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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 139, de 25/02/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 139

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 134

celebrada el miércoles, 25 de febrero de 1998

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo firmado en La Paz el 30 de junio de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 147, de 1 de diciembre de 1997 (número de expediente 110/000147) (Página 7293)

--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 149, de 12 de diciembre de 1997 (número de expediente 110/000148) (Página 7293)

--Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 150, de 12 de diciembre de 1997 (número de expediente 110/000149) (Página 7293)

Página 7288


--Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, hecho en Bruselas el 15 de mayo de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 151, de 12 de diciembre de 1997 (número de expediente 110/000150) (Página 7293)

--Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 14 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 152, de 12 de diciembre de 1997 (número de expediente 110/000151) (Página 7293)

Preguntas (Página 7294)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad económica de toda la población a los mismos (Página 7318)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (Página 7327)

--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (Página 7339)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 7293)

Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo firmado en La Paz el 30 de junio de 1997 (Página 7293)

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Página 7293)

Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1997 (Página 7293)

Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, hecho en Bruselas el 15 de mayo de 1997 (Página 7293)

Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 14 de abril de 1997 (Página 7293)

Sometidos a votación los diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.


Preguntas (Página 7294)

Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la situación de paro estructural? (Número de expediente 180/001025) (Página 7294)

Página 7289


Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación a los últimos acontecimientos de la crisis de Naciones Unidas e Irak? (Número de expediente 180/001030) (Página 7295)

Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree usted que el sistema sanitario público debe quedar sólo para las enfermedades graves? (Número de expediente 180/001041) (Página 7296)

De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la actitud del Ministerio de Justicia en relación a la protección de diversos testigos de los sumarios donde se investigan los delitos cometidos por los GAL? (Número de expediente 180/001027) (Página 7297)

De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Por qué ha paralizado el Gobierno el procedimiento para la aprobación reglada de las plantillas de puestos de trabajo del personal funcionario de Justicia dependiente de la Administración Vasca? (Número de expediente 180/001028) (Página 7298)

Del Diputado don Juan Francisco Ibáñez Haro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué conclusiones se han sacado, hasta la fecha, del análisis de los vuelos realizados en el prototipo español DA-6 del avión Eurofigth-2000, fabricado en España? (Número de expediente 180/001037) (Página 7299)

Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el convenio de colaboración para 1998, suscrito entre la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Tráfico? (Número de expediente 180/001039) (Página 7300)

De la Diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previsto aprobar el Ministerio de Fomento en relación con las infraestructuras comunitarias autónomas de comunicación que tienen por objeto regular la instalación de antenas parabólicas en los edificios? (Número de expediente 180/001034) (Página 7301)

Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué estado se encuentra el proyecto de ampliación de la terminal de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas? (Número de expediente 180/001035) (Página 7302)

Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Por qué ha suspendido cautelarmente la Comisión Europea las ayudas a la Compañía Trasmediterránea? (Número de expediente 180/001046) (Página 7303)

De la Diputada doña Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué opinión le merecen las recientes irregularidades de Telefónica sin perjuicio de los usuarios del servicio? (Número de expediente 180/001047) (Página 7303)

Del Diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Sostiene el Sr. Ministro que no se vulneró la legislación sobre la televisión privada en la toma de participación de Telefónica

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en el capital social de Antena 3 TV? (Número de expediente 180/001048) (Página 7304)

Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Por qué autorizó el Gobierno la compra por Telefónica de Antena 3 TV? (Número de expediente 180/001049) (Página 7305)

De la Diputada doña Rosa Isabel Díez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas generales del nuevo Plan Nacional de Formación Profesional? (Número de expediente 180/001031) (Página 7306)

Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué aceptación ha tenido en el Comité Veterinario de la Unión Europea el «Marco Nacional de Actuaciones para la lucha contra la Peste Porcina Clásica», presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? (Número de expediente 180/001032) (Página 7308)

Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las reformas fiscales que rebajan la fiscalidad de los pequeños agricultores? (Número de expediente 180/001033) (Página 7309)

Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la propuesta del Reino de Marruecos de ampliar, nuevamente, de dos a cuatro meses la parada biológica? (Número de expediente 180/001050) (Página 7310)

Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la propuesta de Gran Bretaña de elaboración de un Código de Conducta que establezca criterios comunes en la exportación de armas a terceros Estados? (Número de expediente 180/001029) (Página 7311)

Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos pretende el convenio para la formación, firmado entre la Escuela Nacional de Sanidad y el INSALUD? (Número de expediente 180/001038) (Página 7312)

De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Por qué han suprimido la participación de los expertos, agentes sociales y Comunidades Autónomas en la elaboración de la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública? (Número de expediente 180/001042) (Página 7313)

Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Considera el Gobierno que los 869 medicamentos excluidos de la financiación pública tienen nulo valor terapéutico? (Número de expediente 180/001043) (Página 7314)

Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Con qué criterios ha decidido el Sr. Ministro de Sanidad y Consumo qué enfermedades son graves y cuáles leves? (Número de expediente 180/001044) (Página 7315)

Del Diputado don José Antonio Griñán Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Cuál va a ser el impacto económico del «recetazo»

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sobre las pensiones de los jubilados? (Número de expediente 180/001045) (Página 7316)

Interpelaciones urgentes (Página 7318)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad económica de toda la población a los mismos. (Página 7318)

La señora Maestro Martín presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque las respuestas en torno a la medida de exclusión de un listado de 869 fármacos de la financiación pública que el señor ministro está reiterando en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación están creando una enorme inquietud en la población e introduciendo argumentos absolutamente falsos, según su opinión.
Hace una serie de preguntas al señor ministro de Sanidad sobre la bonanza económica y su repercusión en los servicios sociales y afirma que se excuyen medicamentos eficaces y se mantienen otros que son el paradigma de medicación irracional y, además, con efectos secundarios, añadiendo que ni este decreto ni el que publicó el Gobierno socialista en 1993 tienen nada que ver con el uso racional del medicamento.
Anuncia que va a pedir responsabilidades al señor ministro porque lo que se pretende hacer no sólo es un atentado económico contra los ciudadanos, sino también un atentado contra su salud. Por otro lado, pone de relieve que uno de los elementos fundamentales del gasto farmacéutico es, en su opinión, el hecho de que los médicos prescriptores estén sometidos casi en su totalidad a la presión de la industria farmacéutica y que el elemento fundamental del uso irracional del medicamento es la publicidad de medicamentos ineficaces en medios de comunicación. Considera urgente e imprescindible que se retire la lista de medicamentos excluidos y se aborde de una vez por todas una política de uso racional del medicamento, porque está convencida de que el objetivo que persigue el Gobierno no es económico sino el de colaborar con la industria farmacéutica en una importante reestructuración de la misma.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaria) diciendo que la situación del gasto farmacéutico en España es muy grave desde hace mucho tiempo y da una serie de cifras desde 1986 hasta nuestros días, aludiendo especialmente al año 1993 cuando el Gobierno socialista se vio obligado a actuar con una medida similar a la actual que, sin embargo, no fue suficiente. Añade que se ha llegado a una situación en la que el gasto farmacéutico supone el 25 por ciento del gasto sanitario público total, lo que exige una política farmacéutica integral que afronte la cuestión, y esa política integral es la que está desarrollando este Gobierno. Contesta a la señora interpelante en el sentido de que no es la industria farmacéutica la que dicta la medida sino que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su acuerdo aprobado por unanimidad de todas las comunidades autónomas que ejercen competencias de asistencia sanitaria y la Administración central del Estado, dice que el crecimiento del gasto de farmacia presenta una trayectoria alcista respecto de los demás gastos corrientes del sistema y revela la necesidad de adoptar medidas que racionalicen el consumo de los medicamentos, adecuándolo a las necesidades reales de la salud de la población y eliminando o desincentivando los consumos innecesarios.
Contesta a las preguntas de la señora Maestro sobre el gasto público y la bonanza económica y asegura que la lista está hecha con criterios de absoluta racionalidad y preparada por expertos muy competentes. Asimismo afirma que se ejercen los controles precisos sobre la publicidad de los medicamentos y que velarán por que no se produzca ningún abuso. Considera que lo importante es mantener la buena situación económica del país para seguir avanzando en las políticas sociales en las que este Gobierno está demostrando una especial sensibilidad y, así, hacer nuevos centros de salud, abrirlos por la tarde, organizar los servicios de urgencia de atención primaria y seguir bajando las listas de espera.
En turno de réplica interviene la señora Maestro Martín, duplicando el señor ministro de Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Novoa Carcacia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (Página 7327)

Página 7292


Presenta la interpelación el señor Borrell Fontelles, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que pone de manifiesto en primer lugar el desprecio que por el Parlamento parecen tener el señor ministro, puesto que lleva año y medio sin comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda, y sus colaboradores que cuando comparecen se limitan a dar información en términos de caja, diciendo que no tienen ninguna información en términos de contabilidad nacional, información que el señor ministro presenta en rueda de prensa justo el día de la interpelación. Asimismo expresa su satisfacción porque el crecimiento de la economía española haya superado sus previsiones, incluso la media de los países desarrollados, según el informe del Fondo Monetario Internacional, y que este crecimiento se haya producido al mismo tiempo con una corrección positiva de los desequilibrios básicos de la economía, como son la inflación y el déficit exterior. No obstante la oposición socialista le formula esta interpelación para tratar de aclarar algunas circunstancias que les preocupan en la ejecución del presupuesto de 1997.
Formula su interpelación en torno a diez cuestiones que pasa a exponer y hace una serie de preguntas sobre la necesidad de endeudamiento del Estado, al menos en términos de caja; el presupuesto de intereses del Estado; el comportamiento real del IRPF; la evolución del gasto global; las inversiones extrapresupuestarias o los préstamos a la Seguridad Social, entre otras.
Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). En primer lugar se refiere a las dos apreciaciones políticas formuladas por el interpelante, una sobre el hecho de que hoy se presentase en términos de contabilidad nacional las cuentas del sector público español, y otra sobre el número de comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda.
En relación con la primera aclara que lo ha hecho en la fecha requerida por la Comisión Europea y, en relación con la segunda, acepta las críticas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, pero no está de acuerdo en que haya transcurrido año y medio entre una comparecencia y otra, puesto que de mayo de 1997 a febrero de 1998 ni siquiera ha pasado un año.
A continuación pasa a contestar al conjunto de las afirmaciones y preguntas del señor Borrell, prestando especial atención a la formulada sobre los préstamos a la Seguridad Social, y termina su intervención manifestando que el decir que la política presupuestaria del Gobierno del Partido Popular no está produciendo los resultados apetecidos es situarse en la mayor de las irrealidades, y tener una oposición irreal puede que no sea útil desde el punto de vista de la alternativa, pero desde el punto de vista político es extraordinariamente cómodo.
En turno de réplica interviene el señor Borrell Fontelles, duplicando el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (Página 7339)

Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster Olazábal. Anuncia que va a ser muy breve en la presentación de su interpelación, porque muchas de las cuestiones son conocidas por los presentes, pero no por conocidas son menos importantes. Como cuestión previa señala que no pretende hacer una intervención técnica ni jurídica, sino determinar y debatir si existe o no el espíritu y la voluntad política para encontrar una solución al problema en el que se encuentran las autonomías desde la promulgación de la Constitución y la ratificación de los diferentes estatutos. Asimismo manifiesta que la interpelación la formula desde una posición posibilista, en el sentido de que, a lo mejor, ésta no es la más adecuada a los objetivos políticos que defiende la formación política a la que representa, que es la soberanía para el País Vasco, incluso el derecho a la autodeterminación. Añade que lo defiende en este foro porque entiende que todo aquello que se defienda por la vía legítima, respetuosa y democrática es legítimamente defendible, con la única limitación del respeto para aquellos que no compartan sus ideas.
Expone que presenta esta interpelación atendiendo lo que ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco, que aprobaron el viernes pasado, de forma mayoritaria, una resolución en la que instaban al Gobierno del Estado y a las Cámaras a que se produjese una participación de las comunidades autónomas en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros y en los grupos de trabajo, centrándose a continuación en el contenido de su propuesta. Reconoce que es un problema complejo y que requiere mucha negociación, a la que están dispuestos, pero no acepta que, al socaire de la complejidad, se deje «ad calendas graecas.» Lamenta

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el hecho de que en la negociación del Tratado de Amsterdam los representantes del Gobierno español no se hicieran eco de las peticiones de todas las comunidades autónomas al respecto y pregunta, finalmente, si existe o no voluntad política para llevarlo a cabo.
Contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Explica que la integración de España en las Comunidades Europeas supuso desde un principio la atribución de ciertas competencias del Estado, entendido como Administración central, de las comunidades autónomas y de los entres locales a las instituciones comunitarias, lo que constituye la esencia del proceso de integración europea, añadiendo que gracias a esa integración el Estado ha podido defender el interés general y los intereses específicos de las comunidades autónomas en el ámbito europeo.
No obstante, la integración europea no ha supuesto la modificación de la distribución interna de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, como afirmaba la interpelante. Del juego combinado de la atribución de competencias a una instancia superior, la Unión Europea, y la no modificación de la distribución interna de competencias dentro de cada Estado, sobre todo entre el Estado y las comunidades autónomas o poderes territoriales, se deriva el principio rector de las relaciones entre éstas y el Estado en los asuntos relativos a la Unión Europea. A continuación desarrolla el contenido de este principio y destaca la formalización de un acuerdo que regula la participación de las comunidades autónomas en los procedimientos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Afirma que las comunidades autónomas tienen a su disposición los instrumentos necesarios para hacer valer sus posiciones con el fin de que sean tenidas en cuenta en las instancias comunitarias, lo que es la clave del sistema tanto en lo que respecta al proceso de toma de decisiones en asuntos comunitarios como a la propia ejecución después de la normativa comunitaria. No está de acuerdo en que se trate de un problema de voluntad política y considera que el sistema no puede funcionar mejor de otra manera; sería ingobernable, con enfrentamientos entre intereses contrapuestos de distintas comunidades autónomas, perdiendo el Estado su derecho de arbitrar y, en consecuencia, su derecho de hacer prevalecer el interés general, al margen del deterioro en su autoridad a la hora de defender sus posiciones en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
En turno de réplica interviene la señora Lasagabaster Olazábal, duplicando el señor ministro de Asuntos Exteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se levanta la sesión a las nueve de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO FIRMADO EN LA PAZ EL 30 DE JUNIO DE 1997. (Número de expediente 110/000147)

--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997.
(Número de expediente 110/000148)

--PROTOCOLO DEL ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA FEDERACION DE RUSIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000149)

--PROTOCOLO DEL ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE MOLDOVA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000150)

--PROTOCOLO DEL ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 14 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 110/000151)

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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII, que lo era inicialmente del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
De acuerdo con el Reglamento, someto al Pleno la aprobación por asentimiento de los siguientes convenios: En primer lugar, el Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en La Paz el 30 de junio de 1997.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías. Queda aprobado.
Tratado sobre traslado de personas condenadas, entre España y Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997. ¿También lo aprueba el Pleno por asentimiento? (Pausa.) Muchas gracias, señorías. Queda aprobado.
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1997. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías. Queda aprobado.
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, hecho en Bruselas el 15 de mayo de 1997. ¿Puedo suponer el asentimiento del Pleno? (Pausa.) Gracias, señorías. Queda aprobado.
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, hecho en Bruselas el 14 de abril de 1997. ¿Se da por aprobado por el Pleno? (Asentimiento.) Así se entiende por asentimiento. Gracias, señorías.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACION DE PARO ESTRUCTURAL? (Número de expediente 180/001025)

El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, pasamos al que figuraba como punto IV, preguntas orales al Gobierno en el Pleno de la Cámara.
Pregunta número 8, que formula al Gobierno el diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Presidente Aznar, el paro estructural en este país es insoportable. A nuestro juicio, no se están aplicando por usted medidas serias. Usted, con el paro endémico, simplemente torea de salón. No muestra ninguna sensibilidad social. Por eso queremos preguntarle cómo valora el paro estructural.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, estamos hablando del principal problema, sin duda, en el ámbito que nos movemos, económico y social, y en alguna medida también político, que tiene España, con unas altas tasas de paro, las más altas, por desgracia, de la Unión Europea, que no responden, en mi opinión, a ningún tipo de fatalidad, a ningún tipo de maldición, sino que responden a políticas probablemente equivocadas. El paro tiene un componente estructural y naturalmente hay que seguir combatiéndolo, como se está haciendo, con toda decisión y energía. Yo espero y deseo que la tasa de paro en nuestro país siga descendiendo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente del Gobierno, nosotros pensamos que su política económica apenas araña en nuestro país a esa bestia negra que es el paro. Tenemos un 20 por ciento de paro, cuando la media europea es del 10 por ciento, y el empleo eventual es aproximadamente del 33 por ciento cuando en Europa sólo asciende a un 10 o un 11 por ciento. La realidad de fondo, señor Aznar, es que tenemos tres millones de parados y ustedes están practicando una política económica que no es adecuada. El crecimiento del empleo es menor que el crecimiento económico, en un ciclo expansivo. ¿Qué va a pasar cuando se invierta la tendencia, señor Aznar? A nuestro juicio, sus planes de futuro no tienen ninguna seriedad si no pasan por la reducción de la jornada a 35 horas o la eliminación de las horas extraordinarias y si no pasan por una ley de los beneficios. Las empresas están marcando beneficios récords sin ningún compromiso de reinversión.
Con respecto a Maastricht, señor Aznar, usted está desaprovechando de su dogmatismo neoliberal todos los márgenes de maniobras, cosa que no hacen ni Italia ni Francia ni Suecia ni Dinamarca ni Inglaterra. A usted, señor Aznar, le sobran en este país tres millones de personas, tres millones de parados que, a veces, cuando le visitan de fuera, mete, como si fuera basura, debajo de una alfombra.
Queremos decirle que IU sí trabaja por la conspiración, por la conspiración de los parados, una conspiración

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que ya está en marcha porque se están organizando fuera o dentro de los sindicatos. A nosotros nos da igual y les vamos a ayudar en esta organización para que se conviertan en ciudadanos de primera magnitud.
Tómese este tema en serio, señor Aznar, y no como hasta ahora, que no lo ha hecho. Le quiero decir que terminará habiendo una respuesta social y que si los sindicatos y los partidos de izquierda estamos a la altura de las circunstancias, el paro estructural puede ser su tumba política.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, como yo creo que no es una cuestión de adjetivos, sino de datos, le voy a dar los siguientes. En el año 1997 se crearon en España 370.000 empleos netos, que es la cifra más importante de los últimos 33 años, excepto la de 1989. En 1997 se creó en España doble número de empleos que en el año 1996, exactamente 178.000 en 1996 y 370.000 en 1997. El número de ocupados, señor Alcaraz, ha pasado de 12.042.000 en 1995 a 12.700.000 en 1997. En 1996 y 1997 se han creado 550.000 empleos netos y entre el 1 de abril de 1996 y el 19 de febrero de este año 1998 se han incorporado a la Seguridad Social 819.156 nuevos afiliados, estando en un récord de 13.156.000 ocupados. El crecimiento del empleo en España es del 2,96, probablemente porque desperdiciamos muchas oportunidades, y como otros países las aprovechan, el crecimiento medio de la Unión Europea es del 0,5. Hay 700.000 contratos estables que antes no existían y el paro se ha reducido en 200.000 personas.
Estos son los datos y no los adjetivos y, desde luego, señoría, el Gobierno seguirá aplicando una política que consista en tener una inflación reducida, un déficit reducido y unos tipos de interés bajos, ya que es el mejor método para tener un crecimiento económico y que haya generación de empleo. Eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA OPINION DEL GOBIERNO EN RELACION A LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS DE LA CRISIS DE NACIONES UNIDAS E IRAK? (Número de expediente 180/001030)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Robles. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
La crisis del Golfo Pérsico, que, como SS. SS. saben, ha sido desencadenada por el incumplimiento del Gobierno de Bagdad de la resolución que puso fin a la guerra del Golfo del año 1991 y que desembocó en la obstrucción y en la expulsión de los observadores de Naciones Unidas, ha motivado que el Gobierno haya informado en reiteradas ocasiones a esta Cámara y fuera de ella, a la opinión pública y a los grupos políticos, de la posición del Gobierno de España. Afortunadamente, las últimas gestiones diplomáticas del secretario general de las Naciones Unidas (al que felicitamos sinceramente por su éxito y por su esfuerzo) han llevado a la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Bagdad y el secretario general de las Naciones Unidas; memorando de entendimiento que está siendo objeto de análisis, discusión y debate en el Consejo de Seguridad y, naturalmente, entre aquellos gobiernos y aquellos países que, como España, desean fervientemente que Irak acate las resoluciones de Naciones Unidas.
Por eso estoy seguro, señor presidente, de que esta Cámara espera con interés su opinión sobre los últimos acontecimientos en esa crisis entre las Naciones Unidas y Bagdad. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señor diputado, el Gobierno valora con gran satisfacción que se haya podido obtener una solución diplomática al grave conflicto que se había planteado por el incumplimiento por parte de Irak de las resoluciones de las Naciones Unidas, impidiendo a los inspectores que formaban parte de Onuscom el cumplimiento exacto del mandato y las responsabilidades que tenían que asumir y desempeñar por encargo --como digo-- de las Naciones Unidas.
El Gobierno quiere felicitar --y lo hace-- al secretario general de las Naciones Unidas, que ha desempeñado un trabajo excelente, que se ha visto culminado por el éxito, y que en este momento ha conseguido disipar los riesgos de un conflicto; siempre que se tenga bien presente que no es la primera vez que se produce un incumplimiento de un mandato de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, hay que estar extraordinariamente prudente y vigilante a la hora de determinar cuál es el cumplimiento de ese acuerdo al que se ha llegado, que es, a su vez, reflejo del mandato previo que las Naciones Unidas habían establecido en cumplimiento de sus resoluciones para Irak. Todos sabemos, señoría, quién es el responsable de esta situación

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y de lo que se trata es de podamos seguir contribuyendo a que este asunto también pueda resolverse por el cumplimiento por parte de Irak de sus obligaciones y sus responsabilidades.
Creo poder decir que la posición de España en este punto (que será mañana nuevamente explicada ante la Cámara por el señor ministro de Asuntos Exteriores en nombre del Gobierno) ha sido una posición correcta y útil.
Hemos alentado la solución diplomática desde el primer momento y lo hemos hecho con intensidad y con discreción. Al mismo tiempo, quiero decir que, en todo momento, desde la posición española hemos procurado ofrecer el envío de técnicos que completasen la misión de las Naciones Unidas y el mantenimiento de una posición de firmeza que permitiese ver a los transgresores de las resoluciones de Naciones Unidas que podían utilizarse otros métodos para encauzar la situación y, por último, hemos manifestado claramente nuestra solidaridad, en todo caso, con nuestros amigos y aliados. Quiero decir que me parece un comportamiento --como se ha demostrado en esta crisis-- útil y eficaz, a diferencia de otros comportamientos que, por precipitación o por intentar buscar problemas al Gobierno, han errado gravemente en la valoración de la crisis.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED QUE EL SISTEMA SANITARIO PUBLICO DEBE QUEDAR SOLO PARA LAS ENFERMEDADES GRAVES? (Número de expediente 180/001041)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, diputado y portavoz del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Sabe, señor Aznar, que me encanta preguntarle sobre sus palabras, más aún cuando, después de decirlas una y otra vez, las incumple permanentemente.
(Rumores.) Usted dijo aquello de que no es de recibo que los jubilados no tengan medicinas gratis y luego ha hecho todo lo contrario. Por eso le pregunto ahora, señor Aznar: ¿Cree que el sistema sanitario público debe quedar sólo para las enfermedades graves?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): No. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! (La señora Mendizábal Gorostiaga pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.) Señora Mendizábal.
Señor Eguiagaray, adelante.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Aznar. Entonces, ¿por qué lo hace, señor Aznar? Porque no solamente lo han hecho, sino que lo han votado en esta Cámara.
Mire usted. Tiene a toda España en contra del recetazo (Rumores.), a todas las organizaciones sociales y, más aún, a muchos votantes del Partido Popular. Tiene en contra a sus aliados vascos, a sus aliados canarios, a sus aliados catalanes y, naturalmente, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque usted, señor Aznar, ha reducido las prestaciones, ha degradado el sistema sanitario público y ha eliminado la calidad de vida de entre los objetivos del propio sistema sanitario.
Esto no es lo que era. Lo dijo su ministro de Sanidad: La Seguridad Social debe dedicarse a cubrir las enfermedades graves, las dolencias leves o esporádicas las puede pagar el ciudadano de su bolsillo. Y, además, ayer lo votaron. Señor Aznar, ¿quién establece la frontera entre lo leve y lo grave? ¿Acaso no es lo grave una cosa que inicialmente ha sido muchas veces leve? Ustedes van a suprimir el tratamiento de cosas tan leves y tan molestas como el estreñimiento, la diarrea, las hemorroides, el acné, las irritaciones ginecológicas, las congestiones respiratorias, las úlceras, el decaimiento muscular, los orzuelos, la conjuntivitis, y podría seguir; mejor aún, no van a eliminar eso, sino que especialmente los ciudadanos tendrán que pagarlo de su bolsillo.
Ustedes sustituyen esto por una política de vida sana, usted hace paddle y además corre footing --no sé si ésta es la receta para el resto de los ciudadanos--, pero déjeme que le dé al menos un solo consejo, señor Aznar. Si hablamos de sanidad, usted tiene que hacerse revisar la credibilidad, porque la tiene por los suelos. (Rumores.) Haga que se la revise quien se la pueda revisar, porque esto no está cubierto por el sistema de Seguridad Social y, después de que se la revisen, llegará a la conclusión de que tiene que eliminar el recetazo. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, ya veo que usted es de los que cree que repitiendo las preguntas o las jugadas las cosas pueden salir mejor o se puede avanzar en la resolución

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de las mismas. Quiero decirle que no es cuestión de reiteración o repetición, es cuestión de procurar entender o comprender las cosas, algo que no siempre está al alcance de todos. (Protestas.) Pero, por si es posible que sea así, se lo voy a intentar decir esta tarde con otras palabras: Si no se modifica la actual generosidad financiera del Estado en materia de medicamentos, el sistema asistencial se encontrará en una situación difícil en la que no podrá hacerse cargo de atenciones sanitarias más fundamentales y prioritarias, porque un crecimiento excesivo e incontrolado puede crear serias dificultades al sistema sanitario de imprevisibles consecuencias. Esto es lo que dice el Real Decreto de 1993, sobre financiación selectiva de medicamentos, que supongo que le sonará a usted bastante más. (Rumores.--Aplausos.) Además, le diré que yo estoy de acuerdo en que la financiación pública no debe excluir ninguna enfermedad, pero usted debería estar de acuerdo en que se debe excluir el despilfarro en el consumo de algunos medicamentos. En todo caso, le quiero recordar otras citas, por si ésa no ha sido suficiente para usted: Podrán no financiarse con cargo al fondo de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad aquellos medicamentos cuyas indicaciones sean sintomatológicas o para síndromes menores. Esto dice la Ley del Medicamento de diciembre de 1990, que también le sonará de algo.
En todo caso, señor Eguiagaray, está visto que yo no puedo hacer más. He dicho que haría todo lo posible para que a usted le fuese bien. No le voy a pedir que deje la demagogia, simplemente le voy a pedir que tenga un poco de sentido común.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
(Aplausos.--Protestas.) Si han concluido ya, pasamos a la siguiente pregunta.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA ACTITUD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN RELACION A LA PROTECCION DE DIVERSOS TESTIGOS DE LOS SUMARIOS DONDE SE INVESTIGAN LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS GAL? (Número de expediente 180/001027)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número nueve, que formula al Gobierno la diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Nacionalista Vasco.
(Rumores.) Un momento, señora Uría. Silencio, señorías.
Adelante.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted conoce el riesgo físico y el desamparo económico en que se encuentran los testigos protegidos de los sumarios en que se investigan los crímenes del GAL. ¿Cuál es la actitud del Ministerio de Justicia en relación a su protección y ayuda?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, conozco que existen determinados testigos declarados protegidos por un determinado juzgado central de la Audiencia Nacional, pero no puedo admitir que se encuentren en riesgo físico que no sea cubierto ni en desamparo económico. Señoría, la actitud del Ministerio de Justicia es prestar la máxima colaboración en el marco de la Ley, de diciembre de 1994, de protección de peritos y testigos, que SS. SS.
tuvieron a bien aprobar.
Gracias, señoría. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Tengo dudas, señora ministra, de que la señora Uría haya podido percibir su respuesta, por cuanto que los diputados y diputadas, que sin acepción de grupos están desalojando el hemiciclo, parecen querer hacerlo alborotando cual si fueran lo que no quiero ni mencionar. Les ruego que guarden silencio.
(Pausa.) Adelante, señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente. He oído perfectamente la respuesta.
Señora ministra, sí existe la desprotección y el desamparo y creo además que usted maneja un concepto de lo legal o de lo lícito que no es técnicamente correcto. El que no se hayan efectuado los reglamentos de desarrollo de la ley de protección de testigos, que por cierto incumbe hacer al Gobierno, sólo supone que estos testigos no tienen un derecho subjetivo que esgrimir ante los tribunales en petición de ayuda, pero si el Ministerio les ayuda de forma más fuerte, ello no quiere decir que incurra en ningún ilícito o ilegalidad. Hay valores que los poderes públicos tienen que proteger, tales como propiciar la averiguación de los delitos, la persecución de los delincuentes o proteger a aquellas personas que cumplen con el deber constitucional de colaborar con la justicia.
Creemos que quien arriesga su vida, su situación personal e incluso su propia hacienda merece esta protección. No sólo es lícito protegerles sino que, si su testimonio se perjudicase y no llegasen a poder testificar en el Pleno, o si ocurriese, como ya ha pasado, algún desgracia, podríamos decir que usted y su Gobierno han incurrido en responsabilidades.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra de Justicia.


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La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, no dudo de que ha escuchado mi primera contestación, pero me da la impresión de que no la ha atendido demasiado, porque yo me he remitido estrictamente a los términos de la ley. Puede ser que la ley sea corta, señoría, pero es la que es; lo único que establece la ley respecto al Ministerio de Justicia es que se dé una dotación para cambio de domicilio o de trabajo, exclusivamente. El Ministerio de Justicia no puede atender dotaciones mensuales con carácter periódico, como S. S. sin duda conoce.
Como parece que la información que le he dado a S. S. no es bastante, quiero decirle que han sido realizadas tres peticiones con respecto a tres testigos distintos por el juzgado central de referencia y que se ha atendido una petición por traslado de domicilio que asciende a 490.000 pesetas. Esa petición, que era la que entraba dentro del marco de la ley, ha sido admitida de inmediato. Las peticiones respecto a dotación económica mensual no han podido ser atendidas y no lo podrán ser hasta tanto se modifique, si es que se modifica, la ley. No consiste en desarrollo reglamentario sino en modificación del concepto contenido en la propia ley.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿POR QUE HA PARALIZADO EL GOBIERNO EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION REGLADA DE LAS PLANTILLAS DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE JUSTICIA DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION VASCA? (Número de expediente 180/001028)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula la diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, formulaba el jueves pasado una pregunta en relación a la paralización, por parte de su Ministerio, del procedimiento de aprobación reglada de las plantillas de puestos de trabajo del personal funcionario de Justicia dependiente de la administración vasca, pero como de jueves a miércoles hemos pasado de Guatemala a guatepeor, han decidido denegar esa aprobación de la plantilla. Señora ministra, ¿cuáles son las razones para hacerlo? El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, entiendo que ha sido modificado el texto de la pregunta, y, ahora, paralizar significa rechazar.
Como S. S. ha dicho, evidentemente el Ministerio de Justicia ha entendido que la plantilla sometida a aprobación por parte del Gobierno vasco, departamento de Justicia, al Ministerio de Justicia no se ajustaba a la legalidad vigente. Por eso se le ha comunicado al departamento de Justicia del Gobierno vasco que debe de efectuar modificaciones tal y como han sido reiteradas a lo largo de la anualidad pasada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, un momento.
Señorías, les llamo al orden y también insto a abandonar el hemiciclo a quienes deseen seguir comentando, sin duda trabajos parlamentarios, en el interior del mismo.
El señor Marquínez, no parece darse por aludido, pero también va incluido en la admonición. No me gustaría nada tener que invitarle más firmemente al abandono.
Es difícil escuchar, estoy seguro que por el miembro del Gobierno al que se le formula la pregunta y desde luego por la Presidencia, sencillamente lo que está diciendo el diputado o lo que el miembro del Gobierno le contesta. Les ruego encarecidamente que guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
En cualquier caso, decía a la señora ministra que en ese trámite que ha realizado su Ministerio por de pronto han incumplido una de las cuestiones clave, que era solicitar un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, como señala el artículo 108 de su Ley Orgánica. Como no coincidía, o no podría coincidir con su opinión, quizá han pensado que para qué iban a pedirlo. Eso significa poca consideración a dicho organismo.
Entrando ya en cuestiones de fondo, usted sabe que el Gobierno vasco, en la facultad de competencias que tiene, ha realizado una adecuación de la plantilla que responde a tendencias modernas de la Administración de justicia, que está inspirada en los principios del Libro

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Blanco de la justicia y que ha tenido, además, el visto bueno y la aprobación de los sindicatos, así como de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Demasiadas cosas para no tener en cuenta. Cumple perfectamente los reglamentos orgánicos de los cuerpos 249 y 386. Además, lo que pretende es que la Administración de justicia se adapte a la realidad social, que un ciudadano pueda acudir a la oficina judicial y pueda hablar en la lengua que le es propia porque hay una cooficialidad; que se pueda exigir como instrumento de trabajo una cierta gestión y conocimiento informático y que se pueda exigir una gestión administrativa. Si pretendemos modernizar la justicia, flaco favor le están haciendo cuando esos criterios, que son absolutamente claves y necesarios para que podamos tener un derecho a la tutela judicial efectiva, no son admitidos. Al día de hoy el Consejo General está admitiendo en su reglamento que el perfil lingüístico sea tenido en cuenta en los traslados, por lo que me parece un poco arcaico que el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia no tengan en cuenta esos datos que son claves. Flaco favor nos está haciendo a los ciudadanos del País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente, Creo que todas las administraciones estamos de acuerdo en que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea algo que deba ser tenido en cuenta para primar la ocupación de determinados destinos, y así lo ha hecho el Ministerio de Justicia desde 1996 en que se conceden seis años de promoción al personal auxiliar de la Administración de justicia para ocupar plazas en el País Vasco. Pero eso no tiene nada que ver, señoría, con que los cuerpos de auxiliares de la Administración de justicia sean homogéneos y necesiten unos requisitos también esenciales y homogéneos a todo el territorio nacional. Eso no casa con la idea de la administración del País Vasco respecto a que solamente determinados puestos puedan ser ocupados por personas que hablen el vascuence. Saltarse la ley, señoría, será imaginación al poder, será ganas de solucionar los problemas, pero dentro de la Administración de justicia no se compagina con el más pleno respeto a la legalidad. Por eso el Ministerio de Justicia no ha aprobado esas plantillas y, en el buen entendimiento con el resto de las administraciones, ha intentado que la Consejería de Justicia vasca solucione el asunto antes de llevarlo al terreno político en el que, independientemente de las ideas, supongo que la legalidad es la que tiene que triunfar.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON JUAN FRANCISCO IBAÑEZ HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CONCLUSIONES SE HAN SACADO, HASTA LA FECHA, DEL ANALISIS DE LOS VUELOS REALIZADOS EN EL PROTOTIPO ESPAÑOL DA-6 DEL AVION EUROFIGTH-2000, FABRICADO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001037)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el diputado don Juan Francisco Ibáñez Haro, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no solamente la profesionalización de tropa y marinería de los ejércitos es un objetivo prioritario del Gobierno del Partido Popular, sino, además, la modernización de los mismos. Hay una firme apuesta que queda reflejada en los presupuestos de los ministerios de Defensa y de Industria, donde se da el soporte económico necesario para el desarrollo de esta modernización. Son ya hechos tangibles la construcción de la fragata F-100 por parte de Bazán; la posible construcción de los Leopard, en Santa Bárbara Blindados, y la construcción del Eurofight-2000, en CASA (Construcciones Aeronáuticas).
Junto a su importancia, desde el punto de vista militar, hay que subrayar su relevancia industrial y tecnológica que afecta no sólo a las empresas directamente involucradas. sino que, además, tienen un efecto inducido sobre el conjunto de los sectores industriales relacionados con estos proyectos.
El proyecto Eurofigth es probablemente el más importante realizado en Europa al intervenir en su desarrollo un número importante de compañías de Inglaterra, Italia, Alemania y España. Su trascendencia para España es evidente, ya que se tiene previsto adquirir 87 aviones, con una inversión superior a un billón de pesetas, que será sin duda rentables a largo plazo, tanto en la creación de empleo cuantificado como en la adquisición de alta tecnología.
Los prototipos de los aviones alemán, británico e italiano realizaron sus primeros vuelos en 1984 y 1995, y el prototipo español lo hizo el 31 de agosto de 1996 en la base aérea de Getafe, con el proyecto de iniciar las fases de preparación para la producción a comienzos de 1997.
Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué conclusiones se han sacado, hasta la fecha, del análisis de los vuelos realizados en el prototipo español DA-6 del avión Eurofigth-2000, fabricado en España? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
Señor ministro de Defensa.


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El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, todos los datos que ha dado S. S. son ciertos. El programa de ensayos en vuelo del sistema de armas EF-2000 (Eurofigth-2000) está repartido entre los siete prototipos existentes: dos de Alemania, dos del Reino Unido, dos de Italia y uno de España.
Existe un foro oficial encargado de la evaluación periódica de los programas de ensayo de todos los prototipos, que se reúne trimestralmente en Munich, con la participación de representantes de industria y de los gobiernos de las cuatro naciones. En este foro se evalúa lo efectuado, se observan los retrasos y se ajustan los programas de ensayos. Estos programas se encuentran todavía en una fase en la que es prematuro establecer conclusiones definitivas acerca de las capacidades reales del avión. Sin embargo, señoría, las expectativas son muy buenas. La impresión que se desprende, tanto del seguimiento de la actividad de ensayos del fabricante, como de la evaluación oficial independiente realizada hasta la fecha, es que se van cumpliendo las previsiones establecidas.
Aunque sea prematura la evaluación final, sí puede adelantarse como conclusión que, desde un punto de vista tecnológico, el análisis de estos ensayos permitirá a la industria española obtener una experiencia importantísima en áreas de conocimiento y sectores tan diversos como los de comunicaciones, informática, electrónica y nuevos materiales, prácticamente todas las nuevas tecnologías, fomentando el desarrollo de tecnologías de vanguardia propias cuya difusión redundará en la mejora de la competitividad industrial y, por tanto, en la supervivencia y competitividad de nuestras industrias.
El prototipo español se encarga de muy distintos subsistemas, como comunicaciones, bombas láser, designador por láser, pruebas de cañón, etcétera. Hasta el momento estos ensayos se vienen realizando de acuerdo con el programa previsto, y a fecha de 12 de febrero del presente año el prototipo español había volado en 47 ocasiones, con un total de 45 horas y 25 minutos de vuelo.
El método que se emplea es ir aumentando paulatinamente el espectro de obtenciones de la aeronave, de modo que no se pase al ensayo siguiente de parámetros más comprometidos sin haber comprobado las características más limitadas del ensayo anterior. Sólo al final del programa de ensayo se habrá comprobado que la aeronave cumple los requisitos.
Por el momento, señoría, la valoración para el Gobierno de las evaluaciones en vuelo realizadas del prototipo español del Eurofigth-2000 es plenamente satisfactoria Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO EL CONVENIO DE COLABORACION PARA 1998, SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR, EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO? (Número de expediente 180/001039)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.


El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el motivo de la pregunta es doble. En primer lugar, sabiendo ya, como sabemos, que la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa suscribió en este año 1998 con la Dirección General de Tráfico un convenio de formación especializada, nosotros queríamos no solamente conocer la valoración del Gobierno, sino también los medios técnicos y humanos que aporta el Ministerio de Defensa con el fin de hacer lo que para nosotros es --estoy seguro que también para el señor ministro-- un evidente salto cualitativo con normativas anteriores y, sobre todo, con programas de formación, que si bien eran suficientemente completos, a nuestro modo de ver adolecían de esa configuración global que este convenio de colaboración entre la Dirección General del Ministerio y la Dirección General de Tráfico contemplan en este momento.
Por otro lado, señor ministro, queremos saber --y en la pregunta está reflejada-- la valoración del Ministerio de Defensa porque, a través de los cuarteles generales, ya se incorporó en su día una serie de planes de instrucción y de actividades derivadas del programa de educación vial en las Fuerzas Armadas que están incluidas en ese Plan nacional de seguridad vial que, en su día, en 1995, desarrollaba en cuanto a la tropa y a la marinería.
Por eso, señor ministro, nosotros, desde esa doble vertiente de saber cualitativa y cuantitativamente lo que supone este convenio y los medios de que disponen ambas direcciones, principalmente las implicadas en el Ministerio de Defensa, le hacemos la pregunta de cómo valora el Gobierno, el Ministerio, este convenio de colaboración de 1998, al que antes he hecho referencia, entre la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, del Ministerio de Defensa, y la Dirección General de Tráfico.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Como el señor diputado sabe, ante la importante siniestralidad que se registra en nuestras carreteras, en las que, por desgracia, se ven implicados muy especialmente los jóvenes de edades entre 18 y 25 años, el Ministerio de Defensa ha mantenido siempre una especial preocupación por concienciar y mejorar la capacitación como usuario de la red viaria de este colectivo, que forma una parte importante de las Fuerzas Armadas, bien sea como tropa y marinería de reemplazo o como militares de empleo profesional, para colaborar en la reducción de la siniestralidad, en definitiva de los accidentes. Enmarcado en los planes generales de instrucción y adiestramiento de los tres ejércitos, desde hace años existe un programa de educación vial que ha conseguido reducir el número de jóvenes fallecidos en accidente de tráfico, tanto de carácter militar como ajenos al servicio, de 156 en 1991 a 64 en 1996. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que ya se realiza, el Ministerio ha considerado que, para mejorar el rendimiento de este programa de educación vial, sería muy conveniente contar con la experiencia y asesoramiento de la Dirección General de Tráfico, organismo que, sin duda, es el mejor asesor posible en esta actividad de prevención y evitación de accidentes en carretera.
Por ello, y por primera vez, se ha firmado, como ha dicho S. S., este convenio de colaboración, en el que se trata de formar a aquellos mandos que tienen, entre otras, la misión de desarrollar los programas de educación vial en las unidades, haciendo así posible una mejor capacitación de los jóvenes usuarios de la red viaria, de forma que adquieran hábitos beneficiosos para la seguridad vial y, sobre todo, para la disminución del número de accidentes.
En cuanto a los medios, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, tanto en concepto de dietas como en concepto de locomoción, ha puesto unos créditos superiores a 1.550.000 pesetas para el convenio que entró en vigor el 1 de enero, que tiene ahora vigencia de un año, y en el que estarán, en cuanto a medios materiales, el mayor número posible de mandos que tengan a su cargo las labores de formación y de educación vial.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ISABEL DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTO APROBAR EL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACION CON LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS AUTONOMAS DE COMUNICACION QUE TIENEN POR OBJETO REGULAR LA INSTALACION DE ANTENAS PARABOLICAS EN LOS EDIFICIOS? (Número de expediente 180/001034)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno la diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Díez de la Lastra.


La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, en la actualidad, la regulación de los equipos de recepción de señales de televisión está contemplada por la Ley 49/1996 y por diversas ordenanzas municipales. Las innovaciones tecnológicas en el sector de las telecomunicaciones han provocado que desde la fecha de la promulgación de la citada ley la realidad haya cambiado extraordinariamente. El desarrollo de la televisión digital y la futura implantación de la televisión por cable ha provocado la proliferación de toda clase de aparatos receptores en las fachadas de los edificios de nuestras ciudades. Este hecho resulta negativo desde el punto de vista arquitectónico, medioambiental y urbanístico, lo cual aconseja que el Ministerio de Fomento tome algún tipo de medida para solucionarlo.
Por todo ello, señor ministro, ¿qué medidas tiene previsto aprobar el Ministerio de Fomento en relación con las infraestructuras comunitarias autónomas de comunicación que tienen por objeto regular la instalación de antenas parabólicas en los edificios? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de la Lastra.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, espero que el próximo Consejo de Ministros pueda aprobar un decreto-ley, que convalide esta Cámara para su tramitación posterior como proyecto de ley, por el que se regulan las instalaciones llamadas de infraestructuras comunitarias.
Como sabe S. S., está en marcha un amplio proceso de liberalización de las telecomunicaciones que afecta al cable, a la telefonía y a la televisión digital por satélite. Pues bien, ese decreto-ley, que se tramitará como proyecto de ley, prevé medidas para garantizar el derecho individual de los ciudadanos de acceder a los servicios de telecomunicación, especialmente cuando se trate de copropietarios o arrendatarios de edificios en

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régimen de propiedad horizontal. Contiene también una serie de medidas destinadas a que se puedan cumplir una serie de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, que evite la proliferación de los sistemas de recepción individuales. En ciertos casos el proyecto de ley permite la retirada de estos sistemas para obligar a hacer uso de las instalaciones comunes. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Finalmente, y desde una perspectiva procedimental, se reducen las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos de instalación de infraestructuras comunes en las comunidades de propietarios, con objeto de que, por la exigencia de una mayoría excesiva, un grupo de vecinos deba quedarse sin poder ejercitar lo que, en última instancia, afecta a la libertad de información, que es poder acceder a la información a través de las distintas técnicas de transmisión de las telecomunicaciones, que requieren hoy una previsión de infraestructuras en los edificios.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON ISMEL BARDISA JORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS? (Número de expediente 180/001035)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 17, del señor Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor BARDISA JORDA : Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, la falta de capacidad operativa del aeropuerto de Madrid-Barajas viene siendo una actualidad constante, tanto en los vuelos de pasajeros, como en los vuelos de carga. Es cierto que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo las realizaciones del proyecto de gran Barajas, la construcción de la tercera pista de vuelo, la nueva torre de control, la organización de las tres terminales de pasajeros o la inauguración del nuevo dique terminal norte. También es cierto que durante los dos últimos años se han mejorado sustancialmente las instalaciones de carga. Dichas instalaciones vienen experimentando una demanda creciente, año tras año, superior a la capacidad operativa del aeropuerto. Por tanto, es necesaria la ampliación de la terminal de carga en el aeropuerto de Madrid-Barajas, fundamentalmente para potenciar este importante nudo de comunicaciones aéreas del sur de Europa y, además, porque es el octavo aeropuerto de Europa en volumen de pasajeros y carga, absorbiendo el 50 por ciento de la carga aérea del país.
Me gustaría que en su contestación me pudiese indicar la importancia que tiene, dentro del conjunto de las 40 hectáreas del centro de carga, la construcción de un edificio de 20.000 metros cuadrados que, según AENA, albergará las 140 empresas actuales y 300 en el año 2002. Por todo ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿En qué estado se encuentra el proyecto de ampliación de la terminal de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bardisa.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
La central de carga que actualmente está en fase de desarrollo en el aeropuerto de Barajas tiene como objetivo alcanzar el tratamiento de 750.000 toneladas de carga anuales. Supone una inversión de 16.000 millones de pesetas, de los que hasta el día de hoy se han invertido 12.500 millones. Las instalaciones finalizadas en 1997 han sido las siguientes: Edificio de oficinas y nave de primera línea, de 7.200 metros cuadrados; terminal de carga del primer operador de handling, de 19.000 metros cuadrados; edificio de oficinas y nave de segunda línea, de 4.900 metros cuadrados; nave y oficinas de segunda línea, de 2.720 metros cuadrados; edificio de servicios generales, de 19.000 metros cuadrados y otras naves y oficinas de segunda línea, con unos 6.500 metros cuadrados adicionales. En el presente ejercicio de 1998 se inaugurará la terminal de carga del segundo operador, las naves y oficinas de primera línea, que suponen cerca de 3.000 metros cuadrados más, y una nave multicliente de primera y segunda línea.
Según las estimaciones del sector, por cada 100.000 toneladas totales en el aeropuerto se pueden crear hasta mil puestos de trabajo. Cuando la central de carga alcance su pleno rendimiento y, por tanto, el tratamiento de las 750.000 toneladas previstas, cada año se generarán 7.500 puestos de trabajo directos. Por tanto, además de mejorar ampliamente la capacidad del aeropuerto de Barajas, como uno de los principales aeropuertos de Europa, constituye una actividad que crea un número importante de puestos de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


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--DEL DIPUTADO DON JOSE SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUE HA SUSPENDIDO CAUTELARMENTE LA COMISION EUROPEA LAS AYUDAS A LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA? (Número de expediente 180/001046)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 27, del señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, el pasado día 18 el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea decidió abrir un expediente investigador al Gobierno español por el proceso seguido por la administración marítima española en el concurso por el que se ha regido la contratación del servicio de navegaciones de interés público entre puertos peninsulares y puertos de las Islas Baleares, entre puertos de las islas Canarias y Ceuta y Melilla.
Señorías, señor ministro, son rutas marítimas de interés público, capital en el Estado español, en el servicio marítimo regular de pasajeros y en el servicio regular de vehículos en régimen de equipaje, en rutas tan importantes como las de Barcelona con Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón por un lado; la ruta de Valencia con Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón; Melilla con Málaga o Almería; Algeciras con Ceuta o las rutas entre Cádiz y los puertos canarios de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria.
El expediente de investigación que ha abierto la Comisión Europea ha sido como consecuencia de denuncias interpuestas por empresas navieras españolas, que ha puesto una vez más de manifiesto la escasa confianza que el Ministerio de Fomento genera en la sociedad española y en los responsables de la Comisión Europea.
Señor ministro, este expediente investigador podría conducir --no ha conducido aún-- o no a sanciones comunitarias que claramente perjudicarían los intereses españoles, y si ello fuese así tendríamos un responsable, que sería el ministro de Fomento; reponsable, además, de una grave situación en la que se encuentra hoy la marina mercante española, con un debilitamiento notable en la sociedad estatal de salvamento marítimo y, naturalmente, la Comisión Europea con este expediente cuestiona la licitación, analiza con lupa las ayudas y aplica la investigación basada en el artículo 92.3 del Tratado de la Unión Europea, sin que ello conlleve la suspensión de los servicios, cuya continuidad está garantizada.
En consecuencia, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista quiere conocer la actitud del Gobierno ante esta investigación. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Segura.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento para responder a la pregunta que está formulada y que conoce por escrito.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
He visto que S. S. ha cambiado la pregunta, porque la que figura en el orden del día es por qué ha suspendido cuatelarmente la Comisión Europea las ayudas a la Compañía Trasmediterránea. Como la Comisión Europea no ha suspendido ni cautelarmente ni no cautelarmente ninguna ayuda a Trasmediterránea, ha tenido S. S. que cambiar la pregunta.
Le digo una cosa, señoría. Para gestión brillante, en relación con la marina mercante, la suya. En 1982 teníamos 8 millones de toneladas de registro bruto, cuando ustedes dejan el Gobierno tenemos 1 millón de toneladas de registro bruto. Han liquidado ustedes la marina mercante española, no pidan a este Gobierno que haga lo mismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUE OPINION LE MERECEN LAS RECIENTES IRREGULARIDADES DE TELEFONICA EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO? (Número de expediente 180/001047)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 28, de la señora Heras Pablo, del Grupo Socialista.
Señora Heras.


La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Vuelvo a preguntarle, señor ministro: ¿Qué opinión le merecen las recientes irregularidades de Telefónica en perjuicio de los usuarios del servicio?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Heras.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, esa pregunta no tiene contestación si no especifica. (La señora López i Chamosa: Pues han tenido una semana para aprender.--Risas.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora, López i Chamosa, por favor.
Señora Heras.


La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Telefónica, señor ministro, ha presentado una campaña de publicidad engañosa para prometer a los ciudadanos descuentos en las llamadas interprovinciales e internacionales. Lo ha hecho engañando a la opinión pública y cayendo en una serie de irregularidades que han tenido que ser resueltas a toda prisa por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, presionada, sin duda, por la necesidad de salvarle a usted la cara, es decir, salvar su responsabilidad en todo este asunto, que es mucha.
La actuación de la Comisión no me permite quitar ni una sola coma de la crítica que usted merece, ni tampoco consigue ocultar su ineficacia, porque, señor ministro, su forma de actuar solamente nos deja deducir lo siguiente: o usted no se entera de lo que ocurre en el ámbito de sus competencias o usted ampara las irregularidades o usted carece de la autoridad necesaria para que no se produzcan.
En todo lo que está ocurriendo, lo que sí ha quedado claro para los ciudadanos es que la privatización de Telefónica no ha supuesto una mejora del servicio público que es, las tarifas no son más baratas y tampoco ha significado una mejor calidad de las prestaciones para los usuarios, que se preguntan si para este viaje hacía falta alguna alforja.
Señor ministro, la gestión de Telefónica lo único que viene a confirmar es que la privatización se ha hecho para favorecer intereses políticos del señor Aznar y de sus amigos. El señor Aznar y usted mismo deben una explicación a los ciudadanos. Deben explicarnos dónde está, que no lo vemos, el beneficio tan anunciado de que la privatización iba a mejorar la calidad de vida de los consumidores, beneficiarios --según dice Telefónica-- de la política de liberalización emprendida. Porque si el consumidor no se beneficia en los precios que ha de pagar ni en la mejora de los servicios, entonces lo único que aparece claramente es el engaño que se ha hecho a la opinión pública, su dejación de funciones, señor ministro, a la hora de cumplir y hacer cumplir las leyes, y la falta de responsabilidad de su Gobierno, que defiende antes sus intereses partidistas que los de los ciudadanos consumidores.
Muchas gracias. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Heras.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, señoría, es objeto de espectáculo la dramatización a la que ustedes someten a Telefónica. Están ustedes en una campaña contra Telefónica absolutamente demencial. (Rumores) Si eso es lo que tienen que decir como oposición, continúen ustedes en esa línea porque nos va a ir muy bien. Pero les voy a decir una cosa. Cuanto más se meten ustedes con Telefónica más suben sus acciones. Toda la campaña que han emprendido ustedes para ver si tiraban abajo la cotización de las acciones ha dado unos magros resultados. Hoy las acciones de Telefónica cotizan más alto que nunca. Les diré más. Telefónica, como empresa privada, se justificará por su actividad y en el presente ejercicio, en el que ha cerrado a finales del pasado año, ofrece unos beneficios cercanos a los 200.000 millones de pesetas. Si eso es una mala actividad empresarial que venga Dios y lo vea.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO QUE NO SE VULNERO LA LEGISLACION SOBRE LA TELEVISION PRIVADA EN LA TOMA DE PARTICIPACION DE TELEFONICA EN EL CAPITAL DE ANTENA 3 TV? (Número de expediente 180/001048)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 29, del señor García-Arreciado Batanero.
Señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ministro, este es un documento de Telefónica, firmado por quien era su secretario general y hoy es, casualmente, presidente del consejo de administración de Antena 3. En este documento se dice textualmente: Los acuerdos alcanzados entre los inversores, la propia Telefónica, Banco de Santander y BCH, atribuyen a Telefónica de España la designación de la mayoría del consejo, la mayoría de la comisión ejecutiva y el consejero delegado. Es decir, una posición no de dominio sino de control absoluto, terminantemente prohibida por el artículo 23 de la Ley 10/1988. ¿Sostiene el señor ministro que su Ministerio ha respetado la ley en el expediente de toma de participación de Telefónica en el capital social de Antena 3?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor García-Arreciado.
Señor ministro de Fomento.


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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí lo sostengo, señoría, porque cuando se involucra en el debate político a los tribunales de justicia hay que ser coherente y, mientras un tribunal de justicia no dicte una sentencia firme, lo que hace el Gobierno es legal.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Lo que digan los tribunales de justicia está por ver; lo que han dicho hasta ahora es bastante negativo para su actuación.
Cuando al amparo del presidente del Congreso --porque S. S. se negó-- usted nos remitió el expediente de Telefónica, omitió de ese expediente, que por lo demás era completo --nos mandaron hasta los acuses de recibo de empresas que no han recibido el trato de favor de comunicarse con ellas por telex, sino que se han comunicado a través del correo, que es un método más lógico--, algo a lo que usted no se ha atrevido a referirse hoy: que, posteriormente a este acto, Telefónica deshizo los acuerdos por los cuales tomaba una posición de control prohibida por la ley. Luego, usted ha ocultado al Parlamento información absolutamente sustancial para entender todo este proceso o no ha dicho la verdad, por no decir que ha mentido al Parlamento con intención de hacerlo. Cualquiera de las dos situaciones es impropia, por no decir indigna, de un ministro de un gobierno democrático y no tiene más justificación que la obsesión enfermiza que tienen por ocupar espacios en los medios de comunicación para, así, aumentar su capacidad de influencia sobre ellos. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor García-Arreciado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, para obsesión enfermiza la suya. Llevo diez o doce intervenciones sobre Antena 3 Televisión. Ustedes no encajan que se haya privatizado bien y que Telefónica dedique su actividad a algo que es anticipar una estrategia de medios de comunicación que se va a imponer en todo el mundo.
Yo le rogaría que erradicara del lenguaje parlamentario las palabras de engaño y mentira, porque tiene mi respuesta en la Comisión de Infraestructuras y sabe que la documentación presentada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no tiene nada que ver con la presentada en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en la Secretaría General de Comunicaciones. Cuando la Secretaría General de Comunicaciones tiene conocimiento de la documentación presentada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en pleno mes de agosto, requiere a Telefónica para que aclare esos presuntos acuerdos. Por consiguiente, el Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Comunicaciones, ha tenido en todo momento un comportamiento conforme a la ley y, gracias al requerimiento que hace la Secretaría General de Comunicaciones, Telefónica rectifica ante quien tiene que rectificar, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no tiene nada que ver con las competencias que tiene atribuidas la Secretaría General de Comunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿POR QUE AUTORIZO EL GOBIERNO LA COMPRA POR TELEFONICA DE ANTENA 3 TV? (Número de expediente 180/001049)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 30, que formula el señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
Señor Arias-Salgado, nuestra campaña es contra usted y su incompetencia y no contra Telefónica.
Imagínese S. S. que se encuentra reunido con sus compañeros del Partido Popular de la Comisión Nacional de Infraestructuras --parece que, a puerta cerrada, al señor ministro le gusta decir la verdad, en publico no-- e, igual que opina del método que ustedes aplican de pago de las infraestructuras, del método alemán, diciendo que es una catástrofe, que endeuda al país y que supone gastarse los presupuestos del 2001, 2002 y 2003, cosa que ya les dijimos nosotros, ahora le pido que me conteste la verdad, no lo que ha dicho el señor Alvarez-Cascos o lo que le ha ordenado que conteste, sino la verdad, a la siguiente pregunta: ¿por qué autorizó el Gobierno la compra de Antena 3 por Telefónica?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): No sé por qué da usted veracidad a la información de un determinado medio de comunicación.


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Demuéstreme que yo he dicho eso, demuéstreme que existe un acta con esas palabras pronunciadas por mí y autorizadas por mí y, cuando demuestre usted eso, sea capaz de traerlo a esta Cámara. Y ahora añado, señoría, lo siguiente: el Gobierno autorizó la compra de acciones por parte de Telefónica Multimedia porque compraba un 25 por ciento; solamente un 25 por ciento. Por consiguiente, comprobado que no disponía de ninguna acción más, se otorgó la autorización que con carácter previo debe dar la Secretaría General de Comunicaciones, hecha la oportuna comprobación en el registro de empresas concesionarias de televisión privada. Por eso fue autorizado, porque es una autorización reglada, y le digo más, si no hubiera sido otorgada, el Gobierno habría incurrido entonces probablemente en prevaricación.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, ya hemos visto las irregularidades del proceso.
Le voy a decir por qué lo autorizó su gobierno, porque no fue una decisión de la Compañía Telefónica, fue una decisión de su Gobierno.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Guarden silencio.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Ustedes están acostumbrados, según el señor Alvarez-Cascos, a la novela --eso nos dijo el otro día-- y aquí decidieron escribir una --pésima, por cierto-- con los siguientes ingredientes: Planteamiento, una gran empresa con solidez económica, dirigida por un amigo de nuestro Gobierno que seguro se pliega a nuestros deseos. Nudo, necesitamos ocupar el máximo posible de parcelas en los medios de comunicación porque, de lo contrario, con nuestras propias políticas no podremos prosperar. Desenlace, una vez ocupado el lugar en los medios de comunicación, lo utilizaremos para combatir a nuestros adversarios, sean mediáticos o políticos y entre ellos, señaladamente, el Partido Socialista.
Ustedes quisieron organizar una armada mediática invencible, pero, señor ministro, hasta las armadas invencibles reciben derrotas. He de decirle que nuestra preocupación es: ¿A cargo de qué espaldas va a ir esta derrota? ¿A la de los centenares de miles de accionistas de ambas compañías que están preocupados por las aventuras en las que ustedes embarcan a una compañía como Telefónica o a la de millones de españoles que tienen una grave preocupación por su comportamiento acerca de las reglas del juego en un Estado democrático y el modo en el limitan el ejercicio de las libertades? Eso es lo que están haciendo ustedes y a eso conducen a la Compañía Telefónica. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias.
Señor presidente, señoría, podemos hablar de ilegalidades, de muchas de las que ustedes cometieron (Varios señores diputados: Sí, sí.--Fuertes Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Guarden el orden.
Señor Madero, señora López i Chamosa, por favor.
Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Les recuerdo, señorías, la ley de la patada en la puerta, la ley mordaza anulada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo.
Este Gobierno no ha sido objeto de ninguna llamada de atención como ataque a las libertades. (La señora López i Chamosa: En la guerra de Cuba y Fernando VII.) Ustedes sí lo fueron.
Señorías, voy a poner de relieve un hecho que demuestra algo verdaderamente preocupante. El auto judicial de suspensión cautelar se dicta el 17 de febrero, se notifica a las partes el 18 de febrero. Pues bien, el 17 de febrero, antes de que la Administración del Estado y las partes privadas conozcan el auto, el señor Almunia hace unas declaraciones en las que dice: vamos a ver qué pasa mañana, tanto con los compradores como con los vendedores. Parece que el señor Almunia conocía el auto de la Audiencia Nacional antes que las partes involucradas en el proceso. (Rumores.) Es toda una casualidad, señoría, y debe ser objeto de preocupación.
Por cierto, ya que plantea usted algo en relación con el auto, sería altamente conveniente que se procediera a la ejecución del mismo, porque entonces se vería lo bien fundado en Derecho que está.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA ISABEL DIEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS GENERALES DEL NUEVO PLAN NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL? (Número de expediente 180/001031)

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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 13, de la señora Díez López, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Díez.


La señora DIEZ LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación, uno de los problemas que más preocupan a la sociedad española es el del desempleo. La búsqueda de un empleo supone un reto permanente de formación y cualificación, especialmente en lo que atañe a cierto grupo de población, jóvenes en su mayoría, cuya tasa de paro dobla el valor de la tasa de paro total.
En 1986 se creó el Consejo General de Formación Profesional, que elaboró el primer programa de formación profesional, en el que se fijó como objetivo la creación e implantación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales, pieza clave para la puesta en común de las ofertas de formación profesional que no se cumplió. Tal situación fue subsanada con la Ley 19/1997, que modificó la Ley 1/1986, dando entrada a los representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Uno de los primeros objetivos de este nuevo Consejo es debatir el segundo programa de formación profesional, dando así cumplimiento a uno de los puntos del programa del nuevo Gobierno, el cual incluyó entre sus primeras prioridades la formación profesional, considerando ésta como un instrumento básico para atender los problemas del desempleo, dando la posibilidad de mayor cualificación y nuevos horizontes para la juventud, así como la inserción en el mundo laboral de aquellos colectivos con especiales dificultades para lograrlo.
Por todo ello, le pregunto, señora ministra: ¿Cuáles son las líneas generales del nuevo Plan nacional de formación profesional?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Díez.
Señora ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el nuevo Plan nacional de formación profesional, que recibió el espaldarazo definitivo del Consejo General el pasado día 18, en el que lo votaron a favor las 17 comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y de Melilla y todos los sindicatos, excepto CIGA y ELA-STV, así como el Gobierno, por supuesto, responde a un compromiso fundamental del Gobierno destinado a la creación y al mantenimiento del empleo estable.
Ustedes saben que se trata de un instrumento que ayudará a los jóvenes a conseguir un empleo y a los trabajadores que actualmente están trabajando, a mantenerse en el mercado de trabajo, así como a los parados a recibir la formación que necesitan. El logro de este acuerdo, que ha sido prácticamente unánime, no ha sido tarea fácil. Para que este Plan nacional de formación profesional viera la luz --como ha dicho S. S.-- ha habido que modificar el Consejo general de formación profesional para dar entrada a los representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas. Habría que destacar como principal novedad que se ha creado el sistema nacional de cualificaciones profesionales, que actuará sobre los trabajadores, sobre las empresas que requieran sus servicios y sobre las organizaciones que se dedican a cualificar, con el fin de tener un referente común que se concrete en el conjunto de cualificaciones profesionales que demande en cada momento el mercado productivo.
Por otra parte, señoría, pretendemos potenciar las ofertas de formación en garantía social para que todos aquellos alumnos que han sufrido un fracaso en el enseñanza obligatoria, puedan formarse profesionalmente, puedan profesionalizarse y acceder también al mercado laboral. Por tanto, se trata de desarrollar un sistema integrado por los tres subsistemas de formación profesional --por una parte, la reglada, por otra, la ocupacional y, por otra, la formación profesional-- que garantice la calidad de la formación ajustándose al marco europeo y, por supuesto, adaptando la oferta a las necesidades del empleo.
Si tuviera que destacar, señoría, cuáles son las líneas generales del nuevo Plan nacioanl de formación profesional, diría que... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor. Señora Bartolomé, por favor.
Continúe.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor presidente.
Diría, en primer lugar, que pretende potenciar la competitividad de la economía española mediante el incremento de la cualificación profesional de los recursos humanos que están implicados en los procesos productivos de bienes y servicios; en segundo lugar, que trata de dotar a la sociedad de un instrumento que contribuya a la mejora del empleo y, en tercer lugar, que es un paso muy importante en la integración de las políticas activas de formación profesional. (Rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora ministra.
Por favor, señorías, guarden silencio. No se contagien unos a otros.
Tranquilidad.


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--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACEPTACION HA TENIDO EN EL COMITE VETERINARIO DE LA UNION EUROPEA EL «MARCO NACIONAL DE ACTUACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA PESTE PORCINA CLASICA», PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION? (Número de expediente 180/001032)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 14, del señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.
Esta es una pregunta para la ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio.
La aparición hace un año aproximadamente de la peste porcina clásica en Lleida ha supuesto una de las mayores sangrías de la cabaña ganadera en la Unión Europea. Pese a las diversas medidas adoptadas por los países miembros de la Unión, en forma de prohibición de importaciones, de desinfecciones masivas, de control de transportes, la peste se ha propagado por la mayoría de los países. Esto nos da idea de lo difícil que es un control de este tipo de enfermedad.
No obstante, hay que indicar que en un Estado compuesto por múltiples autonomías, la coordinación necesaria ante las diferentes administraciones, cuerpos de seguridad, servicios veterinarios, asociaciones agrarias y ganaderas debe incrementarse de manera espectacular, a pesar de que ya ha funcionado durante este año.
En junio de 1997, en esta Cámara, señora ministra, se instaba al Gobierno para que presentara un proyecto de ley de sanidad animal que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, mejorara la coordinación entre los servicios de la Administración central y los autonómicos. Con posterioridad, en noviembre de 1997, se reiteraba esta propuesta, a resultas de la cual el Ministerio de Agricultura ha enviado a Bruselas el marco nacional de actuaciones para la lucha contra la peste porcina clásica.
Además, señora ministra, según noticias aparecidas en la prensa, la enfermedad parece que va remitiendo, como indica el levantamiento de las inmovilizaciones en las provincias de Toledo, Madrid y Segovia, de lo cual tenemos que felicitarnos todos. Es de suponer que las medidas adoptadas por el MAPA y las comunidades autónomas para obtener estos buenos resultados habrán sido muy similares a la línea marcada por ese marco nacional.
Por todo ello, señora ministra, le preguntamos: ¿Que aceptación ha tenido... (Rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) A ver si me dejan formular la pregunta. ¿Qué aceptación ha tenido en el comité veterinario de la Unión Europea el marco nacional de actuaciones para la lucha contra la peste porcina clásica, presentado por el MAPA, y cuáles son las líneas de actuación? Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Llorens.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
El 31 de enero presentamos a la Comisión correspondiente el marco nacional de actuaciones para la lucha contra la peste porcina clásica, que contiene cinco líneas de actuación. Concretamente, actuación ante la sospecha de aparición de un foco de peste porcina clásica; prevención de la propagación de la enfermedad; programa nacional de investigación serológica; reordenación estructural del sector, y comité nacional de seguimiento.
Esto se presentaba como consecuencia de una decisión de la Unión, de 21 de enero de 1998, donde se pedía un programa nacional de serovigilancia contra la peste porcina clásica. Por tanto, además de cumplir esa decisión de la Comisión, incorporábamos cuatro líneas suplementarias de actuación, todo ello preparado en menos de 10 días, porque, señorías, no nos engañemos, lo que hacíamos era recoger un programa, un marco de actuaciones, que ya se estaba desarrollando de común acuerdo con las comunidades autónomas, en función de lo que es el reparto competencial actual dentro de las distintas administraciones del Estado, donde, como muy bien sabe, la cuestión de la sanidad animal interna corresponde a las comunidades autónomas .
Señoría, el comité veterinario aprobó por unanimidad la propuesta española y tengo que decir que se está aplicando --se ha aplicado ya-- y estamos trabajando en la elaboración de ese proyecto de ley de sanidad.
Es un asunto complejo, insisto, en función de lo que es el marco competencial que asigna, en principio, las competencias a las comunidades autónomas y, obviamente, cualquier actuación debe ser adoptada de común acuerdo con dichas comunidades autónomas, con el consenso adecuado por parte de todas las administraciones.
No obstante, tengo que decirle que entendemos que es absolutamente necesario, y se ha puesto de manifiesto al hilo de lo que ha sucedido con la peste porcina, garantizar una mayor coordinación, garantizar que haya unas capacidades de actuación desde la Administración general del Estado cuando se producen situaciones

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anómalas, situaciones de peste o similares, ya sea en el terreno animal o en el vegetal. No es una situación habitual de vigilancia de la sanidad animal, que es mejor que esté residenciada en las comunidades autónomas que son las que están más cerca, sino una situación extraordinaria que afecta a las decisiones administrativas de una comunidad, trasciende en el ámbito geográfico de su decisión, afecta a otras comunidades autónomas y, por tanto, la Administración general del Estado tiene que poder arbitrar una mayor coordinación, una mayor capacidad en ese terreno.
Ahí estamos trabajando pero, insisto, hay que conseguir un consenso con las comunidades afectadas. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION DE LAS REFORMAS FISCALES QUE REBAJAN LA FISCALIDAD DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES? (Número de expediente 180/001033)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 15, del señor Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Pese a quien machaconamente se empeña en intentar deshacernos los programas de gobierno, señorías, utilizando discursos manidos y viejos como ellos mismos, más propios del siglo XIX, este Gobierno ha puesto ...
(Rumores.) No se pongan nerviosos todavía.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, señorías.


El señor ISASI GOMEZ: Como decía, este Gobierno ha puesto en vigor una auténtica reforma de la fiscalidad del sistema de módulos destinada a los pequeños agricultores, que disminuye sustancialmente su presión fiscal y, lo que es más importante, señorías, esta reforma se enmarca en una política concreta que defiende e impulsa el Grupo y Gobierno Popular, basada en contribuir a mejorar las rentas de los pequeños agricultores y facilitar que el agricultor no solamente se dedique a producir, sino, además, se beneficie del valor añadido de la transformación y de la comercialización. En este sentido, quiero destacar algunas de las principales reformas fiscales que impulsan estas políticas.
Señorías, este Gobierno ha aprobado un módulo específico para los agricultores y ganaderos que transforman sus propios productos. Con esta reforma, señorías, un agricultor que haya producido 40.000 kilos de uva en 1997, pagará casi 500.000 pesetas menos que con el sistema anterior de los gobiernos socialistas. (Rumores.) Por otra parte, este Gobierno ha incrementado en medio punto el IVA compensatorio de los pequeños agricultores, incremento que va a suponer aumentar la renta de este colectivo en casi 15.000 millones de pesetas. Asímismo este Gobierno ha acordado que los pequeños agricultores acogidos al sistema de módulos puedan deducirse los gastos de inversión que los gobiernos socialistas solamente permitían a los grandes agricultores.
Señora ministra, como los hechos son tozudos y contundentes, ¿cómo valora el Gobierno las reformas fiscales que rebajan la fiscalidad de los pequeños agricultores?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Isasi.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Las modificaciones que se están desarrollando de cara a los pequeños agricultores se encuadran dentro de lo que es la revisión para una modernización y una mejor aplicación del sistema fiscal dentro de toda la economía española. Quiero decir, señoría, en ese sentido que el Ministerio de Agricultura ha recogido gran parte de las demandas que formulaban las organizaciones profesionales agrarias, que han felicitado al Gobierno por las medidas adoptadas en este terreno. Tengo que decir que he encontrado una acogida y una comprensión importante por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y del Gobierno en su conjunto precisamente para apoyar al sector agrario, que, quizá, a menudo no ha sido suficientemente favorecido o apoyado por otras políticas económicas anteriores. En este momento, es la voluntad de este Gobierno apoyar al sector agrario, garantizar el futuro de nuestros agricultores, garantizar de cara a las nuevas generaciones su mantenimiento como elemento básico de estabilidad social, como elemento básico dentro de lo que es el sistema productivo, una garantía de alimentación sana, pero también de presencia física en la ocupación del territorio. Así, en el IVA se ha subido el porcentaje, para la compensación a tanto alzado, del 4 al 4,5 por ciento. Ello va a suponer una inyección de unos 10.000 millones de pesetas para el sector. En el IRPF, en el sistema de módulos, como ha dicho S. S., se han incorporado enormes ventajas para los agricultores, no sólo la posibilidad de que puedan desgravar las inversiones, cosa que hasta ahora estaba reservado sólo a los grandes agricultores y de la que ahora

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también se van a beneficiar los pequeños agricultores que tributan por módulos, sino que, además, se hacen compatibles los índices correctores de esos módulos con un índice corrector general para aquellos agricultores que declaran un rendimiento inferior a 1.500.000 pesetas, que pueden deducir de manera genérica el 10 por ciento de esos rendimientos para gastos de difícil justificación. Asímismo dentro de los módulos se incorpora por primera vez el rendimiento neto en actividades como agroturismo, artesanía, caza, transformación y eleaboración de productos agrarios en la propia explotación, es decir, lo que son actividades complementarias, que, dentro de la diversificación del mundo rural, permiten un complemento de renta que hace viable la explotación agraria de cara al futuro.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON JOSE BLANCO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LA PROPUESTA DEL REINO DE MARRUECOS DE AMPLIAR, NUEVAMENTE, DE DOS A CUATRO MESES LA PARADA BIOLOGICA? (Número de expediente 180/001050)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 31, del señor Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Blanco.


El señor BLANCO LOPEZ: Señora ministra, Marruecos acosa, chantajea y presiona a nuestra flota --ayer hubo un nuevo apresamiento, uno más-- y decide unilateralmente la ampliación de la parada biológica que afecta a nuestra flota cefalopodera, y usted, señora ministra, mira hacia otra parte. Señora ministra, ¿cuál es su posición acerca de esta situación?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Blanco.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Señor diputado, efectivamente hay dificultades, cosa que conoce muy bien S. S., ya que el Gobierno anterior tuvo tales dificultades que se vio obligado a reducir en un cuarto de tiempo el período convenido en el anterior acuerdo de pesca con Marruecos, y lo que estamos haciendo precisamente es evitar caer en una situación como la anterior, que supuso el amarre de la flota durante más de un año, dificultades enormes y dejar el caladero. Precisamente hay dificultades en ese sentido, como ha señalado S. S., pero lo estamos negociando y estamos presionando no sólo en el ámbito bilateral, sino también desde la Unión Europea, para conseguir que se cumpla el acuerdo con Marruecos y se llegue hasta su final.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Blanco.


El señor BLANCO LOPEZ: Señora ministra, lo hace siempre. No nos acuse de que no se cumple el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea. Nosotros no somos los responsables de que nuestra flota cefalopodera vea disminuidas sus posibilidades de captura en un 20 por ciento y tampoco lo somos de los apresamientos sistemáticos de nuestra flota. ¿Dónde está la firmeza del Gobierno en la defensa de nuestras posiciones pesqueras que ustedes tanto demandaban antaño? Nosotros, señorías, sí somos responsables de que se haya logrado un acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea favorable para los intereses de España y ustedes, que en su día tanto lo criticaron, son los responsables de que se esté incumpliendo sistemáticamente, sin nada que justifique el paro biológico y encima consienten que nos chuleen apresando y acosando a nuestra flota.
¿Qué queda de aquellas frases grandilocuentes de un colega suyo que, cuando se estaba negociando el convenio que ahora ustedes incumplen, decía que el PP no estaba dispuesto a permanecer en silencio si lo que pensaba el Gobierno era crear el PER del mar, un subsidio para que los barcos no faenasen y estuviesen amarrados a los puertos? Esto está firmado por Javier Arenas. ¿Lo conoce, señora ministra? Señora ministra, ahora están amarrados en la época de parada biológica estructural y también en la establecida en el acuerdo, en la extraordinaria, que ya se está convirtiendo en ordinaria, porque se produce todos los años, incumpliendo el acuerdo.
Señora ministra, qué horizontes más negros tenemos por delante para nuestra flota con estos precedentes. ¿Qué sucederá cuando, dentro de un año, expire este acuerdo? Señora ministra, usted prefiere la pelea al acuerdo, la autosuficiencia al consenso, el espectáculo a la gestión, la gesticulación a la resolución de los problemas. Su época de gracia se acabó, hace aguas por todas partes, con esta tripulación ningún barco llegará a puerto, el timón está mal llevado, Argentina, Marruecos, la leche, la pesca, ¿qué vendrá después? (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Blanco, ha terminado su tiempo.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi):

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Señor diputado, yo comprendo que el asunto del fletán les haya dejado a todas SS. SS. absolutamente traumatizadas, pero de lo que se trata ahora es de conseguir que nuestros barcos sigan pescando en el caladero marroquí y lo que hay planteado es una parada biológica. El año pasado hubo dos paradas biológicas y tengo que decir que en un caladero que no está bien, y lo sabe S. S. tan bien como yo, si es que se ha molestado en estudiar un poco y hablar con los que de verdad están ahí faenando. Ese caladero reclama la recuperación del mismo. El problema no es que haya una parada biológica, que tenemos que estar a favor de una parada biológica, el problema es que por parte de Marruecos se adopten las medidas correspondientes, por ejemplo, para dar una solución a las pequeñas pulperas, que son las que están actuando en las zonas más cercanas de desove, creando problemas luego para la reproducción del recurso. Ese es el problema, no desenfoque la cuestión. Y precisamente porque el problema es ése, lo que estamos planteando lo estamos haciendo en el seno de la Unión Europea, desde la Unión Europea y también en el ámbito bilateral. Estamos planteando a Marruecos que es necesario que cumpla sus compromisos, que dé una solución a ese problema de las pulperas que tiene el país, porque así se acordó el año pasado, y que, además, respete, como hizo el año pasado, lo que es la parada biológica por parte de sus barcos, porque tiene que saber S. S., y si no se lo digo yo, aunque yo sospecho que lo sabe pero no lo dice, que, cuando vuelven nuestros barcos al caladero después de los dos meses de paro, pescan más y recuperan económicamente en gran medida lo que han dejado de capturar durante esos dos meses de parada. Lo que les preocupa a nuestros pescadores y a nuestros armadores es que durante estos dos meses de paro haya una compensación económica que les permita estar amarrados los dos meses extraordinarios, no los habituales, que ya entra dentro de los cálculos de la explotación de la empresa. En eso es en lo que estamos trabajando, en que la Unión Europea acuerde unas ayudas y en conseguir que Marruecos cumpla sus compromisos. (Aplausos.) Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ha terminado su tiempo, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADéS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION A LA PROPUESTA DE GRAN BRETAÑA DE ELABORACION DE UN CODIGO DE CONDUCTA QUE ESTABLEZCA CRITERIOS COMUNES EN LA EXPORTACION DE ARMAS A TERCEROS ESTADOS? (Número de expediente 180/001029) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 11, del señor Campuzano i Canadès, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, señor vicepresidente, hace unos meses tuvimos la oportunidad de discutir con usted sobre esta cuestión. En aquellos momentos seguramente el debate en la Unión Europea aún no había empezado. El pasado martes de este mismo mes hubo una primera reunión de los 15 miembros de la Unión para empezar a debatir la propuesta franco-británica de código de conducta europea sobre comercio de armas. Nos gustaría saber cuál es la posición del Gobierno español en esta materia y en ese debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Señor vicepresidente y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente, y gracias, señor diputado.
Los Estados miembros de la Unión Europea, como S. S. sabe muy bien y la Cámara también, aprobaron en Luxemburgo y en Lisboa, en 1991 y 1992, la aplicación a sus exportaciones de armamento de ocho criterios comunes que sirviesen para no autorizar las mismas a destinos que no cumpliesen esos criterios. Sin embargo, la experiencia en los años transcurridos ha mostrado que su utilización ha sido desigual entre los diferentes países de la Unión, debido quizás a su carácter genérico y a posiciones probablemente distintas en diferentes países. A partir de ahí, los gobiernos británico y francés han planteado un posible código de conducta más ambicioso y además proponen que cada Estado miembro comunique a los demás las exportaciones que deniega, estableciéndose así un intercambio de información que sin duda facilitaría la armonización de las políticas de ventas de armas a terceros países.
España ha apoyado claramente siempre la adopción de criterios o principios de control comunes y transparentes que eviten acumulaciones peligrosas de armas en determinadas zonas geográficas y, por ello, hemos seguido siempre escrupulosamente los criterios de Luxemburgo y Lisboa.
Este proyecto de código de conducta, que ha sido presentado a nivel de grupo de trabajo en el marco de la PESC, se ha debatido el pasado 17 de febrero y en este momento está en período de observaciones. Por tanto, es prematuro aventurar cuál será la definitiva redacción, aunque no la idea, que tiene el respaldo del Gobierno español. En concreto, nosotros creo que estamos a la cabeza de los países de la Unión Europea

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en cuanto a transparencia en el comercio de armamento, ya que en el boletín semanal de información comercial del 15 de febrero se han publicado, en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en esta Cámara, el 18 de marzo de 1997, las exportaciones de material de defensa y doble uso por países de destino en el período 1991-96, que fue informado por el secretario de Estado de Comercio y Turismo en su comparecencia del 4 de febrero.
Por lo tanto, señor diputado, en este momento el Gobierno ha cumplido las recomendaciones de la Cámara; estamos estudiando la propuesta en el seno de la Unión Europea y, desde luego, respaldaremos la iniciativa de que exista un código de conducta más concreto y más ambicioso que las resoluciones de Lisboa y Luxemburgo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Nosotros aplaudimos la propuesta franco-británica; entendemos que es positivo que el Gobierno haga este planteamiento inicial, pero por algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación esa posición que usted hoy ha manifestado de manera inequívoca no quedaba clara. Nosotros entendemos que es bueno que el Gobierno tenga una posición activa, para conseguir que en este semestre se logre este código de conducta para solucionar los problemas que las resoluciones anteriores de la Unión no habían aclarado. Esperamos además que el código que finalmente se apruebe sirva para evitar que los Estados de la Unión continuemos exportando armas a Estados que vulneran los derechos humanos o que crean inestabilidad con estas armas en determinadas áreas sensibles del mundo.
En esta legislatura su Gobierno está impulsando dos iniciativas legislativas importantes, desde el punto de vista de la ayuda al desarrollo a los países del Tercer Mundo, como son la ley de cooperación o la ley de prohibición de las minas antipersonas. Sería malo que el Gobierno español, en los debates de la Unión, no se situase como el señor ministro apuntaba: para conseguir un efectivo código de conducta que limite la capacidad de exportación de los Estados de la Unión, insisto, hacia aquellos Estados que no tienen determinadas características.
Quiero decirle que vamos a estudiar esa información publicada el 15 de febrero --cuya existencia yo desconocía--. Tenemos pendiente una comparecencia del secretario de Estado de Comercio, en la Comisión de Defensa, para informar sobre estas cuestiones. Por algunos apuntes que nosotros teníamos sobre esta comunicación publicada en el boletín del Ministerio de Economía, nos parecía que no cumplía estrictamente aquello que el Congreso mandató en su proposición no de ley. En todo caso, espero --y estoy convencido-- que tendremos oportunidad de continuar debatiendo.
Pero insisto en que el motivo de nuestra pregunta es nuestro interés en que el Gobierno juegue un papel activo en la elaboración de ese código de conducta.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.


--DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OBJETIVOS PRETENDE EL CONVENIO PARA LA FORMACION, FIRMADO ENTRE LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD Y EL INSALUD? (Número de expediente 180/001038)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 20, del señor Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, la mayoría de las ciencias de la salud son ciencias empíricas y, como tales, están sometidas a un continuo cambio, y este dinamismo tiene una expresión clara y evidente en el área de la medicina, en donde están confluyendo día a día, hora a hora, una serie de factores que la hacen continuamente mejorable. Estos factores son de índole diversa, tales como la aparición de nuevas tecnologías, el envejecimiento progresivo de la población, los nuevos y sofisticados métodos de I+D, la mejor y mayor capacitación en el área de los recursos humanos, la aparición y desarrollo de la informática, etcétera.
Esta realidad ha obligado a distintos países de nuestro entorno geográfico, de Europa, a revisar de manera continua y continuada sus sistemas de salud, y también en España nos encontramos en estos momentos inmersos en un importante proceso de revisión de nuestro sistema, que tiene como único objetivo su consolidación y su mejora. Para afrontar este reto con éxito es imprescindible, entre otras cuestiones, llevar a cabo una política de formación, en el área de recursos humanos que sea cualitativa y cuantitativamente suficiente y que tenga unos objetivos que estén basados en la calidad y en la eficiencia.
Por eso, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos pretende el convenio para la formación,

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firmado entre la Escuela Nacional de Sanidad y el Insalud? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, desde una perspectiva de absoluta conformidad con sus ideas sobre la necesidad de la formación continuada en un campo tan cambiante como es el de las ciencias de la salud, le puedo decir que los objetivos del convenio-marco a que se ha referido se concretan a través de un programa de actividades formativas que, para el presente ejercicio de 1998, son los siguientes. Vamos a desarrollar una oferta formativa equilibrada que responda a las necesidades de los diversos colectivos del Insalud y que aborde los principales problemas que el Sistema Nacional de Salud tiene planteados; reforzar y priorizar los procesos formativos dirigidos al perfeccionamiento de la carrera profesional del personal directivo y de gestión; continuar con el programa de seminarios de actualización para directivos de instituciones y centros sanitarios; ofertar cursos sobre aspectos aplicados o instrumentales centrados en problemas o áreas temáticas específicas de gran interés para el personal del sistema; consolidar la línea formativa específica en gestión clínica para jefes de unidades asistenciales; continuar con la línea de jornadas y foros de encuentro, en donde se analicen los temas de más actualidad del sector sanitario y sirvan para consensuar las políticas que se desarrollarán en el futuro.
Durante 1998, y al amparo de este convenio, se prevé realizar siete diplomaturas, cuatro jornadas y foros de encuentro, cuatro seminarios aplicados y 57 ediciones de cursos específicos, con un total de 2.995 horas lectivas. Entre los temas que van a ser abordados en estos cursos están: la formación para la atención integral a la mujer, formación para la mejora de los cuidados de ancianos y pacientes crónicos y terminales, sida, formación de personal especializado en el cuidado de pacientes con enfermedad de Alzheimer, visión integral de los cuidados infantiles, gestión hospitalaria, gestión de recursos humanos, control económico y financiero, gestión logística y hostelera, gestión de ingeniería, mantenimiento y seguridad, dirección de unidades clínicas de servicios de enfermería, gestión de la calidad total en el ámbito sanitario, metodología de la investigación clínica, etcétera. Se prevé que en estas actuaciones participarán 1.295 alumnos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿POR QUE HAN SUPRIMIDO LA PARTICIPACION DE LOS EXPERTOS, AGENTES SOCIALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ELABORACION DE LA LISTA DE MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE LA FINANCIACION PUBLICA? (Número de expediente 180/001042)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 23, de doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Amador.


La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, ¿por qué su Gobierno ha suprimido la participación de los expertos, de los agentes sociales y de las comunidades autónomas en la elaboración de la lista de medicamentos excluida de la financiación pública?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Amador, no hemos suprimido la participación de los expertos, de los agentes sociales ni de las comunidades autónomas en la elaboración de la lista negativa de medicamentos. En la lista que hemos presentado, la que ya hemos elaborado y con la que hemos iniciado este trámite, han participado expertos muy competentes y numerosos, y en la que en su momento apruebe el Gobierno, después de la oportuna tramitación, habrán participado muchos más expertos y agentes sociales y, por supuesto, todas las comunidades autónomas, entre ellas Ceuta y Melilla, y llegará con todos los avales para que se pueda adoptar la resolución más conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señora Amador.


La señora AMADOR MILLAN: Señor ministro, la forma de actuar de su Gobierno y de su Ministerio empieza a generar verdadera alarma. Ustedes están tomando las decisiones que quieren, y que no defraudan a su electorado, pero pretenden tergiversar la realidad hasta límites intolerables.
Existe una Comisión de uso racional del medicamento, creada por un decreto de octubre del año

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1992. Le recuerdo que la financiación selectiva del Gobierno socialista se aprobó a mediados del año 1993; es ése decreto que le han pasado al señor Aznar para rendir cuentas de su gestión, invocando un decreto del año 1993 del Gobierno socialista. A ésa Comisión de uso racional del medicamento, señor ministro, que estaba integrada por farmacéuticos, médicos, empresarios, sindicatos, consumidores, profesionales, expertos, comunidades autónomas y Administración central del Estado, ustedes le han suprimido el informe preceptivo que tenía que emitir para la elaboración de las listas negativas de medicamentos excluidos de financiación pública, y lo han hecho en la Ley de acompañamiento a los presupuestos para el año 1998, como han limitado la financiación pública de los medicamentos para determinadas indicaciones terapéuticas. Y ya es hora, señor ministro, de que empiecen a reconocer y a explicar cómo son las cosas, porque a fuerza de repetir que lo blanco es negro están produciendo ustedes mucha irritación.
Señor ministro, una Comisión que se llama de uso racional del medicamento, que es una entidad con la solvencia que le he leído, difícilmente podría informar y compartir la lista que ustedes han presentado. Como esto lo tenían meditado y como no es una medida que se haya presentado mal o explicado torpemente, sino que responde a un objetivo clarísimo, hace ya seis meses que su Gobierno la introdujo en la Ley de acompañamiento a los presupuestos y en esta Cámara obtuvo la mayoría que apoya al Gobierno, y de la que habrá que rendir cuentas.
Por tanto, señor ministro, ustedes han suprimido la participación de la Comisión de uso racional del medicamento, porque la medida que han presentado ni es racional ni es de recibo ni esta Comisión la hubiera avalado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Amador, por qué insiste usted en tergiversar los hechos, lo que ocurre y lo que va a ocurrir. La Comisión de uso racional del medicamento va a informar este expediente, pero lo hará en el trámite adecuado y en el momento oportuno. (Rumores.) ¿Recuerda usted cuándo informó en la ocasión anterior? Ustedes iniciaron un trámite análogo a éste el 13 de febrero de 1992, y ¿sabe usted cuando informó la Comisión nacional para el uso racional del medicamento? El 10 de noviembre de 1992. En esta ocasión ese informe, que vamos a pedir y que enriquecerá lo que nosotros vamos a hacer, va a producirse mucho antes. Pero no diga que ustedes hicieron otra cosa; ustedes le pidieron a la comisión nacional de uso racional del medicamento el informe el 10 de noviembre cuando habían iniciado la tramitación el 13 de febrero, y mandaron el asunto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 1 de julio de 1992; en esta ocasión mucho antes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a conocer este tema. El pronunciamiento del Consejo Interterritorial se produjo en aquella ocasión el 14 de septiembre de 1992, es decir, siete meses después de iniciarse la tramitación. Estamos siguiendo los mismos trámites previstos en la legislación vigente que ustedes hicieron en la ocasión anterior. (Rumores.) Vamos a oír más instituciones científicas de las que oyeron ustedes. Digan ustedes si están o no de acuerdo con esta medida que apoyaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en otros foros. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS 869 MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE LA FINANCIACION PUBLICA TIENEN NULO VALOR TERAPEUTICO? (Número de expediente 180/001043)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 24 del señor Corominas y Busqueta, del Grupo Socialista.
Señor Corominas.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, ¿considera el Gobierno que los 869 medicamentos que ustedes han excluido de la financiación pública tienen nulo o escaso valor terapéutico?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Corominas.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno en ningún caso ha dicho que estos medicamentos tengan un nulo valor terapéutico.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Corominas.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.


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Le agradezco, señor Romay, que por lo menos en su respuesta no haya considerado esta pregunta como una colosal estupidez. Estamos de acuerdo con usted en que no todos los medicamentos que ustedes han excluido de la financiación tengan nulo o escaso valor terapéutico y, por ello, rechazamos su recetazo, ya que nuestra posición es la de que todos aquellos medicamentos y fármacos que posean actividad terapéutica clara deben ser financiados por el Sistema Nacional de Salud.
Una vez más, señores del Grupo Popular, no dicen la verdad, como cuando, por ejemplo, el señor Aznar afirmó aquí, como podemos ver en el «Diario de Sesiones»: nosotros no hemos tomado ninguna medida para excluir nada que tenga alto valor terapéutico, y no hemos dejado en la Seguridad Social ninguna enfermedad sin cobertura por parte de la financiación pública.
Su recetazo, señor Romay, no responde a criterios sanitarios ni a una utilización racional del medicamento sino exclusivamente a criterios economicistas, y con ello disminuyen el grado de cohesión social, de equidad y de solidaridad que el sistema había alcanzado; es el inicio de la voladura controlada de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar y el inicio de la privatización de la sanidad.
Señor ministro, ustedes no tienen en este tema ninguna credibilidad y, por lo menos, lo mínimo que usted, señor Romay, debería hacer es pedir en nombre del PP disculpas a todos los ciudadanos españoles por las actitudes y comportamientos que tuvieron desde 1993 hasta la actualidad en cuanto a la financiación selectiva de medicamentos.
Señor Romay, haga un servicio útil y retire la actual lista de medicamentos que la mayoría de la sociedad española no acepta.
Para terminar, señor ministro, le digo que ustedes han eliminado al hacer esta lista y publicarla los informes preceptivos previos de la Comisión de evaluación del uso racional del medicamento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Corominas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Corominas, los que hablan de medicamentos que no valen nada y le piden al ministro de Sanidad que sea valiente y que haga una lista negativa son, entre otros, el Consejero de Salud de Andalucía, señor Morella, en su comparecencia el 9 de octubre de 1997 en el Parlamento en Andalucía. Yo voy a seguir sus consejos, que me parece que son acertados. Los medicamentos que nosotros retiramos tienen un beneficio limitado para los pacientes y destinados a procesos para los que existen otros abordajes terapéuticos más apropiados, medicamentos destinados a síndromes o síntomas menores, como la Couldina o el Frenadol, que retiraron ustedes en el año 1993, o en otro caso asociaciones a dosis fija, que ya la farmacología moderna no considera suficientemente interesantes como para ser financiados por el Sistema Nacional de Salud. Son criterios que siguieron ustedes el año 1993, que se aplican con carácter general en los países del entorno con los que nos comparamos y que, en nuestro caso, es una medida en defensa del Sistema Nacional de Salud, aquejado, como ustedes han dicho repetidamente y reiteraron el año 1993, cuando prepararon una medida como ésta, de gravísimos problemas que hacían imprescindibles medidas como ésta. El señor Griñán se quejaba de que no podía hacer centros de atención primaria porque tenía crecimientos del gasto de farmacia del 18 por ciento. Nos dejaron ustedes un gasto de farmacia desbocado. (Rumores.) Es necesario seguir tomando medidas.
Entonces las tomaron ustedes. Hay que seguir tomándolas porque ese crecimiento desmesurado del gasto farmacéutico compromete necesidades prioritarias del Sistema Nacional de Salud. Nosotros queremos seguir bajando las listas de espera, hacer el plan de atención a la mujer, abrir los centros de salud por las tardes, dar una buena asistencia de urgencia. (Rumores.) Eso es lo que queremos hacer, que nos parece prioritario, en vez de seguir financiando estos medicamentos, que no se diferencian en nada de los que ustedes dejaron de financiar el año 1993.
(Rumores.--Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CON QUE CRITERIOS HA DECIDIDO EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO QUE ENFERMEDADES SON GRAVES Y CUALES LEVES? (Número de expediente 180/001044)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 25 del señor Moratalla Molina, del Grupo Socialista.


El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
En los últimos días el señor Aznar y usted mismo, señor Romay, han empleado términos como: fármacos de baja utilidad terapéutica, síndromes menores, tratando de restar importancia a su incumplimiento electoral y a la alarma social que han creado. Yo hasta esperaba un eslogan: la enfermedad con el PP va bien. (Risas.) Por ello le pregunto: ¿Qué criterios ha tenido

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el Ministerio o el ministro de Sanidad para catalogar qué enfermedades son graves y cuáles son leves? Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Moratalla.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Moratalla, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha formulado ninguna propuesta, ni ha tomado ninguna decisión en orden a considerar la gravedad o levedad de ninguna enfermedad. Son los profesionales sanitarios, considerando el diagnóstico o el agente causal de cada proceso y las condiciones particulares de cada paciente, los que establecen diagnósticos de gravedad o levedad de las enfermedades.
Muchas gracias, señor presidente. (La señora López i Chamosa: Amén.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
Señor Moratalla.


El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor Presidente.
El pronóstico de una enfermedad puede ser leve, grave o reservado. Lo suyo, seguro, ha sido de pronóstico reservado, privado y bilateral con Farmaindustria.
Sabrá, señor ministro, que hasta una diarrea banal, con pérdida de electrolitos, puede convertirse en un grave problema para la sístole o la diástole cardiaca; si no, pregúnteselo al potasio. (Risas.) Lo grave, señor Romay, es el concepto que su ministerio tiene sobre que la sanidad pública atienda a los temas básicos, dejando los menos relevantes a la atención privada, según la comparecencia del señor Núñez en el Senado. Lo grave, señor Romay, es su actitud de defensa numantina frente a una reacción social generalizada que se resiste a privatizaciones encubiertas. Lo grave es que ayer, con su ausencia en esta Cámara, el Grupo Popular presentara una enmienda a la moción del Grupo Socialista, con el sorprendente apoyo de Convergència, que dice textualmente en su punto segundo: una lista final de medicamentos excluidos de la financiación de la Seguridad Social que mantenga la cobertura de las necesidades básicas de la población, lo que redunda en la idea expuesta.
¿Qué es para usted lo básico, señor ministro? Lo grave, señor ministro, es que no han comprendido una cosa tan simple y tan básica como es que no hay enfermedades, hay enfermos. Eso es lo grave, lo realmente grave, señor ministro. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire, señor Moratalla, nosotros aplicamos la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento, que sabe usted muy bien en qué período se promulgaron, en las que se faculta al Gobierno para excluir de la prestación farmacéutica pública los medicamentos cuyas indicaciones sean sintomatológicas o para síndromes menores. En este caso se ha recogido el criterio de los expertos, el consenso de los servicios de salud en su inmensa mayoría y se ha elaborado esta lista.
La Ley del Medicamento dice que podrán no financiarse con cargo a fondos de la Seguridad Social aquellos medicamentos cuyas indicaciones sean sintomatológicas o para síndromes menores. De modo que estamos dando cumplimiento a estas disposiciones vigentes en nuestro país, las mismas que aplicaron ustedes el año 1993, y no creo que entonces estuvieran ustedes pensando en privatizaciones encubiertas, como dicen ahora sin ningún fundamento.
En el Real Decreto que ustedes promulgaron sobre financiación selectiva de medicamentos, coincidiendo con manifestaciones de sus portavoces políticos de aquellos años, se hacen eco de que si no se modifica la actual generosidad financiera del Estado en materia de medicamentos, el sistema asistencial se encontrará en una situación difícil en la que no podrá hacerse cargo de atenciones sanitarias más fundamentales y prioritarias.
Nosotros tratamos de seguir conteniendo el gasto farmacéutico, porque es necesario después de lo que nos hemos encontrado. Queremos hacerlo para seguir mejorando el Sistema Nacional de Salud. Tenemos la autoridad moral de haber mejorado la financiación del sistema en términos absolutamente desconocidos y, teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes, admitimos la posibilidad de que algunos de estos medicamentos excluidos en general puedan ser aplicados en casos concretos, cosa que no hicieron ustedes el año 1993.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUAL VA A SER EL IMPACTO ECONOMICO DEL «RECETAZO» SOBRE LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS? (Número de expediente 180/001045)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 26, del señor Griñán Martínez, del Grupo Socialista.
Señor Griñán.


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El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor ministro, no hace mucho su jefe de filas, el hoy presidente del Gobierno, y otros destacados miembros del Partido Popular criticaban ferozmente la financiación selectiva del medicamento.
Un miembro del actual Gobierno llegó a decir que dejar de financiar medicinas con dinero público era una estafa. Por eso le pregunto, si puede decirme, señor ministro, si ha calculado usted el impacto sobre las pensiones de los jubilados de eso que ustedes consideran una estafa, es decir, del recetazo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Griñán.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Griñán, lo que sí le puedo decir es que el impacto de la exclusión de medicamentos de la financiación pública que está planteando el Gobierno será mucho menor que la producida por la exclusión que el Gobierno socialista acordó en el año 1993. Y de la estafa hablaremos después.
Muchas gracias. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Yo comprendo, señor ministro, que usted tiene poca consideración a los propios pensionistas que acordaron con nosotros aquella reducción de medicamentos y que están de uñas con ustedes; por algo será, digo yo.
La pregunta se la he hecho en términos recordatorios para darle la oportunidad de que hiciera usted aquí hoy dos rectificaciones. Una primera para que manifestara en el Parlamento que todo cuanto dijeron de la financiación selectiva del medicamento era una fenomenal mentira, que ustedes engañaron al pueblo español. Empiecen por decir eso.
Con ser esto importante para la buena salud democrática es insuficiente, porque tienen que hacer otra rectificación: tienen que retirar el recetazo; tienen que hacer una nueva lista hablando no solamente con la industria farmacéutica sino, al mismo también, con quienes recetan los medicamentos y con quienes los necesitan. Tienen que hacer ustedes un ejercicio de humildad y darse cuenta de que lo que están haciendo va a suponer un quebranto para los propios pensionistas. Rectifiquen y, si no, díganles la verdad a los pensionistas, con paella o sin paella, pero díganles que el recetazo les va a suponer 25.000 millones de pesetas para el bolsillo de aquellos pensionistas que puedan pagar los medicamentos que no van a encontrar gratuitamente en las farmacias. Díganles esto y también tengan la caridad de no decir a aquellos que no puedan finarciárselos que hagan ejercicio y beban agua.
Señor ministro, lo de ayer del señor Aznar acerca de Fernando VII no fue un lapsus cronológico; con ustedes España ha retrocedido cien años.
(Algunos señores diputados: Muy bien, muy bien.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Griñán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Griñán, los medicamentos que se propone retirar ahora, por ser asociaciones de productos con dosis fijas podrán seguir prescribiéndose, dado que se mantienen las presentaciones como monofármacos. Esto representa un 40 por ciento. Los medicamentos que se proponen retirar por estar destinados para el tratamiento de síntomas y síndromes menores, que constituyen el 25 por ciento, podrán prescribirse a los pacientes con enfermedades crónicas. En los medicamentos que se propone retirar por presentar un beneficio limitado, que constituyen el 35 por ciento de la lista, existen otras alternativas terapéuticas de mayor efectividad crítica. Los pensionistas, los crónicos, están perfectamente protegidos con estas previsiones y con estas cautelas, las que ustedes no tuvieron cuando excluyeron en 1993 el Aero-Red, el alcohol, el Hibitane, la Couldina o los protectores hepáticos; entonces ustedes no hicieron estas excepciones que hacemos nosotros ahora.
Mire usted, señor Griñán, para mentiras, las que están practicando ustedes ahora diciendo, en relación con esta medida, lo contrario de lo que es, y con una particularidad: el Partido Popular, cuando hizo su oposición a esta medida en el año 1993, no había tenido responsabilidades de Gobierno. (Rumores.) Cuando no se han tenido responsabilidades de Gobierno, se puede caer más fácilmente en esos errores. (Rumores.) Es mucho más grave cuando se han tenido.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Yo, entonces, era consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia. Voté a favor de esta medida, porque sabía que era una medida necesaria, aunque la plantearan ustedes, y no la descalifiqué como la están descalificando ustedes ahora, porque sabía de qué se trataba el asunto. Tenía responsabilidades.
Ustedes las tuvieron y ahora caen en una tremenda irresponsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.


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INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS REGISTRADOS, ASI COMO LA ACCESIBILIDAD ECONOMICA DE TODA LA POBLACION A LOS MISMOS. (Número de expediente 172/000069)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluido el turno de preguntas orales, pasamos al punto V del orden del día, interpelaciones al Gobierno.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad económica de toda la población a los mismos.
Para la presentación de dicha interpelación, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque, evidentemente, las respuestas que están reiterando en el Congreso de los Diputados y desde los medios de comunicación, tanto usted como los altos cargos de su Ministerio, no están contribuyendo a tranquilizar la enorme inquietud de la población en torno a la medida de exclusión de un listado de 869 fármacos de la financiación pública sino, muy al contrario, contribuyendo a intensificarla y a introducir, además, argumentos absolutamente falsos en su defensa.
En primer lugar, quiero recordarle, señor ministro, lo que usted ha venido reiterando aquí esta tarde en la contestación a las preguntas: ¿dónde está, en una situación económica que ustedes califican como boyante, el peligro para la subsistencia económica de un sistema sanitario que se financia en un 92 por ciento a partir de los Presupuestos Generales del Estado? Si la situación económica es boyante, no debe haber riesgo para ninguno de los sistemas públicos de servicios sociales. Si es así, ¿cómo, además, ustedes plantean reformas fiscales, que son la fuente de ingresos desde las cuales se financian los servicios públicos, que prevén reducciones muy importantes de los ingresos del Estado? Aquí está fallando algo, y a usted, señor ministro, y a todo el Gobierno del PP, se le está viendo el plumero; un plumero que cada vez está valorando más la población, porque aquí de lo que se trata es de montar un gran escenario en el cual los suculentos beneficios van cada vez más a manos privadas, mientras cada vez existen menos argumentos para introducir recortes como el que se pretende en las prestaciones sociales.
Si hay bonanza económica, señor ministro, debe haber dinero, y muchísimo más dinero para la sanidad pública del que hay en este momento. La falacia injustificable --y no quiero utilizar palabras agresivas--, la falta de prudencia, de sensatez, la voluntad de engañar al decir que el dinero que se ahorra en medicamentos va a destinarse a mejorar la atención primaria, a hacer más mamografías, etcétera, es un intento de engañar a la población. En este país hay dinero, mucho dinero del que hace falta para todo eso y muchas más cosas, sin tocar recortes en prestaciones sanitarias y, en relación con lo que nos ocupa, mejorando la racionalidad en el uso de los medicamentos.
Señor ministro, yo he consultado publicaciones suyas de la Subdirección de Atención Primaria con respecto al gasto famacéutico 1996-1997, es decir, estrictamente responsabilidad suya. ¿No le parece curioso, señor ministro, que las comunidades autónomas que tienen menor desarrollo de la reforma de la atención primaria sean aquellas que prácticamente duplican el incremento del gasto sanitario del Insalud, y la primera la suya, señor ministro, sobre la que usted ha tenido responsabilidades de gobierno en los últimos años? Mientras el Insalud tiene un incremento en 1997 sobre 1996 de un 4,2 por ciento, Galicia tiene un 7,17 por ciento.
¿Por qué? Porque el principal elemento que determina la irracionalidad y el exceso de gasto farmacéutico en proporción a las necesidades de salud son precisamente aquellas comunidades autónomas en las que la atención individualizada, masificada y de mala calidad son su exponente. Pero también en comunidades autónomas como la catalana, que tiene un porcentaje altísimo de sistema sanitario privado y de falta de desarrollo de la atención primaria, el gasto farmacéutico se dispara. No hace falta ser un lince, señor ministro, para ver dónde están los núcleos fundamentales de intervención para mejorar la atención sanitaria, para mejorar la calidad en el uso de los medicamentos y para mejorar el gasto farmacéutico.
Señor ministro, ha sido reiterado, y usted no ha tenido la voluntad de ignorarlo, que el acuerdo con Farmaindustria ha sido el determinante de la lista de medicamentos excluidos. Se lo repetí en la Comisión, señor ministro, y no creo que tenga ningún problema de audición. Le reitero la pregunta: ¿cómo es posible que sigan manteniendo medicamentos que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos identifica como el paradigma de la medicación irracional, el ejemplo de lo que no debe hacerse en terapéutica, hasta el punto de que en ciertos sectores se ha perdido toda pretensión de objetividad en la evaluación, como son los vasodilatadores cerebrales? Gran parte de ellos ni siquiera atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no llegan ni al cerebro, y sin embargo tienen efectos secundarios importantes, como son la hipotensión o la acumulación de sangre en zonas vasculares sanas. Explíqueme usted, señor ministro, a qué objetivo

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sanitario, a qué objetivo de racionalidad en el gasto corresponde que ustedes sigan, eso sí, como el Gobierno socialista, manteniendo la financiación íntegra de medicamentos absolutamente ineficaces e, insisto, no por ello ajenos a efectos secundarios que, como usted sabe muy bien, incrementan el gasto en servicios sanitarios destinados a atenderlos.
Hay fármacos que ustedes excluyen, señor ministro, absolutamente eficaces, medicamentos que incluso son de elección, y dice usted para síndromes menores con una alegría propia de quien conoce muy poquito el sistema sanitario. Por ejemplo, enfermedades digestivas muy graves tienen como primer síntoma la diarrea o el estreñimiento. Si las personas con bajos recursos que acuden al sistema sanitario con estos síntomas conocen perfectamente el nombre de los medicamentos que pudieran abordar estos síntomas y no acuden al sistema sanitario cuando ese síntoma puede ser el primero de una enfermedad muy grave, se incrementa el riesgo, se incrementa el gasto en servicios sanitarios de mucha mayor envergadura y se incrementa gravemente el riesgo para la salud.
Hablando de medicamentos eficaces y de fórmulas de copago, señor ministro, debe saber que hay estudios suficientes en países industrializados que hablan de que precisamente la introducción de fórmulas de copago puede incrementar hasta el doble el riesgo de mortalidad en aquellos sectores de la población que se autoexcluyen de los servicios sanitarios, precisamente porque no tienen ninguna capacidad para sufragar esos gastos.
Excluyen ustedes medicamentos ineficaces. Tengo la satisfacción de representar al único grupo parlamentario de esta Cámara que mantiene la misma posición cuando se publicó el decreto de financiación selectiva de 1993 del PSOE y el que ustedes amplían en este momento. Nada que ver tiene ese decreto, ni el de ahora ni el de antes, con el uso racional de los medicamentos.
Ustedes, señor ministro, le reitero --y se lo reiteraré mientras estemos debatiendo sobre política del medicamento--, tienen la obligación legal de garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos. ¿Puede decirme cómo garantiza usted y el Gobierno anterior la eficacia y seguridad de medicamentos como la Couldina, el Frenadol, o la aspirina, que puede ser útil para el tratamiento de muchas enfermedades, pero que es anunciado en medios de comuncación como un medicamento que potencia las facultades de estudio? Señor ministro, la publicidad en medios de comunicación de medicamentos sin eficacia terapéutica y gravemente perjudiciales para la salud, no obstante, y que ocasionan graves efectos secundarios, es publicidad engañosa, y el Ministerio de Sanidad, que lo autoriza, es cómplice de publicidad engañosa de medicamentos peligrosos en medios de comunicación que la población consume sin necesidad de ningún tipo de consulta sanitaria.
Me va a permitir, señor ministro, que le reitere aquí algo que no tuve ocasión de desarrollar en la comparecencia. Sus técnicos, señor ministro, califican...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo con brevedad, señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor presidente.
Sus ténicos califican la mayor parte de los grupos excluidos de la financiación con estas palabras: estas especialidades contienen asociaciones no justificadas de principios activos --se refiere a los antiespasmódicos y anticolinérgicos--; estas especialidades contienen asociaciones no justificadas de principios activos, no se dispone de información científica que avale su utilización. En el caso de los antiinflamantorios y antirreumáticos no esteroideos, se dice que se carece de bibliografía científica que avale su utilización. No se recomiendan las asociaciones de corticoesteroides con antibióticos porque el corticoide puede empeorar la infección. En el caso de hipnóticos y sedantes en asociación, se dice: carece de justificación incluir fármacos cuya acción principal no es sedante cuando se desea obtener ese efecto.
En los corticoesteroideos asociados con antiinfecciosos no se recomiendan estas asociaciones porque el corticoide puede empeorar la infección. No se recomiendan asociaciones de antibióticos con antiinflamatorios porque la duración del tratamiento es diferente.
Señor ministro, ¿a qué se está jugando con la población manteniendo esto que incluye riesgo, que es ineficaz, que es inseguro, que tiene efectos secundarios y que, además, como usted ha acordado con la industria farmacéutica, van a poder ser publicitados libremente en los medios de comunicación? Yo le voy a pedir responsabilidades, señor ministro. Esto que se está haciendo no solamente es un atentado económico contra todos aquellos que no van a poder sufragarse medicamentos eficaces, sino que para todos aquellos que tienen recursos y para los que los van a detraer de otros objetivos económicos --porque, evidentemente, la salud se considera el principal bien que tiene el ser humano--, es un atentado contra la salud de la población. Y la publicidad de medicamentos ineficaces en medios de comunicación es el elemento fundamental de uso irracional del medicamento.
Por otro lado, señor ministro, ¿cómo es posible que usted no haya identificado como uno de los elementos fundamentales del gasto farmacéutico el hecho de que los médicos prescriptores estén sometidos, casi en su totalidad, a la presión de la industria farmacéutica, con un gasto --insisto-- de cuatrocientos a uno en información procedente de los laboratorios, por una peseta que gasta en proporción el Ministerio de Sanidad en industria farmacéutica? ¿No sabe usted, señor ministro, que en este momento están produciéndose sustituciones, absolutamente

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injustificadas desde el punto de vista técnico, de medicamentos baratos por otros medicamentos mucho más caros, que no tienen eficacia demostrada, como en el tratamiento de la hipertensión, donde se están sustituyendo los diuréticos y otros bloqueantes betaadrenérgicos por medicamentos que interfieren en el metabolismo del calcio, que todavía no tienen la eficacia que tienen los anteriores en la disminución de los accidentes cerebrovasculares y en el tratamiento de la hipertensión, aunque sí, por supuesto, tienen efectos secundarios que los otros no tienen?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, le ruego concluya.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor ministro, es urgente, es imprescindible que la lista se retire; es imprescindible que se aborde de una vez por todas en nuestro país una política de uso racional del medicamento, que debe incidir sobre la multiplicidad de sectores que intervienen en el objetivo final, que es que el medicamento sea de verdad un instrumento de mejora de la atención sanitaria; es imprescindible que ustedes cumplan con su obligación. Usted ha hecho mención a la Ley General de Sanidad y a la Ley del Medicamento. Ustedes tienen la obligación de garantizar la seguridad y la eficacia. Yo le pregunto, señor ministro, qué va a hacer con el registro de todo este enorme listado de grupos enteros de medicamentos que ustedes excluyen de la financiación pero que mantienen en el registro, incluso con la posibilidad de que sean recetados con receta oficial y, como decía antes, no solamente con amplia publicidad en medios de comunicación, sino para evitar que la industria farmacéutica tenga dificultades con autorizaciones en el incremento de su precio.
Señor ministro, ustedes están siendo responsables de algo que es el objetivo fundamental que persiguen. Pudiera parecer un objetivo economicista, pero no lo es. La industria farmacéutica tiene en sus manos el sistema sanitario español y sabrá muy bien cómo resarcirse de las pérdidas que pueda suponerles esto en un primer momento. Analizando los laboratorios afectados por las exclusiones de medicamentos, se puede deducir que usted está colaborando con la industria farmacéutica a una importante reestructuración económica de la misma. Usted tiene la obligación de garantizar el uso racional del medicamento. Yo le digo: el objetivo no es económico. Ni la restricción del PSOE ni la suya, probablemente, va a suponer disminuciones a medio plazo muy importantes en el gasto farmacéutico, como ha ocurrido en otros países.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, debe concluir ya.


La señora MAESTRO MARTIN: Termino.
El objetivo que ustedes persiguen es el que usted ha reiterado: eliminar a todos aquellos sectores que no pueden financiarse los medicamentos excluidos del sistema sanitario público, porque lo de síndromes menores carece de justificación técnica y científica alguna, ya que antes del diagnóstico hay un síntoma y el síntoma puede ser el primer elemento de una enfermedad grave que --como le decía-- tiene repercusiones graves en la salud de la población.
Señor ministro, el uso racional del medicamento y el gasto farmacéutico se reduce, fundamentalmente, teniendo un registro de medicamentos de la suficiente calidad en nuestro país e interviniendo sobre el conjunto del sistema sanitario, como tendremos ocasión de analizar en otro momento.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Maestro.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, la situación del gasto farmacéutico en nuestro país es --como sabe S. S.-- muy grave, y no lo es sólo ahora, viene de muy atrás, era ya muy grave en el año 1993. Del año 1986 al año 1996, el crecimiento del gasto farmacéutico ha sido en nuestro país del 14,5 por ciento acumulativo, con un crecimiento de la inflación del 5.1 y con un crecimiento de los presupuestos inferior al 10 por ciento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiere decir que cada año se gastaba un 4 y pico ó un 5 por ciento menos en otras necesidades sanitarias porque se gastaba más en medicamentos. Del año 1986 al año 1996 el gasto farmacéutico pasa de 249.000 a 888.000 millones. Del año 1986 al año 1992 pasa de 249.000 a 627.000 millones y, ante ese crecimiento, en el año 1993 el Gobierno se plantea la necesidad de tomar una medida de esta naturaleza, amparada en la Ley del Medicamento, que autoriza la exclusión de la financiación pública de fármacos para síndromes o síntomas menores, de limitada utilidad terapéutica, y con un coste/efectividad que no justifica la financiación pública, en atención a priorizar adecuadamente las necesidades sanitarias. Ese era un problema muy grave en 1993, pero aquellas medidas no fueron suficientes, porque del año 1993 al año 1996 se pasa de 627.000 a 888.000 millones de gasto, que es una cifra importantísima. Hemos llegado a una situación en que el gasto farmacéutico supone el 25 por ciento del gasto sanitario público total, cuando en los países con los que nos comparamos es del 15 por ciento.
Esto exigía una política farmacéutica integral que afrontara esta cuestión, y esa política es la que desarrolla este Gobierno, que empieza exigiendo

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más aportaciones a la industria farmacéutica que ningún Gobierno anterior; reduciendo los márgenes de las oficinas de farmacia y de los almacenistas de distribución; introduciendo en nuestro país la legislación para implantar los medicamentos genéricos y avanzando en la ejecución de esa medida de modo que al 31 de diciembre de 1997 ya había ochenta y tantos medicamentos genéricos autorizados; introduciendo en nuestro país la figura de los precios de referencia; trabajando con los servicios de salud que prestan la asistencia para que los médicos tengan cada vez mejor información y, por tanto, capacidad para conocer mejor qué tipo de medicamentos pueden utilizar y su coste, para que también lo consideren a la hora de tomar sus decisiones, y estableciendo protocolos discutidos y aprobados por las sociedades científicas para las patologías prevalentes. Todo esto ha permitido que este año ya podamos presentar resultados alentadores, porque en el año 1997 el crecimiento del gasto farmacéutico en el territorio del Insalud --donde tengo los datos más precisos-- fue del 4,6 por ciento frente al 11,57 del año anterior. Pero estamos todavía con crecimientos de gasto farmacéutico muy por encima de la inflación y en unos porcentajes globales muy altos, y entendimos que era preciso seguir tomando medidas en esta cuestión. Esto lo entendimos todos los servicios de salud de las comunidades autónomas y del Estado que ejercemos competencias en asistencia sanitaria, y cuando se discutieron las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud y se tomó el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de noviembre de 1997, por el que realmente se afrontó por primera vez en muchos años la financiación suficiente del sistema y se acordó que había que incrementar el gasto sanitario de 1998 sobre 1997 en 386.000 millones, también se convino que, además de contar con los 320.000 millones que iba a poner el Tesoro para atender estas necesidades sanitarias, los servicios de salud de las comunidades autónomas y los que gestionamos la asistencia sanitaria de la Administración central del Estado debíamos introducir medidas que permitieran reducir esta parcela del gasto farmacéutico y poder dedicar esos recursos a necesidades prioritarias que nosotros mismos planteábamos. Esa decisión surge, y no es la industria farmacéutica, a quien no beneficia en absoluto, la que dicta esta medida, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, en su acuerdo, alcanzado, como digo, por unanimidad de todas las comunidades autónomas que ejercen competencias de asistencia sanitaria y la Administración central del Estado, dice que el crecimiento del gasto de farmacia presenta una trayectoria alcista respecto de los demás gastos corrientes del sistema y revela la necesidad de adoptar medidas que racionalicen el consumo de los medicamentos, adecuándolo a las necesidades reales de la salud de la población y eliminando o desincentivando los consumos innecesarios. Respecto a ello, el Consejo de Política Fiscal y Financiera considera que las medidas en este sentido deberían dirigirse preferentemente al desarrollo de una política activa de genéricos y a restringir la financiación pública para los medicamentos de escaso valor terapéutico. Estas medidas deberán producir un ahorro en el gasto farmacéutico de 65.000 millones de pesetas. Negociamos con la industria, conseguimos una aportación importantísima, desconocida, insólita, de la industria farmacéutica a la financiación del Sistema Nacional de Salud, como no había ocurrido en ninguna ocasión anterior; siempre las ayudas de la industria farmacéutica se producían en el marco de que no se tocaba la lista de medicamentos; pues ahora imponemos una lista negativa y, al mismo tiempo, conseguimos que la industria farmacéutica financie una parte muy importante de este ahorro de los 65.000 millones en el gasto farmacéutico. Y, siguiendo las pautas de la Ley General de Sanidad y de la Ley del Medicamento, elaboramos esta lista negativa con medicamentos para síntomas o síndromes menores, medicamentos de limitada utilidad terapéutica, es decir, con una insuficiente relación coste/efectividad como para que esté justificada la financiación pública del medicamento, o asociaciones a dosis fijas que la farmacología más reciente ya no considera aconsejables. Este es el sentido de esta medida y el objetivo no es otro que el poder dedicar esos recursos a necesidades prioritarias del Sistema Nacional de Salud.
Señora Maestro, tengo que hacerle algunas precisiones a lo que fueron sus manifestaciones aquí en esta tribuna. Gracias a que la situación económica es la que es, y a que la política económica del Gobierno ha producido los resultados que ha producido, ha sido posible, en el contexto de contención y restricción del gasto público que usted conoce y que viene exigido por nuestras obligaciones internacionales, una elevación de la financiación sanitaria de esta magnitud, 386.000 millones de aumento presupuestario en un año, cuando con el modelo anterior el crecimiento hubiera sido de 180.000 millones. Esa es la diferencia. Esto es lo que hace este Gobierno por la sanidad: mejorar su financiación en términos desconocidos y garantizar de esta manera la viabilidad, el funcionamiento y la mejora del Sistema Nacional de Salud; pero nadie está obligado a financiar la prestación farmacéutica, ni este Gobierno ni el anterior en 1993, a los límites de incluir estos medicamentos de síntomas o síndromes menores, esos de limitada utilidad terapéutica o, en este caso, las asociaciones a dosis fijas que excluimos. Es preferible dedicar esos recursos a otras necesidades prioritarias, que es lo que nosotros vamos a hacer.
En Galicia no se consume tanto medicamento, señoría. (Una señora diputada: Porque beben agua.) Si la media en España está en 20.680 pesetas por persona, en Galicia está en 20.480. Hay otras muchas comunidades autónomas que tienen consumos de medicamentos

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superiores a los de Galicia. Los datos están ahí entre mis papeles, pero la memoria no me falla y de los que le doy puede fiarse su señoría. Por tanto, creo que allí se ha hecho una excelente gestión, se sigue haciendo, y la mejora de la sanidad gallega está al alcance de todos los gallegos.
Respecto al tema de los vasodilatadores, tengo que decirle que es una cuestión más controvertida de lo que usted cree, por lo que se deduce de sus manifestaciones aquí. Tengo que decirle que, en los países con los que nos comparamos normalmente, los vasodilatores en general tienen financiación pública en Francia, Bélgica y Portugal y no la tienen en Italia, según una información que tengo delante, lo cual da idea de que no hay en este punto la unanimidad que S. S. supone.
La lista está hecha con criterios de absoluta racionalidad, preparada por expertos muy competentes, y estoy convencido de que, en los trámites por los que tiene que pasar todavía, se podrá enriquecer con las aportaciones de todas las instituciones y organismos que la van a estudiar y que van a expresar sus opiniones sobre ella. Con todas esas opiniones el Gobierno tomará, en su momento, la decisión que considere más acertada, en la que estoy seguro que estará incluida una parte muy importante de esta lista, perfeccionada en esa fase del procedimiento a la que antes me refería.
Tenga usted la seguridad de que sobre la publicidad de los medicamentos ejercemos los controles precisos y velaremos por que no se produzca ningún abuso en ésa y en ninguna otra materia, y cualquier denuncia será estudiada con el rigor y la seriedad que merece una cuestión de esta naturaleza.
En definitiva, señoría, lo que tenemos que conseguir es mantener la buena situación económica del país, que nos permita seguir avanzando en las políticas sociales en las que este Gobierno ha demostrado una especial sensibilidad. La sanidad y las pensiones han sido un objeto prioritario de la atención de este Gobierno. En años de restricciones presupuestarias muy graves, la sanidad ha conocido crecimientos insólitos en este campo y una financiación que permite afrontar el futuro del Sistema Nacional de Salud con mucha esperanza y con la convicción de que no sólo la vamos a mantener sino que la vamos a mejorar.
Señora Maestro, lo que a nosotros nos preocupa de verdad son las necesidades de los más desfavorecidos, los que están en las listas de espera y que no pueden ir a ningún otro sitio, a esos es a los que queremos operar pronto, a los 4.098 pacientes que estaban pendientes de ser intervenidos de prótesis de cadera, con una demora superior a nueve meses y que los hemos atendido para que a final de año no queden más de 65; esos son los que de verdad nos preocupan a nosotros, los enfermos que no tienen más alternativa que ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud y que una política de mala asignación de recursos dentro del sistema provoca que sean justamente los peor atendidos.
Para nosotros es absolutamente prioritario seguir haciendo centros de salud, abrir esos centros de salud por las tardes, organizar los servicios de urgencia de atención primaria en las zonas urbanas también por las tardes para desmasificar los hospitales y seguir bajando las listas y los tiempos de espera, que todavía son muy altos en nuestro país. Todo esto es prioritario para nosotros, repito, y no financiar estos medicamentos que proponemos que sean excluidos de la prestación farmacéutica. Lo hacemos en favor del Sistema Nacional de Salud y en ayuda de los más desfavorecidos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Maestro, tiene la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no tengo más remedio que decirle que la situación de algunos es estupenda en este país; eso es evidente. Pero a los cuatro millones de pensionistas que sobreviven con pensiones por debajo del salario mínimo vaya usted a contarles que su situación, la individual de cada uno, es estupenda y que por eso van a tener que financiarse al cien por cien cuando antes tenían cubiertas sus necesidades, no de medicamentos que ellos decidían que tenían que tomar, sino que les eran prescritos por su médico.
En cuanto a las listas de espera, señor ministro, se crean, se maquillan y se destruyen. Y las listas de espera son uno de los elementos que está permitiendo a la sanidad privada incrementar de una manera espectacular sus beneficios, aumentándose la prescripción de intervenciones quirúrgicas de dudosa indicación y que son muy rentables porque permiten intervenir eficazmente con muy pocos recursos. Por tanto, el tema de las listas de espera, por lo menos en lo que a mi grupo se refiere, le rogaría que no lo exhibiera mucho como argumento.
Habla usted de la reforma de la atención primaria, y yo le pregunto aquí, esta tarde, ante el Congreso de los Diputados: ¿para cuándo la terminación de la reforma de la atención primaria? Con ocasión de las comparecencias en la subcomisión se ha hablado, por parte de Joan Ramón Laporte, de lo que cuesta la reforma de la atención primaria, y hay un estudio realizado que indica que se sufragaría en su totalidad a corto plazo, simplemente por el ahorro en gasto farmacéutico inútil que determina una atención sanitaria de calidad. Y lo que es más importante, además de ahorrar en gasto farmacéutico mejora la calidad del uso de los medicamentos. Por tanto, le pregunto: ¿para cuándo la reforma de la atención primaria? Señor ministro, el mirar la sanidad con mentalidad estrecha, con mentalidad de contable con manguitos,

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lleva a utilizar supuestas medidas de ahorro que luego se vuelven en contra del sistema --no de ustedes-- y que permite ahorrar aumentando el gasto. El otro día yo le ponía un ejemplo que quiero reiterar aquí, el del Hibitane. Claro está que no es de vida o muerte un antiséptico, un desinfectante. Un desinfectante sólo sirve para desinfectar, pero si se le retira la financiación pública, como ocurrió en 1993, se impide a enfermos crónicos la posibilidad de reutilizar sondas, de reutilizar instrumentos que pueden ser reutilizados sin riesgo para la salud, pero eliminar la financiación del Hibitane está suponiendo un incremento del gasto sanitario, porque, entonces sí, la persona utiliza, con gasto para la Seguridad Social, cada sonda para un solo uso. Fíjese usted cuánto se habrá ahorrado el Sistema Nacional de Salud al haber retirado el Hibitane en 1993. Es una cosa absolutamente absurda, porque era un medicamento barato, y ésa fue la característica del medicamentazo de 1993, quitar calderilla, en palabras de expertos, del sistema sanitario, aumentando el uso de manera indirecta.
El sistema sanitario, al igual que el ser humano a quien se dedica, hay que contemplarlo de manera integral, y hay formas de intervenir. Pero hay que tener en cuenta que lo que sucede en un sitio repercute sobre otro, y tengo que insistir en que medidas economicistas de estas características, por ejemplo quitar los laxantes impidiendo un diagnóstico precoz de un tumor abdominal, puede salirle carísimo al sistema sanitario, y mucho más a la persona a la que se retrasa el diagnóstico, en tiempo útil, de una enfermedad grave. Y eso pasa, señor ministro, porque quien está en las mejores condiciones de hacer uso racional del medicamento es fundamentalmente el médico prescriptor, con tiempo y medios de realizar una buena atención sanitaria, utilizando medidas de control de calidad y no de control del gasto.
¿Usted sabe, señor ministro, las medidas de restricción en el uso de gasto farmacéutico lo que han ocasionado en otros países? Porque yo no saco datos de mi cabeza exclusivamente, hay análisis hechos, insisto, en otros países. Las restricciones en el número de recetas y en el gasto farmacéutico han tenido ya una consecuencia. La restricción en el número de recetas hace que con la misma se prescriban envases tres veces más grandes, pero sólo es una receta, ya que se limita el número de ellas.
Usted limita el gasto farmacéutico, ¿sabe usted la consecuencia que ha tenido en otros países la introducción de controles económicos sin controles de calidad en la atención? Que incrementa el porcentaje de derivaciones al nivel superior de atención, evidentemente disminuyendo la capacidad de resolución a la atención primaria.


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, vaya concluyendo, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Las medidas economicistas no sirven, señor ministro. Pero hoy nos hemos enterado de una cosa nueva, que supongo que usted aclarará. Dice usted que la lista no la ha pactado con Farmaindustria, que evidentemente tiene bastantes intereses económicos en los medicamentos; dice usted que la ha pactado con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cosa que me parece que supera todo lo imaginable.
¿Ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que ha aconsejado una determinada lista de medicamentos a excluir? Eso ha dicho usted esta tarde, que no ha sido la industria farmacéutica --para la industria farmacéutica manos blancas--, ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Quiere usted decirme que más va a intentar argumentar aquí para esconder los criterios por los cuales se excluyen los medicamentos, que no tienen nada que ver con la eficacia y con la calidad? También supongo que en el tercer mundo hay muchos países que financian medicamentos; eso es un dato. A medida que aumenta el subdesarrollo de un país se incrementa el registro de medicamentos que carecen de la menor justificación desde el punto de vista terapéutico y técnico. Los vasodilatadores cerebrales son reconocidos, señor ministro, como medicamentos ineficaces, y yo creo que es urgente que se retiren del registro, pero, según su argumento, ¿por qué se financian al cien por cien? Señor ministro, a pesar de que soy profesional de la salud, no estoy aquí desde el punto de vista técnico, sino político. Utilizo exclusivamente información científica, información del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Guía de prescripción. Busque usted ahí vasodilatadores cerebrales y le vendrá escrito que no hay ensayos clínicos que arrojen la menor idea acerca de su utilidad, que son el paradigma de medicamentos ineficaces y que tienen efectos secundarios.
Sigue usted sin responder a la pregunta clave que centra mi intervención: ¿cómo, señor ministro, va a garantizar usted la seguridad y la eficacia de los medicamentos que tienen un número de registro de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios? Porque es usted, autoridad sanitaria máxima, quien garantiza un número de registro que avala que las indicaciones para las que fue autorizado un fármaco son reales, son eficaces y son seguras. No se lo voy a leer porque no tengo tiempo, pero le reitero que son documentos internos del Ministerio de Sanidad que califican técnicamente, como yo le he dicho hace un momento, la mayoría de los grupos de medicamentos excluidos. ¿Qué pasa con la gente que se automedica?

El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ha de concluir.


La señora MAESTRO MARTIN: ¿Qué pasa con la gente que se automedica, repito, y va a la farmacia --termino

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ya-- después de haber oído publicidad? Los medicamentos no se venden en los mercadillos; los medicamentos se venden en establecimientos sanitarios como son las farmacias. Usted dígame cómo va a explicar a la población que puedan venderse con su autorización, con un número de registro, medicamentos que, muy probablemente tengan razón sus técnicos, no tienen la menor base científica para estar en el registro.
No sé si los señores diputados o si usted mismo, señor ministro, puede ver de dónde procede la información que yo he dado de las comunidades autónomas, incluida Galicia. Procede del Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional de la Salud, Subdirección General de Atención Primaria, enero a junio de 1997, Indicadores de la prestación farmacéutica. Señor ministro, es Galicia la comunidad autónoma en la que el gasto sanitario se dispara, como no podía ser de otra manera; es la comunidad autónoma en la que la reforma de la atención primaria está más atrasada ...


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, termine, por favor.


La señora MAESTRO MARTIN: Es la comunidad autónoma en la que la reforma de la atención primaria está más atrasada --termino-- y, por tanto, la que tiene una peor calidad, así como un incremento desmesurado del gasto farmacéutico, insisto, en 1997 sobre 1996, según sus propios datos.
Señor ministro, la lista debe retirarse. Están ustedes dando el espectáculo que permite a este país ver exactamente que la limitación en la financiación de la prestación farmacéutica no tiene otra relación que con un proceso muy fuerte de privatización de la sanidad, que exige la exclusión de los sectores más desfavorecidos y con más necesidades sanitarias.
Por otro lado, según el acuerdo de la subcomisión, ...


El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, por favor, concluya.


La señora MAESTRO MARTIN: Por otro lado, en el acuerdo de la subcomisión --termino-- que ustedes mismos han suscrito con otros grupos parlamentarios, hablaban no solamente de financiación selectiva de prestaciones farmacéuticas, sino de financiación selectiva de prestaciones sanitarias en general.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Maestro, de verdad que siento que no esté de acuerdo en algo que a mí me parece tan elemental. Podría decir que hay que gastar todo lo que haga falta, que se paguen estos medicamentos y que se haga todo lo demás.
Pero no entiendo que a la hora de tener que elegir no considere preferible dejar de gastar en la financiación de estos fármacos para síndromes o síntomas menores, aunque bien es cierto que con excepciones que permiten utilizarlos en casos de enfermos crónicos y en determinadas circunstancias para que no peligre nunca la calidad de la asistencia sanitaria; dejar de financiar fármacos de limitada utilidad terapéutica, decía, para poder hacer cosas verdaderamente urgentes e importantes de las que necesita nuestro sistema: continuar haciendo esos centros de salud que todavía faltan y que vamos a terminar muy pronto, ese horizonte del cien por cien de la atención primaria, tanto en infraestructuras como en equipos, que estará acabado al final de esta legislatura o principios de la que viene, desde luego dentro del período de financiación del nuevo modelo. Dentro de esos cuatro años seguro que está culminada toda la construcción de centros de salud y la implantación, repito, del nuevo modelo, como va a ser este año ya la extensión al cien por cien de los servicios de atención de urgencia en las zonas urbanas. Eso, señora Maestro, es realmente prioritario a seguir financiando estos fármacos, y en eso estamos de acuerdo creo que todos los demás que opinamos sobre esta cuestión.
Las listas de espera las estamos resolviendo básicamente, lo sabe usted, con nuestros propios recursos. El crecimiento del gasto en conciertos es inferior al crecimiento del presupuesto, muy poco por encima de la inflación. Estamos consiguiendo esos resultados al utilizar mejor nuestros centros y racionalizar también nuestra relación con los privados, pero básicamente utilizando mejor nuestros centros. Nuestros servicios han hecho el año pasado 20.000 intervenciones quirúrgicas más, estamos haciendo más cirugía mayor ambulatoria, estamos moviendo más camas, lo que nos permite trabajar mejor y conseguir esos resultados en términos de atención a los ciudadanos. No tiene nada que ver la sanidad privada con las listas de espera; las estamos resolviendo básicamente, insisto, con nuestros propios recursos.
Le repito que los problemas de los enfermos crónicos están preservados en todas estas medidas que contemplamos. La calidad es un objetivo irrenunciable del Sistema Nacional de Salud. Ninguna medida económica se toma en detrimento de lo que tienen que hacer nuestros profesionales, que no se ven compelidos de ningún modo a sacrificar la calidad en función de los objetivos que se les señalan, subordinados siempre a conseguir esa calidad máxima, repito, de los servicios que prestamos.
Los países a los que antes me referí, por volver a otro punto de los tratados por S. S., en relación con los vasodilatadores, no son del tercer mundo. Francia, Bélgica y Portugal están bien cerca de nosotros, y son absolutamente de primer nivel. De modo que no se

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pueden hacer afirmaciones tan rotundas como las que aquí se han oído.
La seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos en España está garantizada por el registro sanitario, por las pruebas, los informes, los dictámenes, las evaluaciones y las intervenciones de todos los órganos competentes. Cosa distinta es la relación coste-efectividad que se tiene en cuenta para añadir a eso la financiación pública. No estamos diciendo que no sean eficaces; estamos diciendo que no tienen la suficiente buena relación coste-efectividad como para que se financien desde el sector público. Este es un criterio de universal aplicación en toda Europa. En toda Europa hay un registro de medicamentos que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia de los mismos. Hay unas listas, positivas o negativas, de medicamentos que financia el Sistema Nacional de Salud, que tienen en cuenta, además de eso, otras consideraciones; consideraciones que hacen referencia a la relación coste-efectividad de los medicamentos, insisto en ello, y que, en función de los niveles que alcance, entran o no en la financiación pública. En el caso de los medicamentos para síntomas o síndromes menores, no es problema de eficacia. Lo que se entiende en estos casos es que los sistemas de salud no tienen que financiar medicamentos que hacen referencia a ese tipo de síntomas o síndromes que se entiende que no son suficientes para que la solidaridad social se haga cargo del coste de los remedios para atenderlos. Es el caso de la Couldina o del Frenadol, que se retiraron en el año 1993, o también el del acné juvenil, que se retira ahora. Se refieren a síndromes menores, y se entendió entonces y se entiende ahora que no está justificada su financiación pública sin merma de la eficacia del medicamento, que la puede tener muy grande.
Todo lo que está haciendo este Gobierno es tratar de mejorar el Sistema Nacional de Salud, porque sabemos que es el más grande, el más importante, de lo mejor que tenemos en España para eso, el único al que pueden acudir los más desfavorecidos. Desde que llegamos hemos intentado mejorarlo en sus aspectos financieros y organizativos, y hemos tratado de conseguir niveles de actividad desconocidos en los últimos tiempos.
Señora Maestro, por lo que valga una opinión bien autorizada de la calidad con que se ha trabajado en la elaboración de esta lista le voy a decir lo que ha manifestado el señor Salva, presidente de la Sociedad Española de Farmacología Crítica, que ha reconocido que la lista elaborada por el Ministerio de Sanidad hace, en general, una valoración adecuada de la utilidad de los medicamentos.
Respecto a otra de sus manifestaciones, insisto en que nuestra mayor preocupación son los desfavorecidos. Lo que queremos es poder seguir gastando 30.000 millones al año en medicamentos para los enfermos de sida, que es justamente lo que se podría ahorrar en términos máximos con una medida de esta naturaleza. Esto es lo que queremos continuar haciendo, seguir atendiendo las necesidades verdaderamente urgentes y prioritarias, relacionadas con los medicamentos o con otras cosas. Pueden aparecer medicamentos costosísimos para otras patologías...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Eso es lo que queremos atender prioritariamente y para eso tenemos que tomar medidas de responsabilidad como ésta, limitando la financiación de estos medicamentos por entender que los recursos pueden ser utilizados mejor con otras finalidades.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, hoy volvemos a discutir sobre la medida del Gobierno de excluir medicamentos de la financiación pública, conocida como el nuevo medicamentazo. Desde luego, a la luz de las discusiones de días pasados y a la de la que estamos asistiendo hoy, yo cada vez estoy más convencido de que esta medida no tiene nada que ver con el ahorro, señor ministro. Probablemente hay otras muchas formas de ahorrar gastos superfluos en la sanidad pública que no se utilizan para nada, y tampoco se ve en el horizonte ninguna intención de utilizarlos.
Yo creo que más bien estamos ante una decisión que se enmarca dentro de una política global que practica este Gobierno y que sostiene el Partido Popular; estamos ante una decisión de disminuir el gasto público, en este caso el gasto de farmacia financiado públicamente, y que tiene como norte caminar hacia la configuración de un nuevo modelo sanitario, diga lo que diga el señor Romay, mediante el cual el sistema público va a garantizar cada vez menos prestaciones, o garantizará las prestaciones más básicas, debiendo arreglárselas como puedan los ciudadanos, los cuales, por tanto, deberán financiarse las prestaciones y, naturalmente, lo harán en función de sus posibilidades económicas, y, si no, al tiempo. La lista negativa no va a quedar aquí. El anterior Gobierno excluyó ciertos medicamentos, pero ahora estamos ante una nueva lista y estoy convencido de que mañana se volverá a ampliar la exclusión de los medicamentos financiados.
Esta medida, se vea como se vea, lo único que hace es incrementar el coste que el ciudadano paga por la

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asistencia sanitaria. El ciudadano no va a ahorrar en el gasto farmacéutico; simplemente, si se llega a ahorrar algo, que lo dudamos, lo hará el sistema público, porque el ciudadano pagará más por la misma asistencia. Por tanto, no estamos ante una discusión de si la lista es mejor, peor o si es revisable. A mí me parece que, simplemente, se trata de retirarla.
Efectivamente, el sistema público debe ahorrar lo máximo posible, pero debe garantizar la calidad y gratuidad de la asistencia. Ahorrar, sí, pero calidad y gratuidad. Y debe procurar ese ahorro gestionando bien el sistema público y no buscando la vía más fácil y más perjudicial para los sectores sociales más débiles.
Yo creo que la argumentación del Gobierno para mantener la lista negativa es insostenible, por mucho que el señor ministro se empeñe en hacernos creer en milagros. En cada negociación que hace el señor Romay son absolutamente milagrosas las ventajas que obtiene para la sanidad pública. No nos haga comulgar con ruedas de molino, señor Romay. El discurso de que se trata de retirar medicamentos de baja utilidad terapéutica, destinados a síndromes o síntomas menores, se cae por su propio peso. Entendemos que los medicamentos poco útiles deben retirarse del vademécum, ser sustituidos por otros que sean útiles terapéuticamente y ser financiados. Además, los medicamentos poco útiles terapéuticamente no deben ser recetados por los médicos del sistema sanitario público, más aún cuando se va a permitir que se liberalicen sus precios.
Como ya sabe usted, con el anterior medicamentazo se demostró que medicamentos excluidos de la financiación pública --por cierto, medicamentos muy conocidos y usados-- aumentaron su precio en el mercado, y ahora va a suceder lo mismo. A nosotros nos parece --para acabar y no volver a reiterar los argumentos-- que esta medida no es de recibo y debe ser retirada, porque va a ser inútil desde el punto de vista del ahorro del sistema público, porque persiste en el camino de ir derivando hacia la aprobación del gasto sanitario y porque perjudica --y esto es así-- a los sectores más débiles económicamente y a los que más atención necesitan desde el punto de vista sanitario. No beneficia a los sectores más débiles económicamente; los perjudica, señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, la posición de mi grupo parlamentario sobre este tema es sobradamente conocida y ha sido planteada en esta Cámara en un corto espacio de tiempo tanto en la Comisión de Sanidad como en este Pleno. Ayer mismo debatíamos una moción consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista; hoy, cinco compañeros de mi grupo formulaban cinco preguntas al respecto. No obstante, gustosamente intervengo en esta interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Permítame, señor ministro, que empiece diciéndole que está usted metido en un buen lío. ¿Y sabe por qué? Porque ha optado, en vez de por seguir con una política de uso racional del medicamento, por entrar en una dinámica de negociación con la industria farmacéutica, en una mecánica de naturaleza economicista. A usted le han forzado a presentar una financiación adicional para sanidad --condición indispensable para mantener su pacto de Gobierno-- y usted ha pensado que el mejor sistema sería hacer una detracción de la prestación farmacéutica, y lo ha planteado en términos de negociación con la industria farmacéutica, señor ministro. Ha optado por presentar una macrolista de medicamentos que serán retirados de la financiación pública del sistema y que ha negociado única y exclusivamente, como antes decía, con la industria farmacéutica.
Yo le pregunto: ¿Dónde estaban las sociedades científicas? ¿Dónde estaban los usuarios y consumidores? ¿Dónde estaban las comunidades autónomas, señor ministro? La industria farmacéutica no tiene criterios sanitarios; tiene criterios meramente económicos. Usted propuso a la industria farmacéutica, para cumplir los objetivos presupuestarios, una reducción en el precio de los medicamentos entre el 3 y el 6 por ciento, no se lo aceptaron y le ofrecieron como alternativa el medicamentazo. Y usted optó por negociar una lista de medicamentos que en el futuro tendremos que pagar de nuestro bolsillo los usuarios del sistema sanitario público, pero, además, con un coste añadido de al menos un 30 por ciento porque ustedes han pactado también libertad de precios para estos medicamentos, es decir tendremos que pagarlos al menos un 30 por ciento más caros.
Sencillamente, señor ministro, es impresentable lo que usted ha hecho.
Aquella primera intención de establecer un sistema de copago, un pago por recetas, se ha quedado muy corta en relación con la medida de retirada de la financiación pública de medicamentos. Porque es una medida injusta, señor ministro, porque afecta a los sectores más débiles de nuestra sociedad, a los enfermos crónicos y especialmente a los pensionistas, pero también nos afecta a todos porque la gran mayoría de los ciudadanos afortunadamente tan sólo sufrimos patologías leves. Ustedes nos dicen que volvamos a la botica de la abuela y al absentismo laboral, señor ministro, porque la alternativa que nos presentan es que paguemos el tratamiento de nuestros bolsillo.
Es también una medida insolidaria, porque no afecta de forma igual a todos los ciudadanos ni a todos los

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territorios. Usted sabe tan bien como yo que en territorios como Andalucía o Galicia, su tierra y la mía, la pensión media está por debajo de la pensión media nacional; es decir, los pensionistas de estos territorios tienen un poder adquisitivo por debajo del pensionista medio del resto del país y esta medida va a afectar a todos los pensionistas de estos territorios muy especialmente.
Sin embargo, lo más grave para mi grupo parlamentario, señor ministro, ha de permitirme que se lo exprese, se ha planteado en el debate que hubo ayer de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, y se ha presentado a través de un lapsus, de una enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y apoyada por el Grupo Parlamentario Popular, donde, al final del párrafo, el punto 2 de dicha enmienda pide --lo ha apuntado ya mi compañero Moratalla en la argumentación de una pregunta, pero quiero repetirlo-- que se mantenga la cobertura de las necesidades básicas de la población. No cabe duda de que es un lapsus revelador, señor ministro. Quieren dejar para el sistema sanitario público las situaciones con mayor coste económico y las de mayor gravedad, pero con ello, ¿qué pretenden ustedes, que sean las compañías aseguradoras las que resuelvan las situaciones leves?

El señor PRESIDENTE: Señora Novoa, vaya concluyendo.


La señora NOVOA CARCACIA: Señor ministro, esto sólo tiene una denominación: privatizar.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer referencia a las declaraciones que ayer formulaba el señor Aznar. Dígale por favor que sea serio, que no se comporte como un niño que juega a ser mayor, que aguante no sólo la vela, que aguante también el palo y que no haga acusaciones de demagogia como las que ha realizado, porque para demagogias ya tenemos las que realizaron ustedes en la anterior legislatura.
No nos trasladen responsabilidades que son única y exclusivamente suyas.
Le aseguro que no somos sólo nosotros los que decimos esto con relación a esta medida que ustedes pretenden llevar a cabo. Ayer se constituía una plataforma en defensa de la sanidad pública, donde están integradas organizaciones políticas de izquierdas, organizaciones sindicales y una gran pluralidad de organizaciones sociales. Esa plataforma empieza una campaña de recogida de firmas para solicitarle a usted que retire esta medida y el día 5 va a tener manifestaciones en todas las provincias de España. No es el Grupo Parlamentario Socialista el único que dice esto que está oyendo, señor ministro. Ayer en el Parlamento de Aragón --y usted es conocedor igual que yo de lo que ha ocurrido--, donde tiene mayoría absoluta la derecha de este país, se aprobó una medida por la que pretenden trasladarle a usted la petición de que retire esta medida. No es el Grupo Parlamentario Socialista, no es el Partido Socialista el que está haciendo demagogia a lo que ustedes llaman demagogia.
Nosotros decimos que esta medida es un recorte de la prestación farmacéutica, señor ministro, pero no lo decimos única y exclusivamente solos. Estoy segura de que en su réplica va a tacharme de falta de rigor, pero en todo caso le diré que la supuesta falta de rigor que yo he mantenido en esta tribuna es la falta de rigor que usted también interpretará en la calle, es exactamente misma falta de rigor. Pero lo cierto es que los ciudadanos están alarmados y se están preguntando cómo es posible que un gobierno en minoría sea capaz de intentar sacar adelante una medida de este tipo que recorta de una forma tan manifiesta prestaciones que son un pilar básico, un fundamento básico del sistema del bienestar.


El señor PRESIDENTE: Señora Novoa, ha de concluir.


La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor presidente, concluyo inmediatamente.
Se preguntan también, señor ministro, qué serían ustedes capaces de hacer en una situación de mayoría absoluta.
Señor ministro, reflexione y retire de una vez esta medida.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Novoa.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 1997 Y SU RELACION CON EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 172/000070)

El señor PRESIDENTE: Concluida la interpelación, pasamos a la formulada por el Grupo Socialista sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente Económico del Gobierno, permítame que antes de empezar mi interpelación le diga sin ninguna acritud que su desprecio por el Parlamento parece no tener límites, el suyo y el de sus colaboradores en el Ministerio.
A fecha de hoy, el Parlamento español desconoce una cifra tan importante como la recaudación líquida

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de la Seguridad Social en ninguno de los meses del año transcurrido, y la última información disponible es la del mes de octubre.
El trimestre pasado, el penúltimo, no compareció su secretario de Estado a explicar cómo iba el presupuesto. Vino la semana pasada, se limitó a dar información en términos de caja, dijo que no tenía ninguna información en términos de contabilidad nacional y hoy usted la presenta en rueda de prensa, precisamente el día en que es interpelado. Lleva año y medio sin comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda, y estamos satisfechos de tenerle aquí, señor ministro, para que nos explique lo que ya ha explicado a la opinión pública y que su secretario de Estado fue incapaz de explicar la semana pasada.
Dicho esto con la mayor energía, porque este Parlamento es el representante de un cierto número de ciudadanos que votan y nosotros estamos aquí para intentar controlarles a ustedes, déjeme también que diga que estamos enormemente satisfechos de que el crecimiento de la economía española haya superado sus previsiones e incluso la media de los países desarrollados según el informe del Fondo Monetario Internacional y de que este crecimiento se haya producido al mismo tiempo con una corrección positiva de los desequilibrios básicos de nuestra economía, como son la inflación y el déficit exterior. Es una excelente noticia de la que nos alegramos porque todo incremento de la riqueza y de la estabilidad de nuestro país redunda en beneficio de todos los ciudadanos, los que les votan a ustedes y los que nos votan a nosotros.
Hoy la interpelación que le formula la oposición socialista es para que usted trate de explicar algunas circunstancias que nos preocupan sobre la ejecución del presupuesto de 1997. De eso se trata, señor Rato, de eso y no de otra cosa y, puesto que el tiempo es limitado, voy a intentar formular esta interpelación en torno a diez cuestiones.
La primera es: ¿cual ha sido la necesidad de endeudamiento del Estado, al menos en términos de caja? Usted distingue claramente que le estoy preguntando por la necesidad de endeudamiento del Estado, que ustedes presumen haber reducido en un 65 por ciento con respecto a 1996. Si eso fuera cierto estaríamos ante una política económica milagrosa, pero usted sabe que no lo es. Yo le ruego que explique a la Cámara cuál hubiera sido realmente, no nominalmente, la reducción de la necesidad de endeudamiento del Estado en 1997 con respecto a 1996, si usted no se hubiese dedicado a juegos de quita y pon, dejando la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España a finales del año 1996 con un superávit de casi un billón de pesetas y a finales de 1997 con un déficit de casi un billón de pesetas.
Explíqueme qué lógica económica tiene depositar un billón de pesetas a finales del año 1996, con los tipos de interés al alza, y dejar un déficit de un billón a finales del año pasado, con los tipos de interés a la baja. ¿Cuál sería, señor vicepresidente del Gobierno, la necesidad de endeudamiento del Estado si usted no se hubiese dedicado a estos juegos malabares? La segunda es con respecto al presupuesto de ingresos del Estado. Usted dice que la recaudación de 1997 se ha incrementado en casi un 14 por ciento con respecto a 1996. Si así fuera sería excelente, pero su soufflé señor ministro, se deshincha en un santiamén. Porque, si descontamos los 177.000 millones de ingresos en sociedades, generados por las plusvalías de las privatizaciones, ya no es el 14, es el 10; y si homogeneizamos los ingresos por retenciones de la Seguridad Social, que en 1996 ¡oh, casualidad! ingresó sólo dos trimestres y en 1997 ¡oh, más casualidad! ha ingresado cinco, entonces el crecimiento de los ingresos es ya sólo del 8; y si descontamos los ingresos del 3 por ciento del impuesto sobre activos revalorizados, que ha rendido 100.000 millones de pesetas y que se obtendrá una sola vez, la tasa de crecimiento ya es sólo del 7; si descontamos las tasas por mayor emisión de deuda pública y el efecto diferido en la recaudación neta del IVA, como consecuencia de las circunstancias que se producen en cualquier fase alcista del ciclo; y si descontamos los ingresos de privatizaciones en 1996 y 1997, entonces la tasa de incremento de los ingresos queda en un 4,2 por ciento, menos que el crecimiento nominal del PIB en plena fase expansiva de la economía, dígame, señor Rato, en qué me equivoco y cuáles son los datos que usted puede contraponer a los que le formulo en esta interpelación.
Tercero. ¿Cuál ha sido el comportamiento real del IRPF? Usted vino aquí, en septiembre de 1996, con un presupuesto donde estimaba un crecimiento del 11 por ciento en el IRPF, y le dijimos que éramos escépticos, aunque su tasa prevista no era el 11, sino el 12,5, porque también se le hundió la recaudación en 1996. Le dijimos: Esto es difícil de creer. Usted nos llamó ignorantes y derrotistas. Pues bien, la realidad, sus cifras, reconocen que usted ha obtenido sólo un 5,5 por ciento más, la mitad de lo que usted preveía. Pero también aquí hace usted trampas, señor Rato, porque si deja usted de contar los ingresos por retenciones de los pensionistas, según le conviene, y pone la de cada año en cada año, entonces el impuesto sobre la renta no solamente no ha crecido el 11, ni ha crecido el 5, sino que ha disminuido un 0,8. La economía crece al 3,4 y su IRPF disminuye el 0,8. ¿Dónde está esa historia de la elasticidad con respecto al PIB? ¿Qué le ha pasado a usted con los ingresos del IRPF? Sólo crecen las retenciones del trabajo, disminuyen las de empresarios y profesionales y las del capital mobiliario. Algo grave ocurre con este impuesto. ¿Nos podría usted explicar por qué ha dejado de recaudar 1.000 millones de pesetas diarios --¿no es verdad, señor Martínez-Pujalte, o sigue usted manteniendo que miento?-- con respecto a sus propias previsiones ? (El señor Martínez-Pujalte López: Claro.) ¿Cómo que claro? ¿Cómo es posible

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que con una economía del 3,4, su IRPF disminuya un 0,8, o estoy engañado? En ese caso, explíquenoslo, por favor.
Cuarto. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto global? Presume usted de que las obligaciones reconocidas sólo han aumentado un 1,3 por ciento como ejemplo de un esfuerzo de moderación en el gasto. Tampoco es cierto, porque si descuenta usted las obligaciones reconocidas del famoso Real Decreto-ley de julio de 1996 (el del agujero, ¿lo recuerda?, que tan bien les vino para comparar 1996 con 1995 y que tan mal les va para comparar 1997 con 1996), resulta que el incremento de las obligaciones reconocidas es del 5,4 por ciento, no el 1,3. ¿Cuál ha sido entonces la evolución real del gasto, señor Rato? ¿Cuál es, más o menos que el crecimiento del PIB? Y dígame, las modificaciones de crédito, donde los socialistas pecamos de una forma tan escandalosa según ustedes, se habían acabado, ¿verdad? No habría más modificaciones de crédito, sería un presupuesto riguroso, austero, hecho con parámetros de realismo. Debe estar muy enojado el señor Barea, debe estar muy disgustado al comparar que ustedes en 1997 han hecho más modificaciones de crédito que nosotros en 1995.
Dice usted que las han disminuido en un 70 por ciento, y sigue siendo falso, porque compara usted con 1996, un año con presupuesto prorrogado donde las modificaciones de crédito son inevitables y masivas. Compárelas con 1995 y dígame: ¿Es o no verdad que ustedes han hecho más modificaciones de crédito en 1997 que nosotros en 1995 y que realmente en vez de disminuir un 70 por ciento han aumentado un 62 por ciento? ¿Es o no cierto que usted ha hecho un 62 por ciento más de modificaciones de crédito que nosotros? ¿Es o no es cierto que su desviación presupuestaria del gasto en 1997 es superior a la media de las desviaciones de los presupuestos socialistas durante todo el tiempo que estuvimos gobernando? ¿Es o no es cierto que el presupuesto del capítulo 2 tiene una desviación pequeña del 33 por ciento, señor Rato? Se lo dijeron todos los portavoces de mi grupo en las Comisiones: falta dinero en sanidad, falta dinero en educación, falta dinero en defensa, falta dinero en justicia. Ustedes siguieron pregonando el rigor y la austeridad. Resultado: donde habían presupuestado 300.000 millones se han gastado 400.000 en el capítulo 2.
¿Podría usted decirme si es verdad o no que se han gastado cada día 2.230 millones de pesetas más de los presupuestados? Más que la media de las desviaciones socialistas a lo largo de quince años. ¿O es mentira, señor Martínez-Pujalte? (El señor Martínez-Pujalte López: 70.000 cada día.) La séptima, ¿qué ha pasado con las inversiones, señor Rato? ¿Recuerda usted haber prometido que las mantendría en el 5 por ciento del PIB? Me lo dijo en un par de debates en la televisión. Todo el país lo escuchó.
El 5 o más del 5 porque, por supuesto, de todo lo mejor iban ustedes a hacer más. Muy bien, ¿cuál es la realidad? Ustedes dicen que las operaciones de capital sólo han disminuido un 2,2, es decir, no han aumentado como el PIB nominal, que era su promesa, sino que han disminuido sólo el 2,2. Pero tampoco esto es cierto, señor Rato, porque ustedes enmascaran, con un crecimiento del 8,2 por ciento de las transferencias de capital, una caída del 11 por ciento en las inversiones reales. Esta es la realidad, y si toma usted los presupuestos de 1997 y 1996 juntos, entonces la realidad es que las operaciones de capital han disminuido el 9,8 en menos de dos años. Y, dígame, ¿me podría explicar cuánto han aumentado las civiles y cuánto las militares? Porque de eso no dicen ustedes ni media palabra y, si lo expurgamos, la tasa de disminución es todavía mayor. ¿Me equivoco acaso? ¿Acaso lo que digo no es cierto cuando ustedes han disminuido la formación bruta de capital fijo en casi un 10 por ciento en dos años en vez de mantenerla en términos relativos constantes con respecto al PIB? La octava, señor Rato, ¿qué fue de las inversiones extrapresupuestarias? ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue del método alemán, que tanto le gusta al ministro de Fomento? ¿Qué fue de las aportaciones de capital del famoso capítulo 8?

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Borrell.


El señor BORREL FONTELLES: Me queda un punto, señor presidente.
¿Qué inversiones han hecho con ellas? ¿Cuántos pactos con sus socios nacionalistas --gloriosamente ausentes hoy, todos, no queda ni uno-- han cumplido ustedes? Porque no se puede estar en la misa y repicando a la vez. O no se han gastado una peseta más de las obtenidas por privatizaciones, o no han cumplido los pactos que tenían como base y fundamento aplicar a las obras, que no les quisieron reconocer, esos fantasmagóricos recursos.
¿Y las comunidades autónomas, señor Rato? Me dijo en septiembre que esperase a la liquidación. Estamos liquidando el presupuesto. ¿Cuánto ha obtenido de más cada una de ellas? Porque un cambio se hace para cambiar, señor Rato. ¿En qué consiste el cambio? Dígame, si hubiéramos aplicado el método anterior, ¿cuál hubiese sido el resultado? Y no me diga, como su secretario de Estado, impasible esfinge en la Comisión, que eso no tiene importancia. Sí tiene importancia, señor Rato, claro que la tiene, es lo único que tiene importancia. ¿Qué hubiera pasado con el anterior sistema y qué ha pasado con el suyo? Dígamelo, comunidad por comunidad, porque no hay ni rastro de esta información en su documentación.
Y lo último, la Seguridad Social. Señor vicepresidente, ¿recuerda usted cuando le dijimos que los 350.000 millones de pesetas de presunto anticipo de tesorería no era tal y que a finales del ejercicio quedaría

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consolidado como una deuda de la Seguridad Social? Usted nos dijo: no, por favor, desconfiados, incrédulos. Han quedado consolidados como deuda de la Seguridad Social, a no ser que ustedes midan los picos y los valles de tesorería no en el ciclo presupuestario anual, como hace todo el mundo, sino en la larga distancia secular. Se hace año a año. Usted ha consolidado 350.000 millones de déficit de la Seguridad Social y lo ha escamoteado del conjunto de las cuentas públicas. Pero dígame, señor Rato, cuando nosotros los socialistas tememos y decimos que ustedes están poniendo bombas de relojería en los cimientos de la Seguridad Social, ¿podría contestarme a una pregunta muy fácil? A finales de 1995, la Seguridad Social disponía de un patrimonio y reservas cercano al billón de pesetas, 975.000 millones, ¿puede decirme cuál es el importe del patrimonio y reservas de la Seguridad Social al cierre de 1997? Porque lo sabrá usted, viene de dar una rueda de prensa explicando el déficit de la Seguridad Social. Dígame, ¿cuál es el patrimonio y reservas del sistema a finales de 1997, sabiendo que fue de 975.000 millones positivos a finales de 1995? Dígame, ¿en cuánto han aumentado los pasivos financieros de la Seguridad Social en lo que va de año? Porque sabemos que sólo el Estado le ha aportado 507.000 millones de pesetas. Y la discusión no es semántica, no tendría importancia si llamáramos hoy a las cosas por nombres distintos siempre que quisieran decir lo mismo, pero entre un anticipo de tesorería, presunto, teóricamente no consolidable, y un déficit encubierto está la diferencia entre un sistema estable y un sistema condenado a hundirse. Ustedes apuntan unos ingresos que nunca obtendrán porque pasan del criterio de caja al criterio de devengo, cubren la diferencia con una presunta transferencia financiera y así encubren el conjunto del déficit de las administraciones públicas.
Dígame, ¿cuánto se va a saltar ese presunto anticipo de tesorería? Dígame, ¿cuáles son los tres parámetros básicos --activos, pasivos, patrimonio y reservas-- que caracterizan un sistema como el de la Seguridad Social? Y si tiene usted tiempo y ganas, también quizá podría contestarme a una pregunta adicional, ¿en cuánto ha aumentado el endeudamiento del sector público empresarial, como consecuencia de las reducciones a las transferencias que les ha hecho el presupuesto del Estado, y cuántos recursos procedentes de privatizaciones se han asignado directamente a la cobertura de los déficit de explotación que tampoco han sido cubiertos por el presupuesto?

El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, concluya, por favor.


El señor BORRELL FONTELLES: Este es el objetivo de mi interpelación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su vicepresidente económico, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias, señor Borrell.
En principio, me ha hecho usted dos apreciaciones políticas, una sobre el hecho de que hoy se presentase, en términos de contabilidad nacional, las cuentas del sector público español. Es la fecha requerida por la Comisión Europea, es público, se sabía. No sé si S. S. era consciente de ello cuando preparó esta interpelación. He tenido la impresión, según le he ido escuchando, de que no, y que, por tanto, ha tenido usted que ir aumentando el tono de sus afirmaciones rotundas, basadas en la experiencia de S. S. y en sus cifras, para tratar de justificar su posición política que es no reconocer la evolución presupuestaria de la política económica del Gobierno. Quiero decirle, con todo mi respeto, que, en términos políticos, para nosotros es extraordinariamente cómodo que ustedes se sitúen en la irrealidad. Serán ustedes la única voz que sostenga que la evolución presupuestaria española es negativa. Están ustedes convencidos de que tienen la razón y de que no la tiene nadie más, ni la Comisión Europea ni la OCDE ni el Fondo Monetario Internacional ni el Instituto Nacional de Estadística ni la opinión pública de distintos institutos, que no coincide con la suya. Continúen ustedes con esta interpelación.
Trataré, en primer lugar, de explicar los datos que S. S. me ha pedido. Datos que en algunos casos conoce y que en otros son referencias a la política del Gobierno que me han sorprendido notablemente, sobre todo en cuanto a la Seguridad Social, a la que luego me referiré, porque S. S. ha descubierto hoy las medidas de su gobierno, lo cual en el caso del señor Borrell, que es una persona conocedora y avispada, llama la atención. En segundo lugar, y esto también coincide con la actitud que ha tomado en esta interpelación, S. S. viene hasta con las cifras de mis comparecencias equivocadas, lo cual es notable. El famoso año y medio fue corregido por su propio grupo al darse cuenta que de mayo de 1997 a febrero de 1998 no hay año y medio. Quizá S. S., cuando escribió la interpelación, se quedó con la primera cifra y no se dio cuenta que de mayo de 1997 a febrero de 1998 ni siquiera hay un año. Por tanto, acepto las críticas del Grupo Parlamentario Socialista sobre mis comparecencias, como no podía ser de otra manera, pero hágalas usted bien. Es muy fácil. Diga usted: Debería venir más a menudo, cada período de sesiones o dos veces por período de sesiones, pero no diga año y medio, señor Borrell, porque me es facilísimo salirme de eso. Que conste que acepto esas críticas, las he hecho en la oposición y creo que el Gobierno debe aceptarlas siempre.


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Pasamos ya al conjunto de sus afirmaciones. Señor Borrell, no sé si sabe que la evolución de una cuenta que el Tesoro tenga en el Banco de España no afecta al déficit público. Es una cuenta financiera que evoluciona de acuerdo a las necesidades del Tesoro y, por lo tanto, el Tesoro, en función de cómo pueda utilizar los fondos, toma la decisión que le parece más conveniente en beneficio del presupuesto. Por lo tanto, deberían preocuparle las cifras, pero no por la evolución del déficit. El déficit público, como hemos puesto de relieve esta mañana, y como ya hemos ido anticipando a lo largo de los últimos meses, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en términos de contabilidad nacional en el 2,6 del producto interior bruto, lo cual es una cifra importante. Sería imposible que se hubiera podido producir si sólo la mitad de las afirmaciones que ha hecho S. S. fueran ciertas. Cuando ha conocido esa noticia debería haber pensado un poco si sus cifras pueden coincidir con la realidad, como no coincidieron cuando nos avisó de todos los males del presupuesto de 1997 (que no se iba a cumplir el crecimiento, que no se iba a cumplir el empleo, que no se iba a cumplir la recaudación, que no se iba a cumplir el déficit) y todas sus predicciones han fallado en la oposición como, con todos mis respetos, fallaban cuando S. S. era el responsable del presupuesto. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Los ingresos del Estado en términos de contabilidad nacional han crecido el 7,3 por ciento. Lo hemos dicho esta mañana y se lo reitero a su señoría. Por lo tanto han crecido por encima del crecimiento nominal de la economía en términos de contabilidad nacional.
Su señoría me pregunta cuál ha sido la evolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es verdad que se ha comportado de manera menos positiva de lo que el Gobierno había previsto, pero S. S. sabe la explicación, que me parece importante, y me ofrece la oportunidad de dársela. Primero, se ha producido una recaudación por retenciones del trabajo que ha sido 51.000 millones inferior a lo previsto. Su señoría sabe, pero se lo reitero, que en eso influyen varios factores. Primero, que hemos deflactado más de lo previsto en la tabla de retenciones, aunque seguramente ésa es una posición política y S. S. puede no compartirla. Nosotros hemos entendido que con eso no sólo mejoramos la situación de los contribuyentes, sino que claramente estamos adecuando lo que los contribuyentes van a declarar a la situación de evolución de la inflación. Segundo, la transformación de la contratación temporal en contratación fija tiene efectos sobre las retenciones, como S. S. conoce.
Eso ha afectado también a la evolución que se ha producido en el IRPF. Y, por último, la sustitución de prestaciones por desempleo por contratación indefinida. Todo eso ha afectado desde el punto de vista de la recaudación de las retenciones del trabajo. Ha habido una menor recaudación de retenciones o rendimientos de capital mobiliario, explicable a la caída de tipos de interés, puesto que la medida de dos años para plusvalías, que el Gobierno del Partido Popular aprobó y de la que S. S. no es partidario, no ha entrado en vigor porque no han transcurrido dos años. Por lo tanto, la evolución se refiere exclusivamente a los tipos de interés.
Otra explicación para justificar la evolución del IRPF es que hemos aumentado las devoluciones en 155.000 millones de pesetas. Quizá S. S.
--no lo ha dicho-- comparte o no la política de que aceleremos más las devoluciones, pero tiene una clara explicación. En primer lugar, aceleramos las devoluciones porque claramente los contribuyentes tienen derecho a ello y, en segundo lugar, estamos saneando claramente presupuestos futuros. Hemos aprovechado una buena coyuntura de recaudación en otros tributos para mejorar las posibilidades futuras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pero además, S. S. lo sabe muy bien, este Impuesto, que nosotros no hemos modificado hasta ahora, carece que cada vez más de eficacia, en el que la base imponible aumenta más de lo que aumenta la economía y la cuota líquida aumenta menos. Como consecuencia de la estructura actual, es un impuesto claramente ineficaz y espero que en la reforma que vamos a traer a esta Cámara, y que su grupo parlamentario también llevaba en su programa, las aportaciones que hagan sirvan para mejorar la capacidad recaudatoria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Respecto a la evolución del gasto global. En términos de contabilidad nacional, el gasto del Estado ha crecido un 0,6 por ciento respecto a 1996, frente a una tasa de la economía del 5,7. En términos de contabilidad nacional S. S. es plenamente consciente de que el agujero presupuestario que nosotros financiamos en el año 1996, y que ustedes nos dejaron, no cuenta. Los efectos de ese agujero en los años 1996 y 1997, en términos de contabilidad nacional, no juegan. Por ello S. S. ya sabe que el crecimiento en términos de contabilidad nacional del gasto ha sido del 0,6. Por eso hemos conseguido reducir el déficit público, señor Borrell. Porque hemos tenido una política presupuestaria --como después pasaré a explicar en el tema de las modificaciones de crédito-- bastante más eficiente y bastante más flexible al mismo tiempo de la que ustedes nos dejaron.
Modificaciones de crédito. Este tema es importante. Ya desde el debate de presupuestos ustedes, guiados en un informe del Gobierno, creen haber encontrado la piedra filosofal, pero lamento comunicarle que desde entonces yo les estoy dando la misma explicación y ustedes o no la quieren oir o prefieren no darle crédito, pero se equivocan. En primer lugar, sobre créditos iniciales se han producido modificaciones de crédito que representan un 4,5. Pero como S. S. sabe muy bien, no todas las modificaciones de crédito suponen un aumento de gasto, porque igual que hay modificaciones de crédito, también hay créditos que no se realizan.


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Por tanto, la medida razonable son las obligaciones reconocidas. Y ha habido un crecimiento de obligaciones reconocidas de un 2,4 superiores a los créditos iniciales, en términos de contabilidad presupuestaria, para que S. S. no se confunda con los térmionos de contabilidad nacional. La pregunta válida y útil para el debate es que usted me pregunte en qué nos hemos gastado un 2,4 más de dinero en obligaciones reconocidas, habida cuenta que, además, en el año 1997, cosa que yo les advertí durante el debate de presupuestos y ustedes no prestaron atención, el grado de realización ha sido uno de los más altos de los últimos diez años: el 98 por ciento. Pues bien, estas modificaciones --154.000 millones-- son por generación de créditos. Por tanto, S. S. que sabe perfectamente a lo que me refiero, son aumentos de ingresos superiores a lo presupuestado que generan automáticamente más gastos, sucede en tráfico, en la Agencia Estatal Tributaria, que S. S. conoce, etcétera.
En segundo lugar, hay varias decisiones voluntarias del Gobierno. En otoño el Gobierno, durante el debate de presupuestos --yo se lo advertí-- tomó la decisión, al ver la evolución del gasto, la evolución de los ingresos y la evolución del déficit, de que podía hacer cosas para sanear ejercicios futuros. Una de ellas, canje de deuda por 150.000 millones, para permitir que deudas emitidas al 12 por ciento y que tendríamos que pagar en el futuro... (El señor Borrell Fontelles pronuncia palabras que no se perciben.) No si a S. S. no le importa. ¡Cómo le va a importar si esto no le conviene! ¿Cómo puede decir S. S., cuando me pide cuentas de las modificaciones de crédito --y le hablo de 150.000 millones--, que no le importa? Sólo le importa soltarme un rollo que tiene preparado desde hace unos cuantos meses. Lo siento, pero no me pregunte. (Risas) Si usted quiere colocar un discurso político, no me pregunte, pero si me pregunta le tengo que contestar, aunque sólo sea para responder a su requerimiento, que sea más responsable ante el Parlamento. Por tanto, le voy a contestar, y otra vez no me pregunte usted; cuente usted un discurso, pero no me pregunte.
Hemos aumentado el gasto en 150.000 millones, que entran en el déficit del año 1997 como consecuencia de que hemos tenido margen suficiente para anticipar gasto público en intereses de ejercicios posteriores y canjear deuda pública, que tendríamos que pagarla al 12 por ciento, para pagarla al 6 por ciento. Su señoría puede estar o no de acuerdo con esta medida, cosa que a mí me gustaría saber.
Hemos aumentado las inversiones, en un decreto-ley que se aprobó en esta Cámara, como consecuencia de un crédito extraordinario, en 83.000 millones de pesetas, porque hemos entendido que el marco presupuestario de este año nos permitía corregir...(El señor Borrell Fontelles: ¡Ay! que risa.) Sí, sí, pero si lo ha votado usted en contra, señor Borrell, si es que no sabe usted lo que vota. (Rumores) En el mes de diciembre, el Gobierno, como consecuencia de la Ley de disciplina presupuestaria, que no nos permite hacer lo que ustedes hacían de enviar gasto a ejercicios futuros, trajo a esta Cámara una serie de reales decretos-ley, uno de los cuales --quizá S. S. estaba ya preparando esta interpelación y se iba calentando y preparando el discurso-- suponía un aumento de inversión pública de 83.000 millones de pesetas. Por eso, el capítulo 6 en vez de caer el 15 por ciento, como estaba presupuestado, ha caído el 10. (El señor Hernández Moltó: Le hemos pillado) Señorías, a mí no me queda más remedio que explicarles las cosas; ya se que a ustedes no les interesan, pero estoy obligado en este trámite parlamentario a explicárselo. (El señor Borrell Fontelles: eso es) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo, señor vicepresidente, pero ya resumiendo, porque hay muy poco tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, pero es que S. S. me ha hecho diez preguntas, una de ellas nada más ni nada menos que sobre la Seguridad Social. Comprenda usted que algo tendré que decir. (Rumores.) El resto de esas modificaciones, que no son ya decididas por el Gobierno, son las que se refieren a unos 100.000 millones de pesetas como consecuencia de las inundaciones, la peste porcina, la presa de Tous, el exceso de producción láctea, el fondo de compensación interterritorial cuya incorporación es automática y los gastos asociados al envío de tropas en misiones de paz en Bosnia, 20.000 millones de pesetas. Por tanto, señoría, las modificaciones de crédito que ustedes me señalaron en el debate de presupuestos y sobre las que les di esta explicación, continúan teniendo la misma explicación. (El señor Borrell Fontelles: que no.) Y en esos términos yo estoy plenamente dispuesto a comparar las modificaciones de crédito de este ejercicio con el que S. S. quiera. (El señor Borrell Fontelles: Muy bien.) Capítulo 2. Efectivamente, en este capítulo se han producido dos hechos, uno que da la razón a S. S. y otro que S. S. debería poner de relieve. El primero es que no hemos cumplido nuestro objetivo de que el capítulo 2 cayera el 9 por ciento; tiene razón S. S. Esa era la previsión, ni más ni menos. Pero hemos conseguido que con respecto a la liquidación de 1996 caiga en 50.000 millones. Por lo tanto S. S. --y ahí sí que me gustaría que lo hiciera y a lo mejor con eso evito que lo haga-- debería controlar más al Gobierno en el capítulo 2, para que seamos capaces de cumplir exactamente lo que hemos prometido. (Risas.--El señor Hernández Moltó: Eso ha estado bien.) Pero, para que S. S. se tranquilice sobre la evolución del capítulo 2, le voy a decir que de esos 89.000 millones de exceso de gasto,

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34.000 son generaciones de crédito y 20.000 se refieren a lo que ya me he referido antes, modificaciones del envío de tropas a Bosnia. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): por lo tanto, más de la mitad de la evolución en exceso del capítulo 2 está justificada por generaciones de crédito y por una partida difícil de controlar, como es la de los gastos de nuestras tropas en Bosnia.
Vuelvo a insistir en un dato que me parece importante, el capítulo 2, previsión de presupuesto sobre liquidación de presupuesto, ha caído en 50.000 millones; el capítulo 2, previsión de presupuesto sobre liquidación de presupuesto, no ha cumplido las expectativas del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Rato, le ruego que vaya concluyendo, porque ha sobrepasado excesivamente el tiempo que tiene asignado S. S., que sabe que es tasado en este turno de interpelaciones.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Paso a contestar en relación con la Seguridad Social. (Rumores) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Guarden silencio, por favor, porque es imposible entenderse.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor Borrell, yo puedo entender que me plantee un debate político sobre casi todo lo que estamos hablando, pero no que S. S. me diga que los préstamos a la Seguridad Social esconden un agujero. ¿Quiere explicarme por qué en el año 1994 comenzaron ustedes esa práctica? (Rumores.--El señor Borrell Fontelles pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Borrell, usted tiene derecho a réplica después.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): En el año 1994 hay un préstamo a la Seguridad Social de 345.000 millones que no ha sido devuelto. En el año 1995 hay un préstamo a la Seguridad Social de 440.000 millones que no ha sido devuelto y, por si S. S. no se da cuenta, ese plazo secular también se produce en los otros años; el año 1994 también tenía 12 meses --no sé si S. S. es consciente de eso--, así como el año 1995.
Señor Borrell, el resumen del problema es que los problemas que nosotros tenemos en la Seguridad Social son exactamente los mismos que tenían ustedes, un poco mejorados. Así como en el debate político de otras cuestiones S. S. puede hacer toda la interpretación de números que le parezca conveniente, en la Seguridad Social me parece realmente excesivo.
Me parece realmente excesivo que, si S. S. sabe perfectamente que desde hace varios años se han ido produciendo préstamos a la Seguridad Social y que esos préstamos han sido justificados por este Gobierno y por gobiernos anteriores, en el año 1997 plantee que eso supone una quiebra de la Seguridad Social porque gobernamos nosotros. Es realmente llamativo. Su señoría sabe, porque era miembro del Gobierno anterior, que en la prórroga del presupuesto de 1996 su Gobierno recortó la asignación a la Seguridad Social --supongo que con una buena intención: hacernos las cosas más fáciles-- y tendría que explicarnos cómo es posible eso. Su señoría sabe, porque lo sabe toda la Cámara, que en el año 1997 hemos reducido el déficit de la Seguridad Social de cinco a dos décimas del PIB. Su señoría sabe que en los años 1997 y 1998 hemos avanzado en la separación de fuentes, porque, para que lo recuerde si en este momento no lo tiene claro, le diré que la financiación del Estado a la sanidad --cosa básica para sanear la financiación de las prestaciones contributivas-- en 1996 fue de dos billones 900.000 millones de pesetas y en el año 1998 va a ser de tres billones 600.000 millones de pesetas. En la financiación de la sanidad hemos pasado de una situación en la que la misma se financiaba con cotizaciones en volúmenes mucho más altos que en este momento y, por tanto, tiene que reconocer que, aunque el problema de la Seguridad Social que S. S. plantea es claramente una consecuencia de políticas que el anterior Gobierno conoce muy bien, hemos mejorado la situación notablemente reduciendo el déficit, reduciendo la morosidad con las administraciones públicas, reduciendo la financiación de prestaciones universales a través de cotizaciones. Por tanto, S. S. debería tener más cuidado cuando trata de introducir en el debate político los riesgos que no existen en este momento y que, además, contradicen políticamente los acuerdos que tiene su grupo con el resto de los grupos en el Pacto de Toledo.
Señor presidente, no puedo contestar a las diez preguntas, salvo que S.
S. me amplíe el tiempo. En la segunda parte le contestaré, señor Borrell.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Sabe, señor vicepresidente, que no es posible superar, como está haciendo usted, en más del doble el tiempo asignado. Concluya ya, por favor.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor Borrell, sobre las cuestiones pendientes, inversiones públicas, inversiones extrapresupuestarias, financiación de las comunidades autónomas, le daré toda la información que pueda, pero, en cualquier caso, si S. S. considera que la política presupuestaria del Gobierno del Partido Popular no está produciendo los resultados apetecidos, mejor para el Partido Popular, porque eso es situarse en la mayor de las irrealidades, y tener una oposición irreal puede que no sea útil desde el punto de vista de la alternativa, pero desde el punto de vista político es extraordinariamente cómodo.
Muchas gracias. (Aplausos)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Borrell, tiene la palabra para un turno de réplica.


El señor BORREL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente, déjeme que le diga que me ha decepcionado usted y ha decepcionado a la Cámara (Rumores), incluso a ustedes mismos.
Perdóneme, no creo haber hecho ningún juicio de valor. He reconocido que la economía española macroeconómicamente iba bien, que había crecido por encima de las previsiones, que habíamos corregido desequilibrios básicos, he aplaudido una situación que nos congratula. No veo de dónde saca usted los juicios de valor porque he reconocido lo positivo, cosa que ustedes nunca hicieron, y a continuación he formulado preguntas, que usted no ha contestado. Se ha ido a hacer una larga excursión por los cerros de Ubeda, pero se las voy a volver a formular a ver si puede usted contestarlas.
Digo que me ha decepcionado, e incluso le diré que me ha preocupado, señor Rato, porque si usted se cree lo que dice, tiene graves fallos en el conocimiento exigible a un ministro en materia de contabilidad pública. (Aplausos) Primera pregunta: (Un señor diputado: ¿Qué morro!) Déjenme hablar (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Si guardan silencio se podrá continuar, señorías.
Continúe, señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
La primera pregunta no se refería al déficit del Estado --estará recogido en el «Diario de Sesiones»--. He hablado de la necesidad de endeudamiento del Estado y un ministro de Economía y Hacienda tiene la obligación de distinguir el déficit de la necesidad de endeudamiento.
Usted en su respuesta se ha referido al déficit, que ya sé que no tiene nada que ver con la cuenta del Tesoro en el Banco de España. Ya lo sé y usted también, pero yo no le he preguntado por el déficit, sino por la necesidad de endeudamiento ¿No ha entendido la diferencia? Porque es muy distinto. Ahora tiene usted la ocasión de contestar.
¿Cuál es la necesidad de endeudamiento una vez limpiados los pongo y quito del billón en 1996 y el billón en 1997? ¿Qué razón justifica que a finales de 1996 hubiese 980.000 millones de superávit en la cuenta del Tesoro en el Banco de España y a finales de 1997 menos 897.000 millones en esa misma cuenta corriente? Sólo una razón: trucar la evolución de la necesidad de endeudamiento. No me vuelva a contestar sobre el déficit, señor Rato. La pregunta es sobre la necesidad de endeudamiento y espero que usted distinga ambas magnitudes. Dígame cuál sería.
No sé cuáles son los ingresos del Estado en contabilidad nacional porque no nos lo han dicho nunca, aunque sí la prensa. Pero su ayudante, el que anteriormente lo era de Cuevas, cuando vino la semana pasada solamente habló en términos de caja, y cuando le preguntamos por la contabilidad nacional nos dijo: se lo diremos antes de mandar los datos a Europa. Los datos están en Europa, usted da ruedas de prensa y viene aquí y habla de la contabilidad nacional, señor Rato, y yo no le puedo replicar, pues no tengo ninguna información.
¿Comprende usted por qué le digo que trata con desprecio al Parlamento? Estoy dispuesto a aceptar que no es un año y medio, sino sólo un año. Me he equivocado, de acuerdo, pero ¿comprende usted por qué trata con desprecio al Parlamento? Viene aquí y habla de la contabilidad nacional cuando el Parlamento está absolutamente ayuno de información en esta materia. No obstante, le he preguntado, y usted no me ha contestado, si es verdad o no que quitando todos los trucos de anticipación y diferimiento, dejando de jugar al playback, los ingresos del Estado al menos en caja han crecido menos que el PIB. Me sale el 4,3 y usted habla de contabilidad nacional. No, en caja ¿Cuánto ha ingresado usted en caja, señor Rato? Lo sabrá ¿no? Pues dígalo.
Tercero, sobre el comportamiento del IRPF, usted me habla de la reforma futura, pero ya le interpelaremos sobre eso, tranquilo. Hoy le hemos venido a preguntar sobre qué ha pasado en 1997. Lo de después vendrá otro día. Yo he hecho unas cuentas que son fáciles de contrastar ¿Es verdad o no que la Seguridad Social ingresó dos trimestres en 1996 y cinco en 1997? Si es verdad, que lo es, y descontamos este efecto asimétrico, su IRPF en caja ha ingresado un menos 0,8.
Dígame si me equivoco y en qué, no se me vaya a los cerros de la contabilidad nacional y a sus proyectos futuros

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y a sus consideraciones teóricas sobre el IRPF, no interesa. Cuénteme usted qué ha pasado en 1997 en caja. ¿Tengo o no razón? Respecto al gasto global, déjeme de historias. Ustedes en 1997 --y nada tiene que ver con lo de Barea-- han hecho modificaciones de créditos que son un 62 por ciento mayores que las de 1995. En 1995 también había generaciones de crédito, también había mayores ingresos, todo lo que usted ha contado no ha venido al mundo con ustedes, ya ocurría antes.
En el año 1995, ese complejo de Adán que tienen ustedes, según el cual la creación comenzó cuando llegaron a la Moncloa (Aplausos), no impide que nos demos cuenta claramente de que ustedes han hecho más modificaciones de crédito, el 62 por ciento más en el 1997 que en 1995. Dígame si me equivoco o no.Y dígame si me equivoco o no cuando le digo que usted se ha desviado un 4,5 por ciento y que la media de las desviaciones de 15 años de presupuestos socialistas, tan manidos en su propaganda, era inferior al 4 por ciento.
Usted tiene una receta muy buena, que consiste en cosmética y botafumeiro. Esconder el presupuesto bajo toneladas de maquillaje e ir agitando el cubo del incienso para, con palabras grandilocuentes, eludir el debate. No me venga diciendo que es flexible, que es efectivo, que es riguroso, yo le pido cifras concretas. Cien mil millones más del capítulo 2, de acuerdo; aceptados los 20.000 millones de Bosnia. ¿Qué pasa, que no sabía usted en el mes de diciembre que eso iba a ocurrir? Quedan 80.000 millones más. ¿Sabe dónde están? Tapando los agujeros que mis portavoces detectaron en el debate presupuestario. Ustedes vinieron aquí vestidos con los oropeles de la austeridad y el rigor, sabiendo que tenían 80.000 millones infinanciables, y llevaron en el mes de diciembre créditos extraordinarios, que no eran de inversión, sino de gasto corriente, señor Rato. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Sí, señor presidente.
Mientras usted se paseaba por los cerros de Ubeda haciendo tiempo, teniendo la pelota en el córner y deseando que se pudiera bajar de la tribuna, ha obviado poderme contestar a las preguntas sobre la inversión.
Dígame, señor Homs, esas promesas sobre las inversiones extrapresupuestarias ¿dónde están? ¿Cómo se siente usted? ¿Y ustedes, cómo se sienten después de haberles engañado de una forma tan miserable? (Aplausos) No me hable del capítulo 8, mejor dicho, hábleme. De los 150.000 millones de pesetas de operaciones --no sé por qué llamadas extrapresupuestarias-- que se iban a financiar con complejas operaciones financieras en colaboración con el sector privado, dígame cuántas pesetas se han convertido en obra física real. Yo se lo digo, ninguna, cero. El GIF está asentado sobre 40.000 millones de pesetas en letras del Tesoro. Extraño artilugio. Usted emite letras del Tesoro para cubrir un déficit y le transfiere el dinero a un señor que compra las letras del Tesoro que usted emite. Fantástico.
¿Dónde está la inversión real en todo esto? Ya sé que no ha tenido tiempo de contestar a todo, pero, no se preocupe, por cada una de estas diez preguntas tendrá usted una interpelación en los próximos días.
Comunidades autónomas. Dígame cuánto más han recibido las comunidades autónomas. Eso lo tiene usted que saber. Dígame una cifra y dígame cuatro o cinco de ellas, las más significativas. A ver si salimos de una vez de esa confusión que ustedes han creado. Imagino que han hecho un cambio en el sistema para cambiar algo. ¿En qué consiste el cambio, señor Rato? ¿Qué hubiera pasado si el cambio no se hubiera producido? ¿Quién hubiera perdido? ¿Quién hubiera ganado? ¿Cuánto, cómo y por qué? Conteste que todavía tiene usted una oportunidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Concluyo, señor presidente.
Me duele el corazón ver a un ministro de Economía y Hacienda confundir de forma tan evidente --y yo creo que quizás lo confunde de verdad, lo cual me preocupa-- lo que son los anticipos de tesorería con lo que son los préstamos para cubrir insuficiencias financieras. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Que en un caso computan en el déficit y en el otro no. Y ustedes lo han puesto como lo han puesto para que no compute en el déficit, y nosotros lo poníamos como lo poníamos y nos contaba en el déficit. ¿Lo comprende usted? ¿Comprende usted la diferencia, señor Rato? (Rumores.) ¿Cómo que no? Por favor, señores, tienen ustedes que pedirle al señor Barea clases particulares por la noche en la Moncloa. (Aplausos) Dígame usted si sí o si no han dejado los 350.000 millones de pesetas consolidados al final del ejercicio. Dígame si sí o si no ustedes han dedicado 600.000 millones de pesetas de cuotas al pago de los complementos de mínimos. Por cierto, ¿la sanidad es una prestación contributiva, señor Rato? ¿A estas alturas de la vida usted sube a la tribuna y dice que la sanidad es una prestación contributiva? Pero, por Dios, si es no contributiva ¿de qué me está hablando usted? Sí, sí, está registrado en el acta. Usted ha subido aquí y ha dicho: La sanidad es una prestación contributiva. ¿Contributiva, de qué? Es una prestación no contributiva y nada tiene que ver con el Pacto de Toledo. Si no ha dicho eso consultaremos el acta.


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En fin, señor Rato, tiene usted una segunda oportunidad. Una mala tarde se puede arreglar a última hora. (Fuertes aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Borrell.
Cuando quiera, señor Vicepresidente. (Rumores.) Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Empecemos por la Seguridad Social, señor Borrell.
Con respecto a la Seguridad Social, señor Borrell, lo más sorprendente es que S. S. nos acuse de que hemos cambiado el criterio de caja por el de devengo. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben) Porque el criterio de caja por el de devengo lo cambiaron ustedes en 1994 para mejorar su déficit público en cinco décimas del PIB. Por tanto, le vuelvo a repetir que respecto a la Seguridad Social no puedo entender cómo S. S.
hace demagogia contra las propias acciones de un Gobierno del que S. S.
era miembro, no sólo del grupo parlamentario sino del mismo Gobierno. Me parece inaudito que S. S. acuse a nadie en este momento de haber cambiado en la Seguridad Social del criterio de caja al criterio de devengo, cuando es una medida que se toma en el año 1994, por el Gobierno de dicho año 1994. (Fuertes rumores.) Señoría, es inútil.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Calma señorías, guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): No vale la pena excitarse porque es un hecho que está en la historia. (Risas) Los préstamos a la Seguridad Social, señores del Grupo Socialista... ( Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Cálmense. Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Los préstamos a la Seguridad Social --y tienen en sus filas a los ministros de entonces-- comienzan en el año 1994 y se contabilizan igual que en este momento. Nosotros hemos hecho una diferenciación que S. S. no considera conveniente, y me parece muy bien. Hemos dividido el préstamo en dos partes, lo que mide el déficit que se va reduciendo y el préstamo de tesorería, que S. S. considera que no es aceptable --supongo que nunca lo habrá considerado aceptable--, que no aumenta, y eso es importante que SS. SS. lo comprendan. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Además, S. S.
trata de decirme que la sanidad no es una prestación universal, y ya le he dicho que hemos reducido la financiación de la sanidad con cotizaciones, como consecuencia del cumplimiento del Pacto de Toledo, pero S. S. no tiene interés alguno en escuchar las cosas.
¿Y qué supone la reducción de la financiación de la sanidad con cotizaciones? Sanear el sistema de Seguridad Social. Ese es el cumplimiento de un pacto que tenemos con ustedes --con ustedes y con el resto de la Cámara-- y que, además, se hizo siendo ustedes Gobierno. Me gustaría saber si S. S. considera que es un error el saneamiento de la financiación de prestaciones universales por parte del Gobierno, aumentando la financiación del presupuesto de sanidad, porque lo único que ha hecho es achacarme algo que yo no dicho, y es que la sanidad es una prestación contributiva, que claramente no lo es. (Rumores.) Puede S.
S. aducir lo que le parezca conveniente.
En cuanto a las inversiones públicas que S. S. me ha planteado ... (Un señor diputado: ¡Autonomías!) A las autonomías llegaremos con la benevolencia de la Presidencia. (Rumores) Como le he dicho, y S. S. en su arrojo de los últimos meses no había caído en la cuenta de lo que se ha debatido en esta Cámara, en el mes de diciembre se aprueba un crédito extraordinario por 83.600 millones de pesetas, para aumentar la financiación del capítulo 6, inversiones reales, lo cual ha permitido que la caída del 15 por ciento prevista en el presupuesto se atenúe hasta el 10,7 por ciento. Además, el nivel de ejecución del capítulo 6, como ya les anuncié en el debate de presupuestos y ustedes no me quisieron escuchar, ha sido el más alto de los últimos años, llegando al 90,4 por ciento de obligaciones reconocidas sobre créditos totales En cuanto a las transferencias de capital, se ha producido una evolución positiva, lo cual permite que en el conjunto de las operaciones de capital la caída sea del 2,2 frente a la prevista del 7,3. Todo esto dentro del presupuesto.
Ahora pasamos a lo que S. S. me pide que aclare una y otra vez, que se refiere a la financiación de infraestructuras en el capítulo 8. Y se lo voy a contar, aunque lo sabe, porque S. S. nos pregunta siempre lo mismo.
Siempre le contamos lo mismo y a S. S. no le importa, lo cual augura una legislatura francamente entretenida en el debate presupuestario. Pero, en cualquier caso, S. S. es la oposición, pregunta lo que quiere y yo trataré de contestarle siempre lo mismo. (Rumores.) En el año 1997, en contra del criterio de S. S. y de su grupo parlamentario, nosotros entendimos que para poder compatibilizar la reducción del déficit público, que SS. SS. no habían sido capaces de conseguir nunca, y cumplir con el plan de convergencia --recordemos eso,

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aunque sólo sea de pasada-- teníamos que combinar la reducción del déficit público con medidas que nos permitieran mantener el nivel de emisión pública. Y, efectivamente, en este momento, el coste total de los proyectos que se han licitado en 1997 y los correspondientes a 1998 dentro del GIF asciende a 323.000 millones de pesetas. De ellos, a finales de 1998, se habrán ejecutado obras por valor de 80.000 millones de pesetas. A su señoría no le parece bien porque no le conviene en su discurso, que lo tiene ya preestablecido, y que va a mantener durante cuatro años. Pues estupendo, señoría.
Segundo, en cuanto al Ministerio de Medio Ambiente, en el último trimestre del año 1997 se constituyó la Sociedad Estatal de Aguas de Cuencas del Ebro, que es en este momento la que va a utilizar 43.800 millones de pesetas, que también vienen del capítulo 8. Con respecto al Ministerio de Fomento, en el programa aportaciones patrimoniales a promotores de infraestructuras --la mayor parte de la cuales se han dedicado al GIF, como he dicho--, 80.000 millones de pesetas. Por lo tanto, ¿su señoría quiere información? Yo se la doy, a S. S. no le sirve para su discurso. (El señor Borrell Fontelles hace gestos al orador.) Sí, usted puede señalar a todo el mundo, pero, señoría, me lo pone usted muy fácil y vamos a hablar de una comunidad autónoma que a S. S. le gusta.
¿Le gusta la playa de El Miracle, señoría? (Rumores.) ¿Se acuerda de la playa de El Miracle? ¿Se acuerda de lo que usted prometió sin crédito? ¿Se acuerda de la tomadura de pelo que hizo usted al ayuntamiento de la playa de El Miracle? (Rumores.--El señor Borrell Fontelles: Tramposo.--Aplausos.) Señoría, fíjese por dónde, ya puede usted ir, porque, como seguramente en la playa de El Miracle no saben ni les importa lo que es el método alemán y lo que quieren es que la Administración cumpla, lo que usted prometió sin crédito resulta que se va a elaborar. (Rumores.) Por lo tanto, su señoría puede agradecernos que lo hayamos hecho. (Aplausos.) En cuanto al sistema alemán, sobre el que S. S. me ha preguntado --dejando aparte esta distracción sobre una cuestión concreta por la que S. S. tenía tanto interés que en la campaña electoral la prometió sin crédito y nosotros hemos tenido que sufragar esa cuestión--, quiero decirle que en 1997 se han autorizado 157.000 millones de pesetas del sistema de abono total y que en el año 1998 esta cifra llegará a 323.000 millones de pesetas a ejecutar en los tres o cuatro próximos años. Como S. S. va a mantener el mismo discurso presupuestario durante cuatro años, no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque, al fin y al cabo, le podremos contestar siempre lo mismo.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, voy concluyendo.
Comunidades autónomas. Su señoría sabe que la liquidación definitiva de la cuota líquida del Impuesto de Renta de las Personas Físicas del año 1997 (Rumores.) --es de agradecer, aunque sólo sea un minuto, que SS. SS.
me dejen hablar-- se produce en el año 1999; lo sabe de memoria porque ha sido usted responsable de esa cuestión durante muchos años. En la liquidación que se ha producido en este momento, en las comunidades autónomas que han adoptado el nuevo modelo y que son entregas a cuenta ... (El señor Hernández Moltó: Mucho rollo.) Es que esto hay que contarlo así, porque si no, es imposible. (El señor Gómez Darmendrail: Hay que explicarlo.) Como decía, en la liquidación que se ha producido en este momento, las comunidades autónomas que han adoptado el nuevo modelo y que son entregas a cuenta han aumentado el 8,58 por ciento y las comunidades que no han querido aceptar el nuevo modelo han aumentado el 5,7 por ciento, que es la evolución del PIB nominal. Eso SS. SS. lo saben y a SS.
SS. les molesta o no les molesta --no lo sé, no haré juicios de valor--, pero esa realidad la venimos explicando desde que se produjeron las entregas a cuenta. Por lo tanto, si S. S. no se ha enterado --como tampoco se entera de los créditos que se debaten en esta Cámara, porque S. S. ya tiene su discurso y, al parecer, pretende pasarse todos los años de oposición con el mismo discurso, lo cual va a tener un gran mérito (Rumores.), porque realmente S. S. es incapaz de escuchar lo que se le explica--, pues tiene que saberlo. Ha habido unas entregas a cuenta, que el Gobierno ha explicado aquí, en el Senado y en todos los lugares, que suponen un aumento del 8,58 por ciento sobre lo recibido en el año 1997, y un 5,7 por ciento sobre la evolución del PIB. Su señoría también sabe, porque se lo hemos dicho, que se ha producido un superávit en la financiación y una reducción de la deuda pública. Por lo tanto, S. S., vuelvo a repetirle, confunde lo que se pueda producir en una cuenta del Tesoro en el Banco de España con la evolución que se produzca desde el punto de vista de financiación.
También quiero decirle que las administraciones públicas han registrado un ahorro de 600.000 millones de pesetas, la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, y las administraciones públicas registran un superávit primario, la diferencia entre déficit e intereses, de un billón 500.000 millones de pesetas. (Rumores.) Por lo tanto, señoría, se ha producido una caída de la deuda pública en nuestro país.
Señor Borrell, como no podía ser de otra manera, agradezco la oportunidad que S. S. me da, no tanto de debatir cuestiones concretas como de insistir en algo que me preocupa, y es que S. S. pretenda transmitir la impresión a la sociedad española de que algo tan importante como la Seguridad Social no está en una situación de claro saneamiento. Eso, primero, es falso; segundo, responde muy mal a los acuerdos del Pacto de Toledo, que nosotros estamos cumpliendo (Denegaciones.)

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y que ustedes firmaron. Ustedes creen que no los cumplimos, pero llegamos a acuerdos con los interlocutores sociales y traemos una ley al Parlamento que ustedes votan, efectuamos la separación de fuentes entre prestaciones contributivas y prestaciones universales, reducimos el déficit de la Seguridad Social en tres décimas del PIB en un año, reducimos la morosidad de las administraciones públicas a casi la mitad en un año y estamos en un proceso claro de lucha contra el fraude, que está produciendo muy buenos resultados.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente.
Señor Borrell, si quiere hacer una interpelación todas las semanas, habida cuenta de que va a decirme siempre lo mismo, lo que le garantizo es que también le voy a contestar lo mismo y seguramente todos los diputados llegarán a saberse su interpelación de memoria.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, la verdad es que esperamos ver cómo se concreta este intercambio de respuestas a las preguntas del examen o intento de examen desde el Gobierno a la oposición al que hemos asistido con el debate de la liquidación del presupuesto.(El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Permítanme que, en función de ello, nos situemos y manifestemos tres preocupaciones que nos produce la liquidación del presupuesto del año 1997.
La primera preocupación es que en un año en que la economía ha crecido el 3,4 por ciento, en que la inflación se ha contenido en un 2,1 por ciento, en que los beneficios empresariales han crecido en torno a un 35 por ciento y los fondos de inversión, por tanto, el desvío del ahorro a fondos de inversión, han pasado de 24 billones a 28, en ese año en que se ha producido ese gran desarrollo económico, nos preguntamos por qué el efecto no ha sido importante en la reducción del desempleo y por qué no ha sido importante en la liquidación del presupuesto en cuanto a los ingresos. Le voy a decir por qué. La evolución de los ingresos en 1997 ha funcionado de manera desigual y con falta de equidad.
Le voy a exponer los datos que nos han presentado con la liquidación del presupuesto. Ha habido mayores ingresos en IRPF, 550.000 millones de pesetas más que en 1996 en las rentas del trabajo, en las retenciones del trabajo. Sin embargo, se han ingresado 130.000 millones de pesetas menos en los rendimientos de capital. Y, a pesar de haber ingresado menos en los rendimientos del capital, porque como los intereses son bajos el ahorro se ha dirigido a otro sitio, las plusvalías están engrosando lo que pudiéramos llamar la cuota diferencial, que ha tenido devoluciones por 255.000 millones de pesetas. Por tanto, los beneficiarios del crecimiento económico no han participado más en la aportación del ingreso, sino que han participado más las rentas del trabajo. Por contra, lo que son los fraccionamientos empresariales y profesionales han ingresado menos el 0,5 por ciento. Por tanto, lo que a nosotros nos preocupa es que en la liquidación del presupuesto, habiendo crecido económicamente en cuanto a los ingresos del IRPF, la evolución haya sido regresiva, haya sido corregir la progresividad que tenía este impuesto a la hora de producir ingresos.
La segunda consideración se refiere al gasto. Estos presupuestos, en este año de crecimiento económico, significan que ustedes han conseguido una contención del déficit público, fundamentalmente porque el gasto público, lo que hemos invertido en el interés general, ha crecido un 1,3. Es decir, ustedes han destinado de ese crecimiento económico menos que la inflación; por tanto, hemos perdido actuación hacia el interés general y también con relación al crecimiento económico. Pero lo peor de todo esto, nuestra preocupación, no es ni siquiera ésa, sino que, mientras que eso ha sido así, el gasto corriente no se ha reducido, al contrario, ha crecido en torno a un 2 por ciento y la inversión pública ha decrecido el 10 por ciento en inversiones reales y el 2,2 si sumamos operaciones de capital con inversión real. Pero, además, en la liquidación del presupuesto, si observamos las distintas políticas que ustedes han abordado, vemos que han tomado la decisión de gastar menos dinero en políticas de carácter social, reduciéndolas en torno a un 13,9 por ciento; políticas como la de educación han tenido menos gastos, así como la política de vivienda, etcétera. Ustedes han reducido el dinero que han distribuido en beneficio del interés general en esta vertiente de carácter social y han reducido todo el dinero que iba destinado a la economía en sectores productivos, como la agricultura y la política industrial, en un 29 por ciento. Por tanto, nos preocupa que ustedes hayan decidido reducir el déficit público sobre la base de retirar lo que perciben todos los ciudadanos que se benefician de esta política, que debería salir del cumplimiento de los presupuestos.
La tercera consideración es el incumplimiento de los grandes anuncios que ustedes hicieron cuando se presentaron a las elecciones o cuando realizaron el debate de investidura, porque el problema no es cómo han liquidado el presupuesto, sino lo que estuvieron anunciando.


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Ustedes han tenido unas modificaciones de capital, unas modificaciones presupuestarias de 806.000 millones de pesetas. En créditos iniciales han tenido 806.000 millones de pesetas más, entre créditos extraordinarios, remanentes, ampliaciones, etcétera, y ustedes dicen que eso son las inundaciones. No, 89.000 millones de pesetas más en gasto corriente. Y dicen que si es que estamos en la media europea. No, es que ustedes dijeron que iban a reducir 15.000 millones de pesetas del gasto corriente, lo anunciaron a bombo y platillo y, sin embargo, no lo han hecho. En un año que han tenido congelados los salarios, han necesitado créditos extraordinarios por valor de 29.000 millones, en el capítulo 1.
Así pues, ¿cómo ha podido tener lugar esa evolución en esos créditos extraordinarios? Créditos extraordinarios que han sido para todo: gastos corrientes imprevistos y gastos corrientes no imprevistos, desde el seguro escolar en la educación, 2.000 millones de pesetas, hasta los gastos de inversión en universidades, pasando por lo que han sido gastos corrientes, incentivos o dinero que hemos pagado por asignación y gratificaciones en toda la justicia. Por tanto, lo que a nosotros nos preocupa es que lo anunciado no se cumpla.
Y por último, el maquillaje que ha habido aquí en la discusión de la Seguridad Social o en cuanto al déficit público. Lo pongan como lo pongan, lo apoye el Eurostat o no lo apoye el Eurostat, ustedes han producido en 1997 tres grandes movimientos que favorecen la liquidación del déficit público. Para nosotros, ustedes están más cerca del 4 por ciento del déficit público que del 3 por ciento, y le voy a decir las cifras. Ustedes han derivado 150.000 millones de pesetas que tendrían que haber pagado de inversión pública, lo que iban a hacer en Cataluña y en todas las regiones, y lo han pasado a activos financieros, a dinero de acciones. Hacen carreteras, ferrocarriles e infraestructuras a través de acciones de empresas. Esa derivación lleva a los 150.000 millones de pesetas que ustedes no contabilizan en el déficit público.
El problema de las privatizaciones no está en los 177.000 millones de pesetas de las plusvalías de sucesiones o los 539.000 millones de pesetas en ingresos patrimoniales del artículo 5. Ahí no está el problema, el problema está en la parte de las privatizaciones que se han quedado en las grandes empresas que tienen beneficios y en el capital que se ha metido ahí, ese capital de la privatización para compensar las empresas que han perdido, y ustedes se ahorran el utilizar dinero de los presupuestos para transferir a esas empresas deficitarias. Han camuflado obligaciones de transferencias haciendo uso de los beneficios de las privatizaciones, y esta política de mantener el déficit público podrá ser coyuntural, pero nunca estable. No tienen saneada su previsión de déficit público, porque mañana no quedará nada que vender. En el año 1998 podrán vender una parte; en 1999 también, pero ¿qué van a vender en el 2000? No van a tener la posibilidad de sanear y, además, no van a tener los fondos de cohesión y otros fondos estructurales, o los fondos de política agraria, para compensar la inversión que ustedes tienen prevista.
En suma, están esos dineros más los de la Seguridad Social. Aquí ha habido una discusión sobre préstamos a lo que son diferencias de tesorería, y tengo que decirle que el problema de la Seguridad Social es sencillísimo. La separación de lo contributivo y de lo no contributivo obligaba al Estado a pagar servicios sociales, prestaciones, pensiones no contributivas y complemento de mínimos, que ustedes no han pagado este año. Por tanto, de las cotizaciones a la Seguridad Social se ha tenido que coger dinero --y no se ha creado el fondo de reserva que establecía el Pacto de Toledo-- para poder hacer frente a lo que ustedes tenían que haber pagado con los impuestos, porque es la parte universalizada y no contributiva. Por eso han transferido sólo 155.000 millones de pesetas.
¿Cuánto es el complemento de mínimos este año? 600.000 millones. ¿Cuánto se pasaba en el año 1995? 300.000 millones del Estado; este año, apenas 16.000. Por eso, el déficit de tesorería de la Seguridad Social se ha producido porque ustedes no han pagado su parte, en lo que es el impuesto general, y a la Seguridad Social se le ha terminado el dinero de los cotizantes y ha tenido que deber más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya terminando.


El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor presidente.
Y ahora parece que la Seguridad Social les debe a ustedes --y no contabiliza para déficit--, cuando en realidad lo que pasa es que ustedes no han pagado lo que les correspondía del pago universalizado. Por eso también se han camuflado 350.000 millones de pesetas, que debían contabilizar para déficit, porque son para pagar sanidad y tenían que estar en los gastos de transferencias que ustedes hacían a los distintos organismos.
Esta es la preocupación que nosotros tenemos. No hay estabilidad en la política que ustedes plantean y no hay distribución. El crecimiento económico es verdad que se ha producido; ha crecido para unos, pero no para todos los españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA PARTICIPACION AUTONOMICA EN LA DELEGACION DEL ESTADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION EUROPEA.
(Número de expediente 172/000071)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Para su formulación, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


la señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Dada la hora, seré breve, porque quizá muchas de las cuestiones de las que vamos a hablar ya hayan sido citadas, conocidas o sabidas por muchos de ustedes, pero no por conocidas son menos importantes y, sobre todo, no es menos importante trasladarlas a este foro.
Como cuestión previa, quiero señalar que en esta interpelación no pretendo --como no podía ser de otra manera en este foro-- hacer una intervención desde el punto de vista técnico ni jurídico, es decir, no pretendo, en modo alguno, articular desde este momento cómo podía ser esa participación o establecer qué bases, qué normas o qué tipo de mecanismo legal podemos utilizar para poder establecer esa participación. Mi interpelación tiene como fin primordial determinar y debatir si existe o no el espíritu y la voluntad política para encontrar una solución a este problema o a esta situación en la que nos encontramos ya desde hace doce años, por una parte, y dos décadas, desde la promulgación de la Constitución y la ratificación de los diferentes estatutos de autonomía.
En segundo lugar, también quiero decirles que la posición que voy a formular pretende ser una posición posibilista, y cuando digo posibilista hago alusión a que, dada la intención política o, incluso, los objetivos políticos que pudiere defender --y que defiende-- la formación política a la que represento, esta interpelación que voy a defender quizás no sea lo mejor o lo más adecuado para los fines que pretende, en la medida en que, lógicamente --como ustedes me han oído decir aquí y en otros lugares--, tenemos la intención --la sana intención-- de defender una soberanía para el País Vasco --cuanto mayor, mejor--; defender la tesis más soberana, la tesis, si se quiere, de una defensa incluso del derecho a la autodeterminación.Y lo digo aquí, en este foro, porque, aunque a algún destacado representante de esta Cámara no le parezca oportuno citar dichas concepciones, derechos o cuestiones, me parece que todo aquello que se defienda por la vía legítima, respetuosa y democrática puede ser defendible. Es más, es legítimamente defendible y la única limitación es el respeto para aquéllos que no compartan nuestras cuestiones; por tanto, en este caso, como en cualquier otro, defenderé la soberanía de muchas de las naciones y de todas las naciones del Estado español.
Vuelvo donde me había quedado, en el posibilismo, quizás imbuida por lo que es en política el arte de lo posible, por lo que es la teoría comunitaria del petit pas, o del paso a paso, o imbuida por lo que ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco, que el viernes pasado --sin ir más lejos-- aprobaron de forma mayoritaria una resolución en la que instaban al Gobierno del Estado y a estas Cámaras a que se produjese una participación de las comunidades autónomas en la delegación del Estado, en el Consejo de Ministros y en los grupos de trabajo. No fue la posición de un partido ni la del llamado tripartito, que fue el que presentó la iniciativa de esta moción, sino que fueron la mayoría de los ciudadanos los que, en virtud de sus representantes, votaron este tema.
Por eso, atendiendo a la voluntad de los ciudadanos vascos, al posibilismo, a lo que se puede hacer hoy y ahora y a la doctrina del petit pas, que creemos que permite, aunque sea lentamente, determinados avances en esta materia, me voy a centrar en cuál es el núcleo de nuestra propuesta. Creemos que a lo largo de estas dos décadas desde la promulgación de la Constitución y doce años desde la adhesión del Estado español en las llamadas comunidades europeas, hoy Unión Europea, poco se ha avanzado en esta materia. Ciertamente, nos encontramos con dos procesos difíciles: por una parte, pasar de un Estado centralista a otro llamado de autonomías, un Estado en el que no sólo existía o se preveía una descentralización administrativa, sino que había algo más, subsistía el espíritu de dotar de determinadas competencias y de un autogobierno a aquellas naciones, nacionalidades o regiones que en su conciencia, en su saber, en su entender y en su voluntad de serlo lo quisieran iniciar.
Este era un proceso muy complicado, que nos ha supuesto encontrarnos en este momento en un Estado con unas peculiaridades jurídico-administrativas, jurídico-políticas o incluso, si me lo permiten, técnicas ciertamente complicadas. No hay ningún Estado análogo, puede haber asimilables pero no análogos y, por tanto, tampoco podemos encontrar a nivel europeo soluciones que sean iguales o que podamos retomar como si fueran un calco de lo que debiéramos hacer. Por eso, creo que tenemos que utilizar nuestra imaginación, debemos tener una voluntad política muy clara y, a partir de ahí, tener una visión de qué fórmulas podemos articular para que en ningún caso se produzca un menoscabo de lo que en el año 1978, y posteriormente en los estatutos de autonomía, se denominó el espíritu del llamado Estado autonómico.
Y siento decirlo, pero no ha sido así. No pretendo echar culpas ni a unos ni a otros, en la vida cada uno tiene las responsabilidades que tiene, pero lo cierto es que en este momento ese encaje no se ha producido. Por una parte, nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años con que no ha habido un debate político ni una negociación política en esta materia, muy por el contrario ha habido un recurso --yo creo que excesivo-- a una judicialización de este tema. El recurso

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al Tribunal Constitucional en materia de política comunitaria, llámese en fase ascendente, descendente o como ustedes lo quieran llamar, ha sido realmente excesivo y no ha permitido entrar en el quid, en la clave de la cuestión: qué voluntad hay, qué es lo que hay que hacer, cómo podemos hacerlo, ya sea a través de un período de transición, de unas fases intermedias o como haya que hacerlo. Esta excesiva judicialización de la política que, por supuesto, se ha extendido a otros ámbitos, pero en éste no ha quedado descartado, ha supuesto que, al final, y desde nuestro punto de vista de manera muy clarividente, el Tribunal Constitucional haya señalado en la famosa sentencia del 26 de mayo de 1994 que las comunidades autónomas algo tienen que decir en materia o en cuestiones referentes al aspecto o a la esfera externa. Esto nos parece que podía haber sido solucionado ya incluso desde la propia Constitución. No pretendo irme a los umbrales y a las negociaciones que hubo entonces, que ya fueron muy difíciles, pero el Grupo Vasco en aquel momento ya planteaba este tema en el artículo 138.3, relativo a las relaciones internacionales, y hacía alusión a qué podía ocurrir en el caso de que las comunidades autónomas tuvieran que hacer frente a la conclusión de algunos convenios en virtud de las competencias que pudieran tener y que se esperaba que tuvieran en aquel momento, y que podía ser factible hacerlo siempre y cuando tuvieran el consentimiento del Estado.
Era una enmienda importante, era una enmienda que recogía el problema y era una enmienda que podría haber sido clave para solventar muchos problemas. No fue así, y nos encontramos con una situación francamente difícil.
A lo largo de todos estos años hemos pasado por las conferencias sectoriales, los acuerdos para establecer las conferencias sectoriales de manera más concreta y más formal en el año 1994 y por aquel proyecto de convenio del año 1986, que no cuajó. Y creo sinceramente que no cuajó o no pudo cuajar porque partía de una premisa que nos parece poco correcta en la medida en que no se adapta a lo que es el Estado de las autonomías, es decir, señalar que todas las comunidades autónomas son iguales nos parece un punto de partida que no reconoce la realidad que existe, la realidad política o la realidad social.
Con eso no quiero decir nada, simplemente quiero decir que el espíritu del Estado autonómico establecía que ni todas las comunidades autónomas son iguales ni tienen la misma conciencia ni tienen la misma capacidad de autogobierno ni tienen el mismo reconocimiento ni de facto ni de iure.
Por eso, entendemos que no cuajó y por eso creemos que tampoco podemos acudir a este sistema porque no sería de recibo.
Cuando hablamos de los famosos länder en Alemania, no tenemos en cuenta a veces que su nivel competencial, su nivel de reconocimiento propio quizás sea muy similar o análogo, cosa que no ocurre en el Estado español y, por tanto, creemos que esas soluciones no son automáticamente homologables a nuestro Estado.
Posteriormente, ha habido otra serie de consideraciones, como la Ley 2/1997, de 13 de marzo, en la que se establecen o se consolidan esos acuerdos; las comisiones bilaterales --no lo olvidemos--, que responden a la realidad que señalaba anteriormente --en las que no me quiero extender--, o el famoso consejero en la representación permanente para asuntos económicos, de 20 de septiembre de 1996, que con toda la prudencia y con todo el cariño del mundo hará un papel importante, pero su papel sólo se limita, como nos han señalado y como no podía ser de otra manera, a trasmitir información.
Seguimos en el punto donde estábamos. Todos sabemos que el Consejo de Ministros es la institución más importante, el núcleo clave, el núcleo decisorio, hoy por hoy, en el complejo entramado de la Unión Europea.
¿Qué ha pasado estos años en relación al proceso de integración europea? Ciertamente, ha habido también muchísimos avances. Yo creo que habría que señalarlos como avances y no como retrocesos. Los subsiguientes procesos de integración, a través de las diferentes conferencias intergubernamentales, llámese el Acta Unica Europea, llámese el Tratado de Maastricht, llámese, hoy por hoy, el Tratado de Amsterdan, que todavía está pendiente de ratificación, han hecho que esa integración sea cada vez mayor. ¿Eso qué significa? Significa ni más ni menos que ha habido una cesión de determina soberanía en determinadas competencias, que por supuesto no les voy a citar, porque, afortunadamente, todos ustedes las conocen mejor que yo, pero en ámbitos realmente sustantivos, no solamente en lo que se refiere al Gobierno del Estado o a las competencias residuales del Gobierno del Estado, sino también en ámbitos y en competencias que, a través de los estatutos de autonomía, han sido delegadas, han sido acaparadas, en el mejor sentido de la palabra, por las comunidades autónomas, por no hablar de pesca, de agricultura, de transportes, de fiscalidad, pasando por sanidad, parte de cultura, consumidores, medio ambiente o el empleo en el Tratado de Amsterdan, como cuestión importante.
¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas? Ciertamente, no he sido yo, sino catedráticos de Derecho los que han aludido a que, hoy por hoy, con los instrumentos del Derecho internacional, del Derecho comunitario y con el Derecho constitucional, no se les han dado a las comunidades autónomas las posibilidades para poder establecer su propia política --vuelvo a repetir-- con el marco de ese Derecho constitucional, internacional o comunitario, y creemos que es el momento de afrontar la cuestión. Algunos de ustedes me dirán que éste es un problema complejo, difícil, que requiere mucha negociación.


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Pues bien, estamos dispuestos a ello. Pero lo que no se puede es, al socaire de la complejidad, de la problemática, de la tecnicidad o de no se sabe qué relaciones internacionales que, por supuesto, ya no quedan exclusivamente bajo el ámbito del Gobierno del Estado, obviar la cuestión ni llevar esto ad calendas graecas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Lasagabaster, vaya concluyendo, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Concluyo, señor presidente.
Siento decirlo porque lamento que en la primera ocasión que ha habido para determinar una oportunidad --que, además era exclusivamente una declaración de voluntad política, que no suponía, por mucho que se me diga, problemas de negociación, ni ocultaba temas de intereses de determinados estados--, en la última negociación del Tratado de Amsterdam, hayamos observado que los representantes de nuestro Gobierno, a pesar de todas las peticiones de todas las comunidades autónomas, vía sus ejecutivos, vía sus parlamentos --y no puede haber más representación que a través de los parlamentos--, sin embargo, no se han hecho eco de esta petición. Ahí es donde vamos; ahí es donde queremos poner el dedo en la llaga. ¿Hay o no hay voluntad política? Lo que dicen en concreto los representantes de los ciudadanos vascos se puede hacer. No me voy a extender en las múltiples comparaciones que existen en otros estados miembros. El Estado belga con sus reformas constitucionales de los años 1993 y 1994 ha buscado fórmulas imaginativas, fórmulas que han podido hacer frente a la realidad de sus propias comunidades, por no hablar de los länder en Alemania, de la reforma constitucional que hubo en Austria, previa la adhesión a la Unión Europea, o del Libro Blanco, el white paper, para Escocia, que ya articula la posibilidad de que se realice.
¿Existe o no existe voluntad política? Creo que ésta es la cuestión.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Para contestar a la interpelación formulada por la señora Lasagabaster, tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, la integración de España en las comunidades europeas supuso desde un principio la atribución de ciertas competencias del Estado, entendido como Administración central, de las comunidades autónomas y de los entes locales a las instituciones comunitarias. Esa atribución de competencias constituye la esencia del proceso de integración europea y afecta, por tanto, a todos los niveles de competencias. Por otra parte, gracias a esa integración el Estado ha podido defender el interés general y los intereses específicos de las comunidades autónomas en el ámbito europeo. De esta forma, al tiempo que se produce una cesión de competencias, se obtiene la capacidad de influir sobre las grandes decisiones políticas y económicas que nos afectan directamente a todos.
Paralelamente la integración europea no ha supuesto la modificación de la distribución interna de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, como muy bien afirmaba la señoría interpelante.
De estos dos principios, del juego combinado de la atribución de competencias a una instancia superior, la Unión Europea, y el de no modificación de la distribución interna de competencias dentro de cada Estado, sobre todo entre el Estado y las comunidades autónomas o poderes territoriales, se deriva el principio rector de las relaciones entre éstas y el Estado en los asuntos relativos a la Unión Europea. Este principio, denominado principio de cooperación, fundamenta los mecanismos internos de participación de las comunidades autónomas en este ámbito a través de las llamadas conferencias sectoriales.
Los gobiernos que nos han precedido pusieron las bases para el ejercicio de este principio, constituyendo las diferentes conferencias sectoriales y regulando su funcionamiento que, en general, ha sido satisfactorio.
La experiencia de todos estos años, desde 1986, y la voluntad política del Gobierno nos ha servido para intentar mejorar y completar este mecanismo interno de participación de las comunidades autónomas sobre todo en esas decisiones. Me permito recordar la elevación a rango de ley de la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas, cuyo objetivo fundamental es atender al buen funcionamiento de las distintas conferencias sectoriales y tratar cuestiones de naturaleza horizontal o que no tengan acomodo específico en una conferencia sectorial determinada.
Al mismo tiempo hemos reforzado los mecanismos de información con las comunidades autónomas a través de nuestra representación permanente en Bruselas, especialmente mediante la creación de una nueva figura --a la que se ha referido la señoría interpelante--, la del consejero para asuntos autonómicos.
Por otro lado, la presencia de representantes autonómicos en los comités de la Comisión, cuya labor primordial es desarrollar las modalidades técnicas de ejecución de los reglamentos comunitarios, es útil teniendo en cuenta que en muchos casos después son las comunidades autónomas las responsables de aplicar dichos reglamentos.
Por último, entre las novedades que ha desarrollado este Gobierno quiero destacar la formalización de un acuerdo que regula la participación de las comunidades autónomas en los procedimientos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ampliando los supuestos que

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contemplaba el acuerdo de 1990 a todos los casos en los que exista un interés autonómico.
De todo ello se deriva un hecho incontestable: las comunidades autónomas tienen a su disposición los instrumentos necesarios para hacer valer sus posiciones con el fin de que sean tenidas en cuenta en las instancias comunitarias. Esta es la clave del sistema, tanto por lo que respecta al proceso de toma de decisiones en asuntos comunitarios como a la propia ejecución después de la normativa comunitaria. El ejercicio por parte del Estado de su ámbito de competencia se refiere siempre a este procedimiento interno, haciendo compatible la defensa de los intereses de las comunidades autónomas con el interés general. No olvidemos que en un ámbito como el comunitario es imprescindible en muchas ocasiones hacer uso de un arbitraje entre diversos intereses, sean de unas comunidades autónomas o sean de sectores económicos concretos, y cuando hay distintos intereses contradictorios en juego el Estado tiene que arbitrar, modular, entre los mismos a los efectos de que sobre intereses particulares concretos, geográficos o de un sector, prevalezca el interés general. Por ello, no se trata tanto de un problema de voluntad política --al que se refería la señoría interpelante-- como de que no creemos que el sistema pudiera funcionar mejor de otra manera, y concretamente como S. S. lo ha referido. El sistema sería ingobernable; sería simplemente un patio de enfrentamientos entre intereses contrapuestos de distintas comunidades autónomas y, por tanto, el Estado perdería su derecho de arbitrar y, en consecuencia, su derecho de hacer prevalecer el interés general, al margen del deterioro en su autoridad, a la hora de defender sus posiciones en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, sé que usted no tenía intención de decirlo de esa manera, pero señalar que la dificultad estriba en que no vamos a poder conciliar los intereses ni las posiciones de diecisiete representantes de comunidades autónomas no es aceptable. Francamente, no puedo creer que tenga en tan poca estima a los representantes de esas comunidades.
Ustedes acuden al Consejo o a otros foros en los que no solamente hay quince, sino muchos más, y llegan a acuerdos. ¿Por qué no con las comunidades autónomas? ¿O es que son de otro calibre? No creo que ésa sea la razón primordial que pueda subyacer en esta cuestión. Serán más o menos dificultosas las reuniones para llegar a una posición en función de los temas y de los intereses, no lo dudo; pero que, porque no se pueda llegar a acuerdos, no se haga, con todo el cariño, no se lo admito, aunque estoy segura de que no lo ha querido decir de esa manera.
Habla usted del principio de cooperación y de que, en cualquier caso, la integración europea no puede cambiar la estructura jurídico-constitucional de un Estado; eso es cierto, pero, curiosamente, a lo largo de todos estos años sí que está cambiando y está repercutiendo de manera clara en la distribución de las competencias de las comunidades autónomas. Cuando se está cediendo soberanía y competencias, el correlato de la responsabilidad viene porque se puede participar en las instituciones en las cuales se decide y se negocian esas materias. ¿Cuál es el correlato de la cesión de competencias, en algunos casos exclusivas, de comunidades autónomas? No existe.
Por otra parte, y para no extenderme, hay una evolución en el ámbito comunitario en la que se está pretendiendo que esta estructura juridico-constitucional aparezca ya en las propias instituciones comunitarias. La modificación del artículo 146, que se hizo con el Tratado de Maastricht, para que fuera visible claramente, porque lo que dice ese artículo se podía haber aplicado con anterioridad, creo que indicaba nítidamente lo que se estaba pretendiendo. Se deseaba que en ese rango ministerial no fuera comprendido solamente el secretario de Estado, el ministro o el presidente del Gobierno, sino otras personas con ese rango.
Por otra parte, señalo una resolución del Parlamento Europeo de 1993, que, de manera muy clara, invita a los Estados miembros a que, en virtud de su ordenamiento constitucional, cuenten con regiones dotadas de competencias legislativas exclusivas, para facilitar la participación de representantes de las mismas en las reuniones del Consejo de Ministros, cuando se trate de cuestiones de su competencia; es decir, no solamente es voluntad de las comunidades autónomas, que es absolutamente legítima.
Creo que podría suponer la defensa del interés general, tan bien o tan mal como se está realizando ahora, no digo que mejor.
Desde el punto de vista de la propia normativa comunitaria y del pensamiento comunitario, existe una tendencia a que realmente no haya un cambio en el ordenamiento juridico-constitucional de un Estado, que existía y existe en este momento, a través de estas vías. No solamente el Parlamento Europeo sino un órgano como el Comité de Regiones llevan señalando ya en muchas ocasiones estas cuestiones. Creo que hay que plantarse y hacer una reflexión, que no es solamente una cuestión de dificultades técnicas de negociación o de debate, que pudiera haberlas, sino que en algún momento tienen que acudir a ese órgano clave y decisorio, al menos, hasta que se cambie.
Lo que les propondré a todos ustedes en la moción es una cuestión perfectamente asumible; de hecho, si

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me lo permite, ha sido asumida, al menos, en la comunidad autónoma del País Vasco por todos los grupos, salvo el Partido Popular y Unidad Alavesa. Su grupo reconocía que el sistema que existe --al menos lo hacía en el Parlamento vasco-- no era perfecto, que había que mejorar las cosas e ir hacia esa línea, pero que ahora era un poco pronto. Creo que no lo es; han pasado doce años y, en cualquier caso, lo que existe es un reconocimiento de que tiene que haber esa voluntad política, si no queremos dejar en agua de borrajas lo que fue el Estado autonómico que, a la marcha que vamos, quedará exclusivamente en letra y no en práctica.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy brevemente, señor presidente.
He dicho lo que he dicho y no lo que la señora Lasagabaster entiende que haya podido decir. Lo que he dicho es que, por un lado, ya están previstos los cauces de participación de las comunidades autónomas en estas decisiones comunitarias y, por otro lado, el propio poder arbitral del Estado, entre intereses particulares o intereses geográficos, se ejerce con más eficacia en el sistema actual. La prueba la tenemos en que el sistema que tiene implantado España es el mismo que tienen implantado otros trece estados miembros, que junto con España hacen catorce, de los quince que componen la Unión Europea. El caso de Alemania es un muy especial. A pesar de que no llega en su formulación a los extremos que solicita la señora Lasagabaster, tengo que decirle, después de una larga experiencia comunitaria de cerca de diez años en la Comisión Europea y ya casi dos años en el Consejo de Ministros, que genera graves disfunciones y, por ello, este Gobierno no es partidario de adaptarlo. Repito, ésa no adopción no es tanto un problema de ausencia de voluntad política, como de eficacia del sistema que actualmente mantenemos en vigor. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate.
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) , tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a la espera de la moción que se presente, quiero dejar patente el interés del grupo al que represento por la cuestión que suscita la interpelación de Eusko Alkartasuna.
Nuestro grupo pertenece a un partido con marcada vocación europeista, que lleva estos postulados en sus programas electorales desde hace tiempo.
Defensores de la autonomía política de las comunidades autónomas, creemos que atenta contra ella el que se decidan en esferas europeas materias como la fiscalidad, la industria, la agricultura, pesca, transportes, medios de comunicación social, obras públicas, carreteras o formación profesional, materias todas ellas en las que tienen competencia las comunidades autónomas, sin ser oídos o participar de forma directa en la toma de decisiones que nos afecten. Queremos participar en las decisiones europeas, y por ello nos parece magnífico propugnar esta participación en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros.
La señora Lasagabaster citaba la resolución del Parlamento vasco de la pasada semana, de la que fueron inspiradores los responsables de acción exterior del Gobierno vasco en manos del PNV y promotores los tres partidos políticos que gobiernan en coalición (Eusko Alkartasuna, el propio Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi-PSOE), a cuyos representantes hoy en la Cámara quisiera hacer un llamamiento para que leyesen la ponderada intervención del señor Latierro, parlamentario de su grupo, por si se animan a dar su apoyo a la moción que se suscite como hicieron ya en el Parlamento vasco.
En el año 1993, el Gobierno vasco de entonces presentó un informe sobre la participación institucional de Euskadi en la construcción europea, en el que se abordaban muchísimas cuestiones, no sólo en el ámbito de la Unión Europea, no sólo en el Consejo de Ministros, sino en todos los órganos y foros, y se montó, como suele hacerse en estos casos, un escándalo extraordinario. Aquello, en lo que seguimos creyendo, se tildó entonces de irracional y exorbitante.
Con el poso que da el tiempo transcurrido, se trae ahora una pretensión más modesta, más de ir poco a poco, que es coincidente con la que mi grupo tiene presentado como proposición no de ley desde el 30 de octubre para ser debatida en la Comisión de la Unión Europea, y que será vista en fecha próxima.
Creemos que es adecuado en la estructura de un Estado que se define como autonómico el que se articule la participación de los representantes de las comunidades autónomas que la conforman en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Este será del sentido de nuestro voto en la moción que se presente.
Terminaré manifestando la sorpresa por la postura de desconfianza hacia la propia definición del Estado que, como he indicado, se define como autonómico. Lo que ha indicado el señor ministro me recuerda terquedades de épocas pasadas en las que se negaba incluso a las comunidades autónomas la tenencia de una mera oficina en Bruselas, aspecto éste que colocó en sus justos términos el propio Tribunal Constitucional.


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Esperamos que con esta cuestión se haga una reconsideración y, como he indicado ya, analizaremos el contenido de la moción que la señora Lasagabaster presente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Es evidente la simpatía con la que mi grupo recibe el contenido de esta interpelación que, como ha dicho la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, coincide --y todo hace sospechar que coincidirá también en la moción-- con una proposición no de ley que está pendiente de ser debatida en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Mi grupo fijará su posición de fondo cuando conozca exactamente los términos de la moción, pero no quería dejar pasar la discusión de la interpelación en el Pleno para mostrar que el tema nos parece absolutamente importante. Ahora bien, la posición que tengamos nosotros (a favor, en contra, quizá matizando o enmendando en su caso la propia moción) la expondremos en el Pleno en el que se debata.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera fijar la posición de mi grupo ante este importante tema suscitado por el Grupo Mixto en el Pleno de la Cámara. Yo creo que hay que enmarcar la interpelación del Grupo Mixto en algo que subyace en todo el proceso de construcción europea, y es la doble centrifugación que se produce en el Estado-nación: por un lado, la necesidad de dar respuesta a nuevos problemas que superan las fronteras de los Estados y, por otro, la conveniencia de acercar decisiones políticas a los ciudadanos que requieren nuevas respuestas.
En la dinámica de construcción de la Unión Europea ambas fuerzas están en juego y es nuestra responsabilidad encontrar el adecuado equilibrio entre eficacia, transparencia y proximidad. Desde que España participa en su calidad de miembro de pleno derecho en la construcción europea, ésta ha sido una de sus preocupaciones y así lo confirma el camino seguido. El establecimiento de mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la voluntad estatal ha sido laborioso y pragmático. El anterior gobierno creó una forma estable de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas: la conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas en cuyo seno se alcanzaron acuerdos sectoriales concretos y que fue institucionalizada en 1992. Asimismo se articuló la participación interna de las comunidades autónomas en asuntos europeos a través de las conferencias sectoriales en 1994, que formaliza los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la voluntad estatal y en la aplicación normativa y administrativa del ordenamiento comunitario. En este esquema destacan dos características principales: el carácter convencional y voluntario de su establecimiento y regulación y el carácter multilateral de la conferencia, ya que se privilegia como norma el foro común de todas las comunidades autónomas que lo acepten, aunque sin perjuicio de facilitar --como así ha sido-- como excepción la posibilidad de una relación bilateral cuando la naturaleza competencial del problema lo requiera.
El Gobierno del Partido Popular aceptó ese esquema y lo ha formalizado al regular la conferencia en la Ley 2/1997 de 13 de marzo. La principal novedad que se establece en esta Ley está en la creación de una consejería para asuntos autonómicos en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Es una especie de agregado con la facultad de relacionarse con las comunidades autónomas, principalmente recibir y dar información a las oficinas que las mismas tienen establecidas en Bruselas. Asimismo, se ha articulado una representación autonómica en algunos comités y grupos de trabajo de la Unión Europea en función de los tema y las competencias.
Señorías, todo lo que acabo de decir no ha resuelto el problema y la interpelación que hoy debatimos lo pone en evidencia. Objetivamente hay que reconocer que en esta materia sólo hemos empezado a recorrer un camino complejo en el que quedan muchos aspectos a perfeccionar.
El PSOE entiende que se puede avanzar dentro del respeto al marco constitucional español, que otorga al Gobierno del Estado la representación ante la Unión Europea. Para ello siempre será mejor la transparencia y representatividad del Parlamento, y concretamente del Congreso de los Diputados, a pactos establecidos para lograr mayorías a veces necesarias y no siempre tan transparentes. Por lo tanto, nos parece bien que este debate se produzca con luz y taquígrafos y que se conozcan todos los elementos de una articulación institucional que debemos darnos como Estado en la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene en esta materia una posición abierta ante un problema institucional dinámico, como es el que informa la propia construcción europea. La Constitución española y el Tratado de la Unión Europea nos brindan el marco jurídico necesario que permite evolucionar según se van configurando las propias instituciones europeas.
La subsidiariedad establecida en el Tratado de la Unión y la declaración sobre la misma realizada en Birmingham permiten, junto con la Constitución española, un

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doble objetivo: la aplicación de las decisiones y el marco general en el que se adoptan.
Desde el PSOE consideramos que es posible seguir avanzando en algunos aspectos y que, por ello, el Gobierno puede y debe seguir profundizando en la mejora de los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, particularmente en los siguientes: reforzar la dinámica multilateral basada en los acuerdos adoptados en la Conferencia para asuntos europeos y, asimismo, facilitar una relación bilateral cuando la naturaleza de los problemas competenciales, que son los que tiene que atender el Estado, requiera de este tipo de relación.
En segundo lugar, creemos que es posible, previo acuerdo de la conferencia sectorial, incluir en la delegación española ante los consejos de ministros de la Unión Europea y en los grupos de trabajo preparatorios de los consejos un representante de las comunidades autónomas que se integrará como un miembro más de dicha delegación, sosteniendo la posición de ésta y atendiendo las instrucciones dadas por el responsable de la delegación.
Creemos también que es importante vincular la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea a las reformas que están en curso en estos momentos en el Senado para lograr una mayor profundización en estas relaciones. En esta dinámica abierta de construcción europea no podemos asentarnos en posiciones inmovilistas. Debemos estar abiertos, en todos los sentidos, para poder atender a aquellas reivindicaciones que esa doble dinámica establece en función de un nuevo reparto competencial y de la creación de nuevas instituciones con cambios competenciales profundos y, por lo tanto, con necesidad de enormes variaciones también en la manera de ejercer este poder que ahora no es el del Estado-nación sino que es de un ente supranacional; es el del Estado-nación y es el que éste ha transferido a las comunidades autónomas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Finalizado el debate de las interpelaciones y con él el debate de todo el orden del día previsto para esta semana, se levanta la sesión.


Eran las nueve de la noche.

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