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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 29/11/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 46

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 44

celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 2214)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EBB). (Número de expediente 172/000043) . . .
(Página 2236)

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica. (Número de expediente 172/000044) . . . (Página 2248)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria (PSS). (Número de expediente 172/ 000047) . . . (Página 2255)

Página 2210


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas . . . (Página 2213)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué mantiene el 2 por 100 de inflación para toda la Función Pública, cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual está en el 4 por 100? (Número de expediente 180/000329) .
. . (Página 2214)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Va a rectificar el Presidente su errónea política causante de la subida de la inflación y del deterioro de las rentas familiares? (Número de expediente 180/000333) ... (Página 2215)

Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones han llevado al Gobierno a impulsar la mejora de la enseñanza de las Humanidades? (Número de expediente 180/000342) . . .
(Página 2216)

Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué medidas ha adoptado el Vicepresidente Primero y Secretario del Gobierno para evitar filtraciones de las deliberaciones del Consejo de Ministros? (Número de expediente 180/000334) . . . (Página 2217)

Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cuál es la política del Gobierno de colocación de ex altos cargos en presidencias de empresas públicas? (Número de expediente 180/000336) . . .
(Página 2218)

Del Diputado don Juan José Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la voluntad del Gobierno para apoyar el entendimiento entre las Instituciones en la resolución definitiva de la ordenación territorial transitoria de los enclaves y del enclave de Treviño en particular, respetando las garantías democráticas y constitucionales de materialización de la voluntad de sus ciudadanos, tal y como concluyó el Informe del Senado de 1995? (Número de expediente 180/ 000330) . . . (Página 2219)

Del Diputado don José Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Cuándo piensa el Gobierno distribuir entre las Comunidades Autónomas el fondo de 46.000 millones de pesetas, suma de las partidas previstas en los presupuestos de 1997, 1998, 1999 y 2000 «para hacer efectivas las asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales»? (Número de expediente 180/000331) . . . (Página 2220)

De la Diputada doña Mercè Pigem i Palmès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para la campaña mediática «Tolerancia Cero» frente a la violencia doméstica presente imágenes y mensajes focalizando a las mujeres y a los hijos únicamente como víctimas y no transmitiendo una imagen en positivo que les presente como supervivientes de la violencia? (Número de expediente 180/ 000356) . . . (Página 2221)

Página 2211


Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Gobierno que ha adoptado las medidas precisas para que a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor se garanticen de manera efectiva los derechos recogidos en la misma? (Número de expediente 180/000339) . . . (Página 2222)

De la Diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro del Interior: ¿Qué medidas de carácter urgente y resolutivo piensa adoptar el Gobierno ante la problemática de la situación de la inmigración en Canarias? (Número de expediente 180/000332) . . .
(Página 2224)

Del Diputado don Victorino Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Considera el Sr. Ministro positivo el balance de la política de seguridad ciudadana que ha publicado durante los años que lleva de titular en el Ministerio? (Número de expediente 180/000337) . . .
(Página 2225)

De la Diputada doña Leire Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué instrucciones se dieron a la Policía que causaron la represión en la manifestación que tenía lugar el pasado día 26 ante el Congreso de los Diputados, en la que se reclamaba la abolición de la deuda externa? (Número de expediente 180/000358) . . . (Página 2226)

Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué forma afecta el Plan Hidrológico Nacional a la Comunidad Autónoma de La Rioja? (Número de expediente 180/000350) . . . (Página 2227)

De la Diputada doña Josefa Aguado del Olmo, del Grupo Parlamentario Popular en en Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno español en el seno de la Unión Europea para reforzar la cooperación en Política Exterior y Seguridad Común? (Número de expediente 180/000343) . . . (Página 2228)

Del Diputado don Pío Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la propuesta de la Comisión Europea de introducir en los Tratados fundadores «un mecanismo de vigilancia y alerta» que evite el mecanismo de las sanciones y de las puestas en observación aprovechando la actual Conferencia Intergubernamental (CIG)? (Número de expediente 180/000334) . . . (Página 2229)

Del Diputado don Luis Acín Boned, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado la Unión Europea respecto al embargo económico de Yugoslavia tras el proceso de apertura democrática que ahora comienza en este país? (Número de expediente 180/000345) . . . (Página 2230)

De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno poner en marcha la red de alerta sanitaria veterinaria? (Número de expediente 180/000352) . . . (Página 2231)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Podría confirmar el Gobierno la continuidad de los servicios aéreos regulares entre el aeropuerto de La Gomera y los de Tenerife Norte y Gran Canaria, según las especificaciones de las obligaciones de servicio público de las rutas aéreas entre las islas Canarias aprobadas

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por Resolución del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998 («BOE» 206, de 28 de agosto de 1998)? (Número de expediente 180/ 000328) . . . (Página 2232)

Del Diputado don José Rivas Fontán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el contenido del proyecto de convenio ferroviario que actualmente negocian la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento? (Número de expediente 180/000346) . . . (Página 2233)

Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento de licitar la ejecución del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, de la carretera nacional 620? (Número de expediente 180/000347) . . . (Página 2234)

Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la conexión por autovía entre Granada- Motril-Nerja, teniendo en cuenta el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001? (Número de expediente 180/000348) . . . (Página 2235)

Interpelaciones urgentes . . . (Página 2236)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). . . . (Página 2236)

Presenta la interpelación urgente el señor Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que estamos ante una crisis muy grave, como es la enfermedad mal llamada de las vacas locas, que afecta a un sector importante, pero sobre todo a la salud del conjunto de los españoles, y a la que es necesario hacer frente con transparencia, que es vital para recuperar la confianza de los consumidores y de los clientes en el exterior; con precaución, que aconseja la prohibición inmediata de las harinas de origen animal en todos los piensos, y con la creación urgente de la agencia de seguridad alimentaria.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Asegura que no se puede acusar al Gobierno de falta de transparencia porque éste informó a la sociedad del primer caso de la enfermedad de las vacas locas dos horas después de que se recibiera en los servicios técnicos el primer diagnóstico confirmado por los expertos, y se convocó a las comunidades autónomas para establecer con ellas la respuesta, sin que nadie eludiera sus responsabilidades y siendo solidarios con la de todos, pero sin crear alarmas sociales innecesarias. Explica todo lo que se ha hecho en una larga trayectoria contra esta enfermedad y afirma que el origen, no la transmisión a la cadena alimentaria que efectivamente está en los piensos, es una mutación genética espontánea. Recuerda que en España está prohibido el uso de harinas animales en los rumiantes desde 1994 y, además, es costumbre utilizar harina de soja, porque es más barata, porque existe un convenio con los Estados Unidos y porque tenemos una ganadería distinta. El Gobierno, afirma, está dispuesto a hacer todos los esfuerzos de diálogo y colaboración en una cuestión tan importante para los consumidores y para la salud de los españoles, pero quiere lanzar una llamada de confianza y decir que se están haciendo las cosas con sosiego y con orden, que todo lo que haya que hacerse va a hacer, pero sin crear alarmas innecesarias que destruirían los mercados y la confianza en los productores, adquiriendo la crisis unas magnitudes que no tiene en este momento. Finalmente agradece el tono de la intervención del señor Cuadrado y el rigor con que ha planteado los temas y le asegura que el Gobierno está dialogando con las comunidades autónomas y tratando de atajar una crisis, que es europea, con el menor impacto económico en el sector ganadero, pero con las mayores garantías para todos los ciudadanos españoles.


Replica el señor Cuadrado Bausela, duplicando el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 2213


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica . . .
(Página 2248)

Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria el señor Rivero Baute. Tras explicar la emigración canaria a Venezuela, considera una situación totalmente injusta, arbitraria, discriminatoria y abusiva la del coste de los billetes entre España y Venezuela. No son viajes de turismo, ni de negocios, explica; se trata de personas que cruzan el Atlántico por motivos sociales, reencuentro de familias, añoranza de la tierra, deseo de no perder la identidad con la tierra que les vio nacer, deseo de que sus hijos conozcan sus raíces, defunciones, enfermedades, bodas, nacimiento, etcétera, por lo que cree que se debe hacer un esfuerzo para resolverlo.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). Considera muy interesante el debate en relación con los problemas de la emigración en Iberoamérica y, de manera muy concreta, sobre los precios del transporte en las comunicaciones entre España y Venezuela. Para completar la descripción del problema y, por tanto, abordar las soluciones, se dispone a ampliar algunos datos y buscar algunas salidas constructivas en términos de política real de transporte, enmarcándolo concretamente en las relaciones bilaterales con Iberoamérica. Afirma que la política del Ministerio de Fomento en las relaciones aéreas con otros países, y concretamente con los que conforman el área iberoamericana, está dirigida a potenciar al máximo el desarrollo del transporte aéreo entre España y los países de la zona, aplicando criterios muy flexibles que propugnan la introducción de elementos liberalizadores en el conjunto de los convenios aéreos bilaterales.


Replica el señor Rivero Baute, duplicando el señor ministro de Fomento.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria . . . (Página 2255)

Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta que es deseo de su grupo abordar en la Cámara un debate que está presente en importantes sectores de la sociedad, como es el que se deriva de la próxima supresión, a finales del año que viene, de la exigencia del servicio militar obligatorio y, como consecuencia, la desaparición de la prestación social sustitutoria, cuestión a la que se grupo es especialmente sensible. Considera que es un buen momento para hacer un balance de lo que ha sido la experiencia de la prestación social a lo largo de estos últimos años y también para empezar a discutir sobre las posibles soluciones a la nueva situación que se va a generar con la desaparición de la prestación social. Aunque reconoce que existen elementos negativos en su conjunto, el balance que hace su grupo es positivo, pero se pregunta que va a suceder con los servicios que han sido prestados por los objetores de conciencia y qué instrumentos se van a poner en marcha para continuar reforzando el tejido social. Finalmente muestra su deseo de que, como consecuencia del debate de hoy y de la moción que su grupo presentará dentro de 15 días, se envíe un mensaje al conjunto de la sociedad explicando cómo desde los poderes públicos se van a afrontar todas las cuestiones que se abren con la desaparición de la prestación social sustitutoria.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez), en nombre del Gobierno. Considera oportuna esta interpelación porque ha existido y existe, sin duda, inquietud en muchos foros por la desaparición de la prestación social sustitutoria, asociada evidentemente a un hecho positivo como es la finalización del servicio militar obligatorio. Se refiere a la posibilidad abierta en el artículo 30.3 de la Constitución de la creación de un servicio civil y valora también muy positivamente el acelerado fenómeno social del voluntariado.


Replica el señor Campuzano i Canadès, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.)

Página 2214


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ MANTIENE EL 2 POR CIENTO DE INFLACIÓN PARA TODA LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUANDO EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) INTERANUAL ESTÁ EN EL 4 POR CIENTO? (Número de expediente 180/000329)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: Preguntas. En primer lugar, pregunta número 6, que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo, que tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, ¿por qué con un 4 por ciento de inflación, prevé usted tan sólo el incremento del 2 por ciento en el salario de los funcionarios? ¿Por qué no reconoce la realidad? ¿Por qué intenta hacer recaer una inflación de beneficios sobre los asalariados y sobre los trabajadores?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el 2 por ciento de inflación es un objetivo fijado por el Banco Central Europeo para la zona euro. Naturalmente, sería una falta de responsabilidad de un país que forma parte de la zona euro y de la unión monetaria no atender al objetivo fijado por el Banco Central Europeo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, yo pensaba, si bien de forma ingenua, que usted iba a reconocer por primera vez, y sin que sirva de precedente, que tienen un problema en la inflación; que lo tienen en la economía española que pierde competitividad y que lo tienen, sobre todo, los trabajadores y las trabajadoras que ven cómo pierden poder adquisitivo y cómo usted no solamente les amenaza, sino que prevé una reducción adicional de salarios para los funcionarios públicos.
Nosotros pensábamos también que por primera vez usted iba a asumir alguna responsabilidad en las consecuencias negativas de su política.
Sabemos que en las consecuencias positivas asume siempre su responsabilidad, pero estábamos esperando que la asumiera en las consecuencias negativas.
Sin embargo, no es así.
Parece ser que no tienen nada que ver con su política los costes y la intensidad del gasto energético en nuestro país; que no tiene nada que ver con su política la política fiscal y la exoneración de buena parte de los beneficios de la fiscalidad; que no tiene nada que ver con su política que existan ámbitos de la economía donde no hay competitividad y donde hay, sobre todo, prebendas de su Gobierno hacia oligopolios privados; y tampoco parece que tenga que ver con su política que no haya en nuestro país un incremento de la productividad porque ustedes se dediquen más a la calidad del empleo, a las tecnologías o a la mejora de las infraestructuras.


Señor presidente, nosotros le emplazamos a que cambie su política económica; no a que la cambie hacia la izquierda o hacia la extrema izquierda. Nos bastaría con que la cambiara hacia el centro; con que hiciera una política fiscal más progresiva; con que hiciera una política presupuestaria más preocupada por el empleo, por la política social, de infraestructuras y tecnológica; con que hiciera una política de verdadera competencia y regulación en mercados cautivos.
Pero veo, señor presidente, que ésa no va a ser su posición. Parece que su posición va a ser la del señor Montoro y la del señor Oreja; es decir, la del señor Montoro, la aplicación del catón neoliberal frente a la inflación, o sea, tocar con la misma...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señora presidenta.
Nosotros aspiramos a hacer una política, y la hacemos, que provoque crecimiento, que provoque creación de empleo y que provoque incremento de bienestar, como demuestran los datos.
Yo le quiero recordar, señoría, que España forma parte, como le he dicho antes, de la unión monetaria y ya no tenemos disponibilidad para practicar una política monetaria. La disposición efectiva de la política monetaria depende del Banco Central Europeo y, justamente, eso lleva a que tengamos que hacer el esfuerzo necesario para cumplir los objetivos de inflación que se fijan año a año de la zona euro y del Banco Central Europeo.
Le diré, cuando S.S. se preocupa de la retribución de los funcionarios, que no ha habido una pérdida de poder adquisitivo (Protestas.-Rumores.), más bien lo contrario. (Protestas.-Rumores.) Señoría, si no le importa, cuando se habla de las retribuciones de los funcionarios no se debe contar sólo la remuneración básica; hace falta contar los complementos, hace falta

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contar las reclasificaciones y hace falta contar también, en este caso, los fondos adicionales de 1998, de 1999 y de 2000. Y verá que en el diferencial de crecimiento o de incremento de la remuneración media del funcionario con el IPC, del año 1996 al año 1999, hay una diferencia de cuatro puntos a favor de la remuneración media de los funcionarios públicos. (Aplausos.- Rumores.) No hablo de la bajada de impuestos, de la que ya sé que S.S. está en contra pero que también beneficia a los funcionarios públicos. Confío que en el año 2001 se pueda seguir en un consenso, dialogando con los funcionarios públicos y llegando a acuerdos en esas materias. La semana pasada se reunió la mesa general de negociación, mañana se reúne la mesa de retribuciones y va a haber reuniones sobre mesas de diálogo para la movilización o la precariedad en el empleo. Ése es el esfuerzo que está dispuesto a hacer el Gobierno en la continuidad de una política que genera puestos de trabajo y bienestar para los ciudadanos.
Gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA RECTIFICAR EL PRESIDENTE SU ERRÓNEA POLÍTICA CAUSANTE DE LA SUBIDA DE LA INFLACIÓN Y DEL DETERIORO DE LAS RENTAS FAMILIARES? (Número de expediente 180/000333)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10, que formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: La verdad es que el trámite debe ir dirigido al presidente del Gobierno y no al presidente del Banco Central Europeo. Aún así, es cierto que el último dato sobre el índice de precios al consumo de nuestro país sitúa la inflación en un 4 por ciento. El error del Gobierno en la previsión sólo ha sido del 100 por cien, no está mal como dato, pero la realidad es que se trata de la subida más fuerte de todos los países europeos y, además, el peor dato de inflación de España desde que usted está en el Gobierno, y peor que el que había antes de su llegada al Gobierno. De ahí que no le sorprenda que le pregunte si asume que hay que rectificar esa política errónea del Gobierno y adoptar medidas que no perjudiquen únicamente a las rentas salariales de este país.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, sinceramente no creo que haya el deterioro de las rentas familiares en nuestro país del que S.S. habla. Evidentemente, existe un repunte de la inflación, tanto en España como en Europa, que sólo puede ser combatido con políticas de crecimiento, con políticas de equilibrio y con políticas de liberalización, de las que, por cierto, ustedes están en contra.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: A mí lo que me preocupa básicamente es lo que le está pasando a la mayoría de las familias españolas, que en estos momentos tienen que pagar 4.000 pesetas más al mes que el año pasado en el gasóleo para calentar las calefacciones, que tienen que pagar 15.000 pesetas más al mes de hipotecas, que cada vez que llenan el depósito de gasolina tienen que pagar 2.000 pesetas más que el año pasado, o que cada vez que un agricultor llena su depósito son 8.000 pesetas más. Asimismo, algún alimento que permite fabricar esa rica tortilla española, ese producto del que tanto les gusta hablar en el Consejo de Ministros, también ha subido un 10 por ciento, aunque no sé si la subida es anterior o no a la irrupción del señor Arias Cañete en escena. Lo cierto es que hay pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de las familias. En cambio, los beneficios de las empresas son del 45 por ciento y eso es lo que les debería preocupar.
El Gobierno está bloqueado, sin respuesta. El señor Rato mira al señor Montoro, el señor Montoro mira al señor Rato y usted parece que mira al cielo. Ésa es la realidad con la que nos encontramos mientras muchas familias españolas están muy preocupadas, señor presidente del Gobierno.
Y como me preocupan más las soluciones que la crítica -y en este caso bien se la merecen y bien fácil es hacerla desde la oposición-, le ruego que escuche algunas recomendaciones: refuerce los órganos de la competencia, liberalice de verdad, prevea que haya más gasolineras en España, permita que se bajen los impuestos de hidrocarburos, haga también, porque es absolutamente imprescindible, la rebaja de la tarifa eléctrica con ese recargo que han puesto para beneficiar a las eléctricas. Tome medidas, dé respuestas, porque hasta ahora este Gobierno parece que sólo sabe hacer preguntas, señor presidente.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría, con mucho gusto.
Señoría, para su conocimiento y su información, le daré algunos datos de ese bloqueo al que está sometido

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el Gobierno. Tomando como referencia el tercer trimestre del año 2000 respecto al tercer trimestre del año 1999, en España se han creado 670.000 nuevos empleos, es decir, que hay 670.000 personas que antes no trabajaban y ahora trabajan. Me parece que eso es todo lo que quiera menos perjudicar las rentas familiares, señoría. Han sido devueltos 800.000 millones de pesetas a los bolsillos de los contribuyentes, de los trabajadores, con su voto en contra, señoría, y eso es mejorar las rentas familiares. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Las rentas salariales, en este año 2000, tienen un crecimiento medio del 11 por ciento, señoría. Y no voy a hacer ninguna referencia, porque no es necesario, al beneficio que se ha producido en los tipos de interés desde el año 1996 hasta el año 2000. Cerrar los ojos a esa realidad es algo que se puede hacer en beneficio de un discurso absolutamente demagógico, pero del cual creo que se van a extraer pocos beneficios.
Tener un 4 por ciento de inflación no es un buen dato, pero imputar al Gobierno la responsabilidad del alza de los precios del petróleo me parece una grave equivocación (Rumores.) e imputar al Gobierno responsabilidades en el desarrollo de una política monetaria de tipos de interés cuando nuestro país, afortunadamente, por el esfuerzo de todos, está en la zona euro y forma parte de la unión monetaria, me parece una falta de criterio grave, señoría.
Hace falta mantener el equilibrio presupuestario para combatir la inflación, cosa que ustedes no quieren; hace falta liberalizar más, cosa que ustedes no quieren; hará falta el esfuerzo de los agentes sociales para llegar, como espero, a una buena reforma laboral; y hace falta, de vez en cuando, que desde la oposición se haga alguna propuesta con sentido, con contenido, y desde luego no una falta de criterio como la que están demostrando. (Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos continuar con el turno de preguntas.


- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ RAZONES HAN LLEVADO AL GOBIERNO A IMPULSAR LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES? (Número de expediente 180/000342)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guerra. ¡Señorías! Señor Navarrete, le ruego guarde silencio.


Adelante, señor Guerra.


El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, desde hace más de 22 años se están haciendo grandes esfuerzos en España en materia de educación. A partir de los Pactos de la Moncloa, se crearon en España 800.000 puestos escolares. En el curso 1998-1999, con el Gobierno del Partido Popular, por primera vez en España se escolarizó la totalidad de los niños y niñas entre 4 y 16 años. Por otra parte, señor presidente, estamos alcanzando el 6 por ciento del PIB en inversión en educación, entre la pública y la privada.
Todos estos datos son sin duda positivos, pero la calidad de esta enseñanza, especialmente en lo que hace referencia a la enseñanza primaria y a la secundaria, tiene múltiples problemas. Éstos se han puesto de manifiesto en el informe del INCE y en otros informes similares. El señor presidente del Gobierno decía en su discurso de investidura: Es más importante que nunca que nos preocupemos por la educación. No hay mayor injusticia en la sociedad del conocimiento que una educación deficiente y no podemos conformarnos con una educación que llegue a todos, debemos proponernos mejorar su calidad.
Por eso, señor presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué razones han llevado al Gobierno a impulsar la mejora de la enseñanza de las humanidades?

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, es bien sabido que la sociedad española ha hecho un esfuerzo educativo muy importante y sostenido a lo largo de varias décadas. Quiero decirle que la reforma prevista en las enseñanzas mínimas constituye, a juicio del Gobierno, una demanda social muy generalizada tanto de los padres como de la comunidad educativa en general, que demandan, como S.S. ha dicho, una mayor calidad del sistema educativo.
El Gobierno está convencido de que es conveniente y necesario que nuestros alumnos tengan una formación común, que sea también resultado y reflejo de una herencia cultural común de todos los españoles y que facilite la movilidad de todos éstos en torno al territorio nacional, y queremos también una formación integral

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de los alumnos, que les capacite con los haberes fundamentales para afrontar luego posibilidades de un puesto de trabajo en la sociedad y su desarrollo en la misma. En ese sentido es en el que el Gobierno ha planteado no solamente la reforma de las humanidades, es decir, no solamente la mejora de la educación en la historia, en la enseñanza de la filosofía, de la literatura universal, en la lengua, en la literatura clásica y en las lenguas, sino también en las matemáticas, pues sabido es, señoría, que el sistema educativo español es el que menos horas tiene asignadas como carga educativa en estas materias, y que además los alumnos de la ESO habían perdido 220 horas anuales de matemáticas y 500 de lengua en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de mejorar los programas educativos de nuestro país. Por eso hemos hecho el mayor esfuerzo en buscar el consenso para hacer esta reforma de las humanidades, que también, como digo, hace referencia a las nuevas tecnologías, a matemáticas y a otras asignaturas muy necesarias para nuestros alumnos. Éste es un primer paso en la reforma de nuestro sistema educativo, porque ya le anuncio que el Gobierno tiene la intención de remitir a la Cámara un proyecto de ley de calidad de enseñanza, un proyecto de ley de formación profesional y un proyecto de ley de universidades, que esperamos que sirva para mejorar también la enseñanza en nuestro sistema universitario.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ MEDIDAS HAADOPTADO EL VICEPREPSIDENTE PRIMERO Y SECRETARIO DEL GOBIERNO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente 180/000334)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al vicepresidente primero del Gobierno.
En primer lugar, pregunta número 11, que formula el diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, es evidente que el señor Arias Cañete, ministro de Agricultura, dominado por la esfera de la voluntad (y sin posibilidad de manipular la realidad que tanto le gusta, porque fue grabado por una televisión y, por tanto, hay un testimonio invencible), filtró deliberaciones del Consejo de Ministros sobre el plan hidrológico nacional. También resulta evidente su mala conciencia ante los hechos; así lo demuestra la tibia reacción, en particular suya y de su Gobierno, ante tan grosera y chabacana actitud. (Rumores y protestas.) Lo que no es evidente, señor Rajoy, son las consecuencias de dichas declaraciones para el señor Cañete, porque, si son ciertas, comprometen muy gravemente al Gobierno y si no lo son, merecen una respuesta inmediata.


¿Han tomado alguna medida para evitar filtraciones de las deliberaciones del Consejo de Ministros?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Rajoy.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): No, porque no ha habido ninguna filtración y el señor presidente del Consejo de Ministros no ha dicho lo que parece que ha dicho. (Rumores.) Se lo digo yo, que soy el secretario del Consejo de Gobierno y de la vista a lo mejor no ando muy bien, pero del oído, sí. (Risas.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Rajoy, no crea usted que ésta es una pregunta trampa ni que nos hemos sacado un conejo de la chistera al comprobar las declaraciones del señor Cañete. (Rumores.) Las formas son lo de menos, lo que me preocupa, señor ministro, es el fondo. Cañete dijo que si el plan hidrológico se aprobaba en el Parlamento, lo sería como un paseo militar. Eso demuestra su concepción, o la de su Gobierno, de este Parlamento como un campo de Agramante, señorías, apropiado para operaciones de acoso y derribo.
(Rumores.) ¿Dónde quedan sus continuas apelaciones al consenso? Debo recordarle que en los medios públicos, señor Rajoy (siempre tan celosamente controlados por ustedes), hay una sección fija de noticias gubernamentales. En ella se hacen apelaciones bienintencionadas al consenso. ¿Dónde quedan, pues? El señor Cañete, en el Consejo de Ministros, señor Rajoy, dijo que el plan hidrológico nacional se aprobaría por... lo que todos ustedes ya saben (Rumores.), porque el PP tenía mayoría absoluta y había perdido las elecciones en Aragón.
Señor ministro, esto es gravísimo, demuestra su preocupación y demuestra cómo entienden los derechos de los ciudadanos al elegir a sus representantes. La política es una noble actividad, señor Rajoy, y en España ha habido un empeño conservador para someterla a un fuerte desprestigio, en la oposición y ahora en el Gobierno. Por ello, hay dos alternativas: si Cañete mintió, su cese inmediato, señor ministro; si no mintió,pida usted disculpas aquí porque, de lo contrario, la

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política, que es una importante actividad humana que necesita confianza y prestigio, acaba enlodada. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Caldera, son ciertas las afirmaciones que usted, tan finamente, por cierto -y hace bien-, cita. Pero, ¿por qué no cita usted las posteriores del señor Arias que recogieron todos los medios de comunicación? Dijo: El presidente nunca ha dicho eso. Yo me refería en mi intervención, que no era nada feliz -rectificó, por cierto-, a las declaraciones públicas que el presidente del Gobierno hizo el pasado día 3 de septiembre, donde decía que España tenía que afrontar la asignatura pendiente que suponía el plan hidrológico nacional.
(Rumores.) Y es que, señor Caldera, usted, al no citar estas declaraciones, hurta elementos de juicio a la Cámara, y eso es muy grave. (Rumores.) Además, ¿por qué sabe usted que son ciertas las primeras afirmaciones del señor Caldera y no las segundas? (Varios señores diputados: Están grabadas.- Rumores.) ¿Se lo ha dicho algún miembro del Consejo de Ministros? (Rumores.) Si es así, dígalo, porque sería muy grave que no lo dijera. Pero, si no se lo ha dicho ningún miembro del Consejo de Ministros, ¿cómo lo sabe usted? (Rumores.) ¿Ha leído algún acta del Consejo de Ministros? ¿La puede aportar? ¿O es que usted escucha lo que se dice en el Consejo de Ministros? (Rumores.- Protestas.) Sería muy grave, señor Caldera.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Rajoy.
Señorías, ruego guarden silencio. Es imposible que con este murmullo se oiga su respuesta y su intervención. Señorías, ruego guarden silencio para que podamos continuar con el turno de preguntas.
Adelante, señor Rajoy.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): En realidad, sólo necesito quince segundos, señora presidenta, para hacer una petición al Grupo Socialista.
Por último, me pide que tome medidas, pero después de todo lo que ha dicho el señor Caldera, al final voy a tener que tomar medidas contra él, y a mí no me gustaría. (Rumores.-Risas.-Aplausos.) No me gustaría, porque el señor Caldera es un hombre que se comporta razonablemente. (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Es un hombre simpático y me cae bien. Lo único que puedo hacer es pedir al Grupo Socialista que no me pregunte por qué no he tomado medidas contra el señor Caldera, porque, si no, me voy a ver obligado a hacer un esfuerzo de imaginación, que, créanme ustedes, no será fácil. (Aplausos.) Muchas gracias. (El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor Martínez Sanjuán, le ruego que no hable de un lado a otro del hemiciclo en un tono que impide que se pueda seguir celebrando el debate.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE COLOCACIÓN DE EX ALTOS CARGOS EN PRESIDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS? (Número de expediente 180/000336.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula el diputado don Francisco Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señor Rato, desde que llegaron al Gobierno han estado modificando la estructura de poder económico en España. Han desarrollado un conjunto de actuaciones que no han pasado desapercibidas y que en una sociedad exigente como la española no han creado indiferencia. Es una realidad que estas actuaciones han servido para dejar en manos de personas vinculadas a su partido a las más importantes empresas españolas. En empresas públicas privatizadas y en grupos privados son hoy numerosos los empresarios que les deben a ustedes su cargo. En la empresa pública, ¿sería usted tan amable de decirnos cuáles son los criterios de política de colocación de ex altos cargos en presidencias de empresas públicas que tiene el Gobierno?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.


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El Gobierno no tiene ninguna política de colocación de ex altos cargos, pero sigue la ley aprobada por este Parlamento hace quince años.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Rato, su respuesta es una ficción y conviene, en esta sociedad, diferenciar la ficción de la realidad. La realidad es que ustedes han creado una casta empresarial afín a sus intereses. La realidad es que hoy controlan el 60 por ciento del IBEX, la realidad es que ni el señor Norniella ni el señor Martín Villa ni el señor Marín ni el señor Isla, por no citar al señor Ariño o al señor Villalonga o al señor Alierta o al señor Irala o al señor Fernández Olano, ninguno de ellos es Iacoca. No estarían donde hoy están si no hubiera sido por los vínculos que antes y ahora, han tenido y tienen con ustedes. No digamos el señor Barrero del que todos conocemos su capacidad, que sólo la ha demostrado para cazar muflones, o su afición para coleccionar rifles Kalashnikov o su tradición empresarial, que no atesora ninguna. (Aplausos.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías.
Un momento, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGAN: A pesar de ello, lo han colocado en la Presidencia de la principal empresa papelera de Europa. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán. Ha agotado su tiempo e incluso lo ha sobrepasado.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, decía el señor Caldera hace escasamente tres minutos, que la política es una noble actividad. Yo lo creo. (Rumores.) Sí, señorías, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, el jefe del Puerto de Avilés, el jefe de la Junta de Saneamiento de Gijón, el presidente de la Caja de Ahorros de CastillaLa Mancha, el presidente de la Caja de Ahorros de Granada y otras muchas e ilustres personalidades han tenido el honor de ser políticos del Partido Socialista y ocupan puestos en empresas públicas y privadas y, al parecer, según la visión del señor Fernández Marugán, están marcados por el hecho de haber pertenecido a un grupo político o a un gobierno. No comparto esa visión, precisamente a los veinticinco años de la muerte de Franco cuando todavía se escucha decir a algunas personas que los que han tenido cargos políticos no tienen que tener el respeto y la seriedad suficiente para ser buenos presidentes del Tribunal de Defensa de la Competencia ex secretarios de Estado de Economía con ustedes, buenos presidentes de la Comisión Nacional de Valores ex ministros de Industria con ustedes.
Señor Fernández Marugán, por no ir más lejos, usted no puede defender sus posiciones porque no sólo los ejemplos que le he dado demuestran que no las puede defender, sino que las propias propuestas que su grupo parlamentario nos va a hacer en el futuro lo van a demostrar también, y no quiero hacer daño a personas por las que tengo más respeto que usted.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.


- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ OTXOA DE ERIBE ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA APOYAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS INSTITUCIONES EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL TRANSITORIA DE LOS ENCLAVES Y DEL ENCLAVE DE TREVIÑO EN PARTICULAR, RESPETANDO LAS GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y CONSTITUCIONALES DE MATERIALIZACIÓN DE LA VOLUNTAD DE SUS CIUDADANOS, TAL Y COMO CONCLUYÓ EL INFORME DEL SENADO DE 1995 (Número de expediente 180/ 000330)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Administraciones Públicas.
En primer lugar, pregunta número 7, que formula el diputado don Juan José Otxoa de Eribe Elorza.


El señor OTXOADE ERIBE ELORZA: Sí, señora presidenta.
Señor ministro, como es sobradamente conocido, el enclave territorial de Treviño es un residuo feudal causado por la donación en 1566 de Enrique II de Castilla al Adelantado de Castilla, don Pedro Manrique.
En otras ocasiones, el Grupo Parlamentario Vasco ha cuestionado al Gobierno por su posición al respecto, por el compromiso con el que asume en este caso la obligación constitucional que atañe a todos los poderes públicos para promover las condiciones en que los ciudadanos ejerciten sus derechos y libertades en términos de igualdad real y efectiva, encontrándonos siempre con la lacónica y desinteresada respuesta de remisión al acuerdo entre las instituciones de Castilla y León y del País Vasco, que saben sibilinamente reconducidas al juego de los respectivos estatutos de autonomía, que

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interpretó el Tribunal Constitucional y que conducen en la práctica a que la llave de todo un proceso de actualización democrática quede en manos de la voluntad unilateral del Gobierno castellano-leonés, que a su vez retarda conscientemente y eterniza el problema, porque no encuentra cobertura y rédito político alguno a facilitar una solución acorde con la voluntad tristemente tergiversada de los interesados treviñeses.
Por todo ello hacemos la pregunta, que doy por formulada en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, presidenta.


Señor diputado, el Gobierno no puede más que atenerse a lo que establece la Constitución y los estatutos, en este tema y en cualquier otro. Los estatutos son muy claros, porque las normas que regulan la cuestión que plantea S.S. son la disposición transitoria séptima, tercera, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya constitucionalidad ha sido declarada por sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional, y el artículo 8 del Estatuto Vasco. Esos son los que marcan el sistema de desagregación y agregación.
Ha habido una preocupación política, que ha llevado a una ponencia en el Senado y una moción en el Congreso, pidiendo al Gobierno que se adaptara y siguiera esa ponencia del Senado. La posición política del Gobierno es hacer todo lo posible por ayudar a esas recomendaciones, a esa moción que hizo el Senado, y en ello estamos, pero naturalmente respetando la legalidad constitucional y estatutaria.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, me alegra oírle decir que el Gobierno piensa hacer todo lo que esté en su mano.
El Senado, en su informe del año 1995, recomendó la creación de una comisión interinstitucional, que se formó, que está formada entre el Gobierno vasco, la Junta de Castilla y León y la propia Diputación Foral de Álava. Curiosamente, esa ponencia se ha reunido el 10 de diciembre de 1999, el 4 de abril de 2000 y en la reunión de noviembre de 2000 Castilla y León dio la espantada. Sencillamente, no se reunió. Y el Gobierno al que usted pertenece está compuesto y apoyado por el Partido Popular, como actualmente lo está el Gobierno, la Diputación Foral de Álava y la Junta de Castilla y León, y aquí también el Gobierno del reino. Por tanto, creo que ustedes podrían echar un cuarto a espadas y podrían facilitar muy mucho que esta solución prevista para Treviño se lleve a efecto, no actuando precisamente con esa altanería machacona y chulesca que desprecia sistemáticamente lo que se entiende por ...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Señor diputado, no me parece que en ningún momento yo haya hablado con altanería chulesca. He repetido lo que hay en la Constitución y en el estatuto. Estamos ayudando a que esa Comisión interadministrativa, que se ha creado y que está funcionando, consiga los máximos logros, que es en estos momentos que los ciudadanos del condado de Treviño tengan los mejores servicios posibles por conjunción de las administraciones autonómicas de Castilla y León, del País Vasco, de la Diputación de Burgos y de los propios municipios.
En efecto, este es un problema difícil y complejo y ha habido tensiones. Y usted no ha dicho que en junio de este año los ayuntamientos abandonaron esa ponencia técnica dentro de esa Comisión interadministrativa- porque no estaban de acuerdo con lo que allí se hablada. Se ha intentado reanudar el diálogo. Vuelve a haber dificultades y volverá a haberlas muchas veces, pero puedo asegurarle que el Gobierno tiene en su mente los derechos de esos ciudadanos del condado de Treviño y lo que pretende es que esa Comisión consiga lo mejor por el acuerdo, nunca por la imposición.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NÚÑEZ CASTAIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO DISTRIBUIR ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EL FONDO DE 46.000 MILLONES DE PESETAS, SUMA DE LAS PARTIDAS PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS DE 1997, 1998, 1999 Y 2000, PARA HACER EFECTIVAS LAS ASIGNACIONES DE NIVELACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES? (Número de expediente 180/000331)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula el diputado don José Núñez Castain.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno distribuir entre las comunidades autónomas el fondo de 46.000 millones, resultado de sumar las asignaciones presupuestarias de los cuatro últimos presupuestos

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aprobados, para resolver la nivelación de los servicios públicos fundamentales?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, presidenta.


Desde hace varios años, como sin duda S.S. conoce, se viene trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar la metodología que fije el alcance y cuantía de las asignaciones de nivelación. Este grupo, que ha tenido muchas reuniones, no fáciles y que no llevaban a resultados, por fin el 23 de enero de 1998 adoptó el acuerdo de considerar servicios públicos fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales. Como la sanidad y servicios sociales tienen por el momento su propio sistema de financiación, se acordó que el primer servicio a analizar sería el de educación.
Los créditos consignados, desde 1997 hasta el 2000, para las asignaciones de nivelación están pendientes de una propuesta de instrumentación de este Consejo. Para que una parte de los créditos pudiera utilizarse, se aprobó un escenario de gasto de 21.000 millones, que es una parte, repito, distribuido de la siguiente forma: Para este año, 7.000 millones; para el que viene, 7.000; y para cada uno de los dos años siguientes, 3.500. Así, en los presupuestos de este año se han incluido asignaciones de nivelación y suscripción de convenios plurianuales de colaboración de comunidades autónomas y universidades públicas. Y estamos pendientes de aprobar esta instrumentación para que esa parte llegue. Luego seguirán resolviéndose las restantes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, los resultados de esta Comisión son todavía parciales. Es evidente que la definición de los servicios públicos fundamentales implica también una definición de estándares y de costos de esos servicios que, con toda seguridad, van a superar en demasía las cifras de las que estamos hablando. Si estamos hablando de equiparar los servicios fundamentales, no sólo los que usted ha dicho, sino alguno que otro más que puede salir, estamos hablando de cifras muy superiores. Estamos hablando de unos fondos que vienen derivados de la Lofca, que después de casi 20 años todavía no están suficientemente dotados.
Creo que es necesario, señor ministro, un impulso a este grupo de trabajo en la definición técnica de los servicios públicos fundamentales de los estándares y de los costos y unas dotaciones presupuestarias mucho más acordes que las meramente simbólicas hasta la actualidad. Pensar que los desequilibrios de servicios públicos fundamentales, consecuencia de muchos factores, pero entre ellos de transferencias desequilibradas, van a poderse abordar con cifras como las que S.S.
me dice de 20.000 ó 30.000 millones es estar fuera de la realidad, porque tendremos que hablar, con toda seguridad, de centenares de miles de millones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias.
Comprendo la argumentación de S.S. y, en efecto, el artículo 15 de la Lofca, que se hizo un poco con base en algún precedente semejante, como el método alemán, quizá tenga una aspiración que es difícil lograr con los medios que se ponen a disposición. Debo decirle, de paso, que en Alemania todavía no han resuelto este mismo problema y nosotros tomamos un poco la idea de lo que ellos estaban haciendo.
Yo creo que en el futuro, como tenemos que tener una discusión sobre financiación autonómica, este debe ser uno de los temas que pongamos sobre la mesa, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los partidos -es un buen lugar para discutirlo-, porque así es posible que pudiéramos encontrar una solución, que nunca será fácil.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCÈ PIGEM I PALMÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA QUE LA CAMPAÑA MEDIÁTICA "TOLERANCIA CERO" FRENTE A LAVIOLENCIA DOMÉSTICA PRESENTE IMÁGENES Y MENSAJES FOCALIZANDO A LAS MUJERES Y A LOS HIJOS ÚNICAMENTE COMO VÍCTIMAS Y NO TRANSMITIENDO UNA IMAGEN EN POSITIVO QUE LES PRESENTE COMO SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA? (Número de expediente 180/000356)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la número 28, que formula doña Mercè Pigem i Palmés.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, estos días se ha estado realizando la campaña mediática de tolerancia cero frente a la vio-

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lencia doméstica. Apoyamos esta iniciativa y desearíamos, al igual que ustedes, que fuera un instrumento eficaz en la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Esta iniciativa, por lo demás, está en sintonía con la resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 1997, que recomienda estas campañas como una de las medidas para incidir en la prevención de la violencia que se da en el seno de la familia. Ahora bien, el concreto contenido de la campaña nos plantea algunos interrogantes que deseamos trasladar al señor ministro.
La campaña presenta unas imágenes fuertemente impactantes. Este impacto, que no dudamos que es voluntariamente buscado para que el mensaje pueda desplegar toda su eficacia, a juicio de algunos profesionales puede plantear un riesgo de emulación de estas conductas así como un riesgo en la percepción que puedan tener los niños y niñas acerca de la presentación generalizada de los hombres como agresores. Además de estos riesgos, que no dudamos que habrán sido convenientemente valorados, el contenido del anuncio es a nuestro juicio globalmente desesperanzador y fatalista, focalizando a las mujeres y a los hijos únicamente como víctimas, sin que se visualice ninguna solución. En este sentido se aparta de las recomendaciones que se daban en la mencionada resolución del Parlamento Europeo, en la que se decía que en estas campañas se debía intentar proyectar una imagen en positivo de las mujeres, un mensaje que las presente como supervivientes de la violencia y no únicamente como víctimas, y un mensaje en el que también se recogiera la prevención de la violencia así como la posibilidad de que los agresores, frente al rechazo y aislamiento social al que les condenará su conducta, tengan tratamiento y rehabilitación. En definitiva, un planteamiento impactante pero con soluciones en positivo.
Por todo ello, señor ministro, quisiéramos conocer cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para que la campaña mediática frente a la violencia doméstica presente imágenes y mensajes focalizando a las mujeres y a las hijas e hijos únicamente como víctimas y no transmitiendo una imagen en positivo que les presente como supervivientes de la violencia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señora Pigem, vaya por delante que comparto la mayor parte de la reflexión que ha establecido. Podría haber sido otra de las dimensiones que tiene el problema de la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres objeto de una campaña publicitaria, que al menos, como usted también reconocía, sí que ha tenido la virtud o el mérito de no pasar desapercibida.
La primera de estas campañas, como bien recordará, hizo un especial énfasis en la necesidad de producir denuncias, en explicar incluso las facilidades que el Estado debe dar para que se produzcan de manera efectiva estas denuncias. La segunda enfatizó sobre un aspecto también muy importante, la existencia de recursos sociales y especialmente de muchos y buenos profesionales dispuestos a ayudar a las mujeres y a las familias que sufren esta indignidad. Y la de este año ha querido mantener muy alto, lo más alto posible, el nivel de intransigencia que tiene que tener la sociedad frente a la violencia doméstica o la violencia de género.
No debemos admitir ningún genero de violencia, pero creo que también es especialmente indeseable la violencia de género. Y se ha querido hacer explicando que los efectos indeseables alcanzan no solamente al género femenino, a las mujeres, sino también a los niños. Hemos tomado precauciones; hemos tomado la precaución de consultar al Colegio de psicólogos sobre algunos aspectos de emotividad y de afectividad que conlleva. La respuesta que hemos recibido es que era proporcional, cumplía con el objetivo de no pasar desapercibida, pero podía y debía realizarse. También hemos buscado, como recomendación, que las franjas horarias de emisión fuesen las más adecuadas, insisto, hasta donde nos es posible influir sobre los distintos medios de comunicación.
Coincido con la última parte. Quedan todavía dimensiones que no han sido abordadas y que yo estoy seguro de que en el futuro tendrán cabida adecuada en nuestras campañas. Y especialmente coincido con que, al igual que en cualquier otro género de delincuencia, el objetivo de reinserción tiene que ser un objetivo deseado y deseable.
Ciertamente, hoy estamos todavía lejos de esa situación. Es elevado el número de personas que -recojo el enunciado de su pregunta- desgraciadamente no podemos presentar como supervivientes sino como simples víctimas. Me permito recordar la elevada cifra de mujeres que han perdido este año su vida. Yo creo que con la colaboración y el diálogo político de todos podremos seguir perfeccionando un camino difícil pero necesario.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Pigem, le quedaban nueve segundos. (Pausa.) Gracias.


- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA ADOPTADO LAS MEDIDAS PRECISAS PARA QUE A

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LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD DEL MENOR SE GARANTICEN DE MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS RECOGIDOS EN LA MISMA? (Número de expediente 180/000339)

La señora PRESIDENTA: Pregunta al señor ministro de Justicia, la número 16, que formula el diputado don Jaime Javier Barrero López.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, gracias.
Señor ministro, la pregunta es: ¿Considera el Gobierno que ha adoptado las medidas precisas para que a la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal del menor se garanticen de manera efectiva los derechos recogidos en la misma?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta, señoría, el Gobierno ha adoptado todas las medidas que le corresponde para garantizar de manera efectiva los derechos recogidos en la Ley de responsabilidad penal del menor. Ha desarrollado lo que en el ámbito de sus competencias son las previsiones de promoción legislativa, de dotación de medios personales y materiales, así como las dotaciones presupuestarias para que la entrada en vigor de esa Ley sea garantizada en su plena efectividad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, no es así como piensan ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los consejeros de las comunidades autónomas responsables y competentes en la materia, ni el Consejo Fiscal. Usted sabe que cuando esta ley entre en vigor va a significar un mayor esfuerzo para las comunidades autónomas en la reeducación y en las medidas de internamiento para jóvenes de 14 hasta 21 años. Todos ellos piensan que se precisa de una transferencia económica mayor, porque las competencias han aumentado y por lo tanto es una obligación del Estado ser solidario con las comunidades autónomas también en estos fines.
Para que realmente creamos en las medidas de tratamiento de los menores y en sus medidas reeducativas, señor ministro, tiene que ser solidario usted con las comunidades autónomas y transferirles dinero.
Esto es exactamente lo que le han pedido las comunidades autónomas el 7 de septiembre, en una reunión a la que usted no asistió, pero sí otros responsables del Gobierno. Además, todas las comunidades están de acuerdo en que esto también forma parte de sus competencias. El 7 de noviembre, en el Senado, todos los grupos parlamentarios, excepción hecha del suyo, pidieron a su Ministerio y al Gobierno que hiciera el esfuerzo de transferir medios para que podamos cumplir una labor constitucional que es reeducar a los menores y medidas de tratamiento con los mismos.
Señor ministro de Justicia, ¿qué va a hacer a un mes vista? Tiene que ser usted, insisto, y lo hago sólo con el ánimo de apoyar y procurar utilidad en esta posición y animarle a que tome de verdad las riendas de su Ministerio y no se ocupe de otros asuntos. Hay comunidades preocupadas, menores que pueden no tener sus derechos garantizados, y usted tiene una responsabilidad, como la tienen las comunidades autónomas, en este tema. Señor ministro, no sea un ministro inmovilista, se lo digo con aprecio. Sea un ministro no bloqueado sino responsable y solidario con las comunidades, que, como usted, tienen competencias en esta materia.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta, señoría, la mejor forma de ser solidario con los menores es cumplir cada uno con las obligaciones que la ley que ha aprobado esta Cámara nos ha impuesto a cada una de las administraciones en el ámbito de sus competencias. Nosotros hemos cumplido, tal como le he dicho, las que esta Cámara atribuía al Gobierno, al Ministerio de Justicia.
Usted era diputado en ese momento y las conoce. Le recuerdo que se dividen en cinco grandes áreas.
Promoción legislativa. Están tramitándose en las Cortes Generales los proyectos de ley de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial y del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para introducir las modificaciones derivadas de la nueva norma. Respecto a los órganos judiciales y de plantillas, el pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se crean 31 nuevos juzgados de menores, que incrementan los ya actuales 38 y asegurarán al menos un juzgado por cada provincia. Estos juzgados se van a dotar con el personal necesario para cubrir sus funciones. Por otra parte, el Real Decreto 1.119 ha creado 36 nuevas plazas de fiscales, para reforzar los medios de que dispone el ministerio fiscal. Igualmente, vamos a incrementar en 129 plazas la plantilla orgánica del ministerio fiscal, ampliación que tendrá continuidad, como es lógico, en los años sucesivos. Para el año 2001 se producirá una ampliación de dotación de 40 plazas en las categorías de psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que incrementarán las

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212 plazas de este personal que prestan servicios en la actualidad.
En el área de formación, el Centro de Estudios Jurídicos ha venido desarrollando durante al año 2000 dos seminarios, ocho cursos monográficos, que finalizan precisamente hoy y a los que han asistido más de 160 fiscales, así como cursos para el resto del personal funcionario.


En cuanto a medios materiales,...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULAAL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE Y RESOLUTIVO PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN CANARIAS? (Número de expediente 180/000332.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, pregunta número 9, que formula la diputada doña María del Mar Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la pregunta es: ¿Qué medidas de carácter urgente y resolutivo piensa adoptar el Gobierno ante la situación de la inmigración en Canarias?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, la primera y más inmediata va a ser la aprobación en los Presupuestos Generales del Estado, en una enmienda en el Senado, de la ampliación del Plan de seguridad integral para Canarias, por un importe de 500 millones de pesetas. Evidentemente, vamos a seguir, como tendré ocasión luego de decírselo, vamos a ampliar los programas de acogida y de inserción de inmigrantes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Señor ministro, hacemos la pregunta porque la situación requiere, como sabe, adoptar medidas urgentes y resolutivas. En ese sentido, lógicamente nos alegra y valoramos muy positivamente la medida que nos acaba de enunciar. Seguro que estaremos también de acuerdo en que no se trata de crear alarma social, ya que es responsabilidad de todos afianzar la cultura de la tolerancia, no hacer demagogia ni uso partidista del problema. Si es éste el sentido, el de la responsabilidad, con el que debemos continuar el desarrollo y el debate de la Ley de Extranjería, con este mismo sentido hay que adoptar otras medidas urgentes. El número de personas que llega en pateras está aumentando y también el número de las que mueren en el intento. La procedencia de los que llegan a Canarias ha cambiado. Antes eran fundamentalmente marroquíes, ahora son subsaharianos. ¿Cuál es la principal diferencia? La propia Delegación del Gobierno lo ha puesto de manifiesto: las dificultades de devolución. Canarias se convierte en un punto de entrada de inmigrantes, con difícil salida. Muchos de ellos con expedientes de expulsión, pero no pueden ser expulsados, quedan en Canarias como conocidos irregulares. Recordemos los últimos acontecimientos ocurridos en Canarias, producto de que la situación de ilegalidad conlleva a un círculo vicioso de marginalidad, pobreza, indigencia, actividades delictivas para sobrevivir, circunstancias que ocasionan, en última instancia, la confrontación social. La situación sabemos que es complicada y de delicada solución. No se trata ni de premiar ni de fomentar la inmigración irregular, pero es urgente que desarrollemos medidas para evitar la exclusión social de los inmigrantes irregulares. Queramos o no, están ahí.
Es urgente el apoyo para una mayor cofinanciación para habilitar plazas de centros de acogida. Es urgente que empiece a ser una prioridad de la política exterior española el África subsahariana, convenios de repatriación ligados a cooperación, más medios para el control de las fronteras, establecer con claridad y periodicidad los cupos de inmigrantes para ocupar puestos de trabajo que este país pueda absorber.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, como me pedía medidas de carácter resolutivo, trataré de enunciar, lo más rápidamente posible, un conjunto de ellas en el ámbito de la seguridad en particular y, posteriormente, en el ámbito de lo que es ya la acogida y lo que significa la atención de extranjeros.
En el ámbito de la seguridad, quiero comunicarle que se van a incorporar a la Jefatura Superior 35 nuevos inspectores, que se va a incrementar un número a determinar de funcionarios en las comisarías de Playa de las Américas y de Arrecife, que se van a incorporar cinco nuevos vehículos K para Tenerife sur. En el ámbito de Guardia Civil, se van a cubrir 108 vacantes de la Comandancia de Tenerife. Está previsto una inversión de 75 millones para vehículos ligeros y se va

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a adquirir un conjunto de instrumentos, radares, cámaras de visión nocturnas tanto para Lanzarote como para Fuerteventura.
En cuanto a acogida y detención de extranjeros, se ha ampliado el número de plazas para acogida en Canarias de 250 a 300. Se ha puesto en marcha una red de albergues de titularidad pública y en Tenerife se va a crear un centro de estancia temporal de inmigrantes con una capacidad de más de 100 plazas. En el día de ayer se llegó a un acuerdo para la construcción de este centro, cuyo coste ascenderá a 700 millones de pesetas y que financiará el Imserso, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO POSITIVO EL BALANCE DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE HA APLICADO DURANTE LOS AÑOS QUE LLEVADE TITULAR EN EL MINISTERIO? (Número de expediente 180/000337)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don Victorino Mayoral Cortés.
Señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señor ministro, ¿considera S.S. positivo el balance de la política de seguridad ciudadana que ha aplicado durante el tiempo que lleva de ministro? Yo me anticipo y considero que S.S. me va a decir que ha sido muy positiva, porque S.S. es, pienso yo, el ministro del Interior más feliz de toda Europa occidental.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, probablemente, para parlamentario serviría; para psicólogo, le aseguro que no sirve, señor diputado.
Le quiero decir que la evolución de la suma de delitos y faltas en el período de 1996 a 2000 arroja, por primera vez, un crecimiento prácticamente cero.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Evidentemente, después del déficit cero, vamos al crecimiento cero de inseguridad. Pero esa es la apariencia que S.S. pretende dar a esta Cámara y a la opinión pública; la realidad es mucho más cruda, señor ministro. La realidad es que su Ministerio funciona sin brújula. Su Ministerio desconoce cuál es la cifra real de criminalidad en España.
No tiene datos completos ni fiables. Además, los datos que tiene el fiscal general del Estado contrastan y desmienten absolutamente la evolución de la criminalidad que ustedes están ofreciendo al país.
No solamente no tienen datos fiables y seguros, y por tanto desconocen la realidad, sino que, además, desconocen el crecimiento, los datos, los indicios, lo que dice el fiscal general del Estado de los procedimientos que se han iniciado, que son un 7,7 por ciento más en 1999 que en 1998, en todo tipo de delitos, que figuran en la memoria del fiscal general del Estado, memoria que S.S. se ve obligado a descalificar y a ignorar, porque ahí están los números que contrastan lo que es la presentación más o menos maquillada que ustedes están haciendo de los datos en materia de seguridad ciudadana. Esos son los datos y esas son las realidades: desconocimiento, falta de brújula, crecimiento de la inseguridad ciudadana en nuestro país.
También hay hechos más graves, señor ministro. Impunidad. Tenemos un alto índice de impunidad. El 50 por ciento de las diligencias y procedimientos abiertos ante los juzgados y tribunales quedan archivados por falta de autor conocido. Desprotección. El horario de la Policía 2000 es muy pequeño, no abarca los fines de semana.
Finalmente, hay del orden de 8.000 vacantes en el cuerpo nacional de Policía.
Su señoría es una estrella con pies de barro y lamento decirle que su gestión en estos años ha sido pobre y mediocre y que no está a la altura ni mucho menos de la imagen construida. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señoría.
Las cifras que he trasladado hoy y que trasladé ayer constituyen, como usted bien sabe, la aplicación de un programa estadístico que aprobaron ustedes en el año 1985 y por el que ustedes trasladaban todos los años los datos a la opinión pública desde la Secretaría de Estado de Seguridad, como nosotros hacemos. Así, exactamente igual de fidedignos son nuestros datos que los que ustedes han dado durante diez años, porque ese programa no se ha modificado.
Usted sabe muy bien, porque ayer tuvimos cuatro horas de debate sobre estas cuestiones, que la Fiscalía General del Estado no mide esencialmente el nivel delincuencial, sino el de litigiosidad en los tribunales, referido a los delitos. Le voy a dar unas cifras parciales y unas cifras totales, señoría. Cifras parciales: en el

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año 2000 se han cometido 60.122 infracciones penales menos que en 1999. El número de delitos y faltas ha descendido este año un 4 por ciento respecto al año anterior; un 5 por ciento en delitos y un 3 por ciento en faltas. Los delitos contra el patrimonio han disminuido un 5 por ciento; hemos tenido 30.000 robos menos que el año pasado.
En el cuatrienio 1993-1996, hemos tenido una elevación de la delincuencia del 14 por ciento; en el cuatrienio 1997-2000, el crecimiento ha sido cero, señoría. Si se refiere al sentimiento subjetivo de inseguridad, la encuesta de hoy del CIS dice que si, en el año 1995, 38 de cada 100 españoles situaban en su prioridad el problema de la delincuencia, hoy son once, señorías.
Las cifras, que siempre son orientativas y que no nos deben hacer caer en la euforia, mucho menos deben hacernos caer, señoría, en la demagogia y en el catastrofismo que usted acaba de hacer. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE PAJÍN IRAOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ INSTRUCCIONES SE DIERON A LA POLICÍA QUE CAUSARON LA REPRESIÓN DESPROPORCIONADA EN LA MANIFESTACIÓN QUE TENÍA LUGAR EL PASADO DÍA 26 ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN LA QUE SE RECLAMABA LA ABOLICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA? (Número de expediente 180/000358)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada doña Leire Pajín Iraola.
Señora Pajín.


La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el domingo pasado los ciudadanos de este país veían conmocionados imágenes en la televisión de la brutal carga de la policía contra ciudadanos jóvenes que de forma pacífica estaban haciendo una manifestación por una causa justa y solidaria que yo comparto; imágenes que son propias de una época que no viví -otros compañeros de mi partido sí-, pero que desde luego no estoy dispuesta a aceptar en plena democracia. Por eso le pregunto: ¿qué instrucciones se dieron a la policía que causaron la represión desproporcionada en la manifestación que tenía lugar el pasado día 26 ante el Congreso de los Diputados?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, la intervención policial fue necesaria ante la presencia de los manifestantes en la escalinata del Congreso y ante lo que pretendían hacer. Ahora bien, señoría, se produjo algún comportamiento de algún policía que sin duda pudo ser excesivo y por ello se ha abierto un expediente informativo y se ha cesado al responsable operativo que ordenó la intervención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Pajín.


La señora PAJÍN IRAOLA: Señor ministro, su respuesta no puede tranquilizar a los ciudadanos, porque no es un hecho aislado; a usted se le están acumulando aquí las comparecencias y las preguntas por hechos similares. El problema es que está habiendo un aumento de agresividad por parte de la policía desde que el señor Francisco Javier Ansuátegui es delegado del Gobierno en Madrid. Perdone que le diga que esto responde absolutamente a una orientación clara del Ministerio del Interior para que se dejen de hacer manifestaciones en Madrid, como pone de manifiesto el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, cuando dice que lo único que le preocupa al Partido Popular es el número de manifestaciones que se hacen a lo largo del año en la capital. Coincide, además, con un momento en el que los ciudadanos están preocupados por la política del Gobierno.
Señor ministro, se está intentando desde el Ministerio del Interior claramente reprimir las manifestaciones de los ciudadanos en este país y eso es muy grave. Así lo han denunciado los propios sindicatos de la policía que se encuentran estresados por estas órdenes que desde su Ministerio se lanzan. Le voy a decir más, señor ministro, usted no ha rectificado, usted quiere matar al mensajero suspendiéndolo cautelarmente, y el problema viene de su Ministerio y de su delegado del Gobierno. Por tanto, le pido y le exijo que rectifique por el bien de los ciudadanos de este país, de la democracia y de la libertad de expresión.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, siempre sucede lo mismo ante el relato de estos hechos, hay una lectura parcial de los mismos por parte de ustedes.
La manifestación se había desarrollado con absoluta normalidad hasta la plaza de Neptuno. Había una comunicación a la Delegación del Gobierno. La policía protegió el ejercicio de ese derecho. No hubo ni un solo incidente, señoría. El problema surge cuando un grupo

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de cien personas se salta el cordón policial e inicia una manifestación paralela, que no está ni prevista ni comunicada. La policía presencia como ese grupo trata de acceder al Congreso y como pretende empapelar la fachada del mismo. La policía trata de dialogar con los manifestantes para que desalojen la escalinata del Congreso.
No le hacen caso, señoría, y en ese momento es cuando necesariamente tiene que intervenir.
Del relato parcial de los hechos pasa usted a una descalificación personal y universal, pero yo no entraré en el terreno de la descalificación ni de la demagogia universal, pero permítame que le diga que el Gobierno ha sabido diferenciar en esta intervención y ha hecho un esfuerzo, porque es su obligación, y ha separado que la actuación fue necesaria y que por parte de alguno de sus miembros fue probablemente improcedente. Yo les pediría a ustedes también que, además de controlar al Gobierno, entiendan primero en un día como hoy -que ésa evidentemente es su obligación- que venir a empapelar el Congreso es una ofensa democrática que es gratuita, absurda e intolerable, y la primera obligación de las fuerzas de seguridad del Estado en esa situación es evitar que lo consigan, señoría.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON NEFATLÍ ISASI GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ FORMA AFECTA EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONALALACOMUNIDAD AUTÓNOMADE LA RIOJA? (Número de expediente 180/000350)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, dirigida al señor ministro de Medio Ambiente, que formula el diputado don Neftalí Isasi Gómez.
Señor Isasi.


El señor ISASI GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Medio Ambiente, es un hecho cierto que en España se vierten al mar casi 100.000 hectómetros cúbicos al año, de la misma forma que es un hecho cierto que cíclicamente se padecen importantes períodos de sequía provocando graves desequilibrios en el abastecimiento de agua. Por ello, el Gobierno de José María Aznar, aun sabiendo la complejidad de la empresa que acometía, ha tenido la ambición política y la valentía de plantear a la sociedad española un gran debate nacional con la vocación de que comencemos el siglo XXI con un Plan hidrológico nacional aprobado y en ejecución, de tal forma que, tras más de cien años de múltiples propuestas para tratar de resolver los problemas de desequilibrios territoriales en el reparto del agua en España, esté garantizado el derecho de todos los españoles a disfrutar de agua de boca suficiente y de calidad.
Desde el Grupo Popular, señor ministro, no vamos a permitir la patrimonialización del río Ebro por parte de ciertos dirigentes políticos, que, mediante la mentira y la tergiversación de los datos reales del plan hidrológico, pretenden jugar con los sentimientos territoriales de los ciudadanos para enfrentar a los españoles, haciendo política partidista de un asunto de Estado. ¿Se han planteado esos dirigentes políticos que tanto gritan en la calle qué sería del Ebro al paso por su región sin la solidaridad de Cantabria, con su regulación en cabecera, o las aportaciones de Castilla y León, del País Vasco, de La Rioja o de Navarra? Señoras y señores diputados, señor ministro, el Ebro también es riojano y, por serlo, es español y, por lo tanto, de todos los españoles, porque le corresponde al Gobierno de la nación garantizar el derecho y acceso de todos al agua. En ese sentido le pregunto, señor ministro de Medio Ambiente, en qué forma beneficiará el Plan hidrológico nacional para el presente y el futuro a La Rioja y a los riojanos.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el objetivo que persigue el borrador del proyecto que hemos presentado al Consejo Nacional del Agua en La Rioja y en todo el territorio nacional es determinar las necesidades del recurso y acometer las inversiones y actuaciones necesarias para satisfacerlas, garantizando la disponibilidad del agua para atender los diferentes usos y demandas presentes y futuros. En este sentido, en este proyecto del PHN y concretamente en su programa de inversiones 2000- 2008 se contemplan inversiones en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en su entorno por un importe de 47.000 millones de pesetas. En el ámbito de la comunidad autónoma, de esta cantidad, cerca de 15.000 millones de pesetas se destinan a obras de regulación con la construcción de las presas de Terroba, Enciso y la regulación del Oja. Asimismo se regulan todos los ríos de la comunidad autónoma disminuyendo los riesgos de avenidas y garantizando el abastecimiento de agua de calidad y el caudal ecológico de las cuencas. A ello debe agregarse el beneficio para La Rioja de las obras de regulación en Castilla y León, concretamente Cigudosa-Valdeprado en Soria y Villagalijo en el río Tirón. Otros 10.000 millones de pesetas se invertirán en actuaciones para mejora y modernización de regadíos, básicamente en la red de tuberías en la zona regable del Najerilla y en el canal de Lodosa. A saneamiento y depuración se destinan 7.165 millones

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de pesetas con la EDAR de Logroño y Calahorra y el saneamiento del río Cidacos. Finalmente, 1.322 millones de pesetas están destinados a desarrollar un programa de control y calidad de las aguas. Asimismo estamos estudiando la inclusión de abastecimiento a municipios de la cuenca del río Oja y a municipios de la zona de influencia de la presa del Enciso. En definitiva, son 47.000 millones de pesetas que van a resolver los problemas de disponibilidad y calidad del agua en La Rioja y que van a garantizar la satisfacción de los usos y demandas del recurso del presente y del futuro.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores. (El señor Isasi Gómez pide la palabra.) Señor Isasi, le quedaban escasamente 10 segundos.


El señor ISASI GÓMEZ: Sí, señora presidenta, sé que me quedaba algo de tiempo. Quería solamente agradecer al señor ministro de Medio Ambiente la sensibilidad que ha tenido para con La Rioja y sepa que desde La Rioja apoyaremos el Plan hidrológico nacional; que más del 80 por ciento...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi.


- DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFAAGUADO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN EN POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN? (Número de expediente 180/000343)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula la diputada doña Josefa Aguado del Olmo.
Señora Aguado.


La señora AGUADO DEL OLMO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, los Estados miembros de la Unión Europea manifestaron con el Tratado de Maastricht una voluntad política muy significativa al enriquecer la construcción europea con una dimensión de política exterior y de seguridad dentro de la Unión Europea; la confirmaron en Amsterdam el 2 de octubre de 1997, firmando el Tratado de Amsterdam, por el que se modifica el Tratado de Maastricht. Sin embargo, la voluntad política manifiesta en las negociaciones que los tratados no se han plasmado siempre en una voluntad política cotidiana cuando la Unión Europea debe actuar en el plano internacional. En la actualidad, se está reflexionando sobre la forma de mejorar el funcionamiento de la política exterior y de seguridad común, reflexión que en la presente Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional que se inició el pasado 14 de febrero ha quedado íntimamente ligada al concepto de cooperación reforzada, mecanismo que constituye un instrumento de flexibilidad indispensable para la futura Europa ampliada, por el cual se posibilita que aquellos Estados miembros que así lo deseen puedan avanzar en la integración e incluso que otros no puedan o no quieran hacerlo en el mismo momento.
El señor ministro de Asuntos Exteriores informó en esta Cámara el pasado 31 de mayo sobre este tema que está en el fondo del debate sobre la construcción europea en los próximos meses y años, aclarando que el Gobierno tenía una posición favorable a la cooperación reforzada en materia de política exterior común de seguridad y defensa. Posteriormente, unos días antes de la celebración del Consejo informal de Biarritz, el señor ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea el pasado 3 de octubre informó que posiblemente fuera en el concepto de las cooperaciones reforzadas donde se había constatado una mayor evolución desde el inicio de la Presidencia francesa, volviendo a resaltar que es en el ámbito de la política exterior y de seguridad común donde puede resultar más útil el recurso de este mecanismo.
Más avances se han conseguido en este ámbito en los últimos días, como se pone de manifiesto en la nota de la Presidencia francesa, con ocasión de la reunión ministerial de la Conferencia europea. Como nuestro país ha defendido desde hace tiempo la necesidad de impulsar la política exterior y de seguridad, señor ministro, ¿cuáles son las propuestas del Gobierno español en el seno de la Unión Europea para reforzar la cooperación en política exterior y de seguridad común? Gracias.


PRESIDENTA: La señora Muchas gracias, señora Aguado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias señoría por su pregunta, porque trata usted un tema muy importante, ya que es uno de los puntos esenciales que vamos a tener que acordar en la cumbre de Niza la próxima semana dentro de la Conferencia Intergubernamental, que es el relativo a las cooperaciones reforzadas. Las cooperaciones reforzadas son un mecanismo que permite que de manera compatible con la ampliación de la Unión Europea -hoy somos quince, pero podemos acabar siendo veinticinco, veintisiete, veintiocho o treinta en un plazo relativamente breve- pueda haber una serie de países que decidan ir más rápido en determinados esquemas de integración, de tal manera que el ritmo de la integra-

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ción no lo marquen los países más lentos, sino aquellos que están dispuestos a profundizar. Como es lógico, eso implica algo que ya existe, que es la Europa de las diversas velocidades, pero es muy importante que no sea un mecanismo discriminatorio; es decir, podemos aceptar que haya varias velocidades, pero es muy importante que todos los países que estén dispuestos a incorporarse a velocidades superiores a las que han ido puedan hacerlo en cualquier momento. Eso supone no quebrar lo que es el corazón de los tratados, las políticas comunes o el mercado interior, que no pueden ser objeto de cooperación reforzada, pero sí en cambio introducir elementos de flexibilidad y de ambición en temas tales como la política exterior y de seguridad común o en temas relacionados con el tercer pilar o con el primero, como puede ser política industrial y política científica y tecnológica. En ese contexto España está muy interesada en propiciar una cooperación reforzada en el segundo pilar, en las materias de seguridad y de política exterior y, sobre todo, de defensa, porque para nosotros es extraordinariamente importante. Por ello hemos sido el primer país de la Unión Europea en presentar un mecanismo de cooperación reforzada. Se han añadido las propuestas de Italia y Alemania, que parten de la iniciativa española, y eso es lo que vamos a discutir. No le oculto que hay reticencias de países neutrales, pero estoy seguro de que las vamos a poder superar sobre la base de que es muy importante que consolidemos una política exterior y de defensa común y lo hagamos desde la solidaridad y desde un profundo europeísmo.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON PÍO PÉREZ LASERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE INTRODUCIR EN LOS TRATADOS FUNDADORES UN MECANISMO DE VIGILANCIA Y ALERTA QUE EVITE EL MECANISMO DE LAS SANCIONES Y DE LAS PUESTAS EN OBSERVACIÓN APROVECHANDO LA ACTUAL CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL (CIG) (Número de expediente 180/000344)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don Pío Pérez Laserna.
Señor Pérez.


El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la situación que se produjo en el seno de la Unión Europea a raíz de la participación en el Gobierno austríaco del ultraderechista partido liberal, Partido de la Libertad, que mantuvo consignas xenófobas durante la campaña electoral, derivó en la aplicación de sanciones bilaterales contra Austria por sus socios comunitarios que con el transcurso del tiempo se hicieron insostenibles, ya que fueron adoptadas sin ninguna base legal.
Teniendo muy presente la situación acaecida y para evitar que en el futuro se pueda volver a producir una parecida, la Comisión Europea propuso el pasado día 4 de octubre reforzar el actual mecanismo de sanciones existente en el Tratado de la Unión Europea con la modificación del actual artículo 7 del tratado, el cual prevé la suspensión de algunos derechos del Estado miembro, incluyendo los de voto, donde se constate una violación grave y persistente de los principios fundacionales de la Unión Europea, de tal manera que este se pueda aplicar no sólo en el caso de violación consumada de los derechos humanos, sino también y con carácter preventivo cuando se considere que hay un grave peligro de que vayan a ser transgredidos los principios fundamentales en la Unión Europea.
La Comisión precisa en su propuesta la necesidad de que la iniciativa esté respaldada por una tercera parte de los países de la Unión Europea, del Parlamento Europeo o de la propia Comisión para que posteriormente el Consejo pueda aprobar, por mayoría de dos tercios, que existe una amenaza de violación por parte de un Estado de los principios de la Unión, desembocando este mecanismo en la adopción de una recomendación dirigida a un Estado miembro para que tome las medidas que considere oportunas destinadas a evitar la citada violación y que en caso de no aplicarse por el país en cuestión, pueda dar lugar a la suspensión de derechos del Estado miembro, como actualmente aparece regulado en el artículo 7 del Tratado de la Unión. Anteriormente a la propuesta de esta Comisión, Bélgica y Austria hicieron propuestas sobre el tema en cuestión. Así, Bélgica propuso un sistema de alerta previa frente al peligro de organizaciones radicales xenófobas que requería una mayoría cualificada de países miembros para lograr cualquier decisión y por su parte Austria presentó una propuesta más compleja desde el punto de vista jurídico, que describe un proceso riguroso para la imposición de sanciones a un Estado miembro. También el mismo informe de los tres sabios sobre el Gobierno austríaco, aprobado en París el 8 de septiembre de 2000, recomendaba el desarrollo de un mecanismo dentro de la Unión Europea para controlar y evaluar el compromiso de acción concreta de los Estados miembros de la Unión en relación con los valores europeos comunes, mostrándose partidarios los tres sabios de la introducción, y siempre dentro del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea...


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez. Ha concluido su tiempo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, el Tratado de Amsterdam introdujo por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro pudiera ser suspendido en determinado derechos si el Consejo Europeo constataba la existencia de una violación grave y persistente en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos que están en la base de la construcción europea. Los hechos acaecidos en Austria con un Gobierno de coalición, en el que participa un partido que puede poner en cuestión todos estos principios, ha puesto de relieve la conveniencia de completar el mecanismo previsto en el Tratado de Amsterdam, en concreto en su artículo 7, de tal manera que permita constatar la existencia en un Estado miembro de una amenaza de violación de los principios citados. La Conferencia Intergubernamental ha examinado diversas propuestas, como ya se ha dicho, presentadas por Bélgica, por Austria, por la Presidencia portuguesa y por la Comisión y en el debate celebrado en el cónclave ministerial del 8 de octubre se vio la existencia de un amplio acuerdo a favor de introducir en el tratado una disposición de este tipo.
Es cierto que hubo delegaciones -Reino Unido, Alemania, Dinamarca- que mostraron su oposición de principio o su escepticismo frente a esta propuesta. A todos ellos les preocupa que esta modificación del artículo 7 pueda ser percibida como una señal negativa por los países candidatos. Consideran también que el concepto de riesgo o amenaza es excesivamente vago para poder prestarse a la adopción de medidas de esta naturaleza y además, desde el punto de vista práctico, consideran que la experiencia austríaca demuestra que se puede actuar de forma rápida sin necesidad de modificar el tratado. Desde nuestro punto de vista estas son críticas que no están justificadas. Es una cuestión que ha tenido un eco especial en la opinión pública europea.
Los países candidatos no tienen por qué considerarse negativamente afectados ni se han manifestado en contra de ella; al contrario, esta innovación aportaría un mensaje muy positivo a favor del compromiso de la Unión con los valores de libertad, democracia y derechos humanos en los que está fundada. Lo importante ahora, por consiguiente, es preservar el principio y enviar un mensaje claro de que la Unión Europea no transigirá con ningún intento de alterar los valores fundamentales democráticos que compartimos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ACÍN BONED, DEL GRUPO PARLAMETARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO AL EMBARGO ECONÓMICO DE YUGOSLAVIA TRAS EL PROCESO DE APERTURA DEMOCRÁTICA QUE AHORA COMIENZA EN ESTE PAÍS? (Número de expediente 180/000345)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don Luis Acín Boned.


El señor ACÍN BONED: Señor ministro, el 24 de septiembre del presente año es una fecha que millones de ciudadanos yugoslavos no olvidarán.
La celebración de elecciones en ese día ha permitido en ese país lo que hoy podemos llamar una transición, un proceso de apertura democrática que día a día se va concretando y reforzando mediante la integración de Yugoslavia en el concierto internacional. Ahora bien, no hay que olvidar que los inicios de este proceso no fueron fáciles, ya que desde un principio no se reconocieron por parte del régimen de Milosevic los resultados de las elecciones que daban como ganadora a la oposición democrática de Serbia, liderada por Kostunica, el cual recibió el apoyo de la comunidad internacional. Así, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia coincidieron al declarar que los serbios habían votado en esas elecciones por el cambio democrático y que cualquier intento por parte de Milosevic de proclamarse vencedor sería considerado fraudulento. Sin embargo, como he dicho antes, los inicios no fueron fáciles. Milosevic intentó imponer una segunda vuelta de las elecciones, aun habiéndose visto obligado a reconocer la victoria de Kostunica, intento al que rápidamente reaccionó la Unión Europea, rechazando una segunda vuelta en Yugoslavia y reafirmando su apoyo al líder de la oposición. Pero tuvo que ocurrir un hecho, la decisión del Tribunal Supremo yugoslavo de anular las elecciones celebradas el pasado 24 de septiembre y ganadas por el opositor Kostunica, para que el pueblo serbio, en lo que se llamó revolución de Belgrado, saliera a la calle, ocupara el Parlamento, prendiera fuego al edificio de la televisión y todo ello ante la no oposición de la policía y la ausencia del ejército. Al mismo tiempo, Kostunica se proclamaba presidente de Yugoslavia ante su pueblo, con un Milosevic en paradero desconocido, proclamación que unos días después quedaría legitimada tras el juramento como presidente de Yugoslavia.
Europa ha apoyado desde un principio al líder opositor yugoslavo Kostunica y así lo ha refrendado con sus declaraciones y demás medidas, que afectaron al embargo económico impuesto al régimen de Milosevic. Por todo esto, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas ha tomado la Unión

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Europea respecto al embargo económico de Yugoslavia tras el proceso de apertura democrática que ahora comienza en este país?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Acín.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, a raíz del triunfo del ahora presidente de la República Federal de Yugoslavia, el señor Kostunica, y de la Plataforma Democrática II en las elecciones del pasado 24 de septiembre, así como de la toma de posesión de Kostunica el 7 de octubre, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea decidió el levantamiento de las sanciones impuestas contra la República Federal de Yugoslavia. Esa decisión que tomamos implicaba varias cosas. En primer lugar, el levantamiento de la prohibición de vuelos a y desde territorio yugoslavo, el levantamiento del embargo de productos derivados del petróleo, el levantamiento de la prohibición de inversiones y de la congelación de activos financieros de los que es titular el Estado yugoslavo y el levantamiento de las restricciones a las medidas de fomento a exportación, entre otras.
Sin embargo, el Consejo mantiene y creo que es natural y comprensible, una lista de prohibición de visados a determinadas personas que son las que están en el entorno, incluido él, del antiguo presidente Slobodan Milosevic. También se mantiene la congelación de activos financieros, por virtud de una lista coincidente en buena medida con la anterior, de los que es titular el ex presidente o su entorno inmediato. Quiero aclarar que, naturalmente, las personas que han sido objeto de un auto de procesamiento por parte del Tribunal de la Haya para la ex Yugoslavia continúan con esa condición de procesados, independientemente de las medidas cautelares a las que he aludido en el párrafo anterior.


En otro orden de cosas, la cumbre de Biarritz, del pasado 13 de octubre, determinó la donación de 200 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria para Yugoslavia. Principalmente, iba dirigida a asegurar la distribución de energía eléctrica y de gas, así como a subvenir las necesidades de refugiados y desplazados. El Consejo también ha adoptado un nuevo instrumento financiero, el llamado programa Cards, que hicimos público durante la reciente cumbre de Zagreb, que por un montante de referencia del orden de los 4.650 millones de euros para el período 2000/2006 va a canalizar toda la ayuda financiera de la comunidad en la región balcánica, incluida, por supuesto, Yugoslavia.
Finalmente el sistema de preferencias comerciales concedidas a la región de los Balcanes, aprobado por el reglamento del Consejo del pasado 19 de septiembre, también será extendido a la República Federal de Yugoslavia. Creo que debemos aprovechar una circunstancia histórica absolutamente nueva y que es muy importante, y es que, por primera vez, en la región todos los gobiernos tienen base democrática, por lo que tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para hacer lo que debemos hacer desde la comunidad internacional.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑAANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO PONER EN MARCHA LA RED DE ALERTA SANITARIA VETERINARIA? (Número de expediente 180/000352)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que formula la diputada doña Belén Vázquez Blanco.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2001, tal y como conocemos y reiteró usted hace dos semanas ante esta Cámara, contempla la creación de una red de alerta sanitaria veterinaria. Los recientes brotes de la encefalopatía espongiforme bovina en Francia y las muertes de los animales afectados por esta enfermedad en el país vecino y en el Reino Unido han ocasionado una preocupación en nuestra sociedad. En España, desde 1994, está prohibida la alimentación del ganado rumiante con piensos y harinas animales, que parece ser la vía de contagio de esta enfermedad en los animales vacunos.
Desde mi grupo, apoyamos las medidas de precaución que adoptó el Gobierno de cerrar la frontera con Francia e Irlanda y prohibir la importación de animales reproductores de más de veinte meses, porque el intenso comercio intracomunitario de animales vivos y sus productos puede suponer una amenaza para la cabaña nacional.
Cualquier medida que adopte el Gobierno para asegurar a la población una alimentación sana es siempre acogida con satisfacción por el conjunto de la sociedad, los sectores productivos y la clase política. Estoy segura de que el Gobierno y las comunidades autónomas están actuando y colaborando eficazmente para proteger a nuestra ganadería y a nuestros consumidores, pero creo y considero que el compromiso del Gobierno de poner en marcha una red de alerta sanitaria veterinaria es en estos momentos más necesario que nunca.
Con ello, estamos seguros, señor ministro, que

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cumple con su obligación de proporcionar y garantizar a la sociedad la alimentación segura que demanda. Es por eso por lo que deseo que usted, señor ministro, nos informe para cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha esta red de alerta y cómo va a ser su funcionamiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, señora diputada, en estos momentos y tras varias reuniones con las comunidades autónomas, estamos terminando de consensuar un proyecto de real decreto por el que se va a establecer el sistema de alerta en sanidad veterinaria. Creo contar ya con la unanimidad necesaria para que esta red pueda ser aprobada en la próxima conferencia sectorial y, por tanto, para que esté funcionando dentro del primer trimestre del año que viene.
Esta red va a constituir una medida más de seguridad alimentaria para nuestros consumidores nacionales, comunitarios y de países terceros.
Estará capacitada para afrontar con eficiencia las alertas sanitarias que puedan surgir en nuestra cabaña ganadera e impedir la propagación de epizootias. Se encargará de coordinar y efectuar el seguimiento de las medidas adoptadas por las autoridades competentes en materia de sanidad animal de las comunidades autónomas y de luchar contra una determinada enfermedad hasta el restablecimiento de la normalidad sanitaria. La vamos a dotar de un equipo técnico de veterinarios especializados que integrarán la red en coordinación con las comunidades autónomas. Para estos efectos, tenemos presupuestados para el año que viene 281 millones de pesetas que nos van a permitir incorporar 52 veterinarios especializados, además de financiar las inversiones en infraestructura que la red de alerta sanitaria veterinaria necesita. Esta red va a contar con un sistema informático que permitirá la recogida de datos epidemiológicos, la vigilancia de las enfermedades, la comunicación de aparición de focos, su localización geográfica, controles de movimientos de animales, establecimiento de medidas y seguimiento de la evolución de las epidemias.
Partimos de considerar que, siendo las comunidades autónomas competentes las encargadas de proceder a la declaración oficial de las enfermedades que aparezcan dentro de su ámbito territorial, se hace preciso sin embargo establecer una estructura organizativa que, desde el principio constitucional de coordinación, asesore a las administraciones públicas en la prevención de la aparición de epizootias o, en su caso, en la adopción de medidas urgentes en situaciones excepcionales de grave peligro de extensión en España de epizootias de alta transmisibilidad o difusión, ello, a fin no sólo de impedir su extensión sino de lograr la plena normalización sanitaria en todo el territorio nacional. Consideramos que es un instrumento muy valioso para la seguridad alimentaria. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿PODRÍA CONFIRMAR EL GOBIERNO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES ENTRE EL AEROPUERTO DE LA GOMERA Y LOS DE TENERIFE NORTE Y GRAN CANARIA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE LAS RUTAS AÉREAS ENTRE LAS ISLAS CANARIAS APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE 30 DE JULIO DE 1998. (Número de expediente 180/000328)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al ministro de Fomento.
En primer lugar, pregunta número 5, que formula el diputado don Paulino Rivero Baute.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, fruto de los acuerdos de Coalición Canaria y el Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Ministros del 10 de julio de 1998 declaró las rutas aéreas entre las islas Canarias obligaciones de servicio público. La declaración de obligación de servicio público faculta al Gobierno del Estado para garantizar los servicios entre las islas, fijando a la empresa o empresas adjudicatarias las líneas o rutas a cubrir, la frecuencia, el tipo de aviones a emplear y los precios máximos de los billetes. En dicha declaración se incluyó la ruta Tenerife Norte y La Gomera, con una frecuencia diaria y una oferta de 49.000 plazas/año, y la ruta Gran Canaria/La Gomera, con dos frecuencias diarias y la oferta de 99.000 plazas anuales. El 20 de noviembre, el cumplimiento de esta obligación se ha quebrado por el abandono de la compañía que prestaba los servicios. ¿Podría confirmar el Gobierno la continuidad de los servicios aéreos regulares entre el aeropuerto de La Gomera y los de Tenerife Norte y Gran Canaria, según las especificaciones de las obligaciones de servicio público de las rutas aéreas entre las islas Canarias, aprobadas por resolución del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, el vuelo 206 del 28 de agosto de 1998?

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, puedo confirmarle la continuidad, y precisamente para conseguir que esta continuidad tenga carácter inmediato, por una parte, se han abierto conversaciones entre el grupo Iberia y el Gobierno de Canarias y, por otra parte, está convocada la comisión mixta, creada en virtud del acuerdo a que ha hecho referencia S.S. del año 1998, que es la que debe examinar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y, en su caso, proponer la adopción de las medidas oportunas, todo ello con respeto a la normativa comunitaria vigente, sobre cuyo respeto nació este acuerdo; también las futuras decisiones deberán tener en cuenta el cumplimiento de esta normativa comunitaria que dio nacimiento a la declaración de obligaciones de servicio público.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, creo que es muy positivo que usted haya actuado con la máxima diligencia, convocando la comisión mixta creada al efecto para hacer un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones de servicio público entre el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, creo que no debemos remitirnos al resultado de esa comisión mixta, porque el Gobierno tiene instrumentos para obligar e imponer a Binter el cumplimiento inmediato de ese servicio.
El transporte interinsular, señor ministro, tiene un alto componente social; no tiene sólo un componente económico, un componente mercantilista, para las compañías. Por ello se alcanzó en su día un acuerdo entre su Gobierno y Coalición Canaria para esta declaración de obligación de servicio público. En Canarias es necesario cubrir las distintas rutas desde un punto de vista global. La línea con La Gomera es una línea deficitaria, Binter ha pasado de ganar 300 millones a más de 1.800 millones, por esta razón el Gobierno, teniendo en cuenta los acuerdos a los que llegamos en su momento, tiene en estos instantes la obligación moral de que Binter cumpla con esa línea.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, yo creo que es posible alcanzar el objetivo que perseguimos respetando las normas establecidas. Y yo quiero decirle que intentar atajos sólo conduce a empeorar la situación. Usted sabe que la Comisión Europea ha adoptado una decisión suspendiendo el contrato o limitando en el tiempo el contrato para prestar obligación de servicio público de Trasmediterránea con las Canarias. Lo cual quiere decir que hay que volver a elaborar un contrato -lo hemos discutido en Comisión y lo conoce S.S.- y sacar a concurso, con todos los requisitos, esta nueva oportunidad de que determinadas empresas cumplan el servicio público.
Esto es lo que tenemos que examinar en la comisión mixta. Y de las conclusiones de la comisión mixta deberán deducirse determinadas iniciativas, incluso la posibilidad de convocar un concurso entre compañías para dar cumplimiento a esas obligaciones de servicio en los tráficos interinsulares aéreos.
Lo que yo le garantizo, señoría, es que el Gobierno va a poner todos los medios para que, respetando la normativa vigente y los acuerdos que hemos alcanzado, se reponga el servicio con la isla de La Gomera.
Le garantizo esto y le garantizo el máximo respeto al cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Entre todos, vamos a procurar que ese cumplimiento se consiga en el plazo más breve posible, para lo cual las gestiones del Ministerio de Hacienda con la compañía Binter y el Gobierno de Canarias también ayudarán decisivamente en la solución urgente del problema.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DELDIPUTADO DON JOSÉ RIVAS FONTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONVENIO FERROVIARIO QUE ACTUALMENTE NEGOCIAN LA XUNTA DE GALICIA Y EL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/000346)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don José Rivas Fontán.


El señor RIVAS FONTÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, mi pregunta es para hablar del ferrocarril del siglo XXI a Galicia. En Galicia existe preocupación por el tema del ferrocarril a Galicia, desde Galicia o en Galicia. La verdad, señor ministro, es que yo esta pregunta la formulo en este foro con la seriedad que supone una sesión de control al Gobierno, puesto que en reiteradas ocasiones en Galicia se está intentando, con determinadas informaciones, producir confusión. Hace pocos días, señor ministro, hemos tenido conocimiento de que se estaba negociando un nuevo convenio entre el Ministerio que usted dirige y la Xunta de Galicia.
Por ello, le pregunto si puede adelantar a esta Cámara una respuesta sobre el contenido del proyecto

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de convenio ferroviario que se está negociando actualmente con la Xunta de Galicia.
Nada más, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivas.
Señor Álvarez-Cascos.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, con muchísimo gusto doy contestación a su pregunta, recordándole algunos antecedentes. Este Gobierno ha pasado de promover un plan de alta velocidad ferroviaria de 2.880 kilómetros, que era el plan de la Administración anterior, a impulsar un plan de alta velocidad ferroviaria para toda España de 7.198 kilómetros, en los términos establecidos por el decreto de interoperabilidad de alta velocidad traspuesto al ordenamiento jurídico vigente. De esos kilómetros, para la red de alta velocidad en el territorio de Galicia está previsto construir 704 kilómetros, que suponen una inversión de 501.000 millones de pesetas y que, sumados a los que es necesario añadir para el corredor Madrid-Valladolid-Puebla de Sanabria, suponen una inversión en el corredor desde la capital de un billón 100.000 millones de pesetas.
Cuando hay que hacer un esfuerzo de esta magnitud y desde la Xunta de Galicia se insta al Gobierno a dar cumplimiento lo antes posible a estos objetivos, parece natural que una institución responsable diga que está dispuesta no sólo a exigir, sino también a aportar. En este sentido, sobre la base de los convenios que ya existían en el año 1998, hemos procedido a una renegociación de los mismos, fruto de la cual es un proyecto de nuevo convenio que en estos momentos tramita el Gobierno para poner en marcha inversiones por 160.000 millones de pesetas, de los que la Xunta de Galicia aportaría 30.000 millones y 130.000 el Ministerio de Fomento. Con esos 160.000 millones se acometerían obras en la red convencional de Galicia por importe de 40.832 millones de pesetas y 119.000 millones estarían destinados a las mejoras inmediatas en la red de alta velocidad, concentradas en el eje atlántico, en el estudio informativo del tramo A Coruña- Ferrol, en el acondicionamiento a alta velocidad del tramo Santiago-A Coruña, Santiago-Villagarcía, VillagarcíaPontevedra y Pontevedra- Vigo, incluyendo el acceso a Vigo.
Este es el objetivo del convenio, señor diputado, que es un estímulo para este Gobierno, porque es verdad que las reclamaciones, las reivindicaciones y las peticiones territoriales para dotar a una comunidad de buenas infraestructuras deben ser atendidas por el Ministerio de Fomento.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO DE LICITAR LA EJECUCIÓN DEL TRAMO SALAMANCA-FUENTES DE OÑORO, DE LA CARRETERA NACIONAL 620? (Número de expediente 180/000347)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, la construcción de la autovía entre Salamanca y Fuentes de Oñoro es una vieja aspiración, una antigua y constante reivindicación de los salmantinos, constituyendo una infraestructura necesaria y esencial para Salamanca y para el conjunto de Castilla y León. Este tramo, como bien sabe el señor ministro, forma parte de la autovía de Castilla, de Burgos a Portugal, que está integrado a su vez en un itinerario europeo denominado E-80, que une Roma con Lisboa. Estamos, por tanto, señor ministro, ante un eje de comunicación de gran relevancia no sólo regional, sino también nacional e internacional, pues es una de las vías naturales de enlace entre Portugal y España con el resto de Europa; un eje de comunicación que soporta diariamente un elevado y creciente volumen de tráfico y, lo que es más grave, un acusado índice de siniestralidad, por lo que su conversión en autovía, además de suponer importantes mejoras para el tráfico nacional e internacional al reducir la duración de los trayectos, evitaría la pérdida de vidas humanas que venimos padeciendo al aumentar de manera decisiva la seguridad vial.
Pues bien, señorías, ha sido precisamente el Gobierno del Partido Popular quien está demostrando la voluntad política que otros gobiernos negaron para poder convertir en autovía este importante eje de comunicación. Fue el Gobierno del Partido Popular quien realizó la pasada legislatura un gran esfuerzo inversor ejecutando el tramo entre Tordesillas y Salamanca, con una inversión de más de 20.000 millones de pesetas. Y es el Gobierno del Partido Popular, del que usted señor ministro forma parte, quien ha incluido como prioritario dentro del Plan director de infraestructuras este tramo entre Salamanca y la frontera portuguesa, dentro de la red de alta capacidad, impulsando la redacción y aprobación de los proyectos necesarios para su conversión en autovía, que es el requisito imprescindible para que esta tarde podamos preguntarle por la posibilidad de ejecución de obras; obras y no sólo planes, a los que otros, antes, nos tenían tan acostumbrados. Obras, porque

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hay planos, porque hay proyectos aprobados y porque hay dotación presupuestaria.Por eso, señor ministro, le pregunto: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento de licitar la ejecución del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro, en la carretera nacional 620? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como sabe el señor diputado, el proceso para acometer la construcción de obras, especialmente de grandes ejes de comunicación como autovías, es un proceso que necesita completar sucesivamente una serie de etapas: la primera, el estudio informativo; la segunda, la información pública; la tercera, la declaración de impacto ambiental, y la cuarta, la redacción de proyectos. En el año 1996, el tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro no contaba con ningún proyecto. Por eso, el objetivo de este Gobierno fue licitar y adjudicar la redacción de todos los proyectos. Hoy puedo decirle a SS.SS. que los proyectos de los cuatro tramos: Salamanca- Aldehuela, Aldehuela-Martín de Yeltes, Martín de Yeltes-Ciudad Rodrigo y Ciudad-Rodrigo-Fuentes de Oñoro, están ya redactados, y precisamente por eso han pasado a la siguiente fase, que es la de su programación económica, reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que actualmente discute el Senado. En este sentido, quiero decirle que el tramo Salamanca-Aldehuela de Bóveda, de 22 kilómetros y 8.700 millones de presupuesto, será licitado próximamente para iniciar así la última fase de construcción de las obras; que el tramo Aldehuela de Bóveda- Martín de Yeltes será también licitado en el año 2001 por el método alemán, y que, dentro también de la programación del año 2001, continuaremos con las licitaciones previstas en el marco presupuestario de los otros dos tramos por los que se interesa S.S., de tal manera que en el año 2002 este corredor estará en obras en su totalidad y, por tanto, estaremos dando un paso decisivo para completar una red básica, no sólo para vertebrar Castilla y León, sino también para dar continuidad a las comunicaciones Francia- España-Portugal.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A LA CONEXIÓN POR AUTOVÍA ENTRE GRANADA- MOTRIL-NERJA, TENIENDO EN CUENTA EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARAELAÑO 2001? (Número de expediente 180/000349)

La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 23, del diputado don Andrés Ollero Tassara.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno reconoce que ha solicitado fondos Feder de las comunidades europeas para autovías cuyas obras están previstas para el período 1990-1993. Sin embargo, entre ellas no se incluyen los tramos Granada- Motril ni Motril-Adra. Sí se han solicitado en cambio para los incluidos en la operación integrada de desarrollo de Salamanca y Zamora, y las autovías Valladolid-Salamanca y Lugo-A Coruña. Le estoy leyendo, señor ministro, una nota de prensa del año 1991. Ya hace diez años, en Granada se echaban de menos estas autovías a la costa, que habían sido prometidas por diversos gobiernos socialistas y que nunca se convertían en realidad. En 1996, cuando llega el Gobierno popular, no encuentra ni un solo proyecto hecho. Cuatro años después, el tramo Alhendín-Durcalestá tan avanzado que, aunque la terminación oficial de las obras está prevista para finales de 2001, los ciudadanos dan por hecho que se podrán acabar antes. Por otra parte, el tramo Durcal-Izbor, al realizarse en línea con la carretera actual, se ve avanzar continuamente. De ahí que la espera de los presupuestos del año 2001 tuviera una gran expectación.
En ellos aparecieron, por un lado, unas partidas de centenares de millones para proyectos en los tramos Izbor-Vélez y Vélez-Motril, pero también unas partidas sorprendentes por insólitas. En concreto, entre Motril y Nerja, hay una partida enMotril-Taramay de 2.900.000 pesetas y otra entre Taramay y la Herradura de 1.400.000 pesetas.
En estos días el Grupo Socialista ha afirmado que las preguntas que hacemos aquí son de botafumeiro. Yo me preguntaba qué quería decir eso y lo he descubierto. Señor ministro, créame, me han dado con el botafumeiro hasta en el carné de identidad. El defender una partida de 2.900.000 pesetas y otra de 1.400.000 pesetas para dos tramos de autovía es algo realmente insólito y que he hecho con la mejor voluntad, documentándome y llegando a la conclusión de que la presencia de una partida de este tipo es una condición necesaria para que haya una licitación. Sin una partida, aunque sea de esta cantidad, no puede haberla, aunque no ignoro que no es una condición suficiente; hace falta la voluntad política del Gobierno. De ahí que me haya animado, dado que el PSOE no lo ha hecho, quizá porque teme buenas noticias, a preguntarle a usted, señor ministro, qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la conexiónpor autovía entre Granada-Motril-Nerja, teniendo en cuenta el contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, efectivamente, en mayo de 1996 el tramo Granada- Motril, de 58 kilómetros, tenía estudio informativo pero no tenía declaración de impacto ambiental, por tanto, era imposible que empezaran las obras. El tramo Motril-Nerja estaba un poco más avanzado, tenía estudio informativo, declaración de impacto ambiental y no tenía ningún proyecto. Esta es la razón por la que el ritmo de actuación de los distintos proyectos en el corredor Granada-Motril y en el MotrilNerja es diferente, porque en su origen arrastramos un desfase que se proyecta también en estas últimas fases de la licitación de las obras. En este momento los tres proyectos del tramo Motril-Nerja están aprobados y precisamente por eso están programados económicamente en los Presupuestos Generales del Estado del año 2001.
Sabe todo el mundo, cosa distinta es que lo quieran decir, que en el primer ejercicio en el que se licita una gran obra el consumo presupuestario es irrelevante porque el procedimiento de adjudicación y de inicio de las obras prácticamente consume 10 u 11 meses y, por tanto, no hay certificaciones relevantes en el ejercicio, incluso algunas, como ocurre con el modelo alemán, no necesitan dotación presupuestaria en el primer ejercicio, que es como está previsto ejecutar el tramo Nerja-Almuñécar y es la razón por la cual están programados para su licitación en 2001 el AlmuñécarAlmuñécar, es decir, desde La Herradura hasta Taramay, y el Almuñécar-Motril.
En cuanto a los otros dos tramos que no están en obras porque estamos trabajando para anticipar el final de los plazos previstos en el Alhendín-Durcal y en el Durcal-Izbor, ha habido que hacer nuevas declaraciones de impacto ambiental, ha habido que hacer nuevos estudios informativos y, en este momento, el tramo Izbor-Vélez de Benaudalla está en fase de redacción del proyecto, fase de redacción que consumirá los plazos del año 2001 y que a partir de ese momento, una vez supervisado, podrá entrar en programación económica. En estos momento el estudio informativo del tramo Vélez de Benaudalla-Motril acaba de culminar la información pública, se están contestando las alegaciones y se procederá, a continuación, a la declaración de impacto ambiental.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LACRISIS DE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) (Número de expediente 172/000043)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos enfrentamos a una gravísima crisis relacionada con el llamado mal de las vacas locas y la primera obligación que tenemos es mirar de frente esa situación, no esconder la cabeza bajo el ala, que es junto lo que consigue el peor efecto en relación con una crisis de esta naturaleza.
Tenemos una crisis y hay que afrontar esa crisis, sobre todo teniendo en cuenta experiencias anteriores, cuando no hacer las cosas a tiempo se convierte en un grave problema para el futuro. Hay que hacerlo respetando algunos principios básicos, que dicta el sentido común, que dictan las experiencias y que dicta el conocimiento que tenemos sobre crisis de naturaleza alimentaria. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) El primer principio es el de la transparencia. Es verdad que todos estamos preocupados, en estos momentos se está sufriendo en el sector especialmente, pero también entre el conjunto de los consumidores, una situación grave, una caída espectacular en el consumo, el cierre de fronteras a nuestras exportaciones de carne -la última noticia, posiblemente la peor, la que afecta al mercado ruso- y, por lo tanto, es necesario acertar no sólo con el diagnóstico sino con las medidas adecuadas. ¿Qué es lo mejor en una situación como ésta? Señorías, los consumidores, el sector, el mercado exterior está mirando directamente al Gobierno de España y está observando con lupa qué es lo que hace, cómo reacciona ante la crisis, qué medidas toma y, en definitiva, en relación con el principio de transparencia, si está informando correctamente, de manera eficaz, pronta y desde luego sin ocultar ninguna información. Esa transparencia, que es vital para recuperar la confianza de los sectores, los consumidores, los clientes en el exterior, tiene que afrontarse por parte del Gobierno teniendo en cuenta algunos datos básicos.
Señor ministro, hay una res que en Galicia muere el día 25 de octubre, todos sabemos el tiempo que se tarda en hacer los análisis, no solamente se tarda sino que además no podrían hacerse más tarde, no serían viables. Entre el 25 de octubre y el 21 de noviembre,mejor el 22 de noviembre en lo que afecta al Gobierno,

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transcurre casi un mes de tiempo. Esa situación que conoce el Gobierno, que la conocemos nosotros y que es un hecho que no se puede ocultar y no se debe ocultar produce alarma y desconfianza, y es desde luego lo peor que se debe o que se puede hacer en una situación como ésta. Transparencia, es un criterio que vale su peso en oro, que el Gobierno no está aplicando y que tiene repercusiones graves en la crisis, que multiplica los efectos de la crisis. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Hay un principio básico en un asunto de esta naturaleza, lo prioritario es la salud, preservar la salud de los ciudadanos, todo lo demás puede ser muy importante, pero preservar la salud de los ciudadanos es lo primero y el mensaje de un Gobierno que ha de enfrentarse correctamente a una crisis grave como ésta tiene que ver con poner en primer lugar ese criterio, ese principio. ¿Se está respetando ese principio? El principio de precaución suele ser definido como una respuesta ante una falta de certidumbre científica, que es imprescindible tomar precisamente por la aplicación de ese principio, y hay ejemplos en esta crisis de libro. Un primer ejemplo y un primer dato fundamental de la realidad: las harinas de origen animal. No se pueden dar explicaciones extrañas, no aceptables, que al final se vuelven contra quien las pone en circulación. Aquello de transformaciones genéticas extrañas o incidencia genética foránea, eso, al final, se vuelve contra quien pretende evitar un mal porque obtiene un mal mucho peor. Los piensos, lo sabemos, la clave está en los piensos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicta el principio de precaución? Señor ministro, al Gobierno de España, en nombre del Grupo Socialista, le exigimos la prohibición inmediata, cautelar, por supuesto, de las harinas de hueso y de carne, las harinas de origen animal, en todos los piensos, y acompañando a esta medida, para ser creíbles, un plan de retirada de las harinas de origen animal. Es costoso, pero es imprescindible.
Hoy, mejor que mañana; ayer hubiera sido mejor que hoy, porque en este momento se están tomando decisiones que afectan a la credibilidad de un Gobierno que se enfrenta a una crisis. Una crisis de carácter nacional, una crisis profunda y una crisis que afecta en España al futuro de un sector importante, pero, en primer lugar, repito, a la salud del conjunto de los españoles.
El Reino Unido y Portugal, como saben SS.SS., tenían prohibido el empleo de harinas de origen animal en todos los piensos. El pasado día 13 el Grupo Socialista presentó en esta Cámara una iniciativa para hacer exactamente lo mismo. El pasado día 15 en Francia se toma esa decisión con un plan de retirada que está en marcha; el día 16 lo hace Italia; lo hace Alemania, aunque está pendiente de una decisión, de un trámite de carácter legislativo, pero hay un compromiso firmemente expresado que da tranquilidad en este momento al conjunto de los ciudadanos. Hágalo y hágalo hoy, anúncielo cuanto antes y, repito, apruebe un plan relacionado con la retirada de harinas que es costoso pero es vital. En esto no debe haber la más mínima posición de cautela, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que quiera. La mayor cautela tiene que ver con la salud. La clave está, efectivamente, en los piensos.
Sobre el principio de precaución hay que recordar algunas cosas, experiencia de la que se debe aprender, especialmente usted, señor ministro, y el conjunto del Gobierno, pero de la que se deben sacar lecciones. El Gobierno de España durante estos años, desde que en marzo de 1996 se abre una crisis de gran envergadura en el conjunto de los países de la Unión Europea, especialmente en el Reino Unido, al relacionar la enfermedad en el ganado con su transmisión a los hombres, empieza una carrera de decisiones muy importantes. ¿Dónde está en todo ese tiempo el Gobierno de España? Pues está justamente en el lado contrario a quienes aplican, en el conjunto de la Unión Europea, el criterio de precaución; justo en el punto contrario.
Florencia, junio de 1996, el Gobierno de España vota a favor de levantar el embargo para importar a nuestro país y otros países gelatina, semen y sebo del Reino Unido; pero ésta no es la única actitud contraria al sentido común, sobre todo al criterio de precaución, que toma el Gobierno de España. En 1996, la Comisión Europea empieza a proponer la retirada efectiva de una cuestión clave en la transmisión de la enfermedad: los materiales específicos de riesgo, vitales en el desarrollo de la enfermedad. El Gobierno de España en el Consejo vota en contra. En 1997 lo vuelve a plantear; el Gobierno de España vota en contra, pero desde 1996 algunos países empiezan por su cuenta a tomar la medida efectiva de retirada de los materiales específicos de riesgo, muy costoso también, haciéndolo efectivo. Hoy, ¿de qué discutimos en España? Hoy nuestros clientes en el exterior, por ejemplo, y nos preocupa su actitud, saben que en España estamos hablando de cuántas incineradoras hacen falta para hacer efectiva esta medida, de cómo apoyamos el transporte, la retirada efectiva de los animales muertos, de los mataderos y las granjas; de cómo hacemos efectiva una medida vital, cautelar, sin la cual es muy difícil enfrentarse de una manera correcta y seria a este problema. Hoy discutimos dónde vamos a hacer la prueba de los test rápidos, en qué laboratorios. ¿En unos laboratorios con ocho personas y ocho millones de presupuesto? Estamos discutiendo de esto, de poner en marcha una estructura básica que se tenía que haber puesto en funcionamiento hace varios meses obligatoria y cautelarmente, si hubiéramos tenido en este país un Gobierno que hubiera actuado con eficacia hace varios años. Estamos hablando de una prohibición que ya es efectiva desde el 1 de octubre de este año, nos hemos dado cuenta ahora de que hay que hacer todo eso y, además, lo presentamos como si fueran medidas excepcionales en relación con una crisis. No, son medidas que ya eran obligatorias, como la que tienen que ver con la trazabilidad, por ejemplo.


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Por tanto, el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias durante estos años y ahora tenemos un pago añadido a una crisis que por sí misma ya es suficientemente grave.
Hay que tomar medidas. Efectivamente, transparencia, prioridad para la salud de los ciudadanos, principio de precaución mediante medidas preventivas, como se ha hecho ya en otros países, y medidas concretas que afectan a la organización de las respuestas a la crisis en el conjunto del territorio nacional. ¿Qué medidas? Le he citado ya una: anuncien inmediatamente la retirada efectiva de los materiales específicos de riesgo; desde ya. Porque nosotros no tenemos un comité científico en el seguimiento de la crisis, que tiene un alto valor, tal como se está observando en la experiencia de otros países, debido a que tiene el valor de la independencia. El Gobierno tiene que tomar decisiones, porque una agencia alimentaria como la que funciona en Francia o un comité científico director como el que existe en la Unión Europea y en otros países, tienen un alto valor cuando ocurre una crisis como esta, porque la gente mira a alguien que no tenga sesgo de ningún tipo, que tenga la credibilidad de proponer medidas al Gobierno desde una independencia absoluta en esta materia; las medidas por supuesto las tendrán que tomar los poderes públicos, como es su obligación, Lo que está ocurriendo en este momento en relación con la retirada de los materiales específicos de riesgo es una realidad a la que hay que mirar de frente y que no está resuelta en España.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, le ruego vaya concluyendo.


El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo.


No está resuelto en España, y si a usted un científico de reconocido prestigio como el señor Badiola le dice que esto es así, su respuesta crea alarma porque contradice la realidad. Nosotros tenemos una laguna enorme por no haber hecho los deberes en el momento en el que los tenía que haber hecho el Gobierno.
Con las harinas es una medida de precaución que le aseguro que en este momento tiene un valor enorme, anúncielo ya, anúncielo de manera inmediata y ponga encima de la mesa un plan nacional para hacer efectiva una medida que es costosa.
Hacen falta más medidas. Hace falta no solamente anunciar cuántos test rápidos compramos, sino hacer efectiva, con la logística adecuada, que no existe en el país, la puesta en marcha de ese diagnóstico que es vital en este momento para España; es vital saber lo que pasa; de poco sirve que usted haga declaraciones, o las haga quien las haga, de yo como carne, etcétera. En este momento el diagnóstico de la situación real de la cabaña en España es mucho más importante y, por tanto, hay que poner en marcha la logística concreta sin la cual la voluntad de voy a hacer cosas no sirve para mucho, es vital en este momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, vaya concluyendo.


El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, señoría.
Tenemos que crear, porque es urgente después de haber sido aprobada hace dieciocho meses por este Parlamento por unanimidad, la agencia de seguridad alimentaria.


Señor ministro, recordará perfectamente que antes del verano usted llamó irresponsable al Comité director científico europeo porque había calificado a España en el nivel 3 de riesgo geográfico. Usted y yo, y toda la Cámara, podemos imaginar lo que están pensando de aquellas declaraciones los miembros de este Comité científico director. Irresponsabilidad, enorme irresponsabilidad, la que ha cometido su Gobierno. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, señorías, comenzaba usted su intervención hablando de si había o no transparencia en el Gobierno. El Gobierno informó a la sociedad del primer caso dos horas después de que se recibiera en los servicios técnicos el primer diagnóstico confirmado por los expertos; dos horas después. Anunció que había un segundo caso dudoso, que sigue siendo caso dudoso después de una semana. El Gobierno actuó con total responsabilidad. Este Gobierno no actúa por rumores, por suposiciones o por futurología; actúa por datos científicamente contrastados. Conocido el caso, se informó a la opinión pública, porque estamos ante un tema que afecta la seguridad alimentaria, afecta a la salud pública y hay que tratarlo con el rigor oportuno. El Gobierno, inmediatamente de conocido el tema, convocó a las comunidades autónomas y, junto con ellas, estableció la respuesta al mismo desde el marco institucional de competencias respectivas, sin que nadie eludiera sus responsabilidades y siendo solidarios con las de todos. Lo hicimos desde el rigor del análisis de la situación, desde la lealtad institucional y desde una respuesta unitaria a una situación en la que, teniendo que hacer todo lo que hay que hacer, no hay que crear alarmas sociales innecesarias. Porque al oír a S.S. da la impresión de que no se ha hecho nunca nada para prevenir esta epizootia, y no es cierto. Hay una larga trayectoria en la lucha contra una enfermedad, una lucha sobre la que usted, frívolamente en su intervención, al hablar del origen de la enfermedad dice: La mutación genética espontánea es una entelequia.
No. Esa es la conclusión definitiva del informe Philips que se ha hecho en el Reino Unido, después de tres años de estudios, por los

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expertos del país que más ha estudiado la enfermedad, que dice que su origen se debe a una mutación genética espontánea. El origen, no la transmisión a la cadena alimentaria, que efectivamente está en los piensos.
Le recuerdo que España desde 1994 había prohibido el uso de harinas animales en los rumiantes. Además, estamos en un país donde no se utilizan estas harinas. Se utiliza la soja porque es más barata, porque existe un convenio con los Estados Unidos y porque tenemos una ganadería distinta. En 1996 España adoptó medidas específicas limitando la entrada de bovinos y embriones desde los países que tenían la encefalopatía espongiforme bovina, prohibiendo la entrada de proteínas y mamíferos, de harinas de carne y hueso, de piensos que tuvieran estos productos, retirando desde 1996 los materiales específicos de riesgo en matadero de todos los animales procedentes de países con encefalopatía. Le puedo citar la larga cadena de órdenes que regulan este tema: Orden de 10 de septiembre de 1996, de agricultura; de Presidencia, de 30 de abril de 1997; de Agricultura, de 24 de septiembre de 1998; de 19 de enero de 1999; de 28 de diciembre de 1999; de 8 de noviembre del 2000. Y órdenes de Sanidad y Consumo, con resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de 4 de julio y 9 de octubre de 1996, estableciendo medidas de protección frente a las encefalopatías; orden de 24 de septiembre de 1998, medidas cautelares para bovinos procedentes de Portugal; de 10 de mayo de 1999, sobre nuevas medidas cautelares; 22 de julio de 1999, nuevas medidas cautelares.
De acuerdo con toda esta normativa, se ha prohibido desde 1994 la alimentación de rumiantes con harina de carne y hueso. Prohibida la importación de animales del Reino Unido desde 1996; Suiza, 1997; Portugal, 1998. Prohibida la importación de harinas de carne y hueso de Francia, Irlanda, Suiza, Reino Unido y Portugal desde 1996, medida unilateral no impuesta por la Unión Europea. Prohibida la importación de reproductores de Francia e Irlanda. Hemos establecido medidas de seguridad alimentaria, concretamente con un sistema informático de trazabilidad que permite seguir el movimiento a los animales. Se puso el etiquetado en marcha por Real Decreto de 30 de diciembre de 1999 con carácter voluntario. Estará en vigor con carácter obligatorio desde el día 1 de enero. Se está elaborando un real decreto consultado con las comunidades autónomas. Se han puesto en marcha comisiones interministeriales para el análisis y prevención del fraude. Además, esta es una materia en que el Gobierno no está sólo.
Trabaja solidariamente con las comunidades autónomas, que realizan actuaciones tanto en granjas como en mataderos, identificando obligatoriamente todos los animales de 1998 con marcas auriculares y documentos sanitarios desde su nacimiento, con libros registro de productores, con campañas de saneamiento ganadero. En 1999 se han controlado 197.000 explotaciones e investigado cuatro millones de casos. En matadero se realizan inspecciones por los veterinarios de la comunidad autónoma en animales con sintomatología compatible antes de ser sacrificados.
Desde el año 1996 se retiran todos los materiales específicos de riesgo de animales con casos de encefalopatía. Desde 1997 se toman muestras en matadero de todos los animales con sintomatología compatible para el análisis en el laboratorio nacional de referencia, y las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, realizan la inspección y control de las fábricas de piensos para comprobar que no hay presencia de harinas de carne y hueso en el pienso de los rumiantes.
Tras la reciente crisis en Francia, en el último Consejo de Ministros de los días 20 y 21 de noviembre, España reclamó nuevas medidas comunitarias de prevención y control y pedimos que a nivel comunitario se estableciera la prohibición de las harinas. Fuimos el país más beligerante con los análisis y más beligerante con las harinas. Pedíamos medidas horizontales a nivel comunitario, porque de nada sirve tener medidas unilaterales si en otros países no se toman las mismas medidas. La respuesta a una crisis europea tiene que venir por medidas de carácter europeo. En este Consejo de Ministros España votó la obligación de que a partir del 1 de enero del 2001 se hicieran los test en los bovinos de más de 30 meses sacrificados de urgencia o que tuvieran alguna sintomatología sospechosa. Apoyamos también que desde el 1 de julio se investigaran todos los bovinos de más de 30 meses. Adelantamos al mes de octubre del año 2000 la obligación que teníamos de hacer los test desde el 1 de enero del 2001, y ya desde el 1 de octubre se empezaron a hacer, en efecto, como ha dicho S.S., inicialmente desde el laboratorio de Algete, porque teníamos un número de test más reducido que el que en este momento tenemos que afrontar. Cerramos las fronteras con Francia e Irlanda, y desde el 1 de octubre estamos aplicando la retirada de materiales específicos de riesgo. En todos los mataderos se retiran los materiales específicos de riesgo de todos los animales rumiantes en los términos establecidos en la normativa comunitaria. Pero es que además, desde 1997 elaboramos, en colaboración con las comunidades autónomas, programas anuales de normas de prevención y vigilancia de las encefalopatías, creando un comité miltidisciplinar para los planes de vigilancia y control anuales. En 1998 modificamos nuestro programa para adaptarlo a las normas de la Oficina Internacional de Epizootias. Y en el año 2001 hemos acordado con las comunidades autónomas elevar este programa anual a un plan concertado con capítulos específicos para regular la retirada de animales muertos en granja, la retirada y eliminación de los MER y la eliminación, en su caso, de las harinas, como S.S. ha propuesto.
Quiero decirle a S.S. dos cosas. En primer lugar, este Gobierno tiene un asesoramiento científico que le había llevado a pedir la prohibición de las harinas de rumiantes en todo tipo de alimentación.
En el día de

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hoy la Unión Europea ha tomado las siguientes propuestas, que va a someter el próximo lunes al Consejo de Ministros de la Unión Europea.
La Comisión ha tomado unas medidas que tiene que ratificar el Comité veterinario de la Unión Europea, en el sentido de ampliar los materiales especificados de riesgo que deben retirarse para que comprendan la totalidad del intestino de las especies bovina, ovina y caprina, y va a pedir la prohibición de utilización de harinas de origen animal para todas las especies destinadas a la producción de alimentos, con la excepción de la harina de pescado para los peces y los productos lácteos para todos los animales. Entrará en vigor el próximo 1 de enero hasta el 30 de junio, será revisada según la situación sanitaria de cada Estado miembro y se van a excluir de la cadena alimentaria todas las reses de vacuno mayores de 30 meses, salvo las sometidas a test de detección.


En definitiva, la Unión Europea va a poner en marcha las medidas que nosotros habíamos solicitado. Yo siempre he dicho que si en el Consejo de Ministros no se tomaban las pondríamos con carácter unilateral, pero que España quería medidas europeas, que tendrán apoyo europeo, financiación europea y que nos permitirán asumir una mayor colaboración con las comunidades autónomas, porque establecida la prohibición de las harinas, como bien dice S.S., se plantea el tema de la destrucción de los materiales específicos de riesgo. En este momento España dispone de una capacidad de destrucción de 86.000 toneladas. Generamos 60.000 toneladas, pero si prohibimos las harinas, habrá que establecer nuevas plantas de incineración. El Gobierno está dispuesto a colaborar con las comunidades autónomas en el fomento de la ubicación de estas plantas. Hay que buscar su ubicación, la colaboración del sector privado y establecer los programas para su puesta en marcha, y lo vamos a hacer porque ya estamos dialogando con las comunidades autónomas que, con enorme lealtad institucional y rigor, están afrontando un problema que es de todos los españoles. Este es un problema que se afronta desde la lealtad institucional, desde la colaboración del Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, desde la colaboración de todos los partidos políticos. Vamos a insistir en el tema de los diagnósticos. Su señoría dice que no basta asegurarse los test, pero si no hay test no hay prevención, y el Gobierno lo primero que ha hecho es garantizarse un número suficiente de test para poder abordar el año que viene el cumplimiento de las obligaciones comunitarias.
En segundo lugar, nos hemos puesto en contacto con las comunidades autónomas para decirles los requisitos técnicos que tienen que tener sus laboratorios y para ofrecernos a colaborar con ellas equipándolos para que estén en disposición de afrontar este asunto. El Gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos de diálogo y colaboración en una cuestión importante para los consumidores y para la salud de los españoles; pero el Gobierno quiere también lanzar una llamada de confianza y decir que se están haciendo las cosas con sosiego y con orden, y que todo lo que haya que hacer se va a hacer. No podemos crear alarmas innecesarias porque entonces destruimos los mercados y la confianza en los productores y la crisis adquiere unas magnitudes que no tiene en este momento.
España tiene seis millones de vacas y, de 1980 a 2000, hemos tenido un solo caso confirmado. Dimensionemos la crisis y tomemos todas las precauciones, pero no creemos más alarma social de la necesaria.
Estoy dispuesto a trabajar lealmente con las comunidades autónomas y con todos los grupos políticos y a escuchar todas las sugerencias. He recabado el análisis técnico más importante y he leído personalmente el informe Philips, sus 17 volúmenes, que se ha publicado en Inglaterra sobre esta crisis y sobre lo que hay que hacer para gestionar una crisis de esta naturaleza. Queremos aplicar la última doctrina científica en la materia, pero desde el rigor, desde el sosiego y desde la seriedad, no desde el oportunismo en ocasiones.
Agradezco el tono de la intervención de S.S. y el rigor con que ha planteado las cuestiones. Sepa que el Gobierno está en esta línea: dialogando con las comunidades autónomas y tratando de atajar una crisis, que es europea, con el menor impacto económico en el sector ganadero pero con las mayores garantías para todos los ciudadanos españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro de Agricultura.
Señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Señorías, señor ministro, la palabra alarma es una palabra clave en un debate de esta naturaleza. Usted la ha empleado también en su intervención: alarma, evitar la alarma.
Estoy de acuerdo, hay que evitar la alarma.
Señor ministro, ¿cómo se genera la alarma? En una sociedad madura como la nuestra, estará de acuerdo conmigo en que es la desinformación, las declaraciones extemporáneas (Un señor diputado: Las vuestras.) y la falta de rigor lo que genera la alarma. ¿Cuánta alarma genera que una ministra del Gobierno de España diga que ella sabe que hay mataderos incontrolados en España? (La señora Cunillera i Mestres: ¡Ahí, ahí!) ¿Cuánta alarma genera esa afirmación de: yo les aconsejo que no compren carne barata? ¿Cuánta alarma genera, señor ministro, que durante todos estos años el Gobierno de España haya ido por detrás -y volveré a referirme a ello- en todas las medidas de precaución? Eso genera alarma.
Volveré al caso concreto que me preocupa. Usted sabe como sé yo, señor ministro -tiene la misma información sobre ese asunto y aun más de la que pueda tener el Grupo Socialista-, que la res a la que

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nos estamos refiriendo, que da positivo en los análisis, muere el día 25 de octubre. A partir de ahí, usted tiene que decir algo más de lo que ha dicho, usted lo sabe. Es más, incluso el presidente de la Xunta de Galicia se le adelantó -el día 21 de noviembre, no el 22- en transmitir una cuestión de esa envergadura. El 25 de octubre, con lo que en los primeros días de noviembre -no puede ser de otra manera-, usted conocía esa situación. Si no lo sabía, dé una explicación porque resulta grave en cualquier caso. Fue el 25 de octubre, y sabe que los análisis a los que me refiero hay que hacerlos con los tejidos frescos, si no, no valen.
Efectivamente, la trasparencia es el principal antídoto contra la alarma y contra la desconfianza, que es la clave en este asunto, la trasparencia, la información veraz y en el momento en que hay que hacerlo, de manera inmediata. El Gobierno de España, lo reitero, ha ido siempre -y se lo he demostrado con datos que se refieren a reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura- por detrás en esta medida. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España se haya empecinado en los años 1996 y 1997, y que no hable de esta cuestión hasta que no es obligatorio el 1 de octubre de 2000, pero que incluso hoy se esté diciendo que vamos a hacer un plan para retirar los cadáveres, que vamos a hacer un plan para cumplir esa decisión europea? (La señora Cunillera i Mestres: Es que no tienen plan.) Eso crea alarma porque cualquier persona que lo oye dice: ¿Teníamos ya el plan en marcha o lo tenemos que poner ahora? Esa es la cuestión vital y cuando esa barbaridad la dice alguien como el señor Badiola, esa enorme barbaridad a la que se refiere S.S., no merece la contestación que le da el Gobierno diciéndole que es algo irresponsable. No lo dice solamente el señor Badiola, tenemos montones de materiales específicos de riesgo amontonados y sin retirar. (El señor Madero Jarabo: ¿Dónde?) ¿Y esta no es una cuestión de alarma? La respuesta a eso es tomar medidas, medidas que son muy caras. ¿Cuánto cuesta ese plan desde el año 1996 cada año en Francia? Seiscientos millones de francos. Claro que es caro. ¿Cómo se garantiza el transporte, la retirada, la entrega del cadáver? Con un plan financiado nacionalmente porque no hay otra solución, eso está demostrado y bastante demostrado.
Las harinas. Miren, en esto hay decisiones que hay que tomar en el momento justo y cada día que pasa la efectividad de la medida es menor. Anúncielo ya, aquí hoy si es posible en esta tribuna, no espere -principio de precaución, señor ministro- a que exista una iniciativa de la Comisión o del Comité veterinario. No espere a esto, que Francia, Italia, Alemania no han esperado. En este momento hay un tráfico de harinas de origen animal peligrosísimo y, por tanto, esa es una medida muy importante, señor ministro.
Medidas que hay que tomar, que habría que haber tomado ya antes y que no se han tomado. Por eso estamos hablando ahora de poner en marcha un plan y se aprueba deprisa y corriendo un real decreto que traslada a normativa española lo que ya era obligatorio por normativa europea desde el día 1 de octubre. No es eso, es más concreto lo que hay que hacer.
Con respecto a los test. Por supuesto que hay que tener los test para poder hacerlos, claro que sí. ¿Y la logística, señor ministro, dónde estaba? ¿Nos acordamos ahora de que tenemos laboratorios que no son capaces de absorber esos análisis específicos? ¿Ahora es cuando nos acordamos? ¿Antes no? ¿Nos acordamos ahora del problema gravísimo que tenemos en relación con esa materia? Es un poco tarde. ¿Y la trazabilidad, las etiquetas por las cuales cada consumidor español tendrá derecho, como se hace en otros países, a relacionar una pieza de un animal con el animal? ¿Dónde está? A usted se lo preguntarán, señor ministro, y a mí también. Es que dicen que es más seguro comer carne de animales de menos de dos años, pero ¿cómo sé yo cuando voy a la carnicería a qué animal corresponde y qué edad tiene? Como las cosas, señor ministro, que le han dicho las misiones veterinarias que se han ido sucediendo en España, la última en abril, que pone en evidencia la falta de control sobre las harinas de origen animal del Gobierno español. Pero a eso se enfrenta uno mirando de frente al problema y tomando las decisiones adecuadas.
No quiero olvidarme de que en nombre del Grupo Socialista tengo que decir que efectivamente hay un problema importante de financiación, estamos hablando de recursos importantísimos que hay que poner en marcha. Aquí no valen burladeros, ni comunidades autónomas, ni Comisión Europea, cuanta más financiación haya de la Unión Europea mucho mejor, pero no esperaremos a que haya financiación para tomar las medidas. Es una acción en un problema de Estado en el que el Gobierno tiene un papel básico de coordinación.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cuadrado, le ruego vaya concluyendo.


El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señor presidente.
No se trata solamente de las medidas que he ido señalando, también de las repercusiones sociales y económicas de la crisis. Usted sabe que en este momento hay unos estocajes importantísimos porque ha caído espectacularmente -y es un hecho que cabría esperar de la crisis- el consumo de carne y hay que actuar rápidamente en esta materia. La experiencia nos dice que hay que ir por delante; eso es lo que dice la experiencia. Recuerde: retirada de materiales específicos de riesgo, España la última. Hay que ir por delante, y tenemos que aplicar medidas en el sector ganadero de ayuda económica en una situación muy difícil. Mi grupo planteará, por supuesto, una moción consecuencia de esta interpelación y propuestas concretas desde el punto de vista de financiación, pero el Gobierno

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tiene que dar la confianza en este momento al sector de estar haciendo lo que debe hacer. Lo contrario es esconder la cabeza debajo del ala y, desde luego, no ayuda a salir de una crisis, insisto, ya de por sí bastante grave.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Sigue S.S. hablando de falta de transparencia y sigue empeñándose en que el Gobierno conocía o dejaba de conocer. El Gobierno conoció un análisis contrastado. Llevo toda esta semana llamando al Centro Nacional de Referencia para saber qué está pasando con el segundo análisis. Y estas enfermedades tienen un diagnóstico mucho más complejo, análisis histopatológico, análisis muy complejos, no se les llama inmunoquímicos; son complejos. Y tenemos un segundo caso que lleva una semana en el laboratorio que ha analizado 180.000 casos en Weybridge, en el Reino Unido, y no consigue dar datos concluyentes. Además, si se ve la alarma que genera el primer caso, S.S. tendrá que convenir conmigo en que sólo cuando los científicos estén totalmente seguros de que un caso está confirmado se podrá anunciar a la opinión pública, porque menudo ridículo si se hubiera anunciado un caso por una sospecha y luego el diagnóstico no lo hubiera confirmado. ¿Alarma innecesaria es lo que ustedes quieren? No. En primer lugar, este Gobierno trabaja sobre análisis científicos y diagnósticos de su Centro Nacional de Referencia, que es independiente del Gobierno, que está en Zaragoza. (Aplausos.) En segundo lugar, S.S. querrá ver el problema como quiera, pero en el sistema competencial que tiene este Estado las competencias exclusivas del Estado en esta materia están en comercio exterior y corresponde al Estado la ejecución de actividades de control sobre los productos o animales importados de países terceros en los puntos de inspección fronteriza y la actividad legislativa o reglamentaria; y todas las demás competencias sobre el terreno les corresponde a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno no quiere ampararse en las comunidades autónomas, ha hecho todo lo contrario, ha convocado a las comunidades autónomas y les ha dicho que se pone al frente de la manifestación y que va a desarrollar en conjunto un plan; no nos ocultamos detrás de las comunidades autónomas. Pero si en España hay muchas cosas que no estaban hechas, apunte usted dónde no estaban hechas. Y el Gobierno en este momento dice que si no hay laboratorios, los va a poner y va a colaborar con ellos.
Efectivamente, tampoco podía haber el test de Prionic en estos laboratorios, por una razón: este test se ha desarrollado hace un año y medio, es novísima tecnología y, por lo tanto, los elementos complementarios para el análisis son complejos. Si tiene usted curiosidad por saber lo que pueden costar en España los laboratorios sobre esta materia, prácticamente con 55 equipos pueden costar 2.417 millones de pesetas.
Haremos el esfuerzo financiero y pondremos los laboratorios, pero vamos a poner los laboratorios por dos razones: en primer lugar porque técnicamente no podían existir al ser el test de Prionic de ultísima generación y en segundo lugar porque sólo teníamos uno a nivel central, el laboratorio de Algete, y ahora vamos a potenciar dicisiete en las comunidades autónomas.
Los MER, hay que decirlo a la población, se están retirando en matadero desde el año 1996 y desde el 1 de octubre; se retiran y no entran en la cadena alimentaria; en unos casos se transforman y en otros están almacenados, pendientes de transformación, y se regulan en el decreto las características que tienen que tener las instalaciones de almacenamiento provisional. Ahora vamos a debatir sobre la prohibición de harinas. Dice usted: Prohíbalas hoy. Fíjese lo fácil que es decir: Yo prohíbo las harinas hoy. Y mañana, ¿cómo se alimentan todos los cerdos de este país, todos los pollos, todos los conejos y todos los peces? ¿Se mueren de hambre? Porque no hay sustitutivo en dos días. O sea, mañana quedan prohibidos y pasado, ¿qué? ¿Qué hace la Unión Europea? Dice: Se prohiben desde el 1 de enero, y tienen ustedes un mes para buscar alternativas.
Evidentemente, tendremos que fomentar el cultivo de oleaginosas en la Unión Europea y de proteaginosas, porque tendremos que pasar de los piensos animales a los vegetales. De la noche a la mañana no los improvisa S.S., no hay capacidad de abastecimiento en España. ¿Qué quiere, que desaparezcan todos los productores de este país? Las medidas hay que tomarlas con el principio de precaución pero también con la inteligencia suficiente para crear las menos distorsiones. En este momento están prohibidos en la alimentación de rumiantes piensos con origen en rumiante, y su utilización sería un delito contra la salud pública. El Seprona está vigilando que no se produzca, así como la Policía nacional, los servicios de las comunidades autónomas y las fábricas de piensos. Por tanto, la cadena alimentación está interrumpida.
Ahora vamos a dar, por el principio de precaución, un paso más para evitar la contaminación cruzada, para evitar la tentación que en explotaciones mixtas que tengan cerdos y vacas se pueda utilizar el pienso de los cerdos en las vacas. Desde el 1 de enero prohibimos todas las harinas, con rigor, abasteciéndonos y teniendo la precaución de que la soja que importemos no sea transgénica, porque vamos a ver en qué mercado encontramos soja suficiente para compensar estas pérdidas de alimentación.
El Gobierno, cuando dice que va a colaborar en estos programas de retirada, lo hace porque las comunidades autónomas hasta la fecha, que eran las competentes, no han sido capaces de ponerlo en marcha por problemas

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presupuestarios o porque, como la medida se puso en marcha el 1 de octubre, ha habido poca capacidad de reacción. El Gobierno lleva dialogando sobre este tema con las comunidades autónomas desde el mes de junio, cuando se tomó la medida a nivel comunitario. Ya en la conferencia sectorial advertimos: El 1 de octubre tienen que estar los mecanismos puestos en marcha. En este momento estamos dispuestos a colaborar con todas las comunidades autónomas para que haya una ubicación racional de plantas, porque hay plantas suficientes, pero en este momento están ubicadas en León, en Orense, en Gerona, en Castellón y en Valencia, pero en el sur y en el centro de la Península tenemos más dificultades; por tanto, habrá que hacer un esfuerzo de promoción con las comunidades que no tienen en este momento plantas para establecerlas. Pero tenemos capacidad de tratamiento, 60.000 toneladas de consumo de materiales específicos de riesgo contra 86.000 de capacidad. Si prohibimos las harinas, habrá que poner incineradoras, y habrá que entrar en un diálogo con las comunidades autónomas para ubicar las incineradoras o los vertederos controlados. Ese es el problema y agradecería al grupo de S.S. el apoyo para que podamos establecer incineradoras y vertederos controlados, porque ahora sí hace falta. Si queremos prohibir las harinas y tenemos que eliminar todas las que no se van a poder utilizar, tendremos que incinerarlas, y ya se sabe que el prión es muy resistente, o se trata bajo presión a más de tres bar de atmósferas, a 130 grados durante 20 minutos o bien se incinera por encima de los 950 grados durante tres minutos, y esto requiere instalaciones muy específicas.
He consultado todo lo que se ha hecho en la Unión Europea, hemos visto los precedentes de países que lo están tratando, y para que S.
S. sepa, en el Reino Unido, que padecen la enfermedad desde 1980 y que tienen medidas desde 1995, las harinas animales están almacenadas en grandes instalaciones, tanto de la Real Fuerza Aérea como del Gobierno, porque no tienen capacidad de incineración. Cuando se genera un problema de esta magnitud, es muy complejo poder incinerar, están almacenados los residuos y se van incinerando poco a poco. Es compleja la instalación y ahora tendremos que empezar el debate de dónde instalamos las incineradoras y los vertederos controlados de los materiales específicos de riesgo. En este tema pido el apoyo del grupo de S.S. y de las comunidades autónomas donde gobierna, porque esta es una tarea de todos los españoles, de todas las comunidades autónomas y que entre todos podemos superar sin grandes problemas, pero, desde luego, no haciendo banderías de una cuestión que nos afecta a todos, porque todos estamos presentes en alguna comunidad autónoma y somos responsables, el Gobierno el primero. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con la mayor brevedad posible para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en este debate sobre el mal de las vacas locas. Lo haré brevemente por el tiempo que disponemos y también porque lo podremos hacer en el debate de la moción y mañana en la comparecencia del señor ministro en la Comisión de Agricultura.
Desde el punto de vista del BNG sepa, señor ministro, que nosotros afrontamos el debate de este gravísimo problema desde la perspectiva de que es necesario hacerlo con seriedad, sin alarmas innecesarias, pero hablando con toda la claridad posible para que se adopten por el Gobierno y el conjunto de la Unión Europea -y en este punto voy a coincidir con usted en que las medidas que hay que tomar deben adoptarlas este Gobierno y el conjunto de la Unión- las medidas, pero que sean todas ellas serias y de fondo, que permitan erradicar este problema y que no siga reapareciendo cíclicamente.
Desde esta perspectiva, señor ministro, es evidente que todos coincidimos en que no estamos ante un problema menor, sino muy grave y que, vuelvo a repetir, debe abordarse con tranquilidad, con rigor, con conciencia del mismo y con decisión. Porque la aparición de esta encefalopatía espongiforme bovina nos sitúa, en primer lugar, ante la necesidad de que los gobiernos, también el Gobierno español, protejan la salud de los ciudadanos y, en segundo lugar, ante la necesidad de que se protejan los intereses económicos de un sector como el de la carne de vacuno que, como es habitual, al final va a pagar las consecuencia de las políticas practicadas por los gobiernos, incluido también su Gobierno. La aparición de nuevos casos en Europa, señor ministro, lo que viene a demostrar es que, contra lo que se vino afirmando en los últimos tiempos, la extensión de la enfermedad no está controlada ni mucho menos. Por tanto, la extensión de la enfermedad de las vacas locas demuestra que las medidas adoptadas para controlar su extensión, por decirlo suavemente, fueron insuficientes e ineficaces, por no hablar de irresponsabilidad política ante la evidencia de que tal como está estructurada económicamente la Unión no podían ni pueden existir islas libres en la propagación de este mal que está presente en Europa desde hace cuando menos 15 años.
En esta situación, señor ministro, tanto el Gobierno español como el conjunto de la Unión Europea deben adoptar, insisto, medidas de fondo, que usted dice que no se pueden improvisar, evidentemente, aunque uno se debe plantear cómo no se han tomado en estos 15 años.
Medidas que sin duda serán muy costosas, pero que también son necesarias e imprescindibles si de verdad se quiere controlar y erradicar este grave proble-

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ma. Son, por consiguiente, en primer lugar medidas para detectar, aislar y eliminar los posibles focos de enfermedad que existen, para lo que nosotros creemos necesario establecer un protocolo común para todos los Estados miembros y, por tanto, criterios comunes para afrontar con garantía la tarea de aislar estos focos. Para esto ya sabemos que es necesario adoptar este programa de los fondos necesarios, aumentar el personal veterinario, los laboratorios, la eliminación de las materias de riesgo, etcétera. A su vez, pensamos que deben tomarse medidas por el Gobierno y por el conjunto de la Unión destinadas a eliminar las causas que provocan esta encefalopatía espongiforme bovina, porque si no se acometen las causas no resolveremos los problemas. Una de las causas demostradas científicamente parece ser la transmisión, vía alimentación, con harinas de origen animal, por lo que habrá de usarse, en todo caso, el principio de precaución en aquellos casos en que existan sospechas en este sentido. Si una de las causas como vía de contagio demostrada es la alimentación con piensos elaborados con restos de rumiantes, habrá que afrontar la prohibición de la producción de este tipo de piensos. Si no se afronta la prohibición de su producción, usted me dirá, señor ministro, cómo podremos evitar que parte de ésta, aunque se prohiba para determinados usos, no acabe usándose para estos fines que estamos viendo que se usan.
Y hablando de causas, señor ministro, yo creo que también es necesario -y aquí hasta el momento no se ha hablado de esto- hacer un debate serio y de fondo para reflexionar y corregir el modelo de producción de alimentos de origen animal, que está implantado en este momento a nivel de la Unión Europea, por no decir a nivel mundial, un modelo de producción productivista, basado en el bajo coste y desvinculado de la alimentación natural y que se impuso a lo largo de los tiempos sin pensar en sus consecuencias. Es necesario afrontar el debate sobre este modelo porque como consecuencia de este modelo de producción aparece la crisis del mal de las vacas locas, como aparece la crisis de los pollos belgas, derivada del mismo asunto, del mismo origen: el modelo de producción. Con el mantenimiento de este modelo, señor ministro, no solamente se provocará irremediablemente producción de alimentos de baja calidad, sino que nuevos riesgos para la salud humana aparecerán y también al final para los propios sectores productivos.
Dicho esto complementariamente y no porque tenga menos importancia...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, le ruego vaya concluyendo.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, con toda rapidez.
Decía que no porque tenga menor importancia es evidente que el Gobierno debe actuar en relación a la garantía de la salud de los ciudadanos, pero hablaremos con el Parlamento respectivo.
Por último, quiero hacerle una reflexión, señor ministro. Es evidente que, para poder llevar adelante las medidas para erradicar el mal de las vacas locas, es imprescindible contar con la colaboración activa de los ganaderos y también con otros eslabones, probablemente, de la cadena de comercialización. Y esa colaboración activa, señor ministro, no se obtendrá si no se les garantizan las indemnizaciones a sus pérdidas. Por tanto, creemos necesario que deben habilitarse fondos para compensar las pérdidas del sector derivadas de la más que notable disminución de beneficios por pérdida de ventas; también las pérdidas ocasionadas o que se ocasionen por la eliminación de las cabañas, para lo que no bastan las compensaciones previstas, señor ministro, sino que tienen que basarse en el principio de res muerta, res puesta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y para contar con esa colaboración también es necesario no hacer recaer sobre los ganaderos el coste de la detección de la enfermedad o de la eliminación de los restos ocasionados por los animales afectados por este mal. Si no es así, no se obtendrá la colaboración de los ganaderos.
Concluyo, señor presidente. Nosotros, señor ministro, creemos que las medidas deben de ser de fondo y solo así se recuperará la confianza de los consumidores, que es básica para recuperar el sector. Quiero decirle también que me parece una vía poco adecuada...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, ha superado sobradamente su tiempo.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Le aseguro, señor presidente, que acabo.
Voy a dejarlo así.
Me parece poco adecuada la vía que consiste en que ese rigor y esa transparencia del Gobierno se puedan sostener, manteniendo que, en el caso del Estado español, estamos ante un solo caso aislado, limitado sospechosamente a una determinada comunidad autónoma.
En todo caso, señor ministro, contará con el poco o mucho apoyo que el Bloque Nacionalista Galego le pueda prestar para tomar las medidas de fondo para erradicar este mal. Si no es para eso desde luego no cuente con nosotros.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Frutos tiene la palabra.


El señor FRUTOS GRAS: Evitar alarma, impedir la destrucción de mercados... Muy bien, de acuerdo, señor ministro. Poner en marcha las propuestas de la UE que, por cierto, son flojas y tardías; bienvenidas sean, pero son flojas y tardías.
Señor ministro, en 1990 se reúne el Comité veterinario de la Unión Europea para estudiar el tema de la

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encefalopatía espongiforme, el mismo Comité que se va a reunir mañana, creo, será gente diferente pero el mismo Comité.¿Qué deciden? Primer apartado de la reunión: declaración que dice que es preciso mantener una actitud fría para no provocar resoluciones desfavorables para el mercado, no para la salud de la gente. No hablar de la encefalopatía, por tanto, y que este punto no figure en el orden del día de la reunión que hace este Comité de veterinarios. Durante la reunión se dice y se aprueba que van a pedir oficialmente al Reino Unido que no publique los resultados de sus investigaciones. Y el tercer acuerdo de los cuatro que hay, es declaración de la República de Irlanda, aprobada, para que sea preciso modificar -dice el acuerdo en concreto- la decisión de la Comisión concerniente a las carcasses, en francés (que tengo el texto en francés), huesos; si no, Irlanda se hundirá, se arruinará. Irlanda tiene un negocio con el norte de África de un 40 por ciento de venta de estas carcasses.
O sea, ¿creamos alarma? ¿No creamos alarma? ¿Vigilamos el mercado? ¿No vigilamos el mercado? ¿O vigilamos, en primerísimo lugar, la salud de la gente? Como no tengo tiempo de argumentarlo -pero ya lo he explicado a la ciudadanía a través de una rueda de prensa esta mañana, porque no tenía confianza en que este debate tuviera la amplitud y el tiempo suficientes que corresponden a un debate de tanta entidad, porque seguiría los mecanismos reglamentarios estrictos, limitativos que hay en este Parlamento- voy a ir a las propuestas concretas que hacemos.
Mi primera propuesta es que todas las reses de más de 30 meses, dedicadas al consumo humano, sean sometidas al test suizo actualmente utilizado. Además, en aplicación del principio de precaución y dado que el actual texto utilizado no es lo suficientemente operante antes de los 30 meses, que hasta que no estén a punto nuevos tests de comprobación cualquier res menor de 30 meses no pueda ser sacrificada para el consumo humano. A nuestro entender, esto restablecería la confianza, a partir de explicar la verdad y con medidas concretas.
Naturalmente este es un problema serio de infraestructuras, de laboratorios, de transporte, de incineración, etcétera, pero es lo que es necesario hacer en este momento concreto: no matar ninguna res antes de los 30 meses.
Le pasaré luego, señor ministro -imagino que usted ya lo tiene-, un artículo muy serio sobre las limitaciones del test suizo actualmente utilizado, el que va a comprar España, en número de 300.000, creo recordar. Ustedes tienen sus expertos y nosotros los nuestros. Debo decirle, señor ministro, con toda honestidad, que el pasado lunes, a las 15 horas, nos hemos puesto al habla con uno de los inventores del test, que nos ha confirmado lo siguiente. Primero, cuando el test da positivo es que, sin lugar a dudas, la vaca está infectada, con riesgo cierto para nuestra salud si la consumimos.
En segundo lugar, cuando el test da negativo es que o bien la vaca no está infectada o bien sí que lo está, pero no en fase terminal o avanzada. Este error es un elemento general en todos los análisis veterinarios que se hacen de forma normal. En tercer lugar, a la pregunta que se le hace a este inventor del test para cuando se da el caso de que la vaca esté infectada pero no en fase terminal o avanzada, de si ello significaría que no existe riesgo de contaminación al consumir carne, la respuesta textual ha sido: No se puede decir que no hay riesgo de contagio sino solamente que hay menos riesgo. Como verá usted, el test suizo actual sólo sirve con certeza a los 30 meses de la infección. Por ello, insistimos en la propuesta de que solamente las vacas de más de 30 meses y que sometidas al test den negativo deben ser dedicadas al consumo humano.
Las de menos de 30 meses no, hasta que los cumplan y sean comprobadas con el test. Sabrá usted, señor ministro, que está en fase avanzada, pero no todavía definitiva o definitoria, un nuevo test para intentar detectar la enfermedad desde el principio.
Segunda propuesta, la supresión inmediata -en la línea de lo que ha aprobado, pero sólo para seis meses, la Comisión Europea- del uso de las harinas animales para cualquier animal, porque en la actualidad no existe ningún medio operativo para determinar si los piensos de composición animal están contaminados o no. Además, distintas especies animales, no sólo las vacas, están siendo alimentadas con piensos suplementados con harinas potencialmente contaminadas.
Tercera propuesta. Dado que no se sabe si sí o si no, pero se sospecha que sí, que esta enfermedad se transmite también por la sangre, restablecer una moratoria para admitir donaciones de sangre, tejidos y órganos procedentes de ciudadanos que hayan residido en Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Portugal más de seis meses entre 1980 y 1996.
Cuarta propuesta. Retirada inmediata del mercado de todos los productos farmacéuticos, biológicos, cosméticos y alimentarios susceptibles de estar contaminados.


Después hago otra serie de propuestas que irían en la línea de la vigilancia estricta sobre mataderos clandestinos. La ministra de Sanidad ha hablado de esto y algún dato tendrá. Dice que no tenía datos concretos pero algo sabrá, por algo lo ha dicho, y hoy lo ha reiterado en la rueda de prensa. Por tanto, vigilancia estricta sobre mataderos clandestinos, cuya existencia ha sido denunciada. Otra propuesta sería la de la indemnización de los ganados al cien por cien del valor, a nivel de mercado, de las reses que han de ser sacrificadas por estar contaminadas. Sólo así se podrá controlar el fraude. Esta es una medida que tomó Gran Bretaña en 1988 para el 50 por ciento del valor de las reses y un año y medio después, en 1990, lo hizo ya para el cien por ciende las reses.


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Finalmente, van una serie de propuestas en esta misma línea, como la creación de una comisión parlamentaria para investigar si se ha trabajado de forma adecuada durante todo este tiempo. Yo le he citado, porque no tenía más tiempo para ello, una reunión del Comité de veterinarios de la Unión Europea, que violó de forma flagrante e irresponsable todas las deontologías profesionales que se pueden violar y además las decisiones políticas y democráticas que se habrían tenido que tomar en este caso. Por tanto, que haya una comisión parlamentaria debidamente asesorada para poner en marcha una serie de iniciativas en esta línea. Finalmente, un plan urgente de incineración de animales y piensos minimizando el riesgo medioambiental y optimizando la conversión energética. Esto necesitará laboratorios, transportes, incineración, etcétera, por lo que será un elemento caro, pero se creará ya una infraestructura necesaria para el control de la producción alimentaria para uso de las personas de cara al futuro. Es decir, no será una infraestructura que sirva únicamente en este momento coyuntural sino que será una infraestructura para el futuro.
Para terminar, quisiera decir, en la línea que se ha explicado antes por otro interviniente, que todo esto que está ocurriendo con los pollos, con las vacas y con otros productos viene determinado por la introducción de sustancias animales en la alimentación de criaturas herbívoras, no carnívoras. Es decir, aquí sí que se ha hecho una verdadera mutación, una transformación de los hábitos naturales de los animales para...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo.


El señor FRUTOS GRAS: Termino enseguida. ¿Cuál es el beneficio real para el consumo de la sociedad? ¿Qué se saca de ello? Porque debe haber un beneficio real, alguien debe beneficiarse de esta forma irresponsable de actuación. ¿A cuánto sube este beneficio real? Porque, señor ministro, nada es casual cuando se acepta una ley del beneficio ciego sin control técnico, sin control democrático, sin tiempo para investigar, sin respeto a los procesos naturales. Por ello, es necesario entrar en otro debate en profundidad, que no será el debate de la coyuntura concreta que tenemos en este momento, a la cual tenemos que hacer frente en este momento, sino el debate de qué productos son necesarios para que haya una sociedad que esté bien alimentada, con precios razonables, pero al mismo tiempo sin dar duros a cuatro pesetas, porque los duros a cuatro pesetas no se pueden dar. Por tanto, un debate a fondo sobre qué tipo de producción agraria y ganadera tiene que haber en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea para hacer frente, de forma razonable, racional y de cara al futuro, a todos estos problemas que han aparecido ya de forma sistemática en toda una serie de aspectos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, muy brevemente y desde el escaño, ya que nuestro grupo parlamentario pidió hace unos días la comparecencia del ministro de Agricultura en comisión para debatir en profundidad sobre las medidas que el Gobierno estaba aplicando por lo que hace referencia a la encefalopatía espongiforme bovina, mal llamada también mal de las vacas locas. Por tanto seré muy breve, porque tendré la oportunidad de intervenir mañana en la Comisión y en la moción en el próximo Pleno, pero voy a hacer tres reflexiones que sí me parecen importantes.
Señor ministro, no podemos confundir a los consumidores, por lo que creo que sería bueno que usted mismo dijese a la ministra de Sanidad que tiene que medir más sus declaraciones públicas. De lo contrario, nos tendrá que explicar sobre qué base sanitaria lógica la ministra de Sanidad divide la calidad sanitaria de la carne de bovino en función de su precio de mercado. ¿O es que el Ministerio de Sanidad cree que las carnes que tienen un precio más asequible no cumplen con las medidas sanitarias? Si la ministra cree realmente que es eso, lo debe decir claramente. Por lo que hace referencia a la existencia de mataderos ilegales, la obligación de la ministra, si conoce alguno, es ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía y acusarles de delito contra la salud pública; si no conoce ninguno, eso sí que es alarma para la población y no hace ningún bien al sector.
Segundo tema. Nuestro grupo parlamentario quiere creer -y está absolutamente convencido- que se están adoptando las medidas necesarias, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades autónomas, para evitar la aparición de nuevos casos y entendemos que, de momento, no hay excesivos motivos de preocupación. No obstante, señor ministro, hay que ser especialmente rígidos en el control de las fronteras a fin de que se cumplan las prohibiciones que el propio Ministerio ha establecido.
En tercer lugar, señor ministro, no sé si hoy, el próximo día o cuándo, tendremos que hacer una reflexión sobre la competitividad llevada a los últimos extremos. A mi entender, señor ministro, esa lucha sin límites para producir más barato nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. La ingeniería genética, las plantas transgénicas, la soja transgénica, como mínimo, son medidas que están absolutamente contestadas. La sustitución de las grasas vegetales por aceites minerales en la alimentación de las aves, que se hizo en Bruselas, nos llevó al problema de las dioxinas hace algunos meses, creando una grave situación de peligro para el propio sector; ahora, la sustitución de las grasas

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vegetales por otras de origen animal, procedentes de cadáveres de animales, como elemento básico para los herbívoros rumiantes, es otra de las barbaridades que estamos acostumbrados a ver. Estamos modificando toda la lógica natural, vamos contra natura y por eso nos pasan esas cosas. ¿Es que alguien ha visto alguna vez a un herbívoro rumiante comer carne de forma natural? Eso es absolutamente antinatural y, por tanto, yo creo que, en un futuro próximo, tendrá que abrirse un debate al respecto.Señor ministro, Europa tiene que apostar por la calidad, las producciones europeas tienen que ser signos inequívocos de calidad y de seguridad alimentaria en los mercados mundiales. Si no somos capaces de hacer eso, desde luego vamos por el mal camino.
Si me permiten, quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi más absoluta solidaridad, la de mi grupo parlamentario, con los productores de carne gallegos por su trabajo, por su profesionalidad, porque no hay derecho que se pueda poner en duda una trayectoria tan seria, tan profesional, por la aparición de un caso absolutamente controlado y que hubiera podido aparecer en cualquier otro lugar de la geografía española.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.


Señorías, asistimos al primer capítulo de este largo serial que en relación con el caso de encefalopatía espongiforme bovina se va a desarrollar en el Parlamento, esta tarde con motivo de esta interpelación que presenta el Grupo Socialista, y mañana por la tarde con la comparecencia del ministro, a petición propia y de otros grupos parlamentarios, en la Comisión de Agricultura.


Señor presidente, señorías, cuando aquí se dice por parte del grupo interpelante que no ha habido prevención, que no ha habido información adecuada y que no ha habido transparencia, mi grupo ha constatado esta tarde, una vez más, a través de las palabras del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no se puede minimizar, que no se pueden tirar por la borda los trabajos realizados desde hace bastantes años. Señorías, hemos oído de boca del ministro que el ganado bovino tiene un estricto control sanitario desde el año 1978, y de sobra son conocidas las campañas de saneamiento. Además, conocida la aparición del brote de la encefalopatía, desde 1996 hasta 2000 el señor ministro nos ha relatado distintas órdenes ministeriales y distintas iniciativas de los diferentes gobiernos, de los anteriores al Partido Popular y de los del Partido Popular, en los que se adoptan medidas cautelares en las importaciones procedentes de distintos países. Esta tarde hemos oído de boca del señor ministro, una vez más, que desde 1990 esta enfermedad es de declaración obligatoria en España, por lo que es de aplicación toda la legislación española para la investigación de animales sospechosos, toma de muestras, notificación de aparición de casos positivos, etcétera. Además, desde el año 1997 se efectúan análisis específicos para la detección de esta encefalopatía, ampliándose el programa de actuación a lo largo de 1998, desde el que se está actuando muy por encima de los mínimos marcados por las autoridades veterinarias de la Unión Europea.


Hay otro punto importante que es necesario constatar una vez más. Se ha repetido hasta la saciedad que desde el año 1994 en España está prohibida la utilización en rumiantes -es decir, en poligástricos- de piensos con proteínas de mamíferos, actuándose en consecuencia. Mi grupo tiene que suponer que se está actuando en consecuencia y que se está actuando bien, no sólo por parte de la Administración central, sino de las administraciones autonómicas, puesto que esta materia, como se sabe, está transferida como competencia exclusiva a las comunidades autónomas.
Entendemos -lo ha dicho el señor ministro- que el Seprona está cumpliendo con su obligación. Estamos seguros de que no se están incorporando a la dieta de los animales rumiantes harinas proteicas de origen animal. Además, hay un tema económico que nos ha inducido a ello: la obligatoriedad por parte de España de aceptar la importación de dos millones de toneladas de soja en régimen de perfeccionamiento activo. Creo que el grupo interpelante no lo sabe, así que se lo explico: se queda aquí la harina de soja y el aceite se reexpide. La harina de soja, harina proteica, igual que la del girasol producido en España, es la que se incorpora a los piensos de los rumiantes, por ley, por obligación, y no proteínas de origen animal.
Además, el señor ministro -y ya lo sabíamos- nos ha recordado que existe una eliminación obligatoria en el matadero de las partes del animal que contienen el agente nocivo, esas que se denominan materiales específicos de riesgo. Por tanto, hoy y los días anteriores ha habido información por parte del Gobierno, no solamente sobre las medidas de prevención que ya existían, sino sobre la actuación inmediata que se ha llevado a cabo. Por tanto, ha habido absoluta transparencia porque, conocido oficialmente el único caso de encefalopatía, ha habido una información inmediata, una solicitud de comparecencia en el Parlamento, y una información exhaustiva, no sólo a las comunidades autónomas corresponsables en la materia, sino también a las organizaciones de productores agrarios, a las cooperativas, a la Federación de industrias agroalimentarias, al sector de la distribución y al sector cárnico. Además, conscientes de la importancia del problema y

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para evitar alarmas -cosa que parece que otros no quieren evitar-, el Ministerio y las comunidades autónomas -aquí tengo el acta de esa reunión- han dicho absolutamente toda la verdad y han informado con absoluta celeridad. Así lo piensa mi grupo y así lo digo aquí. Pero además, los controles han funcionado y por eso se ha detectado, afortunadamente, un solo caso. Parece que algunos están deseando que se detecte alguno más. Que los controles sigan funcionando, y si se existe alguno más, que lo detecten.
Se han intensificado los controles en toda la cabaña, actuando además sobre un número muy superior de reses al que marcan los protocolos de la Unión Europea, e incluso ha habido anticipación en los plazos de aplicación de tales protocolos. Se han reforzado los controles en fábricas de piensos, fronteras y mataderos, incluida por cierto la eliminación de los MER -materiales específicos de riesgo-. Cuando aquí se dice que no se está procediendo a esa eliminación, conviene escuchar dónde está ocurriendo eso. Capacidad de eliminación -lo ha dicho el señor ministro y todos lo sabíamos- existe. Dice el grupo interpelante que no se está haciendo. ¿Dónde? ¿Por quién? Es el momento de decirlo, para que no quede ni una sola duda. Además, y esto es muy importante, se ha constatado con absoluta certeza que ni el caso positivo ni el caso no concluyente ni sus posibles derivaciones han entrado en la cadena alimenticia, es decir, se ha preservado de forma absoluta la salud humana. Además, en esa reunión del Ministerio con las comunidades autónomas y en todas aquellas intervenciones que mi grupo o mi partido hayan podido tener, hemos expresado siempre nuestra confianza en los laboratorios, tanto en el del Reino Unido, como en el de Zaragoza, como en el de Algete.
Expresar la confianza en los laboratorios es confiar en el personal que allí trabaja. Es inaceptable que se citen aquí palabras del profesor Badiola, cuando es el número uno en la especialidad, merece toda nuestra confianza y está actuando correctamente.
En cuanto a los plazos, cuando se dice que ha habido retraso, no se tiene ni idea de lo que es una toma de muestras y del tiempo que llevan unos análisis: de ocho a once días, y si tienen que pasar por dos laboratorios, no menos de veintitantos días. Justo lo que ha tardado en producirse la información.
Por tanto, señorías, señor presidente, se ha dicho la verdad, ha habido transparencia y se ha dicho con prontitud. Es un tema muy importante para el Gobierno y para todos nosotros. Por eso hay que hablar con rigor y con conocimiento de causa. Señor Frutos, ahora que gesticula, no se puede dar como oída su propuesta de que se consuman reses con una edad superior a los treinta meses...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Madero, le ruego vaya concluyendo.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente.
Justo lo contrario de lo que están recomendando todas las autoridades sanitarias y veterinarias de la Unión Europea. No nos parece adecuado -acabo, señor presidente- el oportunismo de las declaraciones que se están haciendo durante todos estos días por parte del Grupo Socialista y del Partido Socialista, con tal de molestar al Gobierno sin reparar, o quizá reparando, en la alarma que causaban y el tremendo daño que estaban haciendo al sector porque se hacían, repito, sin conocimiento de causa. De manera irresponsable y frívola se falta a la verdad o se dice la verdad a medias en los medios de información. ¡Qué distinto el tono del portavoz cuando sube a esta tribuna que cuando actúa en las ruedas de prensa! Se dice que la Administración ha fallado, se critica a la Administración ¿Dónde? ¿Ministerio? ¿Comunidades autónomas? Entendemos que su actuación ha sido correcta y, sin embargo, las sugerencias muy pocas. Estudiaremos el tema de las harinas, pero el caso de los rumiantes no es el que nos afecta porque su consumo está prohibido. Fuera de oportunismos y frivolidades, nos parece, señor ministro, que ésa es la línea en la que se debe seguir actuando, en estrecha colaboración y corresponsabilidad con las comunidades autónomas, que es la única forma de atajar el problema. Nuestro grupo le brinda su colaboración, dando confianza a la sociedad y, sobre todo, en la seguridad de que el alimento que llega a la mesa de cada español es un alimento sano.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LOS VUELOS REGULARES ENTRE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA (Número de expediente 172/000044)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate de esta interpelación, corresponde ahora el debate de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica.


Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señor ministro, siempre decimos aquí que el Parlamento está para acercarse a los problemas de los ciudadanos. A veces hay problemas que a uno le pueden parecer menores, pero por los que la ciudadanía está extraordinariamente sensible porque afectan directamente a su situación social, a su situación económica. Por eso, el

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problema que hoy traigo aquí es un problema eminentemente social, relacionado con personas que en otras situaciones dieron mucho a España y que ahora pasan por dificultades. España, en general, señor ministro, ha sido a lo largo de su historia un país de emigración, un país emigrante, fundamentalmente después de la postguerra y básicamente en la década de los cincuenta, de los sesenta y primeros años de los setenta. Cientos de miles de españoles, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales más de dos millones de españoles, viven fuera. Esta cantidad se multiplica de una forma extraordinaria si añadimos los descendientes de españoles o aquellos que por distintas razones adquirieron la nacionalidad del país que les dio acogida y perdieron su propia nacionalidad. Todos sabemos que algunos países de acogida imponían como condición la necesidad de nacionalizarse en ese país de acogida para poder tener opción a un puesto de trabajo. Por eso, muchos emigrantes o sus descendientes en estos momentos están implicados en el proceso de recuperación de la nacionalidad española. A lo largo de estos últimos años, y paralelamente con la nueva situación de progreso en la que se encuentra España, muchos están adquiriendo esa nacionalidad española.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que son varios millones los españoles que en estos momentos están fuera, si tenemos en cuenta los emigrantes de origen, los descendientes o personas vinculadas a España. Al propio tiempo, esos compatriotas que viven fuera tienen una vinculación directa con familiares, con amistades en nuestro país. Más de la mitad de esos emigrantes en estos momentos están en Hispanoamérica, especialmente en países como Venezuela, Argentina y Brasil. Venezuela es el país que a lo largo de la historia ha acogido más emigrantes españoles. Según un censo realizado por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Gobierno venezolano, hay un millón de personas de origen canario que viven en Venezuela. Como todos sabemos, también son muy importantes en ese país las colonias gallega, asturiana y extremeña.
La emigración supuso riqueza para España. Debemos mucho a los emigrantes que en su día se arriesgaron buscando un mejor futuro para los suyos y abandonaron España, porque, durante mucho tiempo a lo largo de la historia, cuando nosotros pasábamos una situación difícil y complicada en España, desde los países que los acogieron enviaban dinero a nuestro país para que sus familias salieran adelante, y además nos quedamos menos a vivir en España, con lo cual los que nos quedamos podíamos vivir mejor.
La situación ha cambiado, es diferente. España ha avanzado de una forma espectacular en progreso, en políticas sociales, en todos los parámetros. Sin embargo, en algunos de los países de acogida -voy a referirme en concreto a Venezuela- se han invertido las posiciones.
En este momento pasan una difícil situación. Si tenemos en cuenta que los emigrantes que se marcharon de nuestro país en los años sesenta y setenta en estos momentos están en el umbral de los setenta años y que es un país con una escasa estructura social, un país en dificultades económicas, nos daremos cuenta que nuestros emigrantes en estos momentos pasan verdaderas dificultades.
Hay iniciativas en este Parlamento, que creo que son loables, como la moción aprobada por unanimidad el 17 de octubre de este año, encaminada a adoptar medidas para mejorar jurídica y económicamente la situación de los emigrantes españoles. En el debate de esa moción, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario que apoya al Gobierno, decía que su grupo se ha comprometido en esta legislatura con la emigración. Yo creo que este es un problema que compartimos todas las fuerzas políticas de esta Cámara, todos tenemos un compromiso con la emigración. Esa voluntad, ese compromiso tenemos que materializarlo en acciones concretas que beneficien a nuestra gente, a la gente que vive en estos momentos fuera y que pasa por una situación difícil y complicada. Son muchas las acciones que en estos momentos están en marcha, pero una de las situaciones más injustas, que mi grupo califica de arbitraria, discriminatoria y abusiva, es el costo de los billetes entre España y Venezuela.
Señoras y señores diputados, el movimiento de pasajeros, de personas en general, entre España y Venezuela, y viceversa, no se debe al turismo, a viajes de negocios o a viajes relacionados con el comercio. El flujo de personas que cruzan el Atlántico en este momento se debe en la mayoría de los casos a motivos sociales, fundamentalmente relacionados con reencuentro de familia directas, añoranza de la tierra, deseo de no perder la identidad con la tierra que les vio nacer, deseo de que sus hijos conozcan sus raíces, defunciones, enfermedades, bodas, nacimientos, etcétera. Motivos extraordinariamente sociales, por lo que creo que debemos hacer un esfuerzo para solucionar esta situación. Debería ser el billete más económico de cuantos destinos haya por la serie de consideraciones que acabo de realizar, pero, incomprensiblemente, es al revés. El viaje más caro del mundo, teniendo en cuenta distancia y horas de vuelo, es el que tiene como origen y destino España y Venezuela.
Quiero, aunque este asunto no sé si puede considerarse obvio, hacer una serie de referencias porque creo que son muy importantes para concretar esta afirmación de que el viaje a Venezuela es el más caro del mundo. Voy a poner algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en estos momentos, distinguiendo la temporada alta, que va de junio a octubre y del 10 al 25 de diciembre, del resto, que está calificada como temporada baja. Pues bien, en temporada alta, un billete Madrid- Caracas cuesta en estos momentos 156.900 pesetas, siendo un trayecto de nueve horas. Si lo comparamos con destinos similares en número de horas, como puede ser Madrid-Miami, Madrid-Nueva York o

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Madrid-Chicago, estamos hablando de que contra las 156.000 del billete Madrid-Caracas, los importes a estos otros destinos son 102.000 ó 111.000 pesetas. En temporada baja, el coste de un billete Madrid-Caracas es de 122.750, y el de cualquier otro destino a los que me acabo de referir anteriormente está en torno a las 80.000 pesetas. Estamos hablando de que el precio de un billete con destino a Caracas es superior en un 40 ó 50 por ciento.
Si nos referimos en concreto a Canarias -y pongo este énfasis en Canarias porque es uno de los territorios del Estado con mayor número de emigrantes- el asunto es todavía más escandaloso, porque tenemos que comparar el trayecto Canarias-Caracas, que es de siete horas, con las nueve o diez horas de vuelo a cualquiera de los otros destinos a los que antes hacía referencia. Un billete Canarias-Caracas en este momento, con siete horas de vuelo, está costando, en temporada alta, 163.800 pesetas, y un billete Canarias-Nueva York, 100.000 pesetas, es decir, 63.000 pesetas más caro, teniendo tres horas más de vuelo el destino a Nueva York. Si hablamos de temporada baja, 120.000 pesetas el billete Canarias-Venezuela, y el billete CanariasNueva York, con tres horas más de vuelo, 102.000 pesetas. Si además de esto comparamos la relación distancia- tiempo, el destino de siete horas con el destino de diez, el precio real de un billete Canarias- Venezuela con el que la compañía obtendría beneficios, en lugar de las 163.000 pesetas que cuesta actualmente, debería ser de 74.000 pesetas.
Aún es más dramático el asunto, señor ministro, si los billetes se sacan en Caracas para venir a España. Hay que tener en cuenta que son descendientes de españoles, que tienen sus raíces en España. Aquí el asunto es absolutamente inexplicable. Un billete sacado en Caracas para venir a España cuesta 236.400 pesetas, con diez horas de vuelo, y para venir, insisto, desde cualquier otro destino adonde vuela Iberia cuesta por debajo de las 100.000 pesetas. En temporada baja son 177.000 pesetas frente a las 80.000 que cuesta venir desde un destino similar, como Miami, Boston o Nueva York.
Por ello, Coalición Canaria, señor ministro, presenta la siguiente interpelación para que el Gobierno explique cuáles son las razones por las que la ruta entre España y Venezuela, tanto de ida como de vuelta, las realiza la compañía aérea Iberia de manera exclusiva y con una política de precios abusiva y discriminatoria con respecto a otros trayectos de similares características y duración.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Con la venia, señor presidente.
Señorías, el Grupo de Coalición Canaria ha traído a esta Cámara un debate muy interesante en relación con los problemas de la emigración en Iberoamérica, y de manera muy concreta, con datos muy precisos, sobre los precios del transporte en las comunicaciones entre España y Venezuela. Creo que para completar la descripción del problema y, por tanto, para abordar las soluciones, es necesario ampliar algunos datos y seguramente buscar algunas salidas constructivas en términos de política real de transporte, que yo creo que es lo que estamos discutiendo esta noche aquí, en este hemiciclo.


Permítanme que enmarque -y voy de lo general a lo particular muy rápidamente- el enfoque del transporte aéreo internacional y su aplicación a las relaciones bilaterales con Iberoamérica. La regulación del transporte aéreo internacional trae causa de la Conferencia internacional sobre transporte aéreo, celebrada en Chicago en el año 1944, donde se intentó establecer un acuerdo multinacional destinado a regular y ordenar el transporte aéreo entre los distintos Estados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) El convenio de Chicago resultante de aquella conferencia,si bien estableció unas pautas generales de regulación del transporte mundial, no fue capaz de encontrar principios capaces de unificar las distintas posiciones de los Estados en lo que se refería fundamentalmente a intercambio de derechos de tráfico y acceso a su propio territorio. La consecuencia de este fracaso fue que los Estados se vieron abocados a desarrollar un sistema alternativo, basado en la conclusión de convenios bilaterales sobre el transporte aéreo, bajo los cuales los derechos y obligaciones de las partes contratantes se establecían por acuerdo entre los Gobiernos implicados y cuyo contenido básicamente regulaba el sistema de acceso de las compañías respectivas al territorio de cada una de las partes y los principios relativos a la concesión recíproca de derechos de tráfico.
El establecimiento de acuerdos aéreos bilaterales sigue constituyendo en la actualidad, salvo en el contexto de la Unión Europea, donde rigen los reglamentos del mercado interior, el tercer paquete aéreo, el estatuto básico de las relaciones aeronáuticas internacionales, y ha venido representando el único sistema capaz de concordar los distintos intereses y potencialidades económicas existentes en los diferentes Estados. Estos acuerdos aéreos bilaterales son pactos suscritos entre dos Estados, por los cuales se comprometen a cumplir, por las disposiciones establecidas en el texto, determinadas obligaciones. Su naturaleza jurídica se identifica con un tratado internacional con rango de ley, con sometimiento a lo establecido al respecto en la Constitución, y los principios básicos de un convenio bilateral son: el reconocimiento de la soberanía de cada Estado sobre el

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espacio aéreo de su territorio; la reciprocidad, es decir, el otorgamiento mutuo de derechos; y la previsión de servicios adecuados a las necesidades del mercado de que se trate.
El contenido tiene una serie de cláusulas administrativas y otras económico-comerciales, que me permito sucintamente enumerar: cláusulas relativas a la capacidad de los aviones; designación de empresas concretas; tarifas, donde se establece el procedimiento de aprobación, pero no se establecen mecanismos de decisión sobre la tarifa, repito, tarifas donde se establece procedimiento de aprobación; y derechos de tráfico por los que se otorgan entre las partes derechos de sobrevuelo -la primera libertad-, de escala -segunda libertad-, enlaces aéreos entre puntos en el territorio de ambas partes -tercera y cuarta libertad-, y también el derecho recíproco a explotar la denominada quinta libertad, que permite realizar a una parte tráfico desde puntos situados en el territorio hacia y desde puntos situados en terceros países. También hay cuadros de rutas y pueden incluirse otras cláusulas relativas a facilidades operativas para las empresas aéreas designadas.
Estas cláusulas económico-comerciales, señorías, constituyen la base fundamental de estos acuerdos y, de hecho, su adaptación a las necesidades del mercado, a las necesidades de dar respuesta a los problemas de transporte, es el motivo de los constantes contactos entre las autoridades aeronáuticas de los distintos países. España tiene actualmente suscritos acuerdos bilaterales con 87 países, incluyendo los firmados con los países miembros de la Unión Europea en vigencia y aplicables en aquellas materias que no están contempladas en la reglamentación comunitaria. La conclusión y actualización de los distintos convenios aéreos suscritos con España, de conformidad con el procedimiento establecido en los mismos, se lleva a cabo a través de negociaciones aéreas entre autoridades aeronáuticas de los países interesados, siendo así que los objetivos de la parte española se fundamentan en los tres pilares básicos siguientes: Favorecer y potenciar la expansión de la red de enlaces aéreos internacionales por parte de las compañías nacionales, fomentar la presencia de estas compañías en los distintos mercados y, por supuesto, mejorar las condiciones ofrecidas al usuario del transporte.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la política del Ministerio de Fomento en las relaciones aéreas con otros países y concretamente con los que conforman el área iberoamericana, va dirigida a potenciar al máximo el desarrollo del transporte aéreo entre España y los países de la zona, aplicando criterios muy flexibles que propugnan la introducción de elementos muy liberalizadores en el conjunto de los convenios aéreos bilaterales. Por ejemplo, la múltiple designación de empresas, que permite la presencia y la competencia de varios operadores, y con ello el consiguiente beneficio para el usuario, la liberalización de la capacidad, las frecuencias, las rutas, mayor flexibilidad tarifaria, y otras facilidades operativas capaces de dar respuesta a los proyectos de las compañías respectivas y a las reales necesidades de los distintos mercados.
España tiene convenios con la práctica totalidad de los países del área iberoamericana, pero en la línea de lo que acabo de exponer, se han intentado modificaciones de los distintos convenios aéreos que conforman la zona para potenciar esos principios que le he descrito.
Este objetivo ha sido alcanzado y cumplido con países de gran interés en el ámbito de las relaciones aéreas y también con países de gran interés en relación con la presencia masiva de emigrantes españoles en esos países. Me refiero a Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, la República de Panamá y la República Dominicana. En cambio, en otros casos el resultado no ha sido tan satisfactorio como la parte española hubiera deseado. En este sentido, cito los casos concretos de Méjico, Colombia y Venezuela -son datos que creo que conoce S.S. pero que deben ponerse sobre la realidad de este debate-, debido a la política proteccionista adoptada por las autoridades de estos países respecto de sus empresas, que ha impedido la presencia de otros transportistas en competencia en estos mercados. De hecho, el acceso a los mismos está restringido a la presencia de una sola compañía designada por cada parte.
En el caso de las relaciones aéreas con Venezuela, el convenio vigente fue suscrito en julio de 1972. Con el ánimo de flexibilizar el convenio con Venezuela de modo que permitiese la presencia en el mercado de nuevos operadores, la parte española solicitó negociaciones aéreas con las autoridades venezolanas, celebrándose las mismas durante el mes de julio de 1999, en las que, si bien se logró para ambas partes la posibilidad de designar a dos compañías aéreas, no fue posible alcanzar el objetivo de la parte española de levantar las restricciones en relación con la capacidad y número de frecuencias a ofrecer entre ambos países, lo que impidió la puesta en marcha de proyectos operativos de nuevos transportistas por ambas partes.
En el curso de las negociaciones, la parte venezolana comunicó no estar en posición de avanzar en esta materia debido a la corta experiencia operativa de la compañía designada por la parte venezolana, informando que deseaba dejar este tema pendiente para ser tratado en negociaciones posteriores a celebrar durante el mes de octubre del año 2000. En virtud de este compromiso, el pasado mes de septiembre, la Dirección General de Aviación Civil española solicitó fechas para la celebración de las consultas acordadas, concertándose las mismas para los días 7 y 8 de noviembre de 2000. El día anterior a la reunión se recibió una comunicación de las autoridades venezolanas informando de la imposibilidad de trasladarse a Madrid en las fechas convenidas, debido a compromisos de última hora contraídos por el Gobierno nacional relativos a la modernización del sector del transporte aéreo. Debo reseñar que la

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compañía designada por la parte venezolana, Avensa, suspendió sus operaciones en el inicio de la temporada de tráfico del verano de 2000 y las ha reanudado el pasado día 25 del presente mes de noviembre. La posición de la parte española, que yo creo que es la clave para acometer la solución de los problemas que plantean SS.SS., sigue siendo abrir nuevamente el proceso negociador, siempre y cuando lógicamente esta voluntad e interés sean compartidos por la parte venezolana.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, por su actitud a lo largo del día de hoy, en la comparecencia en el Senado, en contestación a distintas preguntas relacionadas con temas de las comunicaciones con territorios sensibles, con problemas que afectan a los ciudadanos, en su contestación a una pregunta que le hacíamos desde el grupo parlamentario al que yo represento, ayer en una comparecencia a petición del Grupo Socialista para hablar del tráfico marítimo y los cumplimientos de las obligaciones de servicio público, me consta que usted es una persona sensible con estos temas, sensible con los problemas de los ciudadanos y que está en la línea de que intentemos poner medidas, de que hagamos un esfuerzo para resolver el problema serio que en estos momentos preocupa a un importante número de compatriotas.
Apesar de la buena voluntad que muchas veces tiene uno de aportar lo mejor de sí mismo para resolver los problemas, es muchas veces complicado justificar prácticamente lo injustificable, lo que en estos momentos ningún mortal entiende, porque es absolutamente inentendible. Con todo el respeto para lo que son los acuerdos bilaterales, con lo que es la garantía de la libre competencia, cuando surge un problema de esta naturaleza -y yo estoy convencido de que en la Cámara todos los grupos parlamentarios entendemos que esto es una situación absolutamente injusta-, los que tenemos responsabilidades políticas, los poderes públicos, tienen que utilizar todos los instrumentos legales que existen, y si no existen crearlos, para evitar que esas situaciones injustas se mantengan en el tiempo. Ésta es una situación injusta, insolidaria, abusiva, y tenemos que hacer todos un esfuerzo -yo creo que usted va a ser el primero, el que se va a poner en la primera línea- para intentar resolver el problema, sobre todo porque en el mundo de las comunicaciones, en el mundo del transporte, cuando hablamos de situaciones como ésta -en Canarias se dice que Venezuela es la octava isla, pero para España es también un destino importante, por los millones de descendientes españoles que viven en Venezuela-, estamos hablando de un tema de carácter social. No pude ser solamente un tema de carácter mercantilista. En el conjunto de España, en el conjunto de la Unión Europea, decimos: para estas situaciones hemos creado un mecanismo, las obligaciones de servicio público, para atender temas sociales.
Estamos hablando ahora de un tema mucho más complejo, pero yo creo que si hay buena voluntad tendremos soluciones. Podríamos decir -y usted no lo ha introducido en el debate- que el destino a Venezuela es un destino que tiene problemas, no hay suficiente número de pasajeros que ocupen esas plazas, pero no es así. Estamos hablando de un destino para el que, si se quiere conseguir un billete, hay que hacer la reserva con tres meses de antelación, porque los aviones están completos. Es un tráfico absolutamente cautivo. Y estamos hablando de que en esta situación los billetes tienen un coste, dependiendo de si se sacan en España o se sacan en Venezuela, de más del 50 por ciento o de más del cien por cien en el convenio bilateral. España tiene que hacer un esfuerzo para modificarlo. En un mundo en que estamos apostando por la competencia, porque el libre mercado es, si no la panacea, el que resuelve los problemas para abaratar los costes de los transportes y mejorar la calidad del servicio, tenemos un convenio bilateral monopolizado por Avensa y por Iberia. Avensa ha estado sin volar, sin cumplir sus obligaciones, hasta primeros de diciembre; llevaba mucho tiempo sin volar. Tenemos que negociar la apertura de ese mercado a la competencia; tenemos que lograr que haya competencia, porque así se ha logrado que podamos volar a otros destinos del mundo, con la misma distancia y tiempo, por un 50 por ciento menos.
El Gobierno español tiene que hacer un esfuerzo en la modificación de ese convenio y abrirlo a la competencia. Y no para introducir solamente una compañía más, como se está diciendo, con las condiciones del Gobierno venezolano. Hay que abrirlo de verdad a la competencia, si queremos que los billetes se ajusten al precio de mercado en relación con otros destinos. Hay voluntad política, me consta su interés político por resolver este asunto. En el convenio bilateral dependemos del país venezolano. Hubo una negociación compleja y será el tiempo el que, poco a poco, nos irá señalando en qué disponibilidad están las autoridades venezolanas para abrir el convenio bilateral y generar competencia. Por los datos que tengo, me consta que no están ahora por ampliar la competencia, sino por salvar a su compañía, Avensa. Entienden que, cuanto más caro sea el billete, más posibilidades tienen de mantener la competitividad de Avensa, una compañía que ha pasado por muchas dificultades.
Dependemos ahí de Venezuela, pero hay otras medidas que podemos poner en marcha, señor ministro. Iberia, en estos momentos, es una compañía que ingresa beneficios por encima de lo exigible a una compañía que compite en el mercado. Iberia no está perdiendo respecto a los vuelos que hace a Miami, a Nueva York

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o a Boston, destinos a la misma distancia y tiempo que Venezuela.
Tiene ahí un sobrebeneficio. Y nosotros podemos condicionar que el coste de Iberia sea igual que para otros destinos del mundo. Si quieren y existe voluntad política, pueden ponerse en marcha los mecanismos necesarios, instrumentar un acuerdo del Gobierno con Iberia por medio del cual hablemos de lo mismo: una subvención al pasajero. La compañía no está privatizada. Tendremos que buscar mecanismos para subvencionar en el mismo porcentaje a los descendientes de origen español que quieran venir a ver a su familia o a los españoles que viven en España y vayan a ver a su familiar a Venezuela; poner este destino en igualdad de condiciones que otros destinos del mundo.
Hay mecanismos, lo que hace falta es voluntad política. A mí me consta que usted la tiene y espero que el conjunto del Gobierno la tenga y que la tenga el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Rivero, yo me quedo con la parte más importante de lo que ha dicho usted en esta segunda intervención: reconocer que hay que volver a negociar ese convenio, que hay que abrirlo a la competencia, para designar, si es posible, a más de dos empresas.
Esta es la clave. El mecanismo esencial que tienen los Gobiernos para influir en la estructura de precios pasa precisamente por la adopción de medidas liberalizadoras para sus correspondientes convenios bilaterales. En otros países hay por lo menos igual tradición de emigración española y, a los efectos de la representación en esta Cámara, no discutiremos que no hay presencia de distintos territorios, no sólo de Canarias, repartida por Iberoamérica. En estos momentos, los emigrantes españoles en Argentina tienen la suerte de que la parte española ya ha designado a dos compañías -y no ha designado a más porque no lo han solicitado-, Iberia y Spanair. En Brasil ya hay tres designadas por parte española: Iberia, Air Europa y Spanair; en la República Dominicana, dos: Iberia y Air Europa; en Cuba, tres: Iberia, Spanair y Air Europa; y con Estados Unidos, por parte española, ya hay cuatro. Repito: además de las que la otra parte haya designado.
Y tenga por cierto que no es posible hoy, en el marco de los convenios internacionales vigentes ni de los convenios bilaterales, para la administración aeronáutica española, rechazar unilateralmente una tarifa que haya sido establecida siguiendo los mecanismos que figuran en el convenio, salvo que la otra parte también la rechace. Y este es el caso del convenio con Venezuela.
Ha dicho S.S. en algún momento que no hay nadie que entienda esto.
No, señoría, hay mucha gente que entiende que las tarifas de los billetes aéreos en la actualidad, en un mercado en competencia, tienen poco que ver con los kilómetros, en algunos casos casi le diría que nada que ver. Las tarifas que hoy establecen las compañías en competencia se deciden en función de otros factores. Las de Iberia y las de las demás compañías. La situación de cada mercado; los precios de los competidores; el tipo de producto o del paquete de viajes que se oferta, tanto en un sentido como en otro; el aporte de pasajeros a otras rutas. Le voy a poner un ejemplo para que no me diga que es una singularidad de Iberia. Air France ofrece tarifas de 78.000 pesetas entre Madrid y Buenos Aires en este momento, mientras que el precio de París a Buenos Aires de Air France, con similares condiciones, es de 209.000 pesetas. ¿Podríamos interpretar con esto que Air France discrimina a los ciudadanos franceses en relación con los españoles? No, señorías, es que esa es la realidad del mercado aéreo. A esa realidad es a la que tenemos que adaptarnos y por esa realidad es por la que tenemos que trabajar. Y a mí me parece que hay suficientes elementos de coincidencia para que esa voluntad política, no sólo del Gobierno, sino de los distintos grupos de esta Cámara -y ahora tendremos oportunidad de escuchar a los demás-, en el marco de los cauces establecidos en las reglas del transporte aéreo internacional y en el marco de los convenios bilaterales, encuentre una respuesta para las necesidades de mejora del transporte aéreo y, como consecuencia, de los precios de los viajes en avión, de ida y vuelta, entre España y Venezuela. Espero que con el apoyo y la coincidencia de SS.SS. sea más fácil seguir avanzando en la renegociación de este convenio.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, escuchando la intervención del proponente de esta interpelación en representación de su grupo parlamentario, el señor Rivero, y la contestación del ministro, en los dos turnos que han consumido, he experimentado, como interviniente del Grupo Parlamentario Socialista, la satisfacción de comprobar que les ha costado, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno, irse acercando a las posiciones que desde esta tribuna ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista. Les ha costado pero, afortunadamente, van

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rectificando sus posiciones, van aprendiendo; los vocales asesores del ministro de Fomento sin duda alguna se han leído las diferentes intervenciones que este diputado ha tenido en esta tribuna y en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, y me alegra el enriquecimiento intelectual de los grupos parlamentarios.
Señorías, el 23 de diciembre de 1996 -porque me gusta hacer una aportación rigurosa marcando la temporalidad de las resoluciones que el Congreso de los Diputados ha adoptado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista-, en el primer medio año de gobierno del Partido Popular, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una larga moción del Grupo Parlamentario Socialista, derivada de una interpelación sobre política aeronáutica que el Grupo Parlamentario Socialista sugería a las Cortes Generales. Esa interpelación se refería a la adaptación de España a las políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo. La moción estaba integrada por un número importante de puntos, con resoluciones diferenciadas, que seguro que en los meses próximos tendré la oportunidad de recordarles que se han aprobado en esta Cámara. Concretamente el punto sexto -y está recogido en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados, repito, del 23 de diciembre de 1996- dice lo siguiente: Se insta al Gobierno a abrir negociaciones bilaterales con los países iberoamericanos para introducir en los nuevos convenios de transporte aéreo derivados de las mismas el criterio de la múltiple designación de empresas transportistas, con la intención de intensificar la participación aeronáutica española. Nosotros pedíamos que el Gobierno de España renegociase con los distintos países iberoamericanos los convenios bilaterales reguladores del transporte aéreo de pasajeros y mercancías para adaptarlos a la normativa comunitaria y para posibilitar la múltiple designación, para abrirlo a las políticas de quinta libertad aeronáutica que posibilitara asimismo el libre intercambio de pasajeros entre los distintos países, que traería consigo el abaratamiento de tarifas.
Si tienen interés por estos temas, señorías, les recomiendo que acudan al «Diario de Sesiones» de la Comisión de Asuntos Exteriores, donde se recoge un debate el 5 de noviembre de 1997 en el que, a la hora de analizar los contenidos de determinados convenios bilaterales con determinados países iberoamericanos -El Salvador, Cuba, Argentina- y otros países terceros no iberoamericanos, como Kuwait, etcétera, ya el Gobierno, es cierto que a través de sus negociadores, intentaba introducir el concepto de la liberalización en el transporte aéreo. He tenido la curiosidad, por rigor intelectual ante la preparación de esta intervención en representación del Grupo Socialista, de ver los convenios bilaterales suscritos en los últimos tiempos. Y es cierto que en algunos convenios se introduce la múltiple designación; en otros no ha sido posible, porque el reino de España negocia con otros países y naturalmente, en una negociación bilateral, cada país hace su aportación pertinente.
Por eso estimo que el planteamiento que hace Coalición Canaria, que es positivo en su origen y en su intencionalidad y que nosotros compartimos, hay que viabilizarlo a efectos de que en la próxima sesión plenaria, en la moción consecuencia de este debate de interpelación que ahora se está produciendo, se presenten resoluciones que representen aportaciones positivas. Y no duden ustedes que el Grupo Parlamentario Socialista va a hablar de nuevo de la exigencia del cumplimiento de los contenidos de las políticas de liberalización del transporte aéreo suscritos por el reino de España como parte integrante de la Unión Europea y su aplicación en la renegociación de convenios bilaterales, para posibilitar, por ejemplo con la república de Venezuela y con otras repúblicas, la múltiple designación y, en consecuencia, que varias compañías puedan prestar esos servicios. Además, vamos a hacer una propuesta de resolución en la moción que incluya algún mecanismo que permita a las compañías españolas actuar con generosidad hacia los españoles residentes en el exterior. Porque de todos los usuarios de las compañías aéreas es conocido que, por ejemplo, la compañía Iberia, para un mismo tramo dispone de la tarifa equis, la super equis, la mini, la super mini, en terminología coloquial conocida por todos. ¿Por qué no se posibilita una tarifa específica y singular, mediante la acreditación de determinada condición de español residente en un país iberoamericano o familiar en segundo grado, para que se le pueda aplicar un determinado mecanismo de apoyo?

La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Nosotros vamos a proponer también, en la moción consecuencia de esta interpelación, una iniciativa para que las compañías españolas se acojan a un mecanismo que abarate el coste del billete.
En suma, señorías, la coherencia en la defensa de los planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista en materia de política de transporte aéreo va siendo reconocida e incorporada a las preocupaciones de los grupos parlamentarios de la Cámara, cosa que a todos nos satisface, sin duda alguna. También nos satisface que el Gobierno poco a poco se vaya incorporando a esa línea directriz de aplicación de las políticas de liberalización en el transporte aéreo a la propia empresa transportista española y para beneficio de los usuarios de la misma.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.


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Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, intervengo muy brevemente para decir que la interpelación que plantea Coalición Canaria a través del señor Rivero creo que tiene una intención absolutamente loable, en el sentido de que se preocupa y se ocupa de unos españoles que viven en Iberoamérica, en Venezuela fundamentalmente. Y ello porque de todos es conocido que en Venezuela en concreto existe un número importante de canarios o de descendientes canarios.
Esa preocupación es compartida por todos y nos gustaría enfocarla debidamente y no como lo ha hecho el señor Rivero. Porque si bien es verdad que el reino de España -entiendo además que el Gobierno lo está haciendo así- no se despreocupa nunca de ninguno de sus conciudadanos directos o de los descendientes de sus ciudadanos, no puede formularse la interpelación de la manera en que lo ha hecho Coalición Canaria. ¿Y esto, por qué? Porque liga los precios de los vuelos regulares, en este caso de la compañía Iberia, con las políticas activas sobre la emigración. Y a mí me parece que son cosas bien distintas. Una cosa es aceptar el sentido último de la interpelación presentada por el señor Rivero, considerar que Coalición Canaria está propugnando una profundización en la liberalización del transporte aéreo, una mayor competencia en el mismo y, como consecuencia inmediata, una disminución del precio de los vuelos entre España e Iberoamérica en general. En este sentido nuestro grupo sí que apoya a Coalición Canaria. Yo entiendo su interpelación de esta manera y no en los términos estrictos en que la ha planteado Coalición Canaria. Convendrá conmigo S.S. que establecer los precios de unos vuelos regulares en función de la subjetividad personal o del motivo que produce el viaje produciría una distorsión bastante importante en cualquier compañía regular española o no española. Esto no se debe aceptar.
Ha hecho una afirmación el señor Rivero que me parece un poco aventurada y es decir que el destino Madrid o Canarias a Venezuela es el más caro del mundo. Tengo una oferta hecha por Internet donde el viaje vale 80.000 pesetas en el mes de febrero. Existen ya oportunidades claras de viajar entre la Península o Canarias y Venezuela con unos precios muy distintos a los de los vuelos regulares en temporada alta o baja, según se genere el viaje.
La intervención del señor ministro ha sido plenamente acorde con lo que tiene que ser una intervención de un ministro y es que los vuelos y toda la ordenación del transporte aéreo está sometido a la ley, a la ley que rige en este caso, que no es otra que el Convenio de Chicago de 1984 y los convenios bilaterales que rigen y que no se oponen, en los casos que no deban hacerlo, a dicho convenio.


Yo creo por tanto que la intención de esos convenios bilaterales -que no es otra que potenciar nuestra red de enlaces de transporte, fomentar la presencia de las empresas operadoras españolas si se pudiere y facilitar en consecuencia una mejor movilidad a todos los ciudadanos- es algo que se está intentando hacer de forma adecuada y prioritaria por parte del Ministerio. Y en esto el Grupo Parlamentario Popular le va a apoyar de forma decidida. ¿Por qué digo esto? Porque, como usted sabe, la renegociación del convenio bilateral con Venezuela es un tema absolutamente importante y en el que está empeñado el Ministerio, pero que, como todo convenio, depende de la voluntad negociadora de dos partes, la república de Venezuela y el reino de España. Yo pienso que en este sentido hay importantes intereses que van a determinar que esos acuerdos se puedan lograr de forma inmediata.
No quiero más que exponer esta posición de mi grupo, decir que apoyamos al Gobierno de forma decidida en la negociación o en la renegociación del convenio bilateral vigente y que, cuando se presente la moción, concretaremos mucho más nuestra intervención.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PRÓXIMA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS). (Número de expediente 172/ 000047.)

La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán ( Convergència i Unió) sobre las medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la prestación social sustitutoria.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere abordar esta tarde en el Pleno un debate que entiende que está presente en importantes sectores de nuestra sociedad, como es el que se deriva de la próxima supresión, a finales del año que viene, de la exigencia del servicio militar obligatorio, y muy en concreto, derivada de esta propia exigencia, la desaparición de la prestación social sustitutoria, cuestión a la que mi grupo parlamentario ha sido especialmente sensible.
Quiero recordar que el contexto de este debate se produce después de que en la pasada legislatura se impulsase desde Convergència i Unió y en el marco de los pactos de gobernabilidad con el Partido Popular la supresión del servicio militar, que la ley 17/1999 prevé

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en sus disposiciones adicionales decimotercera y transitoria decimoctava. En concordancia con aquello que también prevé la reciente Ley de objeción de conciencia en su disposición adicional cuarta, la desaparición del servicio militar obligatorio implica también la desaparición de la exigencia de la prestación social sustitutoria. El marco de estas leyes, y en concreto la 17/1999, situaba la desaparición del servicio militar obligatorio hacia finales del año 2002, plazo que, por un compromiso asumido por el presidente del Gobierno, va a ser avanzado y por tanto contemplamos que a finales del año que viene termine la mili obligatoria y termine también la prestación social sustitutoria.
Nos parece que, en relación con esta segunda cuestión, es un buen momento para hacer un balance de lo que ha sido la experiencia de la prestación social a lo largo de estos últimos diez años, pero también para empezar a discutir en sede parlamentaria sobre las posibles soluciones a la nueva situación que se va a generar con la desaparición de la prestación social. En primer lugar, el balance que hacemos desde Convergència i Unió de diez años de ejercicio de la prestación social sustitutoria parte de una valoración de lo que ha sido la evolución del propio marco legislativo. Una primera legislación del año 1984, contestada socialmente, contestada incluso por el Defensor del Pueblo, con importantes elementos de injusticia y de desequilibrio y que además fue acompañada de una gestión gubernamental no suficientemente eficaz. Parte también de una modificación legislativa introducida en 1998, en el marco de una iniciativa de Convergència i Unió, que permitió reformar aquella legislación del año 1984, introduciendo una ley mucho más justa y mucho más equilibrada, que redujo el plazo de realización de la prestación social a los nueve meses, equiparándolo con el servicio militar obligatorio y que implicó, de facto, una amnistía para más de 55.000 jóvenes que tenían pendiente realizar su prestación social sustitutoria. En definitiva, fue un nuevo marco legal de la objeción de conciencia y de la prestación social especialmente positivo, uno de los más avanzados en el contexto de la Unión Europea y que sabemos que hoy está sirviendo de referencia en muchos países de la Europa del Este en el proceso de incorporación de legislaciones de este tipo.
El marco de la Ley del año 1984 implicó también una práctica administrativa caracterizada por pocos recursos destinados a la prestación social, con poca información, con excepción de la realizada desde los gobiernos autonómicos o municipales o desde la propia sociedad civil y con pocos recursos económicos para el conjunto de la entidades, lo que, por tanto, llevó a un nuevo funcionamiento de esta cuestión. Creo que es de justicia reconocer que el cambio de Gobierno del año 1996, junto con la nueva legislación, implicó una mejora sustancial de la gestión en este ámbito: se redujeron los plazos o periodos de espera por parte de los objetores de conciencia; se facilitaron e incentivaron los procesos de convalidación del voluntariado en función de la PSS; se aumentó de manera muy sustancial el número de plazas en donde se podían realizar estas actividades y la participación de las comunidades autónomas en la gestión. Por tanto, es una práctica administrativa que ha tenido también una evolución positiva, y me remito a las cifras de incorporación de objetores de conciencia en los últimos períodos.
Finalmente, existe una evolución de lo que ha sido la objeción de conciencia desde la perspectiva sociológica. Ha pasado de ser esta una realidad que afectaba fundamentalmente a jóvenes de grandes y medianas ciudades, jóvenes la mayoría de ellos estudiantes universitarios, de clases medias o medias altas, a ser una realidad sociológica muy amplia, que afecta a jóvenes del ambito rural y de otros ámbitos sociales, de barrios de familias trabajadoras, no tan sólo estudiantes, con lo que hay una extensión de la objeción de conciencia y unas cifras muy contundentes que la sitúan en cerca de un millón de jóvenes que a lo largo de estos años han optado por declararse objetores de conciencia, colocando al Estado español entre los primeros en número de objetores de conciencia. Por tanto, también hay una evolución desde esa perspectiva sociológica a nuestro entender muy positiva.
El cambio de la ley, esta buena práctica que introdujo la Administración a partir de 1997-1998, ha permitido el ejercicio de un derecho constitucional como es la objeción de conciencia; ha permitido que las plazas de prestación social sustitutoria canalizasen esta previsión de la legislación y, asimismo, dar cauce a la voluntad de participación de muchos jóvenes de nuestra sociedad.
Hay que señalar que el auge de la objeción de conciencia y la capacidad de darle salida con las plazas de la prestación social sustitutoria ha permitido ahondar en la crisis de legitimidad social del servicio militar obligatorio. La objeción de conciencia era una de las principales expresiones del rechazo de la sociedad a la mili obligatoria y, por tanto, el fin hoy del servicio militar tiene mucho que ver con este auge de la objeción de conciencia.
Estrictamente en el terreno de la prestación social sustitutoria es evidente que la experiencia de estos diez años ha permitido dar respuesta a determinadas necesidades sociales que desde el ámbito público y desde el ámbito privado no estaban siendo cubiertas.
También ha permitido detectar otras nuevas, elementos que en el terreno de las políticas públicas aún no se habían asumido como de necesaria intervención; ha permitido introducir innovaciones importantes en el terreno de lo social y de lo asociativo; ha permitido convertir la PSS en un buen instrumento de formación de muchos de los jóvenes que optaron por ella, formación de carácter integral y formación de carácter técnico, y creemos que incluso a lo largo de estos años ha habido una percepción positiva de la sociedad ante aquellos jóvenes queoptaban por declararse objetores de conciencia. En últi-

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mo termino, la prestación social sustitutoria ha supuesto un buen elemento para reforzar en muchos casos un tejido social. En un contexto como el español, donde las políticas públicas dirigidas hacia el tercer sector, hacia las asociaciones sin ánimo de lucro, han estado siempre caracterizadas por un importante nivel de debilidad, la prestación social ha reforzado estas capacidades del mundo asociativo.
Es evidente que existen elementos negativos, plazas desprovistas de contenido o inútiles, cuya desaparición en su día no va a implicar consecuencias; muchas veces ha habido espacios donde, de hecho, los objetores de conciencia terminaron ocupando puestos de trabajo y algunas asociaciones que generan dependencias respecto a lo que representa la PSS. También ha existido una contestación social con relación al fenómeno de la insumisión. Sin embargo, a pesar de ello, el balance que queremos hacer desde Convergència i Unió de la experiencia de la prestación social es positivo. ¿Y ahora qué? Ahora que con la perspectiva de ese final de la mili la prestación social va a desaparecer ¿qué va a suceder con estos servicios que han prestado las entidades? ¿Qué va a suceder con estas necesidades que hoy hemos asumido que deben ser cubiertas? ¿Qué instrumentos vamos a poner en marcha para continuar reforzando nuestro tejido social? El debate existe y prueba de ello fue una iniciativa parlamentaria del Senado, en la pasada legislatura, que mandataba al Gobierno a poner en marcha un grupo de trabajo sobre esta materia. Ha habido también un debate importante en mi país, en Catalunya, con una propuesta del departamento de Bienestar Social de la Generalitat y un posicionamiento del movimiento juvenil a través del Consell Nacional de la Joventut. En el marco del propio Estado, hace pocos días, algunos parlamentarios manteníamos un encuentro con un denominado foro cívico ante el servicio civil, impulsado desde el Consejo de la Juventud de España y por los propios sindicatos. Por tanto, el debate está también en la sociedad y en el propio movimiento asociativo.
Hoy nuestra pretensión es simplemente conocer cuál es la posición que va a mantener el Gobierno ante esta situación y qué previsiones tiene con relación a estas cuestiones. Nos gustaría que del debate de hoy y de la moción que presentaremos dentro de 15 días pudiésemos enviar un mensaje a la sociedad de cómo desde los poderes públicos vamos a afrontar todas las cuestiones que se abren con la desaparición de la prestación social sustitutoria.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero pedir disculpas por la escasa calidad de mi voz, pero ciertamente el comienzo del invierno me ha afectado. No es efecto del diálogo sino de una faringitis crónica.
Creo que es oportuna esta interpelación, y no lo digo de manera tópica, porque ha existido sin duda ninguna inquietud en muchos foros por la desaparición de la prestación civil sustitutoria, evidentemente asociada a un hecho positivo como es la ya finalización del servicio militar obligatorio. Esa es la primera referencia. Creo que es una buena noticia que estemos ya prácticamente en las postrimerías de lo que ha sido un esquema y un modelo, el del servicio militar obligatorio y ese producto final generado en los últimos años de prestación civil, que coincido con S.S. en que ha tenido finalmente utilidad social, aunque también debemos reconocer que en algunos momentos ha tenido una notable artificialidad.
Existe una preocupación y creo que también es el momento de ver si algunas de las circunstancias han cambiado. Si hay que tomar alguna referencia, una primera sería la posibilidad que nos ofrece la Constitución española, próximos también a celebrar su vigesimosegundo aniversario, que en su artículo 30.3 ya abre la posibilidad de creación de un servicio civil. Creo que era una sugerencia que, con esa visión de modernidad y con esa permanente actualidad que tiene la Constitución, ha merecido también reflexión en ese grupo de trabajo al que hacía mención S.S. y que el Gobierno puso en funcionamiento siguiendo el mandato, en este caso, del Senado. Junto a esta consideración de las ventajas e inconvenientes que puede plantear la opción que podríamos denominar opción primera, la del servicio civil, también valoraré las importantes posibilidades que ha abierto en España el maravillosamente acelerado fenómeno social, muy positivo, del voluntariado. Creo que el voluntariado es una institución joven, pero con una enorme pujanza y potencialidad en nuestra sociedad.
Hoy, el problema, por decirlo de alguna manera, afectaría a unas 60.000 personas. Estaríamos hablando aproximadamente de unos 60.000 puestos de trabajo -dicho entrecomillado, son puestos de prestación social sustitutoria- de un total de 123.000 ó 124.000 puestos habilitados. El nivel de cobertura ha sido bajo, ya se lo anuncio, porque estaríamos hablando de unas 80.000 personas, y esas 60.000 ubicaciones posibles para prestaciones sustitutorias serían aquellas que podríamos calificar directamente de interés social, porque, como saben, hay un amplio catálogo asociado a cuidados medioambientales, asistencia en la sanidad o asistencia en educación. Pues bien, la lectura quizá de mayor dimensión numérica sería pensar cómo sustituir esos 80.000 prestadores sociales sustitutorios -no sé qué nombre utilizar porque no es sencillo-.
Decía que evidentemente hay una vía a escrutar, la del servicio civil. Conocemos países, como puede ser

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el caso de Estados Unidos y de algunos países del ámbito europeo, que lo han desarrollado, pero en el bien entendido de que tiene elementos internos de contradicción. Sirva como ejemplo que tiene que tener carácter voluntario, pero, una vez que se adquiere el compromiso por parte del ciudadano, tiene que haber una necesaria obligatoriedad de cumplir con ese compromiso. Tiene también riesgos, que no se le ocultan a S. S., y es que debe haber algún grado de compensación, bien económica, bien de reconocimiento social. Siempre se ha hablado de que aquello que no se puede compensar con pesetas contantes y sonantes debe ser compensado desde el Estado con alguna otra alternativa. Se ha hablado de prioridades y preferencias para ciertos accesos, incluyendo los accesos a la Función pública.
Ciertamente, sería un área de suficiente polémica establecer las sutiles, y a veces imperceptibles, fronteras entre la compensación y la remuneración. Tal vez eso explique el rechazo que se ha generado en algunas organizaciones sindicales, puesto que se correría el riesgo de laboralizar una relación que yo no creo que tenga esa naturaleza; antes al contrario, desvirtuaría su propia naturaleza esencialmente. También es evidente que puede crear problemas en aquellas organizaciones o instituciones donde se producirían situaciones de rara dualidad o de raro fraccionamiento.
Encontraríamos a personas que actuarían desde el más absoluto altruismo y generosidad, sin contrapartida alguna, ejerciendo puramente voluntariado, y quienes, en el caso de convivir con esa fórmula de servicio civil, estarían recibiendo algún grado de compensación. No se oculta a S. S. que eso podría generar tensiones y disfunciones en muchas de estas organizaciones. Tal vez eso explique que, cuando el grupo de trabajo del Gobierno ha acudido a ciertos foros a pedir opiniones estas son, como mínimo, discrepantes y en muchos casos poco favorables -lo subrayo ya- a la implantación de un modelo de servicio civil tomando siempre como referencia alguno de los preexistentes. Quiero dejar claro que lo que el Gobierno ha llevado a consulta a través de este grupo serían los modelos que ya existen, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ninguno parece fácilmente trasladable a nuestra propia realidad. Si a eso se une que el servicio civil generaría una segmentación de la población que podría lógicamente acceder -tradicionalmente se reserva para un tramo de edad que convencionalmente suele ser entre quince y treinta años-, me parece que tampoco es lo más deseable excluir a personas que, por la segunda vía, insisto, no exclusivamente incompatible pero distinta, que es la vía del voluntariado, sí que pueden acceder, porque debo recordar que, por la vía del voluntariado, es posible, felizmente posible y frecuente en España, que muchas personas de más edad participen de labores y de tareas sociales.
Esos son un poco los esquemas, pero sintetizo diciéndole que se han hecho los deberes por parte del Gobierno. Ha habido actuaciones desde la Dirección General de Objeción de Conciencia y especialmente desde el Instituto de la Juventud, que ha celebrado jornadas de reflexión, lógicamente, con las organizaciones del tercer sector que pueden estar más interesadas, con asociaciones juveniles, con organizaciones sin ánimo de lucro e incluso con instituciones como la plataforma para la promoción del voluntariado y organizaciones sindicales, que podían dar opiniones interesantes y fundadas.
Le decía antes que ha habido un movimiento espectacular de desarrollo del voluntariado en España y esta es la noticia que yo creo que puede transmitir una gran carga de tranquilidad y de serenidad a cualquier debate. En este momento, no debemos eliminar ninguna de las posibilidades ni de las alternativas, pero es cierto que cuando uno ve que en apenas cinco años se ha más que duplicado el número de personas comprometidas activamente con el voluntariado, que estamos hablando ya de más de medio millón de personas que están dispuestas a participar, nos encontramos con un modelo que -insisto-, sin pretender ser excluyente o radicalmente alternativo al primero, nos abre otra perspectiva y que tal vez suscita en este momento mayores niveles de consenso o de acuerdo. Lo digo porque, como bien sabe -y a impulso no solamente del Partido Popular sino también de otras fuerzas políticas-, se desarrolló el primer Plan estatal del voluntariado, con vigencia del año 1997 a 2000, buscando los efectos, que pienso que son positivos, de sensibilizar, de promover, de apoyar a los voluntarios y de coordinar las políticas de voluntariado. A lo largo de este tiempo se ha ido haciendo e insisto en que el desarrollo puede calificarse de espectacular. En el año 1995 teníamos aproximadamente 290.000 voluntarios y hoy tenemos más de medio millón, 550.000 según las últimas estimaciones, y además este sector del voluntariado ha generado empleo. Un análisis muy reciente de la Fundación Tomillo nos hablaba ayer de más de 280.000 empleos. Creo que este modelo elimina esa tensión, porque distingue con suficiente claridad la relación pura de voluntariado y las relaciones que han de ser necesariamente laborales y profesionales, lo cual me parece que es una ventaja; insisto, sin inclinarme a priori por otra formulación.


Yo creo que el año 2001 va a ser una ocasión doblemente excepcional, primero porque cumple renovar el plan anterior de voluntariado y segundo porque es el año mundial del voluntariado, con lo cual yo creo que tendremos a los medios de comunicación y a la opinión pública a favor de este debate que suscita S.S., que a mí me parece un debate enormemente interesante. Sin prejuzgar lo que sean ulteriores aclaraciones, yo creo que el Gobierno ha cumplido el encargo de pulsar opiniones cualificadas en torno a la viabilidad de la

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implantación del servicio social, siguiendo al menos alguna de las formulaciones ya existentes. Ha encontrado en este momento posiciones muy discrepantes -estoy seguro que esta experiencia también se ha vivido por parte de alguna comunidad autónoma, que me consta que también ha manejado ya textos en forma de proyecto de ley- y hoy vemos quizás como una vía más practicable, y en ese sentido de más proximidad a la realidad social, la vía de potenciación del voluntariado, que, insisto, elimina alguna de las tensiones que si no parecen ineludibles. Le he citado las más básicas, que siguen siendo, sin duda alguna, desde problemas de disfunción interna a problemas de pseudolaboralización o laboralización indebida de puestos que son de perfil básicamente de asistencia social, y entiendo que también podrían generarse problemas desde lo que sería una invasión, por decirlo así, de un ámbito en expansión tan positivo y deseable como es el mundo del voluntariado y de las organizaciones no gubernamentales.


Ha sido una primera intervención. Espero que en la réplica, si así lo entiende S.S. o algún otro grupo, pueda dar explicaciones complementarias, pero creo que podemos ver esta cuestión con evidente interés pero también con suficiente tranquilidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, yo creo que la interpelación que hoy plantea el Grupo Parlamentario Catalán es la expresión de una buena noticia, que es la previsión clara e inequívoca de la supresión del servicio militar a finales del año que viene. El Grupo Parlamentario Catalán se alegra de que quien hoy haya respondido a esta interpelación haya sido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, quien desde el Gobierno tiene la máxima responsabilidad en el ámbito social, porque yo creo que nos está permitiendo abordar con conocimiento de causa el seguimiento del debate en relación con estas consecuencias, que en la sociedad funciona desde hace ya al menos un par de años, y, por tanto, nos permite una aproximación a cuáles son los elementos de la discusión.


El enfoque que el señor ministro de Trabajo ha dado a esta cuestión coincide básicamente con la posición de Convèrgencia i Unió tanto en esta Cámara como en Cataluña, donde ejerce responsabilidades de Gobierno. El debate que se nos plantea sobre la prestación social es fundamentalmente sobre los mecanismos para reforzar el conjunto de nuestro tejido asociativo. Es evidente que el planteamiento del servicio civil, que empezó a circular hace dos o tres años, ha tenido una importante contestación por parte de sectores sociales concretos y también por parte de las organizaciones sindicales, que seguramente va a requerir un nivel de discusión mayor que el de hoy, que probablemente no sea suficiente para llegar a la conclusión de que la principal respuesta a la desaparición de la prestación social tiene que ser el servicio civil. Por ejemplo, el propio Gobierno de la Generalitat, hoy, en sus planteamientos a medio plazo sobre esta cuestión, ya no contempla la necesidad de regular esta figura. En este sentido coincidimos con el análisis que hacía el ministro.
Nos parece que existen al menos tres cuestiones importantes en la línea de lo que apuntaba el propio ministro. En primer lugar, se va a abrir un debate sobre qué vamos a hacer con aquellos fondos que hemos destinado desde 1989 a la prestación social sustitutoria y que se han convertido en elementos para reforzar las propias sociedades y en instrumentos para dar respuesta a necesidades de carácter social.
Esas 60.000 plazas responden a esa evidencia. Debemos hacer un esfuerzo para que todos esos recursos no se pierdan ante la supresión de la prestación social sustitutoria. Las asociaciones se han comprometido con el Estado en la posibilidad del cumplimiento de un derecho constitucional y hoy no podemos dejarlas en el puro abandono que se podría derivar si no se destina parte de los recursos a estas políticas. Este es un primer aspecto que sabemos que va a ser polémico, pero que Convèrgencia i Unió quiere plantear.
Una segunda cuestión a la que aludía en su intervención es que buena parte de nuestro movimiento asociativo va a necesitar -y esas cifras de puestos de trabajo que usted citaba indican las posibilidades que existen- mecanismos más eficaces que permitan continuar creando ocupación de calidad en el denominado tercer sector. En el marco del diálogo social, con la participación de las organizaciones sindicales, pero también con las organizaciones del tercer sector, debemos ser capaces de introducir en nuestras medidas de fomento de la ocupación líneas que den respuesta a esa necesidad de crear ocupación por parte del tercer sector. La pasada legislatura, precisamente a propuesta de Convèrgencia i Unió, se aprobó una moción en este Pleno que apuntaba en esa dirección. Esta tiene que ser una de las prioridades ante el fin de la prestación social sustitutoria.
Existe un tercer elemento, que a nuestro entender va a corresponder más a los gobiernos autonómicos que al Estado, aunque éste también puede participar en determinadas medidas, que es el fomento del voluntariado. Como muy bien ha apuntado el señor ministro, el año que viene, que es el año internacional del voluntariado, va a ser un reto para el conjunto de las administraciones públicas en España y un reto para el propio movimiento asociativo de cara a esa necesidad de modernizar el voluntariado en nuestra sociedad. Es evidente que el auge del mismo es contundente -las cifras así

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lo indican-, pero nos parece que desde el terreno de las políticas públicas en esta materia aún queda mucho por hacer. Existen modelos muy cercanos en Francia, en Alemania, en Bélgica o en otros países de nuestro entorno, que nos permiten ver que en el campo del voluntariado podemos hacer más de lo que estamos haciendo. La Ley del voluntariado aprobada en su día continúa sin desarrollarse en muchos de sus aspectos. Ahí existen unas posibilidades y sería bueno que el tercer sector y la Administración llegasen a acuerdos para impulsarlas el año que viene.
De entrada, hacemos una valoración positiva de esta interpelación, porque la intervención del señor ministro ha aclarado algunas dudas y algunas reticencias que aún hace escasos días manifestaban algunos sectores de la sociedad. Además, con la moción que nuestro grupo presentará en las próximas horas, esperamos ser capaces de apuntar también soluciones, propuestas y líneas de actuación en las que la Cámara pueda ponerse de acuerdo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.


Subo a la tribuna no porque mi intervención pretenda ser especialmente larga, sino para no tener una perspectiva occipital, que es la que tengo desde el escaño, del grupo al que pertenece su señoría.
Los planteamientos que ha hecho reflejan el ánimo que tienen todos los grupos parlamentarios -creo interpretar que la práctica totalidad- de dar respuesta a lo que son nuevas demandas de la sociedad de no crear lagunas o vacíos cuya cobertura en este caso pienso que se puede ver con un razonable optimismo por la expansión en este caso de los movimientos de tipo voluntariado. Me recuerda bastante a aquel segundo principio de Gay-Lussac de que todo vacío tiende a ser ocupado por otro fluido. Permítanme esa licencia como químico y que entienda que sí se produce en este caso un llenado positivo en cuanto a algunos riesgos -no hablaría propiamente de vacíos- a través de lo que ha sido la expansión del voluntariado, que es además la expresión de un sentimiento solidario y social por parte de muchos españoles, en este caso más de medio millón y para otras estimaciones, incluso un número superior.
Hacía una pregunta en esta última fase de su intervención que estoy seguro tendrá muchas respuestas. Quedarían aparentemente recursos liberados, pero estoy seguro de que una parte de los mismos debe ser aplicada a lo que es ese buen ejército profesional, que es un modelo socialmente más deseable pero económicamente más caro -eso lo sabe S.S. como yo-, aunque no dudo que puede y debe ser perfectamente compatible con mantener las acciones que hemos desarrollado en materia de potenciación del voluntariado. El año 2001 tiene que tener dimensiones emblemáticas, pero tienen que ser también prácticas o pragmáticas. Me gustaría recordar al respecto que a lo largo de estos años este primer plan que ahora procede renovar ha movilizado recursos importantes: más de 900 millones de pesetas por transferencia a las comunidades autónomas; más de 2.600 millones en los programas con cargo al 0,52 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y también se ha buscado que haya programas de voluntariado en las organizaciones de carácter general o de régimen general que operan en el mundo de la colaboración social.
Finalmente, permítame la especial satisfacción de reconocer también en su grupo lo que es preocupación de este Gobierno. Hoy, junto al diálogo político que sigue siendo imprescindible en materias que son pacíficas y tranquilas para la propia sociedad, junto al diálogo social en el que tantas cuantas veces sea posible debemos involucrar a nuestros empresarios y a nuestros sindicatos, también es la hora de intentar ese diálogo con el tercer sector, un diálogo tal vez más difícil porque aunque se han dado pasos muy importantes en estos últimos años, no tienen la vertebración o la cohesión que nos gustaría, pero insisto que se ha mejorado mucho y estos foros y órganos de encuentro para lograr esa vertebración deben ser también una pauta. Sería un inmenso error por parte de las fuerzas políticas no reconocer como interlocutor válido a la hora de diseñar los programas de cooperación social a ese más de medio millón de españoles y a esas organizaciones no gubernamentales que manejan y movilizan con inteligencia y generosidad los recursos que les son encomendados y que están dando, además, una hermosa dimensión a la sociedad española. Uno de los motivos que sin duda nos lleva a pensar con propiedad y a sentirnos orgullosos de esta sociedad es ver cómo las prestaciones de carácter voluntario surgen tanto entre nuestros jóvenes como entre nuestros mayores, con un excelente sentido intergeneracional y con una sociedad que honra no solamente a quien la practica sino a la misma sociedad en la que vivimos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, está bien que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos haya traído esta interpelación a laCámara porque no será mi grupo quien niegue las vir-

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tudes del diálogo o del debate sobre cualquier materia. Conocido es que el grupo al que represento siempre ha estado en contra de que exista la obligación de la prestación del servicio militar, aunque reconocemos que está constitucionalmente previsto. Por lo tanto, en consonancia con esto, hemos reconocido también, de acuerdo con el artículo 30.2 de la Constitución, que la regulación de la prestación social sustitutoria, puesto que era sustitutoria de un título que es defensa, correspondía al Estado, es decir, estábamos en el ámbito del 149.1.4. Sin embargo, si desaparece la obligación militar, y el Gobierno ha contraído ese compromiso, no estaríamos hablando del artículo 30.1 ni del 30.2 de la Constitución, sino del 30.3, que habla de la posibilidad de que se establezca un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Desde nuestra perspectiva, aquí ya saldríamos de títulos competenciales que le corresponden al Estado. Creemos que estamos hablando de títulos sociales, de títulos de bienestar social, la propia intervención del ministro de Trabajo avala un poco esta perspectiva, no ha intervenido el ministro de Justicia, ni siquiera el ministro de Defensa, con lo cual no comprendemos exactamente qué virtualidades obligatorias puede tener el contenido de lo que en esta Cámara se pueda debatir al respecto. Por supuesto, acataremos todo lo que de orientador tenga el debate y nos complacerá conocer las opiniones que al respecto se sustentan en el Congreso de los Diputados, pero entendemos que no será decisorio. Esperaremos al contenido de la moción, pero -insisto-, desde la perspectiva del grupo al que represento, el artículo 30.3 se refiere a títulos que son propios de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista está de acuerdo con los demás grupos, incluso con el Gobierno, en que ésta es una interpelación oportuna en el tiempo, a partir naturalmente del anuncio de la desaparición del servicio militar obligatorio.
El grupo interpelante ha utilizado su turno no solamente para hacer una reflexión sobre la necesidad de contar con una alternativa a la actual prestación social sustitutoria, sino también para hacer un somero balance de lo que han significado los diez años de prestación social sustitutoria. Ha hecho referencia básicamente a la aplicación de la legislación de 1984 que, según el portavoz del grupo interpelante, fue contestada por el Defensor del Pueblo. Ciertamente, señor Campuzano, he de reconocerle que la gestión de la prestación social sustitutoria siempre ha originado controversias y siempre ha tenido dificultades. En el año 1985, en el año 1990, pero también actualmente.
Voy a leer, señor Campuzano, cuál es el comentario que este tema le merece al Defensor del Pueblo en el informe que mañana vamos a tener oportunidad de debatir en esta Cámara, que continúa lamentándose de la mala gestión de la prestación social sustitutoria, a pesar de las reformas de la ley del año 1996. El informe dice así: Lamentablemente, la modificación de la normativa reglamentaria no ha servido por el momento para solucionar los numerosos problemas que afectan a los objetores de conciencia en relación con las condiciones de cumplimiento de la prestación, la falta de coordinación entre los órganos administrativos competentes, las convalidaciones de los servicios prestados como voluntarios, así como otras irregularidades y disfunciones que, a juicio de esta institución, exigen la adopción de medidas que aseguren que la gestión de la prestación social sustitutoria no suponga una constante fuente de reclamaciones.
Es decir, en el año 1995 el Defensor del Pueblo ya apuntaba la necesidad de modificaciones, pero en el informe del año 1999 continúa diciendo lo mismo, a pesar de las modificaciones. Y es lógico, señores diputados, la gestión de la prestación social sustitutoria exige un planteamiento al que las administraciones muy difícilmente pueden responder porque, a pesar de lo que ha dicho el portavoz del grupo interpelante, la evolución de la objeción de conciencia no ha ganado en calidad, como usted ha querido plantearnos aquí esta tarde, sino que yo creo que ha servido en muchos casos como salida para no efectuar el servicio militar obligatorio. Y esta es una tendencia que se ha incrementado de una manera muy clara a partir de tenerse la seguridad de la implantación de un modelo de ejército profesional que elimina el servicio militar obligatorio. Esto es muy fácil de comprobar viendo cómo han aumentado las solicitudes de la prestación social social sustitutoria desde el año 1995 a 1998, se han duplicado exactamente, de 70.000 han pasado a más de 150.000. Esto no se debe a que haya ganado en calidad la postura a favor de la prestación social sustitutoria o de la objeción de conciencia, sino -y hemos de ser muy claros, señor diputado- porque naturalmente esto ha servido, sirve y va a servir en España, como ha servido en otros países, desde estados Unidos a Bélgica, en el período transitorio hacia el modelo de ejército profesional, como espita para saltarse la obligación de efectuar el servicio militar obligatorio.
Es cierto -y acabo, señora presidenta- que el Grupo Socialista tampoco tiene absolutamente claro cuál debe ser la alternativa a la prestación social sustitutoria, pero, coincidiendo con lo que ha expresado el señor ministro, nuestro grupo cada día se decanta más por la idea de impulsar la participación de los voluntarios a través de la Ley del voluntariado. Creo que elministro ha dado cifras absolutamente claras de cómo

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se ha incrementado en los últimos cinco años la participación voluntaria en los distintos trabajos de instituciones y de organizaciones no gubernamentales. Nosotros pensamos que en este camino es en el que se debe profundizar.


No tengo tan claro, señor ministro, el tema de las compensaciones.
Creo que en el trabajo de los voluntarios la compensación debe ser básicamente de carácter ético, de reconocimiento social y de satisfacción por la realización de un deber cívico como una expresión de solidaridad entre las personas. Espero, señor ministro, poder trabajar en este sentido en los próximos meses y ya veremos cómo se concretan las medidas que el grupo interpelante va a presentarnos en la próxima moción Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intervenir con toda brevedad en nombre del Grupo Popular en este turno de fijación de posición sobre la interpelación que está terminándose de debatir.
Quisiera destacar, como ya han hecho los portavoces que han intervenido, que el proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que tiene una fecha límite, anticipando en un año lo que establecía la Ley 17/1999, en diciembre del año 2001, supone la desaparición, en este caso la suspensión, del servicio militar obligatorio y conlleva también la desaparición de la prestación social sustitutoria que hasta ahora venían prestando los objetores de conciencia. Yo quisiera destacar en este turno, como han hecho ya otros portavoces y el propio ministro, el importante papel que la prestación social sustitutoria ha desempeñado durante los últimos años y el apoyo importante que ha representado para diferentes actividades especialmente en el ámbito social. Creo que la experiencia de los últimos cuatro años, con las modificaciones legales que se han introducido, ha permitido que la prestación social sustitutoria se prestara en mejores condiciones y se superaran los problemas que había antes, como ha señalado el señor Campuzano.
La desaparición de la prestación social sustitutoria implica un reto importante para toda las administraciones públicas, como sin duda en su propia interpelación señalaba el grupo interpelante, y no sólo para las administraciones públicas, sino para todo el ámbito en que nos movemos. En este sentido conviene destacar algunas cosas, como ya ha hecho el señor ministro. En primer lugar, el Gobierno cumplió el mandato parlamentario del Senado para establecer un grupo de trabajo que aportara unas soluciones. Y ahí se establecieron las reflexiones sobre el servicio civil. Hoy el señor ministro en su intervención ha hablado de las dos alternativas: primera alternativa, servicio civil, que tiene algunas dificultades, contestación y falta de consenso entre los propios grupos afectados, incluso rechazo por algunos grupos (precisamente en el día de hoy me ha llegado algún teletipo en este sentido); y segunda alternativa, el voluntariado. Es evidente que el voluntariado es una experiencia nueva que abre unas perspectivas muy grandes, que la apuesta que hizo el Gobierno en el primer plan del voluntariado, y que ahora ha reafirmado el señor ministro con el segundo plan del voluntariado, abre nuevas perspectivas que pueden dar solución al vacío que la desaparición de la prestación social sustitutoria sin duda deja.
Termino diciendo, en nombre del Grupo Popular, que esperaremos a que presenten su moción para fijar nuestra posición y respaldar, como no podía ser de otra forma, la actuación que realiza el Gobierno especialmente en lo que significa potenciar las soluciones, las alternativas a una necesidad que aparece como consecuencia de la aplicación de una ley que deja sin cubrir otro sector.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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