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DS. Senado, Pleno, núm. 47, de 11/06/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1997 VI Legislatura Núm. 47

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 11 de junio de 1997

ORDEN DEL DIA:

Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 23, de fecha 6 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 621/000023.) (Número de expediente C. D.
121/000024.)

--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 22, de fecha 9 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 621/000022.) (Número de expediente C. D.
121/000024.)

--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la Proposición de Ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 3, de fecha 9 de junio de 1997). (Número de expediente S.
622/000003.) (Número de expediente C. D. 124/000003.)

--De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 8, de fecha 9 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 624/000005.) (Número de expediente C. D.
122/000011.)

Página 1928


Quinto

Mociones consecuencia de interpelación:

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 2 de junio de 1997). (Número de expediente 671/000022.)

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 2 de junio de 1997). (Número de expediente 671/000023.)

--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que contemple como objetivos de su política educativa el mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de centros escolares, el rechazo de cualquier deriva privatizadora, el fortalecimiento de la red integrada de centros, con especial atención a los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de la oferta educativa y la apertura de un amplio diálogo social que contribuya a sosegar el clima de inquietud existente en amplios sectores de la comunidad educativa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 2 de junio de 1997).
(Número de expediente 671/000024.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1932)

De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1932)

El señor Ainsa Escartín, Secretario Primero de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Luis Calvo defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo Popular.


Se rechaza el veto número 1, del Grupo Socialista, por 85 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.


Comienza el debate del articulado.


El señor Luis Calvo defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 141 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 141 votos a favor y 87 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Página 1929


De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (Página 1939)

El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. Los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán y Lobo Asenjo consumen un turno en contra de ambas propuestas de veto. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente y la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, así como los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular. El señor Román Clemente interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 228 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 223 en contra y 9 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 30 y 70. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 60 a 67. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 68 y 69, anunciando la posible retirada de las mismas. El señor Albistur Marín defiende las enmiendas números 53, 55, 56 y 57, retirando la número 52, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Vidal i Perpiñá defiende las enmiendas números 71 a 73, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Garrido Herráez consumo un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Díez González, por el Grupo Socialista, y Garrido Herráez, por el Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (continuación) (Página 1962)

Continúa el debate del articulado.


El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán defiende las enmiendas números 31 a 33 y 35, retirando la número 34, del Grupo Socialista. El señor Díez González defiende las enmiendas números 36, 38, 44, 45 y 50, del Grupo Socialista. El señor Alonso Buitrón defiende las enmiendas números 37, 39 y 46, del Grupo Socialista. El señor Franco Gutiez defiende las enmiendas números 47 y 51, retirando la número 49, del Grupo Socialista. El señor Lobo Asenjo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular.


El señor Aguilar Belda defiende las enmiendas números 40 a 43 y 48. El señor Lobo Asenjo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aguilar Belda, por el Grupo Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular. El señor Aguilar Belda interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 70, del Grupo Mixto, por 93 votos a favor, 132 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 137 en contra y 88 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29 y 30, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 134 en contra y 91 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 220 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 12, 13, 24 y 27, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 217 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 135 en contra y 88 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 61 y 65, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 134 en contra y 86 abstenciones.


Página 1930


Se rechazan las enmiendas números 60, 62, 63, 64, 66 y 67, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 219 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 53, 55, 56 y 57, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 125 en contra y 96 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 104 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 210 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo Catalán en el Senado de Convergènica i Unió, por 17 votos a favor, 207 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Socialista, por 91 votos a favor, 127 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 121 en contra y 17 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 124 en contra y 17 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 36, del Grupo Socialista, por 89 votos a favor, 124 en contra y 16 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 124 en contra y 17 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 31, 33 y 35, del Grupo Socialista, por 89 votos a favor, 124 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 37 y 39, del Grupo Socialista, por 94 votos a favor, 124 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 41, 43, 44 y 45, del Grupo Socialista, por 91 votos a favor, 123 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 40, 42, 48, 50 y 51, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 124 en contra y 17 abstenciones.


Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 129 votos a favor, 10 en contra y 67 abstenciones.


Se aprueban los artículos 4 y 6, por 223 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los artículos 7, 9, 10 y 11, por 136 votos a favor, 91 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el artículo 13, por 141 votos a favor y 87 en contra.


Se aprueban los restantes artículos de proyecto de ley, por 138 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las disposiciones adicionales y derogatoria por 223 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones finales por 140 votos a favor, 87 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la Proposición de Ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco (Página 1978)

El señor Aleu i Jornet plantea una cuestión relativa al texto de la Exposición de Motivos, que es aclarada por el señor Presidente.


No se presenta el dictamen ni se produce debate de totalidad.


Comienza el debate del articulado.


El señor Zubía Atxaerandio defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor González Príncipe defiende la enmienda número 3, del Grupo Socialista. El señor Chapela Seijo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Roig y Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Príncipe, por el Grupo Socialista, y Chapela Seijo, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se aprueba una enmienda transaccional, relacionada con la número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 225 votos a favor y 1 en contra.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.


Página 1931


Se aprueban el artículo único, la disposición final primera y la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 225 votos a favor de los 225 emitidos.


Se aprueba la disposición final segunda por 139 votos a favor y 85 abstenciones.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información (Página 1982)

El señor Agramut Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, por el Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular.


Comienza el debate del articulado.


El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 2.
El señor González Pons consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1988)

Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas (Página 1988)

El señor Zamorano Vázquez defiende la moción. El señor Martín Iglesias consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 86 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista por la que insta al Gobierno a definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico (Página 1992)

El señor Gibert i Bosch defiende la moción. El señor Unceta Antón defiende una propuesta de modificación, del Grupo Popular, a la moción.
El señor Gibert i Bosch explana su posición respecto de la propuesta de modificación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergènica i Unió.


Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 89 votos a favor y 123 en contra.


Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que contemple como objetivos de su política educativa el mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada en centros escolares, el rechazo de cualquier deriva privatizadora, el fortalecimiento de la red integrada de centros, con especial atención a los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de la oferta educativa y la apertura de un amplio diálogo social que contribuya a sosegar el clima de inquietud existente en amplios sectores de la comunidad educativa (Página 1996)

El señor Iglesias Marcelo defiende la moción. El señor Fernández Rozada defiende una propuesta de modificación a la moción. El señor Iglesias Marcelo expone su postura respecto de la propuesta de modificación.


Página 1932


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta i Piedra, por el Grupo Mixto, y el señor Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.


Se suspende la sesión a las veintiuna horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA LA COMPETENCIA DEL GOBIERNO, EN UN PERIODO TRANSITORIO, PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS Y CONDICIONES DE INTERCONEXION. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000023.) (C. D. 121/000039.)

El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados; en este caso, de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en relación con el Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el miembro de la Comisión que haya sido designado a tal efecto.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, fue designado el Secretario Primero, don Rodolfo Ainsa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Ainsa.


El señor AINSA ESCARTIN: Buenos días, señor Presidente, señoras y señores Senadores.
A continuación vamos a presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión.
Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su reunión del día 3 de junio, tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen relativo al Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente a dicho Proyecto de Ley tuvo entrada en el Senado el día 24 de mayo. La Presidencia de la Cámara, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento, ordenó su remisión a la citada Comisión. Teniendo en cuenta que se había declarado urgente su tramitación, el plazo de presentación de enmiendas, como saben sus señorías, terminó el miércoles pasado, 28 de mayo. Se presentaron una propuesta de veto y dos enmiendas, en ambos casos por parte del Grupo Parlamentario Socialista. La Comisión dictaminó el día 3 de junio, rechazando tanto la propuesta de veto como las enmiendas, por lo que acordó aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Se ha formulado un voto particular, para conocimiento de sus señorías, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, anunciando el propósito de defender ante el Pleno tanto el veto como las enmiendas anteriormente citadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ainsa.
Se ha presentado una propuesta de veto, que se va a debatir a continuación. Se trata del voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde, naturalmente, a la propuesta de veto número 1.
Por 15 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, volvemos a debatir sobre telecomunicaciones en esta Cámara después de no hace mucho tiempo y repetidas veces.
De la misma manera que el dinero sólo tiene esa consideración cuando es universalmente aceptado, las redes de telecomunicación tienen vocación de permitir llegar a todas las personas interesadas. Así, un teléfono -- digamos de Airtel o de cualquier otra compañía-- que no pudiese acceder a los teléfonos de los abonados de Telefónica no sería un verdadero teléfono de servicio público de telefonía. Se plantea, pues, la necesidad de interconexión entre las redes, lo cual implica colaboración entre competidores. Si esa colaboración se rechazase o se hiciese demasiado onerosa, no habría competencia. Solamente se puede impedir el rechazo por medio de regulación y, superado éste, queda la cuestión del precio de la interconexión. Al no haber mercado no hay precios que respondan a una realidad comercial y la solución habitual es la de establecer una aproximación a través de los costos. Pero en empresas con sistemas de red como base tecnológica, el cálculo de estos

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costos es dificultoso y discutible, como lo son las aportaciones teóricas, y en la práctica solamente se puede establecer por medio de la intervención directa de un órgano regulador o arbitral.
¿Es necesaria, pues, la regulación? ¿Qué puede ocurrir cuando no la hay y se abre la competencia? Hay un buen ejemplo para ilustrar este proceso: es el caso de Nueva Zelanda. Allí se permitió la competencia en telecomunicaciones y no se estableció un órgano regulador especializado; se consideró que las leyes comerciales y de competencia generales serían suficientes. El problema de los costes de interconexión dio lugar a un conocido juicio cuya última instancia se está sustanciando todavía en Londres. En resumen, el operador entrante tardó años en tener un precio de interconexión cierto a un alto coste, cuando lo que necesitaba eran respuestas rápidas y con bajo coste de tramitación. Este ejemplo de los precios de interconexión se podría extender a otros muchos aspectos, tales como la numeración, la portabilidad del número por el cliente al cambiar de compañía, el acceso igualitario, etcétera, y solucionar estos problemas por la vía judicial impediría la introducción de competencia a un paso razonable.
La regulación es, pues, necesaria en el sector y la cuestión esencial consiste en establecer un buen marco regulatorio que permita la introducción de competencia eficiente y un órgano con el necesario bagaje técnico-jurídico que arbitre las diferencias entre los operadores. Ahora, como se sabe, se ha creado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en virtud del Real Decreto-ley 6/1996, y, en su tramitación parlamentaria, por la Ley de la liberalización de las telecomunicaciones, se ha hecho hincapié en su carácter de órgano independiente encargado de velar por la aplicación de los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato, y de arbitrar los conflictos entre los operadores del sector.
Una vez planteada esta introducción, y en lo que se refiere a la estricta defensa de la enmienda de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al que represento, pudiera parecer que nuestra actitud es puramente retórica, una especie de reacción de enfado ante la insólita iniciativa del Gobierno de producir en 24 horas una Ley de artículo único que venía a corregir un error del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Pero no es así, porque si así fuera el señor Ministro de Fomento no llevaría seis meses intentando desesperadamente meter en órdenes ministeriales o en reglamentos la competencia propia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión en manos del Gobierno.
Como ya manifestamos en el trámite de Comisión, hubo algo en la Ley de liberalización de las telecomunicaciones en lo que a lo largo del otoño pasado trabajaron todos los grupos parlamentarios con especial esmero y con especial cariño, y que fue el artículo primero de la Ley de liberalización de las telecomunicaciones, que por el curso de los hechos se manifiesta como lo más importante que ahora mismo queda en la citada Ley.
Fruto de un acuerdo entre varios grupos parlamentarios que aceptaron la oferta de diálogo y de consenso del Grupo Parlamentario Popular se establecen las condiciones necesarias para que la Comisión del Mercado de las Comunicaciones, que se creaba de una manera tímida en el Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, con un carácter meramente funcionarial, dependiente del Ministerio, y con unas competencias muy limitadas, ampliará su horizonte, sus competencias y la calidad y cantidad de sus recursos humanos y técnicos hasta convertirse, realmente, en una Comisión reguladora de las telecomunicaciones en este país.
La interpretación, quizás perversa, que efectuaron en el seno de los organismos correspondientes del Ministerio de Fomento, absolutamente contraria al espíritu de las negociaciones que se habían mantenido en sede parlamentaria, supuso, a nuestro juicio, un durísimo golpe a la credibilidad que el Grupo Parlamentario Socialista había dado al Gobierno en relación con esta ley, de forma que si las tímidas competencias que constaban en el Real Decreto de junio eran claramente insuficientes --todos lo comprendimos y se ampliaron--, las pocas que tenía fueron revocadas por una Orden Ministerial de 31 de enero pasado. Ese ya fue un primer aviso que produjo una situación insostenible para el prestigio de las Cámaras y también para el prestigio profesional de los cualificados miembros que fueron designados para formar parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Desde el Real Decreto-ley 6/1996, de junio del año pasado, hasta la aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, en abril de 1997, del presente año, siete normas, entre Reales Decretos, Decretos y Ordenes Ministeriales del Gobierno, han adulterado profundamente el sentido de la voluntad de las Cámaras, incluida la voluntad del grupo mayoritario que apoya al Gobierno. Las razones las desconocemos. Posiblemente, sonara algún timbre de alarma en el seno del Gobierno y se produjera alguna incomodidad por una Comisión que, sin ser absolutamente independiente, porque lógicamente ello requeriría la extracción absolutamente parlamentaria, sí había sido dotada de los medios necesarios y suficientes para efectuar una regulación en el sector que pudiera no ser acorde con las intenciones de algunos sectores del Gobierno. Y esos pecados se están pagando muy caros últimamente en este país, al igual que la pretensión de sostener voces de personas o de entidades que no se plieguen por completo a la voluntad del Gobierno.
Esto que se quiere hacer con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un ejemplo más de lo que estamos viviendo desde hace meses. La Orden Ministerial del 31 de enero pasado, en una Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, suprime la competencia de actuar en la fijación de las tarifas de interconexión de las redes fijas que es, a nuestro juicio, el núcleo sustancial de la liberalización de las telecomunicaciones --sin eso no podría existir ese concepto-- y es recuperada por el Gobierno violando no ya los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado otoño en el Congreso de los Diputados que, naturalmente, iban mucho más allá, sino el contenido formal del Real Decreto-ley de hace un año, de forma tal que el Gobierno rescataba esa competencia por una norma que, en lenguaje coloquial, es lo más barato que se vende en actuaciones

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administrativas: una Orden Ministerial, una actuación administrativa de un rango inadecuado y contradictorio con normas de rango superior. Por cierto, que el curso de los acontecimientos ha dado, desgraciadamente, la razón a este Grupo parlamentario cuando planteábamos ya hace un año que el Real Decreto presentado en junio no era urgente. La mejor prueba de que no era urgente es que un año después nos encontramos todavía en este trámite parlamentario.
El intento por parte del Gobierno y del Grupo parlamentario que lo sustenta de salvar ese fallo normativo de la Orden Ministerial mencionada con otro con rango de ley y evitar así la grave contradicción en que incurrió administrativamente el Gobierno, a través de una enmienda introducida en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular, les ha vuelto a fallar a ustedes y al Gobierno al aprobarse definitivamente en el Congreso de los Diputados la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, en la sesión del pasado 10 de abril, al votar allí el Grupo Parlamentario Popular en contra de la enmienda que habían logrado introducir en esta Cámara, quedando, otra vez, en manos de la Comisión la competencia de actuar en la fijación de tarifas y condiciones de interconexión de las redes fijas que --como ya dijimos anteriormente-- es el núcleo sustancial de la liberalización de las telecomunicaciones.
El señor Ministro de Fomento ha pretendido justificar esto con lo que él denomina «razón de fondo», es decir, la necesidad de mantener en manos del Gobierno la competencia para fijar las condiciones y tarifas de interconexión. Esto nos parece, de entrada, una ironía, por no emplear otro término más fuerte, porque ¿en qué quedamos, en liberalización o intervencionismo? Pretender escudarse, como lo ha hecho el señor Ministro de Fomento, en que no existe ninguna razón para imponer a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la política de liberalización gradual que, en principio, impulsa el Gobierno, nos parece más bien una broma a la vista de lo que está ocurriendo.
A la Comisión no se le impone nada, sino que la ley le otorga una serie de competencias, entre ellas, la de fijar las tarifas y condiciones de interconexión. Menos mal que, a renglón seguido, el señor Ministro ha manifestado que parece conveniente retener esa competencia de fijar condiciones y tarifas de interconexión en manos del Gobierno hasta el 1 de diciembre de 1998. Entonces, ¿con cuál de los dos conceptos nos quedamos? ¿Necesidad o conveniencia? ¿Necesario para qué y para quién? ¿Conveniente para quién y para qué? Nosotros negamos la necesidad como motivo o causa irresistible y estamos absolutamente convencidos de que todo obedece a la conveniencia del Gobierno de corregir no uno, sino varios errores del propio Gobierno a lo largo de todo un año transcurrido desde que se publicó el Real Decreto-ley el 7 de julio del año pasado.
En este sentido, las cosas deben quedar claras. La Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, derivada de la tramitación en las Cámaras del Real Decreto-ley de 1996, atribuye a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la competencia, entre otras, de fijar las condiciones y tarifas de interconexión en supuestos de falta de acuerdo entre los operadores.
Sustraerle a la Comisión esa competencia y residenciarla en el Ministerio, como pretende este Proyecto de Ley con artículo único y redactado 24 horas después de aprobarse en las Cámaras la ley antes mencionada, supone despojar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de una facultad sustantiva para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas. Alegar, además, para ello la falta de medios de la Comisión, casi un año después de su creación, no tiene más explicación que una cierta desidia interesada del Gobierno por el funcionamiento de la Comisión, con objeto de retener indebidamente competencias que en absoluto posee.
El Proyecto de Ley que nos ocupa supone, asimismo, una reiterada falta de confianza del Gobierno en el funcionamiento de una Comisión independiente, constituida por personas de acreditada capacidad para el desempeño de las funciones que se le quieren sustraer.
Por todo ello, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta enmienda de veto que, de prosperar, dejaría la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, de poco más de un mes de vida, tal y como la aprobaron las Cámaras.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Luis Calvo.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.


El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, el Partido Popular se va a oponer al veto presentado por el Partido Socialista al Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. Y lo voy a hacer en base a algunos argumentos recogidos en parte en la exposición de la ley. El Gobierno, como saben sus señorías, está obligado a cumplir el calendario que se acordó con la Comisión Europea de Bruselas, que fijó la fecha de la plena liberalización del mercado español en el 1 de diciembre de 1998. Antes de esa fecha, señorías, estamos obligados a hacer las oportunas modificaciones en la regulación de las comunicaciones en nuestro país, desarrollando los procesos de entrada en el mercado de nuevos operadores de telefonía, concretamente, Retevisión, una vez privatizada, y los operadores de cable que obtengan el correspondiente título habilitante.
De las condiciones y tarifas de interconexión para la prestación del servicio utilizando la red del operador dominante dependerá, como ustedes saben, la supervivencia a corto plazo de estos primeros competidores en la apertura del mercado. Por ello, nuestro Grupo considera importante que en esta fase, en la que todavía no existe plena liberalización del mercado, las condiciones y fijación de las tarifas de interconexión se vayan haciendo de un modo gradual. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que está ejerciendo --y no hay que olvidarlo-- sus atribuciones en aquellos aspectos destinados a garantizar la libre competencia y las facultades arbitrales, lleva muy poco tiempo constituida, y la insuficiencia de medios con

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la que todavía está dotada en este período, como decimos, de implantación, podría, señorías, dificultar la elaboración de los estudios y análisis necesarios para adoptar este tipo de resoluciones en materia de interconexión.
Nos parece, por tanto, necesario a nuestro Grupo encomendar transitoriamente --y no hay que olvidar esta importante circunstancia-- la facultad de fijación de las condiciones y tarifas de interconexión al Ministerio de Fomento hasta la plena liberalización del sector, en momentos, por otra parte, en los que se está poniendo en marcha, como decimos, el segundo operador, reconociendo a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones la facultad de emisión del informe previo y considerando, por otra parte, que la administración activa del Estado debe operar sobre una situación administrativa del sector en la situación actual, en la que todavía no existe un mercado liberalizado.
Esta ley se justifica también, como sus señorías saben, por la necesidad de corregir un error que se produjo en el Congreso de los Diputados en el momento de la votación de una enmienda que había sido aprobada e introducida en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones por este Senado.
Por otra parte, hay que señalar --y aquí ya me estoy refiriendo más concretamente a la intervención del señor portavoz socialista-- que no existe, ni mucho menos, ningún tipo de perversidad en la interpretación ni tampoco, como dicen en su justificación, ningún tipo de desidia por parte del Gobierno, como se nos pretende hacer creer, puesto que en este sector el Gobierno del Partido Popular ha hecho en doce meses más que otros en catorce años.
Señorías, no hay falta de confianza en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que ha sido creada a propuesta del Gobierno del Partido Popular. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, señorías, ejerce todas las funciones, y sólo transitoriamente; por las razones aducidas por el Ministerio de Fomento, previo informe de la mencionada Comisión, se reserva aquél la fijación de las condiciones y tarifas de interconexión hasta la fecha del día 1 de diciembre de 1998. Por otra parte, nos parece una burda manipulación que el Grupo Parlamentario Socialista aduzca, entre las razones que justifican su veto, que esta ley está claramente enfrentada con la legislación vigente, cuando este artículo único que hoy se debate formaba parte de la ley que se aprobó en esta Cámara, y solamente un error material de votación que el Partido Socialista no permitió corregir con una nueva votación en el Congreso, la adulteró en este punto, haciendo de ella algo que no obedecía a la voluntad mayoritaria de la Cámara.
Señor Senador, las leyes del Partido Popular que se están debatiendo aquí defienden la libertad de expresión, los intereses generales de los ciudadanos, y no los particulares de determinadas empresas que ustedes defendieron cuando gobernaban y siguen defendiendo en los momentos actuales. El Real Decreto-ley tiene su urgencia totalmente justificada, puesto que muchas de estas medidas se han venido tomando, como se reflejan en las leyes que hemos ido debatiendo en esta Cámara, desde el primer día.
Señor Senador, ¿liberalización o intervencionismo? Eso es algo que ustedes deben preguntarse para sus propias actuaciones políticas en el sector de las comunicaciones, de las que existen numerosos ejemplos a lo largo de sus años de gobierno: la adjudicación de la televisión de pago, la ubicación de las emisoras de frecuencia modulada, el cierre de determinados periódicos y emisoras y un largo etcétera que demuestran su talante intervencionista en este caso.
Por todas estas razones, nuestro Grupo va a rechazar el veto presentado por el Partido Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Se abre un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad porque el debate de los temas de fondo ya está hecho, por lo que lo único que haría sería reafirmarme en lo que dije cuando se debatió la ley y manifestar que estábamos de acuerdo con la ley tal y como salió del Senado, donde obtuvo nuestra votación favorable, por lo que estamos en contra del veto y de las enmiendas que se plantean al mismo.
Por ello, Izquierda Unida va a votar a favor de la tramitación de este proyecto de ley.
Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, igualmente, con suma brevedad, toda vez que nuestro Grupo estuvo de acuerdo con el proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, por lo que ahora no tenemos más que ratificar el acuerdo de aquellos momentos y, por otra parte, insistir en que nos parece bien que en un período transitorio, que es de poco más de un año, la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión sea competencia del Ministerio. Es un proceso gradual y, en consecuencia, a partir del 1 de diciembre de 1998, la liberalización será completa, por lo que nos parece correcto que sea el Ministerio de Fomento el que fije las tarifas y las condiciones. Por ello, vamos a votar en contra de la propuesta de veto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente.


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Al margen de la letanía que siempre se nos repite desde estos escaños, si su señoría no entiende que el hecho de volver a plantear aquí esta cuestión es que sin soporte legal el Gobierno publicó la Orden Ministerial, es que no entiende nada. Es decir, el Gobierno publica la Orden Ministerial después de que el Congreso de los Diputados, con error o sin error en la votación del Grupo Parlamentario Popular, le quite esa competencia. Esto es lo que hace que el debate tenga hoy actualidad política y jurídica, y si no lo entiende, es su problema, pero posiblemente esta ley terminará en los tribunales, como alguna otra, y, como se ha anunciado ya ayer en Bruselas, terminará en un proceso contra el Gobierno español por parte de la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Socialista ha de manifestar que cuando creíamos estar dentro de un pacto global, tanto en otoño último como en invierno, y hasta en la primavera, que había definido no sólo las competencias, sino también la composición del Consejo de la Comisión, nos encontramos, al final, con que hay una dura rectificación en cuanto a las competencias, alguna de ellas sustantiva como ésta, y con una enmienda que aparece en esta Cámara, sin contar con el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo de menos, ni con ninguno de los restantes grupos que habían intervenido en un inicio de andadura en telecomunicaciones que fue fructífero y que, por razones que ya a nadie se le escapan, ha tomado rumbos muy lejanos del consenso y del acuerdo.
El señor Ministro de Fomento dice en sus diversas comparecencias y declaraciones que para entender esto hay que situarse en el marco de la liberalización. Nosotros creemos exactamente lo contrario: para no entender esto es cuando hay que situarse en el marco de la liberalización. Porque es un marco que está en las declaraciones continuadas del Gobierno, pero que no termina de llegar al «Boletín Oficial del Estado». Y cuando llega al Boletín por la vía de la orden ministerial y del reglamento, se corrigen severamente las medidas que pudieran permitir al Gobierno hablar con legitimidad moral de liberalización. Por no referirnos al extraño sentido de la liberalización que tiene el Gobierno introduciendo en una ley, poco menos que a martillazos, una cierta tecnología --cuestión que, por cierto, ahora está sometida a instancias comunitarias--, ni al control efectivo que viene ejerciendo de una Comisión que fue votada por las Cámaras con vocación y deseo de independencia.
Porque, si recuerdan sus señorías, el artículo 2.8 del Real Decreto de junio de 1996, introducía una disposición adicional única en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones que también decía dos cosas. La primera, que las tarifas de interconexión debían ser pactadas entre las partes interesadas. Y la segunda, que, en caso de desacuerdo, correspondía a la Comisión establecer ese cuadro inicial que hace falta cuando se pone en marcha un proceso de competencias que sustituye al monopolio.
Y esa disposición adicional nueva establecía, sin ningún tipo de distingos ni de matizaciones, a quién correspondía esa competencia. Y, a nuestro criterio, la facultad de desarrollo reglamentario del Gobierno se debe limitar a regular y a ordenar los valores asentados en la ley, pero de ninguna manera puede servir para sustraer una competencia, y mucho menos una competencia sustantiva, como es ésta de la que hablamos, a un órgano al que se le otorgó, en principio, por propia voluntad del Gobierno, que fue quien redactó el Real Decreto y quien produjo, por tanto, la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones que aceptaron las Cámaras.
Con todo este batiburrillo de órdenes ministeriales, reglamentos y leyes de artículo único se quiere modificar una realidad jurídica que ha utilizado el Gobierno indebidamente --insisto: indebidamente-- al publicar las tarifas y las condiciones de interconexión. Esta es la realidad, y no otra.
En la exposición de motivos se dice que «parece necesario encomendar transitoriamente el Ministerio de Fomento la fijación de las condiciones y tarifas de interconexión». Pero ya en alguna comparecencia anterior del señor Ministro se ha dejado decir que el Gobierno considera conveniente mantener esa competencia en sus manos. Y esta segunda versión es la que delata verdaderamente el talante de la cuestión que estamos discutiendo.
Porque, en todo caso, la necesidad del mercado de que el Gobierno retenga en sus manos esa competencia es una necesidad sobrevenida. Recuérdese que el Gobierno presentó el 6 de junio del año pasado un Real Decreto en el que, sin que nadie se lo dijera, estableció como competencia de la Comisión la de establecer las tarifas de interconexión. Pero, por si hubiera alguna duda sobre la fecha o el momento en que esas competencias debieran ser asumidas por la Comisión, el Gobierno también modificó «motu proprio» la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) diciendo que el establecimiento de las tarifas de interconexión, si no se producía acuerdo entre los operadores, era de la Comisión.
Por lo tanto, el Gobierno introdujo ya esa competencia no sólo dentro del apartado de las competencias de la Comisión, cuya fecha de entrada en vigor se pudiera discutir, sino en una norma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Desde ese momento le entró al Gobierno el remordimiento por lo que había hecho, y desde entonces hemos asistido a una continua sucesión de iniciativas del Gobierno para rescatar esa competencia, excesiva a su juicio, otorgada a la Comisión. Y se dice por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular que es necesario hacerlo porque el Gobierno necesita todavía desarrollar una cierta política de telecomunicaciones.
Ciertamente. Hubiéramos podido no vender por completo el primer operador y podríamos tener todavía un cierto grado de actuación en la política de ordenación de las telecomunicaciones. Pero no ha sido así, porque, ¿qué utilización ha hecho el Gobierno de esa prerrogativa --insisto, sin base legal-- para publicar esa orden ministerial? El Ministro lo dijo en su momento muy claramente: defender determinados intereses concretos. Y cuando hay que poner en valor un mortecino segundo operador, que no encontraba su sitio en el mercado, se publica otra orden ministerial, con unas bajas tarifas de interconexión que dañan a Telefónica, pero que, indiscutiblemente, ponen en valor al segundo operador. Y acto seguido, cuando se causa con ello un daño

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importante y por el que Telefónica pareció estar dispuesta a ir a los tribunales, el Gobierno compensó autorizando un incremento desmedido de las tarifas en tráfico urbano.
Esa es la utilización que el Gobierno ha hecho de esa competencia que pretende rescatar con este proyecto de ley y que no tenía a la hora de establecer esa orden ministerial, y porque ninguno de los reglamentos en los que el Gobierno ha introducido esa facultad que ahora plantea en términos de la ley puede derogar el mandato de la ley, tanto de la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) como de la que proviene del Real Decreto 6/1996, que establece meridianamente para la Comisión la capacidad de fijar las tarifas máximas de interconexión en el supuesto de que no haya acuerdo entre los operadores.
Y suponiendo que las Cámaras aprueben este proyecto de ley, sigue el Gobierno sin tener base legal para haber publicado la orden ministerial que publicó. Y como esto es irreversible, porque la ley no tiene carácter retroactivo, las Cámaras, a nuestro juicio, no debieran dar soporte a una intención del Gobierno y del Grupo que lo soporta que está claramente enfrentada con la legislación vigente.
Señorías, el derecho europeo y la política conducida por la Comisión Europea en toda Europa en relación con las telecomunicaciones está marcada por la necesidad de reglas de conducta comercial y no por la imposición de normas técnicas. Y en este sentido, las decisiones que se están tomando en España atentan contra la libertad de comercio y de prestación de servicios intracomunitarios, garantizadas por los artículos 30 y 59 del Tratado de Roma. Por cierto, que el Comisario Europeo de Telecomunicaciones, señor Martin Bangemann, anunció ayer la apertura de un procedimiento de infracción contra el Gobierno español. También el Presidente de la IFS, que es un organismo asesor de la Comisión Europea, ha indicado que la propia Unión, previsiblemente --ya lo estamos viendo-- anulará la legislación española tanto en lo relativo a despojar de competencias a la Comisión como en lo relativo a los famosos descodificadores, ya que la intervención del poder público en la configuración del mapa de la comunicación no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia.
Y ello, paradójicamente, en el momento de máxima liberalización internacional, porque parece que el Gobierno español se ha propuesto realizar una auténtica contrarreforma en el ámbito comunicativo español, consistiendo tal operación en desarticular las hegemonías profesionales y comerciales creadas durante los 20 años de democracia y sustituirlas por un conglomerado que contiene, desde el punto de vista ideológico de las empresas que impulsa el Gobierno, todos los componentes de la hegemonía predemocrática.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.


El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con este veto, lo que pretenden ustedes es cambiar la voluntad mayoritaria de una Cámara por un simple hecho mecánico, lo cual, con toda sinceridad, ni es serio ni es democrático. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor BRIS GALLEGO: Están viendo ustedes, señorías, que se están quedando solos en la defensa de los intereses particulares de determinadas empresas.
Como habla de legitimidad moral del Gobierno y menciona concretamente el tema de los descodificadores, debo señalarle dos cuestiones muy concretas.
En primer lugar, que el «multicrypt», descodificador que, si no se llega a un acuerdo entre las plataformas, lógicamente, se tendría que implantar según la ley aprobada por la Cámara, ha sido aprobado por Bruselas como descodificador abierto --por esa Bruselas de la que usted tanto habla--, adoptado por los japoneses como sistema universal y por los Estados Unidos de América. En cambio, que yo sepa, el «simulcrypt», a no ser que tenga usted una noticia de esta misma mañana, todavía no está calificado nada más que como un descodificador, en un principio, cerrado, y a la espera de que se le pueda dar otro tipo de calificación.
Ustedes están haciendo de la aprobación de una ley, con un artículo único, y que tiene una provisionalidad específica manifestada en la propia ley, una cuestión que, indudablemente, no tiene los matices que su señoría ha planteado en su intervención. Está usted hablando de una serie de suposiciones cuando dice que el Gobierno piensa mantener ese derecho.
Estamos en un Estado de Derecho y éste está amparado por las leyes y aquí estamos aprobando una ley que dice hasta cuándo el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, se reserva ese derecho. Usted dice que se le está privando a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de muchísimas competencias. No, únicamente de una, de manera provisional y como consecuencia de la necesaria regulación de las condiciones de fijación de las tarifas en un mercado difícil que está comenzando y que, indudablemente, necesita de esa liberalización. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones está ya ejerciendo sus funciones en todas las materias de competencias, de arbitraje, y desde luego, también en todos los informes necesarios para cualquier cuestión que afecte a este sector.
Cuando usted habla de liberalización de las telecomunicaciones, tengo que recordarle que la fecha de la que ahora estamos hablando no ha sido fijada últimamente, sino que se conocía antes de que el Gobierno del Partido Popular entrase a regir los destinos de España. Ustedes no hicieron casi nada por aquello. Es más, yo recuerdo que el Ministro, señor Borrell, se enfrentaba con parte del Gobierno para fijar las fechas de liberalización e, incluso, el Tribunal de Defensa de la Competencia daba otras fechas totalmente distintas.
Por lo tanto, yo le pediría que, de verdad, desde el Grupo Parlamentario Socialista reflexionasen y se diesen cuenta de que aquí estamos, y creo que ustedes también

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coinciden en esto, en defensa de unos intereses generales y que todas las leyes de liberalización que se están aprobando en esta Cámara únicamente tienen un objetivo que marca la Constitución: que todos los españoles seamos iguales ante la ley. Por lo tanto, nos ratificamos en el voto en contra de este veto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Terminado el debate de este veto, vamos a proceder a su votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 85; en contra, 138; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mediante la aprobación en Comisión, en esta Cámara, el pasado mes de abril, de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular se introdujo una nueva disposición transitoria que, a nuestro juicio, contradecía claramente el apartado 2.2 i) del artículo primero, por el que se creaba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la Ley de liberalización, negándosele a la Comisión el ejercicio de una función importante en el contexto de la plena liberalización de las telecomunicaciones, como es fijar los precios máximos de interconexión que deban regir en las relaciones comerciales entre operadores.
Por ello, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios, rechazando el texto del artículo 1 con la enmienda número 1, e introduciendo el texto de nuestra enmienda número 2, que restablece en sus justos términos lo que las Cámaras determinaron para el conjunto de la reciente Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.


El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, vamos a rechazar las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de Ley.
La enmienda de supresión, al tratarse de una Ley con artículo único, de aprobarse, supondría tanto como suprimir la propia Ley, por lo que, en razón de los mismos argumentos que hemos utilizado para rechazar el veto --por lo tanto, no vamos a repetirlos-- rechazamos y vamos a votar en contra de esta enmienda número 1.
En cuanto a la número 2, que supongo que también habrá sido defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, también la vamos a rechazar, puesto que lo que se pretende es cambiar la expresión «previo informe preceptivo» por «de conformidad», referente a la intervención de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La aceptación de esta enmienda cambiaría totalmente el sentido que se quiere dar a esta Ley y dejaría sin contenido las facultades que la misma da al Ministerio de Fomento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto no hacen uso de la palabra.
Los Senadores Nacionalistas Vascos tampoco.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tampoco.
El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso de la palabra.
Perdón, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.


El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento ocupar un escaño demasiado desviado hacia la izquierda desde la Presidencia y entiendo que pudiera no verse la señal.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Para su Grupo no es un deshonor ocupar escaños muy a la izquierda.


El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el Gobierno no tiene ningún interés en reforzar las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ni cree en el modelo de organismo independiente que vele por la competencia, por los derechos de los usuarios y por el respeto a las leyes en este complejo mundo de las telecomunicaciones.
Y vista la evolución que está teniendo la Comisión, la sospecha de que éste es un organismo que nació forzado, que nació, más que de una convicción del propio Gobierno, de una exigencia por parte de la Comisión Europea, se ha ido corroborando. El sector de las telecomunicaciones se mueve a una velocidad de crucero. En cambio, se ha creado una Comisión que se mueve con una excesiva lentitud y no encuentra la velocidad que requiere el sector que debe ser regulado porque el Gobierno así lo quiere, que se mueva lentamente.
Y para terminar, haré una matización a una intervención anterior del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Se ha dicho ayer por parte del Comisario de Telecomunicaciones de la Comisión Europea que en España hay un sistema abierto que está funcionando y miles de espectadores que están satisfechos con él y hay también otro sistema, que ni siquiera existe en el mercado, que es el que quiere imponer el Gobierno. Tildó la situación española de un poco rara y demasiado colorista.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Tiene la palabra el Senador Bris.


El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería señalar de nuevo --porque creo que ya lo hemos repetido varias veces-- que el Gobierno no está quitando ninguna competencia a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que las tiene y muchas y las está ejerciendo, tanto en materias de arbitraje, como en lo referente a la competencia, así como a los informes y actuaciones necesarios para las cuestiones relativas --importantísimas-- en estos momentos a este sector. Unicamente y de manera provisional, hasta el 1 de diciembre de 1998, está reservando la fijación de las condiciones y de las tarifas en materias de interconexión, por los argumentos que hemos manifestado a lo largo de estas intervenciones.
Y respecto a cuando el señor Luis Calvo nos ha hablado de velocidad de crucero, quiero recordarle que eso no coincide con la velocidad de tortuga que estaba llevando el Partido Socialista en relación con la liberalización de las telecomunicaciones, porque, en doce meses de Gobierno, el Partido Popular ha hecho más por esa liberalización en defensa de los intereses generales que el Partido Socialista en sus catorce años de Gobierno.
Y como ha hecho una puntualización final en relación con sistemas abiertos y sistemas cerrados, no sé cuál habrá sido la declaración de la persona a la que se ha referido, solamente sé que el sistema «simulcrypt» todavía no ha sido homologado como sistema abierto por los servicios técnicos y no entiendo cómo se puede decir que el «multicrypt» es un sistema que todavía no está en desarrollo, cuando, vuelvo a repetir, ha sido ya adoptado por naciones con una alta tecnología, como Japón y Estados Unidos.
Por tanto, estamos esperando a que, según esta Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, se puedan poner de acuerdo las plataformas e, indudablemente, si no, que se cumpla la Ley, la Ley que ha aprobado esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas números 1 y 2, que corresponden al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) Se votan conjuntamente dichas enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 141; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo único y la exposición de motivos, según el Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 87.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se regula la competencia del Gobierno en un período transitorio para la fijación de tarifas y condiciones de interconexión.


--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (S. 622/000022.) (C. D. 121/000024.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Para la presentación del Dictamen, tiene la palabra el Senador que haya sido designado por la Comisión. (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Molina. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)

El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si se espera un momento, Senador, estaremos en mejores condiciones que las actuales para comenzar. (Varias señoras Senadoras del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) A algunas Senadoras se les oye particularmente desde esta Presidencia con una voz muy individualizada. Si se oye desde aquí, imagínese el tono de voz que usan.
Senador Molina, puede usted empezar.


El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero saludar al señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que está con nosotros con ocasión del debate del texto remitido por el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Como Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, para mí es una profunda satisfacción y un honor presentar un proyecto de ley que tiene unas características muy especiales, tanto porque afecta a unos sectores fundamentales, como son aquellos que necesitan y requieren prestaciones, como también por su origen, ya que parten de acuerdos, de negociaciones y del consenso.
El informe que presento se basa en el proyecto de ley que entró el 8 de mayo de 1997 en el Senado, remitido por

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el Congreso de los Diputados. Se abrió un plazo de presentación de enmiendas hasta el 21 de mayo; se presentaron 74 enmiendas y dos propuestas de veto, una presentada por los Senadores Nieto Cicuéndez y Ramón Clemente, y la otra por la Senadora De Boneta y Piedra.
El martes 27 de mayo se reunió la Ponencia, integrada por los Senadores Díez González, Garrido, Lobo, Rodríguez de la Borbolla y Vidal i Perpiñá, y se acordó en la reunión de la Ponencia, por mayoría, aprobar el texto remitido por el Congreso de los Diputados y remitir las enmiendas presentadas para su debate a la Comisión.
El 6 de junio de 1997 se celebró la Comisión, en la cual se rechazaron los dos vetos y se aceptó por la Ponencia una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la enmienda número 74, y también se anunció la posibilidad de llegar a acuerdos de cara a este Pleno.
Quiero reiterar, por último, señor Presidente que este proyecto de ley nace de un acuerdo histórico, el Pacto de Toledo, y de un acuerdo, histórico también, entre los sindicatos y el Gobierno, que el consenso y el acuerdo son precisamente la base de los temas que estamos hablando. Y quiero resaltar, sin exclusión para ningún Grupo parlamentario ni para ningún portavoz, la voluntad que se expresó en la Comisión, con el acuerdo de todos los portavoces, de intentar llegar a un texto que recoja la mayoría de las inquietudes.
Termino mi exposición dándole las gracias, señor Presidente, y también agradeciendo de nuevo al señor Ministro su presencia en esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
Vamos a continuación a sustanciar el voto particular de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba el 12 de abril de 1995 el informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse.
Quiero recordar que los pactos de Toledo se firmaron para reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones, que ha ido configurándose en los últimos años, pues se entiende que es el que mejor permite combinar adecuadamente el principio de seguridad y de solidaridad. El Gobierno, así se decía en el texto, ha elaborado un proyecto de ley de reforma del sistema de la Seguridad Social y, en concreto, de las pensiones, que para Izquierda Unida no satisface la interpretación del Pacto de Toledo.
Al parecer, señorías, y por lo que hemos debatido hasta la fecha en Comisión, algunos otros grupos también han manifestado su reticencia con respecto a que este proyecto cumpla la interpretación de aquel consenso que se alcanzó en el Pacto de Toledo. Consideramos que es una interpretación regresiva del Pacto de Toledo por las siguientes razones: la materialización de la recomendación número 9, que evoca los principios de equidad, contributividad y solidaridad, reformando el sistema para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, incrementando de 8 a 15 años el período de meses que va a servir para formar la media de dicha base; la revisión del porcentaje a aplicar a la base reguladora en función del número de años cotizados para establecer la cuantía de la pensión, reduciendo, por citar un ejemplo, del 60 al 50 por ciento la pensión para los que hayan cotizado quince años. Entendemos que estos dos mecanismos, bien sean separados o acumulados, supondrán un recorte de las pensiones de los futuros pensionistas respecto a lo que cobrarían sin la reforma, y un recorte individual de las pensiones, que va a afectar a unos colectivos más que a otros, a los que tengan contratos precarios más que a los fijos, a los autónomos más que a los trabajadores por cuenta ajena, a los agrícolas más que a los de otros sectores, a las mujeres más que a los hombres por el mayor uso de la precariedad de los contratos que se da entre las mujeres.
Señorías, en numerosas ocasiones Izquierda Unida se ha pronunciado contraria a la reducción de las pensiones; formamos parte activa en la protesta en una huelga general por la reducción de las pensiones. Por otra parte, Izquierda Unida apuesta por la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y las no contributivas del sistema público de la Seguridad Social. Ello supondría clarificar las cuentas del Estado, separando lo que en principio eran gastos con cargo a las cotizaciones sociales, las contributivas, de lo que eran gastos con cargo exclusivamente a la Hacienda pública del Estado, las no contributivas. Esta separación, además, contradice las pretensiones de justificar la privatización de las pensiones ante una hipotética situación de crisis de la Seguridad Social y la falta de dinero para pagar las pensiones futuras por los presumibles agujeros de la Seguridad Social.
La realidad, señorías, es que hay dinero con las cotizaciones sociales para pagar lo que la Seguridad Social debe pagar y, además, sobra.
El Estado ha utilizado fondos de las cotizaciones sociales, consideramos que aproximadamente unos 5 billones en seis años; al mismo tiempo, se ha utilizado el falso mecanismo del préstamo desde el Estado a la Seguridad Social, en torno a 1,2 billones en el mismo período de tiempo.
Se ha creado, por tanto, señorías, la falsa imagen de que la Seguridad Social es deudora del Estado, cuando la realidad es justamente la contraria. La Seguridad Social no es deficitaria, ni está en crisis en su parte contributiva; entre las prestaciones y las cotizaciones siempre ha existido un superávit, el de los últimos cinco años se calcula en torno a 3,74 billones de pesetas, parte de los cuales se han destinado a financiar servicios y prestaciones que deberían haber asumido los Presupuestos Generales del Estado.
La separación de fuentes, tal como está contemplada en la ley, no clarifica, desde nuestro punto de vista, nada. Servirá al Gobierno de turno para hacer frente a sus responsabilidades de financiación de las prestaciones contributivas,

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si los excedentes se convirtieran en déficit con el tiempo, si llegara a producirse un incremento de las pensiones, una bajada de la natalidad, un descenso de las relaciones entre activos y pasivos o por la decisión, esta vez una decisión política, de reducir los ingresos, disminuyendo las cuotas de la Seguridad Social.
La Ley contempla, desde el punto de vista de Izquierda Unida, una fórmula de separación de las fuentes en las que el compromiso del Estado de hacer aportaciones progresivas a la Seguridad Social y de ser garante en cualquier caso para atención específica de los gastos de la misma queda reducido a la ambigüedad, en contra de lo que dice el Pacto de Toledo y el acuerdo con los sindicatos. Todo esto, señorías, unido a que se mantiene el sistema de préstamos, a que el fondo de reserva se dotará de los excedentes de las cotizaciones sociales que se determinen en las leyes de Presupuestos Generales del Estado cada año, y no con todos los excedentes. Esto permite al Estado utilizar la separación de fuentes con carácter restrictivo, discrecional y sujeto a la coyuntura.
En el año 2000, cuando finalice la vigencia del acuerdo con los sindicatos, que ha servido de base para la reforma, lo que quedará es una Ley que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, va a permitir, al menos, las siguientes cuestiones: destinar excedentes de cotizaciones a reducir las mismas; reducir a cero las reservas existentes; tener que plantear una vez más una reducción de la cuantía de las pensiones para volver a reequilibrar financieramente el sistema. No sabemos cómo se contempla lo del reequilibrio financiero. Esta Ley no ofrece las garantías que ya existen en el artículo 86.2 de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de las cuantías de las pensiones futuras va unido a un proceso de potenciación de los sistemas privados complementarios de pensiones, especialmente de los fondos y de los planes de pensiones. En los últimos años, señorías, el crecimiento ha sido espectacular, el 36 por ciento en el año 1996 con respecto al año 1995. Entendemos, desde Izquierda Unida, que por esta vía se desnaturaliza el sistema, se desestabiliza, se produce un desplazamiento hacia los sistemas mixtos, provocando el aumento de lo que tenía que ser una consideración o carácter de complementario, y eso, señorías, como consecuencia de la insuficiencia de unas pensiones públicas cada vez más recortadas.
La reforma que se contempla en la ley supone un retroceso: baja las pensiones; permite que el Estado no sea el garante de la suficiencia y dignidad de las mismas para el futuro.
La ley no refleja el consenso del Pacto de Toledo, y en el debate en Comisión hemos tenido oportunidad de ver cómo algún Grupo político ya empezaba a desmarcarse, a decir que no estaría en posición de votar por lo que entiende del contenido de esta ley.
Señorías, presentamos esta propuesta de veto en el sentido de que el Gobierno pudiera retirar la Ley, pudiera presentar una que hiciera un desarrollo progresista del Pacto de Toledo. Izquierda Unida considera necesario que el proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social deba tener en cuenta, al menos, los siguientes contenidos: que el Estado seguirá siendo en cualquier caso el garante de la suficiencia financiera del sistema de la Seguridad Social; la separación a efectos contables de las fuentes de financiación tendrá como fin clarificar la relación real ingresos-gastos del sistema contributivo para constancia del superávit acumulado; el fondo de reserva se dotará de todos los excedentes de las cotizaciones sociales y se suprimirá el concepto de préstamos para calificar y clarificar las aportaciones que el Estado haga a la Seguridad Social; regulación de revalorización anual de las pensiones, consolidando los incrementos automáticos de las pensiones según el Indice de Precios al Consumo; equiparación de las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional; desaparición de las bases máximas de cotización en todos los grupos; desarrollar, a partir de los Presupuestos Generales del Estado, la recomendación contenida en el Pacto de Toledo referente a que las prestaciones no contributivas y universales dependan exclusivamente de la imposición general, así como la garantía de recursos suficientes para atender estas prestaciones; no modificación de la base reguladora y de la cuantía de las pensiones que puedan implicar recortes para las pensiones futuras de determinados colectivos; mejorar las condiciones de jubilaciones anticipadas, así como las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad; desarrollo, antes del año 2000, de la recomendación contenida en el Pacto referente a que las actuaciones en materia de anticipación de edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos sean a cargo de la fiscalidad general; concretar los excesivos aspectos para los que el proyecto de ley habilita al Gobierno para su desarrollo.
Señorías, en el transcurso del debate parlamentario, primero en el Congreso de los Diputados y ahora en el Senado, muchas cosas se han dicho acerca de la oposición de Izquierda Unida: que si era una oposición que estaba sola, que si esta oposición que se hacía a este acuerdo no tenía razón de ser.
Hoy, cuando los acontecimientos cambian a una velocidad vertiginosa, demostramos con nuestra actuación, con nuestro comportamiento que siempre estuvimos en contra del recorte de las pensiones, y lo seguiremos estando; que siempre estuvimos por un desarrollo progresista del consenso, de los aspectos del Pacto de Toledo que servían para garantizar un mecanismo, un sistema de Seguridad Social justo y solidario.
En el día de hoy presentamos este veto porque el proyecto de ley del Gobierno no contiene un desarrollo progresista de los pactos de Toledo, porque en su articulación no sólo se produce un recorte de las pensiones, sino que se abre la puerta a sucesivos y posteriores recortes de las pensiones; porque, además, se pone en cuestión el sistema público y se camina por la vía de la insuficiencia hacia sistemas privados.
En definitiva, señorías, nuestra propuesta de veto y las enmiendas que hemos presentado pretenden mejorar el sistema de la Seguridad Social, porque, además, hay recursos y podemos y debemos destinarlos a ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Ustedes saben que el Reglamento nos obliga a que los turnos en contra de diversos votos particulares sean alternativos. Sin embargo, si los distintos grupos no tienen ningún inconveniente, esta Presidencia facilitaría que se abriera ahora el turno a favor del otro voto alternativo para que los votos en contra no fueran fraccionados sino que se pudieran expresar en el conjunto de los votos a favor que ha habido.
Si para lograr una mayor fluidez y una mayor lógica del debate así lo vieran los distintos grupos, esta Presidencia no tendría inconveniente en organizarlo así. ¿Están de acuerdo en ello? (Pausa.) Muchas gracias.
En ese caso, concedemos la palabra a la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la propuesta de veto que Eusko Alkartasuna presenta a este proyecto de ley se basa en los siguientes argumentos: La Disposición Adicional primera de la Constitución Española dispone que la misma ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, añadiendo que la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
El artículo 41 de la Constitución Española reconoce que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, concluyendo que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
El artículo 149.1.17.a de la Carta Magna española señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, dice en su artículo 18.2 que en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Un poco más adelante, en el apartado 4 de ese mismo artículo se establece que la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines dentro de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias.
Está claro, tal y como concluye el mencionado artículo 18, que los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de sanidad y Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca.
Por otra parte, la Disposición Transitoria quinta del mencionado Estatuto de Autonomía del País Vasco señala que la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión se contengan en tales convenios.
La transferencia de los instrumentos competenciales que posibiliten diseñar una política capaz de potenciar las fuerzas endógenas de la economía vasca y afrontar con una estrategia propia el desarrollo de Euskal Herría determina que solicitemos la capacidad de decisión recomendada en los propios ordenamientos jurídicos.
La polémica suscitada al tratar sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social entre los que sostienen que la pretensión de romper la caja única de la Seguridad Social no tiene encaje en el ordenamiento jurídico y que en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y entre los que por otro lado sostienen lo contrario amparados en los mismos textos legales debiera terminarse. La ruptura de la caja única de la Seguridad Social es vista por algunos como un ataque a la solidaridad y a los principios constitucionales, mientras que para otros dicha solidaridad no sufriría ningún quebranto ni se articularán procedimientos que variarán el control tan centralizado y dirigista actualmente existente.
Tal y como dice la exposición de motivos del proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, es necesaria la adaptación a las circunstancias sociales y económicas de cada momento histórico, y por ello bueno sería que, como estrategia, esta Cámara se planteara, como se planteó en su momento el Parlamento vasco, la posibilidad de incorporar en el proyecto la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco al objeto de permitir integrar los mecanismos de atención a las necesidades y prestaciones económicas propias de la Seguridad Social.
Este debate político, y hasta intelectual y social, ha sido ya planteado e incluso resuelto en el Parlamento de Gasteiz --por cierto, con el consenso unánime de todas las fuerzas democráticas en él presentes-- cuando en el año 1993 aprobó el informe sobre el desarrollo estatutario.
Entonces se decía que la habilitación estatutaria para la reclamación de las transferencias que ampara la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por parte de las instituciones vascas tiene meridiano apoyo en los artículos 18.2 b) y 18.4, comentados anteriormente, sin que deban ser impedimentos insalvables las competencias que sobre la materia ha reservado la Constitución al Estado. Deben conciliarse ambos textos, constitucional y estatutario, y por ello entendemos que la Disposición Transitoria quinta del Estatuto tiene un valor jurídico y político

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relevante pues coordina ambos intereses de manera equilibrada.
Debe, pues, hacerse realidad el mandato de la Disposición Transitoria citada para establecer los mecanismos de relación entre la Comunidad Autónoma vasca y el Estado en orden a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por parte de aquélla.
El desarrollo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía y pendientes aún de transferir, como pueden ser política científica, investigación tecnológica, régimen económico de la Seguridad Social, INEM y las cuarenta y tantas restantes, pasan por ser uno de los retos pendientes más trascendentales para lograr el impulso y la profundización del autogobierno. Tal empeño debe a su vez engarzarse con la voluntad de atender y respetar los principios de solidaridad --insisto--, cohesión territorial e igualdad básica de los ciudadanos.
El procedimiento de convenio exigido continuamente ha de garantizar el carácter unitario de dicho régimen económico e, insisto, la solidaridad y no discriminación con el resto de ciudadanos del Estado. Además, ha de permitir el incremento del grado de bienestar de la sociedad vasca y la definición y concreción de los actos de gestión de los recursos del sistema correspondiente a la Comunidad Autónoma, todo ello con la debida coordinación con la Administración del Estado. De esta forma se logrará una adecuada gestión y el equilibrio financiero global del sistema de Seguridad Social que permita garantizar, de cara al futuro, la pervivencia del sistema público de previsión social de carácter contributivo, cumpliendo correctamente la exigencia impuesta por el artículo 41 de la Constitución.
El consenso antes aludido, que se consiguió en el año 1993 en la Cámara vasca y que, por cierto, fue ratificado el 16 de abril de 1997 por un Acuerdo del Parlamento vasco por el que las siguientes fuerzas políticas: Grupo de Nacionalistas Vascos, Grupo de Socialistas Vascos-Euskal Sozialista, Grupo Popular Vasco y Eusko Alkartasuna --repito que se trata de la adopción de un acuerdo mayoritario en el Parlamento vasco-- establecían lo siguiente: El Parlamento vasco cree necesario potenciar un sistema financieramente equilibrado que no sólo dé respuesta al problema de las pensiones sino que consolide y perfeccione el actual sistema público de Seguridad Social. Asimismo, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones futuras debe ser una de las prioridades básicas, todo ello de acuerdo con las líneas estratégicas previstas en el Pacto de Toledo suscrito en 1995 con el consenso de todos los partidos políticos.
Punto número 2 de este Acuerdo: De igual manera, este Parlamento solicita al Gobierno español el traspaso de los servicios inherentes a la materia de la Seguridad Social según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía contemplado en la Resolución aprobada en esta misma Cámara por unanimidad el día 1 de julio de 1993.
Señorías, este Acuerdo se ha tomado el día 16 de abril de 1997, insisto en ello. Este Acuerdo, absolutamente coherente con los argumentos que fundamentan este veto, ha sido aprobado por el Grupo de Nacionalistas Vascos, por el Grupo de Socialistas Vascos, por el Grupo Popular y por el Grupo de Eusko Alkartasuna.
Creo que esto debería trasladarse al proyecto que ahora se debate para mejorarlo en toda su extensión; es decir, habría que incorporar al texto el acuerdo que posibilite, tanto a la Comisión Permanente integrada por los firmantes del Pacto, como a la Comisión Mixta de Transferencias que se constituya, el estudio y la reclamación del convenio que permita cuanto antes la transferencia al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social, aun siendo conocedores de que la Seguridad Social en el País Vasco experimenta en términos corrientes crecimientos prácticamente estables en cuanto a las cotizaciones, e incrementos fortísimos en el gasto, tanto en términos corrientes, como reales, y especialmente en el componente principal de las pensiones contributivas, colocando el saldo final en una situación un tanto delicada.
Se nos está acusando aquí --como se hace de forma reiterada-- de ser insolidarios, de discriminar a los ciudadanos, o de querer aprovecharnos de un saldo presuntamente positivo, pero creo que han quedado claros la posición y el argumento en que se basa esta propuesta de veto. Insistimos en que se debe cumplir lo que dice el ordenamiento jurídico vigente y en que hay que dejar de poner trabas al desarrollo estatutario del País Vasco.
La coherencia que en su día nos llevó a rechazar por este mismo motivo la Ley General de la Seguridad Social, ahora nos exige rechazar en conjunto este proyecto, al que también hemos presentado algunas enmiendas parciales que entiendo que contribuyen a su mejora y tienden a introducir algunos de los aspectos planteados, así como colaboran a la transparencia en el conjunto del proyecto.
Este es el sentido de la propuesta de veto. Espero que sus señorías así lo entiendan y no planteen argumentos demagógicos sobre insolidaridad y discriminación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Turno en contra. Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Rodríguez de la Borbolla.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir un turno en contra de los vetos presentados, por lo que paso inmediatamente a exponer la razón de esta oposición.
Estamos en contra de los vetos, porque estamos a favor de dos alternativas a los mismos, dos documentos básicos que nos permiten mantener esa posición: el Pacto de Toledo y la Constitución Española.
Como digo, estamos a favor del Pacto de Toledo y de la Constitución Española, aunque no a favor del proyecto de ley que se va a debatir.
Pensamos que ésta es una actitud plenamente coherente, porque defendemos una política de fondo, una política de larga duración, unas soluciones que puedan dar una respuesta duradera a los problemas de la sociedad española, con independencia de cuál sea nuestra posición de Gobierno en el momento concreto en que defendemos esas

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posiciones y de cuál pueda ser la actitud del Gobierno del momento en relación con nuestras propuestas.
Insisto, defendemos el Pacto de Toledo. Y porque lo defendemos, quizá sea conveniente recordar algo sobre el mismo. En primer lugar, el Pacto de Toledo es un acuerdo dirigido a la consolidación del modelo actual de pensiones. Por tanto, está en contra del modelo actual toda medida que, por muy progresista que parezca, atente contra los equilibrios financieros del sistema en su conjunto. Pues bien, entre las enmiendas planteadas por Izquierda Unida --reflejo de lo que se querría conseguir con esta propuesta de veto--, hay un gran número de ellas a las que tendremos que dar nuestro voto en contra, porque, desde nuestro punto de vista, y con todo respeto, al reflejar una posición voluntarista y maximalista pondrían en riesgo los equilibrios internos del sistema; especialmente, los del sistema contributivo.
En segundo lugar, el Pacto de Toledo no fue resultado de una iniciativa esporádica ni fruto de un acuerdo coyuntural --por lo menos, no para los socialistas--, y mucho menos una operación dirigida a lograr, como parece preocupar a algunos, que las pensiones no sean ya más objeto de debate electoral. Dicho sea de paso, las pensiones y la política para las mismas seguirán siendo objeto de debate si siguen constituyendo un problema y una preocupación; y no lo serán, si hay una solución consensuada, como la que se plantea en el Pacto de Toledo.
Precisamente para eso se firmó el Pacto de Toledo: para conseguir una solución de futuro que, al mismo tiempo que miraba hacia él, se basaba en dos datos clave. El primero, lo ya realizado en los períodos anteriores al Pacto.
El Pacto de Toledo fue el momento final de un proceso de racionalización del sistema de Seguridad Social, un proceso en el que se incluían medidas como las que se adoptaron desde 1982 a 1996, referidas a la elevación de topes máximos de cotización; la revalorización anual de las pensiones; la Ley de Pensiones de 1985; la aproximación de las bases de cotización hacia los salarios reales en 1983, 1984, 1989, 1990 y 1993, la Ley General de Sanidad, de 1986, etcétera. El Pacto de Toledo firmado sirvió para convalidar, entre otras cosas, la Ley de Pensiones de 1985. Y se basaba en los oportunos análisis actuariales y económicos, que demostraban que el sistema es viable, sí, pero necesitaba reformas.
Sobre esta base, es contrario al Pacto de Toledo una iniciativa política como la reflejada en la propuesta de veto de Izquierda Unida, con la que se pretenda promover giros radicales en las orientaciones políticas mantenidas desde hace más de un decenio y que han dado lugar a una suficiente, aunque mejorable, consolidación del sistema.
También es contrario al Pacto de Toledo un conjunto de medidas que podrían ser contradictorias y poner en peligro los cálculos actuariales y económicos que, aceptados por todos los Partidos, sirvieron luego para firmar el Pacto.
Asimismo, el Pacto de Toledo --y digo esto por primera vez en este debate, pero lo reiteraré a lo largo del mismo-- es un acuerdo de mínimos entre todas las fuerzas políticas, pero no la plasmación --ni tiene vocación de serlo-- del programa político de un partido o de un Gobierno concreto. Y como es un programa de mínimos, se apoya en una serie de postulados que constituyen su arquitectura básica. En primer lugar, en la separación nítida de las fuentes de financiación del sistema contributivo y del no contributivo. En segundo lugar, en la constitución de reservas para el equilibrio futuro del sistema contributivo. Y, en tercer lugar, en la mejora de la relación entre las cotizaciones y las futuras prestaciones derivadas de esas cotizaciones, para garantizar el equilibrio interno del sistema contributivo y la viabilidad del volumen y nivel de las prestaciones.
Por tanto, sería contrario al Pacto de Toledo toda propuesta de veto en la que se incluyeran proposiciones que pusieran en peligro esos equilibrios internos en materia de prestaciones concretas, en el cálculo de las bases reguladoras, en los topes de cotización, etcétera. Y, desde nuestro punto de vista, en el veto de Izquierda Unida hay una serie de propuestas que pondrían en peligro los equilibrios del sistema.
La necesidad de equilibrios del sistema de pensiones es necesaria para la supervivencia, mejora y consolidación del sistema de protección social, pero no se debe a ninguna exigencia externa. Cuando se firma el Pacto de Toledo, se firma para garantizar el sistema de prestaciones, no para hacer posible el ingreso de Europa en la Unión Europea o el acercamiento al programa de convergencia. Son procesos independientes y por tanto iría contra el Pacto de Toledo y contra la filosofía de racionalización y mejora del sistema cualquier iniciativa que pusiera por delante de las propias exigencias de consolidación del sistema las posibles medidas convenientes para disminuir el déficit y poder avanzar en el programa de convergencia en otros campos.
El Pacto de Toledo tiene una lógica propia, lo mismo que de financiación y consolidación, con independencia de las lógicas globales del sistema presupuestario y de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que respetar su lógica, tanto por parte de quien quiere oponerse a la ley, como de quien quiere defenderla. Seguiremos profundizando en estos argumentos.
Para terminar, voy a enumerar tres notas sobre la propuesta de veto presentada por la Senadora De Boneta. Desde nuestro punto de vista, todas la posiciones, incluso los argumentos, son respetables, pero, Senadora De Boneta, sólo podemos votar en contra por tres razones: Primero, porque el proyecto de ley y el Pacto de Toledo no se refieren en absoluto a ninguna de las materias que --según usted ha dicho-- deberían de ser objeto de traspaso de competencias en su día. Son todas materias básicas y de competencia del Estado.
En segundo lugar, porque este proyecto de ley no regula ningún traspaso de competencias por parte del Estado a las Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, porque, incluso desde la posición de los sindicatos nacionalistas, como la Confederación Intersindical Galega y ELA-STV, sólo se plantean cuestiones de ordenación del sistema y no de distribución de competencias entre las distintas administraciones o ámbitos de los entes representativos del poder público en el Estado y las Comunidades Autónomas.


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Por tanto, en este caso también votaremos en contra de esta propuesta de veto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don Jaime Lobo Asenjo, en turno en contra.


El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el veto que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Mixto viene a reproducir en mayor o menor medida la enmienda a la totalidad que este mismo Grupo presentó en el Congreso de los Diputados, solicitando la devolución de este importantísimo proyecto de ley al Gobierno.
Por tanto, al no añadirse nada nuevo o argumentos más profundos que pudieran habernos hecho cambiar nuestra posición, vamos a rechazar el veto también en esta Cámara. No lo vamos a hacer por mimetismo con la Cámara Baja, sino porque mi Grupo sigue pensando que el proyecto de ley que hoy debatimos, con las 25 enmiendas y transacciones de los distintos grupos parlamentarios incorporadas en el transcurso del debate en el Congreso de los Diputados, diseña un proceso --pueden estar tranquilos los pensionistas españoles-- gradual de reformas, orientado, de una parte, al mantenimiento del equilibrio financiero, como aquí se ha dicho, y, de otra, a fomentar la solidaridad social con los sectores más necesitados de protección, mejorando las prestaciones que se han manifestado más insuficientes, como pueden ser las de viudedad y las de orfandad, según las posibilidades del sistema y, además, siguiendo en todo momento --me lo oirán decir a mí, al menos, muchas veces-- las pautas marcadas por el Pacto de Toledo y por el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Por tanto, señorías, este proyecto no tiene nada de regresivo.
Asimismo, el modelo de financiación que se diseña en este proyecto --quiero tranquilizar desde aquí a los portavoces de los diferentes grupos-- de ningún modo supone una merma a la garantía del respaldo del Estado hacia el sistema.
En el articulado del proyecto de ley se deja en todo momento clara constancia de los recursos con que han de ser financiadas las prestaciones de Seguridad Social, señalándose, además, que las prestaciones contributivas se financiarán --recalco la palabra se financiarán-- básicamente con las cuotas de empresarios y trabajadores, pero también con otro tipo de recursos, como las aportaciones específicas del Estado que se acuerden en su caso.
No debemos olvidar, señorías, que la Seguridad Social también es Estado y estoy seguro de que esa Cámara, cuando anualmente debate los Presupuestos que se nos someten a aprobación y en la que nos encontramos representados todos los grupos políticos, va a saber atender, a través del instrumento que se nos ofrece con esta ley, la suficiencia financiera del sistema ante las exigencias coyunturales. Por tanto, yo creo que la suficiencia financiera que aquí se ha pretendido poner en cuestión, contando con la garantía del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios, está más que garantizada.
Por otra parte, el proyecto de ley que hoy llega al Senado constituye la mejor prueba de la decidida voluntad de un Gobierno y de los agentes sociales de acometer la separación y clarificación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, proceso que se va a llevar a cabo con la necesaria gradualidad, debiendo concluirse en el ejercicio presupuestario del año 2002, tal y como dije antes y como se prevé en el acuerdo con las organizaciones sindicales y en el Pacto de Toledo, en el que en ningún momento se diseñan medidas traumáticas, ni para la economía en general ni para el propio sistema de Seguridad Social.
Por otra parte, señorías, en el proyecto de ley se prevé, como no podía ser de otra forma, la creación del fondo de reserva, cuya dotación debe acompasarse al ritmo de separación de las fuentes de financiación. Como ya es conocido, el acuerdo con las organizaciones sindicales prevé que en el período transitorio se mantenga la financiación parcial, con cargo a cotizaciones de las prestaciones y servicio de naturaleza no contributiva, en proporción decreciente y al ritmo más rápido posible.
Este es el compromiso que ha contraído el Gobierno y es lo que mi Grupo va a respetar.
Por lo que se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que también se ha puesto en cuestión aquí, tengo que decir que el proyecto de ley garantiza en todo momento, mediante una fórmula estable, el mantenimiento del poder de compra de las pensiones, sin que la inflación suponga una merma encubierta de sus ingresos. La regulación propuesta se acomoda en toda su literalidad a la Recomendación Undécima del Pacto de Toledo.
En cuanto a la equiparación de las pensiones al salario mínimo interprofesional, también me ha parecido que se ponía en cuestión por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo creo que este Grupo se olvida de la postura manifestada en el debate previo a la aprobación por la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados así como de la que mantuvo ante el Pleno y del informe emitido por la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. En aquella ocasión la postura de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue mucho menos drástica y mucho más acorde a la situación financiera del sistema, conscientes --yo creo-- del coste económico que entraña la adopción de esta medida. En dichos debates Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya proponía abordar este acercamiento a un futuro y de forma gradual, como, desde luego, todos deseamos.
En lo que se refiere a la desaparición drástica --a lo que también se ha aludido aquí por el representante de Izquierda Unida-- de las bases máximas de cotización en todos los grupos, provocaría actualmente --pensamos nosotros-- más perjuicios para el sistema que beneficios. Y lo que todavía es mucho más importante: sería una medida

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contradictoria con la creación de empleo, lo que en este momento tanto preocupa a todos los españoles.
Otra de las cuestiones por la que el Grupo proponente formaliza su veto al proyecto viene determinada por su oposición a la modificación de la base reguladora y a la cuantía de las pensiones que pueda implicar recortes para las pensiones futuras de determinados colectivos. Y aquí he de resaltar dos aspectos fundamentales: primero, la única base reguladora que se va a ver afectada por el proyecto es la de la pensión de jubilación y no de las pensiones en general, y segundo, ni siquiera el Grupo proponente se atreve a afirmar con rotundidad que las medidas adoptadas implican recortes para las pensiones. De recortes, por lo tanto, nada de nada.
Otra de las consideraciones recogidas en su veto por Izquierda Unida es la referida a la mejora de las condiciones de las jubilaciones anticipadas, así como de las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad.
He de decir que el proyecto que presenta mi Grupo y que se ha presentado en esta Cámara ya contiene, dentro de las posibilidades actuales del propio sistema, determinadas medidas de mejora en estos aspectos.
También, a juicio del Grupo proponente, el proyecto debería contemplar, antes del año 2000, el desarrollo de la recomendación contenida en el Pacto de Toledo referente a que las actuaciones en materia de anticipación de edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos sean con cargo a la fiscalidad general. Quiero decirle a su señoría que esta recomendación ya está siendo puesta en práctica por el actual Gobierno desde su toma de posesión y está reflejado en un buen paquete de medidas que se han ido estableciendo. No obstante, creemos que este proyecto no es el lugar más idóneo, puesto que este aspecto no ha sido objeto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
Por último, hay que tener en cuenta que algunos de los aspectos abordados en este proyecto de ley están pendientes de encontrar su puntual concreción con los agentes sociales y, consecuentemente, habrán de plasmarse en una normativa que se desarrollará mediante los correspondientes reglamentos.
Por lo tanto, señorías, analizadas las razones que parecen fundamentar el veto formulado por Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, las consideramos globalmente injustificadas y, por lo mismo, vamos a rechazar este veto.
Por lo que se refiere al veto formulado por la Senadora De Boneta y Piedra, quiero decirle, como ya ha dicho el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, que este proyecto de ley --se lo digo con todos los respetos-- ni incumple el Estatuto de Gernika, en la medida en que se limita a introducir una serie de modificaciones puntuales en el texto de la Ley General de Seguridad Social, así como a plasmar en su articulado el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, con las que de ninguna manera se trataron materias relativas al Estatuto de Autonomía del País Vasco, ni se consideró en él las medidas acordadas y recogidas en el actual texto del proyecto de ley.
Por lo tanto, señorías, esta enmienda de veto también va a ser rechazada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Lobo Asenjo.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto ha pedido fragmentar el tiempo, por lo que se distribuirán cinco minutos cada uno con una cierta flexibilidad en este caso. En primer lugar, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Acomodaremos el tiempo para que pueda intervenir la Senadora doña Inmaculada de Boneta.
Voy a seguir el orden de los dos Senadores que han intervenido para rechazar la propuesta de veto de Izquierda Unida. Me da la impresión, señor Rodríguez de la Borbolla, que su posición es un quiero y no puedo, no sé si quiero o no puedo. Porque dice su señoría que está de acuerdo con los Pactos de Toledo, que está de acuerdo con la Constitución y, a continuación, que está en desacuerdo con la ley. Pero va a votar aspectos de la ley contrarios a los argumentos que su señoría ha expuesto aquí, porque dice que bajo ningún concepto esta ley puede enmascarar el cumplimiento de los objetivos de convergencia o de entrar en Europa. No sé si su señoría habla de Maastricht, Amsterdam o de cualquier otro lugar.
El señor Rodríguez de la Borbolla dice que son enmiendas maximalistas, cuando algunas de ellas tratan de recoger resoluciones aprobadas por la Unión General de Trabajadores --su señoría ha hablado poco de los sindicatos--; enmiendas que dice que ponen en peligro el equilibrio financiero. Yo le he oído a su señoría en la Comisión prácticamente los mismos razonamientos que hemos defendido en nuestras enmiendas. ¿También su señoría se va a calificar de maximalista? Y en cuanto al equilibrio financiero --cosa tan vidriosa, tan cambiante--, ¿cuántas veces puede cambiar el criterio sobre equilibrio financiero? ¿Cuántas veces habrá que ajustar el equilibrio financiero? ¿Quién pone ese listón al equilibrio financiero? Señoría, de lo que se trata en esta ley es de recortar las pensiones. Y respondiendo a su señoría, lo digo y lo afirmo: se recortan las pensiones ahora y deja la puerta abierta a un recorte de las pensiones en el futuro. Sin paliativos, no me escondo para decirlo, señoría.
Dice que las enmiendas o los argumentos que intenta introducir Izquierda Unida en su propuesta de veto son giros radicales y habla de que los Pactos de Toledo son un mínimo que consagran separación de fuentes, reservas y cotización en relación con las prestaciones, eso sin poner en juego el equilibrio financiero. Un quiero pero no puedo, señor Rodríguez de la Borbolla.
Es una insatisfacción permanente de su Grupo parlamentario lo que su señoría me ha demostrado en el debate de esta ley. Y eso sí, dice: Pactos de Toledo, pero ¡ojo!, porque hay que tener cuidado de que el Gobierno quiera utilizar esta ley para conseguir objetivos económicos que permitan esa integración de Europa. ¡Con los tiempos que corren, señor Rodríguez de la Borbolla, en estos momentos por Europa! ¡Con los planteamientos que se hacen

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desde Francia sobre los contenidos y la lucha por el empleo y aspectos sociales, y con los contenidos que se plantean desde Inglaterra, señoría! Es muy difícil su posición.
Esta vez no han arremetido contra Izquierda Unida, y claro que es novedoso. No hay muchas cosas distintas con respecto a nuestra posición en el Congreso de los Diputados, como no podía ser menos. Esta mañana yo no voy a hablar de pinzas, por lo menos no lo he hecho hasta ahora. En el Congreso de los Diputados presentamos la enmienda a la totalidad porque entendíamos que se podía presentar un proyecto de ley que recogiera y desarrollara los aspectos del Pacto de Toledo de forma progresista, y no se hace. Señor Rodríguez de la Borbolla, viene a significar que no se hace. Y en el trámite de Comisión su señoría dijo que algunos artículos eran inaceptables, lo que les llevaría a votar en contra de la ley. No sé si van a mantener eso en este debate.
Señorías, se pierde poder adquisitivo con los mecanismos que establece la ley, y tendremos oportunidad de discutir enmienda por enmienda. Sus señorías verán que lo que hacemos desde Izquierda Unida es una aportación a la mejora de algo tan importante como es la racionalización, la consolidación del sistema de la Seguridad Social. Y lo voy a reafirmar una vez más: estamos en contra del recorte de las pensiones, ahora y en el futuro; estamos en contra del carácter discrecional que se otorga en la ley a la reglamentación, esas poderosas facultades que le otorga la ley al Gobierno para reglamentar y regular cuantiosos aspectos de esta materia.
Señorías, lo dije ayer y lo reafirmo hoy: yo suscribo la iniciativa del Gobierno francés sobre creación de empleo. Es una vía --por qué no-- discutir en esta Cámara una ley marco sobre creación de empleo y no cargarlo sobre la Seguridad Social, que tiene, insisto, superávit. Salvo que se tomen decisiones políticas para convertir ese superávit en déficit y puedan justificar una privatización del sistema, ahora tiene superávit.
Y lo que pretendemos con nuestras enmiendas y lo que hemos pretendido con nuestro veto es mejorar esa ley, es garantizar que va a existir un sistema de Seguridad Social justo y solidario.
Señor Rodríguez de la Borbolla, afortunadamente nuestras posiciones van siendo cada vez menos maximalistas, o al menos su señoría se aproxima a las posiciones maximalistas, porque en ese querer y no poder en el debate de la ley tendremos oportunidad de ver cómo en algunas de las enmiendas que presentan sus señorías también hay una confrontación con la misma.
Además, hoy no he oído ataques frontales a Izquierda Unida. Se entiende que cada vez estamos menos solos, que ese viento que recorre Europa de mejora de las prestaciones sociales, de mejora del contenido social, también está influyendo en su señoría.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a resumir mi respuesta a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, que han utilizado el turno en contra del veto que he presentado, de la siguiente manera. Yo creo que me han venido a decir: Senadora De Boneta, se ha equivocado usted de ley.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha dado tres argumentos: me ha dicho que no se refería al traspaso de competencias, que no regula traspaso alguno --segundo argumento que más o menos viene a decir lo mismo que el primero-- y que los sindicatos nacionalistas, tanto el Sindicato Nacionalista Gallego como ELA-STV, están de acuerdo con esta regulación --no he entendido muy bien a qué venía el que introdujera este elemento de los sindicatos--. En todo caso, el fondo de la cuestión era: usted se ha equivocado de ley. El Senador portavoz del Grupo Parlamentario Popular me ha dicho que esta ley ni cumple ni incumple ningún Estatuto, ni ningún proceso de transferencias, ni ninguna ley.
Yo quiero insistir en una cuestión a la que he hecho referencia a lo largo de todo el debate: este Proyecto de Ley se llama de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social --creo que éste es el título correcto del Proyecto de Ley que estamos debatiendo--. El artículo 18 del Estatuto de Autonomía, al que he hecho mención, se refiere a las competencias que se atribuyen a la Comunidad Autónoma vasca en desarrollo legislativo y ejecución en esta materia y en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Estamos hablando de lo mismo y creo que vale decir que, aunque estemos a favor y pensemos que realmente hay que proceder a esta racionalización del sistema de Seguridad Social, es decir, aunque estemos a favor del fondo y compartamos el análisis de la necesidad de esta ley, nosotros, por coherencia con nuestra oposición a una legislación que impide el desarrollo de unas competencia de la Comunidad Autónoma vasca, y puesto que lo que hoy debatimos es parte de la misma legislación y de hecho modifica esa Ley General de la Seguridad Social, por pura coherencia, repito, tenemos que vetar esta ley. Luego creo que sí tiene algo que ver.
Por último, tengo que decir que si no tiene nada que ver deberán ustedes comunicárselo a sus portavoces en el Parlamento de Gasteiz, puesto que el Parlamento vasco, uniéndose y diciendo que es necesario potenciar un sistema financieramente equilibrado que no sólo dé respuesta al problema de las pensiones, sino que consolide y perfeccione el actual sistema público de Seguridad Social --esto lo dice el 16 de abril de 1997, como he dicho antes--, establece lo siguiente en el segundo punto: De igual manera, este Parlamento solicita al Gobierno español el traspaso de los servicios inherentes a la materia de Seguridad Social, según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Con lo cual, se está refiriendo a lo mismo que esta Senadora ha defendido aquí, y está firmando y votado por el Grupo Socialista en el Parlamento vasco y por el Grupo Popular en el Parlamento vasco. Es decir, que parece que somos muchos los que nos hemos equivocado de ley; más bien parece, señoría, una respuesta de mera salida por la tangente.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que tengo que decir al manifestar la posición de nuestro Grupo ante estos dos vetos es que no los vamos a apoyar. Adelanto que votaremos en contra del de Izquierda Unida y nos abstendremos en el caso del presentado por la señora De Boneta, en función de que consideramos que para el debate de lo que ella propone --con cuyo contenido estamos absolutamente de acuerdo-- hoy no es el día, ni tampoco es el momento, ni es tampoco la ley --hay que decirlo con claridad--. Por eso nuestro Grupo ha presentado una enmienda que busca los mismísimos objetivos, que pretende precisamente incardinarse en lo que aquí se ha utilizado como argumento --que es precisamente la aplicación de los acuerdos del Pacto de Toledo, de todos los acuerdos del Pacto de Toledo-- y que debe ser considerado como una de las fórmulas de articulación de este Estado que se dice de las Autonomías, pero que desde los partidos mayoritarios no se lo acaban de creer y mucho menos de poner en práctica.
Cinco o seis son los puntos por los cuales estamos en estos momentos en desacuerdo. En primer lugar, el actual Proyecto de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social --como ya se ha dicho desde esta tribuna muchas veces-- trae causa del consenso alcanzado en el Pacto de Toledo entre los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, en el cual se pusieron de manifiesto, primero, las debilidades del actual sistema de reparto en que se fundamenta el sistema de Seguridad Social de base pública y, segundo, las medidas que debían articularse para que con sus actuales fundamentos pudieran encarar con solidez las prestaciones futuras en el escenario del envejecimiento de la población, de la internacionalización de la economía y de la competitividad --eso fue el Pacto de Toledo--. Y en ese diagnóstico, en segundo lugar, nuestro Grupo participó en el consenso, sin perjuicio de las cuestiones que en su momento ya se plantearon relativas al autogobierno y desarrollo estatutario, la implicación de la sociedad en la gestión del sistema y la articulación de una verdadera Seguridad Social complementaria, que por nuestra parte ya pusimos de manifiesto en su día y que en algunas Comunidades Autónomas, como la nuestra, se está practicando con eficacia.
En tercer lugar, el Proyecto de Ley que hoy estamos terminando de debatir establece con carácter general una serie de medidas que tienden al equilibrio financiero global del sistema de Seguridad Social a fin de que las cotizaciones sean suficientes para hacer frente a las prestaciones contributivas, después de operar una separación en las fuentes de financiación de las distintas prestaciones de una manera gradual pero cierta en el tiempo.
Como cuarto punto quiero resaltar desde este momento --y me refiero precisamente al argumento de Izquierda Unida-- que no compartimos el presupuesto de hecho en el que se basa la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida en cuanto a que la Seguridad Social no tiene problemas en su parte contributiva, o parece no tenerlos. Todos coincidiremos en que si existe algo es una clara unanimidad en cuanto a la incertidumbre sobre la viabilidad en los actuales términos del sistema de Seguridad Social público que hoy conocemos en todo occidente, viabilidad que hay que buscar y a la cual hay que impedirle cualquier obstáculo. Y en este sentido no somos una excepción.
Frente a tal diagnóstico se plantean dos alternativas: desmantelarlo o adaptarlo. Nuestro Grupo ha votado por adaptarlo y en eso estamos en este debate. Y ello, como resulta obvio y no escapa a sus señorías, requiere intervenciones quirúrgicas ciertamente dolorosas, pero igualmente necesarias si queremos salvar el modelo público y solidario que actualmente conocemos. De ahí que reclame otra vez el acuerdo y el consenso establecido en el Pacto de Toledo.
Lo que acabo de decir no significa que no seamos críticos con el Proyecto que hoy estamos examinando aquí, en el Senado, después de su debate en el Congreso, donde manifestamos nuestra posición crítica. Por un lado, tenemos que abordar de manera inmediata la articulación del resto de recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo que creemos que quedan no cubiertas en este Proyecto de Ley y que no son objeto de tratamiento, insisto, en este Proyecto de Ley, especialmente las relativas a la integración y a la mejora de la gestión.
Respecto a la integración, quiero señalar que la nueva estructuración de la Seguridad Social debe realizarse teniendo en cuenta la configuración constitucional y estatutaria de dicha materia, máxime cuando la Seguridad Social, en su vertiente de prestaciones económicas, es una pieza clave de la acción política destinada a garantizar la integración y estabilidad social, debiendo, por ello, asociarse positivamente con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, y también la mejora de la prestación de servicios, dándoles un alto protagonismo en la realización práctica del sistema, siempre respetando el principio de solidaridad.
Este es nuestro argumento para abstenernos y no apoyar el veto presentado por la señora Inmaculada de Boneta.
La articulación de una implicación más amplia de las Comunidades Autónomas en la gestión de la prestación económica del sistema redundará, desde nuestro punto de vista, en una más precisa determinación y localización de los servicios, en una mayor proximidad o acercamiento del servicio al usuario y, también, en el establecimiento de cauces más fluidos de participación de los usuarios en los servicios. En cuanto a la mejora de la gestión, debe considerarse con carácter general la implicación de la sociedad en la gestión de las prestaciones del sistema y de manera singular de las gentes con finalidad social.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, señorías, es crítico con el Proyecto de Ley, pero no hasta el punto de solicitar su devolución al Gobierno. Lo

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dijimos en el Congreso y lo reiteramos aquí en el Senado. No lo vamos a rechazar de raíz. En definitiva, la posición del Grupo Vasco es no apoyar las enmiendas a la totalidad a través de los vetos planteados. Lo que queremos es que el Proyecto sea debatido y mejorado con las enmiendas presentadas por los diferentes grupos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias.
Señor Presidente, señorías, si situamos el origen de este Proyecto de Ley en los pactos de Toledo suscritos en su día por todas las fuerzas parlamentarias y, posteriormente, suscrito por sindicatos y empresarios, podemos deducir fácilmente que estamos ante un Proyecto de gran trascendencia social. Evidentemente, este Proyecto de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, como su nombre indica, quiere conseguir un sistema de protección más justo. Así lo entiende nuestro Grupo parlamentario y ahí están las aportaciones de nuestros portavoces en el debate del Congreso, pues pienso que hemos contribuido a mejorar este Proyecto de Ley. Desearíamos que esto también ocurriera en el debate del Senado. Así lo hemos expresado en Ponencia y en Comisión formulando algunas enmiendas, alguna de las cuales ha sido aceptada o transaccionada. Por lo menos, hemos intentado mejorarlas.
Con este Proyecto de Ley se garantiza de forma automática el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se inicia formalmente la separación de la financiación de las pensiones contributivas de las no contributivas y se empieza también a abordar el tema de los autónomos. Esto, de alguna forma, nos lleva a pensar que esta ley debe llevarse adelante. No creemos oportuno retrasar ni rechazar este Proyecto, aunque hemos sido críticos en relación con algunos artículos.
Por lo tanto, nuestro Grupo no va a apoyar estas propuestas de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, empiezo explicándole a la Senadora De Boneta que mi referencia a los sindicatos fue hecha porque en el dictamen que el Consejo Económico y Social tiene que evacuar sobre todo Proyecto de Ley, los sindicatos nacionalistas vascos no plantearon, seguramente porque pensaban que no era el momento, ninguna de las ideas o iniciativas que se plantean en su propuesta de veto. Lo he mencionado para reforzar el argumento de que el debate se plantearía en otro momento y no ahora.
El Senador Román Clemente ha dedicado, desde mi punto de vista, una buena parte del tiempo de su intervención a valorar la situación de comodidad o incomodidad en la que pudiéramos encontrarnos los socialistas con ocasión del debate de este Proyecto. Y pensando, pensando en cómo podía explicarle yo bien lo cómodos que estamos, me he acordado de una anécdota de los primeros tiempos, que viene al caso ahora que vamos a celebrar los 20 años del inicio de la transición democrática en España, que le ocurrió a un preclaro representante del comunismo español, como fue Ignacio Gallego. Permítanme que se la cuente porque se va a entender muy bien la diferencia entre una posición y otra.
En el IX Congreso del Partido Comunista se planteó el abandono del marxismo-leninismo y se celebraron asambleas, conferencias y congresos por toda España para convencer a los camaradas de que llegada era la hora de abandonar el marxismo-leninismo. Se organizó una conferencia andaluza en Sevilla. Todos los delegados fueron a escuchar la palabra de sus dirigentes que iban a darles la buena nueva del abandono de la fe antigua. Tomó la palabra Carrillo y no movió los corazones. Los delegados se quedaron inquietos, pues no había quedado claro si había abandonado o no el marxismo. Pidió entonces la palabra Ignacio Gallego, que era un gran tipo y que tenía muchas sabidurías. Había sido porquero y, por lo tanto, sabía dirigir un conjunto, orientar, no digamos a una piara, pero sí a la gente; había sido flautista en la banda municipal de Jaén y tenía capacidad para hacer solos; había sido también militar, General del Ejército Rojo, por lo tanto, tenía la capacidad de seleccionar objetivos.
Se subió a la tribuna y con esa facilidad de verbo que tenía dijo: «Camaradas, he sido leninista toda mi vida (ovación). Sigo siendo leninista (ovación) y me moriré siendo leninista (ovación). Por lo tanto, os digo: hay que abandonar el leninismo (ovación).» Y abandonaron.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Podemos decir que la posición fue cómoda? No. Incómoda, pero hábil. Creía en algo y, por lo tanto, lo abandonaba. ¿Cuál es nuestra posición, entonces? Creemos en el pacto de Toledo y como creemos en él lo defendemos, ya sea frente a quienes lo cuestionan aludiendo un presunto progresismo, ya sea frente a quienes lo interpretan torcidamente, como paso a demostrar.
Para nosotros --y lo que voy a añadir nos puede servir para entendernos en este debate-- el pacto de Toledo es --pongo otro ejemplo-- el Evangelio. Después del pacto de Toledo ha habido un acuerdo con los sindicatos, pero el pacto con los sindicatos será todo lo más San Agustín, pero no es el Evangelio. (Risas.) Puestos a que haya contradicciones entre San Agustín y Los Evangelios habrá que ir a Los Evangelios porque defendemos el pacto de Toledo. Nuestra posición es, entonces, realmente cómoda: defendemos aquello que se acordó en su día entre todas las fuerzas políticas. ¿Para qué se acordó y qué se acordó? En primer lugar, se acordó, en la recomendación primera, párrafo primero, líneas primera y segunda del Pacto de Toledo, que las pensiones contributivas se financiarán con las cotizaciones

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sociales básicamente. Es decir, se aceptó que podría ser necesaria, además, una financiación adicional de parte de los Presupuestos Generales del Estado, y eso no se reconoce en la ley. Además, para hacer posible el equilibrio interno, así como para garantizar la financiación de las prestaciones no contributivas, el Pacto de Toledo estipuló que la financiación de las pensiones no contributivas dependerá exclusivamente de la imposición general --exclusivamente--, para lo cual las aportaciones de los Presupuestos del Estado deberían ser suficientes, dicho esto en la recomendación primera, párrafo cuarto, líneas primera y segunda.
¿Por qué se hizo esto al firmar el Pacto de Toledo? Con brevedad, lo explico. En primer lugar, porque si las cotizaciones sociales se pudieran adscribir al pago indistintamente tanto de las prestaciones contributivas como de las no contributivas, se podría producir una insuficiencia de las fuentes de financiación, con lo cual quedaría en entredicho, y podría ser puesto en riesgo, todo el sistema de la Seguridad Social. En segundo lugar, se acordó aquello porque si no existiera una vinculación clara para los gobiernos para que produjeran una aportación suficiente del Estado para la financiación del sistema no contributivo, si no existiera esa vinculación, se podría producir un deterioro de dicho sistema no contributivo y, en consecuencia, una desprotección de amplios sectores de la sociedad. Este es el núcleo del Pacto de Toledo. Todo lo demás son desarrollos de esta idea base o medidas concretas dirigidas a hacer más eficaces tres políticas básicas: de separación de fuentes de financiación, por un lado, de compromiso estable y duradero de financiación pública, por otro, y de reforzamiento de los equilibrios internos del sistema contributivo y de la «contributividad» también de las distintas prestaciones, por otro.
Pues bien, desde nuestro punto de vista, en el texto que se discute --y por eso defendemos el Pacto de Toledo frente a este texto que discutimos-- estas políticas básicas están puestas en cuestión con la redacción dada al proyecto de ley, porque las aportaciones del Estado para el sistema no contributivo no son excluyentes de otras aportaciones, porque las aportaciones del Estado no tienen que ser suficientes y porque no está garantizada ninguna financiación adicional.
Existe otra línea argumental de fondo para mantener una posición alternativa al texto que se discute, y es la siguiente. Desde nuestro punto de vista, ya hoy, a la altura de 11 de junio de 1997, este texto está pasado de moda y es pacato, cobarde y alicorto. Me explico. El Pacto de Toledo fue un acuerdo político valiente, progresista y con ambición de consolidar y desarrollar un modelo español de protección social de presente y de futuro, comprometido con el mandato constitucional y con el afán de promover criterios de solidaridad en la sociedad española. Se produjo el Pacto de Toledo a pesar de los embates procedentes del llamado pensamiento único, que promueve el abandono de lo público y que en esos momentos estaba en pleno apogeo en Europa.
Por el contrario, frente al Pacto de Toledo, el proyecto de ley presenta una redacción temerosa y no asume los compromisos expresamente recogidos en el Pacto de Toledo. Parece como si fuera un texto pensado solamente para la coyuntura, es decir, como si se pensara que los votantes españoles, los agentes sociales españoles y los trabajadores españoles no estuvieran en condición anímica todavía de asumir las consecuencias de las inevitables oleadas neoliberalizadoras que conmueven al mundo. Parece que es un texto hecho a la espera de que los acontecimientos externos evolucionen favorablemente para las ideologías conservadoras; parece que es un texto que pretende jugar con la literatura, y no, en verdad, aportar soluciones de fondo.
Pues bien, señorías, a ese juego no vamos a jugar los socialistas, y no vamos a jugar los socialistas, en primer lugar, porque, como he dicho, estamos a favor del sistema de protección con el que se compromete el Pacto de Toledo; en segundo lugar, porque estamos convencidos de que los vientos políticos de Europa soplan a favor del modelo previsto en el Pacto de Toledo, no sólo por las elecciones últimamente celebradas en Europa, no sólo porque ahora mismo en Europa sea una verdad demostrada que los ciudadanos se preocupan cada vez más de los sistemas de protección y no están dispuestos a aceptar políticas de desmantelamiento de esos sistemas, no sólo por el viento electoral, no, sino por el viento político institucional en la Comisión Europea, en los órganos de dirección de Europa, ya que el 13 de marzo de 1997 se aprueba una comunicación de la Comisión Europea en la que se dice, en la página 6: Primero, la protección social representa un componente esencial y un rasgo distintivo del modelo europeo de sociedad; segundo, el desafío consiste en adaptar la protección social a la nueva situación; tercero, para Europa no sería realista una reforma radical de los sistemas públicos de reparto a planes de pensiones capitalizadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la Borbolla...


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Acabo inmediatamente, señor Presidente.
Cuarto, exigimos el respeto literal de lo acordado en el Pacto de Toledo porque la protección social, señorías, y la garantía de una mejor financiación de la protección social es garantía de la mejor protección del sistema de producción de los países desarrollados y porque desde nuestro punto de vista, con todos los respetos --no es un juicio de intención, sino una convicción--, existe una diferencia entre quienes presentan y defienden este proyecto de ley y quienes defendemos el Pacto de Toledo. La diferencia es que unos quieren hacer propaganda con las pensiones y otros queremos garantizar el sistema público de pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador. Esta Presidencia le agradece especialmente su visión teológica del debate.
(Risas.) Muchas gracias.
Para turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Lobo Asenjo.


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El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Intervengo muy brevemente para decir al representante de Izquierda Unida que en su turno no nos ha aportado argumentaciones nuevas, y he de insistir una vez más en que el proyecto que hoy presentamos a esta Cámara contiene --y subrayo--, dentro de las posibilidades actuales del sistema, determinadas medidas de mejora.
Es innegable que este proyecto de ley presenta mejoras, como son las que se refieren a las pensiones de invalidez permanente o las que se refieren a las pensiones de viudedad o esas mejoras que, igualmente, se refieren a las pensiones de orfandad, que se ven mejoradas elevando el límite de edad previsto para el acceso a la permanencia y al disfrute de las mismas hasta los 21 años. Este proyecto de ley establece determinadas mejoras para las jubilaciones anticipadas; en definitiva, este proyecto de ley ofrece las mejoras que en este momento son posibles. Por tanto, tengo que decirle que de recortes, nada de nada.
Y a los otros tres portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, Senadora De Boneta, Senador Rodríguez de la Borbolla y Senador de Izquierda Unida, les digo que nosotros pensamos que con este proyecto de ley se da un importantísimo paso, yo diría que decisivo, en la profundización en el derecho constitucional a la protección social que tienen todos los ciudadanos. Además, es innegable que este proyecto es un avance en el camino del Pacto de Toledo y del acuerdo social Gobierno-sindicatos, y pensamos, creemos y deseamos que este proyecto suponga, a partir de hoy, que las pensiones van a dejar de ser utilizadas como un arma electoralista que genera entre los ciudadanos inestabilidad y miedo. Porque este proyecto, señorías, se compromete a lo más importante, que son dos cosas: el mantenimiento de las pensiones y, dígase lo que se diga, su consolidación, racionalización y crecimiento ordenado para garantizar su futuro.
Señor Rodríguez de la Borbolla, el Gobierno al que apoyó en su día su Grupo tuvo durante más de un año los acuerdos del Pacto de Toledo encima de su mesa. Y durante ese largo año, ese Gobierno fue incapaz de traer ni a esta Cámara ni al Congreso de los Diputados una sola norma en la que se plasmaran esos acuerdos, y no aportó absolutamente nada positivo.
Por último, también debo decirle al señor Rodríguez de la Borbolla que fue el Partido Socialista quien exigió al Gobierno que precisamente se negociase con los sindicatos para poder llegar después a acuerdos políticos.
Es una incongruencia, o al menos así me lo parece a mí, que una vez que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, el Gobierno apoyado por el Partido Popular, ha logrado estos acuerdos, ahora, desde los bancos de la izquierda estos acuerdos se rechacen y se critiquen. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. (El señor Román Clemente pide la palabra.) ¿Quizás el Senador Román Clemente se ha sentido aludido por lo de Lenin? (El señor Román Clemente hace signos afirmativos.) Lo intuía. Tiene su señoría un minuto para decidir qué se hace con Lenin, que, como usted sabe, es un problema vivo. (Risas.)

El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, yo confieso que no voy a entrar en la florida anécdota del señor Rodríguez de la Borbolla, que es una fuente de ellas, sino que pido la palabra por una cuestión procedimental.
El señor Rodríguez de la Borbolla ha tomado la palabra para pronunciarse en contra del veto, y ha terminado su intervención pronunciándose en contra de la ley, y, señor Presidente, uno no sabe, en todo caso, en qué momento procesal hemos estado. El señor Rodríguez de la Borbolla ha dedicado su intervención exclusivamente a pronunciarse no contra el veto, sino contra la ley. Ha convertido la anécdota del señor Gallego en una real y actualizada versión.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el minuto.


El señor ROMAN CLEMENTE: Por lo tanto, señoría, ya tendré oportunidad de entrar en el anecdotario del señor Rodríguez de la Borbolla.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
(Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar vamos a votar la propuesta de veto número 1, que corresponde a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, tres; en contra, 228; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, presentada por la Senadora De Boneta y Piedra, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, uno; en contra, 223; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas, y en primer lugar explico a sus señorías el procedimiento del mismo.
En un primer bloque se debatirán los votos particulares que corresponden a los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente; después, el voto particular número 4, del Grupo

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Parlamentario Mixto; a continuación, el voto particular número 5, también del Grupo Parlamentario Mixto; voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, por último, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. A continuación, turno en contra y turno de portavoces.
En un segundo bloque se debatirán los votos particulares que corresponden al Grupo Parlamentario Socialista; voto en contra y turno de portavoces.
En un tercer bloque se debatirá el voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 40, 43 y 48, y, a continuación, turno en contra y turno de portavoces.
La votación de todas las enmiendas del texto se realizará al final del debate.
Comenzamos, por tanto, con la defensa del voto particular número 3, enmiendas números 1 a 30 y 70, del Senador Román Clemente. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía en mi anterior intervención que no deseaba entrar en las muchas anécdotas del señor Rodríguez de la Borbolla. No lo voy a hacer. No voy a entrar en la guerra de anécdotas del señor Rodríguez de la Borbolla.
Pero, en todo caso, su señoría no ha estado muy fino al escoger el ejemplo, y le voy a decir por qué: no ha estado muy fino porque después de tan pausada exposición --habitual en su señoría-- ha venido a convertirlo en actualidad: su señoría, amparándose en la propuesta de veto de Izquierda Unida, ha hecho un ataque frontal a la ley.
¿Intuye el portavoz de este Grupo Parlamentario que su señoría vota en contra de la ley? Porque, entonces, tenemos la edición actualizada de la anécdota del señor Ignacio Gallego. Al término del debate lo podremos comprobar y es que el tiempo, señor Rodríguez de la Borbolla, a veces juega muy malas pasadas. Yo no sé si estaba su señoría presente en la anécdota de Sevilla; yo, desgraciadamente, no estaba. Alguien debió contárselo bien; en cambio, hoy sí he estado en la suya. Vamos a verlo en las enmiendas, señor Rodríguez de la Borbolla, porque ya asistimos en Comisión a las enmiendas de estos artículos. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.) Paciencia, que por las enmiendas presentadas, todavía tengo algún tiempo, pero no voy a castigar a sus señorías con todo el tiempo del que dispongo; en cambio, acepto el castigo de sus señorías.
Entremos en las enmiendas que tenemos planteadas, señor Presidente.
En los artículos 1, 2, 3, que se refieren a la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, a la constitución de reservas y al tope máximo de cotización a la Seguridad Social, enmiendas números 1 a 8, se tratan aspectos estructurales de la reforma que se pretende realizar. Nosotros queremos evitar que este proyecto de ley traiga como consecuencia final una situación peor de la que existe ahora. Creemos que la reforma debía de haber obedecido a las recomendaciones del Pacto de Toledo: separación de fuentes financieras, constitución del fondo de reserva, tope máximo de cotización. Pero el proyecto de ley se hace de forma que se aleja del Pacto de Toledo e, incluso, del acuerdo Gobierno-sindicatos, al no contemplar de forma clara y explícita el compromiso por parte del Estado de garantizar la suficiencia financiera, no solamente de las prestaciones no contributivas, sino, en todo caso, también de las prestaciones contributivas si llegara una situación de insuficiencia. También --y esto es una recomendación que en su momento hizo el Consejo Económico y Social-- los gastos de gestión se deben financiar con cargo a la hacienda pública y no a las cotizaciones sociales, como ha recomendado, insisto, el Consejo Económico y Social. No se deben establecer diferencias con respecto a cualquier otro organismo de la Administración Pública. Esto, además, contribuiría a un mayor saneamiento de las finanzas del sistema público de la Seguridad Social y, en consecuencia, a una mayor estabilidad financiera del sistema. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Comisión me recordaba que no había hecho una defensa explícita de cada una de las enmiendas y eso es lo que pretendo hacer ahora en esta sesión plenaria. En la enmienda número 3 se trata de concretar el mecanismo en función del cual se separan las fuentes financieras del sistema público de Seguridad Social para evitar la discrecionalidad del Gobierno y generar seguridad jurídica en este aspecto tan trascendental de la reforma.
En la enmienda número 4, Izquierda Unida pretende que se establezca el carácter de prestación no contributiva de los complementos a mínimos, con carácter legalmente definitivo y evitar la indeterminación, desde nuestro punto de vista inadmisible, respecto a qué consideración vayan a tener los complementos a mínimos cuando se revisen los acuerdos Gobierno-Sindicatos.
En la enmienda número 5 planteamos la supresión definitiva de la fórmula de préstamos del Estado a la Seguridad Social porque ha contribuido a alarmar a la opinión pública. Deben cancelarse, de una vez por todas, las deudas ficticias que la Seguridad Social tiene respecto a la Hacienda del Estado.
En la enmienda número 6 se trata de vincular al Gobierno a la obligación de destinar todos los excedentes de cotizaciones sociales, insisto, todos los excedentes de cotizaciones sociales, que resulten de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social al fondo de reserva constituido al amparo de este artículo.
Con la enmienda número 7 se trata de evitar que siga funcionando el sistema de préstamos, y que si existen, al menos, se consignen contablemente como excedentes en el Fondo de Reserva.
En la enmienda número 8 se concreta el período transitorio para la desaparición de las bases máximas de cotización, que debe afectar a todos los grupos, y no sólo del 5 al

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11. En esta parte de la ley se trata de acomodar la cuantía de las prestaciones que el sistema concede a lo que se ha dado en llamar el equilibrio financiero del sistema. Se procede al recorte de las pensiones para permitir ese equilibrio financiero. Evidentemente, hemos manifestado nuestro total desacuerdo.
En la enmienda número 9 se pretende eliminar el período de carencia cualificada.
En la enmienda número 10 se suprime el artículo 5 de la ley por considerar que el incremento de ocho a quince años para el cálculo de la base reguladora no es aceptable, es injusto e innecesario. En esto me voy a detener un poco más. Es injusto porque genera un recorte de las pensiones de jubilación que se concedan a partir de esta ley y que afectará en cuantía diferente de unos colectivos a otros. En términos generales, afectará en mayor medida a los trabajadores que tienen contrato en precario y --tal y como está el sector y como está la contratación, desde luego, toda precaución es poca-- especialmente, a los trabajadores agrícolas y temporeros y a mujeres, que son los que mayoritariamente tienen este tipo de contratación precaria como método habitual de incorporarse al mercado de trabajo.
Por otra parte, es innecesario porque el sistema de la Seguridad Social en la actualidad es suficiente financieramente y es de esperar, señorías --Izquierda Unida así lo plantea--, que lo sea por muchos años, según las proyecciones comúnmente asumidas, sobre todo, si se adoptan medidas como las previstas por las enmiendas que hemos presentado y que algunos llaman radicales o maximalistas, pero que garantizan, justo lo contrario por lo que se nos ataca: la situación financiera de la Seguridad Social. Además de éstas hay otras medidas de carácter macroeconómico, como el incremento del empleo, en las que, claro está, estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la política de creación de empleo? Pero, señorías, por la vía del reparto del trabajo, que se nos decía que era una barbaridad y que tantas veces se nos ha criticado; pero los vientos europeos parece que consolidan esta situación. Por tanto, por la vía del reparto del trabajo, del tratamiento no discriminatorio a la mano de obra inmigrante y la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida.
Las medidas que hemos planteado para la situación financiera y éstas de carácter macroeconómico garantizarían que el sistema de Seguridad Social fuera suficiente y financieramente viable.
De no aceptarse la enmienda, desde nuestro punto de vista, la reforma va a asistencializar a colectivos enteros que no podrán acceder a la pensión contributiva y que deberán conformarse con la no contributiva, después de haber cotizado el escaso período al que hayan podido acceder por esa vía de contratación precaria.
La enmienda número 11 se presenta como alternativa a la anterior y, en caso de no prosperar y para que sus señorías no me acusen de contradicción, se pretende que, al menos, no se imponga al futuro pensionista un período concreto de su vida laboral y, por tanto, se someta la cuantía de su pensión de por vida a los avatares de la misma.
Como entenderán sus señorías, existe el peligro de que los trabajadores sean expulsados del empleo fijo en el mercado de trabajo sin que puedan acogerse a jubilación forzosa por los expedientes de crisis, etcétera, es decir, que los trabajadores de las Pymes, fundamentalmente, vean mermada su pensión al tener que contemplarse el período de cálculo en los últimos quince años. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) La enmienda número 12 es de supresión del artículo 6 por considerar que es injusto que la cuantía de la pensión quede recortada como pretende el texto. Esta medida va a repercutir cada vez más sobre los colectivos del circuito de trabajo precario, especialmente, las mujeres.
Respecto a la enmienda número 13, Izquierda Unida entiende que la verdadera reforma es la que hay que hacer en una aplicación progresista del Pacto de Toledo respecto de la cuantía de la pensión de jubilación contributiva, y ésa no es otra que garantizar que sea equivalente, al menos, al salario mínimo interprofesional de cada momento. Yo reconozco, señor Rodríguez de la Borbolla, que ésta es una vieja aspiración de la Izquierda, de los sindicatos y de los trabajadores en general, con anécdota o sin ella.
Enmienda 14. La reforma de la Ley General de Seguridad Social pretende una mejora de las condiciones de las jubilaciones anticipadas forzosas, conforme al acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que ha dado origen a este proyecto de ley. Parece razonable extender dicha medida a un número mayor de beneficiarios, para lo que se propone en la enmienda que se rebaje el requisito de número de años cotizados de 40 a 25.
Con la enmienda número 15 se pretende establecer una equitativa conexión entre el esfuerzo de contribución y la cuantía de la pensión, cuya equivalencia hoy se ve alterada por la jubilación forzosa antes de cumplir 65 años.
Enmienda 16 de sustitución. Pretende garantizar la automaticidad de la revalorización de las pensiones, de forma que en cada Ley General de Presupuestos del Estado no haya discrecionalidad alguna. Por tanto, el precepto es claro.
Enmienda número 17. El beneficio que la reforma pretende introducir para los afectados por la necesidad de anticipar la jubilación como consecuencia de causa objetiva o cese en el trabajo por la extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a su voluntad es, desde nuestro punto de vista, insuficiente.
Enmienda número 18. Con ella se pretende corregir una redacción que podría confundir, con consecuencias jurídicas lesivas.
Enmienda número 19. Por ser excesivas las facultades del Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los apartados anteriores es por lo que formulamos esta enmienda de supresión.
Enmienda número 20, de adición al artículo 7. Se pretende dar efectividad a los principios de contribución y proporcionalidad en aquellos supuestos en que, por razones económicas o productivas, los trabajadores se vean obligados a adelantar el momento de su jubilación.
Enmienda 21, de supresión del artículo 8. De nuevo, se trata de una habilitación exorbitada de las facultades para el Gobierno. La reforma que se pretende no es un mero cambio de denominación, señorías.


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Enmienda número 22, de supresión del artículo 9. Con el texto propuesto entendemos que seguirán existiendo diferentes tipos de beneficiarios de la pensión de viudedad: los menores de 60 años que reúnen las condiciones reglamentarias, los que las reúnen y tienen entre 60 y 64 años y los que tienen 65 años o más.
Enmienda número 23, de adición al artículo 10. Se trata de homogeneizar la cuantía mínima de las pensiones de viudedad, dotándolas de una cuantía mínima que responda al imperativo constitucional de garantizar pensiones dignas.
Enmienda 24, de adición. Esta enmienda pretende plantear un límite razonable a la incompatibilidad que establece el texto propuesto entre la percepción de la pensión de orfandad y el salario derivado de rentas de trabajo, tanto por cuenta ajena, como por propia.
En el trámite de Comisión se ofreció una enmienda transaccional para una del Grupo Parlamentario Socialista y esta número 24. Finalmente, no sé si habrá o no una transaccional. En la Comisión se formuló y fue rechazada.
De todas formas, consideramos insuficiente cualquier intento de regular lo que en esta enmienda se plantea, si bien estamos dispuestos a estudiarlo, porque entendemos que la situación es injusta.
Enmienda 25, de adición al artículo 11. No se produce la actualización de las cuantías de las pensiones que la enmienda propone. Por tanto, no se revalorizarán realmente las pensiones, que perderán poder adquisitivo por la vía propuesta en la ley.
Enmienda 26, de supresión del artículo 11. Entendemos que la reforma legislativa pretende satisfacer la vieja aspiración de que las pensiones sean revalorizadas por ley, para evitar la incertidumbre de los pensionistas y el clientelismo político que eventualmente podría derivarse de la utilización partidista de una revalorización año a año, revalorización a la que, de hecho, se confunde como si fuera una medida de carácter graciable. Sin embargo, este párrafo muestra un espíritu cicatero con los pensionistas, a los que se pretende hacer que devuelvan la diferencia entre el IPC previsto y que han cobrado a lo largo del año y el IPC real cuando éste haya sido inferior a las previsiones; cicatero, por tanto.
Enmienda 27, de supresión del artículo 12. Izquierda Unida está en contra de incentivar la permanencia de los trabajadores que hayan cumplido los 65 años en su puesto de trabajo y más aún con incentivos que signifiquen minoración de los ingresos de la Hacienda pública.
Enmienda 28, de modificación de la disposición final primera. Se limita la potestad reglamentaria del Gobierno y se pretende que se aclare el concepto de tope de cobertura. Es una constante en esta ley el que en la misma se otorga un carácter abierto y discrecional a la reglamentación del Gobierno.
Enmienda 29, de supresión de la disposición final segunda. La enmienda pretende eliminar lo que entendemos que es una inoportuna alusión.
Enmienda número 30 --voy terminando, señorías, y, como he prometido, no consumiré todo el tiempo que este Grupo tiene asignado, que es muy superior al que emplearé--, de adición de un artículo 14: Cláusula de salvaguarda de derechos consolidados o bien de derechos adquiridos.
Finalmente enmienda 70. Sé que nos han pedido --y así lo vamos a hacer constar-- que se someta a votación de forma separada esta enmienda.
Después haremos también alguna otra propuesta de voto separado, pero, por lo que se refiere concretamente a ésta, porque hay alguna sensibilidad también en esta Cámara y el deseo de poder votarla favorablemente aunque, al final, no se concrete, creemos que obedece a una clara y sentida necesidad del cobro de pensión.
Señorías, con estas enmiendas hemos pretendido que nuestra propuesta de veto quede firmemente sustentada. Hicimos esfuerzos en el Congreso de los Diputados y así lo dijimos. Queremos mejorar este proyecto de ley; queremos que no signifique un retroceso, que no se convierta en una ley que recorte las pensiones, que limite los derechos, que sea una interpretación regresiva del Pacto de Toledo. Queremos, en definitiva, señorías, que esta ley no deje la puerta abierta a sucesivos recortes de pensiones en el futuro. Creemos --lo seguimos creyendo todavía-- que se puede hacer un esfuerzo para que el consenso del Pacto de Toledo, su interpretación y desarrollo, sean una realidad.
Y termino por donde he empezado. No quiero hacer alusiones a la anécdota del señor Rodríguez de la Borbolla, pero es un contrasentido que se arremeta contra la posición de Izquierda Unida, que se arremeta contra el veto de nuestro Grupo, al tiempo que se pronuncian en contra de la Ley.
Señorías ¿no es eso un veto? Hay que decir las cosas como son. Si el Pacto de Toledo no está contemplado en la ley y si ésa es razón para votar en contra de la misma, no se puede arremeter contra Izquierda Unida.
Muchas fueron las voces que se alzaron en contra de nuestra posición en el Congreso de los Diputados. Se nos llamó y se nos dijo de todo. Se dijo que estábamos en una situación de aislamiento. Hoy por parte del Grupo Parlamentario Popular se dice que la izquierda votará en esta Cámara en contra de la ley. Señorías, en política no vale todo, tantos ataques, tantas descalificaciones, para que hoy se vote en contra de la ley. ¿Tan desafortunados, o faltos de realidad estaban los argumentos que en su día manifestó Izquierda Unida? Señorías, hagamos un ejercicio de reflexión. La ley es cicatera, es insuficiente, es restrictiva e interpreta, de forma que Izquierda Unida no comparte, el Pacto de Toledo. Hemos hecho esfuerzos, lo hemos intentado. Percibo que cada vez nos vamos quedando menos solos en esta interpretación.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Para la defensa del voto particular número 4, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Eusko Alkartasuna ha presentado ocho enmiendas a este proyecto, siete de las cuales intentan mejorar el contenido de la ley, y además,

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en algunos casos, coinciden con el sentido de las planteadas por otros grupos. Voy a empezar por la última de ellas, la número 67, por coherencia y por no interrumpir un discurso iniciado en el veto.
Esta enmienda intenta introducir aquellas razones por las cuales planteábamos nuestro veto a la ley. He dicho que Eusko Alkartasuna comparte el análisis de la necesidad de esta ley y del pacto al que se llega para la consolidación y racionalización de las pensiones, el llamado por todas las fuerzas políticas Pacto de Toledo. El veto venía motivado por aspectos relacionados con la competencia y el desarrollo estatutarios. Esta enmienda trata de introducir este concepto dentro de las disposiciones finales de la ley.
Dice que mediante los oportunos acuerdos, las Comunidades Autónomas en las que en sus Estatutos de Autonomía se contemple el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Seguridad Social, asumirán la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión se contenga en tales acuerdos o convenios, respetando en este sentido el modelo de convenio que se contiene en la Disposición Transitoria Quinta, en relación al artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La justificación está clara: el respeto a los Estatutos de Autonomía, el respeto a los hechos diferenciales. En este sentido querría decir que no parece tan descabellada la argumentación planteada en el veto cuando el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos decía que ellos han escogido el camino de presentación de una enmienda en este sentido en el articulado de la ley para plantear algo que al mismo tiempo parece no ser objeto de la misma. Creo que aquí existe una incoherencia, está clarísimo que esta disposición tiene relación, al igual que la argumentación del veto, con el contenido de la ley. Por eso, presentamos la enmienda número 67.
Quiero decir también que si esta enmienda se hubiera aprobado en el Congreso de los Diputados, en cualquiera de las versiones, en la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --a este respecto quiero decir al Senador Albistur, con todo cariño, que no es Grupo de Senadores vascos, sino Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque aquí hay más Senadores y Senadoras vascas--, o en la del Grupo Parlamentario Mixto, o se aprobara ahora, mi propuesta de veto no hubiera sido presentada, y en este caso quedaría moralmente retirada, ya que formalmente una vez votada no la puedo retirar.
Las enmiendas que hacen referencia al fondo de la ley son las comprendidas entre las números 60 y 67. La número 60 es de modificación al artículo 1.2 y trata de aplicar con carácter inmediato la separación financiera de las pensiones contributiva y no contributiva, puesto que considera que si la finalidad que se contiene en el proyecto es de hacerlo de forma progresiva antes del año 2000 y en los términos establecidos por las leyes de presupuestos, habría un problema en caso de no existir un superávit para la dotación de ese Fondo de Reserva previsto en el artículo 2.º Pensamos que debe hacerse desde este momento, porque si no probablemente el castillo que se monta en relación a esta separación, de hecho podría no tener lugar una vez pasado el año 2000.
Por eso pedimos que se haga a partir de la ley de presupuestos y concretamente de la Ley de Presupuestos para el año 1998.
La enmienda número 61, al artículo 5.3, pretende que aquel que pueda acceder a la pensión de jubilación de Seguridad Social y hubiera cotizado al Régimen General por el período de tiempo establecido, pueda optar por elegir el procedimiento incorporado en los puntos anteriores --se está refiriendo al procedimiento que introduce este proyecto de ley-- o que está fijado en la legislación vigente.
Las razones por las que habría que respetar estos derechos adquiridos, expuestas en la justificación, indican que, como consecuencia de los cambios que se producen en este proyecto, las pensiones van a resultar más bajas por término medio para aquellos que ya hubieran cumplido las previsiones establecidas en la legislación aún vigente, y perjudicarían en especial a la mayoría de los asalariados y, entre ellos, a los de rentas más bajas. Por ello, pedimos ese derecho de opción. Creo que aquí coincidimos también con algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos, concretamente, por lo que yo he podido ver, con la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En relación a la enmienda número 62, pretendemos añadir un nuevo párrafo al artículo 7.1.2.ª, entre el segundo y el tercero, que diga que en los supuestos de extinción de trabajo por expediente de regulación de empleo, o debido a circunstancias que les haga proceder de la situación de subsidio asistencial, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a la que se refiere el párrafo anterior, sea un 7 por cien y no un 8 por cien, como se establece. Creemos que por razones de elemental equidad, hay que facilitar el acceso a la jubilación anticipada a aquellos trabajadores que estén en situación de paro subsidiado y procedentes de esas situaciones de regulación de empleo a las que me he referido, o que hubieran dejado ya de percibir ese subsidio, si no, estaríamos cometiendo una grave injusticia para los que han sufrido una situación de regulación e incluso ya no cobran paro subsidiado.
Las enmiendas números 63 y 64 hacen referencia a la modificación de los artículos 9.2 y 10.2. Voy a hablar de ellas a la vez, puesto que se refieren a temas a los que el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha aludido. Se están refiriendo a las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad y de orfandad.
En la enmienda número 63 solicitamos que las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad se equipararán a los importes de dicha clase de pensión para beneficiarios con edades comprendidas entre los 60 y 64 años. Entendemos que los casos contemplados que tienen en cuenta límites de renta y cargas familiares exigen la aplicación de esta equiparación también dentro de este límite de edad, con carácter inmediato a la entrada en vigor de la ley, y sin establecer un período de carencia. No creemos que esto vaya a suponer un elevado costo y, sin embargo, las razones renta/cargas familiares nos parecen suficientes para introducir

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esta modificación, al igual que cuando pedimos la supresión del artículo 10.2 estamos queriendo evitar el carácter paulatino de la aplicación del contenido del número 1 del artículo 10 y modificación del artículo 175 del Real Decreto 1/1994, en relación a los huérfanos, porque consideramos asumible el costo presupuestario en relación con el efecto social de la medida, de gran importancia. No queremos que esto se haga con carácter paulatino, sino inmediato en relación a las pensiones de orfandad.
La enmienda número 65, de modificación al artículo 11.2, tiende a mantener el poder adquisitivo, y solicita que si el índice de precios al consumo acumulado fuese superior al índice para igual período y en función del cual se calculó dicha revalorización, la diferencia existente se abonará a las personas que perciban una pensión, consolidándose para el futuro esta diferencia en las prestaciones de cada pensionista. Nos parece más oportuno introducir este aspecto por ley por razones de seguridad jurídica, por acomodar el IPC real a las previsiones y porque pensamos que esto no debería quedar sujeto a la eventualidad de las leyes de presupuestos que se aprueban anualmente. También en este caso coincidimos con otras enmiendas de otros Grupos.
Por último, la enmienda número 66 --puesto que a la 67 me he referido en primer lugar-- solicita la supresión del artículo 12 que otorga desgravaciones o deducciones de cotizaciones sociales a aquellos trabajadores que quieran prolongar su período laboral más allá de los 65 años. Estas medidas nos parecen absolutamente regresivas, puesto que pretenden el fomento de la continuación de la actividad laboral más allá de dicha edad. En la situación de desempleo y de falta de empleo en la que estamos, con un paro que supera el 20 por ciento en la media del Estado --aunque parece que los últimos datos son buenos, también tengo que decirlo--, creemos que es una medida regresiva y aún hace más difícil el acceso de empleo a los jóvenes.
Con esta enmienda hemos terminado la defensa global de las enmiendas que presenta Eusko Alkartasuna.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Victoriano Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas 68 y 69, a los artículos 5 y 6, respectivamente, de Coalición Canaria, son exclusivamente técnicas, en relación con la fórmula matemática del cálculo de las pensiones, siempre muy compleja por las variaciones de las mensualidades, de las pagas extras, computadas o no, los índices generales de precios al consumo, etcétera. Se han mantenido hasta este debate de Pleno ante la posibilidad de enmiendas transaccionales con redacciones concretas sobre estas pagas computadas o bien con los tiempos determinados. De no ser así, retiraríamos las enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur, una vez haya recibido las últimas instrucciones por teléfono. (Risas.)

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Ya sabe usted que siempre vale más estar bien aconsejado, que andar por la vida por libre porque se cometen muchos errores, y somos un Grupo que trabaja en equipo; somos un Grupo vasco, a pesar de lo que por ahí se haya dicho también por alguien que no tiene Grupo, aunque sea vasca o sea de Bilbao, yo lo reconozco, no lo pongo en duda, sobre todo habiéndolo dicho una ilustrísima compañera de esta Cámara, a la que no veo, por cierto, por aquí ahora.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intuía su respuesta y no está.


El señor ALBISTUR MARIN: Muy bien.
Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a realizar la defensa de las cuatro enmiendas que mantiene vivas.
Nuestro Grupo presentó en su momento ocho enmiendas, la mayoría de ellas continuidad de las que ya se habían presentado también en el debate parlamentario; dos fueron retiradas porque en los últimos momentos de aquel debate quedaron dudas todavía sobre si se habían incorporado o no, pero figuraron en el texto que se introdujo aquí en esta Cámara para su debate y, por lo tanto, fueron retiradas, una ha sido transaccionada con otros Grupos, y yo voy a anunciar que vamos a retirar la enmienda número 52 en función de su intrascendencia, pero no así las enmiendas que a continuación quiero concretamente debatir y defender.
La enmienda número 53 ha sido objeto ya de mi comentario --que, por lo visto, no le ha gustado mucho a la representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora De Boneta-- en la toma de posición en el debate anterior celebrado en esta Cámara en relación a los vetos presentados a esta ley.
Sigo insistiendo, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, que el veto presentado por la señora De Boneta tiene algo que ver con el espíritu de nuestra enmienda, pero estamos hablando de dos temas absolutamente distintos. Sigo insistiendo en que el debate sobre las competencias de la Comunidad Autónoma y las no transferidas y reconocidas a la Comunidad Autónoma en materia de Seguridad Social sigue siendo un tema importante pero es un debate ajeno al debate actual de esta ley. Por eso nosotros no hemos entrado en este debate. Sí entramos en el debate que pretende que el proyecto dé cabida a la configuración territorial del Estado y al reparto competencial en materia de Seguridad Social entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, que precisamente éste es el objeto de nuestra enmienda, enmienda a la Exposición de Motivos que introduce un amplio párrafo final de cierre de la Exposición y que le daría sentido a la misma y a la ley, también.


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Pretende esta enmienda y con ello el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que la Exposición de Motivos de este proyecto de ley incluya el compromiso de abordar de manera inmediata o lo antes posible la articulación del resto de las recomendaciones --y reitero «resto de las recomendaciones del Pacto de Toledo», ya que ése es el matiz importante de nuestra enmienda-- contenidas en el Pacto de Toledo, y que no son objeto de tratamiento en la presente ley, especialmente las relativas a la Integración y a la Mejora de la gestión.
El artículo 149.1.7.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia de dictar la legislación básica en materia de Seguridad Social --subrayo exclusivamente la legislación básica--, y el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Gernika establece que corresponde a la Comunidad Autónoma vasca el desarrollo legislativo, en congruencia con el título constitucional y, también, como ustedes conocen perfectamente o deberían conocerlo, la ejecución de la legislación básica del Estado en esta materia que hoy estamos debatiendo en este proyecto de ley.
Desde esta perspectiva, algo tan simple pero, por otra parte, tan legal es lo que estamos pidiendo, nuestro Grupo Parlamentario exige que se ejecuten títulos competenciales y, si a alguno no le gusta la palabra exigir, se puede decir solicita. Pero, al parecer, no se comprende o no se quiere comprender nuestra posición en esta Cámara.
Nuestro Grupo no pretende romper absolutamente nada. Pretende cumplir la Constitución, y cumplirla manteniendo, sobre todo, porque para nosotros son fundamentales, los mecanismos de solidaridad. Y lo digo despacio para que se me entienda bien: queremos reforzar los vínculos de solidaridad que diseñan tanto el artículo 41 como el 50 de la Constitución, pero también queremos que se apliquen otros artículos concurrentes de la Constitución en el ámbito de las competencias que son preceptos tan constitucionales como los anteriores de solidaridad, que he citado. Digo esto y lo digo despacio, porque a nosotros se nos exige, se nos pide y se nos solicita solidaridad, pero siempre se termina aquí el discurso y no viene el reconocimiento.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que la Seguridad Social en su vertiente de prestaciones económicas es una pieza clave en la acción política --lo he dicho antes y ahora lo reitero-- y destinadas, sobre todo, a garantizar la conservación, la integración y la estabilidad social. Por ello, debe asociarse a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia . Este es, pretendo manifestarlo lo más rigurosa y seriamente que sé, lo que dijimos en el Congreso de los Diputados, lo que reiteramos en el Senado en la materia con la enmienda número 53, como introducción de un nuevo párrafo que considere otros aspectos del Pacto de Toledo, fundamentalmente el de la territorialidad, en el nuevo proyecto de ley, que estamos debatiendo.
El resto de las enmiendas que mantenemos vivas hacen referencia fundamentalmente al objetivo de mejorar las cuantías de las pensiones mínimas en su cuantía inferior de viudedad cuando los beneficiarios de las mismas tengan una edad inferior a los sesenta años. Ahí existe un colectivo de mujeres importantísimo que se encuentra en esta situación, en una situación precaria como consecuencia de esa no aplicación. Este es un claro ejemplo de solidaridad --aunque reconozco que costoso-- que debería abordarse definitivamente.
Respecto a nuestra enmienda número 56, que se refiere a las pensiones de orfandad, hay por ahí un papel que me han pasado, firmado por el Grupo Popular y por algún otro grupo parlamentario, en el que se intenta hacer una componenda de algo que nosotros hemos solicitado en esta enmienda. Es absolutamente ridículo que un muchacho de 21 años, cuyo padre ha fallecido pero cuya madre queda sin pensión alguna, e incluso aunque pueda tener él algún trabajo --como se reconoce en la enmienda transaccional-- en el que cobre una cantidad inferior al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, decía que es absolutamente ridículo que pierda el derecho a la orfandad cuando resulta que si su padre y su madre hubieran muerto él podría tener ese derecho de orfandad hasta los 23 años. ¿Por qué entonces no alargamos todo el período hasta los 23 años? ¿Qué cuesta hacer eso?

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, concluya, por favor.


El señor ALBISTUR MARIN: Termino en seguida, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.


El señor ALBISTUR MARIN: Pero parece ser que los duros corazones de los representantes del Partido en el Gobierno no están dispuestos a reconocer estos dos años que quedan ahí pendientes, cuando seguramente muchos jóvenes nos lo agradecerían. Y a este respecto sí puedo decir que son cuatro perras lo que nos estamos jugando.
Finalmente, en la enmienda número 57 nos referimos fundamentalmente a la posibilidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en iguales términos que el incremento del IPC. Porque, no queramos hacernos trampa --y ya termino, señor Presidente--. Si cuando estamos queriendo hablar de revalorización y absorción del poder adquisitivo de las pensiones resulta que incluimos en el texto que eso quedará pendiente de lo que los Presupuestos Generales del Estado digan y no de que se aplique estrictamente el IPC del año correspondiente, ya se puede contar con que los Presupuestos Generales del Estado aprobarán incrementos inferiores al IPC. Por tanto, como no equipararemos las pensiones al IPC, iremos haciendo que se vaya produciendo una pérdida de poder adquisitivo.
Pero aquí también parece que los corazones siguen siendo duros y que no podremos llegar a un acuerdo. Pues bien, yo hubiera pretendido, de haber podido...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, el corazón de este Presidente ya ha sido muy blando y le pide que su señoría termine cuanto antes.


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El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señor Presidente, pero es que pretendía convencer y mejorar sustancialmente este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Señor Presidente, señorías, nos quedan tres enmiendas vivas en las que, de alguna forma, voy a insistir en los mismos términos ya expuestos en Comisión.
Con la enmienda número 71 hemos intentado mejorar la redacción del último párrafo del apartado dos del artículo 1, pero la verdad es que no lo hemos conseguido. Así se nos comunicó en el trámite de Comisión aunque espero que en este Pleno sea reconsiderado. Esta enmienda se ha presentado con el único fin de clarificar la forma, no el contenido, con el que estamos totalmente de acuerdo.
Con referencia a la enmienda número 72, queremos conseguir por medio de ella que quede claro que no pueda producirse una disminución de aportaciones y recursos del sistema impositivo en la financiación de la sanidad. Digo esto partiendo de la separación de la financiación de las prestaciones no contributivas y universales de las correspondientes a prestaciones contributivas.
Y para terminar, con relación a la enmienda número 73, la defiendo en sus justos términos tal y como aparece en el Boletín de las Cortes Generales ya que, en definitiva, lo que pretendemos con esta enmienda es clarificar una redacción que, tal y como está escrita --insisto en ello--, nos parece absolutamente confusa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Garrido.


El señor GARRIDO HERRAEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, procedo, en nombre de mi Grupo, a fijar nuestra posición respecto de las enmiendas defendidas como votos particulares por el Grupo Mixto, Grupo de Convergència i Unió y Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Permítanme una primera reflexión respecto del proyecto de ley que abordamos, proyecto que profundiza decisivamente en el derecho a la protección social de todos los ciudadanos de nuestro país, derecho éste recogido en nuestra Constitución.
Parte de este proyecto así lo declara, y así se recoge en la exposición de motivos del Pacto de Toledo, pacto político fundamental en la vía del compromiso de todas las fuerzas parlamentarias para hacer viable financiera y socialmente el actual modelo de Seguridad Social, enfrentado, nadie lo duda, a requerimientos de creciente magnitud en las próximas décadas. De ahí que deba presidir la prudencia el tenor de las enmiendas que deban incorporarse a esa norma jurídica. Para ello se hace imprescindible armonizar los incrementos del gasto con los ciclos económicos y que los beneficios se atribuyan con mayores cotas de racionalidad y solidaridad.
Señorías, como expresión de este pacto político, y conforme al compromiso del Presidente del Gobierno en el debate de investidura, junto al ánimo de consenso y entendimiento con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, se firmó un acuerdo, que yo califico de histórico, entre el Gobierno y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, acuerdo que contrasta con la fuerte contestación social que recibió la anterior reforma de la Seguridad Social en el año 1985, todas estas organizaciones conscientes del reto que significa para nuestra sociedad el encontrar acuerdos que permitan consolidar y racionalizar nuestro sistema de Seguridad Social alejándolo de mercadeos electorales que todos hemos sufrido y conocido.
Para posibilitar las reformas estructurales que la Seguridad Social española necesita, este proyecto de ley les da carta de naturaleza mejorándolas en el trámite del Congreso, aunque espero que su paso por esta Cámara termine de darles el máximo sentido de acuerdo que, sin duda, debería presidir norma tan importante.
Respecto al bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto de Izquierda Unida, defendidas por el Senador Román, números 1 a 30 y número 70, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a rechazarlas puesto que en muchas de ellas aparece un evidente alejamiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo y del acuerdo con los sindicatos, e incluso dudas sobre las propias capacidades del sistema.
Hemos de significar que este proyecto no supone en modo alguno una merma a la garantía que constituye el respaldo del Estado hacia el sistema. En el articulado del proyecto se deja constancia con toda claridad de los recursos con que han de ser financiadas las prestaciones de la Seguridad Social, señalándose que las prestaciones contributivas se financiarán con las cuotas de empresarios y trabajadores pero también con otro tipo de recursos, como son las aportaciones del Estado que se acuerden en cada caso en la Ley de Presupuestos Generales que las Cortes aprueban anualmente.
No debemos olvidar, pues, que la Seguridad Social es Estado y que sus presupuestos anuales se someten a la aprobación del Parlamento, en el que se encuentran representados todos los grupos políticos --y nadie dudará ni por un momento de la conciencia social de sus parlamentarios-- ni debemos olvidar tampoco que a través de ese instrumento sabrán sin duda atender la suficiencia financiera del sistema ante coyunturales exigencias. La suficiencia financiera seguirá contando con la garantía del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios como dignos representantes de la soberanía popular.
No introducen en su enmienda número 7 ningún plus de seguridad jurídica de la realidad de la separación de las

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fuentes financieras en curso, mientras que sí introducen un sistema rígido que no permite tener en cuenta la evolución económica general, el empleo como factor determinante del nivel de ingresos o las propias magnitudes del sistema de Seguridad Social tal y como se recoge en el acuerdo.
No es coherente que se manifieste una preocupación por la financiación del sistema ante situaciones coyunturales a la vez que se pretende impedir la posibilidad de modular el mecanismo de separación de las fuentes de financiación a la vista de la evolución de las magnitudes de la economía en general y de la Seguridad Social en particular. El proceso de separación de fuentes --ustedes lo saben-- habrá de estar concluido antes del ejercicio económico del año 2000, tal y como se garantiza con la actual redacción del artículo 1.2 del proyecto de ley, sin que resulte conveniente introducir rigidez en el ritmo a seguir que, en atención a las circunstancias expuestas, podría ser superior o inferior al marcado por el Grupo Parlamentario Mixto.
Su propuesta de desaparición de las bases máximas de cotización para todos los grupos provocaría actualmente, sin duda, más perjuicios para el sistema que beneficios evidentes, ya que supondría un incremento de coste para las empresas directamente soportados sobre el empleo, lo que en la práctica determinaría una carga para las mismas difícilmente soportable en términos de competitividad exterior y, lo que es todavía más importante, sería una medida contradictoria con la creación de empleo, máxima prioridad de nuestra sociedad.
No obstante, la actual redacción del artículo 3 del proyecto de ley que hoy se discute respeta el contenido del acuerdo, estableciendo un término final para el proceso de acercamiento de las bases máximas, y señalando para ello el horizonte del 2002.
Acuden ustedes a mecanismos ya desterrados del sistema de la Ley 26/1985, como la elección de las bases de cotización, contenida en su enmienda número 11. Rechazan la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado y las prestaciones de la Seguridad Social, de modo que, de forma progresiva, quienes realicen un similar esfuerzo de cotización alcanzan equivalentes prestaciones. No obstante, en el acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social se contempla que la Comisión Permanente debe promover las iniciativas y normativas correspondientes, dirigidas a favorecer con las garantías adecuadas de protección social y no discriminación a quienes acceden al mercado de trabajo a través de modalidades no ordinarias de contratación, atendiendo especialmente a los criterios de contribución contemplados en el propio acuerdo, lo que permitirá un horizonte más esperanzador para esos trabajadores.
Asimismo, se mejoran de forma significativa los derechos y expectativas de viudas, huérfanos, jubilados anticipados, e inválidos.
En cuanto a sus enmiendas números 13 a 17, algunas de ellas proponen medidas deseables, pero no pueden ser abordadas actualmente dado su coste económico y la necesidad de velar, en primer lugar, por el equilibrio financiero del sistema. Sin embargo, el proyecto mantiene la garantía de la percepción de pensiones mínimas, cuyos importes se revalorizarán anualmente en la misma medida que las prestaciones contributivas.
Es significativo señalar que este proyecto de ley pretende ofrecer un mejor trato a aquellos que, con una larga carrera laboral y, por tanto, habiendo contribuido al sistema durante mucho tiempo, se ven compelidos a abandonar el mercado laboral, lo que se da de bruces con su enmienda número 14.
Respecto de su propuesta de suprimir la regulación del proyecto de ley sobre la revalorización automática de pensiones, un criterio de justicia, entre otros, mueve al Gobierno, en función de las recomendaciones del Pacto de Toledo y el texto del acuerdo anterior, a garantizar por ley la revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto para cada año, a fin de mantener el poder adquisitivo de las mismas. Es igualmente un criterio de justicia el que preside el párrafo quinto del artículo 11 del proyecto, como justa correspondencia al esfuerzo económico que supone la revalorización de las pensiones para el sistema de Seguridad Social. Asimismo, se garantiza para todos los cotizantes el poder adquisitivo de las pensiones, pero no su incremento más allá del IPC real.
Son constantes, pues, las divergencias de sus enmiendas con el Pacto de Toledo --que este proyecto de ley respeta escrupulosamente-- y el acuerdo sindical subsiguiente, ya que pretenden incorporar medidas que, sin duda, provocarían efectos negativos en la consolidación del sistema, lo que hace evidente nuestra postura de rechazo a las mismas.
Con relación a las enmiendas números 60 a 67, comprendidas en el voto particular del Grupo Mixto, y de la Senadora De Boneta y Piedra, también serán rechazadas por este Grupo, puesto que, o contradicen la gradualidad y prudencia que preside el proyecto --que, insisto, no hace más que recoger fielmente el espíritu del Pacto de Toledo y su acuerdo posterior--, o suponen una renuncia a la flexibilidad propuesta por las propias centrales sindicales en aras de una separación traumática de las fuentes de financiación, lo que no aporta beneficio alguno.
La enmienda número 62 no recoge con suficiente precisión los supuestos que se beneficiarían de un coeficiente reductor inferior al que se establece como norma general para la jubilación anticipada, lo que podría ocasionar inseguridad jurídica e interpretaciones discrepantes. Por otro lado, el texto del proyecto es omnicomprensivo, es decir, contempla todos los supuestos en los que la jubilación anticipada constituye una opción forzada por la salida del trabajador del mercado laboral contra su voluntad.
Tampoco es aceptable la enmienda número 65, toda vez que queda garantizada la revalorización automática de las pensiones el día primero de año de cada ejercicio, mediante una fórmula estable incluida en la ley que asegura el abono de la paga única.
En cuanto a su enmienda de adición a la Disposición Final Tercera, no nos parece un lugar adecuado para su encaje normativo y tampoco encontramos el preciso en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero más importante todavía es que las competencias que la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía reservan a las Comunidades

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Autónomas ya se encuentran contempladas en la Disposición Final Primera de la Ley General de la Seguridad Social en su actual redacción, y no han sido modificadas por el actual proyecto, por lo que cualquier debate competencial queda fuera de lugar en estos momentos.
Respecto de las enmiendas del Grupo Mixto, Coalición Canaria, les agradecemos la retirada de ambas. Como su portavoz ha puesto de manifiesto, trataban de mejorar unas fórmulas ya de por sí complicadas.
Pero, en nuestra opinión, no contribuían a disminuir esa complejidad, y la claridad de los términos no deja lugar a dudas. En cualquier caso, insisto, vaya nuestro agradecimiento por la retirada de dichas enmiendas.
Por otro lado, nuestro Grupo también va a rechazar las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La número 53 propone como objetivo prioritario de la acción del Gobierno el desarrollo de las restantes recomendaciones del Pacto de Toledo; en concreto, de las relativas a la integración y mejora de la gestión, introduciendo dichos aspectos en la Exposición de Motivos del proyecto en tramitación. Sin embargo, consideramos que no es ése el lugar apropiado para ello, puesto que, en buena técnica legislativa, la Exposición de Motivos debe recoger aquellos datos, fundamentos o motivos que han propiciado o conducido a su elaboración, destacando someramente las medidas adoptadas al respecto.
Por tanto, su enmienda excede del ámbito de una Exposición de Motivos.
Por otra parte, las medidas encaminadas a la articulación de las recomendaciones 7 y 13 se están abordando en su mayor parte por el Gobierno mediante otras vías ajenas a este proyecto de ley, que se limita a la reforma de la financiación y acción protectora del sistema de Seguridad Social.
En cuanto a lo que se refiere a la mejora de la gestión de la incapacidad temporal e invalidez, constituyen prioridades del Gobierno en las que está trabajando mediante la constitución y dotación en todas las provincias de las llamadas EVI, materia en la que profundiza el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, entre otras iniciativas que mejoran la coordinación y cooperación necesarias en la gestión de estas prestaciones.
Por lo que se refiere a la mayor integración orgánica de las funciones de afiliación, recaudación y gestión de las prestaciones, referidas a la Recomendación 7, de Integración de la gestión, sin dejar de potenciar una mayor coordinación como primera y fundamental medida, en estos momentos no constituye un objetivo prioritario del Gobierno, que está comprometido actualmente en la lucha contra el fraude y la morosidad.
Centrándonos en el contenido de la propia enmienda, y a la vista, una vez más, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, es evidente que la propuesta del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no se ajusta al contenido de las enumeradas como 7 y 13, sobre mejor integración de la gestión. No obstante, destacamos el contenido de la actual Disposición Final Primera del texto refundido de la Seguridad Social, ya citado antes, que no está afectado por la reforma y que establece literalmente que la regulación contenida en esta ley será de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17ª de la Constitución, salvo los aspectos relativos al modo de ejercicio de las competencias y a la organización de servicios en las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía, hayan asumido competencias en la materia regulada.
El resto de sus enmiendas, que también vamos a rechazar, pretenden olvidar la imprescindible gradualidad en la aplicación de las medidas; gradualidad en modo alguno caprichosa, ya que de una parte, se propone acompasar dicha aplicación al proceso, gradual también, de separación de fuentes de financiación, y de otra, a las propias disponibilidades del sistema, a fin de que no causen efectos negativos en el mismo, permitiendo su neutralización y diluyéndolas en el tiempo hasta hacer coincidir su plena aplicación con el momento final del proceso de separación financiera. Esta aplicación paulatina se encuentra amparada por el Pacto de Toledo y el acuerdo sindical subsiguiente.
Asimismo, el resto de sus enmiendas o suponen un gasto anual no asumible por el sistema, o no introducen mejoras en la redacción de la ley, como ocurre con la número 57. Y le puedo asegurar que nuestros corazones laten al ritmo que nos exige la sociedad.
En cuanto a las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, las rechazamos por entender que modificarían el espíritu del Pacto de Toledo y el acuerdo con las organizaciones sindicales, tantas veces repetido, al no respetar el compromiso de gradualidad de las reformas que plantea el proyecto de ley en cuanto se refiere a plazos. Tampoco introducen mayor claridad en la redacción de alternativas.
Respecto de la enmienda número 71, relativa a la naturaleza no contributiva de los complementos a mínimos acordada por el Gobierno con los agentes sociales, lo es de forma provisional, ya que en el plazo de cuatro años se analizará su ubicación definitiva en el sistema de financiación. Queda recogido este acuerdo en la Disposición Transitoria Decimocuarta, a la que da nueva redacción el artículo 1.2 del proyecto de ley, convencidos de que la separación de las fuentes de financiación ha de llevarse a la práctica de un modo paulatino, lo que posibilitará que transitoriamente ingresos procedentes de cuotas se apliquen a prestaciones de naturaleza no contributiva, como los complementos a mínimos, correspondiendo en todo caso al Parlamento determinar las cuantías destinadas a estas prestaciones, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, la separación de fuentes de financiación implica que las prestaciones universales, como las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, serán financiadas al concluir el proceso por las aportaciones del Estado de forma exclusiva, lo que garantiza, sin duda alguna, su futuro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garrido.
Turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.


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Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur Marín.


El señor ALBISTUR MARIN: Voy a intervenir muy brevemente, señor Presidente, para decir que no hemos sido contestados en los temas de fondo que planteamos, fundamentalmente en lo que se refiere a las enmiendas de viudedad y de ampliación de la edad para recibir las prestaciones por orfandad. Quisiéramos que se hubiera profundizado más en los temas que consideramos que tienen un importante impacto social.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, no sólo va a mantener nuestro sistema de protección social, sino que va a consolidarlo y a racionalizarlo, de acuerdo con el espíritu del Pacto de Toledo, suscrito en su día por todos los grupos parlamentarios.
Aunque este proyecto de ley no sea el desarrollo absoluto del contenido del Pacto de Toledo --sabemos que no lo es--, sí es un paso adelante para consolidar el sistema hacia el futuro. En definitiva, recoge buena parte del contenido y, sobre todo, el espíritu del Evangelio al que hacía referencia esta mañana el Senador Rodríguez de la Borbolla.
No obstante, debo manifestar, en contestación al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que no me ha convencido al hablar sobre nuestras las enmiendas. De todas formas, no voy a entrar en ello, pero sí en el objetivo de este proyecto de ley, que no es otro que el del Pacto de Toledo, que en definitiva era conseguir un sistema de protección social más justo.
Creemos que con este proyecto de ley se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma automática, con toda la problemática que esto puede representar en el futuro. También clarifica y garantiza el futuro equilibrio financiero de la Seguridad Social, define las prestaciones de ésta, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, diferenciando las contributivas y las no contributivas y se inicia la separación de las fuentes financieras, dejando bien claro --espero que esto quede bien claro, y así lo queríamos matizar con la presentación de nuestras las enmiendas-- que aquellas prestaciones no contributivas y universales y la prestación de la sanidad deben ser financiadas de forma gradual, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así lo hemos remarcado en nuestra la enmienda número 72 que, como consecuencia de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, ello no comportará ninguna reducción de los recursos que hasta la fecha procedían de las cotizaciones sociales destinadas a financiar la sanidad o, mejor dicho, cuando hayamos separado estos recursos no se va a producir ninguna disminución de dinero para la sanidad.
Ahora que estamos hablando de la sanidad, me permito recordar el tema de la financiación de la sanidad, que es un problema que tienen Cataluña y todos los Gobiernos autónomos encima de la mesa pendiente de resolver. A esta hora de la mañana me quedaría satisfecho si en el debate del Estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados, el Presidente Aznar hubiera dicho que este tema de la sanidad ya está resuelto. En caso afirmativo habríamos solucionado un grave problema que ninguna Autonomía puede soportar por más tiempo y que, en definitiva, hace peligrar el funcionamiento de la sanidad en general.
Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido otro tema que ahora quiero recordar, el que hace referencia a la elaboración de un estudio técnico y económico sobre la reforma del Régimen Especial de trabajadores autónomos, para que se aproxime a las prestaciones que perciben quienes cotizan al Régimen General y sea posible la inclusión en su campo de aplicación de quienes trabajen al cuidado de su propio hogar y no estén amparados por otras prestaciones contributivas. Creemos que ha llegado el momento de abordar este tema y empezar a trabajar en él.
Así pienso que lo ha entendido el Grupo Parlamentario Popular, que presentó una enmienda de transacción aceptada por nosotros el otro día en Comisión, de acuerdo con la cual el Gobierno se ha comprometido a tener finalizado el referido estudio antes de ocho meses. Espero que este plazo pueda cumplirse rigurosamente.
Asimismo, es una buena noticia el que los socios trabajadores y administradores de sociedades mercantiles puedan conocer antes de final de año dónde deben encuadrarse dentro del sistema de la Seguridad Social y que quedaran clarificados, de una vez por todas, cuáles son sus derechos sin que tuvieran que resolverse individualmente en los Tribunales. Este tema ya salió a raíz de una pregunta formulada por este Senador en el mes de febrero, comprometiéndose el señor Ministro a resolverlo lo antes posible. Yo me alegro de que esto haya sido recogido en este proyecto de ley y que exista el compromiso de su resolución antes de que termine el año 1997.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don Ignacio Díez González.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a los votos particulares que han defendido los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Quiero manifestar la coincidencia del Grupo Parlamentario Socialista, ya defendida por nuestro portavoz en el

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anterior debate, en aquello que supone el mantenimiento del Pacto de Toledo y en un principio de solidaridad en la aplicación de dicho Pacto.
Evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar las enmiendas en las que hay coincidencia. En el caso de las enmiendas y votos particulares que el grupo parlamentario va a defender en títulos posteriores, anunciaremos nuestra abstención en aquellas en las que haya coincidencia. Pero sí quiero dejar claro que ese principio de solidaridad, manifestado en unos pactos vigentes y que nosotros vamos a reivindicar --hoy lo estamos haciendo y vamos a continuar reivindicándolos--, no está, a nuestro juicio, en el proyecto de ley que el Gobierno nos ha traído a esta Cámara y que está defendiendo el Grupo Parlamentario Popular.
Desde esa visión vamos a posicionarnos respecto de las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco; no vamos a votar en contra, sino que nos vamos a abstener en las cuatro enmiendas que se mantienen vivas. Vamos a votar favorablemente dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, las enmiendas números 71 y 73 --aunque en esta última pediremos a la Presidencia votación separada de los dos párrafos, ya que vamos a votar favorablemente uno de ellos-- y no votaremos la enmienda número 72. Del Grupo Parlamentario Mixto, votaremos favorablemente las enmiendas 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30 y 70 y nos abstendremos en las enmiendas números 6, 16, 28, 61 y 65 y votaremos en contra de las restantes.
Pero sí tengo que decir, haciendo referencia a la intervención de uno de sus portavoces, que, lamentablemente, y una vez más, se ha fijado y se ha referido más en su intervención al Grupo Parlamentario Socialista, sin tener en cuenta --y eso quizá obedece a un vicio, entre comillas, que se repite con frecuencia en ese Grupo, el vicio de la pinza-- que el proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento es un proyecto de ley que viene de la derecha, del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, quiero, y en alguna medida sugiero, que se tenga en cuenta que éste no es un proyecto de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sino del Gobierno, del Partido Popular. En ese sentido, olvide esos vicios y lleve sus críticas a otros terrenos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Garrido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor GARRIDO HERRAEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la postura de mi Grupo respecto a las enmiendas presentadas en votos particulares por los diferentes grupos.
De lo que no cabe duda es de que el proyecto de ley es fruto del acuerdo social --y parece que a algún Grupo le pesa-- y respeta fielmente --repito que respeta fielmente-- el Pacto de Toledo y los acuerdos subsiguientes que formuló el Gobierno con los sindicatos. Quiero destacar este aspecto, que es muy importante, porque la reforma anterior de la Seguridad Social, llevada a cabo por el Gobierno socialista en el año 1985, provocó una gran crisis social y no contó con el apoyo sindical. De lo que no cabe duda es de que el logro del acercamiento de la convicción sindical con la bondad de este proyecto queda en evidencia ante su postura y su firma del acuerdo.
Digo que este proyecto de ley es hijo del esfuerzo de la sociedad y de sus legítimos representantes --al frente de todos ellos está el Gobierno de la nación--, y que aspira a salvaguardar algo muy importante, que es el sistema que nos hemos dado todos de Seguridad Social, patrimonio de la nación, mediante reformas que garanticen su pervivencia en condiciones de estabilidad y seguridad, y para ello se hace imprescindible una reforma armónica del incremento del gasto, pero armonizada y coordinada con la evolución de la economía, precisamente en aras de esa prudencia que debe presidir todo cambio legislativo en norma tan importante.
Por tanto, la aplicación de esta ley exige prudencia e impulso y por ello el Grupo Parlamentario Popular se siente orgulloso --y hoy nos sentimos orgullosos-- de impulsar esta norma y dar cabida a un anhelo importante de la sociedad, plasmado en este importante --y yo calificaría de tranquilizador-- proyecto de ley, puesto que todos los pensionistas tienen garantizada con esta ley la revalorización automática de sus pensiones, a salvo de veleidades electorales, creo que felizmente olvidadas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminado el debate de este primer bloque, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


--PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Voto particular número 10, que corresponde a las enmiendas números 31 a 35.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez de la Borbolla.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Empiezo por anunciar que se produce la retirada de la enmienda número 34, ya que tiene una entidad menor al resto, y así podremos centrar el debate en las enmiendas que consideramos más importantes.


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Desde nuestro punto de vista, las enmiendas números 31, 32, 33 y 35, a los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley, son claves y van dirigidas a recoger los estrictos términos del Pacto de Toledo, a incluirlos en el texto, y a que se asuman las lógicas consecuencias de la inclusión de dichos términos.
El Pacto de Toledo, como hemos manifestado esta mañana, es un acuerdo de mínimos, tanto para la garantía del carácter público del sistema de protección social, como para la garantía de financiación suficiente de dicho sistema. Se trata de un acuerdo de mínimos, insisto, expresado en palabras, con unas palabras concretas y no con otras. El Pacto de Toledo es un acuerdo expresado con palabras justas para conseguir el fin que se proponía.
En definitiva, lo acordaron en 1995, primero en Toledo y después en el Congreso de los Diputados entre los partidos políticos, no es literatura, no es retórica coyuntural. Por el contrario, son acuerdos políticos de fondo y vinculantes para el plazo medio, dirigidos a garantizar la suficiencia del Sistema de Seguridad Social española ante el ingreso en el siglo XXI.
Esos acuerdos, como todos los acuerdos entre humanos, desde que el mundo es mundo, se expresaron, insisto, con unas palabras precisas, con unos términos concretos dirigidos a reflejar la voluntad política de quienes firmaban el acuerdo.
Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, los acuerdos entre humanos se expresan con palabras. Cuando se aprendió a hablar las palabras se expresaron oralmente. Cuando se dio el paso de la escritura, las palabras que se acordaban se pusieron por escrito. Se puede decir que, con base y respecto a la palabras, se pueden establecer una serie de diferencias. La primera diferencia es entre los hombres y las bestias: los acuerdos se cifran en palabras. La segunda diferencia es entre los hombres civilizados y los hombres iletrados: las palabras que se acuerdan se ponen por escrito. La tercera diferencia es entre los hombres docentes y los sinvergüenzas: los acuerdos por escrito se respetan. Esa es la verdad de las palabras, a la que hay que atenerse en relación con el Pacto de Toledo. Hay unas palabras, hay unos términos en los que se expresa el acuerdo, y esos términos tienen que ser respetados porque, si no, no se respeta el Pacto de Toledo. Porque las palabras reflejan conceptos; los conceptos tienen unos significados concretos y sobre esos significados, y sólo sobre ésos, estamos de acuerdo.
Cuando en el Pacto de Toledo se especifica que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales dependerán exclusivamente de la imposición general, es evidente que los firmantes del Pacto se habían puesto de acuerdo para que la financiación de las prestaciones no contributivas fuera exclusivamente ésa y no otra cualquiera.
Si como sucede, por el contrario, en el texto del proyecto de ley, la exclusividad en la financiación no resulta predicada de las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, ello quiere decir que ni se impide ni se prohíbe que se produzcan aportaciones, desde las cotizaciones sociales, para la financiación de las prestaciones no contributivas, y ello supone que no se respeta lo acordado en el Pacto de Toledo.
Cuando en el Pacto de Toledo se hace referencia a la necesidad de que mediante el recurso a la fiscalidad general se subvenga a las posibles distorsiones en el normal equilibrio del sistema, se está diciendo con toda claridad que ha de preverse la posibilidad de aportaciones del Estado, no sólo para atender a las necesidades específicas, como viene recogido en el proyecto de ley, sino también para atender insuficiencias financieras, como se recoge en nuestra enmienda número 31, que mantenemos también en este punto.
Cuando al firmar el Pacto de Toledo se habían incluido estos términos y estas afirmaciones se era consciente de las vinculaciones presupuestarias que dichas afirmaciones suponían; no fueron --al menos por parte de los socialistas-- afirmaciones hechas en el aire ni un brindis al sol.
Sabíamos lo que hacíamos, sabíamos lo que queríamos y sabíamos a lo que nos comprometíamos. No estamos seguros de que otros supieran lo mismo, porque no estamos seguros de que otros supieran lo que se traían entre manos al firmar un acuerdo para garantizar el futuro del sistema de pensiones en España. Y esa duda se confirma ahora, cuando por parte del Gobierno y del partido que lo apoya se ponen en cuestión las afirmaciones fundamentales del Pacto de Toledo.
En cuanto a la enmienda número 35, hemos de manifestarnos en sentido parecido a la anterior. El texto del Pacto de Toledo especifica con toda precisión al hablar de la constitución de reservas, en su Recomendación 2, que el sistema contributivo --el contributivo-- debe presentar presupuestos equilibrados y que para ello se constituirán reservas; no para el equilibrio general del sistema, sólo para el equilibrio del sistema contributivo. Cuando no se hace así se pone en cuestión la posibilidad de financiación autónoma del sistema contributivo y se pone en cuestión, por tanto, la financiación sólo con base en las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado del sistema no contributivo --voy terminando, señor Presidente.
En relación con las enmiendas números 32 y 33, hemos de manifestar lo siguiente. El artículo 1.Uno establece con toda claridad que los complementos a mínimos son prestaciones no contributivas. No tiene sentido alguno, por tanto, que en el artículo 1.Dos, inmediatamente después, se deje abierto el carácter futuro, contributivo o no, de dichos complementos a mínimos. Distinta cuestión, tal como viene recogido en el acuerdo con los sindicatos, supone que la financiación específica de esos complementos a mínimos se analizará en el futuro, pero no su naturaleza, que viene puesta en cuestión en el mismo texto del proyecto de ley.
En relación con los préstamos a la Seguridad Social, es de todo punto necesario que dichos préstamos sean cancelados en el momento de entrada en vigor de la separación de las fuentes de financiación. Por ello, aunque en nuestra enmienda número 33 se exija la cancelación antes de 1998, estaríamos dispuestos a contemplar una transacción que fijara dicha cancelación en el año 2000.


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Los términos insertos en el Pacto de Toledo, las palabras en dicho texto incluidas son, por tanto, los términos definitorios del compromiso político alcanzado, del cual todos los partidos firmantes tenemos que seguir respondiendo, y no de otros compromisos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Pasamos al voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 36, 38, 44, 45 y 50, que defiende el Senador Ignacio Díez.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Pasamos a defender el voto particular número 9, con las enmiendas a las que se ha referido el señor Presidente, bloque de enmiendas dirigidas a mejorar y homogeneizar la acción protectora del sistema público de la Seguridad Social.
La enmienda número 36, de adición al artículo 3 de un apartado Uno nuevo, trata del tope máximo de cotización a la Seguridad Social. Creemos que el Proyecto de Ley del Gobierno --no nos olvidemos que es un proyecto de ley del Gobierno, no de los sindicatos-- adolece de indefiniciones en un tema tan importante como son los topes máximos de cotización a la Seguridad Social. El tope máximo, como se sabe, define el nivel de aseguramiento público del sistema; si el tope máximo de cotización es cuatro o cinco veces el salario mínimo establece un modelo distinto que si fuese de una o dos veces. De ahí la importancia que le damos a esta enmienda.
Buena parte del debate y del modelo de protección pública, del modelo de Seguridad Social o aseguramiento público, está aquí precisamente.
Estamos, señor Presidente --si me permite una acepción que entendería cualquier ciudadano español-- ante la madre del cordero de este proyecto de ley, porque tanto en el Pacto de Toledo, en el apartado 3, como en el Acuerdo de consolidación y racionalización del sistema público de Seguridad Social, en el apartado d), se contempla lo que nosotros estamos pidiendo con esta enmienda: se hace referencia a la necesidad de incrementar y mejorar las bases de cotización máximas en función del IPC previsto. Esta enmienda número 36 trata de actualizar diligentemente cada año el tope máximo de cotización, trata de mantener el statu quo vigente sobre el tope de aseguramiento público en nuestra sociedad y en nuestro sistema público de protección.
Pero vayamos al Pacto de Toledo, compromiso político, referencia obligada que mis compañeros han mencionado anteriormente. Para todos, para los grupos políticos que en su día firmamos el Pacto y lo refrendamos en el Congreso de los Diputados, para los sindicatos que afirman la fe en este Pacto y para el Gobierno de la nación, que dice que apuesta por este Pacto y sin embargo en el proyecto de ley no lo vemos.
El Pacto de Toledo es un pacto por el mantenimiento del actual sistema público de protección social en España. Un pacto, según la Academia de la Lengua Española, es un concierto tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Pues bien, señorías, hoy solamente vemos que sigue vigente Toledo porque el Pacto para ustedes no existe. El compromiso de cumplir lo estipulado no se contempla en este proyecto de ley. Con nuestra enmienda se pretende que cada año no se congele el tope máximo de cotización, sino que vaya actualizándose progresivamente en función del índice de precios al consumo, ni siquiera hemos puesto que sea con arreglo al Producto Interior Bruto nominal, que podría haber sido una enmienda mucho más avanzada, de progreso. Hemos tratado de hacer una enmienda asumible para un partido conservador, para un partido de derechas. Sin embargo, si ustedes no aprueban esta enmienda no van a ser consecuentes con el Pacto de Toledo y con lo que inspira en lo que se refiere a las bases de cotización y a la actualización de estas bases.
Creemos, en definitiva, que su comportamiento no lo tendría ningún partido conservador homologable a ustedes en Europa. No me extraña que hablen de bastiones y de últimos bastiones. Estamos hablando de un asunto nuclear en el Pacto de Toledo que dice en su apartado tercero que el tope máximo es el que fija el techo de aseguramiento del sistema de protección social. Por lo tanto, es lógico que si no se actualiza el tope máximo se incidirá gravemente en el mantenimiento de la actual cuota de participación en la Seguridad Social de los ciudadanos españoles.
Incumplen, por consiguiente, el Pacto de Toledo e incumplen también, desde nuestro punto de vista, el pacto firmado por Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el Gobierno.
Si no aceptan nuestra enmienda, van a votar en contra de lo acordado por el Gobierno con los sindicatos. Esto que puede parecer una contradicción lo es, en definitiva, también para el Gobierno porque, desde nuestro punto de vista, incumple rotundamente el pacto en lo fundamental y no solamente el Pacto de Toledo, sino el acuerdo con los sindicatos. Nos parece elemental e importante resaltar este aspecto tan trascendental. Lo incumple en el apartado de la letra d) de ese acuerdo. Si ustedes lo repasan verán que hay una distancia flagrante en la concepción que traslada el proyecto de ley en referencia a la actuación de las bases de cotización con la realidad de lo mantenido por el Pacto de Toledo y el acuerdo con los sindicatos.
Ustedes están, sin embargo, apostando por unas subidas y una actualización de acuerdo con el IPC a las bases de los sistemas privados de protección social. Los sistemas privados de protección social, que en este momento se están discutiendo en el Congreso de los Diputados, sí contemplan la posibilidad de actualizarse de acuerdo con el IPC anualmente. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, están apostando por una privatización del sistema de protección social, una privatización que ya se hizo en el Reino Unido, ¡y ya vimos cómo le fue al señor Major con esa privatización! Creemos que éste es un aspecto nuclear y negativo de la concepción que ustedes están manteniendo.
Del resto de las enmiendas que tenemos formuladas a este Título son importantes para nuestro Grupo parlamentario

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las números 38, 44, 45 y 50. Si analizamos y comparamos las enmiendas con los compromisos firmados por el Gobierno con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, observamos que no aseguran el compromiso firmado en ese momento y, por supuesto, se alejan muy mucho de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Por todo ello, creemos que hay argumentos suficientes como para pensar que lo que ha dicho mi compañero y portavoz Rodríguez de la Borbolla es cierto. Creemos que ustedes deliberadamente se están alejando de un acuerdo que inspira una política de protección social y un modelo público que el que nosotros estamos defendiendo con estas enmiendas. Si ustedes no aceptan estas enmiendas, se están alejando, además conscientemente, de un acuerdo político importante que garantiza la pervivencia del actual sistema público de protección social en España.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Entramos en el debate del voto particular número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 37, 39 y 46.
Tiene la palabra el Senador Alonso.


El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que en cuatro minutos y medio me va a ser muy difícil hacer una exposición exhaustiva, como yo creo que merecen las tres enmiendas que mantiene nuestro Grupo Parlamentario a este proyecto de ley, el voto particular concretamente.
Yo tendría que decir que el proyecto de ley que hoy estamos aquí debatiendo es una de las leyes importantes, y esta mañana, cuando veía al Ministro de Trabajo sentado en su escaño, dije: Este hombre sabe valorar que esto es así. Y comprendo también su ausencia; quizá el fallo esté en que hayamos elegido un mal día para el debate de una ley que afecta a millones de ciudadanos y que va a condicionar el nivel de vida de muchas personas en una etapa de la vida en la que se pasa a una situación pasiva.
Por eso creo que esta ley es importante, y también es una ley importante, señorías, para que el Grupo Parlamentario Popular, que todavía está a tiempo, rectifique en sus posiciones. Es una ley importante para que el Grupo Parlamentario Popular haga cierto eso que han venido diciendo tanto tiempo de que son un Gobierno de centro y de que defienden el Estado de bienestar social, señorías. Respecto a esa frase del señor Aznar de que «España va bien», yo aseguro a sus señorías que como este proyecto de ley se apruebe, para muchos ciudadanos de este país España va a ir muy mal.
Y ya empiezo a referirme, señorías, a la enmienda número 37, que mantiene nuestro Grupo Parlamentario. Si se aprobara el texto de la ley, y concretamente los párrafos 1 y 2 del artículo 5 tal y como están, estaríamos ante la situación de que un trabajador que de una forma forzosa pierde su puesto de trabajo, se acoge a las prestaciones por desempleo, sigue con esas prestaciones, y a la edad de sesenta años se tiene que jubilar necesariamente, a la hora de calcularle la pensión con arreglo a los quince últimos años que establece esta ley, por una parte, se le quita un 40 por ciento de la pensión, en el mejor de los casos, un 35, forzosamente, pero por otra parte se plantea la situación de que a ese trabajador, aunque hubiera cotizado 30 años por el tope máximo de la Seguridad Social, se le van a aplicar ocho años de base a razón del salario mínimo interprofesional. Y a esa persona, habiendo contribuido, se le deja en la ruina, y ese principio de equidad de cotización-prestación que establece esta ley, señorías, queda quebrado y roto.
Espero también, señor Lobo, que no se le olvide hoy contestarme a esta enmienda número 37, porque en la Comisión, supongo que por un «lapsus», no me la contestó.
La enmienda número 39 está también cargada de lógica, y no sé por qué no se acepta. Si un trabajador tuviera ya la edad para jubilarse en el momento de entrada en vigor de esta ley y no lo hubiese hecho, la ley le permite optar entre aplicar esta ley o la ley anterior. Y esto parece lógico que sea así. ¿Por qué a los trabajadores que están acogidos a situaciones de prejubilación o de reestructuración y que con base en la ley que está en vigor tienen pactada una situación no se les permite optar? Lo que dice nuestra enmienda es que estos trabajadores también puedan optar, aunque el señor Lobo va a decir que esta ley no les va a perjudicar. Pues mucho mejor. Si no les perjudica esta ley, ¿por qué no se permite que puedan optar? Y, desde luego, señor Lobo, no comparto nada de lo que me decía en la Comisión en el sentido de que podemos estar contribuyendo a que el colchón de la Seguridad Social sea el amortiguador de las prejubilaciones y las reconversiones. Las previsiones contenidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos que acaba de poner sobre la mesa la dirección de Endesa consisten en mandar a miles de trabajadores a las prejubilaciones y a las jubilaciones anticipadas, y esto es mucho más sangrante porque se va a cargar a la Seguridad Social este costo para sanear una empresa que ya está bastante saneada, o liberar de cargas a una empresa para después venderla. Esto es mucho más sangrante.
Señor Presidente, concluyo con la enmienda número 46. Esta enmienda creemos que también es de lógica, porque viene a contemplar la recomendación 10 del Pacto de Toledo. Hay un informe del Consejo Económico y Social que dice que lo que pretende regular el artículo 12 no ha sido ni negociado con los sindicatos en el acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social. Por lo tanto, es algo que ni siquiera ha sido negociado. Pero es que el informe del Consejo Económico y Social va más lejos. Dice que, en todo caso, si hay que estimular la presencia de los trabajadores, que un trabajador, después de jubilado, pueda permanecer en el puesto de trabajo, que se haga, pero que se le haga al trabajador, porque la redacción del artículo vemos que a quien pretende estimular es al empresario.
Señorías, los que nos hemos movido tantos años en el terreno sindical sabemos que poner que «oídos» los sindicatos se puede regular una materia como ésta, es como no decir nada: oír a los sindicatos y a las representaciones empresariales...


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Si al menos se dijera: «de acuerdo» con los sindicatos y la representación empresarial, podríamos entenderlo. Pero que el Gobierno vaya a regular una materia tan importante como es la permanencia en el trabajo después de que un trabajador haya alcanzado la edad de jubilación, nos parece una competencia excesiva, y no puede hurtarse al Parlamento tomar una decisión sobre tal materia.
Por ese motivo, señorías, nuestra enmienda va dirigida a regular aquellos tres supuestos que a nosotros nos parecen los más importantes que se pueden dar en este caso. Y uno de ellos es que cuando un trabajador alcanza la edad de jubilación y opta por continuar en el empleo, que la empresa siga cotizando por él por contingencias profesionales y por incapacidad temporal, y que a ese trabajador, el día que vuelva a acogerse a la pensión, se le revaloricen aquellos años que no la estuvo percibiendo, y asunto concluido.


El señor PRESIDENTE: Senador Alonso, se le está agotando el tiempo.


El señor ALONSO BUITRON: Sí, señor Presidente, concluyo.
Señorías, el otro supuesto que también queremos regular en esta enmienda es aquel que hace referencia a que cuando un trabajador cesa en el trabajo a los 60 años, a través de un contrato de relevo o de un contrato de sustitución, que solamente siga cotizando por la parte de la pensión que deja de percibir.
Señor Presidente, señorías, señor Lobo, creo que usted es una persona influyente en su Grupo, se lo digo de corazón. Si esta ley se aprueba, aunque el otro día decía el señor Ministro que ustedes no iban a utilizar esta ley en las campañas electorales, yo le digo que nosotros sí la vamos a utilizar, porque esta ley, por las razones que he expuesto, lleva a muchas personas a una situación muy precaria. Por eso, fuerce usted, que sé que tiene poderes para ello, convenza usted a las personas que tienen que decidir en esta materia, porque podemos estar ante la comisión de un atropello importantísimo para varios sectores de la población española.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alonso Buitrón.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 47, 49 y 51.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.
Le ruego, señoría, que se ciña un poco más al tiempo establecido que su compañero, que quizá ha abusado demasiado de mi benevolencia.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He de reconocer que usted siempre es muy benevolente en esta Cámara.
Voy a intentar defender tres enmiendas al texto: la número 47, al artículo 13, párrafo 4; la número 49, a la Disposición Adicional Primera, que adelanto que no la voy a defender porque la vamos a retirar, y la número 51, a la Disposición Final Segunda.
La número 47, al artículo 13.4 trata de paliar un tema, quizá por error, mal planteado por el Grupo Parlamentario Popular, pero antes voy a decir a lo que afecta. El Partido Popular en el artículo 10 plantea las pensiones para los huérfanos, y lo hace de forma cicatera. Me da la sensación de que el Partido Popular es débil con los fuertes y extremadamente fuerte con los débiles, porque, cuando se trata de aplicar las pensiones para los huérfanos, que es verdad que se amplían hasta los 23 años, les pone una serie de incompatibilidades --a los débiles-- que más parece que intenten quitar lo que se da previamente que desarrollar un instrumento de solidaridad preciso con este conjunto de personas que, desde luego, no van a arruinar al Estado; ni el esfuerzo que se plantea va a significar ningún elemento que aumente el déficit público, tan de moda y tan necesario --bien es verdad-- en base a los criterios de convergencia.
Ustedes plantean la incompatibilidad casualmente con los jóvenes huérfanos menores de 23 años que, para recibir la pensión, no tienen que estar trabajando por cuenta ajena o ser autónomos. No hacen lo mismo con las viudas, donde no existe incompatibilidad. Ponen pegas a una mejora reclamada por el Pacto de Toledo. Ustedes sabrán por qué; querría que nos lo explicasen, aunque no es el motivo de la enmienda que planteo. Pero es que ni siquiera cumplen esta minusvalía hacia los jóvenes de menos de 23 años, y digo minusvalía porque ustedes la intentan lastrar por unas calderillas, que es lo que les costaría aplicarlo con todo su rigor.
En el artículo 13, que yo trato de enmendar, ustedes hacen inviable el artículo 10.4, en el que plantean cómo se tiene que operar el derecho a una pensión de orfandad a partir de la próxima publicación de la Ley.
Digo esto porque ustedes plantean en el artículo 10.4 que solamente tendrán derecho los que se encuentren percibiendo, en el momento de la aplicación de la ley, la prestación de orfandad. Si es a los 18 años, y ahí por ley se acaba la prestación, ¿por qué ustedes no eliminan este dato y permiten que, habiéndose quitado la pensión por llegar a la edad, si se encuentran dentro de los límites de la nueva propuesta, también tengan derecho a la misma? Sencillamente se trata de que eliminen un párrafo para posibilitar que los muchachos y muchachas entre 18 y 19 años tengan derecho a la pensión en función del esquema que planteamos en esta propuesta de ley, por razones de solidaridad, de justicia y de equidad, ya que no les cuesta prácticamente nada y beneficiarían a unos cuantos que lo necesitan más que nadie, en este caso los jóvenes entre 18 y 19 años.
En segundo lugar, la enmienda número 51. Señores del Grupo Popular, permítannos que tengamos sospechas de los Decretos Ley que después ustedes tramitan por la vía del Parlamento. Ustedes llegan a un pacto con los sindicatos --lo dicen y se ufanan de ello--, y la enmienda número 51 pretende suprimir el último párrafo de la Disposición Adicional Segunda, que ustedes saben que excede al pacto con los sindicatos, que está en contra de las propuestas de

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los sindicatos y que crea un grave problema a más de 2 millones de funcionarios, y ahora explico por qué. Es decir, ustedes utilizan, a los sindicatos por llegar a la foto, y llegan al Parlamento y, aprovechando la vía parlamentaria --legítima, bien es cierto--, utilizan unos mecanismos que van en contra de los criterios de los propios sindicatos.
Eso sí, con ese último párrafo de la Disposición Adicional Segunda, es bien seguro que ustedes intentan contentar a las aseguradoras de los funcionarios públicos a efectos sanitarios. ¡No creen más problemas, señores del Grupo Popular, con la sanidad pública! Hay una subcomisión a la que ustedes están torpedeando por todos los medios, hasta aburrir a todo el mundo. No creen un problema más. El tipo de sanidad que deben tener los funcionarios públicos dejen que lo decida la subcomisión sanitaria y dejen que lo discutan los funcionarios en la mesa de la Función Pública. No incorporen más elementos de tensión en este proceso de discusión sobre las pensiones, porque este elemento sanitario no tiene nada que ver con la Ley de Pensiones.
Termino diciendo que este último elemento es un alarde más de infidelidad al Pacto de Toledo. Este Proyecto puede pretender mantener indefinidamente el actual sistema de sanidad de los funcionarios públicos. ¿Saben ustedes a qué conduce esto? A que cuando las fuentes de financiación del sistema estén separadas, es decir, que la sanidad pública esté financiada con impuestos generales del Estado, los funcionarios públicos serían los únicos españoles que pagarían dos veces por la asistencia sanitaria, una, por los impuestos que financien el sistema universal y, otra, por sus cotizaciones a Muface. Por eso les decimos que lo retiren, que lo supriman, porque este elemento generará más tensión en la Subcomisión Sanitaria, generará más tensión entre los funcionarios al poner un riesgo innecesario en decenas de miles de funcionarios que serán españoles distintos. Además --y con esto acabo-- este elemento no forma parte del acuerdo con los sindicatos. Ustedes saben que los sindicatos están radicalmente en contra de esta propuesta.
¿Por qué se empeñan entonces? ¡Cuánto les presionan a ustedes las aseguradoras! Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco.
Turno en contra de los votos particulares números 6, 8, 9 y 10.
Tiene la palabra el Senador Lobo.


El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias, en nombre de mi Grupo, al señor Ministro de Trabajo por su presencia --aunque haya sido testimonial-- en este debate en la mañana de hoy, y a don Juan Carlos Aparicio, Secretario de Estado de Seguridad Social, quien nos está acompañando desde una sala aneja a este salón de Plenos asistiendo desde allí a este importantísimo debate.
Dentro de este complicado sistema de votos particulares, de bloques y turnos que hoy excepcionalmente estamos empleando, voy a exponer el posicionamiento en contra de mi Grupo a lo que se ha dado en denominar bloque B, es decir, las enmiendas que han defendido los Senadores del Grupo Parlamentario Socialista que me han precedido en el uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al artículo 1 cuatro enmiendas, las números 31 a 34, defendidas por el Senador Rodríguez de la Borbolla, en las que ha puesto un gran énfasis entreverado de citas bíblicas, y a propósito de las cuales ha dicho que los pactos no son literatura sino que están para respetar lo pactado. Pues bien, precisamente por eso nosotros pensamos que el artículo que se pretende modificar respeta absolutamente la Recomendación primera del Pacto de Toledo, y no sólo ésta sino también las Recomendaciones efectuadas a este proyecto de ley por el Consejo Económico y Social.
Así, podemos ver cómo en este primer artículo del proyecto de ley se establece que las prestaciones contributivas o de naturaleza contributiva se financiarán, no sólo con las cotizaciones, sino también con otros conceptos de naturaleza análoga, como pueden ser los recargos, las sanciones, las rentas, etcétera y, sobre todo, con las aportaciones que para atenciones específicas pueda realizar el Estado.
Y por si existiera alguna duda a esta posibilidad de admitir otro tipo de financiación para el sistema contributivo, entre todos los grupos parlamentarios introdujimos en el Congreso de los Diputados el término «básicamente», término con el que, a nuestro juicio, queda cerrada la posibilidad de interpretar que las cotizaciones sociales son la única fuente financiera de las prestaciones contributivas. Por tanto, reitero una vez más que la redacción del texto, tal y como ha entrado en el Senado, respeta, no ya escrupulosa, sino escrupulosísimamente, el Pacto de Toledo.
Otro de los objetivos de las enmiendas a este artículo es el debate de la suficiencia de las aportaciones del Estado para garantizar las prestaciones no contributivas.
Señor Rodríguez de la Borbolla, nosotros pensamos que la suficiencia no viene determinada porque en el texto aparezca esa expresión, sino que viene determinada por la Recomendación primera del Pacto de Toledo --insisto en ello-- y determinada, además, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es donde se deben establecer anualmente las aportaciones del Estado y donde todos los grupos políticos, como decía esta mañana en la tramitación del veto, tenemos la oportunidad de establecer nuestro grado de compromiso, en este caso con las prestaciones no contributivas.
El Senador Franco ha hecho una referencia al mutualismo administrativo en materia de asistencia sanitaria, y en esto quizá estemos de acuerdo.
Saben sus señorías que éste es un tema que está siendo estudiado por la Subcomisión de la reforma, por lo que creo que habrá que respetar sus conclusiones sin condicionarlas a este proyecto de ley.
Otra de las razones que justifican las enmiendas que se presentan a este artículo, concretamente, la número 32, es la de la naturaleza no contributiva de los complementos a mínimos. Dicha naturaleza fue pactada por el Gobierno con las centrales sindicales. Además, como bien sabe el señor Rodríguez de la Borbolla, en este acuerdo también se establece una cláusula de revisión por la que, transcurridos cuatro años desde la firma, se analizará la ubicación definitiva de los mismos dentro del sistema de financiación. Y

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este proyecto de ley no hace más que transcribir el citado acuerdo con los agentes sociales.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 33 al artículo 1, ya que, a nuestro juicio, contraría el tenor del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Aceptarla supondría renunciar a la gradual y paulatina aplicación del proceso de separación de las fuentes, que, como ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla, debe concluir antes del ejercicio económico del 2000.
Por otra parte, sus señorías han retirado la enmienda número 34.
Efectivamente, han reconocido que no tenía ningún sentido presentar dicha enmienda a este proyecto de ley, puesto que éste no se extiende a las prestaciones por desempleo.
La enmienda número 35 se presenta al artículo 2. La redacción de dicho artículo del proyecto no sólo es una transcripción cuasi literal de los acuerdos suscritos con los sindicatos, sino que, como he dicho esta mañana al referirme al veto de Izquierda Unida, el mismo ha sido informado favorablemente por la Ponencia existente en la Subcomisión de Presupuestos del Congreso por ser absolutamente respetuoso con el Pacto de Toledo. También decía esta mañana, y repito ahora, que éste es un compromiso del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario que pretendemos respetar. Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda.
La enmienda número 36, defendida por el Senador Díez González, se presenta al artículo 3, y propone la modificación del apartado 1 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Entendemos que la redacción propuesta en la enmienda al párrafo primero no presenta variaciones sustanciales de mejora ni aporta claridad al texto, mientras que el párrafo segundo que se propone no puede fundamentarse en la recomendación del Pacto de Toledo, ya que éste no prevé tal forma de determinar el tope máximo de cotización. Tampoco encuentra fundamento en el acuerdo con las centrales sindicales, en las que, por cierto, se establece que su importe se incremente --y no se determine, como señala su enmienda-- en función del IPC previsto, pero acompasando la evolución de este importe al tope de cobertura que se establezca como máximo.
Al artículo 5 se presentan las enmiendas números 37 y 38. La número 37, defendida por mi compañero de provincia y también viejo compañero en estas tareas sociolaborales, no se presentó en el Congreso. Con la misma se pretende justificar un supuesto perjuicio a los asegurados que, reuniendo todos los requisitos para tener acceso al derecho, puedan ver frustradas sus expectativas por circunstancias ajenas a los mismos.
Planteamientos como el de esta enmienda, defendida por el Senador Alonso Buitrón, han creado en ocasiones ciertos privilegios para muchos beneficiarios. Por una parte, porque han permitido obtener una pensión de importe superior a la que correspondería al interesado de haber estado cotizando durante dicha situación, lo que está en contra del Pacto y los acuerdos con los sindicatos. Su señoría sabe perfectamente que hay algunos casos que se han incluido en esta situación, por ejemplo, mediante un convenio especial. Por otra parte, como también conoce el Senador enmendante, no todas las situaciones asimiladas al alta han tenido el mismo tratamiento.
Por lo que se refiere a la enmienda número 38, no sólo no advertimos que aporte una mejora técnica, sino que creemos que podría originar el retraso de un año en la completa aplicación de la fórmula de cálculo definitiva de la base reguladora de las pensiones.
En cuanto a la enmienda número 37, me ha parecido entender que el Senador enmendante --el señor Alonso Buitrón-- se refiere primordialmente a las prejubilaciones por reconversión, situación en la que, por cierto, dicho Senador va a entrar en el mes de septiembre. Vamos a rechazar esta enmienda por entender que el carácter paulatino y progresivo de la reforma que se contiene en este Proyecto de Ley va a diluir y a difuminar --quiero tranquilizar al Senador Alonso Buitrón-- los posibles efectos negativos, si es que los hubiere, para los futuros beneficiarios.
La aceptación de esta enmienda supondría ir frontalmente en contra del Pacto de Toledo y de la consolidación del sistema, porque en algunas ocasiones estas medidas --que no niego que algunas veces hayan sido necesarias-- se han utilizado de una forma abusiva y, a partir de la aprobación de este Proyecto de Ley, la Seguridad social debe dejar --lo he dicho en Comisión-- de ser un colchón de todas las reestructuraciones empresariales que se produzcan en el país.
Además, he de decirle al señor Alonso Buitrón, que ha hecho aquí una descripción de la situación --que, por cierto, es la que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista para las prejubilaciones-- con un dramatismo tal, que el propio Senador ha olvidado su propio y reciente pasado. Las prejubilaciones que nosotros proponemos van a mejorar, al menos, a los que tengan mejores carreras de cotización.
Por último, también vamos a rechazar las enmiendas números 44 y 45 al artículo 11 del Proyecto de Ley, toda vez que dicho artículo utiliza la redacción de la Ley 26/1985 --como se decía en Comisión--, de 31 de julio, que ya consolida garantizando la revalorización automática de las pensiones a primeros de cada año.
En cuanto a la enmienda número 46, al artículo 12, del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que el artículo 12 del Proyecto de Ley responde a la Recomendación Décima del Pacto de Toledo, en la que se prevé la necesidad de fomentar la permanencia en activo de los trabajadores mas allá de la edad de jubilación, y a nosotros no nos parece, al menos, que las medidas que propone la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista vayan a coadyuvar demasiado a este objetivo.
Vamos a rechazar la enmienda número 47, al artículo 13, del Grupo Parlamentario Socialista, por coherencia con lo que he expuesto al rechazar la enmienda número 42.
La enmienda número 48 lo es al artículo 14. He de decir que el contenido del nuevo artículo 14 que pretende introducir dicha enmienda no encuentra apoyo en el acuerdo con las centrales, cuyo desarrollo, entre otras cosas, pretende este Proyecto de Ley, señoría, el cual mantiene la actual redacción del artículo 188, b) de la Ley General de la

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Seguridad Social, al coincidir el período considerado como cotizado con el derecho a la reserva del puesto de trabajo que venía ocupando el trabajador.
En cuanto a la enmienda número 49, a la Disposición Adicional Primera, ya en Comisión se aprobó una transaccional por la que se aceptaba el compromiso de elaborar el estudio sobre el régimen especial de trabajadores autónomos en el plazo de ocho meses, en lugar de en el perentorio de tres, que pide el Grupo Parlamentario Socialista, o en el menos perentorio, que pedían el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Por último, en cuanto a la modificación que se propone en la enmienda número 50, a la Disposición Final Primera, entendemos que este Proyecto de Ley no es el lugar más adecuado para delimitar los términos de la nueva regulación del tope de cobertura, sino que creemos que dichos términos han de fijarse, precisamente, en el texto legal que venga a definir y a establecer el tope máximo de cobertura de las pensiones contributivas.
También vamos a rechazar la enmienda número 51 por coherencia con lo alegado en el artículo 31.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Quiero aclararle que la enmienda número 49 ha sido retirada.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para insistir en algunas ideas e intentar apuntar algunas nuevas o por lo menos dar algún argumento nuevo.
El Grupo Parlamentario Popular, en muchas de las intervenciones que hace por los motivos más dispares, normalmente hace referencia a un concepto en término peyorativo, que es el concepto de la herencia recibida, y lo utiliza en muchos casos para exonerarse de responsabilidades. Estamos ante un supuesto absolutamente contrario. Aquí tenía el Gobierno, el Partido Popular una magnífica herencia recibida, que se llama Pacto de Toledo, y está solemnizando hoy la malversación de esa herencia recibida porque está despreciando y no respetando lo acordado en el Pacto de Toledo.
El Senador Lobo, en su argumentación de defensa del texto, ha hecho repetidas referencias, antes de mi intervención, a que con este texto se respeta el acuerdo con los sindicatos. Pero es que el acuerdo con los sindicatos, Senador Lobo, señores del Partido Popular, no es el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un acuerdo político que vincula y obliga a los firmantes, desde el poder o desde la oposición, a respetarlo. El acuerdo con los sindicatos es un acuerdo de naturaleza distinta, que lo que hace es exigir al Gobierno un mínimo en su actuación, un mínimo en la actividad del Gobierno, pero no concreta ni puede concretar los contenidos del Pacto de Toledo, porque un acuerdo político sólo puede ser administrado por los sujetos políticos que lo firmaron. No aceptamos la administración del Pacto de Toledo desde fuera del Pacto de Toledo. Y aquí hoy se está demostrando --hasta con sus argumentos lo demuestran-- que no respetan el Pacto de Toledo. Hacen referencia a otros textos, que respetamos, que saludamos, pero que no son la verdad del acuerdo. La verdad del acuerdo quedó reflejada en su día. Insisto, vincula a las fuerzas políticas y vincula no como mínimo, sino como línea de actuación definida al Gobierno que diga que quiere realizarlo.
Esta mañana en alguna intervención se ha hecho referencia --y permítanme que haga una cierta divagación menos trascendente-- a que, por ejemplo, con ocasión de la Ley de Pensiones de 1985 se provocó una crisis social y que ahora no se provoca esa crisis social y se dice que entonces no se llegó a un acuerdo y que ahora sí se llega a un acuerdo con los sindicatos.
Permítanme que les diga que si no se llegó a un acuerdo en el pasado fue por una razón muy sencilla: porque los sindicatos se fiaban de nosotros, porque los sindicatos son de la misma familia y saben que determinados límites no iban a ser traspasados desde la acción del Gobierno socialista. Si llegan a acuerdos con el Gobierno del Partido Popular es justamente por lo contrario, porque no se fían del Gobierno del Partido Popular y quieren ponerle unos límites a la acción diaria del Gobierno del Partido Popular. Entra perfectamente en la dinámica de la historia contemporánea en todos los países de Europa.
Por lo tanto, ese argumento nos lo pueden dar cuando les dé la gana, porque nos afirma en la certeza y la justeza de nuestra actuación. Tan es así que se puede decir --y ustedes mismos lo han dicho, se han referido a ello-- que el Pacto de Toledo convalida la Ley de Pensiones de 1985 y asume toda una política que se había desarrollado desde esa fecha y hasta 1996.
Insisto, no sirve como argumento decir que la suficiencia de las atribuciones, de las aportaciones del Estado se tienen que definir en los Presupuestos Generales del Estado cada año. ¡Claro que se tienen que definir en los Presupuestos Generales del Estado cada año! Pero sobre la base de un compromiso, compromiso que no se renueva año a año, sino que se mantiene en el tiempo y que no depende de otras exigencias presupuestarias o de otras necesidades de cuadre de balance. Las necesidades de financiación de la Seguridad, tanto del sistema contributivo como del no contributivo, venían establecidas y asumidas en su día en el acuerdo de Toledo, y de ésas somos responsables todos desde el Pacto de Toledo, no responsables año a año a la hora del debate de los presupuestos y dependiendo de

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las circunstancias de los ingresos o gastos del Estado derivados de otros condicionantes.
El presupuesto es la expresión de un compromiso de Gobierno anual, pero el presupuesto anual no es la expresión de una política que se acordó en su día para ser duradera a medio plazo. El presupuesto tendrá que concretar ese compromiso plurianual, que es el Pacto de Toledo, pero no sirve para que se demuestre año a año la voluntad de cumplirlo o no.
Por lo que respecta a otra de las cuestiones que hemos planteado, los complementos a mínimos, en su regulación se tergiversa no sólo lo acordado en el Pacto de Toledo, sino también con los sindicatos, porque lo que se acuerda con los sindicatos no es que la naturaleza de los complementos a mínimos contributivos o no se debatirá tras cuatro años; no; lo que se acuerda con los sindicatos es que el encaje financiero de estos complementos a mínimos transitoriamente, dentro de cuatro años se verá cómo se financia, pero siguen siendo no contributivos con base en lo dicho tanto en la ley como en el Pacto de Toledo.
Señorías, podría seguir desmenuzando argumento a argumento y demostrando que la vaguedad de los elementos de defensa de este proyecto de Ley con que cuentan los portavoces del PP se demuestra caso por caso. Sin embargo, hay tres líneas que bastarían para demostrarlo sintéticamente.
En la memoria explicativa del anteproyecto de ley que discutimos, en las páginas 5, 6 y 7 se señalan una serie de objetivos que se intentan conseguir con esta ley.
El primero, la separación financiera de la Seguridad Social. No se aclara, no se define terminantemente en este proyecto de ley.
El segundo, la constitución de reservas que no son para el sistema contributivo, como dice el Pacto de Toledo.
El tercer y cuarto objetivo son aceptables: la regulación de un único tope de cotización para todas las categorías profesionales y la introducción de mayores elementos de contribución y proporcionalidad.
Pero, a partir de ahí, ninguno de los restantes objetivos que dice la propia ley que intenta conseguir, están respaldados luego por los textos concretos.
Uno de los más evidentes es el que se refiere al incremento anual de las bases de cotización y de la tasa de cobertura máxima del sistema. Se revalorizan las pensiones año a año; sí, eso se recoge. Pero no se revaloriza, no se incrementa año a año la base de cotización ni la tasa de cobertura del sistema. Con lo cual se puede producir el hecho siguiente: las pensiones van aumentando, no van aumentando paulatina, periódica y contemporáneamente los ingresos y, por lo tanto, se van cuestionando las bases de la financiación global del sistema. Por eso nuestros portavoces han defendido la necesidad --y lo defiende el acuerdo con los sindicatos-- de que, junto a la revalorización de las pensiones, se reconozca y se fije la revalorización anual de las bases de cotización y de la tasa máxima de cobertura del sistema.
Acabo, señor Presidente. No nos queda más remedio que insistir una vez más en lo que venimos diciendo: el texto con respecto al cual hay que medir la adecuación de esta ley a los objetivos que se marcó el espectro político parlamentario español en el Pacto de Toledo, es el Pacto de Toledo, no otro, y ustedes no están respetando ese texto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo.


El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez de la Borbolla, menos mal que los sindicatos se fiaban de ustedes porque, si no se llegan a fiar, en vez de tres huelgas generales, una de ellas por el recorte de las pensiones del año 1985, no sabemos lo que podía haber ocurrido en este país.
Debo decir una vez más, señor Rodríguez de la Borbolla, que la redacción del proyecto de ley no se opone --como creo que dejé claro en mis anteriores intervenciones-- a la posibilidad de admitir otro tipo de financiación para el sistema contributivo.
Por otra parte, he de reiterar --porque es así y no se puede decir otra cosa-- que la suficiencia viene determinada, como ha dicho muy bien el Senador enmendante, por un pacto político al que ninguno de los que estamos aquí, digamos lo que digamos, podremos sustraernos en el futuro, y viene determinada por la Recomendación 1.ª de ese Pacto, que es el Pacto de Toledo, y no debemos olvidar, señorías --como decía antes en el debate del veto-- que la Seguridad Social --aunque parece que eso se ha olvidado-- también es Estado y que sus presupuestos anuales los aprobamos en esta Cámara.
Por lo tanto, señorías, creo que esta suficiencia, contando con la garantía del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios, está completamente garantizada. Como lo están, a nuestro juicio, los complementos a mínimos, ya que, en última instancia, todos los que estamos aquí en esta Cámara seremos también los que determinemos, a través de la Ley General de Presupuestos --aunque el señor Rodríguez de la Borbolla no le parezca adecuado--, las cuantías destinadas a financiar este tipo de prestaciones. Por otra parte, estoy completamente seguro --como decía esta mañana-- de que a esta grave responsabilidad nadie de los aquí presentes y de quienes nos sucedan se va a sustraer.
En cuanto a los topes máximos y mínimos de la base de cotización, a los que también ha aludido el señor Rodríguez de la Borbolla --tenía más réplicas pero voy a ceñirme a lo que él ha dicho--, insisto en que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en absoluto supone ninguna mejora técnico-jurídica del texto. Señor Rodríguez de la Borbolla, tampoco pretendan ustedes basarse en cosas que no dice el Pacto de Toledo. Lo que en realidad pretende su enmienda es una importante limitación al necesario margen de flexibilidad para establecer el tope máximo de cotización de cada ejercicio, que también deberá ser determinado atendiendo fundamentalmente a las necesidades financieras de la Seguridad Social. Por ello, y porque su enmienda no se ajusta a lo acordado con las centrales sindicales, insistimos en que no se la vamos a aceptar.


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Termino, señor Rodríguez de la Borbolla, diciendo que a lo largo de este debate continuamente se ha manifestado aquí una y otra vez que nos apartamos del Pacto y de los acuerdos. Nada más lejos de la realidad.
Estamos convencidos de que con este proyecto respetamos escrupulosamente lo que ha sido un importantísimo compromiso de todas las fuerzas políticas, mejorado sustancialmente con este proyecto de ley que vamos a aprobar, si fuera con su voto, mucho mejor.
Aun cuando comprendemos, señor Rodríguez de la Borbolla y señores portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en este proyecto de Ley, que para ustedes este debate es muy difícil, porque hoy están defendiendo planteamientos --permítanme que eche la vista atrás-- que durante 14 años no defendieron desde el Gobierno y porque, además, nunca pensaron que un gobierno de centro-derecha, como es el Gobierno del Partido Popular, pudiera sacar adelante un proyecto fruto de la negociación y del pacto con los agentes sociales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Pasamos a debatir el voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas 40 a 43 y 48.
Tiene la palabra su señoría.


El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a empezar por el final de la intervención del Senador Lobo.
Lo que nuestro Grupo nunca pudo pensar es que el Partido Popular, a escasamente un año de llegar al Gobierno, pudiera faltar a unos acuerdos que nosotros creíamos que venían a consolidar el sistema público de pensiones, que venían a confirmar lo que quería ser la voluntad mayoritaria de todos los grupos políticos de respeto y mantenimiento de un sistema solidario, público y contributivo, y que a sólo un año viniera a traernos no una ley de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, sino de recorte de derechos, de acoso y derribo de ese sistema de Seguridad Social. Y comienzo así porque concretamente los artículos, 8, 9 y 10 --a los que mi Grupo presenta las enmiendas números 40, 41, 42 y 43-- son total y absolutamente un recorte de derechos de los colectivos a los que hacen referencia.
En la enmienda número 40, que hace referencia al artículo 8, mi Grupo Parlamentario les pide la supresión porque en este artículo 8, que trata de la invalidez, lo que vienen a consagrar el Grupo Parlamentario Popular y el proyecto de ley del Gobierno es, en primer lugar, reducir el concepto de invalidez a un frío criterio físico o fisiológico y remitirnos a una larga lista de enfermedades que nos remonta a tiempos pasados y a otras épocas en que no hablábamos de protección social, sino de previsión social.
En segundo lugar, deja única y exclusivamente en manos del Gobierno la elaboración de esa lista de enfermedades invalidantes, así como la valoración a efectos de reducción de capacidad, y hurta a este Parlamento la posibilidad de elaborar esa lista.
En tercer lugar, no integra la profesión habitual del posible inválido con la posible invalidez, y les voy a ser más claro: independiza la invalidez de la profesión habitual.
Y, en cuarto lugar, impide acceder a cualquier tipo de invalidez a trabajadores en activo que tengan cumplidos los 65 años, lo cual es una incongruencia con la postura que sus señorías mantienen de alargar los períodos de trabajo y la edad laboral, lo que, según el discurso de sus señorías, beneficia al equilibrio económico-financiero del sistema porque permite que no pasen tantos pasivos a la situación de pensionista y, a la vez, aumenta las cotizaciones. Pues bien, penalizan a esas personas que toman voluntariamente la decisión de seguir trabajando después de los 65 años y les dicen ustedes que no se pueden jubilar por invalidez, que no pueden acceder a la invalidez y que tienen que hacerlo por jubilación única y exclusivamente. Les voy a desarrollar estos tres o cuatro temas porque me parece un auténtico monumento a la incongruencia el que mantengan este artículo y, desde luego, un recorte total y absoluto de derechos.
Lo de contemplar única y exclusivamente el aspecto físico a la hora de valorar la enfermedad invalidante ya existía en la Ley General de Seguridad Social del año 1960, y ha habido autoridades --que no podríamos tachar de tinte socialista, como el señor Perpiñá, el señor de la Villa, el señor Desdentado-- que han venido a decirnos que este sistema era un monumento a la desprotección, a la tecnocracia, y que lo único que vino a paliar fueron, precisamente, las sentencias de los tribunales y, sobre todo, las de un magistrado, el señor Martínez Emperador, que fue el único que logró reencaminar la invalidez. Señoría, yo he pertenecido a algunas de esas comisiones técnicas de valoración en las que veíamos que, remitiéndose única y exclusivamente a una lista de enfermedades, un señor tenía que salir por la puerta declarando no inválido porque su enfermedad no estaba en esos miles de catálogos o de tablas y, sin embargo, era un auténtico inválido. Ustedes no entienden al enfermo, sino que lo que están intentando es valorar la enfermedad, y en la invalidez hay que tener en cuenta la edad, el entorno psicosocial, la personalidad, el mercado laboral, su capacidad para el trabajo, o sea, la capacidad y los elementos residuales que tiene ese trabajador para trabajar. Puede haber una misma enfermedad que en un sujeto sea invalidante y en otro sujeto no lo sea, y eso sus señorías lo niegan en esta ley. Le requiere un juicio individualizado y no la remisión fría y dura a un simple catálogo de enfermedades que, ya digo, nos remiten a tiempos muy pasados.
No hay ni un solo país en nuestro entorno que no haya abandonado ya el sistema de las tablas de invalidez, de las tablas de enfermedades.
Además, sus señorías desvinculan la enfermedad de la actividad profesional. Les voy a poner un ejemplo. (El señor Martín Iglesias: ¡A ver, a ver!). Un señor que se corte un dedo y sea pianista no va a ser declarado inválido. Por la falta de un dedo no se va a catalogar en esas tablas de enfermedades como inválido a ese señor. Sin embargo, ese señor en la situación actual tendría una

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invalidez para ejercer su profesión habitual, que es la de músico o pianista. En el sistema que ustedes plantean esa situación se va a dar.
Pero hay más. Ustedes discriminan en razón de la edad y creemos que esto es total y absolutamente inconstitucional. Le voy a poner otro ejemplo que va a entender. Un señor que haya cumplido los 65 años, que haya cotizado 35 años a la Seguridad Social y que tenga un accidente o una enfermedad que sea objeto en el sistema actual de una gran invalidez, que se quede tetrapléjico, por haber cumplido los 65 años, tendrá que recurrir a una pensión de jubilación, aunque haya cotizado 35 años, sólo por el mero hecho de que ha sobrepasado la edad de 65 años y de que cumple los requisitos para ser pensionista de jubilación. Si un señor que tiene 64 años y 14 de cotización sufre ese mismo accidente que le produce una tetraplejia, a ese señor le quedará la gran invalidez, con el 150 por ciento de pensión, por no haber cumplido los 65 años, ya que ustedes dicen en su texto que no se reconocerán los derechos a las prestaciones de incapacidad permanente, cualquiera que sea la contingencia que los origine, cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad de jubilación y los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la Seguridad Social. Esto me parece un monumento a la incongruencia total y absoluta. Y además no sólo eso, sino que me parece anticonstitucional y muy posiblemente este Grupo Parlamentario, con toda seguridad, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Pero hay más todavía, hay que mencionar, en tercer lugar, que no integraba la profesión habitual. Nos quieren, por tanto, hacer volver a situaciones anteriores, cuando hablábamos de riesgos, de contingencias.
Era la época del INP, del Instituto Nacional de Previsión y no la época de la Seguridad Social y de la protección social.
Hay otra enmienda, la número 41, que hace referencia a la viudedad.
Aparentemente, ustedes pretenden equiparar la pensión de viudedad de las viudas menores de 60 años a la pensión que tienen las viudas entre 60 y 64 años. Parece que sus señorías quieren introducir una mejora, pero cuando establecen los requisitos para poder acceder ponen límites cuantitativos en cuanto a las rentas anuales y dicen que el Gobierno fijará esas rentas anuales, no que fijarán los Presupuestos Generales del Estado los complementos de mínimos, sino que lo hará el Gobierno. Ponen también limitaciones en cuanto a las cargas familiares. Sería el único complemento de mínimos que tendría en cuenta las cargas familiares. Están haciendo, única y exclusivamente, propaganda. Lo único que están diciendo es que van a equiparar, pero cuando llega el momento de la verdad, viene el tío Paco con las rebajas, que me temo que es Hacienda. Por eso, estoy seguro de que van a limitar muchísimo la equiparación de ese colectivo de viudas y viudos mayores de 60 años.
La enmienda número 42 sigue casi los mismos criterios que los de la viudedad y se refiere a la orfandad, pero aquí el monumento a la incongruencia es mucho mayor y la limitación de derechos mucho mayor.
También pretenden mejorar la situación de los huérfanos, tanto del de un solo padre, como de los dos: la orfandad absoluta. Dicen que se eleva la edad hasta los 21 y hasta los 23 años, pero ponen una serie de limitaciones en cuanto a las rentas. Nos encontramos ante una pensión contributiva, la única prestación contributiva que sus señorías hacen incompatibles con rentas del trabajo. Nos encontramos con que la pensión de viudedad, que es contributiva, es compatible con cualquier renta de trabajo. Una viuda o un viudo puede recibir ingresos derivados de la renta del trabajo. Y llegan ustedes y nos dicen que para la orfandad las rentas del trabajo serán incompatibles. A mí me están llamando por teléfono continuamente, porque saben que estoy defendiendo esta ley y que estoy trabajando en ella, cantidad de padres o de madres que son viudos y tienen hijos que están cobrando la orfandad y que están trabajando, porque es la única manera de que pueda sobrevivir la unidad familiar, porque con pensiones de viudedad muchas veces escasas es importante poder complementar esos ingresos de la orfandad con un trabajo en escuelas taller, en casas de oficio o con un trabajo a tiempo parcial para pagarse los estudios. Ustedes al incompatibilizar aquí las rentas del trabajo con la percepción de la pensión de orfandad, lo que hacen es echar fuera del sistema a las personas más desfavorecidas y con mayor número de problemas. Pero hacen más e introducen una falacia, diciendo: Nosotros vamos a fijar un período transitorio de tal manera que en el año 1997 los que tienen 19 años puedan ya percibir la pensión de orfandad, que ahora es hasta los 18 años, pero dicen más: no podrán percibirla aquellos para los que se haya extinguido el derecho. Señorías, ¡si los que tienen 19 años este año cumplieron 18 el año pasado y se les extinguió el derecho el año pasado!; luego ninguno de los que tiene 19 años va a poder cobrar la pensión de orfandad. Están haciendo un canto al sol; de alguna manera están restringiendo el derecho de este colectivo, que es muy importante.
Luego ha hecho referencia a la enmienda número 48, por la que proponemos la introducción de un artículo adicional nuevo, el número 14, y la hacemos simplemente por congruencia con el discurso de su señoría.
Nosotros pedimos que el tiempo que todas aquellas madres que estén dedicándose al cuidado de los hijos menores de tres años se considere cotizado a efectos de la Seguridad Social. Además en la Ley 4/1995, que regula la función pública, ya se reconoce a los funcionarios que el tiempo dedicado a la custodia de hijos se considere cotizado a la Seguridad Social. Sus señorías están muy preocupados por el bajo índice de natalidad --tenemos un crecimiento de natalidad de 1,2 por ciento, muy por debajo del 2,1 por ciento que es necesario para el relevo generacional-- y han invocado el acuerdo firmado por los sindicatos y el Gobierno --y con esto termino--, y en ese acuerdo dicen textualmente: Las partes consideran relevante introducir medidas en el ámbito de protección social relativas a la natalidad en la medida en que el incremento de la misma comportaría efectos positivos para el propio sistema de la Seguridad Social. Pues ahora tienen la oportunidad de plasmar su discurso en una norma; plásmenlo aquí y acéptennos la enmienda por la cual nosotros pedimos que en el período de excedencia por cuidado de hijo menor de tres años se considere período cotizado. Porque además, si no nos la aceptan aquí,

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la van a tener que aceptar por la vía de hecho, cuando vayan a los tribunales ante el agravio comparativo que va a suponer tener este derecho reconocido para los funcionarios y no tenerlo reconocido los trabajadores por cuenta ajena, por lo que van a ser los tribunales los que van a dirimir esta incongruencia que se plantea en la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aguilar.
Turno en contra. El Senador Lobo tiene la palabra.


El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 40, al artículo 8, que ha defendido el Senador Aguilar Belda, propone, entre otras cosas, la supresión de este artículo por exceder las recomendaciones del Pacto de Toledo por lo que se refiere a las pensiones de incapacidad permanente.
Tengo que decir que este artículo, a nuestro juicio, no sólo no transgrede el Pacto de Toledo, sino que lo que viene a hacer es recoger --y lo sabe muy bien su señoría-- casi literalmente los términos del acuerdo con las centrales sindicales. Asimismo, recoge y vierte en él la necesaria adaptación a la normativa laboral vigente.
Haré gracia a sus señorías de leer los acuerdos para que pudieran ver que lo que digo es cierto, pero invito a todos los miembros de la Cámara a que con detenimiento lo hagan, y podrán comprobar cómo el referido acuerdo se refiere a esta materia en términos que, por sí solos, vienen a justificar el artículo y la reforma que hemos propuesto.
Asimismo, propusimos en este artículo una enmienda transaccional --que, por cierto, no ha sido aceptada-- con objeto de que se modificara la redacción del segundo párrafo a incluir en el citado artículo 138.1 de la Ley General de la Seguridad Social, de la siguiente forma: Cualquiera que sea la contingencia que origine las incapacidades en el beneficiario, salvo que éstas tengan u origen en una enfermedad profesional diagnosticada con anterioridad. Y también sustituimos la expresión «cuando el interesado».
Lo que pretendíamos con esta transaccional, si hubiese sido aceptada, era propiciar el reconocimiento a la pensión de incapacidad permanente en aquellos casos en los que, aun habiendo superado los 65 años y habiendo acreditado los requisitos condicionantes de la pensión de jubilación, se hubiere contraído una enfermedad profesional que, habiendo sido diagnosticada con anterioridad al cumplimiento de dicha edad, por razón de un carácter degenerativo de la misma o progresivo, como es el caso de la silicosis, pueda generar posteriormente un estado de invalidez en quien la viene padeciendo.
Asimismo, la enmienda número 41, al artículo 9, recoge, por un lado, el contenido del «Pacto de Toledo», en el que se propone, en su recomendación decimosegunda, la adopción de medidas, como la mejora de las pensiones de viudedad, en el caso de menores ingresos, y siempre en la medida en que la situación financiera lo permita, que, sobre todo, es el objetivo del «Pacto de Toledo». Por otra parte, nos basamos, como viene siendo reiterativo hasta la saciedad, en el acuerdo suscrito con los agentes sociales.
También es criterio de mi Grupo que supeditar la equiparación a la existencia de cargas familiares y a la no superación de un determinado nivel de rentas no rompe en absoluto el tratamiento unitario de los complementos a mínimos, si tenemos en cuenta que ya en otras prestaciones, por ejemplo, en las de incapacidad y jubilación, es un factor a valorar la existencia de cargas familiares.
En cuanto a las enmiendas números 42 y 43, al artículo 10, nosotros creemos que la solidaridad, que es la base de nuestro sistema, exige que se proceda a atender las situaciones de aquellos que verdaderamente necesiten de la protección social, sin que pueda ser exigible al sistema un mayor esfuerzo. Este esfuerzo, desde luego, no debe hacerse llegar en la misma medida a personas que se encuentran en la situación de tener que procurarse los medios necesarios de subsistencia. Todo ello, vuelvo a insistir una vez más, dentro del marco de las posibilidades financieras del sistema y de acuerdo con la finalidad que persigue esta reforma en esta materia, y que no es otra que permitir que los beneficiarios puedan continuar su formación.
No obstante, tampoco es de justicia que cualquier nivel de rentas que el beneficiario de la pensión pudiera procurarse por razón de su actividad por cuenta propia conlleve automáticamente a la pérdida de la percepción de orfandad. Por ello, hemos presentado a sus señorías una enmienda transaccional, que, por cierto, también ha sido rechazada.
Por último, con referencia a la enmienda número 43, nosotros entendemos que la secuencia de los límites de edad previstos en el apartado 2 del artículo 10 es de alguna manera más armónica que la que propone la fórmula de la enmienda, tomando como punto de partida la edad de 18 años, límite actual para percibir la prestación.
Asimismo, nos parece rechazable lo que se refiere a la aplicación retroactiva de la medida, dado que la gradualidad en su aplicación quedaría con esta medida absolutamente anulada. La ejecución de esta medida debe acompasarse al proceso de separación de fuentes y a las propias disponibilidades del sistema, y esta medida, de aplicarse, sencillamente duplicaría el gasto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo fundamentalmente para reiterar que en este apartado, cuando llegue la votación, vamos a apoyar las enmiendas números 41, 43 y 48, por coincidir con los criterios que hemos manifestado en el mantenimiento de nuestras enmiendas.
La defensa que se está haciendo de estas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular es excesivamente literal, copiada de las manifestaciones que han sido hechas desde el Ministerio o desde los organismos correspondientes,

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pero no se ha profundizado en el contenido social de las enmiendas presentadas, tanto por nosotros como por el Grupo Parlamentario Socialista. Lamentablemente, esta ley no está teniendo el criterio de solidaridad social que debería tener ni los criterios de atención a colectivos, que quedan siempre, de alguna forma, marginados de los verdaderos beneficios que se deben buscar en una ley de consolidación de la Seguridad Social. Este hecho es grave, y ha sido tomado con cierta superficialidad, por no atender debidamente en un verdadero debate político las enmiendas presentadas, tanto por nuestro grupo como por el Grupo Parlamentario Socialista, a favor de las cuales estoy consumiendo este turno a favor. Lo encuentro lamentable y reitero lo que esta mañana decía sobre nuestra posición crítica respecto a la ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Aguilar.


El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Lobo, a lo largo de todo el debate ha estado acogiéndose a lo que ha sido el pacto con los sindicatos. La legitimidad de los sindicatos es la que es, que es mucha, y nosotros se la dábamos antes, se la seguimos dando y se la vamos a seguir dando, pero en ningún caso creo que puedan estar en la exclusiva posesión de la verdad. No se envuelvan en el manto de la legitimidad que les da el acuerdo con los sindicatos, que lo único que hacen es deslegitimarse con el acuerdo político y parlamentario, como ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla, que significa el Pacto de Toledo. Eso no les puede servir de coartada.
Nos habla de una transaccional en el tema de la invalidez, relativa a la enfermedad profesional anterior al hecho causante. Prácticamente la única enfermedad profesional que podría acogerse a esa situación --y su señoría lo ha dicho-- es la silicosis. Pero no me ha dado ni una sola razón para decirme por qué. Por ponerle un ejemplo, un albañil o un abogado que cumple los requisitos de cotización suficientes para acceder a la pensión de jubilación, si tiene 65 años y un día y sufre una gran invalidez, tiene que pasar a cobrar el 100 por cien de la pensión de jubilación, mientras que si no tiene los 65 años y un día, si sólo tiene los 65 años, puede acceder a una gran invalidez con el 150 por ciento de la pensión.
No lo entiendo, y no me ha dado ni una sola razón que lo explique. A mí se me han ocurrido muchas razones, una puede ser la razón del Ministerio de Hacienda, que viene con la rebaja.
He visto las caras de sus señorías, he mirado a algunos de los portavoces que han intervenido en otras legislaturas en temas de Seguridad Social, a don Jaime Lobo y a los senadores Someso y Fernández Menéndez, y les he visto unas caras de conformidad y de disgusto a la vez, porque yo creo que sus señorías tenían la voluntad de llegar a un tipo de aproximación y de acuerdo en el debate del Senado. En Comisión nos anunciaron que quizá antes del Pleno se podría llegar a algún tipo de acuerdo y, al final, sólo ha primado el principio monetarista y económico, única y exclusivamente de previsión, de INP, no de protección social, y en estos artículos dejan desprotegidos a colectivos muy importantes de nuestra sociedad.
En cuanto al tema de la orfandad, explíqueme, señor Lobo, por qué razón se excepciona en una pensión contributiva, como es la orfandad, el que sea incompatible con rentas del trabajo. Eso no ocurre en ninguna otra pensión contributiva, como es el caso de la pensión de viudedad en los supuestos de muerte y supervivencia que es compatible con cualquier otro tipo de renta del trabajo. Sin embargo, ustedes aquí incompatibilizan la pensión de orfandad con otras rentas y, además, en el colectivo más necesitado --no quiero hacer demagogia con esto--, en el colectivo que apenas sobrevive con la propia pensión de orfandad, con la propia pensión de viudedad que recibe alguno de los cónyuges y luego con las ayudas que viene a sacar fruto del trabajo. No me vale que me diga que ustedes nos han ofrecido una transaccional en la que se contempla el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional porque es regresivo con la situación anterior. Dicen que no vale la retroactividad: ¿van a aplicar la retroactividad, a partir de que se apruebe esta ley, a los huérfanos de 16 a 18 años que están compatibilizando la pensión de orfandad con el trabajo y con rentas superiores al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional? Me temo que sí. Luego están aplicando la retroactividad.
La otra razón, que decía que he querido pensar con cierta maldad, es que estén recibiendo presiones del único colectivo fuerte que aquí les puede presionar, que es el colectivo de las mutuas de accidentes de trabajo, que van a ver cómo sus arcas se llenan con las cotizaciones por accidente laboral y por enfermedad que tienen que cotizar los trabajadores en activo mayores de 65 años, pero que cuando llegue el momento de tener que generar una pensión de invalidez, si tiene más de 65 años, no se van a ver obligados a pagar. Me da la impresión de que está primando en este momento más el interés particular de un grupo de presión que el interés general, pero lo digo como una sospecha única y exclusivamente. Añado también que quizá la razón sea la de Hacienda.
Yo quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la sensibilidad manifestada, porque somos coincidentes en algunas de las enmiendas. Ya les hemos anunciado que respecto a sus enmiendas nos íbamos a abstener en la votación porque las nuestras son muy parecidas, pero indudablemente, Senadores Nacionalistas Vascos, ustedes han llegado a darse cuenta de lo que supone: un auténtico acoso, derribo y recorte de prestaciones que estaban consolidadas y respecto a colectivos que a veces son los más necesitados de esta sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aguilar.


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Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Lobo tiene la palabra.


El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Para terminar el debate, respecto a la enmienda 40, al artículo 8, quiero insistir una vez más, por enésima vez, que el proyecto, tal y como está redactado, no es sino una auténtica reproducción, le guste o no al Senador Aguilar, de lo acordado con los agentes sociales; lo mismo sucede con las listas de enfermedades y su elaboración por el Consejo del INSS, abriendo el cauce normativo que permite plasmar en una norma jurídica dicho listado.
Por lo que se refiere al régimen de incompatibilidades, al que también ha hecho alusión, actualmente, como sabe muy bien, la Ley General de Seguridad Social prevé la determinación de su alcance y condiciones vía reglamentaria.
Es cierto, por otra parte, que los estados de necesidad deben estar rigurosamente protegidos con las prestaciones de nuestro sistema, pero, asimismo, no es menos cierto que tenemos y debemos ser rigurosos contra el posible abuso. España, señorías, es el país que presenta de toda la Europa comunitaria una mayor tasa de invalidez, y pensamos que el rigor debe ser empleado por todas las fuerzas políticas, puesto que el abuso, en vez de conducir a un beneficio, a lo que conduce es a perjudicar al sistema y, de paso, al resto de las personas que lo componen.
En cuanto al artículo 9 y a sus enmiendas, hemos de insistir en que establecer un nuevo límite de rentas nos parece que, por un lado, no está en contra de la regulación de los complementos a mínimos --eso ya lo dije antes--, y, por otro, tenemos que tener en cuenta que son los perceptores de prestaciones de viudedad con edades inferiores a 60 años los que suelen tener hijos a cargo y que sus pensiones son las de menor cuantía.
Estas son las razones que motivan la medida, sin olvidar las posibilidades del sistema dentro de un principio de solidaridad.
Y como colofón dirigido a todos los grupos que han intervenido, voy a terminar agradeciéndoles su tono y su interés, así como todo lo que han aportado en sus intervenciones y repitiendo lo que decía al principio esta mañana: nosotros estamos seguros, y creo que la sociedad también, de que con este proyecto de ley se da un importantísimo paso en la profundización en el derecho constitucional a la protección social de todos los ciudadanos.
Pensamos que este proyecto, aunque no es definitivo, es un avance en el camino del Pacto de Toledo y en el acuerdo social Gobierno-sindicatos, como también estamos seguros, señorías, de que este proyecto va a suponer --aunque algunos Senadores han dicho que piensan seguir utilizándolo-- el que las pensiones dejen de ser utilizadas como arma arrojadiza, como un arma que se emplea en épocas electorales y que ha venido generando inestabilidad o miedo. Nosotros pensamos que con esta Ley esto se va a terminar porque con ella nos comprometemos, no sólo al mantenimiento de las pensiones, que era lo más importante y lo que estaba en duda hace unos años, sino a su consolidación, racionalización y crecimiento ordenado para garantizar a todos los ciudadanos el futuro del sistema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo. (El señor Aguilar Belda tiene la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra, señoría?

El señor AGUILAR BELDA: En función del artículo 87 del Reglamento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor AGUILAR BELDA: Senador Lobo, quiero hacerle únicamente una aclaración respecto a ese argumento de que el crecimiento de la invalidez puede poner en riesgo el equilibrio económico financiero del sistema.
A este respecto le doy solamente un dato. En el año 1982 el crecimiento interanual de pensiones de invalidez era del 10,80 por ciento. Las medidas correctoras, los equipos de valoración y las medidas que se han ido tomando a lo largo de las sucesivas legislaturas han hecho que hoy el crecimiento interanual de las pensiones de invalidez sea del 0,90 por ciento, por debajo de la media europea. Por tanto, jamás pondrán en riesgo el equilibrio económico y financiero.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a iniciar la votación, de acuerdo con las indicaciones que los portavoces han pasado a esta Presidencia.
Comenzamos por las enmiendas correspondientes a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, en tres bloques distintos., En primer lugar, votamos las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30 y 70. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 23. Por mi parte, no hay inconveniente en que se haga en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Albistur Marín pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Unicamente solicito que se separe de ese bloque la enmienda número 70, para su votación aparte.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por tanto, en primer lugar, votamos la enmienda número 70.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 93; en contra,132; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 6, al existir petición de votación separada por parte de dos grupos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, tres; en contra, 137; abstenciones, 88.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29 y 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 89; en contra, 132; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, tres; en contra, 134; abstenciones, 91.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, la enmienda número 6 se ha votado ya.


El señor PRESIDENTE: Votamos entonces las enmiendas números 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, dos; en contra, 220; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 12, 13, 24 y 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, cinco; en contra, 217; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, cuatro; en contra, 135; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a efectuar la votación de las enmiendas de la Senadora De Boneta y Piedra. Se hará en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas números 61 y 65 Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, ocho; en contra, 134; abstenciones, 86.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del segundo bloque de las enmiendas de la Senadora De Boneta, que son las números 60, 62, 63, 64, 66 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, nueve; en contra, 219; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que son las números 52, 53, 55, 56 y 57. (El señor Albistur Marín pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, la enmienda número 52 ha sido retirada.


El señor PRESIDENTE: Entonces pasamos a votar las enmiendas números 53, 55, 56 y 57.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, ocho; en contra, 125; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a la votación por separado de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que son las números 71, 72 y 73.
En primer lugar, la enmienda 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 104; en contra, 124; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 11; en contra, 210; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 207; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas que corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, números 31 a 33, 35 a 48, 50 y 51.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido la votación separada, por un lado, de las enmiendas números 46 y 47 y, por otro, de las enmiendas números 32, 38, 41, 43, 44 y 45. Por mi parte, el resto pueden votarse conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin entrar en las que tienen el número 40, sino en aquellas que están en el bloque de la 30, pediría votación separada de la 31 a la 35, 36, 37, 38 y 39.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda número 46.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 91; en contra, 127; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 88; en contra, 121; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 87; en contra, 124; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 36.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 89; en contra, 124; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 88; en contra, 124; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 31, 33 y 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 89; en contra, 124; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 37 y 39.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 94; en contra, 124; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 41, 43, 44 y 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 91; en contra, 123; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 40, 42, 48, 50 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 86; en contra, 124; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos 1 a 13, Disposiciones Adicionales primera y segunda, Disposición Derogatoria, Disposiciones Finales primera y segunda y Exposición de motivos, según el dictamen. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) El señor Aleu tiene la palabra.


El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, solicito votación separada, por un lado, de la Exposición de motivos y, por otro, de los artículos 4, 6, Disposiciones Adicionales y Disposición Derogatoria, en un solo bloque.
(El señor Albistur Marín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El Senador Albistur tiene la palabra.


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El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, solicito votación separada de la Exposición de motivos, como ha dicho el representate del Grupo Parlamentario Socialista, de las Disposiciones Adicionales y Derogatorias, como él también ha planteado, por supuesto, quedaría la Disposición Final, y después de los artículos 7, 9, 10, 11 y 13 separados cada uno de ellos.


El señor PRESIDENTE: Votamos la Exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 129; en contra, 10; abstenciones, 87.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar los artículo números 4 y 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 223; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
¿Se pueden votar los artículos números 7, 9, 10, 11 y 13 en un bloque? (El señor Albistur Marín pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, solicitamos votación separada del número 13.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los artículos número 7, 9, 10 y 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 136; en contra, 91; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 87.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de los artículos que no han sido votados hasta este momento.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 138; en contra, 89; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar las disposiciones adicionales y la disposición derogatoria conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 223; en contra, tres; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las disposiciones finales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 140; en contra, 87; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL SECTOR PESQUERO DE ALTURA AL FRESCO.
(S. 622/000003.) (C. D. 124/000003.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de ley de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que haya designado la Comisión por tiempo de diez minutos. (Pausa.) ¿No hay ningún Senador designado por la Comisión para presentar el dictamen? En ese caso, pasamos al debate de totalidad. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) ¿Me pide la palabra, Senador Aleu?

El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, es para conocer con exactitud qué texto vamos a debatir, porque en la tramitación de esta ley en el Senado, antes de llegar al Pleno y sin que medie ninguna enmienda ni se nos haya comunicado, ha habido modificaciones, yo no diré sustanciales, pero importantes, en la exposición de Motivos. Ya hemos pedido explicaciones otra vez por este motivo y lo volvemos a hacer ahora: la Exposición de Motivos del texto que vamos a debatir ha sido modificada, aparece distinta en el dictamen de la Comisión de la que apareció en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, sin que nosotros sepamos nada y sin que medie ninguna enmienda. Por eso pregunto qué texto vamos a debatir.


El señor PRESIDENTE: La verdad es que este Presidente desconoce esa circunstancia. Ruego a los Servicios de la Cámara me ilustren sobre el tema. (Pausa.) Senador Aleu, me informan los Servicios de la Cámara que lo que ha ocurrido ha sido simplemente que, para una mejor sintaxis o redacción del texto, se ha quitado «considerando que» y que esto se ha hecho de acuerdo al menos

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con el Presidente de la Comisión. En definitiva, el texto es el mismo pero se han quitado las palabras «considerando que».


El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, manifestamos nuestra conformidad con este cambio, pero pedimos que no se haga ni por decisión del Presidente ni por decisión de alguien que no esté legitimado para hacerlo, así como que no aparezca como texto de la Comisión un texto que no es el que se votó en Comisión. Por lo tanto, manifestamos nuestra conformidad y nos parece mejor este texto que el que nos remitió el Congreso de los Diputados, pero que tengan publicidad los cambios que se introducen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Senador Aleu, creo que su argumentación está absolutamente cargada de razones.
Vuelvo a repetir: ¿algún Senador presenta este dictamen? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 1, que corresponde al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, seré muy breve por cuanto que estamos ante una Proposición de Ley de la que es autor, al menos originariamente, nuestro propio Grupo Parlamentario. Ello me permite no entrar ahora en mayores detalles sobre el fondo y la pretensión última de la misma. Me basta con remitirme al «Diario de Sesiones» y a lo ya dicho con motivo del debate mantenido en esta misma Cámara con ocasión de la toma en consideración de la iniciativa.
En cualquier caso, entendemos que es necesario mantener en este trámite de Pleno un voto particular que se corresponde con las enmiendas números 1 y 2. La enmienda número 1 tan sólo pretende mejorar técnicamente, en coherencia con lo dispuesto en el propio texto articulado, el título de la Proposición de Ley, de suerte que en vez de hablar, como en la actualidad, de ordenación del sector pesquero de altura al fresco, se hable de ordenación del sector pesquero de altura y de gran altura que opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. Sé de la disposición de los grupos parlamentarios a aceptar esta enmienda. Por lo tanto, no me queda más que esperar a la confirmación de tal hecho.
La segunda de las enmiendas, la número 2, tiene que ver con el artículo único. Su objeto es que quede claro, al referirnos a la posibilidad de enajenar, ceder o transmitir los derechos de pesca, que tal enajenación, cesión o transmisión puede serlo tanto parcial como total. Dicho esto, señor Presidente, quiero señalar que participamos plenamente de la manifestación realizada en Comisión por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a que no hay que hablar de derechos de pesca y de coeficientes de acceso, sino de derechos de acceso. En tal sentido, anuncio desde ahora la aceptación, y el consiguiente voto a favor, de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios para corregir esa doble terminología, no correcta evidentemente, que, en la actualidad, contempla el texto del dictamen.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubia.
Pasamos al voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista que corresponde a la enmienda número 3.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
El voto particular que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene como principal objetivo garantizar que todos los derechos se puedan repartir lo más equitativamente posible entre todos los barcos. Para ilustrar a sus señorías, les diré que se trata de aprobar hoy que se puedan vender o transmitir derechos de pesca entre la conocida como «flota de los 300». En esta flota ya no son 300, son, a 20 de mayo, una vez que está cerrado el censo por la Secretaría General de Pesca, 212.
Les voy a dar un dato que refuerza --nosotros estamos convencidos de ello-- nuestra posición. A 20 de mayo de 1997 hay barcos y armadores que tienen más derechos, que pescan más días de los que pueden pescar y, a la inversa, hay barcos y armadores que no pueden pescar todos los días. En el caladero de Gran Sol, entre ir, venir y subastar la pesca, cargar las vituallas, etcétera, se considera que ningún barco puede pescar más de 300 días en un año. Por lo tanto, el objetivo de racionalizar la productividad de nuestra flota, es decir, el objetivo de conseguir que todos nuestros barcos trabajen todos los días posibles del año, tendría que limitarse a esa cifra, pues nunca podrían ser más de 300 por cada barco.
Si lo que queremos es eso, limitemos las transmisiones que se puedan hacer para alcanzar que todos los barcos puedan pescar todos los días. No permitamos que en la ley queden sombras que den lugar a la especulación financiera o, si ustedes quieren, que haya una capacidad productiva que no sea aprovechada por la flota española, sea cual sea su puerto de origen. Y lo que aquí hemos presentado humildemente los socialistas es lo que piensan los trabajadores del sector, pero es también lo que piensa un sector muy importante de armadores, de los armadores gallegos, de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Por tanto, les traemos

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aquí la petición de que la Cámara sea receptiva a apoyar la economía productiva, a apoyar la racionalización del esfuerzo de nuestra flota pesquera de Gran Sol para repartir lo mejor posible el trabajo existente.
Y sobre esta base esperamos que se rectifique el voto de la Comisión, porque no nos parece bien que se nos diga en la Comisión: Pueden ustedes tener razón, pero esto ya lo haremos en el reglamento, y que además se dilate el tiempo del reglamento, que va a entrar en vigor dentro de seis meses; es decir, primero la ley dentro de tres meses después de que se publique y el reglamento, tres meses después de que entre en vigor la ley. ¿Por qué todo ese tiempo? Pudiera entenderse que hay intención de que se produzcan transmisiones de derechos en este plazo de tiempo y que alguien, con ayudas públicas o sin ellas --que después, en turno de portavoces, podremos explicar--, pueda acumular derechos para pescar más días de los que puede pescar.
Si ustedes quieren de verdad --como queremos todos-- que nuestros barcos, vascos y gallegos, los dos, pesquen, todos, todos los días, limitemos el máximo de días que puede pescar cualquier barco, porque nadie puede pescar en Gran Sol más de 300 días al año, para que nadie pueda crear un mecanismo de especulación financiera fuera de la economía productiva.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Turno en contra.
El Senador Chapela tiene la palabra.


El señor CHAPELA SEIJO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, anuncio nuestro voto en contra de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista e indico, tal y como habíamos hecho en Comisión, que probablemente haya que fijar una limitación en los días de pesca de los barcos con derecho a faenar en los caladeros del Gran Sol.
Es cierto que habrá que establecer esas limitaciones tanto en el número máximo de días, que el portavoz socialista fija en 300, que pueden ser 250, 200, como en el número mínimo, dado que hay que evitar que haya unos barcos que tengan un exceso de derechos de pesca y otros que tengan muy pocos.
Sin embargo, señorías, consideramos que esta normativa, la fijación concreta de las limitaciones que hay que imponer a una ley, en estricta técnica legislativa, debe realizarse a través de un desarrollo reglamentario que hay que efectuar tras una serie de estudios y de consultas con el sector pesquero afectado. Por ello, creemos, señorías, como dijimos en Comisión, que políticamente es correcto y técnicamente es oportuno esperar a ese desarrollo reglamentario.
Por otra parte, indicamos que nos parece --y lo digo con todo el respeto hacia el portavoz socialista-- que es jugar a juegos florales manifestar si puede haber un interés en que durante este período de tiempo hasta el desarrollo reglamentario se puedan producir transmisiones que la ley no quiere que se lleven a cabo entre buques del censo del caladero de Gran Sol. Y digo esto porque me parece absurdo hacer esta alusión cuando su señoría conoce que este problema se viene arrastrando desde junio de 1982. Señorías, me permito recordarles que desde octubre de 1982 hasta 1986 tuvieron ustedes las responsabilidades de Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Chapela Seijo.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición de nuestro Grupo diciendo que vamos a apoyar la ley y vamos a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Consideramos que, independientemente de que desde hace tiempo se haya venido especulando con las transmisiones de derechos, si estamos todos de acuerdo en que hay que cortarlas, éste es el momento. Por lo tanto, si en este tema estamos todos de acuerdo en el fondo, no debe haber inconveniente en que figure explícitamente en la ley, y yo creo que el planteamiento que se hace en la enmienda es totalmente razonable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig.


El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición en relación con la proposición de ley, tanto en referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Socialista como al artículo único y disposiciones finales de la ley.
Anunciamos nuestro voto favorable a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que hace referencia básicamente al título de la proposición de ley. Y, asimismo, como es natural, puesto que hemos firmado la transaccional, a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que incorpora la posibilidad de ceder o transmitir la totalidad o una parte de los derechos.
No podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que pretende introducir una limitación de 300 días de faena.
Porque, si bien entendemos que es posible que esto tenga que regularse y quizás se tenga que hacer, nos parece que en estos momentos en el Reglamento comunitario ya hay elementos suficientes para que se produzca esta regulación. Por una parte, porque

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el mismo Reglamento comunitario permite que cualquier barco que agote su esfuerzo pesquero y aún le queden cuotas pueda solicitar a la Comisión Europea un esfuerzo pesquero especial. Y por otra --y me parece que es lo más importante--, porque la gestión de los recursos se realiza en estos momentos por el procedimiento de los TACs (Total Admisible de Capturas o Cuotas). Por lo tanto, una vez se haya llegado por cada uno de los barcos al total de TACs admisible, al total admisible de capturas, evidentemente, será independiente del número de días que puedan o no puedan faenar. En definitiva, entendemos que no se puede coartar la libertad empresarial y de mercado en un tema que ya viene regulado, precisamente, a través de estas cuotas.
Por lo que hace referencia a la ley, con su artículo 1, y a las dos disposiciones finales, votaremos favorablemente por entender que representan una mejora racional del sector pesquero de altura, y que, además, pueden servir para impulsar la definitiva adecuación de lo que se ha venido a llamar la «flota de los 300» --en estos momentos, según la información del Senador socialista, de los 200-- a las posibilidades pesqueras.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Roig i Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero completarles la información de que disponen para hacer un último esfuerzo pidiéndoles que reconsideren el voto.
A fecha de mayo hay 212 buques de la flota de Gran Sol. De esos 212 buques, 86 de ellos, es decir, aproximadamente el 40 por ciento, tienen su base en el País Vasco. Y ese 40 por ciento de los barcos tienen el 51,3 por ciento de los derechos de pesca. Pocos barcos, muchos derechos.
En Galicia están los otros 126 barcos; son muchos barcos, ¿cuántos tienen derecho de pesca? Lo tienen sólo el 48,7.
Al senador catalán con todos mis respetos, le digo que nadie quiere pescar más de 300 días, porque no se puede pescar más. Lo ideal es llegar a la situación en que todos los buques pesquen 300 días, y se puede hacer ya, señor Senador, lo que pasa es que alguien ha ido comprando barcos de otras Comunidades con dinero público, con dinero que sale de los impuestos, y ha ido acumulando y formando un pequeño tesoro de derechos de pesca, creando una discriminación entre armadores y ciudadanos pescadores de unas Comunidades y otras.
Nosotros estamos por el reparto del trabajo, por el reparto de la riqueza pesquera, pero también porque haya un trato igualitario. Por eso somos socialistas. Yo puedo entender que usted no lo acepte, pero nadie quiere tener más de 300 días de pesca, el que los tiene está especulando y está esperando a vender mañana. Por cierto, los días que tiene de más los compró en el puerto de La Coruña, en un puerto de Cantabria o en un puerto del norte de Lugo, y los compró con dinero público, con dinero del Gobierno vasco. Cuando pedimos que se limite a un máximo de 300 días, estamos haciendo una apuesta por la racionalización de la flota del Gran Sol, pero también para evitar procesos de especulación financiera.
Con todo respeto, estoy seguro de que en el reglamento va a tener que recogerse algún tipo de limitación, y sería mucho más transparente --tendrán que reconocérnoslo-- si se hiciera en la Cámara, fruto del debate político, a que se haga por el Gobierno, fruto de no se sabe qué presiones. Desde un aspecto puramente de democracia formal y de respeto a la soberanía, será mejor que lo hagamos. Si hay que poner el límite, pongámoslo aquí y pongamos el límite máximo. Los socialistas queremos que todos los barcos pesquen todos los días, que no haya un sólo día en que un barco no pueda pescar porque no tenga permiso. Por eso, no entendemos que no se acepte nuestra enmienda, y no entendemos tampoco, señores Senadores, por qué esta ley no entra en vigor hasta dentro de tres meses después de publicada, y por qué el reglamento que desarrolla la ley no se publica hasta tres meses después de que entre en vigor dicha ley. Hay un plazo de seis meses absolutamente opaco en el que lo que votamos aquí y en el Congreso de los Diputados no sirve. Durante esos seis meses seguimos en una situación de alegalidad. ¿Alguien lo quiere explicar? Me voy a dirigir a los señores del Partido Popular, que tienen responsabilidades del Gobierno en Galicia. ¿Cómo explican ustedes su voto hoy aquí, olvidándose de las reivindicaciones de los pescadores gallegos? Ustedes, que lo han vivido igual que yo; ustedes, que desde el Gobierno de la Xunta han dicho que las OPA del Gobierno vasco iban contra los intereses de Galicia, ¿cómo hoy ceden de esta manera?, ¿qué les ha pasado?, ¿por qué nos traicionan?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Chapela.


El señor CHAPELA SEIJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, obviamente el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor, como hizo ya en el momento de la toma en consideración de esta proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura y gran altura al fresco en las aguas comunitarias, en las aguas del Gran Sol, fundamentalmente. Queremos aprovechar este turno de posicionamiento respecto a esta ley para contestar a una serie de referencias del portavoz socialista, algunas de ellas fuera de tono.
Vuelvo a reiterar, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carlos González Príncipe, que esta situación que tanto les preocupa a ustedes se lleva produciendo durante quince años, y durante este tiempo no han buscado soluciones. Es más, en 1995 el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solventar o solucionar en la medida de lo posible esta cuestión.


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Ustedes, amparándose en su mayoría, votaron en contra de esa proposición no de ley.
Ha dicho usted que no quiere que la especulación de derechos de pesca entre unos armadores y otros se haga con dineros públicos. Yo para contestarle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me voy a limitar en este caso a decir lo mismo que dijo el autor de esta proposición de ley, el señor Ricardo Gatzagaetxebarría, en la toma de consideración. Dijo literalmente: posteriormente, en el año 1992, ya con la Administración socialista, se produce una nueva normativa muy importante que modifica puntualmente la normativa aprobada por el Gobierno de la UCD y permite esa acumulación, pero con ayudas públicas.
Señor portavoz, quienes han dado ayudas públicas a esa posible especulación han sido ustedes modificando la Orden Ministerial de 1982.
Quieren que todos los barcos pesquen, y es obvio; nosotros también queremos que todos los barcos pesquen, y por eso hemos apoyado desde el primer momento la modificación de la normativa que regulaba estos buques en esa zona de pesca. Pero vuelvo a reiterarle que en estos momentos no es oportuno determinar si tienen que ser 300, 100, 200, o los días que sean. Habrá que hablar con el sector. Le puedo decir que este Grupo Parlamentario prácticamente en todas sus iniciativas suele tener muy en cuenta la opinión del sector pesquero, y en este tema en concreto no ya la de los armadores de la ciudad de Vigo, sino la de la Asociación Nacional de Armadores de Pesca.
Por lo tanto, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, reiterando lo dicho, tenemos que esperar al desarrollo reglamentario y no hagamos hipótesis, ya que en ese momento usted podrá decir si ese desarrollo reglamentario en mejor o peor.
Por cierto, la duda que usted tiene del por qué se tardan tres meses de la entrada en vigor de la Ley desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene una justificación. Es precisamente para intentar corregir todos los desmanes que se han creado hasta el momento por la falta de normativa, que en estos momentos estamos aprobando.
Terminando ya, señor Presidente, quiero reiterar que el Grupo Parlamentario Popular se alegra de que finalmente una flota pesquera, la más importante de la zona del Cantábrico y de la zona gallega del sector pesquero de altura al fresco, la que realmente está suministrando gran parte de nuestro pescado fresco, que al fin pueda, después de tantos años, beneficiarse de una medida legislativa, y nosotros obviamente nos alegramos de que en la medida de lo posible haya sido con el Gobierno que este Grupo Político respalda.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Terminado el debate, vamos a pasar a las votaciones.
Vamos a votar en primer lugar el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
A la enmienda número 2, de este mismo Grupo, se ha presentado una transaccional que me parece tienen en su poder los portavoces y que está firmada por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Lo repito, Senador Aleu, ¿se puede votar por asentimiento? (Pausa.) Así pues, queda aprobada por asentimiento.
Pasamos a votar la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 225; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes rumores.) Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 87; en contra, 138; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el artículo único... (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Solicitamos la votación separada de la disposición final segunda.


El señor PRESIDENTE: Está bien.
Votamos, pues, el artículo único, las disposiciones finales, a excepción de la segunda, y la exposición de motivos según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 225.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Rumores.) Votamos la Disposición Final Segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 139; abstenciones, 85.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA CLAUSULA

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DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACION. (S. 624/000005.) (C. D. 122/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra su Presidente, Senador Agramunt, por tiempo de diez minutos.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por encomienda de la Comisión Constitucional en su sesión del pasado 5 de junio, me cabe el honor de presentar ante el Pleno la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
La proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información que se tramita en estos momentos en el Senado, viene a desarrollar el derecho a la cláusula de conciencia como elemento incardinado en el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, previsto en el artículo 20.1, apartado d) de la Constitución Española.
Se trata de una iniciativa reiteradamente presentada por diferentes grupos parlamentarios que, por lo que se refiere a su tramitación actual, trae su origen de la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 1996, y cuyo contenido actual --el del texto de la proposición remitida por el Congreso de los Diputados-- presenta diferencias con la proposición de ley originaria, tanto en el ámbito subjetivo, esto es, en la definición del titular del derecho, cuanto en el objetivo, contenido y efectos de la cláusula de conciencia, debido a las modificaciones incorporadas en la fase de Ponencia y Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
El texto de la proposición remitido por el Congreso de los Diputados tuvo entrada en el Senado el 8 de mayo de 1997, publicándose y remitiéndose a la Comisión Constitucional, a la vez que se abría el plazo de enmiendas, que concluyó el 21 de mayo de 1997.
A la proposición se han presentado cuatro enmiendas. La número 1, de la Senadora De Boneta, de adición al artículo 1. La número 2, de los Senadores Nieto y Román, de adición de un artículo 4, nuevo. Y las números 3 y 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de modificación del artículo 1, y de adición de un artículo 2, bis, nuevo, respectivamente.
La Ponencia, compuesta por las señoras y señores Senadores Vindel López, González Pons, Marín Rite, Selas Céspedes y Rigol i Roig, informó la proposición el 27 de mayo de 1997, manteniendo el texto del Congreso de los Diputados con una corrección técnica consistente en sustituir la palabra «profesiones» por «profesionales» en el párrafo inicial del apartado 1 del artículo 2.
La Comisión dictaminó la Proposición de Ley el 5 de junio pasado, adoptando por unanimidad el texto del informe de la Ponencia, como dictamen de la Comisión. Durante el debate en Comisión se retiraron las enmiendas número 1 y 3 y resultó evidente el consenso en torno a esta Proposición de Ley Orgánica, que supone un avance más en las garantías del derecho a la información como elemento nuclear en un Estado Democrático que, por lo que se refiere al tema que nos ocupa, tiende a garantizar la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hay una enmienda, la única que quedó viva en Comisión, que es la que voy a defender en este momento.


El señor PRESIDENTE: Senador Nieto, estamos en turno a favor o en contra del debate de totalidad; no hemos entrado todavía a debatir las enmiendas.


El señor NIETO CICUENDEZ: Yo había entendido que no intervenía nadie, ni en turno a favor ni en contra.


El señor PRESIDENTE: Voy a preguntar primero.
¿Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, quizá no nos hemos dado cuenta y hemos alterado el orden.
El Senador Nieto quería defender su enmienda y yo iba a intervenir en el turno de portavoces. Haremos lo que usted desee. Nos da igual.


El señor PRESIDENTE: No es un problema de deseo, sino de ordenación del debate. En este momento estamos en el debate de totalidad, con turnos a favor y en contra y después pasaremos a las enmiendas. Son dos turnos totalmente distintos.
Insisto, ¿quiere intervenir alguien por el Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, voy a pronunciarme

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sobre la Ley. Creíamos que primero se iba a debatir la enmienda, pero no importa.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Mixto, hay que celebrar el consenso con que esta Ley ha salido porque la estimábamos muy necesaria. El artículo 20.1,d) de la Constitución no había sido desarrollado. Parece muy oportuna la iniciativa que en su día llevó al Congreso de los Diputados el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, en todo caso, quería manifestar que, tal y como ha señalado el señor Presidente de la Comisión, habían quedado algunas enmiendas que algunos grupos considerábamos que daban la verdadera proyección de ese artículo de la Constitución. Pensábamos que la cláusula de conciencia estaba directamente relacionada también con los derechos de los ciudadanos a la recepción de información veraz, tal y como establece el artículo 20.
No obstante, retiramos esas enmiendas y celebramos el consenso y la oportunidad con que esta Ley se ha cerrado, sin perjuicio de la existencia de una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que será defendida por el Senador Nieto y que, desde el punto de vista de esta portavoz debería de ser considerada, toda vez que en este caso --él explicará la razón-- lo que abunda no daña.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Rigol.


El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente, Esta es una Ley en la que hay un consenso prácticamente total y absoluto y, por tanto, mi intervención será para dar el sentido que nosotros damos a esta Ley.
Yo me acuerdo que en los años setenta no estaba muy de moda leer a Arnold Toynbee; se le consideraba un señor un poco «dèmodè». Yo en aquella ocasión me leí los 12 tomos de su gran obra y en uno de ellos recuerdo que decía que más o menos en la primera mitad del siglo pasado los ingleses hicieron un gran esfuerzo a través de una ley --una ley que me parece que se llamaba la Ley Roberts, aunque me puedo equivocar en este sentido--, que consistía en extender la educación general a toda la población. Y Toynbee hace la consideración siguiente: después de 20 años de estar en vigor esta ley, cuando todo el mundo ya había aprendido a leer y escribir, empezaron los negocios de la prensa amarilla. Es decir, la sociedad hace un gran esfuerzo para extender la educación y vienen unos señores y explotan eso en el sentido más fácil y en vez de ayudar a que la gente acceda a la cultura, ponen sus conocimientos en la línea del consumo.
Nosotros vivimos en una situación muy parecida. Hay gente que hace negocio de la capacidad que tienen las personas, de su curiosidad humana, de su curiosidad científica, de su curiosidad técnica. Por lo tanto, estamos viviendo en un entramado de intereses económicos y especulativos tremendos en este sentido. Ustedes verán cómo en el debate que tendremos la próxima semana nos pelearemos todos por una ley, la del fútbol, que no sabemos hasta qué punto tiene una dimensión política y hasta qué punto una dimensión de intereses económicos. Ninguno de nosotros sabe exactamente la frontera de una cosa y de otra, lo cual quiere decir que estamos inmersos en una gran complejidad de organizaciones especulativas sobre el mundo informativo.
Pues bien, esta ley significa que aunque exista eso con este enorme peso y fuerza ante la sociedad actual, todavía es posible confiar que la persona, que el hombre, puede tener una actitud creativa frente a ello.
Estamos diciendo que los periodistas, ante este entramado de intereses económicos y políticos muy interesados, pueden responder con una cláusula de conciencia, y la sociedad les avala. Estamos diciendo eso en estos momentos. Y al decir eso, queremos decir que no hay un determinismo total y absoluto sobre el contenido de las fuerzas del dinero, de las fuerzas de la economía o de las fuerzas de los intereses creados, porque las personas todavía somos capaces de responder, de tener un pequeño espacio, si ustedes quieren, de tolerancia, donde es posible reaccionar como persona.
Por lo tanto, creo que es una ley que da esta posibilidad de reacción, donde el hombre se mide por aquello que tiene de más sublime, de más sagrado, que es su propia conciencia. Y aquí quiero recordar que este espacio de conciencia, tal como Kant lo define en su núcleo más básico y fundamental, es el de decir: trata a la persona siempre como un fin y nunca como un medio.
Pues bien, todos estos señores que intentan ganar miles de millones de pesetas con sus intereses económicos; todos estos señores que en estos momentos se están peleando o se está poniendo de acuerdo --yo no lo sé-- sobre los aspectos de la televisión, que discutiremos la próxima semana, deben saber que, al final, el que mueve el sentido de la información es la responsabilidad profesional de un periodista y que esta responsabilidad profesional de un periodista tiene un espacio, que es un espacio sagrado, y es su propia conciencia. Eso es lo que hoy venimos a refrendar nosotros en esta ley.
Por consiguiente, mi Grupo no puede estar más que al lado de lo que significa esta proposición, porque en el fondo estamos diciendo que el trabajo profesional de estas personas no es simplemente su seguridad laboral, su contraprestación económica, sino que ser profesional en este mundo quiere decir proyectar tu propia visión, tu visión humana, frente a los demás y esta autenticidad mínima de diálogo, tan mediatizada como queramos a través de las propias organizaciones de los medios de comunicación social, tiene su vigencia.
Es por ello por lo que nosotros respaldamos el contenido de esta ley y nos alegramos del consenso absoluto que tiene en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de un largo periplo parlamentario damos hoy cumplimiento al mandato constitucional, contenido en el artículo 20 d) de la Constitución, en el que se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, y se ordena la regulación del derecho a la cláusula de conciencia.
Señorías, como ha hecho referencia el Presidente de la Comisión, la tardanza en la regulación no se ha debido --por lo menos así lo entiendo-- a desinterés por parte de los grupos, porque en varias ocasiones diversos grupos parlamentarios han intentado tramitar iniciativas en este sentido. El CDS ya lo hizo en su tiempo, el Grupo Parlamentario Vasco también en el sentido del secreto profesional, e Izquierda Unida no solamente presentó la que hoy examinamos, sino también varias iniciativas con anterioridad.
Por otra parte, ha quedado en las Cámaras un importante esfuerzo de documentación, de información, a través de una serie de comparecencias muy numerosas, muy valiosas que han dejado ahí un importante legado de información sobre la materia. Y hoy nos encontramos, señorías, con una ley que viene a la Cámara --afortunadamente diría yo-- con un altísimo grado de consenso. Sólo mantiene viva en estos momentos una enmienda, la número 2, firmado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que nosotros vamos a apoyar, porque entendemos que el reconocimiento al profesional de la información, el reconocimiento del derecho a que la información que produce no sea alterada sustancialmente, a no ser que eso se haga con su consentimiento, es una forma de completar la ley.
Creemos que la ley con esta afirmación queda más completa. Es cierto que este derecho puede estar protegido en otras normas relativas a la propiedad intelectual, pero no es menos cierto que, por una parte, ésta es una ley orgánica y la protección que otorga es la propia de una ley orgánica y, por otra, creemos sinceramente que la ley queda más completa con esta regulación.
Señorías, hoy día en realidad se duda por algunos si una ley como ésta es realmente necesaria. El Senador Rigol ha expuesto muy bien la necesidad de la ley; pero hay personas que piensan, no sin fundamento, que una ley como ésta podía no ser necesaria porque los efectos que persigue pueden obtenerse por otros medios; por ejemplo, a través de la legislación laboral, la figura del despido indirecto permite a los trabajadores pedir la rescisión de su propio contrato con derecho a indemnización; los convenios colectivos; los idearios o declaraciones de los propios medios de comunicación que están proliferando, afortunadamente, en los últimos años; las resoluciones y los códigos internacionales, que son verdaderos códigos deontológicos de la profesión periodística. Ahí está el Código de la Federación Internacional de Periodistas, el de la Unesco, el del Consejo de Europa, el propio de los periodistas catalanes, y el de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.
No obstante, estos argumentos --nada desdeñables, desde luego--, nuestro Grupo considera necesaria y positiva la regulación de este derecho por ley orgánica, y lo consideramos positivo porque significa, señorías, una apuesta determinada por ese derecho que es esencial en el funcionamiento democrático; el derecho a dar y recibir información libremente y una información veraz es un derecho sin el cual no puede existir el Estado de libertades, no puede existir la democracia. Por eso nosotros entendemos que las Cámaras hacen bien, a pesar de la posibilidad de cumplir sus fines por otros medios, porque eso significa una apuesta determinada, eso significa la expresión del interés de las Cámaras de regular este derecho de esta forma.
Creo que el Senador Rigol ha hecho una aportación importante cuando, en definitiva --he creído entenderlo así--, hacía referencia en su discurso a los límites del derecho; es decir, la reflexión que nosotros hacemos hoy aquí sobre la cláusula de conciencia no estaría completa del todo si no hiciéramos referencia al límite del derecho.
Este es un derecho muy importante, que crea patrimonio, destruye patrimonio, crea honor y destruye honor. Por lo tanto, es un derecho en el que los límites son muy importantes; lo son en todos los derechos, pero en éste de una manera muy especial. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho de información, la referencia que hacemos hoy a la responsabilidad es una referencia importante.
Quisiera usar los textos de una ilustre ex Senadora, Victoria Camps, que en un trabajo sobre la Etica en el Periodismo, decía: Hoy, debido a esto --debido a los vicios que el Senador Rigol ha expuesto muy bien-- se está produciendo una cierta demanda de ética en los medios de comunicación, una cierta demanda de responsabilidad. Es cierto que los medios de comunicación, al convertirse en verdaderas industrias, están sometidos a la necesidad de la rentabilidad. Incluso suele decirse que se anula la función de servicio público de los medios por el imperativo de esa rentabilidad porque, en definitiva, la conquista de la audiencia lo justifica todo. Decía la profesora Camps que muchos receptores de la información consideran hoy que la ecuación audiencia igual a bondad ya no es una ecuación correcta, porque parece evidente que, a través de técnicas publicitarias, hoy es perfectamente posible hacernos consumir productos malos. Por eso, la demanda de responsabilidad es indispensable.
En definitiva, afirmar los límites de la libertad es una manera de profundizar la propia libertad. Por eso los filósofos liberales fueron los más ardorosos defensores de los límites de la libertad. Uno es libre de hacer lo que quiera siempre que no use la libertad para hacer daño a otros. La libertad debe utilizarse positivamente. Esto lo decía Stuart Mill. Popper criticaba la capacidad deformante de la televisión y afirmaba: No está permitido ser libres a costa de la libertad de los demás. No son la religión ni las ideologías, ni siquiera las costumbres, los garantes de la ética, sino la razón, decía Victoria Camps.
En el sentido global de la necesidad de este derecho, afirmado en ley orgánica, afirmado constitucionalmente y,

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al mismo tiempo, desde la perspectiva clara de los límites del derecho, de la necesidad de responsabilidad, es desde la posición desde la que el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta hoy su apoyo al texto que tenemos delante.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que empiece mi intervención felicitando a los oradores que me han precedido en el uso de la palabra por el tono y la altura de las intervenciones que han realizado. En ese sentido, particularmente debo animar al Senador Rigol a continuar en la misma línea de reflexión y actuación política, para que en esta línea de defensa del humanismo no le suponga una depresión y una tristeza extrema el hecho de que hoy, que discutimos algo relacionado con la defensa del ser humano en relación con los medios de comunicación, la tribuna de prensa se encuentre vacía y, la semana que viene, cuando hablemos del proyecto de ley del fútbol, seguramente estará a rebosar.
En segundo lugar, permítanme que quiera poner algo de entusiasmo en el momento en el que aprobamos esta Ley Orgánica de cláusula de conciencia de los periodistas, ahora que la vamos a aprobar definitivamente. Digo algo de entusiasmo porque vamos a terminar con una tramitación que ha sido larga y confusa, y porque el texto que llega a nuestras manos, después de años y legislaturas de dudas e indecisiones, tiene la virtud de conciliar todos los puntos de vista sin menoscabo del coherente encaje de este derecho en nuestro ordenamiento constitucional.
Finalmente, señorías, algo de entusiasmo, porque siempre es bueno que el legislador concrete las previsiones contenidas en la letra de nuestra Constitución, y es mejor aún si lo hace con la unanimidad que previsiblemente se va a producir a continuación.
En 1994, en el Congreso de los Diputados, el señor Mohedano Fuertes llamaba «especie de Godot constitucional» a esta Proposición de Ley porque, en su opinión, todo el mundo la esperaba pero nadie sabía con exactitud de qué se trataba. Lo cierto es que desde 1986 se habían sucedido variadas y distintas iniciativas sin ningún tipo de resultado concreto, que la sensación dominante era que nadie era capaz de encajar las expectativas sociales generadas con las posibilidades normativas existentes y que los trabajos parlamentarios sobre la materia habían conducido invariablemente a una constante decepción.
Por eso, señorías, el entusiasmo con el que quiero abrir esta intervención; por eso, señorías, la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular al contemplar cómo las Cámaras han sabido despedir a Godot y cerrar el teatro, cómo han sabido resolver de forma satisfactoria un asunto que estaba adquiriendo el tono melancólico de las presencias tradicionales.
En todo caso, señorías, hay que señalar que, después de un largo proceso, el texto que hoy se presenta es, en nuestra opinión, el mejor de los posibles. Para llegar a su redacción actual ha habido que superar no pocas dificultades y, desde luego, no ha sido fácil conseguir el absoluto consenso del que ahora goza la iniciativa. Sólo por eso esta ley ya es una buena ley, porque la ley de todos es siempre mejor que la ley de nadie. Pero es que, además, esta Proposición de Ley, tal y como la vamos a aprobar, nos va a permitir, por un lado, dar cauce a la previsión contenida en el artículo 20.1 de la Constitución de 1978 y, por otro, y con no menos importancia, sentar un saludable precedente en la legislación comparada.
Los españoles fuimos los primeros que relacionamos en una Constitución el derecho a la cláusula de conciencia de los informadores con el ejercicio del derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información veraz a través de cualquier medio de difusión, y ahora también seremos los primeros en legalizarla en el ámbito material del Derecho constitucional, en desarrollarla con forma de ley orgánica. Para un pueblo que en los últimos 20 años se ha mirado en el ejemplo trazado por las democracias más veteranas siempre debe ser un motivo de satisfacción tener la capacidad de inaugurar referentes, como ahora hacemos en la consolidación de las libertades públicas.
Se ha dicho --lo recordaba el Senador Marín Rite--, y no sin argumentos, que esta ley era innecesaria porque, fuera cual fuera su alcance, siempre acabaría limitando en algo el ámbito genérico de la aplicación del propio texto constitucional. Se ha dicho también, y no sin argumentos, que esta ley podía obviarse porque podía subsumirse bajo las previsiones contenidas por la legislación laboral, por los convenios colectivos y por los estatutos de redacción de los medios de comunicación. Se ha dicho, y no sin argumentos, que esta ley será imposible de aplicar, bien porque ningún periodista se va a acoger a una cláusula de conciencia que le obliga a perder su puesto de trabajo, bien porque todos los periodistas descontentos se acogerán a los beneficios de la cláusula simplemente para cambiar de empresa. En nuestra opinión, señorías, no podemos aceptar ninguno de los tres argumentos; no podemos aceptar, señorías, que un derecho se pueda ver limitado sólo porque se regule su ejercicio. Aceptar esto sería aceptar el absurdo de que la regulación del ejercicio de cualquier derecho conlleva siempre una limitación del propio derecho, porque si el argumento valiera para ese caso, tendría necesariamente que valer para cualquier otro.
En nuestra opinión, señorías, no debemos consentir que una garantía de defensa de la conciencia de las personas pueda quedar, siquiera mínimamente, a merced de ningún instrumento de negociación individual o colectiva. En nuestra opinión, señorías, la posible utilización impropia del sentido de la ley no tiene que impedirnos adoptarla para los casos en los que ésta sea necesaria.
En definitiva, señorías, en nuestra opinión, cuanto se ha dicho en contra de esta ley no debemos tomarlo ni como oposición al contenido de la ley ni como oposición a su oportunidad, que generalmente se comparte, sino más bien debemos comprenderlo como respuesta desalentada a la

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complejidad de la materia que estamos analizando. Debemos tomarlo como una renuncia anticipada. Tal vez, el escaso eco que la ley ha tenido en los medios de comunicación, precisamente sea consecuencia de este desaliento que puede producir su aparente complejidad. Ahora bien, con todo y con eso, estamos convencidos de que a la larga terminará siendo patente para todos la naturaleza decisiva del paso que las Cortes Generales van a dar.
Señorías, se equivocaría quien pensara que simplemente procedemos a ordenar un derecho laboral de un colectivo profesional en concreto, aunque esta impresión pudiera derivarse de la lectura del artículo segundo de la Proposición de Ley Orgánica. Es verdad que ese artículo segundo regula los supuestos de rescisión contractual de los periodistas con sus empresas y que se corresponde con la configuración histórica del Derecho. No obstante, debemos ser conscientes de que la ley que hoy votamos va mucho más allá en su artículo tercero. Va mucho más allá cuando establece que los informadores podrán negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación. Esta es una auténtica novedad.
Respecto a ella, merece destacarse, en primer lugar, el acierto que supone el establecer un límite jurídico en los principios de la ética de la comunicación. Con ello, se afianza la conexión del derecho de objeción de conciencia con el principio de veracidad que la Constitución predica del derecho fundamental a la libertad de información. En segundo lugar, es preciso poner de manifiesto también que este límite afianza las garantías de la misma, de la propia libertad de información, y para todos los ciudadanos porque, si lo pensamos bien, si lo pensamos detenidamente, el periodista que se acoja a la rescisión de contrato del artículo segundo salvará su dignidad personal, pero, al mismo tiempo e inmediatamente, dejará de informar, se quedará sin medio de comunicación al que servir y, al menos, hasta que encuentre una nueva empresa, habrá sido perdido como informador de la colectividad. Sin embargo, el periodista que, en función de este artículo tercero, se niegue a participar en la elaboración de una información contraria a los principios de la ética periodística no perderá con ello la posibilidad de seguir dando información veraz en ese mismo medio de comunicación, en ese mismo periódico, televisión o medio de radio.
Como se ve, existe una diferencia sustancial entre rescindir un contrato laboral por un cambio de línea informativa o ideológica en la empresa y renunciar a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios de la ética de la comunicación. En el primer caso, resolvemos el conflicto provocado por la discrepancia entre la ideología del periodista y la de su empresa. En el segundo caso --como decíamos-- vamos más allá y resolvemos la contradicción posible entre la elaboración de una noticia y la exigencia de veracidad implícita en el derecho fundamental a la información. El primer supuesto interesa principalmente a los profesionales del periodismo. El segundo supuesto nos interesa a todos.
Termino, señor Presidente, diciendo que respecto de la importancia de esta Proposición de Ley Orgánica no debe confundirnos tampoco el hecho de que las empresas de comunicación haya cedido gran parte de su carga ideológica a favor de audiencias cada vez mayores y cada vez más estables.
Es cierto que los medios de comunicación actuales ya no son tan parciales como los de principios de siglo, que se encuentran fuertemente profesionalizados y que, en algún sentido, la necesidad de preservar la identidad ideológica de los periodistas se ha relativizado mucho. Sin embargo, no es menos cierto --y ha sido apuntado-- que ahora vivimos un proceso de sacralización del valor político de la información, que lo que no se informa desaparece del mundo real y que las nuevas tecnologías de comunicación están posibilitando que la información se convierta en un instrumento vital para el desarrollo normal de la vida de cualquier ser humano.
No puede negarse, señorías, que la administración de la información es, cada día más, la administración del poder. Dicho en otras palabras, que quien administra la información cada día administra más poder. Las redes informáticas, los satélites y los medios clásicos de comunicación disponen cada día de más instrumentos para cumplir su función social, pero, ojo, si fuera el caso, también para incumplirla o, lo que es más peligroso, también para incumplirla sin que se note. Tengan por seguro que en el futuro el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones va a plantearnos problemas relacionados con los derechos fundamentales que hasta la fecha ni siquiera hemos sido capaces de imaginar. Por eso, tengan por seguro que es un gran avance el fortalecimiento de los límites éticos frente a cualquier poder, y en este momento es un avance el fortalecimiento de los límites éticos frente a un poder tremendo y que se encuentra en fase emergente.
Señorías, termino. Esta es una buena ley, una ley necesaria y con la que ganan las libertades. Si alguien, alguna vez, la calificó de Godot constitucional, haremos bien entre todos hoy quitándole el sambenito y dejando de esperar aquello que nosotros mismos somos capaces de hacer.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons.
El Senador Nieto Cicuéndez tiene la palabra para la defensa de su enmienda.


El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo al atril no para discrepar del consenso de la ley, sino para decir que comparto lo que se ha dicho aquí respecto a que es una ley necesaria, buena, y, por tanto, independientemente de que la enmienda prospere o no, vamos a votar la ley favorablemente.
Además, creo que a nadie se le escapa que en esta ley Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha puesto gran parte, aunque no la totalidad, porque al final será la ley de las Cortes Generales y será una ley positiva.
Por tanto, hago mías las palabras del Senador Rigol, del Senador Marín Rite, del Senador González Pons, de los

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Senadores, en definitiva, que me han precedido en el uso de la palabra y que yo creo que han hecho una defensa importante de la ley, situando algo tan importante como la ética en los valore de esta sociedad, que no es poco.
El único objetivo de nuestra enmienda es que en la ley quede más precisado el derecho a la información, a la cláusula de conciencia, recogido en una ley orgánica como es la que estamos debatiendo. Porque es verdad --y se ha dicho en esta tribuna-- que en lo que se refiere tanto al Estatuto de los Trabajadores como a la Ley de Propiedad Intelectual podía entenderse que estos derechos están salvaguardados, pero, como ha dicho el Senador Marín Rite mejor de lo que yo pueda decirlo, la enmienda que presentamos perfeccionaría, a nuestro juicio, la ley y dejaría menos resquicio a cualquier interpretación que pudiera hacerse posteriormente a través de posibles reformas de distintas leyes que no sean orgánicas.
Por lo tanto, ése era el objetivo, independientemente de que se votara esta enmienda: que quedara constancia de la importancia de ser recogido en una ley orgánica el derecho a la información y a la cláusula de conciencia.
Como he dicho al principio, votaremos favorablemente esta ley porque es y debe ser una ley de todos, con independencia del resultado que obtenga la enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al iniciar este turno en contra de la enmienda quiero reconocer que gran parte del mérito de que esta ley se encuentre hoy en esta Cámara corresponde precisamente al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha perseverado a lo largo de las legislaturas en su presentación y en su defensa.
No vamos a poder apoyar la enmienda que presenta y defiende el Senador Nieto por razones puramente técnicas. Entendemos que el derecho que pretende introducir en la ley orgánica está relacionado con el derecho de propiedad intelectual y no con la cláusula de conciencia, y que, por lo tanto, debe permanecer donde en este momento ya se encuentra regulado, es decir, junto a los problemas de propiedad intelectual y no en una ley orgánica de objeción de conciencia de los periodistas.
Creemos que con esto no se menoscaba ninguna de las garantías jurisdiccionales de protección de ese derecho, puesto que, como su señoría sabe, si tuviera alguna naturaleza fundamental el derecho a su defensa, la Constitución es directamente aplicable.
Por otro lado, si nuestra tesis es cierta y el derecho que su Grupo pretende introducir en la ley no constituye parte esencial, parte fundamental, parte constitutiva, valga la redundancia, del derecho propio de objeción de conciencia, haríamos mal en petrificarlo en el armazón de una ley orgánica.
Por eso, sólo razones técnicas, en este momento, nos separan de la intención de fondo del Senador Nieto y de su Grupo Parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Pons.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Terminado el debate, vamos a llamar a votación.
Teniendo en cuenta el tenor de las intervenciones, yo propondría a sus señorías si, una vez votada la enmienda, podemos votar la ley por asentimiento. (Pausa.) Pasamos a votar el voto particular de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que corresponde a la única enmienda de este proyecto, que es la número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 89; en contra, 128; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de pedir la votación por asentimiento, que antes anunciaba, quiero explicar que la Ponencia detectó un error en el texto. Figuraba la palabra «profesiones», cuando correspondía la de «profesionales». Quiero que sepan que se ha hecho la corrección pertinente y que donde ponía «profesiones» ya figura la palabra «profesionales».
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN EL PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS, PROPONGA EN EL PARLAMENTO Y EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD EL NUEVO MODELO DE FINANCIACION SANITARIA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1998 Y 2001, QUE SIRVA DE BASE PARA LA NEGOCIACION CON TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (671/000022).


El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de

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quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas.
Para turno a favor, tiene la palabra el señor Zamorano por tiempo de cinco minutos.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el día 21 de mayo presenté una interpelación al Gobierno para que expusiera los criterios que tenía el Ministerio de Sanidad y Consumo cara al nuevo modelo de financiación de la sanidad pública. La fundamentación de esa interpelación estaba en que el actual modelo finaliza el día 31 de diciembre, y antes de esa fecha tendría que estar aprobado el nuevo modelo, que abarcaría hasta el año 2001.
En el desarrollo de esa interpelación el señor Ministro no contestó a ninguna de las cuestiones que le fueron planteadas. Ayer, en una pregunta parecida que se le formuló en el Pleno entramos en una controversia sobre si había contestado o no a las preguntas. El insistía en que sí, y al final quedamos en remitirnos al «Diario de Sesiones» para ver qué nivel de contestación se había dado a las cuestiones que le habían sido planteadas.
Quiero recordarle a su señoría que el Ministro no contestó a la cuestión sobre cuál iba a ser la base de reparto del nuevo modelo; no contestó a la cuestión sobre cuál iba a ser el crecimiento anual del nuevo modelo, si iba a ser el crecimiento real de la economía, si iba a ser, como hasta ahora, el producto interior bruto nominal, si iba a ser el producto interior bruto nominal más un porcentaje. El Ministro no respondió a las diversas cuestiones que se le plantearon sobre cómo iba a ser el fondo de distribución territorial; no contestó sobre el criterio de población que acogería el nuevo modelo, si iba a ser población total o población protegida; no contestó en cuanto al censo o a los posibles incrementos anuales de esos censos; no contestó a las cuestiones que le fueron planteadas sobre los factores de corrección al sistema de capitación que se planteaban, ni a los coeficientes de corrección a esos factores, ni siquiera contestó a si se preveía o no un plan de saneamiento con la aprobación del nuevo modelo.
Todas estas cuestiones quedaron plasmadas en el «Diario de Sesiones» y queda igualmente reflejado que no fueron contestadas por el Ministro, como se desprende también de las aclaraciones que en el mismo sentido le realizaron los distintos Grupos de la Cámara. Incluso el propio Ministro dijo que tenía tiempo y que, en su momento, ya lo plantearía en esta Cámara. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Pero la sorpresa que nos llevamos --no sólo mi Grupo, sino yo creo que los demás Grupos, y recuerdo que en el comedor el Senador Cardona y yo nos enteramos casi a la vez de la noticia-- es que en el parte o en el Nodo con colorines, que ahora dan a las quince horas en Televisión Española, se anunciaba que se había llegado a un acuerdo para la financiación de la sanidad. Eso no correspondía --probablemente al final ni siquiera con la realidad-- con lo que habíamos estado debatiendo y viviendo en esta Cámara.
Desde luego, resulta lamentable, cuando mínimo, que el señor Ministro estuviese reunido negociando un modelo; saliera de esa reunión para venir a esta Cámara a no contestar a ninguna pregunta; volviese a esa reunión y, luego, dijeran en Televisión que habían llegado a unos acuerdos. En definitiva, esto viene a significar que ocultó en esta Cámara cuáles eran los criterios que tenía el Gobierno para la financiación de la sanidad, porque en ninguna cabeza cabe que una persona vaya a negociar, que un Grupo vaya a negociar y no sepa qué es lo que quiere negociar; que vaya a negociar sin saber qué es lo que quiere y adónde puede llegar.
Si este hecho de la negociación se produjo, haya o no acuerdo al final, es porque se tiene un planteamiento básico sobre el que se quiere negociar. Lo que se le preguntó al señor Ministro en esta Cámara era que lo expusiera porque entendemos que la financiación de la sanidad pública es algo que afecta a todos los Grupos de esta Cámara, que debe de obtenerse con el mayor consenso posible y no puede ser un mecanismo de trueque o de negociación bilateral entre uno y otro Grupo.
Pero es que hay más: dos días antes del debate, el Consejo Interterritorial de Salud, en el cual están los Consejeros de Salud de todas las Comunidades Autónomas, le pidió al Ministro que hiciera público el modelo. El Ministro dos días después lo desoyó, porque ni se lo dio a ellos, ni lo dio en esta Cámara y, sin embargo, lo negocia también bilateralmente. Entendemos que la sanidad afecta a todo el conjunto de España, a todas las Comunidades Autónomas, tengan o no transferida en este momento la sanidad, porque se plantea como objetivo del Ministerio la transferencia de la sanidad en el horizonte del año 2000, y este modelo tiene que tener vigencia hasta el año 2001. Por eso es un modelo que debe de ser consensuado con todos los grupos políticos y con todas las Comunidades Autónomas.
No le pedíamos al Ministro que nos diera un modelo cerrado, un bloque ya fijado, sino unos criterios, unos planteamientos básicos que pudieran servir de base de la negociación, entre todos los Grupos con todas las Comunidades Autónomas.
Es por ello, señorías, por lo que se presenta ahora esta moción como consecuencia de esa interpelación que sólo pretende los siguientes grandes objetivos. Pretende que el modelo se presente al Parlamento donde reside la soberanía popular para que pueda conocerlo antes de que sea discutido. Pretende que se presente en el Consejo Interterritorial de Salud para que puedan conocerlo todas las Comunidades Autónomas y pueda ser negociado con todas ellas antes de que sea negociado bilateralmente.
Y podría discutirse el plazo. Efectivamente, un plazo de quince días es corto si se tiene que iniciar un proceso, pero el Gobierno tiene ya su modelo y no va a ser tan irresponsable como para haberse puesto a negociar sin saber qué es lo que quiere. Por consiguiente, repito que el Gobierno tiene un modelo con el que ya está negociando, y hoy mismo podemos ver en la prensa y a través de los diversos

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medios de comunicación que ese modelo está a punto de cerrarse aunque no sabemos cuándo nos enteraremos de qué es lo que se cerrará.
Hemos tenido indicios de que ha podido haber otra serie de reuniones a lo largo de la semana pasada. Pues si existen esas reuniones es porque se está negociando en base a algo. Y lo único que nosotros pedimos es que, por respeto a esta Cámara, ese «algo» vuelva de nuevo a esta Cámara donde se negó, que por respeto a las Comunidades Autónomas ese «algo» se les dé a todas las Comunidades Autónomas, y que, por respeto a la sanidad española, ese «algo» sea público y consensuado entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zamorano.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.


El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar me gustaría decirle al representante del Grupo Parlamentario Socialista que, efectivamente, con el fin de paliar y solucionar los problemas que tiene planteados el sistema sanitario público, se ha creado una Subcomisión parlamentaria a instancias de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en aquel momento.
Creo que conviene señalar que esta Subcomisión viene ya funcionando y que, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista, en un momento determinado, ha acordado abandonar la misma. No obstante, dado que la finalidad de esta Subcomisión se centra precisamente en escuchar, en colaborar, en intentar resolver la problemática que tiene planteada la sanidad concretamente en materia financiera, el día 22 de abril pasado el señor Ministro de Sanidad compareció ente esa Subcomisión concretamente para exponer los criterios del Gobierno y, naturalmente, habló allí de las fórmulas de financiación que, según dijo, deberán ser coherentes con los principios del Sistema Nacional de Salud y definir un régimen de ingresos apropiados y estables que permita hacer frente a las crecientes necesidades de recursos y promueva una presupuestación adecuada en su base de partida con unos crecimientos interanuales acordes con las necesidades de recursos del Sistema y la evolución de la economía nacional, y que contribuya a lograr una mayor disciplina presupuestaria.
Además, deberá promoverse la suficiencia y la equidad territorial al tiempo que se fomenta una mayor eficacia y eficiencia del Sistema, para lo que sería preciso fijar unos criterios de reparto en la financiación ordinaria de los servicios que tengan en consideración los diferentes costes de provisión que, siendo ajenos a la gestión, condicionan, naturalmente, el nivel de gasto.
De la misma manera, se habló del modo de financiación que deberá permitir atender las diferencias en los niveles de salud y sociales que motivan unos distintos niveles de gasto en las Comunidades Autónomas con el objeto de tender hacia su reducción gradual.
Por tanto, en opinión del Gobierno, los criterios básicos del nuevo modelo de financiación deben centrarse en alcanzar los siguientes objetivos: Lograr la suficiencia financiera del Sistema. Garantizar la suficiencia financiera en el reparto entre Comunidades Autónomas.
Promover la equidad territorial y permitir la nivelación de las desigualdades sanitarias y sociales. Y, por último, compatibilizar el modelo con la culminación del proceso de descentralización territorial.
En lo que respecta a las fuentes de financiación de la sanidad, el criterio del Gobierno es que deberían tomarse en consideración los siguientes aspectos: Deberán de atender a la evolución reciente del Sistema, así como a las recomendaciones del Pacto de Toledo.
La financiación de la sanidad ha de estar garantizada mayoritariamente a través de impuestos generales, pero debe existir la posibilidad de contemplar vías complementarias de financiación, lo que, en su caso, deberá estudiarse por la Subcomisión parlamentaria.
Respecto de los criterio de distribución territorial de recursos, el acuerdo actualmente vigente finaliza --conviene recordárselo al portavoz del Grupo Socialista-- el 31 de diciembre del año en curso, contempla un reparto territorial basado en el criterio de población. Y en la lógica de consenso que preside la acción de Gobierno en esta materia, corresponderá a la Subcomisión parlamentaria debatir sobre la idoneidad de mantener este sistema de reparto o, en su caso, introducir las modificaciones coherentes con los principios de suficiencia y equidad que deben regir la distribución de recursos.
Asimismo, es necesario un núcleo de reparto capitativo, porque cualquier esquema de financiación ordinaria sin un núcleo capitativo tendrá difícil justificación teórica en un servicio que se reconoce universal y asistencial.
El criterio capitativo simple presenta carencias derivadas de la ausencia de correcciones por factores que, siendo ajenos a la gestión, pueden condicionar diferencias de coste entre Comunidades Autónomas, así como por consideraciones redistributivas que desarrollan el principio programático de equidad contenido en la Ley General de Sanidad.
Así pues, deben introducirse elementos correctores sobre la base de los siguientes factores. En primer lugar, habrá que tener en cuenta la pirámide demográfica, ajustando la capitación por el efecto del envejecimiento. A nadie se le oculta que, efectivamente, el envejecimiento actúa como un elemento que afecta al gasto o, lo que es lo mismo, al consumo. Está perfectamente demostrado que, a mayor edad, las personas generan un mayor coste asistencial. De la misma manera, hay que tener en cuenta los cambios de patrones por lo que a la morbilidad y la mortalidad se refiere. El otro día, el Senador Cardona lo expresaba perfectamente, al referirse al aumento de las expectativas de la demanda en cuanto a los cuidados sanitarios y las posibilidades de curación se refiere.
Asimismo, habrá que tener en cuenta la incorporación de nuevas tecnologías. Por otro lado, se tendrán que ir corrigiendo

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los datos sobre los costes de docencia, ponderando y compensando el ajuste por saldo a desplazados, todo lo cual se puede cuantificar económicamente.
Tal como se ha señalado, el Gobierno está muy preocupado por la reforma y la configuración del Sistema Nacional de Salud.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Martín Iglesias, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARTIN IGLESIAS: Sí señor Presidente.
Antes de finalizar, me gustaría referirme a una insinuación hecha por el portavoz socialista, quien se ha referido a que hoy ha aparecido publicado en un medio de comunicación que, al parecer, existe una resolución sobre la reforma del sistema sanitario. No sé si su señoría lo habrá leído, pero en el mismo periódico, concretamente, en la primera página, también se hace referencia --ya que entre todos estamos intentando corregir esas disfunciones que presenta el sistema sanitario-- a que, actualmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha gastado unos 80 millones de pesetas para atender otra serie de cuestiones que se apartan de las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud.
Vamos a votar en contra de esta moción por una serie de razones. En primer lugar, como quiera que está funcionando una Subcomisión en el Congreso, entiendo que esto supondría de una manera u otra alterar el buen funcionamiento de dicha Subcomisión.
En segundo lugar, porque entendemos que la premura en el tiempo está marcando un período de 15 días. Yo creo que no responde a unas necesidades urgentes, toda vez que estamos dentro de un plazo --se está trabajando sin ningún tipo de problemas-- y que el sistema actual termina, como usted muy bien sabe, el día 31 de diciembre del año en curso.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Martín Iglesias, el debate de estas mociones ya se realizó en la interpelación. Es una moción consecuencia de interpelación. Le ruego que vaya terminando porque está duplicando el tiempo que tenía destinado para intervenir.


El señor MARTIN IGLESIAS: Termino, señor Presidente, diciéndole que, efectivamente, yo creo que tenemos que dar tiempo a que terminen los trabajos de la Subcomisión parlamentaria creada al efecto. Invitamos al Partido Socialista, sobre todo teniendo en cuenta que parece que hoy así lo daba a entender el Presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, a que se incorpore a esta Comisión porque sería bueno para todos, fundamentalmente para el sistema sanitario, para que las medidas que se tomen sean unas propuestas de consenso lo que los ciudadanos españoles nos agradecerán.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Martín Iglesias.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación a la moción referente al nuevo modelo de financiación de la sanidad para el período 1998-2001, ambos años inclusive.
Digo ya de entrada que vamos a votar en contra la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista por una serie de motivos, que vamos a intentar exponer seguidamente.
En el debate de la interpelación, hace unas semanas, decíamos que la considerábamos adecuada y oportuna. Pues bien, ya no nos parece ni adecuada ni, mucho menos, oportuna. No es obligatorio presentar siempre la moción después de una interpelación, razón por la que, como ya he dicho, si entonces nos pareció adecuada la interpelación, no nos lo ha parecido la moción y vamos a intentar explicarlo.
En la contestación del señor Ministro quedó claro que la financiación de la sanidad actualmente, en el período cuatrienal vigente, ha quedado corta. Esto quedó clarísimo. Ha sido, por tanto, insuficiente y tampoco ha sido la distribución la más conveniente. Era aquella conclusión a la que se llegaba al final, con aquella frase de: más recursos y mejor distribuidos. Es cierto que no se dieron unas formas concretas de aplicación, pero sí unos criterios de distribución de población, investigación y docencia, desplazados, etcétera. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, no está establecido que el modelo debe de entrar en vigor en enero del año 1998 y, además, porque ha de plasmarse económicamente en los próximos presupuestos.
Vayamos al texto de la moción. Sinceramente, sin querer hacer un juicio de valor, nos parece que no se ha buscado el legar a acuerdos para que sea votada favorablemente, por lo menos por nuestra parte. Al contrario, más bien parece que se intenta buscar el voto negativo para seguir hablando de si el Gobierno tiene o no modelo sanitario y si lo tiene, que lo diga, etcétera.
¿Cómo hay que entender si no el plazo máximo de 15 días que se pide en la moción? Se pide también que se presente al Parlamento y al Consejo Interterritorial de la Salud. Efectivamente, nos parece bien, pero ¿en 15 días y sin pasar por la Subcomisión de Sanidad? Veamos qué es lo que ha ocurrido en esta ya famosa Subcomisión. Entre otras cosas, la Subcomisión también tenía el objetivo de prever el modelo de financiación. Reconocemos, como también lo hacíamos en el debate de la interpelación, que efectivamente se ha adelantado poco en la financiación, pero ¿no es lógico que antes de hacer propuestas concretas que afectan a los presupuestos haya reuniones previas con los grupos que tienen que apoyar estos presupuestos? Claro que sí. Diría más: ¿no son imprescindibles

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estas conversaciones bilaterales? Naturalmente que sí. Además, Senador Zamorano, en ningún medio de comunicación salió la noticia de que había habido acuerdo, sólo de que había la sensación de que era insuficiente y que se tenían que poner más recursos. Ni se dijo cuántos, ni cómo porque no hubo acuerdo. Se intentó buscar y se abrió un diálogo, y es lógico, repito, porque se tenían que hacer esas reuniones bilaterales.
Lo que no parece tan lógico es el pretexto, y digo bien, el motivo, la causa --simulada o aparente-- para que el Grupo Parlamentario Socialista abandonara la Subcomisión. Y no nos parece suficiente esta relación de causa-efecto de la reunión bilateral con el abandono de la Subcomisión porque, entre otras razones, de lo que se trató en esa reunión fue de la financiación sanitaria de todo el sistema, del Insalud gestión directa y del transferido a las Comunidades Autónomas.
Ya se va haciendo con demasiada irresponsabilidad y reiteración la referencia a que sólo se intente solucionar el problema de la financiación sanitaria de Cataluña, cuando lo cierto es que lo que se defiende por nuestra parte es la financiación, repito, de todo el sistema sanitario. Por tanto, también el de las demás Comunidades Autónomas. Por ello tengo que rechazar con toda la energía pertinente las manifestaciones atribuidas al Senador Zamorano en un medio de comunicación, el mismo día o al día siguiente, sobre una negociación a la carta para Cataluña, porque entendemos que no se ajusta a la realidad.
Con todos los respetos, pensamos que la moción pretende poner el carro delante de los bueyes, porque lo que procede --y en eso sí que podríamos estar de acuerdo y por eso decía al principio que no se ha intentado llegar a esos acuerdos-- es que el Grupo que sostiene al Gobierno presente unas propuestas sobre la financiación sanitaria a la Subcomisión, para que allí sean debatidas por todos los grupos y llegarse a acuerdos más o menos amplios y en función de ello proponer al Congreso de los Diputados y, en definitiva, a las Cortes, al Parlamento, como se pide en la moción. En eso tendríamos que haber estado de acuerdo. No nos podíamos negar. Pero si con una excusa más o menos injustificada se ha abandonado la Subcomisión, sería difícilmente comprensible que se propusiera en la moción. En fin, el Grupo Parlamentario Socialista optó por ello y nosotros lo respetamos.
Anteriormente decía que a nosotros nos preocupa la financiación sanitaria, y termino, señor Presidente, tanto como a cualquier otro Grupo. También tengo que decir que es nuestra obligación defender, de la mejor manera posible, una adecuada y suficiente financiación sanitaria para Cataluña, porque de ello depende en parte una mejor atención a los ciudadanos que representamos y que nos han dado esta responsabilidad.
Pero también tengo que decir, porque se ajusta a la realidad, y a las pruebas nos podemos remitir, que lo hacemos defendiendo una adecuada financiación de todo el sistema, fácilmente comprobable, y tal vez no haga falta más que esperar a mañana --cuando se aprueben las resoluciones consecuencia del debate sobre política general, como decía anteriormente--, cuando tengamos un nuevo testimonio de nuestra preocupación sobre esta cuestión. Pero entiéndase bien: no porque se haya llegado a un acuerdo tangible y cerrado, al que no se habrá llegado porque no hay ni tiempo ni es posible en estos momentos --posible es, pero una de las dos partes, la que puede, de momento no cede y, por tanto, no habrá ese acuerdo--, sino porque sólo se llegará al acuerdo de reiterar la urgencia de la solución de la financiación sanitaria, lo cual es una comprobación innegable de lo que he tratado de decir en toda mi intervención.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, nosotros no vamos a votar esta moción. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
Terminado el debate, llamamos a la votación. (El señor Zamorano Vázquez pide la palabra.) Senador Zamorano, en las mociones consecuencia de interpelación, según el punto 4 de la norma supletoria, solamente intervienen los portavoces que no han hecho uso de la palabra. Ha terminado el debate.
Vamos a votar la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 231, de fecha 2 de junio de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 86; en contra, 126; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFINIR, EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DEL SECTOR ENERGETICO, UNA ESTRATEGIA ESPECIFICA PARA EL SUBSECTOR DEL GAS NATURAL TENDENTE A APROVECHAR AL MAXIMO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DERIVADAS DE UNA RENTA DE SITUACION FAVORABLE, A FACILITAR GRADUALMENTE EL ACCESO DE LAS EMPRESAS A LAS REDES DE TRANSPORTE Y PLANTAS DE REGASIFICACION Y ALMACENAMIENTO, Y A ATRIBUIR A UN ORGANISMO INDEPENDIENTE LA REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GASISTICO. (671/000023.)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir la siguiente moción consecuencia de interpelación,

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del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el Senador Gibert. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)

El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, del conjunto de intervenciones el pasado 21 de mayo, tanto del señor Ministro como de los distintos grupos parlamentarios, no se deducen grandes diferencias del análisis a medio y largo plazo en relación con las políticas de gas natural; es más, puesto que el señor Ministro se manifestó bastante o muy de acuerdo con los planteamientos que le hicimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, en contrapartida no tengo inconveniente alguno en admitir que la música, y relativamente la letra de la intervención del señor Ministro, nos parecía hasta cierto punto satisfactoria.
Desde estas premisas podría parecer que la moción es innecesaria.
Nosotros estimamos que no por dos razones. La primera está relacionada con el propio Gobierno: El señor Ministro eludió compromisos y concreciones --es bastante habitual y hasta cierto punto lógico--, por lo que estimamos que el Senado debe concretar sus requerimientos al Gobierno, máxime cuando no se manifiestan grandes diferencias. Pero hay más. A veces hay diferencias entre las palabras y los hechos, y un hecho es que el Decreto de septiembre --del que hablamos durante el debate de la interpelación-- es un paso atrás --el señor Ministro no lo admitió, pero tampoco lo argumentó en sentido contrario, porque no podía hacerlo-- en relación al Decreto anterior de junio. Por lo tanto, nos parece importante que el Senado manifieste su posición.
La segunda razón es la relativa al mundo empresarial, en concreto a la Empresa Gas Natural, S. A., porque es posible --incluso probable-- que haya contradicciones objetivas de intereses entre posiciones que reflejan una visión, hasta cierto punto compartida en la propia Cámara, y los intereses coyunturales --por otra parte legítimos-- de las empresas.
Probablemente, a Gas Natural le interese la consolidación del casi monopolio del que disfruta, y al sistema energético la introducción de competencia para una mayor eficacia, mejora de precios y calidad para todos los consumidores. A Gas Natural le puede interesar estar más pendiente del mercado interior en función de esta consolidación de monopolio, y al sistema y al país les interesa aprovechar las ventajas competitivas en el mercado europeo. A Gas Natural le interesa la negociación bilateral, incluso una tendencia a la autorregulación, y al sistema energético y a los consumidores industriales o domésticos les interesa una regulación neutral, preferentemente a través de un órgano independiente.
De la enmienda del Grupo Parlamentario Popular deducimos que tanto él como el Gobierno no son partidarios de los órganos independientes. Por esas razones, pedimos el voto afirmativo de la moción, que propone, en tres puntos, aprovechar al máximo las ventajas competitivas que puedan favorecer la penetración en el mercado europeo; proceder a facilitar, gradualmente, los accesos a redes de transporte y plantas de regasificación para introducir competencia y, por lo tanto, mejorar calidad y precios a los consumidores; y atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico.
En consecuencia, pedimos el voto afirmativo a esta moción por parte de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentaria Popular, tiene la palabra el Senador Unceta Antón.


El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la política gasística, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, está clara y transparentemente definida en las distintas intervenciones del Ministro de Industria en esta Cámara y en la del Congreso, y explicitada de forma clara en el Decreto que el Gobierno presentó el 6 de septiembre al definir esta política.
A pesar de ello, y por el hecho de que, personalmente, podría interpretar que esta moción no tiene el contenido suficiente para ser debatida, debo decir que ésa no es la postura del Grupo Parlamentario Popular. Primero, por respeto al partido que la presenta, por su legítimo derecho a presentarla y porque la posición de nuestro Grupo en la Cámara --como la de todos los demás-- es alcanzar acuerdos de entendimiento y consenso en los distintos aspectos.
En este sentido, el esfuerzo del Grupo Parlamentario Popular por estudiar y analizar la moción nos ha llevado a presentar una enmienda a los tres puntos que el Grupo Parlamentario Socialista, en voz de su portavoz, don Arseni Gibert, ha expuesto en su intervención.
Señor Presidente, respecto al primer punto --y aquí tengo que agradecer al Senador Arseni Gibert el que, independientemente del objetivo de la moción, reconozca la existencia en España hoy de una renta de situación favorable, es de agradecérselo--, nuestra enmienda considera que la referencia de renta de situación favorable no tiene un alcance definible como término en la moción, e insistimos, además, en el texto de la enmienda en que para aprovechar las ventajas competitivas se descansa fundamentalmente en el sector privado: son las empresas las que tienen que buscar oportunidades de negocio e invertir en las infraestructuras necesarias.
Compartimos, señoría, lo solicitado al Gobierno sobre la penetración de la red española en Europa, pero conviene

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hacer referencia --y en este caso es oportuno-- a las reticencias que está poniendo Francia a la liberalización del acceso a sus redes, lo cual dificulta, obviamente, la penetración de nuestras empresas en el mercado europeo.
En cuanto al punto segundo de la moción --que no voy a leer para no consumir más tiempo--, proponemos en nuestra enmienda un texto que incluye la liberalización del acceso de terceros a las redes de distribución, además de a las redes de transporte, por su importancia para introducir competencias también en el suministro al por menor.
Suprimimos en este segundo punto de la moción la referencia a los potenciales terceros. ¿Por qué, señorías, señor Presidente? Porque en el ámbito de la propuesta de la Directiva hoy se sigue discutiendo si las distribuidoras serán consideradas o no clientes cualificados. Puede ser --a esta fecha por lo menos-- que la decisión final se incline por dejarla en manos de los Estados miembros o bien considerarlas o no en función del volumen de gas que consuman sus clientes, pero esta decisión no está tomada por la Unión Europea y nos parece inadecuado que este tema se incluya en la moción.
El tercer punto, señor Presidente, señorías --y voy acabando--, dice: Atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico. Desde nuestro punto de vista, pendiente hoy el debate de la Losen presentada por el Gobierno, es del todo inaceptable, y no es que lo rechacemos de cara a un futuro, pero es que ahora no es el momento procesal oportuno para exigírselo al Gobierno. Además, creemos que en un sector en el que el Estado ya no posee peso específico, como antaño, en las participaciones de las empresas de gas, no existe mayor imparcialidad para regular y controlar el funcionamiento del sistema que el propio Ministerio de Industria y Energía, como se recoge en el Decreto del que he hablado anteriormente.
Señor Presidente, señorías, ésta es nuestra posición y la defensa de nuestra enmienda a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por el Senador Arseni Gibert. Hemos pretendido, téngalo seguro, mediante nuestra enmienda, llegar a un consenso y creemos que hubiera sido posible --tiempo hay para conseguirlo--; en ello hemos trabajado y dialogado, incluso, con el Senador proponente de la moción.
No lo hemos logrado, por lo cual, señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, de no ser aceptada nuestra enmienda, no podemos apoyarla y votaremos en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a través del Senador Arseni Gibert.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Unceta.
Para posicionarse respecto a la enmienda, tiene la palabra el Senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Unceta, no tiene por qué agradecerme que reconozcamos rentas de situaciones favorables. Una renta de situación es un atributo geográfico que, desde luego, no es mérito de ningún Gobierno.
En relación con la enmienda, que es el motivo de esta intervención, los dos primeros puntos que usted nos propone los hubiéramos aceptado con mucho gusto porque, en definitiva, no hay gran diferencia entre los textos que proponen y los nuestros. Pero tenemos un problema: la supresión del tercer punto. Nosotros consideramos importante --y en este sentido el propio Ministro no quiso adquirir compromisos el día 21 de mayo-- que la regulación se haga a través de un órgano independiente, pero cuando creemos detectar que por parte del Gobierno no están muy predispuestos o no les gustan demasiado, en general --y no hablando solamente del gas-- los organismos independientes, con más motivo consideramos importante este hecho. Ello ha impedido llegar a un acuerdo y, por lo tanto, aceptar la enmienda, pero por esta razón, no por la razón de los textos, que con mucho gusto los hubiéramos aceptado.
Por lo tanto, mantenemos el texto --no nos queda otro remedio-- de nuestra moción y lamentamos que no hayamos llegado a un consenso que parecía que podía haber sido posible.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert i Bosch.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Dije el otro día al comenzar mi intervención que me parecía que presentar esta moción o la interpelación en aquel momento era tratar un tema de gran envergadura en un pequeño botecito, casi en una cáscara de nuez. Yo no quiero quitarle al Senador Arseni Gibert ningún mérito ni ninguna importancia a su iniciativa, sino todo lo contrario, nada más lejos de mi intención. Creo que el tema merece ser tratado con valentía porque empieza a ser, como diré a continuación, importante y yo diría que, más que importante, grave.
Hay que tener valentía por parte del Gobierno, aunque haya un retraso importante en la aprobación de la Directiva de la Comunidad Económica Europea que, de hecho, se debía haber aprobado para el 1.º de junio y no se ha hecho, pues no tenemos en estos momentos una expectativa de fecha, ni siquiera de su contenido. Pero, lógicamente, aquí, en este Estado, se debería estar preparando ya una ley de revisión de toda la política gasística. Eso se está retrasando. Quizás el debate sobre la Losen, como ha dicho el Senador Unceta, haya podido retrasar algo. No obstante, en estos momentos, presentada la ley, no hay excusa para no empezar a trabajar en este sector energético. Por eso, yo pediría valentía y coraje para abordar, siguiendo las líneas contenidas en esta moción, la próxima revisión del tema gasístico.
Existe una modificación importante y sustancial del mercado. Hay un crecimiento de la demanda muy significativo,

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tanto en el consumo industrial como en el consumo doméstico. Hay problemas importantes de abastecimiento. Hemos hecho una negociación con un país norteafricano, concretamente con Argelia, que cruza sus tubos a través, incluso, de Marruecos y estamos en una situación estratégica bastante débil.
Por otra parte, pese a esa dificultad que citaba también el señor Unceta para la liberalización que introducen nuestros vecinos franceses en su propia red gasística, existe también una falta de voluntad política en el Gobierno español para establecer valiente y abiertamente una conexión con Europa o para permitir y favorecer la apertura en la cornisa cantábrica de establecimientos portuarios para el desembarco y el suministro de gas.
Yo creo que debe cambiar clara y manifiestamente la conexión que tenemos para el abastecimiento del gas.
Al mercado español están asomándose otros ofertantes extranjeros, compañías multinacionales ya consolidadas, que vienen con el claro interés de aparecer como empresas gasísticas, que son ésas que queremos, precisamente favorecer para que vayan introduciéndose gradualmente en el sector del gas, para que puedan entrar en el mercado de la distribución del gas y, después, en el de la producción de energía eléctrica, con una energía barata como es la del gas.
Es verdad, como se dice en la moción y como se reconocía también en las enmiendas presentadas, que existen ya una serie de empresas gasísticas.
No solamente existe la empresa gasística Gas Natural, existe Gas de Euskadi, existe BP, existe un acuerdo Endesa-Cepsa, que consolidan, de alguna forma, una presencia importante de empresas distribuidores de gas.
Señor Presidente, yo creo que a esta enmienda le falta algún punto más.
Dado que existen, pues acabo de citarlas, empresas distribuidoras importantes de gas, empresas gasísticas, que tienen una intervención importante en el mercado estatal, regional y en áreas con importantes núcleos de población y de consumo industrial, debería, quizás, establecerse para este tipo de empresas un protocolo del gas, como se ha hecho para el sector eléctrico, que definiera, precisamente, cuáles son los procesos de esta gradual liberalización y acceso a las redes de transportes de las empresas distribuidoras.
Nosotros vamos a apoyar la moción precisamente por lo que entraña de ir abriendo un camino, de ir creando un criterio y de ir introduciéndose con valentía en la revisión del «status» actual dentro del sector energético del gas. Vamos a apoyarla, como también hubiéramos apoyado las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero, como le manifesté personalmente el otro día al Ministro, la existencia de un organismo regulador conjunto para el sector energético nos parece que es algo en lo que se debe ir pensando.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, ha terminado su tiempo.


El señor ALBISTUR MARIN: No, no, terminaré enseguida, señor Presidente.
Déjeme un segundo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Lo tiene.


El señor ALBISTUR MARIN: No creo que se digan muchas cosas más interesantes, por otro lado, sobre este tema, señor Presidente, o sea que me parece importante lo que vamos a decir. Porque eludir o dejar sin atender este planteamiento realizado en estos momentos por la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, dejarla sin respuesta y yo diría que, además, con una cierta desabridez que he entendido que había en sus palabras --aunque no lo tome como algo personal-- en cuanto al contenido de este ente regulador, me parece que es dejar «ad calendas graecas» cuestiones sobre las que debería haber ya al menos una cierta reflexión e, incluso, una cierta configuración.
Parece que ese ente regulador en el sector energético puede aportar no más costes, desde luego, porque habría que hacerlo a partir del existente, pero sí mucha racionalidad y garantías de liberalización y de apertura al proceso de inclusión de terceros en las redes del gas.
Nada más, señor Presidente. Le agradezco su conmiseración, misericordia y reconocimiento a mis palabras y al tiempo empleado, y espero que estas ideas sigan debatiéndose en este Senado continuamente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por esta vez, no le impondré ninguna penitencia, Senador. (Risas.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.


El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como dijimos en nuestra intervención con motivo de la interpelación previa a la moción que nos ocupa, la regulación y ordenación del sector energético es todavía una cuestión pendiente a la que hay que dar solución.
Hace falta conocer cuál va a ser la política energética a corte, medio y largo plazo, y muy concretamente todo lo que hace referencia al gas natural. Entiende nuestro Grupo que es imprescindible, necesaria y urgente la liberalización de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, pero también, y sobre todo, la liberalización de las fuentes primarias de energía, puesto que es un sector que transforma las energías primarias en energía eléctrica, como es el caso del gas natural.
La liberalización en el sector del gas ha de provocar, sin duda, el acceso de varias empresas al mercado, lo cual favorecerá a los consumidores finales, de forma más rápida a los consumidores industriales, con lo cual se beneficiaría la economía productiva y también, a la larga, los beneficios llegarían a los consumidores domésticos. En todo caso, nuestro Grupo quisiera llamar la atención acerca de la liberalización en el sector del gas natural, y entendemos que esta liberalización deberá llevarse a cabo con reciprocidad entre los diversos mercados europeos. Con la liberalización,

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podemos decir con toda seguridad que de los nuevos operadores que entren en nuestro mercado, algunos pertenecerán a otros países, y es lógico, por tanto, tener garantizada también la entrada en los mercados exteriores de las empresas españolas que lo deseen.
Nuestro Grupo, señor Presidente, señorías, considera oportuna la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y estaríamos de acuerdo con el sentido de la misma. Sin embargo, habiéndose presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular coincidente en el fondo con los mismos fines que hemos expuesto, por entender que está redactada en términos de mayor concreción y claridad, y no habiendo sido hasta ahora aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista esta modificación, vamos a votar en contra de la moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, permítanme una pequeña consideración. Es intención de esta Presidencia debatir otra moción con el propósito de que mañana queden solamente las tres mociones que no proceden de interpelación, para que, en una previsión horaria, antes de la una del mediodía sus señorías puedan hacer su migración correspondiente. En este sentido, pido una cierta agilidad, en la medida de lo posible, y que así lo consideren los propios intervinientes.
A continuación, vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a definir, en el contexto de la estrategia a largo plazo del sector energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 89; en contra, 123.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CONTEMPLE COMO OBJETIVOS DE SU POLITICA EDUCATIVA EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LOS COMPONENTES DE LA RED INTEGRADA DE CENTROS ESCOLARES, EL RECHAZO DE CUALQUIER DERIVA PRIVATIZADORA, EL FORTALECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE CENTROS, CON ESPECIAL ATENCION A LOS DE TITULARIDAD PUBLICA, EL ESFUERZO SOSTENIDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA APERTURA DE UN AMPLIO DIALOGO SOCIAL QUE CONTRIBUYA A SOSEGAR EL CLIMA DE INQUIETUD EXISTENTE EN AMPLIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (671/000024.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción, presentada pro el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que contemple como objetivos de su política educativa el mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de centros escolares, el rechazo de cualquier deriva privatizadora, el fortalecimiento de la red integrada de centros, con especial atención a los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de la oferta educativa y la apertura de un amplio diálogo social que contribuya a sosegar el clima de inquietud existente en amplios sectores de la comunidad educativa.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción quiere hacer dos cosas: primero, manifestar la insatisfacción de mi Grupo parlamentario sobre la posición del Gobierno del pasado día 21 en la interpelación que presentamos a la Ministra de Educación, y, segundo, proponer un paso adelante en la solución de un problema que creemos de una extraordinaria importancia.
¿Por qué estamos insatisfechos? Por varias razones que me parecen absolutamente obvias y evidentes. Porque la posición del Gobierno consiste simplemente en negar la existencia del problema, no quiere aceptarlo, quiere negar el problema que está planteado hoy en el mundo de la educación. Mira para otro lado, no contempla la visión de todos los sectores educativos, lo que es una mala política.
Nosotros defendemos una visión del tema educativo en el que la verdad se contempla como la verdad, quienquiera que la diga, sea Agamenón o sea el porquero de Agamenón, es igual, la verdad está ahí, y hay un ejercicio importante de ceguera en el hecho de no querer reconocer la existencia de un problema evidente en el mundo de la educación, que es lo que nosotros queremos traer al debate de la Cámara y de la propuesta de resolución.
La Ministra hizo un descalificación muy dura en la sesión de ayer acerca de una visión que mi Grupo parlamentario presentó sobre estos problemas.
Dijo que era una posición demagógica, se hacía demagogia con el tema que estábamos planteando. Nos parece una calificación improcedente, y creo que voy a podérselo demostrar en breves momentos.
No se puede negar la evidencia de los hechos, que están ahí; hay inquietud, hay incertidumbre, hay temor en amplios sectores de la comunidad educativa, hay miedo a que la política del Gobierno se escore hacia la privatización y la desprotección de la red pública de enseñanza.
El Gobierno desconoce las condiciones esenciales de la red pública integrada de educación. Y, acerca del argumento que le presenté el pasado día 21 a la señora Ministra, que no obtuvo contestación, tendré que repetir tres o cuatro cosas que son fundamentales la red integrada tiene que funcionar con determinadas condiciones que son esenciales,

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iguales para todos los centros públicos y privados concertados: satisfacer universalmente el derecho a la educación; homologar las condiciones de funcionamiento, de tal manera que no haya diferencias; igualdad en el acceso a la gratuidad; igualdad en el derecho a la elección de centros y en la admisión de alumnos por parte de todos los centros; igualdad en las condiciones del profesorado que trabaja en los dos sectores de la red pública; e igualdad en la gestión democrática y participativa. Esos derechos, esas condiciones básicas son iguales para todos los centros de la red educativa. Pero esta red educativa constituida por centros de titularidad estatal y por centros de titularidad privada que reciben fondos públicos, no es una red análoga en sus dos partes, no es simétrica, sino que tiene una asimetría profunda que a mí me interesa subrayar aquí y que hay que tener presente cuando se toman decisiones que afectan al desarrollo de la red de la educación. De esas dos partes de la red integrada de educación, una, la de titularidad estatal, tiene todas las obligaciones, tiene que acudir allí donde la iniciativa privada no acude, tiene que atender a aquellos alumnos que no son acogidos en los centros privados concertados, y los residuos últimos del alumnado que no tienen acogida en los centros en virtud de condiciones que los centros pueden adoptar con arreglo a normas que el Gobierno popular ha dictado sobre la admisión de alumnos. Esos alumnos residuales tienen que ser atendidos en alguna parte; por tanto, la red pública de titularidad estatal tiene que cargar con la obligación de estar presente en todos los sitios y acoger a todos los alumnos.
La parte privada de la red integrada tiene el derecho, reconocido, respetado y defendido, de situarse allí donde lo estima conveniente, no en todos los lugares, sino donde quiera; no tiene la obligación de estar en todos los sitios.
Es una red, por tanto, en la que las dos partes son asimétricas, y, por ello, hay que cuidar de una manera extremada todas las decisiones que puedan romper el equilibrio de la red pública. Esta asimetría, naturalmente, arrastra consecuencias para la política educativa del Gobierno. Los últimos hechos son evidentes de lo que les digo. Se acaba de anunciar una ampliación de las subvenciones a la red privada de 200 unidades y una supresión de 600 unidades en la red pública de titularidad estatal. No hay razón alguna, no se alcanza ningún criterio para entender una asimetría semejante, una asimetría disparatada. La acusación que hacía de deriva privatizadora, yo creo que se prueba con ese hecho de hace muy pocos días.
Se nos ha acusado de demagogia, y les leo: Han ocasionado restricciones presupuestarias; han ocasionado en el sector educativo repercusiones muy amplias hasta el extremo de haberse reabierto el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza. Sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada, estando sometida a restricciones presupuestarias, que ésta no padece o puede paliar de algún modo, y pretende, además, extraer conclusiones de todo ello. Autor: el Defensor del Pueblo.
¿Dirán usted que el Defensor del Pueblo hace declaraciones demagógicas? ¿Hace declaraciones demagógicas el Viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, don Raúl Vázquez, nada sospechoso de proclividades hacia el socialismo, cuando dice que el Gobierno Socialista consiguió la paz escolar y esa paz escolar tiene que ser reconstruida, incluso para ello invoca la tutela de la Corona para constituir un pacto de recuperación escolar? ¿Es un demagogo don Raúl Vázquez? ¿Lo van a cesar acaso en su cargo de Viceconsejero de la Comunidad de Madrid por sus declaraciones a lo mejor imprudentes, a juicio de su señoría? ¿Es un demagogo el Presidente de la FERE cuando ha dicho, hace muy pocas fechas, que están inquietos por el rumbo que toma la educación y que quieren que todos los sectores implicados se sienten para discutir el tema y llegar a un acuerdo que reconstruya la paz escolar? Voy terminando. Creo que hay cuestiones que son irrenunciables. Creo que hay elementos que no podemos olvidar, y le digo cuáles son nuestros postulados fundamentales: no estaremos dispuestos a aceptar ninguna política educativa que tienda, ni de lejos, a convertir la educación en la gran coartada de la desigualdad social; nos opondremos frontalmente a cualquier concepto que vaya en esa dirección.
Yo creo que es necesario reconstruir la paz escolar, y les invitamos a ello: miren a todos los sectores, a todas las partes de la comunidad escolar; a la derecha: su clientela, a la izquierda: no son sus clientes pero tienen la esperanza de conseguir un pacto que garantice la estabilidad del sistema educativo. ¿Saben ustedes que una parte importante de la educación religiosa está inquieta y está pidiendo que se reconsidere el rumbo de la política educativa del Gobierno? Son sectores que lógicamente deberían estar junto a los postulados de su señoría; sin embargo, están inquietos y piden una decisión.
Hay que promover un gran acuerdo y estamos hablando de ello, y estamos dispuestos a hacerlo. Hay que mantener el equilibrio de la red pública y de la red privada. Hay que garantizar la calidad de todo el sistema educativo y hay que impedir a toda costa cualquier deriva privatizadora, porque además de conquistar algo que ya tenemos en la mano y que no deberíamos perder.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias Marcelo, casi ha doblado ya el tiempo. He tenido una gran benevolencia con su señoría.


El señor IGLESIAS MARCELO: Termino ya, señor Presidente, y muchas gracias.
Querríamos impedir la comisión de un enorme error, el de abrir las páginas del pasado y de volver a leer en ellas, el de rescatar una memoria que deberíamos considerar perdida para siempre y que estaba ya perdida para siempre. La política educativa del Gobierno corre el riesgo de resucitar los viejos fantasmas. No deberíamos caer en esta tentación.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Fernández Rozada tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, pedía la palabra en relación con una cuestión previa de forma.
Antes de intervenir para defender nuestra propuesta de modificación querría saber lo que opina a su vez el proponente de la moción sobre si admite o no nuestra enmienda puesto que, de ser ésta admitida, es indudable que mi intervención iría en otro sentido, pero el proponente no se ha producido, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada, es que el proponente tiene un turno específico para que, después de la intervención de su señoría, pueda pronunciarse sobre ese aspecto. Usted deberá hacer la propuesta de modificación, y entonces el receptor de esa enmienda podrá decidir sobre ello.
Ahora bien, si el Senador Iglesias decidiera manifestarse sobre esto, está en su derecho de hacerlo ahora. El debate está organizado así reglamentariamente. (Pausa.) Puede usted intervenir, Senador Fernández Rozada.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, señorías, indudablemente, el portavoz socialista ha hablado mucho de política educativa en general, pero hemos comprobado que, en realidad --me refiero a los que hayan tenido tiempo para leer la moción--, ha hablado muy poco de la propuesta concreta de su moción. De ahí precisamente mi deseo de saber si debía pronunciarme respecto de su iniciativa o respecto de la alternativa que nosotros proponemos.
No obstante, señor Iglesias, tengo que decirle que no creo que haya ni un solo motivo para poder decir aquí, con un mínimo de rigor, que este Gobierno no se preocupa de los problemas de la educación, ni uno solo. Y precisamente yo podría tener muchos motivos para decirles a sus señorías que, en los muchos años de Gobierno del PSOE, jamás han reconocido ustedes aquí el ámbito de la educación como un problema. Pues si ahora, unos meses después de haber dejado ustedes el Gobierno, vienen a plantear con carácter general el grave problema que existe en la educación, reconozcan como mínimo que hemos heredado una situación difícil que ustedes mismos, en ese subconsciente que ahora les traiciona, quieren llevar a la responsabilidad única de nuestro Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y esto, señoría, no lo digo con ánimo de resucitar ese viejo debate aquí planteado acerca de la diferencia entre nuestro proyecto educativo y el del PSOE, sino para poder garantizar el reconocimiento de los errores propios antes de manifestar esa exigencia hacia sobre los errores que podamos estar cometiendo nosotros. Pues precisamente para conseguir evitarlos, queremos contar con toda la Cámara buscando el consenso, buscando acuerdos y buscando, sobre todo, la paz educativa.
Creo que esto ya lo hemos hecho, pero no lo estamos diciendo con palabras. Lo estamos diciendo con hechos, y esos hechos son los que nos llevaron a presentar una alternativa a su moción con un ánimo de consenso que creo recoge fielmente lo que el proponente ha querido decir y que, a nuestro juicio, expresa francamente mal en su moción.
Porque, señorías, aunque en el planteamiento de los diferentes apartados de la propuesta se habla del mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de centros escolares, es indudable que el significado del texto de la moción es oscuro y no tiene un sentido unívoco. ¿A qué equilibrio se refiere, señor Iglesias? ¿Cuáles son los componentes de ese equilibrio? ¿Los centros? ¿Y sobre qué base deben equilibrarse? ¿Quizá deben equilibrarse sobre la base del número de alumnos, o sobre la de los recursos o la financiación? Y de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre estas categorías que luego se reequilibran? Hable de esto aquí. ¿En qué se fundamenta el supuesto implícito en el texto de la moción de que, en efecto, existe un equilibrio? ¿En qué? Por eso, decimos que esa propuesta encaja mejor en lo que nosotros consideramos y presentamos como enmienda de modificación, y que dice, mejorando su texto, lo siguiente: Asegurar la adecuada atención técnica, humana y material en la red de centros docentes públicos garantizando que dispongan de los recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos propios de cada etapa educativa.
Ahí sí que tiene usted ocasión para poder decir que ésa es nuestra voluntad, si se mejoran efectivamente, y si se dispone de recursos suficientes para el cumplimiento de estos objetivos en la red de centros docentes públicos. Ahí tiene usted asegurada precisamente la solución a su inquietud.
Por tanto, espero que, efectivamente, estén ustedes ahora más de acuerdo con nuestra enmienda de modificación. Y así hemos hecho las demás, basándonos en su propia propuesta. Pero como no voy a tener tiempo para defender todas y cada una de ellas, voy a referirme a su preocupación por el hecho de que la señora Ministra ayer hablara de demagogia. En ese sentido, tengo que respaldar sus palabras, porque, ante la pregunta que se le formuló, me dolió oír al portavoz socialista exponer unos planteamientos claramente sectarios, buscando que dijéramos que, en detrimento de la enseñanza pública, estábamos atendiendo de forma especial, con privilegio, a la privada. Eso es absolutamente falso.
Además, la señora Ministra les ha dado los datos consecuencia del planteamiento presupuestario, afirmando que tiene la garantía, en el cumplimiento de un presupuesto, de desviar fondos hacia los centros que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, puedan concertar y recibir dinero público. Por otro lado, han sido ustedes con sus propias leyes quienes lo han querido así.
Por tanto, díganme cuál es la salida de una Ministra ante un acoso tan injusto de esa naturaleza, sino pedirles que no hagan planteamientos demagógicos, al igual que

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los que hicieron en su día sobre las pensiones --esto lo digo yo, no ella, pero lo he vivido de cerca--, y si eso tiene un nombre distinto al de demagogia y desgaste, sin preocuparse de conocer los datos rigurosos sobre la cuestión de la financiación, tanto en el sector público, como en el privado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada, le ruego que concluya.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Iglesias, hay problemas en la educación. Pero el sistema educativo tiene que ser fruto del mayor acuerdo posible, del consenso que permita, por encima de los avatares del Gobierno, y sea éste del signo que sea, alcanzar acuerdos fundamentales en los principios más elementales para el buen funcionamiento de un sistema educativo que no puedan modificarse.
Eso lo hemos querido hacer en su etapa en el Gobierno, pero no pudimos.
Tengo la esperanza de que si se avienen a ese consenso, cediendo todos un poco, podrá haber un pacto de educación como el que no fue posible, como digo, durante los Gobiernos socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo para fijar su posición sobre la enmienda del Grupo Popular.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no vamos a admitir la enmienda a nuestra moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por una razón absolutamente evidente y clara: no estamos de acuerdo con el diagnóstico de los problemas del sistema educativo. Por tanto, difícilmente podemos estar de acuerdo con la propuesta de soluciones.
Sus señorías niegan la existencia de un problema. Sin embargo, creemos que existe, no porque lo digamos nosotros --eso sería un rifirrafe más de la vida política y parlamentaria--, sino porque lo afirma mucha gente que no está presente en esta Cámara; mucha gente de la calle, muchos sectores educativos importantes. En este sentido, acabo de referirme --pero no me ha dicho nada al respecto-- a sectores importantes de la enseñanza privada concertada que están extraordinariamente preocupados por el rumbo que toma la política educativa del Gobierno. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, no estando de acuerdo en el diagnóstico de los problemas, ¿cómo vamos a estarlo en la propuesta de soluciones? Pongámonos de acuerdo en los problemas que tenemos, y entonces podremos discutir las soluciones y todos estaremos dispuestos a ceder una parte, como ya he hecho el Grupo Parlamentario Socialista en tantas ocasiones en el pasado inmediato para poder impulsar el servicio de la educación, que a todos nos interesa. Pero reconozcan el problema como punto de partida. Si no, ¿de qué estamos hablando? De nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Se abre un turno de portavoces para aquellos que no hayan intervenido.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, señorías, tenemos aquí una moción presentada por el Senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista, y enfrente tenemos una moción alternativa, una enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha sido admitida por el Grupo proponente y, por tanto, no será objeto de votación.
En nombre de mi Grupo Parlamentario, mejor dicho, en mi propio nombre para no hacer partícipes a todos los miembros del Grupo de lo que aquí voy a decir, me voy a pronunciar sobre la moción y sobre las cuestiones que aquí se han planteado.
Yo comparto una premisa que se ha planteado en la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. La educación debe de servir fundamentalmente para coadyuvar a la corrección de las desigualdades sociales. Para mí esta premisa es en este momento incuestionable.
Pero, desgraciadamente, este debate me está recordando a algunos viejos debates que en su día se ha mantenido, supongo que en todo el Estado, pero muy especialmente en Euskadi cuando se trataba de hacer la ley que iba a regir todo el sistema educativo no universitario, la Ley de Escuela Pública Vasca, felizmente consensuada al final por todos o por la mayoría de los grupos parlamentarios.
El antinomio sistema educativo público-sistema privado concertado yo creo que debe de reconvertirse. La educación, pública o privada, es de interés público y social. Toda la educación debe de entenderse, tal como refleja, por cierto, el punto b) de la moción, como un servicio público.
Entiendo que el esfuerzo de acercamiento que representa la moción alternativa del Partido Popular, especialmente en los puntos b), c) y d), recoge de alguna manera el espíritu de alguno de los que figuran en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, a mí me parece que en los puntos a) y b) de la moción presentada por el Senador Iglesias y en el punto a) de la moción alternativa no se refleja con claridad lo que se quiere decir cuando se plantea el mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de centros escolares y, sobre todo, me parece que hablar del rechazo de cualquier deriva privatizadora que debilite el servicio público de la educación es, de alguna manera, prejuzgar excesivamente algo y desde nuestras obligaciones de control del Gobierno cuidaremos que no se produzca.


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En todo caso, yo creo que efectivamente debe de haber un equilibrio, el cual debe de estar representado precisamente en función, no sólo de asegurar el sistema público, la financiación necesaria, los medios necesarios y de elevar la calidad de los niveles educativos, sino también de lo que la legislación establece: el respeto del derecho de elección de centro de los alumnos y/o los padres. En ese sentido, me parece confusa la moción y no me gusta demasiado, aunque no se vote, la propuesta alternativa.
Yo creo que el problema que aquí se plantea es de financiación, de dotación, de insuflar medios al sistema para que la reforma --que en este caso es lo que va a requerir unos medios económicos importantes-- pueda plantearse en profundidad en todos los niveles educativos y, sobre todo, que éstos alcancen la calidad requerida.
En este sentido, esta Senadora va a abstenerse por las razones expresadas en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, desde luego, asegura a la Cámara que, con independencia de que pueda considerarse que es un tema que no le atañe directamente como Senadora del País Vasco, puesto que tenemos asumidas todas las competencias en el sistema educativo no universitario, debo de decir que, no sólo por solidaridad, sino por obligación en la representación que ostento, estaré vigilante y efectuaré todas aquellas labores de control del Gobierno para que pueda alcanzarse esta intención, que creo que nos une a todos, de elevación de la calidad del sistema educativo y de la consideración de la educación en su conjunto como un servicio público.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Ha dicho el Senador Iglesias que no están dispuestos a que la educación sea la gran coartada de la desigualdad social. Estamos absolutamente de acuerdo en esto. Damos una gran importancia, absoluta, a la educación, y siempre estamos por la defensa de un sistema mixto de igualdad de oportunidades entre el sistema público y el privado.
Dentro de este marco general de acuerdo total con esa intención, discrepo de su interpretación, ya que ha dicho que quería presentar esta moción como un paso adelante. Yo pienso que tal como va a acabar este acto parlamentario no será un paso adelante. Tampoco será un paso atrás, porque habremos reflexionado un poco más sobre la educación. Pero me parece que es una ocasión perdida, Senador Iglesias y Grupo Parlamentario Socialista, porque de ser cierta la inquietud en la que ustedes han basado su interpelación y su moción subsiguiente, los puntos que presentaba la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, muchos de ellos, los más importantes a mi entender, van en la línea de eliminar esta inquietud. ¿Por qué no la han aceptado? No lo entiendo. Entonces sí que hubiera sido un paso adelante, una ocasión no perdida. En el Senado hubiéramos podido aprobar casi por unanimidad --me atrevería a decir-- un acuerdo importante para presionar al Gobierno, que no dudo que es consciente de las necesidades educativas, pero no vendría mal que desde aquí se le ayude a ser más consciente.
Por ejemplo, el punto primero de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular pide más atención técnica y material, más recursos, y el punto c) solicita realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de la oferta educativa en la totalidad del sistema. Esto es perfectamente asumible, al igual que el último punto de mantener el diálogo social con la participación. Que hubiera un acuerdo unánime del Senado en la necesidad de mayor presupuesto para la educación e insistencia en el diálogo social era importante. No entiendo cómo no hemos podido acordar esto cuando hablamos tanto del pacto escolar. Y en este punto hay dos compromisos importantes del Grupo que apoya al Gobierno que hubieran venido muy bien a la mejora educativa. Por eso digo que es una lástima. Votaremos en contra y pensamos que es una ocasión perdida.
Si en el futuro viésemos, teniendo en cuenta este marco de que no queremos que con la educación se produzca una desigualdad social, que las acciones del Gobierno no están acordes con las voluntades manifestadas aquí por la señora Ministra y por el Grupo Parlamentario Popular, cambiaríamos nuestro voto en ulteriores mociones y estaríamos siempre vigilantes a cualquier tema que haga relación a la educación. Pero me parece que al menos en esta ocasión la propuesta alternativa que presentaba el Grupo Parlamentario Popular era un paso adelante, un paso positivo y ha sido una lástima perderlo.
Por ejemplo, en el presupuesto hay un compromiso muy importante que se aprobó aquí y estaremos atentos para que a partir de enero haya un estudio de la financiación de la LOGSE. Eso es muy importante para que no se produzcan desequilibrios.
En la intervención anterior se ha comentado que la Ministra dijo que había un grupo de técnicos, de profesionales y de catedráticos que estaban estudiando medidas para mejor la calidad, y que propondría un decreto-ley para septiembre. En este punto el Grupo Parlamentario Popular se comprometía a mantener el diálogo social con los sectores de la comunidad educativa. Nosotros pensamos que el Grupo Parlamentario Popular, también en este punto, antes de tomar medidas sobre la mejora de la calidad educativa, mantendrá contactos con todos los sectores educativos para que esta preocupación que tenemos sobre la mejora de la calidad de la enseñanza sea consensuada con todos, si es que de verdad queremos este pacto social en relación con la educación.
Quiero mostrar todo mi respeto hacia el Senador Iglesias por su sensibilidad con la educación, que compartimos, pero creo que en esta ocasión ha tenido un error táctico

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o político porque la propuesta que nos hacía el Grupo Parlamentario Popular era dar un paso adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Fernández Rozada pide la palabra.) Senador Fernández Rozada, el debate ha terminado.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, pido la palabra por el artículo 87.


El señor PRESIDENTE: Me informan que por el artículo 87 no se le ha concedido anteriormente a otro compañero. Por tanto, le rogaría que renunciara a él, si fuera posible.
Vamos a votar esta moción, consecuencia de interpelación, sin la incorporación de la enmienda que no fue aceptada por el grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 88; en contra, 122; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.


Eran las veintiuna horas y diez minutos.

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