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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 237, de 11/05/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1999 VI Legislatura Núm. 237

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 229

celebrada el martes, 11 de mayo de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas

- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 265-1, de 19 de enero de 1999 (número de expediente 125/000017) . . . (Página 12636)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación de la zona militar especial de Canarias. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 185-1, de 31 de marzo de 1999 (número de expediente 122/000164) . . . (Página 12641)

Proposiciones no de Ley

- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las cadenas televisivas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 408, de 12 de abril de 1999 (número de expediente 162/000359) . . . (Página 12647)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (número de expediente 162/000368) . . . (Página 12652)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas e iniciativas de carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit hídrico en las Comunidades del Arco Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana (número de expediente 173/000142) . . .
(Página 12659)

- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación y perspectivas de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad Social (número de expediente 173/000143) . . . (Página 12667)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la Constitución (número de expediente 173/000144) . . . (Página 12675)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas . . . (Página 12636)

Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español . . . (Página 12636)

Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, intervienen los señores Riera y Gassiot, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, y Ferrer i Gironès, de Esquerra Republicana de Catalunya, ambos diputados del Parlamento de Cataluña.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla Gracia y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Pedret i Grenzner, del Grupo Socialista del Congreso, y Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, se aprueba por 261 votos a favor y cuatro abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 12641)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación de la zona militar especial de Canarias . . . (Página 12641)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Meyer Pleite, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que esta proposición de ley en relación con la creación de la zona militar especial de Canarias, que pretende un estatus especial de neutralidad para la comunidad de Canarias, se presentó hace un año, pero asegura que en el momento actual, con la guerra de Kosovo y el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de Washington, tiene aún más justificación. Confiesa que el estatuto de neutralidad activa que solicitan para Canarias es el mismo que reivindican para el conjunto del Estado español; es decir, añade, una España neutral que lidere la necesidad de una seguridad compartida, humana, desnuclearizada, desmilitarizada y cooperativa que refuerce, democratice, impulse y actualice las Naciones Unidas como único instrumento de paz para la superación de los conflictos y para la cooperación internacional. Explica el contenido concreto de la proposición de ley y responde a los argumentos que, supone, le van a ser dados en contra de su iniciativa, pero su grupo no quiere dejar de seguir planteando el que en España y en el mundo es necesario invertir la lógica de la intervención por la lógica del desarme e iniciar procesosde pacificación.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nadal i Malé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Intervienen, en virtud del artículo 73.1 del Reglamento, los señores Meyer Pleite y Martinón Cejas.


Proposiciones no de ley . . . (Página 12647)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las cadenas televisivas . . . (Página 12647)

Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso la señora Heras Pablo. Manifiesta que su iniciativa obedece a una doble oportunidad: primero, por la importancia que tienen los derechos de los menores en materia de programación televisiva; y segundo, por estar en trámite de discusión en el Parlamento la incorporación al ordenamiento jurídico español de la modificación de la directiva comunitaria llamada comúnmente televisión sin fronteras, que sirve de marco de regulación de todo el sector audiovisual.
Expone que con esta proposición no de ley su grupo pretende el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y juventud por parte de las cadenas televisivas, dada la especial vulnerabilidad de los espectadores infantiles por su escasa conciencia crítica y falta de madurez física y mental. Explica el convenio sobre principios de autorregulación de las cadenas de televisión en relación con determinados contenidos de su programación referidos a la protección de la infancia y la juventud, firmado en 1993 por las cadenas televisivas y el Ministerio de Educación y Ciencia, así como la directiva de televisión sin fronteras, que también recoge las mismas preocupaciones. Sin embargo, añade, todas las medidas tomadas han demostrado su ineficacia respecto al control responsable de los contenidos emitidos, de tal modo que la televisión está sirviendo en la actualidad para transmitir a los más pequeños valores contrarios a los establecidos en la Constitución en lugar de formarlos para los mismos, circunstancia que viene denunciándose reiteradamente por diversas asociaciones de usuarios que explican su postura desde diferentes puntos de vista, así como por el Defensor del Pueblo cuando solicita la creación de un consejo de lo audiovisual que sirva para seguir el cumplimiento de este código de autorregulación en materia de protección a los niños. Por todo ello, añade, el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas que hagan realmente efectiva la normativa existente o que esté a punto de aprobarse y, en relación con las enmiendas presentadas, anuncia una enmienda transaccional que cuenta con el consenso de todos los grupos enmendantes.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las cadenas televisivas, en los términos resultantes de la transaccional aceptada por todos los grupos, se aprueba por 260 votos a favor y dos en contra.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla . . . (Página 12652)

Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor González Pérez. Manifiesta que el régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se justifica por ser instrumento al servicio de tres objetivos: en primer lugar, para paliar las desventajas que singularmente condicionan el desarrollo de ambas ciudades en forma de extrapeninsularidad, reducida superficie territorial, escasez de recursos básicos y frontera de Europa en África; en segundo lugar, para favorecer un crecimiento sostenible en condiciones de estabilidad, y en tercer lugar, para procurar la suficiencia de las respectivas ciudades autónomas. Añade que hasta hace tres años no se había producido la reforma necesaria de adaptación del régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a hechos transcendentales para sus economías como el ingreso de España en la Unión Europea o el restablecimiento de las comunicaciones con Gibraltar, y estima que es preciso completar esta tarea comenzada en 1996 por el Gobierno y por los grupos parlamentarios populares de ambas Cámaras, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Ceuta y, en los últimos meses, con el Gobierno de la Ciudad de Melilla, dinamizando la actividad económica, fomentando el empleo o financiando dotaciones de infraestructura en las dos ciudades.


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A continuación desmiente ciertas afirmaciones hechas desde la misma tribuna en días anteriores en cuanto a que el actual Gobierno no da la talla en las ciudades de Ceuta y Melilla y explica una serie de medidas adoptadas al efecto, aclarando que lo que su grupo pretende con la proposición no de ley es que el Gobierno presente un proyecto de ley que conserve las grandes ventajas conseguidas en estos últimos tiempos y mejore aquellas cosas que se puedan mejorar, para lo que pide el voto favorable de la Cámara, a ser posible por unanimidad.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso.


Intervienen de nuevo, para hacer unas aclaraciones, los señores González Pérez y Segura Clavell.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se aprueba por 155 votos a favor, 109 en contra y 13 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12659)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas e iniciativas de carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana . . . (Página 12659)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo Barber, representante de Unió Valenciana. Se refiere a los daños que la sequía está ocasionando a la ganadería y a los cultivos de secano y regadío en la Comunidad Valenciana y pasa a explicar el contenido de los diferentes puntos de la moción en los que instan al Gobierno a dictar un real decreto-ley de sequía para paliar la situación actual con medidas urgentes que deberían abordarse en las próximas semanas, a adoptar actuaciones e iniciativas dirigidas a corregir el déficit hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley por el que se aprueben y declaren de interés general la modernización de las acequias Real del Xuquer y de Moncada, y a celebrar un Pleno extraordinario de carácter monográfico para debatir el documento denominado Libro blanco del agua, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto, y Paniagua Fuentes, del Grupo Socialista del Congreso; y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Chiquillo Barber.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación y perspectivas de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad social . . .
(Página 12667)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, el señor Cercas Alonso, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Comienza su intervención poniendo de relieve la importancia que da su grupo a los incumplimientos del Pacto de Toledo que vienen observando, y se queja de que en cuatro años no se hayan reunido los partidos firmantes de dicho pacto. No se puede imaginar que en el trámite de esta moción se pueda cerrar la puerta al diálogo rechazando la oferta del Grupo Socialista, que sólo pretende rehabilitar el consenso que se logró entonces. Añade que no se trata de discutir sobre la oportunidad o la idoneidad de algunas medidas, sino de votar a favor de llevar adelante el Pacto de Toledo en su totalidad, que es lo que se firmó. A continuación expone los diez puntos de la moción, sacados de la letra y del espíritu del Pacto de Toledo, y muestra su deseo de poder volver a consensuarlos en la tarde de hoy. Explica que los cuatro primeros hacen referencia a la financiación; los dos siguientes a la estructura del sistema; otros dos a la acción protectora del sistema y los dos últimos a elementos comunes al pacto que unió a todos los partidos hace cuatro años. Termina su intervención acusando al Partido Popular de estar poniendo en situación difícil a la Seguridad Social haciendo oídos sordos a recomendaciones en sentido contrario y a propuestas constructivas como la que su grupo presenta esta tarde.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario

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Mixto, y Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Cercas Alonso interviene a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas y para despedirse de la Cámara, agradeciendo las amables palabras que le han sido dirigidas.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la Constitución . . . (Página 12675)

Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández Sánchez.
Comienza su intervención refiriéndose al debate que tuvo lugar el día 28 del pasado mes con motivo de la interpelación presentada por su grupo, de la que es causa la presente moción. Dice que su grupo sacó de aquel debate una conclusión bastante clara y es que el Gobierno y el partido que le sustenta se han cerrado en la defensa de unas posiciones monolíticas y no quieren ver ni conocer si existen políticas alternativas a lo que están haciendo en torno a la vivienda. A continuación explica los seis puntos de que consta la moción que presentan, dirigidos todos ellos a facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Las medidas que proponen competen totalmente al Estado, porque no es cierto, asegura, que el Estado no pueda actuar en políticas de vivienda por ser competencia de las comunidades autónomas, puesto que, de hecho, es a través de los distintos planes de vivienda estatales como se ayuda a las rentas bajas a adquirir una vivienda.


En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso interviene la señora Ballesteros Belinchón.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Sánchez.
A continuación se procede, en primer lugar, a las votaciones separadas de los puntos de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas e iniciativas de carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit hídrico en las comunidades del arco mediterráneo.


Sometido a votación el punto número 1 de la moción, se rechaza por 121 votos a favor, 143 en contra y una abstención.


Sometido a votación el punto número 2 de la moción, salvo el último guión, se rechaza por un voto a favor, 264 en contra y una abstención.


Sometido a votación el último guión del punto número 2 de la moción, se rechaza por 10 votos a favor y 258 en contra.


Sometido a votación el punto número 3 de la moción, se rechaza por 123 votos a favor y 145 en contra.


Sometido a votación el punto número 4 de la moción, se rechaza por 122 votos a favor y 146 en contra.


En segundo lugar se procede a las votaciones de la moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre la situación y perspectivas de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad Social.


Sometidos a votación los puntos números 1, 2, 3, 4 y 5 de la moción, se rechazan por 122 votos a favor, 144 en contra y una abstención.


Sometido a votación el punto número 6 de la moción, se rechaza por 112 votos a favor y 156 en contra.


Sometidos a votación los puntos números 7, 8 y 9 de la moción, se rechazan por 122 votos a favor, 145 en contra y una abstención.


Sometido a votación el punto número 10 de la moción, se rechaza por 123 votos a favor y 145 en contra.


Finalmente se somete a votación la última moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la Constitución, que es rechazada por 121 votos a favor y 146 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 125/000017)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Comienza la sesión.
Apartado I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. El punto primero del orden del día es la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales del Estado español.
Para su presentación, en nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra don Ignasi Riera, diputado del Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya-Els Verds.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Riera i Gassiot): Señor presidente, señorías, en primer lugar quisiera excusar la presencia del diputado, presidente de la Comisión de Política Cultural del Parlamento de Cataluña, don Antonio Dalmau, que por razón de enfermedad no ha podido iniciar este trámite que nos corresponde a partir del nombramiento que el Parlamento de Cataluña hizo para que defendiéramos esta propuesta.
La propuesta -como explicará más tarde el diputado señor Ferrer i Gironès- es la tercera que va en el camino de tratar una serie de medidas que permitan concretar por qué en este Estado de las autonomías las lenguas que son cooficiales en las comunidades autónomas lo son en la mayoría de la documentación que emana precisamente del Estado.
En la proposición de ley de incorporación de las lenguas del Estado español oficiales a los permisos de licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores, en su artículo 1.0, en resumen, dice: Todas las autorizaciones administrativas para la obtención de permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores que se entreguen en el territorio de las comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del castellano tendrán que ser redactadas íntegramente en aquella lengua y en castellano, por este orden, sin perjuicio de la inclusión, además, de otras lenguas de acuerdo con la normativa europea y lo que es en estos momentos el ordenamiento jurídico.
Se trata, por supuesto, de una propuesta política, con una carga simbólica, para muchos de nosotros significativa; no es en ningún caso el eje central de una reivindicación democrática a la que ustedes otorgaron su voto en diciembre de 1997 y luego en diciembre de 1998 al recordar el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español a partir de la legitimidad democrática que sella la Constitución española de 1978.
Desde la expresión de esta pluralidad, resulta más sencilla y más obvia la asunción no traumática de la diversidad cultural y lingüística de esta llamada España de las autonomías. Que en un documento personal, como el carnet de conducir todo tipo de vehículos, nos recuerden de qué acento somos hijos e hijas y a qué herencia no renunciamos, puede tener una función pedagógica, seguramente menor, que en cualquier caso puede lubrificar las bases de la convivencia tantas veces invocada en los discursos más genéricos.
No voy a entonar, señorías, una lamentación jeremíaca sobre todo lo que fue, pero yo, que por primera vez hablo desde este púlpito o atril laico, sí recuerdo los efectos de la discriminación histórica en lo que se refiere a su uso oficial y público en la enseñanza, en los medios de comunicación, en la actividad cotidiana de las administraciones públicas, en el ámbito de lo socio-laboral del catalán; normalidad en el uso de una lengua que era reclamada desde los sectores más populares de Cataluña. El 5 de noviembre de 1971 nacía en la parroquia barcelonesa de Sant Agustí la entonces clandestina Asamblea de Cataluña. Permítanme que añada todavía un dato casi de tipo personal: concejal de un importante municipio periférico, Cornellá de Llobregat, con alcalde nacido en Puente- Genil, en su reclamación en favor del catalán han coincidido alcaldes y vecinos nacidos en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en Andalucía y en Cataluña, y les remito sólo al mapa municipal de la zona de la que les estoy hablando, y puedo asegurarles que si el paro o las adicciones perversas rompen la cohesión social, nunca he podido certificar que la defensa de un derecho lingüístico básico fracture nuestro tejido social.
Por todo ello, señoras diputadas, señores diputados, señorías, les pido el voto favorable a esta proposición votada por una amplísima mayoría en el Parlamento de Cataluña.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Riera.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, también del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en poco tiempo, esta es la tercera vez que, como comisionados del Parlamento de Cataluña, venimos ante este Congreso para presentar una proposición de ley con el objetivo de obtener una normalización lingüística en papeles, en este caso sería para el permiso de conducir.


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Después de veinte años de Constitución, si lo observamos con auténtica neutralidad, no me dirán que no es triste ver aún cómo para obtener los derechos lingüísticos de la lengua catalana debemos solicitarlo para cada tema, para cada asunto, como si nosotros tuviéramos que pedir limosna. Lo normal sería que, de una forma general, de una forma global, dentro del espíritu de la Constitución, esto se resolviera de una forma definitiva.


Hemos de pensar, si observamos la historia, que hay temas sobre la lengua que hace más de un siglo que en este mismo hemiciclo fueron solicitados y que aún no han sido resueltos. Por ejemplo, que los jueces conocieran la lengua catalana. El diputado Emilio Sicars lo solicitó aquí mismo en el año 1871; el diputado Leoncio Soler insistió nuevamente en el año 1899, hace cien años, y el diputado por Tarragona, Julián Nougues, en el año 1905. Si lo miramos por lo que respecta a los notarios, vemos que lo solicitó el senador Maluquer de Tirrell, en el año 1885, el diputado Riu y Periquet, en el año 1916, y el senador Duran i Ventosa, en el año 1922. Por tanto, vemos con esta perspectiva histórica que lo que estamos haciendo hoy es una reiteración de unas peticiones y unas solicitudes que emanan del pueblo.
Sobre el tema que hoy nos ocupa, los permisos de conducir, cuando yo fui senador ya lo solicité en el año 1993 al Gobierno. En aquellos momentos nos avalaba la Directiva de la Unión Europea de 29 de julio de 1991, que tiene como referencia el número 439, y a pesar de ello el Ministerio del Interior denegaba este derecho a un ciudadano de Tarragona. ¿Qué tuvo que hacer este ciudadano? Acudir a la Administración de justicia. Allí le dieron la razón mediante la sentencia 693, del año l994, del Tribunal Superior de Justicia.
Como pueden suponer, señorías, es triste ver los derechos constitucionales denegados por la Administración. Hoy, pues, no venimos aquí con el corazón encogido, porque tenemos una sentencia judicial que nos avala y también una directiva europea que apoya esta solicitud.
Pero, señorías, deben entender nuestra posición y comprender que estemos muy poco optimistas de lograr con generosidad nuestros derechos. ¿Por qué? Muy simple. La Dirección General de Tráfico aún realiza sus campañas sobre el tráfico en folletos o en medios televisivos exclusivamente en la lengua del Estado, pero no en la lengua de las comunidades autónomas. También porque hemos visto que desde que solicitamos que la acuñación de los euros fuera en todas las lenguas, a pesar de una moción que presentó Iniciativa per Catalunya y de otra que, más tarde, presentó el Grupo Socialista y que también se tomó en razón, ha salido en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial de 23 de marzo de 1999, por la que se ha acordado acuñar monedas en céntimos y en euros, y no se ha tenido en cuenta nuestra petición. Tampoco se ha tenido en cuenta en la orden ministerial del 12 de abril de 1999, en la que se ha acordado acuñar monedas de 2.000 pesetas, sin mencionar la pluralidad lingüística. En dichas órdenes se han olvidado los acuerdos adoptados en esta Cámara.
Deben comprender que con tristeza vivimos estos asuntos. Lo pedimos por vía democrática. Lo solicitamos con el tiempo necesario y, además, con todos los requisitos pertinentes. En apariencia se nos da la razón, pero a la hora de la verdad es como si nosotros no fuéramos miembros del Estado. La estructura jurídico-política del Estado debería ser absolutamente neutral ante los derechos de cualquier ciudadano, y nosotros aún podemos observar que al Estado español le cuesta avanzar en los temas lingüísticos y aparece con un nacionalismo excluyente que no tiene ningún ingrediente modernizante.
La lengua catalana es la propia de Cataluña, según proclama la Ley Orgánica 4/1979. Esta propiedad, por ser de Cataluña, entendemos que también debiera serlo del Estado. El Estado no puede ignorar la riqueza cultural de Cataluña, ya que en este caso caeríamos en un reduccionismo excluyente y fundamentalista. El Estado debe proteger a todos, ya que es de todos los que contribuyen a su sostenimiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ferrer, vaya concluyendo.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironès): Por todo ello esperamos que sea bien acogida esta proposición con unánime aprobación. Ojalá no tengamos que venir con más proposiciones de este tipo. Ello significará que la legislación vigente en todo aquello relativo a la lengua catalana es coherente con la Constitución, respetuosa con todas las lenguas oficiales y, por tanto, el Estado ha dejado de ser excluyente, arcaico y esencialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ferrer. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente, en primer lugar, para dar la bienvenida a los representantes del Parlament de Catalunya. Estamos encantados de tenerlos otra vez entre nosotros, pero realmente, señor presidente, señorías, creemos que es excesiva esta asistencia precisamente porque nosotros no somos capaces desde aquí de dar los pasos para, sin tacañería, sin miedos, adaptar nuestra legislación a lo que es la realidad plurinacional y plurilingüística de nuestro país.
Efectivamente, tanto el señor Riera como el señor Ferrer han recordado cómo desde distintos grupos de este Congreso de los diputadosse han ido avanzando propuestas para adecuar, de

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una vez por todas, la legislación y que las lenguas del Estado sean lenguas normalizadas y podamos decir, por fin, que se respetan los derechos constitucionales y estatutarios. Sin embargo, como aquí se ha recordado también, vamos aprobando proposiciones no de ley, que vienen del Parlament de Catalunya y de otros parlamentos, que después no se llevan a la práctica. Quizá, señorías, nos está fallando, no solamente la propuesta de iniciativas, sino la función de control para ver que efectivamente el Gobierno es respetuoso con los mandatos que le vienen de esta Cámara.
Nada más, señor presidente, solamente para decir que desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds-Nueva Izquierda vamos a votar con mucho gusto a favor de esta proposición.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rivadulla.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego agradece una vez más la proposición de ley de Parlament de Catalunya que nos coloca de nuevo ante una acción reivindicativa, de carácter pionero, en la política de normalización institucional de las lenguas que no son exclusivamente la del Estado; y decimos pionero porque, efectivamente, tanto la Generalitat como el Parlament de Catalunya están demostrando una identificación con sus derechos lingüísticos y culturales que es positiva para otras naciones del Estado español en que tenemos situaciones políticas más contradictorias y difíciles.
En este sentido, la intención de la proposición de ley sigue un camino acertado, que es conseguir que el Estado español convierta en lenguas del Estado aquellas que no son exclusivamente el castellano y que, por tanto, todos los organismos estatales hagan una lectura de la Constitución en los términos más abiertos y positivos que ésta posibilita.
Por otra parte, señorías, nos gustaría que todos ustedes cavilasen que los documentos como el nacional de identidad, el pasaporte, los permisos de conducir, deben, como mínimo, aliar la ciudadanía del Estado español con el carácter nacional de la pertenencia cultural y lingüística de muchos ciudadanos, dejando marcada esta diversidad territorial de carácter cultural y lingüístico. Por tanto, no pasa de ser un bilingüismo que alguno poco amante de la normalización lingüística caracterizaría, si fuese objetivo, de bilingüismo armónico; no otra cosa es lo que se nos presenta en esta proposición de ley.
Por fin tengo que añadir que, a pesar de las dificultades, nosotros pensamos que toda esta política se abrirá paso y que en este caso los debates que aquí tenemos sirven para democratizar a las administraciones públicas y adaptarlas al carácter plurilingüe del Estado español, porque todos sabemos lo reacia y lo reticente que es la Administración a asumir algo que es originario, que es ni más ni menos que nuestra señal de identidad y que, por tanto, como ciudadanos debemos de ser atendidos correcta y dignamente por estas administraciones.


De nuevo quiero agradecer al Parlament de Catalunya que haya tenido estas iniciativas que, vuelvo a repetir, son positivas para todos los pueblos que tenemos lengua propia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, en relación con la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, quiero dar, en primer lugar, la bienvenida a los señores Riera y Ferrer y decirles que no se preocupen porque reiteren su presencia en este hemiciclo porque nos agrada verles; además, cada vez que vienen se llevan algo, y eso es importante.
Por otro lado, Coalición Canaria está de acuerdo en el respeto al Estado de las autonomías y el reconocimiento del carácter plurilingüístico como lengua cooficial que tiene concretamente la lengua catalana. Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley, no solamente por la realidad lingüística, sino también por la realidad histórica, lo que ha supuesto en la cultura de occidente, en la cultura del Estado español, todo lo que se refiere al idioma catalán.
Por todo ello, vamos a votar positivamente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRÓ: Benvinguts, estimats diputats del Parlament de Catalunya, el nostre país. Sigueu benvinguts.


Periódicamente y con insistencia, mi Parlamento, el Parlament de Catalunya, hace llamadas enérgicas a un nuevo concepto político cultural del Estado: el de la asunción de la realidad plurinacional y plurilingüe en todas sus manifestaciones públicas e institucionales.
Este esfuerzo sostenido y pedagógico de mi Parlamento y de mi Gobierno, ha abierto sin duda alguna un camino irreversible, inexplorado antes y ahora por los gobiernos españoles.
No es sorprendente que sea Cataluña, a través de la voz de su Parlamento, la que una vez más quiere construirpara todo el Estado español un nuevo camino. A

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nadie puede sorprender que mi antigua y siempre nueva nación, Cataluña, intente llevar el soplo de la nueva modernidad plurilungüe y plurinacional a todo el Estado. Y no puede sorprenderles porque mi país mantiene una crónica biográfica coherente y pertinaz. Mi Parlamento, sus comisionados, han traído hasta aquí tres proposiciones de ley con el mismo objetivo. La proposición va cambiando de nombre, pero es siempre el mismo gesto, el fragmento de una misma narración y el tramo de un mismo camino que nos pueda conducir a un nuevo cosistema cultural y político.
Pero yo no sé si hay suficiente atención ni conocimiento ni análisis de lo que está ocurriendo. Por ello yo puedo manifestar mi desconfianza. ¿Puedo confiar en un Gobierno, el suyo, que no ha ratificado de manera escandalosa y sospechosa la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias trece meses después de haber sido instado por una moción en el Senado y siete años después de haber sido dictada? ¿Puedo no ser desconfiada, junto con mi pueblo, ante un Gobierno que necesita la instancia del Congreso para asumir la pluralidad de lenguas? ¿Debe Cataluña, mi Parlamento, mi Gobierno, mi grupo parlamentario y yo misma confiar en aquellos que intentan aunar lo que su ideario y sus principales líderes consideran contrarios: la unicidad virtual y la pluralidad real, el Estado ayer nación y las naciones en él, que pretenden unir estos antónimos con un sólo gesto, repetido hasta ahora, el gesto de levantar un sólo dedo? ¿Podemos o no creer que este gesto es sólo esto, un gesto que no está acompañado ni del convencimiento ni del compromiso? Cuando se oye decir que los nacionalismos no son el camino del siglo XXI, que no son el camino del progreso y de la convivencia ¿de qué nacionalismo hablamos: del nacionalismo español o del nacionalismo catalán? ¿Dónde se encuentra la nueva modernidad del siglo nuevo y cuál es el papel que en un mundo globalizado puede tener España? La llamada globalización es una realidad económica política, hecha no de muchas naciones sino de muy pocas multinacionales. Es en realidad el final del sistema actual. Por ello es una forma de crisis y el inicio de un cambio histórico. ¿No se sorprenden ustedes, como lo han hecho politólogos y sociólogos, de que la aldea global haya originado con tanta fuerza la emergencia de la diferencia cultural del nuevo mundo, más allá de la lengua única, la hamburguesa única y la pantalla única? España es un país pequeño, débil económicamente en el orden mundial, quizá sin poder político suficiente, pero tiene una riqueza que la hace diferente y única: la de poseer cuatro lenguas oficiales, cuatro literaturas universales, naciones distintas. Su identidad plurinacional y cuadrilingüe puede construir un nuevo tejido consistente y duradero, con los colores y acentos distintos de las distintas identidades nacionales que la conforman. Pero recuerden que la ausencia de confianza puede ser corrosiva.
Por ello es necesario un nuevo discurso, una concreción y un gesto real con el que se pueda esquivar la contradicción y dar paso al prodigio, no al prodigio de tener permisos de conducir bilingües, que por una sentencia de los tribunales esto ya puede hacerse. Pero sólo quiero recordarles que, en cualquier caso, si creyeran que aun con el gesto todo puede seguir idéntico, sepan ustedes, señoras y señores diputados, que incluso sin gesto todo ha cambiado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Gil.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento catalán. Por nuestra parte quiero decirles que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, que además esperamos que tenga mayores éxitos que los que han tenido anteriores iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios para que la Administración pública tenga en consideración la diferencia pluricultural y plurilingüística del Estado español.
Esperamos que así sea, porque es una proposición de ley y tendrá que aplicarla el Gobierno, le guste o no le guste. Y, por tanto, la Administración general del Estado, una vez que esta proposición haya sido tomada en consideración y terminado su trámite parlamentario, tendrá que aplicarla obligatoriamente. A partir de ese momento, señorías, nuestro grupo parlamentario se esforzará en conseguir que en cualquier actuación de la Administración general del Estado se pueda llevar a cabo esta diferencia pluricultural y plurilingüística del Estado español. Son cosas que vamos haciendo poquito a poco y demasiado despacito, cuando en realidad la propia Administración tendría ya que haber asumido el carácter plurilingüístico de nuestro Estado, sin necesidad de que desde los Parlamentos autónomos ni desde esta Cámara les tuviéramos que estar llamando constantemente la atención y realizando iniciativas para que se tuvieran que respetar.
Figura en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, que no solamente han de respetar las comunidades autónomas, sino también el propio Estado español.
Por tanto, señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa y desde luego asumimos el compromiso de hacer que se cumpla no solamente ésta, sino todas aquellas que hemos adoptado hasta estos momentos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida

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a los ilustres diputados del Parlamento de Cataluña; bienvenida por primera vez a uno de ellos y reiteración de bienvenida al diputado Ferrer.
A continuación, quiero anunciar, como no podía ser de otra forma, el voto positivo del Grupo Socialista respecto a la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Cataluña. Entendemos que la reiteración del debate, el hecho cierto que ha sido puesto de manifiesto por todos los intervinientes anteriores -es la tercera vez que hablamos sobre el mismo tema, aunque con textos distintos- no debe restar importancia al debate, a la cuestión. Señorías, estamos hablando de la aplicación completa, de llevar a su debido término el contenido real del artículo 3 de la Constitución española, ese artículo 3 que establece nuestro sistema plurilingüístico político en España. Ello debe ser objeto de desarrollo legislativo no cicatero, sino amplio. Y vamos a votar, reitero, positivamente la proposición de ley del Parlamento de Cataluña por todas las razones que en anteriores comparecencias de los comisionados del Parlamento de Cataluña hemos expuesto y, además, en este caso concreto, por entender también que estamos completamente amparados por el contenido literal de la directiva 91/439 de la CEE, modificada por la Directiva 96/47 de la CEE, que afirma que la mención permiso de conducir y modelo de las Comunidades Europeas puede hacerse en la lengua o lenguas propias del Estado y también que las otras menciones del permiso, cuando quieran consignarse en lengua distinta a la oficial del Estado y de las que son oficiales en la Unión Europea, deberá hacerse al menos en forma bilingüe.
Lo que estamos haciendo en este trámite es en realidad una adaptación de la directiva. Por ello, es urgente y necesario hacerlo, aunque no únicamente por esta adaptación de la directiva europea, sino por el hecho necesario de dar reconocimiento, no sólo simbólico sino práctico, a la realidad existente de que hablamos lenguas distintas, que todas ellas son lenguas oficiales en el Estado español y que esto debe tener plasmación en los actos de la Administración, como es la emisión de un documento personal, del documento de conducir. Eso bastaría. Pero es que, además, la sentencia de 26 de enero de 1998 del Tribunal Supremo, que ha sido ya citada en otras ocasiones en este debate, debe llevarnos a ello, porque establece claramente que las dificultades que pueda tener la Administración para cumplimentar en la práctica el reconocimiento de la realidad plurilingüística no pueden ser obstáculo para este cumplimiento, que el tiempo ha pasado, que es ya suficiente, y que debe darse cumplimiento total y completo a esta constatación de los distintos idiomas en que nos expresamos, de los distintos idiomas oficiales en que tenemos derecho a expresarnos los ciudadanos españoles.
Para concluir, señorías, quiero decir que vamos a dar el voto afirmativo no sólo con satisfacción, sino también con espíritu crítico. Señores comisionados del Parlamento de Cataluña, tenemos que anunciar que en el trámite de enmiendas vamos a enmendar la proposición de ley. Entendemos que el sistema que nosotros propugnamos en la proposición que presentamos ante esta Cámara el 10 de diciembre de 1998 es mejor, más omnicomprensivo, que tiene en cuenta la existencia del catalán y de las otras lenguas oficiales de España y que da solución, o pretende darla, al conjunto de documentación que puede emitirse por la Administración.
Votaremos afirmativamente y anunciamos que en la tramitación de esta proposición de ley, que esperamos que sea rápida y conjunta con las otras que hemos aprobado en los últimos tiempos, vamos a intentar reconducirla al sistema que consideramos mejor y más favorable al reconocimiento universal del uso oficial real de las distintas lenguas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a esta Cámara a los señores Riera y Ferrer y asimismo para hacer votos por la recuperación del señor Dalmau de la enfermedad que le ha impedido estar esta tarde entre nosotros. Palabras de bienvenida a este trámite parlamentario en el que debatimos la toma en consideración de la proposición de ley de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales del Estado español, consecuencia de la moción 811/V del Parlamento de Cataluña.
Desde el punto de vista constitucional, señorías, tanto el artículo 3 de la Constitución, ya referido, como la sentencia 82/1986, que también se ha mencionado, dan cobertura a esta norma y, por tanto, es acorde con el orden constitucional de distribución de competencias la posibilidad de modificación del Real Decreto-ley 339/1990, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con la finalidad de incluir junto al castellano la lengua autonómica en la redacción de los permisos y licencias de conducir en el territorio de las comunidades autónomas que dispongan de más de una lengua oficial.
Esta iniciativa que debatimos en la tarde de hoy es prácticamente idéntica a la debatida el pasado mes de abril, presentada también por el Parlamento de Cataluña y referida a determinados documentos personales, como el documento nacional de identidad o el pasaporte, y con éste mismo propósito, que fueran redactados en las lenguas oficiales del Estado español. La iniciativa se debatió el pasado 13 de abril y fue aprobada solamente con un voto en contra y tres abstenciones. La proposición que debatimos esta tarde merece la consideración favorable del Grupo Parlamentario Popular, que viene pronunciándose en este mismo sentido encuantas ocasiones ha tenido para ello. Baste citar las

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mociones 173/57, del Grupo Parlamentario Mixto, o la número 662/77, de este mismo Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, permítanme que haga referencia a una expresión de la iniciativa que puede plantear alguna dificultad. Es la que dice: Sin perjuicio de que puedan utilizarse también otras lenguas, de acuerdo con la normativa europea y el ordenamiento jurídico, al establecer la redacción bilingüe del permiso de conducción. Aunque denota un deseo de cumplimiento de la normativa europea, no parece adecuarse a ella o al menos a la derivada de la configuración del permiso de conducción en el ámbito europeo, según la cual el contenido de mínimos está referido a cada una de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, al que se puede añadir la redacción en otras lenguas que también sean oficiales en cada uno de los Estados, y no precisamente al revés, como parece deducirse del texto de la iniciativa que en este momento debatimos. Este y otros puntos, que han sido también puestos de manifiesto, serán objeto sin duda de un debate más profundo que el que corresponde en este debate de toma en consideración en los sucesivos trámites parlamentarios.
Sí creo conveniente recordar, señor presidente, señorías, que el Ministerio del Interior ya viene cumpliendo con lo que se propone en esta iniciativa del Parlamento de Cataluña, ya que desde el año 1995 se expiden las autorizaciones indicadas en esta proposición con caracteres bilingües en las comunidades autónomas de Galicia, el País Vasco, Cataluña y Valencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/ 1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la interpretación que en este sentido se contiene en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1998, a la que ha hecho referencia el señor Pedret. Desde el año 1995, la Dirección General de Tráfico viene emitiendo los permisos de conducción de vehículos a motor y la licencia de conducción de ciclomotores en caracteres bilingües y desde el año 1992 se están expidiendo los boletines de denuncias de las infracciones derivadas de la circulación rodada en estos mismos caracteres bilingües.
Me van a permitir también, señor presidente, señorías, que haga una precisión técnica al título de la iniciativa, que habla de permisos y licencias de conducción de vehículos a motor y de ciclomotores. Sería más técnico hablar de permisos de conducción de vehículos a motor y licencias de conducción de ciclomotores. Y no es una cuestión meramente retórica o terminológica. Son diferentes los requisitos que se exigen para el permiso de conducción y para la licencia de conducción de ciclomotores y, por tanto, creo que en la redacción definitiva deberíamos hacer referencia a ello.
En conclusión, señor presidente, reconociendo que un proceso tan importante y al mismo tiempo tan complejo como el relativo al desarrollo de la realidad plurilingüe de España no puede resolverse de un solo golpe o en un solo trámite, queremos hacer constar que, después de veinte años de la aprobación de la Constitución como marco de la convivencia política entre todos los españoles, estamos en condiciones de dar nuevos pasos en el reconocimiento de la España plural y de hacer más presente en el funcionamiento del Estado la realidad plurilingüe de España.
Porque en el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos, y estamos involucrados en ello, de ese proceso de desarrollo de la realidad plurilingüe de España, señor presidente, y porque, en definitiva, convenimos en que es bueno que lo que se viene haciendo ya en la práctica desde 1992 para los boletines de denuncia y desde 1995 para los permisos de conducción de los vehículos a motor y licencias de conducción de ciclomotores se incorpore al texto de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en ese afán simbólico del que hablaba el señor Riera, por todas estas razones, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Seco.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 261; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la toma en consideración.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DE LA ZONA MILITAR ESPECIAL DE CANARIAS. (Número de expediente 122/ 000164.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación de la zona militar especial de Canarias.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Meyer. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.- Rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor, guarden silencio. Señora Montseny. Señor Gil Lázaro. Señor Santesmases. Señor Recoder. Señor Yáñez.
Por favor, siéntense o despejen el hemiciclo.
Señor Meyer, cuando quiera.


El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, venimos a defender la proposición de ley que registró el Grupo Federal de Izquierda Unida hace un año, en relación con la creación de la zona militar especial de Canarias, que busca un status especial de neutralidad para la comunidad de Canarias en el marco internacional y en el marco de nuestros tratados internacionales.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Meyer.
(Pausa.) Señor Ollero, por favor.


El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que la defensa de este estatuto especial para Canarias que busca un estatuto de neutralidad, después de un año tal vez tenga mucha más fuerza en la justificación por parte de nuestro grupo, atendiendo a la realidad internacional que vivimos, con una guerra, la guerra de Yugoslavia, y un nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de Washington, que, sin duda, tendrá repercusiones importantes en todo el marco de seguridad, tanto nacional, europeo, como internacional. No les oculto que este estatuto de zona militar especial para Canarias, que es el estatuto de neutralidad activa, es el que reivindicamos para el conjunto del Estado español. Una España neutral que lidere la necesidad de una seguridad compartida, una seguridad humana, desnuclearizada, desmilitarizada y cooperativa, que funcione y trabaje en sentido contrario, como el que la mayoría de esta Cámara pretende en la seguridad internacional, que refuerce, que democratice, que impulse y actualice las Naciones Unidas como único instrumento de paz para la superación de los conflictos y para la cooperación internacional.
Esta proposición no de ley se hizo antes de la lógica de la guerra, de la nueva lectura de derecho internacional y de la nueva lectura del papel que debe jugar la comunidad internacional que no es la OTAN en el conjunto de conflictos en el mundo. Sin embargo, indudablemente, al hilo de las enseñanzas de la guerra, esta proposición de ley se refuerza, desde nuestra perspectiva, en la argumentación. Las enseñanzas de la guerra de Yugoslavia y de la cumbre de Washington son obvias, señorías. En primer lugar, se decide una intervención militar fuera del marco de las Naciones Unidas, fuera del derecho internacional, dándose una situación peligrosa no vivida desde el fin de la guerra fría y, por tanto, se incrementa la inseguridad internacional. Que, además, la cumbre de Washington haya sancionado la posibilidad de esta intervención en el marco paneuropeo y que introduzca como posibilidad de intervención materias como el terrorismo, el crimen organizado, los recursos vitales o los movimientos migratorios de masas, sin duda alguna, materia a la que hasta ahora, para la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, en el caso del Estado español, nunca se ha interpuesto fuerza militar alguna, sino fuerza policial, este nuevo escenario y esa capacidad de intervención fuera de las fronteras de los países miembros va a incrementar la posibilidad de intervención armada. Y se nos va a ver por el conjunto de la comunidad internacional como un país que forma parte de una alianza militar agresiva, que se arroga el derecho internacional y que se arroga el derecho a la intervención.
Las consecuencias van a ser obvias, señorías: el rearme, la proliferación de armamentos de destrucción masiva será la respuesta a la cumbre de Washington. No puede ser otra en la comunidad internacional. Sin duda alguna, todos los Estados pequeños, los Estados no poderosos, los Estados en vías de desarrollo y alguno desarrollado, están tomando nota, en la guerra de Yugoslavia, de que es importante contar con un sistema antiaéreo de gran altura, que, si no tienen un pequeño arsenal de armas de destrucción masiva de carácter nuclear, tendrán que hacerse con uno de carácter bioquímico.
Esta es la lógica que va a salir de la cumbre de Washington. El mensaje que se lanza en la cumbre de Washington es: Mundo, preparaos, porque esta alianza está dispuesta a intervenir fuera del marco estricto de las fronteras de los 19 países que la conforman y está dispuesta a intervenir en ese tipo de materias, terrorismo, crimen organizado, etcétera. Esta va a ser la respuesta, sin duda, la desgraciada respuesta, que se va a tener a nivel internacional. Va a ser un golpe muy duro y difícil de evaluar al día de hoy, en relación con el rearme y la distensión que se consiguió en los años ochenta.
En los años ochenta, antes de terminar la guerra fría, se había conseguido un desarme importante, una lógica de desarme, una lógica de destrucción de armamento convencional, una lógica de reducción de armamento nuclear e incluso una reducción importante de tropa, de Fuerza interpuesta entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Esto va a saltar por los aires.
Por eso nos merece una atención especial en estos momentos esta proposición de ley, que persigue un estatuto de neutralidad, un estatuto militar especial para Canarias. Recobra una importancia especial. Además, teniendo en cuenta, por la información de que nosotros disponemos, que Estados Unidos y, por lo tanto, la OTAN, ya que quien realmente manda en la OTAN es Estados Unidos, tiene interés en contar, en la nueva fase de ampliación de la Alianza Atlántica, además de con los países del Este, tiene interés en empezar a articular propuestas de colaboración con Mauritania y con Marruecos.
De manera que para el norte de África habrá dos relaciones entre la OTAN: una de colaboración Marruecos y Mauritania y otra de cierta prevención con Argelia y con Libia.


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La comunidad canaria, la más próxima a África, la más próxima a ese escenario, necesitaría, desde nuestro punto de vista, alejarse de esta lógica de intervención, alejarse de esta lógica que va a crear problemas y que puede empezar, en el escenario africano, en el escenario de la ribera del Mediterráneo y del norte de África en el Magreb, a plantear problemas serios. Desde la lógica de la OTAN, desde la lógica de la mayoría de SS.SS., que no es la de Izquierda Unida, indudablemente, después de Yugoslavia y atendiendo a la literalidad de los acuerdos de la cumbre de Washington, se pueden dar conflictos de intervención en el norte de África. Y en ese nuevo escenario creemos que Canarias, dada su especial situación geoestratégica, debería ser la primera región española en alcanzar un estatuto de neutralidad que la aleje de cualquier conflicto hacia África y la permita convertirse en una gran plataforma de paz atlántica hacia América, Europa y África. En esta consideración, nos merece una atención muy especial lo que el pueblo canario votó en el referéndum de 1986. Esta proposición no de ley no se podría entender sin la voluntad mayoritaria del pueblo canario, que en aquel referéndum de 1986 votó en contra de la permanencia de España en la Alianza Atlántica.
Señorías, entre las iniciativas que Izquierda Unida está presentando para frenar la lógica de la guerra, para intentar que esta Cámara y la Cámara Alta sean las que dirijan, las que aprueben la participación española en los conflictos, las que decidan si se debe interponer Fuerza armada española en cualquier zona de alto riesgo o de riesgo en el mundo, la lógica de esa información y decisión que, desgraciadamente, no acabamos de arrancar del Gobierno del Partido Popular, entre esas iniciativas, sin duda, se debe encontrar este estatuto especial para las islas Canarias. Queremos superar la lógica militar para intentar construir una lógica de seguridad humana, una lógica de seguridad compartida, que haga del desarme, de la desnuclearización los ejes fundamentales de un nuevo marco de seguridad paneuropeo y de colaboración hacia África.
La proposición de ley, en su parte final y dispositiva, viene a plantear que las islas Canarias se constituyen en zona militar especial a los efectos del ejercicio de la competencia de defensa que la Constitución española atribuye al Estado de forma exclusiva en su artículo 149.1.4. Segundo, que la zona militar especial de Canarias conllevará que la planificación, organización y ejecución de la defensa de las islas será la realizada de forma exclusiva por las Fuerzas Armadas del Ejército español, sin intervención alguna de las fuerzas de terceros países. Tercero, que las islas Canarias contarán con las instalaciones militares bajo mando exclusivo de las Fuerzas Armadas españolas de carácter defensivo precisas e imprescindibles para evitar la incursión o ataque militar a su territorio. Cuarto, en la zona especial de Canarias no podrán ser instalados instrumentos, equipos, armamentos o personal habilitado para realizar operaciones militares de carácter ofensivo sobre cualquier territorio. En el apartado primero del artículo 2 la declaración de Canarias como zona militar especial es incompatible con la presencia de las islas en organigrama, estructura o ámbito de actuación de cualquier estructura militar de carácter supranacional existente, refiriéndose, obviamente, a la única que en estos momentos existe, como es la OTAN. Dice en su apartado 2 que el Gobierno español habilitará los instrumentos jurídicos oportunos para excluir al territorio del archipiélago canario de las citadas organizaciones mediante la inclusión en los tratados internacionales suscritos por España de cláusulas de exclusión de las islas acerca de la integración de las mismas. En el artículo 3 se dice que lo dispuesto en los artículos anteriores no será incompatible con el cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas con sede en Canarias de sus obligaciones con la defensa nacional del conjunto de España.
Sé, señorías, cuál va a ser su respuesta en la toma en consideración: en primer lugar dirán que esto rompe con el Tratado de la Alianza Atlántica de una parte del territorio; que esto, al contrario, puede significar una mayor inseguridad para el territorio de Canarias y que el trasfondo de nuestra propuesta no tanto persigue un estatuto de neutralidad, sino un estatuto de aislamiento, intentando identificar de nuevo la idea de que un país neutral es un país aislado. Yo creo que esto tiene una base intelectual muy pobre.
En cuanto a la neutralidad y al aislamiento basta recorrer lo que hoy es la realidad en el mundo para entender que estados mucho más poderosos que España, que son neutrales, juegan un papel fundamental en la comunidad internacional. Yo comprendo su negativa, sé cuál va a ser -efectivamente, la mayoría de esta Cámara no está por la lógica del desarme, no está por la lógica de iniciar procesos de pacificación, sino por la lógica de la intervención-, pero no nos hemos querido resistir a seguir planteando desde nuestro punto de vista que hoy en el mundo, en España es necesario invertir esta lógica; los tiempos y las enseñanzas de la guerra de Yugoslavia ahí están. Desde luego, el que piense que la realidad después de la guerra ha mejorado en lo relativo al desarme y la distensión no creo que la tenga en cuenta: República Popular China, Rusia, rearme y punto cero en estos momentos acerca de la propuesta de paz del G-7 más Rusia. Paradójicamente, los ocho puntos que presentó el G-7 más Rusia son literalmente los 11 puntos que presentó Izquierda Unida en esta Cámara y que uno a uno no merecieron la aprobación de ninguna de SS.SS. Izquierda Unida se quedó sola con el Bloque Nacionalista Gallego y tres abstenciones del Grupo Socialista y nos inquieta que, efectivamente, en esa votación no mereciera el visto bueno ni la aprobación de una amplia mayoría de la Cámara; estaremos atentos a ver qué dice la mayoría de la Cámara sobre la propuesta del G-7 más Rusia, insisto, muchos de cuyos puntos son la literalidad de los que presentó Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la proposición de ley? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Nadal i Malé.


El señor NADAL I MALÉ: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Las posiciones del señor Meyer en esta Cámara son reiterativas, acumulan sus criterios una y otra vez. Tiene evidentemente todo el derecho a expresarse tal como él crea necesario, tal como entienda que debe ser su planteamiento ideológico. Ahora bien, señor presidente, yo desearía llamar su atención sobre que a lo que no tiene derecho el señor Meyer es a decir que el resto de los grupos parlamentarios no queremos la paz. En eso se equivoca rotundamente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINÓN CEJAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señoras y señores diputados de Izquierda Unida, esta proposición de ley de creación de zona militar especial de Canarias ha despertado bastante incertidumbre, perplejidad, asombro en este diputado que les habla. Incluso, antes de oír al señor Meyer, tenía la intención de subir a esta tribuna para rogar al Grupo de Izquierda Unida que retirara esta proposición para no producir una injustificable discriminación con ningún territorio nacional, pero, a la vista de la intervención que acabo de oír, parece que sería un esfuerzo absolutamente inútil. Según acabo de entender -ha quedado algo más clara la lógica que lleva a Izquierda Unida a hacer esta propuesta-, la lógica que lleva a Izquierda Unida a presentar esta propuesta no tiene nada que ver con Canarias y tengo la sensación de que Canarias paga el pato de una opinión que tiene Izquierda Unida acerca de la defensa nacional. Sólo he oído dos razones para presentar esta propuesta específica relacionada con la Comunidad Autónoma de Canarias. Una, que Canarias es la comunidad autónoma más cercana al norte de África y a los países del Magreb. Yo no soy ningún experto en geografía, pero basta con echar un vistazo a un mapa para darse cuenta de que eso es un disparate, es mentira.
Dos, que el pueblo canario, en el referéndum sobre la OTAN votó en contra de la continuidad de España en la Alianza. Es cierto, y la provincia de Santa Cruz de Tenerife votó a favor de la continuidad de España en la Alianza, y la provincia de Las Palmas votó en contra, y la isla de no sé dónde votó a favor, y la isla de no sé qué votó en contra. ¿Cuál es el ámbito geográfico que debe determinar el significado político de un referéndum como expresión de la voluntad política de un pueblo? Veo que mi ingenuidad llega hasta el extremo de intentar convencer al señor Meyer, que está hablando por teléfono. Perdonen SS.SS. que no haya atendido a todos con el respeto que se merecen y siga obsesionado con viejos fantasmas del pasado. Esta propuesta que Izquierda Unida nos hace esta tarde básicamente pretende que Canarias quede fuera de cualquier organización militar, de cualquier alianza militar, y por lo tanto de carácter internacional, dejándola fuera, por ejemplo, de la Unión Europea Occidental o de la Alianza Atlántica. Se pretende que la defensa de Canarias sea exclusiva de las Fuerzas Armadas españolas y que, si el resto del territorio nacional se viera afectado en algún conflicto bélico, las Fuerzas Armadas españolas que existan en Canarias vayan en auxilio del resto del territorio nacional. Como decía, la propuesta resulta peculiar, pintoresca. Es sorprendente que un grupo parlamentario venga a esta Cámara a proponernos que le digamos al pueblo canario que si Canarias es atacada por quien sea que, por favor, la Alianza no intervenga; que un grupo parlamentario venga a proponernos que digamos a los canarios: a ustedes sólo los defiende el ejército español y, si el ataque es tan grande que exigiera el auxilio de fuerzas amigas, ustedes jamás van a poder contar con ellas. ¿Qué razones conducen a Izquierda Unida a hacer esta propuesta? ¿Cuál es la lógica profunda de esta propuesta? Si vamos a la exposición de motivos, veremos que ahí se recuerda la singularidad de Canarias. Sus señorías lo conocen bien porque los parlamentarios canarios de los distintos grupos les hemos dado la lata con mucha frecuencia hablándoles del régimen económico y fiscal y del estatuto de región ultraperiférica en el seno de la Unión Europea. Ahora, en un salto de difícil explicación lógica, Izquierda Unida dice: esa singularidad histórica de Canarias en lo económico, en lo fiscal, en tantas cosas, también hay que llevarla al terreno militar, de forma que Canarias jamás pueda pertenecer a una organización militar de carácter supranacional. No se explica cuál es la lógica que puede llevar a una propuesta de ese tipo. Pero lo más asombroso es que en la exposición de motivos se indica que Canarias tiene una posición estratégica especial, lo cual resulta indiscutible, que es un enclave comercial. Desde luego, no voy a negar que sea un cierto enclave comercial, pero modesto; ya me gustaría a mí que Canarias fuera de verdad un enclave comercial; lo que sí es es un enclave turístico, y eso no se menciona. Y se hace alusión a la histórica ausencia de cualquier conflicto de alcance internacional, se supone que de algún conflicto bélico de alcance internacional en Canarias. Eso es mentira. Santa Cruz de Tenerife celebra cada año el 25 de julio que, en un intento de Horacio Nelson, almirante de la Armada inglesa, de adueñarse de las islas, un acertado cañonazo logró quitarle un brazo. ¿Cómo diceusted que Canarias nunca ha tenido nada que ver con

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problemas bélicos? Tanto tópico repetido mil veces se llega a creer.
En algo sí que estoy de acuerdo con Izquierda Unida, y es en que Canarias sea -lo ha sido muchas veces a lo largo de la historia- plataforma de paz y de encuentro entre los pueblos. Pero que sea plataforma de encuentro entre los pueblos no nos lleva a la idea, a nuestro juicio absurda y disparatada, de que Canarias quede desarmada. Cuando discutimos hace no mucho la nueva situación de España en la Alianza Atlántica, todos los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, defendimos y apoyamos la conveniencia de que Canarias estuviera bajo el mismo mando militar que el resto del territorio nacional, y para eso se diseñó lo que se ha llamado la burbuja, que viene a ser una especie de pasillo que une a Canarias con la Península.
Hay una idea que yo creo que subyace en la proposición de ley, que no se ha dicho abiertamente -desde luego no aparece explícitamente en la proposición de ley-, y viene a ser un razonamiento del siguiente tipo: si Canarias queda fuera de la Alianza Atlántica y hay una agresión contra la Alianza Atlántica, Canarias se salva porque no se vería atacada por los ejércitos que fueran contra un país de la Alianza Atlántica y contra toda la Alianza Atlántica. Desde luego, es un argumento que tiene algo, o mucho -para ser más preciso, tiene mucho-, de egoísmo al pensar: yo me quedo al margen, no tengo nada que ver con el resto del país, ni con el resto del mundo occidental ni con nada. Es decir, si hay una guerra entre unos y otros, yo me quedo al margen. Pero además yo creo que es bastante poco creíble y poco razonable ese argumento. ¿Es creíble que si hubiera un conflicto bélico en el que la OTAN y España se vieran involucradas, Canarias quedaría fuera del conflicto porque previamente España ha dicho que Canarias no forma parte de la Alianza Atlántica? ¿Es eso creíble? ¿Es que si algún país tuviera la voluntad, el ánimo, el deseo de entrar en un conflicto bélico con España, razonaría así? ¿Es eso creíble? Señorías, subyace además una concepción, que desde luego no es nuestra, que en absoluto compartimos, y es el rompimiento de la unidad nacional, que España queda dividida en dos zonas: una es la zona OTAN, que es la zona ofensiva, agresiva, belicosa; y la otra es la zona no OTAN, la defensiva, la zona de la paz. ¡Esto me parece algo tan maniqueo, tan falso y sobre todo irresponsable! Porque, insisto, pretender aquí que, si hubiera un conflicto bélico y Canarias se viera atacada, las organizaciones de carácter militar a las que España perteneciera no pudieran participar en la defensa de Canarias, diciendo al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas españolas que están en Canarias sí deberían ir rápidamente a socorrer ante un posible ataque que se produjese en la Península, es algo bastante absurdo, incongruente y, desde luego, impresentable para nosotros.
Señorías, dije que subía a esta tribuna con la idea de que retiraran su propuesta. Evidentemente, no lo voy a hacer; sólo he de anunciar el voto en contra del Grupo Socialista. No sé si servirá para algo lo que voy a decir ahora, pero el cuerpo me lo pide -estos gestos de libertad que uno tiene de vez en cuando parece que son casi imprescindibles para seguir viviendo-.
Señoría, a la vista de su discurso de esta tarde y de los que he oído en otras ocasiones no es casual que haya sido un diputado no canario el que haya venido a hacer esta propuesta aquí esta tarde, porque ningún diputado canario, de los 14 que existen en esta Cámara, hace una defensa como la que usted ha hecho. Creo que no hay ningún diputado canario que se atreva a venir aquí esta tarde a decir que, según una concepción que ellos tienen de la política militar, de lo que es la lógica del desarme y de la intervención, a Canarias hay que dejarla desprotegida. No hay ningún diputado ni ninguna diputada canaria que venga aquí a decir esta tarde que si algún país ataca a Canarias, que sólo sea el ejército español el que se encargue de su defensa porque ninguna otra organización a la que pueda pertenecer España puede acudir en auxilio del suelo canario. Esa lógica, es decir, la lógica del disparate, señoría, me parece que es la que les ha llevado a que esta tarde ningún diputado de su grupo sea canario y a que ningún canario diputado de su grupo haya podido defender esa propuesta aquí.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Martinón.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.) En este momento no tiene usted la palabra, señor Meyer. (El señor Meyer Pleite: A los efectos de una rectificación, señor presidente.) Señor Meyer, si tiene que manifestar alguna cosa a la Presidencia, cuando termine la fijación de posiciones tendrá su oportunidad.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tenía la sospecha, como así ha sido, de que esta proposición de ley, presentada por Izquierda Unida hace más de un año, serviría de percha para hablar de lo divino y de lo humano, de la política de defensa, de la política de la Alianza Atlántica, de lo que pasa en Kosovo, etcétera. Ése es el motivo por el que nosotros hemos reservado nuestra fijación de posición, para ver qué era lo que se pretendía con esta proposición de ley. Lo que sí puedo decirle, señor Meyer, es que Izquierda Unida tiene la rara habilidad en materia de defensa de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto a ustedes. Da esa casualidad. En la política de defensa que plantea en estos momentos Izquierda Unida, coherente con sus históricos principios inamovibles, consigue poner de acuerdo a todos los grupos políticos de la Cámara radicalmente en contra de los planteamientos que su grupo realiza permanentemente.


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Ya me parecía a mí que no se iba a tratar sólo de Canarias en esta proposición de ley, sino que tratarían de incluir también al resto del territorio nacional, a toda España. Y no, como dice usted, porque se rompa con la OTAN, con el posicionamiento que tomamos el resto de los grupos políticos, señor Meyer. Con lo que se rompe es con la integridad territorial del Estado español, con la integridad territorial de España, cuestión por la que todos venimos luchando desde hace muchos años. Incluso en ese importantísimo proceso de adaptación interna y externa abierto en la Alianza Atlántica, todos los grupos políticos de la Cámara, en sucesivas ocasiones y en todas las comparecencias que se han producido para hablar del mismo, han reiterado por activa y por pasiva la importancia que tendría que las islas Canarias quedaran bajo mando español y que el territorio nacional no quedara dividido bajo ningún concepto. Y precisamente con una propuesta de resolución de Coalición Canaria se ha conseguido el mando subregional en España, ya instalado en Retamares, Algo por lo que hemos luchado absolutamente todos. Y ahora viene a decirnos usted que quede con unas fuerzas armadas solas, españolas, de carácter defensivo, pero no ofensivo, en una diferenciación que jamás ha llegado usted a explicar. ¿Dónde está la diferencia entre unas fuerzas de carácter defensivo y unas fuerzas de carácter ofensivo? Se refería el señor Martinón a lo que pasaba en el año 1797, con el almirante Nelson y aquel cañonazo fortuito del general Gutiérrez, que fue el que le hizo desistir de tal empeño. Pero también hay que recordar lo que pasó en el desastre de finales de siglo con Cuba, Filipinas, Cavite y un largo etcétera, y que la mayor preocupación del almirante Cervera era precisamente que, por no existir alianzas internacionales, las islas Canarias pudieran sufrir cualquier tipo de acoso.
Señor Meyer, sin entrar en más profundidad que la de una proposición de ley que usted no ha defendido, simplemente podemos decirle que no estamos de acuerdo con los planteamientos que realiza, porque si en algo están de acuerdo todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados es en que se ha conseguido algo importantísimo para España y para las islas Canarias, y es que queden bajo un mando único, bajo un mando subregional instalado en España y no dependiendo, como hasta ahora, de Saclant, en Virginia. Yo creo que eso es lo más importante y lo más relevante, y a lo que ninguno estamos dispuestos es a que una proposición de ley, presentada el 16 de marzo del año pasado, antes de que se produjeran todos los cambios de carácter estratégico que se han venido dando en el seno de la Alianza Atlántica, sirva de percha para tratar de desmantelar aquello que todos sabemos lo que ha costado conseguir. Por lo tanto, señor Meyer -y yo no sé si entrar más en profundidad en el debate de esta cuestión-, puedo decirle que nuestro grupo parlamentario no cree en la proposición de ley que usted plantea, pero además piensa que ni es oportuna estratégicamente después de lo que se ha luchado por conseguir exactamente todo lo contrario.
Ha hablado de la guerra de Yugoslavia, de la Alianza Atlántica, del enemigo número uno, del G-7 más Rusia, en el que da la casualidad que en estos momentos Rusia está jugando un papel importante para tratar de solucionar una crisis de la que no es culpable la Alianza Atlántica (no lo olvide usted: de la que no es culpable la Alianza Atlántica), porque la limpieza étnica, el genocidio y los abusos que se han venido produciendo en Kosovo no los ha iniciado la Alianza Atlántica, sino que lo que se está tratando es de paralizar todas las políticas que se han venido aplicando desde hace muchos años, desgraciadamente. Los acuerdos de la paz de Dayton no fueron suficientes para hacer reflexionar al líder serbio, al señor Milosevic, para que no volviera a repetir en Kosovo las mismas atrocidades que todos hemos podido ver en Bosnia y ahora estamos volviendo a ver, desgraciadamente, en Kosovo.
Es más, señor Meyer. Usted no puede decir que el pueblo español está con sus tesis, sencillamente, porque habla usted en representación de 16 diputados y senadores -en este momento, 16 diputados-, contra más de 550 miembros de las dos Cámaras, señor Meyer. La representación de la soberanía popular está en el Congreso y en el Senado, y de 550 parlamentarios, 16 son los que están en contra en este momento no sólo de esta proposición de ley sino de las políticas que se están aplicando para tratar de acabar con genocidas en los umbrales del siglo XXI. Ésa es la situación, simple y llanamente.
Señor presidente, señorías, cuando la Alianza Atlántica lo que hace es abrirse precisamente a los países del Este, usted sabe perfectamente -igual que yo- que en alguna cumbre de la OSCE los países del Este estaban deseando integrarse en la Alianza Atlántica para tratar de acabar con el sometimiento que habían sufrido durante cantidad de años. No sólo es cierto que se ha abierto el proceso de adaptación interna y el proceso de adaptación externa con nuevas incorporaciones, sino que hay nuevos países del Este que están deseando incorporarse en esta nueva Alianza.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el Gobierno y todos los grupos parlamentarios con sentido común, con propuestas razonables y razonadas han estado debatiendo en el Congreso de los Diputados durante estos últimos tres años la importancia que tendría que Canarias no quedara fuera del submando regional que se instalara en España. Eso es lo que hemos conseguido, eso es lo que en este momento ha conseguido España en la negociación que ha tenido en el seno de la Alianza Atlántica y es algo, señor presidente, señorías, a lo que nuestro grupo, desde luego, no está dispuesto a renunciar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa. (El señorMeyer Pleite pide la palabra.)

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Señor Meyer, ¿con qué objeto me pide la palabra?

El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, en aplicación del artículo 73.1, solicité poder dejar en buen lugar lo que el portavoz del Grupo Socialista ha pretendido decir en una parte de su argumentación de forma, creo yo, poco digna en relación con otro grupo parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene dos minutos para hacerlo, señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, señorías, el portavoz del Grupo Socialista se ha referido en una parte de su argumentación -en la otra no entro, es muy libre y legítima- a que esta proposición de ley sólo la puede presentar un diputado que no sea canario. Recuerdo a S.S., portavoz del Grupo Socialista, que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida representa al conjunto del electorado del Estado español, entre otros al electorado canario y mencionamos el referéndum de 1986 en Canarias, que ganó el no a la OTAN.
Finalmente, esta proposición de ley, como no podía ser menos -así por lo menos funciona nuestro partido, no sé el Partido Socialista en Canarias-, cuenta no sólo con el visto bueno de la organización territorial de Izquierda Unida sino que ha colaborado activamente en su redacción.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
Señor Martinón, ya me temía que iba a haber contrarréplica.


El señor MARTINÓN CEJAS: Es obvio que no he negado legitimidad a Izquierda Unida para presentar esta propuesta. He querido decir, quizás con poca fortuna en el sentido de que quizás he sido brutalmente poco claro, que nadie que viva en Canarias, nadie que tenga a su familia en Canarias (a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos o amigos) puede defender que si Canarias es atacada, sólo el ejército español puede defenderla y no los amigos españoles, sean americanos, franceses o ingleses.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Meyer pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martinón.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor Meyer Pleite pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Mantengan la calma, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida de creación de la zona militar especial de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 13; en contra, 266.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FOMENTO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS VALORES FORMATIVOS Y DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA JUVENTUD POR LAS CADENAS TELEVISIVAS. (Número de expediente 162/000359)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: proposiciones no de ley.
La primera de ellas corresponde al Grupo Socialista, sobre el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las cadenas de televisión.
Para su presentación, tiene la palabra doña Carmen Heras. (Rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio.
Guarde silencio, señor Camps. Señor Griñán, por favor. Señor Pérez Rubalcaba, por favor. Señor Vaquero. (Pausa.) Cuando quiera, señora Heras.


La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Señorías, la proposición no de ley que hoy presenta aquí el Grupo Socialista obedece a una doble oportunidad: en primer lugar, se presenta en razón de su propios interés y de la importancia que tiene el tema en sí mismo al referirse a los derechos de los menores en materia de programación televisiva, y, en segundo lugar, por estar en trámite de discusión en el Parlamento la incorporación al ordenamiento jurídico español de la modificación de la Directiva comunitaria llamada comúnmente televisión sin fronteras, que sirve de marco de regulación de todo el sector audiovisual.
La iniciativa que hoy presentamos pretende el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y juventud por parte de las cadenas televisivas. La televisión, como todas SS.SS. saben, es un medio de gran difusión y de gran influencia social, dado el consumo masivo que de sus programas hacen los ciudadanos. El sector audiovisual tiene un importante peso económico, una indudable influencia social y desempeña un papel muy importante en el desarrollo y la transmisión de valores sociales, pues, no en vano, es la primera fuente de opción.


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El sector infantil constituye, dentro del sector general de los espectadores, un sector altamente vulnerable, debido a su escasa conciencia crítica por edad e inmadurez física y mental. En relación con la programación televisiva, visionan cualquier tipo de programa y lo que ven puede incidir de manera negativa en su total y completo desarrollo. En el año 1993 las cadenas televisivas firmaron con el Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas un código de autorregulación, un convenio sobre principios de autorregulación de las cadenas de televisión en relación a determinados contenidos de su programación, referidos a la protección de la infancia y la juventud.
La Directiva televisión sin fronteras también se hace eco de estas preocupaciones y recoge de forma exhaustiva algunos aspectos a tener en cuenta en relación con la publicidad y la televenta y con otros aspectos de la programación televisiva. Las recomendaciones que dicha directiva hace defienden que no se debe atentar contra el respeto a la dignidad humana, ni incluir en los contenidos ningún elemento de discriminación por raza, sexo o nacionalidad, ni tampoco atentar contra convicciones políticas o religiosas, ni fomentar comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad, ni para la protección del medio ambiente. La normativa comunitaria va un poco más allá al pedir a la Comisión Europea y a los Estados miembros que lleven a cabo medidas que ayuden al control parental y a la puesta en marcha de sistemas de filtrado como el chip antiviolencia o el fomento de políticas de televisión familiar, junto a otras medidas de educación y sensibilización. Se pide, además, garantizar el derecho de réplica de cualquier persona jurídica o física que haya sido lesionada por cualquier afirmación errónea en un programa de televisión.
En el año 1996 la Comisión Europea presenta el Libro Verde sobre protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información. El Consejo aprobará en mayo de 1998 una recomendación fruto del amplio proceso de consulta originado por dicho libro verde. En ella se propone al conjunto del sector una serie de medidas siempre respetuosas con los derechos de los menores y con los preceptos que se contienen en nuestra Constitución.
La transcripción de la Directiva televisión sin fronteras hace una especial limitación para algunas cuestiones que pueden surgir en las programaciones televisivas, lo que, sin duda, evidencia que su incumplimiento es un hecho subjetivo que puede ser denunciado. Los estudios realizados demuestran que algunos programas de adultos son vistos más por un público infantil y juvenil que los tipificados como propiamente infantiles o juveniles. En algunos programas típicamente infantiles hay una contradicción flagrante entre los compromisos que marca la normativa vigente y el modo de proceder de ciertas cadenas televisivas. El texto aprobado por el Senado del proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva televisión sin fronteras, pierde la ocasión de introducir algunas medidas claras en relación con el tema que hoy nos ocupa. Se mantiene en ese texto una ambigüedad calculada en relación con ciertos tipos de publicidad y su conexión con la formación de menores, todo ello con una incidencia considerable en estos telespectadores objeto de nuestra iniciativa. No se recoge, además, la enmienda que el Grupo Socialista propuso en un sentido positivo para que las emisiones de televisión fomentaran en sus programas valores y principios constitucionales, y no se recoge tampoco la petición de creación de un consejo de medios audiovisuales, verdadero órgano independiente, con autoridad dimanada del Parlamento, que ha sido solicitado por la Comisión específica de contenidos televisivos del Senado y por el propio Defensor del Pueblo.
Señorías, la realidad viene demostrando a lo largo de muchos años que el código de autorregulación y la Ley 25/1994 se incumplen de manera sistemática y en todos los ámbitos objetos del convenio, tanto en cuestiones de violencia, como en actitudes de intolerancia o discriminatorias o en aspectos negativos para la salud y la higiene de las personas, con comportamientos sexistas, etcétera, por parte de algunas cadenas de televisión. El código de autorregulación se ha mostrado ineficaz respecto al control responsable de los contenidos emitidos, de tal modo que la televisión está sirviendo en la actualidad para transmitir a los más pequeños valores contrarios a los establecidos en nuestra Constitución en lugar de formarlos para los mismos.
Estas circunstancias vienen denunciándose reiteradamente por diversas asociaciones de usuarios que explican su postura desde diferentes puntos de vista. Desean los usuarios que las cadenas de televisión cumplan la normativa vigente y los compromisos adquiridos; desean que se fomente en el telespectador un consumo responsable y desean, por supuesto, defender la libertad creadora. De la misma forma se manifiesta el Defensor del Pueblo cuando hace una petición de creación de un consejo de lo audiovisual que sirva para seguir el cumplimiento de este código de autorregulación en materia de protección a los niños.
Señorías, no se trata de ocultar situaciones negativas, pues evidentemente existen en el mundo actual, sino de no presentarlas como susceptibles de ser imitadas; tampoco se pretende que todos los programas televisivos tengan un tratamiento educativo para dirigirse a los pequeños telespectadores. La realidad es plural y ha de mostrar a los niños lo que es, y los productos ofertados han de ser, por tanto, plurales.
Ahora bien, si lo que viene siendo habitual en las programaciones infantiles, o al menos en algunas de ciertas cadenas, es la descontextualización de los mensajes transmitidos, la presentación de personajes cuyo discurso va en contra de valores constitucionales, con mensajes de xenofobia, de machismo, de intolerancia, etcétera, transmitidos de forma solapada, entonces hemos de decir que esto tiene que corregirse.


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La iniciativa del Grupo Socialista intenta, en un momento como el actual, actuar con plena efectividad. Insta al Gobierno para que tome las medidas oportunas que hagan realmente efectiva la normativa existente o que esté a punto de aprobarse desde el conocimiento de que la regulación de una ley por sí sola no garantiza su cumplimiento si no existen medidas supervisoras de la misma y evaluadoras de los resultados de su aplicación; imponer multas a las cadenas televisivas podría ser un aspecto a tener en cuenta y ser considerado como una medida que podía ser más efectiva que la mera imposición de las multas.
Nuestra iniciativa busca, además, hacer cumplir los acuerdos suscritos en los códigos de autorregulación y el seguimiento de la programación infantil con cumplimiento de la normativa vigente a través de un consejo de medios audiovisuales. En dicho consejo debería asegurarse la participación de los usuarios, con el fin de crear opinión pública seria y responsable, y fomentar el correcto uso de los medios de comunicación y la capacidad crítica de los usuarios, especialmente en lo que se refiere a la población telespectadora infantil y juvenil. De ahí que la iniciativa reclame también en el plazo mínimo posible una campaña informativa dirigida a los consumidores que difunda los derechos de aquéllos en materia de comunicación televisiva.
Señorías, nuestra proposición es necesaria ahora mismo, puesto que el texto aprobado en el Senado deja puntos oscuros en relación con la publicidad encubierta y los derechos de los menores, lo que sin duda reduce, en lugar de defender, dichos derechos; derechos, repito, que tienen que cuidarse por parte de las instancias apropiadas, puesto que los niños son la parte más vulnerable frente a los abusos publicitarios, sobre todo en cuestiones concretas como las referidas al tabaco o el alcohol y sus anuncios en las telepromociones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras, le ruego vaya concluyendo.


La señora HERAS PABLO: Sí, señoría, muchas gracias.


He de decir, además, que en relación con las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, hemos llegado a un acuerdo en aras a una transaccional que pueda ser votada por todos los grupos de esta Cámara, de manera que esta iniciativa pueda llevarse a efecto en el plazo menor posible.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Heras.
Le rogaría que hiciese llegar a la mesa el texto de la enmienda transaccional. (Así lo hace la señora Heras Pablo.) Muchas gracias, señoría.
Han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa por parte de los grupos parlamentarios Mixto, Catalán (Convergència i Unió) y Popular.


Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente. Nos encontramos con una proposición no de ley interesante, que refleja una preocupación existente en nuestra sociedad y que, como el Guadiana, aparece y desaparece, dependiendo de situaciones, a veces trágicas, que se producen en nuestro país o en otros Estados, que nos obliga a mirar la televisión con ojos distintos, menos benevolentes de con los que habitualmente la vemos. Es una preocupación reiterada y redundante.
Son innumerables los estudios, a menudo contradictorios, sobre los efectos de la programación televisiva en los niños y jóvenes de las sociedades desarrolladas. Sería imposible buscar un consenso científico absoluto, pero el puro sentido común sí parece aconsejar que cierto tipo de programaciones reiteradas no pueden contribuir a que la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes sea la más adecuada. Al menos generan elementos de contradicción flagrante entre modelos de sociedad, donde existe un consenso muy amplio, y lo que habitualmente se difunde por la pequeña pantalla.
Este debate seguramente no es más una parte de otro más amplio sobre las dudas que existen en la sociedad occidental ante el poder de la televisión, ese formidable instrumento de información y de cultura, que en otras ocasiones se puede convertir en un elemento que distorsiona las propias relaciones sociales y el ejercicio de derechos constitucionales. No se puede caer en la posición absolutamente primitiva y maniquea de culpabilizar a la televisión, como si fuera un sujeto imputable de culpabilidades, sino que , si se quiere hacer un análisis más en profundidad, más serio, habría que dirigir la mirada a los mecanismos reales que rigen el funcionamiento de las televisiones y, por ende, su programación concreta: el resultado de esa fábrica televisiva que día a día aparece en todos los hogares.
Los elementos básicos a destacar son aquellos que podríamos denominar como imperio de la audiencia, que la audiencia sea el elemento fundamental que rija las decisiones básicas de los gestores televisivos sobre la programación, y por detrás de ello el régimen mercantil que afecta a las televisiones y que llega a afectar también, directa o indirectamente, a las televisiones públicas, incluyendo a Televisión Española en nuestro caso. Mientras no se rompa, al menos en parte, esa visión de que la televisión es ante todo un negocio que cuanta más audiencia logre posibilita más publicidad, que es la que alimenta a la empresa, difícilmente vamos a acabar con estas distorsiones. Todo lo que hagamos serán parches, que en muchos casos serán necesarios, pero sin que olvidemos nunca ese elemento útil.
Por otro lado, cuando se denuncia desde diversos foros cierto tipo de programación infantil y juvenil, inmediatamente alguien invocará, cínicamente desde

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nuestro punto de vista, la censura. Invocará que en una sociedad democrática no se pueden establecer limitaciones al tipo de programación que se emite por televisión, como si un programador, un directivo o un dueño de una televisión cuando decide emitir determinada programación no estuviera de hecho provocando una censura, ya que al emitir eso se está dejando de emitir otro tipo de programas. Sin duda hay buenos programas infantiles o juveniles, pero sin duda también existirían mejores programas infantiles y juveniles si hubiera una voluntad, desde los poderes públicos y desde los mismos propietarios de las cadenas televisivas, de pedir a los creadores otro tipo de programas. Aparte de que existe una objetivación en la propia Constitución de protección de la infancia y la juventud, no se puede hablar nunca de censura en estos casos.
Es verdad que en el ordenamiento jurídico español, como en los de nuestro entorno, existen normas muy interesantes y positivas en ese bosque inmenso en que se ha convertido la legislación audiovisual, pero el problema es que no se cumplen con eficacia. Cuando se piden datos al Gobierno sobre sanciones impuestas a las diversas cadenas por transgresiones en la programación, el resultado que suele ofrecerse es extraordinariamente pobre. Normalmente parece que existe por parte del Gobierno un miedo importante a enfrentarse a las grandes cadenas.
Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, la autorregulación es importante, es un factor que debe tener un juego, pero confiaríamos más en que existan leyes y que las leyes se cumplan, sobre todo que haya voluntad política de cumplirlas. A ello se suma, como recordaba la proponente, la ausencia en nuestro Estado -uno de los muy pocos de Europa que carece todavía de ello- de un consejo audiovisual o de la comunicación. Como SS.SS. no ignoran, se han presentado varias propuestas en la presente legislatura, pero en este momento esta iniciativa se encuentra prácticamente bloqueada y con pocas esperanzas de que se desbloquee, a nuestro modo de ver porque el Partido Popular como partido mayoritario ha echado el cerrojo sobre ella desde el momento en que en su propuesta no admite que sea un órgano independiente.
Por todas estas razones no parece oportuna la proposición no de ley y hemos presentado tres enmiendas que tratan de matizar algunos aspectos. La primera es puramente formal y se refiere a que cuando se diga: infantil o infancia, se incluya también: juvenil o juventud, entre otras cosas porque la franja de audiencia de determinados sectores, que podríamos ubicar más entre los jóvenes o entre los niños, es también muy importante.


En la segunda enmienda se propone que se aluda directamente a los espacios publicitarios, donde habría que ser especialmente exquisitos con el cumplimiento riguroso, formal de la Ley general de publicidad y otras normas complementarias, pero sin olvidar nunca que dadas los peculiares componentes psicológicos de los niños, la publicidad reiterada de productos dirigidos directamente a ellos supone una generación de necesidades que en muchos casos se van a ver frustradas, provocando efectos más que indeseables sobre la formación y el desarrollo de los niños.
Finalmente, la tercera enmienda se refiere a algo que para nosotros es muy importante, y es que los poderes públicos promuevan acciones positivas, que no solamente se limiten a controlar, a sancionar en su caso, a evitar las transgresiones más graves, sino a que se promuevan acciones positivas en el campo de la creación, en el campo de las televisiones públicas, etcétera, que permitan en definitiva que la televisión sea un espejo de los valores constitucionales y del derecho a la educación. Las encuestas reiteradamente dicen que del tiempo que pasan despiertos los niños, la segunda actividad a la que se dedican, después de ir a la escuela, es ver la televisión, y hay que recordar que nuestra Constitución cuando establece el derecho a la educación se refiere obviamente al sistema educativo formalizado, pero no dice que el derecho a la educación deba acabar en las puertas de la escuela. Por tanto, parece sensato que si los niños consumen muchas horas en eso, también han de quedar presentes los criterios que impregnan nuestra Constitución, el derecho a la educación.
Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo entre todos y lógicamente lo apoyaremos con nuestro voto.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención del Derecho de los Niños, la comunidad internacional ha sido especialmente sensible a la promoción de la protección de la infancia, tanto ante situaciones de abuso, explotación o agresión, como también en la protección y preservación de sus derechos. El artículo 39.4 de la Constitución española afirma que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos. Se han definido y enumerado sus derechos, se ha legislado y se han difundido, pero se necesita un esfuerzo en la puesta en práctica de una protección y una defensa real.
Los medios de comunicación son un instrumento básico para ejercer una acción positiva o negativa sobre la sociedad en general, pero muy especialmente sobre la infancia. Por consiguiente, tienen que contribuir a una educación que tienda al pleno desarrollo de la personalidad infantil y al fortalecimiento del respeto a sus derechos. Como instrumento básico para la acción pedagógica sobre la infancia, los medios contribuyen, junto a los educadores y a las familias, al desarrollo de

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la personalidad de los menores, especialmente los audiovisuales que tienen hoy un gran poder de penetración. Sin duda su acción es positiva en muchas ocasiones, pero también es verdad que ejercen una pedagogía totalmente negativa cuando se exhibe en ellos la violencia, la morbosidad, la competitividad agresiva, el exceso de frivolidad o de lujo, la xenofobia o el comportamiento sexista. A los medios audiovisuales, por su impacto y proyección, les corresponde una labor de primer orden en la defensa y protección de la infancia. Velando por sus intereses y defendiendo sus derechos, conseguiremos que su vida y su futuro sean mejores. Los niños, los menores, no disponen de los recursos que tiene un adulto para salir bienparados de situaciones por las que pueden quedar afectados psicológica y personalmente. La tarea preventiva y educativa es muy importante, es imprescindible. Nuestra tarea como legisladores es encontrar fórmulas para conseguir un verdadero amparo y protección. La presente proposición no de ley va en este sentido.
Nuestro grupo, que se ha distinguido en la defensa y regulación de los derechos de la infancia y de los consumidores, ha presentado una enmienda y, en aras del consenso, hemos redactado una transaccional junto con los grupos Socialista y Popular que esperamos cuente con la adhesión del resto de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, me congratula intervenir en este turno en nombre del Grupo Parlamentario Popular porque comienzo diciendo que, efectivamente, hemos aceptado la enmienda transaccional suscrita por los grupos Catalán (Convergència i Unió) y Socialista. Por tanto, como ha dicho la portavoz del grupo proponente, espero cuente con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.


Es cierto que los grupos parlamentarios somos sensibles a la protección del menor y de la juventud, sobre todo en lo que se refiere a los programas que emiten las cadenas televisivas y, en particular, a los programas de contenido violento, que son una preocupación compartida por todos los grupos parlamentarios; hay que decir también que el Gobierno está atendiendo estas peticiones.
Así las cosas, es necesario referirse a la ley que se aprobó en 1994, por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria que conocemos como televisión sin fronteras. En ella se regula, sobre todo en su capítulo IV, la protección del menor frente a la publicidad y la programación, y se atribuyen las competencias de control y sanción de aquella programación al Ministerio de Fomento y a las comunidades autónomas que hayan otorgado título habilitante a sus terceros canales. Esa ley -ya se ha dicho por los intervinientes- está en trámite de modificación una vez aprobada la directiva comunitaria.
Reitero mi agradecimiento a la proponente por la aceptación de nuestra sugerencia y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque con ello vamos a dar un paso importante para preservar a la juventud de este país de la programación de actos violentos y publicitarios.
Hay una manifestación de la portavoz del Grupo Socialista con la que no estamos muy de acuerdo. Ella interpreta la firma de un convenio de autorregulación como un código, pero ha de quedar claro que un código de autorregulación es el que suscriben de forma voluntaria las televisiones, el Ministerio de Educación y Cultura y las consejerías de Educación y Cultura de las distintas comunidades autónomas. Hago esta matización sin reabrir el debate, pero ha de quedar constancia de nuestra postura al respecto.
Por tanto, como creo que lo fundamental se ha conseguido, que ha sido mostrar nuestra aproximación y nuestro acuerdo diría que satisfactorio con las exigencias de muchos que quieren la protección de la infancia y de la juventud, quiero manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y hasta incluso del propio Gobierno.
En consecuencia, nosotros, como es lógico, vamos a apoyar en todos sus términos la enmienda transaccional que hemos suscrito anteriormente a esta discusión.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. ¿Grupos parlamentarios que sin haber presentado enmiendas desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Después de escuchar la defensa que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de su iniciativa, tengo que decir que en la exposición de motivos están todos los argumentos de tipo legal, de tipo ético, de tipo político, por qué no decirlo, que justifican esta medida a la cual se suma Coalición Canaria como postura responsable de defensa de la infancia y de la juventud ante determinados contenidos televisivos. Prueba evidente de ello es que hoy hemos admitido que el código de autorregulación de 1983 es prácticamente papel mojado. Todo código de autorregulación que no sea un libro de estilo, como ocurre en los medios periodísticos escritos, o que no tenga un reflejo en un artículo determinado del Código Penal, es decir, que no sea una medida disuasoria, queda en eso, en la buena voluntad de las partes para cumplirlo. ¿Pero qué ocurre? Que en el campo televisivo el imperativo de la publicidad y el que en algunos medios

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parece que el fin justifica los medios -valga la redundancia- hace que por captar audiencia no se tenga en cuenta qué escalones sociológicos o de edad tiene esa audiencia y lo mismo le da que sea adulta, que infantil, que juvenil.
Hay un acuerdo entre los tres grupos y creo que en la línea del grupo proponente circulan las ideas que plantean las enmiendas. Yo me hubiera quedado con la sistemática de la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió, porque ha sintetizado muy bien las ideas fundamentales. De una manera muy concisa y concreta dice lo que en el fondo todos queremos decir, que es regular medidas disuasorias, hacer cumplir todo el basamento al que en este momento podemos recurrir, como es la Ley 25/1994, es decir, la relativa a la televisión sin fronteras, las instituciones que en estos momentos se relacionan con los medios audiovisuales y lo que está en trámite en esta Cámara, que es recoger lo que es un sentimiento voluntarista y hacerlo realista.
En esa línea coincidimos plenamente y mi grupo va a votar a favor de esta enmienda de consenso a la cual nosotros, con el mejor sentido común y sencillez, nos sumamos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo va a apoyar también la proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista y el resultado del consenso de las enmiendas que se plantean y de la enmienda transaccional, en el convencimiento de que ya hoy nadie puede dudar de la importancia de la televisión y de su dominio, al haber un incremento notable del consumo televisivo en todas las edades, pero que afecta especialmente a la población infantil y juvenil.
Nosotros también entendemos, como ha planteado el portavoz del Grupo Mixto, que no podemos olvidar que la cuestión de fondo estriba en la proliferación de televisiones privadas y en el interés tan importante por basar los modelos en los niveles de audiencia y, por tanto, en una gran capacidad de expansión comercial, que está afectando también a la televisión pública, que incrementa los niveles de dependencia, fundamentalmente la infantil.
Sería, en todo caso, deseable, más allá de lo que hoy proponemos aquí que, fundamentalmente desde el punto de vista de la televisión pública, se contribuyera a la creación de hábitos culturales, a aproximar los niveles culturales y a dotar a la ciudadanía, a los niños y a las niñas, de elementos informativos para conseguir una sociedad más libre, más democrática y, en definitiva, mejor informada. De la misma forma que sería deseable fomentar un consumo y un uso más ponderado, razonable y responsable para posibilitar una utilización de la televisión más positiva y menos dependiente, incrementando la capacidad para saber utilizar mejor la propia televisión.
En todo caso, hecha esa reflexión inicial, nuestro grupo cree que la protección de la juventud y de la infancia, tanto frente a la programación como a lo que significan los elementos de publicidad, es un tema de una enorme preocupación en este momento, que también es claro que los códigos de autorregulación que en su momento se suscribieron entre las diferentes cadenas y el Ministerio de Educación no han tenido el cumplimiento que sería de desear y, por tanto, nuestro grupo entiende la importancia que tiene esta proposición no de ley en este momento y la va a apoyar suscribiendo lo que significa el resultado final del consenso de todos los grupos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sabanés.
He entendido que todos los grupos parlamentarios enmendantes, es decir, el Grupo Parlamentario Mixto, el Catalán (Convergència i Unió) y Popular han aceptado el texto de la enmienda transaccional, lo cual quiere decir que retiran sus enmiendas, por lo que vamos a someter entonces a votación dicho texto transaccional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre el fomento y la preservación de los valores formativos y de protección de la infancia y de la juventud por las cadenas televisivas, en los términos resultantes de la transaccional aceptada por todos los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 260; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en consecuencia, la proposición no de ley en los términos referidos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL ESPECIAL DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 162/000368)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, para la actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La proposición será presentada por el diputado don Francisco Antonio González Pérez, del grupo proponente,

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el Grupo Popular. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, el régimen económico y fiscal de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de la Ciudad Autónoma de Melilla se justifica, según su originaria concepción y de acuerdo con el principio de solidaridad interterritorial entre los pueblos y regiones de España, por ser un instrumento al servicio de los tres objetivos siguientes: en primer lugar, paliar las desventajas que singularmente condicionan el desarrollo de ambas ciudades en forma de extrapeninsularidad, reducida superficie territorial, escasez de recursos básicos y frontera de Europa en África; en segundo lugar, favorecer un crecimiento sostenible en condiciones de estabilidad y, en tercer lugar, procurar la suficiencia de las respectivas ciudades autónomas.
Pues bien, hasta hace tres años no se había producido la reforma necesaria de adaptación del régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla a las circunstancias cambiantes o hechos tan trascendentales para sus economías como el ingreso de España en la Unión Europea o el restablecimiento de las comunicaciones con Gibraltar. Afortunadamente, esta adaptación ya se ha realizado desde finales de 1996 hasta la fecha mediante diversas iniciativas legislativas propuestas por el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular en ambas Cámaras, en colaboración con el Gobierno de la ciudad de Ceuta y en bastante menor medida en los últimos meses con el Gobierno de la ciudad de Melilla, al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda de sus respectivos estatutos de autonomía. Tales medidas se han materializado en el reconocimiento de los regímenes especiales en la Lofca, en la incorporación de sus recursos, gravámenes complementarios sobre el tabaco e hidrocarburos, en una mejora en el tratamiento en el IRPF, tanto sobre rentas obtenidas en ambas ciudades como de la renta de sus residentes, y en incrementar la participación en los ingresos del Estado al ser asimiladas estas ciudades como entes provinciales. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular estima que es preciso completar esta tarea dinamizando la actividad económica, fomentando el empleo o financiando dotaciones de infraestructura en las dos ciudades, y así esta proposición no de ley puede resumirse en que propugna mantener todos los avances logrados en los últimos tres años en materia económica y fiscal, así como el que resulte de la aprobación final de la ley para Ceuta y coordinadamente con la proposición de ley que ya se encuentra en esta Cámara respecto a la ciudad de Melilla.
Dicho lo anterior, quiero dar a conocer a SS.SS. algunos datos que desmentirán afirmaciones realizadas aquí, en este mismo atril, no hace muchos días -y voy a leerlas textualmente para que no haya ningún tipo de error-, que decían: Señorías, el actual Gobierno no ha dado la talla en las ciudades de Ceuta y Melilla. A Ceuta y Melilla no se las puede seguir dando la espalda. Hay miles de ciudadanos españoles residiendo en estas ciudades que se sienten desasistidos. A Ceuta y a Melilla hay que proporcionarles mecanismos de desarrollo económico para que sus ciudadanos continúen asentados en aquellas ciudades donde nacieron y vivieron sus padres y no se vean obligados a emigrar y hay que impedir el desarraigo social que les viene caracterizando.
Pues bien, señorías, veamos con datos oficiales si estas manifestaciones que crearon alarma social en Ceuta se tienen en pie o simplemente fueron dichas desde un desconocimiento manifiesto de la realidad. Estoy dispuesto, después de esta intervención, a repartir a aquellos grupos que lo deseen los datos para que así no se viertan manifestaciones en este atril que puedan de alguna manera desvirtuar la realidad de nuestra ciudad. Se han adoptado 60 medidas, algunas provienen del Gobierno central y otras del propio Gobierno autónomo de la ciudad de Ceuta. No voy a enumerarlas aquí porque sería largo y el tiempo del que dispongo no me lo permite, pero sí voy a enunciar algunas de ellas y luego entraremos en los gráficos, que son bastante claros cuando estos planteamientos se hacen desde este atril. Por ejemplo, ha habido una reducción de un 30 por ciento de la carga fiscal aplicable al tabaco para la represión del contrabando y eliminación de posibles supuestos de fraude en estrecha colaboración con la Agencia Estatal Tributaria y con los servicios de aduanas. Con ello se ha conseguido recuperar el tradicional diferencial de los precios con la Península y un espectacular incremento tanto de las ventas por circuitos legales como de recaudación. Se ha puesto en marcha una sociedad, Servicios Tributarios de Ceuta, S. L., que recauda en gran proporción mucho más de lo que se recaudaba antes. Se ha hecho una ampliación de crédito a los Presupuestos Generales del Estado destinada a sufragar los costes del transporte marítimo de agua, que pasan de 400 a 600 millones de pesetas. Un incremento a partir de 1997 de las transferencias que la ciudad recibe por su participación como entidad provincial en los ingresos del Estado. Se ha refinanciado en óptimas condiciones la deuda contratada por el Banco de Crédito Local y el ahorro de intereses puede estimarse en 300 millones de pesetas anuales y si se computa la vida media de los diferentes préstamos se eleva a 2.400 millones de pesetas. Se han cancelado pólizas de crédito por un importe de 3.000 millones de pesetas.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1999, la Administración General del Estado asume como novedad, en comparación con planteamientos anteriores, el compromiso de sufragar el 50 por ciento de los costes del funcionamiento de la planta desaladora de nuestra ciudad. Con la aprobación de los presupuestos de la ciudad para los ejercicios 1997, 1998 y 1999 se pone de manifiesto la voluntad política de primar las inversiones en detrimento de los gastos corrientes y, al mismo tiempo, dar prioridad a las dotaciones dirigidas a políticas sociales y fomento de empleo.
Y hay otra serie de medidas que no voy a tener tiempo para expresarlas, pero sí les voy

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a mostrar los gráficos porque son altamente ilustrativos y, en este caso, quizá, una imagen valga más que mil palabras.
La evolución de los ingresos derivados de la fiscalidad de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta pasan, en el ejercicio de 1995, a 4.659 millones de pesetas. En 1996, como consecuencia del deterioro reinante antes de aprobar las medidas que el Gobierno adoptó en la propia ciudad, pasó a 3.227 millones de pesetas. En el ejercicio de 1998, los ingresos han sido de 9.025 millones de pesetas. El gráfico es suficientemente ilustrativo.
La evolución del superávit o déficit de la ciudad autónoma pasa, en el ejercicio de 1996, de menos 1.420 millones de pesetas a 3.598 millones de pesetas en el ejercicio de 1998 -desasistida la ciudad por el Gobierno central, según se dijo-.
La represión del contrabando del tabaco y la evolución de ventas a través de circuitos legales en números de cajetillas ha pasado, en el ejercicio de 1996, de 5.679.147 millones de cajetillas a 17.159.417 millones de cajetillas. Obviamente, esto ha reportado unos ingresos suplementarios a la ciudad importantísimos. La cesión de los impuestos especiales, en este caso del Gobierno, ha sido un claro ejemplo de abandono. En la recaudación de los impuestos de la ciudad, bajándolos, se ha conseguido también un ahorro, consiguiendo un aumento del 35 por ciento con respecto al año 1995.
La evolución de los mayores ingresos obtenidos por transferencias del Estado durante los ejercicios 1997 y 1998 suponen 11.353 millones de pesetas. La evolución de las ayudas acordadas para la ejecución de programas e iniciativas en vigor financiados por los fondos europeos, en millones de pesetas, ha aumentado un 34,94 por ciento más con respecto a 1995-1996.
La evolución de los recursos destinados al fomento de empleo y apoyo a la pequeña y mediana empresa en los períodos 1994-1996 y 1997-1999 han pasado, estando otro gobierno, de 98.620.000 pesetas a 1.072 millones de pesetas. El gráfico es expresivo. Es la diferencia que había entre lo que unos hacían por el empleo en la ciudad de Ceuta y lo que otros hacemos por el empleo en la ciudad de Ceuta, con las medidas que adoptó el Gobierno en su momento y con las medidas que el propio gobierno de la ciudad y a veces la propia Cámara de la Asamblea de Ceuta han adoptado.
El empleo generado en el período 1995-1996 fue de 274 personas; en el período 1997-1998 ha sido de 649, nada más y nada menos que un 236,86 por ciento más.
En fin, todas esas cosas que se llegaron a decir aquí yo creo que tienen bastante poco de realidad. La realidad son estos datos que, insisto, estoy dispuesto a dar a aquellos grupos que los quieran.
Pero les voy a dar más datos. Evolución de los indicadores de la actividad, tomando como base de la comparación los datos de junio de 1995 y de 1998. El consumo de energía ha subido un 16,3 por ciento.
El consumo de cemento ha subido un 51,7 por ciento. Los consumos de combustible un 38,8 por ciento. El tránsito de pasajeros entre la Península y Ceuta ha subido un 12 por ciento. El tráfico de buques al puerto de nuestra ciudad ha subido un 64,9 por ciento.
La apertura de centros de trabajo ha subido un 11,2 por ciento. Las sociedades creadas han subido un 14,2 por ciento. La tasa de inflación ha bajado un 2,7 por ciento. La estancia en hoteles ha subido un 27,1 por ciento. Las pernoctaciones en hoteles han subido un 25,2 por ciento. La matriculación de vehículos ha subido un 45,2 por ciento. Los contratos de trabajo han aumentado un 51,4 por ciento. Las altas en la Seguridad Social han aumentado un 9,7 por ciento. El paro registrado ha disminuido un 14,7 por ciento. Y los créditos bancarios al sector privado han aumentado un 52,3 por ciento. Éstos son los datos catastróficos como consecuencia del abandono del Gobierno central y, por supuesto, del abandono del propio Gobierno de la ciudad de Ceuta. Los ciudadanos tienen que pensar que en esta Cámara estamos locos cuando, con estos datos, se hacen afirmaciones como las que se hicieron en su momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor González, debería ir concluyendo.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Me queda muy poco, señor presidente. Espero no consumir el tiempo que bondadosamente me concederá.
El paro registrado en Ceuta. Antes he hablado de porcentajes, pero ahora les diré que en abril de 1996 había 4.391 parados en Ceuta; en abril de 1999 hay 3.414 parados, teniendo en cuenta una cosa importantísima: Ceuta es la ciudad española con mayor índice de crecimiento de su población, con diferencia. No estamos estancados, sino que hay un aumento de población superior a la media nacional.
La proposición no de ley, en su propio texto, viene a explicar lo que pretende mi grupo parlamentario: hacer una llamada al Gobierno, instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley que conserve las grandes ventajas que hemos tenido en nuestra ciudad en estos últimos tiempos y, por supuesto, que se mejoren aquellas cosas que se puedan mejorar.
En resumen, yo pido el voto afirmativo para esta proposición no de ley, ya que, por los datos que he dado, el camino emprendido es el adecuado, los resultados lo avalan. Sigamos por esta senda, que yo creo que todos los ceutíes y melillenses lo agradecerán. No les quepa la menor duda de que ésta es la mejor forma de ayudar a las ciudades de Ceuta y Melilla, aprobando esta proposición no de ley y, a ser posible, por unanimidad.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González. ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el debate anterior alguien ha dicho que un grupo, por estar el diputado miembro de esa circunscripción hablando, tenía más o menos razón para poder argumentar. La semana anterior tuvimos ocasión de discutir en trámite de toma en consideración una proposición de ley, presentada por un grupo parlamentario, sobre el régimen económico y fiscal de las ciudades de Ceuta y Melilla, y para rechazar esa toma en consideración -si lo hubiéramos realizado en la Cámara se hubiera abierto un plazo de enmiendas, incluso se podía haber presentado un texto alternativo por parte del grupo mayoritario de la Cámara y los socios que lo apoyan- se argumentaba que esa propuesta no era oportuna y que para eso se iba a presentar en esta Cámara una proposición no de ley.
Cuando no es posible lo que propone un grupo, cuando no es posible una articulación de ley, pero sí es posible una proposición no de ley, uno se pregunta qué hay detrás de eso, cuál es la argumentación de peso para estar en esa posición y, miren ustedes, la he encontrado; la he encontrado en el punto primero de la proposición no de ley que hoy nos somete a consideración el Grupo Popular, que dice así: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo más breve posible, promueva, por medio del correspondiente proyecto de ley, las medidas que sean apropiadas en orden a completar el desarrollo y actualización del régimen económico y fiscal. Es malo venir a la Cámara diciendo: qué mal lo han hecho los demás, qué bien lo voy a hacer yo a partir de ahora.
El Gobierno central lleva tres años gobernando, y usted ha defendido aquí una proposición no de ley para Ceuta y para Melilla, para las dos, en la que se insta al Gobierno a que traiga un proyecto de ley.
En esta Cámara, el día 11 de febrero de 1997 se admitió a trámite una proposición de ley aprobada por la Comunidad Autónoma de Melilla por la que se regulaba el régimen económico y fiscal de Melilla. Este Pleno tomó en consideración el día 10 de marzo del año 1998, un año después -ha pasado ya un año y pico-, la proposición de ley que regulaba las medidas de apoyo fiscal a Melilla. ¿Sabe por qué no hemos podido terminar el trámite de esa proposición de ley, que usted ahora insta al Gobierno a que presente en la Cámara? Por ampliaciones sucesivas de plazos que han ido presentando y que han ido impidiendo que termine el plazo de enmiendas. Por eso no estamos debatiendo una proposición que aprobaron todos los ciudadanos representados en la Asamblea de Melilla -y le digo que mi fuerza política no está representada allí- para que aquí buscáramos un régimen especial, un régimen económico y fiscal que reconozca la identidad de esa situación. ¿Y dónde he encontrado yo el razonamiento? Permítame que le diga con toda tranquilidad que el razonamiento es, según dicen en la exposición de motivos de la proposición de ley, que desde que ustedes han llegado al Gobierno se han tomado ya medidas desde la Cámara, desde la reforma del IRPF hasta medidas fiscales. Y para ustedes ya no hacía falta una regulación especial porque ya se habían tomado otras medidas paralelas. Sin embargo, ahora dicen aquí: sí, pero no, es decir, ya las hemos tomado, pero como las han propuesto los otros, no las aceptamos, y ahora lo que hacemos nosotros es que el Gobierno las remita aquí. No entiendo nada. No sé por qué no era positivo haber terminado de tramitar la proposición de ley que venía de Melilla y por qué no hubiera sido positivo admitir la que se hacía por otros grupos, y ahora sí -fíjese usted en las fechas, que son muy importantes-, porque nos encontramos en el mes de mayo, abocados a un proceso electoral, con un período ordinario máximo que nos queda de legislatura para que el Gobierno estudie la remisión de un proyecto a la Cámara. ¿Saben lo que quiere decir? Lo que el Grupo Parlamentario Popular está diciendo en esta Cámara es que este proyecto venga para la próxima legislatura. Porque es imposible matemáticamente tramitarlo en el período ordinario que le queda a esta legislatura, suponiendo que el presidente del Gobierno se decida a ultimarla el mes de marzo, porque hay que disolver en diciembre, y de septiembre a diciembre queda un período ordinario. Pues yo no lo entiendo.
Además, las propuestas específicas que hacen aquí para que el Gobierno regule los dos puntos que ustedes proponen en los Presupuestos Generales del Estado, que además es una instancia positiva y se están terminando ahora mismo (entienda que usted, que tiene más mano que yo, que estoy en la oposición, le puede decir al secretario de Estado de Presupuestos que aligere y ponga un recurso para que pueda llegar allá), si las aprobamos desde la oposición, puesto que no tenemos la facilidad que tiene usted, podrían tener un valor. Si las aprueba toda la Cámara tendrán sin duda mucho valor.
Pero permítame que le diga que esto que se propone aquí no ultimaría una regulación legal de un sinfín de medidas que podíamos adoptar. Yo decía hace unos días que no compartía -igual lo hice con la proposición de Melilla- algunas de las propuestas de la proposición porque no creo que la solución de Ceuta y Melilla sea buscar regímenes especiales de carácter fiscal que signifiquen huída o situación de paraíso fiscal. No digo que ustedes lo estén proponiendo, porque, aunque aquí la propuesta ha sido muy escueta, sé que no se está proponiendo eso. Incluso, en la proposición del Grupo Parlamentario Socialista había algunas medidas sobre IRPF, sobre rentas de sociedades y sobre determinadas figuras impositivas que yo no compartía, pero veía en la proposición una idea de globalidad que falta aquí; una idea de globalidad que parte, primero, del régimen laboral y social, de las medidas de fomento o de apoyo a la actividad económica endógena de la zona, porque es importante que se creen sociedades con acciones, pero es importante también que haya actividad productiva para que los ciudadanos vean que es atractivo permanecer allá, que hay futuro, que va a haber empleo y que hay una realidad económica. Veía

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aquí incluso una posibilidad de reserva para inversiones, porque se ha conseguido que la Comisión Europea lo recoja, y se planteaba un abanico más amplio que el meramente fiscal.
Por eso, señor presidente, señorías, yo creía que la mejor fórmula para actuar aquí no era ver quién no hizo desde que estuvo en el Gobierno, porque, mes a mes, de acuerdo, todo lo que no se hizo antes que se haga ahora, pero hombre, con el paso de uno y uno, dos. Porque ustedes llevan tres años, a los tres años traen una proposición de ley y no ha sido posible tramitarla. Eso se habría solventado si hubieran traído una proposición sobre Ceuta para unirla a la de Melilla y ya teníamos dos proposiciones por separado. Queda el otro argumento: no se puede regular para dos ciudades diferentes desde una misma regulacion legal. Muy bien, pues se presenta una enmienda y se separa en dos títulos la proposición de ley. No hay ningún problema.
Lo hemos hecho con Baleares. ¿Les cuento cómo se ha hecho el régimen especial de Baleares en el trámite de este Pleno, desde la toma en consideración a lo definitivo? Pues vía enmiendas al articulado.
Modificamos sustantivamente, quitamos todo el régimen fiscal y dejamos solamente incentivos. ¿Por qué no pueden compaginarse aquí las dos medidas? Creo que su propuesta -con esto termino, porque no quiero alargarme- se presenta para decir que los anteriores no han hecho nada y ustedes sí. Esa proposición no parece nacida con la voluntad de hacer efectivo esto, porque ustedes han tenido las armas para hacerlo, ustedes no necesitan traer aquí una proposición para pedirle al Gobierno que lo ponga en los presupuestos. Con tener voluntad política lo podían haber hecho. Ustedes no necesitan que el Gobierno presente un proyecto de ley; ustedes podían haber presentado una proposición, o haber apoyado la que ha venido de la Comunidad Autónoma de Melilla, que fue apoyada por ustedes. Sin embargo, lo que pretenden es decir: vamos a quedar bien porque proponemos esto y lo aprobamos. En realidad, el compromiso que hay aquí, permítame que se lo diga, no tiene nada; ni hay compromiso firme de que vayan a tener un régimen económico y fiscal desde una concepción amplia, no sólo medidas fiscales, sino medidas de incentivo, de fomento, medidas dirigidas a la economía productiva, a la realidad endógena, medidas de asentamiento de actividad y realidad económica y social. Eso no lo vemos traducido en su proposición. Si hubiera sido la única propuesta, tendría que haberse presentado en el año 1996, y hoy, en el año 1999, la hubiéramos tenido aprobada. Lo que pasa es que la que se presentó en 1997 está durmiendo en el cajón. Habría que haberla sacado de allí y darle trámite. El único problema es que en los últimos cuatro meses hemos tenido que estar discutiendo peticiones de ampliación de plazos de esa proposición ¿Sabe usted de quién? No de las dos juntas, pues si las hacemos las dos juntas se presenta una proposición igual y se tramita.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No me dialogue, señor Ríos, que no terminamos nunca.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, lo que intento decir es que no hay razón en separar las dos para no aprobar una. Se podía haber aprobado la de Melilla y después la de Ceuta. Traer aquí una proposición ahora mismo es un brindis al sol para que Málaga no se acerque a Ceuta. Puestos a ello, yo estoy de acuerdo en que el Grupo Independiente y Liberal gobierne lo que gobierna y no llegue a Ceuta.
Pero con esto ustedes no llegan a parar los pies a eso. Con esto simplemente dicen que no han podido hacer más de lo que han hecho hasta ahora y que han hecho mucho. Muy bien. Convenzan ustedes a los ciudadanos y digan que lo han hecho. Allá ustedes. Eso se va a traducir en unos resultados electorales.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, al objeto de ser lo más riguroso posible, desde el punto de vista procedimental, en la tramitación parlamentaria de este tema en la presente legislatura, nos parece absolutamente necesario, y a efectos de que quede constancia en el «Diario de Sesiones», situar temporalmente el desarrollo de las propuestas que en la actual VI Legislatura de las Cortes Generales se han producido, particularmente en esta Cámara, el Congreso de los Diputados, vinculadas a las medidas que haya que tomar para apoyar económicamente el desarrollo de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Recordar la secuencia de estos temas en estos tres años en esta VI Legislatura resulta absolutamente fundamental.


Señorías, el Grupo Socialista, los socialistas españoles, hemos demostrado en reiteradas ocasiones en esta Cámara nuestro interés por el desarrollo de las ciudades de Ceuta y Melilla. Hoy está teniendo lugar un acontecimiento singular. Ningún diputado de Ceuta o Melilla del Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta Cámara hasta el día de hoy ninguna iniciativa. Esta es la primera vez que ocurre en tres años. A mí personalmente, como español -corro el riesgo de este comentario-, respetando profundamente la autonomía de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que tomarán las decisiones que estimen oportunas, me preocupa que en este debate solamente hayan solicitado la palabra representantes del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Cuatro grupos parlamentarios parece que no van a intervenir porque así lo han estimado oportuno: ni el Grupo Parlamentario de CIU ni el Grupo Parlamentario Vasco ni Coalición Canaria ni el Grupo Mixto. Este es un tema que nos debería preocupar porque Ceuta y Melilla son dos

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ciudades singulares, pero no son dos ciudades a las que, digamos, haya que darles la espalda, al menos parlamentariamente. Por ello, es conveniente dejar muy claro los siguientes desarrollos temporales.
En primer lugar, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 21 de diciembre de 1995, adoptó por unanimidad el acuerdo de remisión de la proposición de ley de régimen económico y fiscal de Melilla para su tramitación en las Cortes Generales. Señorías, esta iniciativa tenía su origen en la Ley orgánica que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Melilla, que en su disposición adicional segunda dice literalmente: Subsistirán las peculiaridades económico-fiscales existentes actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que hayan de realizarse, derivadas de la vinculación de España a entidades supranacionales. Mediante ley del Estado se actualizarán y garantizarán las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Melilla. En consecuencia, en el ejercicio de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Melilla, y particularmente en el artículo 13 de la Ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Melilla (que dice textualmente: La Asamblea de la Ciudad de Melilla podrá solicitar del Gobierno un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa y podrá solicitar la adopción de un proyecto de ley), la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el 21 de diciembre de 1995, tomó el acuerdo de aprobar por unanimidad el texto de la proposición de ley de régimen económico y fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el 21 de febrero de 1997. Se incluyó el preceptivo trámite de toma en consideración en el orden del día de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 10 de marzo de 1998 y, después del debate y posicionamiento de todos los grupos parlamentarios, sometida a votación la toma en consideración de tal proposición de ley procedente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se aprobó por 300 votos a favor, dos en contra y una abstención.


En segundo lugar, a principios del mes de abril de 1998 comenzó el preceptivo plazo temporal de presentación de enmiendas a la referida proposición de ley, que va experimentando, tal como aquí se ha dicho por parte del portavoz de Izquierda Unida, peticiones de ampliación de plazos, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario Popular, cada vez que se agotaba el concedido con anterioridad por la Mesa del Congreso de los Diputados. De forma tal que a día de hoy, 11 de mayo de 1999, casi 14 meses después de la admisión a trámite de tal proposición de ley, se continúa solicitando ampliaciones de plazo por parte del Grupo Parlamentario Popular y, casi con toda seguridad, se ha batido el récord en esta Cámara, en estos 20 años, en lo que a alargamientos se refiere, de tramitación de una proposición de ley.
Sin duda alguna, señorías, esta Cámara tendrá que dar una explicación de estos retrasos en esta tramitación legislativa, y particularmente el Grupo Parlamentario Popular que ha impulsado estas demoras, a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y al pueblo de esa ciudad.
En tercer lugar, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», el 30 de noviembre de 1998, se publicó el texto de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se debatió el 20 de abril pasado y resultó rechazada su admisión a trámite, como consecuencia del voto negativo del Grupo Parlamentario Popular y de los otros grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.
Ya en ese trámite, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular anunciaba la presentación de la proposición no de ley que hoy debatimos.
En cuarto lugar, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 13 de mayo de 1999 -hace muy poco- se publica de nuevo la proposición de ley de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del Grupo Parlamentario Socialista, con el mismo texto que resultó rechazado el pasado 20 de abril por cuanto estimamos que los contenidos de la misma tienen, sin duda alguna, una aportación mucho más positiva y clara para los intereses de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que la proposición de ley que hoy se nos propone. El Grupo Parlamentario Socialista sin duda alguna votará en contra por estimar que constituye una maniobra de dispersión parlamentaria someter a la consideración del Pleno del Congreso de los Diputados que vote a favor de un proyecto de resolución que dice que en el plazo más breve posible promueva por medio del correspondiente proyecto de ley -pero si el proyecto de ley ya está presentado- las medidas que sean apropiadas en orden a completar el desarrollo y actualización del régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla, cuya tramitación será coordinada con la propuesta de similar alcance presentada en esta Cámara por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Señorías, aquí está ocurriendo lo siguiente: estoy convencido de que esta proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presenta ha sido redactada por funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda, porque mientras que en Canarias, desde el año 1994, se ha ido adaptando el régimen económico y fiscal y se ha ido consiguiendo la aceptación por parte de la Unión Europea de una serie de conceptos y de desarrollos primordiales para Canarias, que han hecho que la economía se reactive, en Ceuta y Melilla el Ministerio tiene miedo a negociar con la Comisión, con los comisarios correspondientes de la competencia y los responsables de fiscalidad.
Precisamente los contenidos de esta proposición de ley, de la cual nos sentimos muy orgullosos -nos referimos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista-, están planteados en positivo, están planteados para posibilitar un desarrollo que en Canarias ha sido muy eficaz y que en Ceuta y Melilla aún no se aplica. El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha hecho referencia a uno de esos contenidos. El artículo 18, el de la reserva para inversiones en Ceuta y Melilla, ha sido un

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mecanismo positivo, ha recibido la luz verde de la Comisión Europea.
¿Por qué no se va a aplicar en Ceuta y Melilla? ¿Por qué no se van a aplicar otros mecanismos que posibiliten el desarrollo de la construcción de viviendas y temas de naturaleza medioambiental? Es una realidad innegable que la infraestructura de viviendas en Ceuta es muy deficiente. Según un informe que publicó Cáritas, en Ceuta se da el mayor índice de chabolismo de toda España. Puede ser que ese informe de Cáritas no sea riguroso, pero está publicado. Es una realidad incuestionable que las nuevas viviendas que se construyen en régimen privado en la ciudad de Ceuta están del orden de 185.000 ó 190.000 pesetas el metro cuadrado. Se calcula un déficit de 3.500 viviendas en la ciudad de Ceuta y en consecuencia constituye una cuestión de naturaleza prioritaria. El contenido del artículo 18 de la proposición de ley que hemos presentado, en lo que se refiere a la reserva para inversiones, en Canarias ha supuesto, desde su aplicación el año 1994 hasta el día de hoy, un volumen de 750.000 millones de pesetas, que se están aplicando esencialmente para combatir el tema de la ausencia de viviendas. El Grupo Socialista lo plantea muy en positivo porque no es aceptable que llevemos 14 meses con una proposición de ley, procedente de una ciudad autónoma como es Melilla, detenida sin razón alguna. Seguro que la Comisión Europea puede dar luz verde a todos los contenidos de esa proposición de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, debería concluir.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.


El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como diputado por la ciudad de Ceuta, ha traído un listado que le ha dado el ayuntamiento sobre unos logros interesantes. Mi enhorabuena, nada que objetar, ojalá se continúe así, pero no es un problema estructural lo que se está resolviendo. Hay una deuda histórica imputable a las circunstancias de toda índole. Esa deuda histórica es un tratamiento legislativo. Ustedes piden una ley de un régimen económico y fiscal para Ceuta y Melilla con unos contenidos que cuando el Gobierno mande el proyecto de ley no se van a alejar de los que están aquí.
Termino, señor presidente, no entiendo por qué no afrontan el problema del desempleo y el de la inmigración, con mecanismos legislativos, dando pasos adelante, mirando al frente y aceptando a trámite la proposición de ley de régimen económico y fiscal para Melilla, que ya lleva detenida 14 meses sencillamente porque la ha presentado el grupo parlamentario de la oposición, y consiguientemente hay que votar en contra. No entendemos cómo una proposición de ley nuestra, que viene de noviembre del año pasado, no la han aceptado a trámite, modificándola después en el momento de la presentación de enmiendas. Y no entendemos ahora francamente, a través de esta proposición no de ley, que el Gobierno mande un proyecto de ley cuando existe una proposición de ley que lleva casi dos años detenida injustificadamente.
Yo tengo una serie de datos, y termino, señor presidente,...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No dé todos los datos porque no terminaría, señor Segura.
Concluya, por favor.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.


Tengo una serie de datos de naturaleza social, de desarraigo social, de problemas vinculados al transporte, de infraestructuras, de vertederos incontrolados de basura, porque esta proposición que nosotros defendemos posibilita inversiones muy en positivo, y no entendemos por qué ustedes la han rechazado.
Nosotros creemos que esta proposición no de ley es un juego parlamentario para que nos dirijamos al Gobierno, que no vale para nada, y si se sienten satisfechos con la actitud que están tomando, allá cada uno con su responsabilidad. La pena es que hoy aquí cuatro grupos parlamentarios no han querido intervenir en un tema de política de Estado francamente relevante.
El Grupo Parlamentario Socialista no da la espalda a las ciudades de Ceuta y de Melilla, y podemos constatarlo en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Nada más, señor presidente, y mucha gracias. (El señor González Pérez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Segura. ¿Con qué objeto me pide la palabra, señor González?

El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Se han hecho dos afirmaciones, respecto al diputado por la circunscripción de Ceuta, que quiero simplemente aclarar a efectos del «Diario de Sesiones».


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene un minuto para hacerlo, señor González.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias.
Se ha puesto en duda la paternidad -permítaseme la expresión, aunque no sea quizá la más adecuada- sobre el texto que se ha traído a esta Cámara por parte del Grupo Popular. Se ha afirmado que esa paternidad es de algún funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda.
Señor presidente, quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» que la paternidad de ese documento ha sido del Grupo Parlamentario Popular, pero no solamente del Congreso sino del Senado, con las informaciones pertinentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus servicios de la Consejería de Economía y Hacienda, con lo cual no ha habido ningún funcionario de por medio.


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Se ha hecho una afirmación que creo que es bastante grave. Decir en esta Cámara que un diputado no ha hecho nada por su circunscripción es sencillamente mentir. Durante 13 años aquí sí que no se ha hecho nada. Hubo una mudez, y parece ser que ahora aquellos que defienden con tanto ardor aquellas cosas que se olvidaron durante 13 años han recuperado la voz. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González. (El señor Segura Clavell pide la palabra.) Señor Segura, las intervenciones se entrecruzan. Medio minuto.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, este diputado lo que ha querido decir, y lo reitero, es algo que está recogido en los boletines del Congreso de los Diputados. Procedente de Ceuta y Melilla, el Grupo Parlamentario Popular no ha promovido ninguna iniciativa legislativa, nada más que la que hoy se nos ha presentado.
Ello no quiere decir, si lo dije naturalmente no es lo que hubiese querido decir, que los diputados por Ceuta o por Melilla no hayan defendido los intereses de su circunscripción. En los diarios de sesiones constarán, al amparo de lo que dice el Reglamento, otras iniciativas. No me refería a eso. Me refería exclusivamente al tratamiento legislativo. Es una realidad incuestionable e incuestionada.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Segura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular, para la actualización y perfeccionamiento del régimen económico y fiscal especial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 155; en contra, 109; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS E INICIATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CORREGIR Y PALIAR LOS EFECTOS DE DÉFICIT HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO, ESPECIALMENTE

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 173/000142)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones -se votarán las tres al final del debate- que han presentado, respectivamente, los grupos Mixto, Socialista y el de Izquierda Unida.
En primer lugar, la del Grupo Mixto, sobre medidas e iniciativas de carácter general para corregir y paliar los efectos del déficit hídrico en las comunidades del arco mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en representación de Unión Valenciana, para defender la moción consecuencia de interpelación urgente que hace apenas quince días substanciábamos en esta Cámara sobre las medidas de política general que debía adoptar el Gobierno, y que había adoptado en algunos puntos, referentes a la corrección y para paliar los efectos del déficit hídrico que sufren diversas comunidades del Estado español, y muy en concreto la Comunidad Valenciana.
Voy a empezar por defender los puntos de la moción tal como aparecen reflejados en ella, para facilitar así la comprensión de cada una de las demandas concretas, que pienso yo que son los puntos mínimos que hoy el Congreso debería valorar y, según mi punto de vista, aprobar por su necesidad, por su urgencia, y porque creo que está más que justificada la razón que los avala.
En cuanto a la sequía indudablemente los datos están ahí. El año climatológico 1998-1999 se está caracterizando por una disminución muy importante de las precipitaciones hasta cifras que en muchas comunidades del Estado español no alcanzan ni siquiera el 50 por ciento del nivel considerado normal. La situación es especialmente preocupante en la mitad sur del Estado, y en el caso concreto de la Comunidad Valenciana tanto en el sur de la provincia de Alicante como en el norte de la provincia de Castellón, y afecta con desigual incidencia a la provincia de Valencia.
Los daños en el conjunto de la agricultura del Estado se centran en tres áreas concretas: ganadería, secano y regadío. Los correspondientes a la ganadería se localizan fundamentalmente, en el caso de la Comunidad Valenciana, en las comarcas del interior de las tres provincias que, ante la falta de pastos, está teniendo que afrontar la carga financiera suplementaria de una alimentación basada en piensos. La situación es tan alarmante que incluso el agua para consumo animal debe llevarse en cubas en determinados municipios del norte de Castellón. Asimismo, los cultivos de secano, principalmente cereales, almendro, olivo, algarrobo y frutales, están notando la falta de lluvias en su desarrollo vegetativo que, de persistir, producirá pérdidas irreparables en las producciones esperadas.
Por lo que al regadío se refiere, se está detectando una disminución del caudal de los pozos, así como una creciente

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salinización de los mismos, sobre todo en el litoral del arco mediterráneo. Las reservas de agua embalsada se sitúan en niveles cercanos al 50 por ciento respecto al año anterior, y las reservas en las presas y pantanos de las cuencas hidrográficas afectadas en la cuenca mediterránea oscilan en poco más del 30 por ciento de su nivel de agua a embalsar.
Esta situación general se ha producido con especial intensidad y virulencia en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía oriental, que en el caso concreto de la Comunidad Valenciana a lo largo de los últimos meses, por la falta generalizada de lluvias en el otoño e invierno, no paliada por la primavera hasta el día de hoy, adquiere ya caracteres alarmantes, por lo que puedo manifestar aquí en estos momentos que se deben tomar medidas con urgencia, como así ha reivindicado la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana y las organizaciones profesionales agrarias.
Las previsiones más optimistas superan los 400.000 millones de pesetas en daños agrícolas en el conjunto del Estado, y en el caso de la Comunidad Valenciana superan los 18.000 millones de daños. Por eso en el primer punto de la moción solicitamos un real decreto-ley de sequía para paliar la situación actual, con medidas urgentes que deberían abordarse en las próximas semanas, y que son algunas de las que aparecen en el texto de la moción, como los anticipos de los pagos de la PAC (un 50 por ciento de ayudas directas y primas ganaderas), medidas de tipo fiscal, ayudas directas a la ganadería...
(Una señora diputada hace signos de no oír al orador.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Parece mentira, señorías, que no dejen que pueda atender, como es su deseo, a la señora diputada. ¡Por favor, por favor! (Risas.) Muchas gracias.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias señor presidente. Préstamos bonificados para permitir afrontar los costes del cultivo de las próximas campañas dada la disminución de ingresos, ayudas a comunidades de regantes, condonación de cualquier tasa o canon de riego, ayudas financieras y subvenciones directas a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas y un largo etcétera que los agricultores están demandando, y así lo han trasladado al recién nombrado ministro de Agricultura, que lamento que hoy no esté aquí, me imagino que por tener que atender cuestiones de su cargo, recién aterrizado. Pero creo que se le pasó una buena información sobre la necesidad de que se declare la situación de sequía y se habiliten ayudas, en colaboración con las comunidades autónomas, para poder paliar los graves efectos, que están ahí, que requieren medidas urgentes y que no pueden esperar.
Un segundo estadio de esta moción se refiere a las cuestiones del déficit hídrico estructural y coyuntural que sufre la mitad sur del Estado español, sobre todo el arco mediterráneo, y de una manera clara y rotunda la Comunidad Valenciana. Los órganos de gobierno, la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, las organizaciones agrarias y los sindicatos de regantes han hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente peticiones concretas, claras y rotundas, cuantificando cuál es el déficit hídrico estructural que sufre la Comunidad Valenciana. Han presentado una serie de reclamaciones, reivindicaciones y alegaciones al documento del Libro Blanco del agua y a las decisiones que se van a adoptar en los próximos meses, referidas a la corrección del déficit hídrico en las comarcas de la Comunidad Valenciana y en el conjunto del arco mediterráneo.
El primer punto que se le hace llegar al Ministerio de Medio Ambiente es que en el análisis que se realiza de la aportación de la agricultura al PIB no se tienen en cuenta los sectores con los que se interrelaciona el sector primario, la agricultura. Se debería hacer justicia, de una vez por todas, con la importancia real del sector agroalimentario en España, no estableciendo un porcentaje inferior al 12 por ciento de la participación de éste en la riqueza nacional, sobre todo en las comunidades andaluza, murciana, valenciana, catalana y aragonesa, que son las que tienen los principales problemas en cuestiones de déficit hídrico. Todo ello sin olvidar la importancia histórica, cultural, medioambiental y estratégica de la agricultura mediterránea, de la agricultura española.
Consideramos, y por eso establecemos un segundo punto claro y concreto, que se debería recoger explícitamente la transferencia de recursos hídricos excedentarios del río Ebro a la provincia de Castellón, establecer la prioridad en la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó y aumentar la dotación del trasvase Tajo-Segura, sobre todo para garantizar un caudal ecológico para el río Segura. El pasado domingo se manifestaron en Madrid miles y miles de ciudadanos de la Vega Baja del Segura demandando ese caudal ecológico, porque el río Segura está clínica y medioambientalmente muerto. Para corregir esos problemas de la Comunidad Valenciana, del Ebro al norte de Castellón y de la Vega Baja del Segura, que tienen un déficit estructural manifiesto, patente, cuantificado y reconocido en el Libro Blanco del agua, es necesaria esa transferencia de caudales excedentarios del río Ebro a la provincia de Castellón.
Esta iniciativa, que está plasmada en un documento de aprovechamiento de aportaciones externas para los regadíos de Castellón que ha hecho la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, es una iniciativa realista, seria, documentada y cuantificada. Esta iniciativa, similar a la que en materia de aguas se puso en marcha en el campo de Tarragona a principio de los años 80, permitiría transferir (tan sólo es la demanda de esos 60 hectómetros cúbicos anuales) el 0,4 por ciento de los recursos del Ebro a la Comunidad Valenciana, región, repito, que sufre un déficit estructural hídrico, sin olvidar que la Comunidad Valenciana aporta más del doble de los recurso demandados a la citada cuenca, porque no tienen que olvidar SS.SS. que el río Bergantes, que nace en la Comunidad Valenciana y es afluente del río Ebro, aporta mucho más de esos 60 hectómetros cúbicos anuales que las comarcas del norte de Castellón reivindican del río Ebro, cuando 10.000 hectómetros cúbicos anuales se pierden en la desembocadura del Ebro, y es más, hay informes del Ministerio de Medio Ambiente,

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del Gobierno anterior y de este Gobierno, que reconocen textualmente que la transferencia de caudales del Ebro al norte de Castellón se ha comprobado que es económica y técnicamente viable, además de compatible en cualquier caso con la protección y respeto medioambiental al delta del Ebro.
Por tanto, como criterio general, nosotros consideramos que, conociendo la demanda total de agua para abastecimientos, industria y regadío en la Comunidad Valenciana, que asciende a más de 3.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que el 80 por ciento son para regadío, actualmente hay ya un déficit cuantificado en más de 400 hectómetros cúbicos anuales en la Comunidad Valenciana en su conjunto, pero sobre todo en las comarcas del norte de Castellón. En las comarcas de Oropesa, Torreblanca, La Plana Alta y la Plana Baixa de Castellón es especialmente crítica esa demanda, esa situación, sobre todo en períodos de sequía como el que ahora se está viviendo.
Es más, se prevé que con el crecimiento y las demandas en los próximos cinco años el déficit hídrico en la Comunidad Valenciana se puede situar en casi 1.000 hectómetros cúbicos anuales.
Pero hay un gran problema añadido y que se aborda en la moción: la sobreexplotación de los recursos subterráneosen la Comunidad Valenciana. En las zonas de déficit estructural, como son el norte de Castellón y el sur de Alicante, los regantes se encuentran durante los períodos de sequía frente a la alternativa de aplicar dosis insuficientes de agua, lo cual afecta a la cantidad y calidad de sus cosechas, o de recurrir a la extracción intensa de agua subterránea, lo que produce uno de los principales problemas del regadío valenciano, que es el que define el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana: la sobreexplotación de los acuíferos en el litoral mediterráneo. Esa sobreexplotación se produce cuando la extracción del agua es mayor que la recarga natural que reciben, lo que favorece la salinización del agua del acuífero.
Se estima que la sobreexplotación al día de hoy de los acuíferos de la cuenca del Júcar alcanza la cifra de 125 hectómetros cúbicos/año, principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana. Hay que añadir a ello la intensa sobreexplotación del acuífero 24 de Castilla-La Mancha, que en la Vega Baja del Segura alcanza los 325 hectómetros cúbicos/año...


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene que concluir.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.


El señor PRESIDENTE: Pero rápidamente.


El señor CHIQUILLO BARBER: ...con las principales áreas de sobreexplotación localizadas mayoritariamente en la Comunidad Valenciana. Pero donde incidimos en esta moción es en que esa sobreexplotación se establece en 90 hectómetros cúbicos en el norte de Castellón, cuya única solución se apunta, se dibuja, se diseña en el Libro Blanco del agua, que es que el déficit estructural de las comarcas del norte de Castellón sólo se puede corregir, paliar y resolver con la transferencia de caudales excedentarios del río Ebro.
Por ello, ante la más que posible demora en la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, como se recoge en el Real Decreto 9/1998, de 28 de agosto, la única solución pasa indudablemente por la aprobación, por medio de una ley específica, de la transferencia de esos excedentes del río Ebro, cuantificados en 60 hectómetros cúbicos anuales, para que desde el río Ebro se atiendan las demandas necesarias y urgentes al día de hoy de las comarcas al norte de Castellón, vía trasvase de aguas por el Canal Xerta-Calig. Por tanto, ésa es la petición que se resume en esta moción, añadida a un punto tercero, en el que se declare de interés general la infraestructura de la modernización de la Acequia Real del Xuquer, porque por error de transcripción aparece en la moción la de la Acequia de Moncada, que es competencia autonómica y se ha deslizado en este punto tercero.
Yo pido sensibilidad a la Cámara, porque las comarcas del norte de Castellón no pueden esperar al Plan hidrológico nacional, para que se apruebe esta moción y se remita a esta Cámara un proyecto de ley para transferir los caudales excedentarios del río Ebro, 60 hectómetros cúbicos/ año, al norte de Castellón. Es necesario para el turismo, para la agricultura y para el consumo humano de más de medio millón de ciudadanos de la provincia.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Se han presentado enmiendas a la moción que ha defendido el señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto, por los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida y también por el propio Grupo Mixto.
Señor Alcaraz, tiene la palabra para la defensa de su enmienda.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré de manera muy breve para indicar nuestra coincidencia en términos generales con la moción presentada por Unión Valenciana esta tarde en el Pleno; habría que introducir alguna matización menor y no merece la pena insistir en ello ahora.
Efectivamente, el déficit hídrico en la cuenca mediterránea, y fundamentalmente en el País Valenciano, es un problema del cual se viene hablando indefinidamente, y es preciso que se vayan adoptando algunas medidas que atajen los rasgos más duros de ese problema.
Se ha aludido ya a los problemas de salinización -y por tanto no me siento en la necesidad de insistir en ello- con causas profundas, desgraciadamente no sólo por sobreexplotaciones, sino por la puesta en marcha de depuradoras que funcionan mal en algunas zonas. Existen muchos interrogantes sobre el papel que en el futuro puedan tener las desaladoras, sobre la sobreexplotación de acuíferos... Yo creo que hay un diagnóstico generalizado a través de numerosos estudios universitarios sobre estos problemas, que tiene un consenso bastante amplio en la

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comunidad científica. Al mismo tiempo, el ciudadano tiene la reiterada sensación de que los poderes públicos no actúan ni de lejos con la eficacia requerida y, en muchas ocasiones, ni tan siquiera con la sensibilidad obligada en casos como este.
Las enmiendas que presentamos son dos y vienen a completar el texto; son, por tanto, dos enmiendas de adición. La primera pretende detallar algunas de las zonas de acuíferos más sobreexplotadas, como se hace también en el texto originario, y que no encuentran solución.
A reiteradas preguntas que este diputado ha formulado al Gobierno no aparece una solución al posible agotamiento, con la pérdida por ahora de calidad de las aguas, etcétera, sobre todo en la zona de Villena y en la cuenca del Segura.
El señor Chiquillo aludía a una manifestación que concluía delante de este palacio el domingo pasado. Este asunto dio lugar a una moción la semana pasada, pero el problema sigue existiendo. No hay, ni de lejos, ningún plan para poder abundar en la recarga de acuíferos.
La segunda se refiere a la Vega Baja del Segura, y no es casualidad, no sólo por la gran sensibilidad ciudadana existente estos días en aquella zona, sino porque nos encontramos ante un problema francamente grave, como es el de la obsolescencia de los sistemas de riego y de canalizaciones. Aunque carecemos de estudios, al menos de estudios oficiales de la Confederación, que nos digan exactamente cuáles son las pérdidas de agua por los sistemas anticuados de canalización, todo hace suponer que son muy elevados.
En alguna pregunta formulada al Gobierno, éste decía que el Ministerio de Agricultura ya ha comenzado a actuar en la región de Murcia con algunas propuestas para mejorar los sistemas de riego y acabar con el sistema habitual de riego a manta, buscando por tanto sistemas más modernos. Sin embargo también ha reconocido la Confederación Hidrográfica en un par de respuestas que no existe ninguna actuación concreta ni prevista a corto plazo para la provincia de Alicante en esta materia. Por tanto, entendemos que no basta con las buenas intenciones, sino que esta medida, que redundaría directamente en el ahorro de agua, debería ser una de las prioritarias. Por ello, apoyando en términos generales la moción, defiendo también estas enmiendas porque entiendo que la mejoran.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Paniagua, en nombre del Grupo Socialista, para defender su enmienda.


El señor PANIAGUA FUENTES: Señor presidente, señorías, Unión Valenciana, del Grupo Mixto, ha presentado una moción y estamos de acuerdo con alguna de las proposiciones que se reflejan en ella.
Efectivamente, el Gobierno no ha tomado medidas para paliar los déficit hídricos que tienen algunas zonas de la Comunidad Valenciana, sobre todo en las provincias de Castellón y Alicante.
La Comunidad Valenciana tiene una amplia tradición de canalización de aguas, no en balde romanos, árabes, cristianos canalizaron las aguas para articular un sistema de regadíos que ha producido una agricultura floreciente y competitiva y que hasta hace pocos años era una de las bases de nuestras exportaciones más importantes en todo el producto interior bruto. No es en balde tampoco que existiera en España un Tribunal de las Aguas, que no tiene ningún tipo de documentación, y donde se arreglan los problemas directamente a través de la conversación que puedan tener los distintos conflictos.
Pero lo que sí es cierto es que desde hace veinte años el aumento de las condiciones de la agricultura de regadío ha sido de un 500 por cien en relación con la capacidad hídrica que tenía la Comunidad Valenciana; es decir, se han regado un número de tierras superior, lo cual ha producido que los acuíferos realmente estén en una situación de deterioro y que incluso los pantanos en épocas de sequía tengan dificultades para continuar, incluso en los riegos de goteo, manteniendo el índice de producción de esta agricultura, sobre todo al lado del Mijares, en los pantanos de Uldecona o en los de Guadalés y en el río Segura, en Alicante.
En este sentido, las medidas que propone Unión Valenciana con respecto a la situación concreta actual, momentánea, son oportunas.
Recuérdese que ha habido otras épocas de sequía, entre 1991 y 1993, y que otros gobiernos hicieron decretos específicos sobre sequía para paliar estos déficit. Hasta ahora las promesas del Gobierno popular no se han traducido en ninguna cuestión práctica sobre cómo solucionar los problemas concretos que tiene alguna de las zonas de la provincia de Castellón, también de Valencia, aunque en menor grado, y sobre todo en la provincia de Alicante. Esto sería apoyar el primer punto de la moción que nos presenta Unión Valenciana.
Sin embargo, ya no estamos tan de acuerdo con el segundo de los puntos. Cuando se habla de trasvases, aunque se diga transferencias de excedentes, en realidad estamos utilizando un eufemismo. Creo, señorías, que estamos entrando en una guerra del agua que creíamos haber superado desde que en 1985 el Gobierno socialista hizo la Ley de Aguas, que se pusieron en funcionamiento los planes de cuencas y que se abordó el inicio de los planes hidrológicos. Creemos, además, que ese era el camino para solucionar un problema histórico que en España ha tenido unos antecedentes como no los ha habido en ningún otro país de Europa. Como anécdota les diré que hay un sociólogo americano que ha estudiado los delitos que se han cometido en relación con el agua en los países mediterráneos, delitos de diverso tipo, delitos de sangre, con respecto a los problemas de quién tenía la concesión del agua, y probablemente España forma parte de los países europeos con más alto nivel de delitos en relación con el agua.
Por tanto, el problema del agua es histórico y lo estamos agravando, en parte porque el aumento de la agricultura de regadío ha sido explosivo en los últimos veinte años, y en parte también porque los acuíferos cada día disponen de menos agua por las necesidades de regadío, yesto se nota fundamentalmente en las épocas de sequía.


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En ese sentido, cuando hablamos de transferencia de excedentes estamos utilizando un eufemismo, en realidad estamos hablando de trasvases. Nosotros, el Grupo Socialista, en estos momentos no podemos hablar de trasvases. Si ustedes tienen la prensa de estos últimos días habrán visto que los decretos que el Gobierno ha promulgado sobre la utilización de la canalización del Tajo-Segura para llevar el agua a poblaciones de la Marina Baja, comarca en la que está la ciudad de Benidorm, han producido problemas con respecto a la finalidad para la que se hizo esa canalización. Si ustedes miran hoy la prensa, verán que el presidente de la Generalidad de Cataluña habla del trasvase del Ródano, cosa que también aparece el día 3 de abril en un periódico de ámbito nacional con respecto al presidente de la Generalidad valenciana.
Es decir, estamos en una situación en la que cada comunidad quiere solucionarse sus propios problemas. Los aragoneses, por ejemplo, están demandando desde hace tiempo que se lleven a cabo distintas fórmulas de infraestructura que son necesarias para cubrir los déficit hídricos y para ampliar también sus tierras de regadío en una zona tan escasa muchas veces del alimento del agua, cuando tenemos uno de los ríos más caudalosos que hay en España, como es el río Ebro. Esto nos lleva a considerar que no podemos hacer chapuzas; no podemos decir: hagamos ahora tal tipo de transferencias, traigamos ahora 60.000 metros cúbicos de agua, porque este no es el plan. Esto es continuar la guerra, la lucha de unas comunidades contra otras; es decir, abrir un frente que creíamos que se había cerrado, porque aquella ley que hicimos los socialistas en 1985 se hizo con un amplio consenso, y los que están ahora en los bancos de la derecha también votaron muchas de las proposiciones.
Por tanto, nosotros no podemos aceptar el punto 2 de la moción de Unión Valenciana. Creemos que antes es necesario estudiar y utilizar bien lo que son los planes hidrológicos. Y aún estamos esperando que la ministra de Medio Ambiente nos diga cómo va a hacer los planes hidrológicos, porque desde el año 1997 vengo oyendo en las comparecencias que la ministra ha hecho tanto en este Pleno como en la Comisión que va a presentar el plan hidrológico primero a finales de 1997, después en el año 1998 y ahora parece que es en la próxima legislatura. A mí me extraña que se diga que será en la próxima legislatura, porque supongo que habrá elecciones, que ustedes no prorrogarán la legislatura automáticamente; por tanto, en la próxima legislatura ya veremos quién gobierna en España para comprometerse realmente sobre el Plan hidrológico nacional. Por tanto, creemos que es necesario...


El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, vaya concluyendo.


El señor PANIAGUA FUENTES: Voy a terminar muy rápidamente, señor presidente.
Por eso queremos la modificación del punto 2 de la moción del Grupo Mixto, de Unión Valenciana, que habla de que urgentemente se traiga el plan hidrológico a esta Cámara y, junto a él, el libro blanco.
Porque el libro blanco, si ustedes tienen la paciencia y el humor de leérselo, verán que tiene cosas interesantes, cosas interesantes que ya habían dicho departamentos de universidades españolas, departamentos de hidráulicas, de geografía humana, y en el que se reconoce que hay 400.000 acuíferos cuya ubicación no se sabe dónde está y cómo se utiliza ese agua. El mismo libro blanco está reconociendo que no se sabe en realidad la situación de los hídricos españoles. Incluso, cuando se habla en él de poner medidas de canalización y de cuáles son los rendimientos, también se dice que en estos momentos no hay un conocimiento de la realidad. Eso lo dice el libro blanco hecho por Medio Ambiente, junto a propuestas naturalmente de signo político, como es la posibilidad de vender el agua y con esas 15 proposiciones que dice la ministra que en realidad el agua no se abre a mercado libre. No llegaremos a lo que ocurre en California, pero estamos en el camino de utilizar un bien público, como es el agua, para usos de tipo privado y, por tanto, para la especulación. Por eso queremos que aquí se haga un debate del libro blanco, donde podamos analizar este punto y, sobre todo, que el plan hídrico nacional se traiga a esta Cámara lo más urgentemente posible.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado una enmienda, que será defendida por la señora Urán. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cuando quiera, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a pesar de que la ministra de Medio Ambiente, en la interpelación de hace dos semanas, no quería reconocer que había sequía, fundamentalmente en la cuenca del Mediterráneo, sí es cierto que existe tal sequía y que ya se están padeciendo sus problemas, tanto en la agricultura como en la ganadería. En algunas zonas, sobre todo del País Valenciano, se habla de que este verano puede haber restricciones para el consumo humano, precisamente por la sequía que se está padeciendo y los niveles que tienen hoy en día nuestros pantanos, que no llegan a los niveles de otros años, donde las lluvias no fueron como en este. Por tanto, señorías, sí que hay sequía y fundamentalmente en la cuenca mediterránea y en el País Valenciano.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar el primer punto de la moción de Unión Valenciana porque consideramos totalmente urgente y necesario que se empiece a adoptar las medidas para paliar los efectos que la sequía está produciendo ya, tanto en la ganadería como en la agricultura, y que los agricultores y ganaderos se vean ya en este momento beneficiados por este tipo de ayudas. Pero nosotros hemos presentado una enmienda al punto 2 de esta moción. Nuestro grupo y nuestra organización se han pronunciado reiteradamente en contra del trasvase de agua a determinados sectores, sencillamente porque hayque adoptar otro tipo de medidas que vengan a paliar los

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efectos de los déficit hídricos en las zonas que se ven afectadas por ellos.
No creemos que sea acertado ni correcto plantearse un trasvase de unos excedentes que ni tan siquiera se sabe exactamente que existan.
Esos excedentes tendrían que estar reflejados no sólo en los planes de cuenca, sino también en el plan hidrológico nacional, cuya remisión, como se ha dicho desde esta tribuna, todavía estamos esperando y que se nos va aplazando día a día; parece que en cualquier momento fuera a venir, pero nunca llega. A nosotros no nos parece que sea correcto hablar de una transferencia de recursos, hablando ya también de 60 hectómetros cúbicos año, que es lo que el Gobierno de la Generalitat valenciana ha estado reivindicando como un trasvase desde la cuenca del Ebro. Señorías, no creemos que existan esos excedentes y, por consiguiente, nuestra enmienda pretende que en todo caso se contemplara una transferencia de excedentes, si existieran, a la provincia de Castellón desde la cuenca del Ebro, pero que se contemplaran si existieran. Es decir, habría que hacer un estudio de cuál es la situación excedentaria de la cuenca del Ebro, atendiendo prioritariamente las necesidades de esa misma cuenca y las necesidades medioambientales del propio río Ebro. Según noticias que le han llegado a esta diputada, la desembocadura del río se está viendo afectada por problemas de salinización. Hay, pues, que tener en cuenta asimismo cuál es la situación de la desembocadura del delta del Ebro, porque, señorías, si intentamos modificar los ecosistemas de nuestros ríos, en realidad lo único que estamos haciendo es solucionar o parchear un problema hoy para tener más problemas mañana, ya que cambiando los ecosistemas estamos cambiando también los entornos y estamos perjudicando a la agricultura y a la ganadería.
Existe otro tipo de medidas, como la reutilización de las aguas depuradas, la gestión de la demanda o la modernización de los regadíos. Se firmó en 1997 un convenio entre la Generalitat valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente y aún está por empezar a cumplirse. Un convenio que hablaba de modernización de regadíos, de ampliaciones de depuradoras para poder reutilizar el agua, de canalizaciones para la reutilización de las aguas. En realidad, ese convenio, señorías, se quedó simplemente en la fotografía de la ministra de Medio Ambiente y del presidente de la Generalitat, pero no se está contemplando una actuación decidida y clara al respecto.
Por consiguiente, mi grupo parlamentario, en el caso de que no se aceptaran nuestras enmiendas, votaría en contra de este punto y pediría la votación separada. Ahora se lo indicaré al presidente de la Cámara, para que lo tenga en cuenta.
Se habló también por parte de la ministra de Medio Ambiente de la utilización según el libro blanco del agua y de la propuesta que puede llegar dentro de poco tiempo a esta Cámara de modificación de la Ley de Aguas con respecto a la desalación de aguas y a la utilización de las aguas desaladas para riego. Señorías, mi grupo parlamentario ha expuesto desde hace ya mucho tiempo su posición en contra de la desalación de aguas para utilización en los riegos. Hay problemas medioambientales en ello bastante graves, que nos podrían conducir a una situación no deseada: solucionar un problema, que además no se solucionaría, para generar otro quizás más grave. Además, según la modificación que la Ley de Aguas prevé -la modificación que entrará en esta Cámara con respecto a las desaladoras-, no sería una utilización que podríamos tener clara, sino todo lo contrario, sería una utilización privada que tampoco vendría a solucionar el problema de los agricultores ni de los ganaderos para poder utilizar este tipo de aguas.
Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario, en caso de que no se acepten las enmiendas que ha presentado, pediría a la Presidencia de la Cámara la votación separada del punto 1, que habla de la aprobación de las medidas en contra de la sequía; del punto 2 y del último guión del punto 2. Después, los puntos 3 y 4 se podrían votar de manera conjunta.
Para finalizar quiero decir que el Ministerio de Medio Ambiente no está adoptando las medidas necesarias para paliar los déficit hídricos, sigue desconociendo cuál es la situación hídrica de nuestro país, no se atreve a elaborar el plan hidrológico nacional y lo único que plantea a la Cámara son parches y más parches, que al final sólo consiguen enfrentar a las comunidades de regantes y a los usuarios de agua, a los que tienen el agua y los que no la tienen para poderla obtener. No ofrece una solución global, que tendría que darse ya y de manera urgente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
No he podido tomar nota exacta de lo que ha indicado en el caso de que no se acepten las enmiendas. Si es tan amable, me dice por escrito los puntos que quiere que se voten por separado. Gracias.
¿Algún grupo parlamentario que no haya intervenido en el debate quiere fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.


Anticipo ya que nuestro grupo va a votar negativamente todos los puntos de la moción. Voy a justificarlo.
En primer lugar, se nos pide la aprobación de un real decreto-ley para que se adopten medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía y se incluye toda una serie de conceptos que deberían incorporarse en él. Por desgracia, conocemos muy mucho este tipo de textos, porque, en la década de los noventa, decretos para paliar efectos de la sequía hemos tenido muchos. Han llegado a la Cámara, se han convalidado y han resuelto la problemática de la sequía en la parte que dichos decretos podían actuar. Pero en estos momentos no sabemos para qué cultivos se trata, no se sabe qué comarcas están afectadas, no sabemos los criterios de aplicación que se proponen y que deberían ir en el anexo, no hay valoración de pérdidas. Aunque esto podría ser secundario, hay que tener en cuenta que hace 15 días la señora ministra nos decía -y así consta en el «Diario de Sesiones»- en la

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interpelación: No hablemos de sequía todavía en este año, señor Chiquillo, y usted lo sabe, y lo debatíamos ayer ampliamente -este ayer se refería a una reunión de la Comisión de Medio Ambiente-.
Sigue diciendo después: Por lo tanto, no se puede hablar de sequía como se hablaba en aquellos años -se refería a los años 1994 y 1995-, en donde los embalses estaban en un 15 por ciento de sus reservas, cuando esos mismos embalses -decía la ministra- están en un 60 por ciento de reservas. Lógicamente no parece que estemos en la misma situación. De todas maneras -y la señora Urán me merece un alto nivel de crédito en su exposición-, creemos que pronto deberá llegar, porque la Administración automáticamente así lo hace. En todo caso pediríamos en este momento que por parte de la Administración se tenga en cuenta esto, que analice a fondo si es ya necesario o no el decreto para la sequía en la zona objeto de la presente moción.
El segundo punto, señorías, va dirigido al trasvase de agua desde el Ebro. Es un punto delicado. Seguramente en algunas zonas se tendrá que pensar en la posibilidad de trasvases, pero, en todo caso, hay que pasar primero por el plan hidrológico nacional. Hace pocos días, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el señor Sancho, contestando a unas preguntas que le formulaban respecto a llevar agua por el canal de Cherta a Calig, dijo que en primer lugar hay que resolver los déficit de la propia cuenca. Por lo tanto, llevar más agua más allá de lo que es la cuenca del Ebro nos parece ya imposible. Pero ahí tenemos que analizar otra cuestión.
Señorías, en estos momentos, en borradores que interesadamente se publican o no pero que salen a la luz pública en los medios, viene a decirse que los trabajos preliminares del futuro plan hidrológico tienden a dejar que un trasvase lleve agua del Ebro hacia la región de Barcelona. Quede bien claro que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no dará su apoyo a un plan hidrológico que no resuelva los déficit de agua previstos para la región metropolitana de la capital catalana. En la zona catalana hay un déficit que precisa como mínimo 10 metros cúbicos por segundo adicionales para la zona central. Si tiene que venir esto del Ebro, posiblemente puede variar su ecosistema y los caudales excedentes, si existieran, como muy bien decía la señora Urán, pueden crear problemas para otras zonas. Verdaderamente, Cataluña tiene déficit en su zona central y el plan hidrológico lo tiene que contemplar. Si no se contempla, nuestro grupo no estará con el plan hidrológico, ese plan hidrológico que desde hace varias legislaturas -no ésta, sino algunas, en plural, anteriores- estamos discutiendo y esperando a que llegue. Tenía que haber llegado, como bien se ha dicho, en 1997, luego en 1998 y después se nos dice que para finales de esta legislatura; llegará este plan hidrológico a la Cámara, pero no podrá ser debatido porque no dará tiempo, por caducar los cuatros años de legislatura. Por tanto, el plan se debatirá, como muchas veces he venido diciendo aquí y en otros foros, dentro de la siguiente legislatura, que puede ser tranquila, suponiendo que las elecciones sean en marzo del 2000 o alrededor de esa fecha. Entonces, posiblemente tendremos unos años tranquilos, unos años buenos, para llegar a un debate con consenso y sosegado.
Voy a hacer referencia rápidamente a los otros dos puntos que quedan.
Quede bien claro que en el punto 2 nosotros no podemos entrar; queremos el plan hidrológico, pero no lo apoyaremos si no contempla los déficit de Cataluña. En cuanto al tercer punto, quiero decir que, según las informaciones que yo tengo, la Acequia Real del Xúquer está declarada de interés general desde el año 1994. Se pide que se declare de interés general algo que ya está declarado de interés general desde 1994. Y la Acequia de Moncada es competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, este punto sobra. Respecto al cuarto punto, nuestro grupo verá si presenta en Comisión una proposición para debatir el libro blanco del agua. No creemos que el debate que necesita el libro blanco del agua sea un Pleno extraordinario de carácter monográfico, sino que debe hacerse en Comisión, para poder entrar en una discusión más profunda. Además, lamentamos mucho no haber recibido el citado libro blanco del agua, que ha sido explicado por todos los foros, por todo el Estado, pero que ha sido presentado oficialmente en el Senado. Lamentamos muchísimo que la señora ministra de Medio Ambiente se haya olvidado de la Cámara de los diputados para presentar y explicar lo que quiere decir, lo que nos quiere enseñar con su libro blanco del agua.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para expresar la posición de mi grupo respecto a la moción que ha presentado Unión Valenciana.
De igual forma que en la pasada interpelación el señor Chiquillo inició su intervención resaltando el aspecto constructivo de su iniciativa, quiero que de mis primeras palabras SS.SS. obtengan la convicción de que el Gobierno de la nación es consciente del déficit hídrico en las comunidades del arco mediterráneo y de la preocupante situación planteada por una disminución importante de las precipitaciones, especialmente en el sur de Alicante y norte de Castellón, que afecta a los cultivos con disminución del caudal de los pozos y su salinización; que el Gobierno de la nación está poniendo en marcha infraestructuras de ahorro, abastecimiento, mejora y modernización de regadíos en el marco del convenio con la Generalidad valenciana y está considerando distintos tipos de ayudas para los cultivos. Saben SS.SS. que el Gobierno está planteando medidas estructurales a medio plazo y actuaciones inmediatas, como pueden ser las obras de emergencia de construcción de dos pozos en las zonas de embalse de Uldecona, que permitirán la extracción de un caudal de 1.500 litros por segundo para completar los riegos de las aguas superficiales, o puede ser también el real decreto aprobado

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en el Consejo de Ministros del pasado día 7, en el que se acordó que las aguas del trasvase Tajo-Segura puedan llegar a la Marina Baja y a Albacete. El real decreto modifica el artículo 10 de la ley que regula el régimen económico de la explotación del acueducto Tajo- Segura, de octubre de 1980.
La reforma prevista en este momento ampara únicamente la distribución y transporte de recursos hídricos entre dos puntos dentro del mismo ámbito territorial de planificación hidrológica. No modifica las asignaciones ni las reservas existentes ni crea nuevos derechos de uso; solamente autoriza la utilización de las infraestructuras del acueducto para los fines citados. Muchas obras están en este momento en marcha, señorías, y muchas en distintos trámites administrativos, porque somos conscientes de los problemas de déficit hídrico que preocupan no solamente a S.S., no solamente al resto de las señorías del hemiciclo, sino también a todos los españoles que viven en la zona y a los responsables de la política hidráulica del Ministerio de Medio Ambiente de forma muy especial. Como dijo la ministra de Medio Ambiente en su intervención la pasada semana, se trata de conseguir que el agua sea el elemento de ordenación del territorio que necesita nuestro país. Se trata, señorías, de hacer, como lo está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, una política seria y rigurosa, siguiendo unos pasos previamente marcados que nos llevarán al plan hidrológico nacional.
Refiriéndome ya al texto de la moción, señor Chiquillo, en lo que al primer punto se refiere, se solicitan anticipos de los pagos de la PAC, medidas fiscales y moratorias en las cuotas de la Seguridad Social agraria. Señoría, usted conoce que son ayudas que requieren una consulta a los servicios pertinentes de la Comisión, en el primer caso, o la preceptiva autorización del Ministerio de Economía o del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En cuanto a las ayudas a las comunidades de regantes para mejorar los regadíos e inversiones en infraestructuras de regadíos, ni son actuaciones apropiadas para incluir en un real decreto- ley de medidas urgentes, como usted solicita, ni pueden ser objeto de improvisación. Esas medidas deben ser objeto de una planificación rigurosa, como se ha hecho en el borrador del plan nacional de regadíos, horizonte 2008, en el que se han previsto unas inversiones de las administraciones agrarias para consolidación y mejora de regadíos de 251.000 millones de pesetas.
Respecto a las medidas y actuaciones dirigidas a corregir el déficit hídrico en el arco mediterráneo, y especialmente en la Comunidad Autónoma Valenciana, ya he indicado a S.S. las actuaciones que se están realizando en el marco del convenio con la Generalidad valenciana, entre las que pueden destacarse varias. Voy a citarle algunas solamente: el abastecimiento a La Plana de Castellón y a La Marina Baja; la interconexión entre Manises y Picassent, entre Júcar y Vinalopó; la reutilización de aguas depuradas en La Plana de Castellón y en Alicante; la mejora y modernización de los riegos del Camp de Turia, Plana de Castellón, de la Acequia Real del Júcar; la declaración de interés general de la recarga artificial en Vall d?Uxó, Almenara, Moncófar y la regulación de la rambla Cerverola, en Vall d?Uxo.
Creo, señoría, que lo que han afirmado aquí algunos portavoces respecto a que no se está haciendo nada para paliar el déficit de recursos hídricos en la Comunidad Autónoma Valenciana es algo lamentable. Hoy estas afirmaciones producen a veces estupor. Con un mínimo de seriedad, con un mínimo de objetividad, no les queda a ustedes más remedio que reconocer la gran labor, el enorme esfuerzo del Gobierno de la nación para resolver algunos problemas estructurales que se habían convertido en crónicos y que no habían sido resuelto por los anteriores gobiernos en la etapa socialista, cuyo portavoz ahora reclama lo que ellos no hicieron en el transcurso de 14 años porque no pudieron, no quisieron o no supieron hacerlo.
Las posibles decisiones sobre transferencias o trasvases entre ámbitos de diferentes planes hidrológicos de cuenca, son materia -usted lo sabe, señor Chiquillo- de la futura ley del plan hidrológico nacional.
El tercer punto de la moción solicita que se declaren de interés general determinadas obras hidráulicas. La primera de ellas, la modernización de la Acequia Real del Júcar, fue ya declarada en el año 1994 y su licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 25 de diciembre de 1998. Está a punto de ser adjudicada, tiene un presupuesto de 9.690 millones y un plazo de ejecución de treinta meses y se realizará por el modelo alemán. Y respecto a la Acequia de Moncada -y ya nos ha indicado el señor Chiquillo el error que había habido en la transcripción-, solamente tengo que decirle que hay negociaciones del Ministerio para crear una sociedad estatal mercantil al objeto de financiarla.
En cuanto al último punto de la moción, un Pleno extraordinario de carácter monográfico para debatir el libro blanco del agua, creo, señorías, que no conviene abusar de la reiteración. Nos parece importante debatir sobre el libro blanco del agua; se ha debatido en la Comisión del día 27 de abril, se va a debatir mañana en la interpelaciónde Izquierda Unida, se puede debatir nuevamente, si quieren ustedes, con carácter monográfico en una Comisión, pero nos parece que no es adecuado un Pleno extraordinario para ello.
Termino, señorías, indicando, como se habrá podido deducir de mi intervención, que mi grupo parlamentario va a votar negativamente el texto de la moción. Pero quiero resaltar ahora el enorme esfuerzo que está haciendo y que va a seguir haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para corregir ese déficit hídrico en el Comunidad Autónoma Valenciana y en todo el arco mediterráneo, que es el motivo de esta moción. En definitiva, para el Gobierno de la nación, para el Ministerio de Medio Ambiente, se trata de resolver los grandes problemas estructurales que anteriores gobiernos no pudieron hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora De Lara.
Tiene la palabra el señor Chiquillo, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas al texto de su moción.


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El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones de todos los representantes de los grupos parlamentarios, porque creo que la cuestión es importante y delicada y que todas las posiciones tienen su justificación. Espero que se haya entendido cuál es la intencionalidad de la iniciativa de Unió Valenciana y pido la comprensión y su apoyo al texto.
Como ha dicho la diputada de Izquierda Unida, lo mejor ...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No entre ahora ni siquiera en subrayar. Diga simplemente si acepta o no.


El señor CHIQUILLO BARBER: Sólo iba a hacer referencia a la intervención de la diputada de Izquierda Unida en el sentido de manifestar que no acepto ninguna de las enmiendas y a solicitar de la Mesa -no me ha dejado usted terminar lo que iba a expresar- que se realicen las votaciones punto por punto, con la precisión de que en el segundo punto se haga una votación separada del primer párrafo y del último párrafo, referente al caudal ecológico del río Segura, por ese trasvase del Tajo al Segura, que garantice un caudal ecológico mínimo y permanente de cuatro metros cúbicos por segundo. En total serían cinco votaciones, porque no aceptaré ninguna de las enmiendas que se han presentado en la tarde de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL PACTO DE TOLEDO Y SOBRE LOS EQUILIBRIOS PATRIMONIALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000143)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tal como ha indicado antes el señor presidente, la votación de las tres mociones se hará al final del debate de la última de ellas.
En consecuencia, vamos a pasar al debate de la moción del Grupo Socialista sobre la situación y perspectivas de las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo y sobre los equilibrios patrimoniales del sistema de la Seguridad Social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, decíamos hace 15 días, en la interpelación que el Grupo Socialista dirigió al Gobierno sobre los incumplimientos que estábamos observando en el Pacto de Toledo, que era para nosotros de vital importancia, incluso para defender nuestro modelo constitucional y nuestro modelo de sociedad, que esas recomendaciones que entre todos convinimos en la primavera de 1995 se llevaran efectivamente a término, que era muy importante para el Grupo Socialista pues habían transcurrido cuatro años y no nos habíamos reunido nunca, a pesar de que en un turno en el que no me cupo réplica se arguyeron argumentos mezclando lo que eran reuniones con los sindicatos con las reuniones con los partidos firmantes de aquel pacto. No habíamos tenido nunca la ocasión de pasar revista a estas cuestiones y desde los bancos socialistas les decíamos que les extendíamos una mano generosa para reconstruir ese consenso porque lo estimábamos de la mayor importancia. Y no puedo ni siquiera imaginar, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, que en el trámite que nos ocupa hoy, que es el de presentar las mociones consecuencia de esa interpelación, mociones que no son otra cosa que Pacto de Toledo, que esta tarde pueda ser cerrada la puerta al diálogo que abrimos la semana pasada. No puedo ni siquiera imaginar que, en un contexto como el que nos reunió hace cuatro años y en una ocasión como la actual, en la que al Grupo Socialista sólo le mueve volver a rehabilitar lo que hoy está moribundo, lo que hoy está verdaderamente roto por las acciones y por las omisiones del Gobierno, puedan ustedes dejar pasar esta oportunidad de reconstruir el consenso.


En este sentido -y como no tendré ocasión de réplica-, me gustaría al menos solicitar de la honestidad intelectual de quien me conteste que no caigan otra vez en ese ritornello permanente de, en lugar de entrar a fondo en las cuestiones que se les plantean, argüir con falsas razones. No se trata en este momento, señores del Grupo Popular, de que discutamos, por ejemplo, si ustedes entienden que las cotizaciones o la bonificación a las cotizaciones es oportuno o no es oportuno que se financien con cotizaciones sociales o con impuestos, o que los complementos de mínimo tengan ésta u otra naturaleza. No se trata, señores del Grupo Popular, de que discutamos nada. Les estamos reclamando el voto para que cumplan ustedes lo que está firmado.
Imaginamos que algunas de las cosas del Pacto de Toledo, como nos ocurre a nosotros, no serán de su plena y total autoría, incluso tendrán dificultades teóricas para asumirlo; pero precisamente firmamos el Pacto de Toledo para ser cumplido en su totalidad y, por tanto, no es momento de discutir la oportunidad, la idoneidad ni la opinión que tengamos unos u otros grupos. Se trata, simplemente, de que estemos disponibles para cumplir lo que entre todos firmamos. No hay ningún consenso que construir entre nosotros en ese sentido, no hay nada que discutir. Es el momento de acometer lo que se firmó en el Pacto de Toledo y que está sin hacer en más del 70 por ciento de su literalidad. Por tanto, señorías, no hay que ir por ese camino de confundir a la opinión y mucho menos de mezclar lo que fue el acuerdo de su Gobierno con los sindicatos y lo que fue el acuerdo de su Gobierno con el Parlamento. Bien podría ocurrir -y le dejo la interpretación más favorable- que ustedes hayan cubierto al cien por cien el acuerdo con los sindicatos; sinembargo, tienen ustedes sin cumplir al 60 por ciento el

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acuerdo que tienen con el Parlamento. No vuelvan ahora -en el turno en el que no tendré réplica- a confundir las citas, a volver a confundir los cumplimientos del acuerdo con los sindicatos con los incumplimientos o a tapar con esos cumplimientos los incumplimientos que tienen con el Congreso de los Diputados.
Señores del Grupo Popular, venimos con una moción que contiene diez puntos constructivos, sacados de la letra y del espíritu del Pacto de Toledo. Nos gustaría esta tarde volver a consensuar estas diez recomendaciones. No son ni siquiera la totalidad de lo que aún queda por cumplir del Pacto de Toledo. Hemos identificado cuatro en un bloque de financiación, que nos parecen las más necesarias; otras dos sobre la estructura del sistema; otras dos sobre la acción protectora del sistema y dos últimas sobre elementos comunes al pacto que nos unió hace cuatro años. Hemos elegido diez que no pueden tener ninguna dificultad en ser votadas por ustedes, porque todas ellas -reitero- no forman parte de un acervo que pueda ser partidario del Grupo Parlamentario Socialista, sino que son literatura del Pacto de Toledo, ocho de los incumplimientos que quedan aún inéditos y por cumplir.
Empiezo por el primero. Queremos que las bonificaciones que se contemplen en el Plan de empleo, para este y sucesivos años, se financien con la fiscalidad general y no con las cuotas que sufragan empleadores y empleados de nuestro país. Señores del Grupo Popular, es la recomendación primera del Pacto de Toledo. Ustedes, y sus socios que les apoyan en este debate, tienen que saber que cuando están financiando las bonificaciones a determinados tipos de cotización, cuando están bonificando esas cotizaciones con cuotas, están incumpliendo el Pacto de Toledo. Y lo saben, porque en él no se distinguió entre cotizaciones del INEM y cotizaciones de Seguridad Social, y donde él no distinguió ustedes no tienen autoridad moral para distinguir. Por tanto, ustedes deberían votar esto porque es recomendación número uno del Pacto de Toledo.
En el segundo punto decimos que con los excedentes de ingresos por cotizaciones sociales que haya en relación con el gasto contributivo se proceda a constituir reservas en los presupuestos de la Seguridad Social para el año 2000. Es la recomendación segunda del Pacto de Toledo, literalmente; incluso en la Ley 24/1997 se decía que antes del año 2000 tenía que estar distinguido lo contributivo de lo no contributivo. Por tanto, en el año 2000, lo que haya de exceso en el segmento contributivo, deben ustedes aplicarlo a las reservas. Esto forma parte del núcleo duro del Pacto de Toledo, de la financiación, y está sin cumplir. Señores del Grupo Popular, no puedo entender que ustedes puedan votar que no a esto porque lo han firmado; ustedes han firmado este acuerdo con nosotros.
Tercer punto, que cancelemos en los presupuestos del año 2000, donde ya tiene que estar distinguido lo contributivo de lo no contributivo, los préstamos que se hubieran destinado a financiar prestaciones no contributivas del sistema. Tratando de contraponer nuestra argumentación de que la Seguridad Social estaba en una situación de equilibrio muy difícil, el señor ministro en una rueda de prensa dijo que el Estado no pasaría a cobrar esos préstamos a la Seguridad Social; cancelémoslo por tanto en los presupuestos del año 2.000. No va a haber ningún problema de orden, como siempre nos arguyeron: que si la convergencia con Europa, que si el Pacto de Estabilidad; no hay ningún problema en asignar a los presupuestos de la Seguridad Social lo que son cargas de la Seguridad Social y dejar en el Estado lo que son cargas del Estado, porque los presupuestos se consolidan y lo mismo da que luzcan los déficit y las deudas en las cuentas de la Seguridad Social que en las del Estado, pero pónganlo ustedes en las del Estado. Eso fue lo que firmaron en el Pacto de Toledo; no les pedimos nada extravagante, sino que cumplan su palabra. En mi pueblo, la palabra dada en un trato significaba más que un papel firmado. Ustedes no sólo han dado la palabra, han votado solemnemente en esta Cámara que antes del 2000 se diferenciarían y que no habría endeudamiento de la Seguridad Social por el tramo no contributivo, y ustedes se están endeudando.
Cuarto punto, que se financien los complementos a mínimos con cargo a la fiscalidad general, dada su naturaleza no contributiva. Señores, es la recomendación primera, es el artículo 1º de la Ley 24/1997. Más allá de lo que diga la legalidad vigente, son los únicos recursos que pueden dar lugar a un cierto margen para la supervivencia en los términos actualmente conocidos del segmento contributivo de la Seguridad Social. Aquí está el único colchón que tenemos en la Seguridad Social, en la correcta definición de la naturaleza no contributiva de esos complementos de mínimos, por tanto espero que ustedes lo voten afirmativamente.


Quinto punto, que se proceda a hacer una propuesta de unificación de la estructura del sistema reduciendo el número de regímenes y logrando la plena homogeneización del sistema público de pensiones.
Han pasado cinco años desde que ustedes firmaron exactamente lo que les acabo de leer; son las recomendaciones sexta y cuarta del Pacto de Toledo. Espero que ya que no las han cumplido ustedes en estos cuatro años, al menos esta tarde las voten favorablemente.
Sexto punto, recomendación octava del Pacto de Toledo, inédita también. Presenten ustedes propuestas que sustituyan parte de las cotizaciones sociales reduciendo éstas para los salarios de baja cualificación y buscando fuentes financieras que sean estables y previsibles en el tiempo.
Señorías, tenemos firmado con ustedes -está en toda la literatura comunitaria, está en la Cumbre de Luxemburgo, está en el Libro Blanco de Delors- la necesidad de sustituir parte de las cotizaciones sociales por otras fuentes de financiación para mejorar el empleo de nuestro mercado de trabajo, para que la Seguridad Social no sea un elemento retardatario o negativo para esas determinadas categorías de trabajadores que encuentran en sus altas cotizaciones una barrera a su capacidad de empleo. Ustedes firmaron esto en el Pacto de Toledo, dijeron que sustituirían parte de las cotizaciones para estos sectores laborales con dificultades de integración en el mercado de trabajo por fuentes de financieros fiscales estables y seguras.No han hecho nada en estos cuatro años, les damos la

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oportunidad de que nos digan que piensan hacer en el futuro lo que no han cumplido en esta legislatura, si volvieran a tener responsabilidades de Gobierno, o al menos que, estando en la oposición, como van a estarlo, seguirán con ese compromiso asumido hace cuatro años. (Un señor diputado: Muy bien.) Séptimo punto, que se equiparen las condiciones de los mínimos en las pensiones de viudedad y orfandad a los requisitos establecidos con carácter general para la obtención del complemento de mínimos.
Señorías, ésta es la recomendación duodécima del Pacto de Toledo.
Ustedes se han jactado de haber hecho una lectura de esta recomendación en virtud de la cual ya tienen complementos de mínimos las viudas menores de 60 años o los huérfanos que están entre los 18 y 21 años. Pero como siempre ocurre en estas cosas que hacen ustedes y su Gobierno, su propaganda no tiene nada que ver con la realidad, es puro cinismo, porque han creado un complemento de mínimos para las viudas menores de 60 años y una pensión de orfandad para los que están entre 18 y 21 años, pero les han sometido a unos requisitos distintos del conjunto de las viudas y de los huérfanos, con la conclusión de que no cobra nadie ese mínimo de viudedad y prácticamente no cobra una pensión de orfandad nadie que no esté en una situación de absoluta y total miseria económica, con la consecuencia de que ustedes han cumplido la letra del Pacto de Toledo, pero no su espíritu. Ustedes son como esos fariseos que nos contaba La Biblia que van presumiendo y jactándose de cosas que son exactamente lo contrario de lo que hacen, porque no han resuelto el problema de las viudas ni de los huérfanos; los maltratan y obligan a las viudas a no tener prácticamente ninguna renta. En el Pacto de Toledo ustedes y nosotros convinimos en arreglar esta situación, cambien ustedes por tanto las cláusulas de esos requisitos exorbitantes y conduzcan la legislación social al conjunto de las recomendaciones que existen para todos los ciudadanos.
Octavo punto -voy terminando-, ustedes se comprometieron a aprobar el reglamento que fijaba la responsabilidad en orden a las prestaciones.
No lo han hecho, señores del Grupo Popular. Saben que es una recomendación literal del Pacto de Toledo. ¿La van a votar esta tarde o van a decir públicamente que ustedes votaron aquello para eliminar un argumento en la campaña electoral pero que nunca tuvieron intención de cumplir ese compromiso? Y no quieren cumplirlo porque la CEOE no les deja que lo cumplan, y no quieren poner negro sobre blanco las responsabilidades de los empresarios que, incumpliendo sus obligaciones de cotización, resultarían ser responsables de las prestaciones causadas. Ustedes están enfeudados con la organización patronal española y no cumplen esta recomendación del Pacto de Toledo, y esta tarde desgraciadamente veremos todos que tampoco votan por el cumplimiento, incluso sin término de plazo.
Por último, señorías, queremos que voten ustedes lo que también dijeron con nosotros en el Pacto de Toledo, que los sistemas complementarios de previsión de carácter libre y voluntario fueran voluntarios y no fueran de mejor tratamiento que las pensiones de la Seguridad Social, porque ustedes están justamente en la posición contraria; de una manera callada, de una manera sibilina, están produciendo transformaciones sustanciales en el sistema fiscal español y están conduciendo a tratamientos más favorables a lo que es la previsión individual, la previsión por capitalización.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, vaya concluyendo, por favor.


El señor CERCAS ALONSO: Concluyo, señor presidente.
Ustedes no sé lo que harán, dónde echarán estas palabras que acaban de oír del portavoz socialista. Es bastante probable que, como saben que esto no va a tener la menor repercusión en los medios de comunicación social, porque ustedes ya se encargarán de que ni La Primera, ni la segunda, ni la tercera hablen para nada de sus incumplimientos, glosen los mítines de su presidente, los mítines de su secretario general, diciendo lo que no hacen y jactándose de aquello por lo que no deberían colgarse nunca medallas; es bastante probable por tanto que mis palabras esta tarde las echen, como siempre han hecho, a la basura, a la papelera.
Pero ustedes, señor del Grupo Popular, tienen que saber que, aunque esta tarde nos ganen porque tengan más votos, no tienen razón.
Ustedes están poniendo en una situación crítica a la Seguridad Social, haciendo oídos sordos a nuestras recomendaciones, a propuestas positivas, constructivas como las que esta tarde les hacemos; su visceralidad, su sectarismo lo están oponiendo a sus obligaciones asumidas solemnemente en la Cámara. Eso, señores del Grupo Popular, tendrá, posiblemente a corto plazo, un precio relativamente pequeño, dada la manipulación que ustedes realizan de la práctica totalidad de medios de comunicación social, sobre todo de los de carácter público. Pero, tarde o temprano, se correrán las cortinas de la auténtica situación de la Seguridad Social, y ustedes, al no haber seguido las obligaciones que asumieron en el Pacto de Toledo, colocarán a la Seguridad Social en una situación muy difícil.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, termine, por favor.


El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor presidente.
La van a situar en una posición en la que por fin los españoles tardarán en descubrirlo, pero comprobarán que todas sus apelaciones al diálogo, al consenso, a su compromiso con el sistema público eran única y exclusivamente reclamos publicitarios. Pero a ustedes nunca les importó el sistema de protección social, nunca les importó el Pacto de Toledo, firmaron para eliminar un argumento en la campaña electoral. Dicen que están cumpliendo, pero no están cumpliendo porque no les interesa consolidar para el futuro el sistema público de pensiones; pero, tarde o temprano, los españoles se darán cuenta de esto y les pondrán a ustedes en el lugar que se merecen.
Esta tarde les voy a dar la oportunidad de que no seaasí, pero desgraciadamente he estado muchos años en esta

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Cámara y he descubierto que el valor de la palabra y de los compromisos de la derecha no son absolutamente nada porque ustedes, salvo el poder, no tienen interés en ninguna otra cosa.
Nada más y muchas gracia. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cercas.
A la moción defendida por el señor Cercas, se han presentado dos enmiendas, la primera de ellas del Grupo Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, uno de los logros más importantes de la anterior legislatura fue, sin lugar a dudas, el Pacto de Toledo. Hubo otros, no menos importantes, por ejemplo, el Código Penal; eran normas, instrumentos que respondían a gravísimos problemas, a graves necesidades de nuestra sociedad y en relación con los cuales la mayoría parlamentaria de la anterior legislatura consiguió un amplio diálogo y finalmente un importante consenso que justificaron la aprobación de dichas normas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En esta legislatura el Pacto de Toledo comienza con buen pie. El día 25 de junio el Pleno del Congreso acordó la creación de una ponencia en la Comisión de Presupuestos que tendría por objeto el seguimiento y recibir la información de las medidas que el Gobierno propusiera en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pacto de Toledo. Esto ocurre el 25 de junio. Desgraciadamente muy pronto se tuerce el camino. Al día siguiente, la Presidencia de la Cámara dicta una resolución, en relación con las ponencia o las subcomisiones, y en su aplicación el día 2 de julio la Mesa de la Cámara acuerda que, en contra de lo que se decía en aquella resolución, la misma afecta a esta ponencia, que había sido creada con anterioridad, le señala un plazo exótico y extraño de seis meses de duración y, finalmente, la propia Mesa de la Cámara declara extinguida dicha Comisión el 25 de febrero. Como consecuencia y desde ese momento, todas las decisiones que adopta el Gobierno en relación con el Pacto de Toledo no son consultadas, ni informados en modo alguno el resto de los firmantes de dicho pacto, los otros grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Ésta es la realidad, señores de la mayoría del Gobierno. Esa realidad es ciertamente un incumplimiento flagrante de todo el espíritu, cuando no de la letra del Pacto de Toledo. Esa ausencia de información y de consenso requerido por el Pacto de Toledo para su desarrollo hemos tenido ocasión de vivirlo en esta Cámara en reiterados momentos y con medidas concretas. Por citar algunas de las más significativas, me permito mencionar inicialmente la modificación por el Gobierno mediante una resolución extraña y finalmente mediante un real decreto-ley del tema de las jubilaciones anticipadas. En ese sentido van las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en reclamación de complementos por mínimos a miles de pensionistas de nuestro país.
Bajando a un terreno más concreto, este diputado, en relación con actuaciones ejecutadas a instancia del mismo, tiene ocasión de recordar que en abril de 1998, hace más de un año, la Comisión de Política Social y Empleo encargaba al Gobierno un estudio sobre la revalorización periódica de las lesiones permanentes no invalidantes.
Hace escasamente dos semanas el Gobierno contestaba que ese estudio estaba sin efectuar. Ha transcurrido más de un año. Hace prácticamente el mismo tiempo, el Pleno de esta Cámara acordaba en una moción que el Gobierno debía equiparar el plazo de prescripción de las deudas sociales con las deudas fiscales. Ha transcurrido más de un año y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese terreno. Ésta es la realidad, señores de la derecha.
Ustedes han desarrollado el Pacto de Toledo al margen de los restantes grupos parlamentario, sin contar con ellos e incluso cuando iniciativas de esos grupos parlamentarios han obtenido mayoría en la Cámara han sido desatendidos por ustedes. Es verdad que en desarrollo del Pacto de Toledo ustedes han llevado a cabo algunas actuaciones, algunas de ellas incluso de acuerdo con los agentes sociales; pero no es menos cierto que eso no es el cumplimiento pleno del Pacto de Toledo que requería el acuerdo con los agentes sociales y también con los grupos políticos. Debía existir el acuerdo, como ha tenido ocasión de recordarles el interpelante socialista, en el desarrollo de todo el Pacto de Toledo, no sólo en aquello que les interesa a ustedes o a los grupos sociales a los que representan, dejando sin desarrollar aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo que todos acordamos que tuvieran lugar, por ejemplo, el tema de la responsabilidad empresarial.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ha de concluir.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino en seguida, señor presidente. Ésa es la realidad, y esa actuación de ustedes, de la mayoría actual de la Cámara, ha dado lugar a que como lógica reacción los grupos de la oposición hayan planteado también actuaciones unilaterales, que no han tenido ningún éxito en esta Cámara por la oposición de ustedes, aunque se ajustaran plenamente al espíritu y a la letra del Pacto de Toledo.
Creo que es el momento de reflexionar sobre a dónde nos lleva este camino, y desde luego no nos lleva a buen puerto; quebrar el espíritu y en muchos casos la letra del Pacto de Toledo no es bueno; es necesario y urgente recuperar el diálogo y el consenso. Es por esa razón por lo que en la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo Socialista pedimos que el punto décimo se convierta en el punto primero. Inmediatamente tienen que celebrarse reuniones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, y en ellas habrá que abordar los temas que se plantean en la moción del Grupo Socialista. Nos parece que es imprescindible repetir de nuevo el camino que hicimos en el Pacto de Toledo: previamente el diálogo, la discusión, el trabajo conjunto y, finalmente, por ese camino saldrá un buen resultado.


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Continuar, como hacen ustedes hasta ahora, ejecutando el Pacto de Toledo en función de sus ideas, de sus intereses o de los grupos sociales que representan, no es el camino del Pacto de Toledo ni por el que apostamos todos.
Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
También ha presentado una enmienda, como se anticipó, el Grupo de Izquierda Unida, para la que tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, decía el portavoz del Grupo Popular en el pasado debate que Izquierda Unida es coherente en este tema más allá de su desacuerdo frontal con nuestras posiciones, y es verdad. Precisamente es de dicha coherencia de donde derivan nuestros acuerdos con los puntos expresados en la moción del Grupo Socialista, así como también algún desacuerdo y, por tanto, nuestras enmiendas.
Estamos de acuerdo, por ejemplo, con el punto primero, porque siempre hemos sido partidarios de que las políticas activas, el dinero que el Estado da a los empresarios para crear empleo o para hacerlo más estable, sean financiadas con el dinero procedente de los impuestos de la fiscalidad general y no con dinero del INEM o de la Seguridad Social que, digan ustedes lo que digan, es lo mismo. Por ello, hemos denunciado al Gobierno ante el fiscal del Tribunal de Cuentas por su política de trasvases de dinero de prestaciones de desempleo del INEM a políticas pasivas, y por ello nos hemos opuesto al escándalo de que el Gobierno legalizase, mediante decretazo, esta práctica reformando el artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social, como ya vimos hace dos semanas.
En consecuencia, estamos de acuerdo con el texto del punto primero de la moción, que pretende que el Plan de empleo para 1999 prevea que todas las bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social, con las que no estamos de acuerdo, y ustedes lo saben, pero que en cualquier caso existen, como la realidad misma, se financien con cargo a la fiscalidad general, aunque para que esto tuviera virtualidad sería necesario conocer dicho Plan de empleo de 1999, que según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales existe pero que nadie lo ha visto.
Espejismo o realidad, esperamos que este Plan de empleo sea debatido por esta Cámara antes de que finalice el año, aunque ya le quede poco al ministro para cumplir con este rasgo mínimo de talante democrático.
En otro orden de cosas, los puntos dos, tres, cuatro, cinco y décimo proponen que el Gobierno cumpla con otros compromisos del Pacto de Toledo que no ha cumplido, ni siquiera con el regresivo desarrollo legal que impuso en esta Cámara con el apoyo de los grupos parlamentarios que lo sostienen. No ha cumplido con la obligación de constituir el fondo de reservas con los excedentes de ingresos por cotizaciones. Por ello, estamos de acuerdo en que al menos dote este fondo con los excedentes producidos en 1998 y 1999, aunque, desde nuestro punto de vista, hubiera sido deseable que se constituyeran con los de años atrás, pues es dinero procedente de las cuotas de la Seguridad Social, que ha estado financiando cuestiones que debería haber financiado la Fiscalía General y que, en cualquier caso, serían el colchón necesario para garantizar el mantenimiento del sistema.
No ha cumplido con la obligación de cancelar los préstamos que falsamente el Estado ha concedido a la Seguridad Social, aunque de facto haya sido al revés. Lo que debería haber pasado es que ese mecanismo de préstamos, de los mal llamados préstamos, nunca hubiera existido. Pero a esto llegamos tarde. No ha cumplido la homogeneización y unificación de los regímenes especiales y su reducción en dos, por cuenta ajena y propia, pues ni siquiera entró en el acuerdo, ni en las leyes de desarrollo del Pacto de Toledo. Y lo que es más grave, algunos miembros del Gobierno ya hablan de no reconocer a los complementos a mínimos el carácter de prestación no contributiva, con lo que se gravaría de por vida al sistema público de la Seguridad Social con una pesada losa de unos 600.000 millones de pesetas, o quizá no tantos, pero más o menos. Este incumplimiento sería una declaración de guerra al sistema público de pensiones, al sistema de bienestar social, tan dura y precariamente construido en nuestro país, que los sindicatos no van a poder tolerar. Tendrán que movilizarse porque es una auténtica declaración de guerra. A tiempo están señores que sostienen al Gobierno de evitar este tipo de confrontaciones.
En el punto décimo se exige al Gobierno que convoque a los partidos que suscribimos el Pacto de Toledo a realizar un balance de su cumplimiento, pues el mayor incumplimiento -y estoy de acuerdo, tanto con el Grupo Mixto, como con el grupo proponente- con respecto a dicho pacto es haber roto el clima de consenso y los mecanismos parlamentarios que lo apoyaban, hurtándonos a los partidos de la oposición el seguimiento y el desarrollo del Pacto de Toledo.
Respecto a los puntos seis y ocho estamos de acuerdo, pues contienen elementos de mejora formal de los mecanismos de protección de la Seguridad Social y de su régimen de gestión. Pero más allá de la mera reforma, habría que atender a la reforma sustantiva de las pensiones.
Por ello, proponemos en una de nuestras enmiendas que se introduzca un nuevo punto que exija la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, las contributivas, y las no contributivas al 70 por ciento del mismo. Es el objetivo próximo por el que Izquierda Unida trabaja. Hablar del Pacto de Toledo (su revisión, su desarrollo, su reforma) sin hablar de esto, nos parece una especie de burla a los pensionistas. La gente no entiende de nuestras peleas mientras pasa fatigas. Créanme que con la cuantía de la inmensa mayoría de nuestras pensiones la gente pasa fatigas y cada vez le importa menos la palabrería de los que, entre comillas, llaman políticos.
Especial importancia tiene el punto nueve, con el que no podemos por menos que estar de acuerdo, pues siempre hemos creído, y así lo hemos denunciado en esta Cámara y en los medios que hemos podido, que las líneas de actuación del Gobierno han precarizado la cuantía de las pensiones, de prestar asistencia a un buen número de pensionistas...


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El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego vaya concluyendo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Voy acabando , señor presidente, Y todo ello para ir incentivando a un segmento cada vez mayor de trabajadores que ahorren parte de su salarios en los sistemas complementarios privados, para lo que no se ha recatado la derecha en el poder en simultanear ambas medidas: por un lado, empeora las pensiones públicas y, por otro, destina dinero público para incentivar las pensiones privadas. Sólo me resta decir que hemos presentado una enmienda para suprimir el punto seis, pues no estamos de acuerdo con él, para modificar las cotizaciones sociales, bien reduciéndolas o bonificándolas. Creemos que cuando se habla de otros mecanismos de financiación del sistema público de pensiones estables y previsibles, tendría que decirse cuáles son estos mecanismos, qué fórmulas se podrían plantear, porque si no pondremos en peligro la viabilidad del sistema público de pensiones.
Así pues, esperamos que se admitan nuestras dos enmiendas y, en caso contrario, votaremos a favor de todos los puntos, excepto del sexto.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Se han presentado la moción por parte del señor Cercas y las enmiendas formuladas por parte del Grupo Mixto y del Grupo de Izquierda Unida. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) El señor Gómez Rodríguez tiene la palabra.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, con brevedad.
En esta legislatura hay muchos diputados que participaron en aquel Pacto de Toledo, en aquel histórico hito de progreso de la vida social española. Aquí hoy veo a los señores Cercas, Chiquillo y Peralta, y no sé si se me escapará alguno más. Lo cierto es que aquel avance legislativo, que se produjo con un criterio unánime de todos los grupos políticos cuando asumieron en su totalidad el texto de la ponencia y de la Comisión, representó un paso hacia adelante en la adopción de criterios sobre una materia tan delicada como es la social. Hacemos alusión a ese espíritu armónico porque nos parece que la iniciativa que se trae hoy aquí se ha presentado unilateralmente por un respetable grupo político, cuando a Coalición Canaria le hubiese gustado haber estado presente en la firma de esta iniciativa conjuntamente con todos los grupos políticos del arco parlamentario y porque creemos que, cueste lo que cueste, hay que conseguir que se reviva el espíritu de aquel Pacto de Toledo.
También observamos que no se ha hecho alusión a la Ley, aprobada en esta Cámara, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, tampoco a los avances legislativos que se han logrado, ni se ha traído un estudio económico actuarial para estos diez puntos, que son importantes y cuyo desarrollo supone mucho dinero.
No voy a exponer los criterios de Coalición Canaria sobre cada uno de los diez puntos que constituyen la moción, porque portavoces anteriores han hecho alusión a los mismos, y entre ellos quiero distinguir la intervención del estimado señor Cercas, que ha hablado con toda autoridad, aunque yo no esté plenamente conforme con sus criterios. Pensamos que lo que hay que hacer aquí es aprobar el punto décimo, que se proceda a convocar a los partidos políticos que acordaron el Pacto de Toledo, para poder analizar todas estas cuestiones, para conseguir que se reviva aquel espíritu armónico que reinó en los trabajos parlamentarios, para poder así seguir asegurando un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario, de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución española.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.


Señor Campuzano, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo afronta un nuevo debate sobre el Pacto de Toledo y a veces lo hace -y esta vez seguramente más que nunca- desde una posición ingenua o ilusa. Ingenua o ilusa porque entendemos que el conjunto de los grupos políticos de la Cámara -el principal grupo del Gobierno, el principal grupo de la oposición, el Grupo de Izquierda Unida, los grupos Catalán, Canario, Vasco y Mixto- comparte unos principios fundamentales: el entendimiento de que el sistema público de pensiones es un valor a defender y, por tanto, el de que el conjunto de políticas públicas que orientemos en esta materia debe tener como norte su mantenimiento, reforzamiento y modernización.
El entendimiento de que compartimos estos principios, valores y métodos es lo que nos obliga a buscar en sede parlamentaria fórmulas políticas que nos permitan avanzar. Llevamos ya tres años de legislatura y se ha producido un desarrollo importante de los contenidos del Pacto de Toledo en una línea positiva, pero nos encontramos instalados hoy en un debate parlamentario y fundamentalmente en un debate social en el que se pone de manifiesto una discrepancia radical entre los principales grupos de la oposición y el Gobierno y los grupos que prestamos apoyo parlamentario al Gobierno.
Nos parece que, más allá de esas discrepancias que puedan existir, en la medida que compartimos lo esencial, deberíamos ser capaces de encontrar las fórmulas políticas que nos permitan avanzar. Entendemos que el contenido y quizás la forma, porque el señor Cercas ha hecho una intervención formalmente impecable, tan sólo discreparíamos de su análisis final que no deja de ser apocalíptico, nos podrían haber permitido avanzar en esa necesidad que también compartimos: en el año 2000, el nuevo Congreso deberá convocar una ponencia de desarrollo del Pacto de Toledo como fórmula para actualizarlo.
Es evidente que, a través de los planteamientos que se derivan de la moción, no es éste un instrumento realmente político para que el Gobierno, los grupos que apoyamos al Gobierno y el Grupo Socialista podamos construir este consenso;lo lamentamos. El señor Cercas, uno de los diputados

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veteranos de esta Cámara, sabe que esta fórmula no es la que permite crear este espacio de consenso. Por eso nuestro grupo parlamentario deberá votar en contra.
También queremos anunciarle que hoy mismo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado en el registro de la Cámara una petición de comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social ante la Comisión de Política Social y Empleo para hacer una valoración exhaustiva del desarrollo del Pacto de Toledo.
Nos parece que deberíamos plantear en la Comisión de Política Social y Empleo un debate a fondo, monográfico, sobre la aplicación del Pacto de Toledo.
Creemos que hay oportunidades. El ciclo económico es positivo y debe permitirnos avanzar en tres líneas fundamentales: en la construcción de reservas, mandato del Pacto de Toledo hoy incumplido; en la mejora sustancial de las pensiones más bajas, sobre las que en esta legislatura se han producido avances, pero quedan lógicamente lejos de las expectativas que estoy seguro de que todos compartimos; y en el avance en una cuestión que entendemos que es polémica con Izquierda Unida, pero que hoy, por la intervención del señor Cercas, vemos que compartimos, que es la reducción selectiva de las cuotas de la Seguridad Social a aquellos colectivos y trabajos de baja intensidad, en la línea de lo que ha apuntado desde siempre el Libro Blanco de Delors.
Nos parece que, en previsión de la redefinición del Pacto de Toledo en la próxima legislatura, hoy podemos empezar ya a discutir sobre estas líneas partiendo del análisis de lo que se ha hecho en esta legislatura y que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte. Convergència i Unió se puede plantear también cuestiones que en la legislatura anterior guardó en el cajón; por ejemplo, propusimos el debate sobre el proceso de descentralización de la Seguridad Social. Sabemos que ahí no compartimos criterios con el Grupo Parlamentario Popular ni con el Grupo Socialista, pero entendemos que, en esta línea de reflexión global, puede ser el momento para volver a poner encima de la mesa esta cuestión.
Esperamos que la comparecencia del secretario de Estado, si existe voluntad del Gobierno, se convierta en un instrumento que nos permita reconstruir el consenso político porque creemos que en el fondo coincidimos. A este portavoz le hubiese gustado que, en lo que seguramente será la última intervención del señor Cercas en el Pleno de esta Cámara, hubiésemos aprobado una moción por unanimidad de todas las fuerzas políticas, lo que hubiese puesto un broche final excelente a una brillante trayectoria parlamentaria. Seguramente tendremos oportunidad de hacerlo en algún momento de nuestro historia personal y colectiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
El señor Camps viene rápidamente hacia la tribuna supongo que con deseo de intervenir. Adelante.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, permítame que suba a esta tribuna en deferencia hacia el portavoz del grupo proponente por si es la última ocasión que tenemos de debatir. Aunque lo hemos hecho prolijamente durante esta parte de legislatura sobre la materia de Seguridad Social, deseo que sea un pequeño homenaje, en este caso personal, hacia don Alejandro Cercas, con la lástima o con la pena, como han dicho algunos otros grupos, de que no pueda ponerse un broche de oro a este debate con un amplio consenso de esta Cámara en una materia tan sensible como es la de nuestro sistema de protección social, la del Pacto de Toledo.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular el Pacto de Toledo no está moribundo -se ha utilizado esa expresión desde la bancada de la izquierda-, está más vivo que nunca, está más presente que nunca.
¿Nosotros estamos dispuestos a acometer su evaluación, su seguimiento, su cumplimiento? Sí, completamente dispuestos. ¿A seguir desarrollando? Completamente dispuestos. ¿A hacerlo en la forma y manera que algunos pretenden? No.
Resulta paradójico -y algún otro grupo de la oposición como el Grupo Mixto lo ha hecho constar así- que se nos niegue a nosotros lo que parece que se afirma positivamente para otros. Si este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos de esta Cámara ha traído aquí proposiciones de ley, proyectos de ley, medidas legislativas que han contado con un amplio apoyo y se han aprobado y hoy parece que esa no era la manera, tampoco deberá serlo la moción consecuencia de interpelación urgente que hoy nos presenta algún grupo de esta Cámara. Si aquella no era la forma adecuada, tampoco lo debe ser ésta. Si aquella sí que era una buena forma de hacerlo, también podría serlo ésta. Pero desde luego que no puede ser una buena y otra mala según quien sea el grupo proponente que traiga las medidas a la aprobación de esta Cámara.
Créame, señor portavoz del Grupo Socialista, que esperábamos ansiosos la moción consecuencia de interpelación urgente. No quisimos acordarnos del «Diario de Sesiones». Reconocemos la vehemencia de S.
S. en la exposición verbal y, por tanto, nos olvidamos de las expresiones hasta ese momento vertidas en esta Cámara en esta materia, incluso el desafortunado discurso del último día donde S.S.
acabó diciendo que derogarían todas las normas de Seguridad Social que este Gobierno había acometido en los últimos años. Queríamos olvidarnos de aquello y atender solamente a lo escrito, al texto de la moción, a lo que el Grupo Socialista fuera capaz de plasmar negro sobre blanco y con ocasión de ello pudiéramos pronunciarnos todos los grupos de esta Cámara, pero verdaderamente, tenemos que decirlo así, nos han defraudado. Creíamos que era posible reconducir un consenso que algunos dicen roto, otros creemos que no, pero que siempre, al menos su espíritu, está flotando sobre todos los grupos de esta Cámara, y con textos como el que nos ha presentado el Grupo Socialista es muy difícil llegar a ello.
Piense por un momento, señor Cercas, que hoy va a conseguir el Grupo Socialista tener el máximo apoyo del Grupo de Izquierda Unida que fue el primer grupo que estuvo en contra de las líneas de desarrollo del Pacto de Toledo, cuando ahí sí que mayoritariamente estábamos de acuerdo su grupo y el mío. Hoy en cambio va a ser su

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grupo el que va a contar con el máximo apoyo de Izquierda Unida en contra de los grupos con los que ustedes estaban de acuerdo al inicio de esta legislatura. Parece que no son otros grupos los que se han movido de sitio, sino que es el Grupo Socialista el que se ha movido en esta ocasión de sus planteamientos.
Les tenemos que pedir -y se lo decimos responsablemente- que sean ustedes capaces de volver a esa línea de oposición constructiva que tuvieron al inicio de esta legislatura y abandonen esa línea de oposición -permítamelo- más irresponsable, más demagógica que han ejercido en este último tramo de legislatura. Creemos que vale la pena intentarlo y además nuestros mayores, los pensionistas de este país, se lo agradecerán muy vivamente. No vamos a jugar con la dignidad de ellos, dejemos de hacerlo, dejémosles tranquilos y seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que verdaderamente les atañe a ellos y a todos los que algún día queremos ser pensionistas en este país.
Señorías -y no voy a entrar pormenorizadamente en cada uno de sus puntos-, la moción que han presentado es incoherente, pero además es incoherente con su propia actitud, y no sólo con su actitud de pasado cuando eran Gobierno, con eso choca frontalmente, aunque hoy no estamos aquí para hablar de pasado, estamos para hablar de futuro. Es incoherente con su propia actitud de oposición en esta Cámara. En su moción traen hoy a aprobar por esta Cámara puntos que ustedes han votado en contra en esta misma legislatura, sin ir más lejos, el tema de los complementos a mínimos, ya que votaron una cosa distinta cuando lo desarrollamos en la Ley de consolidación y racionalización y en cambio hoy proponen otra muy diferente. Traen puntos en su moción sobre los que se han manifestado en contra en esta propia Cámara, como la cancelación de préstamos a la Seguridad Social. Y mire que no le estoy diciendo que ustedes los inventaron, que ustedes los han practicado, que ustedes pusieron las fechas de amortización y que ahora de repente los quieren cancelar; no, les estoy diciendo que en el debate de la Ley de consolidación y racionalización llegaron a la conclusión, junto con otros grupos de esta Cámara, de que tendríamos que hablar de cancelación de préstamos, que tendríamos que hablar de financiación de complementos a mínimos cuando se separaran definitivamente las fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social y que eso tenía que producirse en el año 2000, no en el año 1998 ni en el año 1999. Y sabe S.S. que hasta este momento el proceso de separación se está produciendo a un buen ritmo o al ritmo deseado, a lo mejor no tan rápido como algunos grupos querrían, pero sí desde luego a un ritmo totalmente acorde con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este año ya no se financia un duro de la sanidad con cotizaciones sociales; el año que viene no se financiará un duro de asuntos sociales con cotizaciones sociales. Estaremos entonces en condiciones de discutir lo que pusimos en la Ley de consolidación y racionalización respecto a los complementos a mínimos y de discutir también sobre la cancelación de los préstamos a la Seguridad Social.
Por tanto, evidentemente, su moción tiene falta de rigor y es incoherente con lo que ustedes han dicho y han votado en esta Cámara, aunque sí que es cierto que en otros puntos se podría haber llegado a coincidencias con el resto de los grupos.
Señorías, si bien es cierto que la Seguridad Social -y valga el símil- no es en estos momentos la mejor posible, tendrán que reconocer SS.SS. con nosotros que en estos tres últimos años se ha avanzado en la materia objeto de este debate; tendrán que reconocer que en estos tres últimos años no ha habido un retroceso, sino un avance en las medidas que se han adoptado y tendrán que reconocer que además esas medidas se han adoptado de acuerdo con los agentes sociales y sobre todo con los sindicatos. Hoy algún grupo ha dicho que el Gobierno del Partido Popular era rehén de la patronal en sus incumplimientos; en todo caso seremos rehenes de los acuerdos a los que llegamos, principalmente con los sindicatos de este país, pese a quien le pese. Durante tres años no ha habido una sola medida que haya contravenido ni la letra ni el espíritu del Pacto de Toledo, que además se ha desarrollado de acuerdo con los agentes sociales y en beneficio principalmente de los más desfavorecidos de este país.
Hoy la mejor garantía para el sistema de Seguridad Social, señorías, es que hay más de 1.200.000 nuevos empleos en este país y el récord histórico de más de 14 millones de afiliados a nuestro sistema. Esa es la verdadera garantía para nuestro sistema de Seguridad Social y no muchos de los puntos que se recogen en la moción que nos presentaba el Grupo Socialista. Porque hoy, señorías, nuestro sistema de Seguridad Social es mucho más solidario y mucho más seguro que hace tres años, es mucho más solidario y mucho más seguro que hace cuatro años cuando firmamos los pactos de Toledo. Porque si no es así, señorías, cómo es posible que pueda venirse a esta Cámara a decir que el sistema puede tener dificultades financieras, pero traen todas las proposiciones con aumento de gasto o con disminución de los ingresos; cómo es posible que si se entiende el sistema mucho más vulnerable financieramente, discutamos semana tras semana en esta Cámara proposiciones que vienen desde la oposición en las que nos piden aumento de prestaciones del propio sistema. Sencillamente ello es posible, señorías, porque ni siquiera quien hace esas afirmaciones se las cree; ello es posible, señorías, porque saben que el sistema de Seguridad Social hoy es más seguro, está más consolidado que hace tres años y hoy podemos discutir de otras cosas que no sean su pervivencia a futuro.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Camps, por favor.


El señor CAMPS DEVESA: Termino, señor presidente.
Hace cuatro años tuvimos que sentarnos alrededor de una mesa para firmar el Pacto de Toledo porque estaba en peligro la pervivencia de nuestro sistema de Seguridad Social. Hoy discutimos sobre cómo aumentar las prestaciones de ese sistema. El debate es muy distinto y en el fondo el sustrato del mismo es la consolidación del sistema que algunos no quieren ver. Por tanto, no hagamos debates demagógicos, no hagamos debates electoralistas, no hagamos debates irresponsables.
Evaluemos, hagamos seguimiento,veamos el desarrollo del Pacto, seamos capaces

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de seguir haciéndolo, hagámoslo toda la Cámara en su conjunto. Cuando no estemos de acuerdo, sigamos discutiendo y donde lleguemos a puntos de coincidencia, desarrollémoslos, y hagámoslo, además, con los agentes sociales, pero en la línea que hasta ahora se ha venido haciendo, en la línea que ha permitido que nuestros pensionistas ganen más de 300.000 millones de poder adquisitivo en estos últimos tres años, en la línea que ha permitido a viudas y huérfanos mejorar sus prestaciones comparadas con las que tenían hace tres años, en la línea que ha permitido luchar contra el fraude y la morosidad, en la línea que ha permitido seguir el proceso de separación de fuentes, en la línea que ha permitido, al fin y al cabo, que nuestro sistema de Seguridad Social hoy sea más seguro y más solidario que el que nos encontramos.
Acabo, señor presidente, diciendo que tengan tranquilidad, señorías de los grupos de la oposición, porque cuando la confianza de los españoles otorgó al Gobierno del Partido Popular la posibilidad de gobernar en este país nos encontramos con una Seguridad Social deficitaria, sí, pero que aceptamos como nos venía, no a beneficio de inventario. Sin embargo, fuimos capaces de recogerla tal como nos la dejaban, no derogamos absolutamente ninguna de las normas con las que recibíamos la Seguridad Social y fuimos capaces de empezar a acometer, con los agentes sociales y con la mayoría de los grupos de esta Cámara, el desarrollo de aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo, hoy en su mayoría o cumplidas o iniciadas en su cumplimiento.
Fuimos capaces de aquello y si en algún momento los españoles deciden que esa confianza ha llegado a su fin, que tienen que ser otros grupos de esta Cámara los que han de desarrollar labores del Gobierno, y por si son ustedes, señores del Partido Socialista, los que tienen que recoger ese testigo en un momento determinado, empiecen a contribuir a ello para que verdaderamente merezca la pena decir que esa Seguridad Social que ustedes nos dejaron, que devolveremos más solidaria y más segura, la hemos construido entre todos.
Aún están a tiempo de retirar la moción que hoy han presentado en esta Cámara y de volver a recuperar ese discurso de oposición más constructivo de inicio de legislatura, para el que les votaron más de nueve millones de españoles, porque estoy seguro de que si son capaces de reflexionar y volver a la senda constructiva del Pacto de Toledo, millones de pensionistas en este país se lo agradecerán.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
Señor Cercas, el señor Camps ha utilizado la tribuna con esa intención tan claramente expresada al comienzo de sus palabras, deseándole el máximo éxito en su futura andadura en otros ámbitos parlamentarios, a lo que quiero también sumarme antes de que S.S.
tenga la intervención final en aceptación o rechazo de las enmiendas.
Adelante.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión por partida doble, por darme la palabra por última vez en este Congreso de los Diputados y por estas amables palabras que me ha dedicado. Antes de proceder, como manda el Reglamento, a decir si acepto o no las enmiendas que se han presentado, permítame que sea la última vez que lo conculque y que dedique diez segundos a agradecer también palabras similares que he recibido de otros portavoces. Quiero aprovechar este brevísimo turno también para pedir excusas si en alguna ocasión me he excedido por la vehemencia de mi carácter en mis exposiciones. Quiero que sepan que, de todas maneras, esa vehemencia responde a que tengo cada vez menos cosas en las que creer, pero en las que sí creo muy profundamente. Una de las cosas en las que creo con mayor profundidad es en que yo no tengo enemigos políticos, he tenido adversarios en mi andadura parlamentaria, jamás enemigos y nunca les he tenido como tal, y espero que no sea sólo algo personal sino colectivo, del conjunto de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señores diputados.
Es decisión de nuestro grupo, en primer lugar, no retirar la moción, lo siento mucho, señor Camps, porque nos parece que sería retirar el núcleo del Pacto de Toledo. Queremos que se vote en la Cámara, así como que se vote punto por punto, porque vamos a mantener nuestro criterio en la recomendación sexta y ya tendrá ocasión Izquierda Unida de votar en contra.
Respecto a las otras cuestiones, como exceden del Pacto de Toledo, queremos simplemente que se mantengan los puntos de nuestra moción y no retiraremos ni modificaremos ninguno porque no queremos ir más allá de lo que ha sido el Pacto de Toledo, no porque estemos en disconformidad con lo que plantea el diputado de Izquierda Unida ni con el diputado de Nueva Izquierda, pero queremos saber esta tarde en qué puntos nos mantenemos todos en el espíritu y la letra del Pacto de Toledo y en cuáles divergimos.
Dicho esto, señor presidente, que sean todos ustedes muy felices y nos veremos en otras ocasiones, que espero que sean para bien de todos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Estoy seguro que se lo deseamos todos a su señoría. Muchísimas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE DISMINUYA EL PRECIO DE LA VIVIENDA, DE MANERA QUE SE PUEDA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 173/000144)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, finalmente, a la tercera de las mociones presentadas, en este caso por el Grupo de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar para que disminuya el precio de la vivienda, de manera que se pueda acceder a una vivienda digna en los términos que establece la Constitución.
El señor Fernández tiene la palabra.


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El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Voy a pasar a defender la moción que presenta a esta Cámara Izquierda Unida, pero permítame que previamente haga algún comentario y alguna reflexión sobre el debate que se produjo el día 28 como consecuencia de la interpelación de mi grupo, debate del que nosotros sacamos una conclusión bastante clara, y es que el Gobierno y el partido que sustenta al Gobierno se han cerrado en la defensa de unas posiciones monolíticas y no quieren ver ni conocer si existen políticas alternativas a lo que están haciendo en torno a la vivienda. A nosotros nos parece que lo mismo que en medicina existen distintos remedios para curar las enfermedades si el diagnóstico es bueno, también en la política de la vivienda debieran existir, y existen, distintos mecanismos para afrontar esta situación que nosotros entendemos que es anómala. El Partido Popular, en cambio, para resolver el acceso a la vivienda, el grave problema que padecen las capas sociales con menos poder adquisitivo de este país, sólo está confiando en una receta milagrosa, y es la receta del mercado, que sean los empresarios los que resuelvan y los que se ocupen de este asunto. No son capaces de ver que la labor del empresario no es una función social; no son capaces de ver que el empresario se limita a construir viviendas, a venderlas al mejor precio posible y que, por lo tanto, las medidas correctoras les toca introducirlas al Gobierno, a las comunidades y a los ayuntamientos para facilitar el acceso a la vivienda.
Nosotros en la interpelación apuntábamos algunos hechos que creemos que son totalmente evidentes. El primero es que el precio de la vivienda ha subido espectacularmente en 1998, un 7,43 por ciento, y que con toda seguridad va a seguir subiendo en el año 1999, incluso por encima de esta cifra. También apuntábamos que se construye un número de viviendas con ayudas públicas insuficiente y que el Gobierno desconoce la necesidad real que existe de vivienda pública porque no tiene datos fiables de demanda en rentas inferiores a los 5,5 millones de pesetas, que es lo que establece el Plan de la vivienda. También constatábamos que la subida del 7,43 por ciento en el precio de la vivienda no está justificada ni por el incremento de la mano de obra ni tampoco por la subida del coste de los materiales.
Hay un dato que a nosotros nos parece importante resaltar, y es que la demografía está estancada. Sin embargo, entre el año 1997 y 1998 ha habido 832.000 visados de viviendas y es probable que en 1999 se visen en torno a 400.000. Por lo tanto, lo más probable es que el auge de este sector obedezca simplemente a una demanda muy fuerte motivada por el sector inmobiliario, que es un buen refugio para el dinero y sobre todo para los capitales opacos.
No tiene lógica que el ministro de Fomento, el señor Arias-Salgado, y el Partido Popular estén manteniendo que no hay suelo para edificar.
Si constatamos que en tres años se va a construir un total de 1.232.000 viviendas, esto quiere decir que hay suelo para edificar.
Pero no es solamente eso, es que, como mínimo hay cuatro veces más suelo urbanizable en condiciones de ser urbanizado. Por consiguiente, este no es el problema, es otro. También decía anteriormente que se construye un número de viviendas públicas insuficiente. Si tomamos como buenas las cifras que manejamos en la interpelación, en los últimos años, incluyendo 1999, se van a construir ese número que he dado anteriormente, más de 1.200.000 viviendas, y sólo el 30 por ciento de estas viviendas contará con algún tipo de ayuda oficial. Si tenemos en cuenta que el 80 por ciento de las rentas de trabajo de la población activa no supera los 5.500.000 pesetas anuales, nos encontramos con que un 50 por ciento de la población, señor Ortiz, tiene que recurrir al mercado de vivienda libre, mercado que yo creo que usted conoce bien y que, como sabe, tiene unos precios prohibitivos para este tipo de rentas.
Decía el ministro también en la interpelación que, gracias a la política en materia de vivienda de este Gobierno, el esfuerzo familiar para adquirir este bien tan preciado ha disminuido en un 10 por ciento, es decir, que una familia dedica el 26 por ciento de sus ingresos en la compra de vivienda frente al 36 por ciento de hace unos años. Pero yo creo que éste es un dato que al menos está manipulado, porque en vivienda protegida es totalmente cierto que estas familias tienen que destinar el 26 por ciento de sus ingresos para pagar una vivienda, sin embargo, esto es totalmente irreal en las viviendas libres. En las viviendas libres el esfuerzo de cualquier familia con ese tipo de rentas al que nos hemos referido anteriormente puede alcanzar y alcanza el 40 por ciento de la renta familiar. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que hay es una clara manipulación de los datos, señor Ortiz, porque es imposible que la adquisión de una vivienda libre para rentas inferiores a los 5.500.000 pesetas suponga el 26 por ciento de dedicación de sus recursos. Por lo tanto, creo que habría que hablar con propiedad por lo que decía antes, es decir, porque hay que sacar un diagnóstico claro de cuál es la realidad para saber cuál es la receta a aplicar.
Hoy debatimos esta moción que contiene seis puntos y todos ellos están dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos.
Las medidas que proponemos competen al Estado totalmente, porque no es cierto que el Estado no pueda actuar en políticas de vivienda, es totalmente inexacto lo que se decía aquí hace dos semanas, que el Estado no tiene nada que ver con la vivienda porque son competencias asumidas por las comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno sabe perfectamente que, a través de los distintos planes de vivienda estatales, se ayuda a estas rentas bajas a adquirir una vivienda.
El primer punto que proponemos es que los suelos de propiedad de diversos organismos públicos que estén desafectados se destinen a la construcción de vivienda pública o vivienda que contenga ayudas públicas en un porcentaje no inferior al 50 por ciento. El motivo de esta propuesta es que el enorme patrimonio de suelo de los organismos públicos -SEPI, Defensa y demás organismos públicos- ayudaría con toda seguridad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a promocionar viviendas de protección. Recuerden SS.SS. que el suelo desafectado en este momento por estos organismos a los que anteriormente mehe referido, alcanza a varios millones de metros cuadrados,

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supone una suma increíble. Si el Gobierno pusiera todo este patrimonio al servicio de políticas de vivienda, seguramente estaríamos en vías de solucionar este problema. Yo creo que al final es posible que ...


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, ha de concluir.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.
El segundo punto que proponemos es que el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, realice estudios para conocer cuál es la situación no ya solamente del mercado, sino también de la evolución demográfica, de la reposición de viviendas que son necesarias y sobre una serie de conceptos que pueden ayudar al establecimiento de políticas activas de vivienda.
En el tercer punto decimos que se aumenten las partidas destinadas a la construcción de vivienda pública en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 en un 0,2 por ciento sobre el producto interior bruto. Como es conocido, en esta legislatura se ha producido un incremento similar, un 0,2 sobre el PIB, y lo que pretendemos es que en el año próximo subamos otro 0,2 por ciento, para situarnos más cerca de la media europea.
En el cuarto punto hablamos de que se adopten las medidas legislativas necesarias para limitar la deducción por adquisición de vivienda habitual a aquellos contribuyentes cuya base liquidable sea superior a los seis millones de pesetas. No entendemos que el Estado tenga que proporcionar ayudas para conseguir una vivienda, aunque sean indirectas, aunque sean ayudas fiscales, a todas aquellas personas que tienen rentas superiores a los seis millones de pesetas, porque sus posibilidades económicas ya se lo permiten.
En el quinto punto decimos que este ahorro fiscal que se puede producir como consecuencia de esta política fiscal se destine nuevamente al concepto de vivienda.
Por último, en el sexto punto decimos que en las ciudades especialmente afectadas por el problema de la escasez de vivienda el Gobierno lleve a cabo convenios con otras administraciones públicas para adoptar medidas excepcionales de choque. En este caso, nos estamos refiriendo a convenios que ya existen, como, por ejemplo, el que existe con Ceuta y Melilla, como el que ha existido en algunos Presupuestos Generales del Estado con Canarias o incluso con Extremadura.
Al final, lo que estamos proponiendo es que el Gobierno se mueva, que haga todo lo posible por solucionar este problema, que está en la calle, que padecen los ciudadanos, que no es similar al problema de Barajas, donde la gente se junta, se moviliza. Aquí las familias sufren de una manera individual y consideramos que hay que ponerle remedio.
Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Ballesteros.
La señora BALLESTEROS BELINCHÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de hace dos semanas en esta Cámara sobre el precio de la vivienda sirvió para dejar constancia del reconocimiento por parte de todos los grupos que intervinieron, incluso del Gobierno, de la evolución al alza que dicho precio tuvo en 1998, situándose en torno a un 7 por ciento. Coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de tomar medidas encaminadas a evitar las previsiones de subida para el presente año. Por otro lado, y dada la respuesta que en el debate obtuvimos del Gobierno y de su grupo, pudimos observar que siguen empecinados -por utilizar la misma palabra que el portavoz popular- en sus posiciones. Siguen llamando intervencionismo al propósito de compatibilizar la ley del mercado con los mandatos constitucionales. Fíjense, nosotros incluso podemos llegar a aceptar la postura maximalista del Gobierno de que el mercado puede organizar eficazmente la vida económica y social, pero cuando la experiencia, como en el caso que nos ocupa, nos demuestra que no es suficiente, admitan al menos la necesidad de introducir medidas correctoras que suplan la desviación que la ley del mercado pueda ocasionar, como es la protección a los más desfavorecidos en su nivel adquisitivo, función ésta clave en la posición de un gobierno y que distingue a unos gobiernos de otros.
En este colectivo de desprotegidos por la ley del mercado están las personas con un nivel de renta bajo o inicial. Estas personas no pueden acceder a los derechos que establece la Constitución de disponer de una vivienda digna y adecuada. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que volver a reiterarles que su política de vivienda no está funcionando y que su actual Ley del Suelo no sirve para compatibilizar los criterios constitucionales de acceso a una vivienda digna para los más desprotegidos. Esta realidad la siguen ocultando detrás de débiles argumentos, como la subida de los costes de construcción o de la mano de obra, para defender así la desviación de sus previsiones, cuando saben que estos no son los elementos principales que influyen en el coste final de la vivienda y que ha habido otros factores que han jugado favorablemente a la baja.
Cualquier observador un poco entendido en esta materia sabe que es el suelo el elemento fundamental que puede encarecer o abaratar de un modo significativo el precio final de la vivienda.
No podemos, por tanto, señorías, seguir esperando impasibles a que pase la coyuntura a la que el Gobierno acusa incansablemente unas veces de sus éxitos y otras de sus fracasos. Por ello, señorías, aunque nos llamen intervencionistas, vamos a aceptar en general las medidas presentadas en la moción. No obstante, introducimos cuatro enmiendas porque creemos que mejoran la finalidad que reclamamos.
Introducimos una enmienda de carácter general con la que pretendemos ampliar el ámbito de aplicación de las medidas que se proponen en la moción a todas aquellas viviendas que gocen de algún tipo de protección pública, y no sólo a las de titularidad pública, como parece desprenderse del término «vivienda pública» que se utiliza en este texto de la moción. Por ello se propone la sustitución

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de este término por el de «vivienda protegida» en los puntos donde aparece, que son el 1, el 3 y el 5.
En el punto 2 se introduce, como resultado del estudio que se propone, y que nosotros aceptamos, la realización de un programa de actuaciones sobre suelos de titularidad pública dirigido a la construcción de viviendas protegidas en alquiler para jóvenes, atendiendo así una de las reivindicaciones oídas en esta Cámara por los jóvenes, en la que aludían al incumplimiento de las previsiones del Gobierno en materia de vivienda.
En el punto 4 se añade: las medidas legislativas necesarias para revisar la fiscalidad sobre la vivienda, favoreciendo las viviendas en alquiler. Y añadimos un punto 5.bis para dar cumplimiento al mandato existente en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1995, relativo al establecimiento de beneficios fiscales para aquellos propietarios cuyos inquilinos no estén obligados por su nivel de renta a actualizarla.
Esperamos su aceptación, porque coincidimos en la finalidad y en la necesidad de facilitar una vivienda a aquellos más desfavorecidos por la sociedad. Por lo tanto, señorías, votaremos a favor de sus medidas.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballesteros.


¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor Mardones, señor Sedó.
Brevedad, por favor, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo con gran brevedad, señor presidente, atendiendo su ruego en este trámite.
Mi grupo se ve obligado a votar negativamente esta moción de Izquierda Unida, pero ponemos por delante una cuestión, que es el interés político social que mi grupo político tiene en la resolución del problema de la vivienda, en cualquiera de sus segmentos económicos o cronológicos, por edades, el segmento juvenil, el segmento de la tercera edad o cualquiera de los componentes familiares que hay ahí. Pero hay una cuestión de fondo y de forma en esta moción que trae Izquierda Unida, y es que parece olvidarse de que esta materia es competencia de las comunidades autónomas. No es una competencia estatal, es una competencia que vienen desarrollando las comunidades autónomas, y una serie de puntos que hay en la moción son para nosotros, ateniéndonos a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias, de imposible votación, porque estaríamos haciendo una extracción de un derecho ya adquirido por la comunidad autónoma, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma canaria, comunidad que se encuentra con unos problemas, por el hecho de la fragmentación territorial insular, muy específicos y singulares, viene atendiendo una serie de principios que hay aquí.
Ahora bien -voy con mucha rapidez atendiendo el ruego del señor presidente de la Cámara-, el primer punto, que los suelos propiedad de diversos organismos públicos que estén desafectados se destinen a la construcción de viviendas públicas -entiendo que son las protegidas o de protección oficial- supone obligar al ayuntamiento a un demérito de su patrimonio de solares y suelo que tiene calificados y por los que puede obtener en venta libre recursos para obtención de suelo para viviendas en otros términos del ayuntamiento.
La segunda cuestión que se plantea es que es competencia pura, simple y estatutaria de las comunidades autónomas, incluso los estudios básicos, porque el personal destinado a ello es competencia de las comunidades autónomas, así como el cometido de encomendar el estudio.
Los puntos tres y cuatro son enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Si se quiere obtener recursos, cuando llegue a la Cámara el proyecto de ley de presupuestos generales acúdase a él para hacer las dotaciones correspondientes, porque, ¿cómo vamos a hacer en mitad del año y por vía de una moción una modificación de los Presupuestos Generales del Estado en una materia presupuestaria a la que, además, no se acompaña ningún estudio económico? Respecto del último punto, el tratamiento fiscal, resulta que a los que tengan en la declaración de la renta una base liquidable superior a seis millones de pesetas no les damos ningún beneficio, y si una familia, en una economía libre y positiva obtiene un incremento de renta, quiere mejorar de vivienda, se va a una mejor y deja una libre, a ese no sólo no le damos ningún beneficio sino que le obligamos a mantenerse en una vivienda con una renta encubierta. Esto es un dislate de tipo fiscal, económico y social de los de mayor tono que se han visto, porque se sabe que en política de vivienda una mejora de clase es una elevación del status de esa vivienda, se deja libre otra de medida inferior por cuestiones familiares o de renta.
Si encima llega una enmienda del Grupo Socialista que dice que se beneficie fiscalmente el alquiler de la vivienda, resulta que los beneficios que parecen obtenerse por una detracción del impuesto sobre la renta de las personas físicas se van a compensar con otro.
No sabemos ni la envergadura ni el coste que esto pueda tener.
En aras de la brevedad, no voy a seguir analizando una cosa que es inviable presupuestaria, estatutaria y también fiscalmente, porque mi grupo se opone a que haya un tratamiento fiscal en la medida que se propone en esta moción, porque es regresivo y es un auténtico dislate en la política dinámica de cambio de vivienda por mejora de situación económica, de condiciones sociales o de ubicación, ya que van dejando viviendas libres para otras personas o familias que lo necesiten.
Por tanto, señor presidente, nos oponemos directamente a todos y cada uno de estos puntos, siendo conscientes de la necesidad de una política de viviendas, pero que la resuelvan las comunidades autónomas. Por ese motivo votaremos en contra de esta moción, señor presidente.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar nuestra posición respecto a estamoción de Izquierda Unida sobre política de la vivienda.


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Nuestro grupo no va a votar favorablemente la misma porque cada uno de sus puntos tiene pegas muy concretas. El primer punto, donde se habla de los suelos propiedad de diversos organismos públicos, es un tema que reiteradamente se ha debatido en la Cámara. Sin ir más lejos, el mes de octubre pasado aprobamos una moción de contenido similar, más precisa y concreta, que instaba al Gobierno a presentar un programa de actuación concertada con las comunidades autónomas sobre suelos de titularidad pública estatal cuando estos fuesen desafectados. Por tanto, es algo que ya está prácticamente aprobado y en marcha su puesta en funcionamiento.
En el punto dos se habla de los estudios necesarios para determinar las necesidades reales. Es algo que ya se hace por parte de todas las comunidades autónomas y el Gobierno dispone de esa información porque las comunidades autónomas se la pasan.
En el punto tres, donde se habla del aumento de partidas destinadas a la construcción, nosotros no entendemos bien si lo que se pretende es situar el gasto destinado a vivienda pública en un 0,2 por ciento del PIB o si se quiere incrementar ese tanto por ciento en un 0,2 por ciento. Es decir, si tiene que ser un 0,2 o el incremento es un 0,2 por ciento. De todas maneras, en la actualidad, el volumen de gasto público en vivienda está en el orden del 1,3 por ciento del PIB.
Los puntos cuatro y cinco tienen unas referencias de tipo legislativo. Prácticamente, se acaba de discutir y aprobar la reforma del IRPF. Por lo tanto, no viene al caso entrar en un nuevo debate y votación.
Por último, en relación con el plan para las ciudades especialmente afectadas, hay que tener en cuenta que el Plan general de la vivienda está vigente hasta el 2001 y contempla medidas en el sentido que se señala en el punto sexto de la moción.
Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar el texto de la moción.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.
El señor Ortiz creo que también quería hacer una breve intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Con la mayor brevedad posible, dado lo avanzado de la hora, voy a fijar la posición de mi grupo en relación con esta moción y con las enmiendas. Vaya por delante que nuestra posición va a ser contraria a la moción, coincidente con los grupos que apoyan al Gobierno, en este caso los de Coalición Canaria y Convergència i Unió, pero voy a hacer algunas reflexiones de carácter general. Quiero añadir que en pocas ocasiones como en ésta tiene sentido la vieja distinción entre objetivos y medios o instrumentos para conseguirlos, porque de la misma manera que no puedo estar en desacuerdo con la moción en el objetivo básico que persigue, que es la disminución del precio de la vivienda, no puedo menos que estar en desacuerdo con los medios o con los instrumentos que se proponen para conseguirlo.
En primer término, señorías, hay un problema competencial, al que ha hecho referencia el portavoz de Coalición Canaria. Es obvio, pero parece que no es ocioso recordarlo, que el artículo 148.1, 3.ª de nuestra Constitución establece, para aquellas autonomías que hayan madurado estatutariamente, la competencia con carácter exclusivo en materia de ordenación del territorio, vivienda y urbanismo; y al Estado le corresponde actuar en esta materia -de acuerdo con lo establecido, como es bien sabido, en el artículo 149.1, 13.ª-: las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. En definitiva, con el juego de este precepto constitucional del 149, al Estado le corresponden competencias en vivienda -qué duda cabe, señor Fernández-, pero muy limitadas. En primer lugar, la determinación del esquema general de protección (es decir, los niveles de renta que tienen derecho a los subsidios, a las subvenciones o a las ayudas en materia de vivienda); en segundo lugar, el esquema de financiación (obviamente, la fijación de los recursos presupuestarios y de los créditos a concertar con las entidades financieras) y, en tercer lugar -por decirlo rápidamente y en dos palabras-, el esquema fiscal. Pero en todo lo demás, señorías -y particularmente, señor Fernández-, las competencias son autonómicas, absolutamente autonómicas. La gestión, la ejecución, el desarrollo de la política de vivienda es competencia autonómica. Si a esto agregamos la problemática del suelo después de la doctrina constitucional última, de la sentencia de 20 de marzo de 1997, sólo quiero recordar que un ilustre jurista ha podido decir que, después de esta sentencia, el derecho urbanístico ha dejado de ser derecho estatal para convertirse en derecho autonómico.
Además, señorías, en el análisis pormenorizado e individualizado de las propuestas de la moción no se puede sino estar en radical o casi radical desacuerdo, incluso en las enmiendas que pretenden mejorarla.
Respecto a la primera propuesta, referida a la vivienda pública (no vivienda de protección pública o de protección estatal, como pretende la enmienda socialista), hay que decir que, por una parte, debe emplazarse allí donde el suelo lo permita y, por otra, que su valor es fuente de recursos para otras prioridades de carácter público (pensemos en el Ministerio de Defensa o en la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa) o, incluso, para la ubicación de viviendas públicas, pero en una localidad diferente. Esa adscripción del 50 por ciento, como mínimo, del valor del suelo público para dedicarlo a vivienda de carácter público es absolutamente impensable e inaplicable.
En cuanto a la necesidad de estudios que valoren las necesidades de vivienda -perdón por la redundancia-, hay que decir que estos estudios existen en el Ministerio de Fomento, que difícilmente se puede hacer un plan cuatrienal de vivienda ahora y el Grupo Socialista difícilmente lo pudo hacer con anterioridad sin tener un estudio global de necesidades de vivienda. No pretenderá S.S. que el Estado haga un estudio pormenorizado, localidad por localidad, municipio por municipio, región por región, de las necesidades de vivienda.
La pretensión del punto tercero es que se aplique un incremento del 0,2 del PIB -y le aclaro esto al representante de Convergència i Unió, porque me da la impresión de que S.S. no lo ha cuantificado, pero yo sí, son 170.000

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millones de pesetas más-, como decía el señor Mardones, significa introducir una enmienda casi a la totalidad de los presupuestos del Estado cuando están en plena vigencia, con independencia de que las cifras de gasto fiscal en este país son muy importantes. Yo las daba el otro día con ocasión del debate de la interpelación. El gasto de las administraciones públicas en vivienda es del orden de 1 billón 300.000 millones de pesetas, que no es cifra despreciable, que está en el entorno del 1,4 del PIB. Hay 711.000 millones de pesetas de gasto fiscal en los presupuestos del Estado para 1999, más 140.000 millones de pesetas en el presupuesto del Ministerio de Fomento para ayudas a la vivienda, más 342.000 millones de pesetas, que es la suma de todas las ayudas que de modo autónomo, independiente, dan las distintas comunidades autónomas. Me parece que hay poco que corregir en este punto.
En aras a la brevedad, me remito a las palabras del señor Mardones en su argumentación respecto a la idea de que se limite la deducción por vivienda a aquellas bases liquidables superiores a seis millones de pesetas; aparte de que sería una injusticia, de que significaría modificar una normativa tributaria recientemente aprobada, además, señor Fernández -usted seguramente no lo ha meditado dos veces-, produciría un efecto inducido de encarecimiento global del conjunto del mercado de la vivienda que revertiría frente a aquella vivienda de protección pública o aquélla que se pretende barata. Además, afectaría sólo a un 5 por ciento de los beneficiarios de esta deducción, y el ahorro fiscal, según las estimaciones que me han facilitado, no rebasaría los 15.000 millones de pesetas.
En cuanto a los convenios que sugiere S.S. en la moción, ya se están practicando. La política de vivienda del Ministerio de Fomento se articula precisamente a través de un conjunto de convenios con las comunidades autónomas y se están propiciando e impulsando los convenios entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
En definitiva, señoría, estamos de acuerdo con el objetivo de disminuir el precio de la vivienda, pero no estamos en absoluto de acuerdo con el camino. Creemos que el camino es el que está siguiendo el Gobierno, que se apoya en tres hitos fundamentales a los que me refiero rapidísimamente, señor presidente.
En primer lugar, seguir con la mejora de la accesibilidad de la vivienda. Le recuerdo a S.S. que este dato no es una manipulación.
Cuando decimos que el esfuerzo familiar en términos de renta disponible a aplicar a la adquisición de una vivienda ha bajado del 56 por ciento, donde estaba en el año 1991, al 26 por ciento en la actualidad, no es una manipulación, lo que sucede -S.S. no lo ha tenido en cuenta- es que se tiene en cuenta ese enorme gasto fiscal de un billón 300.000 millones de pesetas en su imputación individual a que antes he hecho referencia. En segundo lugar, proseguir con esta política de gasto fiscal, con la política de deducciones a la vivienda o la política de ayudas públicas a la vivienda en la forma en que está contemplado en el plan de vivienda. En tercer lugar, proseguir con el plan de vivienda, con insistencia en facilitar acceso a la vivienda, ayudas a la vivienda, a los más necesitados, fundamentalmente a los segmentos jóvenes.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, concluya, por favor.


El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Asimismo, a la tercera edad, y, en definitiva, a todos los colectivos desprotegidos.
Por estas razones, no por un empecinamiento, como decía la portavoz socialista, no porque mantengamos una posición monolítica, no porque creamos que las actuaciones corresponden a los empresarios (ahí está el gasto fiscal de un billón 300.000 millones de pesetas a cargo del Estado), seguimos manteniendo la política que está llevando el Gobierno del Partido Popular, que se plasma en este Plan 1998-2001 y en una aplicación rigurosa y concorde con las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre la liberalización del suelo que se operó por la Ley 13 de abril de 1998.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor Fernández tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, voy a manifestar nuestra aceptación a las enmiendas que ha propuesto el Grupo Socialista. Una es de sustitución, simplemente es cambiar la expresión vivienda pública por la de vivienda protegida, concepto con el cual estamos de acuerdo porque es más extendido, y el resto de las enmiendas que nos plantean se complementan con los puntos que nosotros hemos presentado.
No sé si el presidente me va a permitir cincuenta segundos para expresar por lo menos mi rechazo personal a la actitud que ha mantenido en este debate el señor Mardones, que se ha mostrado como un escudero del Grupo Popular...


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, no procede en modo alguno, porque el reglamento no lo permite.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIONES)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS E INICIATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CORREGIR Y PALIAR LOS EFECTOS DEL DÉFICIT HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES DEL ARCO MEDITERRÁNEO, ESPECIALMENTE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones, comenzando por aquellas que corresponden a la moción sobre el déficit hídrico, en la que se han planteado cinco votaciones separadas.
En primer lugar, sometemos a votación el punto número 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor 121; en contra, 143, abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 2, salvo el último guión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, uno; en contra, 264; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Último guión del punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 10; en contra, 258.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 123; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 3.
Punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 122; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el punto 4.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL PACTO DE TOLEDO Y SOBRE LOS EQUILIBRIOS PATRIMONIALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego atención a los portavoces que lo han sido de los diferentes grupos en la siguiente moción, la que se ha debatido sobre el Pacto de Toledo y que ha presentado el Grupo Socialista. En principio el señor Cercas, ponente de dicho grupo, planteaba la votación separada de los 10 puntos. A requerimiento de la Presidencia, aceptaría votar en un primer bloque los primeros cinco puntos, por separado el punto 6, en otro bloque los puntos 7,8 y 9, y finalmente el punto 10. ¿Algún grupo desea otro tipo de separación? (Pausa.) Votamos, en primer lugar, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 122; en contra, 144. abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los primeros cinco puntos de la moción.
Votación del punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 112; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 6.
Votación sobre los puntos números 7, 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 122; en contra, 145; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación sobre el punto 10.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 123; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto 10.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE DISMINUYA EL PRECIO DE LA VIVIENDA, DE MANERA QUE SE PUEDA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, votamos la moción sobre el precio de la vivienda, con las enmiendas aceptadas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 121; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Finalizado así el orden del día previsto para hoy, se suspende la sesión hasta mañana, a las cuatro de la tarde.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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