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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 79, de 24/04/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI LEGISLATURA Núm. 79

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 76

celebrada el jueves, 24 de abril de 1997

ORDEN DEL DIA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-- Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (número de expediente 130/000018) («BOE», número 87, de 11 de abril de 1997) (Corrección de error: «BOE», número 94, de 19 de abril de 1997) (Página 3834)

-- Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril, por el que se aprueba el Programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (número de expediente 130/000019) («BOE», número 87, de 11 de abril de 1997) (Página 3852) * * * * * *

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-- Real Decreto-Ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las Comunidades Autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 (número de expediente 130/000020) («BOE», número 90, de 15 de abril de 1997) (Página 3852)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 26.1, de 26 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000024)(Página 3862)

-- Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 22.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000011) (Página 3874)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 32.1, de 3 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000030) (Página 3879)

-- Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 34.1, de 17 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000032) (Página 3891)

-- Proyecto de Ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 36.1, de 24 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000033) (Página 3904)

-- Proposición de Ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 6.1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000005) (Página 3927)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

--Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1993 y resoluciones adoptadas por la misma (número de expediente 250/000002) (Página 3927)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 3834)

Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Página 3834)

En nombre del Gobierno interviene el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo), para presentar a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley por el que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expone que el Real Decreto-ley consta de siete artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria, e introduce dos cambios en el tratamiento tributario de los inmuebles que son objeto de revisión catastral, con el fin de eliminar lo que ha venido a denominarse en terminología popular los efectos del «catastrazo». Destaca que las reformas aprobadas en este Real Decreto-ley operan en el campo de la fiscalidad inmobiliaria porque la mayor parte de las familias españolas tienen como único bien su vivienda, por lo que estas medidas, como las anteriores que afectaban a la valoración

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de bienes inmuebles, tienen una extraordinaria incidencia en la vida económica y social del ciudadano medio. Añade que la revalorización de los inmuebles de un municipio se hace de acuerdo con las características físicas del inmueble, con las condiciones urbanísticas del suelo y con la evolución del mercado, pero en ningún caso se tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Considera que la revisión produce aumentos de valor catastral absolutamente lógicos e indiscutibles como consecuencia del tiempo transcurrido entre cada una de las revisiones, pero esta lógica se quiebra al incorporarse el nuevo valor de manera íntegra y de golpe, lo que provoca en los contribuyentes el aumento de la base tributaria en el Impuesto de Bienes Inmuebles de un día para otro, en porcentajes altos, sin que su capacidad económica haya aumentado necesariamente entre los momentos anterior y posterior a la revisión. A esto hay que añadir que la evolución del mercado y de las condiciones urbanísticas son absolutamente ajenas a la voluntad del contribuyente y nada tienen que ver con su capacidad económica. Manifiesta que el actual Gobierno es firmemente partidario de que los movimientos en la fiscalidad sean moderados, huyendo de saltos bruscos y sorprendentes. Pone de relieve que en las revisiones aprobadas en el primer semestre de 1995 el aumento medio fue del 70 por ciento, y en las correspondientes al primer semestre de 1996 el aumento promedio fue del 68 por ciento. Además, si se contempla la cuestión desde el punto de vista municipal, se puede constatar que los ayuntamientos también han sido, en cierta medida, víctimas de toda esta operación, desde el momento en que, como sujetos activos del impuesto, no tenían otro instrumento para evitar la subida convulsiva de las bases que el posible descenso del tipo de gravamen.
Asimismo se pregunta si la autonomía municipal no quedaba también ampliamente condicionada.
A continuación recuerda a la Cámara los debates que se han producido sobre este problema en el Congreso de los Diputados, llegando a estar todos de acuerdo en que era necesario estudiar la posibilidad de adoptar medidas para diluir en el tiempo el impacto de los incrementos medios de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles derivadas de una revisión de los valores catastrales. Expone que la primera medida de reforma que plantea el Gobierno es diferir los aumentos en la tributación del IBI, evitando que la subida del valor catastral, que es justificable legal y técnicamente, se traslade de forma súbita al recibo del impuesto. El instrumento técnico ideado ha sido introducir que la base liquidable se determine minorando el nuevo valor decretado para cada inmueble, con una reducción individualizada en función del incremento del valor. Esta reducción irá disminuyendo de forma paulatina en partes iguales durante diez años, provocando que durante ese período la base liquidable incorpore por décimas partes y de manera escalonada el aumento del valor.
De esta forma los contribuyentes percibirán el valor catastral de una forma moderada, ordenada y conocida a lo largo de un horizonte de diez años; los ayuntamientos se verán liberados del problema social que provocaba la revisión y su puesta en práctica inmediata y de golpe y, a su vez, la autonomía municipal saldrá favorecida.
Se extiende en la explicación del contenido del Real Decreto-ley, poniendo ejemplos prácticos y haciendo una valoración de los efectos que se van a producir. También informa a la Cámara de que el proyecto ha sido reflexionado conjuntamente entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, habiendo sido informados preceptivamente tanto el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria como la Subcomisión de Régimen Económico y Financiaciero de la Comisión Nacional de la Administración Local.
Plantea finalmente a la Cámara la necesidad de la utilización de la fórmula del real decreto-ley como vehículo jurídico para instrumentar la reforma, necesidad que surge de la voluntad del Gobierno de lograr que sus efectos se produzcan ya en las revisiones de este primer semestre de 1997, de no paralizar las revisiones catastrales y de no prolongar la aplicación de unas normas tributarias deficientes técnicamente, injustas socialmente y generadoras de conflictividad ciudadana.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor Vicepresidente Segundo del Gobiernop y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo), duplicando el señor Caldera Sánchez-Capitán.
En turno a favor de la convalidación interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando el señor Martínez-Pujalte López.
En turno por alusiones intervienen de nuevo los señores Caldera Sánchez-Capitán y Martínez-Pujalte López.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez,

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del Grupo Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Navas Amores, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley, se aprueba por 172 votos a favor, 141 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se aprueba por 313 votos a favor y uno en contra.


Real Decreto-ley 6/1997, de 9 de abril, por el que se aprueba el Programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (Página 3852)

El señor Presidente expone a la Cámara el escrito del Gobierno en el que se solicita el aplazamiento del debate sobre el Real Decreto-ley 6/1997, por el que se aprueba el Programa Prever, con base en el requerimiento del Parlamento de Canarias para la emisión del preceptivo informe en plazo suficiente para someterlo de nuevo a convalidación. Se aprueba por asentimiento.
Asimismo, el señor Presidente solicita de la Cámara el aplazamiento, en primer lugar, de la finalización de los trabajos de la Subcomisión de estudios sobre sistemas privados de previsión social hasta el 31 de mayo del presente año y, en segundo lugar, de los trabajos de la Comisión de investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria hasta el 26 de mayo del presente año. Se aprueba por asentimiento.


Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 (Página 3852) Presenta en nombre del Gobierno el Real Decreto-ley el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). Manifiesta que se trata en realidad del último paso para que el nuevo modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado dia 23 de septiembre del año 1996 y, posterioremente, en la Ley de Presupuestos, entre en vigor, limitándose a hacer una exposición de los antecedentes que han llevado a la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se establecen los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y que se distribuya entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para una cuestión de orden interviene la señora Aroz Ibáñez.
Continúa el turno de fijación de posiciones con las intervenciones de los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Echániz Delgado, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica o rectificaciones intervienen la señora Aroz Ibáñez y el señor Homs i Ferret Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, se aprueba por 174 votos a favor, 137 en contra y dos abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 3862)

Proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social (Página 3862)

En turno a favor de las enmiendas intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme) y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Griñán Martínez, del Grupo

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Parlamentario Socialista, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, son todas ellas rechazadas.
Se someten a votación los artículos, disposiciones y exposición de motivos correspondientes al proyecto de ley, según el dictamen de la Comisión, que son aprobados.


Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española (Página 3874)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Se someten a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el voto particular del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que son rechazados.
Sometido a votación el texto de la proposición de ley orgánica, según el dictamen de la Comisión, se aprueba por 303 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación final de conjunto, dada su naturaleza de orgánica, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3879)

Proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Página 3879)

Presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arena Bocanegra). Manifiesta que, a lo largo de su historia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha ido acomodando con eficacia demostrada a las sucesivas modificaciones sociales y políticas, por lo que el Gobierno considera inaplazable la necesidad de establecer un marco legislativo nuevo para la regulación de dicha inspección que se acomode con mayor rigor al principio constitucional del Estado de las autonomías.
A continuación hace una relación de los pasos dados en la consecución de la ley y expone los principales objetivos de la misma: la adecuación al Estado de las autonomías, la modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un mayor perfeccionamiento legislativo, mayores garantías jurídicas del ciudadano ante la Inspección y su homologación con otros sectores similares de la Administración del Estado, como la administración tributaria, reforzando su mutua coordinación. Asimismo se resuelve la indefinición legal en que se encuentra el cuerpo de controladores laborales, integrándolo en el nuevo cuerpo de subinspectores de Empleo y Seguridad Social. Resalta que el proyecto, en todo caso, lo que persigue es la definición del sistema de inspección acorde con los mandatos de los convenios números 81 y 29 de la OIT ratificados por España. Explica que el modelo de inspección que adopta el proyecto de ley es único e integrado, que concibe la función inspectora como ejercicio compartido entre las administraciones del Estado y las comunidades autónomas, en la línea declarada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 3 de octubre de 1991 y de 28 de noviembre de 1996, entre otras. En opinión del Ministro el proyecto de ley supera ampliamente el actual régimen de convenios de colaboración en materia de inspección de trabajo; proporciona a cada comunidad autónoma las facultades de dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; crea una autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dota al sistema de cohesión, de unidad técnica de criterio y de dirección; da un nuevo enfoque funcional de la inspección basado en la especialización, la programación de actuaciones y el trabajo en equipo, y refuerza también el carácter nacional del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el régimen convenido en el funcionamiento de la inspección. Por todo ello, solicita de la Cámara su colaboración para perfeccionar el texto en lo posible, buscando siempre que la Inspección de Trabajo se consolide como el valioso instrumento que ha sido en el pasado y que, sin duda, mejorará de cara al futuro con este proyecto de ley.
En defensa de la enmienda de totalidad interviene la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En turno en contra de la enmienda de totalidad defendida, interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
Replica la señora Lasagabaster Olazábal, duplicando el señor Azpiroz Villar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Calleja de Pablo, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que las votaciones tendrán lugar a partir de las ocho de la tarde.


Proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas (Página 3891)

Presenta el proyecto de ley la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) Manifiesta que la norma que se somete a la consideración de la Cámara persigue tres objetivos: primero, delimitar las especialidades procesales del Estado de forma clara y sistemática; segundo, definir nítidamente el servicio de asistencia jurídica al Estado y sus entes institucionales y, tercero, establecer la organización básica del servicio jurídico del Estado. A continuación explica cada objetivo en particular y las medidas adoptadas al efecto en el proyecto de ley, que consta de catorce artículos agrupados en tres capítulos. El primero de ellos, el de la asistencia jurídica al Estado, regula el asesoramiento y la representación y defensa de los entes públicos a que afecta, entendida en su doble vertiente consultiva y contenciosa. El segundo, normas específicas sobre representación y defensa en juicio del Estado, contempla los supuestos de contraposición de intereses entre distintas administraciones o entidades públicas, las relaciones entre éstas y los miembros del servicio jurídico, así como las actuaciones ante el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Jurisdicción Militar o procedimientos arbitrales. El proyecto de ley se cierra con disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales que complementan adecuadamente la extensión de su aplicación.
Por último, muestra su convicción de que con este proyecto que el Gobierno trae hoy a la Cámara se proporciona el adecuado marco jurídico a una función que lleva desarrollándose en el sector público por más de cien años, pero que precisaba de una adaptación rigurosa al sistema jurídico constitucional, haciendo más eficaz la misión encomendada a las administraciones públicas y el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos.
En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen los señores Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de réplica interviene el señor López-Medel Bascones.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Muñoz, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos (orgánica) (Página 3904)

Para la presentación en nombre del Gobierno del proyecto de ley, interviene el señor Vicepresidente Primero del gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). Manifiesta que el proyecto de ley que tiene el honor de presentar ante la Cámara se propone regular las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos con los fines siguientes: ordenar el derecho de acceso de todos los medios de comunicación a los estadios y recintos deportivos; asegurar el acceso gratuito de la mayoría de los espectadores a los acontecimientos deportivos más relevantes por razones de interés general; reconocer el derecho de todos los operadores a acceder en régimen de competencia leal a las retransmisiones deportivas en la modalidad de pago por consumo; garantizar la estabilidad del deporte profesional, particularmente del fútbol profesional, y atribuir a las comunidades autónomas las competencias derivadas del ordenamiento estatutario en materia de deportes y de medios de comunicación.


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A continuación explica el contenido de estos objetivos y añade que el proyecto de ley se sitúa en línea con la posición que mantiene la Resolución del Parlamento Europeo sobre las retransmisiones de acontecimientos deportivos de 22 de mayo de 1996, pasando a detallar el contenido de dicha resolución. Señala que el proyecto de ley incorpora en sus artículos 4 y 5 la posición señalada de las instituciones europeas, que pasa a detallar, y reitera de manera explícita la disposición del Gobierno a buscar acuerdos sobre el órgano a quien corresponda definitivamente aprobar el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, si así lo proponen algunos grupos parlamentarios en sus enmiendas.
Se refiere a continuación al Tribunal de la Defensa de la Competencia y a sus resoluciones y opina que con la normativa del proyecto de ley se establecen las condiciones para la libre competencia de operadores y se cumple el imperativo establecido en el artículo 38 de la Constitución.
Añade que el proyecto de ley en su conjunto, al despejar todas las incertidumbres que afectan al ejercicio de todos los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, como fuente principal de ingresos directos de los deportes profesionales, ofrece un panorama despejado de litigios y polémicas y, con ello, un horizonte mucho más claro de estabilidad para el mundo del deporte profesional.
Concluye su intervención diciendo que el proyecto de ley es plenamente respetuoso con las competencias que las comunidades autónomas tienen en el ámbito de la radio y la televisión; es necesario y oportuno, y es un texto abierto a la participación de todos los grupos parlamentarios, dentro del respeto a unos principios que se resumen en un compromiso a favor de la libertad de información de todos los medios de comunicación, a favor del interés general de los telespectadores españoles, a favor de la libertad de empresa y de la leal competencia entre todos los operadores, sin privilegios ni marginaciones, a favor de la estabilidad del deporte profesional y a favor del desarrollo competencial de todas las comunidades autónomas del Estado español.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo, interviene el señor Alcaraz Massats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Replica el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández), duplicando el señor Alcaraz Massats. Interviene en un segundo turno el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia.
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Nieto González.
Replica el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández), duplicando el señor Nieto González.
Intervienen en sucesivos turnos el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia y el señor Nieto González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria: González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández de Troconiz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular.


Proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias (Página 3927)

El señor Ríos Martínez interviene, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para anunciar la retirada de su enmienda de totalidad con texto alternativo.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas de totalidad presentadas a los proyectos de ley debatidos, que son rechazadas.


Informe anual sobre la Cuenta General del Estado (Página 3927)

Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1993 y resoluciones adoptadas por la misma (Página 3927)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Touriño, del Grupo Parlamentario Socialista, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General

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del Estado correspondiente a 1993 y resoluciones adoptadas por la misma, se aprueban por 247 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 5/1997, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES , Y SE ESTABLECE UNA REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Número de expediente 130/000018)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica parcialmente la Ley 39, de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Para la presentación del decreto-ley en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente Segundo, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): En nombre del Gobierno presento a la Cámara la convalidación del real decreto-ley por el que se modifica parcialmente la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El real decreto-ley consta de siete artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Este decreto-ley que se somete a la Cámara introduce dos cambios en el tratamiento tributario de los inmuebles que son objeto de revisión catastral y el objeto político de los mismos, quiero decirlo desde un principio, supone la eliminación total de los efectos de las subidas súbitas en los valores catastrales, lo que ha venido a denominarse en terminología popular los efectos del catastrazo.
Más allá del contenido técnico de las modificaciones, la desactivización de los efectos causados por las revisiones catastrales representa un paso más en el cambio de concepción de nuestra Hacienda pública, conducente a hacer compatible el principio de suficiencia con la superación de planteamientos fiscales agresivos y con la vocación permanente de considerar a los contribuyentes como auténticos ciudadanos que necesitan tener horizontes tributarios estables y con las menores variaciones posibles. Las sucesivas aproximaciones a esta nueva concepción de la Hacienda que está realizando el Gobierno desde su asunción de responsabilidades, permitirán que nuestra fiscalidad deje de constituir una rémora para el ahorro y la inversión, contribuyendo así a la generación de la confianza necesaria para el óptimo desarrollo de la actividad económica.
Es importante destacar, señorías, que las reformas aprobadas en este real decreto-ley operan en el campo de la fiscalidad inmobiliaria. Creo que todos somos conscientes de que la mayor parte de las familias españolas tienen como único bien su vivienda, y para que la Cámara se haga una idea de cuál es la repercusión social de los impuestos que afectan a la vivienda, como probablemente muchas de SS. SS. conocen, diré que hay 23 millones de unidades urbanas en nuestro país y que aproximadamente 13 millones de familias son propietarias de su vivienda. En consecuencia, tanto esta medida como las anteriores que afectaban a la valoración de bienes inmuebles tienen una extraordinaria incidencia en la vida económica y social del ciudadano medio.
La realización del proceso de revisiones de valores catastrales ha provocado en el pasado un alto grado de rechazo social que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación e incluso en nuestros propios municipios. El rechazo social tenía su origen en el fuerte impacto tributario que ocasionaba, así como por las circunstancias que caracterizaban este fuerte impacto. Es evidente que no resulta fácil encontrar un ejemplo más claro de actuación administrativa que haya provocado un grado semejante de conflictividad social y hay que reconocer que un breve análisis del modelo que ahora vamos a reformar explica con claridad el origen del conflicto y justifica, desde luego en opinión del Gobierno claramente, la necesidad de este real decreto-ley.
Como SS. SS. saben, la revisión de los valores en un municipio implica revalorizar todos sus inmuebles de acuerdo con tres principales conceptos. El primero, las características físicas del inmueble; el segundo, las condiciones urbanísticas del suelo y, el tercero, la evolución del mercado. Estos tres conceptos se aplican siempre de acuerdo con la normativa estatal de valoración y, como SS. SS. saben y yo quiero aquí reiterarlo, en ningún caso en estas revisiones catastrales se tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente,

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que se desconoce por parte de los responsables del catastro.
La revisión produce aumentos de valor catastral absolutamente lógicos e indiscutibles como consecuencia del tiempo transcurrido entre cada una de las revisiones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y debido a las variaciones reales, medidas a través de índices, que se producen en dos de los tres parámetros que he mencionado, es decir, en las condiciones urbanísticas y en la evolución del mercado. Ambos parámetros, como es natural, evolucionan a lo largo del tiempo de manera no previsible por el contribuyente, pero sí con efectos claramente económicos sobre el valor de los inmuebles. Ahora bien, esta lógica revalorización de inmuebles se quiebra en la incorporación del nuevo valor a la tributación que se producía, hasta la aprobación de este real decreto-ley, de manera íntegra y de golpe, en un solo ejercicio y, por tanto, provocaba en los contribuyentes el que vieran aumentar su base tributaria en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de un día para otro, en porcentajes altos, y en muchos casos que mencionaré posteriormente extraordinariamente altos, con la consiguiente subida del importe del recibo fiscal y, lo que resultaba aún más preocupante, sin que su capacidad económica hubiera aumentado necesariamente entre los momentos anterior y posterior a la revisión, lo que claramente ha restado credibilidad social al proceso y a la subida impositiva.Y SS. SS. son plenamente conscientes de que la evolución del mercado, de las condiciones urbanísticas, son absolutamente ajenas a la voluntad del contribuyente y nada tienen que ver con su capacidad económica, salvo en el caso de que se realice el bien.
Como se sabe, y desde luego este Gobierno es firmemente partidario de ello, las tendencias más actuales de la sociología tributaria recomiendan que los movimientos en la fiscalidad sean moderados, huyendo de saltos bruscos y sorprendentes. Y si en una hacienda pública democrática esta recomendación es aplicable con carácter general, todavía lo es mucho más en un tema como el de los impuestos que gravan los bienes inmuebles, que gravan manifestaciones económicas pero no realidades económicas en la renta de los contribuyentes y que, además, estas manifestaciones económicas, aunque se hagan a través de un procedimiento objetivo, responden a índices, signos y medidas administrativas que simplemente ponen de relieve estimaciones que después pueden verse o no confirmadas por el mercado en el momento de la realización de los inmuebles.
Pues bien, en nuestro Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde por las razones expuestas, y en opinión del Gobierno, es aconsejable que se produzca una evolución prudente de sus bases, los contribuyentes españoles afectados por las revisiones catastrales de los últimos años se han encontrado, señorías, con un aumento medio de la tributación del 78 por ciento de un día para otro. Concretamente, en las revisiones aprobadas en el primer semestre de 1995 el aumento medio fue del 70 por ciento, y en las correspondientes al primer semestre de 1996 el aumento promedio fue del 68 por ciento. Ahí claramente --como creo que todas SS.
SS. pueden comprender-- está el origen de la conflictividad social que ha rodeado las revisiones catastrales y que, sin duda alguna, era imprescindible reformar.
Además, si contemplamos la cuestión desde el punto de vista municipal, nos encontramos con que los ayuntamientos también han sido, en cierta medida, víctimas de toda esta operación desde el momento en que, como sujetos activos del impuesto, observaban con preocupación el proceso de subida convulsiva de las bases del mismo, sin otro instrumento para evitarlo que el posible descenso del tipo de gravamen. Pero ante subidas del orden de los ejemplos que he puesto de manifiesto, es decir, superiores al 70 por ciento, la modificación del tipo de gravamen sólo podría ser útil mediante descensos también claramente convulsivos, y aun así la utilidad era sólo parcial e incompleta, porque ni se compensaba a todos los contribuyentes cuyos valores subían ni se hacían en la proporción del aumento de valor sufrido.
En opinión del Gobierno, dos son claramente las reflexiones que sugiere el modelo que en este momento --si SS. SS. respaldan el real decreto-ley-- va a finalizar. En primer lugar, cabe preguntarse si el aumento convulsivo de la base, el posterior descenso convulsivo de los tipos y, en consecuencia, el movimiento también terriblemente convulsivo de las cuotas, se compadecen con un ejercicio razonable, ordenado y coherente del poder tributario. En este sentido, parece claro que ni razones de técnica tributaria elemental ni la experiencia suministrada por el desarrollo de las revisiones efectuadas en el pasado, avalan la oportunidad del modelo que hasta ahora venía aplicándose desde 1988.
En segundo término, y también con la experiencia acumulada, cabe asimismo preguntarse si la autonomía municipal de la gestión tributaria del IBI no resultaba afectada por las previsiones del modelo según el cual, para no sufrir un proceso pernicioso de aumentos muy altos de la presión fiscal municipal, los ayuntamientos tenían que variar el tipo impositivo en un ejercicio determinado sin que su voluntad política hubiera sido consultada para ello; tenían que cambiarlo en sentido descendente obligatoriamente, de una manera significativa y casi en una proporción predeterminada en función de la subida del catastro. De este análisis se desprende claramente que en el orden de la autonomía municipal ésta quedaba ampliamente condicionada.
Ante esta situación quisiera recordar a la Cámara que ha habido debates anteriores sobre este problema en el Congreso de los Diputados y, en concreto, una moción aprobada unánimemente en diciembre de 1995 en la que textualmente se dice: Del mismo modo,

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manifiesta el Congreso de los Diputados la necesidad de que se estudie la adopción de medidas para diferir en el tiempo el impacto de las modificaciones medias de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles derivadas de una revisión de los valores catastrales. Y también quiero recordar --quizá sea útil para el debate-- la moción del Grupo Socialista de la misma fecha, que en su punto c) decía --y hay que ver la influencia que tuvo esa moción en la redacción final de la que fue aprobada por unanimidad-: Del mismo modo, manifiesta --el Grupo Socialista-- la necesidad de que se estudie la posibilidad de adoptar medidas para diferir en el tiempo el impacto de los incrementos medios de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles derivadas de una revisión de los valores catastrales.
Ante esta situación y ante este consenso político de la Cámara, la primera medida de reforma que plantea el Gobierno parece obligada, es decir, diferir los aumentos en la tributación del IBI evitando que la subida del valor catastral, que es justificable legal y técnicamente, se trasladara de forma súbita al recibo del impuesto. El instrumento técnico ideado ha sido introducir la base liquidable, que se determinará minorando el nuevo valor decretado para cada inmueble, con una reducción individualizada en función del incremento del valor.
Quiero recordar a SS. SS. que la cuota no depende de la legislación estatal y que, por tanto, parece que el camino elegido debe ser afectar a criterios tributarios que dependen de la voluntad de esta Cámara. Esta reducción irá disminuyendo de forma paulatina en partes iguales durante diez años, provocando que durante ese período la base liquidable incorpore por décimas partes, y de manera escalonada, el aumento del valor. De este modo, los contribuyentes percibirán que el valor catastral dado a sus inmuebles se incorpora a la tributación de forma moderada, ordenada y conocida a priori a lo largo de un horizonte bastante amplio, como son diez años, en el marco de una hacienda pública que abandona los planteamientos agresivos en su relación material y formal con los contribuyentes.
Pero también desde la óptica municipal la reforma contenida en el real decreto-ley ofrece la ventaja de liberar a los ayuntamientos del concepto social que provocaba la revisión y su puesta en práctica inmediata y de golpe. A su vez, elimina el condicionamiento material de su autonomía que encorsetaba su política de tipos impositivos. Por el contrario, a partir de ahora, repartiendo en diez años por décimas partes la subida de la base que anteriormente se producía de forma íntegra en uno, los ayuntamientos podrán decidir con absoluta y auténtica autonomía su política de tipos impositivos, como clara y democráticamente les corresponde. De manera adicional debe valorarse la importancia que supone conocer con diez años de antelación la evolución que van a seguir las bases tributarias y la oportunidad que se presenta para diseñar una política tributaria a medio y a largo plazo.
Además de esta medida de incorporar en diez años los efectos que tiene la revisión catastral y dejar a los ayuntamientos la total autonomía para fijar su política de tipos, el decreto-ley incorpora una segunda medida que ataja otro problema existente. Hasta ahora, la súbita, y en muchos casos brutal, subida de la carga fiscal que sufrían los contribuyentes en las revisiones, no acababa en el momento de la revisión catastral, sino que continuaba a lo largo del tiempo, con sucesivas subidas en frío decretadas anualmente al actualizar de modo automático en las leyes de presupuestos los valores catastrales con un coeficiente aprobado por el Gobierno, un coeficiente igual para todos los inmuebles en España y para todos los municipios. Es importante que SS. SS. tengan presente esto.
Voy a ponerles un ejemplo. Un contribuyente que tuviera un inmueble con un valor inicial de 10 millones de pesetas, con una revisión que supusiera un aumento promedio de más del 70 por ciento, vería que su nuevo valor catastral pasaba a ser de 17.800.000 pesetas en un solo ejercicio. Desde entonces, el efecto acumulativo de la actualización de los coeficientes automáticos a lo largo de diez años le llevaría a una base tributaria de 23 millones de pesetas. Es decir, un contribuyente que tenía un inmueble con un valor de 10 millones de pesetas, que probablemente podría haber sido el valor que pagó por ese inmueble, que respondía a su capacidad económica y que, en el año siguiente a la compra del inmueble, su municipio realizara una variación del catastro, en diez años se encontraba con que estaba pagando impuestos municipales y estatales sobre una base tributaria de 23 millones de pesetas. Eso se había producido, en su mayor parte, de golpe en un solo año. En opinión del Gobierno, y entiendo que de los grupos parlamentarios que respaldaron la moción del año 1995, parece exagerado aumentar anualmente en esas cuantías lo que ya fue aumentado en la revisión. De aquí la razón de la segunda modificación que introduce el real decreto-ley.
Además, sobre el mecanismo de actualización anual automática, parece claro que deben hacerse, al menos, dos objeciones. La primera es claramente de carácter técnico. Actualizar todos los valores catastrales multiplicándolos por un mismo coeficiente equivale a aplicar una ficción, según la cual en España existe un único mercado inmobiliario con una absoluta homogeneidad interna. La realidad es que en España no existe un único mercado inmobiliario, de lo que todos somos conscientes, sino que existen multiplicidad de mercados, incluso dentro del mismo municipio, que ofrecen en su interior una gran heterogeneidad, por lo que aplicar a todos ellos el mismo coeficiente de actualización para subir anualmente sus valores catastrales es, sin más, una operación deficiente desde el punto de vista técnico. Sería igual que si aplicásemos el mismo catastro a todo el territorio nacional,

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que es lo que de hecho se hace con el mismo coeficiente a partir de la revisión catastral.
También, después de este gran defecto técnico que tiene la revisión anual, hay una segunda objeción de carácter más social, más relacionado con la realidad de los ciudadanos. Desde el punto de vista de la equidad, con esta manera de actuar se está actualizando en la misma proporción el valor de un inmueble lujoso, ubicado en un municipio con un mercado emergente, y el del inmueble en una situación ruinosa, ubicado en un mercado claramente en regresión. He puesto dos ejemplos extremos, pero creo que SS. SS. entienden que revisar anualmente por un único coeficiente todos los inmuebles en España, supone abandonar cualquier previsión de equidad que, por otra parte, es la que trata de reflejar las revisiones catastrales que realiza la Administración del Estado periódicamente.
Esta subida anual del valor catastral, que en opinión del Gobierno es deficiente técnicamente e injusta socialmente, representa aumentar todos los años la carga tributaria del IBI, pero también de otros impuestos donde el valor catastral tiene efectos directos, como es el Impuesto sobre la Renta, o bien efectos inducidos, como los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones. Es decir, que tras la primera subida brusca y espectacular de más del 70 por ciento de los valores catastrales, se va produciendo una subida anual, injusta y errónea técnicamente, que traslada sus efectos no sólo a la carga impositiva local sino a otros impuestos que afectan al contribuyente.
En el orden expuesto, el decreto-ley introduce una reforma enérgica, pues determina que a los municipios revisados a partir de su entrada en vigor --que por tanto afecta ya a las revisiones que se realicen en este año porque, como SS. SS. saben, las revisiones catastrales se realizan semestralmente y la correspondiente al primer semestre de 1997 se hará en el mes de junio--, a los municipios que van a revisarse en 1997, les afectan las revisiones que se aprueben, y los valores catastrales ya no podrán actualizarse en las leyes de presupuestos. Con esta medida se evitan los dos efectos que he descrito anteriormente (técnico y social), que decretan administrativamente una situación que puede no responder para nada a la realidad del mercado.
Si volvemos al ejemplo anterior, que quiero recordar a SS. SS., de un inmueble por un valor inicial de 10 millones de pesetas y una revisión catastral promedio que lo eleva a 17.800.000 pesetas, esa revisión catastral, con el nuevo sistema, alcanzaría al inmueble sólo al final del décimo año, a base de aumentos anuales de 780.000 pesetas. Además, al no aplicarse la revisión anual del coeficiente en la ley de presupuestos, se produciría una mejora en la situación del contribuyente del orden de cinco veces con respecto a la del sistema anterior.
Desde el punto de vista municipal --y creo que esta Cámara también tiene que tener en cuenta esto--, en los municipios que se revisen a partir de la entrada en vigor del decreto-ley la actualización anual automática de los valores resulta innecesaria, ya que el crecimiento anual de su recaudación en el IBI vendrá proporcionado por la disminución escalonada de la reducción y el correlativo aumento de su base liquidable global a lo largo de diez años. Y desde la perspectiva de los contribuyentes, el mantenimiento de la actualización automática hubiera supuesto una doble presión al alza en su factura fiscal del IBI, con consecuencias en el conjunto del sistema tributario que ya he mencionado.
En otro orden de cuestiones, el calendario de aplicación de las reformas que introduce el decreto-ley tendrá un desarrollo de carácter sucesivo, siguiendo la propia mecánica de los procesos de ejecución de las revisiones catastrales, de modo que los diversos municipios se irán incorporando de forma progresiva y creciente al modelo de reforma conforme vayan siendo objeto de revisiones catastrales. Se puede ver fácilmente la incompatibilidad, por dificultades de orden técnico y jurídico, entre una aplicación simultánea de la medida de reforma --y, por tanto, con carácter retroactivo a todos los municipios-- y un proceso de revisiones que desde 1992 se viene ejecutando de manera sucesiva, una vez que entonces se comprobó y reconoció el fracaso cosechado en 1990, al intentar hacerlo simultáneamente en todos los municipios de España. En todo caso, de la existencia de municipios revisados con la normativa tributaria anterior es claro que responden aquellos que tomaron la decisión.
La instrumentación de estas dos reformas que incluye el presente real decreto-ley, señor Presidente, se realiza en los aspectos de gestión catastral, es decir, en el valor y base, sin afectar al ámbito propio de las competencias municipales, que es el tipo de gravamen, las exenciones y bonificaciones. Pese a lo cual, y debido a la importancia que el IBI tiene para las haciendas municipales, de cuyos ingresos representa un porcentaje medio aproximado del 16 por ciento, el proyecto de reforma ha sido reflexionado conjuntamente entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha tenido conocimiento del proceso de maduración de medidas. Un vez que las ideas de esta reforma estaban en fase de suficiente madurez, han sido preceptivamente informados de las mismas tanto el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria como la Subcomisión de Régimen Económico y Financiero de la Comisión Nacional de la Administración local.
Quisiera en este sentido dar a la Cámara alguna información. Desde el punto de vista de las consultas, ya a partir de noviembre de 1996 se mantuvo la primera reunión con la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la cual se discutieron los principales cambios que incorporaba este real decreto-ley, y una segunda reunión se mantuvo en febrero. A raíz de estas reuniones, de la segunda especialmente, se decidió crear un grupo de trabajo conjunto

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entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Economía y Hacienda para estudiar la modificación de las normas de valoración que preocupan a los municipios, y lo que todavía es más elocuente, con la participación del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, que, como SS. SS. saben, es un órgano consultivo de la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que están representados los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
En ese sentido, quisiera leer a la Cámara el acta número 1 del año 1997 de dicho Consejo, al cual asistieron, entre otros, el ilustrísimo señor don Julián Sánchez Pingarón, Director General de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el ilustrísimo señor don Joan Rangel y Tarrer, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la cual había un orden del día con un punto primero titulado «Análisis del proyecto de reforma parcial mediante el establecimiento de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles», y un punto segundo titulado «Informe del Director General del Catastro respecto a las iniciativas previstas en relación a la normativa de valoración de bienes inmuebles». Las conclusiones de esta reunión fueron, entre otras, una opinión favorable y unánime sobre el planteamiento general de la reforma, el diagnóstico de la situación y los problemas a resolver. Por tanto, este real decreto-ley no sólo cuenta con el respaldo político inicial al menos de esta Cámara en las mociones unánimes del año 1995, sino que además cuenta en este mismo año con el consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las comunidades autónomas desde las instituciones en las cuales se ha discutido y consensuado el contenido de esta reforma.
Finalmente, señor Presidente, quisiera plantear ante la Cámara la necesidad de la utilización de la fórmula del real decreto-ley como vehículo jurídico para instrumentar la reforma, necesidad que surge de la voluntad del Gobierno de lograr que sus efectos se produzcan ya en las revisiones de este primer semestre de 1997 y la misma parte de una doble condición: por un lado, el indudable requisito municipal de no paralizar las revisiones catastrales y, por otro, la necesidad social de no prolongar la aplicación de unas normas tributarias deficientes técnicamente, injustas socialmente, y generadoras de conflictividad ciudadana.
Resulta indudable que se daba el requisito de urgente necesidad exigido por el artículo 86 de la Constitución para la promulgación de un decreto-ley, para el cual el Gobierno propone hoy su convalidación. Como es natural, la Cámara es soberana no sólo en su convalidación sino en sus decisiones posteriores sobre su tramitación.
En resumen, señor Presidente, creo que con la propuesta del Gobierno venimos a resolver un problema que afecta a millones de españoles, que ha tenido hasta ahora incidencias importantes desde el punto de vista de la protesta social, que consta de consensos políticos importantes al menos en legislaturas anteriores, que consta también de claros consensos sociales e institucionales y viene a resolver un problema en beneficio del contribuyente y también en beneficio del respeto a la autonomía municipal. Creo, señor Presidente, que con las explicaciones dadas se justifica la propuesta del Gobierno y la utilización del real decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señorías, señor Rato, este decreto-ley constituye una grave decisión que afecta de forma injusta a la mayoría de los contribuyentes españoles.
Usted va a pasar a la historia, si este Parlamento no lo remedia, como el autor del contracatastrazo, segunda fase de la contrarreforma fiscal (Aplausos.--Protestas.) que tiene un único objetivo: beneficiar no a todos por igual, como usted pretende decirnos aquí esta mañana, sino de forma muy superior a un pequeño porcentaje de la población, justamente aquel que dispone de mayor capacidad económica.
Señor Rato, no hay nada mejor que un simple ejemplo. Imaginemos, señorías, que después de una revisión catastral un contribuyente ve aumentada en diez mil pesetas su cuota anual en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, que en diez años tendría que pagar cien mil pesetas.
Por el mecanismo reductor que usted propone ese contribuyente se va a ahorrar, a lo largo de los diez años, cuarenta y cinco mil pesetas. Usted dice que le beneficia, claro que sí.
Segundo contribuyente: la revisión catastral sólo le afecta en mil pesetas más de cuota; en los diez años en lugar de pagar 10.500 se va a ahorrar 4.500 pesetas. Ambos se ahorran el 45 por ciento, pero uno, el A, el próximo al señor Rato, se mete en el bolsillo 40.000 pesetas, y otro, el B, el no próximo al señor Rato, como le demostraré, se mete en el bolsillo sólo 4.000 pesetas. ¿Esa es su justicia distributiva? (Rumores.) ¿Así entienden ustedes el reparto de las cargas? (Aplausos.--Protestas.) Señor Rato, no nos gusta, a ningún demócrata le puede gustar, el modo en que su Gobierno toma decisiones. Las adoptan sobre el principal impuesto que nutre las arcas de las entidades locales, el Impuesto de Bienes Inmuebles, ignorando el respeto que constitucionalmente está establecido en torno a las autonomías de los ayuntamientos. Por éstas y otras decisiones ustedes parecen dispuestos a convertir los ayuntamientos españoles en una administración residual, y

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se lo digo de otro modo. Tomaron ya una primera decisión que les quitaba ingresos: rebajar la cesión de suelo obligatorio de aquellos promotores inmobiliarios que antes daban el 15 por ciento y ahora sólo dan el 10 por ciento. Primera decisión en contra de la suficiencia financiera de las entidades locales. Y ésta de hoy que, si no lo remediamos, le demostraré a usted que va a provocar un descenso en los ingresos de los ayuntamientos.
¿Y qué es lo único que se le ocurre decir a usted? Pues que ha dialogado con la legítima representación de la FEMP. Señor Rato, en la exposición de motivos del decreto-ley ¿usted sabe lo que se dice? Que han sido expuestos a la Federación Española de Municipios los objetivos de este decreto-ley. ¿Expuestos en qué galería, señor Rato? ¿Cómo podemos admitir que los legítimos representantes de los ayuntamientos a quienes se les modifica sustancialmente una de sus principales fuentes de ingresos vean expuesta simplemente por parte del Gobierno la naturaleza de la reforma? ¿Qué es esto? ¿Es que se pueden dictar ucases de obligado cumplimiento sin tener en cuenta los intereses de aquellos a quienes se dirigen? No nos gusta, señor Rato, no nos gusta nada que consideren al Parlamento como una finca particular (Rumores.), como un cortijo donde pueden comportarse como quieran; (Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) sí. El abuso del decreto-ley es ya intolerable.
(Protestas.) No podemos aceptar más trágalas, señorías; no podemos.
¿Dónde está, usted no lo ha justificado, la extraordinaria y urgente necesidad para este decreto-ley? Esto es muy importante, señorías.
Estamos hablando de legislación excepcional. (Rumores.) ¿Dónde están las circunstancias que exige el Tribunal Constitucional para la utilización de esta vía, aquellas que son imposibles o difíciles de prever para justificar este decreto-ley? ¿Dónde se halla la inmediata modificación de la situación jurídica preexistente que exige el Tribunal Constitucional, si estas medidas, como ha reconocido el señor Rato, no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 1998? ¿No hubiéramos dispuesto de posibilidades para un debate sereno, sosegado, en sede parlamentaria, mediante el correspondiente proyecto de ley? El Tribunal Constitucional tiene dicho que las bonificaciones tributarias, y ésta es una medida similar a una bonificación tributaria, necesitan reserva de ley. Sólo por esas razones es imperativa su tramitación como ley en este Parlamento.
Además, señor Rato, se rompe una práctica de cerca de cinco años en los cuales este Parlamento ha venido debatiendo y consensuando acerca de la naturaleza del catastro. Ahora me dirijo a usted, señor Homs. ¿Van ustedes a permitir que ahora se rompa esta vía de consenso y diálogo? ¿Van ustedes a aceptar este atropello a los derechos de la Cámara, o van a compartir con nosotros la necesidad de que se tramite como proyecto de ley? Porque usted entenderá muy bien, igual que el resto de los grupos, que debemos participar en la decisión de una medida tan importante para la salud financiera de nuestros ayuntamiento.
¿Sabe usted, señor Rato, que su grupo tiene presentada una proposición no de ley pidiendo un debate sobre la materia? No respeta ni a su propio grupo (Rumores.); una proposición no de ley presentada en el Registro de esta Cámara que esperábamos haber visto materializada para poder opinar sobre ella.
Con este decreto, señorías, quieren reducir los impuestos a unos pocos ciudadanos cuando se revisen los valores de sus inmuebles, de modo que a quien más deberían pagar más se les reduce el pago en los próximos diez años. No nos gustan, por tanto, señor Rato, las medidas clientelares; no nos gustan. No nos gustan las medidas para beneficiar a amigos en términos políticos (Rumores.); no nos gustan. Ya conocemos su experiencia en materia de ingeniería fiscal, pero en este caso sus medidas irán a las costillas de los ayuntamientos españoles. Y no nos gusta, señor Rato, aquello que no se corresponde con la realidad. ¿Cómo se califica en castellano cuando se afirma lo contrario de lo que ha ocurrido? Como faltar a la verdad, mentir. Pues no nos gusta que se falte a la verdad. Y la exposición de motivos de este decreto-ley y de su exposición falta a la verdad, porque plantea que ha habido saltos bruscos; saltos, dice usted, inadmisibles en la tributación en el proceso de revisión de valores catastrales. Y no ha sido así, salvo claro está en Oviedo. No sé si le suena a usted lo que hizo el ayuntamiento de Oviedo, gobernado por un correligionario político suyo. Repito, no ha sido así salvo, claro está, el caso de Oviedo.
Desde 1993, señorías, se han revisado 10 millones de inmuebles en España . ¿Sabe usted cuál ha sido la subida media del valor catastral? Lo ha dicho correctamente, el 78 por ciento, señor Rato. Pero vamos a las cuotas, que es lo que pagan los ciudadanos. Sólo el 15 por ciento de ellos tuvieron una subida notable. El 50 por ciento, no llegó la subida al 20 por ciento de la cuota, y un 35 por ciento, lo que será imposible a partir de ahora, bajaron su cuota, no en términos nominales, en términos reales. ¿Sabe por qué? Porque los ayuntamientos, salvo el de Oviedo, una vez más, gobernado por el Partido Popular, han rebajado el tipo de gravamen para impedir esos saltos bruscos. Dicho de otro modo: si hubiera habido ese grado de conflictividad, que la realidad le desmiente, señor Rato, hubieran existido reclamaciones contra el proceso de valoración catastral. ¿Sabe cuántas ha habido de esos 10 millones de inmuebles? El 4,3 por ciento. ¿Le parece muy alta? ¿Le parece que eso avala la pretendida conflictividad a la que usted ha hecho referencia desde esta tribuna? Pero tengo que profundizar más, señor Rato. En ese 15 por ciento de subida notable, ¿sabe usted quiénes están? ¿Se lo digo? Pues, mire: las grandes superficies

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comerciales, los edificios sedes de grandes empresas, el suelo que, anteriormente a la revalorización catastral, tenía una calificación de rústica y ahora es de urbana y, en consecuencia, ve aumentados notablemente su expectativa y su valor; los urbanizables ahora poblados por chalés, y también, ¿sabe usted cuáles?, los clandestinos, los que habían escapado al control de Hacienda, los que no habían sido dados de alta y no tenían valor catastral. ¿Qué quiere usted, que a éstos, una vez descubiertos, les concedamos 10 años de cómodos plazos para ponerse al día con la ley? (Rumores.) Esto es francamente inadmisible. Hablemos claro, señor Rato. ((Rumores.) ¿Qué es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles? Señorías, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles contribuye a financiar el coste de la ciudad. Es un impuesto real por el que paga más quien más tiene; es decir, quien posee un inmueble de mayor valor. El señor Rato ha descubierto ya que no tiene nada que ver el disponer de un inmueble de alto valor con la capacidad económica del sujeto pasivo ¡qué maravilla! ¡No hay diferencias en la sociedad, no existen diferencias de riqueza, todos somos iguales! No, señorías, no; quien tiene un inmueble de alto valor, está directamente relacionado con su capacidad económica.
Cada uno paga, por tanto, o debe hacerlo, según el valor de su inmueble, pero también según la parte que ese valor representa sobre el total de la ciudad. Si unos están subestimados, señor Rato, respecto al valor real, los demás verán sobrestimados los suyos, y esto sólo se corrige con la revisión catastral y con las nuevas cuotas impositivas.
Con la medida que ustedes proponen será lo contrario. Estos, los que suben mucho, como demostré al principio, pagarán menos, se les perdonará una parte muy importante de lo que tenían que pagar, pues lo que tenían que hacer cada año, de golpe, efectivamente, se pagará repartido en los próximos diez hasta la siguiente revisión, a razón de una décima parte de subida cada año.
Ahora, ya ha creado usted su propaganda: esto beneficia a todos por igual. No, señor Rato. Se lo he demostrado. ¿Quiere que se lo muestre de una forma más clara todavía y que a usted le gusta mucho? Mire usted, este decreto va a perjudicar a ese 35 por ciento de ciudadanos a quienes las futuras revisiones, si siguiera la sucesión en términos medios de lo ocurrido con anterioridad, deberían provocar bajadas de su cuota en el pago del IBI, por haber subido menos sus valores catastrales que la media de la ciudad, y con este decreto se imposibilita.
Existe una manera de ver las cosas muy sencilla: la realidad. Le voy a poner un par de ejemplos, usted que es tan aficionado a los gráficos, mediante los cuales lo entenderá inmediatamente. Mire, señor Rato, revisión catastral del Ayuntamiento de Valladolid (El orador muestra unos gráficos), su alcalde, que toma asiento entre nosotros, el señor Rodríguez Bolaños, alcalde socialista, hizo una revisión en el año 1994.
El incremento de recaudación después de la revisión fue de 200 millones de pesetas; el de Oviedo, de 1.500, teniendo menos unidades urbanas. Pero ¿sabe cómo se hizo en Valladolid? Estas tres columnas corresponden a los inmuebles de las zonas que más se habían revalorizado, es decir, al centro, a San Miguel y a catedral. Las medianas, a los barrios intermedios, Belén, Pilarica y Girón. Y hay algunas que se corresponden con barrios que perdieron valor catastral incluso, que son Villa del Prado y El Pato.
¿Sabe usted cómo se distribuyó el reparto de la carga tributaria? Redujeron el pago de sus impuestos 83.000 unidades urbanas; 46.000 quedaron en la frontera del cero y el 20 por ciento de incremento, y 37.000 superaron ese 20 por ciento, algunas sí, con subidas incluso del 150 y del 200 por ciento. Justicia llama, señor Rato. Por eso subieron en ese ayuntamiento.
Hay otro aspecto que no puedo dejar de lado, señorías, con este decreto-ley y que nos preocupa profundamente, que es la congelación de los valores catastrales durante 10 años. Esto es gravemente contradictorio con este decreto. Dice el señor Rato que se va a aplicar esta medida, a congelar la subida y a reducir el pago de la cuota, porque al hacer la revisión catastral se han disparado los valores catastrales.
Ahora, se hacía en 8 años y con un coeficiente de actualización anual.
¿Cómo propone corregirlo? Llevando a 10 años la revisión catastral y sin coeficiente de actualización anual. ¿No se da usted cuenta de que el efecto que dice combatir se agiganta con su medida? ¿No se da usted cuenta de lo que, a partir de ahora, pasará si, en vez de 8, son 10 los años en los que se hace la próxima actualización? La diferencia será muy superior, provocará un desfase total entre el valor catastral y el de mercado.


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, este decreto no resuelve el principal problema de la revisión catastral; acentúa la divergencia en el tiempo entre el valor catastral y la realidad del mercado inmobiliario del municipio, más acusada y rápida cuanto más dinámico sea el municipio.
Pero quizá yo no he pensado bien, quizá es lo que ustedes desean. En lugar de acortar los períodos de revisión, los alargan. ¿Sabe usted por qué pienso ahora que es lo que desean? Porque, en lugar de dar medios al catastro, se los quitan. Cuando presentaron la ley de acompañamiento de este año, crearon una llamada tasa de acreditación catastral que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. ¿Sabe lo que está ocurriendo con esa tasa? Se están colapsando las unidades de gestión y valoración del catastro para cobrar cantidades miserables entre 500 y 1.000 pesetas. Tasas engorrosas que todo el mundo rechaza, que no conceden aumento de recaudación, pero que colapsan las unidades

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de valoración del catastro. ¿Eso es lo que quieren, que desaparezca un catastro moderno, un catastro adaptado a la realidad inmobiliaria del país? Señorías, este es un precedente de extrema gravedad, señorías, constituye un atentado contra ese proceso de valoración catastral, homogéneo y normalizado, al que deberíamos aspirar. No es el valor catastral una realidad aislada, sino que forma parte del conjunto de valores de una ciudad y deben estar armonizados con el conjunto de valores de una región y con el conjunto de valores del país. Señoría, una revisión comporta un incremento de la ética distributiva del coste fiscal y una mejor distribución social de la presión impositiva. Ahora, esto es probablemente lo que no deseen ustedes, que haya un moderno catastro que tenga impacto en otras figuras tributarias, eso les preocupa mucho, y que demuestre la realidad de la capacidad económica de cada uno de los contribuyentes.
Por último, señorías, hay un elemento muy grave también. Ustedes crean dos categorías distintas de ciudadanos y de ayuntamientos, unos, los revisados hasta ahora, que pagan de acuerdo con el valor real de su vivienda, porque el valor catastral se acerca más al valor de mercado, que tienen coeficientes de actualización anuales y que pagan religiosamente sus impuestos; y otros que, a partir de ahora, verán congelado el pago del valor catastral, verán reducido el pago de sus impuestos, y nosotros nos preguntamos, señor Rato, por qué se da esta diferencia de trato entre unos y otros.
Señorías, este privilegio es inaceptable. Esta reforma --acabo ya, señor Presidente, gracias por su benevolencia-- no respeta la autonomía municipal ni la suficiencia financiera de las entidades locales; ignora el diálogo, señor Rato, y esto nos preocupa; relega al Parlamento, incluso aunque su grupo decida votar para tramitar como proyecto de ley este decreto-ley, a un mero papel de comparsa; ataca los principios generales del sistema tributario recogidos en el artículo 31 de la Constitución: igualdad, capacidad económica y progresividad; permite que pague menos quien más posee y responde a una decisión claramente clientelar de ayuda a quienes a ustedes les votan.
En estas condiciones, no podemos apoyarlo y, como mínimo, pedimos que tengan ustedes la generosidad de tramitarlo como proyecto de ley para intentar corregir los gravísimos efectos negativos que en la redistribución de la carga tributaria provocan sus medidas, señor Rato.
Gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, yo espero que sea usted ponente de este proyecto, si se tramita como proyecto de ley, porque creo que le va a ser muy útil para poder aprender la realidad tributaria de los ayuntamientos. Las confusiones sobre quién ejerce diversas competencias tributarias que ha expuesto usted en la tribuna son mayúsculas y, por tanto, será un ejercicio muy importante en su carrera política que pueda usted ser ponente, y yo, aunque no tengo ningún título, se lo pido a su grupo, que estoy seguro de que por esta intervención se lo dará.
Pero quiero hacer una intervención sólo sobre un tema político, que es el de los amigos. Señor Caldera, mis amigos, en términos políticos, pagan impuestos, los suyos no (Aplausos.); a mis amigos, en términos políticos, no les prescriben las actas, porque se las comunican en tiempo y forma, a los suyos, sí (Aplausos.); a mis amigos se les notifican las actuaciones sin que se quede ninguna actuación paralizada, a los suyos, no. Por tanto, señor Caldera, en términos políticos, siguiendo la doctrina de alguno de sus distinguidos compañeros, cuando quiera usted hablar de amigos en términos tributarios, en el Partido Popular y en el Gobierno popular estamos encantados, pero con usted y con sus amigos, en términos políticos, no queremos que se nos confunda en términos tributarios nunca.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, yo no suelo presumir de mis conocimientos profesionales, como por cierto hace su Presidente del Gobierno haciendo referencia a su carrera de inspector fiscal, teniendo poco conocimiento de tributos, pero le diré que soy un profesional de la materia, soy funcionario de habilitación nacional, de carácter nacional, es decir, secretario de ayuntamiento. (Rumores.) Algo sé de la cosa.
Señor Rato, mala defensa la suya cuando, ante mi batería de argumentaciones, usted no ha sabido responder a ninguna, y eso es porque le duele. Señor Rato, todos sabemos quiénes son sus amigos en Oviedo, no me haga repetirlo, por favor. (Protestas.--Varios señores Diputados del Partido Popular: Dilo.) Le voy a poner un ejemplo más sobre lo que usted ha dicho desde la tribuna, y no quería hacerlo. Usted ha venido a decir que en el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, en su reunión de 21 de marzo de 1997, todo el mundo estaba encantado con las medidas que usted proponía, y ha citado a un representante socialista, el señor Rangel. ¿Le leo lo que dijo el señor Rangel? ¿Se lo leo, señor Rato, para que veamos luego en el «Diario de Sesiones» lo que usted ha dicho y lo que dice el acta, y la exactitud de sus expresiones? Mire usted lo que decía: Continúa el señor Rangel planteando los problemas derivados del crecimiento dispar, pues en este caso

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el escalonamiento sólo beneficiaría a los inmuebles cuyo valor catastral haya aumentado. ¿Le parece a usted poco? Es lo que estoy diciendo yo, que va a ayudar a los inmuebles que aumentan extraordinariamente el valor catastral y que se corresponden normalmente con personas de gran capacidad económica.
Le voy a poner otro ejemplo directo, la situación del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por su grupo político. (Un señor Diputado: Muy bien, por cierto.) ¿Sabe usted lo que ocurre en Madrid? ¿Cree usted que esto es justo? Mire lo que ocurre en Madrid: el valor catastral medio está en el 20 por ciento del valor de mercado --datos oficiales del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria-. Madrid tiene que ser revisado, porque está ya en el período máximo de los 8 años anteriores de revisión máxima, y ahora le tocaría a partir del año 1997. ¿Pero sabe usted cómo se distribuye el valor catastral medio en los distritos de Madrid? Fíjese qué paradoja. En el barrio de Vallecas y en el de Vicálvaro, donde no viven sus amigos, desde luego que no (Protestas.), ¡no viven sus amigos!, el valor catastral medio está en el 30 por ciento sobre el valor de mercado, en el caso del distrito de Vallecas, y en el 28 por ciento en el caso del distrito de Vicálvaro. Pero vamos a otros distritos, el barrio de Salamanca, que no sé si le suena. (Varios señores Diputados del partido Socialista: Sí, ahí sí.) En el barrio de Salamanca el valor medio de los inmuebles, señor Rato, de acuerdo con el valor de mercado, está en el 12 por ciento y en el barrio de Chamartín, que también le sonará, está en el 15 por ciento. (Rumores.) Dicho de otra manera, señor Rato, en el barrio de Vallecas, de acuerdo con un informe de datos de una empresa llamada Transacciones Inmobiliarias, el valor catastral actual medio de un piso de 100 metros cuadrados, usado, para el barrio de Vallecas es de 4.300.000 pesetas, para el barrio de Salamanca de 2.800.000 pesetas (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Qué barbaridad!) ¿Entiendo esto alguien, señor Rato? Este es el ejemplo palpable de lo que ocurre cuando durante muchos años no se utiliza el concepto de catastro para la revisión de los mismos y su adaptación a la realidad del mercado.
¿Qué va a ocurrir en Madrid? En Madrid, con el modelo antiguo, quienes viven en el barrio de Salamanca, que le votan a usted mayoritariamente (El señor Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, de Rato y Figaredo: Me votan todos, todos.), verían aumentado el pago de la cuota hasta en un 400 por ciento; sin embargo, quienes viven en el barrio de Vallecas, que nos votan a nosotros mayoritariamente (Varios señores Diputados del Grupo Popular: No, no.--Un señor Diputado del Grupo Popular: Eso era antes.), señor Rato, estos... ¡Vayan allí!

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Un momento, señor Caldera. ¡Señorías! Puede continuar.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Estos, señor Rato, sólo verían incrementado el pago en su cuota entre un 20 y un 30 por ciento. ¿Se da usted cuenta dónde está la justicia? La justicia está en un moderno sistema de valoración catastral, como el que puso en marcha el Gobierno Socialista (Rumores.), en acercar los valores reales de mercado a la declaración administrativa, que es el valor catastral, y en repartir después la participación al coste de la ciudad de cada inmueble, de acuerdo con su expectativa, y al que le sube mucho su valor catastral, porque ha subido el valor del mercado, incorpora en su patrimonio, señor Rato, una riqueza que puede materializar en cualquier momento (Un señor Diputado del Grupo Popular: Barcelona); quien no sube, como ocurrió en el Ayuntamiento de Valladolid, la pierde. Aquel alcalde, socialista, ajustó con la justicia tributaria la decisión del ayuntamiento. Usted hace todo lo contrario: ayudar a quienes más tienen, a quienes mejor podrían pagar, y no me niegue que son sus amigos, porque todos los ciudadanos así lo saben. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) ¿Algún grupo parlamentario quiere consumir un turno a favor? (Pausa.) Señor Martínez-Pujalte, ¿va a consumir un turno a favor? (Asentimiento.) Sea más explícito, por favor.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señorías, mi grupo va a consumir un turno a favor para apoyar la convalidación de este real decreto-ley, cuya tramitación como proyecto de ley también apoyaremos después.
Quiero empezar diciendo, señor Caldera, que usted y su grupo votaron, en una sesión parlamentaria, el 28 de noviembre de 1995 --no ha pasado tanto tiempo, hace un año--, una moción del Grupo de Convergència i Unió manifestando la necesidad de que se estudiara la adopción de medidas para diferir en el tiempo el impacto de las modificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impacto derivado de una revisión de valores catastrales, y se decía que se hiciera a través de mecanismos de bonificación o reducción de la cuota durante un determinado período, al final del cual la cuota sería la correspondiente del valor revisado. Esto se aprobó en esta Cámara, señor Caldera, por unanimidad, porque se entendió que era absolutamente necesario, y lo aprobamos por unanimidad todos los diputados; no hubo ninguna abstención, ningún voto en contra.
Nosotros, señor Caldera, somos conscientes de que en los últimos años hemos padecido en España protestas sociales muy importantes cuando se han intentado

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realizar revisiones de las valoraciones catastrales. La ley actual establece un mecanismo para que los ayuntamientos puedan amortiguar el impacto de la subida de los valores en el IBI, es verdad, pero esa medida ha resultado absolutamente insatifactoria para paliar los efectos nocivos que, sobre el conjunto de los ciudadanos, propietarios de una vivienda o de un local de negocios, o arrendatarios de los mismos porque se les repercute en el recibo, han tenido las revisiones catastrales y, por ello, todos los grupos apoyaron esta moción, y todos los diputados la apoyaron. Decidimos unánimemente que la repercusión sobre las subidas producidas por la revisión de los valores catastrales había que amortiguarla en el tiempo para que, a través de un mecanismo de diferimiento, se evitaran fuertes subidas impositivas a los ciudadanos y, sobre todo, a los ciudadanos de rentas medias y bajas, que son los que difícilmente pueden soportar saltos bruscos y sorprendentes como los que se consiguen con el actual mecanismo.
El ejemplo más claro de las revisiones catastrales y de la alarma social se produjo cuando era Ministro de Economía y Hacienda el señor Solchaga, lo que acabo con lo conocido vulgarmente como el catastrazo, que provocó una alarma social de tales dimensiones que obligó a la Administración a dar marcha atrás en el proyecto y no revisar los valores hasta tres años después. Ese proyecto, que supuso un coste a las arcas públicas de 100.000 millones de pesetas, fue calificado por el anterior secretario de estado --secretario de estado socialista-- como fracaso de la revisión catastral del año 1990, y ese calificativo lo empleó en esta Cámara y, además, no hace ni un año. El señor Martínez Robles, Secretario de Estado de Hacienda del Gobierno socialista, decía que no sólo se debió de forma exclusiva a errores existentes en los datos catastrales, reconociendo, de alguna manera, esos errores (y yo le quiero decir, señor Caldera, ya que habla de amigos --y perdónenme el inciso--, que esas revisiones catastrales fueron llevadas a cabo por empresas públicas que salieron a la luz en los periódicos como que sus directivos cobraban comisiones en las subcontrataciones; por hablar de amigos, señor Caldera).
(Aplausos.--Protestas.--Rumores.) Decía el señor Martínez Robles que también se produjo el fracaso por una serie de condiciones más generales que afectaban al marco jurídico de la revisión y a los efectos que producían en los impuestos. Por ello, mi grupo ya manifestó en la moción del año 1995, hace un año, que estaríamos vigilantes para que esa moción se llevara a cabo. En aquel momento decíamos que íbamos a estar alertas para garantizar que el Gobierno llevara a la práctica esas propuestas.
Evidentemente, en noviembre de 1995 no sabíamos que seis meses después el Gobierno íbamos a ser nosotros y, por eso, el Gobierno del Partido Popular, viendo que el Gobierno socialista había incumplido el mandato de la Cámara, se puso en marcha para dar cumplimiento a la propuesta contenida en la moción. Y el Gobierno envió a esta Cámara un proyecto que cuenta con el apoyo de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la unanimidad --porque usted ha leído una frase, pero la conclusión del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria es clara y la firma de los dos representantes socialistas está ahí plasmada-- y el consenso del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.
Señor Caldera, cuando los valores catastrales inciden en el impuesto de una manera brusca, se produce una alarma social y una situación de injusticia; cuando, además, los valores catastrales no responden al valor real de los inmuebles, que es lo que pasa actualmente, se produce una situación de discriminación que, sobre todo, castiga a los más débiles, señor Caldera. Por eso mi grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto.ley. Nos parece un proyecto absolutamente necesario para alcanzar los objetivos que esta Cámara se había trazado con la moción que aprobamos propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Los aumentos de valor en el IBI, que se producen si se incorporan íntegramente y de golpe los valores catastrales, suponen una tributación al alza que no se corresponde con el incremento de la capacidad económica de los contribuyentes. Por ello, este real decreto-ley que hoy nos ha expuesto el Ministro de Economía y Hacienda merece una valoración positiva, ya que introduce un elemento de amortiguación del impacto tributario de las revisiones catastrales, de tal forma que los ciudadanos no van a ver que su factura fiscal aumenta de forma desmesurada de un año con respecto al anterior. Es absolutamente claro que, socialmente, la valoración catastral actualmente vigente no es aceptada; sobre eso no hay ninguna duda, señor Caldera, y aquí, en esta Cámara, se reconoció. Por eso nos parece que el real decreto-ley introduce un procedimiento de repercusión de los valores socialmente más justo y más adecuado a la capacidad de pago de cada ciudadano.
Desde luego, a mí me da pena, o pavor, leer las declaraciones de algún portavoz socialista que hablaba de amigos. Es patético que el establecimiento de un proyecto de cohesión social, de un proyecto elaborado pensando en todos los ciudadanos y sobre todo en los ciudadanos menos pudientes, se califique por el Grupo Socialista, que ha sido incapaz de regular este tema siguiendo los mandatos de esta Cámara, como un proyecto para favorecer a amigos. Nos parece desde luego incomprensible hablar de amigos a estas alturas, cuando tantos amigos se han beneficiado de las políticas socialistas --y, en concreto, ya que estamos en un tema de valoraciones catastrales, los que se beneficiaron de la revisión catastral de 1990-. Desde luego, si yo me expresase en los mismos términos que empleó el portavoz del Grupo Socialista para describir las opiniones

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de sus adversarios políticos --algo que yo no voy a hacer, aunque quizá sea el lenguaje que el señor Caldera entienda mejor--, tendría que decir, pero no lo voy a hacer, que su intervención ha sido una estupidez, señor Caldera. (Un señor Diputado: Pues no lo diga.-- Aplausos.--Protestas.) ¿Qué defiende usted, señor Caldera? ¿El modelo anterior? ¿Defiende usted el catastrazo? Va siendo hora de que a esta Cámara traigan alguna alternativa. No la trajeron cuando eran Gobierno, y se lo pedimos por unanimidad en esta Cámara. Va siendo hora de que traigan alternativas.
Decía usted: catastro moderno. Un millón de recursos en los tribunales económico-administrativos, señor Caldera. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Un 4 por ciento.) Ese es su catastro moderno, señor Caldera.
Usted, para sacar conclusiones políticas, emplea una base falsa en su discurso, y, claro, construye un discurso demagógico. Ninguno de los criterios de valoración --ninguno-- que hoy se emplean en la revisión catastral tiene su consideración en el valor origen del inmueble ni en la capacidad de pago del contribuyente. Ninguno de los criterios. Se toma en consideración el tiempo transcurrido, señor Caldera, y el tiempo transcurrido a un pensionista no le aumenta su capacidad de pago. Se tienen en consideración las reformas urbanísticas de los barrios, y si en un barrio se ponen jardines, no quiere decir que los que viven en esos pisos son más ricos, señor Caldera; quiere decir que la ciudad se moderniza. Tienen en consideración el desarrollo de las ciudades --las ciudades crecen, se modernizan--, y en aquellos puntos donde se modernizan los valores catastrales suben. Usted empleaba argumentos. Ya que usted es de una ciudad que se llama Béjar, me voy a permitir ponerle un ejemplo. En la travesía de Salamanca, de Béjar, pueblo de donde es usted, los valores catastrales del esquinazo de la travesía de Salamanca, que no es donde viven los más ricos, han subido un 400 por ciento.
Nosotros opinamos que, aunque le baje el tipo el ayuntamiento casi el 50 por ciento, ese 200 por ciento de subida, a un señor que no tiene capacidad de pago, le supone un problema enorme, señor Caldera. ¿Y usted quiere que a su vecino de Béjar le suponga ese problema la revisión catastral actual? Señor Caldera, no haga demagogia, por favor. (Rumores.) Ahora se están rehabilitando las ciudades, señor Caldera, los alcaldes están rehabilitando los centros históricos, donde viven miles, millones de pensionistas que sin aumentar sus ingresos sufren incrementos desmesurados. ¿Y usted defiende, señor Caldera, que subamos los impuestos a los pensionistas? Si es eso lo que usted defiende, díganoslo aquí.
(Protestas.--Un señor Diputado: ¡Demagogo!-Aplausos.) Porque los incrementos en la base, señor Caldera, y la posterior deducción de los tipos producen un resultado socialmente injusto, y usted está defendiendo una postura socialmente injusta. Desde luego que comparto los criterios del Gobierno para que el real decreto se tramite como proyecto de ley y pido a los grupos que en la ponencia trabajemos para mejorar el texto, porque en la tramitación parlamentaria lo podemos mejorar con las aportaciones de todos los grupos que quieran sumarse a que los ciudadanos vivan mejor, pero la actitud del Grupo Socialista en este tema es negativa y no aporta ninguna solución.
Decía usted, señor Caldera, que por qué se tramita como real decreto-ley.
Hay más de dos millones de unidades en 1997 que están pendientes de revisión catastral. Si no se tramitaba como real decreto-ley, esos dos millones de unidades iban a ver cómo se incrementaban sus valores y por tanto sus impuestos enormemente. (Un señor Diputado: ¿Y los demás?) Nosotros entendemos que es necesario utilizar este año un sistema moderno y no un sistema antiguo como el que ustedes tenían.
Señorías, nuestro grupo parlamentario es partidario de que se adopten todas aquellas medidas que se traduzcan en una mejora de la economía de las familias españolas, y esta es una de ellas. El Gobierno incorpora de esta manera una medida más, que estaba en nuestro programa electoral, dentro del conjunto de actuaciones que está llevando a cabo con el objetivo de abaratar el coste de los bienes y servicios y la mejora de la calidad. Esta medida tiene una gran importancia dado el número de ciudadanos que se ven afectados por el IBI ya que tienen una vivienda de su propiedad. Más de 13 millones tienen viviendas en propiedad y, además, se les repercute a los arrendatarios en el recibo. Pero quizás es más importante resaltar que esta medida tendrá un gran efecto en las familias con rentas medias, que son al fin y al cabo el grueso de las propietarias de viviendas. No sé, señor Caldera, si esos 13 millones son los...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Martínez-Pujalte, por favor.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
No sé, señor Caldera, si esos 13 millones de familias que son propietarias de viviendas son nuestros amigos, pero desde luego contrastan con otros 600 que sí son sus amigos y que no han tenido tantos privilegios como ustedes les concedieron en su época de gobierno.
Muchísimas gracias. (Protestas.--Varios señores Diputados: ¡Muy mal!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Martínez-Pujalte, créame que no hay nada más triste que actuar de telonero al final del espectáculo.


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(Risas.) Bastante triste es. (Rumores.--Protestas.) Y le voy a decir otra cosa. Gracias por incorporar mi querida ciudad al «Diario de Sesiones».
Nunca yo me hubiera atrevido. Por cierto, es ciudad, no es pueblo, tiene título de ciudad (Un señor Diputado: Ha dicho ciudad.) y le invito a visitarla. ¿Por qué se hace usted portavoz de las hipotéticas demandas y denuncias de los ciudadanos si ellos no lo hacen? ¿A qué viene usted aquí si ellos no han protestado? Si en mi ciudad se hizo la revisión catastral de una forma armónica. (Rumores.) ¿Quiere usted que le traiga la próxima semana el número de recursos que hubo contra las valoraciones? Por cierto, ha manejado mal el dato. Le he dicho que fueron el 4 por ciento y el 4 por ciento de 10 millones son 400.000, no un millón. No nos lo saltemos. Por tanto, le invito a visitarla para que vea usted la realidad de cómo se hace una revisión catastral. Y el barrio de Vicálvaro, si sabe usted dónde está, si es capaz de identificarlo, también le invito a visitarlo. (Rumores.) ¿Qué tiene que ver el valor catastral? Usted está haciendo referencias al mismo continuamente y no se discute de eso. Aquí de lo que se discute es de la cuota, de lo que se paga. Cuando los valores catastrales están muy alejados de su valor de mercado se perjudican más las economías débiles ¡claro que si! Evidentemente. Por eso proponemos una actualización permanente, rápida, no de diez años ni de congelación de los valores catastrales. Por tanto, todo su planteamiento es bastante ridículo.
Y, señorías, dejen ya de hablar de los 600 expedientes, porque todavía están buscando a los amigos a través de esos expedientes. No han tenido siquiera la capacidad de remitir a esta Cámara la documentación correcta.
Por tanto, son ustedes los que están creando, los que están alimentando y desarrollando una patraña que ya nadie cree, solamente el señor Presidente del Gobierno. Le ruego que dejen esto a un lado. (Aplausos.) Señor Martínez-Pujalte, en la prensa salen muchas cosas, pero ¿qué tipo de debate quiere hacer usted? En la prensa salen muchas cosas y muchos nombres. En la prensa sale Miguel Angel Rodríguez, en la prensa sale Tecnomedia, en la prensa salen empresas de una familia apellidada Rato, otras veces no salen, otras veces se borran. (Rumores.) En la prensa sale todo, pero ¿qué quiere usted, dar categoría universal a todo lo que aparece publicado? Va usted por mal camino, señoría.
Le quiero explicar --porque ha hecho referencia a ello-- cuál ha sido nuestra posición respecto a la moción que, efectivamente, se aprobó por unanimidad el 4 de diciembre de 1995 en esta Cámara. Le voy a confesar un secreto. Si hubiéramos sabido que de este texto se iba a derivar un decreto-ley en las condiciones que ustedes lo traen aquí, le garantizo que no lo hubiéramos votado ni locos; se lo garantizo, porque esto y lo que ustedes hacen no tienen nada que ver. Aquí se hablaba de un diferimiento razonable, hipotéticamente podríamos pensar en un diferimiento de dos o tres años como máximo, con cuotas de actualización y mecanismos de redistribución. Además, el diferimiento se puede aplicar de diverso modo según las subidas catastrales: a quien más sube, que pague desde el primer día; a quien sube menos, que se le haga un diferimiento de tres años; y al que baja, que se le aplique inmediatamente la bajada. Con este decreto-ley eso se imposibilita completamente. Y lo que usted me tiene que explicar no es el problema del valor catastral, que ya le he dicho que el catastro moderno, fiable, adaptado a la realidad de mercado, que hoy tenemos en una parte muy importante del territorio va a desaparecer con las medidas que se pondrán en marcha a partir de este decreto-ley. Lo que usted me tiene que explicar es la evolución en la práctica de este decreto-ley. Le voy a poner otro ejemplo --a lo que es tan aficionado el señor Rato-- tomando tres inmuebles que hoy tengan el mismo valor catastral y en los que, por diversas circunstancias, ésas que usted refiere --actuaciones urbanísticas, inversión del ayuntamiento en la zona--, se produce claramente una diferente valoración en la revisión catastral y, por tanto, el titular del mismo incorpora a su patrimonio esas expectativas, de tal manera que uno se va a doce millones, otro se va a nueve y otro se queda en seis. ¿Esto es posible? Perfectamente. Se lo he demostrado con los datos de las anteriores revisiones. Con el modelo actual, ajustando el tipo el ayuntamiento, que es lo que se hace, el pago de la cuota sería así: en diez años, el inmueble A pagaría 240.000 pesetas más de lo que paga actualmente, el inmueble B pagaría 90.000 pesetas más y el inmueble C se ahorraría 60.000.


El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, vaya concluyendo.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Acabo, señor Presidente.
Según modelo del señor Rato/señor Martínez-Pujalte, el inmueble A, en lugar de pagar 240.000, pagará 190.000, con lo que se ahorra 50.000 pesetitas; el inmueble B --el que está en la banda media--, en lugar de pagar 90.000, paga ya 9.000 pesetas más, es decir, 99.000, pero es que el inmueble C, en lugar de ahorrarse las 60.000 pesetas, paga 60.000 más.
Esta es la práctica de su modelo. Por tanto, le invito a que venga conmigo a estos barrios, donde hay que aplicar una distribución de la justicia completamente distinta a la que ustedes hacen.
Muchas gracias. (Aplausos.--Un señor Diputado: Agua de Carabaña.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Martínez-Pujalte.


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El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, respeto mucho su ciudad y, desde luego, respeto mucho a los pensionistas que viven en la Travesía de Salamanca, a los que ustedes les han subido un 200 por ciento los impuestos. (Un señor Diputado: ¡Demagogo!) Los respeto mucho. Además, señor Caldera, no me diga que yo hago de telonero; yo salgo de portavoz de mi grupo. Su grupo, cuando no tiene argumentos en un tema, le saca a usted a que haga demagogia. Me parece que es mejor decirlo así. (Aplausos.--Protestas.) Porque usted, señor Caldera, se dedica a hacer demagogia.
Los impuestos tienen algo que ver con la capacidad de pago de los ciudadanos, señor Caldera. ¡Algo tendrán que ver! Y las revisiones de las valoraciones catastrales se tienen que acompasar para que los ciudadanos con una determinada capacidad de pago menor puedan ir pagando los incrementos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de acuerdo con sus posibilidades. Señor Caldera, con esta intervención suya está promoviendo el modelo antiguo, el modelo que está acabado, el modelo que esta Cámara rechazó, un modelo que produce crispación social, un modelo que castiga a las clases socialmente más desprotegidas. (Rumores.) Eso es lo que usted está defendiendo. (Un señor Diputado: ¡Falso!) Y le invito a que haga enmiendas en ese sentido en el proyecto de ley, porque las enmiendas que usted podría hacer, según su intervención, castigan a los ciudadanos de rentas medias y bajas.
Señor Caldera, este real decreto-ley es la propuesta legislativa que se desprende de la moción aprobada en esta Cámara. Ustedes ahora por razones políticas votan en contra. Me parece bien; cada uno decide lo que quiere.
Pero no nos diga que es porque protege a nuestros amigos, porque de protección de amigos, señor Caldera, yo que estoy en la Comisión de Investigación se algo; sé algo más que usted, señor Caldera, de protección de amigos. (Aplausos.--Rumores y protestas.) Y si se refiere usted a las revisiones catastrales, la revisión catastral de 1990 protegía a algunos amigos suyos y a algunos que estaban de directores generales en el Ministerio de Hacienda, señor Caldera. (La señora Romero López: ¡Falso!) Repásese usted las hemerotecas, porque yo haré de telonero pero usted está haciendo de abogado defensor de unos defraudadores de impuestos. (Rumores.--Aplausos.) Muchas gracias. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, el turno está concluido.
¿A qué efectos pide la palabra?

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Por alusiones, señor Presidente. Dice que soy un demagogo (Risas.); me dice el compañero Alvaro Cuesta, y tiene razón, que además de demagogo abogado de defraudadores. Como usted comprenderá, he de pedir la palabra por alusiones, garantizándole que intervengo en 30 segundos.


El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, tendrá la palabra por alusiones de grupo parlamentario; no creo que haya habido alusiones personales.
(Rumores.--Varios señores Diputados: Sí las ha habido.--Aplausos.) Señorías, el Reglamento lo interpreta la Presidencia.
El señor Caldera va a tener un turno por alusiones de grupo --entiendo que no han sido personales-- durante un minuto, y el señor Martínez-Pujalte, si lo desea, también durante un minuto.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Cada vez lo empeora usted más, señor Martínez-Pujalte. De quien no somos amigos es de Villa Magdalena. Pregunte usted a lo que me refiero. De eso no somos amigos; de eso, no. Ya está bien que siendo el único portavoz de los que han intervenido hasta ahora en esta materia que ha hecho de verdad los deberes, venga usted diciendo esa cantidad de tonterías --permítame que lo califique así-- acerca de los ejemplos que estoy poniendo. (Rumores.) Se los estoy poniendo con gráficos sobre la realidad de valoraciones inmobiliarias; datos de empresas que actúan en el mercado, datos de ayuntamientos, que estoy dispuesto a remitírselos, que han hecho las revisiones catastrales, y usted sólo hace improperios, descalificaciones sin rigor alguno. Demuéstreme lo contrario de lo que le ocurriría a los propietarios de los inmuebles A, B y C , cuyo ejemplo le he puesto en la tribuna, que con el modelo actual uno pagaría 240.000 pesetas más, porque su inmueble vale el doble; otro pagaría 99.000 pesetas, porque su inmueble se incrementa en un 50 por ciento, y el que sigue con el mismo valor, con ustedes pagaría 60.000 más y con el modelo actual pagaría 60.000 menos. Esa es la realidad de las cosas, señor Martínez-Pujalte. No me diga otra cosa.
Claro que vamos a presentar enmiendas, muchas enmiendas. (Rumores.) Y le vamos a demostrar que el modelo que ustedes quieren aplicar no sólo atenta contra la suficiencia financiera de los ayuntamientos, contra los principios constitucionalmente reconocidos en el artículo 31 de la Constitución, capacidad económica, igualdad y progresividad, sino que también atenta contra un catastro fiable que sea el índice de medida no sólo de este tributo sino también de otros. Y ustedes --se lo he demostrado en la tribuna sin que haya dado ningún argumento contradictorio-- van a acabar con ese concepto de catastro, seguramente para fomentar el fraude. Eso sí que es ser abogado de defraudadores, señor Martínez Pujalte. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Martínez-Pujalte.


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El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Caldera, no ha respondido a que es un demagogo, con lo cual parece que asiente. (Rumores.) Usted ha calificado mi intervención de tonterías; yo no calificaré así a la suya, no me apetece hacerlo, pero nunca he visto en esta Cámara cómo desde una falsedad enorme se puede construir un argumento tan demagógico para llegar a una conclusión sólo política. Señor Caldera, coja sus cuadros y a quien se los ha hecho dígale que señale la capacidad de pago de los ciudadanos que ocupan esas viviendas, porque usted se olvida de lo más importante, de que los impuestos tienen que ver con la capacidad de pago de los ciudadanos, y en sus gráficos --en esos gráficos que enseña-- no ha aportado argumento alguno, ninguno, de la capacidad de pago de los ciudadanos. Con esta propuesta lo que está usted haciendo es desproteger a las familias de renta media y baja. En la Comisión y en la ponencia nos veremos, señor Caldera, y veremos sus enmiendas; las estudiaré con mucho cariño, pero si están planteadas atendiendo a los argumentos que aquí ha dado van a ser unas enmiendas muy pobres, porque lo único que ha hecho usted es defender el modelo antiguo. Por favor, señor Caldera, estúdiense esto de cara al futuro; por favor, señor Caldera, haga algún esfuerzo intelectual --alguno-- para traer alguna propuesta nueva. ( Rumores.--Aplausos.) Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Chiquillo por el Grupo Mixto. Señor Chiquillo, para las tomas de posición agradecería la Presidencia --y estoy seguro de que el resto de la Cámara-- que lo hicieran desde el escaño, a efectos de ganar tiempo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente. Ya sé que usted es quien modera el debate, pero lo que sí le agradecería es benevolencia en el tiempo, ya que hacemos el sacrificio de estar aquí arriba, que es más incómodo a todos los efectos.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, no es compensable una cosa con la otra. (Risas.) Usted sabe bien el tiempo de que dispone, procure ajustarse al mismo y deje a la Presidencia que aplique su benevolencia.
Empiece, por favor.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar su posición respecto a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/1997, que en la explicación de motivos del propio Gobierno se presenta como un intento de neutralizar el impacto tributario de las revisiones del catastro para los ciudadanos con la reducción de la base de tributación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las revisiones catastrales y los nuevos valores catastrales con el compromiso de mantenerlos inamovibles durante 10 años.
Aquí se ha hablado de muchas ciudades, pero luego hablaremos de Valencia, donde también hay un informe que revela alguna curiosidad respecto al rifirrafe que ha habido de planteamientos y disputas numéricas cuantificadas en recibos que puedan darse al cobro a los vecinos.
El real decreto-ley establece un escalonamiento, a lo largo de 10 años, en la aplicación de los nuevos valores catastrales a la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Esta situación supondrá una menor recaudación para los ayuntamientos, cuya autonomía financiera queda un poco en entredicho con un impuesto tan importante para sus arcas, por lo que se verán necesariamente obligados a subir los tipos impositivos para poder mantener el nivel de ingresos actual. Y dado que una vez subidos los impuestos es muy difícil que se produzca, de aquí a unos años, una baja de los mismos, cuando haya transcurrido el período de vigencia de este real decreto, de aquí a 10 años, nos encontraremos con que se ha sufrido una subida espectacular porque habrán aumentado la base imponible y el tipo impositivo, y ya veremos qué hacemos de aquí a 10 años. El establecimiento de un sistema escalonado en la aplicación del valor catastral sólo beneficia a los pisos que hayan experimentado mayor aumento en la revisión, que normalmente corresponden a propietarios con mayor nivel económico; los pisos que no experimentan aumento de valor, los que aumentan levemente o los que bajan resultan claramente perjudicados. En el caso del Ayuntamiento de Valencia --y también podemos dar el ejemplo al señor Caldera y al portavoz del Grupo Popular para que lo tengan-- el 70 por ciento de los vecinos pagarán unas cantidades que oscilarán entre el 0 y el 50 por ciento más en IBI, y apenas tres centenares de viviendas de la ciudad de Valencia sufrirán un ascenso espectacular en sus recibos y se van a beneficiar descaradamente con esta decisión que hoy se toma en este real decreto-ley; sólo tres centenares de viviendas.
Yo espero que sobre esta cuestión tan técnica en la Comisión podamos documentarnos todos un poco más, que los que saben tanto lo expliquen a los que sabemos menos, pero tenemos ciertas dudas técnicas y de aplicación del decreto y sobre la interpretación sui generis que se hace de la moción que se aprobó en su día por unanimidad en esta Cámara. Lo que es evidente es que se pueden beneficiar unos pocos y que una gran mayoría no va a tener ningún tipo de trato que pueda ser flexible a la hora de pagar su recibo de IBI anualmente durante estos diez años. Y lo que es una gran preocupación puesta de manifiesto por la Concejalía

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de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia es cómo quedará de mermada la Hacienda local con esta decisión que hoy se puede poner en marcha. Dudas que se plantean: ¿Habrá alguna compensación para los ayuntamientos? ¿Habrá alguna ayuda extraordinaria para esos ayuntamientos que vía IBI tienen una parte muy importante de ingresos? ¿Tendrán garantizada la suficiencia financiera los ayuntamientos después de la aplicación de este real decreto-ley? Son unas dudas que hoy nos van a posicionar en la abstención, esperando que, en el trámite de discusión del proyecto de ley, a los que menos sabemos del tema --al parecer son muchos ayuntamientos los que tienen dudas, no sólo Unió Valenciana--, se nos pueda explicar y convencer de la benevolencia de este real decreto-ley para los ciudadanos y para los ayuntamientos, porque pensamos que se puede compensar a unos y a otros, se puede flexibilizar su aplicación para lograr el equilibrio perfecto para que nadie salga perdiendo y que en el caso de Valencia no salgan ganando tan sólo tres centenares de viviendas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Fijando la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con el Real Decreto-ley 5/1997, de modificación parcial de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, tenemos que decir que, una vez más, el Gobierno del Estado acude a la figura del decreto-ley para reformar aspectos importantes de una ley de bases del régimen financiero de las corporaciones locales. La urgencia que se aduce nos hace preguntar por qué no se llevó a la Ley de acompañamiento de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
En segundo lugar, pensamos que una reglamentación como la existente tiene mecanismos de modulación de los incrementos de los valores catastrales, derivados de las revisiones, a través de la disminución de los tipos aplicados por los ayuntamientos en el plazo de cuatro años. Pensamos que una solución diferente, técnicamente mucho más simple y clara, podría haber sido ampliar a ocho o a diez años el período de reducción de los tipos de los ayuntamientos, o modificar directamente la escala y las horquillas de tipos.
En tercer lugar, creemos que el legislador estatal en parte parece aún muy influido por la reacción popular --sin duda existente-- y política de los ayuntamientos al famoso catastrazo, rompiendo de una manera clara el esquema de corresponsabilidad fiscal para la gestión del impuesto, y opta por establecer un sistema de incremento de bases controlado en la fuente.
Aun a costa de soportar una mayor complejidad técnica en la gestión del impuesto, el Estado prefirió con esta medida deslindar de una manera clara y meridiana su responsabilidad en la subida de las cargas tributarias de los vecinos del Estado español de la responsabilidad de los grupos políticos municipales en el incremento de la presión fiscal vía tipos. En definitiva, que la percepción del ciudadano sea la de que la imputación del incremento del valor catastral de su bien inmueble se le repercute de una manera progresiva y atenuada a lo largo de diez años, siendo responsabilidad del ayuntamiento el nivel de presión fiscal que quiera imponer a sus vecinos.
Finalmente, señor Presidente, el recelo entre el legislador estatal y los responsables municipales parece, una vez más, hacerse patente con este tipo de reglamentaciones. Preocupante es el hecho de que se amplíe el plazo de la ley para efectuar las revisiones completas de los valores catastrales, pues supone la ruptura de un elemento básico de legitimidad del impuesto. Esto es, que hay que forzar la realización de las revisiones catastrales lo más a menudo posible y de forma simultánea en todos los ayuntamientos, acompañándola de una rebaja de tipos. Todo esto para evitar males que aquí ya se señalaron: que se pueden generar fuertes inequidades, injusticias horizontales y verticales y que el impuesto pueda caer en desuso. Por todo esto nos vamos a oponer, votaremos en contra, esperando que se tramite como proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la convalidación de este Real Decreto-ley de modificación parcial de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y respecto al impacto del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Creo que el problema que se deriva de todo esto es que al final se pone en entredicho la situación de los contribuyentes en cuanto a sus aportaciones a la Hacienda pública y, en este caso, también los derechos de la Hacienda pública recogidos en la financiación de los ayuntamientos, dos derechos que siempre están presentes cuando se habla de impuestos que están relacionados con las haciendas locales. Al final, el problema es mucho más amplio de lo que se deriva de la regulación de un impuesto concreto, y es cómo pagan los contribuyentes a la Hacienda a través de todas sus fuentes de ingresos y, en este caso, cómo pueden financiar los ayuntamientos los servicios que realizan. Aquí podríamos entrar en un debate que ya se ha producido en gran parte y que creo que en este momento está absolutamente fuera de lugar. Esto habrá que hacerlo en

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otro ámbito y en otro momento. Habrá que reformar toda la imposición directa y habrá que adecuarla a las capacidades de los contribuyentes; habrá que reformar la Ley reguladora de las Haciendas Locales y habrá que establecer aquellas fuentes de financiación de los ayuntamientos para poder soportar los servicios que realizan.
Pero de lo que hoy estamos hablando es, concretamente, de ver la forma de paliar los incrementos tributarios que origina la actualización de los valores catastrales; eso es de lo que hoy estamos tratando. Podemos discutir de la forma, de la intensidad, de la absorción de ese impacto de la presión tributaria que tiene que soportar el contribuyente, pero lo que no nos parece discutible es la necesidad de minimizar este impacto.
Cada contribuyente va a casa con su recibo sobre la tributación y se encuentra con que cada año le sube la misma. Este es el problema que tiene el contribuyente y lo que tenemos que minimizar es ese impacto.
Además, así se puso de manifiesto en el debate que hubo en el Pleno del Congreso cuando se aprobó la moción, que presentó el Grupo de Convergència i Unió, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno ante este proceso de revisión catastral. Desde luego, el proceso de actualización de los valores catastrales ha supuesto un aumento de la carga tributaria que, si bien entiendo que no era deseable por el legislador cuando promulgó la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, ha sido inevitable, puesto que las medidas permitían a los ayuntamientos incrementar sus ingresos tributarios en virtud del principio de autonomía municipal, que les permite establecer los tipos impositivos dentro de unos márgenes y que les da capacidad y margen de maniobra. Por tanto, era necesario reconducir la actualización de los valores catastrales y las cargas tributarias que estos conllevan. Para ello, el real decreto-ley establece la reducción de la base imponible mediante un coeficiente reductor único que, siendo de un 0,9 por ciento el primer año, va disminuyendo un 0,1 por año hasta su desaparición. Es decir que, si un inmueble con un valor catastral de 2 millones se actualiza a 2,5 millones, este incremento de 500.000 pesetas se irá aplicando en décimas partes. Esta reducción sólo será aplicable a aquellos inmuebles de naturaleza urbana que se encuentren en alguna de las dos situaciones que establece el real decreto: inmuebles cuyo valor catastral se incremente por la revisión o modificación del valor que afecte a todo el municipio e inmuebles situados en municipios que hubiesen aprobado una ponencia de valores y cuyo valor se haya alterado antes de finalizar el plazo de reducción.
Como aspecto más novedoso de este real decreto podemos destacar la instauración del concepto de base liquidable, concepto que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, que regula las haciendas locales, no contemplaba. A su vez, la promulgación de este real decreto-ley no supone merma alguna de las competencias que los municipios tienen en esta materia. Cualquier otra fórmula elegida hubiese supuesto, a nuestro entender, una compensación por parte del Estado a los municipios, cosa que el real decreto-ley ha obviado.
Por todo ello, nos parece necesario y urgente acometer estas medidas recogidas en el real decreto-ley y también nos parece adecuado minimizar el impacto de incremento de los valores catastrales acercándolos a los valores reales, a través de diluir este impacto recaudatorio en diez años.
Nuestro grupo parlamentario dará su voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley y también dará el voto favorable, si se solicita, a la tramitación como proyecto de ley para permitir una mejora de la regulación de este impacto tributario en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de mi grupo parlamentario, señorías, es convalidar este real decreto-ley. Vamos a convalidarlo porque estamos de acuerdo con su contenido y también porque se tramita como proyecto de ley. Si no se tramitara como proyecto de ley, señorías, no daríamos nuestro voto a favor de esta convalidación, no tanto por lo que contiene, sino por lo que no contiene.
Nuestra posición se centra en que este real decreto-ley debería contemplar muchas más correcciones y rectificaciones del actual modelo de regulación de los procesos de actualización de los valores catastrales.
El señor Caldera, en su intervención, hacía un llamamiento a mi grupo parlamentario, apelaba al sentido de responsabilidad de mi grupo para que no permitiéramos que este real decreto-ley se convalidara o, cuando menos, que no se convalidara sin la subsiguiente tramitación como proyecto de ley. Tengo que decirle, señor Caldera, que no es necesario que nos haga esta llamamiento porque este real decreto-ley va a tramitarse como proyecto de ley por decisión previa a su llamamiento, y usted lo sabe. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos tomado la decisión, hace mucho tiempo ya, de tramitar esa iniciativa como proyecto de ley, pero estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de que previamente se haga por la fórmula de real decreto-ley. De otra forma, no podría aplicarse el diferimiento en diez años del incremento de los valores catastrales que se apruebe en este año 1997. Si no se convalida este real decreto y se aprueba como proyecto de ley antes del 30 de junio, no podríamos instrumentar un diferimiento de los valores que se están aprobando en estos momentos por las ponencias.


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Por esta razón estamos de acuerdo en aceptar la propuesta que nos hace el Gobierno de trocear la repercusión de los nuevos valores en un período de diez años.
La propuesta del real decreto-ley se centra básicamente en esta cuestión; todo lo demás son cuestiones de naturaleza más técnica. El contenido central de esta iniciativa es decirle a los ciudadanos que a partir de hoy y en un período de diez años, van a repercutir todas las actualizaciones de los valores catastrales. Mi grupo está totalmente de acuerdo enesta decisión y también debería estar su grupo, porque ustedes expresaron en esta Cámara que la actualización de los valores catastrales deberían operarse en un período de tiempo, debería aplicarse gradualmente. Podemos discutir la gradualidad, podemos discutir si para ustedes la gradualidad son dos años y si para nosotros son diez o más.
Para nosotros, diez años es un buen período y nos parece acertada la decisión de decir a los ciudadanos que el modelo de actualización catastral que hizo el Partido Socialista, sin tocarlo, porque no se toca en este real decreto-ley. No nos lleve señor Caldera a interpretaciones distintas de lo que contiene esa iniciativa legislativa, porque no se reforma sustancialmente el contenido del modelo que ustedes elaboraron, y mi grupo cree que se debería reformar profundamente. Deberíamos ir a una reforma mucho más intensiva, mucho más extensa y completa de todos los procedimientos de actualización de los valores catastrales; pero sí estamos de acuerdo en que las actualizaciones de este año operen en un período de diez años.
Ahora bien, señor Caldera, señorías, señorías del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte --no sé donde está, pero creo que está siguiendo el debate, ya lo veo--, anticipo que nuestro grupo está de acuerdo en diferir estos incrementos a diez años en el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero también en todos los demás impuestos ¿Por qué se olvidan ustedes de los demás impuestos? ¿Por qué sólo hablan del Impuesto de Bienes Inmuebles? ¿Por qué no dicen a los ciudadanos que el Partido Popular también es partidario de repercutir en el período de diez años la actualización de los nuevos valores catastrales? ¿Por qué no decimos a los ciudadanos hoy que el Grupo Parlamentario Popular, mi grupo y los que quieran sumarse, van a dar en el trámite parlamentario todas las garantías para que ningún ciudadano pueda sufrir de forma encubierta un incremento de presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre las Plusvalías, como consecuencia de la actualización de los valores catastrales? ¿Por qué no aplicamos el mismo criterio en los impuestos estatales? Mi grupo va a presentar una enmienda en esta dirección y espero tener su comprensión y su apoyo en ella, de la misma forma que les vamos a apoyar para que en este país a partir de ahora no suban más los impuestos de lo que ya han subido en estos diez últimos años porque las clases medias no lo van a permitir, no los ricos ni los pobres, la inmensa cantidad de ciudadanos de este país, clases medias, no soportan más incrementos de presión fiscal, señor Caldera.
Por tanto, señorías, vamos a decir hoy a los ciudadanos que este real decreto-ley es bueno para ellos porque evita que actuaciones pasadas no se repercutan en demasía y se repartan en períodos de diez años, pero en todos los impuestos, señor Ministro, no sólo en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Mi grupo eleva hoy la voz en este sentido para decir que España no puede subir más los impuestos; Europa no está subiendo los impuestos, sino todo lo contrario, los está bajando, y la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es buena al bajar la repercusión en el IBI de las actualizaciones de los valores catastrales; pero señorías, debemos comprometernos en hacer exactamente lo mismo con los impuestos estatales, si no, estamos falseando el mensaje a los ciudadanos, les estamos diciendo que en los impuestos locales no habrá repercusión desmesurada pero en los impuestos del Estado la podría haber.
Anuncio a los ciudadanos que nos puedan seguir esta mañana y a los que nos puedan seguir mañana a través de los medios de comunicación, que no vamos a permitir que por actualizaciones de valores catastrales se suban los impuestos del IRPF, del Patrimonio, en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ni en las Plusvalías. Esta no es una cuestión menor, señorías, porque aunque el señor Caldera no lo ha dicho, los ayuntamientos pueden actualizar los coeficientes y esta repercusión en diez años puede ser corregida por una decisión soberana de los municipios.
Mi grupo parlamentario no tiene ningún resquemor en advertir que cualquiera de las observaciones que ha hecho usted en los tres ejemplos pueden ser perfectamente corregidas por decisión municipal. Que se haga, pero en IRPF, en patrimonio, en plusvalías no hay decisión posible que tomar, la repercusión es automática, y no vamos a tolerar ningún incremento de presión tributaria en los impuestos del Estado como decisiones indirectas por actualización de valores catastrales.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas Amores.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para marcar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el real decreto-ley en que el Gobierno pretende diferir en el tiempo el impacto provocado en el IBI por las revisiones,

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la actualización de los valores catastrales con el fin de atenuar el impacto tributario de esos nuevos valores catastrales. Para ello en este real decreto-ley se diseña un método que consiste básicamente en la congelación de la actualización anual de los valores catastrales y una reducción de la base imponible aplicada durante nueve años.
La primera observación que queremos hacer se refiere a la utilización de un método de tramitación que nuestra Constitución recoge como excepcional y no está justificada para el caso que nos ocupa. Digo esto porque en octubre del año pasado se publicaron los planes del Ministerio de Hacienda sobre reforma del catastro y sobre las medidas para que la revisión no eleve la presión fiscal; algo que se denominaba como Plan estratégico para el catastro y que se pondría en marcha en breves fechas.
Aquí ya se hacía referencia a las medidas para que las revisiones catastrales no afectasen a la presión fiscal. Se ha dejado pasar un tiempo fundamental para justificar que hay que conocer la normativa tributaria a aplicar antes del 30 de junio, y como el objetivo del Gobierno es aplicar estas medidas para 1998, resulta inevitable recurrir a este procedimiento, como digo, excepcional.
Tan importante es la prisa del Gobierno por aplicar estas medidas que pasa por encima del tan cacareado diálogo con los municipios, que lo consideran satisfecho, como incorporan en la exposición de motivos, porque, según dicen, les han informado de las medidas a adoptar. No sabemos si ése va a ser el modelo de relación que el Partido Popular considera adecuado para mantener con los representantes de los municipios españoles, pero nos parece que coincide con el nulo interés que está demostrando por resolver los grandes problemas que tienen nuestras entidades locales que de nuevo vienen a ser convidados de piedra a la hora de toma medidas que tanto les van a afectar.
A nadie se le escapa la importancia que tiene el IBI para la recaudación de los ayuntamientos convirtiéndose en la principal fuente de ingresos propia y con un alto grado de eficacia recaudatoria, por lo que cualquier modificación debe ser convenientemente consensuada con su participación.
Al analizar este real decreto-ley llegamos a la conclusión de que el Gobierno no quiere solucionar definitivamente la diferencia que existe entre el valor catastral y el valor de mercado, porque cada diez años, siguiendo este mismo criterio, nos encontraríamos con un desfase nuevo, larvado en cada uno de los años de esta década, por la no actualización con los coeficientes que fijan anualmente los Presupuestos del Estado.
La Secretaría de Estado para la Comunicación dice que se va a hacer así para evitar un mecanismo de aumento de base del impuesto que tiene un escaso nivel de rigor y equidad. Yo no sé qué se puede pensar de un Gobierno que en su Ley de Presupuestos incluye estimaciones económicas que se pueden considerar de escaso rigor. También añade equidad pensando en que la actualización de los valores catastrales, conforme al previsible crecimiento de la inflación, no es justa, y como paradigma de la justicia fiscal la propuesta es cero; como diría el castizo. ni frío ni calor. No es verdad que la subida cero sea compatible con un discurso de equidad. La redistribución de la renta se hace en base a una potente política fiscal y dentro del IRPF la única renta que al Estado le sale negativa es la relacionada con la vivienda, pues se abona más de lo que se recibe. Supone una deducción más a los propietarios de viviendas, más beneficios fiscales, más política fiscal regresiva.
En su día la revisión catastral se puso en marcha para acercar el valor catastral de los inmuebles al valor real en el mercado y posibilitar así una mayor potencialidad de las figuras impositivas sobre la vivienda.
Este real decreto choca frontalmente con esta filosofía.
Calificamos como de hipócrita la nueva sensibilidad sobre la justicia social que desarrolla el Partido Popular a la hora de justificar estas medidas, cuando todas las medidas tributarias adoptadas hasta este momento a quien más han beneficiado ha sido a los que más tienen, como cuando se reducen los impuestos directos que distinguen entre los distintos niveles de riqueza y aumentan cada vez más los indirectos, en los que todos tributamos por igual, sin distinción. ¿Acaso debe recaer exclusivamente sobre el IBI esta nueva sensibilidad del Gobierno, pensando que dichas subidas no coinciden con incrementos en la capacidad económica de los afectados? ¿Se piensa aplicar este criterio, como decía Convergència i Unió, al conjunto de la política fiscal? El contenido del real decreto-ley también afecta al Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana al no actualizar sus valores cada año. Los otros dos aspectos fundamentales que se ven afectados gravemente son la insuficiencia financiera y la autonomía municipal. Desgraciadamente, cada vez que un texto legal recoge con reiteración el aspecto que pretende respetar es porque lo lesiona de alguna forma y esto es lo que ocurre en las atribuciones municipales.
Afecta a la suficiencia financiera porque los ayuntamientos no lo van a poder aplicar sobre la totalidad del valor catastral actualizado, como venía siendo hasta ahora, produciéndose una curiosa situación entre los municipios que actualizaron sus catastros hace años, con posibilidad de ingresos mayores para sus arcas, y los que las actualicen a partir de ahora, que sólo lo podrán hacer sobre la base imponible que resulte de aplicar la reducción que corresponda.


El señor PRESIDENTE: Señor Navas, vaya concluyendo.


El señor NAVAS AMORES: Un minuto, señor Presidente.
Vaya si afecta a la suficiencia financiera que el real decreto-ley incorpora la eliminación del artículo 9º.2 de

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la Ley reguladora de Haciendas Locales, respecto al IBI, y este artículo dice que las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de compensación a favor de las entidades locales. Esta particularidad supone que la reducción de ingresos de los municipios no dará lugar a compensación alguna por parte del Estado. Es una prueba contundente de cómo afecta al principio constitucional de suficiencia financiera de los ayuntamientos.
¿Por qué ahora hay que eliminar la compensación del Estado y antes del decreto no hacía falta? Pues, porque se respetaba otro principio ahora vulnerado, como es la autonomía municipal. Era cada ayuntamiento quien decidía libremente cómo incidir en sus ciudadanos la actualización de los valores catastrales, bajando el tipo hasta una cuarta parte del general.
¿Ustedes se han preguntado por qué no ha servido el instrumento de los tipos para escalonar la incidencia fiscal de las revisiones catastrales hasta este momento? No ha fallado la técnica; simplemente ha ocurrido que se ha aplicado de forma desigual; los ayuntamientos asumían antes el principio de responsabilidad fiscal aceptando el coste que supone decir a los ciudadanos que en el reparto de la tarta en los ingresos del Estado, no les toca lo suficiente para mantener en funcionamiento los servicios y competencias municipales y se verían obligados a recurrir a la principal fuente de ingresos propios de que disponen que es el IBI.
Para terminar, señores del Gobierno, cada vez que ustedes se interesan por algo relacionado con los ayuntamientos, éstos se agarran el bolsillo y ven disminuido su margen de autonomía; cada vez que ustedes hablan de justicia tributaria, los que menos tienen saben que tendrán que pagar más. Su real decreto-ley será posiblemente aprobado por una mayoría parlamentaria, pero no será aprobado por los que buscamos una política fiscal progresiva y por quienes creemos que los ayuntamientos son una parte fundamental del Estado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.
Señorías, vamos a proceder a la votación sobre la convalidación del real decreto-ley, y votaciones ulteriores, comenzando por el Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica parcialmente la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que acaba de debatirse.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 172; en contra, 141; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto-ley 5/1997, que acaba de debatirse.
Señorías, el Gobierno se dirigió en la tarde de ayer a la Presidencia para solicitar una modificación del orden del día y excluir de la sesión el real decreto-ley... (Pausa.) Al menos dos grupos parlamentarios me comunican que antes de pasar al siguiente punto del orden del día desearían someter a votación si se tramita o no como proyecto de ley el real decreto-ley convalidado. Lo sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
Exponía a la Cámara el escrito del Gobierno en el que solicita la modificación del orden del día para retirar el Real Decreto-ley 6/1977 --que constituye el siguiente punto del orden del día--, por el que se aprueba el programa Prever, con base en el requerimiento del Parlamento de Canarias para la emisión del preceptivo informe en plazo suficiente para someter el decreto-ley a convalidación.
Reunida la Mesa y consultada la Junta de Portavoces, ambos órganos han informado favorablemente la alteración del orden del día solicitada, y, en consecuencia, someto al Pleno al retirada del orden del día de este punto. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
De la misma manera, querría someter al Pleno el aplazamiento de la finalización de los trabajos, en primer lugar, de la subcomisión de estudios sobre sistemas privados de previsión social, hasta el día 31 de mayo del presente año. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.
A su vez, la comisión de investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, solicita ampliación del plazo para la finalización de sus trabajos hasta el 26 de mayo del presente año. ¿Lo acuerda también el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


--REAL DECRETO-LEY 7/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS INGRESOS DEL ESTADO PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 Y SE DISTRIBUYE ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EL CREDITO CONSIGNADO EN LA SECCION 32 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (Número de expediente 130/000020)

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El señor PRESIDENTE: Debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Para su presentación ante el Pleno, en nombre del Gobierno tiene la palabra el Ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy.
(Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Silencio, señorías. ¡Silencio! Cuando quiera, señor Rajoy.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Presidente, con la necesaria brevedad voy a presentar el Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, les ruego que guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor Rajoy.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata en realidad del último paso para que entre en vigor el nuevo modelo de financiación, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 23 de septiembre del año 1996 y posteriormente en Ley de Presupuestos, entre en vigor.
Antes de proceder a su presentación quisiera hacer un brevísimo capítulo de antecedentes. Como es sabido, los modelos de financiación se modifican cada cinco años, procediendo la revisión del que estaba en vigor hasta el 31 de diciembre del año 1996 a lo largo de ese año para que entrase en vigor el 1º de enero del año 1997. Esta modificación se hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante un acuerdo político entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas. A continuación es preciso plasmarlo en las modificaciones legales que sea oportuno y necesario hacer, después las distintas comisiones mixtas entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas tienen que proceder o no a su aprobación, y por último todo esto se plasma en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece el marco jurídico y económico resultante de todo lo que anteriormente acabo de señalar.
Este es el procedimiento normal, pero en el año 1996, como consecuencia de la situación política que se ha producido, particularmente de la disolución anticipada de las Cámaras legislativas y la convocatoria de elecciones, estos trámites no se pudieron hacer, puesto que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera tuvo lugar el 23 de septiembre del año 1996, mientras que el proyecto de ley de presupuestos se presentaba una semana después y, además, era preciso modificar la Lofca y la Ley de Cesión de Tributos, que daban un plazo de dos meses para la reunión de las respectivas comisiones mixtas. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En consecuencia, en la Ley de Presupuestos, como saben los señores Diputados, se establecen unas medidas transitorias con un doble objetivo: en primer lugar, incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la propia ley, las reglas de aplicación financiera del modelo, en espera del momento en que, cumplidas las exigencias legales a que antes he hecho referencia, se pudiera iniciar su aplicación en los términos previstos en sus distintos apartados y reglas; en segundo lugar, dotar de créditos en el estado de gastos correspondiente la cobertura financiera del nuevo sistema de financiación, puesto que de otro modo no podrían ponerse en funcionamiento en el momento que se hubiesen cumplido dichos requisitos.
A ambos objetivos se dio cumplimiento, al primero de ellos en los artículos 83 y 84 de la Ley de Presupuestos, que no voy a recordárselos aquí, y al segundo en el artículo 82 de la Ley de Presupuestos.
Posteriormente, como también conocen SS. SS., se produjo una modificación parcial de la Lofca y de la Ley de cesión de tributos, y las respectivas comisiones mixtas celebraron sus distintas reuniones a lo largo de los meses de enero y febrero. Hasta ese momento, como no quedaba otra solución, hubo que instrumentar un sistema de anticipos de tesorería para poner a disposición de las haciendas autónomicas recursos con los que atender sus necesidades transitoriamente.
Concluido el mes de febrero, la opción de elaborar la norma y tramitarla como proyecto de ley no era plausible porque hubiese demorado meses la aplicación normal del sistema de financiación, expectativa que no encajaba con la conveniencia de aplicar sus reglas y concluir cuanto antes con la solución provisional de los anticipos de tesorería. En definitiva, se podían apreciar suficientes motivos de urgencia para justificar que se optase por la tramitación del decreto-ley. En virtud de ello, el Gobierno aprobó el real decreto-ley el 14 de abril, por el que se establecen los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, a fin de que se distribuya entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.


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Podría hacer mi intervención mucho más amplia, entrando en todos y cada uno de los artículos del real decreto-ley, pero creo que éste se explica por sí solo y dejo reducida mi intervención en este primer momento simplemente al relato de los antecedentes.
Se trata, en suma, de que el modelo de financiación que ya se ha debatido en innumerables oportunidades en esta Cámara, en el Congreso y en el Senado, y en los medios de comunicación, llegue a su último paso, que es este real decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
En el reciente debate del Estado de las autonomías, celebrado en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción proponiendo que el Gobierno remitiese con carácter inmediato a las Cámaras un proyecto de ley para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Lofca, a fin de fijar la participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas para 1997.
Esta propuesta fue rechazada por la mayoría parlamentaria en el Senado, pero parece que ha sido atendida por el Gobierno y que hoy, por fin, se ha decidido a afrontar la situación de incumplimiento legal, en relación a lo dispuesto en la Lofca, para determinar la participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas. Sin embargo, no se ha optado por el proyecto de ley, sino por la vía del decreto-ley, algo a lo que este Gobierno es realmente aficionado, porque con éste son ya, señorías, veinte los decretos-ley remitidos al Congreso para su convalidación; concretamente, el 45 por ciento de las iniciativas legislativas del Gobierno.
Se ha optado, señorías, por la vía de la urgencia y de la excepción, y el Grupo Socialista no percibe la urgencia. No percibe la urgencia por legislar ahora sobre esta cuestión cuando hace siete meses que se acordó técnicamente el nuevo modelo y cuando hace cuatro meses que se vienen realizando las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
A nuestro Grupo le parece que, más que urgencia, lo que hay en este decreto-ley es la preocupación del Gobierno, el interés del Gobierno en sacar adelante el nuevo modelo, pero sin clarificar, sin explicar, sin demostrar afirmaciones que se han venido haciendo y evitando los debates sobre este modelo, sobre las cifras, sobre los instrumentos y sobre los efectos a lo largo del quinquenio en el que va a estar vigente. Sobre todo ello, sobre las cifras, sobre los instrumentos y sobre los efectos, continúan existiendo, un año después de que se acordara políticamente, serias incertidumbres.
El Gobierno, además, ha elegido una vía totalmente inadecuada desde los preceptos contenidos en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades Autónomas, que, en su artículo 13.4 dice que el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, en cualquier caso, se aprobará por ley. Ese es el procedimiento legislativo que se ha seguido hasta ahora por los anteriores gobiernos y se ha contenido en todas las leyes generales de presupuestos el porcentaje de participación. Asimismo, de forma desglosada, se han contenido las cantidades correspondientes a la financiación de cada una de las comunidades autónomas.
En el reciente debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, asistimos a una situación realmente insólita, ya que no pudimos conocer ni debatir las cantidades correspondientes a cada una de las comunidades autónomas. Se eludió entonces el debate, señorías, y se elude ahora también. No hay urgencia para tramitar este proyecto de ley, este decreto-ley, esta norma. Hay incomodidad, seguramente, por parte del Gobiern, hay opacidad y hay quizá la dificultad de explicar algo que no se conoce. Porque, a estas alturas, señorías, hay que pensar que quizás el Gobierno no sabe todavía qué va a pasar y no sabe cómo aplicar la reforma. Sin duda, ésta es la realidad.
¿Y qué pensar de un Gobierno que decide, como decidió el Gobierno del Partido Popular, una reforma de envergadura para las comunidades autónomas, para su sistema financiero, para unas instituciones que gestionan casi el 30 por ciento de los recursos públicos del Estado; que decidió una reforma sin saber cómo aplicarla, cómo se va a gestionar y sin medir las consecuencias y los efectos, que es lo que se ha hecho? Señorías, desde un juicio prudente, porque el Grupo Parlamentario Socialista quiere buscar el acuerdo y el consenso en esta materia autonómica y, en concreto, en la financiación de las comunidades autónomas, hay que decir que el Gobierno actuó con frivolidad, con improvisación y con una manifiesta irresponsabilidad.
Sin embargo, vamos a entrar también en el contenido de la norma que se nos propone, con las limitaciones que tiene, ya que estamos ante un debate único y con un tiempo reducido para abordarlo. La primera consideración es que son situaciones realmente anómalas las que se contemplan en este decreto-ley. Se contempla para la Comunidad Autónoma de Madrid un porcentaje negativo de participación en los ingresos del Estado. ¿Puede explicar esto, señor Ministro de Administraciones Públicas? ¿Puede decirnos en qué norma que afecte a la financiación de las comunidades autónomas de régimen general se contiene que una comunidad autónoma pueda tener un porcentaje negativo? ¿No estamos, de hecho, ante una situación que podríamos

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considerar de cupo encubierto, algo que no es admisible para una comunidad de régimen general? Segunda consideración, la absoluta falta de transparecencia en la determinación del total de recursos de cada una de las comunidades autónomas. Hay diferencias notables en la financiación que se propone en el decreto-ley y en el anexo del acuerdo de 23 de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ello, sin duda, como consecuencia de servicios transferidos --es lo que hay que pensar--; pero de servicios transferidos sin la publicación, sin la aprobación del preceptivo real decreto de transferencias. Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene una dotación adicional de 5.876 millones de pesetas; de la Comunidad del País Valençiá, con una dotación de 11.250 millones de pesetas no justificada; y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con una dotación adicional de 32.000 millones de pesetas.
Tercera consideración, no existe razón alguna para que las entregas a cuenta, los anticipos de tesorería, a los que se refiere el artículo 5 del real decreto-ley, no se desglosen para cada una de las comunidades autónomas, como se ha hecho con el resto de las partidas.
Cuarta consideración, hay una determinación incorrecta de la finaciación total de cada comunidad autónoma porque se están utilizando los valores de las variables correspondientes al quinquenio 1992-1996. Y ha habido un cambio muy importante en una de las variables, en la variable población, en la que se ha producido un incremento en relación al censo español de 1988, que es el que utilizaba la metodología del quinquenio anterior, de 1.600.000 ciudadanos que no están contemplados en el nuevo sistema de financiación. Es algo que perjudica, evidentemente, a todas las comunidades --casi todas ellas han incrementado su población--, pero notablemente a dos de ellas: a la Comunidad de Andalucía, cuya pérdida en sus ingresos para este año va a ser de 45.000 millones de pesetas, y a la Comunidad del País Valençiá, cuya pérdida para este año en sus ingresos va a ser de 26.000 millones de pesetas. Ustedes han soslayado este tema.
No han querido debatir, no han querido dar explicaciones. Han dado la callada por respuesta cada vez que lo hemos planteado, pero es un tema de la mayor importancia porque se están reduciendo, si no se aplica correctamente esta variable, los recursos de que disponen las comunidades autónomas para afrontar el coste real de los servicios que tienen encomendados y transferidos.
He dejado en último lugar la consideración del problema más grave. Todo esto quizá hubiera podido subsanarse si ustedes hubieran accedido --sé que no están dispuestos-- a tramitarlo como proyecto de ley, pero ni aun así se hubiera subsanado el problema al que me voy a referir, que es el que afecta a las comunidades autónomas que no han aceptado el nuevo sistema de financiación autonómica. El problema es la indefinición legal, la inseguridad jurídica y la desigualdad ante la ley en que se coloca a las tres comunidades que no han aceptado legítimamente este sistema.
Porque, señorías, las comunidades autónomas que no han aceptado el sistema también tienen derecho a que su financiación sea determinada, a que sea aplicado el artículo 13 de la Lofca para fijar el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, algo que no se ha hecho y algo que debe ser necesariamente negociado bilateralmente entre el Gobierno y cada una de las tres comunidades autónomas.
El señor Ministro se ha referido a los antecedentes y quisiera situar la crítica que hace nuestro grupo a la convalidación y al contenido de este decreto-ley. Quisiera recordar que el Grupo Socialista se ha opuesto a la reforma del sistema de financiación, no que ha propuesto sino que ha impuesto el Gobierno. El nuevo sistema tiene, a nuestro juicio --y lo hemos explicado de una manera exhaustiva--, graves defectos, es confuso y no garantiza la solidaridad, la equidad y el equilibrio territorial en el conjunto de España. A pesar de ello, el Grupo Socialista quiere que se cumplan los preceptos legales, que se apliquen correctamente, que permitan que las comunidades autónomas reciban los recursos necesarios para que hagan frente a los servicios y a las competencias que tienen encomendadas. La norma que nos remite el Gobierno no es aceptable. No supone cumplir adecuadamente el precepto de la Lofca, que es lo que se pretende, y aprobar esta norma significa subir un escalón más en el desbarajuste en el que se encuentra el sistema de financiación autonómica como consecuencia de la reforma impuesta por el Gobierno.
El real decreto-ley no responde a una situación de urgencia, vulnera el artículo 13 de la Lofca, no justifica las partidas individualizadas de cada comunidad autónoma, introduce una situación de cupo encubierto para la Comunidad Autónoma de Madrid, reduce los recursos efectivos para tener el coste real en la prestación de servicios por las comunidades autónomas que han incrementado su población, y a las que no han aceptado el nuevo sistema de financiación las coloca en una situación de indefinición legal, de inseguridad jurídica y de desigualdad ante la ley.
Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista va a oponerse a la convalidación del real decreto-ley que nos propone el Gobierno.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aroz.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.


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Brevemente voy a expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego, que es contraria a la convalidación del real decreto-ley por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001. Lo hacemos así en coherencia con lo expresado por nuestro grupo en los debates de los proyectos de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas y de modificación parcial de la Lofca. Porque lo que hoy debatimos es la plasmación de los principios genéricos contenidos en ambas leyes sobre la finanaciación de las comunidades.
El Bloque Nacionalista Galego basa su desacuerdo en la insuficiencia autonómica financiera que el modelo proporciona a la Comunidad Autónoma de Galicia, así como la escasa capacidad de decisión en cuanto a sus instituciones. Por tanto, nuestra posición --y queremos dejarlo claro-- nada tiene que ver con aquellos que propugnan el mantenimiento del status anterior o a quienes les parece que el modelo de financiación propuesto supone una concesión excesiva.
El real decreto-ley propone una financiación insatisfactoria para nuestra comunidad autónoma porque, en primer lugar, se basa en limitar la base de la autonomía fiscal a la cesión de un tramo del IRPF, descartando un modelo alternativo que abarque al conjunto del sistema tributario. En segundo lugar, porque proporciona una cobertura financiera limitada, consolidando la dependencia de las transferencias de la Administración central; y, en tercer lugar, porque la capacidad normativa de la comunidad autónoma a los tributos cedidos es también muy limitada y, además, no recoge las medidas necesarias destinadas a residenciar fiscalmente a los sujetos pasivos en el lugar donde obtienen sus beneficios. Un modelo, en fin, que consideramos inadecuado e insuficiente para permitir que nuestra comunidad autónoma impulse una política de desarrollo económico y social tendente a recuperar posiciones en el marco estatal y europeo.
Por estas razones vamos a votar en contra de la convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto positivo a la convalidación de este real decreto-ley en base a los siguientes argumentos. Somos congruentes con la línea que ha mantenido el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo de Canarias en las distintas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Qué duda cabe que los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo, celebrada en septiembre de 1996, dieron lugar a una modificación de tipo jurídico y económico respecto del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Fue una profunda reforma que es necesario ir desarrollando con los instrumentos legales pertinentes.
En el texto de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 --se hizo de una forma globalizada y en un capítulo determinado-- no se reflejó de una forma individualizada, comunidad autónoma por comunidad autónoma afectada, la cuantificación de su modelo de financiación. Por tanto, era necesario adaptarse a unos plazos de perentoriedad que la propia ley venía a fijar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Al mismo tiempo habíamos modificado, a finales de 1996, la ley de cesión de tributos del Estado, así como la Ley Orgánica 8/1980, de financiación de las comunidades autónomas. Por ello era necesario cumplir un primer bloque de pactos, así como el calendario. Todo estos trámites concluyen el pasado día 28 de febrero cuando las comisiones mixtas se pronuncian al respecto.
Una vez cerrados los ajustes de financiación, cosa que acaba de cumplir el Gobierno remitiendo al Parlamento el proyecto de ley de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y, sobre todo, fijando el alcance y las condiciones de dicha cesión --que debatiremos en fechas próximas--, entendemos que se ha cumplido escalonadamente el calendario derivado de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de septiembre de 1996, del modelo que ponen en funcionamiento, ya que era necesario adoptar medidas jurídicas y financieras, y aquí viene ya el significado compromiso financiero que, como he dicho, no pudo recoger de forma individualizada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
En el artículo primero, al hacerse ya la adscripción de los porcentajes y de las cantidades, tanto de los ingresos territoriales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como de los ingresos generales del Estado para el quinquenio 1997-2001, la Comunidad Autónoma de Canarias siente que se ha reflejado, que se ha recogido perfectamente su criterio.
Igual pasa con las asignaciones que figuran en las transferencias respectivas. En una línea de sentido común, en una línea de congruencia y de lógica, esto responde a nuestros planteamientos políticos, explicados en los distintos foros --desde las comisiones mixtas hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las negociaciones entre el Gobierno canario y el Gobierno central--, y, por tanto, sintiéndonos plenamente satisfechos con este documento que, como digo, refleja y recoge nuestro criterio, y considerando también la urgencia, dado que acaban de entrar en la Cámara esos proyectos de ley que modifican este régimen de cesión para diversas comunidades autónomas, vamos a votar

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afirmativamente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, que, por una parte, aborda la aprobación de los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado en el período 1997-2001 y, por otra parte, establece la distribución de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre las comunidades autónomas.
Ya el 23 de septiembre del año pasado el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el modelo para la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en este quinquenio 1997-2001, lo que requería una sujeción jurídica y financiera, en primer lugar, por la incorporación al ordenamiento jurídico de los cambios normativos establecidos en la Lofca, hecho que se produce con la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; en segundo lugar, por la cesión de los tributos derivados del modelo de financiación, situación que se da con la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y las medidas fiscales complementarias, y, en tercer lugar, por la aceptación del modelo por las comisiones mixtas, con un plazo que va hasta el 28 de febrero, como se contempla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. Por estas razones, los Presupuestos Generales del Estado de este año incluyeron un crédito global destinado a la cobertura del nuevo sistema y no una distribución individualizada, aspecto que se realiza en este real decreto-ley, diferenciando entre las comunidades autónomas que han aceptado el nuevo sistema de financiación y aquellas que no lo han aceptado, como son Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. A nuestro entender, en la medida en que el nuevo sistema de financiación autonómica significa un avance importante en la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, en lo que abunda este real decreto-ley, nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el contenido del mismo y anuncia el apoyo a su convalidación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Quiero anunciar nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley. No podía ser de otra manera, toda vez que al remitirnos el Gobierno, por la vía del real decreto-ley la determinación de los coeficientes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, ello se deriva del acuerdo alcanzado con este Gobierno en torno a la financiación de las comunidades autónomas.
Esta es una materia que hoy se presenta a esta Cámara como consecuencia de las disposiciones que se incorporaron en las leyes de presupuestos, de acompañamiento, de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la de cesión de tributos, que eran las tres normativas que integraron todo lo relativo a la financiación de las comunidades autónomas.
Señorías, el Gobierno nos plantea este tema mediante un real decreto-ley.
Quiero decir a la señora Aroz que mi grupo parlamentario está plenamente de acuerdo con que esa tramitación se haga por real decreto-ley, porque de lo contrario dejaríamos fuera de su aplicación, en el ejercicio de 1997, a las comunidades autónomas que sí han aceptado la reforma. Si no se tomara esa decisión, si políticamente hoy rechazáramos esa convalidación y con su voto parece que así lo van a hacer la consecuencia inmediata sería que todos los aspectos positivos que tiene la reforma de financiación de las comunidades autónomas acordada no podrían entrar en vigor en 1997, no se podrían materializar en este año.
Nosotros estamos de acuerdo en que se convalide y les pedimos que ustedes también lo estén o, por lo menos, que se abstengan en la votación porque, al margen de estar en desacuerdo, al margen de discrepar plenamente sobre los contenidos de la reforma, hoy formalmente el voto negativo es perjudicial para todas las comunidades autónomas que soberanamente han decidido entrar en el nuevo modelo de financiación.
La señora Aroz sabe muy bien, porque ha sido miembro de la Comisión Mixta de Valoraciones entre la Generalidad de Cataluña y el Estado durante mucho tiempo --en esa Comisión hemos podido compartir muchos años las discusiones sobre la financiación autonómica--, que la decisión de determinar el porcentaje la toma previamente la Comisión mixta de cada comunidad autónoma con el Estado. Hasta el mes de febrero pasado no pudo terminar el proceso de decisión bilateral de todas aquellas comunidades autónomas con el Estado para fijar los porcentajes correspondientes y, como consecuencia de ello, no se pudo incorporar en el debate de presupuestos. Con el visto bueno de su grupo parlamentario, en el último momento

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y en el trámite del Senado se incorporaban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas. En esta ocasión no se pudo hacer, entre otras razones, porque las comisiones mixtas de los distintos gobiernos autonómicos no han podido concluir sus acuerdos con la Administración central hasta el pasado mes de febrero. Por tanto, no quedaba otro remedio que incorporar, por el procedimiento del real decreto-ley, la decisión de determinar estos porcentajes, recogiendo los acuerdos que han tomado las comunidades autónomas en las correspondientes comisiones mixtas.
Por eso se trata hoy de reflexionar en torno a un procedimiento que no puede ser cuestionado por su grupo. Si un grupo lo cuestiona y lo rechaza, la consecuencia política inmediata es que no haya porcentaje posible en el año 1997. La crítica al sistema, la crítica al acuerdo, la crítica a la reforma ya la hicieron ustedes en su momento, ya quedó reflejada en el «Diario de Sesiones» a través de los debate de las leyes.
Hoy simplemente estamos adecuando unos porcentajes, que se derivan de la decisión que han tomado las comunidades autónomas con la Administración central para poder aplicar la reforma a este año 1997. No veo por qué tienen ustedes que estar en contra.
Ahora bien, si ustedes quieren aprovechar el trámite de ese real decreto-ley para decir lo que les apetezca sobre la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y repetir los argumentos del debate, eso es otra cuestión. Quiero dejar claro y decir a la Cámara y a los ciudadanos que pueden estar al tanto de este debate, que el rechazo a la convalidación de este real decreto ley no tiene ningún sentido, porque el perjuicio es para todas las comunidades autónomas que se han acogido a la reforma del sistema de financiación.
No dedico más tiempo, señora Aroz, al hecho de que Madrid tenga un porcentaje negativo. Usted sabe por qué debe ser así. Como buena experta en esa materia y conocedora de lo que estamos debatiendo, usted sabe perfectamente por qué es negativo ese porcentaje. Por lo tanto, tampoco tiene fundamentación política ni técnica el que usted, por el hecho de que el porcentaje de una comunidad sea negativo en la distribución de dichos ingresos, haga de ello un argumento político para rechazar un modelo de financiación. Si usted lo rechaza será pero por otras cuestiones, no porque Madrid tenga un porcentaje negativo. Si no figurara ese porcentaje negativo para Madrid, señora Aroz, no cuadraría nada en relación con todas las otras comunidades autónomas, y esto usted sabe perfectamente que es por razones estrictamente técnicas, no por razones políticas.
En consecuencia, hago un llamamiento al Grupo Socialista para que, aun estando en discrepancia respecto al modelo, porque ya sabemos por qué lo están, en el acto de convalidación de hoy no se distraigan SS. SS. con otros argumentos; si hoy se vota en contra, se está en contra de los intereses de las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.) Señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Para una cuestión de orden.
Se han establecido unas normas que se pretenden cumplir y que todos los portavoces y todos los intervinientes nos atengamos a ellas, para que las intervenciones que se hagan se ciñan a los turnos que se consumen. El Grupo Socialista ha consumido un turno en contra y no ha habido turno a favor, pero la intervención del portavoz de Convergència i Unió ha sido un turno a favor. Señor Presidente en funciones, en el anterior debate el turno a favor que ha consumido el Grupo Parlamentario Popular ha dado lugar a que el Grupo Socialista pudiera intervenir y replicar a lo que se había dicho. Creo que en la intervención del señor Homs se ha desvirtuado el turno de fijación de posiciones y solicito, en consecuencia, poder replicar a los comentarios que en dicha intervención se han vertido.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, señora Aroz, pero vamos a concluir previamente el turno de fijación de posiciones, porque esa circunstancia puede repetirse en alguna de las intervenciones de fijación de posiciones a favor y en contra de la iniciativa, con lo que utilizaríamos un tiempo que no debemos consumir.
Por tanto, vamos a finalizar antes el turno de fijación de posiciones y a continuación consideraremos la eventualidad que plantea la señora Aroz.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que nuestras posiciones políticas sobre los contenidos ya las hemos expresado a lo largo de todo el debate que ha tenido lugar en la Cámara respecto al desarrollo del pacto de investidura y de los compromisos del mismo, así como el efecto que éstos tenían sobre el desarrollo autonómico y la financiación.
Para nosotros esto debería haber sido un tema de Estado. Las competencias, por así decirlo, son el esqueleto del Estado y los dineros o los recursos son su corazón para cumplir las competencias de ese modelo de Estado. Sin embargo, señor Presidente, en el mes de abril, nos encontramos ante el trámite de un real decreto-ley del Gobierno que obedece a la improvisación del Gobierno y de los que apoyaron y votaron los

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Presupuestos Generales y, además, a la imprevisión del Gobierno y de los que apoyaron y votaron los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué? Porque no se hacía --como siempre se ha hecho a lo largo de la discusión presupuestaria-- la distribución y los porcentajes que cada comunidad recibía, con lo que hoy nos encontramos incumpliendo la Lofca, puesto que la Lofca dice que a través de una ley se fijarán los porcentajes de participación de las comunidades autónomas, y el Gobierno y sus socios quieren hacerlo por decreto. No estamos de acuerdo. Por eso, al portavoz de Convergència i Unió, que ha dicho antes que si votábamos negativamente estábamos en contra de los intereses de las comunidades autónomas, le diría que la imprevisión y la de su grupo son las que nos llevan a nosotros, en este trámite, a no aceptar que nos fijen por decreto lo que tenían que haber hecho por ley.
Además, le voy a dar una razón política, que es más importante aún. Como este año --permítame S. S. que se lo diga-- es un año muerto en cuanto a los efectos del modelo de financiación, no hay ninguna prisa y se puede tramitar como ley lo que debe ser ley, para posibilitar, discutir y corregir algunas limitaciones. Por ejemplo, primero, ¿cómo es posible que si siempre han venido señalados los porcentajes y los dineros concretos de cada comunidad ahora sólo vengan los de unas y queden fuera tres? ¿Por qué? Si han quedado fuera del modelo, porque sus comisiones lo han decidido, póngase el porcentaje que les corresponde, con el modelo que sea. Sin embargo, en el mes de abril, a esas tres comunidades las dejamos en indefensión al no fijar sus porcentajes. ¿Por qué esa realidad? Segundo, ¿por qué en algunas comunidades se recogen competencias para fijar los porcentajes que aún no han recibido a través de la ley de transferencias y para otra realidad se aplica el antiguo cuerpo competencial? No lo entendemos, tampoco lo vemos claro. Tercero, yo relativizo eso del porcentaje negativo, ya que, aunque la referencia que hacía la portavoz socialista en su intervención en contra venía a decir que por primera vez figura un porcentaje negativo, a pesar de que la justificación es verdad, si a Madrid le aplicamos el 15 por ciento del IRPF, se pasa de su PIE; pero es que aquí es la concreción, insisto, improvisada de su 15 por ciento más la ampliación que le damos. Por eso le ponemos un porcentaje negativo. Sin embargo, técnicamente, yo tengo mis dudas de que ésta sea la fórmula, porque se puede poner el porcentaje acumulado y no pasaría nada. Por tanto, hay una incorrección o una improvisación.
Señor Presidente, nosotros creemos que este decreto no debe ser convalidado y que el Gobierno debe presentar una ley en la Cámara para que se fije claramente el porcentaje de participación de las comunidades sobre las cuales se va a aplicar el 98 por ciento mensual, que, por cierto, se está aplicando sobre el modelo anterior hasta que no entre en vigor este procedimiento. Además, creemos que se podrían corregir otras limitaciones. En todo caso, por cumplir, no vamos a votar a favor de este decreto.
Señorías, termino con este razonamiento: aquí se ha argumentado que el voto negativo puede ser reiterar el debate anterior y obstruir o perjudicar a todas las comunidades autónomas. Mire usted, pues, no. ¿Qué pasa en Asturias? Un gobierno ha decidido una cosa, y la mayoría del Parlamento ha recurrido el modelo. ¿A quién perjudicamos? ¿Qué pasa en otras realidades? ¿Por el hecho de que una comunidad tenga, por decisión del pueblo y por desgracia para nosotros, una mayoría de un partido con el que no compartimos nada, no podemos defender una opinión en este trámite? Los valores absolutos y la concepción maniquea son la eliminación del debate político. Nosotros vamos a votar no a este decreto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHANIZ SALGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, consumo el turno de fijación de posiciones de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, para la convalidación del Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre éstas el crédito consignado en la sección 32 de los presupuestos para 1997. Un real decreto-ley que culmina el modelo para la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas durante este quinquenio, que fue adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de septiembre, que a nuestro juicio sustancia una profunda reforma del sistema de financiación y cuya ejecución jurídica y financiera ha requerido la adopción de medidas en orden a la incorporación al ordenamiento jurídico de los cambios normativos en la Lofca, en la Ley general de cesión de tributos a las comunidades autónomas, y la adopción del modelo por las diferentes comisiones mixtas. Un modelo que da respuesta a las necesidades del sistema, eliminando viejos y sabidos problemas de dependencia financiera y dotando a las comunidades autónomas de recursos de funcionamiento automático suficientes y a la vez capaces de cumplir simultáneamente los principios de autonomía financiera, de solidaridad y de corresponsabilidad fiscal.
La disolución anticipada de las Cámaras legislativas y la convocatoria de elecciones generales impidieron que el nuevo marco jurídico, financiero y tributario pudiese ser incorporado al proyecto de ley de presupuestos para 1997, cuestión nada baladí, al concluirse en 1996, el año pasado, el sistema del quinquenio anterior.


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Por este motivo, señorías, hubo que incluir en dicha ley, en primer lugar, medidas transitorias para incorporar las reglas de aplicación financiera del modelo y que así, una vez superadas las exigencias legales y formales, se pudiese iniciar su aplicación en los términos previstos en los artículos 83 y 84 de la ley, y, además, un crédito de dos billones 363.600 millones en el estado de gastos para la cobertura financiera del nuevo sistema de financiación, concretamente en el servicio 18 de la sección 32, recogidas en el artículo 82 de la Ley de presupuestos para 1997, como previsión de dotación para cada mecanismo financiero y para cada comunidad autónoma. La entrada en vigor el 1º de enero de esos cambios normativos otorgó a las comisiones mixtas un plazo, que concluyó el pasado 28 de febrero, para que se pronunciaran sobre el nuevo sistema de financiación. En segundo lugar, la obligación de instrumentar un sistema de anticipos de tesorería que ponga a disposición de las haciendas autonómicas recursos suficientes para atender sus gastos --sin la precisa ortodoxia al ejecutarse al margen del presupuesto--, la condición de que la norma tenía su contenido absolutamente predetermiando por el propio modelo y la inconveniencia de demorar varios meses la aplicación del sistema de financiación, avalan, a nuestro juicio, señorías, la necesidad de este real decreto-ley que da cumplimiento a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Su artículo 1 cubre el aspecto jurídico cumpliendo el artículo 13 de la Lofca y aprueba, además, los porcentajes de participación de las comunidades autónomas que han adoptado el modelo --doce de las quince del régimen común-- en los ingresos del Estado para 1997 en sus dos tramos.
En primer lugar, el tramo de participación en los ingresos territoriales del IRPF, que puede llegar como máximo al 15 por ciento de los ingresos obtenidos por el impuesto en el territorio respectivo, y que debe tener, por parte de cada comunidad autónoma, la capacidad de absorción financiera del mismo para evitar dar origen a retornos financieros, lo que hace, señorías, que ocho comunidades autónomas tengan asignado un 15 por ciento; tres, un 5 por ciento y, señora Aroz, Madrid, que no tiene capacidad de absorción de ese 5 por ciento mínimo. El segundo tramo, el de la participación en los ingresos generales, que se asigna a todas las comunidades autónomas y cuyos porcentajes han fijado las distintas comisiones mixtas con carácter provisional, como no puede ser de otra manera, ya que los dos términos que intervienen en su fijación, tanto la financiación inicial de la comunidad autónoma como el valor del índice de los ITAE en el año base, 1996, son también provisionales.
En los artículos 2, 3, 4 y 5 de este real decreto se cubre el plano financiero, afectando a todas las comunidades autónomas, hayan suscrito o no el sistema de financiación. Para las doce que lo han adoptado, tienen por objeto dotar los créditos de la sección 32, correspondientes a la cobertura financiera del 98 por ciento de las entregas a cuenta de los dos tramos anteriores. El primero, concretamente en el artículo 2, de 385.300 millones, para el concepto 451, y el segundo, en el artículo 3, de 652.360 millones, para el concepto 454 del programa 911B. Para aquellas comunidades autónomas, señora Aroz, que no han adoptado el modelo, en el artículo 4 se aprueban las transferencias positivas, concretamente en el concepto 456, por valor de 677.124 millones, correspondientes también al 98 por ciento de las entregas a cuenta de su participación en los ingresos del Estado, de acuerdo con el método de aplicación antiguo, el correspondiente al quinquenio 1992-1996. Por último, en el artículo 5, se aprueba, en el concepto 459, un importe de 548.830 millones, correspondiente al remanente del crédito global previsto inicialmente, para proceder, en su caso, a la cancelación de los anticipos de tesorería efectuados con cargo al 98 por ciento de las entregas a cuenta del rendimiento de la tarifa autonómica del IRPF, en tanto en cuanto este año no es posible, como SS. SS. podrán comprender, un régimen de cancelación de estos anticipos mediante la devolución de ingresos de la recaudación del Estado por el IRPF.
Señorías, señora Aroz, este real decreto-ley culmina un modelo que sienta una de las bases más importantes para una hacienda moderna, una reforma bajo el principio motriz de la corresponsabilidad fiscal sobre el que pivotan las medidas adoptadas en tres frentes concretos: en la asignación de competencias normativas en la cesión de tributos, en la consideración del IRPF como un impuesto compartido, tanto en la regulación como en su rendimiento, y, cómo no, en la incorporación a las tareas de planificación y de actuación de la Administración tributaria.
Era indispensable, en este momento, sumar al proceso de descentralización del gasto público la descentralización de los recursos financieros. El modelo anterior amenazaba, a nuestro juicio, el principio de la autonomía financiera y, desde luego, no permitía profundizar con coherencia en la autonomía política, además de que propiciaba la ineficacia de la Hacienda en su conjunto al no asociar la provisión de bienes y servicios públicos prestados por las comunidades autónomas con la responsabilidad en los ingresos. Esta situación no motivaba la optimización en ningún caso de los recursos y, además, suponía un mecanismo perverso al permitir políticas presupuestarias que permanentemente generaban déficit y, posteriormente, responsabilizaban a la Administración central de no financiar adecuadamente las necesidades de sus ciudadanos. Por ello ustedes incluyeron en su programa electoral el principio de corresponsabilidad fiscal al que ahora se oponen y al que no son capaces de dar una alternativa, utilizando en cada comunidad autónoma argumentos distintos, argumentos contradictorios.


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La responsabilidad del gasto, señorías, señora Aroz, no puede estar disociada nunca de la responsabilidad política del ingreso porque este hecho genera, desde el punto de vista financiero, efectos enormemente negativos. El principio de que quien tiene la capacidad de promover, de priorizar y de financiar políticas debe tener también la responsabilidad de participación en el origen de los fondos, en su obtención, de manera que el ciudadano lo perciba nítidamente, de que el contribuyente pueda relacionar de una forma clara el origen y la aplicación de los fondos, es esencial, a nuestro juicio. Eso y no otra cosa, señora Aroz, es la corresponsabilidad fiscal; eso y no otra cosa, señorías, es lo que se contiene en el nuevo modelo de financiación autonómica, junto con una serie de instrumentos que garantizan perfectamente la solidaridad interterregional. Es, en definitiva, señorías, una auténtica apuesta por la autonomía.
Con este real decreto se cumplen las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se da cuerpo a una demanda ya puesta de manifiesto de una forma clara en el debate autonómico del Senado del año 1994 y se inicia la aplicación del sistema de financiación de comunidades autónomas para el quinquenio 1997-2001. Es un modelo que aumenta la responsabilidad, un modelo que aumenta la autonomía real, que aumenta la participación, que aumenta la eficacia de la Hacienda pública, que aumenta en definitiva la optimización de los recursos que los ciudadanos ponen en manos de la Administración para que les sean devueltos en forma de bienes y servicios. Un modelo, señorías, que avanza un paso más en esta dirección y que, por tanto, va a ser bueno para las comunidades autónomas y va a ser bueno para España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Echániz. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.) Señora Aroz, voy a concederle el uso de la palabra en aplicación del artículo 73.1, ya que el señor Homs, al final de su intervención, tan sólo al final, ha entrado en contradicción con su señoría. Tiene tres minutos para la utilización de un turno de rectificación o réplica; tres minutos y sin aludir al resto de los intervinientes que, con posiciones favorables o negativas a la iniciativa, han fijado estrictamente la posición de su grupo en cada una de las intervenciones.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Espero no salirme de sus instrucciones. Aprovecho el turno para agradecer la intervención del portavoz del Grupo Popular y el tono moderado de la misma, que nuestro grupo recibe positivamente como una posible aproximación en la apertura de un diálogo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le ruego que utilice el tiempo que esta Presidencia le ha concedido en función... (Rumores.) ¡ Silencio, señorías! (El señor Yánez-Barnuevo García: ¡Deja hablar!) ¡Señor Yáñez! Le ruego que utilice el tiempo en función del artículo que le he invocado.


La señora AROZ IBAÑEZ: Me ceñiré a sus instrucciones.
Señor Homs, usted ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de perjudicar, con la posición que hemos expresado y con el voto que vamos a ejercer responsablemente, el normal funcionamiento de las comunidades autónomas. Señor Homs, llevamos con un retraso de siete meses en relación con el acuerdo de financiación adoptado por las comunidades autónomas, sin que a lo largo de ese tiempo se haya avanzado en la determinación del porcentaje, porque el Gobierno dio un plazo de tres meses cuando podía haberse llevado a cabo pocos días después del 23 de septiembre de 1996 y cuando a lo largo del año 1997 se han venido realizando las transferencias a cuenta, sin que se haya producido ningún perjuicio en el funcionamiento de las comunidades autónomas. Podríamos haber esperado, señor Homs, tres o cuatro meses más para aprobar adecuadamente el proyecto de ley que debería permitir la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado.
Señor Homs, realmente lamento que nos hayamos alejado de los planteamientos que hemos compartido en el pasado. Hemos compartido algo muy satisfactorio; hemos compartido el acuerdo para el quinquenio 1987-1991 en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. No es nuestro grupo el que perjudica en estos momentos, señor Homs; es su grupo el que tiene responsabilidades en la situación actual; es su grupo el que es corresponsable en la situación actual de desgavell, de desbarajuste del sistema autonómico. Ustedes han sido los principales culpables de la lógica de la opacidad, ustedes han sido los principales culpables de la lógica de la ganancia, del beneficio, del rendimiento en el sistema de financiación de la comunidades autónomas.
Señor Homs, compartíamos unos criterios para el desarrollo del sistema de financiación de las comunidades autónomas, unos criterios respecto a que debería realizarse por consenso, a que debería ser un instrumento adecuado para el autogobierno de las comunidades autónomas, pero que no podían apartarse de los principios de solidaridad, de equidad y de equilibrio territorial.
Gracias, señor Presidente. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, ¿para qué pide la palabra?

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El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, pido la mitad del tiempo que le ha concedido a la señora Aroz, de acuerdo con los mismos artículos a los que ella ha hecho alusión para oponerse a mis implicaciones, y poder contestar a las que ella ha hecho en este momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la palabra, pero le ruego la máxima brevedad.


El señor HOMS I FERRET: Señora Aroz, quisiera decirle con todo el cariño que mi grupo no le acusa. Primero, les pedimos que voten a favor porque votar en contra del acto que vamos a hacer hoy no tiene ningún tipo de justificación; si este decreto-ley no se convalidara, dejaríamos sin porcentaje a las comunidades autónomas, por tanto no tiene ninguna lógica.
Segundo, parece que el retraso de tres meses para ustedes es un elemento políticamente importante. Para nosotros no tiene valor después de tantos años de retraso en llegar a alcanzar un buen acuerdo en materia de financiación de comunidades autónomas. Durante los últimos años no pudimos llegar al acuerdo que ahora se logra y por eso ahora tres meses más no tienen ningún valor.
Tercero, quisiera decirle, señora Aroz, que este acuerdo es mejor que el que hicimos con su grupo político. Esto lo sabe toda la sociedad y en mi comunidad autónoma lo saben todos los ciudadanos. Le pido que, como Diputada que es por Barcelona, se sume a este acuerdo de hoy.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación del Real Decreto-ley número 7, de 14 de abril de 1997, por el que se aprueban los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las comunidades autónomas el crédito consignado en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 174; en contra, 137; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley debatido.
¿Algún grupo parlamentario desea la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley? (Pausa.) No se solicita por ningún grupo parlamentario.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 121/000024)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, al punto VII del orden del día: dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen del proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social ¿Grupos que deseen consumir un turno a favor de las enmiendas? (Pausa.) El señor Vázquez, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, más conocido como reforma del sistema de pensiones.
Con motivo del debate anterior que sobre este tema tuvo lugar en la Cámara, ya tuvimos ocasión de posicionarnos en contra de la reforma del sistema de pensiones, porque, según nuestro criterio, esta reforma supone, en lo esencial, un recorte de las futuras pensiones de jubilación o, cuando menos, de la mayoría de las pensiones.
El texto que hoy se va a someter a votación mantiene el núcleo de la proposición original, aunque recoge, desde nuestro punto de vista, algunas modificaciones positivas. Así, ahora se fija un límite temporal en el año 2002 para la equiparación de las bases máximas de cotización, con la cuantía del tope máximo, lo que no se hacía en el proyecto inicial del Gobierno. En consecuencia, vamos a retirar nuestra enmienda número 87.
También hay mejoras recogidas en el artículo 7.2, en la disposición adicional segunda, en la disposición final primera, etcétera. Igualmente se hace referencia en el texto a la intención del Gobierno de presentar estudios sobre el régimen especial de los trabajadores autónomos, así como la posible inclusión en el sistema de las amas de casa, no amparadas por prestaciones contributivas, que en su día veremos en qué se concretan porque hasta ahora esto es una declaración de intenciones.
Sin embargo, como decía, el núcleo de la reforma que se propone permanece invariable respecto al texto inicial. Una reforma que propugna un recorte en la cuantía de la mayoría de las futuras pensiones y que se enmarca dentro de las reformas generales del sistema de protección social, condicionadas por la filosofía de

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Maastricht de disminución del gasto público, de recorte de los derechos sociales de los trabajadores y de privatización.
Estamos, por tanto, ante un nuevo paso al que, de no modificarse la orientación de la política económica, seguirán otros en el mismo sentido restrictivo. Una reforma que va a perjudicar a la mayoría de la población al reducir las pensiones de aquellas personas que cotizasen menos de 25 años a la Seguridad Social, y al aumentar de ocho a quince los años a considerar para efectuar el cálculo de la base reguladora; una reforma que propone medidas para favorecer la permanencia en el puesto de trabajo a las personas mayores de 65 años, dificultando el acceso al trabajo a los jóvenes y que, sin embargo, no aborda cuestiones tan importantes como la mejora de la gestión, de los mecanismos de recaudación, de la lucha contra la economía sumergida o de la lucha contra el fraude y la morosidad, y que aplaza al año 2000 la separación de las fuentes de financiación entre el sistema contributivo y no contributivo y deja en una nebulosa la constitución de los fondos de reserva.
A nosotros nos preocupa todo esto porque mientras los recortes siguen produciéndose; mientras crece, en consecuencia, la desconfianza en el sistema público de pensiones, aumentan los fondos privados de esta naturaleza, que naturalmente sólo se pueden costear los sectores sociales más favorecidos, y se está así configurando un sistema en que el Estado tiende cada vez más a garantizar una pensión mínima o de subsistencia para la mayoría de la población, y los sectores sociales más favorecidos se garantizarán su pensión por la vía de los fondos. Se conduce a perder por esta vía el sistema de protección social cada vez más su carácter redistribuidor de la riqueza, su carácter compensador de las desigualdades sociales, transformándolo en un sistema totalmente injusto.
Estamos ante un proyecto de ley que no sólo no mejora ni mantiene, sino que restringe las prestaciones futuras de la mayoría de los pensionistas, como decía, y que se basa, en lo fundamental, en la necesidad de mantener el equilibrio financiero del sistema. Un equilibrio que, al parecer, corre peligro, dado que las cotizaciones y los impuestos serían insuficientes para mantener a un número cada vez más grande de pensionistas; es decir, que con el paro que hay el sistema quebraría, puesto que, en lo fundamental, se trataría de que se autofinanciase con las cotizaciones sociales. Este es el argumento que se utiliza para defender la reforma, porque yo no escuche a nadie, hasta el momento, que se mejoran las prestaciones futuras de la mayoría, lo cual no deja de constituir una paradoja, no sólo porque ya es discutible el principio de la autofinanciación, sino porque parece que es evidente que contradice las constantes afirmaciones que desde el Gobierno y otros sectores se hacen sobre la denominada marcha de la economía: la economía va bien, la Bolsa sube, estamos en máximos históricos, hay confianza y en consecuencia se va a crear empleo; por decirlo llanamente, se va a crear empleo a mogollón, y además ya se están tomando las medidas necesarias para que éste sea indefinido. Esto quiere decir que vamos a entrar en el euro en primera, en primerísima velocidad, con lo cual nos vamos a llenar de importantes felicidades futuras. En esta optimista situación económica, donde al parecer se prevé más y mejor empleo, parece imposible, sin embargo, que las prestaciones sociales tiendan a reducirse. Lo lógico sería pensar que tanto las cotizaciones como las recaudaciones por impuestos tendieran a aumentar.
Desde nuestro punto de vista, señoras y señores Diputados, algo no va bien, algo no encaja; cada vez se crea más riqueza, cada vez se distribuye menos, cada vez aumenta más la separación entre los distintos sectores sociales, y desde luego nosotros no compartimos esta filosofía, no compartimos estas soluciones que parece que son las únicas posibles en el momento presente.


El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, vaya concluyendo.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Acabo inmediatamente, señor Presidente.
Nuestras enmiendas, que naturalmente van a ser rechazadas, pretendían frenar este tipo de medidas restrictivas que se planteaban en el proyecto de ley. Por tanto, nosotros anunciamos que vamos a votar negativamente este proyecto porque estamos convencidos de que ni racionaliza ni consolida el sistema de pensiones, simplemente lo recorta. Por decir algo, lo más fácil sería acomodarse, diluirse en la aplastante corriente dominante, pero nosotros no estamos aquí para mantener posturas fáciles o acomodaticias, sino para defender lo que en conciencia creemos que es justo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente, y muy brevemente para señalar que mantenemos las seis enmiendas, retirando en este momento la relativa al artículo 7, párrafo tercero.
Es doble la naturaleza de nuestras propuestas. Por una parte, la enmienda a la disposición final tercera la recogíamos ya en el debate de totalidad, y se refería a las competencias que en materia de gestión de régimen económico de la Seguridad Social deberían ser transferidas a aquellas comunidades autónomas, en concreto a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que la tenía recogida en su propio Estatuto de Autonomía.
Esto creíamos que era una cuestión clave.
Por otra parte, presentábamos cinco enmiendas al contenido del proyecto, en concreto a los artículos 1,

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5, 9, 11 y 12. En relación con estas enmiendas, simplemente señalar que la primera hace referencia a que creemos conveniente que la separación de las fuentes financieras no debiera postergarse al año 2000, sino que tenía que hacerse en plazo mucho más breve.
En la enmienda al artículo 5 entendíamos que el plazo elevado a quince años en lugar de ocho podría ser perjudicial para una gran parte de ciudadanos, de personas asalariadas; por eso recogíamos un párrafo tercero para que estas personas pudieran escoger o elegir entre ambas situaciones o ambas posibilidades.
La enmienda que se realizaba al artículo 9 hacía relación a las cuantías de pensiones mínimas de viudedad, y proponíamos que no tuvieran un trato de dilación en el tiempo a la hora de equipararlas respecto a aquellas pensiones de personas de 60 a 64 años.
El artículo 11 es el artículo que muchos otros defenderán relativo a la revalorización o al famoso sistema de índice de precios, el IPC Nosotros considerábamos en esta enmienda la necesidad de garantizar que para esa revalorización de las pensiones sobre el IPC real se estableciera claramente un sistema para garantizar que fuera así; que no se dejase a la libre opción de qué es lo que pudiera pasar. Entendíamos, caso de que el IPC real fuera menor que el IPC previsto, que se debía establecer la forma real y garantista de proceder a su consideración, porque el sistema contrario también tenía que ser garantizado.
Por último, la enmienda al artículo 12 es de supresión, porque consideramos que puede ser perjudicial para una cuestión clave importante, como la contratación de empleo juvenil o la contratación de personas que acceden por primera vez al mercado del trabajo.
Muy sucintamente, dado el gran número de temas que tenemos en el orden del día, estas son las cinco enmiendas de distinta naturaleza que creemos que pueden ser aceptadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Han solicitado también intervenir en defensa de sus enmiendas el Grupo Vasco, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) mantiene al proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social. Voy a comenzar por la número 36, que para nosotros tiene capital importancia. Como ya indiqué en Comisión, con esta enmienda el Grupo Vasco pretende que el proyecto dé cabida a la configuración territorial del Estado y al reparto competencial en materia de Seguridad Social entre el Estado y las comunidades autónomas con competencia en la materia. Pretende esta enmienda, y con ello el Grupo Vasco, que la exposición de motivos de este proyecto de ley incluya el compromiso de abordar de manera inmediata o lo antes posible la articulación del resto de las recomendaciones del Pacto de Toledo que no son objeto de tratamiento en este proyecto de ley, y especialmente las relativas a la integración y a la mejora de la gestión.
En el debate en Comisión, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, argumentó con relación a esta enmienda que no era procedente su inclusión porque poner recordatorios en la exposición de motivos podría sentar mal a algún grupo. No puedo entender esta posición, porque el artículo 149.17 de la Constitución atribuye al Estado la competencia de dictar la legislación básica en materia de Seguridad Social, exclusivamente la legislación básica, y el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Guernica establece que corresponde a la Comunidad Autónoma vasca el desarrollo legislativo en congruencia con el título constitucional, y también, como ustedes conocen perfectamente, la ejecución de la legislación básica del Estado en esta materia que hoy debatimos.
Desde esa perspectiva, es algo tan simple, tan legal lo que está pidiendo mi grupo parlamentario como que se ejecuten títulos competenciales, pero al parecer no se comprende nuestra posición, o no se quiere comprender en esta Cámara. Nuestro grupo no pretende romper absolutamente nada, pretende cumplir la Constitución, y cumplirla manteniendo sobre todo, porque para nosotros son fundamentales, los mecanismos de solidaridad.
Queremos reforzar los vínculos de solidaridad que diseñan tanto el artículo 41 como el 50 de la Constitución, pero también queremos que se apliquen otros artículos concurrentes de la Constitución en el ámbito de las competencias, que son preceptos tan constitucionales como los anteriores.
El Grupo Parlamentario Vasco, y ya insistimos también en el debate en Comisión, considera que la Seguridad Social, en su vertiente de prestaciones económicas, es una pieza clave en la acción política, y destinada sobre todo a garantizar la conservación, la integración y la estabilidad social; por ello debe asociarse a las comunidades autónomas con competencia en la materia. Rogaría que nos apoyen en esta enmienda, porque sólo estamos pidiendo que se apliquen los preceptos constitucionales.
La enmienda 38 que plantea el Grupo Parlamentario Vasco es de modificación. Pretendemos mejorar las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad de personas de menos de 60 años, y proponemos que se equiparen en el plazo de un año a los beneficiarios del sector de población entre 60 y 64 años. Ya lo hemos dicho y yo no quiero hacer demagogia en esta materia, pero estamos hablando de unas pensiones de 36.000 pesetas, y creo que esta Cámara también podría hacer un

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esfuerzo precisamente para poder equiparar a este sector de población al de 60 a 64 años.
En la enmienda 39 proponemos una modificación del artículo 10, apartado 1, que equipare la edad de los beneficiarios de la pensión de orfandad de los huérfanos parciales a la de los huérfanos totales, porque para el Grupo ParlamentarioVasco no hay justificación alguna para discriminar entre los 21 y los 23 años en ambos tipos de huérfanos.
Por último, la enmienda 40, de modificación del artículo 11, pretende que la revalorización de las pensiones garantice el IPC real y así se dará el mismo tratamiento a las revalorizaciones que a las absorciones.
Señorías, solicito el apoyo de la Cámara a las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya desea reiterar su posición en el proyecto de ley que estamos considerando después de haber intentando infructuosamente, en los trámites de Ponencia y Comisión, mediante sus enmiendas, mejorar el texto que el Gobierno trajo a esta Cámara. Sólo se nos ha aprobado en Comisión una enmienda, la número 2, que introduce la palabra «básicamente» en el artículo 1 cuando habla de que la financiación de las prestaciones contributivas debe ser con cargo a las cotizaciones sociales. Nos causa una gran satisfacción en que se haya aceptado esa enmienda, sugerida por el sindicato Comisiones Obreras, pero tenemos que decir que es una enmienda que no evita lo que para Izquierda Unida es el elemento más negativo del proyecto de ley: que en el futuro el Estado pueda inhibirse de realizar aportaciones progresivas en el caso de que las cotizaciones sociales sobreviniesen insuficientes para financiar las prestaciones contributivas.
Para ello, hubiera sido necesario que además de la enmienda número 2 se nos hubiese aceptado la enmienda número 6, al artículo 1, apartado 1, donde se pretende el mantenimiento de la letra a) del artículo 86.2 de la actual Ley General de Seguridad Social, que es la relación de recursos que financiarán en lo sucesivo, como en el pasado, dichas prestaciones contributivas. Por supuesto, la letra a) hace mención a las aportaciones del Estado. Aprobarse la enmienda 2 sin la 6 es mantener el texto en la nebulosa de si el Estado aportará o no en el futuro, pues ciertamente la obligación contenida hasta el presente en el artículo 86.2 de la Ley desaparece. El Estado, por tanto, quedará libre de compromisos y obligaciones. He aquí, desde nuestro punto de vista, una flagrante ruptura con el espíritu y la letra del Pacto de Toledo en algo tan sustancial y estructural en la reforma como la separación de fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas.
Junto a este elemento, el tratamiento del fondo de reserva --que por cierto no es un logro de este proyecto, ni siquiera del Pacto de Toledo, sino que ya se contemplaba de alguna forma en la Ley General de Seguridad Social--; el tratamiento del fondo de reserva, decía, se vacía de contenido real, pues el Estado no tendrá la obligación de llevar a él todos los excedentes de las cotizaciones sociales, sino sólo los que buenamente vaya considerando el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que no se ha aceptado nuestra enmienda número 10, que seguimos manteniendo; ni se erradica el llamar préstamos a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, que tanto juego ha dado al fomento de la idea interesada y engañosa de que el sistema de pensiones públicas era deficitario, estaba en crisis, con grandes agujeros financieros, etcétera.
Así pues, el elemento estructural de la reforma de pensiones, la separación de fuentes, no es sino un sistema de aliviar al Estado del compromiso que por ley tiene hasta el momento de hacer aportaciones a la Seguridad Social. El debate del Pacto de Toledo obtuvo en este punto el consenso sobre la base de un equilibrio semántico consistente en establecer que las prestaciones no contributivas serían financiadas exclusivamente por las aportaciones del Estado, mientras que las prestaciones contributivas lo serían básicamente por las cotizaciones sociales y, por tanto, también por las aportaciones del Estado que fueran necesarias. Todo ello se ve burlado, desde nuestro punto de vista, con esta redacción del texto del proyecto de ley que nos ocupa.
Pero hay otros motivos graves para nuestro rechazo. El debate en Comisión del bloque referido a la aplicación interpretativa de la recomendación número 9 del Pacto de Toledo, alusiva a la contributividad y equidad del sistema, no ha reportado corrección alguna respecto al segundo elemento regresivo de la reforma, a saber: la reducción de la cuantía individualizada de las futuras pensiones por la vía de la ampliación del número de años, de 8 a 15, para el cálculo de la base reguladora de las mismas, y la homogeneización del coeficiente anual para el cálculo de la cuantía de la pensión según el número de años cotizados. Ni se nos han aceptado las propuestas de no modificación del status actual, ni las fórmulas alternativas que planteábamos, algunas de las cuales se habían cogido del Derecho comparado europeo.
Comprendemos que nuestro atrevimiento consistía en intentar modificar lo que es el hilo conductor de la filosofía de la reforma: recortar para mantener el sistema público. Pero precisamente porque comprendemos que de eso se trata, rechazamos lo que la reforma en

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este punto significa por dos razones: primero, porque no aceptamos ningún recorte, sobre todo de unas pensiones cuya cuantía es insuficiente; segundo, porque la conjunción de esta reducción, junto con la potenciación de los sistemas privados complementarios, va a ir corriendo poco a poco el carácter mismo del sistema de cobertura público previsto en la Constitución, hacia un sistema mixto donde lo complementario privado sea cada vez más necesario para obtener la dignidad elemental de las pensiones, y lo público sea cada vez más cercano a lo insuficiente y asistencial. El proceso de asistencialización de segmentos de las pensiones está servido. Y porque ligado el primer bloque de la fórmula inhibitoria por parte del Estado respecto a ser garante de la suficiencia financiera del sistema público, junto con el segundo de los recortes, y sobre todo con las argumentaciones de las previsiones del colapso financiero, si no se recorta, nos ofrecen un panorama por el que no es aventurado sospechar que se recorta hoy para ver si se tiene que volver a recortar mañana, esto es, cuando se haya agotado el período de vigencia del acuerdo Gobierno/sindicatos que da pie al proyecto de ley. No hace falta ser adivino, señorías, para prever esto que les digo.
En función de esta discrepancia de fondo con el proyecto de ley y la filosofía que lo sustenta, rechazamos también la exposición de motivos, pese a haber sido consensuada en una transaccional entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Qué duda cabe que los sindicatos han hecho un esfuerzo para mejorar aspectos de la reforma, plasmando, a título de contrapartidas, mejoras de la situación actual respecto a la viudedad, la orfandad, la revalorización automática, la jubilación anticipada y, sin embargo, son mejoras que, puestas en el platillo positivo de la balanza, no compensan los aspectos estructurales negativos de la reforma. También nuestro grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pese a la discrepancia fundamental, ha intentado mejorar estos aspectos, pues el tratamiento concreto de alguno de ellos en el proyecto de ley, por ejemplo la viudedad, tiene efectos secundarios que podrían haber sido erradicados, y otros --prejubilaciones, revalorización automática--, conteniendo aspectos positivos, lo hace de forma tan cicatera que requiere una mejora como el que nuestras enmiendas propone, que no ha sido considerado en la ponencia que nos ocupa.


El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor Presidente. Enseguida acabo.
Por cierto que rechazamos los pronunciamientos de algún portavoz de grupo que pretende psicoanalizar nuestra posición enfrentándonos a los sindicatos. Que no coincidamos con los resultados de una negociación Gobierno/sindicatos, plasmada en un acuerdo que, en todo caso, nuestro deber es mejorarlo, no quiere decir que estemos enfrentados con nadie, y menos que se nos psicoanalice concluyendo con nuestra posición apriorismo subjetivos. Izquierda Unida es autónoma, no ha jurado amor eterno a nadie y sólo responde ante el pueblo soberano del contrato que ha suscrito con él a través de su programa electoral, y, créanme, en función de ese programa adoptamos esta posición.
Hay otros aspectos de detalle, importantes también, que pretendíamos enmendar y que voy a pasar inmediatamente a considerar. La posibilidad legal de prolongar la vida activa de los trabajadores más allá de los 65 años, por ejemplo, creemos que es ir justo en el sentido contrario de la creación de empleo; y el tratamiento legal de la incapacidad laboral. En adelante, el sistema falsamente objetivador de establecer una lista de enfermedades susceptibles de otorgar derecho a prestaciones, por muy consensuado que esté con los agentes sociales, no va a evitar que paguen justos por pecadores en el afán de perseguir el fraude de las invalideces. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Esto, y el cambio de concepto respecto de la profesión habitual, nos hace rechazar el artículo 8 del proyecto de ley como uno de los más regresivos del texto.
En coherencia con estos análisis, mantenemos vivas todas las enmiendas que fueron rechazadas en la Comisión y solicitamos para ellas el voto favorable.
Nos les quepa la menor duda, señorías, de que por mucho consenso institucional y sindical por arriba que obtenga esta ley; por mucha gradualidad, como la prevista, para ir percibiendo los efectos regresivos de su aplicación, no les quepa la menor duda, repito, de que los ciudadanos y ciudadanas de a pie finalmente se enterarán, y ello redundará en un nuevo jarro de agua fría respecto a la confianza que tienen en los que aspiramos, siempre imperfectamente, a representarlos, especialmente en aquellos en quienes han depositado mayoritariamente su confianza.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve, puesto que mi grupo tiene sólo una enmienda viva en este debate en Pleno.
Es un texto que ha tenido ya diversas fases de debate en la Cámara. Ya tuvimos ocasión en la Comisión de analizar en profundidad todas las distintas enmiendas. Mi grupo, ya en esta última fase del debate, simplemente quiere dejar constancia, señor Presidente, de que esta es una regulación que se ajusta al compromiso que la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo alcanzó para dar aplicación a algunos apartados de dicho

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pacto. Creo que la propuesta de adecuación de la Ley General de la Seguridad Social que se plantea en esta Cámara esta mañana para que se vote definitivamente es, en definitiva, positiva; tiene elementos, como digo, positivos que a veces olvidamos explicar a los ciudadanos. Yo pienso que hay unas mejoras importantes en materia de viudedad, hay algunas mejoras en materia de orfandad, y espero que el Senado todavía pueda mejorar algunas cuestiones más relativas a la viudedad y orfandad, donde hay muchas enmiendas que plantean correcciones y modificaciones.
Tienen ustedes que tener muy presente, señorías, que, a nuestro juicio, las reformas que se plantean en incapacidad permanente son positivas. La reforma de la pensión de viudedad está anunciada por esta Cámara.
Acordamos en el Pleno hace unas semanas que el Gobierno adoptaría una revisión en profundidad de todo el capítulo de las pensiones de viudedad, y por esa razón yo creo que no se contemplan más cambios en este proyecto de ley. Pero estoy seguro que en el futuro inmediato vamos a tener que debatir un cambio sustantivo en el ámbito de las pensiones de viudedad para mejorarlas, pero, a la vez también, para incorporar algunas revisiones y hacer más equitativa la distribución de los recursos a estas personas con derecho a cobrar pensiones de viudedad.
Tienen que tener en cuenta que en el régimen de autónomos se nos abre también una esperanza positiva. A las personas que trabajan en su propio hogar este proyecto de ley les abre un compromiso, y una enmienda planteada por mi grupo en ese sentido abre en un corto plazo de tiempo la posibilidad, y ya de una forma más clara, de poder regular esta cuestión, y también a los trabajadores socios de pequeñas empresas. Es otro compromiso que se abre en este proyecto de ley para que en un futuro tengan muy claro el marco de adscripción a los regímenes de Seguridad Social.
Las deducciones en cotizaciones para la prórroga de jubilación en el caso de permanecer en activo por encima de los 65 años es una buena decisión también, y deberíamos destacarla, porque muchos ciudadanos tendrán a derecho a optar por permanecer unos años más en activo a partir de 65 años cuando el Gobierno lo regule esas deducciones que se pueden operar.
Estas cuestiones --no puedo referirme a todas ellas-- son positivas en sí mismas. Y la enmienda, señor Presidente, que queda viva por parte de mi grupo es una cuestión puntual que ya discutimos en la Comisión y que quizá no fue bien entendida. Nosotros proponíamos que a los trabajadores que hayan cotizado por un período mínimo de 30 años y hayan estado afectados por expedientes de regulación temporal de empleo durante un período de 4 años, previo a causar baja definitiva en su empresa, a los efectos de suscribir el oportuno convenio especial con la Seguridad Social se les abra una vía de reconocimiento de nuevas bases de cotización a solicitud de los propios trabajadores, y así poder complementar la cuantía de la pensión al llegar a los 60 años. Se trata de reconocer al trabajador que se acogió a la jubilación anticipada --que quizá en aquel momento, por situaciones específicas de la vida de empresa, no le quedó más remedio que admitir y aceptar--, a que ahora, al llegar a los 60 años, pueda tener la posibilidad de, a su cargo, complementar puntualmente la pensión.
Es esta una enmienda que debiera ser considerada por todas sus señorías.
Hay quien me está argumentando, señor Presidente, que ya se puede hacer eso y que de alguna forma podía ser redundante mi propuesta. Pero, a la espera de conocer las argumentaciones del Partido Popular o de cualquier otro portavoz, quisiera, señor Presidente, mantener esa enmienda y, en función de esas explicaciones, mi grupo no tendría ningún inconveniente en retirarlas, si realmente eso que planteamos ya hoy se puede hacer de acuerdo con la normativa vigente.
Señorías, este es un proyecto de ley en el que el diálogo ha prevalecido en todo momento. Agradezco a todos los grupos el espíritu con el que nos hemos enfrentado a esta regulación; el espíritu del Pacto de Toledo se ha prolongado en el debate en torno a este proyecto de ley, con las legítimas discrepancias y con las posiciones absolutamente legítimas de cada grupo por promover cambios más profundos que los que se nos proponen. Mi grupo agradece el buen espíritu que ha presidido el debate sobre esta ley, que no deja de ser una ley de aplicación y cumplimiento del Pacto de Toledo, que se construyó con un espíritu político de unanimidad.
Ahora bien, señorías, invito especialmente al Grupo Popular para que en el Senado se mejoren aspectos puntuales de la redacción de algunos artículos de este proyecto de ley. El Partido Popular no debe perder la perspectiva de que todavía podemos mejorar técnicamente mucho más los preceptos que contiene esa regulación. Ustedes en el Senado tienen mayoría absoluta; por tanto, va a depender de ustedes, principalmente, la posibilidad de que se pueda mejorar, pero invito a todos los demás grupos, especialmente al Grupo Parlamentario Socialista, al que no han satisfecho muchos de los puntuales consensos que se han alcanzado sobre algunas materias (y le digo que mi grupo entiende buena parte de sus razones, las comprende, casi las comparte y ahora sólo se trata de buscar redacciones), para que en el Senado busquen aquellas redacciones que puedan ajustarse mejor al espíritu del Pacto de Toledo.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Para la defensa de las enmiendas presentas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.


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El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera, en primer término, expresar la preocupación del Grupo Socialista por la forma en que se está produciendo el desarrollo parlamentario de esta ley. Esta es la segunda vez que viene a esta Cámara. En la primera nos opusimos a una enmienda a la totalidad, lo hicimos en aras a ese espíritu de consenso del que hablaba el señor Homs, pero dijimos también entonces que ese consenso debería reflejarse también en la receptividad que había de tener el Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario de esta Cámara, hacia las enmiendas que presentaba la oposición. Diálogo y receptividad que pedimos porque, en definitiva, nuestras enmiendas no eran sino la consecuencia lógica de llevar a la literatura jurídica las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este es el segundo debate y he de decir que no hemos recibido esa receptividad que esperábamos; se han aceptado algunas enmiendas técnicas, pero las fundamentales siguen en pie, y eso es lo que me hace temer por el espíritu de consenso al que se refería el señor Homs.
Nuestras enmiendas son literal y racionalmente coherentes con el Pacto de Toledo. Todas ellas son un desarrollo natural del Pacto de Toledo, porque simplemente pretenden añadir al proyecto de ley aquello que, estando en el Pacto de Toledo, no está en el proyecto y retirar del proyecto aquello que está en el proyecto y no está en el Pacto de Toledo. Por ello, me gustaría conocer cuáles son las razones por las que el grupo de la mayoría no acepta las enmiendas que presentamos.
Si dice el Pacto de Toledo que las prestaciones no contributivas han de financiarse exclusivamente por aportaciones del Estado suficientes, ¿por qué en el proyecto de ley no se incluye el adverbio exclusivamente ni el adjetivo suficientes? A nosotros nos daría igual que pusieran uno u otro, los dos mejor, pero no comprendemos las razones de oponerse a algo que es literalmente trasunto del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo dice también que las prestaciones contributivas han de financiarse, básicamente, por cotizaciones sociales. El Pacto de Toledo lo que hace es añadir --a algo que es semánticamente irreprochable: que las prestaciones contributivas se siguen de contribuciones-- una cosa más, y es que se añada una fuente adicional para poder financiar en el futuro, sin deterioro del empleo, las prestaciones contributivas. En el proyecto de ley tampoco se dice nada de esto, y a nosotros nos preocupa esa ausencia porque la entendemos significativa.
El Pacto de Toledo dice que las reservas han de nutrirse de los excedentes de cotizaciones sociales. Lo dice la ley y estamos de acuerdo, pero, si se nutren así, lo lógico es que las reservas se destinen exclusivamente a financiar insuficiencias del futuro de las prestaciones contributivas. Eso es lo que proponemos en la enmienda y es tan lógico que debería aceptarse, porque, si no, estaríamos en nuestro derecho de pensar que, después del año 2000, cuando se consolide el modelo de separación de fuentes, las prestaciones no contributivas podrán seguir financiándose a través de cotizaciones sociales mediante el sistema de las reservas, y eso no nos parece correcto.
Yo creo que conviene dejar las cosas en su sitio, y, para que no tengan ninguna duda, les diré que el Grupo Socialista coincide en el objetivo final de separación de fuentes, creemos profundamente en él, como también coincidimos con que es imposible hacerlo ya para el ejercicio próximo, y, por tanto, aceptamos también el período transitorio que marca la ley de manera que ese modelo definitivo no se establezca hasta el año 2000.
Estamos de acuerdo en esa transitoriedad, pero también les aseguro dos cosas: primero, que queremos que el modelo quede perfectamente definido en la ley en la literalidad con que figura en el Pacto de Toledo y en los acuerdos con los sindicatos y, segundo, que, aceptando que exista un período transitorio, queremos que desde que entre en vigor la ley hasta que se produzca la entrada en vigor plena del modelo, en el año 2000, la Seguridad Social no se vea afligida por ningún déficit como consecuencia de insuficiencias financieras de las prestaciones no contributivas. Se lo voy a decir de otra manera. No tenemos inconveniente en que, hasta el año 2000, las cotizaciones sociales puedan seguir financiando --eso sí, de forma decreciente-- la sanidad, las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos, pero si, a pesar de este esfuerzo de cotización que hacen las cuotas sobre las prestaciones no contributivas éstas tienen insuficiencias, no queremos que esas insuficiencias generen un déficit en la Seguridad Social, queremos que generen el déficit en las cuentas del Estado porque, en definitiva, son las cuentas del Estado las que tienen que financiar esas prestaciones. Eso es lo que nos hace pedir que se cancelen los préstamos, que, en todo caso, siempre fueron hechos para prestaciones no contributivas; hemos pedido en el año 1998, pero estaríamos dispuestos a aceptar que fuera en el año 2000.
Nos parece que todo este bloque de enmiendas es importantísimo, porque va dirigido exactamente a la estabilidad financiera y, por tanto, a la consolidación futura del modelo público de pensiones, pero, si ustedes se niegan, tendrán que dar las razones de por qué se niegan a hacer algo que está en el Pacto de Toledo, y estaremos en nuestro derecho a pensar que, con su negativa, se están situando en el límite exterior del consenso que dio vida a ese pacto. Y no solamente sería una huida del Pacto de Toledo, sino que también están ustedes incumpliendo, quiero pensar que involuntariamente, el acuerdo que establecieron con los sindicatos, que leo textualmente: Se acuerda que el tope máximo de cotización se incremente en función del IPC previsto. Esto está en el acuerdo con los sindicatos y no está en la ley. Precisamente hemos presentado una enmienda para que también se reponga en la ley el acuerdo

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con los sindicatos, y la verdad es que hemos recibido la negativa por respuesta. Solamente cabe la pregunta de por qué, y la respuesta a esa pregunta nos puede llevar a aguas pantanosas, se lo digo sinceramente señorías, porque ya no hablo del talante más o menos transigente o intransigente del grupo de la mayoría, ni hablo de que haya un incumplimiento, que lo hay, del acuerdo con los sindicatos; les estoy hablando de que, detrás de su negativa, puede ocultarse una maniobra no declarada para llevar recursos del sector público al sector privado, en definitiva, para privatizar parte del sistema público de pensiones, y hay indicios que nos llevan a esa conclusión, porque mientras que en la Comisión de Política Social ustedes se niegan a aceptar una enmienda por la que se revalorice anualmente el tope máximo de cotización a la Seguridad Social según la inflación prevista, a la subcomisión de Sistemas Privados de Previsión ustedes mismos llevan un documento en el que proponen que el tope máximo de aportaciones a los planes privados de pensiones se actualice anualmente según el IPC. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Díganme ustedes, ¿no es ésta la forma, el camino más corto para provocar transferencias de recursos del sector público al privado? ¿No es ésta la forma más rápida de engordar los planes privados de pensiones con recursos procedentes del sector público? Esa es la preocupación que nos ha producido, señores de la mayoría, su negativa a aceptar estas enmiendas. Creo que se están saliendo del guión del Pacto de Toledo y que también están saliéndose del acuerdo con los sindicatos, y por eso se pueden situar incluso fuera del consenso del Pacto de Toledo.
El señor PRESIDENTE: Señor Griñán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Voy concluyendo.
Quedan algunas enmiendas más que no son menores. ¿A qué viene, por ejemplo, esa regulación de la incapacidad permanente, que nada tiene que ver con el Pacto de Toledo, y que nos devuelve a épocas pretéritas, épocas de previsión social en las que se distinguía entre riesgos y contingencias? Toda la regulación de la invalidez no sólo es regresiva, que lo es, sino que además es un disparate que difícilmente va a poder aplicarse.
Lo mismo ocurre con la prestación de muerte y supervivencia, que ustedes en el artículo 1 la declaran contributiva y, cuando regulan la orfandad, establecen pruebas de ingreso para acreditar el derecho a esta pensión, convirtiendo una prestación contributiva en no contributiva. A mí me parece bien que hagamos el debate sobre muerte y supervivencia, y además creo que podríamos encontrar puntos de entendimiento, pero no lo hagan por la puerta de atrás. Si es una pensión contributiva, no cabe incorporar prueba de ingreso. Es incompatible lo uno con lo otro. Hay una desnaturalización.
Y, para dar cima a esta escalada de infidelidades al Pacto de Toledo, el proyecto pretende que el actual sistema de sanidad contributiva de los funcionarios siga perviviendo incluso después del año 2000, con lo cual va a ocurrir que serán los funcionarios públicos los únicos ciudadanos de este país que, a partir del año 2000, van a pagar la sanidad por dos vías: por sus impuestos y por las cotizaciones sociales, y hacen además esta medida cuando existe abierta, como ustedes saben, una subcomisión de Sanidad a la que ustedes están bombardeando con distinta munición, con decretos-leyes, con correcciones de errores, con decisiones unilaterales, y, para culminar, últimamente hasta con un decreto sobre gestión de la incapacidad temporal por las mutuas que puede suponer la privatización parcial del Sistema Nacional de Salud.
Nosotros queremos mantener vivo el consenso del Pacto de Toledo.
Pretendemos hacerlo y por eso nos opusimos a la enmienda a la totalidad, pero queremos encontrar receptividad en el grupo de la mayoría a unas enmiendas que suponen simplemente llevar a la ley lo que está acordado en el Pacto de Toledo. Desde luego, lo que sí les digo también, señorías, y con esto termino, es que el consenso es radicalmente incompatible con cualquier maniobra que pretenda llevar recursos del sistema público al sector privado y, si eso se produce, daremos por roto el consenso del pacto de Toledo.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Griñán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor Camps especifica que consume el turno en contra de las enmiendas.


El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, señorías, este portavoz ha estado dudando hasta el último momento si consumir un turno de fijación de posición o un turno en contra de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, decidiéndose por lo último en virtud principalmente de la intervención del que ha sido hoy y es habitualmente el portavoz en estas materias del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No así, y por tanto no se generalice, porque todas las generalizaciones por excesivas suelen ser malas, con el resto de intervinientes que han tenido el turno de palabra precedente al de este portavoz.
El señor Presidente de la Cámara me ha pedido brevedad en mi intervención. Ya dijo Séneca que la ciencia es larga y la vida es breve y, haciendo un pequeño símil aquí, diré que la materia es muy extensa y muy importante y poco es el tiempo que tiene este portavoz

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para proceder a la fijación de su turno en contra de las enmiendas presentadas. Pero, parafraseando a otro filósofo que dijo que lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre es la brevedad de la vida, diré que esperemos que lo mejor que la naturaleza haya dado a los políticos sea la brevedad de su discurso. Pido perdón por anticipado por si no me puedo centrar en muchas de las enmiendas a las que se han referido los grupos que han intervenido con anterioridad.
Permítame una primera reflexión, señor Griñán, sobre todo para desvelar preocupaciones. Hoy, con la aprobación que se va a producir por parte de esta Cámara de este proyecto de ley, se da un paso importantísimo en la profundización en el derecho a la protección social de todos los ciudadanos de este país recogido en nuestra Constitución. Seguimos avanzando en el camino del Pacto de Toledo. Seguimos avanzando en el camino del acuerdo Gobierno-sindicatos y supone, a mi juicio, una cuestión superimportante, permítanme resaltarlo.
En este país, las pensiones han dejado de ser un argumento electoralista que genere inestabilidad o miedo. Por eso, señorías, este proyecto de ley también plasma un compromiso de partido (déjennme decir que de partidos, de muchos de los partidos presentes en esta Cámara) de alejar ese debate de la contienda política y de mantener nuestro sistema de protección social; y no sólo de mantenerlo, sino de consolidarlo, de racionalizarlo y de que su crecimiento ordenado permita pagar las pensiones en el futuro.
Además, señorías, es un proyecto con un amplísimo respaldo social; es un proyecto que cuenta con un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, un Gobierno que ha hecho piedra angular de su política justamente el respeto a ese diálogo social y el ejercicio continuado del mismo. Pero, señorías, y desvelo preocupaciones, este proyecto es, ante todo, el compromiso asumido por esta Cámara en el Pacto de Toledo en la pasada legislatura y el compromiso que esta Cámara debe asumir hoy, cuando concluya este debate.
Por otra parte, señorías, ha sido un proyecto ampliamente mejorado en el trámite parlamentario. Ha sido un proyecto ampliamente mejorado, porque se han aceptado muchísimas de las enmiendas presentadas por otros grupos y, sobre todo, porque se ha ofertado una infinidad de enmiendas transaccionales a lo que entendíamos eran aspectos sustanciales que contenían enmiendas presentadas por otros grupos. En su libertad está admitirlo o no, es algo que este portavoz va a respetar siempre, pero no digan que no ha habido un esfuerzo de acercamiento, de entendimiento por parte del grupo mayoritario de esta Cámara. Aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido, señorías, y nos queda el trámite parlamentario del Senado para seguir mejorando, como bien ha dicho el señor Homs, el proyecto de ley que en estos momentos se trae a debate en esta Cámara.
Incluso haré alguna referencia puntual a los aspectos que este portavoz cree que deben seguir siendo objeto de acercamiento entre distintas posturas políticas.
Sin embargo, señorías, creo que lo principal que debemos hacer hoy es felicitarnos si somos capaces de mantener ese amplio consenso político que el Pacto de Toledo representó para el conjunto de las fuerzas políticas de este país, de este arco parlamentario.
He dicho que se ha trabajado mucho y bien en ponencia y en Comisión, y tengan en cuenta, señorías, que se ha trabajado mucho y bien en un proyecto parlamentario que tenía nada menos que 106 enmiendas, aun cuando venía precedido de un consenso político y de un consenso social. Tal vez algún grupo se dejó llevar por un determinado ardor opositor, pero lo que nunca podrán decir es que el grupo parlamentario mayoritario no ha atendido a las argumentaciones de cada una de esas enmiendas, ofertando las transaccionales cuando lo creía oportuno, o por lo menos contestando --si no podía ser-- en el trámite de Comisión. Reitero que es un camino no concluido, pero que nadie se sienta, ni mucho menos, insatisfecho o decepcionado. Estamos haciendo las cosas bien y creemos que el conjunto de esta Cámara debe seguir en esa línea.
En aras de la brevedad a la que he hecho referencia con anterioridad, permítanme que agrupe las enmiendas en dos claros bloques. Hay enmiendas que chocan frontalmente con el espíritu del Pacto de Toledo y con la literalidad del acuerdo Gobierno-sindicatos, y hay enmiendas que no lo hacen.
En el primer bloque encontraremos --y reitero que la generalización excesiva es mala-- la mayoría de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sé, y me lo ha repetido hasta la saciedad el portavoz de Izquierda Unida, que no era su intención, ni mucho menos, el oponerse y chocar frontalmente con el Pacto de Toledo o con el acuerdo con los sindicados, pero la literalidad de sus enmiendas choca frontalmente con esos pactos políticos, así como con el acuerdo que el Gobierno suscribió con los sindicatos. Ustedes en sus enmiendas chocan con principios como el de reforzamiento de la proporcionalidad, de la contributividad, de la separación gradual y transitoria de fuentes, que es la única posibilidad de que se mantenga el equilibrio financiero-económico de nuestro sistema; acuden a mecanismos ya desterrados --su enmienda número 15-- de nuestra legislación y plantean medidas que --le reitero lo que le dije en el debate de Comisión, señor Vaquero--, aunque deseables, no son posibles económicamente. Las pensiones no se pagan con declaraciones de voluntad; el voluntarismo no conduce a nada; las pensiones se pagan consolidando nuestro sistema de pensiones para que, consolidándolo hoy, podamos pagar las pensiones de mañana.
Otro bloque de enmiendas, señorías, y a ellas haré una breve referencia, sería el de las presentadas por el

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resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, aunque no la mayoría de las del Grupo Mixto, que se incluyen en el bloque anterior, porque su literalidad suele coincidir con las que con anterioridad he señalado del Grupo de Izquierda Unida. En cambio, el resto de los grupos de esta Cámara manifiestan en sus enmiendas esa lealtad absoluta al Pacto de Toledo.
Al Grupo Catalán, dentro de esa lealtad, reitero, al Pacto de Toledo, le queda una sola enmienda viva, y voy a intentar desvelarle, no preocupaciones, sino los razonamientos necesarios, señor Homs, para que salga de las dudas que pudiera mantener al respecto. Hoy ya es posible cumplir el contenido de su enmienda en virtud de la legislación vigente que tenemos en nuestro país y que no hemos hecho nosotros; en este caso, es mérito del Grupo Parlamentario Socialista que se pueda atender a esas situaciones de hecho. Lo que se plantea en su enmienda, si bien no está generalizado en una disposición legal, está permitido que se produzca justamente por disposiciones legales. Por tanto...


El señor PRESIDENTE: Señor Camps, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor Presidente.
Permítame, señor Homs, que le diga que lo más adecuado sería la retirada de esa enmienda.
En cuanto al Partido Nacionalista Vasco, le diría que en este caso no podemos abrir un debate competencial. Hicimos un esfuerzo tremendo de aproximación en la exposición de motivos para incluir incluso aquello que nunca se debe incluir en una exposición de motivos, que son justificaciones a algo que no va en el texto legal. Si a su grupo no le ha parecido bastante, nosotros respetamos esa posición, pero creemos que no podemos ir más lejos.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, señor Griñán, reitero: el compromiso de mi grupo es absoluto con el Pacto de Toledo y creo que también es absoluta la lealtad de su grupo al mismo. Sí que es cierto que ha habido posiciones en donde no hemos encontrado el punto común, sobre todo en cuanto a la parte sustancial de este pacto. En cambio, entiendo que sí hay otras posiciones que, sin afectar a lo fundamental, ya no deberían ser mantenidas por su grupo. Y muy brevemente le digo: creo que, en cuanto al artículo 1, está garantizada plenamente, no sólo por el compromiso político con el Pacto de Toledo, sino por la propia dicción del articulado del proyecto de ley, la suficiencia del sistema. Usted dijo en Comisión que los adverbios nunca añaden nada a un texto legal.
Evidentemente, lo que hoy pide que se añada, de exclusivamente o suficientes, usted mismo reconoce que tampoco se va a admitir. Yo le voy a decir, señor Griñán, quién garantiza la suficiencia de nuestro sistema de pensiones: lo garantizan los presupuestos generales que cada año se aprueban en esta Cámara por todos los diputados, en virtud del proyecto de ley que el Gobierno remite a la Cámara. Ahí hay suficiencia necesaria.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: En cuanto al período transitorio, creo que es un tema que deberemos seguir discutiendo en el Senado. Pero, y concluyo ya, señor Presidente, hoy creo que se pone claramente de manifiesto que hay un Gobierno en este país que cumple sus compromisos, que hace del diálogo social piedra angular de su política, y también creo que hoy se pone de manifiesto y, por tanto, entiendo que es un gran día, que los distintos grupos políticos con representación parlamentaria en esta Cámara son capaces de ponerse de acuerdo en materias tan sustanciales, que afectan a derechos tan básicos de los ciudadanos, como es el contenido de este proyecto de ley. Hoy, en definitiva, señorías, es un gran día para los pensionistas de este país y para los que, evidentemente, aspiramos a serlo dentro de algún tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
Entramos en las votaciones.
Votaciones de las enmiendas y del dictamen del proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de ellas, en cuatro bloques, las del señor Vázquez. Votación de la enmienda número 86, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, tres; en contra, 311; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre las enmiendas números 85, 88, 89, 90, 91 y 96, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 20; en contra, 289; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la número 98, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 28; en contra, 285; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 25; en contra, 284; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 100.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, tres; en contra, 311; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre las enmiendas números 101 y 105, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 25; en contra, 288; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre la enmienda número 103, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 20; en contra, 174; abstenciones, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda 104.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 147; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda 106.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 10; en contra, 303; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.
Votación sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar votamos las enmiendas números 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 10; en contra, 284; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre la número 38, del Grupo PNV.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 46; en contra, 268; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre las enmiendas números 39 y 40, del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 148; en contra, 166; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.) Señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Esta enmienda, señor Presidente, había quedado retirada; lo que pasa es que no me lo había usted solicitado y lo comunico ahora. Tras la intervención del portavoz del Partido Popular queda retirada esta enmienda. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Votación sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 23; en contra, 173; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 27, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 20; en contra, 289; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 31, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 24; en contra, 286; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre las enmiendas números 7 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 23; en contra, 170; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 y 28, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 20; en contra, 292; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación sobre la enmienda número 32, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 21; en contra, 292; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre las enmiendas números 12, 22 y 23.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 141; en contra, 173; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 24; en contra, 287; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Votación sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 122; en contra, 173; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación sobre las enmiendas números 57, 65 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 141; en contra, 173; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.) Señorías, les insisto en que guarden silencio en el momento de emitir su voto porque los comentarios en voz alta inducen a confusión y no es adecuado para la formación de la voluntad de cada Diputado y de cada grupo.
Enmiendas números 69 y 70, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 142; en contra, 168; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 76, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 125; en contra, 186; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión. En primer lugar, sometemos a votación los artículos 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 167; en contra, 127; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación sobre los artículos 1 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 171; en contra, 143; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación sobre la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 169; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición final segunda.
Votación sobre el artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 193; en contra, cuatro; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 191; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 10.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 187; en contra, siete; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 286; en contra, nueve; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre el artículo 13.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 312; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre la disposición derogatoria y las disposiciones adicionales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 293; en contra, dos; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones mencionadas.
Votación sobre el resto del articulado y disposiciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 294; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobados.
Finalmente, votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 290; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PERIODISTAS, RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.D) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA (Número de expediente 122/000011)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, al tratarse de una ley orgánica la votación se producirá, obviamente, al final del debate y en ningún caso antes de las dos de la tarde.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lo avanzado de la hora y lo que nos queda todavía en el orden del día exige brevedad, y así lo voy a intentar. El objeto del proyecto de ley orgánica que vamos a debatir a continuación, y respecto del cual sostendré... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Uría.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Puede continuar, señora Uría.


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La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Hacía referencia a lo avanzado de la hora, que me lleva a ser lo más breve posible en la defensa de la enmienda que me queda viva. El objeto del proyecto de ley orgánica es defender la libertad de conciencia de los informadores frente a los cambios de orientación de un medio de comunicación. La Constitución regula esta faceta de la libertad de prensa entendiendo que el profesional de la información, además de ser un asalariado respecto a su empleador, tiene un compromiso creativo que interesa no sólo a sus patronos sino también a toda la sociedad. Esta faceta es la que ha hecho que a pesar de que el artículo 1º, tal como ha salido de la ponencia y la Comisión, recoge prácticamente la enmienda número 1, del Grupo Vasco, se sostenga la parte de ella que no ha sido recogida, por entender que la literalidad de nuestro precepto regula mejor esta cláusula de conciencia como garantía de la libertad individual de los profesionales de la información y también como garantía institucional del libre y efectivo ejercicio del derecho a la información.
La enmienda referida al punto 3 del artículo 2 del proyecto ha sido retirada por mi grupo por considerar que, pese al interés que tiene su contenido al referir la posibilidad de utilizar la cláusula de conciencia ante las pretensiones de la empresa informante --no ya sólo frente a su dirección-- que supongan un impedimento o limitación del pluralismo político y social en un Estado de Derecho, tendría este párrafo aislado un difícil encaje en la estructura del artículo 2º, tal y como ha salido aprobado por la Comisión. Entiendo además que un comportamiento empresarial de este tipo, bien se trate de un medio público o privado, encajaría casi en la esfera de lo ilícito penal. Es por ello por lo que solamente someteremos a votación de la Cámara la enmienda que nos queda viva respecto al tenor literal del artículo 1º.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, también con la misma brevedad, pero me permitirán que consuma algún segundo para indicar la satisfacción que supone para nuestro grupo ver que por fin, después de intentarlo en varias legislaturas, llega a feliz término esta proposición en su trámite en el Congreso.
Creo que la ponencia ha realizado un buen trabajo, y el mejor indicio de ello es que se llega con un texto bastante consensuado, pero incluso en el mantenimiento de alguna enmienda o de nuestro voto particular se sigue contemplando el intento de mejorar todavía más el texto. Ha habido alguna reforma significativa, como el simple enunciado que deja de hablar de periodista para hablar de profesional de la información, lo cual se ajusta seguramente mejor a los nuevos requerimientos de la realidad en el mundo contemporáneo, en las sociedades desarrolladas. Pese a esta buena voluntad manifestada por los distintos grupos parlamentarios, pese a que, como digo, nuestro grupo va a votar favorablemente y estamos contentos por la aprobación de esta ley orgánica, sin embargo, lamentamos que el partido mayoritario no haya transigido en algún aspecto concreto como el que justifica el mantenimiento de nuestro voto particular, que significaba en la proposición que presentábamos en su día unos elementos constitutivos del objeto del derecho fundamental a regular en su artículo 2 y que ahora, por razones técnicas después del trabajo de la ponencia, sería un nuevo artículo 4. Este artículo viene a decir que los profesionales de la información, en cualquiera de sus facetas, tienen derecho --un derecho, para nosotros, irrenunciable en su defensa-- a que se respete el contenido y la forma en que ha sido elaborada la información y que, por tanto, en aquel caso en que sea sustancialmente modificado (como decía una enmienda defendida por el Partido Socialista, que con mucho gusto nosotros hemos tratado de integrar, y si ellos están de acuerdo lo ofrecemos como transaccional para integrarlo en este voto particular y evitar una votación), como digo, si se produjera un cambio sustancial de la información, no podría la empresa periodística obligar a que fuera publicado firmado con el nombre, seudónimo reconocido o algún otro tipo de característica que identificara al periodista o al profesional de la información, que es al que se le había modificado sustancialmente el sentido de la información elaborada. A nuestro modo de ver, no sirve invocar la legislación existente en materia de derecho de autor porque es otro tipo de regulación. Estamos hablando de una ley orgánica que regula un derecho fundamental susceptible de acudir en amparo y, por tanto, no estaría protegido desde el punto de vista del derecho fundamental por la legislación existente en materia de derecho de autor.
Quisiera acabar esta intervención reiterando algo que decía al presentar la proposición de ley y que creo que es justo volver a plantear cuando hoy defiendo este voto particular. Una de las virtualidades de esta ley es que, en un momento en que el mercado laboral provoca un deterioro profundo de las condiciones del ejercicio de la digna profesión del periodista o del informador, es bueno defender el factor humano de la información, algo que se recuerda recientemente cuando se inaugura un museo de las noticias, en Washington, que concluye con una torre de cristal que rememora los 934 casos de periodistas muertos en el ejercicio de su profesión. Yo creo que en esa dignificación de la profesión de los informadores, en estos momentos de grandes concentraciones, de grandes holdings, o de estar sometidos a los imperativos, en

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ocasiones demasiado excluyentes, de ese factor humano por parte de las nuevas tecnologías de la comunicación, seguramente es bueno volver a insistir, cuando hablamos de un derecho fundamental, con la menor retórica posible pero sí con convencimiento, repito que es bueno insistir en esa dignidad necesaria para el funcionamiento de la democracia en la profesión periodística.
Reitero el agradecimiento a los otros grupos por el apoyo a una proposición de este grupo parlamentario, anuncio el voto favorable y pido también a SS. SS. que voten nuestro voto particular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi grupo mantiene solamente para este trámite la enmienda número 17, que pretendía una pequeña reforma del artículo 2, párrafo cuarto, de la proposición. Como dicho precepto fue eliminado durante el trámite de ponencia, también mantenemos como voto particular ese precepto, a fin de que se pueda votar nuestra enmienda.
Ahora bien, hemos comprobado, señor Presidente, que es cierto lo que dice el representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Su voto particular, tal y como ya se hizo en Comisión, incorpora nuestra enmienda en la medida en que era solamente una palabra que, aunque pequeña, introducía un significado diferente a ese precepto. Por tanto, en la medida en que el voto particular de Izquierda Unida ya incorpora nuestra enmienda, nosotros no tenemos ningún inconveniente en retirar la enmienda número 17 y el voto particular, y votar a favor del voto particular de Izquierda Unida, que plantea un artículo 4º nuevo.
Por añadir algún argumento más a los que acaba de dar el señor Alcaraz, quiero recordar que es cierto que, durante el debate en ponencia, por el representante del Grupo Parlamentario Popular se aportó como argumento --ya se ha dicho aquí--, y supongo que hoy se volverá a argumentar en esta línea, que este precepto que se refiere al respeto al contenido y a la forma de la información elaborada (dice que en caso de que se produjeran alteraciones la información solamente podrá difundirse con el nombre, seudónimo o signo de identificación de un informador si previamente éste otorga su consentimiento) es innecesario e inútil, puesto que este derecho ya está protegido, ya está defendido como derecho de autor. Es verdad. Yo he recuperado viejos recuerdos de cuando fui ponente de la Ley de Propiedad Intelectual y es cierto que ésta, en su artículo 14.4, incorpora dentro de los derechos morales de autor este aspecto del respeto al contenido de la información. Tenía razón el ponente del Grupo Parlamentario Popular cuando decía que este tema ya estaba legislado. Ahora bien, a nosotros nos parece, en la línea de lo que decía el señor Alcaraz, que es bueno mantenerlo aquí por la razón que él acaba de dar, porque esta es una ley orgánica y la Ley de Propiedad Intelectual no lo era. Por tanto, aunque el tema fue muy debatido en su momento, la Ley de Propiedad Intelectual no desarrolla el artículo 20.1.c) de la Constitución --libertad científica, artística y técnica-- y por tanto no establece ningún derecho fundamental en el sentido de los derechos que están protegidos por el amparo y por el procedimiento preferente y sumario. De manera que si este derecho al contenido de la información no lo recuperamos nuevamente y lo incorporamos en esta ley orgánica, será un derecho con una protección menor, será un derecho que no tendrá la protección ni del recurso de amparo ni del procedimiento preferente y sumario que protege solamente a los derechos fundamentales que están, como todos sabemos, en la sección 1ª del capítulo segundo del título I de nuestra Constitución. Por esa razón nos parece que es bueno mantener en esta ley orgánica ese precepto, para que así se incorpore como contenido del derecho de la cláusula de conciencia y, por tanto, para que pueda disfrutar de la máxima protección que reconocen nuestra Constitución y nuestras leyes para estos derechos fundamentales.
Por lo demás, estoy de acuerdo en que tampoco este es un tema sustancial, y quiero también repetir lo que se dijo en Comisión y lo que dijimos nosotros en el debate de toma en consideración. Mi grupo parlamentario expresa su plena satisfacción porque finalmente, y tras una accidentada y larga tramitación que se ha extendido a lo largo de dos legislaturas, uno de los pocos derechos fundamentales que quedaban por desarrollar de los que están incluidos en nuestra Constitución lo sea mediante su correspondiente ley orgánica. Por consiguiente, yo coincido con la satisfacción que expresaba el señor Alcaraz --y que supongo que también expresarán posteriormente otros Diputados--, moderada ciertamente, porque es verdad que no parece haber habido una gran demanda social respecto a la regulación de esta ley orgánica, al menos si nos atenemos al nulo interés que parece haber despertado en la opinión pública y en lo que algunos llaman la opinión publicada. Lo cierto es que la ley tenía que hacerse. No podemos coincidir con el escepticismo que parecía desprenderse de la intervención del portavoz del Grupo Popular en Comisión, un escepticismo, a nuestro juicio, tan exagerado que en algún momento pareció que estaba haciendo un turno en contra de la ley.
Nosotros no podemos compartir ese escepticismo porque nos parece de todas formas que esta es una ley buena, oportuna; expresamos nuestro pleno apoyo a todo su contenido y creemos que es necesaria porque se enmarca muy claramente

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dentro de esa concepción de las libertades de información que estableció nuestra Constitución; una concepción novedosa, innovadora, que ampliaba totalmente el concepto viejo del liberalismo decimonónico de la libertad de prensa para incorporarlo en lo que se ha de entender como el Estado social y democrático de Derecho.
En efecto --y acabo, señor Presidente--, no olvidemos que nuestra Constitución, cuando ha regulado las libertades de información y de comunicación lo ha hecho en dos aspectos muy diferentes y haciendo claramente una distinción. Por una parte, el artículo 20.1 a), libertad de expresión, la clásica, la de siempre, la tradicional que tiene un sentido unidireccional, el que expresa sus ideas, sus opiniones. Por otra parte, artículo 20.1 d) --y aquí está la auténtica novedad--, libertad de información, en el sentido de que todos los españoles, todos y no solamente los profesionales de la información, tenemos derecho a transmitir y a recibir información veraz. Ahora y aquí no estamos hablando de ideas, señor Presidente, sino de hechos, de noticias; que para poder disfrutar del pleno apoyo, de la protección de la Constitución, tienen que ser veraces, y la veracidad, a mi juicio, es una idea fundamental en este aspecto que se enmarca claramente --y con ello ya acabo-- dentro de esa idea que está en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional de que aquí no estamos hablando solamente de derechos individuales, no estamos hablando solamente de derechos de los periodistas, que también; estamos hablando de derechos de todos los ciudadanos, de derechos del público a recibir información veraz y de algo más que derechos, de un contenido institucional que se da a este artículo 20, y significa que se considera algo fundamentalmente necesario para la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática.
Recuerdo, señor Presidente, que precisamente la cláusula de conciencia está conectada con el artículo 20.1 d) y no con el 20.1 a); está conectada con la libertad de información, con el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Jover.
Entiendo retiradas las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
También me felicito, en nombre de mi grupo, de que esta proposición no de ley, originalmente presentada por Izquierda Unida, haya llegado a este trámite en el Pleno del Congreso. Entre todos hemos intentado mejorarla, creo que lo hemos conseguido, y tenemos a la vista un dictamen que me parece positivo.
Voy a intentar explicar por qué no podemos apoyar las enmiendas que acaban de ser defendidas. Estamos ante una ley corta, pero muy difícil y no es extraño que haya tardado tantos años en llegar a esta fase de su tramitación. Es difícil porque todos pueden tener la tentación (y así me da la impresión, por las intervenciones que han tenido los portavoces del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Socialista), todos podemos tener la tentación, quizá hasta nosotros mismos en algún momento --y hemos retirado alguna enmienda, en su caso--, de hacer una ley exorbitante, es decir, con el pretexto de la cláusula de conciencia de los periodistas introducir otros aspectos, aspectos de derecho laboral, de derecho de propiedad intelectual, de derecho de empresa, o de organización y control de los medios públicos, que, evidentemente, no era lugar para abordarlos.
Quisiera decir con toda brevedad, que estamos ante una institución, la cláusula de conciencia de los periodistas o de los profesionales de la información, que se mueve en torno a dos ejes: en primer lugar, el ámbito de la conciencia y, por tanto, una conexión muy estrecha con la libertad ideológica del artículo 16 de nuestra Constitución; hacemos alusión al reducto íntimo de las personas, en este caso concreto al reducto íntimo de los periodistas, y esta cláusula trata de defender y garantizar de alguna manera ese reducto íntimo que es la conciencia. Por otra parte, nos encontramos en un ámbito en el que obligadamente tenemos que abordar un aspecto de relaciones laborales en la empresa informativa, y en ese aspecto tenemos que tener muy claro que toda empresa --nadie lo ha negado aquí, evidentemente-- tiene pleno derecho a fijar su orientación editorial ideológica.
Discrepando de lo que acaba de decir el señor Jover, nos hallamos ante un derecho constitucional, que no fundamental --lo hemos dicho en la Ponencia--; un derecho que está en la Constitución, por tanto es constitucional, pero que no forma parte del núcleo básico de los derechos fundamentales y que es --quisiera insistir en ello-- un derecho derivado de la comunicación de la información. Aquí no tiene nada que ver la recepción. Por eso nos oponíamos a que se hablara de los ciudadanos, etcétera, porque es un derecho del periodista y de su conciencia. Por tanto, estamos en el aspecto de la comunicación y no en el de la recepción de la información. Nos situamos en el lado del informador y no del que recibe la información. Es por eso por que no nos parecía adecuada la parte que quedaba viva de la enmienda número 1, del PNV, y tampoco la enmienda del Grupo Socialista,no sólo porque hace referencia a los derechos de autor, que están regulados en otro aspecto, como el propio señor Jover ha señalado, sino porque, como en ponencia y en Comisión indicamos

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y creo que insistimos en ello, no tiene en cuenta las condiciones de trabajo presentes en las redacciones de los medios informativos donde cada vez es más frecuente el trabajo en equipo, no se firman los artículos o se firman en bloque por varios profesionales del informador; por tanto esa enmienda, desde nuestro punto de vista, carecía de sentido.
Por eso nosotros apoyamos el dictamen de la Comisión.
Creo que hemos hecho una ley ampliamente comprensiva, que incluye el aspecto clásico de la cláusula de conciencia, lo que se suele llamar el cambio de orientación; ese otro concepto, que se ha discutido en alguna ocasión, del cambio de medio y otro aspecto, menos conectado con la visión clásica, que es incluir la deontología o la ética profesional y hacer, por tanto, una ley que va mucho más allá de lo que ha sido habitual en los planteamientos de los teóricos y de quienes se han ocupado de esta cláusula, porque Derecho comparado apenas tenemos; no podemos hacer referencia a las leyes de otros países.
Por todo ello y sin entrar en más detalles, señor Presidente, quiero decir en nombre de mi grupo que apoyamos el dictamen de la Comisión; que por las razones que he intentado explicar, no podemos aceptar las enmiendas y que, en cualquier caso, debemos agradecer a todos los grupos parlamentarios la colaboración que han prestado para llegar a ese fruto de consenso que es el proyecto que se va a votar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Muñoz-Alonso.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi grupo se congratula del buen resultado de esta proposición que acaba con aquella metáfora del Godot constitucional. La cláusula de conciencia de los periodistas, por tanto, tendrá muy en breve auténtica plasmación legislativa.
Pensamos que, a lo largo de los trabajos de ponencia y Comisión, el proyecto ha sido mejorado sustancialmente, y así hay que entenderlo.
Entendemos que ha sido mejorado sustancialmente porque se procede a regular, a través de ese instrumento tan extraordinario de ley orgánica, lo que es el núcleo esencial de este derecho de los periodistas, configurado además como una garantía institucional del derecho a recibir libremente información veraz. Por consiguiente, quedan fuera del mismo, como así se ha señalado, algunos otros aspectos que cabría situar bien dentro del derecho moral de autor, que encuentra mejor ubicación en la Ley de Propiedad Intelectual, como algunas otras consideraciones respecto de este derecho que pueden afectar al pluralismo informativo o a cualquier consideración de otro tipo. En el fondo, existe el reconocimiento unánime, como ocurre en otros ámbitos de nuestro ordenamiento, por ejemplo en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que no nos encontramos ante puras actividades de libertad económica del artículo 38 de la Constitución, sino que afectan realmente a derechos fundamentales que precisan estas garantías.
Decimos que estamos conformes con el resultado de la Comisión, en la medida que no es la ley orgánica la que convierte a los derechos en fundamentales, sino que son los derechos fundamentales los que tienen que ser desarrollados precisamente a través de este instrumento y, por tanto, no era preciso engordar el contenido de la ley con inclusiones de uno u otro tipo.
Manifestamos nuestra voluntad de votar favorablemente el contenido del dictamen de la Comisión; felicitarnos, como he dicho anteriormente, por acabar con lo que había sido definido como Godot constitucional y, obviamente, reconocer y manifestar que el estatuto del periodista, el estatuto del personal de la información, no se encontrará pura y simplemente, faltaría más, en esta ley orgánica, sino en disposiciones de otro tipo, teniendo en cuenta su consideración de autor en la Ley de Propiedad Intelectual, o su consideración de profesional sujeto al estatuto laboral, en el Estatuto de los Trabajadores.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 140; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 135; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular del Grupo de Izquierda Unida.


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Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 303; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación final de la totalidad del proyecto, dada su naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley orgánica.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que se ha presentado una enmienda de totalidad por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Previamente, va a presentar el proyecto ante el Pleno, en nombre del Gobierno, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con brevedad comparezco hoy ante el Pleno al objeto de cumplimentar el trámite de presentación a las Cortes Generales del proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Como saben SS. SS., a lo largo de su historia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha ido acomodando con eficacia demostrada a las sucesivas modificaciones sociales y políticas. En nuestra opinión, este es el momento de dar un salto adelante en esta evolución mediante el texto que hoy presento ante la Cámara, que pretende la ordenación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de cara al futuro.
En opinión del Gobierno, resulta inaplazable la necesidad de establecer un marco legislativo nuevo para la regulación de dicha inspección, habida cuenta de que la ley vigente, la Ley 39/1962, de 21 de julio, ha quedado claramente desactualizada hace ya tiempo como consecuencia natural de los cambios políticos y administrativos que se han registrado en España en los últimos 35 años y, muy especialmente, tras la Constitución de 1978.
En esta línea, cuando en mayo de 1996 el actual Gobierno accedió a sus funciones, consideró necesario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se acomodase con mayor rigor al principio constitucional del Estado de las autonomías, así como proceder a su modernización conceptual y operativa. Naturalmente, ello requería la elaboración de una nueva ley ordenadora de dicha inspección, cuyo anteproyecto ha sido redactado en el seno de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En septiembre de 1996, se remitió a los consejeros de las comunidades autónomas un documento sobre los principios inspiradores de la futura ley y un cuestionario para su cumplimentación, de tal suerte que el Gobierno ha podido contar previamente con el necesario diálogo con las comunidades autónomas, y, sobre todo, con la opinión de las mismas. Posteriormente, se solicitaron los respectivos pareceres de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, los cuales se manifestaron en sentido favorable al anteproyecto, bien que formulando observaciones o matizaciones parciales a aspectos concretos que se han incorporado al proyecto que hoy presento ante la Cámara.
Los principales objetivos de esta ley son los siguientes. El primero de ellos sin duda, como decía anteriormente, la adecuación al Estado de las autonomías. Se sustituye una ley centralista por otra de signo contrario, estableciendo fórmulas comunes para que cada Administración participe efectivamente en la dirección y en el control de la actividad inspectora.
En segundo lugar, la modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los cambios de toda índole producidos desde 1962 han exigido en estos momentos diseñar una nueva concepción organizativa y funcional, profundizar en la colaboración interadministrativa y potenciar las facultades y medios de la inspección en su función de lucha contra todo tipo de fraude social. También hemos intentado mayor perfeccionamiento legislativo, y hemos pretendido afianzar las garantías jurídicas del ciudadano ante la inspección y su homologación con otros sectores similares de la Administración del Estado, como la Administración tributaria, reforzando su mutua coordinación. Asimismo se resuelve la indefinición legal en que se

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encuentra el cuerpo de controladores laborales, integrándolo en el nuevo cuerpo de subinspectores de empleo y Seguridad Social, al que se dota de mayores facultades.
Quiero significar también, señorías, que el proyecto pretende, en todo caso, la definición y objeto del sistema de inspección acorde con los mandatos de los convenios números 81 y 129 de la OIT, ratificados por España. El sistema se compone de los funcionarios de los cuerpos superiores de inspectores de Trabajo y Seguridad Social y, como he dicho, de los nuevos subinspectores de empleo y Seguridad Social.
El proyecto de ley adopta un modelo de sistemas de inspección único e integrado, que concibe la función inspectora como de ejercicio compartido por las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, en la línea declarada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias, entre otras, de 3 de octubre de 1991 y de 28 de noviembre de 1996. Las comunidades autónomas ejercerán sus facultades propias respecto de la inspección, a cuyo fin se configuran la conferencia sectorial de asuntos laborales, como órgano de colaboración compartida en los temas generales y comunes al conjunto de las administraciones, y las comisiones territoriales, como órgano de cooperación bilateral en cada uno de los territorios.
En mi opinión, señorías, el proyecto de ley supera ampliamente el actual régimen de convenios de colaboración en materia de Inspección de Trabajo, que se ha mostrado a estas alturas abiertamente insuficiente. El proyecto proporciona a cada comunidad autónoma las facultades de dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la determinación de los objetivos que corresponden a su competencia y control, y la participación directa, en coordinación con los de competencia estatal. Se crea una autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dota al sistema de cohesión, de unidad técnica de criterio y de dirección.
El proyecto de ley da un nuevo enfoque funcional de la inspección, basado --y esto me parece importantísimo-- en la especialización, en la programación de actuaciones y en el trabajo en equipo, y refuerza también el carácter nacional del cuerpo superior de inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el régimen convenido en el funcionamiento de la inspección. En este sentido, se crean unidades especializadas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que va a permitir la necesaria --y perdón por la redundancia-- especialización de la acción inspectora y la aplicación de los principios de acción y trabajo en equipo.
En conclusión, señor Presidente, y como resumen, este proyecto de ley que tengo el honor de presentar a SS. SS. da adecuada respuesta al principio constitucional del Estado de las autonomías, articulando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como una auténtica administración común de las autonómicas y de la del Estado, fundamentada en la cooperación y la colaboración mutua y leal entre ambos bloques de administraciones. El proyecto de ley, asimismo, sienta las bases normativas que conducen a la modernización de la función inspectora, lo que va a redundar directamente en el perfeccionamiento y la elevación de los niveles de eficiencia de la Inspección de Trabajo.
Me permito por todo ello, señor Presidente, solicitar la colaboración de SS. SS., que de antemano agradezco con toda sinceridad, al objeto de que, mediante el estudio riguroso del contenido de este proyecto de ley y con las aportaciones que consideren oportunas en toda su tramitación parlamentaria, se perfeccione su texto en lo posible, buscando siempre que la Inspección de Trabajo se consolide como el valioso instrumento que ha sido en el pasado y que, en opinión del Gobierno, sin duda mejorará en el futuro con este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Como anticipamos, se ha presentado una enmienda de totalidad por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, intervengo en este caso en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego en defensa de esta enmienda a la totalidad, solicitando al Gobierno la retirada o devolución del proyecto de ley, relativo a la ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
¿Por qué lo pedimos? Porque entendemos que no se adecua a uno de los objetivos claves de este proyecto de ley. De los tres objetivos que ha señalado el Ministro y que aparecen en la exposición de motivos, uno, es el relativo a la adecuación de una ley preconstitucional, la Ley 39/1962, que respondía a un modelo autoritario. Era necesario pasar a una ley que estuviera conforme con nuestro ordenamiento jurídico, basada en principios de libertad, de pluralidad, etcétera. Un segundo motivo era la adecuación del sistema de la Inspección de Trabajo al Estado autonómico.
Y un tercer motivo era adaptar o conformar la Inspección de Trabajo a la complejidad que el tiempo ha ido aportando a la legislación laboral.
Nuestra pretensión con esta enmienda de totalidad se circunscribe a ese segundo objetivo: adecuar el sistema de la Inspección de Trabajo al Estado autonómico.
¿Responde o no responde? Habrá que empezar a reflexionar sobre qué es lo que entendemos realmente por Estado autonómico. Para algunos Diputados de esta Cámara --y creo que esta reflexión es buena-- el

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Estado autonómico es una especie de descentralización administrativa sui géneris, pero, para otros, no es nada que tenga que ver con una descentralización administrativa; es la creación de marcos de autogobierno propios que tienen una relación con el Estado, con la Administración central, que se basa en el principio de competencia. He dicho alguna vez, y lo repito, que no hay que basarse en principios de jerarquía ni descentralización. Es un principio de competencia muy claro.
No está uno por encima de otro. La Administración central no está por encima de las administraciones autonómicas; están a la par. Unas tienen unas competencias, y otras tienen otras. Esto es lo que tenemos que valorar. ¿Realmente se adecua a esta situación? ¿Realmente las autonomías que tienen competencias en la ejecución de la normativa laboral controlan este sistema de la Inspección de Trabajo? Creemos que no.
Los estatutos de autonomía constituyen el marco político y jurídico para el autogobierno y definen, de forma muy clara, un sistema de relación y organización de los ciudadanos de la propia comunidad autónoma, en nuestro caso de la del País Vasco o de la de Galicia. Pero también definen un marco de relación entre estos ciudadanos, de forma colectiva, y el Estado. Estos estatutos de autonomía, esta forma de Estado autonómico, lleva consigo dos consecuencias claves. La primera, que hay una modificación de tipo político por la cual se conforma un ordenamiento propio de la vida social colectiva; la segunda, que también hay modificaciones de tipo administrativo importantes. ¿Por qué? Porque en aquellas competencias de ejecución que tienen las comunidades autónomas en determinadas cuestiones se produce un complejo --no tenemos duda en afirmarlo-- sistema de subrogación y sustitución de unas administraciones por otras. Eso es lo que en este caso no se ha producido o no se va a producir correctamente.
El Ministro señala que el modelo que se ha seguido en esta ley es claro, que implícitamente se deriva de la ley que no hay más modelos. No estamos de acuerdo. Desde un punto de vista internacional, los convenios de la OIT números 81, 129 e, incluso, el 150, permiten, de manera clara, el respeto a la estructura político-administrativa de un Estado.
El señor Ministro me mira con cara rara. Habla del artículo 4.1, pero le remito al artículo 4.2, artículo que, efectivamente, permitiría en Estados federales --es evidente que no somos un Estado federal, pero tampoco somos un Estado central-- que esa autoridad en la Inspección de Trabajo no la ejerza la Administración central. Desde el punto de vista internacional, creemos que sí admite otro modelo, lo admite porque el propio artículo 10 del convenio de la OIT establece, de manera clara, que no se puede deducir de este artículo que haya un solo sistema de Inspección de Trabajo. En definitiva, creemos que las normas internacionales posibilitan otro modelo, que es el que nosotros propugnamos.
Señor Ministro señoras y señores Diputados, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno del Estado, también se admiten diversas opciones. Es verdad que la que ustedes han planteado puede ser constitucional y nadie lo duda, pero yo señalo que hay otras opciones que, a nuestro entender, pueden ser más correctas desde el punto de vista autonómico, que están perfectamente admitidas tanto por el Consejo General del Poder Judicial, como por el Consejo de Estado, como por el Tribunal Constitucional. No hace falta que les diga que, en su informe, el Consejo General del Poder Judicial ya señalaba que no le correspondía entrar a enjuiciar el acierto de una norma concreta, porque podían existir diversos modelos. También el Consejo de Estado señalaba que esta era una solución legal, pero que podían existir otros modelos u otras maneras de realizar este sistema de la Inspección de Trabajo.
Me voy a referir --es un párrafo muy corto-- a la sentencia reciente del Tribunal Constitucional de 28 de noviembre de 1996, del recurso de inconstitucionalidad de 1988, en la que se señala claramente que no excluye que la comunidad autónoma pueda dotarse de su propio servicio de inspección ni que éste pueda actuar en el ámbito competencial que le corresponde, admitiendo que no podrán obstaculizarse eventuales modificaciones posteriores de la configuración de la inspección ni impedir el ejercicio de las competencias autonómicas. Es decir, que tenemos la posibilidad de tener nuestro propio sistema de Inspección de Trabajo. Habrá que decidir cuál conviene más o qué es lo que mejor se adecua al Estado autonómico. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de Inspección de Trabajo estamos hablando normalmente, salvo en algunos casos de arbitraje y conciliación, de una competencia de ejecución, básicamente de la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas laborales. Efectivamente, está claro que las competencias de ejecución aparecen como competencias de las comunidades autónomas. Cito, a modo de referencia, en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco el artículo 12, número 2, párrafo segundo, y artículo 18, número 2 del Estatuto de Autonomía de la citada comunidad autónoma. Claramente aparece que la Inspección de Trabajo es una competencia que corresponde a la comunidad autónoma en la medida en que es una ejecución de la normativa laboral. No nos explicamos por qué este modelo es el mejor, cuando al hablar de competencias de ejecución entendemos que éstas deberían llevarse a la práctica y que los funcionarios deberían estar adscritos orgánicamente a la Administración autonómica.
Sería suficiente razón decirle que el Parlamento vasco lo tiene claro.
Efectivamente, en el informe de prioridades para negociar las transferencias aparece el reto claro de que sean las competencias relativas al área de trabajo y

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empleo las prioritarias, y dentro de ellas, en este acuerdo que ha sido votado por mayoría en el Parlamento vasco en octubre de 1995, se señala claramente la relativa a la Inspección de Trabajo. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos representados en el Parlamento vasco han considerado que el tener un sistema de inspección propio es una cuestión clave y prioritaria. Me limito a transmitir este modelo, esta opción.
Señalan que, en la medida en que la Comunidad Autónoma del País Vasco tenga estas competencias, deberán integrarse en la estructura de personal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependiendo de ésta, tanto orgánica como funcionalmente, los cuerpos de inspectores.
Es evidente que el sistema que ustedes han presentado es viable. Lo vuelvo a repetir. Nadie lo duda y no lo pongo en cuestión. Pero también es curioso que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, nada sospechosos de ser extremadamente autonomistas --digámoslo coloquialmente--, hacen referencia a los peligros que puede tener este modelo en cuanto al respeto de las competencias de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señora Lagasabaster, vaya concluyendo.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí, señor Presidente.
Es un informe plagado de advertencias de este tenor. Llegan a decir: ¡Ojo, señores del Gobierno central!, porque es posible que con este sistema vayan a menoscabar las competencias de las comunidades autónomas.
A nuestro entender, este sistema no va a ser funcionalmente apropiado, entre otras razones porque en los artículos 18 y 21 del proyecto de ley se observa que las funciones de la autoridad central, en este caso el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, rebasan todo límite posible e imposible. A modo de ejemplo, el artículo 18.3.7 establece tal cúmulo de funciones que nos sorprendería conocer qué es lo que le queda a la Administración autonómica.
Es curioso que el Libro Blanco sobre el funcionamiento de la justicia, que ha preparado la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, señala --ya sé que no es lo mismo, por lo tanto, es de distinta naturaleza-- las disfuncionalidades que los cuerpos nacionales presentan con relación a las funciones que les corresponden ejercer de cara a la Administración autonómica; aboga por la desaparición de cuerpos nacionales, y admite que sería mucho mejor la adscripción orgánica de esos funcionarios al Gobierno de la comunidad autónoma. Esto está muy claro, y en este sentido creemos que se van a producir muchas más disfuncionalidades y muchos más efectos negativos que positivos. Además, estimamos que esto no sólo no avanza, sino que retrocede. Es muy curioso el artículo 25 de la Ley 11/1994, artículo en el que --si mis referencias no me fallan, se aprobó como consecuencia de una enmienda de Convergència i Unió-- aparecía claramente establecido que el sistema de la Inspección de Trabajo se produciría mediante adscripción orgánica a las comunidades autónomas. No sólo no hemos avanzado, sino que vamos hacia atrás. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros queremos que se plantee en este debate.
En resumen, tememos no haberles convencido; puede ser la oratoria; puede ser que no sea correcto. También nos tememos que sea por una razón clave: la foto fija que presentamos todos cada vez que entramos en esta Cámara.
Algunos defienden la bondad de este sistema, probablemente porque no tenemos la misma visión de lo que es un Estado autonómico; otros consideran que es mejor otra táctica, que es mejor acudir a las enmiendas parciales. Pues bien, jugaremos a esa táctica, pero nada nos va a sobrar, y por eso tenemos que tener claro --y en este sentido se ha presentado la enmienda de totalidad-- qué sistema defendemos y queremos cada grupo parlamentario. Este debate nos permitirá solventar dudas que las enmiendas parciales pueden no aclarar y que no ocurran cosas, por ejemplo, como con la Lofage. Aquellos que consideren la bondad del sistema quizá no piensen lo mismo que nosotros. A aquellos que prefieran otra táctica, les digo: adelante. Creo que nada nos va a sobrar para que se entienda el modelo de Estado autonómico al menos como nosotros lo entendemos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para expresar la oposición del Grupo Popular a la enmienda a la totalidad con solicitud de devolución, presentada por el Grupo de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego, en relación con el proyecto de ley de ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Voy a dividir mi intervención en dos partes. Una parte, la que reglamentariamente considero que se debe hacer, porque el artículo 110 del Reglamento de la Cámara establece con claridad qué debe ser una enmienda a la totalidad. Una enmienda de totalidad debe versar sobre la oportunidad, los principios y el espíritu del proyecto que se debate.
Luego entraré en el fondo de la enmienda, porque hay que distinguir en este caso los dos aspectos. Me anticipo a decir ya que sin ningún ánimo de foto fija, como ha dicho mi estimada compañera

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de circunscripción, la señora Lasagabaster, sino con razones que estoy convencido de que escuchará y, a lo mejor, incluso atenderá.
Es evidente, como ha explicado el señor Ministro, que la actual reglamentación está contenida en la Ley 39/1962, por tanto, tiene 35 años, obedece a un modelo preconstitucional, no contempla el Estado de las autonomías con que la Carta Magna de 1978 nos dotó. Es, por tanto, un proyecto que significa una modernización imprescindible del sistema de la inspección y de sus variantes a lo largo de la evolución en el tiempo, pasando de una perspectiva, si se quiere, más laboral a una más global o en la que los agentes sociales tienen cauces de conciliación y de dirimir sus conflictos. Es un proyecto de ley que resuelve un problema grave, como era el de los controladores laborales, que ahora pasan a ser subinspectores de trabajo y que ya tienen una habilitación legal clara para poder ejercitar su labor y su función de apoyo a la inspección de una forma clara y ajustada a derecho. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Se homologa, además, el sistema con el de otras administraciones públicas y, particularmente, con la inspección tributaria y la gestión de los recursos de la Seguridad Social. Y también se perfeccionan las garantías de los administrados.
Voy a decir lo que han dicho todos los informes, todos los dictámenes que se han emitido en relación con este proyecto de ley. Tanto el Consejo Económico y Social, como el Consejo del Poder Judicial, como el Consejo de Estado han venido a decir que la ley no sólo era oportuna, sino que era imprescindible y necesaria; no sólo era conveniente, sino que era necesaria. Y esto también se ha dicho en la conferencia sectorial celebrada el pasado 8 del presente mes de abril por todos los representantes autonómicos que en la misma se encontraban presentes.
Dicho esto, pasaré a los principios sobre los que se fundamenta el proyecto de ley, que vienen reflejados en el artículo 15 del texto y se han expuesto en la intervención por parte del Gobierno al inicio de este debate, al manifestar que el sistema de la inspección se trata de un sistema integrado, en el cual se preserva el principio de unidad de acto y de función, que es algo materialmente imbricado en el quehacer cotidiano de los inspectores y de los que van a ser subinspectores, porque para analizar una determinada cuestión dentro del ámbito de su competencia, normalmente tienen que considerar otras previas.
Evidentemente se puede ir a otros modelos, se puede fraccionar el sistema, podemos poner muchas, diversas y plurales ventanillas.
Indudablemente lo podemos hacer, en contra de la eficacia, de la operatividad, de la funcionalidad del sistema, del costo económico, en contra del ciudadano. Supongamos un accidente in itinere de un camión de San Sebastián que lo sufre en Burgos y hay un problema por falta de cotización; sería una locura. De manera que el sistema, como ha declarado el propio Tribunal Constitucional en sentencia 249/1988, tiene la ventaja fundamental, y lo ha reconocido expresamente el Consejo Económico y Social, de no hacer una desvertebración plena. Una cosa es que se especialicen las actuaciones y otra que se rompan en lo que son actuaciones comunes por la naturaleza de la acción de la inspección. Ese es otro de los principios que pretendemos que inspire el sistema.
El último principio es un principio de dualidad competencial. La Inspección de Trabajo tiene una dualidad competencial; hay una parte de la labor inspectora y del sistema de la inspección que es competencia de la Administración central del Estado y hay otra que es competencia de las comunidades autónomas, y aquí quiero hacer una pequeña observación. No todas las comunidades autónomas están en la misma posición, no están en el mismo pool, no están en la misma parrilla de salida. Es más, diferenciaré a priori hasta cuatro grupos, y puede haber más, de diversas competencias en las comunidades autónomas: un bloque sería el del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra; otro sería Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia; otro serían las islas Canarias y otro estaría constituido por el resto de las comunidades autónomas españolas, aunque incluso, por precisar, se podrían plantear subgrupos competenciales.
Por tanto, ¿cuál es el espíritu que plantea el proyecto? Lo que ha pretendido el Gobierno y lo que defiende este grupo es que este proyecto es un modelo de modelos --no de modelos de pasarela--, un modelo de posibilidades y de alternativas. En ese sentido, esta ley, que tiene 21 artículos --es corta--, que tiene seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y una final, diseña, en el capítulo II, cómo se pretenden instrumentar y vertebrar estas posibilidades. La ley, como digo, es una ley para todos, por un lado, y, por otro, es para 17. Yo estoy convencido de que en su intervención en modo alguno ha pretendido que el modelo de Eusko Alkartasuna o el modelo del Bloque Nacionalista Galego fuera imperativo o de obligada vinculación para el resto de las comunidades autónomas, estoy convencido de que no es así, pero eso nos lleva al cauce del artículo 16, de que lo que son materias comunes dentro del sistema de la inspección, dentro de la selección, dentro, por cierto, de lo que preveía la disposición adicional tercera de la Lisos (Ley de infracciones y sanciones en el orden social), se debatan en común. Así, tenemos temas comunes en el artículo 20.3, referido a la selección, formación, perfeccionamiento, puestos, situaciones administrativas y régimen disciplinario. Tenemos, en el artículo 19.3, el desarrollo reglamentario de la ley, con la conferencia sectorial de asuntos laborales prevista en el artículo 16 del proyecto. Tenemos el artículo 21 que regula las relaciones entre administraciones públicas. Por tanto, es un proyecto para todos en lo básico y común, por un lado, y

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es un proyecto donde cabe, mediante el pacto, el acuerdo y el concierto, vía artículo 17 --comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social--, llegar al acuerdo conveniente que adopten libremente las comunidades autónomas, según su nivel de competencia y según su nivel de eficacia, de acuerdo con la Administración central del Estado. Aquí se constituye un auténtico mecanismo bilateral. Por lo tanto, la virtualidad que tiene es que si hay una ley que permite el pacto, justamente es ésta, y cabrá su modelo --yo no digo que vaya a ocurrir; para eso hay que debatir, hay que negociar y hay que llegar a acuerdos--, pero puede caber ése y pueden caber otros, porque cierto es que el modelo que se propugna en el proyecto no es el único posible, pero, como también ha reconocido, es impecablemente constitucional y además permite plantear, como digo, estas posibilidades.
Con todo el cariño y respeto, diría que la enmienda a la totalidad no es al proyecto sino más bien al anteproyecto. Se reproduce literalmente lo que el vocal del CES, don Luis de Burgos, estableció en ese voto particular y en ese momento particular, pero, evidentemente, obvia las modificaciones que el proyecto ha venido incorporando a lo largo de los diversos procesos y dictámenes desde esta postura abierta y flexible que ha mantenido el Gobierno. De hecho, buena parte de los argumentos que ha planteado el CES se ha incluido aquí.
Por lo tanto, S. S. debe estar tranquila y yo creo que el debate es bueno para clarificar las voluntades políticas. Yo le digo seriamente que la voluntad del Gobierno y la voluntad de este grupo es la de adecuar esta ley al desarrollo autonómico desde ese criterio y esos principios antes definidos. Además creemos que es lo oportuno, y no sólo porque haya un imperativo legal de nuestra Constitución y una doctrina del Tribunal Constitucional, y que se va a poder ir haciendo con el transcurso del tiempo. Si las razones esgrimidas por el señor Ministro y argumentadas por mí no le convencen suficientemente, le diré que para disipar los recelos que se han suscitado incluso hemos planteado --y esta misma enmienda es buena muestra de ello-- una modificación a la disposición derogatoria, que, efectivamente, derogaba la disposición adicional tercera de la Ley 8/1988, de infracciones y sanciones del orden social, incorporada por el artículo 25 de la Ley 11/1994, de reforma laboral.
Vamos a plantear que la derogación de la disposición adicional tercera de la Lisos no se produzca en tanto no tenga lugar el pacto bilateral comunidad-Administración central a que hace mención el artículo 17.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Azpiroz, le ruego vaya concluyendo.


El señor AZPIROZ VILLAR: Voy concluyendo, señor Presidente.
Yo creo que eso es importante y que deberían reflexionar sobre esta voluntad, que además está explicitada en el propio proyecto. Por eso le quiero aclarar que alegaciones como las formuladas en la enmienda en torno al artículo 3, a mi juicio, no obedecen a la realidad. El artículo 3 del proyecto no asigna competencias, regula funciones, no es el núcleo de disección de la titularidad del ejercicio de una determinada función.
Define las funciones globales de la Inspección de Trabajo. En consecuencia, le puedo decir más. La propia disposición adicional tercera de la Lisos, pese a que ya le he aclarado que vamos a enmendarla en el sentido expuesto, de alguna forma, sin el previo acuerdo al que aludía, es recogida en el texto del proyecto con amplitud en algunos casos e incluso incorporando también el tema de los subinspectores, hasta ahora controladores de trabajo, pero estamos, como digo, en la voluntad de que eso no sea freno ni obstáculo ni cause preocupación para llegar a los pactos que permitan, en los casos que sea preciso, la singularidad, el ejercicio y el respeto a las competencias autonómicas pertinentes.
Por eso, concluyo, señor Presidente, diciendo, no retóricamente sino con sinceridad y con argumentos, que yo creo que tiene buenas razones para estar satisfecha y que incluso puede retirar la enmienda. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor compañero de circunscripción, señor Azpiroz, le he atendido con sumo detalle. Lo que no sé muy bien es si usted me ha atendido a mí, porque resulta que usted ha hablado de una justificación --por cierto, le diré que el Reglamento no exige justificación cuando se presentan enmiendas de totalidad--, pero yo no me he referido a ni uno de los artículos sobre los que usted me ha replicado, a ni uno solo. Fascinante. Por ello le voy a señalar las cuestiones que S. S. ha señalado.
Usted ha caricaturizado --y lo digo con todo el respeto; utilizo esta palabra porque no me sale otra-- mi sistema como un sistema de un montón de ventanillas en el que cada uno hace lo que quiere. Mire usted, para nada. Somos conscientes de que en este Estado autonómico, en este ordenamiento jurídico --nos guste o no, que en eso no voy a entrar ahora-- hay una serie de principios claves, como pueden ser la unidad mercado, cohesión, etcétera. Perdone, con mi modelo perfectamente constitucional también, esos principios quedan completamente salvaguardados, y eso es lo que la Constitución establece como condición sine qua non de este Estado autonómico, que aquellos principios necesarios --y por eso se llaman básicos-- se sigan

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manteniendo. Mi modelo --y no es mi modelo, como le diré después-- o el modelo de la formación política a la que represento podría salvaguardar perfectamente estos principios --la Constitución no requiere nada más-- y eso no llevaría, como usted dice, a que un ciudadano tenga que ir a una ventanilla para una cosa y a otra para otra. El pacto, como usted señala, ha demostrado que puede haber perfectamente un entendimiento en este tema como lo hay en otra serie de cuestiones en las que las competencias aparecen divididas y, como consecuencia de esa división de competencias, hay diversos cuerpos de funcionarios, con lo cual la eficacia no quedará para nada perjudicada con el modelo que yo he presentado.
En segundo lugar, he hablado de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en concreto me he referido al artículo 12.2 y 18.2, con lo cual no he hablado de los cuatro modelos que puede haber en las comunidades autónomas. Este no es sólo el modelo de Eusko Alkartasuna --que lo es-- o no es sólo el modelo del Bloque Nacionalista Galego. Le he señalado que en el informe aprobado por el Parlamento Vasco, curiosamente, se aprobaba este sistema de Inspección de Trabajo propia. Podremos ver si es mejor hacerlo a través de enmiendas parciales, si es mejor hacerlo a través de acuerdos bilaterales o no, pero el sistema es el que establece el Parlamento Vasco, con lo cual no es un modelo específico de esta formación política.
En tercer lugar, usted señala que la ley es para todos, modelo de modelos, etcétera. Ya sé que el 17.4 --y usted también lo señala-- permitirá en algún momento, de conformidad con las comunidades autónomas, que las comisiones territoriales o los que las conforman pasen a depender orgánicamente de la comunidad autónoma. Es posible, pero es tan críptico... Y resulta que en la exposición de motivos no hay ni una sola línea que haga referencia a esta posibilidad. Es verdad que al final, en el artículo 17.4, habrá que interpretarlo así, porque usted lo dice, pero si realmente hubiera existido el espíritu y la filosofía de que eso fuera así, curiosamente debiera estar incluido en la exposición de motivos.
¿Por qué no está? Me alegra que usted haya presentado esta enmienda, porque así comprenderé que el Gobierno y el grupo que lo sustenta están interpretando ese artículo de esa manera. Pues bien, me parece que ya he conseguido el objetivo, pero que conste que en la exposición de motivos no hay ni una sola línea que nos permita hacer esa interpretación.
También me alegro que hayan planteado ustedes mismos su propia enmienda al proyecto de ley de su Gobierno, porque realmente se estaba produciendo una situación regresiva de lo que era entonces. No es sólo nuestro modelo; es un modelo constitucional, es un modelo que preserva los principios y normas básicas que deben existir en el Estado, que puede ser tan eficaz como cualquier otro y, además, si ustedes piensan que puede llegar a convertirse en lo que estamos diciendo, que aparezca de manera más clara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Quizá yo no me he explicado bien y si es así, lo lamento. Yo no he discutido la constitucionalidad de ningún modelo; he dicho que el nuestro es constitucional, como se ha reconocido de contrario por la enmendante.
Deduzco razonablemente de la intervención y de la enmienda que el modelo que se defiende por Eusko Alkartasuna será el de las previsiones de la disposición adicional de la Lisos, pero estamos ante una enmienda de devolución, no hay un texto alternativo y no conozco exactamente el modelo. Lo que yo he pretendido decir es que caben todos los modelos en virtud de las posibilidades de acuerdo bilateral y pactado del artículo 17. ¿Que haya que precisar cuestiones? Estoy de acuerdo con usted en que probablemente sí. El propio señor Ministro ha comenzado su intervención pidiendo colaboración y ayuda al efecto de, técnicamente, reflejar las mejoras que se puedan aportar por los diversos grupos de la Cámara. No dude, señora Lasagabaster, de que estamos abiertos a ello; no lo dude. Yo no he criticado ningún modelo, lo que digo es que esta ley tiene la virtualidad, y creo que anteriormente lo he expuesto de una forma equivocada, de ser una ley que permite, por un lado, tener un modelo para toda la España autonómica --no es sólo una autonomía, son muchas-- y, por otro, un mecanismo que posibilite concretar, aterrizar y llegar a tierra en el caso concreto para adaptar el modelo que allí se discuta y que las partes entiendan mejor. Efectivamente, no tienen por qué ser todos iguales, porque las circunstancias de nivel competencial, de masa poblacional, de número de funcionarios y de intereses políticos no son homogéneas y, por tanto, se está abriendo una posibilidad justamente en el sentido de lo que yo creo que usted demanda, pero lo que no se debería ni se puede hacer es, apriorística y unilateralmente, imponer el modelo, bueno o malo, de una de las diecisiete comunidades afectadas.
Por tanto, si me he expresado mal, lo lamento; ahora creo que lo he hecho con suma claridad y, en ese sentido, cómo no íbamos a hacer una enmienda del tenor de la que hemos hecho. Nosotros hacíamos una lectura diferente a la que otros han hecho y, por tanto, yo me ratifico en la conveniencia y en la coherencia, como usted decía, de esa enmienda, que debe servir para tranquilizar, para aportar medidas positivas para perfeccionar la ley y, luego, para llegar al cauce del pacto, por cierto, sistema de concierto no ajeno a los

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que somos del País Vasco y vivimos allí. Por tanto, a mí, desde esa perspectiva, me puede resultar particularmente sugerente. Le animo a que lo tenga en cuenta y proceda a la retirada de la enmienda y, si no es así, nos veremos, cómo no, en ponencia y en Comisión.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este debate constituye la primera lectura de un proyecto de ley en el que habrá de introducir importantes modificaciones en su articulado si quiere concitar el apoyo de los grupos nacionalistas, al menos eso cree Coalición Canaria.
Todas las comunidades autónomas han asumido en sus respectivos estatutos competencias de ejecución en materia de legislación laboral y eso conforma un sistema de distribución de competencias en el que al Estado le corresponde la potestad legislativa y reglamentaria en materia laboral y a las comunidades autónomas su ejecución. Esta introducción es imprescindible para establecer una posición sobre el proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay que analizar el proyecto considerando las funciones que pretende regular: por un lado, la Inspección de Trabajo y, por otro, la Inspección de la Seguridad Social. Estas funciones se encuentran residenciadas, la primera, en las comunidades autónomas y, la segunda, en el Estado. El proyecto de ley se preocupa más de establecer un régimen jurídico para el cuerpo estatal de inspectores de Trabajo y Seguridad Social que de ordenar adecuadamente esas funciones y establecer un régimen jurídico básico respecto de un cuerpo estatal que puede tener perfectamente dependencia orgánica y funcional de cada una de las administraciones donde puede prestar servicio, siempre que se garantice la adecuada separación funcional y la necesaria coordinación funcional y administrativa. En ese sentido, el proyecto crea las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuestión que valoramos muy positivamente. Sin embargo, lo hace partiendo de un sistema dual que viene a consolidar la situación de hecho de que la inspección mantenga una unidad orgánica estatal y una dualidad funcional Estado-comunidad autónoma.
Creemos que es más correcto y acorde con el sistema de distribución de competencias que la comunidad autónoma cuente con personal de este cuerpo orgánico y funcionalmente dependiendo de la misma, sin perjuicio de que la potestad autoorganizatoria autonómica permite crear cuerpos de funcionarios específicos que desarrollen la función de inspección laboral, todo ello, insisto, sin perjuicio de la necesidad de coordinación funcional y administrativa, dado que es la Administración del Estado la que ostenta las competencias de Inspección de la Seguridad Social. En ese escenario, señorías, se sitúan las veinticuatro enmiendas al articulado que Coalición Canaria va a presentar a este proyecto de ley. Por ello, compartiendo alguno de los argumentos de la portavoz que defendía la devolución del proyecto, nuestro voto va a ser negativo a esa petición entendiendo que con buena voluntad por parte del Grupo Parlamentario Popular podremos llegar a acuerdos que nos permitan organizar mejor y de modo más acorde con las competencias autonómicas el sistema de Inspección de Trabajo y de Inspección de la Seguridad Social.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.
Señora Aguirre, ya sabe cómo va el orden del día, está usted en su perfecto derecho y puede venir a la tribuna, pero vamos muy mal en el desarrollo de la sesión.
Por cierto, anuncio a la Cámara que a efectos de ganar tiempo y en el ejercicio de las facultades que el Reglamento otorga a la Presidencia, vamos a realizar las votaciones correspondientes a los debates de totalidad de manera separada para cada uno de ellos, pero al final del debate de todos los proyectos y enmiendas de totalidad.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré ser breve atendiendo a su propuesta, pero me parece que merece la pena subir a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Tengo que decir, señora Lasagabaster, que estoy de acuerdo con la argumentación y fundamentación que ha utilizado en nombre del Grupo Parlamentario Mixto precisamente para defender la enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Sin embargo, desde mi punto de vista, S. S. se ha centrado en criticar, en analizar y en posicionarse en contra de lo que es el capítulo II de esta ley ordenadora de la Inspección de Trabajo. No hemos presentado una enmienda a la totalidad como Grupo Vasco y no vamos a apoyar la suya precisamente porque entendemos que gran parte del capítulo I, que se refiere a las funciones y al ámbito, no a las competencias, es salvable y le repito que estamos de

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acuerdo con lo que usted argumentaba con relación al capítulo II, de la organización del sistema. El capítulo I está integrado por 14 artículos de los 21 que componen este proyecto de ley. El Grupo Vasco ya presentó en esta Cámara hace un mes sus enmiendas --las registramos el 21 de marzo--. Una de ellas, de supresión de este capítulo II del proyecto de ley, contiene, como he podido observar en esta Cámara durante esta tarde, muchas coincidencias con lo que apuntaba la señora Lasagabaster en nombre de su grupo.
Como Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) consideramos que la actividad de la inspección es un aspecto de la función o actividad ejecutiva del ordenamiento social, que corresponde, de conformidad con el bloque de constitucionalidad, al Estado o a las comunidades autónomas en función de la materia que se ejecute. El modelo articulado por el proyecto de ley, no coincidiendo con lo que expresaba hace unos momentos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a nuestro juicio, supone una interferencia en la actuación de los inspectores y subinspectores como órganos al servicio y bajo la dependencia de las administraciones autonómicas cuando actúan en materias que competencialmente les corresponden a éstas. Dicha interferencia se produce de manera palmaria, tal y como lo ha puesto de manifiesto --y usted lo recordaba, señora Lasagabaster, hace unos momentos-- el Consejo de Estado en el dictamen emitido sobre el texto del proyecto, porque somete a las comunidades autónomas a que las funciones exclusivas se lleven a cabo por cuerpos de funcionarios del Estado que tendrían asignada una dualidad de funciones, unas de competencia estatal y otras de competencia autonómica. Esta solución se distancia de la prevista en el artículo 18 de la Ley 12/1993 e incluso de lo contemplado en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1988, introducida por la Ley 11/1994. En este proyecto de ley no se establece una reserva de puestos para un tipo concreto de funcionarios, sino que se reservan unas funciones, que son de la exclusiva competencia autonómica, a unos funcionarios que dependen de la Administración del Estado. Desde nuestro punto de vista, señorías, se impone a las comunidades autónomas ejercer sus funciones ejecutivas en materia laboral a través de funcionarios estatales no adscritos orgánicamente, señor Azpiroz, a las mismas.
Quiero señalar que en la tramitación seguida antes de la llegada del proyecto a esta Cámara --como ustedes conocen, ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo General del Poder Judicial--, no figura en el expediente la contestación del Ministro de Administraciones Públicas.
Esta mañana estaba en la Cámara y siento que esta tarde no esté, porque tal vez él nos pudiera explicar por qué no fue incluido en el anteproyecto, a los efectos prevenidos en el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el informe del señor Ministro de Administraciones Públicas. Yo interpreto, señorías --pero es una interpretación personal--, que esta ausencia quizá se haya debido a que el señor Ministro de Administraciones Públicas no estaba de acuerdo con las competencias que establecía este proyecto de ley para el Estado y las comunidades autónomas.
También quiero decir, señorías, que la dependencia funcional de los inspectores y subinspectores de las comunidades autónomas, en materias en las que sean competentes, que el proyecto de ley proclama en sus artículos 18.2 y 19.2, queda totalmente enervada a la luz de las facultades que se reserva la autoridad central en los artículos 18.3 y 21.2, y el Ministerio en el artículo 21.1. Más aún, señorías, yo diría que la dependencia funcional de la que he hablado ni siquiera queda garantizada en el proyecto de ley, ya que se fía a un posible futuro acuerdo en el seno de los órganos de esta cooperación bilateral. Por ello, señorías, el Consejo de Estado entiende que deben reforzarse los elementos de participación y decisión de las comunidades autónomas en relación a las funciones y funcionarios de la Inspección de Trabajo, y a este respecto el Consejo de Estado también hace suyas las advertencias del Consejo General del Poder Judicial --como conocen ustedes perfectamente, porque ha sido enviado a todos los señores Diputados-- sobre que se echa de menos en el texto la declaración de dependencia de los miembros de la inspección que en cada caso pudiera resultar.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Termino, señor Presidente.
Como podrán comprobar, señorías, nuestro grupo parlamentario coincide con muchas de las argumentaciones utilizadas por la señora Lasagabaster en esta Cámara, en nombre del Grupo Mixto. Yo diría que nosotros, con la enmienda de supresión del capítulo II que hemos presentado, vamos más allá de la Ley 11/1994, a la que creo que ha hecho referencia la señora Lasagabaster.
También quiero agradecer a la señora Lasagabaster y al señor portavoz del Grupo Popular su disposición para que en el trámite siguiente, en el debate de las enmiendas al articulado, podamos mejorar el proyecto de ley y se puedan entender las argumentaciones de nuestro grupo y que hemos incluido como justificación de la enmienda que presentamos pidiendo la supresión del capítulo II. Sin embargo, señora Lasagabaster, repito, no vamos a dar nuestro voto favorable a la enmienda a la totalidad porque de los 21 artículos del proyecto de ley, 14 son casi salvables.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor Presidente. Intervengo para expresar la postura del Grupo Parlamentario Catalán en relación con esta enmienda de retorno del proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Hoy iniciamos un trámite parlamentario de una ley importante en la medida en que incide de una manera decisiva en el desarrollo de la actividad administrativa en el ordenamiento jurídico y social, y lo hacemos por la oportunidad que nos da esta enmienda de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego, y lo hacemos además --al menos a lo largo de estas semanas-- con la tentación incluso de haber podido acabar votando favorablemente esta enmienda de retorno. En el inicio de este trámite parlamentario hemos tenido muchas dudas al respecto. Es evidente que el tiempo transcurrido entre el primer debate previsible de este proyecto de ley, hace unos quince días, y el día de hoy, nos ha permitido reflexionar al conjunto de los grupos de la Cámara y nos ha permitido empezar a acercar posiciones. El debate inicial del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la misma intervención del Ministro y la intervención de la señora Lasagabaster nos indican que seguramente ha sido oportuna la presentación de esta enmienda a pesar de que --lo anuncio ya-- nuestro grupo parlamentario finalmente no va a votar a favor.
Es evidente que en el aspecto central y básico de este proyecto, en aquello que incorpora de novedad, nuestro grupo parlamentario no puede estar de acuerdo. En la adaptación de la calidad inspectora al Estado autonómico es evidente que no podemos estar de acuerdo. El Gobierno ha tenido diversas opciones; el sistema constitucional permitía diversas opciones a la hora de incardinar esta calidad inspectora en el nuevo modelo de Estado, pero ha optado en función de un modelo que, a nuestro entender, de tan abierto que es no garantiza que aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en estas materias puedan realmente ejercerlas. El modelo que el Gobierno nos ha planteado de tan abierto que es no garantiza este nivel de actuación competencial, incluso respecto a las posibilidades que abría la disposición adicional de la Lisos , que está presente en el debate parlamentario de hoy, y que puede suponer, incluso, una marcha atrás. Por tanto, nuestro grupo parlamentario parte de la perspectiva de esa discrepancia en este elemento central del proyecto de ley.
Evidentemente, nosotros entendemos que era necesario superar la Ley de 1962, que el nuevo marco jurídico constitucional, en lo que hace referencia a los derechos y libertades públicas necesitaba una nueva ordenación que superase una concepción intervencionista y paternalista que configuraba la inspección en su creación. Por tanto, nos parece necesaria la modernización de los principios. ¿Que además era necesario superar la fragmentación y la dispersión de la normativa existente? También, al igual que nos parece necesaria la creación del cuerpo de subinspectores o la ordenación del cuerpo de inspectores tal y como se propone. Por tanto, estamos de acuerdo con estos aspectos del proyecto y, como lo recordaba la señora Aguirre, constituyen buena parte del mismo.
Pero en el capítulo II, que es el que justifica políticamente la necesidad real de dicho proyecto, no podemos estar de acuerdo.
Decía antes que el proyecto hace un planteamiento abierto, ambiguo, generalista y que, en consecuencia, desde la perspectiva de aquellas comunidades autónomas que tenemos voluntad política de incidir en esta materia nos preocupaba. Incluso, en una visión más negativa del proyecto, podríamos decir que el proyecto rezumaba una cierta desconfianza hacia las capacidades reales que tienen las comunidades autónomas para ejercer sus competencias en esta materia; en un sentido más desconfiado de aquello que nos ofrece el proyecto, entendemos que escondía una actitud preventiva hacia lo que respondían las comunidades autónomas, y entendíamos que lo hacía en un momento en que las sentencias del Tribunal Constitucional estaban avanzando en una determinada línea. Creo que ha sido la señora Lasagabaster quien ha hecho referencia a estas sentencias.
Yo voy a recordar la Sentencia 249/1988, en la que cuando divide las funciones del Estado, actuando funcionalmente la inspección como administración estatal, y en las materias de dependencia autonómica actuando funcionalmente las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional dice: Esta situación es aceptable constitucionalmente cuando la dependencia jerárquica de la Administración central no suponga interferencia en la actuación de los inspectores como órganos, servicios y bajo la dependencia funcional de la Administración autonómica. Es más, esta misma sentencia dice que, en materia de competencia autonómica, la inspección actúa como Administración autonómica y bajo la dependencia de ella y que tan sólo en los temas de competencia del Estado será objeto de conocimiento previo por el órgano de la Administración laboral del Estado.
El proyecto de ley se aleja de este planteamiento...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, vaya concluyendo, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Además, entendemos que se aleja de la Sentencia 195/1996 y se aleja también de la Sentencia 185/1991.
Podríamos citarle los artículos 17, 18, 19, 21, las disposiciones adicionales cuarta y quinta, partes del artículo 3, etcétera, que, a nuestro entender, suponen una concepción con la que no podemos coincidir.
Por tanto, nuestro planteamiento político, señorías, señor Presidente, va a ser presentar una serie de enmiendas que permitan corregir el proyecto que el Gobierno nos ofrece.


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Agradecemos la voluntad manifestada por el Grupo Popular y por el mismo Ministro de intentar buscar consensos con los grupos que expresamos una voluntad política diferente a la que nos ofrece el proyecto.
Para terminar, señor Presidente, quiero decirles que el proyecto puede suponer un paso atrás, puede cerrar las posibilidades que tienen las comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia. Es un sistema que no garantiza la real operatividad ni el respeto a estas competencias. Además, ha de tener en cuenta tres concepciones que, a nuestro entender, son básicas para justificar el porqué del fondo de nuestra posición. Desde la perspectiva de una concepción plurinacional del Estado, entendemos que se ha de encontrar un sistema que parta de la existencia de unos niveles competenciales determinados, que parta de que hay comunidades autónomas que tienen voluntad política...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, concluya, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: ... de asumir determinadas competencias con todas sus consecuencias, por tanto asumiendo el riesgo que supone la acción inspectora, y además tienen voluntad de desarrollar un marco social y laboral propio. Es evidente que este ordenamiento incide de manera excesiva en el desarrollo de un marco laboral y social propio. Por tanto, desde una perspectiva autonómica, el proyecto del Gobierno en el trámite parlamentario que iniciaremos próximamente deberá ser modificado.
Agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado la señora Lasagabaster, anunciamos nuestra votación negativa a la enmienda a la totalidad y nuestra voluntad de modificar sustancialmente el proyecto en el trámite parlamentario que ahora iniciamos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Antes de entrar en materia con el proyecto de ley de Inspección de Trabajo, desearía solicitarle que, por necesidades de nuestro grupo, se realicen las votaciones separadas en cada proyecto.


El señor PRESIDENTE: Señorías, como saben, la Presidencia tiene la facultad de ordenar las votaciones, dentro de las competencias que le concede el artículo 73.2. No obstante, si los grupos parlamentarios tienen previsiones de agenda que impidan la votación conjunta de los proyectos, procederemos a su votación separada. (Pausa.) En ese caso, señor Vaquero, aprovecho para recordarles --sé que S. S. lo va a tener en cuenta-- a usted y al resto de los portavoces que es conveniente que sinteticen al máximo sus posiciones. El objetivo es terminar el orden del día. Les sugiero la conveniencia de fijar la posición desde el escaño así como limitar el tiempo en las intervenciones.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con enorme brevedad. El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en primer lugar se felicita de que por fin vea esta Cámara la ocasión de debatir un proyecto de ley sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tan esperado. La necesidad del mismo se deriva no sólo de la obsolescencia de la vigente normativa, que data de tiempos preconstitucionales, que, si ha subsistido, no es obviamente porque su contenido fuera el más adecuado al sistema de libertades sino porque, al menos, no era contradictorio con las libertades democráticas sancionadas por la ley de leyes. Sin embargo, el paso de los años y el devenir de las relaciones socio laborales, económicas y de producción de nuestro país, en el contexto globalizado y regionalizado de la economía, hace aún más perentorio el cambio legislativo. Primero, porque el intervencionismo no es hoy precisamente un signo de los tiempos, aunque no seamos nosotros ciertamente los que caigamos en el error de entender que el Estado deba dejar hacer o deba ser neutro en unas relaciones en las que una parte es más débil que la otra. Segundo, porque las nuevas relaciones laborales, para bien o para mal, la creciente autonomía de las partes, sean éstas iguales o desiguales en la relación, crean situaciones nuevas que deben tener su reflejo en la legislación de los instrumentos que sirven de control y seguimiento del cumplimiento de la ley, como es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la autoridad laboral en general. Tercero, porque la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en tales materias, como las relaciones laborales en general, la prevención de riesgos laborales, etcétera, originando una situación de doble dependencia de los funcionarios que sirven a la inspección, por un lado, funcional y, por otro, orgánica, crea la nueva necesidad --y ya no tan nueva, pues viene fraguándose y visualizándose desde hace varios años-- de legislar una solución adecuada. Cuarto, porque hay nuevos cuerpos (los controladores laborales) y nuevas competencias (por ejemplo, la prevención de riesgos laborales) con nuevas realidades (los derechos de los trabajadores inmigrantes, crecientes en nuestro país, por ejemplo) asumidas por la inspección, así como nuevas leyes que también contemplan estas realidades: el Estatuto de los Trabajadores y sus sucesivas reformas, la Lisos, la Ley de Riesgos Laborales, el nuevo Código Penal en algunos aspectos, etcétera.


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Nuestro grupo, pues, constata la oportunidad y necesidad de una ley que regule las nuevas realidades de esta institución. ¿Cómo lo hace el proyecto diseñado por el Gobierno? No estamos satisfechos con el mismo.
Consideramos que es manifiestamente mejorable, pero el sentido de la reforma en general entendemos que no ofrece motivos para nuestra confrontación con el mismo. Por ello no hemos presentado enmienda de totalidad al proyecto de ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ni vamos a apoyar la enmienda a la totalidad presentada, pero sí vamos a enmendar parcialmente aspectos importantes del mismo.
El aspecto más negativo, desde nuestro punto de vista, es el que hace referencia a la confusión que ofrece el texto sobre los conceptos de cuerpo, función y órgano. ¿De qué ley hablamos? ¿De la ley de la Inspección de Trabajo? Pues, señorías, tendremos ocasión de comprobar que al adjudicar a un cuerpo en exclusiva la función, como es el de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, bien podríamos estar ante algo que debería denominarse mejor la ley de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, al menos si contemplamos en parte el texto legal, pues es verdad que dentro del mismo texto, de unos apartados a otros, pueden observarse contradicciones. El concepto de Función pública que subyace a esta confusión es, lo decimos sin ambages, preconstitucional y contradictorio con la Ley 30/1984 y sus sucesivas reformas que regulan el modelo de Función pública de las distintas administraciones.
Junto a esto, otras cuestiones, que deberemos debatir en base a las enmiendas parciales, serán la fórmula de engarce entre las administraciones central y autonómicas; los mecanismos de intervención y las actuaciones inspectoras de los interesados y de los representantes de los trabajadores, los sindicatos; el papel de los controladores laborales y su carácter y forma de integración; en último término, si el modelo va a ser funcionarial o lo que podríamos denominar gerencial, etcétera.
Tendremos ocasión de debatir de todo ello en el trámite parlamentario.
Así pues, no nos adherimos a la enmienda a la totalidad y aceptamos, en principio, como base el texto propuesto con el ánimo de enmendarlo parcial, pero severamente.
Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Calleja.


La señora CALLEJA DE PABLO: Señor Presidente, señorías, hablaré desde el escaño para atender las preferencias del señor Presidente, sin que ello signifique --sensu contrario de lo manifestado por la señora Aguirre-- que estimo poco importante el trámite que cumplimiento o la materia que tratamos.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar la posición de mi grupo en relación con la enmienda de totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Me complace hacerlo en relación con un proyecto de ley como el que nos ocupa, que me invita a evocar la afirmación contenida en las memorias de don Francisco Largo Caballero, en el sentido de que una de las cosas de las que se sentía más orgulloso --tras su paso por el Ministerio de Trabajo-- era de la creación, bajo su mandado, de un cuerpo de funcionarios independiente de las empresas, como el de la Inspección de Trabajo. Ojalá, señor Ministro, seamos capaces de continuar tan honrosos antecedentes.
Como SS. SS. saben, a tenor del artículo 110 del Reglamento de la Cámara, las enmiendas de totalidad son las que versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y postulan la devolución de éste al Gobierno o las que proponen un texto alternativo. Debo avanzarles que la lectura íntegra del proyecto de ley conduce a conclusiones contradictorias respecto a la procedencia o no de la presentación de una enmienda a la totalidad, como luego, y brevemente, les expondré. Es por ello por lo que --además de por cortesía y por obligación parlamentaria--hemos escuchado con mucha atención la defensa de la enmienda a la totalidad que se ha realizado por parte del grupo enmendante, por ello también, hemos leído con cuidado los informes del Consejo Económico y Social que acompañan al proyecto de ley --incluidos los votos particulares de los sindicatos--, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que formulan no pocas objeciones. No hemos tenido ocasión de conocer el informe que el Ministerio proponente solicitó al de Administraciones Públicas, ni directamente, porque no se incluye en la documentación remitida al Congreso, ni indirectamente, porque tampoco los organismos antes citados tuvieron oportunidad de contar con él, según hacen constar en sus respectivos dictámenes. Su ausencia, tal vez, pueda hacer pensar que las tesis defendidas por los enmendantes tengan alguna razón.
La sensación contradictoria que la lectura del proyecto de ley produce, según antes indicaba, radica en un notable divorcio entre la exposición de motivos y el articulado. Leyendo la exposición de motivos, no parece haber materia para una enmienda a la totalidad. Las razones de oportunidad que se aducen son compartibles: acomodar la legislación vigente en la materia --del año 1962-- a las nuevas circunstancias nacidas de la Constitución de 1978 y recogerlo en las posteriores, dispersas en diversos textos, así como modernizar la función inspectora.
Los principios que se invocan también son suscribibles, siendo, en síntesis, los de acomodar la función inspectora a la nueva concepción de las relaciones laborales y a la nueva estructura

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territorial del Estado, así como perfeccionar la actuación inspectora, en orden a la observancia de las garantías de los inspeccionados y el respeto del sistema constitucional de derechos y libertades.
Por último, y en cuanto al espíritu general que emana de la exposición de motivos, resulta perfectamente susceptible de ser compartido. Sin embargo, no ocurre otro tanto con el articulado, que se aparta notablemente del cuerpo de doctrina desarrollado en la exposición de motivos. A este respecto, resulta curioso y significativo que la memoria que se incluye en el expediente remitido a la Cámara transcriba literalmente un dictamen que el Gobierno socialista pidió, en su día, en el seno de los trabajos de elaboración de un anteproyecto de ley sobre esta materia. Por cierto, la transcripción --como digo, literal-- se hace sin citar el autor del dictamen --y, por lo tanto, del texto que se incorpora como memoria--, lo que --aunque tratándose de un dictamen perteneciente a su mandante, es decir, al Ministerio de Trabajo-- no deja de resultar poco obsequioso con la autoría intelectual del prestigioso catedrático de Derecho del Trabajo a quien se le encargó. Ya que los redactores de la memoria no han utilizado el dictamen como material para nutrir las ideas de la memoria, sino como texto literal de ésta, parece que procedería el entrecomillado y la cita --ése es al menos el uso y costumbre en los medios universitarios--, y se entendería como la traída a colación de un criterio de autoridad y no --por alguien podría así pensarse-- como desidia mental de los redactores de la memoria.
Pues bien, regresando de este excurso, quería llamar la atención sobre el dato de que lo que se incorpora a la memoria es la literalidad --bien que con algunas reubicaciones sistemáticas-- de la doctrina vertida sobre, justamente, la oportunidad, los fundamentos constitucionales que avalan la intervención legislativa de las Cortes Generales y los principios que deben informar la futura ley. La fusión de dictamen y memoria termina justamente cuando se aborda la sistemática y el articulado del texto, del texto entonces en estudio y ahora en forma de proyecto de ley.
El articulado que se propone, en efecto, se distancia de los motivos y discurre por caminos objetables. No cansaré a la Cámara con la enumeración exhaustiva de ejemplos de este distanciamiento, pero sí creo oportuno señalar que tanto desde el punto de vista de la definición de la función inspectora como del tratamiento que se da a las relaciones interadministrativas, hay materia sobrada que objetar. A estas alturas de la evolución y consolidación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Función pública y sobre las competencias de las comunidades autónomas, el proyecto de ley debería desenvolverse en parámetros más actuales y con técnicas más afinadas. En este sentido, y en relación a lo propuesto por la enmienda a la totalidad, por ejemplo, el capítulo II del proyecto deberá, a nuestro entender, sufrir importantes modificaciones o incluso desaparecer.
Buena prueba del distanciamiento entre exposición de motivos y articulado, a que antes me refería, es que cuando llegamos a la cláusula de cierre del sistema de inspección de trabajo que se propone, se apela al artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, y no a los párrafos 7.ª y 17.ª, que avalarían una intervención tan profunda del legislador estatal como la propuesta en el ámbito de la legislación sobre las relaciones laborales.
La posición de mi grupo, señor Presidente, señorías, será contraria a la enmienda de totalidad. No hemos presentado enmienda a la totalidad porque creemos necesaria una pronta y nueva regulación de la función inspectora en materia de Trabajo y Seguridad Social, pero anuncio la contribución del Grupo Parlamentario Socialista a la mejora del proyecto y al logro de su armonía con los principios de modernización de esta función inspectora y de acomodación de la misma a la nueva estructura territorial nacida de la Constitución española, con la presentación de no pocas enmiendas al articulado. Lo hacemos en la confianza de que el grupo que apoya al Gobierno y éste mismo valoren esta actitud constructiva y las aportaciones de mi grupo en forma de enmiendas al articulado para que el proyecto alcance, en realidad, las metas que enuncia en su exposición de motivos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calleja.
Señorías, a efectos de despejar las dudas que se le han planteado a la Presidencia sobre la forma y momento de las votaciones de la tarde, y tratando de conciliar las distintas necesidades de los grupos, vamos a continuar la tramitación de los proyectos de ley sin votaciones, que no se producirán en ningún caso antes de las ocho de la tarde, produciéndose, a partir de las ocho, en el punto donde hayamos avanzado en el orden del día.


--PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000032)

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, concluido el debate sobre el proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, iniciamos el debate del proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, para cuya presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor Presidente, señorías, comparezco ante el Pleno del Congreso para presentar el proyecto

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de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
La norma que se somete a la consideración de SS. SS. persigue tres objetivos: primero, delimitar las especialidades procesales del Estado de forma clara y sistemática; en segundo lugar, definir nítidamente el servicio de asistencia jurídica al Estado y sus entes institucionales; y, por último, establecer la organización básica del servicio jurídico del Estado. En el primer caso, el proyecto tan solo recoge las especialidades procesales en el sentido estricto, y siempre y cuando no se encuentren ya recogidas en las leyes reguladoras de cada procedimiento. El principio, por tanto, es el de mínima especialidad, dejando a las leyes propias de cada jurisdicción la regulación de las especialidades aplicables a la misma. No se trata de mantener privilegios de la Administración, ni mucho menos de los funcionarios que desempeñan sus tareas en el Servicio Jurídico del Estado, sino de regular, de forma técnicamente correcta, las especialidades procesales absolutamente imprescindibles, para que la Administración, cuando se encuentra en un procedimiento judicial, tenga una verdadera y real posición de igualdad con las otras partes.
La función constitucionalmente asignada a la Administración del Estado articula, según el artículo 103 de la Constitución.. .(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Ministra. ¡Señorías! Continúe señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
La complejidad de su estructura jurídica y administrativa, así como la satisfacción de los intereses públicos que a la Administración corresponde, justifican tales especialidades. Ello es conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no se produce ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto en cuanto no se suscite a la otra parte restricción de su derecho ni indefensión. Tampoco se violentaría el principio de igualdad, pues en la concepción formulada por el Tribunal Constitucional la norma desigual puede encontrar un fundamento constitucionalmente válido cuando las realidades que se regulan son también desiguales, como sucede en el presente caso.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse expresa y contundentemente sobre las especialidades procesales del Estado con carácter general, en resolución de 26 de octubre de 1993. De igual opinión ha sido el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el proyecto de ley, que en este momento tengo el honor de presentarles, de fecha 18 de diciembre de 1996. Estas especialidades se extienden, además, en su aplicación a todas las comunidades autónomas, garantizando así la plena igualdad de todas ellas y de éstas frente al Estado.
Es objetivo también del proyecto de ley sistematizar y modernizar la antigua y dispersa normativa reguladora de la asistencia jurídica al Estado. De hecho, en la actualidad no existe un texto que recoja con vocación de unicidad esta materia, y encontramos normas, por citar sólo algunas, tales como el Real Decreto de 21 de enero de 1925 o el Decreto de 27 de julio de 1943, que estructuran la antigua Dirección General de lo Contencioso, cuya necesidad de renovación, tras los numerosos cambios jurídicos habidos en este largo tiempo, para esta Ministra es evidente.
La regulación con rango de ley de esta función se reduce en forma inconexa al artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la representación y defensa del Estado y demás entes públicos; a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la intervención de ésta en las piezas de suspensión; a la Ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona cuando regula la intervención del abogado del Estado junto al Ministerio Fiscal; a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre la representación y defensa de los órganos ejecutivos del Estado y a pocas normas más.
Aclara este negativo panorama el nuevo proyecto al diseñar homogéneamente un servicio jurídico de asesoramiento y defensa en juicio que se prestará al Estado, su Administración institucional y órganos constitucionales cuando sus normas internas no establezcan un régimen propio y ante los órganos judiciales españoles y jurisdicciones extranjeras, salvo normativas específicas. En todo caso, el proyecto establece las especialidades del asesoramiento jurídico en los ámbitos de Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad Social.
Para la prestación de esta función, el proyecto de ley configura organizativamente un servicio jurídico del Estado con unos perfiles netamente profesionales para que, con la necesaria autonomía funcional, pueda servir con objetividad a la Administración y garantizar el sometimiento de ésta al derecho de los intereses generales. Integran este servicio los funcionarios del cuerpo de abogados del Estado, bajo la dependencia directa y directrices de su director, prestando sus cometidos reglamentarios en el ámbito de la normativa que regula la Función pública. De otra parte, en cuanto a la categoría de la disposición, hay base suficiente para que esta norma tenga rango de ley, porque la necesidad de regular las especialidades que han de regir el enjuiciamiento del Estado nos sitúa en materia eminentemente procesal, lo cual exige una norma con rango legal, según doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. Esta consideración de legislación procesal supone el ejercicio por el Estado de una competencia exclusiva contenida en el artículo 149.1 de la Constitución, que obviamente deberá expresarse mediante ley. Parece acertado, por tanto, acudir a la figura de una ley ordinaria

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que de forma específica y completa venga a regular no sólo la función de representación y defensa del Estado en los distintos procesos, sino también las normas de enjuiciamiento mismo, el llamado por la doctrina status procesal del Estado.
Esta iniciativa del Gobierno, de la que doy a SS. SS. una primera formulación, que podrá ser completada y enriquecida a lo largo del procedimiento legislativo, no tiene gran extensión formal. Contiene 14 artículos agrupados en tres capítulos. El primero de ellos, de la asistencia jurídica al Estado, regula el asesoramiento y la representación y defensa de los entes públicos a que afecta, entendida en su doble vertiente consultiva y contenciosa. El capítulo II, normas específicas sobre representación y defensa en juicio del Estado, contempla los supuestos de contraposición de intereses entre distintas administraciones o entidades públicas, las relaciones entre éstas y los miembros del Servicio Jurídico, así como las actuaciones ante el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Jurisdicción Militar o procedimientos arbitrales. El proyecto de ley se cierra con disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales que complementan adecuadamente la extensión de su aplicación.
Señorías --y con esto termino --, tengo la convicción de que con este proyecto que el Gobierno trae hoy a la Cámara se proporciona el adecuado marco jurídico a una función que lleva desarrollándose en el sector público por más de cien años, pero que precisaba de una adaptación rigurosa al sistema jurídico constitucional, haciendo más eficaz la misión encomendada a las administraciones públicas de respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Han presentado enmiendas de totalidad al proyecto de ley los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a procurar contribuir, si es posible, a que el atracón legislativo de este jueves sea algo más liviano. A lo mejor, y por ello, la argumentación de nuestra enmienda puede resultar un poco telegráfica, pero se hace con el fin de ir avanzando lo más posible en el tratamiento del orden del día.
La verdad es que no valía la pena --pensó nuestro grupo cuando contempló este sorprendente proyecto de ley -- enmendarlo de totalidad, porque, sinceramente, daño no hace, por aquello de que lo que abunda no daña. Lo que ocurre es que si daño no hace también es evidente que, de ser admitido a trámite, recargará el trabajo de los órganos de esta Cámara, porque habrá que nombrar una ponencia y tendrá que pasar por Comisión. Y todo ello nos obliga a preguntarnos para qué. Decimos que este proyecto es absolutamente sorprendente porque lo hemos leído y releído y, sinceramente, lo hemos encontrado absolutamente innecesario, siempre con todo el respeto, como bien sabe la señora Ministra de Justicia, a su trabajo y a su buena fe. Es absolutamente innecesario. En modo alguno es novedoso, no es sistemático, lo que lógicamente nos obliga a preguntarnos qué es lo que es.
Hemos estado tratando de ver cómo lo configurábamos. Incluso he llegado a pensar, sinceramente, cuando he oído tanta opinión doctrinal y tanta recopilación de posiciones del Tribunal Constitucional, que había encargado usted un dictamen, y como dictamen no está nada mal. Ahora bien, en técnica legislativa, esto no merece el nombre de ley. Como somos cariñosos, vamos a entender que se trata de una exposición de motivos de un futuro reglamento, porque, además, a lo largo de todo el texto se habla de un reglamento necesario. Por eso decimos que es sorprendente.
Entre otras cosas porque --lo mejor estoy equivocado-- me he repasado el conjunto de iniciativas legislativas que su Ministerio nos había prometido y ésta no venía. Esta ha debido surgir porque alguien, en una determinada acuciosidad laboral, ha entendido que debería hacer una aportación para que luego figure en el censo y se diga: he aquí otro proyecto más. Pero, con todo respeto, es un poquitín el parto de los montes. Uno lo lee y, al final, es un ratón, si es que llega a ratón. La verdad es que, leído todo el proyecto de ley, su verdadera técnica legislativa debería ser la de una circular recordatoria de la legislación vigente para que los abogados del Estado pasen a llamarse ahora --porque no les gustó antes llamarse letrados del Estado -- abogados del Estado o representantes procesales de la Administración demandada, lo cual es evidentemente un avance. Nos hace pensar, y no queremos hacer juicio de intenciones, que en los Servicios Jurídicos del Estado se ha suscitado una situación de envidia ante el Ministerio público, que tiene su estatuto, o ante otros cuerpos, y que quieren tener su propia ley y la quieren tener como sea, aunque la ley, con todo cariño, señora Ministra, no diga absolutamente nada ni sirva absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no modifica nada. Ni siquiera produce una compilación que demuestre que efectivamente se sistematiza. No. Es que el propio proyecto de ley dice: lo que aquí se regula se hace sin perjuicio de lo que luego cada ley procesal, cada proceso, cada procedimiento tenga a bien legislar. Y lo que aquí se regula no tiene nada que ver con lo que en cada cuerpo de la Administración, de los muchos que subsisten, bien sean los Servicios Jurídicos de carácter castrense o de la Seguridad Social, sigan previendo.


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Entonces, ¿dónde está la necesidad de esta ley? Repito, con todo respeto --y no quiero ser de ningún modo agrio-- que es un catálogo de obviedades que, como mucho, merece el nombre de circular o de instrucción interna.
Sí tiene dos novedades. La posibilidad de convenio entre la Administración --Servicios Jurídicos del Estado-- y las comunidades autónomas para que, en un momento determinado, esos Servicios Jurídicos del Estado, que efectivamente tienen una larga tradición de merecido rigor técnico, puedan prestar su apoyo a las comunidades autónomas y a sus organismos. Pero para eso no hace falta esta ley. Para que en un momento determinado los Servicios Jurídicos del Estado puedan prestar su colaboración a determinadas comunidades autónomas, respetando el nuevo Estado autonómico, no hace falta esta ley.
Lo que también nos llama poderosamente la atención --y con ello acabo-- es que haya una especialísima llamada a que los Servicios Jurídicos del Estado puedan defender a los funcionarios en aquellas situaciones en que se vean comprometidos como consecuencia de su cometido. Quiere decirse que aquel funcionario que, en un momento determinado, se ha excedido y ha cometido un abuso de autoridad o ha producido una irregularidad --lo que, con arreglo a nuestra legislación vigente, a nuestro ordenamiento, puede suponer una responsabilidad del Estado-- va a poder ser defendido por los abogados del Estado. No estamos de acuerdo con ello. Lógicamente, en la mayoría de esos supuestos lo que se trata es de hacer recaer sobre el Estado ni más ni menos que la defensa de responsabilidades que son de los propios funcionarios. Si se quiere poner esta cláusula, pongamos al lado la que la equilibra, y es que el Estado asume de una forma muy seria --y se debería haber aprovechado para ponerlo en esta ley-- que cada vez que se produzca un daño para el Estado como consecuencia de la actuación irregular de un funcionario, el Servicio Jurídico del Estado va a iniciar inmediatamente el correspondiente expediente para resarcir al Estado del daño producido. Porque no hace falta tener una memoria extraordinaria ni ser excesivamente inteligente para ver cómo se está produciendo diariamente actuaciones de determinados servidores públicos que causan enorme perjuicio al Estado, no digo ya de carácter moral, sino de carácter patrimonial, y está por ver el primer expediente en el que alguien se preocupe de que el Estado recupere aquello que pura y simplemente, en muchos casos, le ha sido sustraído.
Entenderá por ello, señora Ministra de Justicia, que nosotros hayamos presentado esta enmienda y que pidamos al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular que, aunque sólo sea por descargarnos de un trabajo que se puede considerar inútil, lo retiren, porque con ello creo que todos ganaremos tiempo, aunque los abogados del Estado --¡qué le vamos a hacer!-- tengan un conjunto de normas en las que se les alude y no tengan una ley que poder exhibir para presumir de ella, porque, efectivamente, no se trata de eso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Para la defensa de su enmienda de totalidad, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señora Ministra de Justicia, he escuchado atentamente su intervención, al igual que he leído atentamente la memoria del anteproyecto, la exposición de motivos del proyecto de ley y el contenido del articulado en sus tres capítulos, sus disposiciones adicionales, transitoria y finales, y tengo que decirle que, con todo respeto, estoy convencido de que usted no conoce el contenido de dicho proyecto. Usted es una jurista de prestigio y seguro que los amigos que le han redactado este texto legal no son muy buenos amigos.
Es un texto legal --pretende serlo-- que ni en la forma ni en el fondo se puede sostener. Yo pensé --se lo digo con todo el respeto--, porque el día estaba un poco cargado de asuntos, que lo iba a retirar en cuanto lo leyera; incluso me ha dado la impresión de que cuando lo estaba leyendo se estaba dando cuenta de que esto no podía prosperar y de que es una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico.
Señora Ministra, la exposición de motivos recoge, como bien ha leído, las finalidades de la norma, que son: delimitar las especialidades procesales del Estado, definir claramente la prestación del servicio de asistencia jurídica del Estado, estructurar la organización del Servicio Jurídico del Estado y la pretensión de unificar en un único texto legal el régimen de asistencia jurídica de las administraciones públicas, de los organismos autónomos, de las entidades públicas y de los órganos constitucionales. Pues bien, siendo esas las finalidades, no consigue absolutamente ni una de ellas. Y no es que se lo diga yo, señora Ministra, se lo dice, en un auténtico revolcón desde el punto de vista jurídico --permítame la expresión--, el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. No le dejan un solo artículo en pie, no se sostiene un solo artículo de todo el proyecto de ley.
Le voy a dar algunas pinceladas de cuestiones que son, a nuestro juicio, fundamentales. Incluso desde el punto de vista sistemático tampoco se sostiene el proyecto que nos presenta. Contiene legislación derogada; ni siquiera se han preocupado de actualizar, en la intervención que le han dado para leer, señora Ministra, lo que habían recogido en el anteproyecto, porque cuando lo redactaron esta Cámara todavía no había aprobado la ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Y además de no

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cambiar la terminología, recogen preceptos expresamente derogados por esta ley, señora Ministra. Ni siquiera han tenido la precaución sus amigos --sobre los que creo que no tiene que tomar represalia alguna, pero tendrá que hacerles reflexionar un poco-- de ayudarla en esta ocasión.
Señora Ministra, este refrito reglamentario --podríamos denominarlo así-- constituye la defensa corporativista de algún grupo, difícilmente compatible con el artículo 103 de la Constitución española. Desconoce usted las razones de oportunidad porque lo que auténticamente necesitamos, entre otras cosas, es poner en marcha la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para empezar a salir, de una vez, del colapso existente en estos juzgados y tribunales, una situación que se está agravando por momentos. ¿Para cuándo esa ley, señora Ministra?, porque el trabajo está hecho desde la legislatura anterior. El Grupo Socialista presentó en diciembre una proposición de ley. Mejórenla, corríjanla, puesto que había un consenso casi unánime.
Fíjese tan sólo en algunas perlas, señora Ministra, porque a lo mejor tiene el gesto, en su próxima intervención, de decir: nos ahorramos más tiempo, admitimos la enmienda a la totalidad y retiro este proyecto de ley que no sirve absolutamente para nada.
Artículo 1: La asistencia jurídica del Estado corresponde --viene a decir-- a los abogados del Estado. No. Los abogados del Estado serán el instrumento, la asistencia corresponderá al Servicio Jurídico. Primera perla en las primeras líneas. Por si fuera poco, usted ha mencionado el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿No sabe que ese artículo 1 es contradictorio? Salvo que normas específicas propias digan otra cosa, que podríamos coincidir, señora Ministra, el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial --ley orgánica de noviembre de 1994-- lo recoge al revés: se refiere a los organismos autónomos. ¿Cómo por ley ordinaria --esto es un refrito reglamentario, insisto-- va a cambiar usted el contenido de un precepto de una ley orgánica? ¿Cómo lo va a hacer, señora Ministra? Evidentemente, no puede hacerlo.
El artículo 3 contiene otra perla muy interesante. ¿Qué pretende hacer, señora Ministra, con este proyecto de ley? Porque fíjese que recoge la integración funcional del Servicio Jurídico del Estado, pero ¿dónde está encuadrado? ¿Qué pretende hacer de este cuerpo? ¿Un cuerpo independiente? No son fiscales, no son jueces, señora Ministra. ¿Ha leído el artículo 3? ¿De quién dependen orgánicamente? Habrá que decir expresamente que dependen del departamento; en definitiva, que dependen del Ministerio. Es elemental y fundamental, señora Ministra. ¿O quiere, de verdad, que sea un cuerpo con un estatuto autónomo, cual si de jueces se tratara? Evidentemente que no lo pretende, ¿verdad, señora Ministra? Por eso le decía que estoy convencido de que no ha tenido ocasión ni de leer el texto. Ni siquiera recogen las incompatibilidades que para el régimen general regulado para la Función pública les es de aplicación a los abogados del Estado.
Contraposición de intereses. Tampoco lo resuelven en el artículo 5. ¿Qué ocurre entre distintos órganos? Un ejemplo muy claro: ¿quién resuelve un conflicto entre dos órganos dependientes de ministerios distintos? Y le podría poner diez ejemplos más en distintos niveles. ¿Quién resuelve, señora Ministra? Nosotros sabemos quién tiene que resolver, se lo diremos en su momento, pero ahí crean una laguna y una fuente de conflictos permanente.
De especial relevancia es el contenido del artículo 7. Dicho artículo trata de la disposición de la acción procesal. Dice su proyecto --que no es de usted, señora Ministra, es de esos amigos que no son buenos amigos--: para que el abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, deberá estar autorizado por el titular del departamento. Fíjese qué barbaridad. Cuando se entere el señor Rato --que no está por aquí-- o cualquier otro ministro, a ver qué le dicen. ¿Pero quién es el titular de la acción, señora Ministra? No hace falta explicarlo. Un ejemplo claro: el recurso de inconstitucionalidad, que la propia Constitución española recoge como competencia del Jefe de Gobierno. Pues no, va a desistir el abogado del Estado. Si es que lo que plantean es absoluta y manifiestamente inconstitucional.
Ni siquiera los títulos son afortunados, porque el título del capítulo III es: «Especialidades procesales aplicables tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas». Muy mal, porque se refieren sólo al Estado, y la disposición adicional quinta lo aclara después.
A pesar de esa intención que tienen de recoger en un texto legal las diversas especialidades procesales, hay una evidente contradicción en el artículo 14 --que es el que más elaboran--, relativo a la suspensión de los autos. Auténtica barbaridad, señora Ministra, porque, lejos de estar en consonancia con la exposición de motivos, lo que hacen es incluir en esta ley --una ley que pretende ser única y general-- algo que afecta exclusivamente al procedimiento civil. Se refiere exclusivamente a reclamaciones civiles, con lo cual sistemática y necesariamente, por un principio de seguridad jurídica básica, ese precepto tiene que ir encuadrado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, nosotros le hacemos la propuesta de una redacción muy distinta de un artículo que no existe hoy, el 302. En aras a la brevedad, le sugiero que en su momento, cuando presenten otro proyecto --porque seguro que éste lo retirará--, lo incluya contando con el Grupo Socialista y con mejores asesores. En la misma línea está la referencia al artículo 41 de la Ley Hipotecaria.
¡Pero qué pinta en esto que pretende ser una ley? Y por seguridad jurídica, traslademos el párrafo tercero y cuarto a

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la Ley Hipotecaria, por ejemplo, que encaja sistemáticamente a la perfección.
En la disposición adicional tercera hay otra contradicción tremenda.
¿Cuántos servicios jurídicos del Estado pretende tener usted? Porque recoge específicamente algo que hoy, por vía de hecho, ocurre un tanto, pero no con carta de naturaleza jurídica, que es la existencia de dos servicios jurídicos del Estado absolutamente independientes, y uno es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No tiene ninguna razón de ser, salvo --como le comentaba al principio-- la defensa de intereses de grupo, que no es lo que le corresponde hacer a la señora Ministra, sino gobernar de verdad.
En la disposición adicional quinta, que corregía ese capítulo III, que sobra en la enumeración, sería importante que se incluyeran, además del Estado y las comunidades autónomas, las corporaciones locales.


El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, le ruego que vaya concluyendo.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Termino, señor Presidente.
En definitiva, señora Ministra, sólo han sido unas pinceladas. No he pretendido ser en absoluto descortés con los ejemplos que le he puesto, pero, evidentemente, esto no lo ha podido leer porque no hubiera dado entrada a un documento de este tipo en esta Cámara. Dedíquese, señora Ministra, a tramitar proyectos importantes que hay pendientes --las reformas procesales, la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa--. Deje de atender cuestiones que no son prioritarias, que no necesitan ni texto legal y que además --insisto-- pretenden modificar leyes de rango superior cuando no es necesario este tratamiento. Deje de atender a grupos, vamos a atender los intereses generales y dedíquese a gobernar, señora Ministra. Le agradecería, si es posible, que me evite el próximo turno de réplica y que en su próxima intervención retire esta chapucilla --entre comillas-- legislativa que pretende tramitar. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
¿Turno en contra de las enmiendas de totalidad? (Pausa.) Para un turno en contra, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, dada la congestión de leyes que esta tarde se están examinando, yo confiaba en que los grupos enmendantes retiraran la enmienda a la totalidad. Ciertamente no lo han hecho, por lo que, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a expresar las razones por las cuales anunciamos nuestro voto en contra.
El señor Castellano ha sido muy telegráfico, y yo también lo voy a ser respecto de su intervención. Se ha objetado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que el proyecto de ley es innecesario, que carece de justificación dado que el contenido de estos preceptos viene recogido en otras normas. En el escrito presentado ante la Cámara hacían alusión a la Lofage o a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Saben ustedes perfectamente que la Lofage nada regula respecto de esta materia. Se hace referencia exclusivamente al artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el contenido del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solamente figura en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1, pero el resto del proyecto de ley no hace referencia al contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La cuestión no se suscita por estas normas, sino muy especialmente por otras de contenido y vigencia dudosa y, al menos, confusa: el Estatuto del año 1925 y el Reglamento orgánico de 1943. Otras leyes procesales especiales se refieren también a la representación y defensa en juicio, por ejemplo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, etcétera.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en un Estado democrático, en el que la soberanía del pueblo radica en los representantes del Parlamento, debe ser en este ámbito, y no por reglamentos o por decretos, donde se regule lo importante: las especialidades procesales del Estado, contribuyendo así a robustecer el principio de seguridad jurídica para la Administración y para los ciudadanos. Por ello no estamos de acuerdo con el razonamiento de que es un proyecto de ley innecesario, en el sentido de que su regulación es propia de un desarrollo reglamentario. Esa es la cuestión, señor Castellano, es que esa ley no existe. No puede haber desarrollo reglamentario de una ley que no existe, y es precisamente el contenido de esta norma con rango de ley lo que va a posibilitar que pueda llevarse a cabo una mejor defensa del Estado.
Hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y se justificaba en el escrito de motivación de la enmienda a la totalidad, de la subsistencia o no de otras leyes procesales. Esta era una opción legítima. El Partido Popular apoya la opción que ha tomado el Gobierno y la opción es precisamente que las leyes procesales concretas mantengan su vigencia, las especialidades que respecto del Estado se contengan, y en ésta únicamente las especialidades genéricas.
Por otra parte, quiero decirle, señor Castellano, que la representación y defensa en juicio ya está regulada, pero el problema viene suscitado por ese carácter confuso de otras normas al que antes me he referido. También ha hecho una referencia a la acción de regreso. El Grupo Popular comparte plenamente su afirmación, pero no compete a esa ley --usted lo sabe bien--, compete a la Ley 30/1992, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

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Administrativo Común. Y he de recordar que el Grupo Parlamentario Popular presentó en enero pasado una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, instando la reforma de la Ley 30/1992. El Grupo Parlamentario Popular, entre otras cosas, va a solicitar que la acción de regreso no sea simplemente una apuesta de la Administración, sino que se dirija frente al funcionario responsable.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista aduce como motivo de enmienda a la totalidad la afirmación de que los miembros del Servicio Jurídico del Estado van a gozar de una posición de privilegio difícilmente compatible con el artículo 103 de la Constitución. Señor Villarrubia, no hay ningún precepto, absolutamente ninguno, que consagre privilegio personal a alguno de los miembros del Servicio Jurídico del Estado. Decir lo contrario es ver fantasmas o molinos de viento donde realmente no hay nada, aunque me temo que su actitud no es quijotesca, sino más bien propia de otro personaje de una novela ejemplar también de Cervantes. Le repito que aquí no hay privilegios, lo que hay son especialidades procesales, pero esas especialidades procesales no son personales, sino del propio Estado. Como antes dijo la Ministra, como recuerda el informe del Consejo General del Poder Judicial y como ha reiterado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, esas especialidades procesales son plenamente constitucionales. Vuelvo a decirle que no confunda los privilegios con las especialidades procesales. Además, lo que se recoge en una ley por razones de seguridad jurídica, por darles un rango adecuado, son las mismas especialidades que había antes en otras normas. Incluso se disminuyen, porque, por ejemplo, la suspensión del plazo para contestar la demanda a fin de elevar consulta a la dirección general del Servicio Jurídico se reduce de tres meses a un mes. En todo caso, privilegios son los que ustedes, señores del Grupo Socialista, quisieron introducir a propósito del fuero de los secretarios de Estado, en un intento de escapar del juez natural; y saben que el Grupo Parlamentario Popular se opuso firmemente a ello al igual que otros grupos de esta Cámara. Recuerden también el durísimo informe que el Consejo General del Poder Judicial emitió al respecto. Por cierto --y en este caso me temo que tampoco ha leído el informe del Consejo General del Poder Judicial--, que da su total beneplácito a este proyecto de ley, al que se han incorporado bastantes de sus sugerencias. Esas especialidades son del propio Estado, no son de ninguna persona. Y no deben olvidarse, señores del Grupo Socialista, que es bueno que tenga por objeto regular por ley las singularidades de la Administración; lo que representa la Administración son los intereses generales y que su regulación se esté haciendo por ley es positivo.
Hablando de amigos, resulta curioso que ustedes, míticos defensores de lo público, hayan olvidado con frecuencia cuando gobernaban que tenían a su disposición un servicio jurídico del Estado y, por contra, hayan acudido con mucha frecuencia a asesores externos --por supuesto, asesores externos pagados con cargo al dinero público-- para la elaboración de informes, dictámenes, anteproyectos... ¿Por qué no recordar aquel caso en que el Gobierno socialista acudió a un despacho privado de abogados para que le asesorase en la adquisición y en las relaciones que permitiesen al Estado adquirir una conocida colección de pinturas? Ese asesoramiento jurídico que prestó un despacho privado --cuando ustedes tenían funcionarios cualificados pagados con cargo al dinero público-- costó al Estado --los servicios, que no los cuadros-- más de 600 millones de pesetas. Eso son amigos.
Ha hecho referencia a una nueva ley reguladora de lo contencioso-administrativo. Compartimos plenamente lo que usted manifiesta. Y el Ministerio de Justicia ha cumplido, ha elaborado el anteproyecto de ley; ha emitido ya el informe el Consejo General del Poder Judicial y está pendiente el informe del Consejo de Estado, informe que todos los grupos deseamos --y el mío el primero-- que sea emitido pronto, para que en este período de sesiones se pueda tramitar en el Congreso.
A propósito de la importancia de este proyecto de ley regulador de lo contencioso-administrativo, me alegra que ustedes, en el escrito que presentaron como consecuencia de la enmienda a la totalidad, afirmen --y leo literalmente--: ...que esta jurisdicción controle el sometimiento de la Administración pública al cumplimiento de la ley. He de decirle que una concreción de esto es el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales, gusten o no gusten, porque tiene que reconocer que en una mente mínimamente jurídica chirrían las declaraciones que han hecho algunos dirigentes de su partido a propósito de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, como si el Gobierno no estuviera obligado a cumplirla, como si no le obligase a ello.
En relación con los amigos y con la ley de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ustedes acudieron no a un amigo, para que elaborase el anteproyecto de ley, sino a seis amigos y con cargo a los fondos públicos.
Dicen ustedes que se trata de crear un órgano independiente. No sé qué proyecto de ley han leído, porque, desde luego, si ésa es su conclusión, es para quitarse el sombrero ante su capacidad de deducción. Esta ley no pretende en modo alguno crear un órgano independiente, y así lo atestigua un análisis individualizado de todos y cada uno de los preceptos; muy al contrario, en la propia ley se hace referencia a la incardinación concreta en el servicio jurídico de un ministerio y, por tanto, su objeción carece de sentido. No tendría sentido que, en una norma con rango de ley, se dijese el ministerio concreto al cual está adscrito.
Esto es materia reglamentaria, esto corresponde a un real decreto, y así sucede en la actualidad, que por Real Decreto

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de 2 de agosto de 1996 el servicio jurídico del Estado está incardinado en el Ministerio de Justicia.
Además, sean coherentes y pónganse de acuerdo, porque en otras leyes, cuando nosotros hacemos una referencia concreta a algún ministerio, dicen esto mismo que acabo de decir: No debe estar aquí. Y tenemos una muestra en una ley que está en tramitación parlamentaria, el proyecto de ley del Gobierno. A propósito de las importantísimas funciones del secretariado del Gobierno, que nosotros atribuimos al Ministerio de la Presidencia, ustedes dicen que en una norma con rango de ley no debe especificarse el ministerio. Pónganse de acuerdo.
¿Y por qué no referirnos al artículo 7, del que usted ha hecho especial mención? Su redacción en este proyecto de ley fue sugerida por el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes, en su escrito, dicen que con ese artículo se está atribuyendo al servicio jurídico del Estado las funciones del artículo 97 que la Constitución reserva al Gobierno. No, señores del Grupo Socialista, no se atribuye al servicio jurídico del Estado dirigir la Administración civil y militar ni tampoco le corresponde ejercer la función ejecutiva, la potestad reglamentaria.
Les decía que este precepto del artículo 7 viene inspirado por la jurisprudencia. Especialmente la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha sugerido muchas veces al propio Estado que hay ocasiones en que la reiteración constante de recursos, cuando existe una jurisprudencia consolidada, no tiene sentido. Y es la propia jurisprudencia, abundante, del Tribunal Supremo la que sugiere estas fórmulas de flexibilidad.
Además, nosotros consideramos que es más importante que esas facultades en orden a la disposición de la acción procesal las tenga un órgano técnico, un órgano especializado, un órgano ampliamente conocedor de todos los procesos en que se encuentra inmerso el Estado y no un órgano político.
Les decía asimismo que la reiteración constante de recursos suscita con frecuencia condena en costas a la Administración por lo reiterado de su posición ¿Qué produce también? A veces, colapsos innecesarios en la Administración de justicia y que la satisfacción de intereses y derechos legítimos de los particulares se vea contestada con frases como ésta: Usted, desde luego, tiene toda la razón, pero yo estoy obligado a recurrir y estaré encantado de darle la razón cuando los tribunales lo señalen.
En su enmienda a la totalidad se refieren al servicio jurídico del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria --y con ello concluyo, señor Presidente--. Ustedes afirmaban que se trata de crear dos servicios jurídicos dentro de un mismo Estado. Señoras y señores Diputados del Grupo Socialista, parecen haber olvidado que ese servicio jurídico del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria ya existe y parecen haber olvidado también cuál es ese origen. El origen es su voluntad. Recuerden ustedes que ese servicio jurídico del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria fue creado por ustedes en la Ley de Presupuestos del año 1990 para el año 1991. Ese servicio jurídico del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tal y como lo crearon ustedes, funciona con bastante independencia, por lo que, en definitiva, resulta incoherente su enmienda a la totalidad, salvo que hayan cambiado de criterio, como a menudo les sucede, pues cuando estaban en el Gobierno decían una cosa y ahora, cuando están en la oposición, dicen otra muy diferente.
Les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda pidiendo la supresión de esta disposición adicional tercera, y confío en que ustedes la voten favorablemente.
Por todas estas razones, porque pensamos que es un proyecto de ley necesario y porque regular las singularidades procesales del Estado es bueno para todos los ciudadanos, vamos a dar nuestro voto en contra de las enmiendas a la totalidad.
Nada más y muchas gracias, Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
Señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Como habrá observado a lo largo del debate, de lo que se trata fundamentalmente es de una discusión acerca de técnica legislativa, porque es evidente que todo el conjunto de afirmaciones que se hacen en la memoria merece todo el respeto en lo que tiene de recuerdo histórico de un proceso legislativo de cómo nace un determinado cuerpo o cómo funciona. En esto no hay nada que objetar. Lo que ocurre es que no tiene entidad ninguna este proyecto de ley para ser una ley. Usted me dice con gran razón que para que haya un reglamento debe haber una ley. Muy bien, pero que sea una ley que merezca tal nombre, que sea una ley que no le ocurra lo que a ésta, que, queriendo acabar con especialidades procesales, subsisten todas ellas en todos y en cada uno de los procedimientos; que, queriendo hablar de los servicios jurídicos del Estado, reconoce la variedad de toda clase de organismos, desde los que van del cuerpo militar a los que puedan ir a la agencia tributaria, y que, queriendo sistematizar algo, al final lo que nos dice es que va a modificar los plazos que tiene que dar el juez para que se conteste la demanda o para recibir instrucciones.
Esto no tiene entidad de ley y por eso le he dicho a usted que, cuando nos hemos enfrentado a ella, no es que estemos enfrentados a su contenido, que nos parece que es una buena recopilación, y por eso lo he calificado de dictamen e incluso he dicho que podría merecer

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la categoría de instrucción interna. Hagan ustedes unas jornadas, reúnan en ellas a todos los miembros del servicio jurídico del Estado y alecciónenles acerca de cómo deben coordinar sus esfuerzos para no caer en contradicciones, pero no traigan ustedes esto con carácter de ley, porque como tal ley no se tiene de pie. Es un problema de técnica legislativa. Sinceramente, tiene muchos más medios el ministerio para poder llevar adelante una reorganización de los servicios jurídicos del Estado; no esto. Y por mucho que se quiera ocultar, es cierto que hay un tufillo de afán corporativo para tratar, de alguna manera, de obtener un determinado estatuto.
Lo que yo pediría es que hubiera una seria reflexión. Es posible que salga adelante, que sea admitido a trámite y tal vez con las enmiendas de todos los grupos la rellenemos de contenido, porque hoy no tiene ninguno.
No le voy a someter al bochorno de leerle determinados artículos, porque sería leerles las verdades del barquero. Son, pura y simplemente, lo que ya sabemos. Decir que el servicio de asistencia jurídica del Estado es para defender al Estado me parece muy bien, es una afirmación ante la cual no tenemos más que inclinarnos reverentemente, pero, sinceramente, para eso no se hace una ley, se hace para otras cosas. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Y si cogemos artículo por artículo, que no he querido entrar en ese detalle, se dará usted cuenta. Y lo veremos cuando estemos en la ponencia con mayor serenidad que en un debate parlamentario como éste, en el que nos va a costar un enorme trabajo ver cómo vamos insuflando un mínimo de estructura legal a lo que efectivamente, repito, nos parece un serio dictamen, por el que felicitamos al autor, pero que, de verdad, no debería haber llegado a pasar ni por los subsecretarios ni por el Consejo de Ministros.
Ahora bien, si quieren ustedes que nos entretengamos en él, cuando llegue el momento de hacer el balance de iniciativas legislativas, sinceramente y con todo cariño, este grupo no se lo va a tener en cuenta, porque esto no llega ni a ser un proyecto de relleno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Castellano.
Señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevísimamente. Cuando hablaba el portavoz del Grupo Popular --¿no tendrá usted la condición de abogado del Estado?, supongo que no-- me parecía estar escuchando a un abogado del Estado. (Un señor Diputado: ¿Y por qué no? (Rumores.) Parece ser que sí.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Villarrubia, no ve la Presidencia qué conexión tiene la profesión del señor Diputado.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Tiene conexión con el artículo 4.º del proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Simplemente le quiero señalar que está S. S. en un turno de réplica. No inutilice su poquísimo tiempo. Vaya derecho a la cuestión, por favor.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, pero valoraré en qué utilizo el tiempo siempre con respeto y cortesía, por supuesto.
Dice que no ven dónde están los privilegios. El artículo 4.º excluye el conjunto de los elementos constitutivos, como el del régimen de incompatibilidades, en los abogados del Estado. El artículo 7.º, el apartamiento de querellas, en definitiva, la disposición de la acción procesal, me parece gravísimo. Ahí no es que discrepemos... Veo que no es un error, que es consciente. El portavoz del Grupo Popular decía que esto debe corresponder a un órgano técnico. Pero si el titular material de la acción no puede ser un órgano técnico, porque atenta directamente al contenido de la propia Constitución. Pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino diciendo cosas que luego nada tienen que ver con lo que efectivamente se recoge en el texto. Por ejemplo, el artículo 14. Dice usted que sólo recoge especialidades generales y no concretas. El artículo 14 dice que en los procesos civiles que se dirijan contra el Estado... Es muy largo, párrafo 2. Interdictos. Procedimientos del artículo 41 de la Ley hipotecaria, aseguramiento de bienes litigiosos...
¿Eso son especialidades genéricas o son propias de la Ley de Enjuiciamiento Civil? No le voy a contestar, porque me parece de mal gusto lo que ha dicho sobre la adquisición o no de cuadros de amigos. Yo lo desconozco, pero me parece que es de bastante mal gusto utilizar en un debate absolutamente ajeno a ello temas como los que usted ha utilizado.
Dice usted que ha recibido el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la perversión del lenguaje auténtica. Da por beneplácito Los varapalos que le han dado, dice que no consigue ni una sola de las finalidades cuando se podían haber conseguido. Una cosa es la corrección en la redacción del texto y otra cosa es que no dejan artículo en pie, desde la exposición de motivos hasta la disposición final. Además, incluso en la disposición final dicen: Todo esto se desarrollará reglamentariamente. ¿En qué plazos, señores del Partido Popular? Habrá que recoger un plazo para el desarrollo reglamentario.
En definitiva, es auténticamente desafortunado este proyecto de ley y, por consiguiente, solicitamos su devolución,

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sin entrar en otras consideraciones. No ha hecho más que reproducir la intervención que ya traía preparada, sin contestar a los argumentos que hemos dado y que constarán en el «Diario de Sesiones». Creo que son argumentos de bastante consideración para que, sin lugar a dudas, retiraran automáticamente este proyecto. Dice --y ya concluyo, señor Presidente; un ejemplo más--: la Lofage no tiene nada que ver. Pero ¿cómo no va a tener nada que ver la Lofage si en el artículo 1.4 ustedes hablan del artículo 6.1.b) y del 6.5 de la Ley General Presupuestaria y está expresamente derogada por la Lofage? ¿Cómo no va a tener que ver? ¿Cómo no va a tener que ver si cambia la terminología, por ejemplo, en las entidades públicas, que se denominan entidades públicas empresariales, y que se recoge reiteradamente en el texto? ¿Cómo no va a tener que ver? ¿Cómo no va a tener que ver que cambia la denominación de entidades públicas por organismos públicos? ¿Cómo no va a tener que ver cuando, además, se reitera continuamente a lo largo del texto que ustedes presentan? Además de las cuestiones de fondo. Por lo menos, tengan la prudencia de remediar esos errores de bulto. No me ha contestado a la pretendida modificación del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es ley orgánica, y esto que pretende ser ley no puede reformar una ley orgánica.
Señora Ministra, convendrá conmigo en que esto es así, pero es preferible no responder y llevar adelante posiblemente la mayoría. Si la tramitación de este proyecto de ley sigue adelante, lo que resulte no se va a poder parecer en absoluto a lo que ustedes traen. Sean coherentes y retírenlo, porque no se trata sólo de enmendar. Se trata de cambiar sustancialmente del principio al final el texto que ustedes han presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Villarrubia.
Tiene la palabra el diputado señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Al señor Castellano quiero decirle muy brevemente que le agradezco el tono de su intervención. Ha hecho referencia a que determinadas especialidades procesales ya las sabemos. Ciertamente las sabemos, las sabe mucha otra gente, pero de lo que se trata es de que lo sepan los ciudadanos y que lo sepan mediante una norma que tenga rango suficiente, que es precisamente una ley que emana de la soberanía. Porque, además, todo lo que sean especialidades supone modulaciones al principio de igualdad, y sabe usted perfectísimamente, señor Castellano, que esas modulaciones al principio de igualdad cuando están justificadas, tal y como dice el Tribunal Constitucional, tienen que venir recogidas en una norma con rango de ley.
Y al señor Villarrubia ¿qué le voy a decir? En primer lugar, que hace usted referencia a mi condición de abogado del Estado, y a mucho orgullo, a mucho orgullo. Pero aquí no estamos hablando en términos profesionales, estamos hablando en términos políticos, y lo propio es que de las leyes hablen quienes conocen algo del tema. Lo que sucede es que a lo largo ya de mis doce años de experiencia en la Administración he tenido la oportunidad de conocer por dentro lo que es el servicio jurídico del Estado y cuáles son los particulares que se encuentran a veces pretendiendo impugnar unas resoluciones que, desde luego, para la Administración son insostenibles. Yo sé de lo que estoy hablando; me temo que usted, no. Y repito que no se ha leído el informe del Consejo General del Poder Judicial y no se ha leído el proyecto de ley. Usted ha introducido el tema de los amigos. Yo le he dado buena muestra de ello y he sido delicado porque no he querido extenderme, cuando podía haberlo hecho.
Simplemente me resta decirles que, por favor, sean serios, pónganse a trabajar en serio y dejen de buscar exclusivamente titulares, que es lo que llevan haciendo desde que están en la oposición. En el Grupo Parlamentario Popular vamos a estar abiertos --porque hemos presentado enmiendas que van a mejorar este proyecto de ley-- a todo lo que pueda suponer enriquecer este texto que creemos necesario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor López-Medel.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad que se han presentado a este proyecto de ley en razón de lo siguiente: No solamente consideramos necesario un debate y disponer de un texto legal que venga, en primer lugar, a reordenar, adecuar y adaptar a la circunstancia legislativa del momento presente, generada fundamentalmente por la Lofage, el servicio jurídico del Estado, servicio jurídico del Estado que necesita indudablemente una adaptación.
No vengo a decir --y esto lo quiero dejar aclarado-- que el texto que nos remite el Gobierno sea un dechado de perfección, de técnica jurídica y de adecuación al momento presente. Prueba de ello es que, en este momento, Coalición Canaria ya ha presentado en el Registro de la Cámara seis enmiendas que intentan perfeccionar y complementar el deseo que hay de fondo.
No se nos puede negar --y aquí hablo en valores políticos, no de formación profesional-- algo que estaba regulado por el Real Decreto de 5 de junio del año 1985, que fue el que vino a poner orden en los servicios

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jurídicos del Estado; significó la supresión de la Dirección General de lo Contencioso del Estado; y también algo políticamente muy importante y fue obra de un Gobierno socialista. Sacó a la dirección general, por su supresión de lo contencioso, del Ministerio de Hacienda y la llevó al Ministerio de Justicia, porque era fundamentalmente en el marco del Ministerio de Justicia donde tenía que entenderse la acción de la abogacía del Estado, no de los abogados de la Hacienda pública, no de los abogados encargados solamente de la liquidación de los derechos reales de los actos testamentarios, sino fundamentalmente la defensa general de los intereses del Estado en cualquier litigio contencioso-administrativo que se pudiera presentar y los relacionados con el mismo.
Aprovecho ya para decir al portavoz socialista que en su enmienda de totalidad dicen que parece que se trata de crear una dirección con plena autonomía funcional, sin que se diga nada respecto a su dependencia orgánica. Y en el siguiente párrafo del apartado b) de la exposición de motivos de su enmienda, se dice: de desconocida ubicación orgánica. Es que, respecto a la ubicación orgánica, el Gobierno ejerce sus facultades de ubicar una dirección general determinada en un servicio en el ministerio donde entienda que procede, no por ley sino por decreto. Por eso, la ubicación del servicio jurídico está en el Ministerio de Justicia desde que se aprobó y se publicó el Real Decreto, de los servicios jurídicos del Estado. Es el Gobierno el que, en virtud de sus facultades, tiene la potestad para suprimir la Dirección General de lo Contencioso, sacarla del Ministerio de Haciendo y trasladarla en toda una unidad orgánica al Ministerio de Justicia.
¿Qué se nos ha planteado ahora con la Lofage, con nuestra Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado? Que hay que adecuarla a ella. Reconozco que hay que perfeccionar el articulado por enmiendas, que es necesario perfeccionarlo. Lo que no queremos es que el Gobierno retire este proyecto y nos quedemos en la situación de inseguridad y deficiencia. Que los servicios jurídicos del Estado tendrían tres niveles: el nivel de organismo central --tiene que haber una unidad central de coordinación vinculada al Ministerio de Justicia donde se enganche la percha de los restantes servicios--, el nivel del servicio jurídico del Estado en los departamentos ministeriales y el nivel de los servicios jurídicos del Estado en las delegaciones del Gobierno. El decreto incluso hablaba de los gobernadores civiles, que tenían la asistencia del abogado del Estado jefe de los servicios provinciales. Ahora se vinculan a la delegación del Gobierno en razón de lo que está diciendo la Lofage. Eso ¿a qué obliga? Precisamente lo que está diciendo el artículo 7, que ustedes han considerado inconstitucional, según el razonamiento de sus enmiendas; vienen a decir que vulnera claramente la Constitución. Nosotros no lo entendemos así.
Lo que sí entendemos es que el Estado necesita una unidad de criterio. No estoy hablando solamente de una unidad de jerarquización, como puede tener el Ministerio Fiscal, sino de una unidad de criterio para los actos que se vienen a regular precisamente en el artículo 7 del proyecto del Gobierno, es decir, la disposición de la acción procesal para que el abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, aparte de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria. Si no, no sé cómo va a funcionar un Estado de Derecho armónicamente. Nosotros entendemos que hace falta una ley que aclare esto y defina un principio muy importante que está contenido aquí con todas las deficiencias que se quieran decir. Y para eso van nuestras enmiendas; entre ellas una a este tema, porque nosotros en nuestra enmienda somos maximalistas en este término. Hemos optado por la acción maximalista de decir que los distintos servicios jurídicos, cualquiera que sea su ubicación, dependerán jerárquica y funcionalmente de la dirección del servicio jurídico del Estado, porque si cada asesor de un delegado del Gobierno, cada abogado del Estado, los servicios jurídicos en cada delegación del Gobierno de una comunidad autónoma, cada jefatura de la abogacía del Estado y servicios jurídicos en cada departamento ministerial tiene una dispersión de sus criterios, ¿quién coordina eso? Nosotros entendemos que es necesario hacer una distribución bajo un criterio de una jerarquización, para que eso pueda funcionar y sea un criterio homogéneo; porque no son abogados de parte, son abogados del Estado y tienen una encomienda específica.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Mardones, vaya finalizando, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Nosotros entendemos que con el trámite de Ponencia y Comisión se perfeccionará este texto. Este texto es necesario por las razones que hemos dicho, y lo vamos a defender, votando en contra de las enmiendas, con todo el respeto a las razones que se puedan recoger en las enmiendas de totalidad de los grupos. Como bien han dicho el señor Castellano y el portavoz del Grupo Socialista, lo van a hacer con enmiendas parciales.
Resolvamos este tema, para que lo que es concepto de Estado funcione con una unidad de criterio orgánica y administrativa, mediante lo que dicta el sentido común de cualquier derecho.
Nada y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es nuestro parecer que una enmienda a la totalidad, de devolución, requiere una explicación mayor que la que se ofrece por los grupos enmendantes, pues supone el rechazo in integrum de una labor gubernamental cual es el ejercicio de la dirección política y también de apoyo a la función legislativa del Parlamento. Rechazamos, por tanto, las dos enmiendas a la totalidad que se presentan.
En cuanto a la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que las normas se encuentren ya recogidas en leyes existentes no priva de justificación al proyecto, pues una de sus finalidades es precisamente reunir en un solo texto todo lo sustantivo, organizativo y procesal que configura la asistencia jurídica al Estado. No es estrictamente correcta esta premisa de la enmienda y no lo es porque el proyecto contiene importantes innovaciones respecto de lo legalmente preexistente, algunas que precisan las prerrogativas procesales de la Administración, lugar de las notificaciones, suspensión del curso de los autos. Y se lo afirmo al representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde la experiencia de 16 años al frente de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que muchas veces me ha costado convencer a los tribunales de que la suficiencia presupuestaria también se predica de la administración autónoma o de la administración foral. Y otras, las más, que construyen la organización interna necesaria para cumplir la finalidad del proyecto. La necesidad del rango legal es incuestionable en lo tocante a las especialidades procesales, y esta necesidad conduce a afirmar la coherencia y la oportunidad de tratar legislativamente también los aspectos organizativos relacionados con el actuar procesal de la Administración. La referencia a la posibilidad de desarrollo por parte de las comunidades autónomas no la comprendemos. Existe, por supuesto, y la defendemos; pero no vemos en qué coadyuva esto a la justificación de la enmienda, no vemos por qué esa posibilidad hace innecesario el proyecto.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, nos parece también susceptible de refutación. Es confusa la alusión a la contradicción de las prerrogativas que el proyecto recoge con el artículo 103 de la Constitución. La enmienda refiere la contradicción a los privilegios de los miembros del servicio jurídico del Estado, pero, en realidad, las prerrogativas y especialidades procesales lo son respecto de las entidades públicas que el proyecto contempla, no respecto del servicio jurídico y mucho menos respecto de sus miembros. Por otra parte, no sabemos en cuál de los contenidos del artículo 103 de la Constitución está pensando el grupo enmendante. En cualquier caso, es nuestra opinión que las prerrogativas y especialidades que el proyecto establece son razonables y proporcionadas a las peculiaridades de la organización administrativa, y no suponen sacrificio ni limitación de los derechos fundamentales implicados: el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la igualdad, lo cual las hace, por un lado, hábiles --desde la perspectiva del principio de eficacia-- y, por otro, respetuosas con el principio del servicio al interés general con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Si la analizada alusión se entiende referida a lo establecido en el artículo 2 del proyecto, resulta oportuno alegar que el condicionamiento recogido en el último inciso de dicho artículo descarta la desproporción y guía a la norma por el cauce de lo razonable, pues permite concluir que no se atiende a la defensa de los funcionarios y autoridades en cuanto tales, y menos aún en cuanto ciudadanos, sino que se atiende a la defensa del actuar administrativo, del interés general, en suma. Si el funcionario se ha extralimitado en sus funciones, si no actúa conforme a la legalidad, no se justifica la asunción de su defensa y se le deniega. Que sea urgente la redacción de un proyecto de ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa no es motivo suficiente para rechazar el presente proyecto, el cual construye una regulación que --es cierto-- podría incluirse en la ley jurisdiccional, pero que también puede ser objeto de una regulación específica, siendo ésta última, sin duda, el modo de hacer más correcto, desde la perspectiva técnico-jurídica, en todo lo que se refiere a la faceta de organización interna de la asistencia jurídica al Estado.
El artículo 7 del proyecto únicamente otorga al servicio jurídico del Estado una función consultiva, a medio de un informe preceptivo, dejando la dirección al departamento o entidad correspondiente, lo cual no altera ni contradice en nada el artículo 97 de la Constitución, como es obvio.
Por otro lado, el artículo 11.1 del proyecto coloca bajo la dependencia y mando del meritado servicio sólo lo relativo a la asistencia jurídica.
Esto es, su responsabilidad y función se limitan a determinar el cómo del asesoramiento y de la defensa procesal, lo cual es una tarea técnica que dista mucho de suponer la usurpación de competencias relativas a la dirección política estrictamente tal. Dicho de otro modo, el servicio jurídico del Estado no dirige ni condiciona la dirección política del Gobierno y sus divisiones orgánicas. Lo que dirige es la función que le está encomendada, y es la que le es consustancial: la de asesoramiento jurídico y de defensa en juicio. Siendo ello así, cuesta encontrar algo de fundamento en la justificación de la enmienda en este punto. A nuestro juicio, la existencia de un órgano especializado, técnicamente preparado, que se encargue de dirigir la asistencia jurídica del Estado, puede garantizar que la Administración siga teniendo presente el carácter de instrumento servicial, estrictamente sometido al derecho, cuando está en pleitos con los ciudadanos, evitando

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las tan frecuentes, por desgracia, actitudes ciegas o inerciales, difícilmente armonizables con las exigencias de la buena fe procesal y, desde luego...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Uría, vaya finalizando, por favor.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. Voy concluyendo.
También es de destacar que el proyecto se apunta a la moderna técnica de descargar de parte de sus responsabilidades a los jueces y tribunales, procurando fórmulas que permiten el autocontrol de la Administración, con las irrenunciables notas de rigor, competencia técnica e independencia.
Las administraciones independientes o arbitrios semejantes --en lo que la autoridad técnica y el rigor consigan resultados asimilables a los que conlleva la independencia estricta-- se presentan hoy en día como caminos transitables y aceptables para este objetivo, y el proyecto parece pretender andar por ellos, lo que desde nuestro punto de vista es positivo. Nos parece, en todo caso, que las críticas que se han hecho al texto presentado deberían haberse llevado a cabo por el sendero de las enmiendas parciales, que es el sendero de la colaboración parlamentaria y de mejora de la labor legislativa; sendero que ya ha sido seguido por mi grupo con la presentación de las correspondientes enmiendas y que nos llevará --como he anunciado-- a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grup Parlamentari Catalán ha tenido siempre un gran interés y una gran inquietud en hacer compatible el sometimiento de la Administración a la ley y el derecho con el principio de eficacia administrativa, que también se encuentra en el artículo 103 de la Constitución; y ello también compatible con el principio de tutela judicial efectiva, que se consagra en el artículo 24, y con el principio de igualdad de armas o de contradicción entre las partes procesales, al menos tal y como lo interpreta el Tribunal Constitucional. De ahí que en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones del año pasado se estableciese, dentro del capítulo de justicia, la necesidad de promulgar una ley que hiciese precisamente compatibles todos estos principios. Por ello en estos momentos, presentada esta ley en el Congreso, no podemos por menos que felicitarnos e intentar contribuir, a través de diversas enmiendas parciales, a la mejor consecución de estos objetivos.
Por otra parte, no entendemos algunos de los fundamentos de las enmiendas a la totalidad. Se ha hablado de que es una ley innecesaria, que no dice nada que no se contenga en otros procesos. Como ha dicho el portavoz del Partido Popular, el problema que se suscita respecto de las disposiciones que regulan la posición de la Administración en el proceso deriva de su falta de rango normativo. En unos casos son disposiciones que viene ni más ni menos que de la época de la dictadura de Primo de Rivera; en otros de una época no reciente, y desde luego bajo un régimen político absolutamente contrario del actual, del año 1943. Por tanto, hace falta atribuir a algunas de estas disposiciones rango normativo --la experiencia práctica en los tribunales así lo ha puesto de manifiesto-- y hace falta buscar ese equilibrio entre los diversos intereses que se amparan en la Constitución.
Leídos el proyecto y las enmiendas a la totalidad, tenemos que constatar que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha leído su enmienda a la totalidad y por eso no la ha defendido, al menos no ha defendido el primero de los puntos en el que se establecía una aparente contradicción del proyecto con el principio de la igualdad entre las partes. Son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional, que por lo demás recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial, en que se establece precisamente la constitucionalidad de algunas de las prerrogativas procesales de la Administración, porque a fin de cuentas lo que importa es la proporcionalidad de estas medidas con el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes en el proceso; prerrogativas de las que, por lo demás, no son ni sujetos ni destinatarios ningún funcionario ni ningún cuerpo de funcionarios concreto. Yo creo que no cabe confundir la legitimación procesal, esto es, la condición de ser parte, con otros elementos como puede ser la postulación o la dirección técnica. Las prerrogativas se reconocen de la parte, no del director técnico de la parte ni del representante, en cualquier caso, de la parte.
Tengo que indicar también que difícilmente podría ajustarse este proyecto de ley a la Lofage, una ley que fue publicada la semana pasada o hace diez días; por tanto, en un momento notablemente posterior al del envío del proyecto a las Cortes. Desde luego, entre las numerosas capacidades que sin duda tiene la Ministra de Justicia su profecía no creo que se pueda realizar. En cualquier caso, el mínimo respeto a las labores parlamentarias determina que un proyecto debe enviarse al Congreso ajustado a la legislación vigente en aquel momento. No podemos exigir otra cosa. Tampoco cabe hablar de que aquí se establezca ningún tipo de Administración independiente. Ya se ha dicho suficientemente. No es función de la ley el asignar direcciones generales o incardinar direcciones generales en unos u otros departamentos ministeriales. Eso corresponde obviamente a otro instrumento normativo.


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Finalmente quiero hacer hincapié en lo que dispone el artículo 7 de este proyecto de ley. A lo largo de la experiencia de más de seis años representando y defendiendo a la Administración en juicio, uno aprecia, por un lado sentencias del Tribunal Supremo y, por otro lado, contempla la práctica. y aprecia sentencias del Tribunal Supremo que le recuerdan a la Administración ni más ni menos que el deber que tiene de cumplir las resoluciones judiciales; también no mantener procesos innecesarios cuando la jurisprudencia es suficientemente consolidada, cuando hay tribunales superiores de justicia que se han pronunciado 10, 20, 30, 40 ó 50 veces sobre un mismo asunto. En esos casos lo que tiene que hacer la Administración es allanarse, no, como indicaba Alejandro Nieto en La organización del desgobierno, que cuando el ciudadano pide pan lo que le da la Administración son piedras y además tarde. Por tanto, ese es un aspecto fundamental. En segundo lugar, uno ha podido apreciar muchas veces en su trabajo la resistencia de la Administración activa a ajustarse en esos casos a la legalidad. Este artículo 7, perfectamente conforme al criterio que señala el Consejo General del Poder Judicial de instrumentar un mecanismo ágil para el allanamiento y el desestimiento, no supone vulneración constitucional alguna. En cualquier caso, sí cabría pensar que tampoco es un ministerio concreto el titular de la acción procesal; lo será la persona jurídica de la Administración que goza de personalidad jurídica única y que después atribuirá las facultades de esa titularidad de la acción o las podrá distribuir entre diferentes organismos.
Por tanto, señor Presidente --y con esto concluyo-- entendemos que este proyecto, en la medida que pretende contribuir a hacer efectivo el sometimiento de la Administración a la ley y al derecho, hacer efectivo el principio de legalidad, a garantizar la tutela judicial efectiva de las diferentes partes que concurren en el proceso, podrá ser obviamente mejorado. Estoy convencido de que se mejorará y de que entre las enmiendas de todos los grupos parlamentarios podremos sacar un proyecto de ley notablemente mejor. Que no se nos diga, sin embargo, que es un proyecto innecesario e inútil.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Silva.


--PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS EMISIONES Y RETRANSMISIONES DE COMPETICIONES Y ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS (ORGANICA) (Número de expediente 121/000033)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Finalizado el debate de este proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate del proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente Primero, señor Alvarez Cascos.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor Presidente, señorías, el proyecto de ley que me honro en presentar ante el Congreso de los Diputados se propone regular las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos con los fines siguientes: ordenar el derecho de acceso de todos los medios de comunicación a los estadios y recintos deportivos, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información; asegurar el acceso gratuito de la mayoría de los espectadores a los acontecimientos deportivos más relevantes por razones de interés general; reconocer el derecho de todos los operadores a acceder en régimen de competencia leal a las retransmisiones deportivas en la modalidad de pago por consumo; garantizar la estabilidad del deporte profesional y particularmente del fútbol profesional; y atribuir a las comunidades autónomas las competencias derivadas del ordenamiento estatutario en materia de deportes y de medios de comunicación.
La retransmisión de competiciones o acontecimientos deportivos fue históricamente uno de los programas más demandados por los telespectadores. Pero ha sido en los últimos años, con la aparición de los operadores privados de televisión en España, cuando se ha disparado el precio pagado por los derechos de las citadas retransmisiones, tanto aquí en España como en el resto de Europa, y han comenzado a surgir conflictos sobre el derecho de las cadenas de radio y de televisión de acceder a los estadios para ejercer el derecho a la información reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución, lo que ha conducido a denuncias ante los tribunales.
Por razones de seguridad jurídica conviene suplir la laguna legal existente sobre el derecho de información deportiva, ofreciendo un marco objetivo y claro que evite nuevas intervenciones de los órganos juriciales. El proyecto de ley se inspira en la legislación francesa para concretar el concepto de información que encuentra amparo en el ejercicio del correspondiente derecho constitucional. Dice el proyecto de ley: Breves estractos líbremente elegidos en telediarios, diarios radiofónicos o espacios informativos de carácter general. A ello se añade el principio general de gratuidad y la prohibición de que el ejercicio de los derechos de retransmisión o emisión pueda limitar el propio derecho a la información.
De un tiempo a esta parte, las instituciones europeas vienen adoptando decisiones dirigidas a garantizar

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que ciertos acontecimientos, que merezcan ser calificados como de interés general, puedan ser presenciados por el público a través de retransmisiones de televisión de acceso libre. El proyecto de ley se sitúa en línea con estas posiciones, que son las dos que a continuación expongo.
Resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 1996. Punto de partida de esta posición de las instituciones europeas es esta resolución del Parlamento Europeo sobre la retransmisión de acontecimientos deportivos de 22 de mayo de 1996. Del contenido de la resolución interesa destacar, por su especial incidencia en la regulación que se contiene en el proyecto de ley, los siguientes apartados. El apartado 1 establece que considera esencial el derecho de acceso de todos los espectadores a los acontecimientos deportivos de primer orden, tal y como sucede con el derecho a la información.
Por su parte, el apartado 5 establece que considera que los derechos exclusivos de retransmisión de determinados acontecimientos deportivos que revisten un interés general, en uno o más Estados miembros, deberían concederse a las cadenas que transmiten sin codificar, para que dichos acontecimientos sean accesibles al conjunto de la población.
El segundo criterio es el de la revisión de la Directiva Televisión sin Fronteras. Al proceso de revisión de la Directiva 89/552, más conocida como Directiva Televisión sin Fronteras, se han incorporado nuevos principios y preceptos que persiguen el mismo objetivo: garantizar el acceso del público a los acontecimientos de gran importancia social. La revisión de la directiva, en el marco del procedimiento de codecisión, cuenta hoy ya con un texto definitivo que recoge el consenso entre el Parlamento Europeo, de una parte, y el Consejo, de otra. De este texto ya consensuado cabe destacar los elementos siguientes.
Primero, se considera esencial que los Estados miembros puedan adoptar medidas encaminadas a proteger el derecho a la información y a garantizar el amplio acceso del público a la cobertura televisiva de acontecimientos de gran importancia para la sociedad y en televisión de libre acceso, es decir, televisión gratuita; considerando 15.a) y artículo 3 a) apartado 1.
Segundo. La lista de acontecimientos de importancia para la sociedad, que debe elaborar cada Estado, podrá incluir tanto eventos de carácter no nacional, como los juegos olímpicos de verano e invierno y los campeonatos mundiales o europeos de fútbol, como acontecimientos estrictamente nacionales que sean de interés en un determinado Estado, e incluso en una parte importante de ese Estado; considerando 15.a) y 15 d) y artículo 3 a) apartado 1.
Tercero. El texto consensuado reconoce que los Estados miembros mantienen el derecho de adoptar medidas compatibles con el derecho comunitario, encaminadas a regular el ejercicio de derechos exclusivos de emisión relativos a acontecimientos de importancia social; considerando 15 a).
El proyecto de ley incorpora en sus artículos 4 y 5 la posición señalada de las instituciones europeas. En el artículo 4, referido a los acontecimientos deportivos de interés general, se establecen especiales garantías con la finalidad de que las restricciones en el mercado de las emisiones y retransmisiones televisivas resulten suficientemente justificadas. Estas garantías son las siguientes: necesidad de que los acontecimientos deportivos tengan una especial relevancia y trascendencia social; elaboración de un catálogo de estos acontecimientos periódicamente que impida la inseguridad jurídica; atribución al Consejo Superior de Deportes, como órgano competente e imparcial, de la elaboración del catálogo; exigencia de previa audiencia de las entidades organizadoras de las competiciones, de los operadores y de los demás interesados; la determinación, por último, de criterios que deberán tenerse en cuenta, en todo caso, para la calificación de interés general.
El apartado 2 del artículo 4 establece los siguientes criterios: a) Atracción sobre la audiencia de los operadores de radio y televisión. b) Importancia en el ámbito deportivo nacional. c) Tradición de la competición o acontecimiento. d) Trascendencia de los resultados deportivos a efectos de participación en competiciones internacionales.
El artículo 5, relativo a retransmisiones deportivas por televisión de pago, establece condiciones específicas para el ejercicio de los derechos de retransmisión, de forma coherente con lo establecido en el artículo 4 y en la doctrina europea ya invocada.
Pero el proyecto de ley, señorías, al amparar las retransmisiones por televisión de determinados acontecimientos deportivos en abierto, es decir, en televisión gratuita, no pretende ir más allá de lo que hasta la fecha, hasta hoy, venía siendo el régimen tradicional de las retransmisiones deportivas en España. Por ello, el apartado b) del citado artículo 5 ha de interpretarse en el sentido de garantizar que no se va a desviar a los canales de televisión de pago una parte de la oferta tradicional de retransmisiones gratuitas en abierto. Dicho de otra manera, este proyecto de ley abre la puerta de par en par a las nuevas modalidades de televisión codificada o de pago para que se amplíe la oferta de retransmisiones deportivas que actualmente disfrutan los españoles.
Sobre estos principios, cualquier enmienda que perfeccione el texto del proyecto será bien acogida por el Gobierno, con la misma rotundidad que propondremos que no se tomen en consideración las enmiendas que reduzcan la oferta de retransmisiones deportivas gratuitas, en beneficio de las modalidades de pago.
Señorías, así apareció, sin polémica, la nueva oferta de retransmisiones de pago de encuentros de fútbol en un canal codificado, y así, señorías, puede y debe ampliarse con las nuevas modalidades que ofrece la tecnología digital.


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En todo caso, y de manera explícita, reitero desde esta tribuna la disposición del Gobierno a buscar acuerdos sobre el órgano al que corresponda definitivamente aprobar el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, si así lo proponen algunos grupos parlamentarios en sus enmiendas.
La libre concurrencia entre operadores de televisión en la modalidad convencional, abierta o de pago, ha sido puesta en cuestión desde el año 1990 por dos de las tres empresas concesionarias de canales privados de televisión, con motivo del reparto de los derechos de retransmisión en directo y para resúmenes semanales de partidos de fútbol efectuado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional. En aplicación de la vigente Ley de Defensa de la Competencia, aprobada por la mayoría absoluta de este Parlamento en el año 1989, se pronunció, en el expediente 319/1992, el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante resolución de 10 de junio de 1993, en la que declaró la existencia de conducta prohibida en todos los acuerdos suscritos por la Liga y varios operadores de televisión, ordenando la cesación de tales prácticas a partir de la temporada 1993-1994. Es un hecho que tal cesación no se ha producido como consecuencia del recurso contencioso-administrativo pendiente de resolverse en la Audiencia Nacional. Sobre esta materia el proyecto de ley no introduce ninguna disposición, a la espera de la sentencia que confirme o no la resolución que acabo de citar.
Pero ante la falta de regulación que existe de la nueva modalidad de retransmisiones deportivas derivadas del uso de la tecnología digital, conocida como pago por consumo, nos parece obligado y urgente regular los principios que garanticen la concurrencia entre todos los operadores, para evitar la reproducción de conductas susceptibles de ser declaradas prohibidas en aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia del año 1989, a la luz de la doctrina, mejor fundada, del Tribunal de Defensa de la Competencia en el año 1993. Con esta normativa, la del proyecto de ley, se establecen las condiciones para la libre competencia de operadores y se cumple el imperativo establecido en el artículo 38 de la Constitución, en la interpretación del Tribunal Constitucional. En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 88/1986, de 1 de julio, lo siguiente: El reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta --artículo 38, inciso segundo--, por parte de los poderes públicos, suponen la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales. Y una de las actuaciones --sigue el Tribunal Constitucional-- que pueden resultar necesarias es la consistente en evitar aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así la defensa de la competencia como una necesaria defensa y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de ésta. Fin de la cita.
Por otra parte, entre otras consideraciones básicas realizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, en la citada resolución del expediente 319/1992, podemos destacar las siguientes. Dice el Tribunal de Defensa de la Competencia: El mercado de producto relevante es el de los derechos de retransmisión de fútbol por televisión (no, como algunos han dicho, el atletismo y el baloncesto, no, señorías; el mercado relevante es y sólo es el de la retransmisión de fútbol por televisión; el mercado relevante, Doctrina de defensa de la competencia, ley aprobada por ustedes, tribunal administrativo nombrado por ustedes; esa es la doctrina). El mercado geográfico contemplado es el territorio español.
Este tratamiento del uso de las exclusivas de la emisión de partidos de fútbol se refuerza abusivamente por los siguientes procedimientos --sigue el tribunal--: Nadie podrá conceder a las televisiones privadas el acceso a los resúmenes de fútbol; una duración inicial de los contratos de ocho años; al término del contrato, las televisiones autonómicas podrán ejercer un derecho de tanteo y retracto; si la Liga tuviera los derechos de emisión en España de otros acontecimientos, también contarían con un derecho de tanteo y retracto. El conjunto de pactos expuesto anteriormente --sigue el Tribunal-- tuvo como objetivo y consecuencia el cierre del acceso a las imágenes del fútbol para las televisiones privadas no participantes en el esquema, así como para cualquier eventual operador en el mercado del futuro. Por todo ello, el Tribunal concluye que existe prueba de que la Liga ha abusado de su posición dominante en el mercado de los derechos de emisión de fútbol por televisión, distorsionando la competencia posible en el mercado, en el momento de la entrada de tres nuevos operadores que son demandantes de material televisivo. ¿Hace falta, señorías, seguir citando más párrafos para justificar el argumento de que la repetición de situaciones como ésta deberían evitarse en el futuro? El artículo 6 del proyecto de ley, además de delimitar el concepto de pago por consumo, a los efectos de la propia ley establece los siguientes criterios: libre acceso de todos los operadores interesados; igualdad de las condiciones de contratación para prestaciones o servicio equivalentes; la prohibición de toda publicidad directa durante las retransmisiones. A su vez, el artículo 7 establece un régimen de garantías mediante el sometimiento al arbitraje del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ha de entenderse como un sistema de sumisión presunta que permitiendo la oposición de cualquiera de las partes, resulte compatible con la tutela judicial efectiva exigida por el artículo 14 de la Constitución.


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El proyecto de ley en su conjunto, al despejar todas las incertidumbres que afectan al ejercicio de todos los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, como fuente principal de ingresos directos de los deportes profesionales, ofrece un horizonte despejado de litigios y polémicas y con ello un horizonte mucho más claro de estabilidad para el mundo del deporte profesional. A esta estabilidad contribuyen, asimismo, todas las garantías de concurrencia para la adquisición y el ejercicio de los derechos de retransmisión que permitirán mantener un razonable grado de competencia entre ellos, elemento fundamental para evitar que evolucione a la baja el valor de los citados derechos, cosa que ocurriría, con toda seguridad, si el tenedor en régimen de monopolio los ejerciera del modo que mejor sirva a sus intereses particulares.
Finalmente, el proyecto de ley es plenamente respetuoso con las competencias que los estatutos de las comunidades autónomas les conceden en el ámbito de la radio y la televisión. En este sentido, el artículo 4 y la disposición adicional reconocen el derecho de las televisiones autonómicas a adquirir derechos exclusivos, con la obligación de ceder los mismos para su emisión en el resto del territorio, y la facultad de las comunidades autónomas de declarar acontecimientos de interés general dentro de su ámbito territorial.
Concluyo, señor Presidente. Señoras y señores Diputados, el proyecto de ley que acabo de presentar es necesario y oportuno; el proyecto de ley que acabo de presentar es un texto abierto a la participación de todos los grupos parlamentarios, al mayor grado de acuerdo posible, dentro del respeto a unos principios que se resumen en un compromiso a favor de la libertad de información de todos los medios de comunicación; a favor del interés general de los telespectadores españoles; a favor de la libertad de empresa y de la leal competencia entre todos los operadores, sin privilegios ni marginaciones; a favor de la estabilidad del deporte profesional y a favor del desarrollo competencial de todas las comunidades autónomas del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Al proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de totalidad: una, de texto alternativo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; otra, de devolución, del Grupo Socialista.
Para la defensa del texto alternativo, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, todos los indicios señalan que estamos viviendo una especie de carnaval dialéctico, porque los temas de fondo no se exponen en el escenario real del cruce de argumentos al que asistimos, sino, fundamentalmente, entre bambalinas. Los asuntos reales parten de la --no voy a decir legítima-- oposición comercial entre las empresas; ése es un tema de fondo. Otro tema de fondo es el intento de control político de la comunicación, de esta nueva tecnología que no se sabe en dónde va a desembocar en el siglo XXI. Estos son los temas de fondo. El resto es una especie de carnaval digital a través del cual se nos intentan meter posiciones más o menos coyunturales, más o menos circunstanciales, más o menos anécdoticas.
Izquierda Unida tiene un punto de vista que no va a cambiar, que es su estrella polar; estamos polarizados fundamental e irrenunciablemente por ese punto de vista. Nuestro planteamiento parte del hecho de que, para nosotros, lo primero es el interés de los usuarios. En la televisión hay gente que manda que tiene intereses comerciales y que está detrás de la televisión. Nosotros hablamos de quien está delante de la televisión, del usuario, del telespectador. Desde ese punto de vista miramos siempre, no desde el que está detrás. Esto puede cambiarlo todo si podemos explicarlo, lo cual veo difícil teniendo en cuenta cómo se están cruzando las argumentaciones.
El segundo punto de vista es la democracia comunicativa. Ya saben ustedes, señoras y señores Diputados, que nosotros tenemos un proyecto que pronto defenderemos en esta Cámara contra las patologías consecuencia del monopolio de la comunicación que reduce la democracia.
Fundamentalmente, estamos hablando de la comunicación, de la propia naturaleza de la democracia. También hemos hablado de que nuestro interés pasa por la defensa de las empresas públicas del sector de la comunicación, de Radiotelevisión Española y de las televisiones autonómicas que están insertas en esta problemática digital que estamos todos discutiendo de una forma o de otra. Teniendo en cuenta los argumentos relativamente racionales que se están dando, también apoyamos, por economía, la necesidad de que se entiendan las dos plataformas existentes, o las tres que puedan existir --en Francia hay 4, ya se han entendido dos--, porque no es conveniente, racional, ni comercial, tal como está el mercado, que funcionen dos plataformas.
Nosotros podemos coincidir con quien sea, aunque no vamos a cambiar el punto de vista. No es que coincidamos, es que hay quien coincide con nosotros. Es posible que ayer coincidiéramos con el Partido Popular. Hoy vamos a coincidir con el Partido Socialista Obrero Español. Señorías, ayer no era una pinza, hoy no es un Frente Popular. Tenemos un proyecto, lo estamos desarrollando y no nos vamos a dejar presionar por nada ni por nadie. No somos una fuerza de apoyo, sino de nuestro proyecto, de programa, y las coincidencias son circunstanciales. Espero que, con la misma fuerza con que hemos aguantado todos los insultos, se transmita ahora que estamos coincidiendo con el Partido Socialista Obrero Español en un nuevo terreno

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de juego, aunque esperamos conocer los argumentos, puesto que no figura en la enmienda de devolución del PSOE cuál es su proyecto ante la aprobación de una ley muy determinada.
¿Qué votamos nosotros el otro día? No votamos nada inconfesable. Votamos que la gente tenga que comprar un descodificador, no dos o tres en función de las plataformas que se instalen en este país, porque Retevisión puede también decidir instalar una plataforma digital. Votamos que la limitación de las empresas de cada plataforma no pase del 25 por ciento, que el 40 por ciento de la capacidad de cada una de las plataformas esté en manos de los programadores independientes. Votamos --figuraba en el texto original y hay que ver las críticas que tuvimos-- que el IVA no sea del 7 por ciento, sino del 16 por ciento. Luego vimos que no había realmente enmiendas frente a esa subida del IVA, a pesar de las críticas anteriores que se habían vertido. Nosotros perseguíamos esta pretensión desde hace tres años en la ley de presupuestos, porque era absolutamente lógico, y, al final, todo el mundo ha visto que es lógico que el IVA de las ventas que se relacionan con la televisión codificada no sea del 7 por ciento.
El único argumento de fondo con que nos encontramos --aparte de las coincidencias que se han apellidado de una manera o de otra, espero que a partir de hoy no se hable de Frente Popular-- es que no existía el descodificador y que estábamos apoyando algo inexistente. Sí que existe el descodificador, señorías. Nosotros lo hemos fotografiado esta semana en la Feria del Cable y del Satélite en Londres, y hoy lo hemos presentado en rueda de prensa. (El señor Cuesta Martínez: ¿En qué tienda lo venden?) Va a existir en cuanto se encargue no a una sola empresa, porque no va a tener patente en exclusiva. (El señor Cuesta Martínez: ¡Ah!) Va a ser como el VHS del vídeo, no el BETA que lo tenía una sola empresa; va a existir, como digo, en cuanto se encargue. Estas empresas nos han dicho --yo les pido al resto de los grupos que hablen con las empresas también-- que tienen capacidad para producir, en dos o tres meses, muchos descodificadores mensuales. El argumento fundamental que se ha utilizado no era cierto. No se está procediendo a un debate limpio. Yo muestro el descodificador y digo que ha estado expuesto en Telefónica, en España, un mes. Los que dicen ahora que no existen, que argumenten en contra de esta realidad palpable. (Rumores.) Hoy como ayer, señorías, y como mañana, nos basábamos en una alternativa que venimos elaborando desde hace mucho tiempo, alternativa que dio su resultado en la Ley del cable, y en el resto de los temas vamos a ir planteando nuestras posiciones previamente conocidas. Se va a constituir la semana que viene la subcomisión que va a hablar del futuro de Radiotelevisión Española. Si consultan ustedes el «Diario de Sesiones» de los últimos años sabrán cuál es nuestra posición --no la vamos a improvisar, ya la saben ustedes-- sobre la producción propia, sobre la financiación, sobre el derecho de acceso, sobre los consejos de redacción, ya saben ustedes cuáles son nuestras propuestas. Respecto al cable o a cualquier otro tema que en esta Cámara salga a la luz, nosotros tenemos una posición programática, que llega incluso a la realidad de exponerse en forma de texto articulado. No venimos aquí a gritar sin un texto, sin mostrar cuál es nuestra posición, llegando a veces, como en este caso, a un texto perfectamente definido en sus aspectos esenciales que cambia el terreno de juego respecto al que presenta el Gobierno.
Esa es nuestra posición. Vamos a tener muchos empujones, muchas presiones, pero no somos una fuerza subsidiaria; no. (Rumores.) Para votar con el PSOE no hemos tenido que negociar nada. Y de ahora en adelante, como este Congreso se está moviendo en función de la aritmética parlamentaria, podemos ser fuerza determinante en muchas ocasiones. Es importante que esto se conozca. Lo vamos a hacer desde nuestra independencia y desde el programa que es conocido desde hace mucho tiempo, no lo vamos a improvisar, y tampoco vamos a negociar sus principios; negociaremos temas accidentales, circunstanciales, mejorando las cosas que puedan tener una elaboración más positiva, pero ya se conoce nuestra posición. Por tanto, no podemos entrar en el terreno de juego que marca el Gobierno y que aquí hoy ha presentado el señor Alvarez-Cascos.
Para nosotros, se trata de un texto parcial, que tiene un tinte accidental y que no tiene en muchos aspectos seguridad jurídica. De una parte, sólo trata el tema del fútbol, es decir, parcela la realidad, hace, por tanto, una legislación que amputa, a nuestro juicio, una parte de la realidad. No sólo puede ser de interés general el fútbol, hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones que suceden diariamente en la realidad, por ejemplo, hechos culturales, de tipo político, social; hechos deportivos que no se circuncriben al fútbol, porque el deporte es mucho más amplio y hay muchos deportes que últimamente están teniendo una gran atracción de televidentes. Desde ese punto de vista, no podemos aceptar que se reduzca la realidad a ese tema.
Al mismo tiempo --el señor Alvarez-Cascos ha empezado a girar en su intervención desde esta tribuna--, no es aceptable que el organismo que marque los hechos de interés general, que pueda hacer los listados, y que incluso pueda hablar de temas relativos a la exclusividad, retroactividad y otras cuestiones, sea el Consejo Superior de Deportes; no es lógico.
Hay modelos en los países de la Unión Europea en los que existe un organismo independiente que puede tener objetividad, puede ser de extracción parlamentaria, y en el que pueden participar asociaciones, sindicatos, organizaciones profesionales de todo tipo, organizaciones que integran la problemática de la mujer, de la juventud,

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cuestiones que hay que contemplar. Incluso habría que tener en cuenta al cine.
El tema del deporte en Francia, por ejemplo, ha ido a un organismo más amplio que tiene en cuenta estos factores, que es el Consejo Superior de lo Audiovisual. Este consejo va a definir en Francia los hechos de interés general y los listados correspondientes. Por cierto, que de las cuatro plataformas de emisión digital que en ese país existen, ya se han unido dos y el resto está en una negociación mucho más distendida de la que nosotros tenemos aquí, a lo largo y ancho de esta denominada carnavalesca guerra digital.
Nuestro punto de vista es el siguiente. Nosotros, señorías, partimos del artículo 20 de la Constitución, el derecho a la información y la comunicación, que es un derecho reforzado en nuestra Constitución. Desde ese punto de vista, vamos a luchar --ya lo saben ustedes-- frente a los mercados cautivos, frente a la patología de la concentración y frente a que pueda haber una especie de comunicación para ricos y otra para pobres; lo digo así para entendernos y acortar camino. No estamos de acuerdo en que cambien contenidos y la concentración y el monopolio quiten posibilidades a esta falta de democracia que se puede imponer en un terreno fundamental de cara al siglo XXI, porque, no nos engañemos, otro de los debates de fondo que estamos teniendo aquí conduce a la privatización del cielo. Nos quieren poner alambradas hasta en la emisión por satélite con descodificadores, exclusividades; vamos a empezar a pagar por aquello que debiera ser gratuito con la imposición de una especie de nuevo impuesto, de impuesto íntimo que se va a cobrar a partir de ahora a través del pay per view, del pago por consumo, del pago por visión.
Nosotros creemos que hay que tener en cuenta toda la gama de hechos que puedan ser considerados de interés público. No hablamos tanto de interés general como de interés público, que es una forma mucho más segura, más jurídica que el interés general. Hablamos del interés público, que afecta a hechos de diferente tipología: sociales, culturales, políticos, institucionales. Incluso a veces, si descodificáramos el lenguaje, a lo mejor podíamos transmitir cosas en abierto a partir del pay per view; me refiero a debates de este Congreso, que en muchas ocasiones aparecen codificados.
Ya es hora de que en este país se hable de un consejo de la comunicación o de un consejo audiovisual amplio, que tenga en cuenta una serie de factores según sus funciones propias, con el objetivo de definir el derecho de acceso de agentes sociales y políticos y de emitir dictámenes con respecto a las leyes de la comunicación que se puedan estar discutiendo en las Cortes Generales. Ante la protección de la infancia y de la juventud, ante la protección de las mujeres desde el punto de vista de las diferencias sexuales, teniendo en cuenta los problemas de la exclusividad, del monopolio; teniendo en cuenta los listados ante el interés público que se pueda producir con respecto a ciertos hechos, el único organismo que vemos viable de verdad es un consejo de la comunicación, un consejo de lo audiovisual --nosotros lo denominamos consejo de la comunicación--, compuesto por 36 personas procedentes de la elección parlamentaria tanto del Congreso como del Senado, como de otros órganos: sindicatos, organizaciones empresariales, que compondrían un organismo independiente que podría operar con auténtica objetividad.
Se nos dice --y termino, señor Presidente-- que el Partido Popular y Convergència i Unió han llegado a un acuerdo. Yo lo dudo mucho; permítanme que se lo diga: yo lo dudo mucho, y ahí está el artículo 6.2.
En todo caso, pueden haber llegado a un compromiso político de cara a la votación que se va a producir acto seguido. Creo eso más probable. Si ustedes hubieran llegado a un acuerdo querría decir que los afectados por él, en el fondo, teniendo en cuenta las dinámicas que se generan, son las dos plataformas. Ustedes estarían negociando como personas interpuestas de las dos plataformas o contratos que se han hecho anteriormente. En todo caso, lo que se deriva de aquí es que todos vamos a contar en las enmiendas parciales, absolutamente todos, y ya saben nuestro punto de vista: consejo de la comunicación y hechos de interés público, abarcando no sólo lo deportivo y, dentro de ello, no sólo el fútbol.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz. Señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, señor Alcaraz, el discurso en defensa de su enmienda a la totalidad con texto alternativo ha dedicado una buena parte del tiempo a describir su visión particular del panorama de los medios audiovisuales en España en el presente y sus vaticinios del futuro. Sobre esa parte de su intervención me va a permitir, señor Alcaraz, que no haga ningún comentario. Es su punto de vista, usted tendrá sus razones. En lo que hace referencia a los móviles que han impulsado, que impulsan y que impulsarán al Gobierno y al Partido Popular, quiero decirle que ha fallado prácticamente en todo.
En cuanto al propio texto de la enmienda que usted ha defendido en la tribuna, tiene dos partes diferenciadas que se corresponden con dos títulos del texto alternativo. La primera, dedicada a la descripción de la regulación de las retransmisiones de los acontecimientos deportivos y, la segunda, destinada a definir un órgano regulador.
En cuanto a la primera parte, quiero decirle que el proyecto de ley del Gobierno no se refiere al fútbol --lo tiene usted muy claro en el artículo 1.º--, sino al deporte profesional, a acontecimientos deportivos relativos

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a deportes profesionales, en los términos en que define el deporte profesional la ley del deporte. Quiero decirle en relación con el contenido de este título que se puede compartir, en el plano de los principios, que los acontecimientos deportivos no son los únicos acontecimientos capaces de despertar el interés general. Señor Alcaraz, en esa consideración de principios es posible estar de acuerdo y creo que podría haber un acuerdo amplísimo en la Cámara. El problema es que lo que hay dentro del conjunto de los acontecimientos capaces de despertar el interés general es muy diverso: actos como ustedes citan u otros actos solemnes, conmemoraciones oficiales, grandes debates. Todos ellos son acontecimientos muy heterogéneos que en sí mismos entrañan una dificultad de someterlos a una regulación única. Además, tienen limitaciones, condicionamientos y particularidades muy distintas en cada uno de los supuestos. Por eso, señor Alcaraz, es improbable llegar, con esa amplitud de ámbito, a una solución homogénea para problemas tan heterogéneos. Esa es una de las razones por las cuales el Gobierno no comparte el ámbito amplio del interés general que afecta a la regulación de las retransmisiones deportivas.
Por otra parte, la razón de la oportunidad de su texto alternativo, en relación con la oportunidad del texto que presenta el Gobierno, ofrece notables diferencias. La ampliación que ustedes proponen no se justifica desde el punto de vista de la necesidad. La retransmisión de todo ese tipo de acontecimientos de interés social no plantea hoy ninguna dificultad, no hay ningún problema en esas retransmisiones. La hay en estos momentos en lo que afecta a las retransmisiones de acontecimientos deportivos. Hay dificultades en el ámbito de los tribunales y también en el de otras instituciones.
Es en el deporte donde está adquiriendo entidad el mercado de la adquisición de derechos exclusivos de retransmisión. Es en el deporte donde ese mercado sin regulación puede afectar a la libre competencia. Es en el ámbito de los acontecimientos deportivos donde adquieren cabalmente relevancia las nuevas modalidades de televisión de pago, especialmente el pay per view. Puede decirse que son los telespectadores del deporte los menos dispuestos a aceptar que el mercado les deje sin libre acceso a algunos acontecimientos de los que tradicionalmente ha disfrutado. Señor Alcaraz, esto pasa en España y en el resto de los países europeos. En ningún otro país europeo se plantea en estos momentos una regulación que vaya más allá de lo que afecta a la retransmisiones en el mundo del deporte. A ello es a lo que creemos que es prioritario, oportuno y necesario dedicar el esfuerzo del legislador.
En cuanto al contenido de su consejo de la comunicación, que forma parte del segundo título, se podrían hacer consideraciones --que yo por economía de tiempo, señorías, no voy a realizar-- sobre lo que significa duplicar o triplicar organismos, lo que sobre esta cuestión piensa el Gobierno y que he tenido ocasión de debatir en el Senado, que se ha ocupado a lo largo de los últimos años, de manera muy especial, de diseñar el consejo asesor del audiovisual, sus competencias y sus funciones, las posibilidades de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que tiene --por la tramitación parlamentaria, ahora ya, atribuida-- capacidad para intervenir en las materias que preocupan a S. S., dejando claro que hay importantes y fundamentales competencias de las comunidades autónomas y que hay un marco de autorregulación de los propios operadores que diseñó la Administración del Gobierno anterior y que ratifica e impulsa este Gobierno.
Señor Alcaraz, si no estamos de acuerdo en el ámbito, el consejo que ustedes proponen ya no tiene ese interés. Si vamos a circunscribirnos --como piensa el Gobierno que hay que hacer-- a la retransmisión de acontecimientos deportivos, incluir en un órgano al Consejo de Universidades, al Consejo Escolar, al Instituto de la Mujer, al Consejo de la Juventud, a las empresas de comunicación, tiene ya una justificación mucho menos importante. En todo caso, por si no ha reparado en ello, quiero decirle que la propuesta que se contiene en el proyecto del Gobierno, remitiendo al Consejo Superior de Deportes, lo es en cuanto que el Consejo Superior de Deportes tiene una comisión directiva, que es la competente para elaborar este catálogo; comisión directiva que, además de estar formada por el secretario de Estado, lo está por siete vocales en representación de la Administración del Estado; cuatro en representación de las comunidades autónomas; tres en representación de las entidades locales; seis en representación de las federaciones españolas, y dos designados por el Presidente, uno de ellos a propuesta del Comité Olímpico Español.
Sobre esta base hay una razonable garantía de competencia y neutralidad, pero le vuelvo a reiterar desde la tribuna lo que en numerosas ocasiones he dicho: que la propuesta de diseñar un órgano regulador del catálogo de acontecimientos de interés general es una propuesta abierta a las iniciativas de otros grupos y a la que invito a S. S., si desea participar en la configuración de este órgano, a que genere el consenso de los grupos de esta Cámara.
Finalmente, señor Alcaraz, después de examinar el contenido de su enmienda y compararla con el texto del proyecto del Gobierno, me da la impresión, por utilizar un símil, de que ustedes quieren hacer una carretera de 100 kilómetros y de que no les gusta el proyecto del Gobierno porque el Gobierno se queda en los primeros 40 ó 50 kilómetros.
Y es verdad, hay esa diferencia, pero para llegar a los 100 kilómetros tal vez sea mejor comenzar por los primeros 40 ó 50. No sé si apostar por un proyecto de cero kilómetros, como el

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que usted ha anunciado en esta Cámara, le resuelve el problema final que es el objetivo político con el que ha defendido la enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señor Alvarez-Cascos, por lo que se refiere a los argumentos que yo he dado en cuanto a qué se esconde detrás de este debate, usted dice que no he dado ni uno con respecto al Partido Popular. Yo creo que no es así, pero tiempo tendremos de discutirlo.
Nosotros siempre nos hacemos las preguntas que se hacen los niños: ¿por qué? Constantemente preguntamos ¿por qué? Y no vamos a dejar de preguntar ¿por qué? Todos sabemos que detrás hay cosas: hay una guerra comercial muy intensa, existe la posibilidad de que se distribuyan grupos de concentración alternativos y, desde luego, hay una guerra digital ante la tecnología y todos estos temas. Esto es así, señor Alvarez-Cascos, de cara al siglo XXI y no se pueden encubrir estos temas con si existen o no descodificadores y otras cuestiones por el estilo. Esto es así, señor Alvarez-Cascos, diga usted lo que diga.
Efectivamente, regula el deporte profesional, pero todas las normas, todos los artículos que figuran en ese proyecto de ley, señor Alvarez-Cascos, apuntan a cuestiones que hoy --usted ha dicho ahora-- afectan sólo o fundamentalmente al fútbol. Pues bien, si usted habla de hoy o de ahora está señalando el carácter circunstancial de la ley, no tiene en cuenta el carácter necesariamente preventivo que tiene que tener toda norma legal. Usted ha dicho como uno de sus argumentos básicos: ahora no hay ningún problema en otro terreno. Efectivamente, ahora, no, pero mañana, sí. Por ejemplo, si alguien compra en exclusiva los encierros de San Fermín ¿usted puede meter ese tema en el terreno deportivo, aunque corra mucho delante de los toros? Quizá no. El tema de los toros, en sus retransmisiones codificadas o no, puede o no tener procedimientos judiciales o recursos pendientes, pero es un tema que se puede plantear en un momento determinado, señor Cascos. Y usted al mismo tiempo ha dicho: en Europa sólo hay... En Europa, en general, a lo mejor no hay, como en nuestro caso, circunstancias culturales de este tipo al que acabo de aludir.
Finalmente, respecto al consejo de la comunicación, usted dice en defensa del Consejo Superior de Deportes que es necesario porque también está integrado de una manera relativamente plural, pero es un organismo gubernamental y sólo afecta a una parte muy singular de la realidad, que es el tema deportivo. Por tanto, nosotros no lo podemos aceptar de ninguna manera, señor Cascos. No es aceptable, teniendo en cuenta la cultura europea en este caso, la creación de consejos audiovisuales o de comunicación --en Alemania es de otra manera--, pero efectivamente también va a jugar el tema deportivo y singularmente el tema futbolístico en estos momentos y nos parece que, con independencia de la gente que lo integre --después tendremos ocasión de debatirlo--, nuestra propuesta es la más adecuada: un consejo de la comunicación independiente y que, por tanto, va a tener desde el principio la garantía de objetividad que se necesita en estos momentos de cara a hablar de exclusividades, de cara a hablar, teniendo en cuenta también la directiva europea, de retroactividades y de cara a hablar del listado de hechos que puedan verse desde el prisma del interés público o del interés general, como dicen ustedes.
Y, señor Cascos, el problema no es de cuarenta kilómetros de carretera.
El problema es que a los ochenta kilómetros hay gente que sigue viviendo.
Ustedes están haciendo una carretera de cincuenta metros de ancho y es preferible hacer una carretera de ochenta kilómetros que tenga sólo veinticinco metros de ancho, en el sentido de que sea más funcional, podremos pasar todos por ahí y llegar a la gente que vive a ochenta kilómetros de distancia. La metáfora está improvisada, pero usted me entiende perfectamente. Hay hechos que van a ser de interés público en este país, que ya lo son, que no están sujetos a procedimientos judiciales pero que pueden estarlo y, por tanto, no valen las fórmulas adverbiales del ahora o del hoy con respecto a la redacción de un proyecto de ley, porque ese no es y nunca puede ser un argumento fundamentalmente jurídico. Usted me entiende perfectamente. Su ley tiene un tinte accidental y coyuntural muy fuerte y eso se puede eliminar cambiando de terreno de juego y entrando en todos los hechos posibles de ahora en adelante, sociales, culturales, deportivos e institucionales. Yo creo que es fácil de entender y me parece que en todo caso no debiera depender de la razón de la mayoría, sino que depende de la estructura misma del razonamiento que se hace.
Termino diciéndole, señor Cascos, que es posible que en la tramitación de las enmiendas parciales se puedan producir, desde el punto de vista de una determinación o de una caracterización técnica, mayorías alternativas, pero no cuente nadie con nosotros de una manera mecánica.
Las mayorías alternativas se producen en función de contenidos y nuestros contenidos no están ocultos, son muy explícitos. Algunos de ellos tienen margen de maniobra, por descontado, pero que nadie cuente de manera mecánica con nosotros. Nosotros somos los que determinamos nuestra política y desde ese punto de vista lo vamos a hacer en la tramitación en ponencia, en Comisión y aquí, si se avoca por el Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Quiero decirle simplemente que lo que usted llama razones circunstanciales o accidentales a mí me parecen razones de suma importancia y motivaciones suficientes para impulsar una iniciativa legislativa. Precisamente son razones circunstanciales o accidentales, utilizando sus adjetivos, que han movido al Parlamento Europeo a aprobar resoluciones y a las instituciones europeas a impulsar reformas de una directiva vigente. Por tanto no me parece un mal motivo compartir ese tipo de razones circunstanciales o accidentales. Además, le voy a poner el ejemplo de una importante iniciativa de ustedes, si la memoria no me falla, para ver que todos, cuando vemos un problema, en el momento en que lo detectamos, buscamos soluciones a través de las iniciativas legislativas.
Si no recuerdo mal la actual regulación que permite a cualquier titular de una hipoteca cambiar de entidad bancaria la han propuesto ustedes en esta Cámara, porque en ese momento les pareció oportuno; circunstancial o accidental, al final, importante, señor Alcaraz. Hoy es una regulación que beneficia al interés general de los ciudadanos y que hemos compartido otros grupos. Estamos ante razones accidentales o circunstanciales tan importantes como cualquier otra y esa no puede ser razón, señor Alcaraz, para descalificar la oportunidad de este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Para la defensa de su enmienda de totalidad y de devolución, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Supongo que habrá sido una coincidencia, pero en estos momentos o en breve creo que va a comenzar la retransmisión televisiva, en directo y en abierto, señor Vicepresidente, de dos acontecimientos deportivos de singular importancia, cuales son la final de la Copa de Europa de baloncesto y creo que la semifinal de la Copa de campeones de fútbol. Hay fútbol y baloncesto en abierto en estos momentos. (Rumores.) Dicho esto, señor Presidente, señorías, voy a intervenir ante el Pleno de esta Cámara para defender la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado, una enmienda de devolución, por tanto pidiendo la remisión al Gobierno del proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, la que llamamos ley del fútbol. Espero, señorías, tras mi intervención, lograr los apoyos necesarios para que la devolución que solicitamos se produzca.
Desde luego, razones para que ello sea así hay muchas y muy variadas.
Señor Vicepresidente, el pasado miércoles 16, en el Pleno de control al Gobierno, en la respuesta que usted daba a mi compañero de grupo don José Luis Rodríguez Zapatero, cuando le preguntó por qué habían cesado de sus puestos 3.000 personas al servicio de la Administración, contestaba usted lo siguiente. Permítame que le lea el «Diario de Sesiones». Decía: «Mire usted, señor Rodríguez Zapatero, el problema es que ustedes los socialistas están actuando como malos estudiantes: no hacen los deberes, copian mal y, además, se pasan de listos» --fin de la cita que aparece en el «Diario de Sesiones»--; respuesta, desde mi punto de vista, injusta, por no calificarla de otra forma, ante una pregunta parlamentaria seria y bien formulada, porque, señor Alvarez-Cascos ¿qué podría decir yo hoy de S. S. y del Gobierno que vicepreside respecto al proyecto de ley que estamos debatiendo? ¿Que han hecho mal los deberes? (Algunos señores Diputados: ¡No!--Otros señores Diputados: ¡Sí!) ¿Qué los han hecho a destiempo? ((Algunos señores Diputados: ¡No!--Otros señores Diputados: ¡Sí!) ¿Que han copiado mal? (Algunos señores Diputados: ¡No!--Otros señores Diputados: ¡Sí!)¿Qué han burlado las normas comunitarias en la materia? (Algunos señores Diputados: ¡No!--Otros señores Diputados: ¡Sí!) ¿Qué se han pasado de listos? (Algunos señores Diputados: ¡No!--Otros señores Diputados: ¡Sí!) Posiblemente sea por alguna de estas cuestiones.
Sin embargo, no lo voy a decir, señor Alvarez-Cascos (Risas.), porque simplemente los hechos hablan por sí mismos y es evidente que el proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo y que vamos a debatir, que han enviado ustedes a esta Cámara evidencia muchas cosas, tanto en los aspectos formales como en sus contenidos.
Es verdad que han hecho bien una cosa; en estos deberes en relación con este proyecto de ley hay algo que han hecho bien, y han hecho bien en no enviar a esta Cámara un decreto-ley que regulase la materia, a lo que nos tienen muy acostumbrados en los últimos tiempos despreciando constantemente a este Parlamento. Eso sí lo han hecho bien. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!--Rumores.) Sin embargo, ha habido otras cosas que no han hecho bien. Vamos a verlas.
En primer lugar, el Gobierno, señor Cascos, aprueba el proyecto de ley como proyecto de ley orgánica y evidentemente la Mesa de la Cámara, la Mesa de este Congreso, en la reunión celebrada el pasado día 11 de marzo, acordó encomendar un informe a la Secretaría General sobre el criterio seguido en ocasiones precedentes que sea aplicable --estoy leyendo textualmente--, respecto del modo de proceder para la calificación de esta iniciativa como proyecto de ley orgánica, así como sobre el carácter orgánico o no del proyecto.


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Y el informe que emite la Secretaría General de esta casa en sus conclusiones cuarta y quinta le dejan en muy mal lugar, desaprueban los deberes que ustedes han hecho, porque la conclusión cuarta dice textualmente: El proyecto de ley examinado por su contenido, circunscrito a las retransmisiones por radio o televisión de determinados acontecimientos deportivos, engarza principalmente con la libertad de empresa, artículo 38 de la Constitución, y con los derechos de los consumidores y usuarios, artículo 51, que no se encuentran entre los que gozan de la garantía adicional de la reserva de ley orgánica.
Por lo tanto, señor Cascos, primer varapalo a sus deberes, a esos deberes que tenía que haber hecho bien. Como no creo que el Gobierno sea ignorante o haya actuado de mala fe (Un señor Diputado: ¡Sí!) en una materia como ésta, aunque da la sensación de que el envío de un proyecto de ley con la consideración de ley orgánica obedece a la mezcla de ambas cosas, pero no quiero pensar que sea así, me inclino, por el contrario, a pensar que obedece a razones más «simples», y permítame que le entrecomille la palabra. Creo que es consecuencia de los nervios y de la precipitación (Varios señores Diputados: ¡No!) que le entran al Gobierno y en especial a su Vicepresidente Primero tras la firma del acuerdo de Nochebuena sobre los derechos del fútbol televisado. (Rumores.) Creo que esa es la razón de fondo que le lleva a hacer este tipo de deberes; deberes, evidentemente, mal hechos, sacando pecho y, por lo tanto, bastante reprochables.
Creo, por otro lado, señorías, que este proyecto de ley es un proyecto inoportuno en cuanto que las instituciones comunitarias están a punto de ultimar el derecho aplicable a los Estados miembros en esta materia. Así lo explicamos en el texto de nuestra enmienda en el que pedimos la devolución. La regulación, señorías, que las instituciones comunitarias propician se limita a que cada Estado miembro, de conformidad con el derecho comunitario, adopte las medidas oportunas para asegurar que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no retransmitan de manera exclusiva aquellos acontecimientos que a juicio de ese Estado tengan la consideración de especial relevancia social. Al hacerlo, cada Estado miembro establecerá una lista de acontecimientos, nacionales o no nacionales, que considere de especial importancia para la sociedad, lo que hará de forma clara, transparente y oportuna. Es evidente que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no establece este listado de acontecimientos que reúnan la cualidad de ser considerados de especial relevancia social de esa forma clara, transparente y oportuna que reclaman y propician las instituciones comunitarias y, por el contrario, regula otra serie de cuestiones que no tienen nada que ver con estas materias específicas que deberían ser reguladas. Por lo tanto, ante el contenido de este proyecto de ley, ¿cómo podemos calificar que han sido los deberes que el Gobierno ha hecho y ha enviado a esta Cámara? (Un señor Diputado: ¡Excelentes!) ¿Nos encontramos ante unos deberes mal hechos? Posiblemente. ¿O quizás en este punto se han pasado de listos? Yo creo que ambas cosas.
Hay una tercera cuestión, señorías. El proyecto de ley nos parece inadecuado por la consideración de bien de interés general que conceden a un partido de fútbol o a ciertas competiciones y acontecimientos deportivos de carácter diverso. Estas competiciones, señorías, desde nuestro punto de vista, tendrán una especial relevancia, tendrán un gran significado social, pero desde luego solamente tendrán eso. No podrán ser considerados, como pretende el Gobierno, bienes de interés general.
Nosotros, los socialistas, que hemos presentado esta enmienda, creemos que esa consideración hay que reservarla para otro tipo de cuestiones: para las políticas educativas, para las políticas sanitarias, para las de pensiones, para las de empleo, pero no, evidentemente, para estos temas.
Lo que ustedes han hecho nos parece, señorías, una aberración (Rumores.), aunque está muy en línea con la política del Gobierno de privatizar o intentar privatizar políticas sociales y, por el contrario, nacionalizar el fútbol. ¿Cómo han hecho los deberes en este aspecto? Pongan ustedes la calificación. (Varios señores Diputados: ¡Excelente!) En cuarto lugar, señorías, nos parece que éste es un proyecto de ley intolerante. Algunos artículos correspondientes al mismo dejan al descubierto cierta intolerancia y cierto tufo autoritario del Gobierno.
(Varios señores Diputados: ¡Oh!) Parecen destinados, señorías, a mandar un mensaje a la sociedad sobre a ver quién manda aquí y a torpedear al mismo tiempo a aquellos que tienen adquiridos los derechos de las retransmisiones del fútbol televisado. En este aspecto quizás hayan hecho bien los deberes pero, analizando el conjunto, señorías, permítanme que les dé un consejo, y en esa línea va nuestra enmienda.
En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que lo mejor que pueden hacer ustedes, con este proyecto, es retirarlo de la Cámara y presentar un texto nuevo. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Eso, que lo retiren!) Y cuando presenten ese texto nuevo, señorías, tengan en cuenta, al menos, dos cosas. (Un señor Diputado: ¡Explícanos el tuyo!) La primera, la realidad futbolística española en lo relativo a las retransmisiones por televisión y, la segunda, el Derecho comunitario en esta materia.
Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que, sin una regulación específica, la situación actual, después de ciertos avatares previos, es una situación de bastante normalidad. Existen acuerdos entre las partes afectadas, existen acuerdos sólidos entre los clubes deportivos y los operadores audiovisuales, existen acuerdos entre los operadores --insisto, conseguidos algunos de forma laboriosa, pero que ahí están y se han consolidado--; por otro lado, señorías, la libertad

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de información deportiva está resuelta por la práctica de cada día y además está amparada --aparte de por la Constitución-- por diversas sentencias emitidas por los tribunales españoles, no solamente la información deportiva de tipo general, sino también la información deportiva de carácter específico, ésa que figura en esos programas conocidos como Carrusel, Gol a gol o similares. Esa es una realidad que ahí está y con la que deben contar.
Señorías, existe más fútbol televisado que nunca. En abierto, los sábados, en las televisiones públicas, televisiones autonómicas y La 2; los lunes, en un canal privado de televisión, Antena 3; los domingos, en codificado, en Canal +, y en el canal digital, en pago por visión, en varios momentos. Existe, señorías, más fútbol televisado en abierto que nunca. Permítanme que les lea unos datos. En el período comprendido entre septiembre de 1996 y marzo de 1997, se televisaron un total de 418 partidos (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!), de los cuales, el número total en abierto fue de 245 (Rumores.), en codificado, 173 (Rumores.), correspondiendo de ellos a la Liga española de primera división solamente 33. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Los 140 partidos restantes corresponden a ligas de países diversos. ¡El coro! (Rumores.) Señor Alvarez-Cascos, si ustedes consideran que debe incrementarse la oferta de fútbol televisado en abierto, si ustedes consideran que debe aumentarse esta oferta que acabo de leerles, no se preocupe, sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y, además, les pediremos un partido más que los que ustedes propongan. Sólo les pondremos una condición, señores del Gobierno, que esto no se haga a costa o con cargo al erario público, porque en estos momentos el debate, señorías, es un debate de quién paga el costo que tiene el fútbol, quién paga el costo de la Liga de las estrellas. El Partido Popular y el Gobierno han intentado trasladar a la sociedad un falso debate, un debate demagógico y populista, presentándose ante la sociedad como que ustedes son los defensores del fútbol en abierto, que sirve para todos, que no cuesta, y que nosotros u otros grupos somos defensores de lo contrario. Nada más falso que eso. Pidan y regulen todo el fútbol en abierto que quieran, nosotros les apoyaremos y les pediremos un partido más que los que ustedes propongan, pero, insisto, el dinero público no se puede utilizar, señorías, para pagar la Liga de las estrellas, porque esto, o se paga con los derechos de televisión o se paga de forma directa o indirecta con los impuestos de todos los españoles y desde luego ni una sola peseta del dinero público debe ser destinada para estos menesteres, sea, señor Alvárez-Cascos, vía compensaciones fiscales a los clubes, sea rebajando el IVA del fútbol al tipo reducido, sea modificando el sistema de pago de impuestos por los jugadores y otros profesionales vinculados a los clubes, sea por el procedimiento que sea. Señorías, creemos que ni una sola peseta de dinero público debe emplearse para compensar a los clubes, si éstos tuvieran que renunciar a los ingresos pactados con las televisiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego que vaya concluyendo.


El señor NIETO GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.
No creo, señor Vicepresidente Primero, que estén pensando en la expropiación de los derechos de televisión que tienen algunas cadenas y pagarlo con dinero público, vía deducciones fiscales, vía reducción del IVA o similares, o vía otras propuestas del tipo que sean. A eso nos opondremos tajantemente. Creemos que ese dinero hay que emplearlo para otras cosas, para otro tipo de políticas, para políticas que verdaderamente tienen interés general y no para pagar la Liga de las estrellas.
Queremos --y con esto termino, señor Presidente-- que ni una sola peseta --y permítanme una broma-- de dinero público sirva para pagar los contratos, sean de Ronaldo, de Rivaldo, de Mijatovic o de quien sea, aunque se vayan al Lazio o se vayan donde sea. (Rumores.) Lo que sí queremos, desde el Grupo Socialista, señorías... (Continúan los rumores.) ¡Tranquilos, tranquila la bancada de la derecha, de la parte alta, tranquilos!

El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, continúe y vaya concluyendo.


El señor NIETO GONZALEZ: Desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo decimos con toda rotundidad, queremos que siga habiendo partidos en abierto, insisto, todos los que ustedes quieran y uno más; queremos que la Liga española de fútbol sea la mejor del mundo, pero no a costa de los impuestos de todos los españoles. Queremos que exista un catálogo de acontecimientos deportivos de especial relevancia social que se deban televisar siempre en abierto, pero queremos que ese catálogo figure en la propia ley. Queremos que ese catálogo se elabore y, por tanto, lo elabore este Parlamento y se refleje en la ley. Queremos, señorías, que el control y la modificación de ese catálogo lo realice un organismo desvinculado del Gobierno y lo más plural posible. Queremos, señorías, y con esto termino, ser iguales que el resto de los países de la Unión Europea, no queremos ser diferentes. En consecuencia, queremos que el Gobierno espere unos meses e incorpore al futuro proyecto de ley las modificaciones introducidas en la Directiva comunitaria de Televisión sin Fronteras que en estos momentos está en fase de modificación; ello porque creemos que no se debe regular, señor Vicepresidente Primero, de manera general la relación entre las diversas entidades y modalidades televisivas

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ni desarrollar de manera general el principio de la libertad informativa, ni la compatibilidad de ésta con la institución de los derechos exclusivos, sino regular simplemente y de manera específica los acontecimientos deportivos de especial relevancia a los efectos de su emisión y retransmisión por medios televisivos y radiofónicos, partiendo de los principios jurídicos que existen en la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, concluya.


El señor NIETO GONZALEZ: Por todo ello, señor Presidente, y concluyo, lo mejor que puede hacer el Gobierno es retirar este proyecto y traer uno nuevo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor Presidente.
Señorías, lo mejor de la intervención del señor Nieto es el tono de humor que han caracterizado del principio al final sus palabras, porque eso nos permite seguir el hilo del debate. Si se hubiera puesto serio y hubiera dicho en serio lo que ha dicho en tono jocoso, la situación hubiera sido un tanto complicada, por no decir ridícula, pero en tono de humor, señor Nieto, vamos a continuar el debate que usted ha abierto.
Señor Nieto, S. S. pretende reprochar al Gobierno que haya remitido el proyecto de ley al Parlamento con carácter orgánico. La razón por la que el proyecto de ley, a juicio del Gobierno, podía tener carácter de orgánico viene de los antecedentes próximos en virtud de los cuales hemos considerado oportuno regular el derecho a la información, es decir, el derecho de acceso a los estadios de todos los medios de comunicación. El antecedente próximo es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, del 30 de marzo de 1996. En la fundamentación de esa sentencia, donde se exigía y se daba la razón al demandante, a Tele 5, para acceder a los estadios de fútbol, se decía literalmente, señor Nieto --y como usted no lo ha leído, puede hacer comentarios divertidos sobre la situación, pero ahora seguro que se lo va a tomar más en serio--, que el deporte del fútbol se ha convertido en una realidad a incluir en el contenido del derecho fundamental a la información del artículo 20.1.d) de la Constitución --¡qué risa, señoría, que esto lo diga la Audiencia Provincial de Madrid!--, derecho que no sólo es exigible frente a los poderes públicos, sino que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, es extensible a las relaciones entre particulares y puede reivindicarse frente a ellos; y que frente a lo sostenido en la sentencia recurrida, en el sentido de que es suficiente para llenar el derecho a la información relatar lo visto dentro del campo, tal toma de imágenes es inherente a la naturaleza misma de la televisión, para lo cual lógicamente es necesario el acceso al campo de fútbol; y que un derecho de contenido puramente económico, como es el de las exclusivas, debe ceder ante el ejercicio del derecho fundamental de informar sobre acontecimientos deportivos futbolísticos que en nuestro país son de relevancia pública y de interés general. ¡Qué risa! Lo dice la Audiencia Provincial de Madrid. ¡Qué risa, señor Nieto! (Aplausos.) Es lo de menos. El revolcón hubiera sido que el Gobierno hubiera remitido un proyecto de ley ordinaria a esta Cámara y ustedes, el Parlamento, la Mesa, la hubieran calificado de orgánica. Eso sí hubiera sido un fallo.
Lo contrario no plantea ninguna dificultad, señor Nieto. Incluso facilita algunos problemas de matemática parlamentaria en las votaciones por parte de la mayoría de esta Cámara.
Dice que este proyecto de ley es inoportuno porque hay que esperar al final del proceso de elaboración de la reforma de la directiva europea.
¿Sabe, señor Nieto, que hay ya ocho países en Europa que han regulado el catálogo de acontecimientos de interés general excluidos de las televisiones codificadas o de pago? ¿Lo sabía, usted, señor Nieto? Francia estaba en trámite de hacerlo en estos momentos. ¿Por qué razón nosotros no podemos ser el noveno país? ¿Por qué razón? ¿No podemos ser como los demás que han ido por delante de la propia reforma europea? Lo que a usted le parece bien en otros países, ¿por qué le parece mal en el caso español? Además ya hay un texto acordado que permite avanzar en paralelo. No hay ninguna inoportunidad, señor Nieto.
Habla de nuestra particular concepción del fútbol como bien general.
Tiene usted razón. Nosotros tenemos una concepción del fútbol como un bien general que viene avalada por los datos de las audiencias...
(Rumores.) Sí, sí. Datos que acreditan que los partidos de fútbol tienen un seguimiento medio por jornada de más del 43 por ciento, con un total medio de espectadores de casi cinco millones. (Rumores.) Sí, es muy importante Precisamente por eso a estas audiencias pretenden acceder determinados operadores en exclusiva, y de ahí viene, señor Nieto, el problema. En España la tradición de retransmisión de acontecimientos deportivos tiene ya 33 años desde que con continuidad en el año 1963 comenzaron estas retransmisiones, a las que se sumaron luego en la década de los ochenta la Forta y otros canales de televisión.
Por darle algunos datos de las últimas mediciones de audiencia en la temporada 95-96 le mencionaré que el partido Real Madrid-Barcelona lo vio el 51 por ciento de la audiencia (7.491.000 espectadores). (Rumores.) El Real Madrid-Atlético de Madrid el 49,8 (7.452.000 españoles). (Rumores.) El Atlético de Madrid-Barcelona lo vieron 6.915.000 espectadores y en esta temporada el Real Madrid-Barcelona lo vieron

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11.291.000 espectadores. (Rumores.) Está muy claro. A ustedes en su concepción del interés general no les importa expropiar la conquista social de la tradición de las retransmisiones de fútbol en abierto para todos los espectadores. Pretenden expropiarla para que estas audiencias vayan a las televisiones de pago, a las televisiones codificadas y al pay per view. (Rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.--Aplausos.) No, no, señorías, que se les ha visto el plumero. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente.
Señorías, guarden silencio porque es imposible escuchar al orador.
(Rumores.) Vuelvo a recordarles que el nivel de entusiasmo o la falta de él no debe superar la posibilidad de escuchar a quien está en el uso de la palabra.
Vaya concluyendo, señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): No, señorías. Lo que ustedes quieren es que haya fútbol en abierto, pero que éstos no sean los partidos que se den en abierto, porque ahora pretenden modificar el orden de elección del partido de la jornada por parte de las emisoras que emiten en abierto.
(Rumores.) Y quieren que la primera elección la hagan, como no ha pasado nunca, los canales codificados. (Protestas.) Eso es lo que ustedes...
(Rumores.) Sí, señorías. Eso es lo que ustedes están defendiendo. (Varios señores Diputados: Muy bien.) Por eso, como nosotros no vamos a aceptar la expropiación de hecho a todos los españoles del derecho a ver el mejor fútbol de cada jornada de la Liga y de la Copa en abierto, nos vamos a oponer a las restricciones que en estos momentos se pueden plantear en relación con que en el fútbol en abierto se den los mejores partidos de cada jornada de la Liga y de la Copa: fútbol gratis igual que ha habido durante los 33 años en que la tradición española viene manteniendo el fútbol en abierto. (Varios señores Diputados: Con Franco.--Rumores y protestas.) Ustedes dicen que nuestro proyecto es intolerante y autoritario. (Rumores.) ¿Qué les parece a ustedes, señorías, que una empresa privada, una, con una concesión pública para transmitir en domingo, impida que cualquier otro operador pueda hacerlo para competir con él? (Rumores.) Una empresa privada con concesión pública, gracias a un privilegio que ustedes le han concedido. ¿Cómo llaman a esto, señorías? (Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Y no quieren que tenga competencia; quieren que siga teniendo el privilegio de ser el primero en elegir el partido de cada jornada.
¿Qué es eso, señorías? (Rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Eso, además de abuso de posición dominante, señorías, es una inmoralidad (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Concluyo, señor Presidente.
Lo más divertido de todo es la advertencia al Gobierno y al Grupo Popular. Dice que ni una peseta del erario público para la Liga de las estrellas. Ni una peseta. Ni IVA ni compensaciones fiscales. Se ha cuidado de decir ni de quinielas. No lo ha dicho, porque el Gobierno Socialista aprobó en el año 1990 un convenio con los clubes de fútbol, en virtud del cual hasta la fecha actual los clubes de fútbol, para pagar sus deudas, han recibido 17.900 millones de pesetas. En pesetas constantes 20.000 millones. Como el convenio está proyectado hasta el año 2004, el total que van a recibir por este concepto, 7,5 por ciento de las quinielas aprobado por el Gobierno Socialista, sube hasta los 30.000 millones de pesetas. (Rumores.) Y como esto, por lo visto, no es una cantidad relevante para financiar a los clubes de la Liga de las estrellas, en el año 1995 modifican el convenio y los excesos de recaudación los dedican a los clubes de fútbol para financiar las reformas de sus estadios, con el fin de mejorar la comodidad y la seguridad. ¿Saben cuánto supone eso desde 1996 hasta el 2004? Otros 30.000 millones de pesetas. (Rumores.) Ustedes han aprobado el dinero de las quinielas del dinero público, 60.000 millones de pesetas hasta el año 2004 para financiar a los clubes de fútbol (Rumores.), en su terminología, para financiar a la Liga de las estrellas. (Aplausos.) Concluyo, señor Presidente. Evitar con la legislación la cristalización de posiciones dominantes en el desarrollo de los medios audiovisuales, como prometimos que haríamos en nuestro programa de gobierno, ya sabíamos perfectamente que era un compromiso lleno de dificultades y de obstáculos, y a la vista están, porque para ustedes el interés general empieza y termina en el suyo propio. (Rumores.) Sí. Al igual que los grupos mediáticos que se dedican a la propaganda para esconder sus intereses. (Rumores.) La legitimidad democrática, la de ustedes, no la dan las urnas ni el Parlamento. Ahora nosotros no podemos tocar el dinero de las quinielas.
No. La legitimidad democrática no la dan las urnas ni en Parlamento, la dan sus propios oráculos. Las fronteras entre los poderes independientes las dibujan los estrategas de comunicación de ustedes. Fíjense, hasta el derecho a los secretos de Estado lo han convertido en otro secreto por encima del Estado de Derecho. Y así sucesivamente. Pues bien, a pesar de la propaganda que hacen unos y las descalificaciones de otros, en este proyecto

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de ley están reconocidos los derechos de todos los operadores, sin que prevalezcan los de uno o varios sobre el resto, como exige la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado protegida por la Ley de Defensa de la Competencia. En este proyecto de ley está contemplado el interés general de todos los españoles para que ningún interés particular les despoje de los derechos a recibir gratuitamente lo que vienen disfrutando desde hace 33 años. En este proyecto de ley está garantizado el derecho a la información de todos los medios de comunicación, en cualquier estadio o recinto deportivo, como manda la Constitución y ha reconocido la justicia. Por eso, señorías, confío que el Parlamento lo perfeccione y lo apruebe definitivamente.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Creo que la peor de las inmoralidades que se pueden cometer, señor Vicepresidente, es no decir la verdad cuando se interviene. Usted lo ha hecho de forma reiterada en la réplica que ha realizado.
Si eso es así, aún es peor decir que el que ha intervenido antes ha dicho algo que no ha dicho, utilizarlo como opinión del contrario y hacer la crítica sobre eso. Eso lo empleaba algún... (Varios señores Diputados: Goebbels.) No quería decir tanto, pero me lo han dicho.
Vamos a ver, señor Alvarez Cascos, yo le he dicho simplemente que usted se equivocó --y su Gobierno, por lo tanto, el Gobierno que usted vicepreside-- cuando remitió a esta Cámara un proyecto de ley con la consideración de orgánica, y no se lo he dicho yo, se lo ha dicho la Mesa de la Cámara y se lo ha dicho el informe del Secretario General del Congreso. Yo le he leído textualmente la resolución o el informe que ha elaborado la Secretaría General del Congreso; por tanto, no he añadido nada, simplemente me he limitado a leer lo que la Mesa de la Cámara y el Secretario General de esta Casa han dicho. Recrimine esa desaprobación de sus deberes a la Mesa de la Cámara y al Secretario General de esta Casa, no a mí. (Rumores.) En segundo lugar, señor Alvarez Cascos, le insisto en que no critique una posición que no es mía. Yo he insistido varias veces...


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, perdón. Deseo aclarar, para que quede debidamente esclarecido para SS. SS. y para el «Diario de Sesiones», que la Mesa no ha tomado ninguna decisión al respecto y no se la debe, por tanto, involucrar en el debate. Los servicios de la Cámara han hecho el informe al que S. S. se está refiriendo.
Puede continuar.


El señor NIETO GONZALEZ: Yo he insistido en que la posición del Grupo Parlamentario Socialista es la de que existan todos los partidos, que se retransmitan en abierto todos los partidos de fútbol que ustedes quieran.
Y le he dicho que uno más, nosotros pedimos uno más. (Rumores.) Si eso no le basta, señor Alvarez Cascos, lo multiplicamos por dos en este momento.
Tengo una autorización de mi grupo parlamentario para multiplicarlo por dos, sin ningún problema. Por tanto, dejemos el populismo aparte.
Por otro lado, dice usted, señor Alvarez-Cascos, que defienden con este proyecto de ley la competencia. Pretenden defender la competencia entre las empresas, la concurrencia de las empresas en el sector. Permítame también que le lea dos cosas. En la página 11 de la memoria del proyecto de ley, dicen ustedes: El anteproyecto de ley se inspira de modo directo en la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia y, en especial, en la resolución de 10 de junio de 1993. No me negará que eso es así, porque consta en la memoria del proyecto de ley. Permítame que le lea dos párrafos de las observaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia al proyecto de ley que estamos debatiendo. Se lo leo también textualmente; después, si quiere, le hago una fotocopia para que lo tenga. Dice el Tribunal de Defensa de la Competencia: La regulación del derecho a la información es cuestión ajena a la defensa de la competencia. No sucede lo mismo, en cambio, con la regulación del mercado de los derechos de emisión de los espectáculos deportivos. En este punto, el anteproyecto de ley se decanta por unas opciones normativas que establecen, de un lado, una intervención reguladora y, de otro, soluciones que no se ajustan a los postulados de la política de defensa de la competencia establecidos para este sector, tanto por la Comisión Europea como por el propio Tribunal de Defensa de la Competencia. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Gol!) Esto dice el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Dice más, señor Vicepresidente. Para garantizar la libertad de competencia en el mercado de las retransmisiones deportivas y evitar el cierre del mismo por la colusión entre varios operadores económicos o el abuso por parte de alguno de ellos que ostenten el dominio del mercado, no se precisa la promulgación de una nueva ley especial, bastaría con aplicar la Ley de Defensa de la Competencia. Y sigue más adelante --y con esto termino-- el informe refiriéndose al artículo 6, en el que usted tanto ha insistido, relativo a las retransmisiones deportivas en la modalidad de pago por consumo. Los derechos exclusivos --dice el Tribunal de Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 6.2-- de imagen no son en sí mismos contrarios a las

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normas de competencia, es su ejercicio el que puede dar lugar a prácticas prohibidas que si se producen pueden ser corregidas con las normas vigentes. Por tanto, resulta innecesario, desde el punto de vista de la competencia, incluir una previsión como la del artículo 6.2, que al atribuir derechos para realizar retransmisiones deportivas en la modalidad de pago por consumo a todos los operadores impide la existencia de derechos exclusivos en la citada modalidad de teledifusión, discriminándola negativamente, tanto respecto de otros contenidos que pueden emitirse en dicha modalidad como respecto de otras modalidades de teledifusión, se refieran o no a acontecimientos deportivos. Por lo demás, el artículo 4.2 del anteproyecto ya garantiza el acceso al público en directo de los acontecimientos deportivos de interés general en todo el territorio.
Por tanto, recibe usted una total descalificación del Tribunal de Defensa de la Competencia, al que pone como máximo argumento para decir que esta ley es una ley que va a defender la competencia entre las empresas en un sector como éste del que estamos hablando. En consecuencia, creo que aquí debería rectificar retirando el proyecto, aparte de por otras cosas.
Señor Vicepresidente, decía usted que además hay nueve países europeos --ocho decía usted-- que ya tienen regulada esta materia. Pues si hay nueve países europeos que tienen regulada la materia y que la han regulado en momentos anteriores al actual --y yo creo que en el actual no se debería regular mediante ley, aquí, en nuestro país, teniendo en cuenta que está en fase muy avanzada de modificación la directiva de televisión sin fronteras--, si existen estas nuevas regulaciones en nueve países, nosotros, desde el Grupo Socialista, le hacemos una propuesta, señor Alvarez-Cascos: traiga a esta Cámara, mediante proyecto de ley, cualquiera de las nueve; se la votamos, se la apoyamos, pero no esto que han traído ustedes aquí. (Aplausos.--Protestas.) Para terminar, queremos que retiren el proyecto, además de por todo esto, porque, de verdad, si ustedes expropian, como pretenden hacer, los derechos de televisión ya adquiridos, nos va a costar muy caro. No queremos que se pague con el dinero de las quinielas, señor Alvarez-Cascos. En estos momentos se destina a estos menesteres el 8,5 por ciento de la recaudación. Creo recordar que ustedes, en su programa, planteaban el 10 por ciento. No queremos que se utilice el IVA, o que se reduzca, para estos menesteres; no queremos que se modifiquen los impuestos variados que afectan a jugadores u otros técnicos deportivos; no queremos que se utilice dinero público, señor Alvarez-Cascos, para estos menesteres. Y, desde luego, estamos muy preocupados --y con esto finalizo, señor Presidente-- por algunas reuniones que ha mantenido usted, como Vicepresidente del Gobierno, con directivos de clubes de fútbol de primera y segunda división, reuniones a las que ha asistido no solamente usted acompañado, como es lógico, por el Secretario de Estado del Deporte, sino acompañado por el Secretario de Estado de Hacienda.
Supongo que no sería para hablar de las quinielas --me refiero a las quinielas del domingo--, sino para hablar de dineros. Además, estamos preocupados, señor Alvarez-Cascos, porque tras esas reuniones, algunos presidentes y directivos de diversos clubes han dicho que allí se ha hablado de dinero, que se ha hablado de inyectar a los clubes dinero procedente de las quinielas, del IVA, de impuestos, y que el problema no era el dinero, que el Gobierno planteaba que el problema no era el dinero. Por tanto, señor Vicepresidente, estamos preocupados por lo que han dicho y por lo que no han dicho y han dicho otras terceras personas, lo cual nos ha dejado más preocupados todavía. Por consiguiente, no hagan demagogia con un asunto como éste. Hablen con claridad, y la mejor claridad en estos momentos sería retirar este proyecto de ley y traer a esta Cámara, en sus términos, para su trasposición, la directiva comunitaria, que en estos momentos se está modificando, de televisión sin fronteras; eso es lo que deberían hacer y a eso les invitamos desde el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
(Aplausos.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto. (El señor Vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, Alvarez-Cascos Fernández, pide la palabra.) ¿Señor Vicepresidente del Gobierno?

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, en primer lugar quiero decir al señor Nieto que su intervención en ningún caso va a producir ningún efecto de intimidación o de limitación en el ejercicio de las funciones normales de cualquier miembro del Gobierno o de cualquier alto cargo para reunirse con cualquier ciudadano, presidente de club o de una sociedad anónima deportiva, para hablar de los asuntos propios de la política deportiva. Porque de la misma manera que ustedes...
(Rumores.--Protestas.) ¡Pero si ustedes han pactado 60.000 millones de pesetas para los clubes de fútbol; 60.000 millones de pesetas! (Rumores.) ¡Si ustedes han bajado el IVA a operadores de televisión para hacer favores que han costado 10.000 millones de pesetas! (Protestas.--Aplausos.--Rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Socialista sacan tarjeta roja.) ¡Ustedes! (Rumores.) Pero, ¿qué clase de ley del embudo piensan establecer en las reglas de juego parlamentarias y democráticas? Lo que ustedes pueden hacer se lo impiden hacer a este Gobierno. (Rumores.) Señor Presidente, este tipo de intervenciones desconozco el alcance o la repercusión que pueden

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tener en los medios que hacen propaganda de las mismas, pero le aseguro... (Risas.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): ...que no va a producir ningún tipo de intimidación. (Rumores.) Es más, en relación con el mundo del deporte tenemos un programa electoral que vamos a cumplir, aunque no les guste a SS. SS. (Rumores.) En segundo lugar, a mí me gustaría que el señor Nieto nos dijera qué documento del Tribunal de Defensa de la Competencia ha leído, me gustaría que me lo dijera, porque a lo mejor es un papel con membrete del Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo no le voy a leer un cierto papel, no; le voy a leer una resolución acordada por el Tribunal de Defensa de la Competencia donde define con precisión los límites al ejercicio de los derechos exclusivos en las retransmisiones deportivas. El Tribunal --y éste sí es el Tribunal, señor Nieto, no el papel que usted ha leído con el membrete del Tribunal (Rumores)-- concluye poniendo de manifiesto que los contratos de cesión de derechos de emisión de fútbol en exclusiva pueden ser muy favorables para el consumidor, para la industria de la televisión y para el propio desarrollo de la competencia, pero para que esto suceda deben cumplirse los siguientes requisitos: a) posibilidad para todos los operadores actuales o potenciales de competir lealmente para su adquisición --todos los operadores actuales o potenciales--; b) distribución en diversos bloques; c) duración razonable de los contratos; d) ausencia de pactos que concedan derechos de contratación preferente y garantías de que siempre haya un mínimo de imágenes para el resto de los operadores.
Esto es lo que dice el Tribunal de Defensa de la Competencia, lo demás, señor Nieto, nos lo explicará usted cuando explique el origen del papel que nos ha leído. En todo caso, esta es la doctrina y lo demás serán opiniones que estamos dispuestos a respetar, pero que no vamos a compartir.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente. (El señor Nieto González pide la palabra.) Señor Nieto, un momento. A los solos efectos del artículo 72.2, imagino.
(Asentimiento.) Imagino haciendo un especial ejercicio de defensa de su derecho porque saben SS. SS. que debiera invocarse por quien quiera hacer uso de la palabra el precepto específico, es decir, para que pueda aclarar el origen, el rótulo o la literalidad del documento, no para abrir nuevas argumentaciones sobre el mismo.
Adelante, señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, en virtud del artículo que quiera y muy brevemente. (Varios señores Diputados: No, no.) El Diputado que les habla en estos momentos solicitó, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de la Cámara, que el Gobierno le remitiera el informe elaborado por el Tribunal de Defensa de la Competencia a efectos de tener una opinión más fundada en relación con los derechos de la competencia que pretende regular el proyecto de ley que estamos debatiendo. Lo pidió el Diputado que les habla por vía de urgencia y, evidentemente, aún no lo ha recibido. (Rumores.) Sí tiene el documento, pero no lo ha recibido de forma oficial, me lo ha negado el Gobierno hasta el momento (Rumores), pero, como lo tengo, lo voy a utilizar.
Evidentemente, y como me pide el Presidente que diga, el rótulo segundo --y además he leído literalmente lo que decía el Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con el artículo 6.2-- dice: Resulta innecesario desde el punto de vista de la competencia incluir una previsión como el artículo 6.2, etcétera. Y el rótulo dice: Observaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia al anteproyecto de ley orgánica reguladora de las emisiones y retransmisiones de competenciones y acontecimientos deportivos. (Rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Socialista sacan tarjeta roja.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, ruego que lea la firma de ese documento para conocer el autor.
(Risas.--Fuertes rumores y protestas.--El señor Ros Maorad enseña tarjeta roja.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor Ros. Señorías.
¡Silencio, señorías! Les llamo no ya al orden, sino a la seriedad.
Señorías, el trámite en curso he aclarado que es el específico del precepto citado anteriormente para identificar un documento. En consecuencia, si el señor Nieto quiere acceder a la petición del Vicepresidente aclarando la firma, puede hacerlo. (Rumores.)

El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, he leído el rótulo que creo identifica el documento y, evidentemente, cuando reciba el que me tiene que enviar el Gobierno (Rumores y protestas.), y espero que sea pronto...
(Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señor Nieto.


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El señor NIETO GONZALEZ: Cuando reciba el que me envíe el Gobierno, que no sé por qué no me lo ha enviado todavía y por qué me lo ha ocultado (Rumores y protestas.), le enviaré los dos, señor Presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Se ha invocado a la autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia para acabar leyendo un documento anónimo. Es lo que quería decir.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y protestas.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de las enmiendas de totalidad? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Creo que muchos de los presentes en esta Cámara recordarán que en los últimos años del franquismo era corriente escuchar de boca de muchos demócratas que el fútbol se utilizaba con finalidades claramente narcotizantes y que ocupaba un lugar en la sociedad que debía corresponder a la política. (Rumores.) No sé cómo se puede pensar ya en 1997 cuando se invocan artículos muy importantes de la Constitución española, como el artículo 9.2, que habla de remover dificultades para la igualdad, la libertad y la participación de los ciudadanos y de los diversos grupos sociales. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez, en su propio beneficio, además.
Señorías, la señora Lasagabaster me está indicando que en las últimas filas es imposible escuchar al orador por el ruido de las conversaciones de quienes están abandonando el hemiciclo. Les ruego que guarden silencio.
Continúe, señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que no sé cómo se podrá juzgar en 1997 el hecho de que se invoque un artículo, nada menos que el 9.2 de la Constitución española, que habla de remover obstáculos a la libertad, a la igualdad y a la participación de los ciudadanos para que éstos puedan igualmente ser libres, iguales y participativos. Otro artículo muy importante, el 20.1.a) que habla de la libertad de información. En todo caso, es muy loable, aparentemente, la intención del Gobierno de que los acontecimientos deportivos de interés general se puedan emitir de forma directa, en emisión abierta, en todo el territorio del Estado.
El Bloque Nacionalista Galego se pregunta algunas cuestiones claves. Es extraño que un Gobierno que se caracteriza precisamente por desrregularizar y emplear no precisamente el interés general, sino otro tipo de intereses para muchos temas, tenga tanto afán regulador en este caso. También nos parece extraño que se invoquen artículos tan importantes de la Constitución precisamente con la finalidad de un ataque premeditado, en nombre del interés general, a un determinado grupo económico, de tipo mediático también, que no vamos a juzgar en este momento.
Llama la atención que el articulo 20.1.2, que habla de los derechos de los ciudadanos a la información veraz, sea utilizado en un tema como éste cuando realmente vivimos en una situación política donde la información veraz, incluso sobre lo que pasa en este Parlamento, en el 80 por ciento de los casos no es que no sea veraz, es que no sale, por lo cual deberíamos articular una ley orgánica al respecto.
En definitiva, pensamos que la televisión de pago va a recibir un duro golpe cuando ni siquiera va a estar sometida a la norma general de las televisiones públicas. No es de recibo que no se pueda emitir publicidad ni siquiera en los intervalos, cuando todos sabemos que los intervalos de la Televisión española están siendo ocupados, precisamente en las emisiones de cine, con abundante propaganda.
De todas maneras, señorías, como no podemos presentar una ley reguladora de los derechos de los ciudadanos a la información veraz, al trabajo, a la vivienda, a una educación gratuita que también incluya los libros, sí nos vamos a permitir el lujo de decirles que no vamos a colaborar en esta gran tensión precisamente por el gran negocio y la gran narcotización. En todo caso, como la mayoría de la opinión pública, en este caso del Estado español, habremos de abstenernos con estoica y aparente indiferencia que intentaremos que se convierta en pragmática participación en el proceso de las enmiendas, para que cuando menos los operadores de Galicia puedan contribuir a definir lo que es el interés general e incluso participar activamente en la transmisión de eventos deportivos, sean o no importantes.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia quiere agradecerle el esfuerzo especial que ha hecho S. S. para fijar posición desde ese escaño, con las dificultades que conlleva la proximidad de la puerta. Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


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El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, el Grupo canario se manifiesta favorable a la presentación de este proyecto de ley por parte del Gobierno porque entendemos que está en línea con los avances habidos dentro de la Unión Europea. Ahí tenemos el reciente acuerdo, aprobado por unanimidad, entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros en base a la regulación de la emisión en abierto del deporte por televisión, conocido por televisión sin fronteras. Para el Grupo canario es esencial garantizar el derecho a la información basado en los siguientes puntos: el acceso de todos los espectadores a los acontecimientos deportivos de primer orden; el anteponer la difusión de los acontecimientos de extraordinaria relevancia a consideraciones puramente mercantiles; el garantizar que las retransmisiones de acontecimientos de interés general sean un servicio ofrecido por las cadenas de cobertura general en todo el Estado; el que los derechos exclusivos de retransmisión de determinados acontecimientos deportivos que revistan un interés general para uno o más Estados sean concedidos a aquellos operadores que garanticen la transmisión en abierto al conjunto de la población; que, a partir de estas premisas, se garantice de verdad el principio de libre concurrencia entre los operadores. Por eso, valoramos el intento del Gobierno de normar las emisiones en abierto del deporte. Aceptamos este documento como un documento base para la discusión seria, serena y profunda. Este proyecto de ley es la base para profundizar seriamente y resolver algunas cuestiones que en este momento vemos confusas y poco claras.
En principio nos preocupa, y es necesario precisarlo en el trámite parlamentario de este proyecto de ley, conocer qué acontecimientos deportivos pueden catalogarse de interés general. ¿Son acontecimientos deportivos de interés general los que interesen a los aficionados en un determinado deporte, o son acontecimientos deportivos de interés general aquellos que por su transcendencia lleguen a interesar al resto de la población, es decir a sectores de la población que no son aficionados a ese deporte? Este es un asunto esencial para catalogar un acontecimiento de interés general. ¿Quién decide qué acontecimientos deportivos son de carácter general? Entendemos que no puede ser sólo el Consejo Superior de Deportes, sino que tiene que ser un órgano plural donde estén representados el Consejo Superior de Deportes, las federaciones, los clubes y los usuarios. ¿Con qué periodicidad se va a fijar el calendario de acontecimientos deportivos de interés general? ¿Tiene que ser necesariamente por un período largo de tiempo? Preguntamos qué va a suceder con aquellos acontecimientos deportivos que en una primera instancia no tienen interés general, una competición de tenis, una vuelta ciclista, y que en su recta final, porque se clasifica un determinado jugador del Estado, adquieran esa relevancia. ¿Cómo se va a regular este asunto en este proyecto de ley? ¿Qué sucede con los contratos actualmente en vigor firmados con operadores privados? ¿Se van a respetar, según dice la normativa europea, los derechos adquiridos hasta la expiración de estos contratos o, por contra, el Gobierno piensa indemnizar a los clubes si no fuera así? La aparición de la televisión de pago ha significado no sólo el saneamiento de los clubes, sino además que grandes cantidades de dinero hayan llevado a estos equipos a comprometerse con terceros. Cómo piensa el Gobierno resolver los posibles perjuicios a los clubes, ¿reduciendo el IVA, como se anunciaba en la prensa?, ¿con la compensación por las quinielas? Es necesario profundizar en este asunto, porque ¿se entiende desde el Gobierno que es justo destinar parte del dinero de todos los españoles, por ejemplo del IVA, a subvencionar el deporte profesional o, por el contrario, la estabilidad financiera de los equipos de fútbol o de los grandes equipos deportivos no interesa en estos momentos al Gobierno y, por tanto, al grupo que lo sustenta mayoritariamente? ¿Creen el Gobierno y el Partido Popular que determinados acontecimientos deportivos que en estos momentos están captando el interés general de toda la población lo consiguen precisamente por el volumen económico que se ha empezado a generar a partir de la puesta en marcha de la televisión de pago? Señorías, nos interesa mucho que estos aspectos puedan ser precisados en el período de tramitación de este proyecto de ley en Comisión. Nosotros estaremos en la línea de construir, desde el equilibrio y la serenidad, una ley que garantice el derecho a la información, la libre competencia y no restrinja los derechos ni de los unos ni de los otros.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, ¿puedo intervenir desde la tribuna?

El señor PRESIDENTE: Como prefiera S. S., aunque agradecería que fuera desde el escaño para ganar tiempo.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Siguiendo las instrucciones de la Presidencia, voy a intervenir desde el escaño.
Nos encontramos, señor Presidente, ante dos enmiendas a la totalidad muy distintas; una del Grupo Socialista, de devolución del proyecto, y una segunda articulada, y, en nuestra opinión, muy bien elaborada, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa

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per Catalunya. La posición de mi grupo parlamentario al respecto está muy cerca de las posiciones que ha explicado el Diputado Alcaraz en su intervención. Si hiciéramos un texto completo con las dieciocho enmiendas al articulado que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), llegaríamos a un texto bastante similar al que presenta en el día de hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Creo que por ello es pertinente, al margen de la espuma que pueda tener este debate, poner en su sitio las posiciones básicas en relación a este proyecto de ley que regula las emisiones y retransmisiones de competiciones deportivas.
Quizá el texto alternativo que propone el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sea un texto más omnicomprensivo, un texto que va más allá del tema deportivo, que abarca acontecimientos sociales, culturales y de otra índole, asemejándose a un modelo más europeo de ese tipo de órganos reguladores. Decía el señor Vicepresidente que estamos hablando de un tipo de normativa común, de lo que es el modelo europeo; hablaba él del modelo francés y las enmiendas al articulado las hemos ido planteando fijándonos en este modelo y en el modelo inglés. En relación a este tema existen dos aspectos que son sustanciales. El primero, el órgano que debe decidir qué emisiones deben realizarse en directo; el segundo, las emisiones de pay per view o pago por consumo. Creo que estos van a ser los dos temas nucleares en torno a los cuales se va centrar el problema.
Señor Presidente, nosotros participamos de los criterios y objetivos generales que ha expuesto el señor Vicepresidente en nombre del Gobierno, que pretenden trasladar al ordenamiento del Estado la resolución del Parlamento Europeo para que los eventos o acontecimientos deportivos de interés general puedan emitirse en abierto a todos los ciudadanos. Este tema debe llevarse a cabo con criterios y parámetros similares a los que tienen otros órdenes de la vida social, cultural y deportiva. Nos parece razonable trasladar estos criterios genéricos, y que aquello que en educación, en cultura, en el mundo laboral o en el mundo sanitario es normal lo sea también en el mundo deportivo, por lo que participamos de los criterios de la defensa de la concurrencia entre empresas, de que exista libre concurrencia en el mercado. También nos parece muy razonable la petición del señor Alcaraz de que sean los criterios de los usuarios los dominantes en la regulación de estos temas.
El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado 18 enmiendas al articulado de este proyecto de ley que van matizando los aspectos expuestos por el señor Vicepresidente en nombre del Gobierno. Nosotros proponemos un órgano independiente, que denominamos consejo de retransmisiones deportivas. Entendemos que debe ser un órgano que integre distintas sensibilidades, distintos agentes del mundo deportivo, del mundo de las televisiones, para que los derechos de todos dispongan de un órgano independiente que pueda regularlos.
En el proyecto de ley que presenta el Gobierno no están suficientemente recogidos adverbios como cuánto, cómo y cuándo estará disponible el catálogo de las retransmisiones deportivas que se proponen. Nos parece que son frases que habría que matizar en el articulado. Es muy distinto que un órgano independiente pueda realizar un catálogo cada semana y que todos los ciudadanos tengamos que estar pendientes entre el lunes y el miércoles de un órgano independiente que pueda decidir sobre qué partido de fútbol va a retransmitirse los domingos. Nosotros entendemos que estas matizaciones son sustanciales en orden a la clarificación de este asunto.
Para terminar, consideramos que existe una materia relevante para las televisiones públicas, para las televisiones autonómicas, para su ámbito de aplicación, que se refiere a los derechos que pueden generar, al cuántum de los mismos e incluso a la propia terminología del proyecto.
Fíjense SS. SS. que en todo momento se habla de telediarios, cuando esta terminología sólo responde a la Televisión pública del Estado.
Entendemos, pues, señor Presidente, que es razonable que en la tramitación en las Cámaras de este proyecto de ley se conozcan variaciones en aspectos sustanciales del texto articulado. Recogemos el guante presentado por el señor Vicepresidente y confiamos en que en dichos trámites se van a producir esas variaciones, manifestamos nuestro rechazo a la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista, porque nos parece que no está suficientemente fundamentada, y queremos anunciar que, si no existen interteferencias y las votaciones se producen con la autonomía suficiente, el Grupo Parlamentario Vasco está dispuesto a apoyar el texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a estas alturas del debate, cuando de hecho ya se han fijado los grandes parámetros de las coincidencias y de las discrepancias respecto de este proyecto de ley que nos ocupa, visto el estado de la cuestión, lo primero que se me ocurre es recordar una frase de Simon Grey, un comediógrafo británico del primer tercio de este siglo que decía que lo peor que puedes hacerle a un problema importante es precisamente discutirlo. Contradiciéndole, también he de afirmar que no resolver los problemas

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de hoy es la mejor manera de garantizar la inmediata existencia de un problema mayor mañana.
¿Cuál es el problema de hoy, señor Presidente, señorías? El problema, como ha puesto de manifiesto el señor Vicepresidente Primero del Gobierno, es la necesidad de instrumentalizar jurídicamente, es decir mediante una regulación legal, por ley, el legítimo derecho del consumidor, el derecho del ciudadano a acceder a las retransmisiones y acontecimientos deportivos de especial relevancia en una sociedad afectada en lo positivo, como aquí se ha dicho, y afectada también en lo negativo por los avances tecnológicos en el ámbito de las telecomunicaciones, y afectada también por la práctica de operadores y programadores de adquirir en exclusiva los correspondientes derechos de retransmisión a los clubes o sociedades deportivas, lo cual puede conducir a situaciones de restricción de mercado, como también se ha manifestado, que lesionen la libertad de información y a situaciones de concentración de derechos exclusivos que condicionen el desarrollo de la competición o que incidan negativamente sobre la independencia de las entidades deportivas vía estabilidad financiera.
Es bien cierto que algunos problemas no pueden ser resueltos del todo por su propia complejidad, y menos resueltos de manera definitiva. Este problema, el narrado, el ya explicado por el propio Vicepresidente Primero del Gobierno, puede ser precisamente uno de ellos dada la evolución tecnológica, por un lado, y la mutación de la sociedad respecto a la importancia de los casos y de los hechos, como también de los valores. Pero es sumamente cierto que siempre se pueden hacer las paces con ellos resolviéndolos de la mejor de las maneras, aun sabiendo de antemano que la solución de hoy puede ser objeto de revisión mañana, porque otro es el escenario que el Parlamento puede afrontar en el futuro. Ya tiene dicho Torrente Ballester, yo creo que un tanto exageradamente, que ni el pasado existe ni tampoco existe el futuro, que, en definitiva, todo es presente. Pues bien, en este presente lo cierto y verdad es que se puede discutir --de hecho se está haciendo, lo estamos haciendo-- sobre cómo se administra lo actual, pero es innegable que tenemos ante nosotros una serie de hechos: el relieve social de las retransmisiones audiovisuales deportivas --aquí hay plena coincidencia en destacarlo y reconocerlo--, la confluencia de intereses económicos tan legítimos como a menudo contradictorios, el deber de remover los obstáculos que impidan el pulcro ejercicio del derecho a dar y a recibir información, la necesidad de situar nuestra legislación interna en consonancia con directrices de la Unión Europea, la obligatoriedad constitucional de asegurar la libre concurrencia en el mercado económico derivado de los acontecimientos deportivos, la conveniencia de proteger los legítimos intereses del consumidor y la no menos importante exigencia de proteger eficazmente los intereses de los clubes o entidades deportivas. Ante estos hechos de innegable importancia, la actitud de nuestro grupo parlamentario, el Grup Parlamentari Catalá, no puede ser otra que la de afrontarlos serenamente con la voluntad de darles una salida positiva.
Situadas las cosas tal y como se han debatido esta tarde, uno llega a la conclusión, quizá un poco triste, de que, o bien eres parte del problema, o bien eres parte de la solución. Y, en la más tradicional y conocida de las actitudes políticas de nuestro grupo parlamentario, nos integramos nuevamente hoy en la segunda de las opciones. En nuestra modesta representación parlamentaria, deseamos ser solución y no precisamente ser problema. Por tanto, la primera de las consecuencias es obvia: desde el respeto a la argumentación expuesta, alguno de cuyos considerandos podemos incluso compartir en el ámbito del razonamiento, vamos a rechazar las dos enmiendas presentadas a la totalidad del proyecto de ley que comentamos.
¿Quiere esto decir, señor Presidente, señorías, que compartimos sin matiz alguno, sin discrepancia alguna, la literalidad del texto propuesto por el Gobierno? Ciertamente, no. Aquello que nos seduce, señor Presidente, es poder compartir con todas SS. SS., sin excepción alguna, la mejora posibilista de un texto deficiente que trata de regular una situación compleja hoy, más problemática mañana y tal vez inmanejable pasado mañana si hoy renunciamos a legislar sobre ella. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Decir no es fácil, tremendamente fácil; lo responsable es abrir la posibilidad de la coincidencia final desde la discrepancia inicial. Esta es nuestra apuesta respecto del proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos y ésta será nuestra inalterable voluntad a lo largo de todo el proceso legislativo.
¿En qué estamos de acuerdo? Ya lo he dicho, pero insisto en ello: estamos de acuerdo en la enunciación de los problemas detectados y en la necesidad de encontrarles una solución. Nosotros, como el Gobierno, somos favorables a dar cumplimiento a las exigencias del derecho a comunicar y a recibir información en el marco del artículo 20 de la Constitución; a defender, en consecuencia, el derecho de acceso de los medios de comunicación a los recintos deportivos para obtener información e imágenes que emitir en telediarios o noticieros radiofónicos; a la existencia de una contraprestación económica en favor de los correspondientes titulares de los derechos cuando se trate de emitir o retransmitir programas deportivos especializados por radio o por televisión; a introducir la calificación de interés general para los acontecimientos deportivos que tengan una especial relevancia o trascendencia social; y a que esa consideración de interés general comporte la retransmisión, en directo y en abierto, para todo el territorio del Estado.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de Lerma, le ruego que vaya concluyendo.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente, pero mi tiempo es mi tiempo y creo que no he consumido los diez minutos que me otorga el Reglamento. (Varios señores Diputados: ¡Tiempo! ¡Tiempo!) Compartimos con el Gobierno tanto la preocupación que el proyecto desea enjugar como la necesidad de afrontarla en el doble marco de lo que acontece en Europa en esa materia y en el de las características particulares que se dan en nuestro Estado. Pero esa coincidencia, lamentablemente, señorías, no se produce cuando descendemos a la ordenación temática del proyecto de ley y a su concreción redaccional.
Ahí la discrepancia no es anecdótica ni tan sólo de matiz, es una discrepancia conceptual y, por lo tanto, susceptible de instalarse en la lejanía si no acertamos en el encuentro de posicionamientos, hoy distantes por discrepantes.
El proyecto de ley, quiérase o no reconocerlo, tiene una carga intervencionista innegable por parte del Gobierno. Es el Consejo Superior de Deportes el que elabora el catálogo de los acontecimientos deportivos de interés general, y ha dicho el señor Vicepresidente del Gobierno que está dispuesto a revisar esta cuestión, pero es el Tribunal de Defensa de la Competencia el que dirime los conflictos derivados de la aplicación de ésta, en su caso, futura ley. Demasiado para poder ser digerido y excesivo, además, por inconstitucional, porque el obligado sometimiento al arbitraje del Tribunal de Defensa de la Competencia violenta gravemente la tutela judicial efectiva exigida por el artículo 24 de la Constitución. El arbitraje, por definición y por cautela constitucional, tiene carácter voluntario, jamás el de obligado sometimiento de las partes al mismo.
Además, el texto remitido por el Gobierno requiere de precisiones terminológicas suficientemente importantes. Así, insistentemente se habla de operador, cuando el Real Decreto-ley número l del año en curso le define como titular del servicio de acceso, olvidándose de la figura del programador o persona física o jurídica que elabora y gestiona contenidos audiovisuales, por ejemplo Televisión Española.
La propuesta del Consejo de Ministros se abstiene de concretar la periodicidad de elaboración del catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, creando una gran incertidumbre para clubes, sociedades deportivas, programadores y operadores. Mientras que, por el contrario, incrementa los criterios de inclusión en el aludido catálogo, yendo mucho más allá de las exigencias de la Unión Europea y creando encima un interés general sobrevenido que sólo inseguridad va a trasladar a los titulares de los derechos de emisión y retransmisión cuando se habla de la transcendencia de los resultados deportivos a efectos de participación en competiciones internacionales, pongamos por ejemplo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de Lerma, le ruego concluya.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentarlo.
Finalmente, tanto en el segmento del proyecto de ley referido a lo considerado como de interés general, como en el resto relativo a las retransmisiones deportivas por televisión de pago, el texto remitido por el Consejo de Ministros no tiene en cuenta el principio jurídico protegido por la Constitución de la no retroactividad de las normas. Tal y como se desprende de su simple lectura, la propuesta que debatimos afecta potencialmente a derechos adquiridos que ni son pocos ni son secundarios y, sobre todo, a la administración en el futuro de esos derechos, con lo que se produce --detectamos nosotros-- una nueva vulneración constitucional.
La propuesta del Gobierno, por otra parte, va mucho más allá que el objeto mismo que la promueve, según se explicita en su memoria y en su exposición de motivos. Estamos de acuerdo en que la importancia social de las retransmisiones audiovisuales de los acontecimientos deportivos exige, por una parte, proteger el derecho a la información, acuñar el concepto de interés general, asegurar que las competiciones así consideradas se emitan en directo y abierto y crear, como dice el proyecto, el correspondiente catálogo, pero no acertamos a comprender...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de Lerma, S. S. debe concluir.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, la diferencia entre la fijación de posición y la defensa de una enmienda de totalidad es de cinco minutos, y no creo que esa diferencia se observe en mi intervención, con todos mis respetos. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio, señorías! Su señoría ha rebasado con creces el tiempo del cual disponía y que me recordó al principio de su intervención. Le ruego concluya y lo haga además de forma inmediata, señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Voy a concluir, señor Presidente.
No acertamos, por tanto, a comprender por qué, una vez regulado todo esto, el Consejo de Ministros nos propone además que aprovechemos el trayecto para ordenar una nueva televisión, que es la denominada digital, mediante un producto final socialmente sustantivo y económicamente sustancioso, como es la retransmisión de acontecimientos deportivos.


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Tenemos, por tanto, una contradicción conceptual evidente, señor Presidente, pero nosotros vamos a practicar una máxima del escritor catalán Brudet Sala: pluralismo sin consenso es irresponsabilidad. Así, desde la coincidencia y desde la discrepancia, porque tenemos coincidencias y discrepancias, intentaremos contribuir al equilibrado nacimiento de una ley.
En conclusión, señor Presidente, vamos a intentar la no fácil operación de posibilitar el promedio entre la futilidad del incensario y la avalancha estéril de la verborrea.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias por su amabilidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Troconiz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a pesar de haber recibido serias amenazas contra mi integridad por parte de viejas amistades en relación a la duración de mi intervención, que necesariamente ha de convertirse en más larga de lo pensado como consecuencia de los protocolos y liturgias parlamentarias y como consecuencia de la intervención de quien me ha precedido en uso de la palabra, me veo obligado a subir a la tribuna. Espero que estas personas que me amenazaron seriamente sepan comprenderme y, por consiguiente, perdonarme. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la razón de ser de las enmiendas a la totalidad estriba en que no están de acuerdo con los principios, el espíritu o la oportunidad del proyecto de ley remitido por el Gobierno. Nos encontramos con un proyecto de ley que regula, por una parte, el acceso de los medios de comunicación a los recintos donde se celebran espectáculos o competiciones deportivas de carácter profesional, oficial, de ámbito estatal, o bien en las cuales esté involucrada alguna de las selecciones españolas. En este sentido, ya la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 20 de marzo de 1996, como ha tenido ocasión de recordar el Vicepresidente Primero del Gobierno, ha decidido el libre acceso de los medios de comunicación a los estadios, a los recintos donde se celebran acontecimientos deportivos para facilitar la libre obtención de informaciones. Bien es cierto que es discutible si estamos en un supuesto del artículo 20 de la Constitución, en cuanto derecho a la información o en cuanto un supuesto de derecho a obtener información, cual ciertamente es distinto. Por esto, el Gobierno no ha querido pillarse los dedos, cometer un traspiés. Ha querido curarse en salud --y bien lo ha hecho-- calificando al principio el proyecto como ley orgánica y corresponderá a esta Cámara, en su caso, decir que se tramite como ley ordinaria. ¿Podemos decir que no es oportuno, en función de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que este Parlamento regule el libre acceso de los medios de comunicación a los estadios y a los recintos donde se celebran acontecimientos deportivos? Creo, sinceramente, que es oportuno, útil y necesario realizarlo, y además en los términos en que aquí se verifica.
El proyecto de ley también regula el que se elaboren programas deportivos especializados, en régimen de igualdad para todo aquel que quiera hacerlo, siempre y cuando preste su consentimiento el titular del derecho a la explotación de su radiodifusión. ¿Es inoportuno, es inútil? ¿No estamos de acuerdo con el espíritu o con los principios de este precepto? Señoras y señores Diputados, nosotros sí estamos de acuerdo con los principios, con el espíritu, y nos parece, además, que es oportuno que así se haga.
Recientemente, el Reino Unido, en su ley de radiodifusión de 1996, ha establecido que determinados acontecimientos deportivos se declaren de interés general, y su calificación corresponde nada menos que al Secretario de Estado del deporte --Secretario de Estado del deporte--, miembro directo del Gobierno en el Reino Unido. Por consiguiente, nos parece oportuno, útil, necesario --y, desde luego, convenimos absolutamente con los principios y el espíritu de este proyecto de ley-- que en España se regule, a través de un catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, que deban ser retransmitidos necesariamente en abierto, para todo el territorio del Estado y con carácter directo. Y España no inventa nada, no innova nada. ¿Es acaso inoportuno, debemos esperar a que se regule a través de una directiva europea? Señoras y señores Diputados, la directiva europea lo que va a regular es que este tipo de acontecimientos deportivos deban retransmitirse necesariamente en otros Estados de la Unión Europea, no en lo que se refiere al conjunto de cada país, internamente en cada país.
Por eso, nos parece útil, necesario, oportuno y beneficioso. Es cierto --y es preciso reconocerlo-- que no es un problema que exista hoy en España que aquellos acontecimientos deportivos de interés general no se den en abierto, en directo y para todo el territorio del Estado, pero bueno es prevenir para que, posteriormente, no tengamos que arrepentirnos de no haberlo hecho a tiempo, y es cuando sí se producirían, en su caso, posibles situaciones expropiatorias. Es más, hoy día existe un régimen de cesiones entre los diferentes operadores de radiodifusión para cederse sus derechos respectivos de explotación, en función de los propios contratos que realizan entre ellos. No podemos jamás pensar que existe ningún tipo de expropiación.
Los acontecimientos de interés general que el proyecto de ley concibe como de importancia social son aquellos que tienen una especial atracción sobre la audiencia, aquéllos que tienen una importancia en el ámbito

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deportivo correspondiente, aquellos que tienen una especial tradición deportiva, aquellos que tienen una especial trascendencia en cuanto a clasificación de equipos españoles en competiciones internacionales. Por supuesto, en el Grupo Parlamentario Popular estamos absolutamente abiertos a concretar, a introducir otros conceptos que puedan hacer más específico lo que pueda considerarse como eventos de interés general, a efectos de reducir al mínimo --porque no queremos en absoluto que exista-- la posibilidad de ningún tipo de arbitrariedad, y ni siquiera de discrecionalidad.
¿Y a qué órgano se lo encomendamos? Al Consejo Superior de Deportes, que, como ustedes saben, señoras y señores Diputados, se compone de dos órganos básicos: presidente y comisión directiva. Por cierto, he de recordarles que la comisión directiva se regula por un real decreto de 16 de octubre de 1992. Es un órgano plural, un órgano, en principio --y así debe ser--, aséptico; pero no hacemos en absoluto cuestión ni Estado de quién debe ser el órgano que califique los acontecimientos deportivos como de interés general. Queremos --eso sí-- que sea un órgano independiente al máximo posible, que sea un órgano de expertos, para que aquellos acontecimientos que se califiquen como de interés general efectivamente lo sean y completen la gran atracción sobre la audiencia que queremos que reporten. ¿Podemos decir que no es oportuno, que no es prudente, que no es útil regular en este momento este tipo de acontecimientos de interés general? Señoras y señores Diputados, seriamente, creemos que no.
Por otra parte, también se ocupa la ley de qué va a ocurrir, en este caso, con aquellos operadores que hayan adquirido una exclusiva en derechos de retransmisión. No sucede nada en concreto, porque no se expropian sus derechos en absoluto. Sin embargo, deben sujetarse a aquello que acabo de señalarles en relación a los acontecimientos de interés general, como es lógico, natural y necesario, si queremos que la ley surta eficacia en el futuro. También estamos abiertos a hablar de titulares de derechos de explotación, operadores y programadores de televisión. No podemos en absoluto --y como dice el proyecto de ley-- ceñirnos exclusivamente a clubes o sociedades deportivas.
Queremos que la ley sea precisa, eficaz y desde luego que sea operativa, en bien fundamental y esencialmente de los aficionados al deporte en España, para que puedan contemplar deporte, sus deportes favoritos en directo, en abierto y, por supuesto, gratis. Además --y en esto engarza el artículo 6 del proyecto de ley--, que todos aquellos aficionados al deporte, señoras y señores Diputados, ténganlo en cuenta, competiciones oficiales, competiciones profesionales, y que abarcan todo el territorio del Estado, tengan la posibilidad de acceder, aquel que quiera, esté suscrito o no, utilice un sistema u otro de obtención de señal de televisión, sea por cable, o terrestre. Que tenga la posibilidad de hacerlo. Es el elemento fundamental y no nos parece en absoluto que contradiga la libre competencia, porque si la libre competencia fuese aquello que decide el Tribunal de Defensa de la Competencia, que debiésemos todos y cada uno de nosotros negarnos a acudir a la Ley de Defensa de la Competencia, de 19 de julio de 1989, para decidir qué es una cosa o qué es la otra, poco avanzaríamos. Es la ley, y no podemos engañarnos. La ley norteamericana reguladora de los operadores por cable, de 1992, establece una normativa muy clara y muy precisa en lo que se refiere a evitar prácticas restrictivas de la competencia sin necesidad de acudir a los tribunales, allí de justicia, aquí administrativos, cual es el de Defensa de la Competencia.
También se ha dicho --y efectivamente puede ser así-- que la remisión al arbitraje del Tribunal de Defensa de la Competencia --que, por cierto, permite, y en directo, el artículo 25 de su ley reguladora-- podría al menos incidir en ciertas suspicacias. Por eso estamos abiertos a corregir el precepto para, a través de sumisiones presuntas, a través de las fórmulas jurídicas que SS. SS. tengan por conveniente, evitar cualquier tipo de traspiés en este precepto, que puede además dar una enorme virtualidad en el futuro jurídico de la aplicación del Derecho en España, a obtener procedimientos rápidos, eficaces y operativos.
Por consiguiente, señoras y señores Diputados, el proyecto nos parece oportuno. Estamos de acuerdo con sus principios y con su espíritu, y el Grupo Popular va a votar a favor del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Troconiz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí, señor Presidente. Concluyo inmediatamente.
Vamos a rechazar las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En cuanto al Grupo Socialista porque, lamentándolo, no podemos en absoluto compartir su criterio, ya que el proyecto nos parece oportuno y útil, y lo que no podemos, por otra parte, compartir es que a ustedes no se lo parezca, y más aún, en función de la argumentación que han realizado desde la tribuna.
Señor Presidente, no quiero incurrir en algún supuesto de los artículos 73 ó 71, sin necesidad tampoco de invocar el 72.l y el 72.2.
En relación a la enmienda con texto alternativo que formula el Grupo de Izquierda Unida, he de decirles, señoras y señores Diputados, que ciertamente nos parece un proyecto ambicioso, digno de ser tomado en consideración, pero no es el momento oportuno. Vayamos por pasos ciertos, vayamos por pasos que no den lugar a ningún tipo de equívocos; no queremos equivocarnos. Empecemos con el deporte, que tampoco contempla

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todo, y vayamos más adelante contemplando otro tipo de supuestos.
Señoras y señores Diputados, por consiguiente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de ambas enmiendas de totalidad. Por supuesto, nos mostramos absolutamente abiertos para enriquecer el proyecto, para que pueda ser un proyecto de toda la Cámara, y anunciamos nuestro rechazo a las enmiendas formuladas por ambos grupos parlamentarios.
Señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos.)

--PROPOSICION DE LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 62 DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS (Número de expediente 125/000005)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Concluido el debate de totalidad del proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, pasamos al debate de la proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, a la que se ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de Izquierda Unida al presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo a esta iniciativa del Parlamento de Canarias no era confrontarse con el principio que venía del Parlamento canario por unanimidad, participar en las empresas públicas en Canarias, que eran del Estado; nuestro objetivo era una ley general para que todas las comunidades pudieran participar.
Por tanto, vamos a retirar esta enmienda a la totalidad y vamos a trabajar en las enmiendas al articulado para intentar que esta ley pueda ser útil para Canarias. Anunciamos ya que presentaremos 16 proposiciones de ley para que todas las comunidades autónomas puedan tener también participación en las empresas públicas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Retirada la enmienda, vamos a proceder a las votaciones de todas las enmiendas de totalidad presentadas en el punto VIII del orden del día y debatidas esta tarde.
Votaciones de las enmiendas de totalidad presentadas a los proyectos debatidos. En primer lugar, votación de la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, al proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 300; a favor, dos; en contra, 293; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Votación sobre las enmiendas de totalidad de devolución presentadas por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos. 301; a favor, 128; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones acontecimientos deportivos.
Votamos, en primer lugar, la enmienda de devolución del Grupa Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos. 300; a favor, 126; en contra 172; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución del Grupo Socialista.
Votación sobre la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 301; a favor, 127; en contra, 171; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A 1993 Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA MISMA (Número de expediente 250/000002)

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El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Informe anual sobre la Cuenta General del Estado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, para que pueda comenzar el debate sobre el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a 1993 y resoluciones adoptadas por la Comisión.
Cuando quiera.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad tomo la palabra para señalar que nuestro grupo votará favorablemente el dictamen que la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas ha elevado sobre la gestión del sector público de 1993, sobre la Cuenta General del Estado, sobre las cuentas de los organismos autónomos administrativos, comerciales, industriales y financieros, así como las cuentas de la Seguridad Social.
Nuestro grupo parlamentario quiere llamar la atención sobre el hecho paradójico de que el Parlamento dedica sesiones intensas y extensas de varios meses a la confección del presupuesto y, en cambio, el tiempo dedicado a la crítica del mismo es escaso.
Esperamos en el futuro, dicho sea con respeto y afán constructivo, una mayor dedicación a este importantísimo acto de fiscalización presupuestaria, porque, señorías, hay muchas disfunciones, muchos olvidos de los principios que deben informar la elaboración y rendición de las cuentas, deficiencias de funcionamiento, especialmente en organismos autónomos, etcétera.
Esperamos que se dicten medidas de tipo legal, necesarias para una óptima aplicación de normas de gestión, así como que se apliquen medidas sancionadoras contra los responsables del incumplimiento de los elementales principios de contabilidad pública, que restan agilidad para lograr que se refleje una imagen fiel de la vida presupuestaria del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente al dictamen elaborado por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado y el informe de la cuenta anual correspondiente al ejercicio de 1993.
Nuestro grupo, no obstante, continúa pensando que, a pesar de que todos los grupos políticos estamos estudiando fórmulas para poder mejorar el desfase que se produce en un debate tan importante como el que estamos realizando respecto a las cuentas del año 1993, este es un debate que está devaluado en el tiempo por la forma. Estamos en 1997 y se está manteniendo un debate respecto a las cuentas de hace cuatro años, de 1993.
También es muy crítico nuestro grupo con el fondo de este informe emitido por el Tribunal de Cuentas, ya que en él se incorporan aspectos tales como las graves carencias de algunas cuentas de organismos autónomos, la falta de concordancia entre entidades pagadoras y receptoras en lo que se refiere a transferencias internas, importantes errores en el área del inmovilizado, defectos de imputación de importantes cuantías a organismos autónomos administrativos. Y continuamos considerando inadmisible que haya organismos autónomos que no presenten sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas, concretamente dos.
Queremos asimismo hacer notar el desajuste presupuestario en cuanto al déficit público previsto para el año 1993. Estaban previstos 1,8 billones de pesetas y ha quedado finalmente contabilizado un déficit de 4,4 billones, una desviación presupuestaria del 140 por ciento. Todo ello nos lleva a la conclusión, en nuestro grupo parlamentario, de que hay excesivos fallos y defectos a la hora de la presentación de los estados financieros y que la cuenta general es defectuosa y poco transparente.
Por todo ello, nuestro grupo ha presentado una serie de iniciativas y de propuestas de resolución, aprobadas en la Comisión, orientadas a continuar en un proceso de mayor adecuación temporal para poder cumplimentar todos los plazos, aspectos relativos a la fiabilidad de la cuenta respecto al inmovilizado material --o sea, todo lo que es el Patrimonio del Estado--, mayor control, exigencia y responsabilidad en cuanto a las cuentas generales de los organismos autónomos.
Todas estas consideraciones esperamos que sean perfectamente resueltas a lo largo de toda esta legislatura. No obstante vamos a votar favorablemente a la cuenta y al informe anual del año 1993.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Empiezo sumándome a las manifestaciones del portavoz de Coalición Canaria y mostrando la evidencia de la falta de respeto parlamentario que se tiene a este debate, que contrasta con la ostentación que se hace cuando se presentan ante el Parlamento los presupuestos generales del Estado.


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El despliegue de medios informativos, con foto incluida de todos los volúmenes de los presupuestos, contrasta, repito, con este debate parlamentario que queda reducido a un simple trámite. Además, en esta sesión ha quedado mucho más devaluado, dada la hora y la negativa de algún grupo a aplazarlo. De esta manera creemos que se hace un flaco favor al Parlamento. Cuando se presentan los presupuestos se cansan de repetir los portavoces que los parlamentos nacen en función de los presupuestos, pero tan importante como su aprobación es su control y su desarrollo.
También, en el propio informe del Tribunal nos encontramos con elementos que demuestran claramente el desprecio que han tenido los gobiernos anteriores en la ejecución de los presupuestos al papel del Parlamento.
Cuando la Administración central debería ser un ejemplo para el resto de las instituciones, para el resto de los ciudadanos, nos encontramos con elementos que ponen en evidencia claramente a quienes nos han gobernado.
El Tribunal pone de manifiesto que durante el ejercicio que aquí se valora se han aprobado tres decretos que implican la autoconcesión por parte del Gobierno de suplementos de crédito o de créditos extraordinarios que rompían lo que la Ley de presupuestos establecía, lo que para nosotros constituye una burla al poder exclusivo que la Constitución otorga al Parlamento. Como decía, para nuestro grupo sobran declaraciones pretenciosas a la hora de presentar los presupuestos y falta, sobre todo, rigor, darle el valor que el Parlamento necesita a la hora de controlar el presupuesto. Nos encontramos con que esta práctica, que ha sido habitual en los gobiernos del PSOE, ha tenido su continuación en el Gobierno del Partido Popular, como se demuestra en el crédito de más de 1.000 millones de pesetas que se ha concedido para celebrar de forma ostentosa la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en nuestro país en el próximo mes de junio.
Por otra parte, con el artículo 10 de la Ley de Presupuestos se ha demostrado ser oportunista, porque ha sido inútil, ya que ha establecido una aparente disciplina del gasto cuando luego la realidad demostraba que lo que originaba eran triquiñuelas contables para gastar en un ejercicio y luego situarlo en el ejercicio siguiente. Esto ha producido una bola financiera que ha llegado a alcanzar, según se nos informa, en el año 1993 unos 160.000 millones de pesetas.
Queremos señalar, como se desprende del informe, que la Agencia Tributaria ha puesto en evidencia su mal funcionamiento, su deficiencia en materia de control interno y en la tramitación de los expedientes.
Este hecho ha puesto de manifiesto lo fundado de nuestras críticas a la organización y al funcionamiento de la citada Administración tributaria que, por otra parte, está en la base de los retrasos de las liquidaciones de determinados expedientes.
Hacemos asimismo una llamada sobre el mal funcionamiento, el mal control, la mala gestión de los fondos militares en el extranjero, porque no ha existido justificantes del dinero gastado en el año 1985, habiendo un saldo permanente de 19.000 millones. El propio Tribunal se pregunta a qué razón obedece. No podemos por menos que preguntarnos qué se ha estado haciendo con ese dinero, pregunta que debe tener una respuesta por parte del actual Gobierno y que nosotros intentaremos aclarar.
Mucho más grave para nosotros es la situación de la Gerencia de la Infraestructura de la Defensa, en concreto, el Tribunal detecta la falta de control contable sobre los bienes a gestionar, que es prácticamente inexistente, ya que incumple los principios recogidos en la normativa, implicando un grave riesgo adicional por el tipo de operaciones efectuadas con estos bienes. En definitiva, para Izquierda Unida, a tenor de la denuncia del Tribunal, la gestión del gasto militar demuestra unos niveles de irregularidad y de falta de control muy graves que ponen en cuestión no solamente a los encargados de su gestión, sino a los responsables políticos, que eran sus máximos responsables.
Por todo esto, señorías, Izquierda Unida no puede votar favorablemente estas cuentas y, en consecuencia, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Touriño.


El señor PEREZ TOURIÑO: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, viene a este Pleno el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado para 1993 y viene tras haber sido debatido ampliamente y aprobado en dicha Comisión Mixta; aprobado, en definitiva, la Cuenta General del Estado para 1993, la de los organismos autónomos, industriales, comerciales y financieros, y las cuentas de la Seguridad Social. Debatidas y aprobadas, por tanto, en la correspondiente Comisión, hoy corresponde a este Pleno tomar en cuenta este dictamen y adoptar una posición respecto al mismo.
Desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, estas cuentas merecen la aprobación de este Pleno porque han superado favorablemente lo que constituyen los cuatros grandes objetivos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas. Han superado el primero de los objetivos que hace referencia a la necesidad de que las cuentas del Estado sean conformes en estructura, contenido y plazo con la normativa vigente que le es de aplicación, y deben saber SS. SS. que estas cuentas, en efecto, cumplen rigurosamente este requisito. De hecho, así lo dice el tribunal. Tan sólo dos de los organismos autónomos han presentado sus cuentas fuera de plazo, bien es cierto que posteriormente se incorporan

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con la aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado y gozan de corrección, y en dos organismos autónomos, tan sólo en dos, se encuentran defectos de carácter sustantivo por parte del Tribunal de Cuentas. Por tanto, respecto al primero de los objetivos, cabe subrayar que estamos hablando de organismos que significan el 2,3 por ciento de los créditos iniciales totales del sector.
Pero no solamente cumplen con este primer objetivo a juicio del Tribunal de Cuentas, sino que, en realidad, las cuentas de 1993 son conformes también con el segundo gran objetivo y principio: el de consistencia y coherencia de las cuentas generales del Estado. Son consistentes porque también, salvo alguna limitación referente a discordancias entre organismos que son al mismo tiempo receptores y pagadores de fondos que con carácter posterior, por cierto, han presentado estado de conciliación, alcanzan este objetivo.
En relación con los otros dos objetivos, con el de cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable y con el último objetivo de reflejo, fiel o no, de la situación económico-financiera y patrimonial de las cuentas del Estado, cabe decir que estamos ante un tema en el que se han planteado algunas discordancias, a las que me referiré muy brevemente, entre la IGAE, Intervención General de la Administración del Estado, el propio Gobierno que presenta estas cuentas y rinde las mismas y los criterios del Tribunal de Cuentas; diferencias de criterio de tipo conceptual en algunos casos; diferencias de criterio en cuanto a la imputación de gastos, en otros; y diferencias de criterio en cuanto a la fase temporal de imputación, en tercer lugar. Diferencias de criterio, en todo caso, que algunas de ellas han sido ya superadas por la propia concordancia posterior entre el Tribunal de Cuentas y el Gobierno; y diferencias de criterio que han sido corregidas, en algunos casos también, por el nuevo plan de contabilidad pública que, promulgado en el año 1994, entra en vigor con efectos en 1995.
Por otra parte, se insiste múltiples veces en una crítica a la liquidación de estos presupuestos, desde la perspectiva de algunos portavoces de otros grupos parlamentarios, señalando el elevado nivel de modificaciones de crédito que estas liquidaciones plantean. Pero, señorías, hay que hacer las cuentas con rigor y con corrección. Cuando el propio tribunal reconoce que no se pueden hacer contabilizaciones dobles del 23 por ciento que significan estas modificaciones sobre el crédito inicial, ya rebajamos 5 puntos y nos encontramos con el 17 por ciento. Si excluimos, porque son carentes de significación, los pasivos financieros, realmente nos estamos moviendo en un nivel de modificación en créditos del 11 por ciento sobre los créditos iniciales; un nivel de modificación que obviamente es necesario siempre tender a mejorar, pero que en todo caso está dentro de los límites de lo razonable en la gestión de un presupuesto en cualquier Administración pública.
Por último yendo a los elementos más sustantivos respecto al reflejo fiel de la situación económico-patrimonial, las cuentas del Estado para 1993 tienen como característica fundamental dos o tres elementos. Estamos hablando de unas cuentas que plantean un déficit significativamente alto y desviado respecto a las previsiones iniciales del Gobierno. Esto es así porque en estas cuentas hay un esfuerzo de regularización presupuestaria que el propio Tribunal de Cuentas califica de positivo e ineludible porque hay un incremento muy importante de la aportación de la financiación estatal al desempleo. Y esta desviación en forma de financiación estatal al desempleo se da, señorías, porque, como recordarán todos muy bien, en los años 1992 y 1993 hay un cambio importante en la coyuntura económica, en el ciclo económico, a nivel de los países desarrollados y de los europeos en particular, que golpea con especialidad intensidad a nuestro país. Ello conduce a la necesidad de promulgar hasta tres decretos-leyes que permiten atender esta desviación en los gastos de desempleo. No estamos, por tanto, ante un problema de gestión inadecuada o ineficiente, señorías; estamos ante un cambio en profundidad en la evolución del ciclo económico que obliga a modificar las previsiones que el presupuesto contiene y obliga a tomar las medidas necesarias para atender a esos gastos de desempleo. Y eso es lo que significan los tres decretos-leyes, bien alejados de la política del actual Gobierno que plantea una marginación sistemática reiterada del Parlamento a través de la promulgación de una cadena continua, como hoy hemos tenido ocasión de ver, de decretos-leyes.
El tercero de los aspectos sustantivos al que quiero hacer referencia es el relativo al pretendido exceso de liquidez en estas cuentas del año 1993 presentadas y rendidas por el Gobierno.
Es un planteamiento que con fruición --yo creo que con tanta fruición como debilidad argumental-- ha defundido el portavoz del grupo parlamentario popular, al que tengo que decir que estamos ante una medida de responsabilidad de gobierno, ante una medida cautelar. Cuando al año siguiente, 1994, va a entrar en vigor la Ley de Autonomía del Banco de España, es totalmente coherente y razonable que el Gobierno, que tiene que asumir la responsabilidad de la gestión presupuestaria, tome medidas cautelares garantizando un excedente de liquidez razonable sobre la liquidez normal, cuando en tiempos anteriores se venía pudiendo recurrir al Banco de España.
Concluyo, señorías. Estamos ante un informe de fiscalización que, a nuestro juicio, merece la aprobación por el Pleno de la Cámara.
Evidentemente son cuentas mejorables y perfeccionables. Y le recomiendo al portavoz del Grupo Popular que nos evite la monótona y extemporánea reiteración de las excelencias de las cuentas del gobierno para el año 1996, porque tiempo

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habrá, señorías, cálmense, para que vengan aquí las cuentas de 1996 y entonces podremos saber cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas respecto a las mismas en el año correspondiente. Les aseguro, señorías, que lo mejor que le podría pasar al Grupo Parlamentario Socialista es tener entonces la oportunidad de votar favorablemente esas cuentas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Como es evidente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente el dictamen elaborado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, con lo que está votando también favorablemente el informe emitido por el Tribunal de Cuentas respecto a las cuentas de 1993.
Se quejaba el portavoz del Grupo de Coalición Canaria de la enorme expectación que despiertan y el tiempo que se invierte en los debates de presupuestos y el poco tiempo relativo que se invierte en los debates para controlar lo que se ha hecho con los presupuestos. Evidentemente, las cuentas del año 1993, según el informe emitido por el Tribunal, no se parecen en nada a los presupuestos elaborados por esta Cámara. Por tanto, estamos hablando de dos situaciones radicalmente distintas.
Votar a favor del informe emitido por el Tribunal de Cuentas, que es lo mismo que votar a favor del dictamen emitido, no quiere decir que por parte del Grupo Popular y del resto de los grupos parlamentarios se admita que estamos ante unas cuentas limpias, detalladas y perfectas. Es evidente que hay una corrección contable en la presentación de las cuentas, pero es también evidente que los distintos acuerdos tomados por la comisión del tribunal --en número de 11-- ponen de manifiesto las enormes carencias y defectos de las cuentas y de la gestión realizada por el gobierno socialista en l993.
No quiero cansarles con cifras ni quiero volver a repetir argumentos ya dichos en las dos sesiones dedicadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas a este informe, pero lo resumiría en una partida concreta. El incremento neto de endeudamiento que se produce por la gestión del gobierno socialista, durante el año 1993, eleva la cifra de endeudamiento en 6 billones 377.000 millones de pesetas. Esta no era la cifra de déficit, y por tanto de endeudamiento, prevista en los presupuestos. Y la gestión realizada por el gobierno socialista, en 1993, tuvo como consecuencia este enorme endeudamiento que evidentemente no se paga en el ejercicio siguiente, que genera deuda que todavía se está pagando. Se produce un endeudamiento además innecesario, que es de 2,6 billones de pesetas. Decía el señor Pérez Touriño: Como entra en vigor la Ley de Autonomía del Banco de España --lo cual significa que el Gobierno ya no puede utilizar las cuentas del mismo para obtener tesorería y operar en descubierto con el Banco de España--, el Gobierno, en 1993, decide dotarse de un colchón de 2,6 billones de pesetas para seguir gastando y endeudándose en ejercicios futuros.
Evidentemente el Gobierno, en 1994, ya que no podía recurrir a ese endeudamiento continuado en cuenta corriente, podía haberse acogido a una política de contención del gasto, de austeridad en el gasto público, de gestión más eficaz de los recursos y, por tanto, de reducción del déficit.
Tengamos en cuenta que otra de las características del Grupo Socialista en el análisis de las cuentas de 1993 es referirse a la gestión del señor Solchaga, como Ministro de Hacienda, como si nada tuviera que ver con la gestión de los ministros que lo sustituyen y plantear una continuada mejoría o maquillaje de las distintas cuentas. Lo cierto es que no se arreglaron los desplazamientos contables en el ejercicio de 1993, que se resolvieron determinados déficit, no aflorados, en el ejercicio de 1992, pero que se desplazaron hacia ejercicios futuros nuevos déficit, que ese desplazamiento hacia ejercicios futuros no ha sido posible reconducirlo por los gobiernos socialistas y ha llegado un desplazamiento importante de gastos de ejercicios anteriores que ha tenido que asumir el Gobierno del Partido Popular. Le guste o no al señor Pérez Touriño, lo cierto es que durante el año 1996 se han corregido esos desplazamientos; y le guste o no al señor Pérez Touriño, lo cierto es que el Gobierno Popular, durante el año 1996 y lo transcurrido de 1997, ha arreglado muchos de los desaguisados que plantea el Tribunal de Cuentas y que, por tanto, las cuentas que presente de ese ejercicio, del que sólo es responsable en parte, serán mucho mejores y tendrán menos objeciones que las realizadas por los gobiernos socialistas. Al final de la gestión que se realiza, sea de dinero público o privado, lo que tiene que quedar claro es qué endeudamiento se traspasa a los gobiernos posteriores, qué endeudamiento se traspasa a las generaciones posteriores. El gobierno socialista, en el año 1993, traspasó a las generaciones posteriores un endeudamiento neto de 6 billones 377.000 millones que todavía estamos pagando. No creo que con estas cifras pueda presumirse de haber realizado una buena gestión de las cuentas públicas.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado

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correspondiente a 1993 y resoluciones adoptadas por la misma.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 247; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen y las propuestas de resolución de la Comisión.
Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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