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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 29/10/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 34

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 33

celebrada el martes, 29 de octubre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española.
(Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 22.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000011) (Página 14605 )

-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 34.1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000022) (Página 1466)

Proposiciones no de Ley:

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la constitución de un Comité Consultivo de Pesca en España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 56, de 11 de octubre de 1996 (número de expediente 162/000051) (Página 1473)

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-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ayudas destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 42, de 17 de septiembre de 1996 (número de expediente 162/000041) (Página 1481)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de trabajo en el ámbito de la función pública. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 60, de 18 de octubre de 1996 (número de expediente 173/000016) (Página 1487)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 35, de 30 de octubre de 1996.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1460)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. (Orgánica) (Página 1460)

El señor Alcaraz Ramos defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la toma en consideración de la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas. Manifiesta que, a pesar de que hace poco tiempo defendió con poca fortuna una proposición de ley orgánica que regulara el secreto profesional de los periodistas, se siente optimista en relación con la proposición de ley que presenta hoy, porque algunos de los argumentos contrarios a la toma en consideración de aquella proposición no son de aplicación en ésta. Recuerda que la regulación de la cláusula de conciencia es un mandato constitucional explicitado en el artículo 20.1.d) de la Constitución y es el desarrollo constitucional de un derecho fundamental de los periodistas, añadiendo que ese derecho, que sirve ante todo a unos sujetos determinados, cumple una función social general, que es ayudar al cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la libertad de expresión y el derecho a difundir, emitir y recibir información veraz y objetiva. Explica que el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias ha establecido una doctrina declarando que el periodista, como sujeto e instrumento de la expresión libre, no requiere de privilegios, pero sí de una protección jurídica adicional relacionada con las altas funciones que en la vida democrática le atribuye el texto constitucional. A continuación, considera que esta protección se ha de hacer por ley orgánica para reducir la inseguridad jurídica, para reducir la discrecionalidad judicial y porque, en el caso concreto de la cláusula de conciencia, el simple enunciado de la ley orgánica puede servir para prevenir situaciones indeseables que se puedan dar en el futuro.
El mayor problema que se presenta, a su juicio, es el de fijar el contenido esencial del derecho que, en el caso de la cláusula de conciencia, difícilmente se deriva directamente del enunciado del texto constitucional.
No puede aducirse en el caso de la cláusula de conciencia la posibilidad de ponderación judicial entre varios valores jurídicamente protegibles, pues es difícil imaginar que se le pueda oponer otro bien que tenga el mismo nivel de protección como principio general.
Por otra parte, está conforme con la necesidad de consenso en esta materia, pero hace dos objeciones: en primer lugar, el consenso entre las fuerzas políticas debe sustanciarse necesariamente en la redacción de una ley y, en segundo lugar, el desencuentro puede ser entre qué piensan los profesionales y qué piensan los profesionales del medio. Añade que la inactividad legislativa favorece a los propietarios de los medios, con el peligro que supone para el ejercicio real del derecho fundamental, siendo los profesionales a los que se puede considerar como víctimas.
Expone que con esta proposición de ley orgánica se pretende dar respuesta al problema y pasa a explicar los dos artículos de los que consta la ley, en

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donde, en su artículo 1.º, se alude a la profesión periodística con un carácter social y democrático específico y al tipo de relación contractual, y en el artículo 2.º se establecen los cuatro supuestos de ejercicio del derecho: la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de comunicación manifieste un cambio sustancial y objetivo en la orientación informativa o en la línea ideológica; la rescisión de la misma relación cuando, a iniciativa de la dirección del medio, se produzcan modificaciones en las condiciones de trabajo que supongan un atentado a la dignidad profesional; la posibilidad que tendría el periodista profesional de la información de negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos; y el respeto al contenido y a la forma de la información elaborada, de tal manera que si se produjeran alteraciones sustanciales se requerirá el consentimiento del periodista. Convencido de que esta proposición de ley no va en contra de nadie sino a favor de la libertad, pide el voto afirmativo de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 302 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del articulo 8 de la Ley del contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos (Página 1466)

El señor López de Lerma i López, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), expone los motivos que avalan la proposición de ley cuyo objeto es la modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos de seguros. Puesto que la Ley del contrato de seguro, de 8 de octubre de 1980, no establecía regulación alguna en relación con esta materia de acuerdo con el artículo 3.º de nuestra Constitución se interpretó que los contratos de seguros podía redactarse indistintamente en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio en donde el contrato se formalizara. Sin embargo, en la pasada legislatura, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados, en su disposición adicional sexta, vía enmienda en el Senado, modifica aquella legislación e introduce un desequilibrio constitucional al decir que la póliza del contrato debe ser redactada en todo caso en castellano, y si el tomador del seguro lo solicita, puede serlo en otra lengua, entendiendo la de la propia comunidad autónoma correspondiente. Añade que su grupo disiente de que la imposición del uso del castellano en las pólizas de seguros tenga fundamento en la Directiva comunitaria número 88/357, como se dice en la disposición adicional sexta, puesto que en esta norma no se establece nada respecto de la lengua. Considera obvio que el artículo 3.º1 de la Constitución española declara que el castellano es la lengua oficial del Estado, pero también es obvio que el mismo artículo, en su apartado 2, dice que el castellano no es la única lengua oficial cuando se relaciona con las comunidades autónomas, las cuales tienen, algunas de ellas, una lengua propia que la Constitución ampara y protege y que sus estatutos de autonomía convierten también en lengua oficial, habiéndose originado por esta disposición adicional sexta de la hoy vigente Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados un recurso al menos de inconstitucionalidad. Agrega que su grupo votó en contra de dicha disposición porque altera gravemente los principios constitucionales que recogen, reconocen, protegen y amparan la pluralidad lingüística del Estado y, con el fin de subsanar ese grave error de concepción, presentó enmiendas en el Senado y en el Congreso de los Diputados que no prosperaron, por lo que ahora se ven obligados a la presentación de esta proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por 308 votos a favor y una abstención.


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Proposiciones no de ley (Página 1473)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la constitución de un comité consultivo de pesca en España (Página 1473)

Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular el señor Mantilla Rodríguez, manifestando que el potencial del sector pesquero es muy importante y presenta problemas en la modalidad de pesca en fresco, arrastreros, congeladores, bacaladeros, acuicultura, en las empresas transformadoras y en las empresas comercializadoras, lo que les lleva a presentar esta proposición no de ley. A continuación explica las causas por las que el sector pesquero está en crisis como, por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973 o la extensión que en 1976 hicieron los países ribereños de su zona de exclusividad económica a 200 millas.
Considera imprescindible buscar soluciones, que a veces sólo necesitan un diálogo fluido con la Administración, por lo que el Grupo Parlamentario Popular propone la constitución de un comité consultivo de pesca. Añade que ya hay algunos comités que apoyan a la Administración en sus decisiones, pero falta un comité consultivo de los profesionales, por lo que considera que en la actualidad existe una disparidad entre la Administración y el sector. Se evitarían así la discrecionalidad en las consultas y la atomización de los intereses a veces contrapuestos.
Pretenden con esta proposición la creación de un comité consultivo similar al creado en la Unión Europea el 25 de febrero de 1971 y ratificado en una decisión de la Comunidad Europea de 21 de diciembre de 1988. Añade que en este comité consultivo tienen que estar representadas las asociaciones empresariales, las centrales sindicales, las cofradías, las cooperativas del mar, las asociaciones profesionales del mar, las asociaciones comerciales del mar, las asociaciones transformadoras del mar, los organismos bancarios que tengan que ver algo con el mar, los investigadores, los expertos y un largo etcétera, dejando un margen de confianza a la Administración para formar comisiones permanentes que analicen, dialoguen y consulten cada uno de los temas concretos. Por otra parte, agrega que este comité es meramente consultivo y no puede invadir ninguna competencia de las comunidades autónomas. Recordando las palabras de la señora Ministra de Agricultura, manifiesta que este comité debe servir, en suma, para conseguir una vía reglada, fluida y seria de contacto entre los distintos sectores.
Defienden las enmiendas presentadas los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en los términos resultantes de la aceptación por el grupo proponente de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 183 votos a favor, 123 en contra y una abstención.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ayudas destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón (Página 1481)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista el señor Rodríguez Zapatero, y manifiesta que en los últimos años la minería del carbón ha estado sometida a un inevitable proceso de reordenación, de ajuste y de garantía de viabilidad, afectando a un número importante de comarcas y, de manera muy especial, a algunas provincias del país. Reconoce que es una tarea difícil por la propia naturaleza de las comarcas mineras del carbón, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones sociales y por la propia cultura que la minería del carbón genera y ha generado, pero manifiesta que el Grupo Socialista, tanto en la etapa en la que tuvo responsabilidades de Gobierno como ahora en la oposición, ha entendido que era un objetivo prioritario el intentar poner encima de la mesa diversos instrumentos que generasen la reactivación económica de las comarcas mineras. Hace a continuación mención de las distintas decisiones que se tomaron para dicha reactivación, en especial de la Orden ministerial de 30 de abril de 1990, considerando esta iniciativa muy beneficiosas para la inversión, la creación de empleo y la dotación de infraestructuras y equipamientos sociales.
El Grupo Socialista pretende con esta proposición no de ley, en primer lugar, que la mencionada Orden ministerial se mantenga y tenga una perspectiva

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temporal razonable, que no puede ser otra que la que coincide con el marco que la directiva de la Unión Europea tiene para las ayudas al carbón; en segundo lugar, que el Ministerio de Industria articule un plan para cinco años destinado a la financiación de infraestructuras de carreteras en comunidades autónomas y diputaciones provinciales de las comarcas mineras; y en tercer lugar, que exista una comisión de seguimiento del desarrollo del plan donde estén presentes las centrales sindicales y los ayuntamientos representantes de las comarcas mineras.
El Grupo Socialista es consciente de que el futuro del carbón está plagado de incertidumbre, máxime después de las noticias sobre las intenciones del Gobierno en relación con el protocolo eléctrico, pero está convencido de que es necesario y justo que los planes de reactivación que están articulados sigan vigentes para intentar por todos los medios que las comarcas mineras tengan una esperanza de futuro.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, interviene el señor Escuredo Franco.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometido a votación el punto primero de la proposición no de ley, se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación el punto segundo de la proposición no de ley, se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación el punto tercero de la proposición no de ley, se rechaza por 143 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1487)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general de incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de trabajo en el ámbito de la función pública (Página 1487)

El señor Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, presenta la moción consecuencia de la interpelación que se debatió hace dos plenos en relación con la actitud del Gobierno sobre el escenario retributivo de los trabajadores del sector público para 1997. En el desarrollo de la interpelación el Grupo Socialista ya anunció cuál era su discrepancia básica en torno a la postura y a la decisión política, adoptada por el Gobierno con nocturnidad y alevosía, prescindiendo de manera absoluta de cualquier proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos. El interviniente quiere dejar constancia de que en ningún momento el Gobierno ha tenido la voluntad de sentarse a negociar con los empleados públicos, lo que supone no sólo un ataque importante al principio de negociación colectiva que debe regir en el ámbito de la función pública, sino también un incumplimiento evidente del acuerdo firmado en 1994, que tenía vigencia hasta 1997, por lo que presentan a la Cámara esta moción que intenta restituir la racionalidad, la seriedad y el principio de diálogo con los empleados públicos. Estima que se necesita una administración que funcione con eficacia, que dé servicios de calidad y que cuente con un personal estimulado y al que se le reconozcan su posición y sus cualidades, afirmaciones que también hizo el señor Aznar en el debate de investidura. Añade que esta moción está orientada al diálogo y a la negociación con los empleados públicos, sin descartar su disposición a hacer algún sacrificio.
A continuación pasa a explicar los puntos de la moción. En el punto primero se hace mención del acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos en su día y, en el punto segundo, se insta al Gobierno a que, de manera inmediata, convoque la mesa general de la Función Pública al objeto de negociar los incrementos retributivos y la oferta de empleo público para el año 1997 en el marco del capítulo VI del citado acuerdo de 15 de septiembre de 1994.
Insiste en que el Grupo Socialista no tiene como objetivo con esta moción poner al Gobierno en la tesitura de tener que llegar a un acuerdo obligatorio o marcar un determinado aumento retributivo, sino simplemente que no se quiebre algo elemental como es la actitud de diálogo y de negociación de la que tanto han hecho gala desde el Gobierno y desde el Grupo Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Chiquillo Barber y Vázquez Vázquez

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(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, intervienen la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 148 votos a favor y 160 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PERIODISTAS, RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.d) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000011)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española, que, en su caso, tendría naturaleza orgánica.
Para la presentación y defensa de la proposición de ley, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias. señor Presidente.
Señorías, a la hora de presentar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida Iniciativa-per Catalunya, esta proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, es sin duda necesario, aunque trataré de hacerlo de la manera más sucinta posible, reproducir argumentos que ya se dieron desde esta tribuna en un debate similar mantenido hace muy poco tiempo cuando este grupo, con poca fortuna por cierto, pretendió que se tomara en consideración una proposición de ley orgánica que regulara el secreto profesional de los periodistas. (Rumores.) Confío en cualquier caso, como es lógico, que esta proposición, a diferencia de la anterior...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señor Núñez, señor Hernando, les ruego que si han de despachar, utilicen SS. SS. los recintos que tienen en otros locales del palacio y de las ampliaciones. Por favor, no despachen permanentemente al lado de los escaños de los portavoces de cada grupo.
Puede continuar, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que, en cualquier caso, entenderán SS. SS. que subo a esta tribuna con un cierto optimismo, esperando que esta proposición de ley corra mejor suerte que aquella que se defendió sobre el secreto de los periodistas. También quisiera dejar constancia de que, seguramente, algunos de los argumentos que se dieron --en algún momento de manera brillante por los portavoces de otros grupos--, contrarios a la toma en consideración de aquella proposición de ley orgánica, no serían de aplicación en ésta.
Me permito recordarles que la regulación de la cláusula de conciencia es un mandato constitucional. El artículo 20.1.d) de nuestra Constitución dice explícitamente que la ley regulará esta materia. Por otro lado, es el desarrollo constitucional de un derecho fundamental que, ante todo, sería reivindicable por los sujetos del mismo, los periodistas, pero también hay que recordar, como siempre es oportuno hacer cuando se habla de estas cuestiones, que ese derecho, que sirve ante todo a unos sujetos determinados, cumple una función social general: ayudar al cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la libertad de expresión y sobre el derecho a difundir, a emitir y a recibir información veraz y objetiva. Todo ello, como ha manifestado reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, es premisa para la existencia de una opinión pública libre, auténtico sustrato de la existencia de la democracia. Es por ello, sin ninguna duda, por lo que también el Tribunal Constitucional, en reiteradas sentencias, ha establecido una doctrina declarando que el periodista, como sujeto e instrumento de la expresión libre, no requiere de privilegios, pero sí de una protección jurídica adicional relacionada con las altas funciones que en la vida democrática le atribuye el propio texto constitucional.
Que esta protección se haga por ley orgánica en este caso es importante por varias razones: para reducir la inseguridad jurídica, para reducir la discrecionalidad judicial en una materia en la que hay pocos antecedentes,

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reducción de la discrecionalidad judicial que ha sido en ocasiones pedida incluso por algunos jueces, y además, en el caso concreto de la cláusula de conciencia, creemos que el simple enunciado de la ley orgánica podría servir para prevenir situaciones indeseables que se puedan dar en el futuro.
En el anterior debate al que he hecho ya referencia se citó, como no podía ser menos, la opinión de quien quizá sea la persona que en España ha profundizado más en la cuestión, que es el profesor Marc Carrillo. El profesor Marc Carrillo, refiriéndose tanto a la cláusula de conciencia como al secreto profesional, dice lo siguiente: Estos derechos son de carácter fundamental, son de carácter sustantivo, están relacionados con el derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión, sobre los cuales hay una amplia, importante y, a mi juicio, también rica jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y continuaba diciendo: Sin embargo, entiendo que, en ausencia de una legislación que resuelva cuestiones tan importantes, el análisis del contenido esencial resulta a veces un poco ambiguo y difícilmente puede resolver la cuestión planteada.
En definitiva, éste es el mayor problema con el que nos encontramos y al que, como luego diré, trata de dar respuesta esta proposición de ley orgánica. Se trata de fijar el contenido esencial del derecho, que en el caso al menos de la cláusula de conciencia difícilmente se deriva directamente de su enunciado en el texto constitucional. En el caso de la cláusula de conciencia no puede aducirse, sí en el secreto profesional --y así se puso de manifiesto en el anterior debate--, la posibilidad de ponderación judicial entre varios valores jurídicamente protegibles, pues es difícil imaginar que se le pueda oponer otro bien que tenga el mismo nivel de protección, como principio general; sin duda se podría buscar alguna excepción, pero insisto en que tendrían que ser excepciones que vendrían en todo caso a confirmar esa regla general. Cuando hablamos de materia de conciencia parece especialmente oportuno que ese marco jurídico quede bien acotado. Imagínense SS. SS. lo que hubiera sucedido si no se hubiera definido normativamente el contenido de la objeción de conciencia al servicio militar y se hubiera dejado simplemente en manos de los jueces su definición concreta.
En otras ocasiones, en los debates sobre este tema tanto en sede parlamentaria como en otros foros ha sido también una cuestión importante la necesidad de consenso, la de decidir si una ley de estas características necesitaría un consenso que la hiciera viable o pudiera ser el fruto de una decisión parlamentaria. Hay que entender como cuestión de principio que en el marco del Estado democrático y de Derecho nada ni nadie podría coartar a las cámaras parlamentarias la posibilidad de legislar, pero más allá de ello, más allá del criterio de oportunidad o de conveniencia, diversas voces han aludido a esta cuestión, a la necesidad o no necesidad de un consenso previo a la legislación.
Otro ilustre estudioso de la materia, el señor Tomás de la Quadra Salcedo, que en general ha venido defendiendo la regulación normativa de la materia que hoy nos ocupa, ha insistido en la necesidad de que exista el consenso entre los implicados o, dicho de otra forma más matizada, que sería siempre buena la existencia de ese consenso, y desde luego ése es un argumento en el cual es difícil discrepar. Siempre es bueno que en aquellas materias que inciden en la realidad el consenso social y entre las fuerzas políticas se produzca. A ese principio habría que hacer al menos dos objeciones. En primer lugar, el consenso entre las fuerzas políticas debe sustanciarse necesariamente en torno a la redacción de una ley, o nunca habrá un consenso abstracto previo a esa redacción de la ley en una materia en que reiteradamente, legislatura tras legislatura, ha venido con distinta suerte a esta Cámara; en segundo lugar, como añade el propio profesor De la Quadra, el desencuentro se puede dar entre qué piensan los profesionales y qué piensan los propietarios de los medios, y aquí acaba la cita el profesor De la Quadra. Esto también nos lleva a uno de los puntos fundamentales del problema, porque siendo deseable ese encuentro, la inactividad legislativa viene a favorecer en todo caso a una de las partes: los propietarios de los medios, lo que, en definitiva, supone el mayor peligro para el ejercicio real del derecho fundamental, pues sólo la empresa periodística está en condiciones de vulnerar el derecho, y ciertamente nunca el profesional. Creo que es en este sentido como hay que entender la intervención del portavoz del Grupo Popular efectuada en esta Cámara discutiendo esta misma materia en el Pleno del 8 de febrero de 1994. Decía el portavoz del Grupo Popular --palabras con las que coincidimos--: En nuestro país tenemos en estos últimos meses ejemplos muy abundantes de situaciones de este tipo, tanto en empresas periodísticas como en empresas de radio o de televisión, y en todos estos casos ha habido profesionales a los que podemos considerar víctimas de estas maniobras o de estos cambios empresariales. Y seguía diciendo: No cabe duda que ante una situación de este tipo sería bueno que tuviéramos regulada y bien fijada una serie de normas en cuanto a la cláusula de conciencia.
A este conjunto de problemas se trata de dar respuesta, como decía anteriormente, con esta proposición de ley orgánica, como siempre mejorable en el trámite parlamentario, estando, por consiguiente, abiertos a cualquier ulterior negociación o admisión de ideas que la mejoraran. La proposición de ley que se presenta tiene dos artículos. En el artículo primero se alude a la profesión periodística, dentro de esa definición de un carácter social y democrático específico, a la que he hecho alusión al principio de mi intervención, y en esta materia --aunque aquí se podría encontrar alguna excepción-- aparece el carácter de la habitualidad en el trabajo periodístico en el seno de una

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empresa informativa, porque en el caso de la cláusula de conciencia, sería precisa esa habitualidad, ese tipo de relación contractual para que surtiera efecto lo que pretende la ley.
En el artículo segundo se establecen los cuatro supuestos de ejercicio del derecho que constituyen y acotan su contenido esencial. El primer supuesto es la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de comunicación manifieste un cambio sustancial y objetivo en la orientación informativa o en la línea ideológica. Sin duda, ello deja un margen de interpretación judicial en su caso, pero lo que ahora es un pequeño margen, en ausencia de una ley queda convertido en un espacio sin límites, donde solamente cabe esa interpretación judicial y, como decía anteriormente, es algo complicado de efectuar en nuestra tradición jurídica. El segundo supuesto sería la rescisión de la misma relación cuando a iniciativa de la dirección del medio se produzcan modificaciones en las condiciones de trabajo que supongan un atentado a la dignidad profesional. El tercer supuesto consistiría en la posibilidad que tendría el periodista profesional de la información de negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos, hay que entender que comúnmente aceptados --y podríamos remitirnos a multitud de normas deontológicas, como, por ejemplo, los acuerdos de las asociaciones de prensa, el marco del Consejo de Europa, etcétera--, del periodismo. El cuarto supuesto sería el respeto al contenido y a la forma de la información elaborada, de tal manera que si se produjeran alteraciones sustanciales, requerirá el consentimiento del periodista para que esa noticia pueda difundirse con su nombre, seudónimo o cualquier otro signo que lo identifique como autor de aquella información que hubiera sido reelaborada sin contar con su acuerdo.
Por todo ello, creemos que ésta no es una proposición de ley que vaya contra nadie; es una proposición de ley que va a favor de la libertad y, desde este convencimiento, pedimos que sus votos permitan, por fin, regular la cuestión, desarrollar en este punto la Constitución y, en definitiva, asegurar mejor la información democrática.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo, que es favorable; es decir, vamos a avalar con nuestros votos la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y lo vamos a hacer tomando como base los propios argumentos de la exposición de motivos que han sido recalcados y subrayados por el portavoz de dicho grupo desde la tribuna de oradores.
Nos encontramos con una Constitución, la actual, la de 1978, que en su parte dogmática recoge algo que ya estaba incorporado y resuelto en la legislación europea, yo creo que, en términos generales, correctamente resuelto, pero que hace algo importante y significativo, que es innovar; se introduce en la Constitución y, como dice el propio grupo proponente, a partir de aquí ya tiene una fuerza normativa y, por tanto, una eficacia total y absoluta en Derecho. Lo que ocurre es que, como tantos otros contenidos de cualquiera de las constituciones, debe ser desarrollado posteriormente. Esta es una asignatura pendiente que en las últimas legislaturas hemos venido tratando de resolver por la vía del acuerdo, del consenso, como se hizo introduciéndolo en la Constitución, pero no hemos sido capaces de normar sobre este principio constitucional y, obviamente, es necesario precisar su contenido.
Por todo ello, señor Presidente, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley, subrayando y dejando constancia ante SS. SS. y en el «Diario de Sesiones» de nuestra discrepancia respecto de algunas de las propuestas concretas de desarrollo normativo que nos hace el grupo proponente, pero para eso están los trámites posteriores de ponencia, comisión y pleno, para, en ellos, ir entre todos mejorando la sugerencia que hoy nos trae el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Parece que el Grupo Parlamentario Mixto también deseaba fijar su posición. Yo ruego a SS. SS. que cuando se pregunte por la Presidencia respondan de forma más ostensible.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, subo a esta tribuna en nombre del Bloque Nacionalista Galego para mostrar nuestro apoyo a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en principio porque pensamos que sería muy higiénico que se pudiese debatir un problema de importancia para la veracidad de la información y para la protección de la conciencia y de la dignidad de los profesionales del periodismo como el que se plantea en esta propuesta.


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Debemos decir que dejando al margen que la definición técnica que se hace de los periodistas puede dar pie a algún tipo de intrusismo o incluso dejando al margen cierta ingenuidad, que choca con la realidad de los hechos, en el sentido de que, hoy en día, tal como está el mercado laboral, que un periodista aduzca que se rompe la relación contractual o de tipo jurídico con una empresa por desacuerdo no sería más que favorecer a estas empresas, dejando esto al margen, que podemos discutirlo, nos parece sin embargo que es fundamental que exista algún tipo de mecánica defensiva por parte de los trabajadores de la información frente a las grandes empresas que representan casi siempre intereses de carácter oligopólico, absoluto o de tipo monopolista.
Valoramos la proposición de ley en el sentido de defendernos frente a las manipulaciones de carácter informativo y de forma especial de aquellos que están más vinculados al aparato de la información.
Sabemos que defender un derecho de carácter fundamental pero de una forma prácticamente orientada a la conciencia individual tiene muchos límites en un sistema como el que estamos viviendo, donde lo importante es la problemática orgánico-social y económica. Podemos dar algunos ejemplos al respecto. Todas SS. SS. pueden comprobar a diario cómo los medios de comunicación escrita ofrecen informaciones como las siguientes: «Todos los partidos políticos avalan el proceso de integración de españa en la Europa de Maastricht» --todos los partidos políticos--. «Todos los grupos parlamentarios eligieron sus representantes en la Comisión de Secretos Oficiales» --todos--. «La oposición, de acuerdo con la integración en la estructura militar de la OTAN». «Los grupos parlamentarios presentan enmiendas al proyecto de videocámaras» --son todos menos los que las presentamos a la totalidad--. «Los grupos parlamentarios», A, B y C, «se posicionan en contra». «Otros se posicionan a favor» --resulta que se eliminan otro u otros grupos parlamentarios--. Ni qué decir tiene que esto no es casual ni depende de la conciencia individual de los periodistas y mucho menos de su buen hacer.
La señora directora general del ente público RTVE contestó que todos los trabajadores de la casa eran grandes profesionales cuando se le hizo ver informaciones tan descaradas como las que yo acabo de citar. Pues bien, señorías, aunque esta proposición de ley no va a solucionar estos problemas, pensamos que sí puede significar cuando menos el inicio de un debate necesario que empezaría por la pureza y por el respeto al pluralismo democrático y a la veracidad de la información en los medios de titularidad pública que deben de ser un modelo para contrastar y obligar a los de titularidad privada a que, cuando menos, tengan mayor decencia, mayor pureza en la información y mayor respeto por todo el pluralismo existente.
En definitiva, la proposición de ley expresa una preocupación, aunque la intente solucionar por unas vías que no pensamos que van a ser las que acaben con el problema en toda su gravedad. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego no quiere desaprovechar la ocasión de mostrar su apoyo, porque pensamos que éste es el inicio de un debate muy importante en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el derecho fundamental a la cláusula de conciencia que está reconocido por el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución es un derecho que ha tenido un cierto éxito en el campo de las citas literarias. Hace ya algunos años, en un célebre trabajo, el profesor Tomás de la Quadra lo calificó como de un Godot constitucional, porque, por así decirlo, al igual que el personaje de la famosa obra de Beckett, al cual todo el mundo espera y nunca llega porque no acaba de llegar, la ley que tenía que regular este derecho, al cual se refiere el artículo 21.1.d) de la Constitución no acababa de llegar. Hace ya dieciocho años que se aprobó la Constitución, muchos, aunque no todos, esperan que el legislador cumpla el mandato previsto en el artículo 20.1.d) y la ley no acaba de llegar. La verdad es que no acaba de llegar por razones que todos comprendemos muy bien, porque, para empezar, no todos la esperan. Hay algunos, hay bastantes que preferirían que no viniese. Esta es la verdad. Así se explica, en parte, el tortuoso camino que, en el ámbito parlamentario, han seguido las múltiples iniciativas que han pretendido regular este tema. Si mi memoria no me engaña, durante la III legislatura hubo una proposición de ley, del Grupo Parlamentario CDS, que no fue tomada en consideración. En la pasada legislatura sí que se tomó en consideración la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero todos sabemos que la Comisión Constitucional de la Cámara decidió abrir un proceso largo, complejo, de comparecencias, de consultas, al que asistieron los principales representantes del sector. El resultado de todo ello fue que finalmente la proposición de ley no pudo aprobarse.
No es éste el único símil teatral que se ha utilizado para hablar de la cláusula de conciencia. Hace apenas unos meses, en un conocido debate, un representante de los medios de comunicación se refería a la extraña pareja, cuando hablaba de que tanto la cláusula de conciencia como el secreto profesional presentan una cierta perplejidad ante el hecho de que estos dos derechos fundamentales, que solamente tienen en común el intentar garantizar la actuación de los medios de comunicación,

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aparezcan recogidos en nuestra Constitución. Ciertamente, es una extraña pareja y yo añadiría una pareja solitaria porque en ninguna Constitución de ningún país del mundo, hasta ahora, se han recogido estos derechos, excepto en la de Portugal y sólo con ciertos límites.
Señor Presidente, lo que tenemos que decidir hoy es si seguimos esperando a Godot o si consideramos que no hace falta esperarle más y conviene empezar a prepararle la recepción.
¿Ha llegado ya el momento, después de los trámites, después de las informaciones, después de los trabajos muy novedosos y muy interesantes que se hicieron en la pasada legislatura, de que esta Cámara se decida realmente a regular esta cuestión? Mi grupo considera que sí, que ahora ya se dan las circunstancias, todas las posibilidades que nos van a permitir avanzar en la regulación de este tema y, por lo tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Solamente me resta añadir dos cosas para que quede clara nuestra posición. Se nos dirá con razón que éste es un tema delicado, que afecta también a otro derecho fundamental, aunque no esté en la sección 1.ª del capítulo segundo de la Constitución, cual es la libertad de empresa, que afecta a las relaciones internas en el seno de las empresas periodísticas y a su dirección y que, por lo tanto, quizás sería mejor solución que fuera resuelto de forma privada, corporativa, mediante acuerdos, autorregulación, códigos deontológicos, convenios colectivos, etcétera.
La verdad es que en muchos medios ya existen estos códigos deontológicos, que han sido convertidos en norma jurídica a través de convenios colectivos. Nuestro grupo considera que estos códigos deontológicos que ya existen y los que puedan venir en el futuro son enormemente importantes e interesantes. Una de las grandes críticas que tenemos que hacer al contenido de la proposición de ley es que no los tiene en cuenta en absoluto. Nosotros creemos que deben tenerse en cuenta porque podrán aportar cierta utilidad a la hora de determinar las causas que puedan justificar la negativa o el rechazo de los profesionales a realizar trabajos que vulneren esas reglas éticas o deontológicas; o porque en cada caso concreto que se plantee ante los tribunales el juez podrá modular la existencia o no de causas justificativas de la rescisión del contrato precisamente a partir de las informaciones que aporten estos códigos deontológicos. Eso es una cosa y otra que se pretenda que un derecho fundamental que está recogido en el capítulo segundo, sección 1.ª de nuestra Constitución, pueda ser regulado directamente por convenios colectivos o de forma privada. Esto no puede ser. Y no puede ser porque la Constitución no lo quiere, porque es la Constitución la que dice que los derechos fundamentales sólo podrán ser regulados por ley, que tendrá que ser ley orgánica y que tendrá que respetar siempre su contenido esencial.
La otra pequeña advertencia que quiero hacer, por así decirlo, es que nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley es un voto de oportunidad, es un voto por el que reconocemos que hace falta regular este tema; no significa que estemos totalmente de acuerdo con el contenido de la proposición. Nos parece que hay aspectos en ese contenido que habrá que tratar, que habrá que discutir, que habrá que enmendar. Por ejemplo, en el artículo 1.º se hace una definición muy ambigua de lo que se ha de entender como profesional de la información, concepto que habrá que precisar más. En el apartado 2 del artículo 2.º se realiza una ampliación totalmente excesiva, que no está justificada en el Derecho comparado, sobre las causas de rescisión del contrato.


El señor PRESIDENTE: Señor Jover, le ruego concluya.


El señor JOVER PRESA: Acabo, señor Presidente.
Finalmente, quiero recordar que la cláusula de conciencia está recogida en el artículo 20.1 d) de nuestra Constitución, es decir, libertad de información. Es el artículo que regula el derecho de todos los españoles a comunicar y recibir libremente información veraz. No está en el artículo 20.1 a), libertad de expresión; no está en el artículo 18, derecho al honor o a la propia imagen; no está allí. Se refiere solamente a la libertad de información, a la libertad para informar, para comunicar y recibir información veraz. Este es un tema que habrá que tener en cuenta debidamente a la hora de establecer el contenido concreto de la regulación.
Dicho esto, señor Presidente, yo creo que ya he justificado suficientemente las razones de nuestro voto favorable y le doy las gracias por su benevolencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jover.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, señorías, inevitablemente hemos de aludir al debate que tuvimos aquí hace tres semanas en relación con el secreto profesional del periodista. Debemos aludir a ello porque ambos derechos, el secreto profesional y la cláusula de conciencia, están regulados no ya en el mismo apartado de la Constitución, el 20.1 d), sino incluso podríamos decir que casi en la misma línea. Son dos derechos que están garantizados conjuntamente y que tienen algunas cosas en común y, evidentemente, también otras distintas.
Yo quiero señalar que quizás el rasgo común que tienen es el de que los dos derechos son directamente aplicables por el lugar en que están en la Constitución.


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Pueden solicitarse, por lo tanto, ante los tribunales desde ahora y sin ley, pero, evidentemente, hay diferencias. Como ha señalado algún Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, el secreto profesional está más o menos definido por la práctica y por la costumbre, mientras que la cláusula de conciencia tiene unos niveles de imprecisión mucho más amplios y que exigen o, por lo menos, aconsejan una definición mucho más precisa.
Por otra parte, debemos tener presente también que hay otros problemas en la cláusula de conciencia que no se dan en el secreto profesional. Yo creo que el más importante de todos esos problemas es el de la delimitación conceptual. Tenemos que saber exactamente qué es cláusula de conciencia y en eso hemos de llegar a la conclusión de que las posibilidades son muy amplias, porque si analizamos la doctrina o la propia práctica extranjera vemos que son muy variadas.
Por otro lado, en la cláusula de conciencia hay una mayor implicación de elementos de tipo deontológico; no quiero decir que no existan esos elementos deontológicos en el secreto profesional, pero aquí pesan mucho más, aquí son mucho más determinantes, y por eso los hemos de tener en cuenta. Ahora bien, no se debe mezclar lo ético con lo jurídico. Lo ético debe de estar ahí como un presupuesto y jurídicamente tenemos que dar un paso más adelante. Creo que eso es lo que se exige de nosotros en este momento.
No por afán de erudición histórica sino porque creo que es importante para situarlo en el tiempo, tenemos que recordar que la cláusula de conciencia se origina a principios de siglo en unas normas de Austria (1910), de Hungría (1914), estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial; después, en el período entreguerras hubo una norma, un convenio colectivo de la República de Weimar, de 1926, y la que tiene más éxito de todas es... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, resulta prácticamente imposible escuchar al orador, siquiera sea desde la Presidencia. Es absolutamente imposible escucharle cuando SS. SS. están hablando unos con otros. Yo les ruego encarecidamente que, si han de hacerlo, abandonen el hemiciclo, por respeto al orador y por respeto a SS. SS. Es absolutamente imposible escuchar al orador si se reproducen conversaciones como hace un momento.
Puede continuar, señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Gracias, señor Presidente.
Decía que el modelo que ha tenido más éxito es el francés, en cuyo código de trabajo se incluye, exactamente en el artículo 761.7, una norma que ha sido copiada y comentada por la doctrina. Allí se preveían tres casos: lo que se llamaba cesión, que es el cambio significativo en el capital social de una empresa periodística; la cesación de la publicación, que tenía importancia en el caso de grupos que tienen varias publicaciones y a un periodista se le destinaba a una publicación distinta de la que tenía antes, pero del mismo grupo; y, por último --el más conocido de todos--, lo que se decía cambio notable del carácter u orientación de la publicación. Por supuesto --ya he dicho que esto estaba en el código de trabajo--, nos encontramos ante una norma que siempre se ha reconocido como de carácter netamente laboral, y su consecuencia también lo era, porque llevaba implícita una determinada indemnización.
Ahora bien, desde aquellos principios de siglo, en el panorama informativo se han producido cambios de una gran entidad. Por citar algunos de ellos, se ha pasado de la empresa familiar a las modernas sociedades mercantiles e incluso a los grandes grupos comunicativos; se ha pasado de la empresa propietaria de un solo medio escrito a las sociedades multimedia y multinacionales; se ha pasado del trabajo plenamente individualizado y firmado del periodista al trabajo en equipo, que produce una obra colectiva, en la que incluso a veces es difícil determinar qué corresponde a cada uno de los profesionales que participan en el proceso; y se ha pasado también de empresas fuertemente ideologizadas o politizadas, que eran empresas o periódicos que tenían una determinada tendencia, a empresas que buscan, sobre todo, estar a la altura de la competencia y conseguir --esto es muy importante-- una parte significativa y suficiente de audiencia.
Algunos de los grandes grupos que existen ahora, ¿qué ideología tienen, qué orientación tienen? La de conseguir un nivel de audiencia, una cuota de audiencia lo más amplia posible, y prácticamente ahí queda todo. En este mismo sentido hay que plantearse una cuestión. ¿Se puede seguir hablando, en la misma línea que hace sesenta años, de orientación informativa o de línea ideológica, por usar el lenguaje que se utiliza en la proposición? Por eso, no puede extrañar que algunos autores hayan hablado de crisis de identidad del periodista o incluso hayan afirmado, como, por ejemplo, el profesor Soria, que la cláusula de conciencia está superada --dice superación de la cláusula de conciencia-- porque ha agotado prácticamente sus virtualidades en este nuevo contexto informativo.
Por otra parte, hoy día se podría plantear la cláusula de conciencia desde un punto de vista colectivo. A mí me sorprende mucho que en la proposición de ley de Izquierda Unida no aparezca esta posibilidad, a través de las sociedades de redactores. Tiene un lenguaje fuertemente individualista, sorprendente en su grupo, señor Alcaraz, porque habla sólo de la posibilidad del periodista, pero, a veces, hoy día se están planteando problemas de carácter colectivo y en el ámbito, como digo, de las sociedades de redactores.


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Esta crisis de la cláusula de conciencia no solamente está percibida en España, sino en otros países. Por ejemplo, el presidente de la sociedad de redactores de Le Monde, señor Dupont, hace ya veinte años, decía que la cláusula de conciencia es únicamente el derecho al paro --le daba un cierto sentido crítico--; otro especialista francés actual, el señor Derieux, dice que es una garantía negativa --y subraya la palabra negativa-- de las libertades de expresión de los periodistas, y plantea un problema: ¿Qué pasa si, después de que un periodista ha pedido la cláusula de conciencia ante un tribunal, el juez no acepta los motivos aducidos por el periodista para hacer uso de la cláusula de conciencia?

El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz-Alonso, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Voy a ir terminando.
Decía este profesor: El periodista, al final del procedimiento, corre el riesgo de encontrarse a la vez sin trabajo y sin indemnización.
La proposición de ley que presenta Izquierda Unida a nosotros nos parece un punto de partida que puede ser útil, pero creemos que hay que introducir muchas modificaciones o, por lo menos, nuevas aportaciones.
Por ejemplo, no tiene en cuenta ese mundo moderno de los medios a que yo aludía hace un momento; confunde en ocasiones lo ético con lo jurídico; introduce supuestos de Derecho laboral, como ha señalado ya aquí antes el señor Jover; introduce también supuestos relativos al derecho de autor del periodista, que son ajenos al verdadero sentido de la cláusula de conciencia; y, por último, se arriesga en una definición de periodista que, como vimos aquí en la legislatura pasada, en las comparecencias que se produjeron, no satisface a nadie y sería preferible, quizás, prescindir de esa definición tan estricta de periodista.
Por todo ello --y termino, señor Presidente--, el Grupo Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, esperando que a lo largo del trabajo legislativo podamos llegar a un consenso entre todos los grupos y que, fruto de ese consenso, logremos una redacción más adecuada al momento actual de estas libertades informativas y, en suma, de sus consecuencias, como es la de la cláusula de conciencia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz-Alonso.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. Se plantearía, en su momento, con el carácter de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley referida.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 8.º DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO PARA GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION DE TODAS LAS LENGUAS OFICIALES EN LA REDACCION DE LOS CONTRATOS (Número de expediente 122/000022)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del artículo 8.º de la Ley del contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, tiene la palabra el señor López de Lerma. (Rumores.) Silencio, señorías. Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo, si desean hacerlo, pero no permanezcan en él para entablar conversaciones.
Señora Fernández, señor Martín Villa, señor García-Arreciado, señor Acosta. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio para que el señor Diputado pueda empezar su intervención. (Nuevos rumores.) Señora Fernández, señor Hernández Moltó.
Gracias, señorías. Cuando quiera, señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a exponer los motivos que avalan esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, cuyo objeto es la modificación de un solo artículo, el 8.º, de una ley vigente, la Ley del contrato de seguro, y que trata de garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos de seguros.
Como SS. SS. recordarán, la Ley del contrato de seguro, de 8 de octubre del año 1980, no establecía regulación alguna en relación con las lenguas que podían utilizarse para la redacción de los contratos. Como consecuencia de esa no regularización, de esa no previsión, y de acuerdo con el marco que acoge nuestra

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Constitución, concretamente su artículo 3.º, se interpretó siempre --y se hizo así-- que los contratos de seguros podían redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio en donde el contrato se formalizara. En ese sentido, porque la ley no lo prohibía y, además, porque la Constitución así lo admitía y lo amparaba, era plenamente válido un contrato de seguro redactado en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma correspondiente.
No obstante, en la pasada legislatura se tramitó una nueva ley, que hoy está vigente, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados, en cuya disposición adicional sexta, vía enmienda en el Senado, si mi memoria no me falla, se modifica aquella legislación y se introduce un desequilibrio constitucional al establecer que la póliza del contrato debe ser redactada en todo caso en castellano y que si el tomador del seguro lo solicita, puede serlo en otra lengua, entendiendo por otra lengua la propia de la comunidad autónoma correspondiente, es decir, la otra lengua oficial.
Esta nueva regulación, que en su momento nuestro grupo parlamentario votó en contra, se consideró entonces de la competencia exclusiva del Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución española, es decir, en un título competencial en materia de legislación mercantil, según se explicita en la disposición final primera, 2.a) de la propia ley hoy vigente.
Nuestro grupo tiene que descartar que la imposición del uso del castellano en las pólizas de seguros tenga algún fundamento en una directiva comunitaria, concretamente en la número 88/357, a que se alude en el párrafo primero de la propia disposición adicional sexta, pues en dicha normativa comunitaria, entonces y hoy, no encontramos, no leemos, no se dice, no se establece nada en los contratos de seguros respecto de la lengua.
Nos encontramos ante una disposición estatal que invoca una competencia exclusiva del Estado para imponer de forma obligatoria la utilización del castellano en unos contratos que afectan a las relaciones privadas y que obliga también a la utilización de otra lengua si una de las partes contratantes, en este caso el tomador del seguro, lo solicita. De alguna manera nos encontramos con una interpretación de competencia exclusiva del Estado que en la anterior legislación el poder legislativo nunca halló, nunca encontró, nunca hizo suya.
A partir de esta norma y de cuanto digo, es obvio que la Constitución española declara en su artículo 3.º1 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos del Estado tienen el deber de conocerla y el derecho de utilizarla. Es obvio, está en la Constitución, pero también es otra obviedad que el mismo artículo, en su apartado 2, que es el que creo no leyó el legislativo de entonces, dice que el castellano no es la única lengua oficial cuando se relaciona con las comunidades autónomas, algunas de las cuales tiene, además, una lengua propia que la Constitución ampara y protege, y cuyos estatutos de autonomía convierten también en lengua oficial. Así, por ejemplo, en el Estatuto de autonomía de Cataluña o en el de Euskadi.
A partir de esta redacción, de la disposición adicional sexta de la hoy vigente Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, se ha originado ya la interposición de al menos un recurso de inconstitucionalidad al romperse totalmente el principio de cooficialidad lingüística que la Constitución, por una parte, y los estatutos de autonomía, por otra, establecen --unos amparan y otros establecen-- para determinadas comunidades autónomas con lengua oficial propia. Así, a partir de esta redacción, el contrato siempre debe estar redactado en castellano, que es la lengua oficial del Estado pero que no es la única lengua oficial en todo el Estado. A partir de esta redacción y de esta exigencia, si alguien lo solicita, este contrato puede ser también realizado o redactado en otra lengua. En la práctica ¿qué ocurre? Que no tiene validez un contrato de seguro redactado únicamente en una lengua oficial de una comunidad autónoma que no sea la lengua castellana, cosa que sí era posible y que sí tenía validez oficial antes de la introducción, vía enmienda en el Senado, de esta disposición adicional sexta de la hoy vigente Ley de ordenación y supervisión de seguros privados, es decir, cuando estaba en vigencia la Ley del contrato del seguro.
Esta redacción, que nosotros en su momento discutimos, denunciamos y votamos en contra, en nuestra opinión, señorías, altera gravemente los principios constitucionales que recogen, reconocen, protegen y amparan --las cuatro cosas-- la pluralidad lingüística del Estado. Durante la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales de ese proyecto de ley, hoy ya ley, nuestro grupo presentó --y otros grupos también lo hicieron, por ejemplo, el Grupo Nacionalista Vasco (PNV)-- enmiendas en la línea, creemos nosotros, de una correctísima interpretación, por no decir lectura, de la Constitución. Pero esas enmiendas no prosperaron en el Senado ni prosperaron aquí cuando vino como ley modificada en la Cámara Alta.
Por todo ello, y con la finalidad de subsanar lo que nosotros dijimos entonces y decimos hoy, que es un grave error de concepción --y como mínimo se me debe reconocer que es un error de lectura de la Constitución, no sólo de concepción-- relativo a lo que significa la cooficialidad lingüística, este grupo parlamentario considera necesario reconocer expresamente en este ámbito la plena equiparación de lenguas en las comunidades autónomas en donde existe más de una lengua oficial que está protegida, amparada e impulsada por la propia Constitución y recogida en cada uno de sus estatutos de autonomía, en una plena equiparación de lenguas, donde existen, repito, otras, además del castellano, que son también oficiales.


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En esta línea va nuestra proposición de ley, para hacer normal lo que había sido normal y lo que debe ser normal en el futuro; para hacer absolutamente constitucional lo que nunca debió dejar de ser constitucional y para hacer estatutariamente posible aquello que los estatutos de autonomía, como los de Euskadi, Cataluña, las Illes Balears, la Comunidad Valenciana, etcétera, dicen respecto de su lengua propia.
Lo decimos, lo exponemos y lo sometemos a consideración de SS. SS. sin ningún ánimo, si me permiten, de señalar a unos u otros, olvidando las discusiones habidas en la pasada legislatura, pero con una voluntad que quisiéramos compartir con SS. SS. de solucionar un problema y arreglar un error que se cometió en la pasada legislatura en relación a esta hoy vigente Ley.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma. ¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Entiendo que el señor Rodríguez y el señor Chiquillo en nombre del Grupo Mixto. (Asentimiento.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar la posición favorable de Unión Valenciana a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del artículo 8.º de la Ley del Contrato de Seguro, desde la satisfacción y el convencimiento de que esta Cámara va a reconocer lo que es un hecho palpable, constitucionalmente hablando, de este Estado español plurinacional, pero que en algunas cuestiones no tiene aún asumido que estamos en un Estado plurilingüístico y pluricultural.
Porque entiendo que la iniciativa del Grupo Catalán va en esta línea de que somos un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural tenemos que apoyar este tipo de iniciativas que vengan a cubrir errores, lagunas u olvidos --entre comillas-- respecto a esta realidad plurilingüísta del Estado español, en este caso en el ámbito de los seguros privados, hace unas semanas respecto a los documentos mercantiles, sobre los documentos que deberán entregar las sociedades y empresas en los registros mercantiles en relación a sus cuentas y balances anuales en los distintos idiomas de las diferentes comunidades del Estado español que tienen lengua propia cooficial con el idioma español, y también, recientemente, con motivo de la declaración de la renta, en la Comunidad Valenciana, como en aquellas comunidades donde hay una lengua distinta del castellano, pudimos tener la documentación en idioma valenciano respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las lenguas cooficiales con el castellano en las comunidades autónomas del Estado español, consagrado en ese artículo 3.º de la Constitución al que se ha referido el portavoz del Grupo Catalán, es un principio básico que tiene que ser respetado en todo caso. Ahí están en el ordenamiento jurídico español, tras la Constitución, en el escalafón normativo del Estado español los estatutos de autonomía y ahí está el artículo 6.º del Estatuto Vasco, que habla del euskera; el artículo 3.º del Estatuto catalán, que habla del catalán lengua oficial en Cataluña junto con el castellano; el artículo 5.º del Estatuto de Galicia, respecto al gallego en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y el artículo 7.º, muchas veces olvidado, pero que está ahí en el escalafón normativo del Estado español tras la Constitución, en el ámbito territorial valenciano.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 7.º habla de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Valenciana, el idioma valenciano y el idioma castellano.
Por eso la satisfacción del que les habla por la iniciativa que ha presentado hoy el Grupo Catalán, para que esta realidad plurilingüista del Estado español se reconozca por respeto a los estatutos de autonomía, pero, sobre todo, de aquellos ciudadanos de las distintas comunidades del Estado español, como es el caso del que les habla valenciano parlante, para que esta variedad que da riqueza y esta diferencia que nos une, sea respetada desde el máximo texto como es la Constitución, un estatuto de autonomía o el documento de un seguro privado, una declaración de renta o un documento mercantil. Es importante, desde arriba hasta abajo, reconocer que en las naciones que componen el Estado español hay unas lenguas que dan riqueza al conjunto del Estado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo. Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego como organizaciones políticas que parten del hecho de que las comunidades lingüísticas son iguales en cuanto a su derecho a ejercer todas las actividades humanas en la lengua propia. Consideramos que es fundamental, dentro de estas actividades, aquellas que entran dentro del ámbito socioeconómico.
Cabe recordar ahora que este Parlamento hace más o menos un mes aprobó adherirse a una declaración universal de los derechos lingüísticos que en su artículo 48 reza lo siguiente: En el territorio de la propia comunidad linguística todas las personas tienen derecho a usar su lengua con plena validez jurídica en las transacciones económicas de todo tipo como, por ejemplo,

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la compraventa de bienes y servicios, las operaciones bancarias, los seguros, los contratos laborales y otros.
Pues bien, señorías, desde la perspectiva de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego, nos gustaría que en este momento cavilásemos todos sobre una cuestión muy elemental que también puede ser muy clarificadora.
Como ya aludió el representante de Convergència i Unió, la Ley 50/1980, en la medida que mantenía un vacio formal sobre el uso de las lenguas, cabría interpretarla en el sentido de que en los territorios de cada una era legítimo el uso de cualquiera de ellas. Este tipo de interpretación vino a ser prácticamente imposibilitado por la Ley 30/1995, que establecía la obligatoriedad de una de ellas y la discrecionalidad de las otras. Piensen que no estamos pidiendo ni siquiera el trato que tiene el español en Cuenca, en Guadalajara o en Sevilla, sino única y exclusivamente que los ciudadanos de Euskalerría, de Galicia y de los paisos catalàs puedan ejercer sus derechos lingüísticos individuales sin tutelas de ninguna clase. No podemos convertir a unas lenguas en libres y a otras en lenguas tuteladas. Para que pueda haber un ejercicio real de los derechos lingüísticos individuales, tenemos que partir del supuesto de la plenitud de derechos en cada uno de los territorios. Por eso, vamos a apoyar de manera ferviente la iniciativa de Convergència i Unió.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar afirmativamente apoyando esta iniciativa legislativa con esta proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió). El primer razonamiento es un razonamiento constitucional. El hecho del reconocimiento en nuestra Constitución de la cooficialidad del castellano con otra lengua vernácula y propia de la comunidad autónoma que la tenga dentro del Estado español, es el simple, más llano y más directo fundamento.
Evidentemente, la Ley del contrato de seguro, la Ley 50/1980, al dar entrada al principio de que donde la ley no distinga no se puede distinguir, había hecho causa natural de que los contratos de los seguros, como de otros tantos documentos mercantiles, pudieran ir en cualquiera de las lenguas cooficiales de esa comunidad autónoma. A nuestro juicio, la introducción que hace la Ley 30/1995 de ordenación y supervisión del seguro privado ha venido a introducir --y prueba de ello es el recurso que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional-- un elemento diferenciador distorsionador; distorsionador porque viene a conculcar el propio espíritu y la letra de la Constitución en cuanto a la cooficialidad. Ahora bien, dicho esto, no olvidemos nunca que en la tradición del Derecho mercantil, en lo que es todo el Derecho civil y en lo que afecta a todo documento que contiene cláusulas contractuales, hay dos partes, en este caso sería la compañía aseguradora y, por otro lado, el ciudadano, el consumidor, el tomador del seguro; y toda la tendencia del derecho viene en la línea del respeto a la voluntad que ha de tener esta persona, el tomador del seguro, y el tomador del seguro es quien, en el amparo que le da el Derecho mercantil y la propia Constitución, tiene que tener facilidad para escoger la lengua, el idioma en que quiere suscribir la póliza del contrato de seguro, porque va a contener una serie de derechos y obligaciones, hasta tal punto que hoy en la práctica de las compañías de seguros multinacionales que operan en el ámbito europeo o en el ámbito internacional, salvo cláusula en contrario o que exista un doble documento por una exigencia del Derecho mercantil internacional o de las compañías internacionales de que al menos uno de los documentos siempre vaya en inglés, el otro va en la lengua o en el idioma del tomador del seguro, sea cual sea la lengua que quiera escoger dicho tomador del seguro. Ese es un derecho al que con la Ley de 1995 no puede acceder el tomador del seguro y, por tanto, entendemos que es oportuna esta iniciativa legislativa. Por esa razón, señor Presidente, la vamos a apoyar desde Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco también vamos a apoyar esta iniciativa, esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al inicio de esta intervención quisiera agradecer el tono y el rigor expresado por su portavoz, el señor López de Lerma, al presentar esta iniciativa, y agradecer especialmente la atención que ha tenido con el Grupo Parlamentario Vasco en relación al tema que nos ocupa, la tramitación que tuvo este proyecto de ley en la anterior legislatura en esta Cámara, y la consideración que ha tenido con las posiciones mantenidas en aquel debate por el Grupo Parlamentario Vasco en las enmiendas que se presentaron a esta disposición adicional sexta de la Ley sobre ordenación y supervisión de los seguros privados.
Entendimos entonces, señor Presidente, que esta disposición adicional introducida a través de una enmienda en el Senado, supuso un golpe de mano en el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos bilingües de

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este Estado, y desde esta perspectiva celebramos que el Grupo Parlamentario Catalán con diligencia en esta legislatura haya considerado oportuno presentar esta iniciativa en la Cámara.
Al hilo de esta iniciativa quisiéramos insistir desde el Grupo Parlamentario Vasco que, en general, en los temas de normalización lingüística de las lenguas del Estado, seguimos en una situación de arregulación, de no regulación, como se dice en la exposición de motivos de la iniciativa que presenta el Grupo Catalán. Se decía en la anterior legislatura, señor Presidente, que se trata de no abrir el melón lingüístico. Curiosamente en una Cámara donde semanalmente, casi en asamblea permanente, estamos regulando distintas materias, los grandes grupos de esta Cámara se empeñan en no hacer frente, no querer ver una de las máximas cuestiones educativas y culturales que tiene este Estado: su situación plural en el tema lingüístico, su característica plurilingüe.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que es precisa la regulación de este tema en el marco del Estado, en el marco de lo que son los estatutos de autonomía de las distintas comunidades. Hay que mejorar esta situación de no regulación, pues de lo contrario nos encontramos de facto ante dos dinámicas: una la recogida en el Senado, que hace que sea el castellano la única lengua a través de la cual se tengan que redactar estos documentos --¡menuda función la del Senado!--; y una segunda dinámica de huida hacia adelante muy voluntarista, desde distintas posiciones de ciudadanos empeñados en vivir todos sus ámbitos de la vida en la lengua materna. Entendemos que esta dinámica debe encontrar un punto de encuentro razonable en lo que son las convivencias entre los ciudadanos, las convivencias en el desarrollo lingüístico en los distintos ámbitos de la vida.
Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Vasco tradicionalmente ha mantenido una posición bastante similar a la que ha expresado en su intervención el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, haciendo las consideraciones debidas a los derechos lingüísticos individuales de los ciudadanos. La propia redacción del artículo que se nos presenta habla más de las lenguas oficiales del territorio --los territorios no hablan, señor Presidente, los ciudadanos sí--, y al final se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos que han hecho la opción de vivir en una lengua determinada, porque las circunstancias de su vida así se lo han presentado y en ellas se han encontrado.
Celebramos, por tanto, señor Presidente, que este golpe de mano que el Senado infligió a los derechos lingüísticos de estos ciudadanos que han realizado ese tipo de opción, pueda ser rectificado en este trámite en la Cámara. Hacemos un llamamiento a los grandes grupos de la Cámara para que abran de una vez el melón lingüístico y que se pueda hablar en este país con rigor, por lo menos a nivel universitario, de la situación linguística del Estado, que pueda conocer alguna situación de regulación no digo ya a nivel de planificación linguística, sí por lo menos de planteamientos lingüístico de estos temas y que se vaya remarcando cada vez más el carácter plurilingüe de este Estado. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la proposición que ahora se debate.
Aprovechando esta situación concreta, anuncio la que va a ser línea normal y habitual de actuación de mi grupo parlamentario: la idea de ayudar a que aquello que ya está empezando a ser normal en algunas comunidades autónomas, vaya siendo también normal en el nivel correspondiente del conjunto del Estado y en las intervenciones de los órganos centrales del Estado.
En efecto, el artículo 3.º de la Constitución estableció un marco normativo inédito en su ambición y en su técnica reguladora en la historia española, que trataba de ofrecer solución a uno de los problemas que en ocasiones envenenaban la convivencia entre los españoles, y en ese artículo 3.º se ponían las bases para el diseño de políticas lingüísticas normalizadoras en las comunidades autónomas afectadas, aquellas en las que se hablan las cuatro lenguas de este Estado.
Ese marco normalizador, criticable en ocasiones desde las diversas opciones políticas o ideológicas, se ha ido produciendo, efectivamente, en aquellas comunidades autónomas afectadas; pero demasiadas veces ese avance normalizador autonómico se ha hecho frente, contra o a pesar de las decisiones adoptadas por los órganos centrales y en ocasiones por las propias Cortes Generales. En demasiados casos se ha hecho una interpretación restrictiva del artículo 3.º de la Constitución; una interpretación restrictiva en la actividad legislativa, y también --aunque, sin duda, sería alejarnos de lo que aquí nos compete-- en las decisiones judiciales.
Ha hecho falta más tiempo para que se pueda empezar a hablar de situar en igualdad de condiciones esas cuatro lenguas de españa en el marco constitucional. Por eso a nuestro grupo le parece importante defender una interpretación expansiva de la Constitución Española que permita la normalización que discurra paralela y facilitando las actividades de normalización linguística en cada una de las comunidades autónomas;

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me refiero ahora a una normalización de las relaciones lingüísticas en el conjunto del Estado desde una doble perspectiva que, en realidad, plantea dos aspectos que no podrán separarse nunca en la práctica: los derechos de los hablantes, tanto en los ámbitos privados y en los públicos, así como la defensa de la pluralidad y de la riqueza cultural, una riqueza que es de todos y no exclusivamente de aquellos que podamos tener la suerte de hablar dos o más lenguas de las que se hablan en este Estado.
En definitiva, se trata de asumir activamente la realidad plurinacional, la realidad plurilingüística del Estado español. No se trata de repetirlo reiteradamente cada vez que las circunstancias lo requieren, sino de hacer un planteamiento de Estado, de cómo favorecer que esa realidad plurilingüística sea cada vez más una realidad y menos una fuente de conflictos.
Para conseguir asegurar derechos y la existencia misma, en ocasiones, de la lengua en algunos ámbitos, en algunas comunidades autónomas, es precisa una intervención pública. Creo que esto es algo sobre lo que tenemos que meditar y es deseable que en el futuro haya ocasión de debatir sobre estos mismos temas en otras proposiciones o proyectos de ley. Creo que cada vez más la interpretación del artículo 3.º de la Constitución va a tener que hacerse de acuerdo con el artículo 9.º, sobre todo en aquella parte en que la Constitución dice que los poderes públicos removerán los obstáculos que dificultan que la igualdad sea real y efectiva.
Por tanto, reiterar el voto afirmativo a esta proposición; una proposición que, en definitiva --y ello debería bastar como argumento--, es plenamente coherente con las declaraciones de cooficialidad derivadas del artículo 3.º del texto constitucional y desarrolladas en los diversos estatutos de autonomía. Ciertamente también en el ámbito de las relaciones económicas privadas es algo que se deriva del propio hecho de la oficialidad de una lengua el que esas relaciones privadas se puedan desenvolver en esta lengua. Votaremos, digo, la toma en consideración, con algunas dudas sobre el redactado concreto del artículo que ahora estamos debatiendo; quizás en el ámbito del debate posterior --habrá ocasión de verlo--, al eliminar la referencia al tomador puede entrar por la ventana la idea que se expulsa por la puerta, pero, como digo, esta será una cuestión que habrá tiempo de debatir.
Felicitarnos, por tanto, por la iniciativa de Convergència i Unió y esperar que en el futuro, en esta legislatura, tengamos ocasión de ir renovando la legislación del Estado que en demasiadas ocasiones, como decía, ha sido restrictiva y cicatera con la normalización lingüística.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista con la satisfacción de percibir cómo se restaura un consenso amplísimo respecto a cuestiones, que entendemos importantes, referentes a la legislación que afecta al uso de las lenguas en España.
Nosotros pensamos que nos encontramos en realidad, al examinar la proposición de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), ante una cuestión sobre todo técnica respecto a cómo se articula lo mejor posible el pleno respeto a la pluralidad lingüística y el pleno derecho de cada uno de los ciudadanos del Estado español a expresarse sea donde sea, también en el momento de contratar una póliza de seguros, en la lengua de su elección. Entendemos por ello que es bueno que restauremos aquella posibilidad de acuerdo que desapareció en el trámite del Senado en el momento de elaborar la Ley 30/1995, sobre los seguros.
Creemos que se trata, básicamente, de una cuestión técnica. A nuestro entender, la disposición adicional sexta de la Ley 30/1995 (y si lo entendiéramos de forma distinta, también de forma distinta hubiéramos actuado con nuestro voto en la legislatura anterior) era y es perfectamente respetuosa con la Constitución. Desde luego, perfectamente respetuosa con la posibilidad fundamental de que las Cortes Generales legislen la protección del uso de todas las lenguas oficiales en el Estado, y, por otra parte, también respetuosa con el artículo 3.º de la Constitución, no sólo en su apartado 1 sino también en el 2, al cual se refería el ponente de la proposición de ley, el señor López de Lerma.
Entendemos que es bueno que discutamos sobre la técnica más adecuada para esta protección del efectivo uso y el derecho al uso de las distintas lenguas, y en este sentido vamos a votar afirmativamente a la toma en consideración de la proposición de ley, porque consideramos que el enfoque que en ella se realiza es adecuado para el pleno respeto.
Pero, a diferencia de los intervinientes de otros grupos, no tenemos duda de que hay que mejorar el texto. No tenemos duda en absoluto. Entendemos --y se ha referido a ello otro portavoz con anterioridad-- que la desaparición de la alusión a la voluntad del tomador del seguro puede provocar efectos exactamente contrarios a los que estamos seguros que el señor López de Lerma y su grupo pretenden con la proposición de ley.
En la realidad del contrato de seguro, contrato de adhesión donde los haya, en que una de las partes tiene una desproporción de poder de ámbito total respecto al tomador individual del seguro, está claro que el texto presentado por el Grupo Catalán (estamos seguros que con absoluta buena intención y por eso lo votaremos favorablemente) podría llevar a la unificación

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absoluta de la lengua en sólo una de ellas en todas las pólizas de seguro. Por ello, anunciamos desde ahora que, junto con nuestro voto favorable a la toma en consideración, va a ir la presentación de una enmienda, en el trámite adecuado en el Parlamento, que establezca el derecho del tomador del seguro a que se redacte la póliza en la lengua que dicho tomador decida o solicite, sea ella cual sea, la que entienda mejor, aquella a la que se adhiera sentimentalmente, lo mismo nos da, no vamos a entrar en estas consideraciones.
Sí nos interesa establecer, además del principio general al que se han referido todos los portavoces, en el cual estamos completamente de acuerdo, del derecho al uso en condiciones de igualdad de cualquier lengua oficial del Estado español, el también derecho fundamental, que hemos oído menos, de protección a los derechos del consumidor, en este caso el derecho del tomador del seguro a entender perfectamente las condiciones, de por sí complejas, de por sí difíciles de entender incluso para los que profesionalmente nos dedicamos al Derecho, de este contrato de adhesión complejo, complicado, difícil, que es una póliza de seguros.
Con ello, señorías, creo que se ha expuesto suficientemente la postura del Grupo Socialista favorable a la toma en consideración, no redundante por coincidir con la mayoría de los argumentos hasta ahora expuestos, pero advirtiendo nuestra firme postura de defensa del derecho del consumidor en cuanto a la elección de la lengua en que le interesa sea redactada la póliza.
Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO SANTAMARIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro somete a esta Cámara una nueva redacción del texto de la Ley 30/1995, considerando que el texto aprobado hace un año rompe el principio de cooficialidad lingüística que recoge la Constitución Española y que establecen los estatutos de autonomía de aquellas comunidades autónomas con una segunda lengua española oficial, además de la lengua castellana.
Para el Grupo Popular, garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos es un aspecto fundamental de la cooficialidad lingüística de las lenguas españolas. La fundamentación de la proposición del Grupo Catalán se ajusta, además, a la doctrina que en materia lingüística ha establecido el Tribunal Constitucional. Ciertamente, el artículo 8 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro, en su párrafo primero fue objeto de una redacción por la disposición adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, indicando que la póliza del contrato debe estar redactada en todo caso en castellano y, si el tomador del seguro lo solicita, en otra lengua. Contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes. Con la finalidad indicada de que se respeten los principios constitucionales que reconoce la pluralidad lingüística, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone una nueva redacción de dicho párrafo, según la cual la póliza del contrato deberá redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio donde ésta se formalice.
Contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes.
A juicio del Grupo Popular, para un adecuado entendimiento de la cuestión, se hace preciso revisar los antecedentes de la modificación de la redacción originaria del artículo 8.1 de la Ley del Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980. En los anteproyectos de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, fechados en agosto y octubre de 1994, se proponía una disposición adicional sexta, cuyo número uno proponía una redacción del primer párrafo del artículo 8 según la cual la póliza del contrato debe estar redactada en lengua española oficial en el domicilio o residencia habitual del tomador del seguro o, si éste lo solicita, en otra lengua y contener, como mínimo, las indicaciones siguientes. La justificación de esta propuesta de modificación del texto del artículo 8 respecto a su redacción en la Ley de 1980, del Contrato de Seguro, se basaba en la necesidad de incorporar el mandato contenido en las terceras directivas sobre seguro directo de vida y seguro directo distinto del de vida en torno a la lengua oficial utilizable y las pólizas de seguro. Especialmente se pretendía trasponer el Anexo 2.º de la tercera Directiva 92/96 del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, según la cual la póliza y la información relativa a la misma debe redactarse en una lengua oficial del Estado miembro del compromiso, sin perjuicio de la posibilidad de redactarse en otra lengua si el tomador del seguro lo solicita y el derecho del Estado miembro lo permite o el tomador del seguro tiene la libertad para elegir la ley aplicable.
Para el Grupo Popular quedaba clara la necesidad de modificar el artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro, ya que en la redacción de 1980 simplemente se regulaba el contenido de las pólizas de seguro sin mención de la lengua en la que debía redactarse tanto el contrato como la información relativa al mismo. Este mandato quedaba cumplimentado con la redacción del anteproyecto dado que, sin perjuicio de imponer la obligación de que la póliza estuviera redactada en cualquier lengua oficial española del domicilio o residencia habitual del tomador, se facultaba al tomador

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para solicitar la redacción en otra lengua diferente o la correspondiente a su domicilio o residencia habitual. Sin embargo, la redacción del anteproyecto fue objeto de modificación como consecuencia de las observaciones formuladas por el Consejo de Estado en su informe de fecha 22 de diciembre de 1994 relativo al anteproyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados. El consejo propuso que la redacción del párrafo inicial del artículo 8 indicara que la póliza del contrato debe estar redactada en todo caso en castellano y, si el tomador del seguro lo solicita, en otra lengua. Contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes. El Gobierno anterior, aceptando la propuesta del Consejo de Estado, adoptó esta redacción y la incorporó al proyecto. Durante la tramitación parlamentaria como ley de dicho proyecto, el precepto fue objeto de diferentes propuestas de enmienda, tanto en el Congreso como en el Senado, que no prosperaron, por lo que el texto aprobado hace un año es el indicado.
El Grupo Parlamentario Popular considera que la redacción actual no contradice las terceras directivas, puesto que posibilita la opción del tomador del seguro de solicitar que la póliza se redacte en una lengua distinta a una lengua oficial del Estado miembro del compromiso.
Evidentemente, las terceras directivas no delimitan qué lengua oficial del Estado miembro del compromiso es la que debe utilizarse en la redacción de las pólizas, por lo que desde el punto de vista del Derecho comunitario tan legítimo es que se permita la utilización de cualquier lengua oficial como la de una sola de las lenguas oficiales. Tampoco impide que el legislador autonómico pueda establecer, dentro de sus competencias, preceptos que impongan el deber jurídico lingüístico de redactar las pólizas en lengua oficial propia, además de la lengua castellana, y en cualquier idioma que solicite el tomador del seguro.
Nuestro grupo tiene, por tanto, en este asunto un criterio abierto y ha estudiado con detenimiento la proposición del Grupo Catalán. En opinión del Grupo Popular no existe inconveniente para que el párrafo inicial del artículo 8 pueda adoptar una nueva redacción, siempre que la misma respete el contenido de las terceras directivas comunitarias, en el sentido indicado de permitir al tomador del seguro, si lo solicita, que la póliza se redacte en otra lengua diferente a la oficial o cooficial existente en su domicilio o residencia habitual.


El señor PRESIDENTE: Señor Merino, le ruego concluya.


El señor MERINO SANTAMARIA: Señor Presidente, voy terminando.
Nuestro grupo considera, por ello, conveniente enmendar la redacción que se contiene en la proposición de ley del Grupo Catalán en el sentido de posibilitar esta legítima opción del tomador del seguro. En la redacción propuesta por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tan sólo se dice que la póliza debe redactarse en cualesquiera de las lenguas oficiales del territorio donde ésta se formalice, sin dar la opción indicada. Además, se vincula la lengua de la póliza con el lugar de formalización del contrato, cuando según las terceras directivas de lengua oficial debe ser la del lugar del compromiso, esto es, la del domicilio o residencia habitual del tomador. Por todo ello, vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley, pero nos reservamos el derecho a presentar un texto alternativo que aporte mayor rigor al presentado por el grupo proponente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Concluido el debate, vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley referida.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSTITUCION DE UN COMITE CONSULTIVO DE PESCA EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000051)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
En primer lugar tratamos la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la constitución de un comité consultivo de pesca en España. Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el Diputado señor Mantilla. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Por favor, ruego a SS. SS. que guarden silencio.
Sírvanse desalojar el hemiciclo con celeridad y en silencio para no interrumpir el desarrollo de la sesión.
Cuando quiera, señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, el potencial del sector pesquero español es de todos conocido.
Como SS. SS. saben, está compuesto por más de 20.000 buques, da ocupación a aproximadamente 100.000 marineros y su potencial económico representa el 1 por ciento del PIB. En determinadas comunidades autónomas de España este porcentaje supera, en ocasiones, el 3 o 4 por ciento. Sin embargo, su problemática se extiende a todos sus aspectos.
En cuanto a la modalidad de pesca en fresco, arrastreros, congeladores y bacaladeros, cada una tiene su problemática. La pesca en fresco cada vez está abocada a mayores restricciones, puesto que cuenta con una flota tremendamente obsoleta que hay que reestructurar y renovar constantemente. A la flota congeladora cada vez hay que buscarle nuevos caladeros. Nos echan de los caladeros que hemos conseguido hace mucho tiempo y hoy tenemos que buscar nuevos caladeros lejos de nuestros puertos. La flota bacaladera cada vez se reduce más. No hace mucho tiempo teníamos cuarenta y cuatro parejas bacaladeras y hoy tan sólo tenemos once. En el caladero nacional concurren distintas artes de pesca nasa, arrastre, cerco, palangreo, etcétera, cuyos intereses muchas veces son contrapuestos y encontrados. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En cuanto a los caladeros exteriores, sabemos que la extensión a las 200 millas --nos han echado de los caladeros de Canadá, Estados Unidos, Namibia, etcétera-- cada vez tiene más complicaciones. Por otra parte, la problemática de la acuicultura, de las empresas transformadoras y de las empresas comercializadoras nos llevan a presentar esta proposición no de ley.
El sector pesquero está en crisis. Esta crisis deviene en muchas circunstancias. Por ejemplo, la crisis de 1973 vino derivada por la crisis del petróleo; la de 1976, por la extensión de los países ribereños a 200 millas para su zona de exclusividad económica. Tiene este sector la problemática de que no tiene predictores de su actividad económica, de que está inmersa siempre en una incertidumbre, y de ahí que es difícil buscar acomodo y soluciones a las crisis que se le puedan avecinar. Hay un peligro inminente, y es que Canadá pretende en este momento ampliar su jurisdicción fuera de las 200 millas --problema que, como saben ustedes, se suscitó en la última reunión de San Petesburgo-- lo que puede ser en el futuro tremendamente grave para la flota pesquera. Hay que buscar soluciones y hay que buscar una evolución a esta flota pesquera. Las soluciones muchas veces están en la reestructuración y simplemente pasan por tener un diálogo fluido con la Administración.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular propone la constitución de un comité consultivo de pesca, porque en la actualidad hay algunos comités que ayudan a la Administración en sus decisiones. Estos comités pueden ser la Conferencia sectorial de pesca, la Junta asesora de pesca marítima, la Junta nacional de cultivos marinos y la Junta de comisión de seguimiento de las reservas marinas para temas muy concretos. Todos estos comités consultivos simplemente se reducen a asesoramiento de las comunidades autónomas con la Administración central, pero falta lógicamente un comité consultivo de los profesionales, falta un comité consultivo del sector. Por tanto, nosotros consideramos que en la actualidad existe una discrepancia entre la Administración y el sector.
Por parte de la Administración hay una discrecionalidad en las consultas.
La Administración consulta en cualquier momento a quien mejor le parece, pero no muchas veces consulta a la parte más importante. De ahí que uno de los objetivos fundamentales es evitar esta discrecionalidad y buscarle un cauce institucionalizado para que la Administración pueda y deba consultar con este comité consultivo.
Por otro lado, uno de los grandes problemas que tiene el sector es su atomización. Hay muchas asociaciones, cofradías, cooperativas del mar, etcétera, que --repetimos-- tienen sus intereses muchas veces contrapuestos. De ahí que buscarle un canal único de entendimiento con la Administración es tremendamente importante. Por eso nosotros lo que pretendemos es la creación de un comité consultivo similar al de la Unión Europea, creado desde el 25 de febrero de 1971 y ratificado en una decisión de la Comunidad Europea de 21 de diciembre de 1988. Esto está enmarcado dentro de la política pesquera común.
Señorías, en este comité consultivo lógicamente tienen que estar representados todos los factores del sector, tienen que estar representadas las asociaciones empresariales, centrales sindicales, cofradías, cooperativas del mar, asociaciones profesionales del mar, asociaciones comerciales del mar, asociaciones transformadoras del mar, organismos bancarios que tengan algo que ver con el mar, investigadores, expertos, etcétera. Lógicamente, todos deben y tienen que estar representados, dejando un margen de confianza a la Administración para que, dentro del seno del comité consultivo, pueda formar comisiones permanentes para analizar, dialogar y consultar cada uno de los temas concretos. Este comité consultivo no puede invadir ninguna competencia de las comunidades autónomas porque, en definitiva, es un comité meramente consultivo al que la Administración deberá consultar en cada momento los temas más importantes que se diriman en los foros internacionales. De ahí que deban estar representadas en este comité aquellas personas e instituciones que tengan algo que ver con recursos, estructuras y mercados. Rememorando las palabras de la señora Ministra, este comité debe servir para conseguir una vía reglada, fluida y seria de contacto entre los distintos sectores.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mantilla.
Se han presentado a esta proposición no de ley tres enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para defender la enmienda que presentamos a esta proposición no de ley, que trata, en esencia, de concretar las funciones que el comité que se propone debería desarrollar una vez constituido. Es obvio que estamos de acuerdo con la constitución del comité consultivo que se propone y tratamos de que este comité que se constituya no se quede en una simple formulación. Creemos que debe tener una vida real, que la Administración le consulte para adoptar las decisiones políticas que decida en materia de pesca y, por tanto, la enmienda que presentamos trata de que se garantice la consulta al sector y que no se quede en algo aleatorio o a expensas de lo que la Administración pueda decidir en un momento o en otro. Es evidente que la enmienda que proponemos no coarta para nada la obvia independencia que la Administración debe tener para tomar sus decisiones, porque efectivamente se trata de un comité consultivo y no decisorio.
De todas maneras tengo que decir que, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, nos alegra que un tema como el pesquero se trate en el Pleno de este Parlamento. Es evidente que el Estado español es una potencia pesquera y que el peso de la pesca en la economía de algunas zonas es de extraordinaria importancia. Sin embargo, la política que se lleva practicando históricamente siempre estuvo relegada a un segundo nivel en el marco de la política del Estado, lo que tuvo reflejo, además, en el rango administrativo de la pesca. Para nosotros es fundamental variar la situación actual. Es necesario que aumente el peso político de la pesca, que refleje que es una actividad fundamental en la economía de determinadas zonas del Estado. Baste decir que, para una comunidad autónoma como Galicia, el peso de la pesca supone el 7,5 por ciento del producto interior bruto y que el 12,2 por ciento de la población activa de nuestra comunidad depende de la actividad que se genera alrededor de la pesca; es decir, que hay aproximadamente 120.000 personas que tienen un empleo relacionado con la pesca. También es de destacar que tenemos una flota pesquera muy importante, con 9.060 barcos y 270.000 toneladas de registro bruto, que supone el 50 por ciento del total de la flota española. Si situamos a la flota pesquera gallega en el contexto europeo, hay que decir que es más grande que la de cualquiera de sus Estados miembros. Hay que decir también que el conjunto de la flota pesquera española representa el treinta por ciento del sector pesquero europeo y, sin embargo, la constatación es que se actúa a espaldas de los intereses pesqueros; que se establecieron políticas de pesca que condujeron a una constante reestructuración de la flota, a la pérdida de posiciones relativas en el contexto europeo y mundial. Además, esto se hizo y se hace sin tener en cuenta la opinión y los intereses de los sectores afectados, de aquellas organizaciones con conocimiento de los problemas.
El Estado español por su geografía está en contacto con el mar, pero se gobierna de espaldas al mar. La importancia estratégica del sector pesquero no se ve correspondida con el peso que la política pesquera tiene en el seno del Gobierno. Una parte importante del sector tiene la sensación de estar abandonada a su suerte, de que se va manteniendo más gracias a su propia iniciativa que a la política practicada por el Gobierno. Desde nuestro punto de vista es evidente que el Gobierno carece de una política de pesca. La pesca se pone de actualidad a veces por los conflictos internacionales. Mientras a la opinión pública le llega que hay un problema de recursos, que se agotan, que las flotas españolas son depredadoras, que no hay más remedio que reducir la capacidad extractiva, y esto curiosamente se acepta también desde instancias políticas, a esa misma opinión se le está ocultando sistemáticamente que lo que está ocurriendo es una despiadada lucha por los mercados, en concreto por el mercado español, que es un gran consumidor de pescado. El agotamiento de los recursos es un problema que nos preocupa a todos, pero aquí estamos ante una lucha por el mercado. Porque hay que preguntarse: ¿acaso disminuyó el consumo de pescado o el esfuerzo pesquero a nivel mundial? La falta de peso político en el sector pesquero se pone de manifiesto constantemente, a la vista del escaso peso del Estado español en el contexto de la Unión Europea, encargada, por cierto, ahora de velar por nuestros intereses. Es evidente que las condiciones en las que el Estado español ingresó en el Mercado Común, hoy Unión Europea, fueron claramente perjudiciales para los intereses pesqueros. Se aceptaron condiciones que obligaron a lo largo del tiempo a disminuir el número de barcos, mientras otros Estados miembros los aumentaban. Se sigue observando cómo la Unión Europea abandona los intereses pesqueros españoles a cambio, naturalmente, de otros intereses económicos. Se ve con claridad el repliegue, la aceptación de las condiciones --que se mencionaron antes-- que impone Canadá, incluso ya en aguas internacionales, lo que perjudica notablemente a nuestras flotas. Vemos cómo se siguen fraguando acuerdos de la Unión Europea, por ejemplo ahora con Rusia o Suráfrica, donde la pesca queda al margen de los mismos, lo que obligará desde luego, como ustedes comprenden, a negociar acuerdos

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en el futuro en peor posición para los intereses pesqueros.
Seguimos hablando de mercados, de intereses comerciales. ¿Cuál es la posición relativa de la pesca española en el contexto europeo? ¿Se consiguió un trato igualitario; se está en camino de conseguirlo? Desde nuestro punto de vista es claro que no. La flota pesquera española, señoras y señores Diputados, que representa después de las sucesivas reestructuraciones el 30 por ciento de la flota comunitaria, tiene acceso a pescar el 8,78 por ciento de las capturas autorizadas en aguas europeas. Se podría comparar con los cupos de capturas de que disponen otros Estados miembros para ver si seguimos hablando de problemas de recursos. El Reino Unido, con el 11,75 por ciento de la flota comunitaria, pesca 551.000 toneladas cuando el Estado español pesca 272.850. Dinamarca, con una flota seis veces menor que la española, tiene derecho a pescar 474.000 toneladas. Suecia y Finlandia, que juntas no llegan a un tercio del potencial pesquero de Galicia y a un sexto del de España, pescan 472.000 la primera y 371.000 la segunda. Alemania, con una flota diez veces inferior a la española y, por cierto, también sin caladeros, tiene derecho a pescar 260.000 toneladas, prácticamente la misma cuota de captura que tiene el Estado español. Estos pocos datos son para significar a SS. SS. el escaso peso de la política pesquera del Estado español en la Unión Europea y para poner de manifiesto que el problema del agotamiento de los recursos es sólo un aspecto importante pero colateral del que tratamos.
Hay otros ejemplos para demostrar que el consumo de pescado no disminuye y que --insisto-- nos encontramos ante unas políticas claras practicadas por otros Estados, en el contexto europeo y mundial, de conquista de los mercados. Unos mercados que es evidente que, o satisfacen sus demandas con el pescado capturado por la flota española, o lo harán, desde luego, con el capturado por las suyas.
Es necesario, por tanto, que aumente el peso de la política pesquera en el marco del Gobierno español. El sector pesquero es consciente de ese escaso peso de la política de pesca, una política que sigue relegada al rango de secretaría general, y desde hace mucho tiempo viene demandando la creación de un ministerio del mar que atienda a las cuestiones de pesca; ministerio con el que, por cierto, ya cuentan otros Estados en cuyo peso específico la pesca es mucho menos importante. Pero una vez que se constituyó el nuevo Gobierno, el ministerio de pesca no se creó.
En todo caso, hoy estamos tratando la propuesta de crear un comité consultivo de la pesca --cuya constitución, por cierto, hace tiempo que también lleva demandando el sector pesquero--, un comité consultivo que sirva de punto de arranque para modificar la situación actual, que sirva para establecer cauces de diálogo entre la Administración y el sector y, sobre todo, que sirva para que la Administración tenga en cuenta las opiniones de este sector a la hora de definir su política de pesca y la estrategia a seguir. Estamos hablando, por lo tanto, de un comité consultivo, que no vinculante, pero debería tener un papel más claro del que se puede desprender del texto de la proposición que presenta el Partido Popular. Porque cuando el Partido Popular propone que el comité podría ser consultado por la Secretaría General de Pesca, es evidente que, de alguna manera, deja al libre albedrío de la Administración el consultar o no a ese comité, con lo cual su importancia quedaría absolutamente menguada y, desde luego, podría convertirse en un órgano inoperante o decorativo en el futuro. Por eso, nosotros proponemos una enmienda con el fin de que la Administración deba consultar a ese comité, lo cual, insisto, no condiciona la política que la Administración vaya a adoptar. Es un comité simplemente consultivo. Con nuestra enmienda tratamos de que ese comité tenga efectivamente algún valor real y no se quede en mera conformación del mismo pero sin ninguna vida real en el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.


El señor BLANCO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender nuestra posición, que se sustancia en esta ocasión con la presentación de una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, relativa a la constitución de un consejo consultivo de pesca.
Señorías, no voy a reiterar lo manifestado en relación a la importancia del sector pesquero, al peso que éste tiene en la economía de este país, especialmente en algún territorio, que no solamente viene determinado por el alto consumo interno, sino también por su nivel de facturación. En efecto, señorías, la creación de un órgano consultor en materia de pesca es una ambición que compartimos y, a su vez, constituye un compromiso electoral de los socialistas, que establecíamos en nuestra oferta del 3 de marzo la necesidad de crear un órgano consultor, en un marco adecuado en el conjunto del sector pesquero, que implique al sector extractivo, de bajura, de altura, de gran altura, al sector transformador y al comercializador y a los colectivos de trabajadores, profesionales, marineros, técnicos y patrones de pesca. Por eso, nos parece oportuno y conveniente crear un órgano consultivo en materia de pesca y de acuicultura, un órgano que debe participar, señorías, desde el punto de vista interno de nuestro país, en la definición, en la coordinación, en la puesta en marcha y en la evaluación

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de las políticas de ordenación y gestión de los recursos productivos, en las líneas de acción estructural, en la organización de los mercados y en las políticas de investigación, así como en los temas de empleo, formación y relaciones sociales, tanto en el sector pesquero como en el sector acuícola.
Un órgano, en definitiva, señorías, que sea capaz de aunar criterios, de definir la política pesquera, de establecer objetivos y fijar también pautas de actuación en el orden externo a la hora de plantear nuestras negociaciones en la Unión Europea en la defensa de los intereses de nuestro país, en el marco precisamente de lo que decía el portavoz del Grupo Popular sobre la política pesquera común. Incluso, señorías, me atrevería a decir que debe servir como elemento de presión, en ocasiones, a la hora de abordar la legítima negociación de nuestro país en la también legítima defensa de nuestros intereses.
No se nos pueden escapar precisamente en este momento los importantes retos que tenemos como país en el seno de la Unión Europea para abordarlos de forma más exitosa. Permítame que diga que en el actual acuerdo, el acuerdo alcanzado hace pocos días en NAFO, hemos visto reducidas nuestras posibilidades de pesca de bacalao el 40 por ciento; o en la reciente distribución de la cuota de gallineta oceánica, tan sólo por poner dos ejemplos.
Señorías, la defensa de los intereses del país necesita de amplios consensos, y estos consensos no sólo deben darse en el debate político en sede parlamentaria, que saben SS. SS., que saben los Diputados del Partido Popular que es algo a lo que el Grupo Socialista siempre está y estará dispuesto. Creemos, no obstante, que este consenso se debe dar también con la aportación de los sectores implicados. Precisamente, ante esos retos que tenemos por delante, ante las posibles dificultades que pueden derivarse de establecer, como se está anunciando, un TAC para la sardina, ante la importante negociación y discusión del POP 4, cuando nuestro país ha cumplido satisfactoriamente las exigencias del POP 3, cuando vemos que otros países --por cierto, bastante poco tolerantes-- como el Reino Unido todavía no han cumplido los objetivos que se planteaban en el POP 3, o en la negociación y búsqueda de acuerdos con terceros países que nos posibiliten la consecución de nuevos caladeros, por todo ello, señorías, compartimos el objetivo de que se cree el consejo consultivo desde esta doble perspectiva a la que yo hacía referencia: desde la perspectiva de nuestros intereses internos y también desde la perspectiva de los intereses externos. Un órgano consultivo en cuya composición deberán estar suficientemente representados y, en consecuencia, formando parte del mismo, los sectores productivos de bajura, de altura, de gran altura y de acuicultura, el sector transformador, el sector comercializador, el sector de los consumidores, las entidades financieras, los colectivos de trabajadores, así como los representantes de las distintas áreas de la Administración competentes en esta materia y que deben formar parte de este comité. Señorías, si estamos de acuerdo en lo que debería ser la composición del comité es por lo que planteamos una enmienda, al objeto de que esto sea plasmado en la composición del comité.
Por tanto, permítanme, señorías, que les diga que no compartimos la forma en que se pretende abordar la creación del consejo consultivo de la pesca, a pesar de estar de acuerdo en que, como ustedes dicen, debería ser análogo al que existe en estos momentos en la Unión Europea; no podríamos estar de acuerdo si no se determinara la composición del órgano y si no se fijaran con nitidez los objetivos y la competencia del mismo.
Este debate, señor Mantilla, creemos que se debería de producir en el marco de la ley general de Pesca, una ley que, por cierto, la señora ministra, en su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados, ha anunciado para principios del próximo año; una ley que nosotros consideramos necesaria para regular, estructurar y ordenar el sector. Sin embargo, pensamos que es ahí donde debería quedar regulado el consejo consultivo, defiendo claramente sus objetivos, estableciendo sus competencias y debiendo, lógicamente, fijar su estructura. Por eso no podemos compartir la forma en que ustedes plantean la creación de este órgano, porque no podemos compartir que mediante un decreto o mediante una orden ministerial se puedan establecer competencias, se pueda establecer la estructura del organismo sin que al menos queden fijados los sectores que deberían integrar el mismo, y es por ello por lo que presentamos una enmienda, que además está de acuerdo con lo que S. S. ha sostenido en esta tribuna.
Señor Presidente, señorías, yo espero que el grupo proponente reflexione sobre lo que estamos diciendo, porque, estando de acuerdo en la composición de este órgano, no tenemos por qué dejarlo al libre criterio de la Secretaría General de Pesca, y podía ser --dado que, insisto, estamos de acuerdo-- plasmado en la resolución que hoy vamos a tomar. En cualquier caso, yo quisiera manifestar que compartimos el criterio que ha expuesto el Grupo Mixto en el sentido de establecer cierta obligatoriedad para el comité, para que no sea solamente un órgano que se pueda consultar si la Secretaría General de Pesca lo tiene a bien, sino que efectivamente sea un órgano con capacidad de influir. Por tanto, debe establecerse esa obligatoriedad de consulta al objeto de tratar los temas de su competencia. Y por supuesto --no podía ser de otra forma-- compartimos lo que plantean los Diputados de Convergència i Unió en sus enmiendas, porque obviamente no va a ser este grupo el que ponga en cuestión el marco competencial.
En consecuencia, un consejo consultivo de pesca no se podría hacer si no se tuviera presente que existen

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transferencias en las diferentes comunidades autónomas que afectan a ese sector, con las que hay que ser respetuosos y a la que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la constitución de este organismo.
Señor Presidente, señorías, concluyo insistiendo en que nos parece conveniente y creemos que es necesario que se constituya este organismo.
No compartimos la fórmula, que por otra parte parece que es la que está de moda en esta legislatura, de que todo se plantee a través de órdenes ministeriales. a través de decretos, hurtando por tanto la capacidad de poder decidir en este Parlamento, y es por lo que no podemos compartir la filosofía y la letra de la proposición a que acaba de referirse el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Blanco.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANTFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender la enmienda que presenta nuestro grupo y a fijar la posición por lo que hace referencia a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
España es uno de los países de la Unión Europea con más kilómetros de litoral, nuestra historia y nuestra gastronomía están ligadas a esa realidad, y no en vano somos, después de Islandia, Noruega y Portugal, con más de 35 kilos por habitante y año, el país de la Unión Europea con más consumo de pescado per cápita. También hay que reconocer que el sector pesquero ha sido desde siempre el sector más abandonado por las diferentes administraciones, y de hecho sólo se ha reaccionado cuando la paciencia ha colmado el vaso y se han producido graves enfrentamientos.
Cabe recordar, por ejemplo, la problemática del fletán, la problemática de los pescadores franceses en el Golfo de Vizcaya o la problemática cada vez más grave del incumplimiento por parte de Marruecos de los convenios de pesca, a lo que hay que añadir que con toda seguridad nuestro sector pesquero quizá esté más desarrollado que la capacidad que el Estado tiene para darle una adecuada cobertura de carácter internacional.
Por tanto, estamos hablando de un sector complejo que se apoya, por una parte, en la pesca artesanal, en la pesca de bajura, o en lo podíamos llamar la pesca en aguas de soberanía estatal, normalmente en la plataforma continental, que en la actualidad no dispone de ningún plan global de ordenación de estos recursos, aunque parece que el ministerio está trabajando en este momento sobre una ley de pesca que, sin duda, va a ordenar el sector y eso siempre va a ser positivo. Por lo que hace referencia a las aguas internacionales, lo que denominaríamos pesca de altura, están consideradas, en general, como propiedad común y se han caracterizado por la sobre explotación. Como resultado de ello cada día hay menos recursos y aparecen conflictos entre los pescadores que en ellas están faenando.
Por tanto, estamos frente a un sector con profundos cambios que tendrá que adaptarse a la realidad; y esa realidad es el aprovechamiento integral de los recursos marinos, a través de una gestión que no ponga en peligro las diferentes especies. La Administración tendrá que tomar las medidas oportunas para ordenar la adaptación del sector a las nuevas necesidades, y en ese caso siempre será bueno que se tenga enfrente a las personas que mejor conocen la realidad para que, de una forma conjunta, se puedan tomar todas aquellas decisiones que son imprescindibles para el mejor funcionamiento del sector.
La propuesta del Grupo Popular giraría en torno a que la composición de la misma sea parecida a la que existe en este momento en la Unión Europea. De hecho la propuesta, a nuestro entender, es coherente con la voluntad de homogeneizar al máximo el órgano que se pretende crear con el ya vigente, que, por cierto, se creó en el año 1988 y en este momento goza de una buena salud. No obstante, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) piensa que sería bueno que, desde el primer momento, se tengan en cuenta las diferentes sensibilidades que existen en un sector tan complejo como el de la pesca. Por ese motivo nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición en la que pretendemos que quede reflejada la voluntad del Congreso en la línea de que en ese comité consultivo estén presentes las especificidades de los diferentes litorales, porque evidentemente en cada uno de ellos existe una problemática propia. La enmienda de modificación que nosotros proponemos de ninguna manera coarta la capacidad del propio ministerio a la hora de constituir el ente que tiene que consultar.
Por tanto, pedimos al Grupo Parlamentario Popular que acepte esta enmienda de adición que tiene la clara voluntad de hacer una aportación de carácter positivo a su proposición no de ley, con el convencimiento de que el texto, en su conjunto, será mucho más positivo.
Nuestro Grupo, en caso de aceptarse nuestra propuesta, daría soporte al texto definitivo que quedaría redactado de la siguiente forma: la creación, sin perjuicio de las competencias de las propias comunidades autónomas, de un comité consultivo de pesca de estructura y funcionamiento similar al existente en la Comunidad Económica Europea, con la composición que reglamentariamente se establezca, en el que deberá tenerse en cuenta la especificidad de los diferentes litorales y la existencia de estructuras pesqueras diversas y con sus propias problemáticas.
Por tanto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, como nuestro grupo entiende que esta propuesta

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enriquecería la que ha presentado el Grupo Popular, esperamos que sea aceptada y nos comprometemos a votarla favorablemente en ese caso.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Companys.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria considera positiva, y así la valora, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de presentar aquí esta proposición no de ley para constituir un comité consultivo de pesca en España.
Sobran las razones, obvias a estas alturas del debate por lo que han dicho todos los oradores que han intervenido de una y otra parte, sobre la importancia política, social y económica para España.
Nosotros entendemos que un comité consultivo de pesca es positivo, en la misma medida que lo ha sido desde 1971 para la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, para que una serie de decisiones que toma el Consejo puedan ser previamente discutidas, debatidas, consultadas con el comité correspondiente de la Unión Europea. Plantear este órgano como un sitio permanente de diálogo y deliberación con las organizaciones socioprofesionales es importante.
Dicho esto, nos sumamos a la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de que, junto a las organizaciones socioprofesionales del sector pesquero, en cualquiera de sus actividades (extractivas, industriales o de comercialización), esté el reconocimiento a las competencias que tienen las comunidades autónomas; comunidades autónomas de la envergadura de la de Cataluña, y qué decir del sector pesquero español de Galicia, Andalucía y Canarias, no pueden ser marginadas y mantenidas fuera de un órgano consultivo y de encuentro de éstas características.
Por otro lado, señor Presidente, la enmienda que presenta el Grupo Mixto, defendida por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nos parece oportuna, en la medida en que el «podría» dejaría en aleatoria (desde luego no sé las demás voluntades, la mía no) la decisión de pertenecer a un órgano que podría ser consultado. Creo que buscar un compromiso más imperativo es siempre positivo, y más cuando se deja a la iniciativa del Gobierno la reglamentación de la creación de este órgano consultivo del comité de pesca en España.
Esto lo decimos también con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, de la que no participamos por una razón: porque decir que debe ser en el marco de la futura ley general de pesca marítima donde se contemple la creación de este consejo es una manera de ver las cosas en el tiempo procesal, pero si se crea antes (porque no sé qué plazo tiene el Gobierno para presentar una ley general de pesca marítima, para que la aprobemos en este Parlamento y se ponga en funcionamiento), si ya hay funcionando una institución del tipo de un consejo consultivo de pesca, será el momento oportuno para que, corrigiendo errores por la experiencia de su funcionamiento, la futura ley lo consagre definitivamente y lo incluya dentro de la misma.
En consecuencia, no estamos de acuerdo con el planteamiento de esta enmienda. Sí lo estamos con la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y lo estamos también con la del Bloque Nacionalista Galego.
Señor Presidente, las declaraciones que viene haciendo recientemente la Comisaria de Pesca de la Unión Europea, señora Bonino, no son nada alentadoras para el sector. Trazan un horizonte bastante gris, si no va ya camino del negro, y desde luego las incertidumbres para el sector de la pesca en un país como España son verdaderamente graves y preocupantes.
Por tanto, para no caer en una estructura pesimista ante los augurios que viene haciendo la señora Bonino ante la restricción de caladeros --y no le faltan razones técnicas ni datos para afirmar lo que viene diciendo--, creemos que lo mejor es compartir estas incertidumbres y esas responsabilidades entre la Administración y un órgano de consulta de la misma, que creemos que es donde está situada la idea y el propósito del Grupo Popular con la creación de este comité consultivo de pesca en España, al que nosotros, por todas estas razones, vamos a dar nuestro voto de apoyo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno a la creación de un comité consultivo de pesca, y no sabemos muy bien si lo hace como una estrategia parlamentaria para cubrir cupo y evitar así que otros grupos políticos puedan comprometer al Gobierno o, como es muy posible, porque desconfiando de su propio Gobierno quieren asegurar el cumplimiento de algunos compromisos.
Señorías, el Partido Popular parece que sustenta al Gobierno y no debería necesitar proposiciones no de ley para proponerle actuaciones al propio Gobierno que parece sustentar. Sin embargo, comprendo que necesite de ciertas presiones parlamentarias para que este Gobierno mire hacia la pesca, sector que fue casi olvidado

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por la ministra en su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión correspondiente, aunque la señora de Palacio trató de justificar esa mínima atención anunciando una próxima comparecencia exclusivamente para la pesca, comparecencia que, por cierto, todavía no se ha producido.
Pero damos por bienvenida esta intención del Partido Popular de reconocer las dificultades que tienen para que su propio Gobierno les escuche.
Centrándonos en la propuesta, nuestro Gobierno tiene conciencia de la importancia de la pesca, y así se lo dijimos a la ministra en la Comisión parlamentaria. Le dijimos, y repetimos hoy aquí, que difícilmente se encontrará a un sector mas sufrido y con más necesidades de actuaciones públicas que el sector pesquero.
Las alteraciones sustanciales en el derecho del mar en los últimos años, principalmente en cuanto a la soberanía de las aguas y la extensión de las zonas exclusivas, así como el agotamiento de caladeros y especies y unas relaciones pesqueras cada vez más dependientes de los mares internacionales en que nos movemos, han colocado al sector totalmente a la defensiva.
Nuestra pesca, como decía, vive momentos de insatisfacción y de incertidumbre, con una flota sin reconvertir y cada vez con más dificultades para el acceso a los caladeros de otros países y con los nuestros prácticamente abandonados. España sufre una gran dependencia del exterior que limita la capacidad operativa y de decisión, si no existiese una corresponsabilidad de todo el Gobierno, circunstancia que hasta ahora no se ha dado, produciendo una situación continua de desigualdad en el acceso al reparto de cuotas y en la medidas de control e inspección entre los países comunitarios.
Por otra parte, las sucesivas crisis sufridas por el sector han dado lugar a un endeudamiento que hace imposible cualquier perspectiva de viabilidad sin un plan de saneamiento que cuente con el apoyo estatal.
Teóricamente la Unión Europea dispone de medidas para aliviar estos problemas. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa comunitaria de pesca que debería de servir para solucionar los problemas existentes en las zonas dependientes de la actividad pesquera. Sin embargo, vemos cómo a lo largo del período 1994-1999 la mayor parte de los fondos se ha dedicado a la reducción del esfuerzo pesquero y a la modernización de la flota, siendo mucho menor la parte dedicada a la transformación y comercialización de los productos.
Si se tiene en cuenta que esta iniciativa debería de haberse dirigido a aliviar las consecuencias sociales y económicas de la reducción del esfuerzo pesquero, fomentando la diversificación de las actividades, queda en evidencia la falta de una orientación política. Esta falta se evidencia aún más cuando vemos que nuestra flota representa el 33 por ciento de la flota comunitaria, mientras que sus capturas solamente alcanzan el 20 por ciento. Hay, por tanto, un gran desequilibrio entre nuestro peso político en la Unión Europea y la importancia de nuestra actividad pesquera. Cuando aparece un desequilibrio de este tipo repetimos que es necesario que sea compensado mediante posturas enérgicas defendidas por nuestro país en el Consejo de Ministros de Pesca y respaldadas por todo el Gobierno. De otra manera, ocurre casi siempre lo mismo, que el sector pesquero acaba pagando los problemas de las relaciones comunitarias con terceros países.
Como ya se ha dicho, nuestros caladeros están abandonados y son prácticamente inservibles, aunque estamos completamente seguros de que tendrían muchas posibilidades si, partiendo de ese conocimiento, se realizase una política de potenciación de los caladeros nacionales. En este sentido es urgente un estudio científico de nuestras plataformas pesqueras en lo que a fondos y especies se refiere, para tener ese conocimiento lo más amplio posible de los mismos, de manera que se pueda establecer una política pesquera acertada de apertura y cierre de los mismos. Tenemos que recuperar nuestros caladeros, pero para ello es necesaria la implantación de la parada biológica, de manera que según las distintas artes de pesca sea evidente una inversión pública para asegurarla; una parada biológica que sería rentable a todas luces, pero que necesitaría ser una parada activa, con dedicación de la flota a tareas de regeneración de los caladeros, así como a actividades complementarias del sector, tales como cursos de formación. También es necesario contar con fondos suficientes para acometer acciones estructurales que no se vean limitadas por la falta de financiación estatal, como suele ocurrir a menudo. Es preciso aprobar una ley que regule la relación entre empresas de producción, transformación y comercialización, además de fijar la colaboración entre las diferentes administraciones públicas. No es posible seguir con un proceso de reestructuración de nuestra flota si se caracteriza por la falta casi absoluta de consideración hacia aspectos sociales. En este sentido, el instrumento fundamental ha sido otorgar compensaciones económicas a los propietarios de los buques afectados por el desguace. Sólo a partir de 1995 se autorizó la contribución comunitaria al régimen de jubilación anticipada de los trabajadores afectados directamente por la reducción de la flota. Siendo esto un avance, resulta a todas luces insuficiente, porque los afectados por la reducción de la flota no son solamente los trabajadores que trabajan directamente en los barcos, sino todos aquellos que dependen directa o indirectamente de la pesca.
Por último, también quiero decir que es necesaria una atención a la piscicultura. La piscicultura marina puede representar de antemano indudables ventajas siempre que se realice en espacios grandes con una baja densidad de producción y con cuidado en los terrenos que se utilizan; ventajas éstas que van desde el bajo impacto medioambiental hasta la creación de empleo,

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pasando, por supuesto, por el aumento de la producción. Por tanto, fíjense ustedes, Diputados y Diputadas del Partido Popular, si tienen tareas que realizar. Son muchos los hombres y mujeres que viven por y para la pesca en este país y que exigen sobre todo que se gobierne pensando en el sector pesquero y, como decía, que no sea siempre la pesca la que acabe pagando los problemas que tiene la Unión Europea respecto a terceros países. En esa línea, en la línea que ustedes hoy han emprendido, yo les propondría que preparasen una batería de proposiciones no de ley para que su partido les escuche e insten a su propio Gobierno a que traiga al Parlamento esa ley de pesca y otras actuaciones que el sector necesita y que la ministra se comprometió en la Comisión parlamentaria, pero que quizá hará falta que ustedes le presenten proposiciones parlamentarias para comprometerla. Está claro, como dicen ustedes en su proposición, que falta diálogo y consenso en el sector, y nos alegramos que ustedes lo admitan, aunque no lo practiquen, porque el sector lleva años demandando ser escuchado no solamente cuando la necesidad obliga a tomar medidas de fuerza, sino que debiera ser escuchado y consultado continuamente.
Nosotros votaremos a favor de esta enmienda; estamos de acuerdo con la presentada por el Grupo Mixto y esperamos que su desarrollo sea efectivo, ya que todo el sector pesquero necesita esta actuación urgente del Gobierno. Y en ese sentido sólo le pediríamos al Gobierno que no espere a que su grupo le presente proposiciones no de ley, sino que actúe, porque el sector pesquero no está precisamente para juegos parlamentarios sino para actuaciones concretas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Centella.
El señor Mantilla tiene la palabra, para expresar la aceptación o denegación de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, Grupo Socialista y Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decirle al señor Centella...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mantilla, el señor Centella ha fijado la posición de su grupo pero no ha presentado enmiendas, y S. S. sabe que este turno es para que el representante del grupo proponente exprese simplemente si acepta o no las enmiendas presentadas por otros grupos.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Sí, muchas gracias señor Presidente.
Simplemente era para decirle que este tema no puedo debatirlo ahora, en este momento. Lo debatiremos en otras ocasiones, que tendremos mucho tiempo en esta legislatura, sin duda.
En cuanto a la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego, en nombre del Grupo Mixto, simplemente quiero decir que no se puede aceptar porque es muy imperativo para el Ejecutivo tal como la había explicado personalmente. Es decir, estamos totalmente de acuerdo en que el Ejecutivo debe aceptar este comité consultivo de pesca y debe convocarlo cuando sea preciso, para eso somos aquí los vigilantes de que se haga así o no se haga.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, lamentamos mucho no poder aceptarla, porque es un obviedad lo que presenta, siendo una enmienda de sustitución. Ya sabemos que tienen que estar representados todos los factores del sector. Usted también dice generalidades y, por tanto, se deja que sea el propio Ejecutivo el que designe, el que nombre el comité consultivo y, lógicamente, dentro de él tendrá que nombrar comisiones paritarias o algo por el estilo.
Finalmente, la enmienda de Convergència i Unió se va a aceptar porque lo que abunda no daña. Un comité consultivo obviamente no va a invadir competencias de las autonomías, pero sin duda creo que enriquece la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mantilla.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la constitución de un comité consultivo de pesca en España, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo proponente de la enmienda del Grupo Catalán (Convergencia i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 183; en contra, 123; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley en los términos antedichos.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE AYUDAS DESTINADAS A LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBON (Número de expediente 162/000041)

El señor PRESIDENTE: Dentro del punto II del orden del día, entramos en el debate de la proposición

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no de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre ayudas destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.
Para la defensa de la proposición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero. (Rumores.) Un momento, señor Rodríguez Zapatero. Les insisto en la celeridad si han de abandonar el hemiciclo y en el silencio, por favor. (Pausa.) Cuando quiera, señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias. señor Presidente. Señoras y señores Diputados, creo que la Cámara, o al menos buena parte de los miembros de la misma, conoce que en los últimos años la minería del carbón y esta parte de nuestro sector energético, ha estado sometida a un inevitable proceso de reordenación, de ajuste y de garantía de viabilidad de lo que históricamente fue un importante sector industrial. Ese proceso de reordenación ha afectado a un número importante de comarcas y de manera muy especial a algunas provincias de nuestro país. Ha sido un proceso complejo, en el que la reducción de la actividad y la pérdida de empleo en el sector de la minería del carbón, lógicamente compensada con un importante paquete de ayudas sociales, ha ido acompañada de diversos intentos de provocar una reactivación o una reindustrialización de las comarcas mineras.
Sin duda sus señorías conocen que es una tarea difícil, que es un objetivo enormemente complejo por la propia naturaleza de las comarcas mineras del carbón, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones sociales, por la propia cultura que la minería del carbón genera y ha generado. Pero desde el Grupo Socialista siempre, tanto en la etapa en la que hemos tenido la responsabilidad del Gobierno de la nación como ahora en la etapa de oposición, hemos entendido que era un objetivo prioritario intentar poner encima de la mesa diversos instrumentos que posibilitaran, o al menos indujeran, la reactivación económica de las comarcas mineras.
Seguramente es conocido que, dentro de esos instrumentos para la reactivación de las comarcas mineras, en 1990 se produjo la Orden Ministerial de 30 de abril y, posteriormente, la resolución de la Secretaría General de la Energía, de 23 de mayo de 1995. Pero sin duda alguna ha sido la Orden Ministerial de 16 de febrero de 1996 la que ha abierto un camino nuevo, un camino, desde nuestra perspectiva, con un potencial extraordinario de cara a una reactivación efectiva de las comarcas mineras. Esa orden ministerial, vigente lógicamente al día de hoy, contempla que con cargo al 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica se destine una importante cantidad anual, en torno a 10.000 millones de pesetas, para las comarcas mineras, para financiar dos tipos de proyectos: proyectos empresariales de creación de empleo directo, con una subvención de hasta el 40 por ciento, y proyectos dotacionales de infraestructura y de equipamientos sociales, con una subvención de hasta un 70 por ciento.
Quiero resaltar que desde que la orden ministerial entró en vigor se ha producido una enorme movilización de proyectos empresariales, muy especialmente una enorme movilización de entidades locales, para intentar recuperar y crear condiciones que contrarresten el proceso de pérdida de actividad y de empleo en las comarcas mineras. Baste resaltar, señorías, algún dato de los que aporta la propia exposición de motivos de la proposición no de ley, pero subrayaré que al día de hoy, y tan solo desde el mes de febrero, que es cuando entró en vigor esta orden ministerial, han sido 591 los proyectos de inversión que se han presentado y que afectan a las provincias de Asturias, Barcelona, Córdoba, León, Palencia, Teruel y Zaragoza, que es el ámbito de aplicación de la orden ministerial. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Esos 591 proyectos de inversión suponen una inversión prevista de 70.000 millones de pesetas y, en consecuencia, una importante inyección, necesaria inyección, para la creación de empleo y para la dotación de infraestructuras y equipamientos sociales.
Hasta el mes de marzo prácticamente, coincidiendo con las elecciones generales, la Dirección General de Minas, que es el órgano encargado de evaluar y aprobar esos proyectos, había dado una celeridad notable a la evaluación y aprobación de proyectos, y, sin duda alguna, se ha creado una expectativa extraordinariamente positiva en las comarcas mineras. Es verdad que después del cambio de Gobierno ha habido un proceso de cierta ralentización que ha preocupado al Grupo Socialista, quizá de algún cambio de criterio a la hora de evaluar el conjunto de proyectos. Eso ha motivado la presentación de esta proposición no de ley.
Por fin, señorías, las comarcas mineras tienen en estos momentos un instrumento positivo para su reactivación económica. El Grupo Socialista pretende, con esta proposición no de ley, que esta orden ministerial se mantenga y tenga una perspectiva temporal razonable. Y esa perspectiva temporal razonable no puede ser otra que la que coincide con el marco que la directiva de la Unión Europea tiene referida a las ayudas al carbón.
Parece razonable, señorías, que ya que las comarcas mineras han sufrido un proceso duro de ajuste, de reconversión, absolutamente necesario por razones de competitividad de este recurso energético, tengan esta compensación, que creemos absolutamente imprescindible; que la tengan durante la vigencia de ese horizonte temporal al menos hasta el año 2002 y que la orden en vigor, en todos sus términos, se mantenga vigente.
En segundo lugar, la proposición pretende, lógicamente, que uno de los problemas más acuciantes que tienen las comarcas mineras, especialmente las del norte de España, que es su situación en cuanto a las

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infraestructuras de comunicación, muy especialmente las carreteras, tenga también una respuesta que implique al Gobierno de la nación, a través del Ministerio de Industria, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales provinciales. Por ello, se propone que el Ministerio de Industria elabore y firme un convenio destinado a la financiación de infraestructuras de carreteras con comunidades autónomas y diputaciones provinciales que articule un plan para cinco años, que es quizá lo mínimo que necesitan las comarcas mineras.
En tercer lugar, estimamos necesario, y así reza en el contenido de la proposición no de ley, que exista una comisión de seguimiento del desarrollo del plan, de la aprobación de los proyectos tanto dotacionales como de infraestructuras que se van presentando en la Dirección General de Minas, y que en esta comisión de seguimiento estén presentes las centrales sindicales y los ayuntamientos representantes de las comarcas mineras.
Creo que todos los que estamos cerca de este sector coincidiremos en que los auténticos agentes de desarrollo, los auténticos agentes que están luchando decididamente por la pervivencia y por el futuro de las comarcas mineras, son los propios ayuntamientos mineros. Por ello, parece conveniente que sus asociaciones representativas estén presentes en esa comisión de seguimiento.
Señorías, todos somos conscientes de que el futuro de este recurso energético, de que el futuro del carbón es un futuro plagado de incertidumbre, mucho más a tenor de las noticias que vienen apareciendo sobre lo que pueden ser las intenciones del actual Gobierno en relación con el protocolo eléctrico. Ciertamente, si esa es la voluntad final de lo que se ha conocido, las consecuencias serían extraordinariamente graves en la repercusión del futuro del carbón nacional, que tiene serios problemas de competitividad. Pero, señorías, entendemos que es absolutamente inevitable, que es justo y que es necesario que los planes de reactivación, que están articulados para otros muchos procesos de reordenación o donde ha habido procesos amplios de reindustrialización económica, sigan vigentes y al menos intenten paliar y compensar las consecuencias.
Estoy plenamente convencido que hoy las comarcas mineras que han tenido procesos de reordenación y las que aún tienen un volumen importante de minería del carbón, que quizá es su única fuente de actividad económica y, por tanto de empleo y de recursos, están preparadas para asumir los procesos del futuro, pero creo que esa preparación tiene que ir acompañada de manera imprescindible por el reforzamiento del plan que desde el mes de febrero está en vigor para dar impulso al futuro económico de las comarcas mineras.
Todos somos conscientes de que en términos sociales también cabría hablar de una justicia para la ayuda a todas estas zonas; todos somos conscientes de qué tipo de actividad estamos hablando, de las consecuencias que produce en muchos casos; todos somos conscientes de que prácticamente la producción industrial de buena parte del territorio de estas provincias es el carbón; que existe una tendencia histórica al monocultivo, que es necesario, que ya ha empezado a diversificarse, y que, desde luego, hasta ahora este instrumento se ha puesto de manifiesto.
La experiencia de lo que ha pasado desde que...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez Zapatero, le ruego vaya concluyendo.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Termino ya, señoría.
La experiencia de lo que ha pasado desde que esta orden ministerial entró en vigor, digamos, como ensayo o como fórmula de la acogida que iba a tener, creo que ha sido absolutamente clara. Se ha generado esa expectativa; la dinámica de crear proyectos empresariales y nuevas dotaciones de infraestructura está en marcha y creo que el Gobierno --y a eso instamos desde el Grupo Socialista y espero contar en ese sentido con el mayor apoyo posible de los grupos de la Cámara-- será sensible a esta razonable demanda que se basa no en una petición que pudiera considerarse demagógica, sino simplemente en mantener lo que hay, con un horizonte temporal razonable, e intentar por todos los medios que las comarcas mineras --y algunas provincias que están directamente afectadas por el futuro del carbón-- tengan una esperanza de futuro.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Escuredo.


El señor ESCUREDO FRANCO: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las ayudas a la reactivación minera y, al mismo tiempo, para defender la enmienda que mi grupo ha presentado a esta proposición por entender que mejora el texto de la misma.
Señor Rodríguez Zapatero, señorías, después de escucharle atentamente tenía la sensación de que estaba en una cuenca minera cuando ustedes iban a ellas en épocas electorales. Me parece muy bien y estamos de acuerdo en que el Partido Socialista tenga ahora, después de haber perdido el Gobierno, mucho interés por la reactivación de las cuencas mineras carboníferas, y me parece muy bien que sigan luchando, a ver si lo que no hicieron antes, cuando estuvieron en el Gobierno,

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es posible que lo hagan ahora. Pero es triste, después de casi 14 años de gobierno socialista, darse cuenta de que era allí donde --y tenían una gran influencia de votos-- en ningún caso se ha sabido responder de acuerdo a las muchas necesidades que tienen las comarcas mineras.
El Partido Popular ha dado muestras más que suficientes y siempre se ha posicionado claramente en favor del mantenimiento a las ayudas, pero no comprende los objetivos que se pretenden con la presentación de esta proposición no de ley. Ustedes tratan de aprobar lo que ya está aprobado incluso por su propio partido cuando estaba en el Gobierno. En diciembre de 1995 tratamos un tema similar a éste. Tratan SS. SS. de impulsar lo que no es preciso, cuando nada ha cambiado en este sentido desde la pasada legislatura, porque el Partido Popular siempre ha estado a favor de cualquier iniciativa al respecto y les remitimos al texto transaccional aprobado por esta Cámara como consecuencia de las proposiciones no de ley 162/229 y 162/223.
Da la impresión de que ustedes tratan de llevar a la opinión pública de las zonas afectadas la iniciativa de una de las cuestiones que se trataron por consenso en la anterior legislatura. Les recuerdo un texto transaccional aprobado que contó con el apoyo de toda la Cámara, a excepción de Izquierda Unida, que se abstuvo, no por discrepancias en cuanto al fondo, sino por otros aspectos de la iniciativa. Creo que las manifestaciones del Gobierno al respecto no siembran la menor sombra de duda sobre la voluntad del Ministerio de Industria. Merece la pena repasar e incluso citar textualmente, las manifestaciones del Ministro de Industria, señor Piqué, en sus comparecencias en las comisiones del Congreso y del Senado el pasado mes de junio. El señor Ministro dijo textualmente: Las ayudas a la industrialización de las cuencas mineras deben seguir y seguirán en los plazos que se establezcan hasta el año 2002. Este tema tiene que ser prioritario.
Yo creo, señor Rodríguez Zapatero, que S. S. no debe preocuparse por algo que ya se ha dicho, incluso por miembros del Ministerio de Industria, como el Secretario de Estado y la Directora General de Minas, quienes han insistido en el apoyo total y sin fisuras a la reactivación de las cuencas mineras carboníferas. Dejo este tema bien claro para evitar tergiversaciones interesadas.
Ciñéndonos al texto concreto de su proposición, el Grupo Parlamentario Popular dice lo siguiente. Sobre el punto número 1 el Grupo Popular no tiene ningún inconveniente en apoyar el texto tal y como se presenta, es más, nos consta que en el ministerio se está elaborando un plan que defina y concrete algunas de las lagunas existentes en la actualidad en lo relativo a la cuantía, finalidad, actividades preferentes, delimitación territorial, zonas de influencia, etcétera. Creemos que debería esperarse a la presentación de dicho plan para concretar la fecha de finalización de las ayudas.
Sobre el punto número 2 el Grupo Popular acepta igualmente el texto tal y como se presenta, porque abundando en el plan que, repito, se está elaborando, se deberán precisar las actuaciones a realizar tanto por el Ministerio de Industria como por las comunidades autónomas y diputaciones. Si bien entendemos que no se deben establecer períodos concretos antes de la presentación del plan, nos preguntamos: ¿por que cinco años y no más? Alemania ha firmado un plan hasta el año 2005.
Nosotros entendemos que debemos dejar a las instituciones que elaboren el plan.
Sobre el punto número 3 el Grupo Popular entiende que se debe retirar, por cuanto no se contempla la creación de una comisión de seguimiento, que de hecho ya existe, porque fue creada por el Gobierno anterior al amparo del Real Decreto 2203/1995, del 28 de diciembre, sobre los costes específicos derivados de las ayudas a la minería del carbón y desde la que se está haciendo el seguimiento de las ayudas para la reactivación.
En definitiva, señorías, no se puede crear una comisión que ya está creada. Se podrá cuestionar si funciona mejor o peor, si se reúne con más o menos asiduidad, si lo hace más o menos bien, pero, como decía, no podemos crear una comisión que ya hace tiempo que se ha creado. Señorías, esta comisión está presidida por el Secretario de Estado de la Energía y, a nuestro juicio --y también al de su partido, que fue quien la creó--, está integrada por todas las partes que tienen algo que decir en la materia, es decir, representantes de los ministerios vinculados, como Industria, Trabajo y Economía; representantes de las comunidades autónomas con actividad minera, como son Asturias, Castilla y León, Aragón y Andalucía; representantes de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional; representantes de los sindicatos de UGT y de Comisiones Obreras; representantes de la patronal, de Carbunión, de Unesa, etcétera, e incluso, señor portavoz del Partido Socialista, porque me parece que es lo que más le preocupa, me consta que se ha invitado a la misma a representantes de los municipios mineros. Si ése era el problema, tengo que decirle que también invitan con periodicidad a los municipios mineros.
Por tanto, aprobar el texto en los términos en que se presenta supone generar confusión y crear algo que ya existe, que ya crearon ustedes. Si los avatares de las urnas les han apartado de la representatividad de muchas de las instituciones que componen la comisión --no quiero ahora complicar una cuestión en la que prácticamente hay consenso, como es la necesidad de mantener las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras--, si han pasado ustedes de copar casi todas las representaciones de esa comisión a sólo mantener el representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía, asúmanlo, porque abrir oficialmente la brecha de nuevas incorporaciones, iniciando incluso una polémica sobre la representatividad, supone

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hacer un flaco favor a todo el plan de reactivación de las comarcas mineras.
En conclusión, señorías, admitimos el punto número 1, suprimiendo el plazo del 2002, como ya hemos dicho anteriormente; admitimos el punto número 2, suprimiendo la precisión del plazo de cinco años, que también hemos aclarado anteriormente, y, por supuesto, rechazamos en su conjunto el punto número 3. Por todo lo dicho, solicitamos que sean admitidas nuestras enmiendas y votadas favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Escuredo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista respecto al punto número 1 y al punto número 2, por lo que pediríamos votación separada de los mismos.
En dicha proposición no de ley se encuentran incorporadas una serie de ayudas procedentes de la Unión Europea y destinadas a la minería, gracias a las cuales están previstos unos planes para financiar proyectos importantes de las cuencas mineras que necesariamente llevarán a un incremento sustancial de la actividad, con el consiguiente aumento de puestos de trabajo, mejora de las infraestructuras y también un incremento general de la actividad económica. Por tanto, repito, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente los dos puntos mencionados de la proposición no de ley y votará negativamente respecto a la creación de una comisión de seguimiento, porque entendemos que dicha comisión ya funciona, ya existe, en ella están representados todos los organismos y, en consecuencia, es innecesario la creación de la que ustedes proponen.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por entender que responde en este momento a uno de los graves problemas que tiene la aplicación de la propia orden del 16 de febrero de 1996, por citar la última parte del debate que planteaba el Grupo Parlamentario Popular.
Actualmente, el problema que existe para la distribución de estos fondos es que las entidades locales, que son cofinanciadoras, es decir, las que ponen el dinero para participar en estos proyectos que se incardinan también dentro del marco de Rechar, resulta que no tienen representación, la tienen indirectamente a través de las comunidades autónomas, pero se ven al mismo tiempo en dificultades para poder defender sus propios proyectos a través de las asociaciones que lógicamente tienen las propias comarcas mineras. Por lo tanto, para que puedan defender sus propios proyectos creemos que es muy importante buscar una fórmula de representación directa de los municipios en esta comisión o en otra similar que se pudiera crear.
Además, es verdad que hay un gran número de proyectos en este momento que están recurriendo a este tipo de fondos, pero es verdad también que, por ejemplo, han sido desviados en algún caso a ayudas del sector textil, que no tenía nada que ver con el sector minero, problema de la Administración anterior, pero está ahí, y al mismo tiempo hay grandes dificultades para emprender proyectos significativos, dada la situación de las haciendas locales que hace muy difícil abordar proyectos significativos económicamente, puesto que tienen problemas de cofinanciación.
Difícilmente pueden determinados municipios mineros plantearse proyectos de 100, 200 o 300 millones de pesetas cuando su propia realidad económica imposibilita el acceso, no tienen un marco de discusión y quedan supeditados a la voluntad política de decisión que pueden implantar las propias representaciones de comunidades autónomas. Por lo tanto, entendemos que hay un cierto desequilibrio en la representatividad de la propia comisión actual --lo que se plantea aquí es una comisión diferente-- en la que, como aquí se ha dicho, están representadas la Administración general del Estado, las comunidades autónomas en las que la minería tiene una presencia relevante, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, centrales sindicales más representativas, asociaciones patronales del sector eléctrico y carbonero, pero resulta que una parte importante, que es la que más esfuerzo económico tiene que hacer, no tiene representación. Por todo ello, creemos que el punto 3 es quizás el elemento realmente significativo y nuevo sobre lo ya existente, porque el punto 1 es prácticamente una transcripción de lo que dice el Real Decreto 2203/1995, donde se establece el marco del 0,5 por ciento, y la novedad es que se intenta fijar también en el tiempo que se mantenga al menos hasta el 2002.
En cuanto a los objetivos de los fondos, yo creo que la novedad que aportó la propia orden ministerial es, por una parte, establecer el ámbito territorial de aplicación, es decir, prioritariamente los municipios incluidos en el Rechar 2, los municipios limítrofes

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con el mismo y otros en el caso de que se pueda prever que los proyectos ocuparán en cuantía considerable a trabajadores de municipios del Rechar 2. La segunda novedad es la disponibilidad financiera, que varía lo que había antiguamente del fondo de tres mil doscientos y pico millones, que no eran de aplicación además en aquellas comunidades autónomas que tenían contrato-programa, pero --insisto-- sigue habiendo una laguna legal y los municipios mineros piden que se busque una fórmula de representatividad que les permita participar en la elaboración y defensa de sus propios proyectos; si no, asistiremos a una serie de proyectos buscando los resquicios para acceder a la última peseta de la que se pueda disponer, pero no porque en muchos casos sean fondos útiles para relanzar la economía o las infraestructuras de esas comarcas mineras. Podemos ir o a un sistema en el que los ayuntamientos presenten proyectos de 10 o 20 millones, porque saben que así los pueden conseguir, o a un marco en el que, como se plantea también en el punto 2, se puedan buscar soluciones de futuro para las comarcas mineras. Lo que plantea el Partido Popular, sinceramente, es mantener lo que había. Es lógico que tengan una gran fe en las declaraciones de su Ministro de Industria, pero hoy dice una cosa y mañana la contraria; unos días quiere cerrar Hunosa y otros dice que va a salvar la minería del carbón. Lo veremos en la discusión del marco eléctrico.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Santiso.
Señor Rodríguez Zapatero, tiene la palabra para expresar la aceptación o denegación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la máxima brevedad quiero significarle al portavoz del Grupo Popular que globalmente ha hecho un planteamiento equívoco del debate; no estamos en un acto de control, sino en el trámite de una proposición no de ley.
La equivocación está en la enmienda que pretende suprimir el punto 3. No hay creada una comisión en ningún decreto que regule las ayudas a la reactivación de la minería del carbón. La comisión de seguimiento, que regula el artículo 13 del decreto que hemos debatido se refiere a las ayudas a la producción de la minería del carbón, no a la reactivación; no existe esa comisión de seguimiento.
En segundo lugar, lógicamente tampoco podremos aceptar esa indefinición temporal. El plazo del 2002 tiene una razón evidente. No es un horizonte caprichoso; es el horizonte que está establecido por la Unión Europea para las ayudas a la minería del carbón y parecía razonable que el proceso fuera acompasado con el instrumento que contiene la orden ministerial. Hubiéramos deseado, lógicamente, ese consenso, pero las posiciones que se han mantenido aquí por el Grupo Popular no permiten la aceptación de la enmienda presentada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular solicitaría la votación separada de los puntos 1 y 2 por una parte y del punto 3 por otra.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Núñez.
Contando con que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha solicitado ya en su intervención la votación separada, procedemos a votar los tres puntos por separado.
Muchas gracias, señor Núñez.
Vamos a proceder, pues, a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley, del Grupo Socialista del Congreso, sobre ayudas destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.
Se ha solicitado la votación separada de los tres puntos de la proposición no de ley. En consecuencia, sometemos a votación el punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el primer punto de la proposición no de ley.
Votación del segundo punto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación del punto tercero de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 143; en contra, 160; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto tercero de la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RAZONES DE POLITICA GENERAL DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS PARA EL PERIODO 1995-1997 SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO EN EL AMBITO DE LA FUNCION PUBLICA (Número de expediente 173/000016)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo Administración-sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de trabajo en el ámbito de la Función pública.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra, si SS. SS. guardan silencio, por favor, el Diputado señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Como conoce la Cámara, esta moción es consecuencia de la interpelación que se debatió, hace dos plenos exactamente, en relación con la actitud del Gobierno sobre el escenario retributivo de los trabajadores del sector público para 1997, después del anuncio de la decisión del Ejecutivo de congelar los salarios de los empleados públicos y después, obviamente, de que hubiera entrado en la Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En el desarrollo de la interpelación, el Grupo Socialista ya anunció cuál era su discrepancia básica en torno a la postura y a la decisión política adoptada por el Gobierno: que más allá de lo discutible de la decisión, más allá de cuál debería ser el incremento retributivo de los empleados públicos para el ejercicio presupuestario de 1997, había una cuestión esencial, una cuestión de fondo, que era cómo se había adoptado la decisión, prácticamente con nocturnidad y alevosía, prescindiendo de manera absoluta de cualquier proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Es necesario, por tanto, dejar constancia de que en ningún momento el Gobierno ha tenido la voluntad de sentarse a negociar, ni siquiera cinco minutos, con los empleados públicos y que, desde luego, desde nuestra perspectiva, eso ha supuesto no sólo un ataque importante al principio de negociación colectiva que rige y debe regir el ámbito de la Función pública, sino que también ha supuesto un incumplimiento evidente del acuerdo firmado en 1994, que tenía vigencia hasta 1997. Un acuerdo --quiero subrayar-- que fue aplaudido por todos los grupos políticos y sociales, que tuvo como consecuencia que posteriormente hubiera una cascada de acuerdos de índole similar en comunidades autónomas y corporaciones locales.
Pues bien, ante esa situación, el Grupo Socialista, en coherencia con lo que ha sido su petición reiterada, su razonamiento fundado y teniendo en cuenta que, hasta ahora, no ha habido una sola explicación convincente, con el debate de presupuestos que hemos tenido encima de la mesa, con lo que estamos viendo día a día en torno a la financiación de las comunidades autónomas y, desde luego, después de que el Gobierno no ha demostrado ni un ápice de voluntad negociadora y que ha arrumbado en buena medida ese principio elemental y básico que contenía el acuerdo de 1994, en función de esos elementos, hemos presentado una moción que intenta restituir la racionalidad, la seriedad y el principio de diálogo con los empleados públicos.
Creo que todos los grupos deberían de estar preocupados por las consecuencias que esta medida, sin más, sin explicación y sin diálogo, puede producir, no ya sólo desde el punto de vista del escenario de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, sino desde el punto de vista de su moral, de su fidelidad, lógicamente, a prestar con el mayor celo posible el servicio público que se presume a todos los empleados y personas que están al servicio de las administraciones públicas.
Necesitamos --ya se ha dicho en alguna ocasión-- una Administración que funcione con eficacia, una Administración que dé servicios de calidad; en las administraciones públicas, necesitamos un personal estimulado y al que se le reconozca su posición y sus cualidades. No fueron otras las afirmaciones que se hicieron en el debate de investidura por parte del señor Aznar, que en pocos meses ha volatilizado aquella llamada al reconocimiento del papel de los funcionarios y de su posición de diálogo con este importante colectivo.
En coherencia con ello, como señalaba anteriormente, hemos presentado una moción que, según nuestro punto de vista, está orientada desde una posición responsable y prudente que se basa en la convicción de que no se puede descartar de ninguna manera que los empleados públicos no estén dispuestos a hacer algún sacrificio, pero que, al menos, para llegar a esa convicción, hay que escucharles, dialogar y negociar. Parece que, como decía anteriormente, en otros ámbitos o en otras situaciones políticas ese principio funciona, sobre todo, cuando de ello depende la estabilidad del Gobierno, pero no funciona cuando se trata de oír, simplemente de escuchar las posiciones de quienes representan a más de dos millones de personas, los empleados públicos.


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En consecuencia, el punto primero de la moción trata de hacer una afirmación que nos parece básica desde el punto de vista del cometido que tienen los representantes de la soberanía popular y de los ciudadanos: el respeto a un acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos en su día; un acuerdo que se concebía más allá de la previsión de aumento retributivo para 1996 y 1997 y que estaba matizado en función de la previsión de crecimiento económico --que parece que no es negativa para este año, que va a ser del 3 por ciento-- y en función de la previsión del déficit o de la exigencia del esfuerzo que hay que hacer para reducir el déficit, esfuerzo al que parece que otros capítulos del presupuesto no están llamados, y, si no, explíqueseme dónde está, qué traducción ha tenido la apelación a un acuerdo de reducción del déficit para todas las administraciones públicas que hizo el señor Aznar en el debate de investidura en esta Cámara. Hay que releerse un párrafo concreto en el que llama a un pacto de austeridad con las administraciones públicas, comunidades autónomas y corporaciones locales. A la vista de las cifras del presupuesto no sólo no se ha plasmado esa llamada, sino que ha ido en sentido contrario radicalmente, lo cual parece que ya no es nada anormal en la trayectoria política del Gobierno, evidentemente, a tenor de lo que todos los ciudadanos pueden percibir día a día. Por tanto, el punto primero trata de restituir los valores del acuerdo de 1994; valores, insisto, que fueron aplaudidos por todos los grupos políticos y sociales; que dieron un horizonte de tranquilidad, de diálogo y de racionalidad en el ámbito de la Función pública, que se ha quebrado de manera notoria, y todos hemos visto cuál ha sido, lógicamente, la respuesta en el ámbito de la Función pública y, en consecuencia, la necesidad de que se restituya ese diálogo. Para ello, el punto segundo de la moción consecuencia de interpelación insta al Gobierno a que de manera inmediata convoque la mesa general de la Función pública al objeto de negociar los incrementos retributivos y la oferta de empleo público para el año 1997 en el marco del capítulo 6 del citado acuerdo de 15 de septiembre de 1994.
Señorías, todos los grupos deberían admitir que la votación y el resultado que den de sí las diferentes posiciones de los grupos políticos en el debate de hoy tienen su trascendencia. No está el Grupo Socialista, no es éste el trámite, pidiendo o marcando un determinado volumen de aumento retributivo --ése es el marco de discusión de los presupuestos-- y, por tanto, no he hecho un debate en torno a cuál podía ser una u otra alternativa o si es posible que el aumento retributivo, conforme a la previsión de inflación, encaje o no encaje en el horizonte del déficit, que todos deseamos se mantenga en el 3 por ciento. Simplemente se hace una llamada para que el Gobierno convoque la mesa general de la Función pública, dialogue y negocie, sin prejuzgar ni exigir cuál tenga que ser ese resultado, porque forma parte, lógicamente, del ámbito de la decisión política del Gobierno y del cálculo de la valoración política que éste puede hacer. Me temo que va a ser complejo y difícil que los grupos políticos expliquen a la ciudadanía, no ya en función de lo que han dicho aquí sino porque esgrimen siempre la palabra diálogo, la necesidad de negociar, de agotar la negociación, de sentarse en la mesa a hablar, como se hace habitualmente, que no se convoque simplemente una mesa general de la Función pública para explicar e intentar aproximar un acuerdo. Insisto en que el Grupo Socialista no intenta en esta moción, ni en su espíritu, ni en su objetivo, ni en su finalidad ni en el hecho que la motiva, poner al Gobierno en la tesitura de tener que llegar a un acuerdo obligatorio o marcar un determinado aumento retributivo, sino simplemente que no se quiebre algo elemental, que es la actitud de diálogo, la actitud de negociación de la que tanto ha hecho gala el Gobierno y el Grupo Popular.
Si el Grupo Popular que sostiene al Gobierno no respalda una moción que intenta ser responsable y constructiva desde esa perspectiva, sus palabras, sus apelaciones, su demostración, su exhibición en algunos momentos de capacidad de diálogo habrán quedado seriamente puestos en entredicho. Se trata, señorías, simplemente de convocar esa mesa, de explicar y ver si hay margen presupuestario, porque vamos a ver en el desarrollo de las enmiendas y de los presupuestos en el Congreso y en el Senado cuáles son los márgenes que cada uno de los grupos articula y podremos ver el resultado final. Les puedo asegurar que los empleados públicos sí están pendientes, lógicamente, de ese debate; están pendientes de ver cuál es la actitud en conjunto, y principalmente del Gobierno. El diálogo con los empleados públicos es un requisito indispensable para que podamos seguir en la convicción de que la calidad de los servicios que se prestan, el desarrollo de la Función pública, el reconocimiento de los derechos de los empleados públicos, que van a estar pendientes de esta decisión, puede ser equiparable a los derechos de los empleados del sector privado, que están ya negociando y que van a estar negociando, sea cual sea, si lo hay, el aumento, por empresa o por sectores, el futuro retributivo para el año 1997.
En consecuencia, esta moción es un llamamiento al diálogo y a la negociación. Es difícil refutar un llamamiento al diálogo y a la negociación que se hace desde algún grupo parlamentario al Gobierno.
Espero, por tanto, que las razones que puedan oponerse a la aprobación de esta moción sean extraordinariamente convincentes para que no prosperen.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Han sido presentadas a esta moción dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa

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per Catalunya, y otra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, cuando el Grupo Parlamentario Socialista presentó la interpelación nosotros ya anunciamos que la apoyaríamos si llevaba a esta Cámara a pronunciarse instando al Ejecutivo a que abriera las puertas al diálogo a lo que pudiéramos llamar la representación de los empleados públicos. Desde entonces, hemos tenido la suerte de que se haya producido una sesión de Pleno, con un debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, y otra semana en la que se celebraron comisiones, y, entre tanto, han coincidido acciones de reivindicación que han servido para sondear cómo piensan los empleados públicos, de qué manera ven y viven los empleados públicos la situación a la que les ha llevado esta idea de que el camino de Maastricht pasa por ahorrarse este año unos 80.000 millones de pesetas congelándoles el salario.
Además, hemos podido ver en estas dos semanas de descanso plenario, cómo se ha reflejado en la parte descentralizada del Estado y de qué manera esta medida, adoptada por el Gobierno a nivel central, se podía proyectar a toda la estructura del Estado, es decir, a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y nos hemos encontrado con que en muchísimos ayuntamientos había una vía de diálogo y de negociación entre sus gobernantes y los agentes que representaban a los empleados públicos, habían alcanzado convenios y a pactos que obligaban a esas instituciones. Hemos visto también cómo algunas comunidades autónomas han entendido que la política de austeridad, de ahorro, podía reflejarse en lo que podríamos llamar la inflación prevista para el conjunto de asignaciones que recibían los empleados públicos.
Nos hemos encontrado, por un lado, con que los empleados públicos del Estado han tenido fuertes reivindicaciones que han sido proyectadas social y públicamente no solamente por los empleados públicos, sino también por los usuarios de esos servicios públicos y, por otro lado, con que, a nivel territorial, los municipios y las comunidades autónomas están empezando a anunciar que su postura de austeridad va a ir en más vertientes presupuestarias que la mera asignación salarial.
La realidad hoy obliga a la sensatez y a la madurez del que gobierna, porque, si no, aplicaremos a sangre y espada nuestra política y el Gobierno tendrá, por un lado, que abrir una brecha permanente contra sus empleados públicos, a los que va a invitar a profesionalizarse, a prepararse, a actualizarse, y, por otro, necesitará una espada para meter en cintura a todas las instituciones, llámense comunidades autónomas o ayuntamientos que están alcanzando acuerdos en sentido distinto.
¿Por qué entendemos nosotros que la propuesta que hoy se nos trae aquí ha cobrado más vigor que la que tenía entonces? Porque la sociedad no entiende por qué de 30 billones de pesetas del presupuesto 80.000 millones son la pieza angular para enseñar a toda la sociedad que debe de caminar por un lado. ¿Por qué tienen que encajar los usuarios que reciben los servicios públicos un deterioro en la forma de recibirlos, en los recursos para recibirlos en la oferta pública de empleo que puede salir? ¿Por qué tienen que recibirlo así, con independencia de que debiéramos apretarnos el cinturón en muchísimas actuaciones? Por eso nosotros creemos que la propuesta que hace el Grupo Socialista es positiva.
¿Cuál es el sentido de las enmiendas de Izquierda Unida? Permítanme SS.
SS. que lo diga ahora que quedamos unos cuantos Diputados en el Pleno: para que esto no quedase en una declaración de intenciones de las que siempre hacemos para quedar bien, apretamos el botón y salimos satisfechos, sino que fuese una obligación para el Gobierno, con fechas concretas. Abra el diálogo con los sindicatos, negocie y tráigalo al Congreso para que se incorpore a la ley de presupuestos.
Nosotros pretendíamos que esas enmiendas llegaran a las Cortes en tiempo y forma. Tenemos tiempo hasta la devolución del proyecto del Senado. Aquí vamos a debatir las enmiendas al articulado del 19 al 21. Los presupuestos luego irán al Senado, por lo que hay tiempo de presentar enmiendas en la Cámara Alta. Vendrán al Congreso para los Santos Inocentes, el 28 de diciembre o, a ser posible antes, con lo cual tendremos la oportunidad de poder modificarlos, de forma que el compromiso fuese para el ejercicio de 1997.
Nuestras enmiendas intentaban darle temporalidad al mandato del Congreso.
Abran las puertas de negociación de la Función pública y siéntense con los empleados públicos. La partida presupuestaria del capítulo I tiene un crecimiento de un 1 por ciento para este año, por la evolución de las cifras anteriores y hay margen para incrementarla en el trámite de enmiendas; hay posibilidad para que las conclusiones de esa negociación --y en la Función pública hay sensatez-- se trasladen a los propios presupuestos y que no vayamos al ejercicio de 1997 con una batalla, con un cáncer en el seno de la Función pública que deteriore todavía más de lo que está hoy, los servicios que recibimos todos los ciudadanos españoles por parte de dos millones de empleados públicos.
Nuestras enmiendas pretendían precisar la propuesta originaria, pero no son de oposición, de tal forma que si el texto que se alcanza es similar al que ha propuesto el Grupo Socialista, con la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) o cualquier otra que pueda incorporarse, nosotros lo votaríamos a favor

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porque significa un mandato comprometido de todos. Ello no significa poner de rodillas a nadie, sino al revés, levantar y abrir puertas, hablar, dialogar, confluir; significa que los empleados públicos se vean parte de la Administración que nos ofrecen, que se sientan parte y protagonistas de esa realidad que nos espera. Por eso, nuestro voto va a ser afirmativo. Estamos convencidos de que la cordura y la sensatez primará, aunque sólo sea porque las matemáticas dicen que dos y dos son cuatro y más vale ganar que perder.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señorías, mi Grupo, el Grupo Parlamentario Catalán, ha presentado una enmienda de modificación a la moción elevada por el Grupo Socialista. Lo hacemos por la imposibilidad de conciliar su redacción de manera coherente con nuestro apoyo sólido y global a los objetivos político-económicos que el proyecto de ley de presupuestos para el año 1997, presentado por el Gobierno del Estado español, se propone alcanzar, lo que no es ni ha sido óbice para que mi grupo se crea en la necesidad de mantener el principio de negociación colectiva y de diálogo permanentemente abierto.
En nuestra enmienda, que se inscribe en el marco de nuestro pacto, en el marco de nuestro apoyo a las medidas tomadas de austeridad en todos sus aspectos, instamos al Gobierno del Estado a convocar de manera inmediata el Consejo Superior de la Función Pública. Lo hacemos por diversas razones: para que se explique allí con claridad las razones de haber tomado tal decisión política, la de no incrementar el sueldo de las trabajadoras y trabajadores públicos en el ejercicio presupuestario de 1997, y para seguir posibilitando que aquéllas y aquéllos participen de esta decisión.
Nosotros creemos que la participación es el único medio para actualizar el conocimiento colectivo de las decisiones y para reforzar los principios de consentimiento y de corresponsabilidad de las trabajadoras y trabajadores de los distintos sectores públicos. También porque creemos que debemos consolidar entre todas y todos la confianza en la bondad de las medidas tomadas, y debemos dar confianza a los diversos colectivos del servicio público, no sólo en las relaciones con las administraciones, sino también las relaciones con las mismas organizaciones sindicales que les representan y a través de las cuales participan de las decisiones que les afectan, sean éstas positivas o negativas.
Nosotros creemos que los sindicatos de la Administración pública son adultos, que han ejercido y ejercen un estimable papel regulador y han demostrado repetidamente su capacidad de corresponsabilidad por el bien común social. Por eso queremos que se eviten zonas de incertidumbre relacional que pudieran orientar reacciones antiorganizativas. Cuando se origina un conflicto puede haber reacciones más allá de las organizaciones establecidas, y la democracia en permanente consolidación necesita sindicatos representativos fuertes.
Ora razón, la última que nos mueve a presentar la enmienda, es que una decisión política se ejercita siempre en el marco de un poder limitado institucionalmente, pero, además, por virtuosa que sea --y ésta sí la consideramos--, requiere también del juego real del diálogo y de la participación, de la negociación, que es para nosotros el lugar de encuentro, el instrumento privilegiado en la relación democrática para equilibrar convergencias y divergencias.
En una negociación y en un diálogo todo es positivo. Supone la existencia de interlocutores reconocidos, la aceptación del carácter legítimo ineludible de las contradicciones, pero también éstas pueden crear soluciones. Y yo creo que deben ser asumidas siempre.
Convoque el Gobierno, y así le instamos, el Consejo Superior de la Función Pública, porque hay mecanismos posibles para el dialogo que no deben romper el principio de razón que ha movido al Gobierno. Porque las trabajadoras y trabajadores públicos son, como he dicho, corresponsables, saben del valor público y saben también lo que cuesta el mantenimiento del bienestar social. Hay distintas vías solidarias de entendimiento y creemos que deben explorarse todas.
En cuanto a las condiciones retributivas, hay masa salarial que pertenece a incentivos, a productividad. En la oferta pública pueden discutirse de qué manera, cómo se aplica, qué número, etcétera. Siempre dentro del marco que el Gobierno ha presentado en su proyecto de ley. De esta manera, el diálogo o la negociación, fuere cual fuere su resultado, se entenderá siempre como parte de un progreso que permitiría que cada individuo, cada trabajadora y cada trabajador, se asocie a la definición de un futuro colectivo.
Señoras Diputadas, señores Diputados, no convocar de inmediato el Consejo significaría, a nuestro entender, hipotecar oportunidades de maduración para todos, para los sindicatos, para el mantenimiento de la coherencia política-social del Gobierno y para la dignificación de la Función pública. Por todo ello y desde mi grupo, les instamos a convocar lo antes posible el Consejo Superior de la Función Pública y a iniciar el proceso de diálogo y de negociación que pueda hacer posible la firme identificación del funcionariado con los objetivos generales del Gobierno que son los de un futuro social mejor. Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo, compartiendo el tiempo de intervención del grupo parlamentario.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad porque algunos de los argumentos son compartidos por el Diputado que les habla y por Unión Valenciana.
Vamos a apoyar esta moción presentada por el Grupo Socialista.
Con motivo del debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado ya comentábamos que unos presupuestos tan difíciles, con tantos compromisos, con tantas restricciones y con tantos recortes, nacían sin un consenso social. Esta es una de las facetas donde no ha habido consenso social, porque se ha aplicado un recorte, una congelación, un ajuste a un colectivo, en este caso a los funcionarios públicos en el conjunto de las administraciones, que, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, supone poco más de 80.000 millones sobre el conjunto de un presupuesto de más de 30 billones de pesetas. Esta congelación que se ha hecho sin el necesario, preceptivo y aconsejable debate, diálogo y posibilidad de acercamiento de posturas con los interlocutores sociales, es una quiebra de esa negociación colectiva que siempre ha inspirado los grandes acuerdos.
Los funcionarios de la Administración pública son los que han sufrido en los últimos años un ajuste detrás de otro, un recorte que les ha hecho perder una capacidad adquisitiva que está ahí, denunciada reiteradamente con motivo de las últimas manifestaciones respecto a la repercusión de los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Lo que la moción del Grupo Socialista pretende es reiniciar de nuevo ese consenso social que se ha quebrado, ese diálogo y esa conversación que no se ha producido, y esa negociación colectiva que siempre ha inspirado la toma de decisiones que afecta a un colectivo tan importante y que tiene una repercusión tan relevante sobre el conjunto de los ciudadanos del Estado español. Esta postura de austeridad que va a repercutir gravemente sobre el salario de los funcionarios va a tener una grave repercusión sobre la calidad y la cantidad de los servicios públicos que se tienen que prestar y que redundan en esa calidad y bienestar social de todos los ciudadanos. Por tanto, desde esta llamada al consenso, al diálogo, a esa nueva reapertura de negociaciones, pedimos que por la cantidad de sacrificios que se piden a los funcionarios, se tenga en cuenta su voz porque han sido muchos años de sacrificio. Vamos a apoyar esta moción para que no sólo carguen unos cuantos aquello que puede perjudicar a tantos ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
El señor Vázquez tiene la palabra.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo brevemente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de la moción presentada por el Grupo Socialista y que hace referencia a los acuerdos firmados entre el Gobierno y sindicados en el año 1994 y a la convocatoria de la mesa de la Función pública para negociar los incrementos retributivos y la oferta de empleo público para 1997.
Vamos a votar afirmativamente esta moción porque estamos naturalmente de acuerdo en que se respeten los acuerdos firmados, y porque estamos en contra de la denominada congelación salarial de los empleados públicos; en realidad, de la continua pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los últimos años de estos trabajadores. Los acuerdos del capítulo VI preveían aumentos en la retribución a los funcionarios para los años 1996 y 1997 y, por tanto, el mantenimiento de su poder adquisitivo, un poder adquisitivo que, conviene recordar, está sufriendo constantes recortes a lo largo de los años; una merma que se va a acercar al 12 por ciento en el período 1993-1997 como consecuencia de sucesivos incrementos salariales por debajo del IPC en años sucesivos, o por las congelaciones salariales, como la sufrida en el año 1994 y la que ahora se va a proponer.
El trato que el Gobierno pretende dar a los funcionarios es manifiestamente injusto. Va a cargar sobre los salarios de los empleados públicos nada menos que la responsabilidad de reducir el déficit para conseguir, parece ser, acercar el Estado español a las condiciones fijadas por los acuerdos de Maastricht. El Gobierno curiosamente siempre exige sacrificios a los sectores de la sociedad más débiles, y mientras tanto, es una evidencia, que se constata en la realidad, que determinados sectores sociales obtienen cada vez más privilegios. Es una medida que boicotea la negociación sindical, que crea por tanto desconfianza entre los ciudadanos; una medida que no va a ayudar a que los ciudadanos vean mejorar el servicio que la Administración les debe prestar. ¿Con qué autoridad moral se les puede pedir a los empleados públicos más y mejor trabajo, más y mejor servicio cuando ven cómo sus derechos son violados? ¿O es que lo que en realidad se pretende es seguir deteriorando los servicios públicos y desmotivando a los trabajadores? Nosotros, desde luego, estamos a favor de una Administración eficaz, que esté al servicio de los ciudadanos, de exigir a los trabajadores públicos trabajo y dedicación a sus tareas, pero para eso se hace necesario,

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entre otras cosas, que se les retribuya dignamente. Los esfuerzos para modernizar y hacer eficaz los servicios públicos pasan inevitablemente también por mantener la dignidad de los trabajadores a su servicio.
La vía elegida por el Gobierno para acercar el Estado español a los criterios de la convergencia europea a través de esta congelación será una medida ineficaz, y lo será porque ya se aplicó en otras ocasiones sin que se viesen resultados apreciables por parte alguna. Desde luego, el Gobierno sí que conseguirá aumentar el malestar de miles de personas, malestar que ya pusieron de manifiesto con su asistencia a las masivas concentraciones convocadas por los sindicatos miles y miles de funcionarios.
Si la convergencia europea, señoras y señores Diputados, lo único que va a suponer es empeorar cada vez más las condiciones de vida de millones de ciudadanos, habría que preguntarles si les interesa. Desde luego, eso es lo que parece que está sucediendo: convergencia con Europa, divergencia social.
El Gobierno, desde nuestro punto de vista, no debe seguir empecinándose en la vía que propone. Los funcionarios deben ser tratados con más consideración y lo más elemental es respetar los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y sus representantes sindicales, por eso vamos a votar afirmativamente esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor López-Medel tiene la palabra.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, señorías, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en el debate de esta moción considero que es necesario, en primer lugar, realizar un análisis que enmarque la política del Gobierno en materia del personal al servicio de las administraciones públicas.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene que el Gobierno está trabajando en el diseño de un nuevo modelo de recursos humanos y para ello se han adoptado una serie de medidas concretas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 y también en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Los objetivos que se persiguen con estas medidas son básicamente dos. En primer lugar, contribuir a la contención del déficit público, a cuyo efecto se establece el no incremento de las retribuciones salariales del personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo ello se hace no como una medida aislada, sino incardinada en un conjunto de medidas estructurales de necesaria aplicación.
No se trata de convertir, en modo alguno, a los empleados públicos en el único colectivo que ha de sacrificarse, sino en lograr la implantación, decía, de una serie de medidas armónicas que repartan el sacrificio que el cumplimiento de los objetivos de integración plena en Maastricht supone entre todos los sectores y capas sociales.
En segundo lugar, conseguir la mejora del funcionamiento y el rendimiento de las administraciones públicas conciliando la anterior medida de contención del déficit con el ajuste del volumen de empleo del sector público y la asignación de sus empleados a aquellas tareas que resulten más necesarias para la prestación de los servicios públicos.
En este proceso de ordenación del empleo público a que he hecho referencia, juega un papel muy importante el mantenimiento y fortalecimiento del diálogo social con los representantes de los empleados públicos, que se manifiesta en el cumplimiento del acuerdo administración-sindicatos. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular debemos destacar la firme voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos que derivan de este acuerdo. Esta es la línea en la que se está trabajando, ya que consideramos que es un buen acuerdo y que sus contenidos son un importante instrumento de trabajo para la mejora de la Administración.
Así hay que recordar que buena prueba de esa voluntad de mantener el diálogo social con los representantes de los empleados públicos, es el hecho de que el 19 de julio pasado la mesa general de negociación fijara un calendario de actuaciones para los próximos meses que se está cumpliendo y que se ha traducido en la constitución de numerosas mesas y grupos de trabajo, que ponen de manifiesto esa capacidad de diálogo con los representantes de las organizaciones sindicales.
En concreto me gustaría citar algunos de los grupos de trabajo en los cuales se está trabajando activamente: el grupo de trabajo de funcionarización, en el que se está discutiendo con los representantes sindicales los criterios para culminar el proceso de funcionarización, así como el calendario y los principios generales conforme a los cuales deben desarrollarse los procesos selectivos que tengan lugar en relación con este proceso, superando esa dualidad de regímenes jurídicos existentes.
En segundo lugar, el grupo de trabajo de solución extrajudicial de conflictos, en el que se está debatiendo la adaptación del acuerdo existente del marco privado a las administraciones públicas.
En tercer lugar, el grupo de trabajo de consolidación, en el cual se están negociando los aspectos relativos a la consolidación de quienes tienen empleo temporal en las administraciones públicas, delimitando aquellos puestos que tengan carácter estructural y que, por tanto, deban ser incluidos en los programas de consolidación.
En cuarto lugar de una manera especial, el grupo de trabajo de promoción, que tiene por objeto el desarrollo

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o la promoción de los funcionarios de los grupos D a C, y estudia también la promoción profesional de otros grupos.
En quinto lugar, el grupo de trabajo de transferencias, en el cual se estudian precisamente las consecuencias derivadas de la progresiva asunción de competencias por las comunidades autónomas; el grupo de trabajo de jornada y horario, a fin de establecer criterios homogéneos, sin perjuicio de las diferentes singularidades; el grupo de trabajo de concursos; el grupo de trabajo de estatutos; el grupo de trabajo acuerdo-marco, a fin de fijar normas homogéneas para la negociación de las posiciones de trabajo, superando la multiplicidad y diversidad de los convenios colectivos existentes; el grupo de trabajo del personal laboral en el exterior, que supere la grave situación en que se encuentra en estos momentos este personal, que queda sometido a la elección propia de cada país, generando situaciones claramente discriminatorias; la comisión paritaria de salud laboral y acción social, desde la que se estudia la adaptación a la Administración de la ley de prevención de riesgos laborales. Estas son, básicamente, las mesas y los grupos de trabajo que están funcionando en estos momentos.
En esta línea de profundización del diálogo social, quiero decirles que también hemos debatido con las comunidades autónomas las medidas incluidas en los proyectos de ley de presupuestos y de medidas fiscales, administrativas y de orden social. En concreto, la última reunión de la comisión de Coordinación de la Función pública tuvo lugar en Barcelona los pasados días 26 y 27 de septiembre.
También quiero anunciarles, y es precisamente el tema planteado por el Grupo Socialista en esta moción, que el Consejo Superior de la Función Pública (como SS. SS. saben, forman parte del mismo no sólo representantes de las Administración del Estado, sino también representantes de las distintas Administraciones públicas, comunidades autónomas y corporaciones locales, al igual que los representantes sindicales) ya está convocado para el día 19 y lo diré para mayor concreción, a las 11 de la mañana.
En todo caso, también quiero resaltar que el acuerdo entre la Administración y los sindicatos debe contemplarse en su globalidad, no sólo de forma parcial, tal como hacen determinados grupos en esta Cámara; y de una manera global supone tener en cuenta lo que contempla el capítulo 6 de este acuerdo, en el que se dice --y leo textualmente-- que la previsión de crecimiento económico y la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado, determinado en función de la previsión del déficit presupuestario del conjunto de las administraciones públicas, es lo que determina y condiciona la subida de retribuciones.
Los presupuestos para el año 1997 son probablemente los más cruciales de los últimos años, puesto que en ellos nos jugamos buena parte de nuestras opciones para impulsar definitivamente la recuperación de nuestra economía y cumplir los criterios de convergencia para el ingreso en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
Esta situación ha llevado al Gobierno a adoptar también una serie de medidas tendentes a reducir el déficit público, a mantener unos niveles de inflación reducidos y unos tipos de interés moderados. Esto ha tenido traducción en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad debatíamos la pasada semana en esta Cámara. En este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se contempla la reducción del 10 por ciento en el capítulo 2, gastos corrientes; también se contempla un recorte en las transferencias y subvenciones a empresas públicas. Además, al margen de ese proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, también se contempla, y se ha remitido a esta Cámara, una nueva normativa que permite una mayor disciplina presupuestaria. Igualmente están remitidos a esta Cámara para su pronto debate proyectos de ley para la reestructuración de la Administración General del Estado, al igual que medidas adoptadas de simplificación de estructuras que, pese a que los señores del Grupo Socialista insisten en lo contrario, es indudable que han supuesto una reducción significativa del número de altos cargos y de subdirecciones generales.
De este modo, todas las partidas del presupuesto son restrictivas.
Unicamente se incrementan las referentes a sanidad, las referentes a pensiones y a transferencias a los entes territoriales. De ahí que los esfuerzos que por parte del Gobierno, con el pleno apoyo del Grupo Parlamentario Popular, se piden a los funcionarios, no son esfuerzos aislados, sino que son también compartidos, en mayor o en menor medida, por el conjunto de la sociedad, siendo el Gobierno el primero que da ejemplo de austeridad, a diferencia, notable diferencia de lo que sucedió en el año 1994.
Es indudable también que debe tenerse en cuenta lo que establece la ley, lo que establece concretamente la Ley de órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y de representación del personal al servicio de las administraciones públicas y en el artículo 32 de esta ley se establece expresamente que será objeto de negociación el incremento de retribuciones que proceda incluir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En este precepto se establece, por tanto, el ámbito negocial, se establece claramente el espacio negocial limitándolo a la fase de evaluación del proyecto de ley de presupuestos, por lo que en estos momentos el debate debe suscitarse en esta Cámara en el seno también de lo que es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, como demostración de nuestro diálogo, también como demostración del deseo de mayor implicación de las comunidades autónomas en esta decisión, así como demostración del talante abierto

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que tiene el Grupo Parlamentario Popular, vamos a presentar una enmienda transaccional in voce que me permito leer y entregar a continuación al señor Presidente.
La enmienda transaccional in voce que presenta el Grupo Parlamentario Popular dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera inmediata, convoque el Consejo Superior de la Función pública con el objeto de proseguir las reuniones de las correspondientes mesas sectoriales en relación con el desarrollo y aplicación de las medidas contempladas en el proyecto de presupuestos para 1997.
Entendemos que en esta enmienda transaccional in voce se recoge el espíritu de la moción, al igual que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Ello no obsta a que, indudablemente, mantengamos nuestro firme, coherente y responsable apoyo a la decisión tomada por el Gobierno en la aprobación del proyecto de ley; Gobierno que ha demostrado tener capacidad de diálogo, no sólo por lo que antes señalaba sino también por los acuerdos a que ha sabido llegar con las centrales sindicales en temas tan importantes como el desarrollo del sistema público de pensiones.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.
Presentada la enmienda transaccional, ruego a la señora Gil i Miró nos diga si está dispuesto su grupo parlamentario a aceptar el texto resultante de la transacción.


La señora GIL I MIRO: El Grupo Parlamentario Catalán acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular a nuestra propia enmienda. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Tongo! El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): ¡Silencio, señorías! Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, ¿en virtud de qué precepto reglamentario puede admitir la señora Diputada una enmienda transaccional in voce cuando el autor de la moción es el Grupo Parlamentario Socialista? (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señor Caldera, ¿en concepto de qué precepto reglamentario ha pedido la palabra? (Rumores.--Risas.--Aplausos.)

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Para invocar justamente la aplicación del Reglamento, que S. S. no ha hecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Lamento que el señor Caldera, después de su larga experiencia parlamentaria, no conozca que según el artículo 118.3 la Presidencia puede aceptar a trámite la presentación de enmiendas transaccionales siempre y cuando sean planteadas sobre una enmienda, sean aceptadas por el grupo que ha presentado la enmienda, y siempre y cuando--y a S. S. no le he oído en ese tenor-- no haya ningún grupo parlamentario que se oponga a su admisión. (Fuertes protestas.--Los señores Caldera Sánchez-Capitán y Rodríguez Zapatero piden la palabra.) ¡Silencio, señorías! Señor Caldera, le he visto levantar la mano, así como al señor Rodríguez Zapatero.
Queda un último trámite en el debate de todas las mociones, que S. S.
también debería conocer, que es la aceptación, por parte del grupo proponente, de las enmiendas que tengan carta de naturaleza. Si S. S. no se opone, como Grupo Parlamentario Socialista, a que la enmienda transaccional exista, esa enmienda ha de ser considerada a posteriori para ser aceptada o denegada por el grupo parlamentario proponente (Varios señores Diputados: ¡Ah! Rumores.) y sólo faltaba que SS. SS. no dejasen intervenir a la Presidencia. Si después quieren utilizar la palabras solicítenla y se les concederá.
Por tanto, señor Caldera, en primer lugar, aclárame si S. S., en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, está en contra de la aceptación de la enmienda transaccional.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Por supuesto, señor Presidente, y como ni siquiera nos ha dado la oportunidad como grupo proponente, que es al primero que debiera haberse dirigido (Varios señores diputados: No.), no lo hemos podido hacer hasta este momento. En todo caso, nos oponemos...
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):¡Silencio!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Efectivamente, nos oponemos a la tramitación de esa enmienda transaccional, de la que, por cierto, y rompiendo los precedentes de cortesía parlamentaria, el grupo proponente se ha enterado cuando se ha dado lectura de la misma. No la tenemos en el grupo ni siquiera la hemos podido analizar. Por tanto, nos oponemos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entendiendo que el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la tramitación de una enmienda transaccional, ésta no puede figurar en el debate ni puede ser sometida a votación en los términos que hubiesen resultado de la aceptación por el grupo enmendante (El señor Rodríguez Zapatero pide la palabra.)

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Señor Rodríguez Zapatero, en este caso, después de la intervención del portavoz de su grupo parlamentario, para aceptar o no... (El señor Molins i Amat pide la palabra.) Un momento, señor Rodríguez Zapatero. señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, pido la palabra para aclarar un extremo.
Nuestro grupo parlamentario se ha dirigido al Grupo Socialista y le ha dado lectura del contenido de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular en contra de lo afirmado aquí por el señor Caldera. (Varios señores Diputados: No.--Rumores.) En segundo lugar, y vista la imposibilidad de tramitar esta enmienda transaccional, nuestro grupo parlamentario retira la enmienda presentada a esta moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Molins.
Por tanto, señor Rodríguez Zapatero, debe expresar S. S. la aceptación o denegación de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, intervengo simplemente para manifestar que en mi experiencia parlamentaria, cuando he sido representante del grupo que mantenía la iniciativa, cuando se ha producido el desarrollo del trámite de enmiendas, siempre es al grupo proponente a quien se le concede la palabra en primer término para manifestar...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor Rodríguez Zapatero, espere S. S. un momento. No voy a volver a discutir con S. S.
lo que acabo de discutir con el portavoz de su grupo parlamentario. La enmienda transaccional se plantea sobre una enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que es enmendante junto con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esta Presidencia --señor Rodríguez Zapatero, artículo 118.3--, si no hay ningún grupo parlamentario que se oponga a la existencia de la enmienda transaccional --el portavoz de su grupo lo ha hecho y, por tanto, está fuera del debate--, puede someterla a consideración del grupo que resulta transaccionado para que después el grupo proponente acepte o no las enmiendas que se produzcan. (Rumores.) Por tanto, si S. S. desea utilizar su turno de palabra para fijar su posición respecto a la enmienda de Izquierda Unida, la tiene; si es para discutir reglamentariamente con esta Presidencia, no tiene S. S. la palabra. (Continúan los rumores.)

El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, lejos de mi ánimo, ni siquiera intentaba discutir ni refutar la interpretación que la Presidencia hacía.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que fije posición respecto a la enmienda de Izquierda Unida.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Simplemente le quería señalar...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez Zapatero, tiene usted la palabra para expresar si acepta o no la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no para ninguna otra cosa. (Rumores.)

El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Simplemente quiero manifestar que el Grupo Socialista ha pedido la palabra en reiteradas ocasiones para decir lo que usted me pide ahora --yo simplemente he levantado la mano como representante-- y ha ido dando otras concesiones de palabra. Esa es mi queja como autor y defensor de la proposición y no otra, ni el fondo del problema. En ese sentido siento que el trámite no se haya producido con la regularidad adecuada. En todo caso, el Grupo Socialista no acepta la enmienda del Grupo de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Aplausos.--Un señor Diputado; ¡Menos mal! Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación.
Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general del incumplimiento, por parte del Gobierno, del acuerdo Administración-sindicatos para el período 1995/97 sobre condiciones de trabajo en el ámbito de la función pública.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 148; en contra, 160.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción debatida.
El Pleno se reanudará mañana a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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