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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 757, de 29/09/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1999 VI Legislatura Núm. 757

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN

Sesión núm. 49

celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Por la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya composición aparezcan aceites o grasas y especifique la procedencia de los mismos. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001272.) ... (Página 22236)

- Sobre medidas agroambientales de apoyo al olivar. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001331.) ... (Página 22238)

- Sobre elaboración de una normativa que persiga erradicar la actividad de los buques con banderas de conveniencia, que ponen en peligro las normas de conservación de los recursos a escala internacional y ejercen una competencia desleal hacia los buques españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001438.) ... (Página 22240)

- Sobre implantación de un plan para dotar a las flotas pesqueras españolas, que no desarrollen su actividad en las cercanías de nuestras costas, de un sistema de localización automática de los buques, utilizando las tecnologías de posicionamiento y comunicación por satélite. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001439.) ... (Página 22242)

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- Sobre actuaciones en relación con el exceso de producción en el sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001667.) ... (Página 22242)

- Sobre aumento de los aranceles pesqueros tras la finalización del acuerdo con Argentina. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001559.) ... (Página 22246)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE MODIFIQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN CUYA COMPOSICIÓN APAREZCAN ACEITES O GRASAS YESPECIFIQUE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001272.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 49 de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con una serie de debates de proposiciones no de ley. Previamente, y antes de iniciar los debates, les quisiera comunicar a SS.SS. que las votaciones se realizarán a partir de las doce y cuarto. También les quisiera recordar a SS.SS.
que mañana, al finalizar el Pleno, tendremos una reunión de la Mesa y portavoces, en la que fundamentalmente trataremos el orden del día de la Comisión del día 7, comparecencias para presupuestos, y también les quisiera recordar que en esa reunión la letrada de la Comisión les pedirá a los portavoces los nombres de los ponentes de los proyectos de ley que en estos momentos tenemos en trámite, es decir, del régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (en ésa prácticamente todos los grupos ya han nombrado sus ponentes), también la de animales peligrosos y, por último, la de contratos. Por lo tanto, advirtiéndoles que mañana vamos a tratar esos temas, yo les rogaría a los portavoces que viniesen con los nombres de esos ponentes para que la letrada pudiera conocerlos.
Iniciamos, por lo tanto, el debate de la primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya composición aparezcan aceites o grasas y especifique la procedencia de los mismos. El grupo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, señora Varela, para la presentación de la proposición no de ley de su grupo.


La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, hoy traemos a esta Comisión una proposición no de ley que el grupo parlamentario al cual pertenezco, el Grupo Socialista, estima que es de gran interés para grandes y distintos sectores de nuestra sociedad, como son, por ejemplo, el propio sector olivarero, el sector industrial de la alimentación, y, sobre todo, es de gran interés para toda la ciudadanía en general, ya que somos precisamente los ciudadanos los consumidores finales de cuantos productos se presentan a la venta en el mercado. Para comenzar podemos decir que para el sector olivarero es importante esta proposición no de ley, máxime cuando en la reforma de la OCM del aceite de oliva, aprobada el pasado 25 de mayo por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Luxemburgo, no se consiguió la prohibición de la posibilidad de realizar mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales, lo cual indudablemente supuso un duro golpe para la comercialización y anuló la política de calidad. Respecto al sector industrial de la alimentación, hay que decir que es un consumidor muy importante de aceites vegetales en general y de aceite de oliva en particular. Quiero mencionar especialmente al sector conservero, recordando, por ejemplo, que España es el primer productor de conservas de la Unión Europea, que hay 20.000 personas en nuestro país empleadas directamente en este sector específico y, de ellas, 13.000 están en la comunidad gallega, a la cual represento; a estos empleos hay que añadir los inducidos en el sector extractivo y en las empresas auxiliares. Por tanto, el sector conservero en particular y todos los sectores de la industria de la alimentación en general tienen sin lugar a dudas una gran incidencia social y económica.
Señorías, si partimos de la base de que cada familia dedica por término medio un 20 por ciento de su renta disponible a la compra de alimentos y bebidas, de que en la Unión Europea las industrias de transformación alimentaria emplean ellas solas aproximadamente 2,3 millones de personas, y de que el consumo en la Unión es de alrededor de 500.000 millones de ecus, comprenderemos rápidamente que la legislación alimentaria es un tema de interés público. Por otro lado, es indudable que si hoy planteamos el tema de la salud alimentaria, prácticamente toda la ciudadanía comienza a pensar en el mal de las «vacas locas» o en el escándalo de las dioxinas de los pollos belgas y en su más que probable transmisión al ser humano o en su posible repercusión sobre la salud de los ciudadanos. Si el continente europeo se conmocionó hace dos años con el mal de las vacas locas y se sigue conmocionando con el problema de las dioxinas, en nuestro país la preocupación por la salud alimentaria ya se disparó a principios de los años ochenta por la intoxicación del aceite de colza. No podemos olvidar, señorías, que acontecimientos de esta índole originan, sin lugar a dudas, una honda preocupación en la opinión pública

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y ello obliga a una reacción inmediata, proponiendo cambios drásticos, tanto legislativos como competenciales. Estas actuaciones no son sino la respuesta a un sentimiento, ampliamente extendido en la opinión pública, que se caracteriza por una pérdida de credibilidad en la seguridad de los alimentos. Así, del análisis del último sondeo eurobarómetro realizado por la Comisión Europea a los consumidores sobre la seguridad alimentaria, se desprende un fuerte deseo de disponer de la máxima información sobre el contenido de los productos. La etiqueta sigue siendo una buena fuente de información y seis de cada diez personas declaran que la leen regularmente. Los elementos más importantes siguen siendo la fecha de caducidad, la falta de indicaciones sobre el verdadero lugar de origen (esto lo manifiestan nueve de cada diez consumidores) y la presencia de organismos genéticamente modificados. Estos tres temas siguen siendo lo que más se echa de menos en las etiquetas de los productos. En nuestro país, como en el resto de Europa, el consumidor es cada vez más exigente en su demanda del conocimiento de los productos que consume.
Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista considera que para garantizar una alimentación segura y sana es necesario un alto nivel de protección de la salud pública y esa garantía tiene que darse a través de la coherencia, racionalidad y claridad en la legislación, y, por tanto, entendemos que es bueno examinar en qué medida la legislación responde a las necesidades y a las expectativas de los consumidores, los productores, los fabricantes y los comerciantes.
Creemos que la legislación debe definir claramente las responsabilidades de los productores, los transformadores, los distribuidores y los minoristas en cuanto a su obligación de suministrar alimentos seguros y salubres, aptos para el consumo humano con la calidad exigida y debidamente identificados.
Mi Grupo entiende que se debe desarrollar una verdadera política de seguridad alimentaria que otorgue la mayor importancia a la protección de los consumidores y de la salud, y para que dicha política sea eficaz no deben escatimarse esfuerzos para asegurar que, entre otras cosas, se tomen medidas apropiadas para garantizar la correcta información del consumidor sobre la naturaleza y el contenido de los productos alimenticios. Para conseguir la garantía de que el consumidor tenga una información cierta, eficaz, veraz y objetiva del producto que va a consumir, tenemos que entrar en el ámbito del etiquetado, en el cual son necesarias normas que permitan a los consumidores acceder fácilmente a la información esencial relativa a los productos alimenticios. Por tanto, es necesario e imprescindible garantizar a los consumidores la obtención de toda la información útil y necesaria.
Pues bien, en nuestro país la legislación vigente permite a las empresas de alimentación que utilicen los aceites en sus ingredientes, tanto para la elaboración, transformación o conservación de sus productos, o que puedan especificar en las etiquetas del producto que ponen a la venta los calificativos de aceite de oliva, aceite vegetal o aceite animal, y el Grupo Parlamentario Socialista entiende que esa clasificación es incompleta, ya que en primer lugar el aceite de oliva es también aceite vegetal y en segundo lugar falta la indicación de su procedencia, y no nos referimos al país de origen, sino a la procedencia del vegetal concreto del que se extrae dicho aceite, es decir, si es aceite de coco, de palma o de cualquier otro tipo. No es lo mismo, señorías, el aceite de girasol, el aceite de cacahuete, el de colza o los aceites tropicales.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que debe aplicarse el principio de priorización de la salud pública con una claridad informativa, y esa claridad informativa debe extenderse al producto mismo, siendo absolutamente primordial alcanzar rápidamente una identificación completa de los alimentos, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que la Administración debe proporcionar al consumidor toda la información necesaria sobre los alimentos, de manera que éste pueda evaluar los riesgos para la salud, si existieran, que conlleva el consumo de un determinado producto, por lo que ha presentado para su toma en consideración una proposición no de ley que dice lo siguiente: La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca insta al Gobierno a que en un plazo máximo de tres meses modifique la legislación vigente, a fin de que en el etiquetado de todos los productos alimenticios se especifique de forma obligatoria la planta o semilla de donde procede el aceite o la grasa que se ofrece como ingrediente al consumidor. Esperamos que sea aprobada por todos los grupos por el bien de los consumidores.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Señorías, ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Grupo Parlamentario Popular creemos que es un sentimiento compartido dentro del tema de la alimentación que ésta ha de ser segura y sana, y en lo que respecta a la información al consumidor, que debe ser lo más completa posible, y que las etiquetas, como elemento importante de esa información al consumidor, reflejen lo más exactamente posible el tipo de alimento que hay dentro de esa conserva.
De la exposición que ha hecho la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de esta proposición no de ley, mi grupo no alcanza a entender, porque no tienen nada que ver con las etiquetas, los antecedentes desdichados de las vacas locas o los pollos belgas, porque, que sepamos, ni esas vacas ni esos pollos llevaban etiquetas.
Simplemente, cuando hay fraudes o cuando hay descuidos en la alimentación animal, que pudieran repercutir eventualmente en el producto final, lo que hay que perseguir será ese fraude o la alimentación mal organizada de estos animales para consumo humano.
Estamos de acuerdo en el fondo, repito, de que las etiquetas tienen que ser lo más claras y explicativas posible y, sobre todo, que deben reflejar exactamente aquello que contiene ese producto que compramos, para seguridad y sanidad completa de los alimentos. El problema está, señor presidente, señorías, en que se insta al Gobierno, y además se le da un plazo, a hacer algo que mi grupo entiende que no está en manos del Ejecutivo, porque, efectivamente, el Real Decreto 212, de 6 de marzo de 1992, por el cual se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (tiene luego una serie de modificaciones posteriores), es la base legislativa vigente en el ámbito de la Unión Europea, puesto que ese Real Decreto y,

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repito, sus posteriores modificaciones, traen causa de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva comunitaria 79/112 y de otras posteriores que no citaré.
Concretamente, en lo que se refiere a los ingredientes, el aceite de oliva utilizado como tal debe indicarse en el etiquetado de acuerdo con la regla general establecida en el citado Real Decreto 212. Esto se hace, sin embargo, sensu contrario, para los aceites refinados, la Unión Europea y el ordenamiento español resultante de la trasposición para el tema de los ingredientes, repito, en el caso de los aceites refinados, establece la posibilidad de su inclusión indicando su origen exacto o simplemente aceite vegetal o animal, que es lo que se hace. En este sentido no es que la legislación europea, y por tanto la española, permita poner lo que pone en la etiqueta, sino que obliga a ello. Entonces, repito que compartiendo la opinión de que la salud pública debe ser el tema prioritario a la hora de tomar decisiones, entiende mi grupo que la Administración española no puede, en un mercado único y en un ámbito regulado por el Derecho Comunitario, modificar de forma unilateral las excepciones que concede la norma a todos los agentes económicos que operan en el territorio de la Unión Europea, dado que, por otra parte, esta modificación no resolvería de forma definitiva, ni en modo alguno, el tema, ya que los productos de libre circulación en el mercado podrían seguir acogiéndose a la legislación europea aun cuando nuestra normativa nacional dispusiera lo contrario.
Tenemos conocimiento dentro del Grupo Parlamentario Popular de que las autoridades españolas desde hace tiempo han abogado en los foros de debate de la legislación relativa al etiquetado para que la declaración del origen de los aceites y de las grasas fuera una información obligatoria del etiquetado, y hasta ahora la verdad es que no se han obtenido resultados satisfactorios. Estamos de acuerdo en el fondo, pero vemos imposible de cumplir como proposición e instancia al Gobierno un tema que éste no puede sino, como está haciendo ahora, trasladar a los foros europeos, y hasta ahora, repito, sin resultados satisfactorios.
En definitiva, por parte de mi grupo entendemos que la proposición no de ley no resulta en principio factible sin contar con el marco comunitario en el que se desenvuelve la legislación del etiquetado en los productos alimenticios. Reitero una vez más que al tratarse de una legislación armonizada por la Unión Europea, ningún Estado miembro puede establecer en su legislación nacional disposiciones con exigencias mayores que las que establecen las directivas. Por tanto, antes de modificar la legislación española, es absolutamente imprescindible y necesario modificar la legislación europea. Ésta es la postura de nuestro grupo y así lo manifiesto en su nombre.


- SOBRE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE APOYO AL OLIVAR. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001331.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición que figura en el orden del día con el número 2 sobre medias agroambientales de apoyo al olivar. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Ballesteros.


La señora BALLESTEROS BELINCHÓN: Señorías, con esta proposición no de ley que el Grupo Socialista trae a debate pretendemos hacer balance en este momento casi final de la legislatura de los compromisos que el Gobierno adquirió después de prever los negativos resultados que en determinados sectores iba a ocasionar su negociación con la Unión Europea. En numerosas ocasiones hemos asistido a reivindicaciones efectuadas por parte de los sindicatos agrarios, partidos políticos y otros grupos, con las que se indicaba al Gobierno que productos agrarios significativos salían muy mal tratados. Asimismo, decíamos que la caída de renta agraria sería notable y que las zonas rurales afectadas, la mayoría zonas deprimidas, quedarían condenadas a ofrecer a sus escasos habitantes un mayor desempleo y, por lo tanto, una mayor emigración. Ante estas reivindicaciones siempre nos ha respondido con el reconocimiento del agravio y su compromiso de compensar a los sectores implicados mediante ayudas provenientes de programas agroambientales.
Esta proposición no de ley trae hoy a debate las promesas del Gobierno a los agricultores del olivar, ámbito agraciado por una de estas medidas y, a su vez, agraviado por los compromisos que el Ejecutivo adquirió con la Unión Europea. Para ello tenemos que recordar las negociaciones de la ex ministra en Bruselas sobre la OCM del olivar y el debate profundo que surgió en toda la sociedad, especialmente en la agraria, por la importancia económica, social y medioambiental del olivo, cultivo tradicional y apoyo económico de muchas familias andaluzas, extremeñas y manchegas.


En aquel momento sosteníamos que las negociaciones no iban por buen camino, que la nueva regulación repercutiría negativamente en la renta de los agricultores, y al final de la negociación se les condenó, entre otras cosas, a una penalización en la ayuda a la producción, al haberles reconocido una cuota que representa escasamente el 70 por ciento de la producción de un año medio.
Decíamos entonces que esta penalización sería sufrida por el olivar más cercano al umbral de la rentabilidad, el de menos rendimientos y el de mayor coste de recolección, que es precisamente el de mayor importancia social y medioambiental. Tal evidencia, señorías, era reconocida en esta institución por la propia ex ministra de Agricultura, a lo que puso remedio inmediatamente anunciando medidas agroambientales que compensarían las deficiencias de sus conversaciones. Para otros sectores se anunciaron posteriormente y del mismo modo idénticas medidas. Ahora, señorías, con el paso del tiempo comprobamos que el programa agroambiental que el Gobierno diseñó pasea el sueño europeo para quedar en diligencias, en nuevas inclusiones de acoplamiento y en definitiva, en este momento, en nada tangible y práctico que a los afectados les pudiera dar seguridad y que les hiciera confiar en las promesas anunciadas.
A todo esto hay que añadir el agravante de que en la solución agroambiental que propuso el Gobierno se exigían tales parámetros a cumplir para tener acceso a las ayudas

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que dejaron grandes zonas rurales deprimidas fuera de su alcance; entre otras y, concretando, la provincia de Cuenca y la mayor parte de Castilla-La Mancha, incluyendo importantes superficies de interés paisajístico y que sirven también para la defensa a la erosión o como base para una ganadería extensiva. Yes que, señorías, un sector no se salva aplicando medidas agroambientales. Un sector sale adelante con una buena política de mercado, una buena política de renta y, si acaso, con un complemento de ayuda, que podía venir precisamente de estas medidas, pero como complemento, no como parte única y principal.
Las medidas que se anuncian como salvadoras de los agujeros ya visibles de su negociación no hacen más que esconder lo que han dejado perder en Bruselas y que ahora tendrán que reponer a costa de los Presupuestos Generales del Estado consiguiendo sólo en estos anuncios entretener a las partes afectadas con soluciones que no llegan y con un texto en cuya letra además no les incluyen. A todo esto se le llama dilación en el tiempo y así poder pasar esta fase preelectoral, ya que ustedes saben que después de la Ronda de Uruguay es muy difícil que se apruebe en Europa un programa ambiental dirigido a un solo producto.
Creo, señorías, que la política de verdad tiene un fin más serio que el de ganar unas elecciones, porque detrás hay unas personas que esperan actuaciones simplemente para poder vivir dignamente. Por ello instamos al Gobierno a que cumpla sus promesas de ayuda al sector mediante medidas y programas agroambientales, como anunciaron, y a que introduzca en su texto condiciones que puedan cumplir todas las zonas con tradición olivarera afectadas por su negociación.
Espero que sean conscientes del momento en que nos encontramos y que esta propuesta sea aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: La intervención de la diputada señora Ballesteros tiene dos partes diferenciadas, una de ligero análisis o valoración de la reforma provisional de la OCM del olivar y otra relativa a la protección de determinados olivares con una producción muy reducida. Realmente, la OCM del olivar que se negoció no ha tenido una repercusión negativa en la renta de los agricultores, puesto que desde que está en vigor lo que han percibido los olivareros por cada kilo de aceite es mucho más que lo que percibían antes. ¿Qué podían percibir más? Sí, es verdad, pero no se diga que hay una repercusión negativa en la renta cuando la subvención percibida con la OCM nueva en vigor es la mayor que nunca se ha percibido en el olivar. ¿Se han producido desviaciones?, que era otro de los argumentos utilizados. Quizá la campaña pasada sea una de las campañas que podemos considerar media, de acuerdo con la actual superficie destinada al olivar en España. Realmente, no se han producido desviaciones en la producción de aceite de oliva ni, por tanto, en la producción subvencionable de aceite de oliva. Las desviaciones se producen por la aplicación de dos subsectores: El 8 por ciento correspondiente a los orujos y la aceituna de verdeo, que antes no estaba en la OCM. Por tanto, hay una desviación en la subvención motivada porque otros agricultores, fundamentalmente los orujeros y de la aceituna de verdeo, entran en la subvención y antes no estaban. Ha habido así una extensión de las subvenciones a una superficie mayor y a una superficie, como es el olivar de verdeo, que genera más jornales por hectárea que el olivar de almazara por la forma de la cogida, que es mucho más de tipo manual en el olivar de verdeo. La referencia a la combinación ganadoolivar no tiene ninguna relación. Si estamos hablando de un olivar productivo de más o menos producción, ese olivar productivo es incompatible con una dedicación de ganadería extensiva.
Pretende olvidar la proposición, y es el planteamiento que quizá más nos condiciona a la hora de su análisis, que en agricultura hay una cesión de competencias y de soberanía nacional dentro de la Unión Europea y que hay una regulación de la Unión Europea que es obligatoria para todos los Estados miembros, de forma que no es posible a ningún Estado miembro, a costa de los Presupuestos Generales del Estado, compensar a determinado agricultor que trabaja cualquier producto agrícola, tenga o no tenga una regulación específica europea. Hay que recodar que en la patata, que no tiene una organización común de mercado europea, no hay posibilidad de subvencionar a los agricultores en los momentos de bajada excesiva de precio y que las únicas medidas indirectas que un Estado miembro de la Unión Europea puede tomar van relacionadas con ayudas al almacenamiento y otra serie de medidas, pero nunca una subvención directa a los productores de patatas. Lo mismo pasa en el olivar.
¿Cuál es la fórmula que se buscó para compensar a determinados olivares que por sus características y por los mayores costes de explotación se veían más perjudicados por la aplicación de la OCM? La vía fue encontrar medidas agroambientales de apoyo a ese olivar. Pero para que case una norma nacional con los reglamentos comunitarios, y en especial el 2078 de 1992, es preciso que se reúnan unos requisitos de protección medioambiental, y sin esos requisitos es imposible establecer ayudas determinadas. No ha sido el Ministerio de Agricultura quien ha establecido la norma. El Ministerio de Agricultura ha tenido el impulso para poner sobre la mesa un borrador; ese borrador ha sido discutido amplísimamente con las Comunidades Autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, y el texto definitivo es un texto consensuado con esas administraciones autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias. Frente a un texto consensuado a tres bandas no puede el Ministerio de Agricultura por sí solo modificar la norma y requeriría un acuerdo nuevo con esas Comunidades Autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias para tratar de ampliar la normativa o modificarla. ¿Se queda corto el texto? El texto va a afectar a 1.200.000 hectáreas, que es aproximadamente un 45 por ciento de la superficie total del olivar español. Por tanto estamos considerando que un 45 por ciento de la superficie total del olivar español tiene unos costes de producción superiores por la configuración del terreno en que se encuentra o por la pluviometría de la zona, que no supere los 370 litros por metro cuadrado al año. Ése es el marco en el que nos podemos mover y no hay posibilidad de que el

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Ministerio por sí solo pueda actuar en otra dirección. Quizá esta proposición o esta línea de trabajo habría que plantearla a través de la conferencia sectorial en la que serían las Comunidades Autónomas las que tendrían que plantear determinadas medidas para intentar llegar a otro tipo de olivar que no está contemplado. La situación no es exclusiva de Cuenca ni de Castilla-La Mancha. Hay olivares de muy baja producción en todas las zonas olivareras que no pueden acogerse a las medidas agroambientales por estar situados en llano básicamente, no estar situados en pendientes y gozar de una pluviometría superior a la prevista, aunque la calidad de las tierras en que se ubican hace imposible obtener una mayor producción o por la propia antigüedad del olivar de que se trata.
Por estas razones no podemos dar nuestra conformidad, porque no se trata de una materia en la que podamos instar al Gobierno, ya que se encuentra aquí limitado en dos sentidos por las normas comunitarias, que son de obligado cumplimiento, y por un acuerdo tripartito, que no puede alterar el Gobierno por sí solo sin contar con las otras partes de la negociación. Eso nos impide poder votar a favor la proposición del Grupo Socialista, aunque compartimos la existencia en España de una serie de olivares de muy baja producción y de costes de laboreo excesivo que, por tanto, no son plenamente competitivos. Esta situación no se da sólo en el olivar; se da en una serie de productos, y no en todos se logra cubrir la totalidad de la producción teórica que un Estado puede conseguir por vía subvencionable, y en todas las organizaciones comunes de mercado y en todas las regulaciones hay penalizaciones cuando se produce un exceso de producción. También en el olivar cuando se superan determinadas producciones hay penalización. Lo curioso es que, aun con esas penalizaciones, la renta de los agricultores es superior a la que percibían antes de la reforma de la OCM.


- SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NORMATIVA QUE PERSIGA ERRADICAR LA ACTIVIDAD DE LOS BUQUES CON BANDERAS DE CONVENIENCIA, QUE PONEN EN PELIGRO LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS A ESCALA INTERNACIONAL Y EJERCEN UNA COMPETENCIA DESLEAL HACIA LOS BUQUES ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001438.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la proposición que figura en el orden del día como número 3, sobre elaboración de una normativa que persiga erradicar la actividad de los buques con bandera de conveniencia, que ponen en peligro las normas de conservación de los recursos a escala internacional y ejercen una competencia desleal hacia los buques españoles. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz, señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Con esta proposición no de ley pretendemos que el Gobierno defina un marco normativo por el cual, de una parte, se Incremente la eficacia en el esfuerzo común de protección de los recursos pesqueros y, de otra, se erradique la competencia desleal a la que muchos de nuestros buques están sometidos, por la presencia en nuestros caladeros de barcos con banderas de conveniencia, que campan a sus anchas, faenando al margen de las legislaciones, a las que sí está sometida nuestra flota.
Son muchas las quejas provenientes del sector, cargadas de razón y de sentido común, en las que se manifiesta la indefensión y sensación de impotencia que sienten al ver cómo su aportación a la sostenibilidad de los recursos mediante el cumplimiento de todas las normas de conservación, ya sean las de la propia legislación interna, de la comunitaria o de los diferentes organismos regionales de pesca, queda notablemente mermada por la incontrolada actividad de dichos buques que, no formando parte de los citados organismos, pescan en sus áreas de regulación. Como ejemplo cuantitativo para determinar la magnitud del problema la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el Iccat, ha fijado en un 20 por ciento del total de capturas autorizadas la sobrepesca atribuible a dichos buques; cantidad que deja suficientemente claro el efecto negativo que tiene sobre los grandes esfuerzos de conservación que se están haciendo para esta pesquería, así como el impacto económico que ejerce en detrimento de los ingresos y de los intereses de los profesionales.


Es una lástima que los pasos decididos del Gobierno en favor de desarrollar políticas de conservación de recursos encuentren dentro del propio territorio obstáculos provenientes de la anarquía que envuelve al control y al funcionamiento de los barcos de países terceros y con banderas de conveniencia. Y cuando me refiero a este tipo de barcos quiero aprovechar también para criticar la actitud de aquellos pescadores españoles que cuando se encuentran en problemas apelan a su condición de españoles, pero han estado pescando también y han estado faenando en barcos de bandera de conveniencia. Que sirva también esta moción para denunciar esta actitud, puesto que aunque sean pescadores españoles, evidentemente tampoco colaboran en los esfuerzos a los que he estado haciendo referencia.
Los esfuerzos del Gobierno son de varios tipos, primero, por el posicionamiento en el seno de las organizaciones regionales, donde es sobradamente conocida la actitud española de instancia y apoyo a la adopción de resoluciones y recomendaciones tendentes a asegurar la sostenibilidad del mar, que obliguen tanto a los Estados que son partes contratantes como a los países terceros que no pertenecen a dichos organismos; hay pasos también en la dirección legislativa, como, por ejemplo, ha representado la aprobación del proyecto de ley para la protección de los recursos pesqueros, y pasos de carácter todavía más contundente, como el que queda definido por el Real Decreto de 1 de agosto de 1997, por el que se creó una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo, que recuerdo tiene unas aguas que son óptimas para la reproducción de las principales especies pesqueras, entre ellas el atún rojo; Decreto que permite ejercer un control eficaz en la zona, donde estaban proliferando de manera preocupante los barcos tristemente protagonistas, de esta proposición no de ley. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular

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consideramos necesario avanzar en esta filosofía y en base al reglamento comunitario por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, que otorga a los Estados miembros la competencia en el control, inspección y vigilancia de todas las actividades del sector pesquero, que se realicen en su territorio y en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o jurisdicción, desarrollar esta normativa que permita un mayor control de todas las actividades relacionadas con el sector pesquero por buques de países terceros y de pabellones de conveniencia en nuestras aguas.
Cada vez se va entendiendo mejor el significado de pesca responsable.
El sector tiene prácticamente asumido que es el único camino para garantizar la protección de los recursos pesqueros y, por tanto, es una actitud que tiene que encontrar la debida correspondencia en el campo normativo, de manera que la legislación ampare y proteja a todos por igual. Por ello hemos considerado la oportunidad de la presentación de esta proposición no de ley y, en consecuencia, solicitamos también el apoyo de los demás grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): No sé si entendí inadecuadamente el sentido de la proposición del Grupo Popular, que me pareció al final que se refería más bien al problema de las banderas de conveniencia en el Mediterráneo y al problema del atún rojo. Si es así, la proposición me parecería más o menos adecuada.
Yo creo que, efectivamente, estamos ante un problema muy importante que es la utilización de banderas de conveniencia en barcos de pesca, en primer lugar porque efectivamente muchos de estos barcos no respetan las normas de las que se dotan precisamente las organizaciones mundiales o multilaterales de pesca, y en segundo lugar porque la actividad de estos buques de conveniencia fuerza en muchas ocasiones a la baja los precios del pescado que consiguen nuestros barcos precisamente respetando esas normas internacionales, como aconteció de una manera muy intensa recientemente a la flota del pez espada, que vio cómo se hundían sus precios como consecuencia de las importaciones masivas procedentes de terceros países y de buques con bandera de conveniencia.
Por lo tanto, a mí me parece que esta proposición debería ir orientada más hacia el problema general de los barcos con banderas de conveniencia. Si ésa es la intención del Grupo Popular, yo no digo nada. Si se limita exclusivamente al atún rojo, tampoco, porque es libre voluntad del grupo proponente. En todo caso, si efectivamente hace referencia al problema general de las banderas de conveniencia, esta proposición instando al Gobierno a poner en marcha normativas que protejan los intereses de nuestras flotas frente a esos barcos de bandera, aunque nos parece adecuada, sin embargo sería insuficiente para el fin que se propone, que sería erradicar la actividad de los buques con banderas de conveniencia, porque esta actividad desde luego no se erradicaría con una normativa exclusivamente de ámbito estatal. Nos parece también necesario que hubiera una normativa comunitaria o incluso que efectivamente, dentro de los propios organismos multilaterales de pesca, se fomentasen medidas para impedir esta actividad.
Aquí sugeriríamos al grupo proponente dos cuestiones, una, que se instase también al Gobierno a demandar de la Unión Europea normativas a este respecto para erradicar este tipo de actividad, y también, en todo caso -ya es una cuestión menor pero no menos necesaria-, fijarle un plazo al Gobierno para aprobar esta normativa. Es una sugerencia que nosotros le hacemos. Son enmiendas in voce o sugerencias que no invalidan para nada lo dicho por el grupo proponente y, sin embargo, completan la proposición, porque yo insisto en que planteada tal como está, si se habla en general de los barcos de bandera de conveniencia, con una normativa estatal efectivamente no se va a solucionar el problema.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Blanco.


El señor BLANCO LÓPEZ: Señorías, en efecto estamos ante la discusión de una proposición no de ley, una más que en los temas que tienen que ver con el ámbito de pesca normalmente son proposiciones no de ley que plantea el Grupo Popular y que son un brindis al sol. Nos encontramos ante una proposición no de ley en cuyo debate de fondo y en cuya línea argumental que esgrimía el portavoz del Grupo Popular estamos de acuerdo. No compartimos los términos en que finaliza la proposición no de ley y, por lo tanto, en el mandato de esta Comisión ante el Gobierno consecuentemente no podremos votar afirmativamente la proposición no de ley, en su formulación porque entendemos que es necesario abordar la situación y promover una pesca responsable en el ámbito donde se tienen que tomar las decisiones. No tendría sentido que modificásemos solamente la normativa española, instando a que nuestra flota actúe de forma responsable, cuando en el ámbito pesquero nos encontramos que no solamente tienen que compatibilizar el trabajo dentro con nuestra flota, sino que hay otras flotas a las que también se les debe de exigir ese mismo comportamiento. Por lo tanto, tal y como afirmaba el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, creo que debería ser en el ámbito internacional y en el ámbito europeo donde se regularan este tipo de situaciones, lo que podría dar como resultado lo que en la línea argumental planteaba el portavoz del Grupo Popular: Más eficacia en el esfuerzo común de asegurar y preservar nuestros recursos pesqueros y una legislación clara destinada precisamente a ese fin. Yo creo que con el ordenamiento jurídico español y, por lo tanto, dentro de nuestras competencias tenemos muy poco que hacer, y es precisamente en el marco comunitario y en el marco internacional donde se tendría que producir este tipo de regulaciones.
Insisto, tal y como está formulada la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista no puede votarla porque no da solución al problema que estamos analizando, ni siquiera para la referencia concreta de lo que sucede, por ejemplo, con el tema del atún rojo del Mediterráneo, donde vemos que son precisamente las flotas italianas las que más esquilman en ese ámbito. Si nosotros obligamos a

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la flota española en el Mediterráneo a actuar sobre la base de determinadas regulaciones, lo único que estamos fomentando precisamente es lo contrario, es decir, una mayor competitividad de las otras flotas con respecto a la nuestra si por parte de otros países no se promueve también una pesca responsable. Éste es un buen ejemplo precisamente para sostener que es en otros foros donde debe regularse esta situación. Si el portavoz del Grupo Popular modifica los términos de la proposición no de ley, nosotros podríamos reconsiderar nuestro voto. En caso contrario, nos vamos a abstener, porque esto no resolvería el problema que estamos planteando.


- SOBRE IMPLANTACIÓN DE UN PLAN PARA DOTAR A LAS FLOTAS PESQUERAS ESPAÑOLAS, QUE NO DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN LAS CERCANÍAS DE NUESTRAS COSTAS, DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS BUQUES, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN POR SATÉLITE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001439.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la proposición que figura en el orden del día como número 4 sobre implantación de un plan para dotar a las flotas pesqueras españolas que no desarrollen su actividad en las cercanías de nuestras costas de un sistema de localización automática de los buques, utilizando las tecnologías de posicionamiento y comunicación por satélite.
Para la presentación y defensa de esta iniciativa tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: El Grupo Parlamentario Popular formula esta proposición no de ley solicitando la instalación de sistemas de control y localización vía satélite, más conocidos como GPS, para buques pesqueros, con el matiz que se introduce en la solicitud de la proposición no de ley de que no desarrollen su actividad dentro del límite de las doce millas. Se requería esto porque si el reglamento comunitario 2847/1993 establecía un sistema de localización, los reglamentos posteriores, de 1997, tanto el 686 como el 1489, obligan a los Estados miembros a instalarlos en todos aquellos buques de más de veinticuatro metros de eslora total o que no realicen su actividad dentro del límite de las doce millas, incluidos también los barcos que no faenen más allá de un tiempo de veinticuatro horas.
La Administración española, el Gobierno en sí, se ha adelantado y ha desarrollado ya proyectos piloto previos de sistemas de localización tanto en aguas NAFO como en Marruecos. Posteriormente, también teniendo presente que nuestra flota faena en la práctica totalidad de los mares, el Gobierno consiguió desarrollar un sistema propio para dar cobertura a todos los buques españoles en aquellos caladeros donde realizan su actividad. Como corresponde a un Gobierno activo y sensible con la gestión del esfuerzo pesquero, se publicó una orden el 12 de noviembre de 1998, que va más allá del propio reglamento comunitario, para aplicar la norma también a los buques que aun no estando obligados pertenecen al mismo segmento de flota, y es que, señor presidente, este Gobierno, por la experiencia y liderazgo propio del sector pesquero español, ha concluido que por pertenecer a una misma flota, a una flota específica, los buques requieren un tratamiento uniforme y no estar sólo catalogados por los metros de eslora, por las dimensiones, en definitiva.
Finalmente, quería decir que ya se dispone también en estos momentos de fechas límite fijadas por la orden del 7 de julio de este mismo año. Por lo tanto, y como resultado de la mayor amplitud de las actuaciones del Gobierno respecto de lo que se solicitaba en el momento de la presentación de la proposición no de ley -anteriormente a esta actuación-, la misma será retirada con su autorización, señor presidente, del orden del día, por lo cual dejo esta constancia y que se proceda en consecuencia.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda retirada del orden del día la proposición número 4.


- SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL EXCESO DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001667.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, y habida cuenta que no está el portavoz de Izquierda Unida, a debatir la proposición que figura en el orden del día con el número 6 sobre actuaciones en relación con el exceso de producción en el sector lácteo. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señoras y señores diputados, desde luego hace mucho tiempo que venimos manteniendo que la política del Gobierno para el sector lácteo, cuando menos en lo que se refiere a Comunidad Autónoma de Galicia, lleva a su destrucción y por tanto es una política basada en dar satisfacción a los intereses de los Estados europeos excedentarios, proclives a que no aparezcan en el horizonte competidores que lleven a ver disminuidas las rentas de sus agricultores.
La política del Gobierno está llevando a la rápida desaparición de miles de empleos en el campo y, en consecuencia, a la despoblación, y esto es algo que se puede constatar. A estas alturas, yo creo que ya no se puede hablar de una política heredada, porque si bien el problema fundamental del sector lácteo, cual es la insuficiencia de cuotas, tiene su origen en una negociación mal hecha en su día, lo que es más que evidente es que el Gobierno del Partido Popular desde el inicio de su mandato ha practicado una política tendente a conseguir la disminución del número de productores lácteos hasta que esa producción se equiparase a la escasa cuota disponible, es decir, una política destinada a reconvertir el sector y, en esencia, a impedir su desarrollo y dejar que los Estados excedentarios europeos se encarguen de surtir el mercado español, a nuestra costa, naturalmente.


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Esa política tuvo hechos concretos. Se intentó aplicar la supertasa en las campañas 1995-1996, 1996-1997, se realizaron todo tipo de iniciativas para buscar los abandonos de producción, etcétera, y además fue incapaz el Gobierno, a pesar de lo anunciado, de conseguir en el marco de la reforma de la OCM de la leche un aumento de cuota que permitiese salir del atolladero al sector lácteo. Nosotros lo dijimos en su día y ahora es más que evidente: el incremento de las 550.000 toneladas no resuelve el problema de la insuficiencia de cuota ni por asomo; en consecuencia, seguirá habiendo más abandonos de producción y también seguirá habiendo sucesivas aplicaciones de supertasa.
Esta política, señoras y señores diputados, tiene unos efectos concretos, no sólo abstractos. Más allá de las afirmaciones sobre la bondad de la misma o los discursos sobre el cumplimiento de tal o cual normativa, tiene efectos reales sobre las personas, muchas de ellas desesperadas para hacer frente a los pagos de los préstamos que consiguieron para modernizar sus explotaciones y que ahora o las tienen que abandonar o no les resultan rentables. También tiene efectos sobre la economía general de algunas zonas, repito, y en concreto en algunas como la Comunidad Autónoma de Galicia, que como consecuencia de ésta y otras políticas se encuentra, efectivamente, entre las regiones europeas con menor nivel de desarrollo y peor evolución futura, y ya sé que a muchos de ustedes a lo mejor les da igual; a nosotros no.
Hoy discutimos una vez más sobre el pago de la supertasa de la pasada campaña 1998-1999, cifrada por el Gobierno en 2.398 millones de pesetas, una supertasa que nosotros no cuestionaríamos, a ver si queda claro de una vez por todas, si la cuota de la que disponen nuestros ganaderos permitiese la existencia de un sector lácteo como el holandés, el irlandés o el danés, por poner algunos ejemplo, es decir, si nuestros ganaderos dispusieran de una capacidad de producir que respondiera criterios de igualdad con otros Estados europeos. Por lo tanto, a ver si dejamos claro de una vez por todas que el problema de la supertasa o la defensa de la no aplicación de la supertasa no es algo caprichoso. Lo que nosotros seguimos discutiendo es su aplicación a los ganaderos en las condiciones actuales, porque de esta supertasa se deriva la necesidad de sobrepasar la cuota individual por muchos ganaderos simplemente para poder vivir, para hacer mínimamente, rentables sus explotaciones y porque la supertasa, en estas condiciones de cuota insuficiente, no es más que el instrumento de una política dirigida a destruir nuestra capacidad y derecho de producir. Es un instrumento político para alcanzar este fin y no una medida técnica normal o necesaria para castigar a unos cuantos ganaderos irresponsables o insensatos, como muchas veces se dice, que perjudican a quienes actúan en el marco de la ley, porque no estamos en ese nivel de discusión.
Efectivamente, muchos ganaderos, entre ellos muchos jóvenes que invirtieron en medidas de mejora tecnológica de sus explotaciones o en comprar cuota, para lo que arriesgan su hacienda y muchas veces más que su hacienda, son incapaces de sobrevivir en el marco de las restricciones impuestas. Por tanto, no estamos ante un problema de buenos y malos, de cumplidores y de incumplidores. A mí me parece que los que defienden con tanto ahínco la aplicación de esta norma deberían defender, quizá con mayor ahínco aún, que lo normal sería que la norma fuese justa, lo que no es. Y digo esto porque efectivamente, casi como único argumento que se utiliza para contradecir a quienes defendemos el derecho a producir y, en consecuencia, la exención del pago de la supertasa, se nos acusa en esencia de apoyar a defraudadores o de que nosotros pedimos que se incumplan las normas. A mí me parece que no se puede separar la discusión sobre la supertasa de este marco injusto que la origina. No se trata de defender a unos señores defraudadores o insolidarios.
Simplemente, nosotros pedimos que se permita vivir a la gente de su trabajo y cuestionamos las políticas que lo impiden, porque, se mire como se mire, la política del Gobierno para el sector lácteo confirma lo que decía: es negativa, no moderniza ni hace competitivo al sector; simplemente lo reduce a niveles aceptables para la Europa rica. Esa es la realidad.
Yo decía antes, porque es necesario afirmarlo, que la supertasa es un instrumento para aplicar una política injusta, pero es que además el Gobierno aplica la supertasa, y hay que decirlo también, en función de sus intereses; es decir, modula la aplicación a su antojo, lo que resulta más preocupante. Me explico. Es curioso comprobar cómo durante las campañas 1995-1996 y 1996-1997 se aplica la supertasa y, sin embargo, en la de 1997-1998 no hay exceso de productos, según el Gobierno y, por tanto, no hay supertasa. Y no hay exceso de producción, curiosamente, justo antes de las negociaciones de la OCM de la leche, lo que sin duda, como afirmamos en su día, porque esto no lo digo ahora, permitía a la señora ex ministra ir a las negociaciones con menor presión y, por tanto, poder aceptar más fácilmente el resultado de esta reforma de la OCM láctea. Realmente no se explica que no exista sobreproducción en esa campaña cuando las condiciones no variaron sustancialmente o cuando menos, y eso yo lo he preguntado al Gobierno, no conocemos cuál fue la causa que provocó precisamente en esa campaña la disminución de la producción.
Nosotros criticamos que esa táctica era equivocada para conseguir precisamente un incremento que respondiera a las necesidades que tenemos de aumento de cuota, como luego efectivamente resultó. Por cierto, del millón de toneladas que incluso el propio Grupo Popular consideraba necesarias para solucionar el problema de la insuficiencia de cuota, nada de nada, nos quedamos con la mitad, y corrobora lo que digo que cuando el señor Fischler realizó aquella visita de cortesía a este Congreso, efectivamente, a preguntas de este diputado, se permitió contestar que las 550.000 toneladas de aumento que se otorgaban al Estado español eran una buena cifra teniendo en cuenta que no había superproducción, es decir, sobrepasamiento de la producción en ese momento.
Digo que también se hace un uso político, y lo voy a decir aquí en esta Cámara, de este tema de la supertasa. Basta comprobar dos cartas remitidas en su día desde el FEGA, una directamente que de este órgano, que efectivamente, hablando de la devolución de las retenciones a los ganaderos no afirmaba que iba a haberlas, eso es cierto, pero lo insinuaba, y si esa insinuación se acompaña de declaraciones públicas de algunos cargos del Ministerio, es lógico que muchos ganaderos pensaran que no iba a haber supertasa en esta campaña. Yo les puedo leer algún titular

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de prensa: efectivamente el Gobierno asegura que los ganaderos recuperarán las retenciones de la cuota... y no prosigo leyéndoles la noticia, donde un alto cargo de Agricultura decía que se les iban a devolver las retenciones porque no se preveía sobrepasamiento de la producción. Y hay también otra carta, remitida por la señora ex ministra de Agricultura, supongo que en plena campaña electoral, el 20 de abril de 1999, en la que asegura que con el incremento de 550.000 toneladas no habrá multas por sobreproducción en el futuro.
Y, claro, uno puede entender que la señora ex ministra hablaba de después del reparto de las 550.000 toneladas, pero si uno observa que efectivamente esta carta se remite en esa fecha, lo que insinúa o lo que trata de transmitir a los ganaderos es que en esta campaña, gracias a esa negociación del incremento de cuota, efectivamente no iba a haber supertasa. Por lo tanto, insisto, se hace también de este asunto un uso político, a mí me parece que excesivamente abusivo.
Concluyo, señor presidente, porque no quiero cansar mucho más a sus señorías. Un periódico de Galicia titulaba así un reportaje en el pasado septiembre: la cuota ordeña a Galicia. Pues bien, efectivamente la supertasa contribuye a ese fin. La supertasa es injusta y es irracional y, por tanto, no es razonable aplicarla a unos ganaderos cuya capacidad de producir para vivir dignamente está restringida a límites intolerables, y menos aun cuando precisamente estamos pendientes de la distribución de esas 550.000 toneladas de incremento que, según dicen algunos, va a resolver el problema de la sobreproducción. Nosotros no lo creemos, pero dicen algunos que lo va a resolver. Por ello nos parece aún menos oportuno en este momento proceder a aplicar esa supertasa y es por lo que nosotros presentamos esta proposición no de ley, instando al Gobierno a no repercutir sobre los ganaderos el pago de la multa derivada del exceso de producción en la campaña 1998-1999 y a establecer las oportunas negociaciones con los pertinentes órganos del Gobierno de la Unión para que atendiendo a la situación y circunstancias concretas de nuestro sector lácteo, condonen o renuncien a aplicar la mencionadas sanciones económicas.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de estas enmiendas y la fijación de la posición de su grupo, tiene la palabra su portavoz, señor Madrid.


El señor MADRID LÓPEZ: Efectivamente, somos absolutamente conscientes de cuál es la situación y cuáles son los problemas que crea, no solamente en una determinada comunidad, sino a la que yo también represento, la dificultad de...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Madrid, ¿se podría acercar más el micrófono?

El señor MADRID LÓPEZ: Es que, no sé por qué razones mágicas, se me había desconectado, y eso que no está el señor Trillo. (Risas.) El señor PRESIDENTE: Es malo no estar conectado. De todas formas, tiene la palabra, señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: No sé si he tenido, por razones de taquigrafía, recogidas las palabras o las vuelvo a repetir, que no serán las mismas, seguro.
Estaba diciendo, señor presidente, que nosotros hemos venido trabajando en esta dirección, compañeros y compañeras nuestras en esta Comisión, para conseguir que la capacidad de producción y las potencialidades existentes, ciertas, en el conjunto del país, pero especialmente en algunas comunidades, como Galicia, como el norte de España, también Castilla y León, etcétera, permitan en todo caso no solamente un mayor y mejor desarrollo económico, sino también expectativas de futuro, que son interesantes si queremos conseguir que los jóvenes vayan incorporándose ciertamente a un trabajo que es no solamente interesante, sino también de futuro. Así como hay otras actividades y otros sectores donde se podrá discutir, lo que no se puede pensar es que este producto, en concreto la leche, vaya a rebajarse en la producción y en el propio consumo. De hecho, todavía el consumo de los ciudadanos españoles es superior a la tasa concedida por la Unión Europea.
Nosotros hemos denunciado a veces, en un terreno de colaboración, cómo el Gobierno ha jugado al equívoco con la supertasa, y lo hemos dicho en varias ocasiones. Creemos que efectivamente las autoridades españolas tienen que hacer valer en la Unión Europea la capacidad, la potencialidad de lo que es la aportación positiva de nuestro país, de manera que pueda establecerse un futuro cierto de la producción real.
Es decir, venimos con este asunto trabajando durante muchos años.
Hemos tenido a veces dificultades en establecer y en llegar a convencer a nuestros socios de la Unión y creemos que ha llegado el momento de que el Congreso de los Diputados apoye decididamente y mandate al Gobierno con las indicaciones que esta exposición de motivos y esta proposición no de ley acaba de ser expresada brillantemente por el compañero de la Comisión.
Nosotros, para mejorar y aumentar, si cabe, los argumentos, hemos querido añadir alguna enmienda para que también se pudiera urgir a la Unión Europea, y, tal como establece la proposición no de ley, se diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a urgir a la Unión Europea que adelante la distribución de esas 550.000 toneladas, puesto que ya están negociadas y pactadas.
Y después hay una segunda enmienda de adición, que pretende también dar un paso más: abrir una vía nueva de actuación y de compromiso de esta Comisión y del Congreso. Yes que es necesario que se cree el marco adecuado para que se establezca una política de concertación entre la industria láctea y el sector productor, propiciando un sistema contractual. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos sensibles también a que las cuestiones no son una foto fija. Es decir, hay una actividad creciente de necesidades mutuas entre lo que es la industria, lo que son los productores; y quien tiene que facilitar a veces esta situación son los poderes públicos o las administraciones o quien convenga. Me decía el ponente hace un momento que quizá esta segunda parte de la enmienda nuestra de adición podía no ser acertada en estos momentos. Nosotros creemos, sin embargo, que es una buena ocasión para introducir una

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parte nueva en el debate y, con ese espíritu de cooperación y de sumar esfuerzos a estos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista, que yo ahora represento, ha querido hacer esta aportación.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Yo quisiera, señorías, comenzar diciendo algo con el máximo respeto hacia el Bloque Nacionalista Galego y hacia su portavoz, pero es que sinceramente yo considero que es desolador el ver que período de sesiones tras período de sesiones se plantea ante esta Comisión exactamente la misma propuesta, cuando además se sabe (creo que se sabe, puesto que yo lo he repetido en numerosas ocasiones en lo que va de legislatura) que existe una normativa de la Unión Europea y una normativa española que impiden que se puedan llevar a cabo las propuestas que aquí se hacen. Yo sinceramente debo decir que no sé a qué obedece esta postura. Me parece una falta de rigor y una falta de seriedad el hacer una propuesta que se sabe que va en contra de la ley. Por tanto, quien la propone debería pensarse un poco más la forma de hacer política, porque creo que las personas que hemos sido elegidas por los ciudadanos para representarlos debemos ejercer en primer lugar nuestras actuaciones al lado siempre de la ley y no en contra de la ley.
Ycuando pienso que en un futuro alguien quiera consultar los Diarios de Sesiones y compruebe que repetidamente esta iniciativa se plantea aquí, y que sucesivamente este grupo está obligado a salir en defensa de la ley y en defensa de la normativa, tanto de la Unión Europea como de la española, creo que podrá ver que este tipo de actuaciones se deben única y exclusivamente a la demagogia o a la pretensión -y ya creo que esto es más malintencionado y, por lo tanto espero que no sea así, al intento de confundir a los ganaderos españoles, a los ganaderos especialmente de la cornisa cantábrica, que son los más afectados en este tema.
Y aunque el Portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha dicho que a lo mejor a nosotros nos daba igual, tengo que decirle que no nos da igual; que desde el Partido Popular, y desde el Gobierno de José María Aznar, la postura que se viene llevando a cabo desde el primer día, primero por la ex ministra Loyola de Palacio y hoy por el actual ministro, es de defensa de los intereses de los ganaderos. Y así ha quedado demostrado, eso es evidente, no solamente en España, sino ante la Unión Europea.
Yefectivamente, cuando él dice que hay que dejar claro de una vez por todas las posturas, yo lo que digo es que hay que dejar claro de una vez por todas que no se puede solicitar que se lleven a cabo una serie de políticas que van en contra de una normativa de la Unión Europea y de una normativa española. Y por citarlas, para que queden más que nada en el «Diario de Sesiones», porque creo que todo el mundo las conoce ya, me estoy refiriendo al artículo 2 del Reglamento de la Unión Europea 3.950/1992 y al Real Decreto de España que se refiere a este reglamento de la Unión Europea. Y nosotros por supuesto que no les vamos a acusar de defender a defraudadores, nunca se ha dicho semejante cosa. No se trata de decirles a ustedes que están defendiendo a defraudadores, están defendiendo unas posturas que saben perfectamente que no se pueden llevar a cabo, que no se pueden cumplir.
Yo lo que creo es que, en definitiva, lo que hay es una falta de imaginación, una falta de iniciativa, de propuestas nuevas, de propuestas que beneficien a los ganaderos y de propuestas que vayan un poco de acuerdo con las medidas que se deben tomar de cara al siglo XXI sobre la calidad de la leche y sobre actuaciones que verdaderamente beneficien a los ganaderos de la cornisa cantábrica, a los ganaderos españoles.
Sí quisiera manifestar también, señor presidente, que estamos de acuerdo absolutamente con la manifestación que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, que dice que las autoridades españolas deben actuar de una forma eficaz, seria y contundente ante la Unión Europea, reivindicando actuaciones y políticas para nuestros ganaderos. La pena, señor presidente, señorías, es que cuando se gobernó durante catorce años... (Rumores.) Sí, sí, yo lo lamento; es que usted es el que me lleva a ese terreno. La pena es que durante catorce años no se haya hecho de esa forma y muy especialmente cuando se negoció la entrada de España en el Mercado Común. Y recuerdo una vez más que ustedes tenían a una persona para llevar a cabo esa negociación, que era don Fernando Morán (a quien aprecio mucho, asturiano como yo), que no solamente no supo llevar a cabo esa actuación de la forma en la que ustedes la defienden ahora, sino que hizo una negociación muy perjudicial. Y mire, señor Madrid, yo no pretendía en absoluto entrar una vez más en este debate, ni pretendía volver otra vez a reincidir en lo que ya hemos dicho aquí por activa y por pasiva; pero es que usted me ha llevado a ese terreno. Ustedes no están capacitados para dar lecciones al Gobierno de José María Aznar, ni en la persona de su actual ministro, ni antes en la de Loyola de Palacio, de cómo deben actuar.
Por tanto, señor presidente, solamente me cabe decir que mi grupo, por las razones obvias que acabo de manifestar, se va a pronunciar en contra de esta proposición no de ley. (El señor Madrid López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Madrid, ya sabe que aquí en los turnos de defensa de fijación de posiciones cada grupo parlamentario fija su posición.


El señor MADRID LÓPEZ: Es para una cuestión por alusiones, señor presidente. Ha dicho que no estamos capacitados

El señor PRESIDENTE: Bien. Yo le voy a dar dos minutos para que conteste a esa alusión, pero simplemente a esa alusión.


El señor MADRID LÓPEZ: Estrictamente y además serena y tranquilamente. Mire, yo creo que la capacitación personal y la capacitación política se expresa a través de las biografías personales y como grupo de las personas que han trabajado con honradez y sinceridad independientemente de los resultados que se hayan tenido. Estar permanentemente (y siento no poderlo hacer en el Pleno del Congreso en estos momentos, pero me vale esta Comisión) haciendo alusiones al pasado nos puede llevar a una situación

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grave. La capacitación nos la dan los ciudadanos. Si estamos o no capacitados para realizar la actividad a la que nos han llevado los ciudadanos cuando estuvimos en el Gobierno y ahora en la oposición, no nos tiene que dar nadie patente de esa capacitación. Yquiero decir que la alusión permanente a eso denota un complejo enorme de inferioridad. (El señor Vázquez Vázquez, don Guillerme, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Al final tendrá usted la palabra, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): También por una pequeña alusión, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Si quiere, acumulamos la alusión y acumulamos la defensa de la enmienda y le damos la palabra a la portavoz del Grupo Popular, señora Castro, también por dos minutos. Con eso finalizamos este turno de alusiones y de réplicas.


La señora CASTRO MASAVEU: Simplemente quiero manifestar que yo sí creo que se debe recordar el pasado para corregir y no cometer los mismos errores. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, complejo de inferioridad, absolutamente ninguno.
Efectivamente, la patente nos la dan los ciudadanos. Y los ciudadanos españoles han sabido qué Gobierno debía representarles. Y los ciudadanos españoles comprenderán cuál ha sido la política del Partido Popular y de su ministra Loyola de Palacio en la defensa de los intereses de los españoles ante la Unión Europea con la negociación de la Agenda 2000. (El señor Madrid López: Que no la hubieran destituido.) ¿Qué no la hubieran destituido? O sea, le parece a usted...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Castro. Silencio, señorías, silencio para dejar hablar a la portavoz del grupo. Pero miren, ya saben ustedes que la cortesía parlamentaria exige de todos los miembros de las Comisiones que mantengan un silencio para que se puedan escuchar y, en todo caso, rebatir las argumentaciones. Por tanto, yo les solicito silencio y le seguimos dando la palabra a la señora Castro para que pueda finalizar su intervención.


La señora CASTRO MASAVEU: Sí, porque si por en medio hay intervenciones, señor presidente, seguiré contestándolas. Si a usted le parece, señor Madrid, que ha sido destituida una persona que ha sido la candidata del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo (y quiero recordar que ha sido la lista más votada), y además esa persona ha sido elegida vicepresidenta; si eso a usted le parece que es ser destituido, ojalá todos seamos mañana destituidos para seguir el mismo camino que la ex ministra Loyola de Palacio.


El señor PRESIDENTE: Para aceptación o no de la enmienda, así como por esa alusión, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): La enmienda número 1 que presenta el Grupo Socialista vamos a aceptarla; no sobra urgir a la Unión Europea que adelante la distribución de las 550.000 toneladas previstas en dos tramos, aunque, en todo caso, ya el Gobierno anunció que su intención era repartirlas en un solo tramo y de manera inmediata.
En cuanto a la segunda enmienda, yo, efectivamente, antes le hice llegar mi opinión al ilustre portavoz del Grupo Socialista en el sentido de que no encajaba en el contexto de la proposición no de ley que presentamos, porque es una enmienda que hace referencia a una cuestión de precios, no porque no fuera oportuna, quería matizar esto. En todo caso, como la votación presumiblemente se va a producir en el sentido que se va a producir, también vamos a aceptarla.
Ysi me permite, también brevemente y con todo respeto, señor presidente, yo le recomendaba a la señora portavoz del Grupo Popular que cuando quiera defender los argumentos que avalen la política del Gobierno para el sector lácteo lo haga con esos argumentos en vez de recurrir a las descalificaciones. Términos como demagogia o que nuestras iniciativas pretender confundir a los ganaderos a mí me parece que no son muy de recibo. En todo caso, ustedes pocas veces utilizan argumentaciones en defensa de esa política y si la tienen, si tienen esa política, si ustedes creen que es tan buena para el sector lácteo, explíquenselo a los ganaderos, porque desde luego le puedo asegurar que medios para explicársela tienen muchísimos más que el Bloque Nacionalista Galego.


- SOBRE AUMENTO DE LOS ARANCELES PESQUEROS TRAS LA FINALIZACIÓN DEL ACUERDO CON ARGENTINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001559.)

El señor PRESIDENTE: Al encontrarse ausente el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la proposición que figura como número 5 decae de esta Comisión y, por tanto, única y exclusivamente votaremos las cuatro que se han mantenido presentes.
Siendo la hora que es y habiendo quedado en votar a partir de las doce y cuarto, vamos a suspender la sesión hasta las doce y cuarto.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de la Comisión de Agricultura con las votaciones de las proposiciones no de ley.
Previamente les quiero comunicar a los señores portavoces que mañana a las nueve y media tendremos una reunión informal en las puertas del hemiciclo. (Risas.) Ya saben SS.SS. a qué se refiere la reunión informal.
Pasamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya composición aparezcan aceites o grasas y especifíque la procedencia de los mismos.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar, a continuación, la proposición no de ley número 2, también del Grupo Socialista, sobre medidas agroambientales de apoyo al olivar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre elaboración de una normativa que persiga erradicar la actividad de los buques con banderas de conveniencia, que ponen en peligro las normas de conservación de los recursos a escala internacional y ejercen una competencia desleal hacia los buques españoles.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La proposición no de ley número 4 ha sido retirada y la número 5 ha decaído, por lo que procedemos a votar la proposición no de ley número 6 del Grupo Parlamentario Mixto, sobre actuaciones en relación con el exceso de producción en el sector lácteo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y veinte minutos del mediodía.


NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, del miércoles 29 de septiembre de 1999, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no

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