleva aparejada una exigencia concomitante, y es que, mientras una norma no es conocida por los ciudadanos, no está en vigor. Ese boletín informativo de la Seguridad Social es simplemente una recopilación, pero no tiene ninguna virtualidad para anunciar cualquier actuación administrativa antes de ser conocida por los ciudadanos. Tiene otras funciones de carácter bibliográfico, además de la de reunir una serie de instrumentos que figuran en simples oficios o en simples fotocopias, pero no es el instrumento por el que los trabajadores conocen sus derechos ni es un instrumento de conocimiento para las organizaciones que defienden agrupadamente los intereses de los trabajadores.
Por otra parte, quisiera decirles que no tenemos ningún interés en agobiar de trabajo a los funcionarios y que no es una demanda exorbitante. Nos estamos refiriendo a un número muy reducido de normas. Ni siquiera hemos pedido en nuestra proposición algo que ustedes plantean en su enmienda. Tampoco queremos que se publiquen notas interpretativas a casos singulares. Nos referimos simplemente a las instrucciones que se emiten para ser aplicadas, no en casos singulares, sino en la generalidad de los casos. En definitiva, es una norma en el sentido amplio del artículo 9.o de la Constitución, y no en otro sentido, porque creo que todas SS.SS. son conocedoras de aquella frase de Romanones: «Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos». Yo creo que, desgraciadamente, en nuestra Seguridad Social, no por la maldad de los gestores actuales ni por los funcionarios, hay ciertas inercias y una parte muy amplia de la aplicación de derecho está reservada a normas interpretativas que, bajo este paraguas de la opacidad, se convierten en un auténtico instrumento de indefensión de los trabajadores.
Yo estoy dispuesto a escuchar los argumentos en contrario, pero créanme, señorías, que no nos mueve más que el llevar un mínimo de modernización a lo que es una situación que debería haber sido resuelta con anterioridad a la

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Seguridad Social, pero en algún momento hay que ir resolviendo cada problema. Por otra parte, comprenderán ustedes que hicimos bien en no resolver todos los problemas para que puedan ahora, desde su mayoría, resolver algunos. Si se lo hubiéramos dejado todo resuelto habría sido verdaderamente un gobierno vacío de contenido.
Nosotros estamos haciendo una oposición, como ven, muy constructiva; queremos apoyar un criterio que no es de partido, que no es ni siquiera ideológico, que no es ni de izquierdas ni de derechas, ni siquiera de centro; es un criterio democrático, mínimo. Si ustedes han encontrado algún problema de procedimiento, algún problema insalvable para la administración de la Seguridad Social, estamos dispuestos incluso a retocar nuestra proposición, pero en sentido distinto a su enmienda, que pretende que las cosas continúen tal y como están. Les he relatado un hecho de la vida real para decirles, señores de la mayoría, que las cosas no pueden seguir como están, porque si las cosas siguen como están hay ciudadanos y ciudadanas en este país que resultan maltratados en hechos fundamentales para su vida y la de sus familias.


Esto es, señoras y señores diputados, lo que pretende mi grupo parlamentario con su proposición.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señorías, desgraciadamente, nuestro sistema de Seguridad Social sigue teniendo problemas. No pudieron arreglarlos los anteriores gestores (lo cual hubiéramos agradecido para no tenerlo que hacer ahora), pero desde luego el ofrecimiento del Partido Popular, del Gobierno, de este grupo parlamentaria, es que los problemas que, reitero, desgraciadamente aún tenemos, debemos también arreglarlos entre todos. No sólo es cuestión del Gobierno, sino de todos los grupos parlamentarios, partidos políticos con representación en esta Cámara e incluso fuera de ella.
Respecto al tema que nos ocupa hoy en cuestión la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, tengo que agradecer el tono de moderación que ha utilizado el portavoz de dicho grupo, que incluso me lleva a pensar que no es del todo concordante con la exposición de motivos de la proposición no de ley. Porque la moderación en los planteamientos, sobre todo en las formas (ha habido algún que otro dardo dialéctico de fondo), no concuerda con la exposición de motivos de la proposición no de ley que hoy debatimos.
Su lectura me llenó en su momento de perplejidad, porque, dejando de lado manifestaciones más o menos grandilocuentes más propias de exhibicionismos parlamentarios o de llamadas de atención que se pudieran tener (reitero, la exposición; no me estoy refiriendo a la intervención que ha tenido hoy el representante del Grupo Socialista) me sorprendió que el sistema de publicidad de normas, que por cierto es ahora exactamente el mismo que con el anterior Gobierno, pareciera ahora para el grupo proponente un sistema opaco que generaba indefensión en los administrados, que traía quiebras de derechos fundamentales de los mismos. Y yo me preguntaba: si nada ha cambiado, ¿probablemente piensan que era el mismo sistema opaco que generaba indefensión en los administrados con quiebras de sus derechos fundamentales que existía con anterioridad? Yo pienso que no, que ni antes ni ahora.
Que tal vez no midió el grupo proponente exactamente las manifestaciones que quería recoger en su proposición no de ley.
Porque si de verdad lo creyeran así estarían reconociendo algo que, a mi juicio, es del todo incoherente, como que el sistema de publicidad de normas anterior, que es el mismo que hay ahora, del que se han valido o usan ambos gobiernos, y que fue en gran medida desarrollado por el Gobierno anterior, era un sistema opaco que generaba indefensión de los ciudadanos.


Como estoy seguro que ni lo creen ahora ni lo creían antes, ni lo creemos nosotros ahora ni lo creíamos antes, me llenó de cierta perplejidad leer esa exposición de motivos intentando justificar una postura política que se recogía en la parte final de la proposición no de ley.
Posteriormente, uno sí que podía llegar a más conclusiones cuando observaba que éste era un debate paralelo que se había suscitado a la vez que un debate de fondo, que fueron las famosas resoluciones a que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista y que incluso en la tarde de ayer tuvimos ocasión también de debatir en la toma de consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, respecto de la situación que se genere en los prejubilados que tenían derecho a ello con referencia al sistema anterior o aquellos dados de alta con anterioridad al 1 de enero de 1967 en las mutualidades de previsión social.
Pero ese no es el debate de hoy, no creo que sea el debate que debamos abrir hoy. Pero quiero apuntillar al menos que creo que es importante, y viene a colación el hecho de que en nuestro país todas las normas se publican. Y se publican, además, en el «Boletín Oficial del Estado» o en otros boletines oficiales, dado el Estado autonómico en el que nos encontramos. Porque la norma, para ser eficaz, tiene que estar publicada; si no, es nula de pleno derecho. La norma que no es conocida por los receptores padece del vicio de nulidad. Eso todos los juristas lo conocemos. Todas las normas se publican. El problema es diferenciar qué es norma y qué no lo es. Por cierto, lo mismo que ahora es norma lo era con anterioridad.
Por eso, dejando de lado argumentos políticos, debemos ver con cierto rigor cuál es la cuestión que nos debe ocupar ahora mismo, en aras justamente de resolver el problema. Por eso mi grupo ha presentado una enmienda, porque, reconociendo parte de los razonamientos, no todos, de los que ha hecho uso el portavoz del grupo proponente, tal vez quepa mejorar la información a nuestros conciudadanos administrativos que pueden ser cambiantes de aplicación. Incluso muchas veces -lo saben perfectamente- hay direcciones provinciales del INSS que aplican de manera distinta las propias normas, y justamente uno de los motivos de que existan resoluciones y circulares es el de unificar ese criterio en toda España. Tal vez sea posible mejorar la información, y por eso presentamos una enmienda en ese sentido. Pero no podemos pensar que la posibilidad de mejorar la información sea hacer un nuevo «Boletín Oficial del Estado». Porque, ¿qué resoluciones o qué circulares

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que son emitidas por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no van a afectar a derechos sociales? Excepto, como gráficamente me ha expuesto con anterioridad algún portavoz, la de compra de mesas y sillas, el resto va a afectar evidentemente a derechos sociales, porque afectan a los procedimientos que gestionan el derecho social reconocido. Yo todo sea dicho: en nuestro país no hay ningún derecho social, ninguno, que no esté reconocido en una norma. Y norma es cualquier real decreto, ley, reglamento u orden ministerial. Eso es lo que nuestra Constitución ampara como norma: que ha de ser pública para no ser nula. Pero no son normas las resoluciones y circulares de cualquier ente administrativo; en este caso podemos hablar de la Dirección General de la Seguridad Social, hágase extensivo, si se quiere, a todas las direcciones generales de cualquier Ministerio. No tienen el carácter de norma, ni siquiera jurisprudencialmente. Son normas, reitero, las leyes, los reales decretos, los reglamentos y las órdenes ministeriales. Y todos los derechos sociales se encuentran recogidos en alguna de ellas, y todas ellas, por ende, están publicadas donde tienen que estar publicadas.
Por lo tanto, no me parece de rigor hablar de opacidad o de indefensión en el caso que nos ocupa. Porque, señorías, eso que define muy bien el artículo 2.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al que he hecho referencia con anterioridad, en cuanto al carácter que tiene de norma o de no norma, es bien distinto de las disposiciones generales interpretativas, que son práctica habitual, necesaria y yo diría que diaria en la actuación administrativa, no sólo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino de cualquier Ministerio. Pero es que esas resoluciones y circulares ni vinculan a los administrados ni vinculan a los tribunales.


Normalmente lo único que hacen es unificar la aplicación del ordenamiento que corresponde hacer, además, a todos los órganos administrativos afectados, ya que aquel puede ser poco claro y, por tanto, objeto de interpretaciones discrepantes, como ocurría, por ejemplo, en el supuesto de hecho que da pie al debate que hoy tenemos. Y justamente esas resoluciones o circulares lo que aseguran es que todos los actos de ejecución de ese derecho (nunca de reconocimiento de derecho) reciban un tratamiento homogéneo a lo largo de todo el territorio español.
Otra de las causas más frecuentes, señorías, de que se aprueben las mencionadas disposiciones -reitero, no normas- de carácter unificador es la existencia de una jurisprudencia consolidada que obliga a la Administración a actuar en el sentido que marca el Tribunal Supremo.
Ello se refiere, también lo sabemos los juristas, de nuestro artículo 6, en concreto del artículo 6.6 del Código Civil, que da validez a las interpretaciones jurisprudenciales prácticamente de rango legal.
Y por lo tanto, tiene obligación la Administración, en sus instrucciones y resoluciones, de acoger esa interpretación jurisprudencial (cuando, reitero, sea jurisprudencia consolidada) y ponerla en práctica.
Ese sí que es un supuesto que se ha dado en el presente caso, en el supuesto de hecho. Aquí teníamos una norma reglamentaria, una interpretación de la misma con resoluciones, de las que hago gracia a S.S., porque conocemos ampliamente, y posteriormente el Tribunal Supremo, en sentencia consolidada, jurisprudencia de unificación de la doctrina, reiteró que esa aplicación no era la correcta de la norma. La norma no ha cambiado, señorías, seguimos teniendo el reglamento, que ha citado con anterioridad. Ahora está en tramitación otro real decreto, pero que no es el aplicable. Lo que cambió fue la aplicación que debía hacer la Administración, porque el Tribunal Supremo dijo que la aplicación que hacía de esa norma no era la correcta y no se podía llamar a andanas; tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, además, como ya hemos tenido ocasión de debatir, como hizo el anterior Gobierno, que posteriormente lo retiró. Pero a los efectos que nos traen hoy: ¿dónde publicó la resolución el Gobierno Socialista? exactamente en el mismo lugar que las posteriores publicadas por el Gobierno popular. Yo le puedo asegurar que no se publicaron: en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicaron donde se publican ahora, en los boletines informativos de la Seguridad Social. Señorías, nos parece que eso es lo lógico y lo coherente, porque si esas disposiciones administrativas no tienen el carácter de norma no tienen la obligatoriedad de su publicación para no caer en el vicio de la nulidad, es lógico que se den a conocer a quien le puedan alcanzar estos cambios de interpretación en los procedimientos administrativos. Por lo tanto, ese conocimiento tiene que venir a través de otras publicaciones que también están reguladas en nuestro derecho. En el caso de la Seguridad Social nos encontraríamos principalmente con el boletín informativo de la Seguridad Social.
Y si S.S. del grupo proponente me dice que recoge normas que ya pueden estar en vigor, que se publica con mucho retraso, que tal vez no se tenga el conocimiento debido porque es más de uso interno de la propia Administración que de conocimiento de los administrados, le puedo decir que tiene usted razón en sus planteamientos. Por eso nosotros intentamos que esas publicaciones, donde tienen que esta recogidas las disposiciones de carácter únicamente interpretativo, tengan la máxima difusión posible. Tal vez el término que hemos buscado no sea el que más pueda ayudar a todas SS.SS., pero entendemos que lo que pretende es que llegue al mayor número de administrados, al mayor número de asegurados, que no se quede en los cajones de la Administración, que todo el mundo conozca no sólo sus derechos, sino los procedimientos de ejecución de esos derechos ya reconocidos, y que ello se haga en un sistema con el que nos hemos dotado todos, aunque tal vez tenga carencias o lagunas de funcionamiento que podemos mejorar, que es justamente lo que nosotros intentamos.
El anterior Gobierno gastó muchísimo dinero en el sistema de información, sobre todo en Seguridad Social, a nuestros ciudadanos. Y nosotros creemos que, además, muy bien gastado. Los Caiss son un ejemplo clarísimo de ello. Incidamos en que sigan funcionando mejor de lo que lo hacen, pero no queramos dar la vuelta al calcetín del sistema, porque esa no es ni mucho menos la solución. Ponernos a discutir (aunque el grupo proponente dice que serían pocas las resoluciones) cuáles de estas resoluciones o circulares afectan o no a derechos sociales de los trabajadores, aparte de ser una discusión verdaderamente ardua o compleja, traería consigo, al final, por propia seguridad, si se tuvieran que publicar todas ellas, reitero, la creación de un nuevo «Boletín Oficial del Estado», porque no podríamos

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decir que cuantas menos, mejor, sino que cuantas más se publicaran, mayor seguridad para nuestros conciudadanos.


Por lo tanto, creo que el sistema (y reitero, no es de este Gobierno, y así también lo ha reconocido el grupo proponente) tiene lagunas, tiene posibilidades de mejora, pero desde luego lo que no tiene es capacidad de que se cambie, que donde antes era blanco ahora se convierta en negro, porque yo creo que eso sí que traería una mayor complejidad, tanto en el tratamiento administrativo, en la propia Administración, como también en el conocimiento que pudieran tener nuestros administrados o nuestros pensionistas.


Por lo tanto, señorías, y concluyendo, yo creo que la publicación de estas instrucciones, de estas órdenes en los boletines, como hasta ahora se venía produciendo, no genera ninguna opacidad o indefensión, en la medida en que tampoco regulan ningún derecho u obligación de la Seguridad Social, sino que su contenido tiene únicamente como finalidad garantizar la unidad de criterio a la hora de aplicar la norma jurídica, que esa sí que está toda publicada en el «Boletín Oficial del Estado», y cuyas disposiciones gozan, por tanto, de la necesaria publicidad, al igual que las sentencias del Tribunal Supremo, que también están debidamente publicadas.
Por ello, con nuestra enmienda hemos intentado mejorar, en la medida de lo posible, un sistema que puede tener lagunas de funcionamiento, pero que, antes como ahora, y evidentemente todo esfuerzo de todo grupo parlamentario en una materia tan sensible como la de la Seguridad Social es poco, y para ello volvemos a llamar la atención de los grupos de esta Cámara. Creo que esta enmienda que hoy hemos presentado es claro ejemplo de cuál es la postura totalmente positiva del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Amorós.


La señora AMORÓS I SANS: Señorías, ni que decir tiene que en un Estado de derecho como en el que vivimos no puede aceptarse la existencia de normas secretas. Si bien, si ciertamente fueran secretas no serían tales normas, por así impedirlo el ordenamiento jurídico vigente. Entendemos que el Grupo Socialista se refiere a aquellas normas cuyos contenidos, a pesar de su importancia, pasan casi desapercibidos.
No cabe duda alguna de que las resoluciones administrativas en materia de Seguridad Social, y más cuando son interpretativas, revisten un especial interés, y todo lo que redunde en su general conocimiento, ya sea por los hoy afectados como por los que puedan serlo en el futuro, incluidos sus valedores, redunda en una mayor seguridad jurídica, fundamento del Estado de derecho. El Grupo Parlamentario Catalán apoya decididamente que todas las normas y resoluciones que afecten a los derechos y obligaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras, y no sólo de éstos, sino los demás incluidos en la Seguridad Social y en el sistema público de pensiones, sean publicados para conocimiento del administrado y administrada. Cuestión que a nuestro entender ya está resuelta, puesto que el Ministerio de Trabajo edita un boletín de información de la Seguridad Social.
Otra circunstancia es que estas publicaciones sean conocidas por los afectados y afectadas. Por lo tanto, para el Grupo Parlamentario Catalán el camino para que sean efectivas estas publicaciones informativas de derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras es su máxima difusión.
El conocimiento de un derecho es el principio imprescindible para poder ejercerlo. Así pues, anunciamos el voto negativo a esta proposición no de ley, no por no estar de acuerdo en el fondo, sino porque no va en el camino que entendemos como más eficaz a la solución de un conflicto de información entre el administrado y la Administración.


El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.


El señor VAQUERO POZO: Creo que el problema que enuncia la proposición no de ley existe es real: hay instrucciones y hasta circulares de la Seguridad Social que, más que de interpretación, tienen un carácter cuasi normativo, se diga como se diga; normativo en la medida en que sí generan derechos y obligaciones, o al menos condicionantes o requisitos del ejercicio de los mismos que, finalmente, vienen a impedir la realización o el ejercicio de tales derechos de forma concreta, general y concluyente.
Por tanto, a mí me parece que el problema es real. Hay circulares -instrucciones, por su puesto- que parecen reglamentos del reglamento. Y esa es la realidad. No se paran en puras interpretaciones. Vamos a tener ocasión de debatir estas cuestiones cuando se discutan en esta Cámara las dos proposiciones no de ley que presenten en su día el Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la determinación de bases reguladoras. Yo creo que el problema es real.
Se plantea que no se pueden publicar en el «Boletín Oficial del Estado» porque no tienen carácter de norma y que ya lo están en el boletín de la Seguridad Social. A mí me parece que habría que intentar buscar un camino que resolviera un problema que es real. Lo de menos es si está en el «Boletín Oficial del Estado» o no. Lo importante es que ese boletín de la Seguridad Social tenga una gran difusión, que tenga más periodicidad en su publicación, que por las mismas características de su publicación sea más accesible a un conjunto mayor de usuarios, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas interesados de forma individual, sino a los profesionales del derecho, a los agentes sociales, etcétera, de forma que pueda resolverse el problema concreto que aquí se plantea.
A mi me parece que tener una posición defensiva no viene a resolver el tema, y sería una lástima que esta cuestión que pasa por esta Cámara y que es un problema real se zanjase de una forma torera, con todos los respetos, y que al final el problema subsistiese.
En este sentido, anuncio que mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley, no tanto porque le satisfaga del todo la solución que aporta, sino porque no hay una solución intermedia entre lo que se plantea por parte del grupo proponente y la enmienda, que ciertamente

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tampoco soluciona el problema. Para manifestar nuestro reconocimiento de que el problema es real, votaremos favorablemente, pero nos gustaría que hubiera un acercamiento de posiciones, de forma que se pudiera atajar el problema o ponerlos medios por parte de esta Comisión para que el problema fuese considerado como se merece.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas para pronunciarse respecto de la enmienda.


El señor CERCAS ALONSO: Sí, señor presidente, respecto de la enmienda. ¿Tengo alguna posibilidad de consumir un pequeño turno de réplica a argumentos que se han dado en contra?

El señor PRESIDENTE: No, no existe en el Reglamento del Pleno ni en la Comisión.


El señor CERCAS ALONSO: Entonces, con esa constricción, no del a interpretación del presidente sino del propio Reglamento, tendré que decir que el Grupo Parlamentario Socialista no va a ver satisfecha su pretensión, aunque al menos me voy con la satisfacción de que no habrá ningún diputado en la Comisión que no haya concluido que existe un problema real.
También tengo que decirle, respecto a la enmienda del Grupo Popular, que no habría dado ningún problema en haber aceptado la enmienda. Si no se quiere que aparezca en nuestra proposición la palabra norma, se habría cambiado por disposición, si es un problema doctrinal; como comprenderán los diputados socialistas no venimos a hacer alarde de florentinos ejercicios académicos y, si es necesario, en vez de decir «las normas» se diría «las disposiciones».


Incluso podían haber planteado una enmienda, no como la que han presentado, que no modifica para nada la situación actual, sino que, negando la posibilidad de que se publicaran en el BOE y manteniendo su publicación en el boletín informativo de la Seguridad Social, propusiera que ese boletín tuviera carácter periódico, cosa que hoy no lo tiene, y fijara la condición de que hasta que la norma no esté publicada en ese boletín informativo de la Seguridad Social no sería de general aplicación.
Eso hubiera significado un avance. Y ahora, en este momento, señor presidente, si eso fuera ofrecido, aunque fuese in voce, por el Grupo Popular, el Grupo Socialista aceptaría la enmienda. Si ustedes aceptaran una rectificación a su propia enmienda en el sentido de que ese boletín informativo de la Seguridad Social, al que ustedes dicen que van a dar la máxima difusión, tuviese un carácter periódico y fuese condición para la efectividad de las normas que en él se publican el que fuese hecho público antes de ser aplicado por los funcionarios, en definitiva, que el boletín informativo de la Seguridad Social fuera un instrumento de los ciudadanos y no solamente para los funcionarios, y un camino para el conocimiento de la legislación no sólo para los funcionarios, sino también para los ciudadanos, estaríamos dispuestos a apoyarle. No sé si es reglamentario, pero me gustaría que el Grupo Popular hiciera alguna modificación sobre su enmienda, porque, en ese caso, con estos parámetros, que significarían realmente un paso delante, un cambio real y no simplemente excusas, que es lo que plantea su enmienda inicial, estaríamos dispuestos a buscar una transacción.


El señor PRESIDENTE: Pide una transaccional in voce. Extraña figura, ¿no?

Puede responder el representante del Grupo Popular, señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señorías, nosotros no estamos dispuestos a modificar el texto de nuestra enmienda, toda vez que entendemos que justamente las dudas planteadas por el portavoz del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Socialista, se encuentran ya recogidas en el texto en orden a su resolución. Evidentemente, en una proposición no de ley se tiene que hacer en estos términos y al Gobierno le competería, una vez aprobada, proceder a adecuar la publicación, tanto el boletín informativo de la Seguridad Social como también las diversas cuestiones a que ha hecho referencia el diputado señor Cercas, en la forma y manera en que este Parlamento le instara.
Por lo tanto, reitero que entendemos que nuestra enmienda ya recoge, y así se ha hecho constar en mi intervención anterior, la resolución de esos problemas, que, como no podía ser de otra manera, reitero también, se daban con anteriores administraciones y con la actual. Y todo ello en beneficio, entendemos, de nuestros pensionistas y de nuestros conciudadanos y conciudadanas.


El señor PRESIDENTE: Mantiene la enmienda el Grupo Popular.


¿El Grupo Socialista la acepta o no la acepta?

El señor CERCAS ALONSO: No la aceptamos porque deja la situación tal y como está en estos momentos.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELIMINAR LOS BENEFICIOS FISCALES Y LOS COEFICIENTES REDUCTORES A LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES QUE INCENTIVAN LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000965).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de ley, pasamos a la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a instar al Gobierno a eliminar los beneficios fiscales y los coeficientes reductores a las cuotas correspondientes que incentivan la contratación a tiempo parcial.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, esta proposición no de ley se debate con cierto retraso. Pretende eliminar unos incentivos a la contratación a tiempo parcial

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que fueron puestos en vigor mediante el Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el día 9 de abril. La fecha de registro de esta proposición no de ley es el 2 de abril, cuando ya se conocía la existencia del real decreto pero todavía no había sido publicado, justo entre ambas fechas.
Entonces era hasta preventiva esta proposición no de ley. Ahora hay que discutirla de alguna forma a toro pasado, aunque, por su puesto, como siguen en vigor, tiene actualidad y creemos que todavía llegamos a tiempo.
Lo cierto es que este real decreto establece unos coeficientes, reductores del a cuota a ingresar en la Seguridad Social por parte de las empresas respecto de los contratados a tiempo parcial. Estos coeficientes reductores son, por ejemplo, para las contingencias comunes, del 0,45 ó 0,55, según sea indefinido o temporal el contrato; respecto del desempleo, el 7,8 por 100, del que el 6,2 por 100 es con cargo a la empresa y el 1,6 por 100 con cargo al trabajador, etcétera.
Y además, como dice la exposición de motivos de este real decreto, se adopta como medida singular del desarrollo reglamentario a efectos de incentivar la contratación laboral bajo esta modalidad, la de a tiempo parcial. Es una reducción de la cotización independiente y compatible con las bonificaciones que puedan derivarse de las normas establecidas en el ámbito de las políticas de fomento del empleo.
Nosotros creemos interpretar bien el Real Decreto 9/1997, de las bonificaciones fiscales paralelas a la reforma laboral de 1997 al entender que esas bonificaciones fiscales son solamente para aquellos contratos a tiempo completo. En este caso, por tanto, esta previsión de la exposición de motivos todavía no estaría completa, pero se podía completar con una posterior legislación, y por eso creo que también hace al caso entender que podría haber (aunque de hecho actualmente no las hay) bonificaciones fiscales. Ciertamente, hay reducción de las cotizaciones sociales. Por tanto, es pertinente esta proposición no de ley, aunque insisto en que la debatimos con cierto retraso.
Pero tenemos que decir que, a pesar de que tienen una intención muy clara estas incentivaciones (la de incentivar, precisamente), estas reducciones de la cotización a la Seguridad Social, nosotros creemos que no es oportuna porque el contrato a tiempo parcial, señorías, por el momento al menos no es una bicoca. Nosotros creemos que no debería ser una modalidad o tipo de contratación, sino más bien característica del contrato referida a su duración, es decir, que es un contrato normal que tiene una reducción en la jornada máxima de trabajo en equis horas, en el tiempo que corresponda, pero que, en cualquier caso, el resto de las características del contrato tendría que ser el mismo y, por tanto, no dar lugar a una modalidad o tipo contractual.
Además es que, incluso en el supuesto práctico en el que estamos (y es que es por ley una modalidad o tipo contractual), todavía no se ha condicionado este tipo de contrato a su utilización mas conveniente para evitar determinadas externalidades que nosotros entendemos perjudiciales para los trabajadores que están acogidos a este tipo de contratos, como es, por ejemplo, el que no haya tope para las horas extraordinarias en la normativa general. Por tanto, al no existir topes diarios ni semanales ni mensuales de horas extraordinarias, se junta una cosa con otra y aquí se abre claramente un portillo para la más absoluta desregulación y pérdida de garantías, es decir, para el fraude generalizado y, de alguna forma, legalmente consentido en la utilización de este tipo de contratación.
Por otro lado, con un paro y una pérdida de valores, de estabilidad y de la norma laboral o del derecho laboral como el existente actualmente, la voluntariedad es una quimera. Nosotros creemos que quien tiene que acogerse al contrato a tiempo parcial no es porque de forma voluntaria lo asuma; las estadísticas están ahí, se han hecho encuestas, y ciertamente no es así. Nuestro país tiene contratados a tiempo parcial que no asumen su situación, que querrían estarlo a tiempo completo y en número abrumadoramente superior al de otros países de nuestro entorno.
Además, se acumulan otros rasgos, como son la desvalorización del trabajo y la feminización del tiempo parcial. Baste dar un dato del último observatorio laboral facilitado por el Ministerio de Trabajo y es que, del total de los contratos, el 8,1 por 100 es a tiempo parcial, mientras que de los contratos femeninos es el 17,2 por 100.
Es decir, para las mujeres el trabajo a tiempo parcial supone el doble o más del doble que para los hombres.
En estas condiciones, nosotros entendemos que incentivar este tipo de contratos es un flaco favor a los trabajadores que están en esta situación. Hasta que se considere y se regule de forma global esta modalidad contractual, entendemos que convendría que no fuese incentivada.
En consecuencia, nosotros mantenemos esta proposición no de ley.
Agradecemos la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, creemos que es bienintencionada, que introduce una serie de elementos que ya hemos debatido en el Pleno de la semana pasada, en la interpelación urgente y en la moción, pero, lógicamente, sus planteamientos concretos afectan a la caracterización del contrato a tiempo parcial, no al objeto de nuestra proposición no de ley, que es eliminar los beneficios fiscales y las reducciones de las cotizaciones sociales de estos contratos. Entendemos que es bien intencionado, es correcto, nos parece bien, lo agradecemos, pero no tiene nada que ver con nuestra proposición no de ley. Por eso no es que no queramos aceptarlo; se trata simplemente de que estamos hablando de cosas distintas, y por ellos mantenemos el texto de nuestra proposición no de ley tal cual en el boletín de esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nos encontramos ante un problema de gran magnitud, como es la contratación a tiempo parcial, un problema de un contenido profundo. De entrada, tendríamos que plantearnos si lo que se pretende a través de estas proposiciones es impedir este tipo de contratación o no, algo muy difícil de debatir en tan poco tiempo como tenemos para defender una proposición no de ley, y más en Comisión.


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Nosotros presentamos la enmienda pensando en que a través de las negociaciones se busque una solución. Ni siquiera pretendemos que se incentive este tipo de contratación. ¿Dónde están los incentivos de esta contratación? ¿Vamos a impedir que se eliminen y queden en otro tipo de contratos que a lo mejor incluso son peores que éstos? Personalmente creo que en una cosa el señor Vaquero tiene razón: es verdad que en un país como el nuestro, con un nivel de desempleo en torno al 19 por 100, cuando una persona acepta un contrato a tiempo parcial parcial, a lo mejor, en el 90 por 100 de los casos no lo hace por voluntad propia sino porque no tiene otra posibilidad y prefiere trabajar cuatro o cinco horas a no tener ningún tipo de contrato. Eso es cierto. Y sólo en el momento en que hubiera libertad para poder elegir entre un contrato de ocho horas y un contrato a tiempo parcial tendríamos la garantía de que el trabajador o la trabajadora prefería ese tipo de contratación. No lo tenemos, y yo creo, para nuestra desgracia, que no se va a producir a corto plazo esa situación. Por lo tanto, eliminar en este tipo de contratos cualquier tipo de incentivación, desde nuestro punto de vista, sería tanto como eliminar este tipo de contratación. Es una contratación que en el mercado tiene su espacio, lo que habrá que ver es en qué condiciones, cómo lo hacemos y, de común acuerdo, avanzar en esa línea. Nuestra enmienda iba en ese sentido, no era tan taxativa como la proposición, que en el fondo pretende eliminar este tipo de contratación porque en los países de nuestro entorno hay un nivel mucho más elevado de contrataciones de este tipo con unos niveles de paro menores que el nuestro. Lo cual quiere decir que hay un mercado para ese tipo de contratos. Lo importante es discutir la forma de mejorar las condiciones de ese tipo de contratación, que dé a los trabajadores derecho a devengar prestaciones sociales en el futuro para la jubilación, etcétera.


Tratar este tema en una proposición no lo vemos adecuado. Por lo tanto, si no es aceptada nuestra enmienda, lamentablemente no podemos votar a favor de la proposición.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Este de hoy no es un debate nuevo, porque en las últimas semanas Izquierda Unida nos ha planteado también en el Pleno iniciativas que inciden en la misma filosofía de fondo, entiendo, que esta proposición no de ley. En este sentido nosotros nos podríamos remitir a los argumentos ya expresados en el Pleno, en concreto la semana pasada.
Partimos de una concepción yo creo que diferente sobre la situación y sobre las posibilidades que la contratación a tiempo parcial nos da.
Evidentemente, partiendo de algunas situaciones objetivas (esa tasa de paro, que seguramente condiciona absolutamente a todo demandante de empleo a la hora de tomar una decisión sobre las posibilidades de acogerse a las ofertas que existen en el mercado laboral), lo que también es cierto es que el tiempo parcial responde a las nuevas necesidades organizativas de las empresas, también a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que puede compatibilizarlo con sus obligaciones familiares y, nos guste o no, lo que es cierto en que con nuestro modelo de sociedad actual esta es una fórmula que permite incorporar realmente a la mujer al mundo del trabajo. Al mismo tiempo, también existe, sobre todo en los países que tienen más desarrollado este modelo, una valoración diferente del tiempo libre. En este contexto nos parece que una línea de futuro es la de potenciar la contratación a tiempo parcial, con la voluntad de acercarnos a los modelos holandeses o suecos, países en los que nos parece que estos elementos positivos del tiempo parcial (insisto, ordenación diferente de las empresas, incorporación de la mujer al mundo del trabajo, compatibilidad entre hombre y mujer para cumplir con sus responsabilidades familiares, así como potenciación del tiempo libre) están ahí.
Eso pasa por dos líneas: Pasa por la línea de incentivarlo a través de medidas como las que se han aprobado este año y por la de avanzar también en una mayor protección social del tiempo parcial. En el debate de política general se aprobó, precisamente a propuesta de Convergència i Unió, una moción al respecto, y hoy nos consta que este es el tema principal en la agenda del diálogo social que el Gobierno y los agentes sociales tienen planteado.
Nos parece por tanto negativo rechazar los incentivos hoy existentes; nos parece positivo esperar a que termine ese diálogo social, observar si se ha producido esa mayor protección social que todos requerimos para la contratación a tiempo parcial y, en función de eso, en todo caso, y en los trámites parlamentarios que estoy seguro que van a venir, profundizar en los posibles defectos o faltas que ahí existan. Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Damián Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Esta propuesta de Izquierda Unida sólo es comprensible, teniendo en cuenta los debates de la última semana, después de ver el integrismo respecto al contrato a tiempo parcial y la posición totalmente contraria que se ha mantenido en las últimas intervenciones. Si fuera por este posicionamiento -argumento que una vez más ha reiterado el portavoz de Convergència i Unió-, el 38 por 100 de los holandeses irían al paro. Yo creo que tiene su mercado, tiene su nicho; hay un hueco, que en España se puede ver o no ver, para el trabajo a tiempo parcial. Por eso, más que defender este tipo de contratos, voy a referirme a algunos de los argumentos que figuran en la proposición.
Tiene la exposición de motivos dos argumentos básicamente. Uno: Dice que el contrato a tiempo parcial debe ser voluntario. Es evidente que debe ser voluntario. Cualquier relación laboral, si no es voluntaria, no es relación laboral. Luego, cuando hay un contrato a tiempo parcial es porque es voluntario. Cuando dice voluntario parece que quiere decir que se haga con satisfacción suficiente, o sea, que preferiría tener otro tipo de contrato al de a tiempo parcial. Cuánta gente hay que en esa encuesta, si se le preguntara no por el tiempo, sino por la profesión, por la remuneración, por el tipo de trabajo, por el lugar donde se lleva a cabo, diría que prefiere otra cosa. La expresión de la satisfacción

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mayor o menor cuando se accede a un puesto de trabajo es una cuestión independiente del tiempo, que está en la propia naturaleza de las cosas y que parece que no guarda relación estrictamente con la voluntariedad.
Por otra parte, el segundo punto de la proposición dice que este tipo de contratos se puede convertir en un instrumento de discriminación por razón de sexo. Estamos de acuerdo en que hay que evitar que esto sea así, totalmente de acuerdo. Pero no entiendo qué tiene que ver el que haya que evitar que esto sea un motivo de discriminación de sexo con que haya que cargarse este tipo de contrato, que creemos que es positivo para la creación de empleo y para el funcionamiento de la economía productiva en España. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni la voluntariedad (efectivamente tiene que haber voluntariedad a la hora de firmar un contrato, al margen del grado de satisfacción, como decía antes), ni el que tenga que evitarse la discriminación por razón del sexo para que se elimine este tipo de contratos. Lo que se tiene que hacer precisamente es cumplir el contenido del Plan de acción para el empleo que se ha aprobado, en el que se potencian las dos cosas. Por un lado, hay que apoyar este tipo de contratos para acercarnos más a los estándares que hay en el resto de Europa y, por otro, mejorar su régimen jurídico y de funcionamiento para que ejerza lo mejor posible esa protección social y la función que está llamado a ejercer. Esto se está tratando en la mesa específica de diálogo que se ha abierto para regular este tipo de contrato.
En consecuencia, esta visión negativa del contrato a tiempo parcial no lo compartimos, y por eso votaremos en contra de la proposición.
Creemos incluso que es contradictoria, por lo menos, en parte, con los planteamientos que el propio grupo proponente realiza reiteradamente en materia de reducción del tiempo de trabajo y de reparto del empleo. No se puede cerrar la puerta a algo que demanda la sociedad.
Por otro lado, y aun cuando no se precisan los incentivos concretos en la proposición, en su intervención de hoy ha dicho que se propugna la eliminación de las medidas que con el Real Decreto 489/1998 han entrado en vigor recientemente, y que son efectivamente los coeficientes reductores del 0,45 o del 0,55, según que tenga carácter indefinido o temporal. Nosotros creemos que no ha pasado tiempo suficiente para extraer una conclusiones negativas de su aplicación, salvo que se parta de la negación de una filosofía. Pero, al margen de que no ha dado tiempo a ver su repercusión en negativo, debe destacarse que esta es una norma aprobada previa consulta de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, o sea, que no ha sido sacada de la chistera.
No se fundamentan, en nuestra opinión, de forma convincente los defectos que origina, qué beneficios impide la existencia de estas reducciones; además, es claro que en ningún caso puede afectar ni al carácter voluntario ni a las discriminaciones en el empleo según los sexos. Consecuentemente, no parece justificable eliminar sin más -porque es lo que se propone- las reducciones en las cotizaciones previstas en el Real Decreto 489/1998. En consecuencia, votaremos que no a esa proposición no de ley.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE ARANJUEZ (MADRID) DE LA EMPRESA AGFAGEVAERT. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001041)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5: Proposición no de ley, presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre medidas para garantizar la viabilidad del centro de producción de películas radiográficas de Aranjuez (Madrid) de la empresa Agfa- Gevaert. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar la proposición no de ley que tiene como objeto estudiar medidas de viabilidad para el centro de producción de Aranjuez dependiente de Agfa España, Sociedad Anónima.
Este es un centro de producción de materiales muy importante, consideramos nosotros que de carácter estratégico, con un nivel de demanda muy importante, es uno de los principales proveedores de la sanidad pública teniendo como ámbito de actuación el conjunto del Estado. La empresa estaba situada en Aranjuez, hacía cincuenta años de su fundación y tiene un recorrido inicial desde Mafe, que tiene los monopolios de no-do y de materiales de radiología médica. En el año 1964 es comprada por Agfa, manteniendo su independencia y su razón social. Posteriormente Agfa es adquirida por Bayer, y en 1993 la empresa inicial pierde su independencia, produciéndose una fusión a la cual se incorpora Agfa España, Sociedad Anónima.
Por las características de la zona, el centro de producción de Aranjuez tiene una gran importancia tanto para los propios trabajadores, para las instituciones locales, como para la Comunidad de Madrid. Aefectos de empleo, el centro de producción que nos afecta tenía inicialmente, cuando era Mafe, 465 empleados; tiene en la actualidad 205. Desde la compra de Bayer se planteó la necesidad de adaptación a un mercado abierto europeo y, por tanto, a las normativas que implicaba esa adaptación. En los años 1992, 1993 y 1994 se producen diferentes expedientes de regulación que significan rejuvenecimiento de plantilla, bajas incentivadas, prejubilaciones, perdiendo en esa respuesta pactada de los trabajadores más de 100 puestos de trabajo.
Existe en esa primera regulación un compromiso de mantener la producción y la fabricación de una segunda marca. Ese compromiso es incumplido. A pesar de ello, en 1996 se produce un nuevo acuerdo de estabilidad de empleo y de viabilidad de la producción hasta el año 2000 -acuerdo basado en un estudio de Agfa a nivel mundial sobre sus propios elementos de producción-, acatando el compromiso manifestado en el Europa Fórum para que las decisiones que afectaran a la producción se tomasen de forma objetiva. En dicho acuerdo se comprometía además a conseguir apoyos institucionales en beneficio de la producción presente y futura del centro de producción al que nos estamos refiriendo, en este caso el de Aranjuez. Se comprometía también a trabajar para favorecer la introducción

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de nuevos productos o de otros productos que se comercializarían en España -podrían fabricarse en Aranjuez-, así como a solicitar las inversiones que permitieran mejoras en la calidad del producto principal, en los sistemas en conjunto de producción, la introducción de nuevos productos y la adecuación fundamental de la legislación a niveles de ecología, medio ambiente, así como al conjunto de directrices europeas que les afectaban.
Con esas premisas básicas e imprescindibles el comité de empresa entendió aceptable la eliminación parcial del cuarto turno o determinadas soluciones de bajas incentivadas, prejubilaciones, etc.
Sin embargo, en la actualidad Agfa, atendiendo a razones empresariales y no estrictamente de mercado, está restringiendo su propia capacidad de producción, abandonando el nivel de inversión necesario para garantizar la viabilidad a medio plazo del citado centro, dejándose sentir los efectos de la situación de la empresa en la zona circundante, que sufre de por sí un nivel importante de paro.
Están reconocidos por la propia Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid elementos en los que todos podríamos estar en acuerdo; en primer término, que Agfa es una empresa competitiva; que el centro de producción de Aranjuez es también un centro competitivo; que se ha quedado, después de las diferentes reestructuraciones, con una plantilla bien formada y muy especializada; que lo único que está determinando lo que está ocurriendo en ese centro de producción es la propia estrategia de las multinacionales en un período de cambios tecnológicos, entendiendo la propia Consejería que es intención de Bayer trasladar la producción de la película radiográfica médica a Bélgica, alegando que la Unión Europea requiere unos nuevos controles de calidad, una nueva marca láser para efectuar los controles de calidad, controles que se están efectuando en este momento y de forma manual en el propio centro de producción de Aranjuez y que, en último término, la adecuación a la norma europea no precisaría una inversión más allá de los 20 millones de pesetas. Esta nueva tecnología, junto con la bomba de biomat, una tecnología que ahorraría el nivel de consumo de plata, y otras inversiones en tecnologías y en investigación no superarían en términos globales los 250 millones de pesetas. El centro de Aranjuez, admitido por el conjunto de la empresa en España, tiene balances positivos de forma sistemática, y concretamente en el último año de más de 800 millones de pesetas. Por lo tanto, no nos encontramos ante un problema económico, de falta de competitividad o de necesidad de ajustes de una plantilla de determinadas características que no pudiera ser competitiva y adaptarse a la introducción de nuevas tecnologías. Estamos hablando de otras cuestiones, de un cambio que introduce la propia multinacional en la estructura de mercado que pretende que los productos de mayor calidad sea abastecidos por el centro de producción de Bélgica, y dejar el centro de producción de Aranjuez en un mercado más restringido, de productos de menor calidad, con lo que a medio plazo podríamos pasar a un nivel de baja ocupación, de paradas frecuentes, para llegar finalmente al cierre, pese a que tiene una plantilla de las características que hemos expresado y que la situación de ese centro de producción es adaptable a las nuevas tecnologías con un nivel de inversión mínima, siendo un centro de producción de tecnología avanzada.
Desde 1996 se han venido realizando actuaciones por las diferentes administraciones, desde el propio Ministerio de Industria y Energía, cuyo subsecretario se entrevistó con la empresa para expresar la preocupación del Ministerio de Industria y Energía, resaltando que esta multinacional es un importante proveedor de la sanidad pública española, que por tanto tenía una enorme preocupación por lo que pudiera pasar con el centro de Aranjuez, porque su producción es la que más afecta a sanidad, y que, por esa razón, el Ministerio estaba dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones.
Posteriormente se han producido actuaciones de otras administraciones, evidentemente de los propios trabajadores, pero también de la corporación local de Aranjuez, con mociones de apoyo, declaraciones, reuniones con la comunidad autónoma; se han producido actuaciones en el propio Parlamento Europeo, por su vinculación con una empresa de carácter estatal y, más allá de eso, se han llevado a cabo actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Concretamente en la última comparecencia de este año 1998, el director general de Economía y Planificación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, expresaba -y leo textualmente-: Cuál es, por otro lado, la posibilidad de actuación que tiene la Administración pública o de esta propia asamblea. Conocía -y felicito también a Izquierda Unida por ello- la iniciativa ante el Congreso de los Diputados. No conocía la iniciativa ante el Parlamento Europeo, pero también me parece correcto. En lo que se refiere a nosotros, hemos iniciado gestiones esta misma mañana para empezar a hablar con el Ministerio de Industria, a fin de que, en su caso, se puedan unificar criterios y, si fuera posible, unir nuestras fuerzas con las fuerzas de la Administración central. La reiteración de nuestra solicitud sobre el plan estratégico que se nos ha prometido espero que dé su fruto, que se nos reciba y que se nos haga partícipes de este plan por parte del Ministerio de Industria y Energía.
Apuntaba además -Ahondando en lo que es nuestro planteamiento-: En lo que se refiere a la cuestión tecnológica, los planes de Bayer para que la película radiográfica médica no se vuelva a fabricar en España le parecían una excusa, y en este caso la excusa que se propone se deriva de una nueva exigencia de la Unión Europea que obliga a marcar con láser los distintos lotes de productos para que sean identificados. Me consta, por una parte, que la fábrica de Aranjuez viene haciendo esto de manera manual y me consta que la inversión aproximada que se requeriría para poder adecuarse a estas normativas europeas no superaría, en todo caso, los 20 millones de pesetas.
Por lo tanto, en nuestra proposición no de ley vienen enmarcados los planteamientos que ha venido expresando el conjunto de las administraciones, y me atrevería a decir que el conjunto de las fuerzas políticas que están afectadas. Teniendo en cuenta el marco donde se produjeron los compromisos de viabilidad y de mantenimiento de la producción en 1996, esta proposición no de ley dice en el punto 1.o: Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vele por los compromisos adquiridos entre los trabajadores y la empresa Agfa España, Sociedad Anónima, en noviembre

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de 1996, que contemplaban el mantenimiento de la producción de películas radiográficas y que garantizaban la viabilidad del centro de producción de Aranjuez. Y en el punto 2.o: Dado que tiene una cuota de mercado nacional del 60 o el 65 por 100, cuyos clientes son fundamentalmente organismos de la salud pública, se debe establecer la necesaria colaboración implicando tanto a la Comunidad de Madrid como al propio Ministerio de Industria y Energía para favorecer las ayudas que fueran necesarias, con el objetivo de garantizar tanto el mantenimiento del empleo como la producción presente y futura.
Quería resaltar finalmente que efectivamente estamos describiendo problemas que afectan al centro de producción de Aranjuez, pero podría ser posible coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones afectadas. En todo caso, nosotros queremos que se garantice la permanencia de un centro de producción de una enorme importancia para Aranjuez, pero que también afecta a otras comunidades, que afecta al conjunto del Estado.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra doña Dolores García- Hierro.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados, intervengo no sólo para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, sino también para fijar la posición con respecto a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida en el mes de mayo, proposición que en el fondo coincide con la posición de nuestro grupo y con las gestiones y actuaciones que representantes del Grupo Socialista han mantenido a lo largo de estos meses, de mayo, junio, julio y estos últimos días, con la propia empresa, en la medida en que ésta ha estado disponible, porque hay que reconocer que ha sido escasa la sensibilidad de la multinacional para atender la preocupación de los parlamentarios españoles y también de los representantes sindicales, de los representantes de los trabajadores.
Ha sido escasa, por no decir francamente nula, ya que a fecha de hoy no se ha obtenido contestación a las preocupaciones que manifestamos en los escritos que mi grupo ha dirigido.
Como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, se trata de una proposición que lo que pretende es que el Gobierno de la nación, el Gobierno de España, a través de sus miembros de Industria y de Trabajo, se preocupe, tome conciencia de la gravedad de la situación para actuar en función de las competencias que tiene y hacer posible, en el marco más respetuoso de la legalidad y dentro de una economía globalizada y de un sistema laboral globalizado también, aplicar las competencias que tiene como Gobierno, que son, en primer lugar, la política, para que un centro de producción tan importante como el que se ha mencionado aquí, el de Agfa en Aranjuez, no desaparezca.
Queremos también que se implique la Comunidad de Madrid y que lo haga de manera activa y eficiente, de manera real. Se trata de que desde las dos administraciones, junto con la empresa, se llegue a medidas que garanticen la viabilidad y la continuidad de dicho centro de producción en Aranjuez. Como ya se ha dicho, su especialidad son fundamentalmente las películas radiográficas médicas e industriales, y se ha hecho una referencia a la importancia que tiene este centro de trabajo y el municipio en que se halla situado, Aranjuez. Éste es un pueblo que ha sufrido la primera crisis económica e industrial; sufrió un declive industrial muy importante en los primeros años 60 y 80, y por ese motivo cuando el Partido Socialista gobernaba hizo que fuera recogido en las zonas de preferente actuación y desarrollo industrial, precisamente para intentar que el efecto de la crisis, de las descapitalizaciones de las empresas que se conforman en España más como un mercado que como un elemento productivo, y también el efecto frontera -por qué no decirlo-, evitaran en la medida de lo posible que desaparecieran empresas que son importantes desde el punto de vista estratégico, no sólo para Madrid, sino también para nuestra nación, para España, para el empleo.
Esta empresa, como se ha dicho, en la actualidad es consecuencia de la absorción de Mafe, que entonces contaba con más de cuarenta años de experiencia, que suponía un gran número de empleos, y posteriormente a su absorción por Agfa se redujo sustancialmente en más de 100. Se ha mencionado que esta empresa fabrica un producto radiográfico médico e industrial, las películas, que suponen una cuota de mercado nacional aproximadamente del 60 ó 65 por 100, y que sus principales clientes son organismos públicos: el Insalud y las comunidades autónomas. Cuando entra el grupo Bayer, en 1993, la multinacional se compromete, mediante un acuerdo con los trabajadores, a un plan estratégico para hacer más competitiva la empresa y al mismo tiempo mantener la plantilla. Lo cierto es que las reducciones de empleo se han ido produciendo a través de un pacto o un acuerdo de los trabajadores; pero era sobre la base de que el sacrificio que hacían llevaba como garantía la continuidad de dicho centro. Desde esa fecha, los trabajadores y los grupos municipales en el Ayuntamiento de Aranjuez observan con mucha preocupación cómo la multinacional ha dejado de invertir en nueva tecnología y renunciado al compromiso que adquirió de crear una segunda marca de producto para hacer más competitiva la propia empresa. En definitiva, ha ido ralentizando las inversiones, la capacidad productiva del centro de Aranjuez se ha ido eliminando y ha ido dejando obsoletos los productos que en ella se fabrican, en una política -nos parece a nosotros- de ir desmantelando progresivamente este centro de producción, no en base a una política empresarial de pérdidas, como ya se ha dicho, ya que ni un solo balance ofrece datos negativos, sino todo lo contrario, siempre se han obtenido beneficios. Es una política, por cierto, nada novedosa para los madrileños.
Hace poco, hace unos meses, discutíamos también en esta Comisión la política de la multinacional Alcatel, donde se rescinden 1.952 puestos de trabajo en Madrid sin haber repercutir la crisis en el conjunto de los territorios que abarcan dicha multinacional. Estamos, aunque en número muy inferior, ante un caso singularmente parecido, y sin que realmente tenga una explicación lógica, ya que España, además de ser un mercado para estas multinacionales, va a seguir necesitando de este producto. Por lo tanto, somos un mercado seguro, exigente, de calidad. Y, por lo tanto, es lógico que desde aquí, desde el Parlamento, se demande a las Administraciones públicas, a los ministerios competentes

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y a la comunidad autónoma que tomen cartas en el asunto, que tengan una posición política que evite el cierre de este centro.
El Grupo Socialista, en las diversas reuniones que han mantenido con los representantes de los trabajadores, ha constatado también que en realidad son mínimas las inversiones para hacer posible la continuidad del centro en unos términos de viabilidad futura como los que se plantean. Ya lo ha dicho la representante de Izquierda Unida.
No estamos hablando en ningún caso de una cuantía importante, por lo que creemos que, dado el valor estratégico que tiene esta empresa (no sólo, como ya he indicado, para nuestra comunidad, para la Comunidad de Madrid, sino también para el conjunto del Estado español), sería importante que desde el Ministerio de Trabajo y del de Industria -mediante proyectos, subvenciones y todo tipo de medidas que hay en el programa Icade acerca de proyectos de innovación más desarrollo, y dado que además estamos en un momento en el que los presupuestos para 1999 se van a aprobar y se lee y se escucha que va a haber un incremento en este tipo de medidas-, que la Administración central tuviera la sensibilidad y la certeza para promocionar y ayudar a esta manera a que pueda seguir siendo competitiva, y siga fabricando ese producto en Aranjuez. Pedidos que esto se haga en colaboración (como decimos en nuestra enmienda de sustitución, que realmente pretende mejorar desde un punto de vista técnico el apartado 2 de la proposición de Izquierda Unida) con la Comunidad Autónoma de Madrid.
Porque también se ha dicho aquí que ha mostrado su preocupación.
Bien; nosotros ahí tenemos que matizar que no somos tan optimistas, porque lo que sabemos (y lo sabemos directamente por los trabajadores) es que el señor Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, su digno representante, a fecha de hoy aún no ha recibido a los trabajadores para escuchar cuál es su situación. Lo que sí es cierto es que, a iniciativa de los grupos parlamentarios, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, este tema ha sido debatido en profundidad en la Comisión de Economía del Parlamento madrileño, en la que efectivamente no han faltado las promesas del consejero de Economía, del señor Blázquez. Pero ante esas promesas de hablar con la empresa, de conseguir un compromiso para un proyecto futuro, puesto que los trabajadores, y todos estamos alarmados ante esta situación, hoy se puede considerar que se da la callada por respuesta, ya que no dan ninguna concreta, salvo la de que han conocido que se ha hecho una oferta por parte de la Comunidad de Madrid para que se traslade las actuales instalaciones. La empresa está situada dentro del caso urbano de Aranjuez, pero integrada medioambientalmente, y no supone ningún problema desde el punto de vista ni de contaminación, ni de ruidos, ni de otro tipo, y tiene una superficie aproximada de 220.252 metros cuadrados. Se le ofrece la posibilidad de trasladarse a un polígono industrial próximo (Gonzalo Chacón); está muy cercano. No entendemos si esa es la alternativa, la solución, la apuesta de innovación tecnológica para hacer posible que esta empresa siga siendo competitiva, puesto que está en el casco urbano y no supone un peligro en absoluto para el medio ambiente. El hecho de desplazarla supondría realmente una inversión muy considerable. No entendemos la razón de esta propuesta en vez de otra que obligue a la multinacional a asentarse y empezar a invertir, a cumplir los compromisos que firmó en 1996 y que acabarían en 2000 en este centro de trabajo, para que siga siendo competitivo y teniendo el peso específico que ha de tener en el conjunto de nuestra economía, de la economía madrileña. Por ello, nuestro grupo entiende que en absoluto sobra esta iniciativa en el Parlamento, sino todo lo contrario, dado que todos deberíamos estar igual de preocupados; da igual la comunidad, el territorio que se esté representando. Vuelvo a reiterar que estamos hablando de un centro de producción único de este producto en España, y deberíamos defender como hacen otros gobiernos nuestro espacio dentro de un mercado globalizado, donde no seamos sólo un mercado exigente, un mercado de calidad.
Esta misma empresa multinacional, a la vez que incumple sus acuerdos en España y no invierte, hace inversiones en Argentina que no estaban previstas. Con lo cual, como decía la portavoz de Izquierda Unida, tenemos por una parte que los productos de mayor calidad los quieren producir desde el centro de Bélgica y venderlos a los españoles, que somos los séptimos en compras a esta empresa, y los de menor calidad elaborados en Argentina, que también sabemos que es una política que las multinacionales desarrollan mucho en los últimos años por lo que supone de abaratamiento de costes, debido a las condiciones laborales de los trabajadores en esos países.
Por tanto, concretando y para finalizar, el Grupo Socialista estuvo presente en la empresa la persona de su portavoz, del señor Borrell, y se comprometió a defender íntegramente un centro productivo que es estratégico e importante no sólo para Madrid, sino para España. En esta ocasión, con la iniciativa que plantea esta mañana Izquierda Unida y con la enmienda que nosotros aportamos, intentamos que ese compromiso realmente cale -esperamos- también en el grupo que representa al Gobierno, para que se tenga la sensibilidad y el acierto de apoyarlo para que todos hagamos un frente común en interés de nuestro país para defender la continuidad y la estabilidad de este centro de trabajo.


El señor PRESIDENTE, ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, don Alejandro Ballesteros.


El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos presenta una proposición no de ley, a la que se une el Grupo Socialista en el mismo sentido, con dos solicitudes referentes a una empresa privada multinacional como es Agla. Aún no tengo claro si esta iniciativa es bien intencionada, pero dirigida a una ventanilla equivocada o, por el contrario, es una iniciativa propagandística dictada de un puño y letra que quizás tenga otras intenciones, y desde luego parece que justificada en estos momentos electorales, como se desprende de las exposiciones tanto del Grupo de Izquierda Unida como sobre todo del Grupo Socialista.
En el primer punto se solicita que el Ministerio de Trabajo vele por los compromisos adquiridos en un acuerdo que se realizó entre trabajadores y empresarios de Agla, que data de noviembre de 1996.
Desde este grupo parlamentario vamos a aplaudir y venimos apoyando, como no

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podía ser de otra manera, en la medida de nuestras posibilidades toda preocupación por los trabajadores. Y -lo que es más importante- lo viene ya haciendo el Gobierno del Partido Popular desde el inicio de la legislativa, velando no sólo por los intereses y los derechos de los trabajadores, sino también por las esperanzas de aquellos que no tienen la suerte o la fortuna de tener trabajo. A pesar de esto, no es imposible dar el visto bueno esta mañana a este tipo de iniciativa.
Porque, pensando bien -y queremos, como he dicho al principio, pensar bien-, es loable esa preocupación por los trabajadores al solicitar el amparo del Ministerio. Pero sus señorías de Grupo de Izquierda Unida deben conocer sobradamente que la competencia en materia de gestión de las relaciones laborales y expedientes de regulación de empleo de empresas o centros de producción radicados en las comunidades autónomas corresponde a la Comunidad de Madrid en este caso, como lo indica el Real Decreto de Traspaso de Transferencias 932/1995, de 9 de junio, y no al Ministerio, como ustedes pretenden en su proposición. Nos encontramos, por tanto, ante un problema de competencia, en cuyo fondo no quiero entrar, aunque porque seguramente será un fondo bien intencionado. Pero sí que creo interesante resaltar de paso que ya se han tomado iniciativas. Como anteriormente exponía la diputada del Grupo Socialista, hasta hora todo acuerdo realizado entre empresarios y trabajadores ha sido, como su propio nombre indica, por medio de acuerdos mutuos entre empresarios y trabajadores. Así hay un acuerdo de 1 de abril del presente año; en su firma se encontraban el consejero de Economía y Empleo, el alcalde de Aranjuez y representantes de empresarios y trabajadores de Agla. Por tanto, debemos dejar que sea en el ámbito al que compete, que es el de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se diluciden estos temas.
Por otra parte, y refiriéndome a la proposición de Izquierda Unida, ésta es una solicitud que al inmiscuirse en las relaciones puramente privadas entre empresarios y trabajadores de una empresa multinacional responde a una idea de gobierno puramente intervencionista, que dista mucho de lo que en el Grupo Parlamentario Popular creemos que debe ser el modo de regir las relaciones entre empresarios y trabajadores y entre las diferentes empresas dentro del propio mercado. Nos gustaría que se aclarasen desde el Grupo de Izquierda Unida, porque ya tenemos dudas, no sabemos (como sí parece desprenderse de esta petición) si ustedes apuestan por un Estado central intervencionista o por ese Estado federal que tanto viene propugnando su líder últimamente. Por tanto, y con el cariño que sabe la diputada Inés Sabanés que le profeso, si me permite, como sigan en esa línea, van a tener al final más partidos que personas.
En cuanto a la segunda petición (aunque ésta se plantea de una forma bastante imprecisa al no especificar una ayuda determinada) se pretende que sea el Ministerio, otro Ministerio, el de Industria y Energía, quien garantice tanto el mantenimiento del empleo como la producción presente y futura de esta empresa privada multinacional.
Esta pretensión es también a todas las luces rechazable. Los programas de ayuda del Ministerio de Industria y Energía están sometidos a la normativa comunitaria y este Ministerio no cuenta con programas, ni por tanto con presupuestos genéricos, para salvamento de empresas. En consecuencia, cualquier ayuda que se pueda ofrecer a Agla tendría que enmarcarse en los programas vigentes, que inciden fundamentalmente sobre los factores de competitividad, esto es, sobre todo: tecnología, calidad y diseño, entre otros. Y ha de concederse conforme al procedimiento establecido, que se inicia con la solicitud en plazo por parte del interesado y no, como pretenden desde su grupo, por parte de la Administración.


En pasadas ocasiones ya se informó por este Ministerio a la Cámara que la política del Ministerio de Industria y Energía para apoyar los esfuerzos de las empresas en materia de I+D (investigación, más desarrollo e innovación) se concretan básicamente en la iniciativa Ática, que es un programa de subvenciones sujeto en su aplicación a las limitaciones establecidas en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Ley de Presupuestos General del Estado, y la Orden de 25 de abril de 1997 reguladora de dicha iniciativa Ática. Su régimen jurídico se basa en los principios de publicidad, igualdad y concurrencia entre las empresas que cumplan los requisitos establecidos en dicha normativa. Lógicamente, como comentaba antes, señorías, no corresponde al Ministerio de Industria y Energía asumir la iniciativa en la presentación de proyectos susceptibles de apoyo público, sino más bien desde luego a los interesados. En este mismo sentido, la concesión o no de subvenciones está condicionada, también en el caso de Agfa, a la mayor o menor adaptación del proyecto presentado a los objetivos de la iniciativa Ática, tal y como se establece en la citada orden ministerial; adaptación que se contrasta con criterios de evaluación objetivos. Por tanto, señorías, no es posible en este escenario establecer medidas concretas de apoyo a una empresa determinada fuera del procedimiento establecido para la concesión de aquéllas.
Es importante, por último, informar que esta empresa (Agfa-Gevaert) no consta en el Ministerio que se haya dirigido a este Ministerio de Industria y Energía para exponer sus planes ni haya solicitado ayudas de sus programas, por lo que desde este grupo parlamentario no cabe de ninguna manera iniciar actuación alguna por parte del Ministerio; no creemos que quepa.
Concluyo diciéndoles que estoy convencido de su buena intención; no quiero pensar que sea más bien no sólo el Grupo de Izquierda Unida, sino también el Grupo Socialista, el que aproveche el momento de subirse al carro y, viendo que tenemos unas elecciones pronto, queme o intente incendiar un bosque para luego apagarlo. Lo que sí les recomendaría es que tengan algo más de rigor en los planteamientos y en sus proposiciones no de ley y que dirijan sus peticiones al ámbito correspondiente.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo de Izquierda Unida, acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista? ¿Señora Sabanés?

La señora SABANÉS NADAL: Una mínima aclaración antes de expresar la aceptación o no la empresa no quiere mantener la producción en España; evidentemente, la multinacional no quiere. Lo que estamos tratando es que el Gobierno de España apoye, por lo estratégico de esta empresa, por su producción, que el conjunto de su producción no vaya a Bélgica. Yo creo que ése es un interés para

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el conjunto del Estado, y no sólo para la Comunidad de Madrid.
En otro orden de cosas, nosotros vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, porque entendemos que representa una mejora técnica y además se hace un esfuerzo de fondo para que fuera aceptada y consensuada esta proposición no de ley, para que el conjunto de las fuerzas pudiéramos mostrar la preocupación y la fuerza ante una multinacional, ante una empresa que lo que pretende es trasladar su producción a Bélgica. Si a ustedes les parece bien, perfecto. Eso lo juzgarán los trabajadores y los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Queda aceptada entonces la enmienda socialista por parte del grupo proponente. (El señor Ballesteros Belinchón pide la palabra.) Señor Ballesteros.


El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Deseo responder brevemente, porque ha vuelto a hacer un planteamiento de fondo, y me gustaría responder brevemente como ella.


El señor PRESIDENTE: Pero yo he comprendido que usted ha hecho referencia a que considera que el Ministerio no es competente sino la Comunidad de Madrid. A lo que ha respondido la señora diputada que estima que el tema es general, sin más. No creo que haya que aclarar nada más.


El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Si me permite, señor presidente, yo creo que además de eso lo que se permite es echar a los trabajadores encima del Grupo Popular y como ha hecho (Rumores.) Como ha utilizado claramente unos argumentos, me gustaría responderla, y creo que estoy en mi derecho de terminar el debate, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No. El debate está concluido y nadie ha echado cargas sobre ninguna espalda.


- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE DETECTEN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE HIGIENE Y SALUD LABORAL EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (número de expediente 161/001125).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, que es el punto 6 del orden del día, relativa a la adopción de medida que detecten el incumplimiento de las normativas de higiene y salud laboral en la industria del calzado, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra para su defensa la señora Bartolomé.


La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Esta iniciativa que presentó en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión viene motivada por la alarma que se ha provocado en el sector del calzado al conocerse que al menos 11 trabajadoras estaban afectadas por una enfermedad denominada polineuropatía, o también conocida como parálisis del calzado, debido a la ingestión de elevadas dosis de gases con la sustancia n-hexano, uno de los múltiples disolventes orgánicos existentes en los compuestos utilizados en el sector, que afecta al sistema nervioso periférico, principalmente a las extremidades superiores o inferiores. Aunque no es una afección que aparezca sólo en la industria del calzado, ya que también se pueden producir en otros sectores donde se utilicen adhesivos y disolventes (como el sector del mueble, pinturas, astilleros, etcétera), aparece ligada a unas condiciones de trabajo deficientes, concretándose el mayor número de casos en la industria del calzado.
El mayor número de casos que se dan de neuropatía por n-hexano en el sector del calzado se concentra en los países de Italia, Japón, España, y en estos últimos años también en Taiwan, adonde se está trasladando esta industria por el abaratamiento de la mano de obra.
La aparición de este tipo de neuropatías en nuestro país viene ligada a una serie de cambios tecnológicos y socioeconómicos que se produjeron en el sector del calzado alrededor de los años cincuenta.
Es a partir de esta fecha cuando se introducen las técnicas de pegado que sustituyen de una manera paulatina a las técnicas de cosido y clavado. En 1959 tiene lugar en el terreno económico la liberalización del comercio exterior; comienza también por esta vía la modernización y el desarrollo de la industria del calzado. Pero con este auge del sector surgen también los primeros problemas graves de salud laboral por utilización de adhesivos y disolventes. En la localidad alicantina de Elche tiene lugar ese mismo año un grave accidente donde fallecen por intoxicación cinco trabajadores, por intoxicación de benceno, otro producto muy utilizado en el sector.
Y en 1970 se producen los primeros casos de polineuropatías en la provincia de Alicante, siendo precisamente allí donde se concentra el mayor número de empresas, es decir, el 65 por 100 del total, y suponiendo por tanto el 60 por 100 del empleo. También se han detectado casos en Zaragoza, en La Rioja, en Albacete, en Mallorca, etc.
Es imposible hacer una valoración epidemiológica en sentido estricto porque no existen estudios reales sobre casuística de polineuritis por n-hexano, debido principalmente a la situación socioeconómica del sector, con la existencia del fenómeno de la economía sumergida, que afecta de una manera directa al 40 por 100 de los trabajadores. Pero está claro que algo habrá que hacer para que, siendo conscientes de las condiciones precarias en las que se encuentra un número muy importante de trabajadores, y sobre todo trabajadoras (puesto que un mayor porcentaje de mujeres está ocupando los puestos de química en las industrias y también en la economía sumergida), se estudien medidas, como decía, que reduzcan considerablemente los riesgos para la salud de los trabajadores.


Esta enfermedad profesional, si bien es de baja frecuencia, va en aumento, porque el fenómeno de la economía sumergida provoca que en el sector del calzado se incrementen los riesgos de exposición por las deficientes condiciones de trabajo, debido a una excesiva duración de la exposición diaria, a las malas condiciones higiénicas del puesto de trabajo en locales inadecuados, mal ventilados y sin la seguridad suficiente. De ahí que propongamos potenciar la vía de la investigación en otros productos no nocivos

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para la salud, apoyando a las empresas que los utilicen y favoreciendo que los productos tan tóxicos vayan desapareciendo en la fabricación del zapato. Y a la vez que se dote de todos los medios necesarios a los servicios de inspección, de manera que el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo sean detectadas lo antes posible y evitar así que haya más afectados.
El calzado es un sector típicamente manufacturero, intensivo en mano de obra, de origen artesanal y con una estructura industrial muy atomizada. Da empleo a muchos trabajadores, pero, como decía antes, el 40 por 100 trabajo en la economía sumergida, bien en talleres clandestinos o en domicilios particulares. Esta importante precariedad en el empleo junto a la peculiar organización de la producción (la práctica totalidad del trabajo se realiza a destajo), unida a la escasa cultura preventiva de los empresarios, al uso cotidiano de sustancias tóxicas así como al desconocimiento en muchos casos de sus efectos por parte de los trabajadores y trabajadoras, y a las deficientes condiciones de seguridad y salud, son el caldo de cultivo que favorece la aparición de enfermedades originadas en el trabajo, y concretamente la polineuropatía.
La Ley General de Inspección aprobada en esta legislatura prevé planes de inspección, y lo que se pide con esta propuesta es que se haga un plan específico para este sector. De ahí nuestra propuesta y que solicitemos a todos los grupos que voten favorablemente esta iniciativa para dar un paso más en la prevención y para que los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado tengan la máxima seguridad. Los sindicatos están colaborando en este tema: están realizando campañas preventivas y de información de estos productos.
Algunas empresas están empezando a utilizar nuevos productos y están adaptando sus empresas a la normativa vigente en cuanto a seguridad, pero es necesario avanzar y darle un tratamiento específico entre todas las Administraciones a este sector, por las circunstancias antes reseñadas, y por la necesidad de que un sector industrial tan importante en cuanto a creación de empleo (yo diría que imprescindible en algunas ciudades), funcione en las mejores condiciones laborales. Ésta es nuestra propuesta y éste es el ánimo de nuestro grupo de que sea votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Quería intervenir en nombre de Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya, y también transmitiendo el sentir de otro compañero del Grupo Mixto, el señor Chiquillo, de Unión Valenciana, para indicar que la proposición no de ley nos parece extraordinariamente oportuna; desgraciadamente de una oportunidad que se mantiene en el tiempo y que se va a seguir manteniendo, porque es un problema extraordinariamente grave. Nos parece también, en lo esencial, correcta. Si se consigue alcanzar un consenso, sería un gran paso, tanto en lo práctico como en lo simbólico y pedagógico en el País Valenciano, en la provincia de Alicante y en otros lugares para avanzar en la solución de este problema, denominado parálisis del calzado.
Efectivamente la señora Bartolomé ya ha hecho alusión a estudios como el de la Universidad Miguel Hernández sobre la polineuropatía por n- hexano. Es hecho que, aparte de los estudios puramente científicos, ha sido reconocido públicamente por el Gobierno en diversas respuestas que (a mí directamente o a algún otro diputado de mi grupo parlamentario, como a los de otros) ha remitido. Efectivamente, en una respuesta no muy antigua del Gobierno se dice que en la industria del calzado es identificable el n-hexano (componentes adhesivos, disolventes, etcétera), que llega a producir una patología crónica debido a una exposición repetida y continuada a este agente, aunque a altas dosis pueda aparecer como intoxicación aguda. También se indica que se trata de una patología que se conoce desde hace más de diez años. Pese a ello no ha sido reconocida como enfermedad laboral. Esto está planteado en la actualidad, en un caso concreto en Villena graves problemas para unas trabajadoras afectadas. Dice el Gobierno, en lo que parece una relativa puerta a la esperanza, que hay metodologías y medios para prevenirla en el trabajo. No queda claro si encontraríamos pegamentos o disolventes absolutamente libres de n- hexano perjudicial, pero al menos sí que existen metodología y medios para prevenirlo en el trabajo. Dice el Gobierno que una autorización controlada de los productos que contienen n-hexano, unida a una vigilancia de la salud apropiada, se muestra suficiente para evitar los posibles efectos adversos para las personas.
Pero el problema, el auténtico problema, surge cuando el propio Gobierno reconoce lo siguiente. Dice el Gobierno en esta respuesta: El problema puede surgir en el ámbito de la economía sumergida o de una situación mixta al realizar trabajos de pegado en casa además de realizarlos en la propia empresa. Todos los que vivimos en las zonas donde la industria del calzado es muy importante sabemos que esta es una práctica (que no me importa calificar como auténticamente criminal) que se está produciendo en muchas casas donde conviven familias, donde conviven niños (perdón por utilizar la palabra convivir en este contexto) con estos agentes altamente tóxicos. Por lo tanto, se está en una situación extraordinariamente grave, criminal, en la que algunos abusan de la situación de precariedad de los trabajadores y no se aprecia que haya una intervención activa y dinámica de los poderes públicos.
Este es el auténtico problema de fondo: su utilización en la economía sumergida. Porque en las fábricas normales al menos hay mecanismos de control de salud laboral, al menos hay la posibilidad de exigir responsabilidades, y ya se van adoptando algunos procedimientos que en todo o en parte eliminan el problema.
He entendido que la proposición no de ley podría mejorarse si se incluía una alusión directa a la economía sumergida, porque si las funciones de control no se incluyen en el marco real en donde surge el problema, de poco van a servir. Por eso, he pedido al proponente, y también a diputados y diputadas de otros grupos, que aceptaran incluir en el texto final una referencia que se prestará una especial atención al campo de la economía sumergida. Porque ciertamente no basta, como hace el Gobierno en esta respuesta que estoy citando reiteradamente y en algunas otras, con

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adoptar medidas informativas o de control laboral estricto, de las que responsabiliza, por ciento, a la Generalitat Valenciana. No voy a insistir yo en este debate, porque los diputados de mi partido en las Cortes Valencianas ya intervendrán en esa cuestión. Lo que sí que es cierto es que medidas estructurales contra la economía sumergida sí que son competencia del Gobierno. Por lo tanto, es indisociable el debate de la economía sumergida y el de la seguridad en el sector del calzado. Todo lo demás está bien, pero o se ataja el problema de fondo, o volveremos a encontrarnos, desgraciadamente, con enfermedades gravísimas o incluso con muertes.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Creemos que es oportuno que hoy se plantee una proposición no de ley que afecta a un sector productivo importante de las comarcas del sur del País Valenciano. Además, creo que es importante que en los momentos previos a esta discusión los diversos grupos hayamos hecho un esfuerzo para intentar que hoy el Congreso manifieste su preocupación por esta situación y que pida al Gobierno que incremente los mecanismos de prevención en esta materia.
Hoy tenemos una legislación que prácticamente cierra todas las posibilidades en esta materia. Tenemos que procurar que se pongan en marcha aquellas medidas que sean realmente eficaces para que no se puedan producir este tipo de situaciones. No sólo estamos hablando de una competencia de la Administración general del Estado, sino que también corresponde a aquellas comunidades autónomas, en este caso el País Valenciano, que tienen asumidas competencias en materia de ejecución de la legislación laboral. Desde esta perspectiva, nuestro grupo se va a mostrar favorable a una previsible propuesta de enmienda en voce que va a efectuar el Grupo Popular, que creemos que mejora sustancialmente el texto del Grupo Socialista, pero que parte de la oportunidad del mismo.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Quiero manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley, porque entendemos que pone el dedo en la llaga de las responsabilidades colectivas que tenemos todos en esta materia. Por lo tanto, no solamente interesa a las comunidades autónomas afectadas (que en este tema concreto es la Comunidad Valenciana), como y se anunciaba en la respuesta escrita que me remitió en su día el Gobierno a una pregunta que enuncié, sino también a todas aquellas que puedan verse en la misma situación, porque efectivamente la economía sumergida en la producción del calzado está localizada en la Comunidad Valenciana, pero hay otras en las que también se está localizando. En la provincia de Granada, cuyo norte está muy cercano precisamente al Levante español, a la Comunidad de Murcia y a la Comunidad Valenciana, también se genera y se produce de forma clandestina este tipo de producciones. Ha surgido el tema ahí, pero podía haber surgido en cualquier otro sitio. Por tanto, es muy dudoso que sea competencia exclusiva de la Generalidad Valenciana. A mí me parece que por este motivo, porque está relacionado con el tema de la economía sumergida, y porque en la misma respuesta del Gobierno a esta pregunta a la que antes me refería se decía que hay medidas que deberían tomarse por parte del Estado en su conjunto es por lo que creo pertinente que se plantee aquí esta cuestión. Se enuncian medidas muy interesantes, pero no se dice quién tiene que ponerlas en práctica. Y en la respuesta que me da el Gobierno echo en falta eso precisamente. Se enuncia, por ejemplo, que sería necesaria la utilización, cuando técnicamente sea posible, de productos sustitutivos que presenten riesgos menores o que tengan un porcentaje menor de n-hexano, medidas de higiene industrial de control basadas en extracción localizada y ventilación general (que incluyen verificación periódica de su eficacia y evaluaciones de la exposición), vigilancia específica de la salud (que incluye controles por índices biológicos), y medidas de información y formación sobre los riesgos y mejores métodos de trabajo con los medios adecuados para unas condiciones de trabajo apropiadas.
Pues bien, si sabemos todas estas cuestiones, si sabemos que tendrán que modificarse los usos de las materias primas y del entorno donde se produce, etcétera, por parte de las empresas del sector, lógicamente tendremos que asumir la responsabilidad de una colaboración entre el Ministerio de Trabajo, a nivel de Estado, y los distintos organismos dependientes de él y las comunidades autónomas afectadas.
En este sentido, me parece muy oportuna la proposición no de ley, la vamos a apoyar, y por supuesto, pensamos que mejora y se enriquece con la enmienda que anunciaba el Grupo Mixto. En cualquier caso, si hay alguna transacción con respecto al Grupo Popular, la veremos; no la conocemos, pero estaremos pendientes para pronunciarnos y apoyar las medidas que ahí se contemplen.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Enriqueta Seller.


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y relativa a la adopción de medidas que detecten el incumplimiento de las normas de higiene y salud laboral en la industria del calzado.
En la exposición de motivos de la proponente se hace expresa mención a los efectos de la utilización de determinados productos que contienen un componente llamado n-hexano. La incorrecta utilización de las colas que incorporan a su composición el n-hexano produce una patología que se conoce como «parálisis del calzado», y que habitualmente se suele dar cuando el producto se utiliza en el ámbito de una economía sumergida o de una situación mixta; es decir, cuando se realizan los trabajos de pegado

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en el ámbito doméstico además de realizarlos en la propia empresa.
Conocido es por SS.SS. que existe una normativa, que parte del Real Decreto 1.406/1989, donde se establecen limitaciones en la comercialización de determinados productos químicos que produzcan daños para la salud o el medio ambiente. A esa medida, señorías, se van añadiendo disposiciones complementarias como son la Orden de 11 de diciembre de 1990, de 31 de agosto de 1992, de 30 de diciembre de 1993 o de 1 de febrero de 1996.
El Ministerio de Sanidad y Consumo es, naturalmente, la autoridad competente en cuanto a los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado, así como de las verificaciones previas antes de proceder a su comercialización. El ejercicio de estas competencias está coordinado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energía, de Fomento y de Medio Ambiente. Por su parte, corresponde a los órganos competenciales, que son las comunidades autónomas, la vigilancia, inspección y control de las sustancias y preparados comercializados en su territorio, todo ello bajo el ejercicio de su potestad sancionadora.


Como quiera que los componentes de adhesivos y disolventes que se utilizan en el pegado penetran en el organismo tanto por vía respiratoria como por vía dérmica, desde las comunidades autónomas se están desarrollando ya desde hace tiempo programas específicos para la prevención de esta patología. Las medidas a tomar incluyen la utilización (cuando técnicamente es posible) de productos sustitutivos que presenten riesgos menores o que tengan un menor porcentaje del componente al que hemos hecho referencia, al n-hexano.
Otras medidas de higiene industrial, de control, están basadas en la extracción localizada y ventilación general, que incluyen verificación periódica de su eficacia y valoraciones de la exposición y naturalmente una vigilancia específica de la salud, que incluye el control por índices biológicos. Y se extiende también a las medidas de información y formación sobre los riesgos y mejores métodos de trabajo, con las medidas adecuadas para unas condiciones de trabajo apropiadas.
Señorías, efectivamente vamos avanzando, porque recientemente, el pasado 7 de abril, el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea aprobó una directiva sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos del trabajo, con un plazo de tres años para su transposición al derecho interno nacional de los Estados miembros. El Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo tiene previsto comenzar de inmediato los trabajos preliminares para la elaboración de un borrador técnico que, una vez redactado, será objeto de los oportunos trabajos con los interlocutores sociales, en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Llegado a este punto, tengo que agradecer que todos los grupos hayan prestado especial atención (incluyendo el nuestro) a la problemática que se viene dando dentro de este campo, específicamente en el calzado. Y al efecto, el Grupo Popular ha llevado a término un texto sustitutivo, previas conversaciones con el Grupo Socialista, también con Convergencia i Unió e igualmente con el Grupo Mixto.
En ese momento se encontraba ausente el representante de Izquierda Unida, y por eso ha sido imposible llevar a término conversaciones con él, pero están en la línea, naturalmente, de lo expresado.
Por lo tanto, sería conveniente, si SS.SS. lo tiene a bien y la Presidencia así me lo consiente, dar lectura a cómo quedaría el texto después de haber llevado a término el texto sustitutivo. El texto quedaría de la siguiente manera: donde dice «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno», diría «insta al conjunto de las Administraciones».
El segundo punto quedaría redactado de la siguiente forma: Promover la utilización de productos sustitutivos que presenten riesgos menores para la salud en la industria del calzado.
Y el tercer punto quedaría de la siguiente forma: en lugar de «que se establezcan», diría «que se incrementen los mecanismo necesarios para que se detecte lo antes posible el incumplimiento de la normativa de higiene y salud laboral en lo que se refiere a la utilización de adhesivos y disolventes, y en particular, en lo referente a la economía sumergida».
Ese ha sido el texto que hemos acordado. Pienso que no va a haber ningún problema al respecto, y por nuestra parte no tendríamos ningún inconveniente, acordada una vez esta redacción, en votar a favor.


El señor PRESIDENTE: De esta forma, la enmienda transaccional está aceptada por todos los grupos. Ruego la pongan a disposición de la Mesa para que esté disponible a efecto de actas.


- SOBRE MEDIDAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (número de expediente 161/001137).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es el séptimo: proposición no de ley sobre medidas para la generación de empleo en el sector cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Defiendo esta proposición no de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya que propone al Gobierno que emprenda una serie de estudios y actividades encaminadas a fomentar el empleo en el sector de la cultura.
Pensamos que hay que entender la cultura no solamente desde las perspectivas más habituales del goce y disfrute de unos bienes históricos, artísticos, literarios, etcétera, sino que también es legítimo y necesario entender la cultura desde una perspectiva económica, que ha sido creciente en los últimos años, sobre todo en torno a lo que se ha dado en llamar «industrias culturales», pero en las que España todavía no ha tenido un desarrollo, y desde luego no ha tenido un desarrollo planificado y estructurado, como el de otros países de nuestro entorno.
Por otra parte, hay que advertir inmediatamente que no puede reducirse a esperar la intervención del mercado, por

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dos razones al menos: porque en algunas de esas actividades económicas el mercado no va a estar interesado, al menos en una primera fase, en intervenir o en invertir, por una serie de dificultades (por carencia de infraestructura, de tradición, de personal formado, etcétera) y, por otro lado, porque dejarlo estrictamente a las normas del mercado podría introducir disfunciones graves, sobre todo en lo que afecta a la protección de los bienes culturales, en especial del patrimonio histórico-artístico.
Por lo tanto, parece aconsejable una intervención de los poderes públicos que, dada la estructura competencial del Estado español, no debe agotarse exclusivamente en el Gobierno, sino que deben tener una intervención absolutamente decidida las comunidades autónomas, pero igualmente los ayuntamientos y las instituciones privadas, las instituciones sin ánimo de lucro, como fundaciones, universidades, etc.
En definitiva, se trata de buscar sinergías entre el uso del ocio, la formación, el desarrollo cultural de la población y la generación de riqueza y la creación de empleo. Entendemos que el sector cultural va a ser un sector básico cada vez más importante a la hora de indagar sobre nuevos yacimientos de empleo.
Por eso se presenta esta proposición no de ley que, anuncio, aunque sea en comisiones distintas, se complementa con otra presentada también por Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya en la Comisión de Educación y Cultura, sobre el aprovechamiento intensivo y la puesta en uso de los bienes e instalaciones culturales de forma planificada y compatible con su protección.
La proposición no de ley tiene varios puntos. En definitiva, insta al Gobierno a la realización de un estudio global sobre la generación de empleo en el sector cultural que tenga en cuenta algunos principios: que se desarrolle en colaboración con comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con universidades, etcétera; la evaluación de la evolución del empleo en el sector cultural en los últimos años; la evaluación de la potencialidad de desarrollo para los próximos diez años (incluyendo la incidencia de sectores económicos conexos, singularmente con el turismo); la evaluación de medidas formativas y de reciclaje (sobre todo en la universidad y en la formación profesional); la evaluación de acciones conjuntas con otros Estados (en especial con la Unión Europea, donde hay muy poco hecho), y finalmente, proponer un catálogo de acciones concretas, y que de todo ello se informe -se decía a la Comisión de Educación y Cultura, pero se ha decidido enviarlo a esta Comisión- a esta Comisión o a la que sea, en el plazo máximo de un año.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución, una lectura detallada de la misma revela que en realidad se introducen unos pequeños cambios que nuestro grupo valora positivamente y que entendemos que completan nuestra propuesta. Desde ese punto de vista, y una vez consultado con el diputado que va a intervenir a continuación, se entiende que más que una enmienda de sustitución es una enmienda parcial, así es que se acepta como transaccional por parte del grupo proponente y por parte del Grupo Popular. Entendemos que es una enmienda sencilla de aceptar por todos los grupos y esperamos, por lo tanto, la unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, que tiene presentada una enmienda, tiene la palabra don Ramón Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Respecto a esta proposición no de ley, empezaré por advertir que recientemente la Comisión Europea ha sacado a la luz un documento titulado «Cultura, industrias culturales y empleo», en el que se recogen prácticamente todos los puntos que se plantean en esta proposición no de ley. Este documento comunitario considera que las distintas ramas de la industria de la cultura, llámese patrimonio cultural, artesano y natural, literatura, prensa, música, espectáculo, medios visuales y audiovisuales, representan un importante valor económico y social con un considerable potencial de creación de empleo, ligado en este caso al hecho cultural.
Por otra parte, este tipo de empleo entendemos que recoge determinados aspectos que lo caracterizan y distinguen de otros, como puede ser su temporalidad (puede estar acompañado de largos períodos de paro); que es a tiempo parcial; también que confluye la mezcla de autónomo y asalariado, y que muchas de sus actividades permiten la utilización de las mismas cualificaciones (por ejemplo, la de técnicos de luz y sonido, imagen, actores, músicos, etcétera).
No es menos cierto que este tipo de empleo arrastra hacia otras actividades, como el turismo, la educación, las industrias multimedia, posibilitando la mejora de la cohesión social y territorial que pueden tener en este caso las industrias culturales.
Recientes estudios publicados indican que ya en el año 1995 el número de empleos en Europa en este sector, incluidos los oficios artísticos, superaba los 3.000.000 de personas, es decir, aproximadamente el 2 por 100 de los empleos de la Unión Europea.
Además, los sectores culturales constituyen un interesante banco de pruebas para las nuevas prácticas que conjugan versatilidad, movilidad geográfica y ocupación con planteamientos totalmente innovadores capaces de crear nuevos empleos.
Bien es cierto que la ayuda pública debe ser muy importante, pero lo que también es cierto es que debe ir dirigida al desarrollo de las infraestructuras necesarias, a fomentar el espíritu de empresa y de economía social, facilitando el acceso a la financiación y sobre todo a la formación.
Por tanto, entendemos que corresponderá a las distintas administraciones comunitarias, nacionales, regionales y comarcales, estructurar y fomentar una política coordinada que permita una secuencia continuada de acontecimientos culturales, facilitando así una mayor estabilidad en los empleos, tanto directos como indirectos, derivados de algunas de las industrias de la cultura.
Deberemos darnos cuenta de que los efectos que generan los servicios provenientes de este tipo de actividades no sólo permiten la generación de nuevos empleos, sino que contribuyen a mejorar la cohesión territorial, permitiendo crearlos en zonas económicamente más desfavorecidas, zonas que normalmente recogen una riqueza en su patrimonio cultural y artístico.
Valorando muy positivamente, como no podía ser de otra forma, esta proposición no de ley, e intentando mejorarla, presentamos un texto que (desde aquí le digo al señor

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Alcaraz que, desde luego, aunque lo hayamos presentado como enmienda de modificación lo puede entender como una transacción sin ningún problema), como digo, no varía en nada el contenido fundamental de la proposición inicial, en la que incluimos o en la que hemos deseado incluir varias matizaciones.
En primer lugar, y previamente a todo el proceso de estudio o de debate sobre la misma, entendemos que hay que definir qué es considera actividad cultural, determinando qué actividades son estrictamente culturales, involucradas o relacionadas con ellas. La definición y homogeneización de estas clasificaciones estoy seguro que nos va a permitir conocer este sector como primer paso en el proceso de la creación de empleo.
Y en segundo lugar, y añadido al punto primero de la proposición inicial, que nosotros hemos puesto como número dos, entendemos que debe extenderse también a las asociaciones artesanales, a la Sociedad General de Autores, a las asociaciones empresariales y profesionales del teatro, cinematografía, radio, televisión y otras fundaciones y asociaciones que trabajan en este sector.
Por otra parte, hay que advertir que ya el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Subdirección General de Planificación y Estadística, está participando en el grupo de trabajo de la Unión Europea sobre el tema titulado «Cultura y Empleo».
Concluyendo ya, señor presidente, hemos de manifestar que desde la perspectiva de una política de empleo todas las iniciativas tendentes a facilitar la creación de éste son, desde luego, muy positivas. Pero la creación de actividades a través del sector cultural nos parece en el caso español una fuente muy importante y con mucha potencialidad a la hora de generar puestos de trabajo.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa). Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Amorós.


La señora AMORÓS I SANS: Señorías, muy brevemente voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario. Ante todo, deseo felicitar la iniciativa presentada por el Grupo Mixto, y dar nuestro apoyo a la enmienda transaccional dirigida a mejorar el texto, pues todas las iniciativas dirigidas a generar empleo (y más en estos momentos, aunque el desempleo esté bajando) nos parecen muy acertadas y deben tener una prioridad exclusiva. Solamente desearíamos que el estudio y las medidas propuestas en la enmienda no quedasen en una declaración de buenas intenciones, y que la proposición no de ley presentada, y que aprobaremos, Dios mediante, por unanimidad, sea un primer paso útil y eficaz en la creación de empleo en el sector cultural.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista recibe con enorme interés la proposición no de ley del Partido de la Nueva Izquierda, en la que nos propone que instemos al Gobierno a realizar un estudio en profundidad de las posibilidades de empleo en el campo de la cultura.
Entendemos que es de interés, y también oportuna, esta propuesta porque compartimos con el grupo proponente la idea de que los bienes culturales, sin lugar a duda, corresponden un legado de especial importancia para nuestro país. Esa importancia no sólo la centramos en la cuestión educativa, sino que también nos parece que va más allá y que es una ineludible fuente de riqueza.
Como fuente de riqueza que es, entendemos que estamos obligados en nuestra responsabilidad a promover no sólo la conservación, sino también su puesta en valor. Esta puesta en valor hace que nos preocupemos de acrecentar este valor en el turismo cultural de masas, sobre todo porque en nuestro país puede suponer una importante fuente de empleo.
Nosotros queremos referirnos a dos cuestiones que nos parecen esenciales. Por una parte, al documento europeo sobre cultura y empleo, al que ya se ha hecho referencia aquí, en esta Comisión, y que deriva de la cumbre de Luxemburgo. La cumbre europea de Luxemburgo ponía especial énfasis en el empleo y, sobre todo, en buscar nuevos yacimientos de empleo -esta proposición no de ley indudablemente camina por esta senda-, y también en la formación.
Entendemos, por tanto, que ha de vincularse al programa nacional de formación profesional, que ya contempla en su estructura la creación de los llamados observatorios profesionales. Estos observatorios profesionales tienen como objetivo proporcionar información sobre la evaluación de la demanda y la oferta de las profesiones. Por tanto, de esta proposición no de ley nosotros queremos subrayar de forma especial que el estudio debe servir de manera muy especial a las administraciones, tanto locales como regionales, para el desarrollo de sus propios planes de formación y de empleo. También ha de servir para las universidades, para las fundaciones y para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la cultura.
Consideramos que este estudio ha de servir de forma importante no sólo a las administraciones, sino también a la sociedad civil, y en ello comprometernos, porque estamos convencidos de que las posibilidades de empleo en el campo de la cultura son especialmente atractivas para nuestros jóvenes, y sin lugar a dudas una salida para los titulados universitarios y para los titulados de formación profesional. En este sentido, deseo reiterar que el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, del grupo proponente: ¿acepta la enmienda del Grupo Popular?

El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, en los términos que he indicado anteriormente.


El señor PRESIDENTE: En los términos que ha indicado anteriormente, lo que no llegué ni llegamos a comprender; cómo califique la enmienda del Grupo Popular creo que es indiferente.


El señor ALCARAZ RAMOS: Sencillamente, por simplificar, se acepta.


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El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las proposiciones no de ley con arreglo al desarrollo del orden del día en la sesión de hoy.


En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en la redacción de la enmienda transaccional que fue aceptada.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se somete a votación la proposición no de ley presentada por e Grupo Socialista del Congreso en sus propios términos, dado que ha sido aceptada la enmienda presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Comunico a SS. SS. que estamos votando conforme al orden del día que establecimos hoy y por el que se ha efectuado el debate. Por tanto, pasamos a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la señalada con el número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


Punto 6.


Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, en la forma establecida por la transaccional in voce presentada durante el debate.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Finalmente proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, con la enmienda aceptada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo

El señor Presidente: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.


Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.


Nota. -El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política Social y Empleo, del miércoles, 23 de septiembre de 1998, no guarda relación cronológica habitual con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

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