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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 75, de 16/04/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 75

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 72

celebrada el miércoles, 16 de abril de 1997

ORDEN DEL DIA:

Preguntas (Página 3673)

Interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la aplicación de los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas (número de expediente 172/000039) (Página 3697)

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998 a aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de telefonía básica (número de expediente 172/000040) (Página 3704) * * * * * * *

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 3673)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Por qué ha cesado el Gobierno de sus puestos de trabajo a 3.000 personas al servicio de la Administración del Estado? (Número de expediente 180/000547) (Página 3673)

Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué gestiones está realizando el Gobierno en relación con el empresario español detenido en EE. UU.
acusado de incumplir el embargo norteamericano a Cuba? (Número de expediente 180/000548) (Página 3675)

Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuáles son los términos de la misión de paz prevista en Albania con la participación de fuerzas españolas? (Número de expediente 180/000549) (Página 3676)

Del Diputado don Luis Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la línea Pymes para 1997? (Número de expediente 180/000563) (Página 3677)

Del Diputado don Carlos Sanjuán de la Rocha, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo explica la Ministra de Justicia la Resolución de la Subsecretaría de su Ministerio por la que se convoca licitación pública para privatizar el servicio de custodia y gestión del prearchivo civil del Tribunal Supremo y de los Archivos de la Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000551) (Página 3678)

De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Pidió usted al Sr. Poyatos que presentara la renuncia voluntaria a la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque, si no, tendrían que irse usted y el Fiscal General del Estado? (Número de expediente 180/000552) (Página 3679)

Del Diputado don Juan Alberto Belloch i Julbe, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Ministra de Justicia a fin de promover la concurrencia de candidaturas para cubrir la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, cuando ésta salga a concurso? (Número de expediente 180/000553) (Página 3680)

Del Diputado don Jorge Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué condiciones encomendará el Ministerio de Justicia la custodia de los archivos de la Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000565) (Página 3681)

Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución experimentada en los puestos de actividad para que los objetores de conciencia puedan realizar la prestación social sustitutoria? (Número de expediente 180/000566) (Página 3681)

Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio hacer una valoración del Reglamento de Cuerpos, Escalas y especialidades fundamentales de los militares de carrera? (Número de expediente 180/000570) (Página 3682)

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Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que se vuelvan a reiterar sucesos como los acaecidos entre miembros de la Guardia Civil y miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera ocurridos el día 5 de febrero de 1997 en Tarifa (Cádiz), con ocasión de una operación contra el narcotráfico y el contrabando? (Número de expediente 180/000564) (Página 33683)

Del Diputado don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en relación con la próxima operación tránsito de inmigrantes magrebíes? (Número de expediente 180/000571) (Página 3684)

Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Por qué ignoró el Ministerio de Educación y Cultura la presencia del euskera en San Millán de la Cogolla en el transcurso de IV Congreso de Historia de la Lengua española, celebrado en el Monasterio de Yuso? (Número de expediente 180/000557) (Página 3685)

Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno del acuerdo sobre la reforma laboral alcanzado recientemente entre los Agentes Sociales? (Número de expediente 180/000562) (Página 3686)

Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué medida ha mostrado el Gobierno su sensibilidad hacia la situación de los emigrantes españoles que, por su edad, se encuentran fuera del mercado laboral, particularmente hacia la de aquellos que carecen de los recursos suficientes para atender sus necesidades básicas? (Número de expediente 180/000569) (Página 3687)

De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos nombramientos se han producido desde la toma de posesión del Gobierno, en los Consejos de Administración de los entes públicos, empresas, sociedades estatales, organismos autónomos e institutos, entre otros, cuya representación sea competencia de la Administración General del Estado? (Número de expediente 180/000554) (Página 3688)

De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el presupuesto comprometido por el Gobierno para la construcción y ejecución de las obras del Canal de Navarra? (Número de expediente 180/000556) (Página 3689)

Del Diputado don Antonio Landeta Alvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información puede facilitar el Gobierno en relación al consumo de gas natural en España? (Número de expediente 180/000543) (Página 3690)

De la Diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía: ¿Qué razones han llevado al Ministro a propiciar la privatización de las minas del Grupo Potasas del Llobregat, S. L., y Suria K, S. A., pertenecientes todas ellas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)? (Número de expediente 180/000560) (Página 3691)

Del Diputado don Manuel Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las principales características respecto a Planes anteriores, del Programa Estructural para la renovación de vehículos PREVER, recientemente

Página 3672


aprobado por el Gobierno? (Número de expediente 180/000567) (Página 3692)

Del Diputado don Juan Francisco Ibáñez Haro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Podría el Gobierno informar sobre la situación de las ayudas para la reestructuración de los Astilleros Públicos previstas en el PEC, que están siendo objeto de un procedimiento abierto por la Comisión Europea? (Número de expediente 180/000568) (Página 3694)

Del Diputado don José Pliego Cubero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que los intereses del sector olivarero se resuelven poniéndose al frente de las manifestaciones? (Número de expediente 180/000555) (Página 3695)

Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para paliar los perjuicios que puede ocasionar en algunas Comunidades Autónomas la aplicación del Plan de Regionalización Productiva de los Cultivos Herbáceos para la campaña 1997-1998? (Número de expediente 180/000558) (Página 3696)

Interpelaciones urgentes (Página 3697)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la aplicación de los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas (Página 3697)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista, el señor Borrell Fontelles, que lamenta la ausencia del señor Rato en una interpelación sobre la asignación de los recursos que se obtienen por privatizaciones. A continuación, acusa al gobierno de prometer que se arreglaran los problemas de las infraestructuras, la reconversión de la minería del carbón, la reindustrialización de Canarias y los problemas de medio ambiente, entre otros, a cargo de los ingresos que se obtengan con las privatizaciones, cuando en su programa electoral se decía que el resultado de la privatización de las empresas públicas se dedicaría íntegramente a la amortización de deuda y no a la financiación del déficit. Añade que son contradictorias las manifestaciones de algunos ministros, yendo a Asturias, por ejemplo, a decir que con los recursos que se obtengan de las privatizaciones se va a financiar el plan de reconversión de la minería del carbón, con lo que se dijo en el programa electoral y con lo que dice cuarenta y ocho horas después el señor Barea. Hace una serie de preguntas al señor Ministro sobre el particular y se refiere a la privatizaciones que se hicieron en el Reino Unido con el partido conservador en el poder.
Considera que el binomio liberalización-privatización no es ya una polémica, sino una derrota, y teme que sucederá lo mismo en España si el Gobierno sigue actuando con el absoluto obscurantismo que tanto contrasta con las exigencias de transparencia en la anterior legislatura del Partido Popular.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). Comienza su intervención poniendo de manifiesto la ya conocida brillantez formal y expositiva del señor Borrell, con una especial habilidad para transformar determinadas anécdotas en categorías y, a partir de ahí, ir transformando la propia evolución argumental y el propio desarrollo de sus conceptos y de sus argumentos en enormes falsedades.
Contesta al señor Borrell que la política del Gobierno en lo que se refiere al sector público empresarial del Estado responde estrictamente a lo que dice el programa electoral del partido que da apoyo al Gobierno y que ha sido reiterado, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio, en múltiples intervenciones parlamentarias, en especial en una comparencia del propio Ministro, a petición propia, a los ocho o nueve días de ese acuerdo.
Respecto a la utilización de los recursos procedentes de privatizaciones y a la cuantificación de esas privatizaciones, manifiesta que este programa tiene su fundamento en contribuir a la modernización de la economía española y no en recaudar ni en hacer caja, por lo que no está de acuerdo con la afirmación del señor Borrell de que el binomio liberalización-privatización se tenga que considerar como una derrota. Añade que están llevando a cabo un programa de privatizaciones porque creen en esa filosofía y porque ellos cumplen con las normas estadísticas derivadas de la cuantificación, en términos de contabilidad nacional, de las cuentas públicas, que exigen que los ingresos procedentes de privatizaciones nunca vayan a financiar el gasto corriente. Asegura que ellos los van a utilizar en amortizar la deuda pública y en hacer

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aportaciones de capital y de activos financieros que permitan la cofinanciación con el sector privado de determinadas infraestructuras, y no en financiar el gasto corriente como hizo el anterior gobierno, y añade que lo hacen con plena transparencia, consultando con la SEC y con las autoridades de Bruselas. Por último, contesta a algunas de las anecdotas expuestas por el señor Borrell sobre la aristocracia financiera, el sueldo del presidente de Telefónica, etcétera.
Replica el señor Borrell Fontelles, duplicando el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998 a aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de telefonía básica (Página 3704)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Fernández Sánchez. Pregunta, en primer lugar, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998, tarifas que aplicará la compañía privada Telefónica en sus servicios de telefonía básica. Asimismo pregunta por qué el Gobierno del Partido Popular ha aprobado las nuevas medidas a aplicar por esta compañía antes de producirse la liberalización del sector, convirtiendo este sector básico y necesario en un producto caro.
Analiza a continuación las medidas que contiene la Orden Ministerial de 27 de marzo. Señala que Telefónica se va a colocar entre las compañías más caras de nuestro entorno europeo y va a obtener unos beneficios adicionales próximos a los 38.000 millones de pesetas.
Asimismo pregunta si se ha hecho una valoración sobre la repercusión que esta subida va a tener en el IPC. Considera que estas medidas distorsionan el proceso de privatización, el mercado, el precio de las acciones y el proceso de colocación de las mismas. Estima que, de momento, la única consecuencia clara es la repercusión negativa para el usuario y el incremento de los activos de Telefónica.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento (Arias -Salgado y Montalvo), pidiendo, en primer lugar, disculpas por su retraso. Considera que la interpelación planteada tiene un extraordinario interés para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, pero añade que hay que preguntarse sobre si la cuestión ha de plantearse única y exclusivamente en el ámbito español, en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito planetario, porque todos estamos inmersos en un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, proceso acelerado después del acuerdo producido en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio.
Recuerda a continuación la legislación comunitaria y explica algunos extremos de la misma, preguntándose sobre los efectos que tendría el que Telefónica tuviera que prestar el servicio de telefonía local por debajo de costes. Se refiere a las experiencias y a las medidas adoptadas por otros países ya liberalizados y las compara con las que se van a tomar en España, concluyendo que Telefónica tiene todavía las tarifas muy altas en relación con la media europea en lo que afecta al ámbito provincial, interprovincial e internacional, pero continúa teniendo las tarifas muy bajas en lo que afecta a la tarifa metropolitana. Termina su intervención manifestando que la Orden Ministerial no sube la tarifas telefónicas, sino que abre simplemente la posibilidad de que esas tarifas suban, y se asume por parte del Gobierno el proceso de reequilibrio tarifario, que es absolutamente imprescindible para una gran empresa española como Telefónica, en un ámbito de libre competencia.
Replica el señor Fernández Sánchez, duplicando el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNo Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿POR QUE HA CESADO EL GOBIERNO DE SUS PUESTOS DE TRABAJO A 3.000 PERSONAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000547)

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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: preguntas orales al Gobierno en Pleno.
Pregunta número 11, que formula al Gobierno el Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, desde el 6 de mayo de 1996 el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo un amplísimo proceso de ceses de funcionarios, una auténtica purga sin precedentes en la Administración española que, por cierto, continúa día a día. (Rumores.) Por ello le pregunto: ¿por qué ha cesado el Gobierno de sus puestos de trabajo a 3.000 personas al servicio de la Administración?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, sus datos están equivocados o manipulados, porque, en aplicación de las normas legales, que básicamente ustedes han aprobado durante los años anteriores, el Gobierno ha relevado un total de 1.458 cargos del total general de 7.174 que, entre altos cargos y cargos de libre designación, ustedes habían creado.
Concretamente, ha relevado a 361 altos cargos de los 416 que había el 3 de mayo y a 1.097 funcionarios de libre designación de los 6.758 que ustedes crearon en estos años. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Vicepresidente del Gobierno, no intente negar o refutar lo que es evidente. Además, en poco tiempo se confirmará que ese número de 3.000 que se ha acuñado se sobrepasa con creces. No niegue lo que es evidente y no trate de ocultarlo.
Este Diputado el 20 de diciembre formuló por escrito una pregunta --hace ya casi cuatro meses-- sobre cuántos funcionarios habían cesado, pregunta que ustedes, al día de hoy, no han respondido, demostrando un escaso respeto al Parlamento y, por cierto, es su responsabilidad.
Su Gobierno, señor Vicepresidente, en vez de mejorar la Administración, se ha dedicado a cesar de sus puestos indiscriminadamente a funcionarios, buenos profesionales muchos de ellos, desde porteros de ministerios, secretarias de diferentes cargos, médicos y enfermeras de hospitales y centros de salud, inspectores de educación, inspectores de trabajo, comisarios de agua, jefes de policía, hasta magníficos gestores de las pensiones en las provincias, pasando por el 90 por ciento de altos cargos y cientos de profesionales.
Su política en la Administración, señor Vicepresidente, se aleja enormemente de la que debe ser la de un Gobierno de nuestro entorno democrático, donde un cambio de Gobierno, en un contexto normal, no supera los 200 ó 300 funcionarios. (Rumores.) Su política en la Administración, señor Vicepresidente, se caracteriza por el sectarismo y el partidismo. (Rumores.--Protestas.) De aquellos 5.000 cargos que iban a suprimir --seguramente se acuerdan el Gobierno y el Grupo Popular-- hemos pasado a los 5.000 cargos que van a destituir por su decisión, utilizando algunos mecanismos de la libre designación y otros diferentes.
Sabíamos, señor Vicepresidente, que su proyecto estaba lleno de palabras y vacío de ideas; ahora sabemos también que sus palabras no valían nada. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Frente a la palabrería, los datos. Yo dejo a disposición de la Cámara, señor Presidente, fotocopias del «Boletín Oficial del Estado» entre diciembre de 1982 y julio de 1983: 939 ceses detectados por los gobiernos de ustedes. Lo normal eran 200, señor Rodríguez Zapatero. En el «Boletín Oficial del Estado», hasta julio de 1983, 939.
Mire usted, señor Rodríguez Zapatero, el problema es que ustedes los socialistas están actuando como malos estudiantes: no hacen los deberes. copian mal y, además, se pasan de listos. (Rumores.) Mire usted, para hacer este ejercicio hay que sumar y restar, no hay que manipular. Segundo, si ustedes no lo hacen y copian, no copien de un trabajo que está manipulado, porque usted está copiando de un trabajo publicado y manipulado. Y, sobre todo, no se pase de listo, señor Rodríguez Zapatero, porque ustedes han construido una legislación basada en la proliferación de cargos de funcionarios de libre designación. Ustedes los han designado discrecionalmente y ahora piden que nosotros, en nombre de la profesionalización, los consideremos inamovibles. Mire usted, señor Rodríguez Zapatero, se están pasando de listos, no hacen los deberes, manipulan, copian mal y, además, se pasan de listos sin éxito, señorías. (Fuertes aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE GESTIONES ESTA REALIZANDO EL GOBIERNO EN RELACION CON EL EMPRESARIO ESPAÑOL DETENIDO EN EE. UU.
ACUSADO DE INCUMPLIR EL EMBARGO NORTEAMERICANO A CUBA? (Número de expediente 180/000548)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista.
Señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, el empresario español don Javier Ferreiro ha sido detenido en Estados Unidos, cuando visitaba a sus hijas, acusado de no cumplir el bloqueo norteamericano a Cuba. La opinión pública tiene la impresión de que el Gobierno español ha reaccionado con timidez, con debilidad y con lentitud. Ahora tiene la oportunidad, señor Vicepresidente, de explicar lo que no ha explicado en los últimos quince días ningún miembro del Gobierno, sólo los secretarios de Estado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señor Presidente.
Yo creo que las explicaciones de los secretarios de Estado son tan legítimas y tan válidas en su ámbito, en este caso en la comparecencia en Comisión, como la de un miembro del Gobierno en Pleno.
En todo caso, sabe S. S. que desde el pasado día 1, en que llegó la noticia de la detención de don Francisco Javier Ferreiro, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado toda clase de acciones para extender la protección, como es habitual en el ejercicio del comportamiento de la Administración española, sin prejuzgar si la conducta del señor Ferreiro tiene algún tipo de reparo desde el punto de vista de la legislación, porque se aplica la presunción de inocencia, a través fundamentalmente de las gestiones del cónsul en Miami y también de la relación permanente que los altos cargos del Ministerio del Interior mantienen cerca de la Embajada de los Estados Unidos en España. Y, por supuesto, entre las acciones diarias del cónsul está el contacto con el abogado defensor, el contacto con el fiscal y la asistencia, dentro de las normas del Estado de Derecho americano, a todos aquellos actos en los que se permite su presencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, frente a la palabrería están los hechos (Risas.) y los hechos son que el Gobierno actúa con fuerza frente a los fuertes y con debilidad frente a los débiles (Risas.) Al revés: actúa con fuerza frente a los débiles, como en el caso de Cuba, y con debilidad frente a los fuertes, ahora frente a los Estados Unidos. Quizá lo entiendan mejor diciéndoles que se bajan los pantalones frente al imperio y sacan pecho frente a un pequeño país. (Rumores y protestas.) El señor Ferreiro está acusado de tráfico con el enemigo, aplicando una ley de la Primera Guerra Mundial, como si los Estados Unidos estuvieran en guerra con Cuba. El señor Ferreiro fue llevado ante el juez, señor Vicepresidente, con mono de presidiario y con grilletes en muñecas y tobillos. El señor Ferreiro se ha declarado inocente y España, su Gobierno, los miembros de su Gobierno, no han reaccionado defendiendo su presunción de inocencia, porque lo único que han subrayado los dos secretarios de Estado es la gravedad de los cargos contra este español, por cierto con los datos que les facilita la Embajada norteamericana.
No les pedimos que aconsejen a los españoles que no viajen a los Estados Unidos por la inseguridad y la incertidumbre que ello conlleva; les pedimos y les exigimos que actúen con energía, con firmeza, ante lo que, a todas luces, es un atropello. Sólo les pedimos lo que harían otros gobiernos más dignos que ustedes como el francés, el canadiense o el mejicano (Rumores.) ante un atropello de esta naturaleza. Ustedes no representan dignamente a España, como se ha demostrado en este caso.
(Rumores y aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a tratar de explicarle al señor Yáñez las características fundamentales del Estado de Derecho porque tienen serios problemas para entenderlo en nuestro país y difícilmente lo van a entender en la terminología del Derecho internacional. (Rumores.) Señor Yáñez, lo que ocurrió en Cuba no tiene nada que ver con el problema que en estos momentos afecta

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al señor Ferreiro. En Cuba, sobre el español afectado no pesaba ninguna acusación; era un problema de arbitrariedad policial y administrativa, y en Estados Unidos, que es un país con todas las garantías del Estado de Derecho, el Gobierno español ha hecho todo lo que está en sus manos.
Y puesto que usted me pide datos, puedo decirle que, desde el primer momento, tanto desde la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, como desde el Consulado, se ha hecho todo lo que se hace a favor de cualquier ciudadano detenido en el extranjero. Repito: sea cual sea la situación en virtud de la cual se encuentre detenido. El cónsul visitó inmediatamente al señor Ferreiro y se entrevistó con su abogado defensor y con el fiscal. Y le voy a decir más: el cónsul ha asistido a todas las vistas del juicio, a todas, señor Yáñez, inclusive la última, celebrada el pasado viernes día 11. El problema de que a usted le convenga más...


El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo. Muchas gracias.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUALES SON LOS TERMINOS DE LA MISION DE PAZ PREVISTA EN ALBANIA CON LA PARTICIPACION DE FUERZAS ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000549)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista.
Señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Vicepresidente, ¿cuáles son los términos de la misión de paz en Albania con participación española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Estrella, los términos son los que determina la decisión del Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado 24 de marzo, la decisión del Consejo Permanente de la OSCE del 27 de marzo y la resolución 1.101 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 28 de marzo. En este marco, el Gobierno ha autorizado, en virtud de un acuerdo del pasado 4 de abril, que se constituya una unidad, con participación de militares españoles, para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en condiciones de seguridad y sin demora y para ayudar a establecer un medio resguardado para las misiones de las organizaciones internacionales en Albania. Esta autorización, señor Estrella, tiene una validez de tres meses.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Vicepresidente, el Grupo Parlamentario Socialista respeta y respalda la decisión del Gobierno de participar en la fuerza multinacional en Albania, pero queremos hacer algunas observaciones.
En 1995 una resolución unánime de la Cámara definió los términos de participación de España en operaciones de paz. En ese contexto, esta operación no es una excursión campestre, como algunos la han querido presentar; es una misión atípica, delicada y no exenta de riesgos, algo que el Gobierno ha eludido explicar en las últimas semanas.
La misión no se realiza bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino mediante una mera autorización del Consejo. Se trata de una operación del capítulo VII, que prevé el uso de la fuerza más allá de la legítima defensa. Es una misión en la que no hay un claro consentimiento de las partes, porque no puede haberlo en una situación de caos, en palabras del propio Ministro de Defensa. En contra de la práctica habitual, participa y lidera la fuerza un país, Italia, que, por mor de la geografía, se ha visto implicado dramáticamente en la crisis de Albania, lo que desde luego no contribuye a aumentar la seguridad de la fuerza. Por otra parte, la imparcialidad, requisito indispensable, a juicio de esta Cámara, ha sido cuestionada por responsables del propio Gobierno italiano.
Aunque se invoca la declaración del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la realidad, señor Cascos, es que dos de los grandes de la Unión Europea no han querido contribuir con su fuerza ni a financiar la operación. La realidad es también que la UEO ha dejado pasar la ocasión de liderar y ejecutar esta operación.
Señor Vicepresidente, estamos convencidos de que las unidades enviadas a Albania están preparadas para desempeñar la delicada misión asignada.
Esta Cámara nunca ha escatimado su apoyo a la participación de España en este tipo de operaciones, pero ello no libera al Gobierno de sus responsabilidades y sus obligaciones. La presencia de un nutrido contingente de periodistas, uno por cada diez soldados, está permitiendo a los españoles conocer en detalle el transporte y la llegada --dudamos que la misión-- de las fuerzas españolas, pero el Gobierno tiene ante todo la obligación de informar a la Cámara, como ha sido habitual en el pasado en misiones de esta naturaleza, y como establece taxativamente la resolución de octubre de 1995. Para

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corregir el ya habitual desprecio del Gobierno hacia la Cámara --algunos dicen que es miedo escénico--, el Grupo Socialista ha decidido convocar al Gobierno ante la Comisión de Defensa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
A mí me parece muy legítimo y correcto que el Grupo Socialista solicite la comparecencia del Gobierno en esta Cámara. No tengo nada que objetar a esta consideración. Lo que quiero decirle es que con su intervención da la impresión de que trata de poner en cuestión la facultad del Gobierno de conceder esta autorización. (El señor Estrella Pedrola: No, no.) Me alegro que así sea, porque el acuerdo del Gobierno cumple escrupulosamente las previsiones de la Ley del Servicio Militar vigente a estos efectos.
En segundo lugar, lo que no sé es si el Grupo Socialista está de acuerdo con que, ante la situación planteada en Albania, España forme parte de una fuerza de protección multinacional en la que también están Italia, Francia, Turquía y Rumanía, es decir, los países ribereños del Mediterráneo. No sé si el Grupo Socialista está de acuerdo en la organización de esa fuerza, porque se ha hecho exactamente en cumplimiento riguroso de la autorización concedida por las Naciones Unidas y, por tanto, en los términos estrictos del acuerdo de Naciones Unidas y, por supuesto, para los fines que yo he leído como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros. Sobre esto sería muy interesante conocer el parecer del Grupo Socialista, porque el Gobierno está plenamente convencido de que esta es la mejor posición para defender los intereses de España y la estructura colectiva en este tipo de acciones a nivel europeo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero.


--DEL DIPUTADO DON LUIS GAMIR CASARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCION DE LA LINEA PYMES PARA 1997? (Número de expediente 180/000563)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el Diputado don Luis Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, siguiendo una de las recomendaciones de la Cumbre de Edimburgo, de diciembre de 1992, se creó en 1993 una línea especial de crédito a las pymes a través del ICO, que en aquel 1993 tuvo una dotación de 60.000 millones de pesetas y que ha tenido una evolución, especialmente con el Gobierno popular, marcada tanto cuantitativa como cualitativamente. Por ejemplo la cantidad en 1996 pasó a 195.000 millones de pesetas. Desde un punto de vista cualitativo, ha disminuido la cantidad media por crédito, al mismo tiempo que se ha redefinido lo que es pequeña y mediana empresa en línea europea, ambas medidas tendiendo a que precisamente esta línea de créditos fueran auténticamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas.
Dada la importancia que dio el programa del Partido Popular a las pymes, y muy especialmente a la financiación de estas empresas, la pregunta es: ¿cómo valora el Gobierno la evolución de la línea Pyme para 1997?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el 23 de diciembre de 1996 se firmó la línea pymes 1997 por un importe de 200.000 millones de pesetas y esta línea suponía algunas modificaciones con respecto a períodos anteriores. En primer lugar, se había producido una reorientación de la línea para empresas de menor tamaño con mayores dificultades para acceder a la financiación del mercado de capitales o a la financiación a través del sistema financiero. En ese sentido, las empresas beneficiarias deben tener menos de 250 trabajadores, frente a los 500 que había en el sistema anterior, y un volumen máximo de negocio de 40 millones de ecus frente a los 75 millones de ecus establecidos en el sistema anterior y, al mismo tiempo, sólo pueden estar participadas en un 25 por ciento por grandes empresas, frente a un 33 por ciento antes de 1997. En segundo lugar, se utiliza también esta línea de pymes a través del ICO para hacer política regional que permita afectar las mayores cantidades a las zonas de objetivo 1. Y, en tercer lugar, se introducen menores comisiones por parte de las entidades financieras, con un ahorro del 50 por ciento.
En resumen, señoría, la cifra de disposiciones alcanzada en el primer trimestre es la más alta en la historia de la línea pymes desde 1993, con 76.000 millones de pesetas. Se han aplicado 51.000 millones de ellos a zonas de objetivo 1, por tanto respondiendo al objetivo de política regional, y 25.000 millones al resto de España.
Desde el punto de vista de la creación de empleo, se estima que ésta ha sido de unos 1.500 puestos de trabajo

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y la inversión inducida por la línea de unos 177.000 millones de pesetas. Las empresas con menos de 10 empleados son las principales beneficiarias, con un 51 por ciento del total de las operaciones realizadas, y también con préstamos menores de promedio que en líneas anteriores, que apenas superan los 17 millones de pesetas por préstamo, y los préstamos de menos de 10 millones representan el 60 por ciento del total.
La reducción de los tipos de interés que ha tenido lugar desde la apertura de la línea pymes en enero de 1997 ha sido de 3 puntos y oscila entre el 4,9 y el 7,1, los cuales, indudablemente, son tipos de interés imposibles de encontrar en el mercado por este tipo de empresas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON CARLOS SANJUAN DE LA ROCHA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EXPLICA LA MINISTRA DE JUSTICIA LA RESOLUCION DE LA SUBSECRETARIA DE SU MINISTERIO POR LA QUE SE CONVOCA LICITACION PUBLICA PARA PRIVATIZAR EL SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DEL PREARCHIVO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LOS ARCHIVOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000551)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno, en sustitución del señor Sanjuán de la Rocha, el Diputado don Antonio Pérez Solano, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra.


El señor PEREZ SOLANO: Señora Ministra de Justicia, por resolución del 3 de marzo de 1997, la subsecretaría de su ministerio ha convocado licitación pública para la contratación del servicio de custodia y gestión del prearchivo civil del Tribunal Supremo y archivos de la Audiencia Nacional. La apertura de las ofertas de dicho concurso público tendrá lugar el próximo día 24 de abril. Esta decisión significa, de hecho y de derecho, la privatización parcial de algunas funciones de la Administración de Justicia.
Para que justifique a este grupo parlamentario su decisión, le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo explica la Ministra de Justicia la resolución de la subsecretaría de su ministerio por la que se convoca licitación pública para privatizar el servicio de custodia y gestión del prearchivo del Tribunal Supremo y de los archivos de la Audiencia Nacional? Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
La justificación de la medida adoptada, que S. S. ha relatado, tiene su antecedente inmediato en el año 1992 y posteriores, hasta 1997, en el que estamos, en el que ya se encomendó la gestión de los archivos del Tribunal Supremo, Audiencia Provincial y antigua Audiencia Territorial a determinadas empresas, si bien la diferencia respecto a lo que ha realizado el Ministerio de Justicia es que en aquel período fue por adjudicación directa y ahora lo ha sacado a concurso público.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Pérez Solano tiene la palabra.


El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, a este Diputado no le constan, lo digo sinceramente, los hechos que acaba de manifestar; los comprobaré. Pero la decisión que ha adoptado S. S. responde a un continuo afán privatizador que está llevando este Gobierno hasta el paroxismo... Señor Rato, si me deja, por favor... Quisiera continuar, señor Presidente. Me gustaría, señor Presidente, que indicara a los señores ministros presentes que no hicieran gestos. (Risas.-- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señorías.
Señor Pérez Solano, sabe S. S. que este trámite se caracteriza por la necesaria limitación del tiempo para los Diputados y la plena libertad, dentro del respeto a la cortesía, de los señores miembros de la Cámara.
Desde luego, si en algún momento hay un exceso, yo procuraré amparar a S. S., pero le diré, no a S. S., sino a todos los Diputados con carácter general, que es tiempo que pueden echar a perder si hacen caso de determinados gestos.
Continúe, señor Pérez Solano.


El señor PEREZ SOLANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero recordarle, señora Ministra de Justicia, que el artículo 473.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que corresponde a los secretarios judiciales la guarda y el depósito de la documentación, el archivo y la conservación de los bienes afectos a los expedientes judiciales. También dice este precepto que los secretarios judiciales responden de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan.
Señora Ministra, quiero que sea usted consciente de que con esta medida se puede estar privando a los secretarios judiciales de una de sus importantes funciones, la de guarda, depósito y archivo de la documentación, además de las que tienen también --por la propia

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ley-- de ejercer la fe pública judicial, asistir a los jueces y tribunales y confeccionar la estadística judicial. Señora Ministra, con esta medida, creo que existe un peligro cierto de que los importantes asuntos que albergan los archivos judiciales puedan ser objeto de un tráfico mercantil, ilícito e indeseable. Quiero que sepa también, señora Ministra, que esta privación de funciones a los secretarios judiciales puede ser ilegal.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
No dudo señoría que cuando me ha hecho la pregunta no tenía los datos anteriores porque de haberlos tenido, las ideas de privatización y de ilegalidad creo no habrían salido en la réplica.
Señoría, le leo --y pongo a su disposición y de toda la Cámara-- las diferentes resoluciones. Comienzo por la primera: Centro directivo: Subsecretaría de Justicia. Fecha: 23 de noviembre de 1992. Objeto: custodia y gestión de archivos del Tribunal Supremo y Audiencia Provincial de Madrid. Importe máximo: 26.500.000 pesetas. Procedimiento de adjudicación: adjudicación directa. Motivación: Ante la necesidad de realizar la contratación de asistencia técnica que se detalla, en uso de las atribuciones conferidas por delegación del excelentísimo señor Ministro, se acuerda la iniciación del oportuno expediente en los términos establecidos en la legislación de contratos del Estado, quedando condicionado el gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos.
Existen todas exactamente lo mismo, señoría, no se han modificado. Se ha ampliado exclusivamente al prearchivo civil y a los archivos de la Audiencia Nacional, los archivos contenciosos y de lo social; no, como erróneamente ha trascendido en la prensa, a los archivos penales, señoría. Insisto, tengo toda la documentación. Es exclusivamente una ampliación de los contratos --eso sí-- efectuados de forma directa por el anterior equipo.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿PIDIO USTED AL SEÑOR POYATOS QUE PRESENTARA LA RENUNCIA VOLUNTARIA A LA JEFATURA DE LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PORQUE SI NO TENDRIAN QUE IRSE USTED Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000552) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, su incoherencia en el tema del fiscal es ya insostenible. Lo mismo dice usted que es tan autónomo que en sus actuaciones no está preocupado por agradar o desagradar al Gobierno, aunque sus actuaciones coincidan en parte con el Gobierno, como dice que es tan independiente que lo que él hace no tiene absolutamente nada que ver con usted y su Gobierno, para a continuación decir que es autónomo, pero que responde ante el Gobierno que lo nombró, o decir a continuación, que, como es independiente, no es un político y, por tanto, no tiene responsabilidad política.
En esta ceremonia de la confusión, aparecen unas declaraciones del señor Poyatos, que constituyen el contenido de mi pregunta. ¿Le pidió usted al señor Poyatos que renunciara voluntariamente al cargo de Fiscal jefe de la Audiencia Nacional porque si no se tenían que ir usted y el Fiscal General del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, las declaraciones que me atribuye usted respecto a autonomía e independencia, no las reconozco, no sé dónde están, y respecto a la pregunta, en concreto, señoría, no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: No. ¿Esa es su respuesta, señora Ministra? No se las atribuyo yo, se las atribuye el señor Poyatos. Aquí están sus declaraciones, hechas en una entrevista. Evidentemente, yo la creo a usted, mintió el señor Poyatos --estoy segura de que usted no se atreve a decir una mentira ante este Parlamento--; pero, con ser eso grave, lo más grave de lo que está ocurriendo, señora Ministra, es que usted no interviene o interviene a escondidas. Intervenga ya en el tema del fiscal, intervenga además con luz y taquígrafos, porque a escondidas le va a salir a usted siempre mal.
Del escándalo permanente que su fiscal nos está ofreciendo cada mañana a los ciudadanos y ciudadanas de este país es responsable usted y su Gobierno. De esa situación de deterioro permanente son responsables

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usted y su Gobierno. Usted es muy libre de no hacer nada, es muy libre de hacer algo o de permitir que se siga deteriorando la situación de la fiscalía de la Audiencia Nacional, pero de lo que usted no es muy libre, señora Ministra, es de responder ante esta Cámara del caos que se está originando en la Audiencia Nacional. De la imagen de deterioro que tenemos de la Administración de justicia son responsables usted, su Fiscal General del Estado y su Gobierno. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, usted ha enseñado unas páginas, yo le enseño otras en las que el señor Poyatos decía lo contrario de lo manifestado en esa entrevista. Páginas por páginas.
Usted dice que me cree y, entonces, como me cree no tengo que hacer mención a lo que decía en otra entrevista el señor Poyatos. Que usted me quiere exigir responsabilidades y preguntarme por la situación de la Fiscalía, lo han hecho en bastantes ocasiones. Lo han hecho y yo he respondido. Ustedes tienen todo el derecho a efectuar las preguntas que quieran y yo el deber de contestarlas. Así lo hago, señoría. (Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA LLEVANDO A CABO LA MINISTRA DE JUSTICIA A FIN DE PROMOVER LA CONCURRENCIA DE CANDIDATURAS PARA CUBRIR LA PLAZA DE FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CUANDO ESTA SALGA A CONCURSO? (Número de expediente 180/000553)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, con nueva pregunta del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace tres meses, el Gobierno de la nación cesó por razones políticas al que era entonces Fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Desde esa misma fecha, el Gobierno de la nación es directa y políticamente responsable de los desaguisados --llamémoslo así--, que día a día, semana a semana, ocurren en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es cierto que había un problema, del que ustedes han sido capaces de organizar una grave crisis.
Señora Ministra, parece evidente que el Gobierno de la nación debe hacer algo ante esa situación, porque lo que está en juego ya en este momento no es ni siquiera la Audiencia Nacional, sino el prestigio del Poder Judicial. En ese marco, el señor Urculo realiza una propuesta de sanción frente a los fiscales amotinados. Para una de ellas pidió el traslado, para los otros tres impone sanciones ridículamente benévolas.
Ese contexto, ¿qué va a hacer el Gobierno ante las propuestas del Fiscal General del Estado? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno, como usted sabe, lo único que puede hacer es atenerse a lo que establece el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, en el caso de las sanciones, si se interpone recurso, resolver sobre las mismas, y en el caso del traslado esperar a que se produzca la petición y la elevación al Ministerio de Justicia por parte de la Fiscalía General que, según algún medio hoy ha comunicado, puede tardar unos quince días porque son necesarios una serie de requisitos que no se han cumplido. (Rumores.--Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Silencio, señorías.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.
Me temo, señora Ministra, que no hay manera. En efecto, vuelve usted a dilatar la contestación no ya a un pregunta, que sería lo de menos, sino a sus responsabilidades como Ministra.
En cualquier caso, usted terminará respondiendo políticamente ante esta Cámara, cuanto más tarde peor, porque lo único que hace es dilatar un clima que no hace más que deteriorar el prestigio de la justicia. Por tanto, retrasar no sirve. En todo caso, le aseguro que el Grupo Parlamentario Socialista exigirá sus responsabilidades políticas y las de su Gobierno por lo que está pasando.
El Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar el deterioro actual de la situación, no puede aceptar su pasividad, no puede aceptar que no se haga nada y se ofrezca a la ciudadanía el espectáculo de la impotencia, de la incapacidad, de la incoherencia, de la debilidad más completa.
Naturalmente, le anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que por el Gobierno de la nación

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debería ser aceptada, qué duda cabe, la petición de traslado de una de las fiscales; pero no bastará con eso, ante la lenidad, ante la incoherencia del Fiscal General, que ni siquiera hace caso ya de los dictámenes del Consejo Fiscal, pese a que se había comprometido a ello, considero que será insuficiente, que será imprescindible que ustedes cesen al Fiscal General del Estado. Si no lo hacen, sólo ustedes, sólo el Gobierno, sólo usted, Ministra de Justicia, serán responsables políticos de todo lo que está ocurriendo. (Aplausos.) Si no lo hace...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no intento dilatar la resolución, es que no puedo tomarla, y S. S. lo sabe; hasta que no se interponen los recursos no cabe que se tome una decisión, señoría.
Creo que está en su papel pedir responsabilidades políticas, al entender que el Gobierno tiene que establecer una serie de sanciones mucho más graves, que a usted, señoría, le parezca muy bien la petición de traslado de determinada fiscal. Está dentro de su papel y de su trayectoria, señoría. El Gobierno tomará la decisión que corresponda y cuando corresponda.
Muchísimas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--EL DIPUTADO DON JORGE TRIAS SAGNIER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONDICIONES ENCOMENDARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA LA CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000565)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28 que formula al Gobierno el Diputado don Jorge Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Trías.


El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, ante las cumplidísimas respuestas efectuadas por la Ministra de Justicia al señor Pérez Solano, considero que debo retirar mi pregunta porque no sería una pregunta sino, en todo caso, una repregunta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCION EXPERIMENTADA EN LOS PUESTOS DE ACTIVIDAD PARA QUE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA PUEDAN REALIZAR LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000566)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 que formula al Gobierno el Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, como es sabido el ejercicio del derecho de objeción de conciencia, reconocido por el artículo 30 de nuestra Constitución, conlleva actualmente la obligación legal de realizar una prestación social sustitutoria para todos aquellos jóvenes que sean reconocidos como objetores. A tal fin, corresponde a la Administración garantizar su cumplimiento, creando puestos de actividad en los sectores prioritarios definidos en la ley, mediante conciertos con entidades públicas o privadas donde los objetores pueden realizar dicha prestación, prestación que está concebida como una actividad de interés o servicio de carácter social.
Sin embargo, desde 1990 el número de objetores ha ido en aumento, mientras que el número de puestos de actividad no ha crecido en la misma medida, lo que ha originado una grave acumulación de objetores pendientes de cumplir la prestación social sustitutoria.
El plan de objeción de conciencia de 1994, que elaboró el anterior ejecutivo, no cumplió sus previsiones ni dio los resultados esperados.
Si su principal objetivo consistía precisamente en disminuir el número de objetores en período de espera, no sólo no se cumplió dicha previsión sino que, por el contrario, la situación se agravó al punto de que a la llegada del Gobierno Popular había más de 130.000 objetores, pendientes de cumplir la prestación social sustitutoria, mientras que el número de plazas concertadas era sólo de 72.000.
Para corregir dicha situación, desde su departamento se ha elaborado un plan de choque, cuyo balance es ciertamente esperanzador, toda vez que, a lo largo del pasado año, se ha conseguido un incremento notable no sólo del número de plazas concertadas sino también del número de plazas efectivamente ocupadas por objetores.
Es cierto que vamos a iniciar en breve los trabajos parlamentarios para modificar la Ley de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria y cuyo texto

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final pudiera llegar a incidir en la política de su departamento en este campo, pero no es menos cierto que consideramos muy conveniente conocer la valoración del Gobierno, respecto al resultado de alguna de las medidas adoptadas, como consecuencia de la aplicación del mencionado plan de choque, por lo que formulo la siguiente pregunta, señora Ministra: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución experimentada en los puestos de actividad para que los objetores puedan cumplir la prestación social sustitutoria.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la valoración que hace el Gobierno acerca del aumento del número de plazas para la prestación social sustitutoria y el tiempo que dista entre el reconocimiento y la prestación efectiva es de todo punto favorable.
Como S. S. ha reseñado en mayo del año 1996 existían 72.738 puestos de actividad, mientras que al día de hoy son 98.131, con lo que estamos muy cerca de cumplir los 100.000 puestos de actividad que nos habíamos marcado como límite para este año.
No solamente hemos incrementado el número de plazas, sino que también se ha incrementado de forma muy notable el tiempo de distancia entre la prestación y el reconocimiento a la inversa, el incremento de incorporados ha sido del 45 por ciento respecto a los del mes de mayo del año 1996.
Con estos datos, señoría, esperamos cumplir sobradamente los puntos a que hacía referencia el plan de choque presentado en el mes de julio del año pasado, puesto que este año estamos para alcanzar las 100.000 plazas y el año que viene las 120.000.
Muchísimas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO HACER UNA VALORACION DEL REGLAMENTO DE CUERPOS, ESCALAS Y ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE LOS MILITARES DE CARRERA? (Número de expediente 180/000570)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Popular.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el objeto de la pregunta más que S. S.
explique la valoración que el reglamento recientemente aprobado le merece, es poner de manifiesto la importancia y el esfuerzo del mismo como desarrollo reglamentario de la Ley 17/1989, que trata precisamente de las funciones de los cuerpos, de las escalas y de las especialidades fundamentales de los militares de carrera.
Entendemos, señor Ministro, que es un esfuerzo reglamentario importante para la optimización del acceso a los cuerpos, a las escalas y especialidades fundamentales de los militares de carrera; pero como además, con independencia de ir dirigidos a éstos, el reglamento tiene también una aplicación a los militares oficiales que van a asumir idéntica responsabilidad, unos idénticos cometidos y unas idénticas facultades en cuanto a las responsabilidades, cometidos y facultades que les da el reglamento, de ahí que creemos en la importancia del mismo y en la importancia de la valoración de S. S., que es tanto como decir de la valoración del Ministerio de Defensa, en un reglamento que creemos importante como desarrollo normativo a la ley anteriormente citada.
Por eso, señor Ministro, aprovechando su presencia en la Cámara, le pregunto la valoración que el ministerio hace de ese reglamento recientemente aprobado para la reglamentación de los cuerpos, de las escalas fundamentales de los militares de carrera.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Molina.
Señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, Presidente.
Señoría, la valoración que el Gobierno hace es muy importante en cuanto a la repercusión y trascendencia que tiene este reglamento dictado en ejecución de la ley 17/1989, y los criterios básicos de esa valoración son los que ha expresado S. S.
A juicio del Gobierno este reglamento constituye un paso decisivo en la racionalización de la actividad profesional de los militares de carrera. En un momento donde los adelantos tecnológicos constituyen un ingrediente fundamental de toda la vida social y, por tanto, también de la profesión militar, era esencialmente importante establecer una estructura en los cuerpos de las Fuerzas Armadas que respondiera a criterios funcionales y que tuviera efectos favorables en la operatividad técnica de los ejércitos; es decir, que mejorara la especialización y diera mayor eficacia a la actuación de los mismos.
Como S. S. sabe la distinción orgánica en cuerpos, en escalas y en especialidades permite, en función de cometidos,

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facultades profesionales y especialización, la mejor elaboración y concreción de cada puesto de trabajo y, por tanto, de las plantillas de nuestros ejércitos.
La nueva definición, siendo un gran paso, y agradeciendo las palabras del esfuerzo reglamentario que supone, no completa el desarrollo normativo. Será necesaria una adaptación continua a las exigencias de la técnica e ir haciendo con mayor precisión la regulación de las actividades concretas.
En definitiva, Presidente, señoría, se trata de una de las piezas angulares sobre las que descansa la optimización y racionalización de la actividad profesional de los militares de carretera y, por tanto, de la eficacia de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE SE VUELVAN A REITERAR SUCESOS COMO LOS ACAECIDOS ENTRE MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL Y MIEMBROS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA OCURRIDOS EL DIA 5 DE FEBRERO DE 1997 EN TARIFA (CADIZ), CON OCASION DE UNA OPERACION CONTRA EL NARCOTRAFICO Y EL CONTRABANDO? (Número de expediente 180/000564)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 que formula al Gobierno el Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, sin lugar a dudas sería un error que alguien pusiera en cuestión la importancia de las funciones que tanto el Servicio de Vigilancia Aduanera como la Guardia Civil tienen encomendadas desde la naturaleza específica y diferente de cada uno de estos cuerpos. Sería también una profunda injusticia ignorar el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega de los miembros del SVA y de la Guardia Civil en el ejercicio de las misiones que les son propias. Finalmente, resultaría un sinsentido que alguien tratase de elevar a categoría de diagnóstico general hechos muy concretos para tratar de formar, a partir de ahí, falsas conclusiones en orden a hipotéticas rivalidades o disfuncionalidades entre el SVA y la Guardia Civil, valoración ésta que bajo ningún concepto se sostiene en atención a la generalidad de los casos.
Lo dicho no obsta para insistir en una idea que, a buen seguro, comparten todos los grupos de la Cámara, y en la que desde luego coinciden el Gobierno y el Grupo Popular; es decir, por más que sucesos como los de Tarifa no tengan otra dimensión que un simple hecho aislado, conviene, sin embargo, adoptar medidas inmediatas para reducir cualquier riesgo de reiteración, medidas que, como no puede ser de otra forma, habrán de inscribirse en el contexto de los principios generales reiteradamente afirmados por el Gobierno en este orden de cosas, esto es, que la lucha contra la droga es una prioridad de Estado y que es necesario reforzar el principio de coordinación entre todos los servicios intervinientes en ella, sean o no de naturaleza policial, a fin de ampliar los márgenes de eficacia.
Nos consta que con independencia de los sucesos de Tarifa y antes de los mismos, el Gobierno venía ya trabajando en orden a perfeccionar fórmulas de ensamblaje entre los servicios propios del SVA y los de la Guardia Civil para, sin menoscabo de las competencias propias de cada uno de ellos, avanzar en la recíproca colaboración y, por ende, en la referida eficacia. En consecuencia, preguntamos qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que se vuelvan a reiterar sucesos como los acaecidos entre miembros de la Guardia Civil y miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera ocurridos el día 5 de febrero de 1997 en Tarifa (Cádiz), con ocasión de una operación contra el narcotráfico y el contrabando.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda han elaborado conjuntamente un protocolo de cooperación y coordinación entre ambos ministerios, que va a ser firmado en los próximos días, sobre los tres criterios que, a continuación, paso a enumerar: En primer lugar, como usted bien decía, potenciando todos los instrumentos, todas las herramientas de coordinación entre los cuerpos que participan en este tipo de operaciones, de modo y manera que en este protocolo se regulen las relaciones entre unidades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Hacienda, previendo supuestos concretos que el Diputado, señor Gil Lázaro precisamente ha enumerado, y que exijan siempre la intervención inmediata del delegado del Gobierno en el Plan Nacional contra la Droga. En segundo lugar, y dentro de este esfuerzo de coordinación, potenciando todos los órganos de encuentro, tales como la Oficina nacional de estupefacientes, que ha sido inaugurada el pasado 2 de abril, y dando entrada, dentro de lo que significa el Servicio de Vigilancia Aduanera, a su participación en el Consejo Superior de lucha contra el Tráfico de Drogas y el Consejo Asesor, en el que coincidirán con los subdirectores operativos de Guardia Civil y de Policía.


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Segundo criterio, a través de lo que signifique la regulación de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Servicio de Vigilancia Aduanera en las entregas controladas en el ámbito internacional, que se efectuarán mediante el manual europeo de entregas controladas, aprobado por el grupo de drogas de la Unión Europea y Schengen.
Y, por último, la posibilidad de que unidades operativas de asalto, GEOS y UE, puedan participar y embarcarse, junto con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, si las circunstancias lo aconsejan, de modo y manera que desde el primer momento de la actuación se haga más perfecta la coordinación entre ambos cuerpos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO EN RELACION CON LA PROXIMA OPERACION TRANSITO DE INMIGRANTES MAGREBIES? (Número de expediente 180/000571)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34 que formula al Gobierno el Diputado don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Fernández Rodríguez.


El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Quizás pueda parecer un poco precipitada una pregunta acerca de las actuaciones que tiene previstas llevar a cabo el Gobierno en relación con la próxima operación tránsito, pero es evidente que una operación de estas características, que supone el tránsito por nuestro país de más de millón y medio de ciudadanos magrebíes con destino a sus lugares de origen, no debería permitir mucho margen a la improvisación, sobre todo si queremos corregir algunos de los errores de funcionamiento habidos en el pasado.
Evidentemente, nos consta la eficacia de su ministerio, y ya el año pasado se producía una importante mejora, especialmente en lo que se refiere a la coordinación con el Gobierno marroquí y también entre los distintos departamentos que participan en la operación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil, Puertos, fundamentalmente el de Algeciras, Marina Mercante, Sanidad exterior; en definitiva, un conjunto de medios materiales y humanos que hay que tener a punto para garantizar el buen funcionamiento de la operación.
En concreto, nos preocupa, señor Ministro, que existan suficientes zonas de descanso, de acampada y, sobre todo, de atraques y barcos con sus correspondientes rotaciones para que puedan reducirse al máximo los tiempos de espera de los viajeros en las zonas de preembarque. Sobre este particular llamo la atención del señor Ministro acerca de la grave situación que padece una de las navieras vinculadas al paso del Estrecho, actualmente en suspensión de pagos, y por tanto convertida en un factor potencial de riesgo. También son las campañas publicitarias hechas en Europa con los ciudadanos magrebíes que desequilibran la adquisición del pasaje en beneficio del puerto de Tánger, ocasionando algunos problemas de funcionamiento.
Por último, dejo apuntado el problema de los gorrillas que florecen al amparo de este importante trasiego humano, incrementando los pequeños robos y estafas y dañando, en consecuencia, la imagen de las ciudades afectadas y también la necesidad de atender las peticiones de ayudas de algunas de estas ciudades, especialmente Algeciras, por los gastos que origina esta operación a sus ayuntamientos, en cuanto a limpieza, policía local, etcétera.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Rodríguez.
Señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría, no hay precipitación en su pregunta ni en la existencia de un plan que precisamente trate de prever lo que suelen significar graves problemas a la hora de ejecutar estos planes especiales, tanto para la operación tránsito, que como usted sabe proviene de Europa y se dirige al continente africano y que se prevén desde la frontera francesa hasta el puerto de embarque, como la operación denominada paso del Estrecho, que significa el desplazamiento desde unos puertos de embarque a los puertos de Tánger, Ceuta, Melilla y Nador.
En ese sentido quiero decirle, respecto de la operación tránsito, que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha, desde el año 1991, diferentes áreas de descanso y que la principal novedad en este ejercicio de 1997 es la creación de una nueva área de descanso, concretamente en Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, para lo que se ha destinado una inversión de 40 millones de pesetas. Asimismo quiero decirle que durante el ejercicio 1997 se van a destinar doce millones y medio de pesetas para obras de mejora y acondicionamiento de las áreas existentes, de modo y manera que a la inversión del año 1996 se sumen 91 millones de pesetas para gastos de personal, gastos corrientes y de inversión.
Respecto a la operación paso del Estrecho, la Dirección General de Protección Civil ha elaborado un plan director de la operación para 1997, que significa poner en marcha siete centros de coordinación general para el adecuado funcionamiento de las 2.500 personas que

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participan en esta operación y de los diferentes organismos intervinientes. En ese sentido quiero destacar que en el aspecto sanitario van a participar 23 médicos, 23 ATS, así como las diferentes actuaciones de centros hospitalarios designados por zonas.
Respecto a la asistencia social el Ministerio del Interior ha firmado un convenio con el Instituto Nacional del Empleo en el que se prevé la contratación de 64 trabajadores para esta operación, y asimismo la Dirección General de Protección Civil ha firmado un acuerdo de colaboración con Cruz Roja en el que van a participar 410 voluntarios, nueve ambulancias y seis coordinadores locales.
Respecto a la seguridad se reforzarán los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con relación a las infraestructuras portuarias la operación 1997 prevé la realización de un esfuerzo inversor en las áreas de estacionamiento de emergencias de los puertos afectados que signifiquen una mejor y mayor dotación de infraestructuras y servicios, de modo y manera que se mejoren los niveles de eficacia de años anteriores.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.


--DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO ¿POR QUE IGNORO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN SAN MILLAN DE LA COGOLLA EN EL TRANSCURSO DEL IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, CELEBRADO EN EL MONASTERIO DE YUSO? (Número de expediente 180/000557)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Nacionalista Vasco.
Señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación y Cultura, recientemente se ha celebrado en San Millán de la Cogolla, concretamente en el Monasterio de Yuso, el IV Congreso de Historia de Lengua Española, en un lugar emblemático donde los haya por ser sede y cuna de documentos lingüísticos fundamentales para entender la historia de este país. Allí están residenciadas las glosas emilianenses, documento histórico del siglo X, glosas marginales sobre texto escrito en latín, donde el monje o el estudiante que los trabajaba al ver que sus discípulos o su feligresía conocía mejor el romance o la lengua vasca, tuvo que tomar notas marginales para poder explicar un latín que estaba ya en desuso en ese momento. Al celebrarse allí este IV Congreso de Historia de la Lengua Española la señora Ministra ha tenido una intervención y al hilo de esa intervención preguntamos desde el Grupo Parlamentario Vasco, por qué ignoró el Ministerio de Educación y Cultura la presencia del euskera en ese Congreso en San Millán de la Cogolla.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor Presidente.
Como ya he tenido ocasión de explicar a S. S., es cierto que el Congreso Internacional de la Historia de la Lengua Española, celebrado en San Millán de la Cogolla, se centraba principalmente en los orígenes del castellano; lo habían organizado la Comunidad de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Asociación de Historia de la Lengua Española. Como también le he dicho a S. S., en el discurso que tuve el honor de pronunciar, porque me invitaron a presidir la inauguración, hice expresa referencia a que el primer testimonio escrito en euskera estaba contenido en las Glosas Emilianenses y, con mucho gusto, haré llegar a S. S., a través de los servicios de la Presidencia de la Cámara, una copia del discurso, en el que dediqué dos párrafos al origen de la lengua euskera, en San Millán de la Cogolla.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Me alegra oír la contestación de la señora Ministra, que viene a matizar informaciones llegadas a este grupo parlamentario, pero quisiéramos hacerle ver que entre los que estaban dentro del propio Congreso, que estaban siguiendo con atención el discurso de la Ministra del Estado, se produjo un cierto malestar; se encontraban en la cuna lingüística de la lengua romance, concretamente del romance vascón y de la lengua vasca, como primer documento escrito, y encontraron insuficientes esas referencias. Creo que es bueno hacerlo constar desde las distintas sensibilidades.
Señora Ministra, ¡qué oportunidad! En una cuna lingüística donde está seguramente la mayor joya con la que el Estado español pueda contar, sobre un latín que

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ya no se reconoce por los hablantes, sobre notas marginales en romance vascón, ni en castellano, ni en español --lo dirían después, en el mismo Congreso, los expertos--, sobre las primeras notas escritas en euskera en el siglo X, una frase que todavía no se ha conseguido descifrar, es decir, en un sitio donde, en pleno siglo X, como digo, se ve que se da la consideración trilingüe del Estado, los que allí estaban presentes esperaban más que dos párrafos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no querría, porque además no podría, intentar competir con su erudición lingüística, pero tengo que decirle que con mucho gusto le haré llegar los dos párrafos que dediqué a esto en las palabras que allí pronuncié, que, por otra parte, no fueron excesivas, sino todo lo contrario. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Quiero también decir a S. S., aunque ya lo sabe porque ha formulado al Ministerio, para su respuesta escrita, más de 20 preguntas sobre este asunto, que nosotros, en este ministerio, hemos tenido especial cuidado, tanto en los encuentros literarios internacionales como en los programas de las universidades extranjeras o en las convocatorias de ayudas a manifestaciones artísticas, en que siempre se haga especial énfasis en la riqueza lingüística de nuestro país. Por ejemplo, y como botón de muestra, recuerdo a S. S. el especial cuidado con que se contempla la presencia de todas las lenguas de España, y esta Ministra lo hace especialmente con el euskera, en la preparación de la exposición Letras de España, tanto en la sección bibliográfica como en los artículos del catálogo o en la programación de encuentros o mesas redondas. Sirva también de ejemplo que en la normativa que regula los premios literarios de ámbito nacional se garantiza que en el jurado estén presentes los representantes de las Academias de la Lengua Vasca y Gallega y del Instituto de Estudios Catalanes; de hecho, en las últimas ediciones de estos premios han sido galardonados autores cuya obra principal no estaba escrita en lengua castellana.
Por tanto, S. S. tiene que estar seguro de que coincidimos en nuestro afán de defender y promover la riqueza lingüística de España en todos los ámbitos y sin excepciones de ningún tipo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO SOBRE LA REFORMA LABORAL ALCANZADO RECIENTEMENTE ENTRE LOS AGENTES SOCIALES? (Número de expediente 180/000562)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 25, de don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Popular.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, durante mucho tiempo y previamente a las elecciones del 3 de marzo, algunos aseguraron con insistencia que el proceso de alternancia política podría traer a España un proceso de crisis.
Aquellos profetas del caos auguraron que un gobierno de centro, como es el que gobierna en estos momentos, acabaría con las pensiones y que traería un proceso de conflictividad social que al final impediría que nuestro país estuviera entre los países de cabeza de Europa.
Desde el 3 de marzo, señor Ministro, señorías, se ha iniciado un proceso de diálogo social que ya ha traído como consecuencia importantes acuerdos, como el de pensiones --y hemos tenido ocasión de hablar sobre él en esta Cámara--, o aquellos acuerdos del mes de mayo sobre cómo se iba a acometer la reforma laboral, que han concluido en un importante acuerdo entre agentes sociales, entre sindicatos y empresarios, estableciendo un nuevo sistema de pactar y de negociar las relaciones laborales en España.
La última reforma laboral, la del año 1994, señorías, se concluyó con una huelga general. Esta, seguramente, se tramitará a través de un acuerdo general. Por eso, pregunto al Ministro, una vez superada esa reforma del año 1994 y prestos a acometer la reforma del empleo, ¿cómo valora estos acuerdos entre los agentes sociales? Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, quiero transmitirle que el Gobierno valora, como no podía ser de otra manera, muy positivamente el reciente principio de acuerdo que han anunciado las organizaciones sindicales y empresariales y que tiene que felicitar una vez más a los sindicatos

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y empresarios por el gran esfuerzo de responsabilidad, por el gran esfuerzo de profundidad que han hecho a la hora de alcanzar un preacuerdo sobre lo que significan las modificaciones necesarias para el mercado laboral.
Como ha dicho el señor Diputado, a la hora de enfocar el marco de las relaciones laborales puede hacerse desde la confrontación, desde la solicitud permanente de intervención de los poderes públicos, pero también hay una tercera vía, la vía, siempre deseable, del pacto, la vía del acuerdo. En este caso se ha alcanzado ese principio de acuerdo, que el Gobierno espera que sea ratificado finalmente por los agentes sociales, y el Gobierno entiende que ese acuerdo tiene un extraordinario valor social, económico y político, en esa asignatura que vamos resolviendo, que es la incorporación de España a la primera velocidad europea.
Hay una gran sensibilidad, como siempre, en nuestro país, en torno al problema del empleo; yo diría que no es ya una preocupación, sino una auténtica obsesión. Hay muchos parados que estaban esperando este acuerdo, muchos jóvenes que no han tenido posibilidad de acceder al mercado de trabajo y que estaban esperando este acuerdo. Me parece que hoy podemos afirmar que en España hemos tenido un comportamiento de primera de los agentes sociales, que han estado a la altura de las circunstancias, y que eso va a significar mayor confianza en el conjunto de la sociedad, mayor posibilidad de intensidad en la creación de empleo y también y muy especialmente que pasemos a una etapa de empleo de más calidad, de empleo estable y vayamos superando las etapas de empleo precario.
De ahí la felicitación del Gobierno y también nuestro deseo de que este acuerdo social tenga un gran respaldo parlamentario y un gran acuerdo político. Por eso anticipo en la Cámara que es propósito del Gobierno tramitar la reforma cuanto antes y que ofreceremos a todos los grupos parlamentarios la negociación previa de la norma que dé eficacia jurídica a los citados acuerdos.
Muchas gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE MEDIDA HA MOSTRADO EL GOBIERNO SU SENSIBILIDAD HACIA LA SITUACION DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES QUE, POR SU EDAD, SE ENCUENTRAN FUERA DEL MERCADO LABORAL, PARTICULARMENTE HACIA LA DE AQUELLOS QUE CARECEN DE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER SUS NECESIDADES BASICAS? (Número de expediente 180/000569) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
Pregunta número 32, de don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo, le formulo la pregunta en los términos en que aparece en el orden del día. Se está refiriendo, como se deduce de su redacción, a las pensiones asistenciales por ancianidad que el Estado español viene pagando a los emigrantes españoles en el extranjero.
Durante años España ha ido nutriendo un flujo de emigrantes, tanto hacia Centroeuropa como hacia América. Muchos de ellos se han asentado definitivamente en los países que los acogieron, han formado familia, han desarrollado toda su vida laboral lejos de nuestra tierra y se encuentran ahora mismo ya en edad de estar jubilados.
Los emigrantes que se asentaron en los países de la Unión Europea tienen unos niveles de cobertura suficiente en sus jubilaciones y no plantean a los españoles ningún otro problema, pero aquellos emigrantes que se asentaron en países de fuera de la Unión Europea y también todos los de Latinoamérica se encuentran con unos bajos niveles de cobertura por las carencias de los sistemas sociales de esos países.
El sistema de pensiones en el exterior para nuestros emigrantes tiene que reflejar una especial sensibilidad del Gobierno, puesto que, a fin de cuentas, en un momento determinado España no tuvo capacidad para dar trabajo a estas personas y en cierta forma se vieron obligados a trasladarse al extranjero. Es conocido que la acción del Gobierno viene reflejando cierta sensibilidad hacia los trabajadores emigrantes. Buena prueba de ello son la reunión de ayer, los cursos que se han organizado para hijos de emigrantes europeos y la incorporación de los emigrantes al turismo social para la tercera edad.
Por ello, en un año de medidas austeras por un presupuesto reducido, interesaría saber y que se hiciera público en qué medida el Gobierno ha mostrado su sensibilidad hacia los emigrantes españoles en el extranjero.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Jordano.
Señor Ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría, por su pregunta, porque me parece muy importante que a diario tengamos un debate sano y necesario sobre los sistemas de protección

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social de los trabajadores que viven en España, pero nunca, nunca, debemos olvidar, como ha dicho S. S., a aquellos españoles que, desgraciadamente, tuvieron que salir de nuestras fronteras, tuvieron que abandonar nuestra tierra en búsqueda de trabajo. Hay una generación de españoles que tuvo que hacerlo; hoy, afortunadamente, la emigración española es distinta.
Podemos estar hablando de una emigración de empresas españolas para instalarse en el extranjero, pero hay muchos mayores españoles que hace mucho tiempo que abandonaron nuestra tierra.
Yo quiero decirle que el Gobierno siempre enfoca la política de emigración desde una óptica de Estado, desde una política que debe ser compartida con el resto de los grupos parlamentarios y muy especialmente con las organizaciones no gubernamentales, y esa política de emigración nunca debe rozar los afanes electorales ni los afanes partidistas.
Desde ese punto de vista, el Gobierno ha expresado su solidaridad con estos emigrantes españoles, que requieren de unos mínimos, de unos complementos, para su subsistencia, siendo, como ha dicho S. S., muy diversas sus circunstancias según estemos hablando de emigrantes centroeuropeos o de emigrantes situados en el ámbito americano.
El Gobierno, en un presupuesto restrictivo, como ha sido el de 1997, ha llevado a cabo, en cifras absolutas, un incremento del 3,5 con respecto a 1996, pero puedo también decir a S. S. que, si tenemos en cuenta los datos de la previsión de ejecución presupuestaria, este incremento ha sido del 12,37 con respecto a 1996. En estas pensiones, estamos hablando de un gasto de 4.328 millones, en 1996, y de una previsión de 4.864 millones de pesetas para este concepto. También respondemos de esta forma a demandas que han venido planteadas por el Consejo General de la Emigración, que representa el conjunto de sus aspiraciones, y le quiero decir que espero que esta línea se consolide en los presupuestos de 1998.
Aparte de eso, señorías, dedicamos un capítulo importante a servicios sociales, más de 500 millones de pesetas. Y finalmente le quiero decir que también en el ámbito de los centros directivos este Gobierno ha demostrado su sensibilidad con la emigración, creando, como saben, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la dirección general de Ordenación de las Migraciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS NOMBRAMIENTOS SE HAN PRODUCIDO DESDE LA TOMA DE POSESION DEL GOBIERNO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS, EMPRESAS, SOCIEDADES ESTATALES, ORGANISMOS AUTONOMOS E INSTITUTOS, ENTRE OTROS, CUYA REPRESENTACION SEA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000554)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 18, de doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones, que podría haberse titulado algo así como: Aznar en el país de las maravillas, se decían cosas como las siguientes: El Parlamento se ha visto con frecuencia impedido de ejecutar su función de control, al habérsele negado información. O el Gobierno socialista y su mayoría parlamentaria han bloqueado con frecuencia la función de control del Parlamento, oponiéndose, por ejemplo, a suministrar información.
Pues bien, señor Ministro, el 4 de septiembre, la Diputada que les habla preguntó por escrito por las autorizaciones realizadas por el Gobierno de la nación para participar en los consejos de administración de los distintos entes públicos cuya representación fuera competencia de la Administración General del Estado. El 22 de octubre, sobrepasados ampliamente los veinte días que el Gobierno tiene para contestar, se me respondió que los nombramientos interesados no son competencia del Gobierno, sino de las diferentes sociedades estatales, empresas o entes públicos.
Como la respuesta no era la adecuada, repregunté el 24 de octubre al Gobierno por la composición de todos los consejos de administración así como por las retribuciones de sus miembros, y el 19 de diciembre de 1996, igualmente sobrepasados todos los plazos, el Gobierno me contesta que no dispone de la información correspondiente a la totalidad de los altos cargos, que sólo se conocen parcialmente, pero ni siquiera me facilita dicha información parcial. El 8 de enero de 1997 reitero la pregunta y hasta el día de la fecha, 16 de abril de 1997, el Gobierno sigue con la callada por respuesta. El Gobierno no sabe, el Gobierno no contesta.
Por eso, señor Ministro, le pido que abandone su retórica habitual y me conteste hoy cuántos nombramientos se han producido.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rubiales.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.


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El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Podría haberse ahorrado usted todos esos escritos simplemente con haberme preguntado en el mes de septiembre, o hace los meses que usted tuviera a bien, porque, además, a mí me gusta venir y responderle, siempre lo hago; buena prueba de ello es que voy a hacerlo ahora.
Hay 184 altos cargos en los consejos de administración, que ocupan un total de 302 puestos, frente a 278 que había antes, que ocupaban 484 puestos. Esto es porque, como usted sabe, aunque no lo reconocen, hemos reducido el número de altos cargos, y probablemente también por la obsesión privatizadora de que hablan ustedes en ocasiones. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ministro.
Señora Rubiales, le significo que le quedan 25 segundos.


La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, telegráficamente.
Quiero decir al señor Rajoy que el 4 de septiembre pregunté al Gobierno --el Gobierno son todos los ministros, colegiadamente--. Me ha contestado algo, poco, pero algo es algo. Si llevo siete meses esperando, voy a seguir haciéndolo, voy a volver a preguntarle otra vez por escrito y espero de una vez obtener respuesta del Gobierno.
Mientras tanto, haré lo que crea necesario; iré al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional y esperaré hasta que obtenga la respuesta satisfactoria que mi Grupo exige. (Aplausos.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rubiales.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias, señor Presidente.
En realidad, puede ir donde quiera. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Yo le sugiero que me pregunte a mí, que soy quien sabe de esto y, además, con mucho gusto, como es evidente, le respondo siempre, a pesar de la situación pintoresca que aquí se produce.
Porque, cuando usted era delegada del Gobierno en Andalucía, usted estaba en dos consejos de administración, Agesa y el Patronato de Doñana. Y yo, que soy Ministro, que es más --y perdón por la expresión-- que delegado del Gobierno, no estoy en ningún sitio.
(Risas.--El señor García-Arreciado Batanero: Hay que darle un puestecito, aunque sea en Telefónica.) Lo normal era que yo le preguntara a usted, y sin embargo yo no le pregunto y usted me pregunta a mí. No deja de ser una situación pintoresca. A lo mejor lo que usted quiere es que yo sea miembro del Patronato de Doñana y de Agesa. Oiga, todo es negociable, haga usted la propuesta y podemos hablar del asunto. (Risas.) Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR EL GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL CANAL DE NAVARRA? (Número de expediente 180/000556)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Me permito formular la pregunta a la señora Ministra de Medio Ambiente.
Considerando que las obras del pantano de Itoiz y las obras del canal de Navarra son un binomio inseparable y considerando que corresponde al Gobierno central la financiación del 60 por ciento de las obras del canal de Navarra, le pregunto lo siguiente: ¿Cuál es el presupuesto comprometido por el Gobierno para la construcción y ejecución de las obras del canal de Navarra? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
En el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado del año 1997 existe, dentro del programa 512, en el artículo 61.a), el proyecto de inversión pública Riegos en Navarra, con una partida de 8.663.000 pesetas, que es la cantidad de la que podemos disponer este año. Por tanto, tenemos previsto que con cargo a esta partida se pueda al menos licitar y contratar una parte del canal de Navarra en este mismo año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Lasagabaster.


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La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, esto ya lo conocía. El problema es que, como usted bien sabe, y desde nuestro punto de vista, no se pueden realizar las obras del pantano de Itoiz si realmente no se realiza y no se ejecuta el canal de Navarra. Es una condición indispensable para realizarlo.
¿Por qué? Porque si no, no serviría de nada.
Curiosamente, las obras del pantano de Itoiz están casi a punto de terminar, y eso a pesar de que hay una sentencia de la Audiencia Nacional, del 29 de septiembre de 1995, pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo, que pone de manifiesto diversas y graves irregularidades y defectos en la tramitación del procedimiento seguido para la construcción del embalse de Itoiz y del canal de Navarra. Se ha hablado en esa sentencia de que no se asumieron compromisos serios y formales por el Gobierno del Estado, financiación, plazos, justificaciones socio-económicas; no se declaró de interés general ni se ha justificado convenientemente. Todo ello es algo muy grave.
Creemos que, si no se va más allá de las palabras, si no se va más allá de meras promesas, comisiones paritarias, de seguimiento, etcétera, si realmente no hay nada para ejecutar, hay que paralizar o nos reservaremos el derecho de exigir la paralización. No sirve de nada una obra que genera unos costes ecológicos y de otro tipo, pero que no serviría para lo que se pretende.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
Señorías, ustedes tienen todo el derecho de solicitar aquello que consideren conveniente. El Gobierno ha asumido unos compromisos. Los compromisos de este Gobierno son seguir adelante con el pantano de Itoiz y, simultáneamente, poner en marcha las obras del canal de Navarra, que, como sabe S. S., necesitan primero ser declaradas de interés general, hacerse un estudio del impacto ambiental y posteriormente pasaríamos a la licitación. En todo ello estamos trabajando. Aún no hace un año que hemos tomado posesión en este Gobierno y, por lo tanto, creo que lo más importante es decirle que esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que decidirá sobre la legalidad o ilegalidad de esa obra.
En cualquier caso, las obras se han puesto en marcha, con este Gobierno, de nuevo, puesto que, como usted sabe, sufrieron un atentado en el mes de abril del año pasado. Ya se han repuesto los blondines y las obras siguen. Itoiz sigue adelante y el canal de Navarra se hará a continuación.
El señor PRESIDENTE: Gracias. señora Ministra de Medio Ambiente.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO LANDETA ALVAREZ-VALDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INFORMACION PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO EN RELACION AL CONSUMO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000543)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el Diputado don Antonio Landeta Alvarez-Valdés, del Grupo Popular.
Señor Landeta.


El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, España, en el entorno de los países industrializados, es un país que descubre tarde el gas como fuente de energía de uso intensivo. A partir de los años sesenta, el gas natural se va consolidando como materia prima de energía eficiente, de alta calidad y más respetuosa con el medio ambiente.
El comercio ha experimentado un incremento progresivo en el mercado doméstico comercial, en el industrial y en el de cogeneración. Este potencial de crecimiento va dirigido a cumplir los objetivos del PEN 1991-2000, que sigue otorgando al gas natural un 12,6 por ciento de participación en el campo español de la energía primaria.
Es necesario crear una gran infraestructura en sus ejes mediterráneo, central y occidental, que satisfaga las exigencias del mercado tanto en cantidad como en calidad, y lograr que en el año 1997 todas las comunidades autónomas peninsulares disfruten del gas. Para ello se han acometido y se están acometiendo obras de infraestructura muy importantes: el gaseoducto del Magreb-Europa, con una inversión de más de 2.400 millones de dólares y 1.400 kilómetros de recorrido; la conexión con Portugal para crear la red ibérica de gaseoducto; almacenamientos subterráneos para garantizar el servicio en caso de emergencia; estudios sobre la posible gasificación de las islas Canarias y una fuerte inversión en I+D, llevando a efecto trámites legales, como es el desarrollo del Real Decreto 2033/1996, sobre acceso de terceros a la red de liberalización del sector, y pendiente del desarrollo y aprobación de la directiva comunitaria sobre el mercado interior de gas natural.
Ante estas circunstancias, nos vemos obligados a formular la siguiente pregunta: ¿Qué información puede facilitar el Gobierno en relación con el consumo de gas natural y sus perspectivas en España? Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Landeta.
Señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, como usted bien ha repasado, como elemento esencial de la política energética del Gobierno, la potenciación del gas natural es probablemente la baza más importante que tenemos para aumentar la diversificación energética en nuestro país y aumentar la eficiencia del conjunto del sistema.
De hecho, el objetivo que tenemos es que, efectivamente, nos acerquemos al nivel de consumo de gas natural que existe en el conjunto de la Unión Europea, que es del 20 por ciento. Hoy todavía estamos en algo menos de la mitad, en el nueve por ciento, que corresponde a un consumo de 93.552 millones de termias. Hay que decir que, a pesar de estar en el nueve por ciento, estamos yendo a gran velocidad y que el año pasado aumentamos en un 15 por ciento el consumo de gas natural respecto al año anterior.
En este contexto, estamos potenciando dos actividades básicas. Por un parte, como se ha mencionado ya, diversificar las fuentes de aprovisionamiento, entre otras cosas porque, desde el punto de vista del aprovisionamiento doméstico, del aprovisionamiento en yacimientos españoles, estamos hablando sólo del 4,5 por ciento del consumo actual; al mismo tiempo, en torno a dos terceras partes del consumo total responden a un solo país, Argelia. Por tanto, creo que está en el interés de todos, y así se está haciendo, concertar contratos de aprovisionamiento con otros países, que permitan aumentar esa diversificación. Por otra parte, la construcción y la aceleración de una red nacional de gasoductos que tiene como objetivo que todas las comunidades autónomas españolas posean esta fuente energética, por lo menos en la Península, antes de finalizar este año. Ha mencionado usted los estudios para Canarias y Baleares; se hará cuanto antes, si tiene racionalidad y sentido económico.
En este sentido, se ha puesto ya en marcha el gasoducto Europa-Magreb y se ha traspasado ya toda la parte española de la Península; hace poco tiempo tuvimos ocasión de asistir a la inauguración de la puesta en marcha del tramo portugués, para, al final, poder enlazar, probablemente antes de finales de año, con Galicia por Tuy, y todo el gasoducto de la Ruta de la Plata, que permita cerrar el anillo.
Son todos temas enormemente importantes, que tienen que ir asociados con un esfuerzo en cuanto a la mejora de las condiciones de competencia en el mercado del gas, que se empezaron a desarrollar con el Real Decreto 2033, de 6 de septiembre del año pasado, y queremos profundizarlo en el contexto de la directiva del mercado interior del gas, que está a punto de aprobarse por la Comisión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCE RIVADULLA GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿QUE RAZONES HAN LLEVADO AL MINISTRO A PROPICIAR LA PRIVATIZACION DE LAS MINAS DEL GRUPO POTASAS DEL LLOBREGAT, S. L., Y SURIA K, S. A., PERTENECIENTES TODAS ELLAS A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)? (Número de expediente 180/000560)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno la Diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en 1990, siendo usted presidente de la empresa Ercros, declaró, en relación a las minas de potasa de Llobregat, que lo mejor para el futuro de la potasa sería que estuviera en manos del sector público. Usted se convirtió en un gran valedor de esta filosofía. Sin embargo, la semana pasada, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales confirmó en el Congreso la decisión del Gobierno de privatizar estas empresas.
¿Qué razones le han llevado, señor Piqué, a impulsar la privatización de las minas del Grupo Potasas del Llobregat y Suria K, pertenecientes a la SEPI?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor Presidente.
Señora Rivadulla, las razones que han impulsado a poner en marcha el proceso de privatización de Potasas del Llobregat y en general del grupo Potasas, por lo tanto también de Suria K, son exactamente las mismas que han llevado al Gobierno a impulsar el plan de modernización del sector público empresarial del Estado, que contiene en su seno la privatización de las empresas públicas industriales como movimiento tendencial.
Entendemos que las circunstancias actuales del grupo Potasas aconsejan poner en marcha este proceso. Se ha elegido ya a la empresa consultora y estamos pendientes de su formulación en cuanto al diseño de la eventual operación, en la que constituye elemento esencial para la decisión futura del Gobierno la existencia

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de un plan industrial que garantice el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo.
En las circunstancias actuales, la decisión cobra plena coherencia con lo que es la política del Gobierno, política que usted podrá no compartir pero que es la que es. En cualquier caso, creo que no tiene mucho que ver con decisiones tomadas por una empresa privada en el año 1990 en la que, le recuerdo, yo, desafortunada o afortunadamente, no era presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Ministro, por su aclaración.
De cualquier manera, no me podrá negar que su actitud fue beligerante para el paso de estas empresas al sector público.
Como tuve ocasión de señalar en la comparecencia aludida, lo que el Gobierno del Partido Popular llama eufemísticamente plan de modernización del sector público empresarial estatal, a nuestro entender, no es más que el proyecto de liquidación del mismo. Porque, señor Piqué, estamos hablando de unas empresas modernas, saneadas, rentables, que el pasado año obtuvieron unos beneficios de 1.200 millones de pesetas y, en 1995, de 2.500 millones. Todo ello gracias a las cuantiosas inversiones públicas, más de 20.000 millones, y a una penosa reconversión laboral que ha supuesto una importante reducción de plantilla, más del 48 por ciento en cuatro años, con el objetivo de conseguir su viabilidad y competitividad. Ese objetivo, señor Ministro, se ha logrado.
Por esa razón, consideramos realmente escandaloso que el Gobierno pretenda deshacerse ahora de ellas adjudicándolas a otras sociedades, que puede ser que las compren con el único objetivo de hacerse con las cuotas de mercado, obtener ganancias inmediatas y salir volando en el momento de las nuevas inversiones, sin preocuparse del futuro de la comarca del Vallés y del valor estratégico que tiene la potasa en el sector de la agricultura nacional y europea.
Lo cierto es que su Gobierno, señor Ministro, no ha tomado ninguna decisión hasta el momento sobre inversiones en el Grupo Potasas, y es evidente que su Gobierno se manifiesta incapaz de garantizar una gestión rentable de la empresa pública; una incapacidad que, a nuestro entender, es consecuencia de la filosofía del Gobierno del Partido Popular, que consiste básicamente en la socialización de las pérdidas y en la entrega posterior a empresas privadas para que ellas recojan los beneficios. ¿Es esto lo que usted defiende, señor Piqué? Si es eso, habrá demostrado ser un buen enfermero de ese hospital de empresas, pero un mal Ministro, que desiste de tener como objetivo la consolidación de empresas estratégicas del sector público al servicio del interés general.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor Presidente.
¿Puedo preguntarle cuánto tiempo me queda?

El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto catorce segundos.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Necesitaría mucho tiempo para contestar a los dos temas que plantea.
Respecto a la segunda cuestión, creo que se me puede aceptar, incluso, que tenga una relación afectiva con las Potasas, entre otras cosas porque es un grupo empresarial que creo que conozco bien y al que mucha gente hemos dedicado muchísimos esfuerzos durante una temporada de nuestra vida. Estaba en una situación absolutamente ruinosa en un momento determinado, en el que se planteaba no sólo el futuro del sector de las potasas, cuya calificación de estratégico nos podría llevar a un terreno que probablemente no nos guste. Si el cloruro potásico es estratégico, ¿por qué no el sulfúrico, el ácido fosfórico o el tripolifosfato? De ahí al plan quinquenal queda muy poco.
Al margen de eso, estaba en cuestión el futuro de las potasas y el de otro sector también estratégico, desde el punto de vista económico de un país, como es el de los fertilizantes. En los dos grupos había participación pública y privada. En esa negociación, en la que dice que fui beligente, y lo fui, porque me tocaba serlo en función de mi responsabilidad, lo que se estaba discutiendo era cómo se repartía la titularidad simultáneamente en esos dos grupos. La decisión que al final se tomó fue concentrar en el sector privado el sector de fertilizantes y concentrar en el sector público el sector de las potasas. Se hizo...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Otro día, sin duda, podrá completar la respuesta. (Risas.)

--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS, RESPECTO A PLANES ANTERIORES, DEL PROGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA RENOVACION DE VEHICULOS PREVER, RECIENTEMENTE APROBADO POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000567)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el Diputado don Manuel Milián Mestre, del Grupo Popular.
Señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, llegó el plan Prever y entiendo que ha sido a satisfacción plena del sector automoción, que en España supone nada menos que el 5 por ciento del producto interior bruto.
Yo conocía perfectamente el clamor de los empresarios, habida cuenta de que exportaban gran parte de sus líneas de producción automovilística, hasta alcanzar el 80 por ciento de la cuantía de sus unidades, y, en cambio, no acababa de tirar el mercado interior.
Consecuentemente, y vista la etapa de coyuntura que significó el plan Renove, creo que ha sido un acierto plantearse una política estructural y permanente en este sentido que permitiera la animación de un mercado interior para que su consumo creciera. En este sentido, las cifras cantan. De los 216.000 automóviles que se venden en este momento en España, se calcula que este plan va a originar un incremento de más de 100.000, con lo que anualmente se va a pasar a un aumento de 350.000, por lo menos.
Pero alejándonos de la coyuntura, quisiera referirme a la estructura de la medida. Aquí hay otra filosofía que entiendo que ha sido, en algún sentido, salvadora para ciertos sectores. En primer lugar, ha habido una mayor consistencia, en el afán de motivación del consumo, por parte del Gobierno. En segundo lugar, una aplicación fáctica del programa del Gobierno en cuanto a la reducción fiscal. Está claro que las 80.000 pesetas que se aportan a la adquisición de los vehículos es algo que aligera la fiscalidad, pero está explícitamente claro que el 12 por ciento del impuesto sobre las motos de 325 y 250 centímetros cúbicos es una exención total del Impuesto de Matriculación, algo en lo que obviamente este grupo insistió, gracias a mi colega Gómez-Alba, en intervenciones anteriores, que quiero subrayar.
En tercer lugar, se profundiza en la mejora de las economías autónomas de interés evidentemente limitado. Es decir, aquí hay una clase media baja que utiliza el pequeño transporte industrial, que es el de tonelaje inferior a 7.000 kilos, que es la que sale directamente beneficiada por una medida que le favorece, puesto que aquí la renovación se puede producir en vehículos no de 10 años sino de menos, de 7 años.
Finalmente quiero referirme a la agricultura. Entrar por primer vez en el terreno agrícola y aplicar estas mismas normas con unas ventajas de subvenciones enormes para el tractor supone para España un cambio sustancial de orden estructural, porque se benefician pequeñas economías, se benefician con una aportación del Ministerio de Agricultura de 80.000 por millón de crédito hasta --entiendo yo-- el 80 por ciento del valor o el 60 por ciento del valor del tractor, lo cual supone en cinco años de crédito la reestructuración del sector agrícola español.
Mi pregunta era...


El señor PRESIDENTE: Señor Milián, ha terminado su tiempo. La pregunta ya la conoce el señor Ministro.
Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente yo comparto esta apreciación de la importancia que tiene el Plan que hemos denominado Prever para aplicarlo a los vehículos automóviles en función de varios criterios. Hay un punto de partida y es que nuestro parque de vehículos es enormemente anticuado.
Uno de cada cuatro vehículos de turismo, o sea, el 25 por ciento, tiene más de 15 años de antigüedad y uno de cada tres tiene más de diez años de antigüedad. Esto tiene unas consecuencias evidentes en términos de seguridad viaria. Tiene también unas consecuencias evidentes en términos de emisiones y, por lo tanto, afecta negativamente al medio ambiente y, al mismo tiempo, ha ido suponiendo a lo largo del tiempo un freno al dinamismo del mercado interior de vehículos en nuestro país.
Por estos motivos hemos impulsado un plan que tiene dos características que lo diferencian de los anteriores. La primera es que quiere afectar no sólo a los vehículos automóviles o industriales de una determinada dimensión, sino que se hace extensivo también a las llamadas coloquialmente furgonetas y a los vehículos de utilización agrícola y en concreto a los tractores, para lo cual estamos a punto de firmar un convenio con el Ministerio de Agricultura y afecta también por primera vez a las motocicletas por la vía de la eliminación del impuesto de matriculación.
La segunda característica diferencial es su duración indefinida, porque nos parece que si estas medidas tienen un carácter temporal pueden ser adecuadas para incentivar la demanda en un momento determinado, pero a medio plazo sólo suponen un desplazamiento de la misma y lo que nos interesa es que haya una dinámica de renovación mucho más profunda, quizá más lenta en el corto plazo, pero mucho más profunda en el medio y el largo plazo, entre otras cosas porque quiero recordar que no sabemos exactamente cuándo, pero a principios de la próxima década la actual gasolina súper ya no la vamos a poder utilizar y, por lo tanto, muchos de los vehículos que actualmente ruedan por nuestras carreteras van a tener que renovarse porque no van a poder utilizar la gasolina sin plomo.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JUAN FRANCISCO IBAÑEZ HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRIA EL GOBIERNO INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE LAS AYUDAS PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS ASTILLEROS PUBLICOS PREVISTAS EN EL PEC, QUE ESTAN SIENDO OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO ABIERTO POR LA COMISION EUROPEA? (Número de expediente 180/000568)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el Diputado don Juan Francisco Ibáñez Haro, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor Ministro de Industria, constituye una constante inquietud por parte del Grupo Parlamentario Popular la viabilidad y mejora del sector naval y, en concreto, la de los astilleros integrados dentro de la División de Construcción Naval de la Agencia Industrial del Estado.
En octubre de 1995 terminó la fase de diseño del Plan Estratégico de competitividad firmándose un acuerdo con la representación sindical.
Al acceder el Partido Popular a la responsabilidad de Gobierno notamos la ausencia de un nuevo marco de relaciones laborales que debería tener efecto desde el primero de enero de 1996 y al que en el acuerdo de octubre de 1995 los sindicatos y la Agencia Industrial del Estado se habían comprometido; asimismo, reducir en 30.000 toneladas la capacidad de los astilleros, cuestión que no se había justificado, y también las pérdidas estaban siendo muy superiores a las previstas en el Plan Estratégico de Competitividad.
Una vez puesta en marcha las solución a estos problemas, el Plan Estratégico de Competitividad contempla como medio de apoyo, al objeto de obtener resultados equilibrados en la cuenta de 1998, la concesión de un conjunto de ayudas que se situarían en el entorno de 180.000 millones de pesetas.
Las condiciones de funcionamiento del mercado único, en términos de competencia y transparencia competitiva, exigen que la cesión de estos fondos sea autorizada por la Comisión Europea. En algún caso, como en la autorización de los últimos 90.000 millones a los distintos astilleros españoles, la actitud de la Comisión de Competencia ha parecido dubitativa, sobretodo porque se ponía en cuestión la viabilidad de los astilleros, tal y como se concebía en el Plan Estratégico de Competitividad y a la luz de los últimos resultados.
En todo caso, sí se sabe que la Agencia Industrial del Estado había mantenido informada a la Comisión de manera puntual y, por otro lado, no había modificado lo ya conocido por el Plan Estratégico de Competitividad, aunque los retrasos de la ayuda generaron un conjunto de intereses financieros de planes anteriores que para mantener el propio plan estratégico había que liquidar por parte del Estado, por lo que no se sabe si lo cuestionado tiene que ver con este último asunto. Por eso, señor Ministro, le hago la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. Ha concluido su tiempo. El Ministro ya conoce la pregunta.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, cuando entramos en el Gobierno nos encontramos con una situación de partida de los Astilleros Españoles que tiene dos características. La primera es que el montante de las ayudas autorizadas está siendo cuestionado por la Comisión Europea y queda pendiente de autorización. Y, la segunda, también nos encontramos con una desviación importante de los resultados de las diferentes compañías del grupo de Astilleros Españoles, de la División de Construcción Naval, que ponían en cuestión su viabilidad y que nosotros atribuimos en buena medida a la falta de un nuevo marco de relaciones laborales --que debería haber estado vigente desde el 1 de enero de 1996 y que por diversas circunstancias no se renovó-- y también a deficiencias en la gestión y, en particular, probablemente a la falta de una política comercial más agresiva, más directa.
En estos momentos la situación por fortuna es completamente distinta.
Del procedimiento incoado por la Comisión, que ponía en cuestión las ayudas, se ha llegado ya a una propuesta de la Comisión aprobada, que esperamos que sea ratificada por el próximo Consejo de Ministros de Industria que se va a celebrar en Luxemburgo el próximo día 24, en la que se cierra ya todo el dossier de ayudas a España, tanto los 180.000 millones que estaban comprometidos dentro del plan estratégico como del orden de los 140.000 que respondían a diferentes conceptos, entre otros los intereses de demora, y que España discutía si eran ayudas públicas pero que la Comisión Europea las consideraba como tales. Este es un tema que queda totalmente cerrado y al que conviene añadir a dos elementos adicionales.
Se ha firmado un nuevo convenio colectivo que cambia el marco de relaciones laborales y que abre unas posibilidades muy positivas de desarrollo de la empresa y, al mismo tiempo, por medio de una política comercial muchísimo más agresiva, en estos momentos, ya sólo en los tres primeros meses de 1997, hemos igualado el nivel de pedidos que teníamos en 1996, están cubiertas las horas de trabajo durante 1997 y buena

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parte de 1998 y estamos a mediados de abril. Por lo tanto, me parece que se nos abre un panorama muchísimo más esperanzador.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria y Energía.


--DEL DIPUTADO DON JOSE PLIEGO CUBERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS INTERESES DEL SECTOR OLIVARERO SE RESUELVEN PONIENDOSE AL FRENTE DE LAS MANIFESTACIONES? (Número de expediente 180/000555)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 que formula al Gobierno el Diputado don José Pliego Cubero, del Grupo Socialista.
Señor Pliego.


El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Agricultura, la visita del Comisario de Agricultura de la Unión Europea a España ha marcado un punto de inflexión y ha sido decepcionante para todos, ya que ha venido a confirmar la difícil situación política en que se encuentran los intereses de nuestro país en el proceso de reforma de la OCM del aceite de oliva.
Esta grave situación, que está teniendo una fuerte repercusión social de manera particular en Andalucía, la ha despachado usted tomando como única iniciativa política desde ese momento, que yo calificaría de grotesca, el ponerse al frente de las movilizaciones que se convoquen.
Esto, señora Ministra, es una irresponsabilidad de usted y de su Gobierno, que están consiguiendo complicar aún más la difícil situación en que se encuentra el sector del aceite de oliva.
En consecuencia, le formulo la siguiente pregunta. ¿Considera el Gobierno que los intereses del sector olivarero se resuelven poniéndose al frente de las manifestaciones? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Como muy bien sabe hasta usted, señor Pliego --y lo sabe toda España--, en los últimos meses, desde el Ministerio se han realizado todo tipo de gestiones para defender los intereses del olivar español. Gestiones que han permitido, por de pronto, rechazar la iniciativa del Comisario Fischler de sustituir el actual sistema de ayuda a la producción por un sistema de ayuda al árbol --propuesta que iba a ser presentada este otoño pasado-- y plantear la nueva situación, que es la discusión de un documento de opciones, donde está la propuesta española de mejora de la actual OCM --y mantenimiento, por lo tanto, de una ayuda vinculada a la producción-- y la solución alternativa que propone el Comisario Fischler.
Señor Pliego, yo pienso acudir a esas manifestaciones, si es que se producen en unas fechas en las que me sea posible, sobre todo si son cívicas. Además, le voy a decir una cosa: Espero que usted también asista, así como compañeros suyos de partido, y de otra serie de partidos, porque yo espero que vayamos todos en esa manifestación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Pliego.


El señor PLIEGO CUBERO: Yo valoro en sus justos términos las grandilocuentes proclamas que hace usted sobre este tema. El problema es que entiendo que, más que defender la reforma, se está defendiendo de la reforma del aceite de oliva, porque usted no puede permanecer como espectadora ante la complejidad y dificultades de este tema. Usted es la responsable formal y política del Gobierno de España en estas cuestiones y lo que está en juego exige algo más que ponerse al frente de manifestaciones, porque lo que está en juego, señora Ministra, son 230 millones de olivos, 350.000 explotaciones familiares, 46 millones de jornales, 2.200.000 hectáreas que están conteniendo la erosión y la desertificación, más de 80 pueblos --sólo en la provincia de Jaén-- que dependen exclusivamente del olivar. Y esto, que corre un grave riesgo, no lo puede usted despachar poniéndose al frente e invitando a que vayamos a las manifestaciones.
Señora Ministra, tome usted iniciativas políticas serias, negocie con los países en la Unión Europea, organice un plan de trabajo con las comunidades autónomas afectadas, consiga una minoría de bloqueo. En definitiva, usted tiene la responsabilidad política de parar esta reforma y, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que le exigimos es que haga lo que estime oportuno con respecto a las movilizaciones, pero que, en cualquier caso, se ponga al frente de los intereses de España en el sector del aceite de oliva. Seguro que eso va a ser mucho más efectivo para este país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, estoy al frente de los intereses de los agricultores y de la agricultura española, porque ésa es mi responsabilidad. Lo estoy haciendo lo mejor que sé y creo que, dentro de lo que cabe, se está haciendo a satisfacción de la mayoría del sector. Yo le voy a decir una cosa: Son muchas las cosas que se han hecho y que se siguen haciendo.
¿Usted cree que sólo es una cuestión de movilizaciones, de verdad, seriamente? ¿Usted cree que es así como he parado la propuesta del señor Fischler, que es así como se está consiguiendo en este momento que haya una unidad en todos los países productores y en los grupos de trabajo y que se haya rechazado la ayuda al árbol? ¿Usted cree que es así? Se ha conseguido a base del liderazgo que está ejerciendo España en toda esta cuestión; liderazgo que ejerce esta Ministra en el ámbito del Consejo; liderazgo que --le tengo que decir-- ejerce el presidente Rodríguez Ibarra en el ámbito del Comité de las Regiones; liderazgo que está ejerciendo en el ámbito del Parlamento Europeo, por ejemplo, el señor Jové, de Izquierda Unida. Porque yo creo que esto es una cuestión que va más allá del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de Convergència i Unió o del PNV. Estamos hablando de una cuestión que interesa a todos, porque para el campo español es un interés, de verdad, de primer orden.
Usted habla de grotesco y de grandilocuente. ¿Quién ha utilizado palabras grandilocuentes? Su señoría. A mí no me gusta ese tipo de lenguaje. Lo único que yo les digo es que lo que sí sería grotesco es que ustedes pretendan seguir manteniendo unas posturas que no son distintas que las que mantenemos el resto de la Cámara. Ustedes coinciden con nosotros. Pues bien, apoyen también. Saquemos esto adelante entre todos. Yo creo que es así como tenemos que conseguirlo.
Desde luego, si estamos unidos será más fácil, porque lo tenemos muy difícil, y usted lo sabe.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Se están haciendo todos los esfuerzos necesarios y lo que parece mentira es que ustedes hagan este tipo de juegos de oportunidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS PERJUICIOS QUE PUEDE OCASIONAR EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA APLICACION DEL PLAN DE REGIONALIZACION PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS HERBACEOS PARA LA CAMPAÑA 1997-1998? (Número de expediente 180/000558)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno don Ricard Burballa i Campabadal.
Señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el 25 de mayo pasado --justamente a las puertas del período vacacional de Semana Santa-- su ministerio aprobó el Plan de regionalización productiva de los cultivos herbáceos para la campaña 1997-1998.
Este plan reasigna rendimientos en secano y en regadío. Esta reasignación se justifica por parte de los responsables del Ministerio en la necesidad de evitar sobrepasamientos y, por lo tanto, penalizaciones.
La asignación de rendimientos en regadío, tal y como se contempla en el plan, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y enviado a Bruselas, puede ocasionar, señora Ministra, graves perjuicios a algunas comunidades autónomas, entre ellas a Cataluña.
Debo añadir que en la primera asignación a la baja de rendimientos en regadío, la del día 25 de marzo, se daba la curiosa circunstancia de que en determinadas zonas de Cataluña el rendimiento de secano superaba al rendimiento de regadío. Si bien es cierto que pocos días después esta circunstancia fue corregida por el Ministerio, persiste en la actualidad, señora Ministra, la incertidumbre del sector, más si se tiene en cuenta que se cierne la posibilidad de una reducción en un 7,3 por ciento de los rendimientos unitarios de los cereales si sale adelante la propuesta que presentará el Comisario Fischler en el próximo Consejo Europeo de Agricultura.
Por todo ello, en nombre de mi grupo parlamentario, le pregunto, señora Ministra, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para paliar los perjuicios que puede ocasionar en algunas comunidades autónomas la aplicación del Plan de Regionalización Productiva de los Cultivos Herbáceos para la campaña 1997-1998?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, el nuevo Plan de Regionalización lo que pretende es evitar que mientras cientos de miles

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de hectáreas de secano se desaprovechaban hasta ahora, quedando sin recibir ayudas comunitarias, había en otras regiones españolas situaciones en que se superaban las superficies de base y, por lo tanto, se dejaba de percibir ese tipo de ayudas.
Además, teníamos un problema, que se arrastra de atrás, y es que sistemáticamente hemos venido superando la superficie de base de regadío, lo que nos ha creado una serie de penalizaciones que S. S.
conoce, y, además, tenemos siempre planeando la segunda penalización, que supone una imposición de una segunda reducción de las superficies de base en regadío, precisamente por esa superación.
Por eso, se ha hecho una redistribución en cuanto al secano, reduciéndolo en aquellas comunidades autónomas donde sistemáticamente no se han utilizado esas superficies, transfiriéndolo a aquéllas donde ha hecho falta más superficie de base en secano y modificando algunos rendimientos en secano que no se habían hecho adecuadamente --algunos benefician también a la Comunidad Autónoma de Cataluña, como muy bien sabe S. S.--, transfiriendo también 248.000 hectáreas sobrantes al regadío.
Sin embargo, nos encontramos con una cuestión, que es la limitación de la producción global, el rendimiento medio que nos ha sido asignado en su día de manera muy escasa y que sitúa a España como el país europeo con menor rendimiento medio, lo cual es absolutamente falso a todas luces, y es incierto que produzcamos menos que Portugal o Grecia, pero es con lo que nos encontramos.
Eso nos ha obligado a que, al aumentar la superficie de regadío, tengamos que rebajar los rendimientos del regadío para mantener esa neutralidad, ese tope que nos han puesto y que yo considero injusto.
Es verdad que ha habido que reducir los rendimientos en todo el regadío, incluido el maíz, y sé que eso ha producido ciertas tensiones, pero en general a ninguna comunidad autónoma se le ha producido un perjuicio en cuanto a flujos financieros posibles. Al final esto dependerá de los cultivos reales que se produzcan, y desde luego en ningún caso se ha pretendido ninguna penalización contra nadie. Esta es una primera etapa. En la segunda etapa pretendemos levantar ese rendimiento para España y colocarlo a un nivel más razonable, por ejemplo, al de Portugal, con un nivel común para toda la Península Ibérica, y que eso permitirá en una segunda etapa arreglar definitivamente también el problema del regadío, que ahora sólo lo ha sido en cuanto a la superficie, pero no en cuanto a los rendimientos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señora Ministra.
Usted sabe que nuestra preocupación era por el regadío, no por el secano, que resolvía además situaciones históricas ampliamente demandadas por muchos municipios y localidades. De todas formas, nos sigue preocupando que, a pesar de sus previsiones, se produzcan sobrepasamientos; que la falta de agua, como usted sabe, puede conducirnos, si no hay cambio climatológico en los próximos días, a una nueva oleada de sustitución de cultivos que nos lleven de nuevo al sobrepasamiento y quizás también a la penalización. Esperemos que esto no ocurra.
Señora Ministra, le pedimos que haga un esfuerzo para ir del brazo en todos los temas, y en este también, para consensuar con las comunidades autónomas. Nuestra opinión al respecto, manifestada reiteradamente en las conferencias sectoriales, ¿sabe cuál es? Que no deben pagar justos por pecadores, por utilizar una terminología acorde con las fechas en las que ustedes acaben el plan. Nuestra opinión es que debería haberse partido, para la adjudicación de rendimientos en regadío, del aprovechamiento máximo de la potencialidad de los datos históricos de referencia de cada comunidad autónoma.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.


INTERPELACIONES URGENTES

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA APLICACION DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS (Número de expediente 172/000039)

El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales al Gobierno en Pleno, que constituye el punto IV del orden del día, pasamos al punto V: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Socialista, sobre la aplicación de los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas, para cuya defensa tiene la palabra el señor Borrell Fontelles.


El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, señorías, observo que no tiene el Pleno de la Cámara el placer y el honor de contar con la presencia del responsable de la política presupuestaria del Gobierno, señor Rato, y que para una interpelación que hace referencia a la asignación de los recursos que se obtienen por privatizaciones es, cuando menos, de lamentar.
Lamento ciertamente que no esté aquí el señor Rato. Alguna razón tiene que tener por no estar, quizá relacionada con el debate que mantuvimos en el momento presupuestario y sus confusas y evasivas respuestas a

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la pregunta de cuánto recurso piensan ustedes obtener de las privatizaciones. Si repasan las actas de la sesión, observarán cómo el señor Vicepresidente del Gobierno salió por la tangente varías veces diciendo: Ya veremos las previsiones, son 450 en el presupuesto, más lo que venga de la SEPI, que no sabemos cuánto es porque todo depende de multitud de circunstancias. Circunstancias que, desde entonces hasta ahora, han venido añadiendo confusión y poniendo de manifiesto que ustedes, señores del Partido Popular, engañaron al país en su programa electoral y lo continúan engañando con especial contumacia y reiteración, día tras día. (Una señora Diputada: ¡Qué barbaridad!) Señoría, la barbaridad proviene del hecho de haber escrito en su programa electoral que el resultado de la privatización de las empresas públicas se dedicará íntegramente a la amortización de deuda y no a la financiación del déficit ni de mayores gastos. Y eso que dice su programa electoral no sé si es o no una barbaridad. Lo vienen repitiendo ustedes al mismo tiempo y, a veces, en el mismo lugar en el que Ministros del Gobierno dicen exactamente lo contrario y prometen que, con cargo a los recursos de privatizaciones, se arreglaran todos los problemas del país. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Ni vendiendo diez telefónicas, señorías, tendrían recursos suficientes para financiar las promesas que anteayer en Asturias, por ejemplo, hacen ustedes diciendo que con los recursos de las privatizaciones, ésos que tenían ustedes el compromiso electoral de dedicar a amortizar deuda, se arreglarán los problemas de las infraestructuras, la reconversión de la minería del carbón, la reindustrialización de Canarias y los problemas del medio ambiente.
¿Cuándo engañaron ustedes en este terreno de forma más consciente al pueblo español? ¿En su programa electoral o en sus declaraciones de día a día? Porque si ustedes quieren, como dijeron, dedicar el recurso que proviene de privatizaciones a amortizar deuda, hay que leer el presupuesto en la sección deuda pública, capítulo 9, y ver qué variación de pasivos financieros se produce como consecuencia de la aplicación de, al menos, los 450.000 millones que figuran en el capitulo 5. Respuesta: Cero. No hay ni rastro en su presupuesto que permita cumplir, ni siquiera formalmente, su promesa electoral.
Un manifiesto engaño que, quizá, el Vicepresidente Primero, señor Cascos, pueda aclarar, o a lo mejor el señor Piqué tenga ocasión de explicarnos el bochornoso ridículo que hace su Ministerio yendo a Asturias a proponer que con los recursos que provienen de las privatizaciones se va a financiar el plan de salvamento, reconversión o como le llamen de la minería del carbón y, 48 horas después, el señor Barea, de visita en Asturias, diga: No, no, de eso nada ¡Qué Barbaridad! Los recursos de privatizaciones se van a dedicar, como prometimos en el programa electoral --el señor Barea todavía tiene la onda cambiada y el paso al revés-- a amortizar deuda pública. ¿En qué quedamos, señor Piqué? ¿Está usted aquí, quizá, para responder a esta pregunta? ¿Les va a decir a los asturianos que lo que prometió que vendrá de privatizaciones se aplicará a lo que usted dijo, o hay que hacer más caso al señor Barea? Su promesa electoral está radical y absolutamente descalificada. Pero es que siguen ustedes haciendo promesas todos los días que son exactamente el mismo engaño. Ahora ya no va a ser amortizar deuda, ¿O sí va a ser, señor Cascos? Porque esta mañana nos lo han vuelto a repetir en la Comisión de Economía y Hacienda el señor Rato y sus portavoces. ¿Va a ser o no va a ser? Porque si no va a ser para eso tienen ustedes que explicar de qué manera el presupuesto va a soportar e instrumentar las continuas promesas que en toda la geografía española se hacen de aplicar los mayores recursos procedentes de privatizaciones a todos los males del país.
Quizá el señor Piqué está aquí también para explicarnos de qué manera y por qué razón en el presupuesto de la SEPI aparecen 115.000 millones de transferencias al Estado en el capítulo de dividendos, y en el presupuesto de ingresos del Estado estos 115.000 millones se reducen a 12.500. ¿Puede usted, señor Piqué, cohonestar estas dos rúbricas presupuestarias? ¿Puede alguien explicarnos si van a obtener 450 u 800 o un billón seiscientos mil, según lo que toque cada día explicar? Nosotros dijimos aquí, y nos tememos que es cierto, que será un billón seiscientos mil, porque están ustedes liquidando a marchas forzadas el patrimonio público para tapar los agujeros que provocan sus políticas fiscales (Risas.) Para financiar los regalos que están haciendo ustedes a sus amigos están liquidando el stock del patrimonio público a una velocidad supersónica. Un billón seiscientos mil millones de pesetas, tres veces lo que hay en el presupuesto del Estado, van ustedes a obtener de la venta apresurada, en beneficio de una nueva aristocracia financiera: la formada por los amigos del señor Aznar, que van a dejar ustedes cómodamente sentados en las poltronas de las principales empresas de este país. (Rumores.--Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Desfóguense un poco, desfóguense.
Me refería a los amigos del señor Aznar, como por ejemplo el Presidente de Telefónica, que acaba de ganar por goleada de una forma bochornosa y escandalosa al Ministro de Fomento en polémicas públicas e inútiles en el Financial Times, seguidas de cartas de contrición y propósito de enmienda; ha conseguido que los españoles vayan a pagar la tarifa de interconexión más alta de toda Europa y devaluar el activo que representa Retevisión justo antes de privatizarlo, con lo cual los españoles pagarán más por un servicio donde

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la combinación sui generis que ustedes aplican de liberalización y privatización va en contra de los intereses públicos, y recibirán menos dinero por la venta de un activo público como es Retevisión.
Ya que estamos hablando de Telefónica, ¿puede alguien confirmarme si es cierto que el Presidente de Telefónica tiene hoy un sueldo cinco veces superior al que tenía el anterior? Porque sería bueno saberlo, señorías. En un momento de austeridad salarial, en un momento donde las tarifas telefónicas se incrementan (ya sé que es una gota en el océano el sueldo del Presidente), ¿puede alguien confirmarme si el sueldo del Presidente de Telefónica hoy, privatizado, es cinco veces mayor que el que había antes con el Gobierno socialista? ¿Puede alguien explicarme si es cierto que el sueldo del Presidente de Repsol es tres veces mayor que el del señor Fanjul? Porque si eso fuera cierto, estaríamos experimentando en España el mismo fenómeno que se ha producido en Inglaterra, de los cuales son ustedes fieles émulos. En Inglaterra se ha dejado una casta de amigos del poder entronizados con sueldos de fábula. (El señor Murcia Barceló: ¡Qué barbaridad!) Sí, con sueldos de fábula, señoría. Lea el Financial Times o el The Economist, que está traducido, con sueldos de fábula, puede usted leerlo en castellano. Son personas que, después de haber liquidado masas ingentes de empleo, han utilizado las poltronas que les dejó el poder, incrementando sus retribuciones y quedándose en situación de inamovilidad con un epsilon del capital social de estas empresas.
¿Puede usted explicar --quizá sea un experto en la materia-- por qué es posible que se privatice una empresa como Telefónica y días después se modifican parámetros fundamentales de la financiación y, por tanto, de la rentabilidad de la misma? ¿Puede usted explicar por qué razón los presidentes nombrados por el Gobierno, cuando el Gobierno tenía algo que decir porque era en parte propietario de las empresas, siguen estando donde están, cuando su participación societaria es ínfima? ¿Puede alguien decirnos cuántos recursos piensan obtener de lo que está siendo, señorías, un cambio en profundidad, silencioso pero trascendental, de la estructura de poder en este país, donde empresas cuyo volumen de recursos propios, quizás más importante que la cifra de beneficios, va a ser administrado por un grupo selecto de personas cuyo único común denominador es haber encontrado en algún momento de su vida al señor Aznar? Ese grupo de personas, con su apoyo, están procediendo en España a algo más que a una privatización; estamos asistiendo a una apropiación en nombre de unos principios que suenan bien, pero que en la práctica se convierten en tarifas elevadas y que siguen los pasos que, con razón, se denuncian en Inglaterra después de veinte años de experiencia conservadora.
El binomio liberalización-privatización no es ya una polémica, es una derrota, y me temo que aquí lo será también si siguen ustedes actuando con el absoluto oscurantismo que tanto contrasta con sus exigencias de transparencia en la anterior legislatura. Llenos están los «Diarios de Sesiones» de citas reclamando transparencia en los planes y programas de privatización e intervención del Parlamento. ¿Qué sabe el Parlamento de lo que ustedes han hecho en esta materia hasta ahora? Nada. ¿No les parece una vergüenza --tiene usted otra ocasión para chillar-- (El señor Murcia Barceló: ¡Qué barbaridad!) que miembros del Consejo de Privatizaciones que han informado la privatización de Telefónica, se sienten hoy en el Consejo de Telefónica con 36 millones de sueldo al año? ¿No les parece a ustedes una vergüenza que personas que han participado en el proceso de privatización, días después se sienten en una cómoda y bien pagada regalía? ¿Es una barbaridad eso, señoría? Dígalo, porque lo es (Rumores.) No pierda oportunidad. Es una barbaridad. Son esas clases de barbaridades las que el pueblo español tiene que saber, porque por debajo de sus palabras esféricas y redondas, de ese intentar ganar tiempo para llegar a octubre de 1998, ustedes están liquidando, esquilmando el patrimonio de este país acumulado durante muchos años.
¿Cuánto van a obtener ustedes de privatizaciones, señor Piqué, señor Cascos? ¿450? ¿800? ¿Un billón seiscientos? ¿A qué velocidad? ¿Para hacer qué cosas? Porque estamos hartos de oír la cantinela de que con recursos procedentes de privatizaciones ustedes van a hacer esto, aquello, lo de más allá, todo. Pero, señorías, para hacer cualquier cosa con el dinero público tienen que venir aquí y pedir un crédito extraordinario, no pueden gastarlo aunque lo tengan si no hay rúbrica presupuestaria para ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, le ruego concluya.


El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente, y con esto concluyo. ¿Qué extraña ignorancia o qué extraño desparpajo cínico les induce a ustedes a decir que eso lo hacen con el dinero de las privatizaciones o que lo van a hacer con más dinero procedente de esta fuente, cuando se han presentado al país garantizándole y prometiéndole, y siguen diciéndolo, que solamente las usarían para amortizar la deuda del pasado? Tienen ustedes una excelente ocasión de explicarse y lamento mucho que el señor Rato no esté aquí para hacerlo.
Muchas gracias. (Rumores.-- Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Borrell.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señor Presidente, señores Diputados,

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señoría, yo creo que es de todos conocida la brillantez formal y expositiva del señor Borrell, en particular con esa especial habilidad que tiene de transformar determinadas anécdotas, y anécdotas hay muchas --yo también puedo contar muchísimas--, en categorías, y a partir de ahí ir cambiando la propia evolución argumental y el propio desarrollo de sus conceptos y sus argumentos para, al final, exponer enormes falsedades. Le voy a decir por qué me atrevo a utilizar una expresión como ésta, que, por otra parte, es tan poco suave como las que usted utiliza.
En primer lugar, en relación a lo que ha sido y lo que es la política del Gobierno en lo que se refiere al sector público empresarial del Estado, responde estrictamente a lo que dice el programa electoral del partido que da apoyo al Gobierno, y que ha sido reiterado después en muchísimas ocasiones a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, que es público, del 29 de junio, y a través --después ya daré los datos-- de múltiples intervenciones parlamentarias, y en particular una comparecencia del propio Ministro, a petición propia, creo que ocho o nueve días después de ese acuerdo del Consejo de Ministros. Es un programa, en relación al sector público empresarial del Estado, que responde a una denominación que una Diputada de otro grupo parlamentario calificaba de eufemística, pero que responde, desde nuestro punto de vista, completamente a la realidad. Es un plan que denominamos de modernización del sector público empresarial del Estado, y eso quiere decir que incluye un programa de privatizaciones que estaba comprometido en el programa electoral y estaba comprometido en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno. Pero incluye también un conjunto de actuaciones y de reformas en el ámbito de la totalidad del sector público que van bastante más allá que un programa de privatizaciones que, por otra parte, está siendo extremadamente exitoso.
Mientras usted hablaba tenía la curiosidad de saber si iba a recordar otra de sus frases brillantes, que además tuvo ocasión de dirigirme en un día que yo no podía contestar. Dijo algo así: Esto les está saliendo a ustedes muy mal porque todo lo hacen de forma muy chapucera, porque todo lo que quieren comprar sube de precio y todo lo que quieren vender baja. ¿Se acuerda de esa frase? Era muy brillante. (El señor Borrell Fontelles hace signos afirmativos) ¿Quiere que le recuerde los datos? Probablemente, usted y yo, que intentamos ser personas rigurosas, sabemos que eso responde a la evolución de los mercados, y usted y yo, que pretendemos ser personas rigurosas, sabemos que la evolución de los mercados depende de muchas cosas, pero no me negará usted que también dependen de la acción del Gobierno, y los mercados están yendo bien porque el Gobierno lo está haciendo bien y por eso están subiendo los valores, entre otras cosas, pero por eso también. (Rumores.) Aunque alguien podría interpretar que a lo mejor esa nueva tendencia al alza, que realmente es espectacular, responde precisamente a la frase brillante a la que hago referencia. En cualquier caso, sí le quiero decir algunas cosas en relación a lo que ha manifestado.
Respecto a la utilización de los recursos procedentes de privatizaciones y a la cuantificación de esas privatizaciones, hemos dicho desde el principio que el programa de privatizaciones tiene su fundamento no en la obtención de caja, no en recaudar, sino en contribuir a la modernización de la economía española. Por tanto, hay una cosa que no comparto con usted y es la calificación del binomio liberalización y privatización como una derrota. Esto me recuerda --y creo que la dignidad de la Cámara permite que lo explique-- un famoso chiste. Una persona va en dirección contraria por la autopista, está escuchando la radio y por la radio se está diciendo: Vayan ustedes con cuidado porque hay un loco que va en dirección contraria. El conductor se hace la reflexión y se pregunta: ¿Cómo uno? Son todos. Pues bien, el binomio liberalización-privatización se está aplicando en todo el mundo, y si alguna cosa ha salido derrotada es el intervencionismo y la presencia masiva del sector público en la actividad económica. De todas formas, las privatizaciones no tienen el objetivo de recaudar ni de hacer caja, y eso lo hemos dicho siempre. Ustedes sí que utilizaron las privatizaciones exclusivamente para hacer caja y financiar un déficit creciente y descontrolado que después nos ha costado muchísimo reorientar, y le puedo recordar las cifras. Ustedes, durante sus gobiernos, privatizaron 2,2 billones de pesetas, y me gustaría que me dijera si fueron a financiar el déficit corriente o fueron a financiar otras cosas.
Nosotros estamos haciendo un programa de privatizaciones porque creemos en esa filosofía y creemos también en la necesidad de utilizar esos recursos no para financiar los déficit corrientes, los gastos no financieros del Estado, sino para hacer otras cosas. Y lo hacemos por convicción y al mismo tiempo porque nosotros sí que cumplimos con las normas estadísticas derivadas de la cuantificación en términos de contabilidad nacional de las cuentas públicas, que exigen que los ingresos procedentes de privatizaciones nunca vayan a financiar el gasto corriente. Por tanto, tranquilicese S. S., no vamos a utilizar los dineros de las privatizaciones para financiar gasto no financiero o corriente del Estado. Lo vamos a utilizar, efectivamente, como usted nos ha recordado reiteradamente, para la amortización de la deuda pública, es decir, para los capítulos que no responden al déficit en términos de contabilidad nacional, al capítulo VIII del presupuesto, por tanto, a amortizar deuda pública, y para poder hacer aportaciones de capital y aportación de activos financieros que permitan la cofinanciación con el sector privado de determinadas infraestructuras.
Y lo hacemos

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con plena transparencia, consultando con la SEC y con las autoridades de Bruselas, como por ejemplo es el caso de la empresa de gestión de infraestructuras ferroviarias, y vamos a intentar utilizarlo también para hacer dotaciones de capital que permitan resolver un problema que está pendiente después de muchísimos años, y es la dependencia excesiva de determinadas zonas de nuestro país de una estructura productiva que por su propia naturaleza tiene enormes problemas. Todo esto lo vamos a hacer, insisto, con transparencia, sin que en ningún momento vaya a afectar al déficit y, por tanto, vamos a ser extremadamente rigurosos en ese punto --lo estamos siendo-- y lo vamos a reorientar hacia la amortización de deuda pública y la variación de activos financieros, sin que eso sirva, como sirvió en el pasado e hicieron ustedes, para financiar el gasto corriente.
En cuanto a la cuantificación --usted insiste--, es verdad que ha habido unas estimaciones en los presupuestos, que en el momento en que se elaboran parecen razonables, pero usted sabe igual que yo que la evolución de los mercados ha sido la que es --ha habido crecimientos muy importantes--y que en estos momentos las condiciones de esos mercados, tema que está precisamente en el acuerdo del Consejo de Ministros como elemento determinante del ritmo y del calendario de las privatizaciones, aconsejan pensar que los ingresos van a ser superiores a los que teníamos previstos y hasta incluso pensar en la posibilidad --no hay tomada ninguna decisión al respecto-- de acelerar algunos de los planes que tenemos establecidos. A partir de ahí, es plausible una previsión de ingresos por privatizaciones del orden de 1,5 ó 1,6 billones de pesetas, en el bien entendido de que no tienen por qué coincidir con los ingresos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, porque son ingresos que pasan a través de sociedades estatales, la de Participaciones Patrimoniales o la de Participaciones Industriales, que, a su vez, tienen que desarrollar su propia política en función de las empresas que le son filiales o que le son subsidiarias.
Incluso le daría una argumentación más en favor de lo que le estoy diciendo, para que, finalmente, se le quite toda inquietud. Había una posibilidad, la posibilidad de que, en virtud de las plusvalías obtenidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales en la venta, por ejemplo, de acciones de Telefónica, que podía generar ingresos impositivos, esos ingresos impositivos derivados de esa transacción se pudieran considerar como ingresos corrientes y, por tanto, que esa parte sí podía ir a financiar el déficit. Pues bien, ni esa parte va a ir a financiar el déficit. Esta contrastado con la SEC y va a ser utilizada para los otros fines que le estoy mencionando.
Como sólo me queda un minuto, déjeme hacer algunos comentarios sobre las anécdotas que usted ha mencionado. Ha mencionado, por ejemplo, la creación de una nueva aristocracia financiera, la apropiación por los amigos, etcétera. ¿Sabe cuánta gente ha acudido a la privatización de Telefónica? Casi un millón y medio de personas. ¿Sabe cuántas demandas ha tenido en el tramo minorista nacional la OPV de Repsol, que tiene seis días de vida? Quinientas mil. Si hay alguna manera de diluir el capital, de hacer eso que se llama, entre comillas, «capitalismo popular»... (Risas.) No; no se rían. Si hay alguna manera de que no se constituyan núcleos duros y accionistas de referencia, que, al final, son los que acaban afectando la política de una empresa, es precisamente a través de ofertas públicas no discriminatorias y absolutamente transparentes. Después, usted podrá decir lo que sea, podrá hablar de los sueldos, aunque le recuerdo que, según la Ley de Sociedades Anónimas, cuando una compañía es privada, quien tiene competencia para hacer este tipo de preguntas y este tipo de demandas es la junta general de accionistas, y el Gobierno no tiene nada que opinar respecto a los sueldos de compañías privadas, se lo digo con toda rotundidad. Usted puede tener curiosidad, y como a lo mejor es accionista de Telefónica, vaya a la junta general y pregunte. Podrá pensar que es mucho o poco; yo ahí no tengo un criterio determinado, desde luego, no lo tengo como Ministro, aunque pueda tener mi opinión como ciudadano.
Y, como me paso ya 21 segundos del tiempo, sólo le diré que, respecto al oscurantismo, en lo que es responsabilidad del Ministerio de Industria, y por tanto ahí no cuento las veces que han intervenido otros ministerios responsables de empresas públicas, en particular el Ministerio de Economía o el Ministerio de Fomento, se han contestado tres interpelaciones, ha habido 14 comparecencias, 10 preguntas orales y 83 preguntas escritas sobre el tema de referencia. A mí me parece que, en estos términos, hablar de oscurantismo es, como mínimo, una licencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Borrell, tiene la palabra.


El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tenía un papelón que cumplir y lo ha cumplido aprisa y corriendo. Se notaba que estaba incómodo y el tiempo se le hacía ascuas. Ha bajado usted tan pronto como ha podido. Lo comprendo, porque le han pedido a usted que se ponga delante de un toro que no es el suyo. Es usted un buen profesional, se lo reconozco, y sabe que le tengo un extraordinario aprecio en lo técnico, pero de contabilidad presupuestaria pública, nada de nada. Todo lo que usted ha dicho aquí hoy sobre los capítulos, los déficit y las deudas no tiene ningún sentido lógico, pero tenía que decir alguna cosa y ha salido como ha podido del atolladero.


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Pero yo tengo la obligación de apretarle un poco más: dígame, por favor, lo que le he preguntado antes. Usted es el Ministro de Industria, de usted depende la SEPI. ¿Cómo es posible que en el presupuesto de gastos de la SEPI haya 115.000 millones de pesetas de transferencias al Estado en concepto de dividendos y otras participaciones en beneficios, y en el presupuesto de ingresos del Estado por la misma rúbrica, de la misma fuente y del mismo origen haya 12.500 millones? No lo sabe, pues tendría usted que saberlo, porque a nosotros nos sorprende. Si puede usted contestar después, estupendo.
Quizá podría usted contestar también --e intentaré ser lógico para facilitarle la respuesta-- sí o no a la pregunta sobre si los ingresos procedentes de privatizaciones se van a dedicar a amortizar deuda. Si la respuesta es sí, dígame en qué crédito presupuestario de la sección deuda pública, capítulo de variación de pasivos financieros, aparece la cantidad correspondiente dedicada a este fin, porque no aparece, señor Ministro, cero pesetas. Sí o no. Usted ha dicho que sí pero que no, porque depende del déficit del capítulo 9 y necesidades, etcétera.
Insisto que sólo queremos saber si va dedicado a amortizar deuda pública. Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está la rúbrica presupuestaria para aplicarla? Si la respuesta es sí, díganles a todos los Ministros, usted incluido, que todos los días manifiestan que con el dinero de las privatizaciones van a hacer otras cosas, que se callen, porque el señor Barea les desmiente al día siguiente, y entre el señor Barea y yo mismo tendremos que ponerles colorados. (Risas) ¿Cómo pueden ustedes decir que es para amortizar deuda cuando todos los días los españoles se despiertan y se acuestan con la cantinela de esto lo harán con el dinero de las privatizaciones? Usted ha dicho que en Asturias lo harán con dinero de las privatizaciones, siendo desmentido al día siguiente de una forma que induce al sonrojo.
No me cuente usted historias de que no lo invertirán en gasto corriente. Usted lo ha dicho: no se preocupe, señor Borrell, que no nos lo gastaremos en gasto corriente. Faltaría más. El problema no es en qué se lo gastan; el problema es que ustedes han dicho que lo aplicarían a amortizar deuda. Pero le hago el favor de creer que lo que dijeron en el programa electoral --usted no lo hizo a fin de cuentas-- no era la verdad. Dígame cuál es la verdad de ahora. Ya sabemos que a amortizar deuda no lo van a aplicar, aunque digan que sí. Lo dicen en el Programa de Convergencia repartido esta mañana: se dedicará a amortizar deuda del pasado. Anteayer, la Ministra del Medio Ambiente decía que se dedicará a proteger el medio ambiente; antes de anteayer, el Ministro de Fomento decía que se dedicará a infraestructuras, y antes, antes de anteayer, usted dijo en Asturias que se dedicaría a reconvertir las cuencas mineras.
Supongamos que lo del programa electoral no es cierto; no se preocupe, no será la primera cosa no cierta en su programa electoral, los calcetines que el señor Molins pone a secar después de darse ustedes la vuelta llenan ya los tendederos de España entera. (Risas.) Supongamos, repito, que el programa electoral no sea cierto, dígame qué es lo cierto. Ya sabemos que a gasto corriente no va a ir el dinero de las privatizaciones, entonces, ¿a qué clase de gastos? Porque si los 145.000 millones de pesetas del capítulo VIII de gastos del presupuesto del Estado provienen de privatizaciones, tienen que decir por qué procedimiento específico, porque señor Piqué, sabe usted a estas alturas que el presupuesto de gastos se financia íntegramente con el presupuesto de ingresos sin afectación expresa de unas partidas a otras. Y si hay más dinero procedente de privatizaciones, tiene que decir por qué conducto presupuestario va a fluir y a qué finalidades.
Si sigue insistiendo en lo que ha dicho esta tarde en la tribuna, tiene que ir a Asturias a desdecirse y tienen que ponerles un poco de sordina a las declaraciones propagandísticas de los que pretenden gastarse la misma peseta varias veces.
En Francia dicen que no se puede tener a la vez la mantequilla y el dinero de la mantequilla. Ustedes pretenden tener la mantequilla, el dinero de la mantequilla y, además, ligarse a la lechera, (Risas) y eso es absolutamente inconsecuente. No les basta ya gastarse la misma peseta dos veces, sino que pretenden quedar absolutamente de simpáticos frente al país, y usted es consciente de que esto no puede ser. (Un señor Diputado: Eso es machismo) ¡Pero qué va a ser machismo, señorías! Señor Piqué, mi referencia a la liberalización y a la privatización está sacada de un libro que se titula Experiencia inglesa de privatizaciones, de Ky Thomson, la mejor obra publicada sobre la experiencia inglesa en privatizaciones. Este libro contiene una frase concreta, que yo he traducido y que dice literalmente: El conflicto entre privatización y liberalización ya no es un conflicto, es una derrota. Es una derrota porque se han privatizado monopolios públicos convirtiéndolos en monopolios privados. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros nunca hubiésemos dejado el capital de Telefónica al cien por cien. Y si volvemos al Gobierno habrá una presencia pública en el capital de Telefónica, porque entendemos que una empresa de servicio público que sigue siendo garante de un bien que crea cohesión social y territorial, no puede abandonarse a los criterios puros del mercado, y menos aún en una situación que ustedes proclaman liberal y que sigue siendo exactamente la misma de intervención regulada, y lo será durante bastante tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Concluya, señor Borrell, por favor.


El señor BORRELL FONTELLES: Concluyo, señor Presidente, con la cita de Ky Thomson, que no es precisamente

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un rojo peligroso y que usted debe conocer, y con la referencia que veo que no ha gustado a alguna de SS. SS. a un dicho popular francés que ustedes aplican con especial intensidad.
Déjeme que le diga una cosa más: el Presidente de Telefónica --el de ahora-- lo es de cuando todavía era una empresa con un 20 por ciento de participación pública. No se escude usted detrás de su condición de empresa privada hoy para decir que no sabe y que no le importa si es o no es verdad que el sueldo de ese directivo es cinco veces mayor que el del anterior. Porque este país tiene derecho a saber eso, como tiene derecho a saber si algo parecido ha ocurrido en Repsol y si estamos asistiendo al fenómeno que denuncia Ky Thomson con tanta precisión. No me hable usted de capitalismo popular, porque cada uno de los españoles que tiene cien acciones de Telefónica no pesan nada en la dirección de la empresa; ni lo hacen ni lo pueden hacer. En cambio, algunos, con un poco más, se han convertido en los dueños absolutos de un bien público privatizado y apropiado por una nueva clase dirigente que ha nacido al calor del serrallo de la Moncloa, señor Piqué.
Confírmelo o desmiéntalo. Dígame si es cierto o no lo que le pregunto, y tenga por favor, ya que a usted no le toca, la amabilidad de decirle a su compañero de Gobierno, al señor Vicepresidente, que ya que han incumplido una vez más su programa electoral vengan a la Cámara a explicarnos con tanta convicción, con tanta transparencia, con tanta claridad como estoy seguro que tienen y presumen, en qué se van a gastar el dinero de las privatizaciones. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Borrell.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Borrell, voy a empezar por darle la razón: yo no me considero un experto en cuentas públicas, tiene usted razón. Ustedes, que saben tanto, usted particularmente desde su sabiduría, consiguieron que en ningún año presupuestario en los que ustedes estuvieron en el Gobierno, sobre todo en los últimos, se cumplieran mínimamente las previsiones presupuestarias, a pesar, repito, de su sabiduría. Y no sólo eso, sino que cada vez que cambiaba el ministro de Hacienda, incluso entre sus colegas, tenía que emerger la cantidad de obligaciones presupuestarias que no se habían tenido en cuenta. Que gente como ustedes, a quienes se les descontroló de una manera extraordinaria el gasto público, vengan ahora a dar lecciones de rigor presupuestario, me causa asombro e incluso un cierto escándalo.
(Aplausos.) Yo no me considero un experto, repito, pero aunque en algún momento he hablado de gastos corrientes y de capital, lleva usted razón, y he añadido después: gastos financieros, me he estado refiriendo todo el rato a ingresos y gastos no financieros, por tanto, del capítulo I al capítulo VII, y eso es lo que sigo diciendo, y no intente usted confundir, porque vamos a utilizar los recursos por privatizaciones en los conceptos financieros que no aceptan al déficit en términos de contabilidad nacional, según la SEC. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es así. En ningún momento van a ir a cubrir déficit, que es precisamente lo que ustedes hicieron durante larguísimos años, van a ir, insisto a la amortización de deuda pública y a la variación de activos financieros y aportaciones de capital, pero no a gastos de capital, a aportaciones de capital. En cualquier caso, de nuevo ha vuelto usted a mencionar, con una cita de autoridad, este dilema de privatización versus regulación (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: No.), privatización versus privatización (Una señora Diputada del Grupo Socialista: ¡Insiste más.), liberalización. (Una señora Diputada pronuncia palabras que no se perciben.) No, no lo he perdido. Mire, usted dice con una cierta desfachatez --si me permite la palabra--: Es que ustedes privatizan monopolios públicos. Que digan esto ustedes que han formado parte de un Gobierno que ha privatizado el 90 por ciento de Repsol, que no es un monopolio, pero que está en una situación casi duopolística, que privatizó un porcentaje importantísimo de Telefónica, siendo, eso sí, un monopolio, que ha privatizado cantidades importantes de empresas sin desregular previamente el mercado y sin liberalizarlo, que digan esto ustedes, repito, a mí me causa asombro. Precisamente uno de los argumentos que hemos utilizado para no seguir haciendo algo que hicieron ustedes, que fue privatizar una parte muy importante del capital de Endesa, es: No vamos a privatizar más el capital de Endesa mientras no ofrezcamos al mercado las muevas reglas del juego. Lo que no se puede hacer es vender el 33 por ciento manteniendo una situación que de facto es monopolística y absolutamente intervenida por el Estado, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos.
Por tanto, ese dilema, efectivamente --según la cita inglesa--, puede llegar a ser cierto si lo que se hace es privatizar antes de liberalizar. Pero nosotros no estamos haciendo eso; precisamente estamos haciendo lo contrario, y ahí está el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, y ahí está el proceso de liberalización del sector eléctrico. Esto es así y creo que tampoco merece mayor discusión.
Hay una cosa que no ha mencionado en su réplica, pero sí en su intervención inicial, que me parece que también merece una cierta respuesta, pues ha dicho: Están ustedes malgastando, malvendiendo, dilapidando --no sé qué expresión ha utilizado exactamente-- el patrimonio público. Vamos a ver, si realmente hay una manera de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones

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es acumulando el ingente volumen de deuda que ustedes han acumulado.
Y lo mejor que podemos hacer para nuestras generaciones futuras es, precisamente, resolver ese tema y dejar a las generaciones futuras una situación económica y una situación patrimonial muchísimo más saneada que la que ustedes nos han dejado.
Acabo con la referencia a las cifras. La información sobre el estado de origen y aplicación de fondos de la SEPI, que está actualizada en función de la evolución de los mercados y que ya está también acorde con las cifras que están en los presupuestos, es que en el origen de fondos hay unos ingresos por privatizaciones --en la SEPI, no estoy hablando de la Seppa ni de otras posibles empresas-- por importe de 558.000 millones, unos recursos generados por la propia sociedad de 103.000 millones y una tesorería de 19.000 millones, lo que totaliza 681.000 millones. Esto va a una aplicación de fondos que es reducción de deuda del INI, que les recuerdo que también está ahí, que hay que ir amortizándola, que en algún momento llegó casi al billón de pesetas y que todavía está en los 400.000 millones; hay una parte de reducción de deuda del INI de 221.000 millones, préstamos a la Agencia Industrial del Estado y a otras empresas y aportaciones de capital por 418.000 millones y unos dividendos de 41.000 millones. Esa es la aplicación, que en cualquier caso no es obstáculo para que como cautela no se recogiera ninguna previsión de aportación de dividendos en los Presupuestos Generales del Estado procedente de SEPI y de Seppa, porque estaba en función, precisamente, de la evolución de los mercados. Me parece que a usted eso le podrá extrañar, pero no le ha extrañado a Bruselas ni a la Comisión Europea ni a la SEC. Por tanto, hay una disparidad de criterios que a nosotros no nos deja muy inquietos.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Ministro.
Señor Borrell, el turno de réplica se cierra con la réplica y la contrarréplica y no ha lugar a más intervenciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN IMPULSADO AL GOBIERNO A APROBAR UNA MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS TARIFAS TELEFONICAS PARA EL AÑO 1998 A APLICAR POR LA COMPAÑIA PRIVADA TELEFONICA, S. A., EN SUS SERVICIOS DE TELEFONIA BASICA (Número de expediente 172/000040) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Finalizado el debate de la presente interpelación, pasamos a la siguiente, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998, a aplicar por la compañía privada Telefónica, Sociedad Anónima, en sus servicios de telefonía básica. (Pausa.) Ante el retraso del Ministro que ha de contestar a esta interpelación en nombre del Gobierno, si SS. SS. están de acuerdo suspenderíamos la sesión por quince minutos. (Pausa.)

Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se reanuda la sesión.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998 a aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de telefonía básica.
Para su presentación, en nombre del grupo interpelante, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya veo que ha tenido alguna dificultad para llegar a tiempo. Conocía que tenía otras obligaciones y que iba a andar justo para estar en esta interpelación.
Dicho esto, voy a defender la interpelación que presenta mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998, tarifas que aplicará la compañía privada Telefónica en sus servicios de telefonía básica. Señor Ministro, cuando hablamos de telefonía, todavía nos parece que estamos hablando de nuestra Telefónica, de nuestra compañía pública, pero la realidad es que en este momento ya es una compañía privada y que sus intereses, por tanto, también son privados, a pesar de prestar un servicio de enorme interés público y social.
Tras la privatización total de la Compañía Telefónica, y antes de producirse la liberalización del sector --por tanto, el aumento de la competencia de la telefonía básica--, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado las nuevas medidas a aplicar por esta compañía en relación a las tarifas telefónicas, convirtiendo este servicio básico y necesario, a nuestro entender, en un producto caro o, por lo menos, que sube sustancialmente

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su precio. La Orden Ministerial de 27 de marzo ha cogido a la mayoría de los ciudadanos por sorpresa, al aprobar el Gobierno la modificación de estas tarifas justamente poco después de producirse la privatización.
Veamos y analicemos en qué consisten las medidas emanadas de la Orden Ministerial de 27 de marzo. Por un lado, tenemos la reestructuración de tarifas, que consiste en elevar el precio de algunas y rebajar el de otras. En este caso, las tarifas que suben son las urbanas, 0,25 pesetas minuto y período temporal aprobado: abril, agosto y noviembre de 1998. Se da la circunstancia de que la tarifa que sube es la más utilizada por la población, la llamada urbana. Según los cuadros de tráfico telefónico del Ministerio de Fomento de que disponemos --medido en minutos vendidos--, la llamada urbana supone, aproximadamente, un 67 por ciento del total del uso telefónico; la interprovincial, el 19 por ciento; la provincial, el 11 por ciento y la internacional y otros servicios, el 3 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Pues, sencillamente, que lo que sube es la llamada más usual, más popular, digamos, la que ocupa la mayor parte de la tarta en el sentido gráfico de la expresión. Esta llamada urbana es la que el Gobierno permite que suba un 12 por ciento, en nuestra opinión, desequilibrando el bolsillo del usuario o, quizás, aligerándoselo.
Señor Ministro, nosotros entendemos que el reequilibrio de las llamadas telefónicas --al parecer, lo que pretende hacer Telefónica es buscar un reequilibrio entre las distintas llamadas, urbanas, interurbanas, nacionales o internacionales-- no debe hacerse con subidas desproporcionadas de las llamadas urbanas --en este caso, creemos que esta subida es desproporcionada--, porque son, como decía antes, las más utilizadas por los usuarios y, también, las que ocupan el mayor ratio de la telefonía básica.
También esta orden ministerial recoge una cuarta subida orientativa de llamadas urbanas en enero de 1999. Nosotros entendemos que quizá haya algún lapsus en esta apreciación, porque, una vez liberalizadas totalmente las telecomunicaciones, el Gobierno no podrá fijar tarifas.
Explíquenos si tiene alguna fórmula para conseguirlo a partir de 1999.
La segunda parte de la subida es la de la cuota fija mensual del usuario, subida de 200 pesetas/mes más IVA, en el horizonte de agosto de 1998. Esta subida, que nosotros entendemos es totalmente regresiva y discriminatoria, penaliza las situaciones sociales de menor poder adquisitivo al tratarse de una cuota fija. No sé si el Ministro o el Ministerio entienden que es lo mismo la utilización del teléfono por parte de empresas que por parte de las famlias; no es lo mismo la utilización del teléfono por parte de personas que verdaderamente tienen necesidad de él, llámense ancianos u otro tipo de personas que necesitan tener un teléfono a mano. Con esto quería decir que las subidas aplicadas a la cuota fija son subidas totalmente injustas, porque no valoran este tipo de situaciones que son diferentes. Por eso, entendemos que no existe ninguna relación de justicia distributiva en las cuotas fijas de la telefonía. Lo que sí está claro es que, con estas próximas subidas, Telefónica se coloca entre las compañías más caras de nuestro entorno europeo, por lo menos por lo que respecta a cuota fija, y también anda cercano a ser de las más caras en lo que es el cobro por pasos.
La verdad, señor Ministro, es que con estas subidas telefónicas lo que queda muy claro es que la compañía privada Telefónica va a obtener unos beneficios importantes, unos beneficios o unos ingresos, llamémosle adicionales, que, por lo cálculos que existen, pueden ser próximos a los 38.000 millones de pesetas. Aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿Qué razones ha tenido el Gobierno para autorizar esta subida? Díganos la verdad, señor Ministro, ya que su Ejecutivo nos había anunciado meses atrás que desechaba tocar al alza los precios por su impacto negativo en el IPC. En este caso, yo creo que tendría que hacer una valoración sobre la repercusión que esta subida va a tener en el IPC.
La compañía, que acaba de finalizar este proceso total de privatización, con estas medidas que toma el Gobierno, distorsiona este proceso. Por eso, nosotros creemos que cualquier medida que se tome sobre Telefónica distorsiona el proceso del mercado, distorsiona el precio de las acciones y el proceso de su colocación.
En este sentido, ¿qué valoración hace el Ministro del Gobierno sobre esta parte que nosotros consideramos que es interesante? ¿Cree que deben mantener una postura neutra o interferir en este proceso privado? ¿Por qué se ha producido la autorización de la subida después de su privatización? Yo no sé si el señor Ministro lo que pretende con esto es facilitar la interconexión con otros operadores. Si es así, dígase, y si, al mismo tiempo, quiere mantener la primacía de Telefónica para conservar una posición estratégica dentro del mercado, díganoslo también y así sabremos a qué atenernos.
También hay que hacerse la reflexión de para qué ha servido la privatización de Telefónica y el proceso liberalizador, porque, de momento, la única consecuencia que hay clara es que hay una repercusión negativa para el usuario y, en cambio, Telefónica incrementa su activo y llena su alforja con una cifra abultada.
Para terminar, señor Ministro, quiero decir que parece que hay una satisfacción generalizada en Telefónica, en el segundo operador, también en el Gobierno, por las decisiones tomadas, pero nosotros constatamos que no existe ninguna satisfacción por parte de los usuarios en cuanto a las medidas que se han tomado, ya que el usuario va a tener que pagar más por el mismo servicio.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Sánchez.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer término, mis disculpas por el retraso que, como S.
S. sabe, ha sido por causas ajenas a mi voluntad.
Reanudada la sesión, plantea usted una interpelación sobre una cuestión que tiene extraordinario interés para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. El problema, señoría, es cómo planteamos la cuestión, si la planteamos única y exclusivamente en el ámbito español, si la planteamos en el ámbito de la Unión Europea, o si la planteamos en el ámbito planetario, porque estamos todos inmersos en un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, proceso ya acelerado después del acuerdo producido en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
Si planteáramos la cuestión única y exclusivamente en el ámbito del territorio del Estado español, algunas de las argumentaciones de S. S.
encontrarían pleno fundamento. Pero no es esa la cuestión, no se puede plantear de esa manera, desgraciadamente. La cuestión hay que plantearla, como mínimo, en el marco de la Unión Europea, y no se puede perder de vista el proceso de liberalización que, a escala planetaria, se está produciendo en estos momentos.
La legislación comunitaria, señoría, prevé que todos los países europeos se liberalicen el 1 de enero de 1998. Tres países, Portugal, Grecia y España, tenían un período de protección que les permitía mantener, por así decirlo, protegido su mercado durante un período de tiempo adicional de cuatro años. España renunció a la mayor parte de ese período para que la Comisión Europea autorizase la integración de Telefónica en Unisource. Consecuentemente, se llegó a un acuerdo con la Comisión Europea en Bruselas para liberalizar el mercado español en su totalidad, y sustancialmente en lo que afecta a la telefonía básica, el l de diciembre de 1998.
Pues bien, la legislación comunitaria prevé tres requisitos o un marco, por mejor decir, de tres coordenadas dentro de las cuales se debe producir la liberalización. Primera, garantizar la cobertura universal del servicio de telefonía básica. Segunda, definir previamente las condiciones y requisitos de la prestación de ese servicio universal y, tercera, reequilibrar las tarifas del operador monopolista. Son tres coordenadas que están perfiladas en la legislación comunitaria y dentro de las cuales se están moviendo todos los países en este momento, especialmente los que van a liberalizar el 1 de enero de 1998, básicamente Alemania y Francia, como países europeos más importantes, junto con Italia.
Todos los operadores monopolistas (en todos los países ha habido hasta ahora un monopolio, salvo en algunos que liberalizaron anticipadamente, como Gran Bretaña, Suecia, Finlandia o Estados Unidos) tienen un cierto desequilibrio tarifario, el desequilibrio tarifario de Telefónica es particularmente acentuado. Vamos a partir de la hipótesis de que liberalizamos el mercado sin proceder al reequilibrio tarifario de Telefónica, es decir, de que Telefónica tuviera que prestar el servicio de telefonía local, la llamada metropolitana, por debajo de costes.
Tendríamos, como mínimo, estos dos efectos: se quebraría su equilibrio financiero a corto y medio plazo, lo cual tendría un impacto negativo en su plan de inversiones, y habría, además, un impacto adicional que llevaría a Telefónica a una reestructuración masiva de plantilla para poder superar la situación de libre competencia. Eso en el supuesto de que iniciáramos un proceso de liberalización sin que previamente Telefónica hubiera realizado su reequilibrio tarifario. Habría un segundo efecto: no se desarrollaría, por falta de competencia, el servicio de telefonía local, puesto que, al prestarse por debajo de costes, difícilmente habría ahí competencia suficiente para continuar presionando a la baja los precios. Eso conduciría inevitablemente a una degradación del servicio de telefonía local.
Yo creo que nadie discutiría estos dos efectos --habría otros también graves e importantes-- en el supuesto de una liberalización brusca, sin reequilibrio tarifario por parte de Telefónica, que consiste básicamente en rebajar las tarifas telefónicas del servicio provincial e interprovincial e incrementar las tarifas metropolitanas o locales.
Si tomamos el ejemplo de los países que se han liberalizado ya y que llevan varios años en un marco liberalizado en lo que afecta a la telefonía básica veremos que se ha producido un extraordinario incremento de eficiencia en la prestación del servicio de telefonía en esos países, producido por la libre competencia que contrarresta los efectos negativos que puede tener a plazo inmediato la subida de las tarifas metropolitanas.
Yo le voy a poner el ejemplo siguiente: mientras que en los países con monopolios la factura típica para usuarios de negocios, es decir, para empresas, creció un 4 por ciento, en los países con libre competencia se redujo un 3 por ciento; y, para usuarios residenciales, mientras que en los países con monopolio la factura típica creció un 27 por ciento, en los países con competencia creció sólo un 3 por ciento. Esto en el período que va de 1992 a 1995. Este es el efecto de la libre competencia: incremento de eficiencia y bajada de los precios; bajada de los precios que compensa el reequilibrio tarifario que se produce.
El proceso español, dado el gran desequilibrio tarifario que padecía Telefónica, comenzó en el año 1991 y tiene, por así decirlo, tres fases: la primera fase se

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produce entre 1991 y 1994, y yo le puedo leer --no querría hacerme demasiado prolijo-- el incremento de tarifas del 14 de abril de 1991: incremento de la cuota de conexión un 19 por ciento; incremento de la cuota de abono mensual un 7 por ciento; incremento de las llamadas metropolitanas un 100 por ciento. El 14 de mayo de 1992 se producen nuevamente incrementos de la cuota de abono mensual del 6 por ciento, y el incremento de todo tipo de llamadas del 6,3 por ciento. El 22 de julio de 1994 se reduce la cuota de conexión en el 15 por ciento; se incrementa la cuota de abono mensual en un 3 por ciento; se vuelven a incrementar las llamadas metropolitanas en un 30 por ciento; se reducen las llamadas a provincias en un 34 por ciento y se reducen las llamadas internacionales con destino a los países de la Unión Europea en un 7,5 por ciento, y con destino a Estados Unidos en un 3,5 por ciento.
De la misma manera, bajo el Gobierno del Partido Popular, años 1996 y 1997, se reducen las tarifas del servicio telefónico internacional en un 15 por ciento para llamadas a la Unión Europea, en un 23 por ciento para las llamadas a Estados Unidos, y en un 13 por ciento para las llamadas a Japón y otros países. El 14 de marzo de 1997 se vuelven a reducir las tarifas del servicio telefónico internacional en un 13 por ciento para llamadas a la Unión Europea; en un 15 por ciento para llamadas a Estados Unidos y en un 7 por ciento para llamadas a Japón y otros países. Recientemente, el 7 de abril de 1997, se han vuelto a bajar las tarifas del servicio interprovincial en un 10 por ciento, 5 por ciento en el momento de la publicación de la orden ministerial, y el 5 por ciento el 1 de julio próximo.
Quiere decirse, señoría, que estamos en pleno proceso de reequilibrio tarifario para que Telefónica pueda afrontar la competencia que va a tener con el segundo operador, cuya privatización concluirá en el mes de junio del presente año, y para competir también en el ámbito de la telefonía local con los operadores de cable que van a poder prestar el servicio de telefonía local a partir del 1 de enero de 1998. Pero fíjese, señoría, que, a pesar de todo lo anterior, a pesar de ese proceso de reequilibrio tarifario que le acabo de describir desde el año 1991, el esquema tarifario español es todavía el que mayor desequilibrio presenta de toda la Unión Europea. Le doy los datos.
Mientras que la relación entre la tarifa de las llamadas nacionales y locales o metropolitanas en España es de 9,8 veces, es decir, el precio por minuto de una llamada interprovincial es 9,8 veces el precio del minuto de la llamada metropolitana, la media de los países de la Unión Europea es de cuatro veces, y específicamente en los países que ya están abiertos a la competencia, Reino Unido, Suecia y Finlandia, es de 2,1 veces. Por tanto, todavía tenemos un desequilibrio tarifario que está muy por encima de lo que es la media comunitaria. ¿Qué es lo que hace la Orden ministerial, señoría? Yo querría salir aquí al paso de una extraordinaria confusión a la que se ha inducido a la opinión pública española única y exclusivamente por motivos políticos, pero con la más absoluta falta de rigor. La orden ministerial no sube las tarifas, señoría. La orden ministerial es una norma que fija las tarifas de interconexión entre el operador dominante, que es Telefónica, el segundo operador y los operadores de cable que van a prestar telefonía local. Como quiera que Telefónica se ha privatizado con un éxito espectacular, era imprescindible lanzar un mensaje a los mercados de que el Gobierno español, hasta tanto se liberalice plenamente el mercado el 1 de diciembre de 1998, continúa asumiendo el reequilibrio tarifario de Telefónica como elemento esencial del proceso de liberalización. Eso es todo lo que establece la orden ministerial.
Por tanto, se le da a Telefónica la posibilidad, si así lo desea, de solicitar entre los meses de marzo de 1998 y el 1 de diciembre de 1998, fecha de la plena liberalización, en esos cuatro o cinco meses, un incremento de la tarifa metropolitana en tres tramos, a 0,25 pesetas el minuto en cada uno de esos tramos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Y se abre la posibilidad de solicitar un incremento de la cuota fija del abono mensual en dos tramos de hasta 100 pesetas el primer tramo y de hasta otras 100 pesetas el segundo tramo. Por tanto, son simples posibilidades que están en manos de la compañía en función de las exigencias que le plantee la competencia, que entonces será ya incipiente, y la adaptación de sus tarifas a ese esquema de competencia. Pero esta orden ministerial, señoría, no sube las tarifas, establece la posibilidad de que se suban las tarifas, porque de lo que se trata es de mandar a los mercados el mensaje de que el Gobierno, hasta tanto se produzca la plena liberalización, asume el reequilibrio de las tarifas de Telefónica como un elemento básico del proceso de liberalización.
No querría extenderme más en el análisis de la orden. El señor Presidente ya me ha hecho una primera llamada por el tiempo, pero sí voy a concluir, señoría, diciendo que Telefónica tiene todavía las tarifas muy altas en relación con la media europea en lo que afecta al ámbito provincial, interprovincial e internacional, pero continúa teniendo las tarifas muy bajas en lo que afecta a la tarifa metropolitana.
Yo le puedo dar los datos en términos de media. Actualmente, señoría, el precio por minuto en la tarifa local en España es de 5,62 pesetas.
Le voy a leer los precios de otros países. Austria, 7,55; Bélgica, 8,45; Francia, 6,69; Irlanda, 10,75; Italia, 10,05; Reino Unido, 6,45.
España tiene una tarifa metropolitana baja en relación con la media europea y, en cambio, tiene una tarifa muy alta en lo que afecta a las llamadas provinciales

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e interprovinciales. Lo mismo ocurre con la cuota fija de abono mensual. En estos momentos la cuota fija de abono mensual de Telefónica no es la más baja de la Unión Europea, es la segunda más baja; solamente Francia la tiene más baja. Pero le puedo leer las cuotas fijas de abono mensual de los países comunitarios más importantes.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, S. S. debe concluir a la mayor brevedad.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor Presidente.
Alemania, 1.815 pesetas; Austria, 1.929; Holanda, 1.747; Italia, 1.460; Portugal, 1.558; Reino Unido, 2.089 pesetas. España tiene sus cuotas en 1.242 pesetas. Con esta posibilidad de subida se colocaría, en el primer tramo, en 1.343 pesetas y, en el segundo tramo, en 1.443 pesetas, en el supuesto de que lo pidiera y en el supuesto de que pidiera la máxima subida.
Por tanto, señoría, hago dos conclusiones y termino. La Orden ministerial no sube las tarifas telefónicas, abre simplemente la posibilidad de que esas tarifas efectivamente suban, y se asume por parte del Gobierno el proceso de reequilibrio tarifario, que es absolutamente imprescindible para una gran empresa española, como es Telefónica, en un ámbito de libre competencia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted quiere vendernos que esta es una cuestión que se enmarca dentro de la legislación europea. Pero tengo que decirle que la Unión Europea no nos obliga a subir las tarifas del operador monopolista. Eso no es cierto. La Unión Europea no nos obliga.
Usted me quiere llevar a un terreno que no es el del debate. Usted parece que quiere debatir sobre privatizaciones. En este momento no estamos debatiendo sobre eso; estamos debatiendo sobre una orden ministerial que no es que suba las tarifas, pero autoriza su subida.
Sí, señor Ministro. La orden ministerial no sube las tarifas --ahí podemos estar de acuerdo--, pero autoriza a que Telefónica las pueda subir. Yo creo que este dato es innegable.
Usted ha facilitado una serie de datos comparativos en nuestro entorno europeo en cuanto a precios de distintas tarifas. Yo también tengo algunos otros que le puedo facilitar. En los precios de tarifas locales en España no llegamos por muy poco a la media, pero estamos por encima de Suecia, Reino Unido, Noruega, Holanda, Francia, Finlandia y Alemania. Usted hace un análisis comparativo de algunos países que están por encima de nosotros, pero no se olvide que hay otros que están por debajo de nuestras tarifas.
Respecto a las cuotas de conexión y abono no podrá negar que España está prácticamente a la cabeza y son casi el doble que las de cualquier país de la Unión Europea. En España la conexión y abono suponen aproximadamente 21.000 pesetas, mientras que la media de nuestro entorno europeo se sitúa en 10.000 pesetas. Este es un dato que usted no ha citado, posiblemente porque no le interesaba, pero yo se lo tengo que recordar. No obstante, señor Ministro, creo que usted esta tarde está argumentando aquí incluso en contra de su propio criterio, porque ha cambiado de opinión; en muy breve plazo de tiempo ha pasado de creer que había que mantener las tarifas, que no había que tocarlas, que no había que subirlas, a incluso defender su subida. Usted, señor Ministro, ha tenido un cierto rifirrafe con el señor Villalonga, y digo rifirrafe en el sentido de que había un desacuerdo y, al final, yo creo que ha prevalecido la opinión del señor Villalonga y no la suya.
También tengo que recordar que Telefónica utiliza algunas pequeñas trampas con los usuarios para obtener mejores resultados. La subida, que se va a articular manteniendo el precio del paso pero reduciendo su tiempo va a implicar pagar más por menos tiempo de duración de la comunicación. La segunda trampa de Telefónica consiste en que la unidad de tarificación que aplica --cuota fija de paso--, es independiente del tiempo usado; es decir, que da lo mismo hablar diez segundos que tres minutos porque, al final, el precio es similar. No es una medida justa.
En otros países aplican el precio por minuto, que es mucho más aproximado a la realidad del uso que se hace. Hay otra trampa, que yo creo la conocemos todos, y es que cuando vamos a una cabina telefónica y metemos una moneda, la cabina se queda con el cambio. Todo esto, señor Ministro, suma muchas pesetas. Creo que son truquillos que hay que erradicar, pero que con la privatización seguramente habría que normalizar. Son trucos que molestan, que a Telefónica le pueden venir bien, pero que al usuario lo sangran.
Al final, señor Ministro, creo --no sé si usted convendrá conmigo en ello-- que en el futuro la llamada urbana va a ser más cara. No sé si usted está en disposición de garantizar que, en el futuro, la llamada urbana se va a mantener y que no va a ser más cara. Ya hemos hablado antes de las compensaciones que Telefónica parece quiere introducir entre las distintas modalidades, pero --no sé lo que pensará usted-- a mí me da la impresión de que también va a subir la cuota fija. La verdad es que si la cuota fija va a subir y la llamada interurbana va a ser más cara, no me explico mucho sus palabras anteriores en el sentido de eludir la responsabilidad.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Sánchez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no se me ha ocurrido decir en ningún momento que la legislación comunitaria obliga al reequilibrio tarifario, lo que pasa es que el esquema de liberalización que impone la Unión Europea pasa por dos coordenadas. La primera, es que hay que conocer exactamente el coste de cada servicio para que no se produzcan subvenciones cruzadas y se puedan fijar precios orientados a costes. El desequilibrio tarifario, por definición, supone que con las ganancias de un servicio se están financiando las pérdidas de otro, y esa situación del monopolista --que es propia de todos los monopolios-- falsea el esquema de libre competencia; puede producir efectos muy nocivos en el esquema de libre competencia y en el equilibrio económico-financiero del operador dominante y el monopolista.
No creo que un Gobierno quiera perjudicar a sus empresas, por tanto lo que hace la legislación comunitaria es un planteamiento racional.
Puesto que vamos a liberalizar, hemos de saber cuál es el coste de cada servicio en cada país con objeto de que no se produzcan subvenciones cruzadas; es decir, subvenciones de unos servicios que tienen precios altísimos para financiar otros servicios que tienen unas tarifas muy bajas, porque eso distorsionaría el esquema de libre competencia.
Esa es la razón por la que en el momento de la liberalización y para llegar a una conclusión que consiste en conocer el coste de cada uno de los servicios, la legislación comunitaria dice a los operadores monopolistas y a los países que tienen la situación de monopolio: pueden ustedes emprender un proceso de reequilibrio de tarifas, y hasta tanto puedan ustedes ofrecer una contabilidad analítica de costes debidamente auditada donde estén claros los costes de cada servicio para poder tener una situación de libre competencia no basada en supuestos falsos.
Segundo, ha reconocido S. S. --y se lo agradezco-- que estamos por debajo de la media comunitaria en tarifa metropolitana. Es un hecho y si usted lo reconoce ya no es objeto de discusión. Sé que hay otros países que tienen la tarifa más baja que la media comunitaria pero en todo caso España es uno de ellos. Algunos de los países que usted me ha leído tienen una de estas dos circunstancias: bien son países ya liberalizados y la presión a la baja se ha producido como consecuencia de la libre competencia, o bien son países que tienen todavía monopolista y tienen desequilibrio tarifario. Una de esas dos situaciones es verdadera en cualquiera de los ejemplos que S. S. me ha puesto.
Tercero, no confunda S. S. la cuota de conexión con la cuota fija de abono mensual. La cuota de conexión sí es alta en España. No es mucho más alta, pero es alta en relación con la media comunitaria; no así la cuota fija de abono mensual que es otro concepto completamente distinto. Ahí salvo Portugal, que tiene 1.100 pesetas, somos en este momento el segundo país de cuota fija de abono mensual más baja con 1.242 pesetas. Todos los demás países de la Unión Europea están por encima de esa cuota fija de abono mensual.
Cuarto. Señoría, no he cambiado de posición en ningún momento. Las tarifas urbanas en España llevan congeladas desde el año 1994 y la opción era: ¿cuándo autorizaba el Gobierno el reequilibrio tarifario y en qué momento se hacía o se formalizaba públicamente? Hemos estado discutiendo con Telefónica, señoría, no el reequilibrio tarifario; lo que hemos estado discutiendo muy a fondo con Telefónica son las tarifas de interconexión. Esa es la pugna con Telefónica, porque Telefónica quiere unas tarifas de interconexión muy altas y si queremos propiciar un esquema de libre competencia gradualmente introducido en el mercado español de la telefonía, hemos de poner unas tarifas de interconexión razonables pero que permitan el juego de la competencia al segundo operador y a los operadores de cable. Ese es el conflicto con Telefónica, no ha habido en ningún momento conflicto por las tarifas metropolitanas, porque el Gobierno sabe que hay desequilibrio tarifario. El problema con Telefónica es, única y exclusivamente, en el momento de fijar las tarifas de interconexión, que a Telefónica en estos momentos le parecen bajísimas y teóricamente no buenas para la compañía como operadora monopolista. Al Gobierno y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones les ha parecido que son unas tarifas de interconexión razonables y son razonables porque dan margen a lo que pretenden, a una situación de competencia que presionará a la baja los precios del teléfono.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le ruego vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Concluyo, señoría.
En definitiva, el problema es el siguiente: o se cree que un esquema de libre competencia aunque sea gradualmente introducido como en el caso español --si bien en un breve período de tiempo--, presiona a la baja los precios del teléfono o no se cree que un esquema de libre competencia presione a la baja los precios del teléfono. Le puedo decir que en todos los países que han liberalizado se ha producido una baja muy significativa de los precios del teléfono y en España se va a producir también una baja de los precios del teléfono; ya se está produciendo en determinados servicios, como consecuencia del reequilibrio tarifario. Ya veremos si, a mediados del año que viene o en el momento de la plena liberalización, Telefónica considera oportuno y necesario plantear al Gobierno esa subida, que en todo

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caso es máxima, de las tarifas metropolitanas y de la cuota fija de abono mensual, en un período que va de marzo a diciembre de 1998.
Veremos cómo afronta Telefónica ese proceso de competencia restringida que entonces se estará empezando a desarrollar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, antes de entrar en materia --y no es por hacerle un reproche a usted, pero sí al Gobierno--, quiero señalar que, por razones que no son achacables a usted mismo, no ha estado aquí a la hora que debiera, y lo cierto es que podía haberle sustituido otro miembro del Gobierno, como ha sucedido en la legislatura anterior. Sin embargo, no queremos llevar más lejos este pequeño reproche, a pesar de que si hubieran sido ustedes nos hubiéramos enterado del ataque y la crítica dura que hubieran llegado al ministro correspondiente.
Fuera de eso, señor Ministro, ha puesto mucho énfasis en la explicación que ha dado, aunque sinceramente no me ha convencido, y no porque yo pertenezca a la oposición; no me ha convencido porque creo que los argumentos que usted ha facilitado y la explicación que viene en la orden ministerial a que hace referencia la interpelación no son los más adecuados.
Usted dice que no se suben las tarifas. No se suben, no, se autoriza a subirlas a cualquier telefónica. Ustedes no dicen que la misma orden ministerial a que usted hace referencia, la publicada el 27 de marzo de 1997, habla de que se autorizará a Telefónica de España, entre el 1.º de enero y el 1.º de marzo, a subir las tarifas. Se autorizará a Telefónica de España a incrementar lo que es la cuota de abono mensual; es decir, hay una autorización explícita en esta orden ministerial de incremento de tarifas y de incremento de cuota de abono mensual. Eso lo dicen ustedes, no lo digo yo.
Señor Ministro, en materia de telecomunicaciones estamos observando que se adoptan medidas legislativas de mayor o menor rango, en este caso ha sido una orden ministerial, que obedecen, desde nuestro punto de vista, a la improvisación, en unos casos, y a la defensa de intereses particulares, en otros casos concretos, más que a una auténtica política estructurada, dimensionada y plasmada en el tiempo, tal y como nosotros hacíamos y ustedes criticaban de la manera tan virulenta que lo hacían, pero nosotros sabíamos a dónde íbamos y yo en este momento, sinceramente, no lo sé.
Señorías, lo digo porque de nuevo nos encontramos con otra decisión del Ministerio de Fomento, articulada mediante la fórmula de una orden ministerial, que tiene indudable repercusión social y que por mucho que consideremos es necesaria en algunos aspectos no deja de ser, desde nuestro punto de vista, injustificable y rechazable en otros. Tengo la impresión de que esta vez la partida se la ha ganado Telefónica a usted, y ésa es la triste gracia, que esta vez ha sido el presidente de Telefónica el que le ha ganado la batalla.
Efectivamente, no se trata de un problema de tarifas urbanas, provinciales, interprovinciales o internacionales, es un problema de tarifas de interconexión. Lo que aquí estamos hablando supone un problema bastante más complejo y en el que juegan otros factores, no sólo Telefónica de España sino otras empresas. Por ello, señorías, señor Ministro, nos parece bastante oportuna esta interpelación, porque vamos a empezar a discutir sobre un tema que va a afectar no sólo a Telefónica sino también a otras empresas que van a tener competencia en materia de telefonía básica.
En la exposición de motivos de la citada orden, señor Ministro, es donde debiera hacerse constar la necesaria justificación, y veo que en esa exposición de motivos en modo alguno se plantea por qué razón se produce la modificación tarifaria ni por qué razón se reglamentan de tal manera las tarifas de interconexión. Incluso es posible que ustedes no se acaben de creer la procedencia de que se planteen las cosas de esta manera, porque hay un hecho cierto: si esta medida fuera tan buena lo que sí tengo claro es que la publicidad que ustedes están haciendo en el tema de las tarifas internacionales la ampliarían a otro tipo de tarifas, porque es cierto que ustedes son unos artistas muy importantes a la hora de llevar a cabo la publicidad de sus medidas, y cuando uno enchufa la televisión o escucha la radio lo primero que oye es la publicidad y la propaganda de la bajada de tarifas internacionales, pero no de otros elementos a que hace referencia la orden ministerial que tratamos ahora.
Entre otros aspectos, de la citada orden ministerial es llamativo que justifiquen la publicación de la misma hablando de la coordinación e interconexión de redes de telecomunicación, cuando ya en junio de 1996, a través del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, se creaba la figura del segundo operador. A continuación dicen que se hizo así porque --y cito textualmente lo que dice la orden ministerial-- la urgencia de su creación es evidente, y constituía una de las razones que justificaron la utilización de esta técnica legislativa. Es decir, resulta urgente constituir el segundo operador en junio de 1996, estamos en abril de 1997 y todavía no sabemos quién va a ser el segundo operador, mejor dicho no sabemos qué socios técnicos y financieros va a tener el segundo operador que va a acompañar a Retevisión en esta aventura.
Es bueno que se prevea la forma más correcta de avanzar en la coordinación de redes y en la interconexión de infraestructuras fijando las correspondientes

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tarifas, pero ¿ustedes creen que se puede hablar de interconexión de redes sin conocer cuáles van a ser las redes que se van a interconectar? ¿Ustedes piensan que se pueden fijar tarifas de interconexión oyendo sólo a una parte y no a las demás, que es lo que están ustedes haciendo con esta orden ministerial? Llevamos varios años oyendo en esta Cámara que nosotros somos unos tibios en el proceso liberalizador o que no creemos en él, porque la verdad es que sus portavoces nos han fustigado de manera muy dura con esa afirmación, y que ustedes son los adalides de este proceso; pero les guste o no tendrán que admitir que ustedes están yendo contra su propio pensamiento. Me explicaré, al menos, déjeme poner un ejemplo.
Toda la protección que no querían dar a Telefónica en la Ley del Cable, y que ha costado muchos debates, se la están dando a través de la fijación de estas tarifas, y no para ahora mismo, que es desde hace muy poco una empresa enteramente privada, sino que ya le dan un anticipo de lo que puede hacer en 1998. Si esto lo llegamos a hacer nosotros, no sé cuál hubiera sido su reacción. Imagino que usted tendrá mejores datos que yo para plantear cuál hubiera sido su reacción y mejor justificación, de acuerdo con los planteamientos que tenían hasta este momento.
Con independencia de justificar lo injustificable de la adopción de esta medida de incremento tarifario, sobre lo relacionado con las tarifas de llamadas internacionales, llama la atención a mi grupo el poco rigor que se reconoce en la propia exposición de motivos respecto al cálculo de costes y a la compensación del posible déficit de acceso que puede tener Telefónica de España. Da la impresión de que la improvisación y la precipitación están presentes en esta orden ministerial, porque yo le preguntaría: ¿Piensan que es serio decir que las tarifas de interconexión, en todo caso, se han fijado con arreglo a un cálculo de costes realista? ¿O que se ha procedido a compensar el posible déficit de acceso de Telefónica de España? Estas afirmaciones me dan la sensación no sólo de cierta inseguridad o de insuficiente estudio de la contabilidad de costes, sino también de desconocimiento de datos elementales para adoptar medidas económicas que tienen indudable repercusión social. Señor Ministro, ¿no le parece que si se hubiera estudiado la contabilidad de costes de Telefónica sabríamos si existe o no déficit de acceso? Creo que no se ha hecho, porque ustedes mismos ponen la duda encima de la mesa.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo, señor Presidente.
Después se verá cómo se sufraga y quién lo sufraga; pero, en principio, creo que hubiera sido necesario saber qué pasaba con la contabilidad de costes para plantear la Orden ministerial de fecha 18 de marzo de 1997 que ustedes han publicado el 27 de marzo del mismo año.
Señor Ministro, me gustaría indicarle algunas cosas más, pero voy a hacer caso a la llamada del Presidente interrumpiendo mi intervención a la espera de que en unas próximas fechas o en próximos tiempos podamos discutir y profundizar más en este debate.
De cualquier manera, voy a estar pendiente, el Grupo Parlamentario Socialista va a estar pendiente de la moción subsiguiente a esta interpelación y veremos hasta qué punto se clarifican o no esas dudas que todos tenemos, al menos el grupo interpelante y el Grupo Socialista, sobre esta orden ministerial y sus consecuencias negativas para el futuro de la competencia y para el futuro del marco tarifario.
Espero que en esa moción podamos colaborar a que ustedes se aclaren para ver cuáles son los pasos más adecuados a dar en el futuro en relación a este problema.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad. En primer lugar, quiero agradecer al señor Ministro el esfuerzo que ha realizado para estar hoy con nosotros respondiendo a esta interpelación y no haber permitido que otro miembro del Gobierno se ocupara de esta cuestión que afecta a su ministerio y por la que tiene especial interés. Le agradezco que haya hecho todos los esfuerzos por llegar aquí, sabiendo todos que venía de viaje y que era difícil llegar.
En cualquier caso, creo que después de la intervención del señor Ministro en su triple vertiente, tanto hablando de la liberalización del régimen tarifario, tanto en el ámbito europeo como en el mundial, y la necesidad, por supuesto, del equilibrio tarifario de Telefónica, y también de la subida de las tarifas telefónicas durante los últimos diez o doce años, sobran muchas de las cuestiones que se podrían plantear, y creo que están prácticamente contestadas todas las cuestiones que se han suscitado en este debate.
Sí querría resaltar algunas intervenciones que se han producido a lo largo de esta tarde por parte de algunos portavoces. Estamos hablando de la situación tarifaria de Telefónica y de una situación de monopolio, que tengo que decir es heredada. Algunas veces parece que el Gobierno del Partido Popular, que lleva unos cuantos meses --todavía no llega al año--, es el que ha provocado todas estas cuestiones, y me gustaría resaltar que partimos de una situación heredada de monopolio de una compañía telefónica porque el Gobierno

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anterior, durante trece años, ha sido incapaz, no ha querido, no ha podido o no ha sabido llevar a cabo una liberalización de la telefonía que, sin ninguna duda, hubiera beneficiado a los ciudadanos. Tenemos un precedente, que es la telefonía móvil, lo único que está liberalizado en España en este momento, es en el único sector de la telefonía que hay competencia y que, sin duda -- y está a la vista de todos los ciudadanos--, ha traído una mejora de precios, tanto en las tarifas de interconexión como en el precio de los aparatos, y también en la calidad del servicio.
Por tanto, señorías, entiendo que a ustedes les cueste trabajo apoyar o apostar por las medidas que está adoptando el Gobierno y los pasos que está dando porque van encaminados a una liberalización que ustedes no han querido realizar durante mucho tiempo, y es lógico que estén en contra de estas cuestiones.
Hablábamos de las tarifas de interconexión. Si queremos una competencia real y efectiva hay que fijar unas tarifas de interconexión porque, como ustedes saben, la redes de Telefónica tendrán que usarlas también otros operadores alternativos para que puedan hacer competencia. Por tanto, éste o cualquier Gobierno tiene la obligación de fijar unas tarifas de interconexión que permitan una competencia efectiva antes de la plena liberalización en el año l998.
Por otro lado, y para ir finalizando, plantea usted que se ha hecho una subida de las tarifas. Ha dicho el señor Ministro en su intervención anterior que simplemente se trata de una previsión; es una previsión para que a la compañía Telefónica, en sucesivos años, se le pueda autorizar, mediante el procedimiento legalmente establecido (a ustedes siempre se les olvida acabar las frases) una posible subida de tarifas.
No significa que se hayan subido las tarifas mediante esta orden ministerial sino que Telefónica podrá solicitar dicha subida, en cuyo caso el Gobierno en ese momento se decantará por la subida de tarifas que determine. Ahora lo único que se hace es una previsión; una previsión que beneficia, sin ninguna duda, a la compañía Telefónica.
Telefónica, hoy más que nunca, es una compañía de muchos españoles, después de la privatización --como se ha dicho esta tarde-- millón y medio más de personas son propietarios de la compañía Telefónica; por tanto, el Gobierno apuesta por la compañía Telefónica, pero sin perjudicar la competencia. Por ello, se han adoptado unas medidas precisas para que exista competencia efectiva en el mercado, competencia que, sin ninguna duda, va a mejorar la calidad y los precios y, por otro lado, para que la compañía Telefónica pueda competir no sólo con los operadores que estén en España sino también, como decía el Ministro, con lo que nos venga de fuera, porque a partir de 1998 vamos a competir con otros operadores muy fuertes que ya están operando en otros países. Creo que es importante que todos tengamos esto en cuenta.
En cualquier caso, para finalizar, sólo decirles que toda la política del Gobierno se dirige siempre a la contención de los precios con respeto absoluto a la iniciativa privada. El Gobierno y el Grupo Popular desean una reducción de las tarifas de la compañía Telefónica y del teléfono en general, y creemos que la mejor terapia para tarifas elevadas es la competencia. En ese sentido, el proceso de liberalización que está impulsando el Gobierno y por el que estamos apostando, con toda seguridad, tendrá efectos positivos en cuanto a las tarifas y redundará, también, en la mejora del buen servicio, que ya está prestando hoy la compañía Telefónica Nacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Mato.
Finalizado el orden del día de hoy, la sesión se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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