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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 145-9, de 23/06/2003
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
23 de junio de 2003

Núm. 145-9


ENMIENDAS

121/000145 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno al Proyecto de "Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal".


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Massat, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

Ni este Proyecto de Ley Orgánica ni el resto de reformas legales que el Gobierno ha remitido a esta Cámara en los últimos meses pueden entenderse sin tener en cuenta, de forma integral, el debate sobre seguridad y penalidad mantenido en nuestro país en los últimos meses.


En esta línea de reflexión hay que citar los que, en estos momentos, son los antecedentes y rasgos fundamentales del modelo dominante en materia de seguridad ciudadana y respuesta policial, penal y penitenciaria pública a la misma.


En primer lugar, se ha creado de forma irresponsable y artificial una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que en nada se corresponde con la realidad, pues España es el marco de la Unión Europea un país de violencia e inseguridad ciudadana realmente baja.


Este clima fue impulsado en primer lugar por el PSOE que, emulando al PSF y a L. Jospin, introdujo el tema de la inseguridad ciudadana con fines exclusivamente electorales, alejándose de todos los valores tradicionales del socialismo. Posteriormente, el PP reaccionó y entró en el debate de la inseguridad ciudadana

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seguro de que, como en Francia, en España también la derecha resultaría siempre victoriosa de un debate con la izquierda sobre esta materia.
Paralelamente, el PP ha mezclado el tema de la seguridad ciudadana, con la inmigración, con nuestro terrorismo ETA y con el clima creado con posterioridad al 11 de septiembre del 2001. De tal suerte que el PP entra en el debate de la seguridad ciudadana justificando las más extremas medidas contra el delito, contra ETA y su entorno e identificando inmigrante con delincuente, todo ello de forma conjunta, en una especie de totum revolutum de escaso o nulo rigor intelectual y analítico.


El resultado de esta política del Gobierno del PP es un evidente daño a determinados valores constitucionales (vg. reinserción del artículo 25 de la Constitución), una especie de racismo gubernamental encubierto y una política de tolerancia cero frente al "pequeño" delito (con el grande se tiene mucha más tolerancia). Todas esta medidas son parte del patrimonio tradicional de la derecha política, pero además el PP entiende que le pueden ser tremendamente rentables en términos electorales.


Al calor de todos estos acontecimientos el PP ha impulsado una reforma penal integral encubierta bajo la filosofía de que todo es solucionable con mano dura penal (ETA, pequeña delincuencia, violencia doméstica, inmigración, etc).


Sin embargo, frente a este modelo desde Izquierda Unida queremos poner de relieve algunos hechos que nos parecen claramente reveladores de la degeneración electoralista que se ha alcanzado en esta materia.


España es, en términos relativos, un país seguro y de baja violencia. Todo ello sin negar el evidente rebrote que se ha producido en las estadísticas de delincuencia en los últimos años. Repunte que sigue sin modificar la posición relativa de España en la Unión Europea en materia de criminalidad y violencia.


España es un país con una ratio policía per cápita altísima (de hecho la segunda detrás de Italia en la Unión Europea). Otro asunto es que las diversas policías que tenemos están mal coordinadas, mal retribuidas, deficientemente formadas o dotadas.


España es un país con muchos presos (más de 51.000 reclusos) y tenemos una de las ratios presos en relación a la población total más altos de la Unión Europea.


España es un país en el que el Gobierno del PP está consiguiendo privatizar la seguridad, marginado la seguridad pública (con una alarmante reducción de la inversión pública en esta materia) y potenciando el sector de la seguridad privada. Es decir, convirtiendo la seguridad en un bien del que se disfruta no en función de la ciudadanía, sino en función de la renta. Consecuencia de todo ello es que el PP ha convertido la seguridad en una mercancía y no en un derecho ciudadano.


España es un país con pocos inmigrantes (en torno al 2 por ciento de nuestra población), especialmente si nos comparamos con algunos de nuestros socios europeos que se mueven en la banda del 5 al 10 por ciento de la población.


En España, como en el resto de occidente, los inmigrantes legales delinquen en menor proporción que los españoles (por encima de todo quieren que su familia resida legalmente y sin problemas en España).


Por otra parte, los inmigrantes (legales o ilegales) no alcanzan a protagonizar un tercio de los hechos delictivos. Hay que recordar algo que muchas veces el ambiente nos hace perder de vista: la residencia ilegal es una infracción administrativa, pero no una falta o delito penal. Y también conviene recordar que, si sólo un tercio de los delitos son cometidos por inmigrantes, la mayor parte de los delitos y faltas son cometidos por ciudadanos españoles.


En otro orden de cosas, el cacareado Plan Policía 2000 ha sido un fracaso rotundo y total del Gobierno del PP. Pura mercadotecnia sin nada tangible dentro. Otro tanto ha ocurrido con el Plan contra la Delincuencia presentado por los Ministros de Interior y Justicia a bombo y platillo el pasado diciembre del 2002.


Todos estos datos no han sido ponderados ni por el PP ni (de momento) por el PSOE. Y ni siquiera han sido analizados por el Gobierno que, de forma previa a implementar sus planes en materia seguridad y reforma penal, se ha negado repetidas veces a elaborar un Libro Blanco de la Seguridad Pública que de forma objetiva y científica analizase las necesidades de España en esta materia. Carecemos de aparato estadístico y analítico científico y el Gobierno del PP no quiere procurarlo. La realidad (origen social y económico de casi todo el crimen) no debe estropearles su bonita plataforma electoral (es necesaria la mano dura para frenar a etarras, terroristas árabes, inmigrantes delincuentes y pequeños "chorizos").


De hecho, el Gobierno del PP se ha limitado a utilizar la pretendida inseguridad ciudadana primero como una forma de captar cierto apoyo electoral (recordemos la pelea-electoral Chirac, Jospin y Le Pen en torno a este tema); en segundo lugar para evitar que el PSOE le abriese un frente electoral con esta materia; sin duda para seguir ganando votos con el discurso duro contra ETA, y finalmente para tapar las vergüenzas del Prestige (recordemos que el Presidente Aznar habló de "barrer las calles de pequeños delincuentes" en diciembre del 2002, pero sólo lanza la cascada de Proyectos de Ley cuando el Prestige comienza a hacerles perder fuelle en las encuestas).


Todas estas tendencias en relación al problema de la seguridad ciudadana no ha hecho sino acentuarse con motivo de la campaña electoral municipal y autonómica que está teniendo lugar en este mes de mayo en toda España.


En respuesta al clima que hemos descrito someramente en los párrafos anteriores el Gobierno del PP ha

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aprobado dos andanadas de política policial y penal represivas de un profundo calado:

1. En primer lugar el Plan contra la Inseguridad Ciudadana en diciembre del 2002.


2. Y en segundo lugar la Reforma Penal (así y no de otro modo debe concebirse el alud de Proyectos de Ley Penales) de enero del 2003.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que ambas reformas deben leerse de forma conjunta e integral. Y por ello debemos considerar como partes de una misma agenda pública las siguientes cuestiones:

a) Los planes de aumentos espectaculares de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía (hasta ahora sólo existentes en los titulares de prensa, pero no en las calles de España).


b) Los planes para aumentar las plantillas fiscales (otro tanto de lo mismo).


c) La apuesta por la expulsión fulminante de los inmigrantes en situación irregular (incluyendo incluso a menores).


d) Los juicios rápidos (más celeridad, menos garantías procesales y peor situación relativa frente a la justicia para las clases sociales más débiles; todo ello sin gastar un duro en medios materiales y humanos nuevos al servicio de estos juicios pretendidamente rápidos).


e) La centralización de la vigilancia penitenciaria (susceptible de acabar en un mayor control ministerial de la misma).


f) La reforma del estatuto del Ministerio Fiscal (si cabe, mayor gubernamentalización del mismo).


g) Y la reforma del Código Penal, de la prisión provisional, sistema de penas (endurecimiento de las mismas) y de las condiciones de cumplimiento carcelario de las penas (dificultar los beneficios penitenciarios).


Estas últimas medidas son, sin duda, las estrellas mediáticas del último mes y medio. Pero entendemos que no se puede comprender estas reformas penales sin ponerlas en relación con el resto de operaciones emprendidas por el Gabinete Aznar en materia de interior y justicia.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que la ultraextensión arbitraria de la prisión provisional, el endurecimiento generalizado de las penas, la obstaculización del acceso a los beneficios penitenciarios o la muerte civil de determinados reclusos son contrarias a varios e importantes preceptos constitucionales. También consideramos que estas medidas ni frenarán la delincuencia (como así lo demuestra la experiencia en sociología criminal comparada) ni reducirán el apoyo a ETA, organización que ante los ataques penales se compacta y endurece, mientras que ante la reinserción de sus ex miembros se debilita.


Sea como fuere, todo este conjunto de medidas, desde nuestro punto de vista regresivas, puede suponer importantes y graves cambios en el modelo penal. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere destacar lo siguiente:

a) El derecho penal puede pasar de ser la última ratio a ser la primera solución para todo (todo se pretende solucionar con penas y cárcel).


b) El derecho penal parece que se olvida del valor constitucional de la resocialización y se centra única y exclusivamente en la retribución. De hecho de aprobarse estas normas penales y de ser santificadas por el Tribunal Constitucional, estaríamos ante una verdadera mutación constitucional. La letra de los artículos 9.3, 10.1, 15 y 25.2 de la Constitución sería la misma, pero su prescriptividad material o práctica sería bien diferente.


c) Las cárceles españolas, que ya están extremadamente saturadas (de las más saturadas de la Unión Europea), van a recibir nuevas oleadas de presos.


En definitiva, nos adentramos en un discurso penal duro que pretende ofrecer a la ciudadanía más seguridad a cambio de menos garantías jurídicas y libertades. Transacción en la que como es evidente Izquierda Unida no puede estar, en modo alguno, de acuerdo.


En este punto Izquierda Unida quiere mostrar su oposición ante esta oleada de "tolerancia cero" y del "todos a la cárcel" alentada por el Gobierno del PP.


En el centro de cualquier discurso de izquierdas sobre seguridad ciudadana debe estar la siguiente: a mayor justicia social menor índice de delincuencia y a mayor y mejor Estado Social también menor índice de delincuencia. Esta ecuación tan sencilla debe ser el punto de partida de cualquier política progresista en materia penal y de seguridad ciudadana.


Desgraciadamente tenemos la impresión de que Izquierda Unida puede llegar a quedarse sola en la defensa de un modelo social, jurídico y político centrado en la prevención del delito, en la remoción de sus causas sociales y económicas del mismo y en la reinserción frente a la retribución. No es una soledad buscada, pero tampoco va a ser rehuida si es necesaria para defender nuestras ideas. Ideas que, por otra parte, entendemos no sólo están animadas por un espíritu moral y humanista o avaladas por la Constitución Española, sino que estamos convencidos que son las únicas ideas capaces de garantizar seguridad y libertad de forma armónica, eficaz y justa.


Tenemos el ejemplo de determinados estados occidentales instalados firmemente en la retribución, la tolerancia cero y las penas privativas de libertad duras. A pesar de tanta dureza en esos países no se han rebajado

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los índices de delincuencia y esas sociedades no son seguras y de baja violencia.


Frente a un mercado desregulado y un estado que se dedica a la punición penal protectora del derecho a la propiedad (es decir, frente a un estado liberal clásico que en el siglo XXI está intentando volver al XIX), desde Izquierda Unida defendemos un Estado Social y Democrático de Derecho avanzado y poderoso capaz de remover las causas de las desigualdades sociales y económicas y en el que lo penal sea sólo la última frontera punitiva y lo penitenciario tenga un componente central resocializador.


No estamos proponiendo nada revolucionario. Simplemente estamos hablando del Estado Social y Democrático de Derecho de medidos del siglo XX. Sólo estamos reivindicando el Estado del Welfare State frente al laissez faire neoliberal. Aunque sabemos que en los tiempos de la globalización, la Sociedad de la Información y la "Nueva" Economía dicha defensa del Estado Social y Democrático de Derecho no puede hacerse sólo en sede estatal, sino que debe procurarse su defensa en los foros comunitarios europeos e internacionales. Ciertamente lamentaríamos que en la defensa de un proyecto que no deja de ser meramente socialdemócrata no estemos acompañados por los teóricos socialdemócratas españoles.


Sea como fuere éste es, a juicio del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el contexto en el que debe encuadrarse el debate sobre este Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.


Entrando ya en el concreto contenido de este Proyecto de Ley Orgánica, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere poner de relieve los siguientes extremos.


En primer lugar, queremos dejar claro que la oposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este Proyecto de Ley Orgánica no debe ser leída como una oposición a todos y cada uno de sus apartados.
De hecho, algunos de sus enunciados representan un adelanto respecto a la situación precedente.


Entre estas reformas positivas debemos citar la modificación del sistema de suspensión de penas cuyo límite máximo, en el caso de suspensión para deshabituación y tratamiento de drogodependencias (art. 87 del Código Penal), se amplía de tres a cinco años, sin tener en cuenta además la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas. El aspecto positivo se mitiga un tanto con la complicación burocrática que se introduce, con informes preceptivos del médico forense, pero sin duda permitirá dar solución a alguna de las carencias más patentes del sistema actual, que precisamente no podía aplicarse (o sólo con gran dificultad) a los toxicómanos que financiaban su adicción con la venta callejera de pequeñas dosis.


Otro aspecto positivo, apenas resaltado, es la incorporación al Código Penal de la tipificación de delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional, cumpliendo así las obligaciones asumidas al ratificar su Estatuto y el principio de complementariedad y de punición primaria por los Estados miembros que preside la institución.


También se atiende en la reforma, en el conjunto de los Proyectos de Ley de reforma penal, a determinadas peticiones sociales que gozaban, además, de amplio consenso doctrinal y político como son la tipificación como delito de cualquier maltrato en el ámbito doméstico (nuevo art. 153), la transferencia del maltrato habitual del capítulo de las lesiones al título relativo a los delitos contra la integridad moral o la tipificación de la posesión de pornografía infantil o de la crueldad grave con los animales.


Del mismo modo, hay que considerar adecuada la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas, al responsabilizarlas de modo directo y solidario de la pena de multa impuesta al administrador de hecho o de derecho por hechos relacionados con su actividad.


Finalmente, se mejora la respuesta penal a como las infracciones contra la propiedad intelectual e industrial, al conceptuarse estos delitos como perseguibles de oficio en vez de exigir la denuncia del perjudicado, lo que en muchas ocasiones dificultaba cuando no impedía su persecución. De la misma manera se eliminan algunas dudas, como la extensión posible de la prohibición de acercarse a la víctima (nuevo art. 48.2 del Código Penal), o la incardinación concreta, entre las mutilaciones, de la ablación del clítoris.


Junto con estas novedades, en términos generales, loables del Proyecto de Ley Orgánica, se han presentado como nuevas tipificaciones lo que no lo son. Ejemplo de ello puede ser la misma ablación del clítoris, que estaba ya sancionada de modo indudable como mutilación, con la única duda de si había de ser encuadrada en el art. 149 (mutilación de miembro principal) o en el 150 (mutilación de miembro no principal). Su consideración ahora de miembro principal resuelve dudas de tipificación, pero no acaba con las dudas que sigue suscitando tal calificación desde el punto de vista clínico y cultural. También se presentan en la Exposición de Motivos como nuevas incriminaciones conductas como la falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viajes, ya sancionada hoy en el artículo 387, o la pena de privación del derecho a acudir a espectáculos, posible hoy al amparo de lo dispuesto en el artículo 56. En el colmo de la mixtificación, se dice que se tipifica ahora el uso indebido de terminales de comunicación (teléfonos móviles), cuando lo único que se hace es acomodar la referencia a pesetas por euros en el artículo 256, que ya lo sancionaba expresamente.


Pero este Proyecto de Ley Orgánica (interpretado de forma conjunta con el resto de Proyecto de Ley del Gobierno del PP que pretenden poner en marcha una reforma penal) contiene muchos más aspectos negativos que los positivos anteriormente reseñados.


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La reforma viene condicionada por el concepto mismo que subyace en él de delincuencia, centrado en la delincuencia de marginalidad, y de seguridad, limitado a la reacción social frente a este tipo concreto de delincuencia, olvidando la protección frente a otras inseguridades y a través fundamentalmente del recurso a la prisión.


No existe, pues, un proyecto global de incremento de la eficacia penal frente al aumento de la delincuencia, entendiendo por tal, naturalmente, el conjunto de las conductas definidas como delito. Y limitada la noción de "seguridad" básicamente a la "seguridad en las calles frente al robo", tampoco se contempla un proyecto coherente de seguridad en campos tan necesitados de ella como la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, la seguridad medioambiental, alimentaria o tributaria. Al contrario, el Proyecto de Ley Orgánica, al tiempo que propone una mayor dureza contra los delitos que cometen sectores marginalizados, se muestra extraordinariamente benigno respecto de "la otra delincuencia".


La muestra más patente de esta benignidad es la despenalización subrepticia que se opera, bajo el disfraz de la denominación en euros de límites penales designados en pesetas, en tramos significativos del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil. De este modo, en el artículo 285.1, se despenaliza este abuso en el tramo entre 75.000.000 de ptas. (límite mínimo actual) y 600.000 euros (aproximadamente 100.000.000 de pesetas), ello naturalmente con efecto retroactivo, dada su naturaleza de norma más beneficiosa. Como también se despenalizan, con carácter retroactivo, en los artículos 305 y 307, las defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social entre 15 millones de pesetas y 120.000 euros (más o menos 20 millones), y en el artículo 310 la doble contabilidad fiscal fraudulenta entre 30 millones y 240.000 euros (unos 40 millones), y el límite mínimo para la sanción penal de los fraudes a los presupuestos comunitarios pasa de 50.000 euros (unos 8 millones) a 65.000 euros (aproximadamente 10.815.000 pesetas) y para los fraudes de subvenciones de 10 millones a 80.000 euros (más o menos 13.310.000 pesetas). Más llamativa aún resulta la reforma en los llamados "delitos-masa". En virtud de la reforma que se propone al artículo 74 del Código, ya no será posible la elevación en dos grados de la pena "si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas", y sólo será facultativa la elevación en un grado, y sólo en la mitad inferior, y lo mismo si se trata de pequeñas infracciones que de fraudes masivos.


En resumen, bajo la apariencia de un mayor rigor, que va a afectar especialmente a pequeñas infracciones continuadas, la reforma lo que propone en realidad es una drástica reducción de la pena en los delitos-masa, de profundas repercusiones sociales y económicas.


Otro de los ejes de la reforma es el retorno a las penas cortas privativas de libertad, abandonadas en España en el Código Penal de 1995, con el consenso general, y abandonadas en todas las reformas penales recientes en los países más avanzados de Europa (ínter alia Países Bajos, Portugal, Francia, Alemania). La razón por la que primero la ciencia penal y luego los legisladores abandonaron este tipo de penas se encuentra en que una pena de prisión inferior a seis meses tiene efectos contraproducentes en cuanto que su escasa duración impide desarrollar cualquier tipo de tratamiento penitenciario y lo único que consigue es etiquetar al penado como delincuente tras su paso por la prisión, dificultarle su resocialización laboral y familiar, que quedan cortadas por el ingreso, y por el contrario socializarle en un ambiente delicuencial, para lo que sí que da tiempo. Frente a estas penas que tienen más inconvenientes que ventajas, la doctrina penal se ha dirigido hacia su sustitución por penas de privación de libertad igualmente aflictivas pero que carecen de esos defectos, como el arresto de fin de semana, o por penas de otro tipo, como las pecuniarias y las privativas de derechos, así como el trabajo en beneficio de la comunidad. En especial, la pena de arresto de fin de semana resultaba especialmente indicada para quienes cometían un delito pero desarrollaban una actividad laboral y social que era útil mantener y que quedaría cortada con el ingreso en prisión por un breve período.


Pues bien, este Proyecto de Ley Orgánica, al tiempo que certifica el "fracaso" de la pena de arresto de fin de semana y decide su abolición, reintroduce penas de prisión de tres a seis meses, con todos los defectos e inconvenientes que se han señalado. Se llega con ello hasta al absurdo de sancionar con pena de prisión de 3 meses a un año, en lugar de la actual pena de arresto de fin de semana, al que dejare de pagar una prestación económica acordada en proceso matrimonial o de filiación o alimentos. Con ello quien no ha pagado, injustificadamente, dejará de pagar, ahora justificadamente, al cegarse sus fuentes de ingresos. En la obsesión por la prisión, y quizás en la cesión a presiones corporativas sobre lo "complicado" de la pena de arresto de fin de semana, se llega a suprimirla no en tipos penales en los que su aplicación sería discutible (como, por ejemplo, el hurto o robo de uso de vehículos), sino también en aquél donde más evidente era su procedencia, ya que los autores de este tipo de delitos suelen ser personas con actividad laboral e inserción social, que ahora quedaría cortada.


Cabe la discusión sobre la procedencia de la pena de arresto de fines de semana en algunos supuestos en que hoy se prevé, o incluso su mantenimiento cuando al mismo culpable se le ha impuesto por otros delitos penas de prisión, pero lo que no puede decirse, en bloque y sin matices, es que tal pena "ha fracasado" y que

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por ello ha de suprimirse, cuando es evidente que resulta muy adecuada para determinados delitos y para determinados responsables de ellos. Sólo queda señalar en este punto que su supresión obliga en muchos casos a contemplar la multa como pena única. Sin duda, habría sido más eficaz (aunque menos espectacular para el corporativo y mediático Ministro de Justicia) dotar de medios humanos y materiales a los arrestos de fin de semana y ahorrarse esta regresiva reforma de los mismos, sin necesidad de resucitar las obsoletas y arcaicas penas cortas de privación de libertad.


Pero si duda la estrella de este Proyecto de Ley Orgánica son las "nuevas" medidas sobre la reiteración en la comisión de infracciones patrimoniales y de lesiones y la reintroducción de la figura de la multirreincidencia, con efectos nada menos que de imposición de la pena superior en grado.
Esta modificación supone una vuelta atrás evidente en la evolución que estaba teniendo el Derecho Penal en España y en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, reintroduciendo normas para afrontar la multirreincidencia tomadas en definitiva del derecho penal de la sharia del siglo VII, pasadas por el tamiz del rústico "three strikes and you're out" californiano.


La sanción como delito de lo que, por su entidad, es una falta, carece de toda justificación, supone una quiebra del principio de proporcionalidad en cuanto que lleva a que se sancione igual que hechos mucho más graves, encubre el fracaso de las penas antes impuestas e introduce graves inconvenientes como son el necesario registro de las condenas por falta (que ahora, además, sería de acceso no restringido dada la supresión de la sección especial), el consiguiente etiquetamiento social de quienes las cometen, aunque sea ocasionalmente, y con la complicación añadida de que en el registro ha de constar, cuando se trate de hurtos o estafas, la cuantía (lo que, de paso, dificultará su enjuiciamiento rápido al exigir en todo caso una valoración).


Esta obsesión general por la vuelta al pasado, al parecer añorado, del Código Penal de 1944, revisado en 1973, se manifiesta hasta en detalles nimios. Como ejemplo de ellos, se vuelve, no se sabe por qué, a las esperpénticas condenas a "x años y un día", propias de la peculiar dosimetría de penas del Código anterior, de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima "incrementada en un día o en un día multa" (artículo 70.1.1). Para que el sistema tenga coherencia también se reduce en un día la mínima para hallar la inferior en grado, de modo que, de aprobarse la reforma, se verán penas tan singulares como "once meses y veintinueve días de prisión".


La preferencia obsesiva por el sistema de penas anterior también se refleja en la reforma del sistema de días-multa, de modo que ahora la fijación del tiempo y forma de pago, propio de este sistema, se sustituye por la reimplantación de la posibilidad excepcional de aplazamiento en el pago de una multa que se concibe sólo como pena unitaria.


La vuelta al pasado se refleja también en la reimplantación del viejo "arresto domiciliario", aunque ahora con la mixtificación semántica de llamarlo "pena de localización permanente". Se trata de una pena que en su día se abandonó por su muy escasa eficacia sancionadora y los efectos contraproducentes que, sin embargo, podría tener en la esfera laboral y social del penado. Pero, sobre todo, lo que carece de cualquier justificación es que se proponga una pena de este tipo, que además se prevé que se pueda cumplir en fin de semana, al tiempo que se dice que ha de abandonarse el arresto de fin de semana porque "su aplicación práctica no ha sido satisfactoria".


Pero, lo que es más grave, el Proyecto de Ley Orgánica emprende un camino claramente regresivo en la evolución que había seguido hasta ahora el Derecho Penal desde la ilustración. La muestra más llamativa de este retroceso es la supresión, no justificada, de la cancelación de antecedentes penales con la remisión definitiva de la pena suspendida, lo que echa al traste gran parte de los efectos beneficioso de la suspensión superada con éxito. Como consecuencia de ello, se retoma el texto del Código de 1973 para el cómputo del plazo para la cancelación en casos de remisión definitiva.


La vuelta al pasado también tiene su reflejo en la parte especial, aunque ahora se revista con ropajes de modernidad, como sería con la tipificación ahora de la "tenencia de útiles para la estafa informática" (nuevo artículo 248.3), en sustitución de la vieja tenencia de útiles para el robo que en su día declaró nula el Tribunal Constitucional.


Dentro del esquema ya señalado de endurecimiento general de las penas (preferentemente de prisión) para los delitos contra el patrimonio, en contraste con la dulcificación de la respuesta frente a la delincuencia económica, se modifican una serie de normas de la parte general y otras de la parte especial de las que puede derivarse que la pena pierda toda proporcionalidad con la infracción realmente cometida.


Una de las innovaciones más significativas del Código Penal vigente, consensuado en 1995, fue aquella que modificaba la anotación de las condenas en el Registro Central de Penados y Rebeldes, en el que se creaba una sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas a la que sólo podrían pedir antecedentes los Jueces y Tribunales. Esta restricción de la publicidad de las condenas, en línea con la desaparición anterior de la anotación de las condenas por faltas contra la propiedad, seguía también la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, en los que el legislador busca evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, con medidas tales como la suspensión del proceso y la suspensión de la ejecución evitando en este caso la publicidad de la pena, para no

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crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social.


Ahora se propone acabar, sin explicar por qué, con esta sección especial.
El riesgo de etiquetamiento se agrava, además, con la propuesta de sancionar como delito la reiteración en faltas, para lo que será ineludible su anotación. Si se elimina la sección especial, restringida, no sólo podrán ser accesibles todas las condenas por delito, sino también las condenas por las faltas cuya reiteración puede dar lugar a la calificación delictiva. Para completar el panorama, en la reforma se suprime la cancelación de la anotación de la condena con la remisión definitiva, de modo que el antecedente no se tiene en cuenta a ningún efecto. La reforma propone, por el contrario, aun sin decirlo, que la anotación, ahora en el registro común, persista.


La ideología de fondo de la propuesta subyace también, y de modo especial, en otros temas con una profunda carga ideológico-religiosa en los que existe una amplia polémica social. Sirva como ejemplo ilustrativo el tratamiento de la investigación sobre óvulos humanos.


En el Proyecto de Ley Orgánica se mantiene la penalización de la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, añadiéndole la posibilidad de sancionar a la empresa o persona jurídica a la que perteneciere el culpable, con la finalidad evidente de propiciar una censura previa empresarial. Se continúa, de este modo, cercenando por razones ideológicas la posibilidad de profundizar la investigación sobre la transferencia nuclear y las líneas de células madre, de tan amplias perspectivas incluso a medio plazo respecto a enfermedades como las neurodegenerativas o la diabetes.


Finalmente, en su afán de enmienda del Código de 1995, el anteproyecto incluye un buen número de propuestas que han de conceptuarse de irrelevantes, cuando no innecesarias o incluso contraproducentes.


Entre ellas pueden anotarse la de tipificación de cualquier incumplimiento de la sentencia dictada en proceso matrimonial. De este modo, en este tipo de procesos, y sólo en ellos, se criminaliza en bloque la ejecución de la resolución civil, de modo que cualquier incumplimiento, en vez de dar lugar de modo primario, a la ejecución forzosa, acudiendo a la norma penal sólo en los supuestos de incumplimiento de órdenes judiciales concretas o de aquellos que originan una mayor desprotección de los miembros más débiles de las familias, como pueden ser los de contenido económico. Este sistema dará lugar a un semillero de procesos penales ante cualquier infracción, real o supuesta, del régimen de visitas o de otros aspectos similares de la sentencia; pero además se ampliarán con ello las posibilidades de coacción a los miembros más débiles, en especial a la mujer, que puede verse enfrentada a un rosario sin fin de denuncias en las puede que se busque, de modo espurio, la justificación de otros incumplimientos más graves, o incluso la mera localización a través del Juzgado.


La reforma se completa, finalmente, con todo un rosario de retoques en numerosos tipos penales, en la mayoría de los casos innecesarios, no explicados, y cuya única razón parece ser el simple prurito de enmendar el Código de 1995.


En este sentido, y como ejemplo, se precisa que la pérdida definitiva de empleos o cargos públicos como efecto de la pena de inhabilitación especial para desempeñarlos comprende también los cargos electivos, lo que era obvio y pacífico. O se reforma el artículo 130 para decir lo evidente: que con la remisión definitiva de la pena ésta queda extinguida.


También se incluyen supuestas precisiones técnicas irrelevantes, como sería señalar que la utilización de menores en la elaboración de material pornográfico será punible "cualquiera que sea su soporte" (artículo 189.1.a), lo que es obvio.


Tampoco se ve la necesidad de incorporar al texto del Código (artículo 49) el régimen reglamentario de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y de su incumplimiento, hoy contenido en el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, cuya única justificación parece ser la perspectiva de derogación de este reglamento.


Finalmente, se proponen un sinnúmero de modificaciones de la pena prevista para delitos muy variados, que en la mayoría de los casos son meros retoques aparentemente caprichosos y, en todo caso, inexplicados (omisión de socorro, calumnia, etc.).


En fin, sin dejar de reconocer algunos avances en determinados avances parciales, estamos ante una modificación del Código Penal de 1995 que rompe el consenso alcanzado en aquel año (y que le valió a tal Código Penal el apelativo de Código Penal de la Democracia), que reintroduce filosofías punitivas periclitadas y retrógradas (la consigna del Presidente Aznar "barrer las calles de pequeños delincuentes" está detrás de todas y cada una de las apuestas de este Proyecto de Ley Orgánica: penas cortas, multirreincidencia, endurecimiento general de penas, etc.) y que, en términos generales, más que clarificar desde el punto de vista técnico estropea notables hallazgos del Código Penal de 1995.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta esta Enmienda a la Totalidad a este Proyecto de Ley Orgánica solicitando la devolución del mismo al Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Carlos Aymerich Cano, Diputado por A Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,

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presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2003.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Por enésima vez desde que su Presidente anunciara en septiembre de 2003 un plan de lucha contra la delincuencia, el Gobierno vuelve a introducir en la cámara un producto del más puro oportunismo penal. En esta ocasión el proyecto de reforma afecta a 166 artículos del Código Penal.


Tal y como varios vocales del CGPJ han recordado, los conflictos sociales que se hallan en el origen de la inseguridad ciudadana difícilmente hallarán solución a través de la legislación penal. Es dudoso que la regresión democrática introducida por el progresivo endurecimiento penal y penitenciario vaya a eliminar o a reducir la delincuencia. Lo que sí es seguro es que cada nueva reforma supone un nuevo alejamiento del humanitarismo y del garantismo penal propio de los Estado de Derecho de nuestro entorno y un peligroso acercamiento al discurso represivo norteamericano (derecho penal del enemigo, tolerancia cero, represión de la pobreza y de la marginación social), país a cuyas tasas de población reclusa se va acercando el Estado español.


Por lo que se refiere a las reformas que el proyecto introduce en la Parte General del vigente Código Penal, destacan las reformas del sistema de penas, tendentes en general - salvedad hecha de la potenciación de los trabajos en beneficio de la comunidad - a incrementar las penas de prisión en detrimento de otras de reconocida eficacia rehabilitadora y resocializadora. Así debe interpretarse la eliminación del arresto de fin de semana, que se sustituye por penas de prisión desde los tres meses de duración y el arresto domiciliario, la creación de la pena de localización permanente, el establecimiento en cinco años de la frontera entre las penas graves y las menos graves de prisión.


También resultan afectadas por el proyecto las reglas sobre determinación de la pena que, en general, redundarán en una elevación general de las penas que no se puede entender más que como la expresión de una política criminal basada en un derecho penal más represivo.


Debe destacarse, por lo que respecta a la Parte Especial, el aumento de penas en delitos como los siguientes: amenazas no condicionales en el ámbito familiar (art. 169), difusión de pornografía entre menores o incapaces (art. 186), delitos contra la propiedad intelectual e intelectual (arts. 270, 271, 273 y 274), delito publicitario (artículo 282), maquinaciones para alterar el precio de las cosas (artículo 284), receptación (artículo 298.2), introducción de especies de fauna o flora no autóctona con perjuicio del equilibrio ecológico (art. 333), malversación en cuantía inferior a 4.000 euros, aunque sólo en cuanto a la pena accesoria de inhabilitación especial (art. 432.3), delito de obstrucción a la justicia por incomparecencia ante el juez o tribunal (art. 463), afirmar falsamente la existencia de bombas, explosivos sustancias químicas, bacteriológicas, tóxicas u otras que puedan causar el mismo efecto (art. 561), estableciendo la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuestas en todos los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (art. 570). Aumento de penas que en ningún momento se justifica desde un punto de vista de prevención general o especial.


Conclusión que cabe igualmente extender a supuestos en los cuales, tanto en la pena de multa como en otras de privación de libertad, se modifican los límites mínimos de las mismas. Así ocurre en los casos de riña tumultuaria (art. 154), amenazas (art. 171), coacciones (art. 172), exhibición obscena (art. 185), calumnia (art. 206), restitución de un menor inducido a abandonar el domicilio (art. 225), violación de sepulturas (art. 526), faltas de dejar animales dañinos sueltos o en disposición de causar mal (art. 631) y maltrato de animales (art. 632.2).
Lo mismo se diga respecto de aquellos supuestos en los que se revisa al alza la cuantía de la multa, a través de un incremento generalizado de cuantías que no atiende a diferencia alguna fundada en la naturaleza del bien jurídico en cada caso lesionado.


En contraste con este endurecimiento sorprende la extensión de la impunidad penal que se deriva del aumento de las cuantías defraudatorias en el delito fiscal, en los delitos contra los intereses de la UE y en los delitos contra los intereses de la Seguridad Social. Como los vocales disidentes del CGPJ señalan en su voto particular, no se advierte necesidad alguna de rebajar la tutela penal de esos intereses, salvo el dato - en absoluto prescindible, de que estos delitos no se cometan en las calles que el Sr. Aznar prometió barrer, sino en los despachos a los que su escoba no llega.


Así pues, dado el carácter oportunista, vindicativo y retributivo del proyecto, destinado a convencer a determinados sectores sociales de que la solución a la inseguridad ciudadana vendrá del endurecimiento penal antes que de la atención a las causas sociales de que la

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misma deriva, dada la falta de justificación seria, desde el punto de vista de las ciencias penales, de las soluciones dogmáticas propuestas, el BNG se opone a este proyecto de ley y solicita su devolución al Gobierno.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

En el presente proyecto se abordan unas modificaciones del vigente Código penal de enorme calado. En total, las modificaciones afectan a 169 artículos. Las reformas a la Parte especial, en su mayor parte, obedecen a la adaptación de las cantidades dinerarias al euro y a la supresión de la pena de arresto de fin de semana. Pero, junto a éstas, se introducen también algunas modificaciones de mayor significación.


Más relevantes son las reformas que afectan a la Parte general. Éstas, junto con las introducidas por los dos proyectos de ley anteriores de modificación del Código Penal, producen en su conjunto una alteración sustancial del sistema punitivo.


Si bien las modificaciones, por su heterogeneidad, han de recibir, necesariamente, una valoración dispar, la enmienda a la totalidad se sostiene sobre los siguientes argumentos generales.


En primer lugar, es ineludible reiterar lo deplorable de la forma en que el Gobierno está abordando una reforma del Código penal de enorme envergadura. No es de recibo diseminar la reforma en diversos proyectos de ley, en los cuales se incide en temas conexos en legislación dispersa, sin que exista detrás un proyecto coherente y fundamentado en estudios criminológicos y político criminales serios, debatidos y contrastados.
Como afirma el voto particular al Informe del CGPJ sobre el presente anteproyecto, "los anteproyectos remitidos sucesivamente constituyen un bloque bastante heterogéneo y carente de criterios sistemático alguno".


De manera más o menos encubierta, se está produciendo la aprobación de un Código penal nuevo, denominado por los Ministros de Justicia y de Interior "Código penal de la Seguridad". La aprobación de, un Código penal nuevo es una tarea que requiere de una pausa, una rigurosidad y un debate público y científico que, a diferencia de lo ocurrido en los Proyectos de los años 80 y 90, está totalmente ausente en este caso.


En segundo lugar, porque no se puede compartir el leit motiv de todas las reformas auspiciadas por el Gobierno del Partido Popular: la mejora de la seguridad ciudadana exclusivamente mediante el incremento punitivo y la reducción de la libertad. Históricamente, a cada mutación de la situación política, plasmada visiblemente en la adopción de un nuevo texto constitucional, ha sucedido una sustancial reforma del código punitivo, tan evidentemente ligado a las bases del orden político. En este caso, la derecha quiere también dejar su impronta en un texto penal. La opción política latente y explícita es cara: se persigue el incremento del arsenal punitivo del Estado, una nítida e importante expansión del Derecho penal, en extensión y en intensidad, actuando mediante el recorte de los derechos y libertades, especialmente de los sectores sociales desfavorecidos, en pro de las políticas de ley y orden; de una ley y un orden que se basan en el desmantelamiento de las políticas sociales. Tras el rechazo a la política social de igualdad y justicia, a las medidas de prevención primaria de la delincuencia, surge la necesidad de la represión, cada vez con mayor dureza.


En segundo lugar, se ofrece a la ciudadanía un espejismo de seguridad ciudadana. Las reformas no pueden mejorar la seguridad ciudadana disminuyendo el impacto de la criminalidad. Impacto que, por otra parte, no se ha demostrado que vaya en aumento, aunque a base de repetirlo hasta la saciedad, no sólo por el partido en el gobierno, se haya convertido en un lugar común. Los incrementos de cifras de detenidos no demuestran que se cometan más delitos, a lo más, que la policía hace mejor su trabajo.
Curiosamente, si lo hace bien y detiene a más sospechosos, parece que la delincuencia aumenta. Si lo hace mal, la cifra de delitos conocidos disminuye. Por tanto, incrementando los efectivos policiales quizás se consiga mejorar algo la prevención, pero sobre todo se conseguirá detener a más sospechosos, con lo que las cifras de la delincuencia seguirán aumentando.


Por otro lado, cualquier persona informada sabe que la política penal es el último recurso al que se debe acudir, entre otras razones porque es el menos eficaz en la prevención de la delincuencia, siendo mucho más efectivas las políticas sociales, educativas, de inserción

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laboral, de salud pública, etc. Ni siquiera es que la política penal sea la más barata, es que es la más fácil. Llenar las cárceles, construir nuevas cárceles, incrementar la dotación de funcionarios de policía y de funcionarios penitenciarios es una estrategia carísima, más aún a la vista de sus exiguos resultados reales.


En esta tercera reforma se sigue ahondando en el incremento de las penas como único criterio político criminal. Este sí es el único aspecto en el que las reformas son coherentes: una idea simple pero constante. Como destaca el voto particular, el Código penal vigente ya es un código penal duro, que ha producido un incremento de la población penitenciaria de 10.439 personas (+ 24,91 por 100) en los siete años de vigencia del Código penal, que coinciden con los siete años de Gobierno del Partido Popular.


Esta reforma es plenamente coherente con el conjunto de políticas que desarrolla el Gobierno. La política de la tolerancia cero, impunidad cero, déficit cero, inmigración cero, disidencia cero conduce a la justicia cero. El Gobierno extiende su alma belicista por todas sus áreas de actuación, declarando la guerra a la delincuencia, guerra a las drogas, guerra al terrorismo, guerra a Irak guerra a la inmigración, guerra a la libertad de prensa, guerra a la oposición política...


Por tanto, con estas reformas se produce una regresión político-criminal.
Tras la nueva regulación, los planteamientos político-criminales son fundamentalmente retributivos y puramente inocuizadores. Se renuncia de hecho a la reeducación y reinserción social en un enorme número de supuestos. Se atiende a una concepción de la prevención general positiva puramente demagógica puesto que no se combina con una eficacia preventiva real. Se busca calmar la (supuesta) alarma social con reformas meramente efectistas.


En tercer lugar, algunas de las reformas introducidas en este Proyecto de Ley son en sí rechazables, de manera que justifican esta enmienda a la totalidad del Proyecto.


Así, la eliminación de la pena de arresto de fin de semana. Esta es una de las modificaciones emblemáticas del presente proyecto; es una clara piedra de toque del sentido de estas reformas. Esta pena sin duda presenta ya desde su configuración algunos problemas. No obstante, que se arguya su inutilidad para eliminarla es una palpable muestra de cinismo.
Como no se ha dotado de los recursos suficientes, ni los más mínimos, para que pudiera desarrollar las potencialidades que en su introducción se adujeron, se elimina ahora al constatar su fracaso. Sin duda ha fracasado, pero existen responsables de ello. Si los problemas no son estructurales de la pena de arresto de fin de semana, sino de la carencia de los medios, la solución no es eliminarla, sino hacerla posible.


Y lo que es más grave. Se dobla el error. Se introduce la pena de arresto de fin de semana con la finalidad de reducir el uso de la prisión, sobre todo en las penas cortas, cuya ineficacia preventiva y altos costes para el individuo había puesto de manifiesto toda la literatura especializada.
No se hace nada para conseguir dicho fin mediante esta pena. Y ahora se sustituye por penas inferiores a seis meses, gratamente desaparecidas de la legalidad penal en 1995. Y encima se nos quiere convencer de que estas penas de 3 a 6 meses tienen unas virtudes desconocidas hasta el momento.


Se debe proponer por tanto, no sólo que no se suprima la pena de arresto de fin de semana, sino que se creen los recursos para hacerla eficaz como instrumento de prevención general y especial. En concreto, se debe exigir que se creen los Centros de Inserción Social que se prevén en el artículo 163 del Reglamento Penitenciario, que son los centros indicados para el cumplimiento de la pena de prisión en régimen abierto y el cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana.


Además, hay que exigir al Gobierno que profundice en la búsqueda de penas distintas de la prisión, que permitan mantener cierta dosis de amenaza penal para las conductas menos graves, a la vez que se evite el efecto desocializador de las penas cortas de prisión, mediante la introducción de sanciones penales menos estigmatizantes, más compatibles con las relaciones sociales, laborales y familiares de quien las sufre.


Asimismo, para que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad -que este Proyecto dice querer potenciar- pueda cumplir sus fines, se debe dotar a los jueces y tribunales del personal de apoyo y los puestos de trabajo en beneficio de la comunidad necesarios, so pena de que dentro de siete años se proclame de nuevo su inutilidad y la necesidad de derogarla por ineficaz.


La memoria económica del Proyecto de ley es por tanto inaceptable, además de incierta. No es cierto que éste, y los anteriores proyectos de ley, no vayan a suponer incremento presupuestario. Si en siete años se ha incrementado la población penitenciaria en un 25 por 100, el posible crecimiento que producirán estas reformas es imprescindible. O bien se afronta el imprescindible gasto presupuestario en el sistema penitenciario, o estamos abocados a que éste siga siendo un fracaso en su declarada finalidad resocializadora, además de un espacio en el que se degrada a la persona al obligarla a vivir en unas condiciones indignas de hacinamiento y falta de medios.


Por todo ello, se presenta la siguiente enmienda de totalidad con solicitud de devolución.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto

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de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

MOTIVACIÓN

La enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica se fundamenta, esencialmente, en las siguientes razones:

- La reforma propuesta es la cuarta en menos de seis meses en materia de legislación penal y procesal penal y suponen, en su conjunto, una modificación general de gran parte de sus principios básicos y de un número considerable de tipos penales específicos, sin que dicha parcelación permita un análisis claro de las consecuencias de las reformas penales, sin perjuicio de vislumbrar con nitidez, que el eje fundamental de las mismas es un exacerbamiento de las penas, fundamentalmente de las privativas de libertad, especialmente en delitos contra el patrimonio, unido a rebajas penales en otros ámbitos delictivos cuya autoría no esta asequible a la mayoría de los ciudadanos y valga como muestra de esta benignidad la despenalización subrepticia que se opera, bajo el disfraz de la denominación en euros de límites penales designados en pesetas, en tramos significativos del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil, las defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, la doble contabilidad fiscal fraudulenta. Todo lo anterior no cabe encubrirlo bajo la equiparación en la cuantía de incremento de los límites que califican como delito o falta, o infracción administrativa las distintas conductas, ya que si bien todas las cuantías sufren un incremento similar de un tercio de las mismas, no es menos cierto que la incidencia no es la misma en la pequeña delincuencia y en la delincuencia de cuello blanco.


- Si como parece el eje fundamental de la reforma es la seguridad, tampoco en esto se contempla un proyecto coherente de seguridad en campos tan necesitados de ella como la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, o la seguridad medioambiental o la alimentaria.


En cuanto a la regulación de materias concretas merece ser destacado lo siguiente:

- Se modifica la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas al responsabilizarlas de modo directo y solidario de la pena de multa impuesta al administrador, de hecho o de derecho, por hechos relacionados con su actividad, sin delimitar, con claridad, los supuestos de imputación a la persona jurídica de los actos de la persona física, ni por supuesto, la responsabilidad de la persona física autora del delito frente a la jurídica, para evitar, en definitiva, que la pena pueda recaer sobre socios no culpables y sobre los pequeños accionistas en el supuesto de sociedades grandes que tienen que soportar, sin haber tenido control en las decisiones delictivas, las multas, además, de la responsabilidad civil subsidiaria.


- Se suprime al arresto de fin de semana, el cual como pena privativa de libertad de corta duración y cumplimiento discontinuo, ha constituido una de las más relevantes novedades establecidas en el Código Penal de 1996 y fue recibida con satisfacción con la generalidad de la doctrina sin perjuicio de que también fue general la opinión de que su adecuada puesta en práctica debería suponer por parte de la Administración el establecimiento de los medios adecuados para que pudieran alcanzarse las finalidades pretendidas.


Son ventajas, mayoritariamente, aceptadas las siguientes: no produce los efectos desocializadores de la prisión continuada, permite que el condenado mantenga sus vínculos sociales, familiares, laborales, etc. y al mismo tiempo contiene el impacto punitivo del internamiento, es una alternativa a las penas cortas privativas de libertad, actualmente desaconsejadas por los especialistas en estas materias y abandonadas prácticamente en todo el derecho comparado de nuestro entorno.


A punto de cumplirse nueve años desde la vigencia del Código Penal, tras un año de vacatio legis, siguen sin existir medios adecuados para que la novedad legislativa adquiera toda su virtualidad práctica y, antes de que esto ocurra, se suprime.


- Como en otros Proyectos traídos a la Cámara existe una obsesión por la vuelta a Códigos anteriores al de 1995 en materias como dosimetrías de penas al volver a introducir las esperpénticas condenas a "x años y un día", de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima incrementada en un día o en un día multa. La preferencia obsesiva por el sistema de penas anterior también se refleja en la reforma del sistema de días multa, de modo que ahora la fijación del tiempo y forma de pago, propio de este sistema, se sustituye por la reimplantación de la posibilidad excepcional de aplazamiento en el pago de una multa que se concibe sólo como pena unitaria. Así mismo y con la vuelta a la perseguibilidad de oficio de las injurias y calumnias dirigidas contra funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos

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concernientes al ejercicio de sus cargos, pretende, por una vía indirecta, como es la condición de perseguibilidad, recuperar el antiguo delito de desacato, tan caro, en especial, a sectores conservadores, persuadidos de que su honor es una cuestión de Estado.


- Resulta difícilmente compatible con la seguridad jurídica y con el principio de legalidad penal la previsión del artículo 51 que posibilita el incremento de la multa ya impuesta si en fase de ejecución de sentencia el penado varía de situación económica.


- En cuanto al tratamiento de la enajenación sobrevenida con posterioridad a la sentencia, la nueva regulación supone que en lugar de ordenar que se preste el tratamiento médico adecuado en el caso de que la pena haya de suspenderse por enfermedad mental del penado, que se aplique alguna de las medidas de seguridad privativas de libertad. En apariencia sea "precisa" más el contenido de la decisión a adoptar. Pero lo cierto es que se violenta el fundamento de las medidas de seguridad, que es la peligrosidad puesta de manifiesto con la ejecución del hecho delictivo.
Ello permitirá entender que el fundamento de una medida de seguridad (penal) privativa de libertad, aunque sea de carácter terapéutico, no es sólo la peligrosidad, sino tanto ésta como la enfermedad misma y por sí sola.


- Junto a ello, y con carácter general, se introduce en el artículo 65 un nuevo apartado en el que se concede la reducción en un grado de la pena al extraño que participa en un delito especial, sin que se ofrezca explicación alguna de esta dulcificación, que obviamente también será aplicable con efecto retroactivo. Contempla el problema de la participación en delitos especiales, respecto de la cual tanto jurisprudencia como doctrina estima que se rige por las reglas comunes, con la excepción para la autoría principal de los delitos especiales propios. El precepto parece considerar que los delitos especiales son una especie de "subsistema" que no se rige por el principio de protección de bienes jurídicos, sino por el de infracciones de deber, en clara regresión respecto del pensamiento penal moderno. Es por lo tanto una modificación innecesaria, regresiva y sectaria.


- El artículo 68 y como tónica habitual en todas las últimas reformas se aferra a la obsesión por la determinación legal de la pena con claro desprecio a la determinación judicial, a la vez que, a cambio, suprime el deber de razonar judicialmente porque se reduce o se incrementa la pena.


- El artículo 71 elimina la obligatoriedad de sustituir las penas inferiores a seis meses, que es pauta común en el derecho comparado, pasando esta obligatoriedad sólo a las penas inferiores a tres meses, lo que podría dar lugar a que un delincuente primario entrara en prisión con una condena a pena de prisión de más de tres meses.


- Dentro del esquema ya señalado de endurecimiento general de las penas -preferentemente de prisión para los delitos contra el patrimonio, en el artículo 74 se abandona la regla especial de sanción de los delitos patrimoniales continuados, permitiendo que en cualquier caso se imponga la pena superior en grado. En el Código vigente, esta elevación en grado sólo era posible "si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas", o sea, en el llamado "delito masa". Pero es que frente a la regulación actual que, en este caso, hace imperativa la elevación en uno o dos grados, en el proyecto se hace meramente facultativa, de modo que la elevación en grado será siempre posible, y nunca imperativa, lo mismo si se tratase de dos hurtos, como si fuera una estafa inmobiliaria que afectase a los ahorros de cientos de personas que querían comprar un piso. La conjunción de estas normas de la parte general y otras de la parte especial, puede conducir a que en determinados tipos delictivos la pena pierda toda proporcionalidad con la infracción realmente cometida.


- Desaparece en el artículo 82 la Sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas a la que sólo podrían pedir antecedentes los jueces y tribunales. Con esta restricción de la publicidad de las condenas, siguiendo la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, el legislador buscaba evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, evitando en este caso la publicidad de la pena para no crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social.


- La modificación del artículo 215 transforma a la injuria y la calumnia en delitos públicos, que se perseguirán lo desee o no el afectado en su honor, como si ese honor valiera menos que la respetabilidad de la función. No puede pretenderse ofrecer por esta vía soluciones a los problemas de abstención o recusación que el ejercicio de la acción penal pueda provocar.


- Por último, carece de todo fundamento lógico la reducción de la pena actual de tres a ocho años por la de uno a tres años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar imponible a quienes cacen o pesquen especies amenazadas, especies que no están autorizada su caza o pesca o utilicen en la caza o pesca veneno, explosivos u otros medios de similar eficacia destructiva para la fauna.


Y todo lo anterior se lleva a cabo sin la menor explicación puntual de las razones que llevan al Gobierno a proponer tales reformas. Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad de devolución.


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A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2003.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, segundo

De modificación.


Se modifica la letra a) de la redacción propuesta al artículo 33.3 del Código Penal:

"a) La prisión de seis meses hasta cinco años."

ENMIENDA NÚM. 6

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, segundo

De adición.


Se añade una nueva letra al artículo 33.3 reformado del Código Penal:

"l) El arresto de siete a veinticuatro fines de semana."

ENMIENDA NÚM. 7

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, segundo

De adición.


Se añade una nueva letra al artículo 33.4 reformado del Código Penal:

"i) El arresto de uno a seis fines de semana."

ENMIENDA NÚM. 8

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, sexto

De modificación.


Se sustituye la redacción propuesta al artículo 40.1 por la siguiente:

"1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a veinte años; las de inhabilitación especial, de tres meses a veinte años, y la de suspensión de empleo o cargo público, de seis meses a seis años."

ENMIENDA NÚM. 9

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, vigésimo primero

De modificación.


En la redacción propuesta al apartado 2 del artículo 71 se sustituye la expresión "tres meses" por "seis meses".


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ENMIENDA NÚM. 10

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, vigésimo tercero

De supresión.


Se suprime este apartado.


ENMIENDA NÚM. 11

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, vigésimo séptimo

De adición.


Se añade al final del artículo 82 del Código Penal lo siguiente:

"Mientras tanto, no comunicarán ningún antecedente al Registro Central de Penados y Rebeldes. Reglamentariamente se regulará un registro especial, al que sólo podrán acceder los Jueces y Tribunales, para llevar a cabo la inscripción de las penas suspendidas."

ENMIENDA NÚM. 12

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, cuadragésimo sexto

De supresión.


Se suprime la redacción propuesta al apartado 1 del artículo 133 del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 13

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, cuadragésimo noveno

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses...", por la siguiente: "...
será castigado con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de tres a doce meses...".


ENMIENDA NÚM. 14

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, quincuagésimo

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... Con la pena de prisión de tres a seis meses...", por la siguiente: "... Con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana...".


ENMIENDA NÚM. 15

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, quincuagésimo primero

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... la pena de prisión de tres meses a un año...", por: "... la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana".


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ENMIENDA NÚM. 16

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, quincuagésimo tercero

De supresión.


Se suprime la redacción propuesta al apartado 2 del artículo 160 del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 17

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, quincuagésimo noveno

De adición.


En la redacción propuesta al artículo 174.1 del Código Penal se añaden las expresiones que se subrayan a continuación:

"..., o de cualquier hecho que haya cometido o sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, o con cualquier otra finalidad, la sometiere a condiciones o procedimientos..." (el resto, sigue igual).


ENMIENDA NÚM. 18

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, sexagésimo tercero

De modificación.


Se modifica la redacción propuesta al artículo 184 del Código Penal por la siguiente:

"1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de arresto de seis a doce fines de semana o multa de tres a nueve meses.


2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de nueve a catorce meses.


3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de nueve a catorce meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 del presente artículo."

ENMIENDA NÚM. 19

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, sexagésimo cuarto

De supresión.


Se suprime este apartado.


ENMIENDA NÚM. 20

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, sexagésimo noveno

De modificación.


Se sustituye la relación propuesta al artículo 215.1 por la siguiente:

"1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos será suficiente la denuncia del agraviado."

Página 64


ENMIENDA NÚM. 21

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, septuagésimo primero

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses...", por la siguiente: "... pena de arresto de ocho a veinte fines de semana o multa de seis a doce meses...".


ENMIENDA NÚM. 22

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, septuagésimo segundo

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses...", por la siguiente: "... pena de arresto de ocho a veinte fines de semana o multa de seis a doce meses...".


ENMIENDA NÚM. 23

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, nonagésimo tercero

De supresión.


En la redacción propuesta al nuevo apartado 3 del artículo 274 del Código Penal se suprime la expresión "... agrarios o...".


ENMIENDA NÚM. 24

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, nonagésimo sexto

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... seiscientos mil euros", por: "cuatrocientos cincuenta mil euros".


ENMIENDA NÚM. 25

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo cuarto

De modificación.


En la redacción propuesta al artículo 305.1 se sustituye la expresión "ciento veinte mil euros" por "noventa mil euros".


ENMIENDA NÚM. 26

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo sexto

De modificación.


En la redacción propuesta al artículo 307.1 se sustituye la expresión "ciento veinte mil euros" por "noventa mil euros".


Página 65


ENMIENDA NÚM. 27

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo séptimo

De modificación.


En la redacción propuesta a los apartados 1 y 2 del artículo 308 se sustituye en ambos apartados la expresión "ochenta mil euros" por "sesenta mil euros".


ENMIENDA NÚM. 28

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo noveno

De modificación.


Se sustituye la expresión "doscientos cuarenta mil euros" por "ciento ochenta mil euros".


ENMIENDA NÚM. 29

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo decimonoveno

De modificación.


Se sustituye la expresión "pena de prisión de tres meses a un año", por la siguiente: "pena de arresto de ocho a veinticuatro fines de semana".


ENMIENDA NÚM. 30

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo trigésimo

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... por tiempo de hasta tres años...", por la siguiente: "... por tiempo de hasta dieciocho meses...".


ENMIENDA NÚM. 31

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo trigésimo noveno

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... pena de prisión de tres a seis meses...", por la siguiente: "... pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana...".


ENMIENDA NÚM. 32

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, cuadragésimo tercero

De modificación.


Se sustituye la redacción propuesta al artículo 558 por la siguiente:

"Serán castigados con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de tres a doce meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, con los actos públicos propios de cualquier autoridad o Corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente, o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo máximo de un año."

Página 66


ENMIENDA NÚM. 33

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo quincuagésimo segundo

De modificación.


Se sustituye la redacción propuesta al artículo 617 por la siguiente:

"1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses.


2. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de arresto de uno a tres fines de semana o multa de diez a treinta días."

ENMIENDA NÚM. 34

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo quincuagésimo tercero

De modificación.


Se sustituye la expresión: "... pena de localización permanente de seis a doce días...", por "... pena de trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días...".


ENMIENDA NÚM. 35

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, centésimo quincuagésimo cuarto

De modificación.


En el último párrafo se sustituye la expresión: "... pena de localización permanente de cuatro a ocho días...", por "... pena de arresto de dos a cuatro fines de semana...".


ENMIENDA NÚM. 36

PRIMER FIRMANTE:

Don Carlos Ignacio Aymerich Cano

(Grupo Parlamentario Mixto)

Disposición final (nueva)

De adición.


Se añade una disposición final única, con el siguiente contenido:

"Disposición final única. Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"."

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 37

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto primero (modificación del artículo 31)

De supresión.


Se propone la supresión de todo el punto primero.


JUSTIFICACIÓN

Sin duda, el segundo número introducido en el artículo 31 significa una transformación esencial del

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modelo de responsabilidad penal tradicional en España. Con la declaración de la responsabilidad directa y solidaria del pago de la pena de multa a la persona jurídica se pone en cuestión la tradicional comprensión del principio de culpabilidad, según el cual las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables y la responsabilidad penal es individual del sujeto declarado culpable del hecho antijurídico, no pudiéndose extender a personas no intervinientes en la infracción penal.


Una alteración del sistema jurídico-penal español de esta magnitud requiere una reflexión y un debate científico mucho mayor, por lo que no se considera adecuada su modificación en este Proyecto de Ley.


No se trata en esta disposición de garantizar la reparación a las víctimas, puesto que no se refiere a la responsabilidad civil, sino de extender la amenaza de la pena a la persona jurídica, lo cual es evidentemente imposible si no es a través de la motivación de las personas que controlan la voluntad social.


ENMIENDA NÚM. 38

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto segundo (modificación de los apartados 2, 3, 4 y 6 del artículo 33)

De supresión.


Se propone suprimir el punto segundo.


JUSTIFICACIÓN

Es rechazable la introducción como pena menos grave de la pena de prisión superior a tres meses. Debe eliminarse dicha modificación, continuando con la inexistencia de las penas inferiores a seis meses y su correlativa obligatoria sustitución (artículo 88).


Por otro lado, no se modifica el artículo 36, que sigue declarando que la pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de veinte años, cuando, por otra parte, existen en el código conductas castigadas con pena superior (véanse artículos 140 ó 572).


La eliminación de la pena de arresto de fin de semana produce que la pena privativa de libertad máxima de las faltas sea de doce días de arresto domiciliario (ahora llamada localización permanente) y la mínima de los delitos menos graves la de prisión de tres meses, lo cual significa un salto punitivo excesivo entre la falta y el delito.


Estableciéndose el límite máximo de la pena de localización permanente en doce días y la pena de multa para las faltas de diez días a dos meses, conforme a los criterios de conversión de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa, ocurre que las penas de multa de veinticuatro días o superiores sólo podrían sustituirse por un máximo de doce días de localización permanente.


ENMIENDA NÚM. 39

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto octavo (modificación del artículo 48)

De modificación.


Se propone introducir la siguiente modificación en el punto segundo del nuevo artículo 408 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


"2. La prohibición de aproximarse (...) quedando en suspenso de acuerdo con la discrecionalidad reglada del órgano sentenciador, respecto de los hijos (...)."

JUSTIFICACIÓN

En el número segundo del artículo 48 se establece como preceptiva la suspensión del régimen de estancias, comunicación y visitas respecto a los hijos cuando se imponga una pena de prohibición de aproximarse a la víctima.


Unido a lo establecido en el artículo 57 propuesto, que establece la imposición obligatoria, en todo caso, de dicha pena como accesoria en los delitos contra las personas establecidas en el futuro artículo 173 (cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, etcétera) la suspensión se convierte en una pena automática que en algunas ocasiones puede resultar excesiva e inadecuada a las circunstancias concretas del caso, privando al progenitor condenado y a los hijos de su derecho a comunicarse en situaciones en que su relación mutua no se ha visto afectada.


Precisamente, para las situaciones en que la relación de la pareja es conflictiva existen, y se promueven desde la Comunidad Europea, los denominados puntos de encuentro, en los cuales se proporciona un lugar

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neutral, adecuado y atendido por profesionales para la realización de las correspondientes visitas con los hijos/as.


Por tanto, dicha suspensión debiera quedar a la discrecionalidad reglada del órgano sentenciador, en función de las circunstancias concretas del caso y siempre conforme al criterio del interés superior del menor.


ENMIENDA NÚM. 40

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto décimo (modificación del artículo 50)

De modificación.


Se propone introducir la siguiente modificación en el apartado 4 del nuevo artículo 50 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, planteado por este Proyecto de Ley.


"4. La pena de multa mínima será de 20 euros. A efectos de cómputos (...)."

JUSTIFICACIÓN

Sin duda, parece una sanción absurda la previsión de penas tan exiguas que no pueden de ninguna manera tener un efecto preventivo y, sobre todo, que ante las situaciones de insolvencia obligan a una costosa comprobación del patrimonio del condenado. Sería más adecuado incrementar notablemente la cuota diaria mínima y eliminar la pena de multa para las faltas, relegando al ámbito administrativo la sanción de las faltas castigadas con penas de multa.


ENMIENDA NÚM. 41

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto decimosexto (modificación del artículo 58), apartado 2

De modificación.


Se propone modificar el texto de la siguiente manera:

"2. El abono de prisión provisional (...) en otra causa, por el Juez o Tribunal sentenciador, previa audiencia del Ministerio Fiscal."

JUSTIFICACIÓN

No se entiende por qué el abono de la prisión provisional es competencia del Tribunal sentenciador cuando es la misma causa y del Juzgado de Vigilancia del territorio cuando es distinta. Lo lógico sería que, en todo caso, el Juez o Tribunal que deba realizar la liquidación de condena sea quien abone la prisión provisional fuera de la causa que fuera.


Además, se distorsiona aún más la competencia de ejecución de la pena de prisión impuesta por delitos de terrorismo al atribuir la competencia del Juzgado de vigilancia de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario.


ENMIENDA NÚM. 42

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto decimoséptimo (modificación del artículo 60), apartado 1

De modificación.


JUSTIFICACIÓN

La asistencia médica a la que se refiere el vigente artículo 60 se transmuta en la imposición de una medida de seguridad, con lo que se prevén medidas de seguridad para sujetos imputables (a los que no se ha apreciado una exención de la responsabilidad penal del artículo 20.1.º-3.º), lo cual es incoherente con la regulación de los artículos 101 a 104 del Código Penal. Las medidas de seguridad previstas en el Código Penal se fundamentan en el pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos en el futuro (artículo 95.1.2.º), requisito que se ha obviado en el artículo 60 y debiera explicitarse.


La remisión a la disposición adicional primera tampoco debe considerarse correcta, ya que ésta se refiere a personas inimputables, en cuyo caso no se hubiera impuesto una pena.


Con esta modificación se está asimilando la situación de trastorno mental grave sobrevenido con la inimputabilidad en el momento de realizar el hecho delictivo, lo cual es un error conceptual importante. Si

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no se ha apreciado una eximente de la responsabilidad criminal en la sentencia, es porque el hecho no guarda relación con el delito, por lo que el trastorno mental sobrevenido no ha manifestado su peligrosidad en un hecho delictivo, por lo que lo adecuado es la suspensión de la pena y el mero tratamiento médico, no la imposición de una medida de seguridad que en su ejecución responde a una lógica diferente.


ENMIENDA NÚM. 43

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto decimonoveno (modificación del artículo 68)

De modificación.


Se propone modificar la última parte del texto del punto decimonoveno, por la siguiente redacción:

"En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, (...) y las circunstancias personales de su autor, en su caso el resto de circunstancias atenuantes o agravantes."

JUSTIFICACIÓN

Debería aclararse qué significa la modificación del texto original de "atendidos... en su caso, el resto de las circunstancias atenuantes o agravantes" por el contemplado en este Proyecto de Ley como "sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código".


Dadas las muy importantes modificaciones que el artículo 66 pudiera sufrir en virtud de proyectos anteriores, especialmente en lo que se refiere al incremento en grado por la acumulación de agravantes y la reincidencia, debe aclararse si ello impide la imposición de la pena inferior en dos grados o cuál es su efecto.


ENMIENDA NÚM. 44

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto vigésimo tercero (modificación del artículo 74)

De supresión.


Se propone suprimir el texto del punto vigésimo tercero.


JUSTIFICACIÓN

Debe rechazarse la elevación de la pena del delito continuado a la pena superior en grado por las razones esgrimidas en la enmienda a la totalidad y las motivaciones aducidas para oponerse al generalizado aumento de las penas a la reiteración delictiva en proyectos anteriores.


ENMIENDA NÚM. 45

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto vigésimo séptimo (modificación del artículo 82)

De supresión.


Se propone suprimir el texto correspondiente del punto vigésimo séptimo.


JUSTIFICACIÓN

Se produce la eliminación de la sección especial del Registro que tenía como finalidad evitar la estigmatización y los antecedentes de aquellas personas a las que se hubiera concedido la suspensión de la ejecución.


Se considera conveniente mantener la regulación actual de esta materia.
Por otro lado, tampoco se explica en el Proyecto la razón de esta supresión.


ENMIENDA NÚM. 46

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto trigésimo (modificación del artículo 87)

De modificación.


Se propone suprimir de la redacción del punto la referencia del "médico forense".


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JUSTIFICACIÓN

No se entiende muy bien qué puede aportar el informe del Médico Forense, cuando los extremos sobre los que debe informar son que el hecho delictivo, se hubiese cometido a causa de la dependencia, lo cual deberá derivarse de la sentencia, y que se certifique por centro o servicio público o privado la deshabituación o el sometimiento a deshabituación, en cuyo caso el Médico Forense se limitaría a validar o invalidar el certificado.


ENMIENDA NÚM. 47

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto trigésimo primero (modificación del artículo 88)

De supresión.


Se propone suprimir el texto correspondiente al punto trigésimo primero.


JUSTIFICACIÓN

Correlativo al rechazo a la eliminación de la pena de arresto de fin de semana y a la exigencia de que se prevean legalmente más formas sustitutivas de la pena de prisión.


ENMIENDA NÚM. 48

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, trigésimo segundo (modificación del artículo 92)

De supresión.


Se propone suprimir la redacción del punto trigésimo segundo.


JUSTIFICACIÓN

La modificación de la libertad condicional por razones humanitarias, enfermedades muy graves y mayores de setenta años, se antoja innecesaria.
Se introducen en el precepto criterios que generan confusión y regulaciones procedimentales más propias de la reglamentación penitenciaria que de un Código Penal.


Los criterios de dificultad para dilinquir y escasa peligrosidad del sujeto resultan excesivos, dado que el artículo 90 ya exige buena conducta y pronóstico individualizado favorable de reinserción social.
Los criterios propuestos parecen remitir a superadas interpretaciones de algunos jueces de vigilancia que ya fueron rechazadas por los Tribunales Superiores, en las que se exigía una casi total pérdida de autonomía personal por la enfermedad, retrasando el momento de la excacerlación a fases muy cercanas a la muerte. Ello fue considerado por el Tribunal Constitucional contrario al principio de humanidad que inspira el artículo 92

ENMIENDA NÚM. 49

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto trigésimo tercero (modificación del artículo 94)

De modificación.


Se propone suprimir de la redacción del punto trigésimo tercero la referencia al artículo 87.


JUSTIFICACIÓN

En tanto que con la reforma del artículo 87 se elimina la referencia a la habitualidad, es contradictoria esta referencia en el artículo 94.


ENMIENDA NÚM. 50

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto trigésimo noveno (modificación del artículo 104)

De adición.


Página 71


Se propone modificar el texto original del artículo 104 de la Ley 10/1995, con el siguiente cambio, y mantener el segundo apartado propuesto por el Proyecto de Ley.


"En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1, 2 y 3 del artículo 20 y de la atenuación del artículo 21.2.º o de una atenuación análoga, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103.
No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto en el artículo 99."

JUSTIFICACIÓN

Se estima conveniente que el artículo 104 recoja la consolidada interpretación jurisprudencial de permitir la aplicación de medidas de seguridad a supuestos en los que se hayan aplicado atenuaciones (artículo 21.2.º o 6.º) de la pena con base en la afección a la imputabilidad de la persona (artículo 20.1.º-3.º). Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha admitido la aplicación analógica de medidas a supuestos que no dan lugar a una eximente completa e incompleta, por lo que no se mencionan expresamente en los artículos 101 a 104. Convendría que la Ley acogiese esta interpretación.


ENMIENDA NÚM. 51

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto cuadragésimo primero (modificación del artículo 127)

De supresión.


Se propone suprimir el apartado 2 del nuevo artículo 127 de la Ley 10/1995.


JUSTIFICACIÓN

Al igual que ocurría con la responsabilidad de las personas jurídicas se abordan en este precepto modificaciones de gran calado que alteran la concepción tradicional de figuras como, en este caso, el comiso.
Alteraciones de esta importancia merecerían mayor detención y cuidado.


El comiso es una consecuencia accesoria; no tiene naturaleza de pena ni de medida de seguridad, ni debe confundirse con la responsabilidad civil. El comiso por un valor equivalente parece apuntar bien a una finalidad sancionatoria o a una garantía de la responsabilidad civil que no son finalidades propias de esta figura legal.


ENMIENDA NÚM. 52

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto sexagésimo sexto (modificación del artículo 189)

De supresión.


Se propone suprimir los apartados 2 y 7 del nuevo artículo 189 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

La sanción penal de la posesión de pornografía infantil o juvenil para propio uso, sin ánimo, por tanto, de difundirla, rebasa los límites de un Derecho penal exclusivamente protector de bienes jurídicos.


Si bien, la conducta resulta repugnante desde un punto de vista moral, no es la función del Derecho penal proteger concepciones morales. En todo caso, quien visiona pornografía infantil puede necesitar ayuda especializada, no una pena de prisión de tres meses a un año.


La posesión de material pornográfico para uso propio no crea ningún riesgo para la libertad sexual o indemnidad sexual del menor. Entenderlo de otra manera sería como sancionar al consumidor de marihuana porque su conducta como consumidor favorece el tráfico de drogas.


Por otro lado, la conducta descrita en el número 7 es simplemente difícil de determinar en qué consiste. En todo caso, si, como dice el texto, "no hubiesen sido utilizados directamente menores o incapaces", no se comprende la razón material de la sanción de esta conducta con una pena de prisión de tres meses a un año.


Página 72


ENMIENDA NÚM. 53

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto centésimo decimonoveno (modificación del artículo 337)

De supresión.


Se propone suprimir la redacción del nuevo artículo 337 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

En esta nueva redacción del precepto se introduce entre los delitos el maltrato a animales que produzca la muerte o grave menoscabo físico -en la actualidad es una falta del artículo 632-.


Síntoma de ligereza con la que se abordan las reformas es la inclusión de este delito entre los delitos relativos a la protección de la fauna y flora, con los que no comparte en absoluto naturaleza jurídica, más allá de que se trate de animales.


A diferencia de en la falta vigente, no se prevé en el delito la exclusión de los maltratos crueles a animales que se realicen en espectáculos públicos autorizados.


Parece muy excesivo que se sancione a una persona con la prisión de tres meses a un año por maltrato a animales. No resulta proporcional.


Por otro lado, los animales no son sujetos de derechos, no existe un derecho a la integridad física de los animales, por lo que no se entiende muy bien cuál es el bien jurídico protegido por este delito. Entiendo que como en tantas ocasiones se legisla a golpe de conmoción pública cuando algunos hechos salpican los medios de comunicación. No existiendo bien jurídico protegido, el precepto no resulta compatible con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.


ENMIENDA NÚM. 54

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto centésimo vigésimo primero (modificación del artículo 369)

De supresión.


Se propone suprimir la redacción del nuevo artículo 369 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

De nuevo, el legislador introduce la enésima reforma de los últimos veinte años en materia de tráfico de drogas. Siempre en el mismo sentido de incrementar hasta límites insospechables la represión penal de estas conductas.


No en vano es el delito que más incide en la población penitenciaria, dado que produce unas estancias muy largas en prisión. Sobre todo afecta a las mujeres, ya que la mayoría de ellas están en prisión por delitos de tráfico de drogas -mucho más que robos, que sería predominante entre la población masculina-. Casi cualquier conducta de este tipo da lugar a unas penas de cinco a nueve años de prisión, aun cuando se trate de pequeños traficantes de cantidades poco importantes, siendo un delito en el que no media violencia ni agresión a persona alguna.


El sistema de agravaciones hasta de dos grados superiores a la pena base produce de nuevo una desproporcionada sanción penal.


Por otro lado, la novedosa cualificación de la conducta por facilitar las sustancias a personas sometidas a tratamiento de deshabituación plantea importantes dudas.


Lo mismo que el incremento punitivo de la utilización de menores. En la actualidad, la utilización de un menor de dieciséis años para, por ejemplo, transportar cocaína, era sancionada con una pena de nueve a trece años y medio de prisión. A partir de la reforma, la utilización de un menor de dieciocho para realizar la misma conducta se castiga con de nueve a veinte años y tres meses de prisión.


Estas reformas se enmarcan en la inexplicable tendencia al incremento punitivo que caracteriza todas las reformas del gobierno conservador, lo cual evidentemente se tenía que manifestar en la continuación en la demonización de las drogas en lugar de un abordaje realista y práctico desde una perspectiva social y de salud pública, lo cual sólo podrá ser realizado por gobiernos más progresistas.


ENMIENDA NÚM. 55

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto centésimo vigésimo segundo (modificación del artículo 370)

De supresión.


Página 73


Se propone suprimir la redacción del nuevo artículo 370 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

De nuevo, el legislador introduce la enésima reforma de los últimos veinte años en materia de tráfico de drogas. Siempre en el mismo sentido de incrementar hasta límites insospechables la represión penal de estas conductas.


No en vano es el delito que más incide en la población penitenciaria, dado que produce unas estancias muy largas en prisión. Sobre todo afecta a las mujeres, ya que la mayoría de ellas están en prisión por delitos de tráfico de drogas -mucho más que robos, que sería predominante entre la población masculina-. Casi cualquier conducta de este tipo da lugar a unas penas de cinco a nueve años de prisión, aun cuando se trate de pequeños traficantes de cantidades poco importantes, siendo un delito en el que no media violencia ni agresión a persona alguna.


El sistema de agravaciones hasta de dos grados superiores a la pena base produce de nuevo una desproporcionada sanción penal.


Por otro lado, la novedosa cualificación de la conducta por facilitar las sustancias a personas sometidas a tratamiento de deshabituación plantea importantes dudas.


Lo mismo que el incremento punitivo de la utilización de menores. En la actualidad, la utilización de un menor de dieciséis años para, por ejemplo, transportar cocaína, era sancionada con una pena de nueve a trece años y medio de prisión. A partir de la reforma, la utilización de un menor de dieciocho para realizar la misma conducta se castiga con de nueve a veinte años y tres meses de prisión.


Estas reformas se enmarcan en la inexplicable tendencia al incremento punitivo que caracteriza todas las reformas del gobierno conservador, lo cual evidentemente se tenía que manifestar en la continuación en la demonización de las drogas en lugar de un abordaje realista y práctico desde una perspectiva social y de salud pública, lo cual sólo podrá ser realizado por gobiernos más progresistas.


ENMIENDA NÚM. 56

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto quincuagésimo noveno (modificación del artículo 626)

De supresión.


Se propone suprimir el texto correspondiente a la nueva redacción del artículo 626 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

El deslucimiento de fachadas se castiga con pena exclusivamente de trabajos en beneficio de la comunidad. Se reproducen los argumentos de la enmienda anterior. Este artículo o bien es ineficaz, puesto que bastaría la negativa del penado para eludir la pena, o supone una modificación implícita del carácter voluntario de esta pena establecido en el artículo 49.


Por otro lado, la conducta es insignificante y conforme a los principios de intervención mínima y última ratio del Derecho penal, como otras faltas, se propone su derogación como ilícito penal, pues se considera suficiente la sanción administrativa y la reclamación civil de la responsabilidad civil.


ENMIENDA NÚM. 57

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, punto sexagésimo tercero (modificación del artículo 630)

De supresión.


Se propone suprimir el texto correspondiente a la nueva redacción del artículo 630 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


JUSTIFICACIÓN

La conducta es insignificante y conforme a los principios de intervención mínima y última ratio del Derecho penal, se propone su derogación como lícito penal, pues se considera suficiente la sanción administrativa.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley

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Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (núm. expte.
121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2003.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


ENMIENDA NÚM. 58

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto primero, que modifica el artículo 31

De modificación.


En el párrafo segundo, junto a "autor", debe añadirse "o cómplice".


MOTIVACIÓN

La coparticipación criminal puede revestir ambas modalidades, autoría y complicidad.


ENMIENDA NÚM. 59

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto decimocuarto, que modifica el artículo 56.1.1.º

De modificación.


La suspensión de empleo o cargo público, como accesoria de la pena privativa de libertad, sólo podrá imponerse si el delito cometido guarda relación directa con el empleo o cargo público que ostenta el culpable.


MOTIVACIÓN

No poner en peor condición al funcionario público que al que no lo es.


ENMIENDA NÚM. 60

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto decimoctavo, que modifica el artículo 65

De modificación.


En el párrafo tercero, junto al inductor o cooperación necesario debe añadirse al cómplice.


MOTIVACIÓN

Si al cooperador necesario se le reduce la pena, con igual o mayor motivo debe reducirse la sanción al cómplice, cooperador no necesario.


ENMIENDA NÚM. 61

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto vigésimo noveno, que modifica el artículo 85

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. Revocada la suspensión se ordenará la ejecución de la pena.


2. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conductas fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena, ordenando la cancelación de la inscripción hecha en la sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes. Este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto."

MOTIVACIÓN

La desaparición del inciso final del precepto vigente es la muestra más llamativa del retroceso en la evolución seguida hasta ahora en el Derecho Penal desde la Ilustración. Al desaparecer la cancelación de antecedentes penales con la remisión definitiva de la pena suspendida, se echa al traste gran parte de los efectos beneficiosos de la suspensión superada con éxito. Como consecuencia de ello, se retoma el texto del Código de 1973 para el cómputo del plazo para la cancelación en casos de remisión definitiva.


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ENMIENDA NÚM. 62

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto quincuagésimo séptimo, que modifica el artículo 171

De modificación.


Procede añadirle un párrafo tercero de idéntico tenor al actual:

"3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere sancionado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el Juez o el Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados."

MOTIVACIÓN

La previsión contenida en el párrafo tercero del vigente artículo 171 del Código Penal constituye un medio eficaz y un acicate para la persecución y castigo del delito de chantaje. En consecuencia, las razones de política criminal en que se basa dicho párrafo son plenamente plausibles, por lo que el mismo debe ser mantenido.


ENMIENDA NÚM. 63

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto centésimo trigésimo octavo, por el que se modifica el artículo 471 bis

De modificación.


Deben añadirse dos nuevos apartados en los que se pene al perito y al intérprete que maliciosamente desvíen su dictamen o traducción: Así:

1. (Igual).


2. (Igual).


3. (Igual).


3 bis. Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para la profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.


4. (Igual).


4 bis. Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterase con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.


5. (Igual).


6. (Igual).


7. (Igual).


MOTIVACIÓN

Por analogía con lo dispuesto en los artículos 459 y 460 del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 64

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto octogésimo séptimo, que modifica el artículo 262.1.º

De modificación.


Procede modificar el texto propuesto por el Gobierno en el sentido de evitar la expresión "o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial".


MOTIVACIÓN

A las empresas, en cuanto personas jurídicas, no se les pueden imponer penas; las "penas" quedan reservadas para las personas físicas. Por lo tanto, la expresión "pena" referida a una empresa no es técnicamente correcta.


ENMIENDA NÚM. 65

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto octogésimo noveno, que modifica el artículo 267

De modificación.


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Debe añadírsele un nuevo párrafo del siguiente tenor:

"Cuando se produjeren daños al patrimonio de una pluralidad de personas, el cómputo de la cuantía de los mismos se realizará sobre la suma de todos ellos."

MOTIVACIÓN

Sería injusto que daños plurales no alcanzasen la categoría de delito por la circunstancia de que cada uno de ellos no superen los 80.000 euros si la suma de todos ellos sobrepasa dicha cantidad. Piénsese, por ejemplo, en daños causados en un accidente de tráfico con una pluralidad de vehículos afectados.


ENMIENDA NÚM. 66

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto decimonoveno, que modifica el artículo 337

De modificación.


La pena de prisión prevista en dicho precepto debe ser sustituida por una pena de multa.


MOTIVACIÓN

Evitar que se dé la paradoja de que matar o lesionar a un gato o a un canario pueda ser sancionado con pena más grave que causar a una persona lesiones del artículo 147.2.º del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 67

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De un nuevo punto vigésimo sexto bis al artículo único, que modifica el artículo 380

De adición.


Debe quedar redactado del siguiente modo:

"El conductor que, requerido por el Agente de la autoridad, y advertido expresamente de la responsabilidad en que pudiera incurrir"... (El resto igual).


MOTIVACIÓN

Parece razonable que, en estos casos, para que la conducta del reo se eleve a la categoría de delito de desobediencia, sea necesario que el agente actuante advierta al conductor de que su omisión puede ser constitutiva de delito.


Sólo este conocimiento de que la omisión puede ser delictiva justificaría que tal conducta obstructiva adquiera el rango de delito.


Téngase presente que si el conductor se halla más o menos embriagado, puede no ser consciente de la trascendencia de la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, salvo que sea expresamente advertido de ella.


En suma, una simple advertencia, que nada cuesta hacer, puede ser suficiente para evitar tener que aperturar unas diligencias penales por delito de desobediencia.


ENMIENDA NÚM. 68

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto nonagésimo tercero, que modifica el artículo 274

De modificación.


Se propone la siguiente redacción alternativa para el apartado 1 del artículo 274 del Proyecto de Ley Orgánica:

"Será castigado con la pena de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.
Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen

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un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento. Esta conducta será también castigada con la misma pena, en el caso de productos protegidos por cualquier otro derecho de propiedad industrial registrado conforme a la normativa vigente."

MOTIVACIÓN

Tanto los derechos de Propiedad Industrial como los de Propiedad Intelectual constituyen por igual unos elementos patrimoniales intangibles de gran valor económico, hasta el punto que se puede afirmar que son los activos más valiosos de que dispone una empresa. Son estos activos los que diferencian a la empresa competitiva y con capacidad de internacionalización de la empresa que únicamente busca la supervivencia a corto plazo, ya que son instrumentos sin los cuales la empresa difícilmente puede participar en un mercado regido por el principio de libre competencia, por lo que su adecuada regulación y protección es vital para la vida económica de cualquier sociedad moderna.


Aunque uno y otro tipo de derechos recaen sobre objetos distintos, la naturaleza inmaterial de ambos, unida a la trascendencia económica antes mencionada, aconsejan la dispensa de un tratamiento penal paralelo para las infracciones más graves de ambos. Asimismo, no conviene olvidar que en el ámbito internacional y en la nomenclatura de los acuerdos TRIPs y de la próxima "Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual" no admite diferencias entre lo que nosotros diferenciamos, como propiedad intelectual y como propiedad industrial.


Es por ello por lo que, a nuestro modo de ver, la inserción en el apartado 1 del artículo 274 viene obligada, para equiparar el tipo básico referido a las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial concedidos respecto a los signos distintivos con el tipo básico correspondiente a las infracciones de derechos de Propiedad Intelectual (artículo 270, apartado 1, modificado en este mismo Proyecto por el artículo nonagésimo).


Por otro lado, si bien este tipo viene referido a las marcas, que soportan un alto índice de infracción mediante la introducción en España de ingentes cantidades de productos falsificados, y otras formas de piratería, procedentes de terceros países, esta tipificación y las consideraciones antes referidas también deberían ser extensibles a los tipos básicos referidos a otros derechos de Propiedad Industrial, tales como las referidas a las creaciones técnicas (patentes y modelos de utilidad) a las creaciones estéticas (dibujos y modelos industriales, o también diseños industriales, conforme el Proyecto de Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que se encuentra en avanzado estado de tramitación parlamentaria) y otras (topografías de productos semiconductores, derechos de obtenciones vegetales...).


ENMIENDA NÚM. 69

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, de un nuevo punto nonagésimo tercero bis, que modifica el artículo 276

De adición.


Se propone añadir un artículo nonagésimo tercero bis, para modificar el artículo 276 del vigente Código Penal, que quedaría redactado de la siguiente manera:

"Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.


b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.


c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.


d) Que se utilice a menores de dieciocho años para cometer estos delitos.


En tales casos, el Juez o Tribunal podrá, asimismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años."

MOTIVACIÓN

La inclusión de estos subtipos agravados, al igual que ocurría con la modificación anterior, obedece a la razón ya expuesta de dar a los delitos de propiedad industrial un trato equivalente a los delitos de

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propiedad intelectual. En ese sentido, hay que recordar que las actividades infractoras de este tipo de derechos, a menudo realizados por verdaderas organizaciones de corte mafioso dedicadas a actividades clandestinas, resultan especialmente rentables para sus autores, dado el bajo coste de los productos fabricados (fruto de la producción en el sistema de economía sumergida), la facilidad para colocarlos en el mercado y los escasos riesgos jurídico penales que implica, en proporción al lucro obtenido, sin olvidar el tremendo fraude fiscal y de la legislación laboral, fomentando la emigración ilegal y vulnerando los derechos de los trabajadores. Como así queda patente en el texto propuesto de la próxima Directiva antes mencionada.


Todo ello unido a los perjuicios que les causa a las empresas titulares de derechos vulnerados, que se ven obligadas a soportar una "competencia" desleal frente a esos terceros que producen usurpando los activos añadidos al producto (caso de la marca o de cualquier otro derecho de Propiedad Industrial), y se aprovecha de los esfuerzos de innovación, de publicidad y de calidad, así como del prestigio y reputación ajenos.


ENMIENDA NÚM. 70

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, punto centésimo sexagésimo octavo, que modifica el artículo 636

De modificación.


El párrafo final debe llevar el añadido de "que en todo caso tendrá la consideración de infracción administrativa conforme a la normativa correspondiente".


MOTIVACIÓN

Por ser una recomendación generalizada de la Fiscalía General del Estado, de la doctrina, y de los propios Tribunales. Debe quedar claro que no se aboga por la impunidad, sino por la búsqueda de la mayor facilidad en la persecución de una conducta grave y antisocial, lo que se consigue pero perseguida más eficazmente como infracción administrativa que como falta.


ENMIENDA NÚM. 71

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo único, de una nueva disposición adicional, que modifica el artículo 338.2 LECrim

De adición.


Se propone añadir una disposición adicional, añadiendo un último inciso al párrafo 2.º del artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que quedará redactado según sigue:

"Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el Juez Instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, ordenará su inmediata destrucción, conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones e investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el órgano judicial considere necesario la conservación de la totalidad. Este criterio se seguirá cuando los efectos intervenidos lo sean en relación con infracciones cometidas en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, en los que tras la ordenación de la práctica urgente de un examen pericial, y la adopción de las demás medidas señaladas, decretará la destrucción de los efectos."

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley Orgánica que nos ocupa prevé la modificación del actual artículo 287, apartado 1.º del Código Penal, en el sentido que, caso de aprobarse dicha reforma, se excluiría el requisito de la denuncia del agraviado o de sus representantes legales en aquellas conductas típicas de vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, siendo un delito perseguible de oficio.


Ya en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran con serios problemas para el almacenamiento de las abundantísimas mercancías intervenidas, por falta de espacio y medios, encontrándose los depósitos judiciales saturados.


En segundo término, hay que señalar que esta medida, previsiblemente, ocasionará un incremento de las actuaciones policiales contra este tipo de conductas, lo cual se traducirá a su vez en un incremento de las mercancías usurpadoras intervenidas, con el consiguiente agravamiento del problema de almacenamiento que, a fecha de hoy, es ya una realidad muy preocupante, se trata de cantidades ingentes de productos que deben ser almacenados hasta la finalización del procedimiento judicial, para poder disponer, en su caso, la destrucción de las mismas o su devolución al imputado.


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Es por ello por lo que se propone esta reforma adicional de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en aras de evitar lo anterior. Nótese que la equiparación de este tipo de mercancías a las sustancias tóxicas o estupefacientes no está exenta de garantías, toda vez que el examen pericial previo y urgente permitirá determinar si se trata de mercancía auténtica o falsificada, sin perjuicio de la conservación de muestras a los meros efectos probatorios, pudiendo en este último caso proceder a su destrucción, dado que, al margen del sentido de la resolución del procedimiento penal en curso, se trataría de mercancía de ilícito comercio.


Asimismo, esta disposición resulta justificada por cuanto que, actualmente, la constitución del imputado en depositario judicial de la mercancía intervenida no resulta eficaz, por la desaparición de la misma junto a la del imputado, y la carga de hallar un depósito para las mismas resulta excesivamente gravosa tanto para las instituciones judiciales o policiales como para los titulares de los derechos afectados, estos últimos obligados de esta forma a incurrir en un gasto adicional del procedimiento, de difícil estimación inicial y raramente recuperable, aun con una sentencia estimatoria. En los almacenamientos, que en muchas ocasiones es necesario preparar a coste de los titulares de marcas, es frecuente que estas mercancías "desaparezcan" causando el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.


Por último, las reformas operadas en el ámbito nacional, con la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en el comunitario, con la propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, colocan la medida de la destrucción de las mercancías intervenidas, conservando muestras como elemento probatorio, como una herramienta fundamental en la lucha contra este tipo de conductas.


Por último, queremos recordar que recientemente en Italia se ha hecho frente a este problema con la Ley 448, de 28 de diciembre de 2001, en su artículo 49, apartado 1, letra d), que dice:

"... prever la destrucción de la mercancía confiscada en las ventas ilegales/ilícitas, salvo la conservación de muestras para ser utilizadas con fines judiciales..."

A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal (núm. expte. 121/000145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


ENMIENDA NÚM. 72

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado primero, artículo 31.2

De supresión.


Se propone la supresión del apartado 2.


MOTIVACIÓN

Abrir el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas exige una reconsideración global de la materia que fuera más allá de la pena de multa, así como delimitar qué ocurre en otros supuestos tales como la responsabilidad de la persona jurídica cuando otros socios o miembros del Consejo de Administración hayan sido condenados también como inductores o cómplices, ello sin mencionar la situación injusta en la que quedan en una sociedad grande los pequeños accionistas que tienen que soportar la responsabilidad civil subsidiaria y, además, las multas como responsable la sociedad directa y solidariamente, sin haber tenido control de las decisiones delictivas.


ENMIENDA NÚM. 73

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado segundo, artículo 33

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"2. (...).


a) Supresión.


b) Supresión.


c) Supresión.


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d) Supresión.


e) Supresión.


f) Supresión.


g) (...) por tiempo superior a tres años.


h) (...) por tiempo superior a tres años.


i) (...) por tiempo superior a tres años.


3. (...).


a) Supresión.


b) Supresión.


c) Supresión.


d) Supresión.


e) Supresión.


f) (...) de seis meses a tres años.


g) (...) de seis meses a tres años.


h) (...) de seis meses a tres años.


i) Supresión.


j) Supresión.


k) El arresto de siete a veinticuatro fines de semana.


l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ciento ochenta días.


4. (...).


a) Suprimir.


b) Suprimir.


c) Suprimir.


d) (...) por tiempo inferior a seis meses.


e) (...) por tiempo inferior a seis meses.


f) La multa de cinco días a dos meses.


g) El arresto de uno a seis fines de semana.


h) La localización permanente.


i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.


6. (...)."

MOTIVACIÓN

Resulta curioso que una de las razones esgrimidas para modificar la clasificación de la duración de las penas privativas de libertad y elevar las graves hasta cinco años es que así se armoniza con la distribución de competencias entre los Juzgados de lo penal y las Audiencias Provinciales. Es necesario recordar que si dicha armonía se rompió fue a causa de la modificación del artículo 14 de la LECrim, en la redacción dada por la disposición final primera del Código vigente, modificación llevada a cabo por este mismo Grupo Parlamentario, sin que en aquel momento esta armonización fuera relevante, ya que se trataba de una medida temporal.


Se repone en el texto el arresto de fin de semana, el cual, como pena privativa de libertad de corta duración y cumplimiento discontinuo, ha constituido una de las más relevantes novedades establecidas en el Código Penal de 1996 y fue recibida con satisfacción con la generalidad de la doctrina sin perjuicio de que también fue general la opinión de que su adecuada puesta en práctica debería suponer por parte de la Administración el establecimiento de los medios adecuados para que pudieran alcanzarse las finalidades pretendidas.


Son ventajas mayoritariamente aceptadas las siguientes: No produce los efectos disocializadores de la prisión continuada, permite que el condenado mantenga sus vínculos sociales, familiares, laborales, etc., y al mismo tiempo contiene el impacto punitivo del internamiento, es una alternativa a las penas cortas privativas de libertad, actualmente desaconsejadas por los especialistas en estas materias y abandonadas prácticamente en todo el Derecho comparado de nuestro entorno menos en el Proyecto que las vuelve a introducir y que nuestra enmienda suprime.


A punto de cumplirse nueve años desde la vigencia del Código Penal, tras un año de "vacatio legis", siguen sin existir medios adecuados para que la novedad legislativa adquiera toda su virtualidad práctica y, antes de que esto ocurra, se suprime.


ENMIENDA NÚM. 74

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado tercero, artículo 35

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"(...) prisión, arresto de fin de semana, la localización (...)."

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al apartado anterior.


ENMIENDA NÚM. 75

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuarto, artículo 37, apartados 5, 6 y 7 (nuevos)

De adición.


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Se propone la adición de tres nuevos apartados en el artículo 37 con el contenido siguiente:

"Cuarto. Se añaden tres nuevos apartados al artículo 37, que serán los números 5, 6 y 7, con el contenido siguiente:

5. Contenido del apartado 1 del Proyecto.


6. Contenido del apartado 2 del Proyecto.


7. Contenido del apartado 3 del Proyecto."

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 33 por la que se mantiene la pena de arresto de fin de semana.


ENMIENDA NÚM. 76

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado sexto, artículo 40.1 y 3

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. (...); la de inhabilitación especial de seis meses a veinte años, y la suspensión de empleo o cargo público de seis meses a seis años.


3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o a acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de hasta diez años."

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 33.


ENMIENDA NÚM. 77

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado octavo, artículo 48.2

De adición.


Se propone añadir al final del apartado 2 lo siguiente:

"siempre que tal prohibición sea consecuencia de la comisión de una infracción relacionada con la violencia en el ámbito doméstico."

MOTIVACIÓN

El artículo 57 prevé una serie amplia de delitos en los que puede imponerse esta pena, a título de ejemplo delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que no parece razonable que conlleve la suspensión de los derechos respecto de los hijos.


ENMIENDA NÚM. 78

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado décimo, artículo 50.3 y 6

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"3. Su duración mínima será de cinco días y la máxima de dos años.


4. (...).


6. El Tribunal determinará en la sentencia el tiempo y forma de pago.
Cuando acuerde aplazar el inicio de la ejecución de la pena, el Tribunal deberá razonarlo en la sentencia y este aplazamiento no podrá exceder de dos años desde la firmeza de la misma."

MOTIVACIÓN

El apartado 3 se modifica en coherencia con la enmienda al artículo 33 y el apartado 6, ya que de la redacción se deduce que en el caso de multa de veinticuatro meses no podría acordarse ningún aplazamiento.


ENMIENDA NÚM. 79

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado undécimo, artículo 51

De supresión.


Página 82


Se propone la supresión de este artículo.


MOTIVACIÓN

La redacción de este precepto permite aumentar la cuantía de las multas una vez firme la sentencia, lo que es contrario al principio de legalidad y a la redacción del Proyecto respecto de la multa proporcional, artículo 52.2.


ENMIENDA NÚM. 80

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado duodécimo, artículo 52

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


MOTIVACIÓN

Dado que la modificación consiste en introducir un nuevo apartado 2, recogiendo el contenido actual en un solo apartado, la supresión permite volver a la redacción actual al entender que lo previsto en el apartado 2 no es necesario, toda vez que la jurisprudencia ya ha dejado claro que lo previsto en el artículo 51 le es también aplicable, en cuanto exige tener principalmente en cuenta la situación económica del culpable.


ENMIENDA NÚM. 81

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimotercero, artículo 53.3

De supresión.


Se propone la supresión del apartado 3.


MOTIVACIÓN

No se justifica el incremento de los cuatro años actuales a cinco en la no imposición de la responsabilidad subsidiaria por impago de multas, rompiendo nuestra tradición en esta materia. El Código anterior a 1995 lo fijaba en seis años, que por aplicación de la transitoria undécima del Código Penal de 1995 equivale a los cuatro actualmente vigentes.


ENMIENDA NÚM. 82

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimocuarto, artículo 56.1.3.º

De supresión.


Se propone la supresión de lo siguiente:

"sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código."

MOTIVACIÓN

La expresión que se suprime es totalmente perturbadora y no aporta nada al precepto, toda vez que el artículo se refiere a la pena accesoria y el 579.2 impone a los delitos de terrorismo la inhabilitación absoluta, como pena principal.


ENMIENDA NÚM. 83

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimoquinto, artículo 57.1, párrafo tercero

De modificación.


Se propone la modificación del párrafo siguiente redacción para el tercer párrafo del artículo 57.1 CP:

"En los supuestos de los delitos mencionados en el párrafo primero de este apartado cometidos contra quien sea o haya sido cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada de forma estable al condenado por una análoga relación de afectividad o mantenga o hayan mantenido una relación afectiva de pareja aunque no haya mediado convivencia, o sobre los descendientes (...)."

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MOTIVACIÓN

Ampliar el círculo de las personas protegidas frente al delito de violencia doméstica, incluyendo las relaciones de pareja en las que no haya mediado la convivencia.


ENMIENDA NÚM. 84

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimoséptimo, artículo 60.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. (...), garantizado que reciba la asistencia médica precisa. Asimismo, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de lo previsto en la disposición adicional primera."

MOTIVACIÓN

La modificación del artículo 60 consiste en realidad en una sola cosa: En lugar de ordenar que se preste el tratamiento médico adecuado en el caso de que la pena haya de suspenderse por enfermedad mental del penado, dispone que se aplique alguna de las medidas de seguridad privativas de libertad. En apariencia se "precisa" más el contenido de la decisión a adoptar. Pero lo cierto es que se violenta el fundamento de las medidas de seguridad, que es la peligrosidad puesta de manifiesto con la ejecución del hecho delictivo. La redacción del Proyecto permite entender que el fundamento de una medida de seguridad (penal), privativa de libertad, aunque sea de carácter terapéutico, no es sólo la peligrosidad, sino tanto ésta como la enfermedad misma y por sí sola.


ENMIENDA NÚM. 85

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimoctavo, artículo 65.3

De supresión.


Se propone la supresión del apartado 3.


MOTIVACIÓN

La propuesta es sencillamente una aberración jurídica. Contempla el problema de la participación en delitos especiales, respecto de la cual tanto jurisprudencia como doctrina estima que se rige por las reglas comunes, con la excepción para la autoría principal de los delitos especiales propios. En España es absolutamente minoritaria la doctrina que ha sostenido que los "extraños" que participan en un delito especial han de tener una especie de atenuación análoga (sin base legal, por supuesto) fundada en el hecho de "no tener la condición especial", como si no fuera cierto que han contribuido igualmente a la lesión del bien jurídico. Esa opinión parte de considerar que los delitos especiales son una especie de "subsistema" que no se rige por el principio de protección de bienes jurídicos, sino por el de infracciones de deber, en clara regresión respecto del pensamiento penal moderno. Es, por lo tanto, una modificación innecesaria, regresiva y sectaria, en la medida en que sólo pretende satisfacer a un insignificante sector doctrinal.


ENMIENDA NÚM. 86

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado decimonoveno, artículo 68

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


MOTIVACIÓN

No resulta especialmente clara la advertencia de que la presencia de una eximente incompleta no excluye la posibilidad de que sobre el hecho, cuyo marco penal habrá descendido, puedan concurrir además otras atenuantes y agravantes. Parece que la intención de la reforma es asegurar que una atenuación o una agravación no será nunca absorbida por la degradación de pena en un solo grado o en dos. Pero eso es algo que mejor es dejarlo a la valoración de las circunstancias por los Tribunales que son los que deben individualizar la pena. Convendría, pues, dejar de aferrarse a la obsesión por la determinación legal de la pena con desprecio de la determinación judicial.


Página 84


ENMIENDA NÚM. 87

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo, artículo 70

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. (...).


1.ª Supresión.


2.ª Supresión.


2. Contenido del apartado 3 del Proyecto.


3. Su contenido pasa a ser el apartado 2 añadiendo un punto 10.


10. En el arresto de fin de semana, el mismo arresto con la cláusula de que su duración máxima será de treinta y seis fines de semana."

MOTIVACIÓN

Las modificaciones introducidas muestran la persistente obsesión por la vuelta a códigos anteriores al de 1995 en materias como dosimetrías de penas al volver a introducir las esperpénticas condenas a "x años y un día", de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima "incrementada en un día o en un día multa".


La propia Sala Segunda del Tribunal Supremo mantiene en reiterada jurisprudencia que no existe problema para que el límite base y el mínimo de la superior se solapen, abandonándose el principio de penas engarzadas. En cualquier caso, ello no impide al Juez o Tribunal mantener en la imposición de la pena el día de separación.


ENMIENDA NÚM. 88

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo primero, artículo 71

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

1. (...).


2. Supresión.


MOTIVACIÓN

La supresión del apartado 2 se deriva de que el mismo elimina la obligatoriedad de sustituir las penas inferiores a seis meses, que es pauta común en el Derecho comparado, pasando esta obligatoriedad sólo a las penas inferiores a tres meses, lo que podría dar lugar a que un delincuente primario entrara en prisión con una condena a pena de prisión de más de tres meses.


ENMIENDA NÚM. 89

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo tercero, artículo 74.1

De supresión.


Se propone suprimir en el apartado 1 lo siguiente:

"pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado."

MOTIVACIÓN

La modificación de este precepto está en la línea del exacerbamiento de las penas, fundamentalmente de las privativas de libertad, especialmente en delitos contra el patrimonio. De no suprimirse la expresión que se recoge podría dar lugar a que se castigara con más pena un hurto continuado de una cantidad nada relevante que un delito masa con una pluralidad de perjudicados, rompiendo el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones según la gravedad de las conductas.


ENMIENDA NÚM. 90

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo séptimo, artículo 82

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


Página 85


MOTIVACIÓN

La modificación consiste en la desaparición de la sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas a la que sólo podrían pedir antecedentes los Jueces y Tribunales. Con esta restricción de la publicidad de las condenas, siguiendo la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, el legislador buscaba evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, evitando en este caso la publicidad de la pena para no crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización, con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social.


ENMIENDA NÚM. 91

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo octavo, artículo 83.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Artículo 83.


1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al artículo 80.2 del este Código. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones y deberes que le haya fijado de entre las que figuran en este apartado. Si la pena suspendida fuera por delito relacionado con la violencia en el ámbito doméstico, el Juez o Tribunal sentenciador condicionará la suspensión al cumplimiento de la obligación del apartado 2.º y a cualquiera otra de las obligaciones y deberes que le haya fijado de entre las siguientes:

(resto contenido del Proyecto)."

MOTIVACIÓN

Atendiendo a las características propias de los delitos relacionados con la violencia en el ámbito doméstico, resulta imprescindible para evitar la reiteración en dichas conductas el establecimiento, en caso de suspensión de la ejecución de la pena de que el Juez o Tribunal condicione la suspensión al cumplimiento de unas determinadas obligaciones y deberes.


ENMIENDA NÚM. 92

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo octavo bis (nuevo), artículo 84

De adición.


Se propone la adición de un nuevo apartado con el contenido siguiente:

"Vigésimo octavo bis. Se propone la modificación de la letra c) del apartado 2 del artículo 84, que quedará redactado de la forma siguiente:

Artículo 84.


c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena si el incumplimiento fuera reiterado o la pena suspendida fuera por delito relacionado con la violencia en el ámbito doméstico."

MOTIVACIÓN

En la línea de lo manifestado a la enmienda al artículo 83 y en atención a los bienes jurídicos afectados en la comisión de los delitos relacionados con la violencia en el ámbito doméstico es conveniente establecer la obligatoriedad de la revocación de la suspensión en caso de incumplimiento de las obligaciones y deberes a que se condicionara la suspensión.


ENMIENDA NÚM. 93

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado vigésimo noveno, artículo 85

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


Página 86


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 82.


ENMIENDA NÚM. 94

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado trigésimo primero, artículo 88

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. (...), las penas de prisión que no excedan de un año por arrestos de fin de semana, o multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la Ley no prevea estas penas /.../, siempre que no se trate de reos habituales. Cada semana de prisión será sustituido por dos arrestos de fin de semana; cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo.


(...)

Excepcionalmente podrán los Jueces o Tribunales sustituir por arrestos de fin de semana, o multa, o por trabajos en beneficio de la comunidad, o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas /.../ establecidos en el párrafo anterior. Cuando se impongan conjuntamente multa y trabajos en beneficio de la comunidad, cada día de prisión será sustituido por una cuota de multa y una jornada de trabajo.


1 bis. También podrán los Jueces y Tribunales, previa conformidad del reo, sustituir las penas de arresto de fin de semana por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso cada arresto de fin de semana será sustituido por cuatro cuotas de multa o dos jornadas de trabajo.


2. (...) la pena de prisión o de arresto de fin de semana inicialmente impuesta.


(...)

3. (...)."

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores en las que se repone como pena el arresto de fin de semana.


ENMIENDA NÚM. 95

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado trigésimo quinto, artículo 96.3.1.ª

De modificación.


Se propone la modificación de la medida 1.ª del apartado 3, que queda redactada de la forma siguiente:

"3. (...).


1.ª Inhabilitación especial."

MOTIVACIÓN

En coherencia con las previsiones del artículo 107, cuyo contenido es más que una inhabilitación profesional.


ENMIENDA NÚM. 96

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuadragésimo tercero, artículo 130.3.º

De supresión.


Se propone la supresión del punto 3.º de este artículo.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 82.


ENMIENDA NÚM. 97

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuadragésimo cuarto, artículo 131.1

De supresión.


Página 87


Se propone la supresión del apartado 1.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 33.


ENMIENDA NÚM. 98

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuadragésimo séptimo, artículo 136.3

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado 3.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 82.


ENMIENDA NÚM. 99

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuadragésimo octavo, artículo 146, párrafo primero

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

Dada la entidad del bien jurídico protegido, resulta el arresto de fin de semana, en cuanto pena privativa de libertad, más adecuada que la pena de multa.


ENMIENDA NÚM. 100

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado cuadragésimo noveno, artículo 147.2

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda que reintroduce la pena de arresto de fin de semana y se suprimen las penas cortas de prisión inferiores a seis meses.


ENMIENDA NÚM. 101

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quincuagésimo, artículo 152.1.1.º

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda que reintroduce la pena de arresto de fin de semana y se suprimen las penas cortas de prisión inferiores a seis meses.


ENMIENDA NÚM. 102

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quincuagésimo primero, artículo 154

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


Página 88


MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores que suprimen la posibilidad de castigar con penas cortas de prisión inferiores a seis meses, así como por entender que el incremento de la pena de multa no está justificado.


ENMIENDA NÚM. 103

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quincuagésimo segundo, artículo 158, párrafo primero

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 146 y por considerar que en atención al bien jurídico protegido resulta el arresto de fin de semana una pena más adecuada que la pena de multa.


ENMIENDA NÚM. 104

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quincuagésimo séptimo, artículo 171

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. (...) con la pena de prisión de seis meses a un año o (...).


2. (...) y con la de seis meses a dos años si no lo consiguiere.


3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados."

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores que suprimen la posibilidad de castigar con penas cortas de prisión inferiores a seis meses.


El párrafo tercero reintroduce el actual y ello con la finalidad de favorecer la persecución y el castigo de este delito. Para ello introduce un principio de oportunidad reglada que garantice que los delitos se denuncian, pero nunca se utilizan como extorsión o chantaje.


ENMIENDA NÚM. 105

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado quincuagésimo octavo, artículo 172

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que la única modificación que se realiza es sobre el abanico de la pena de multa, que pasa de seis a veinticuatro semanas a de doce a veinticuatro, proponemos el mantenimiento de la pena vigente que deja un mayor arbitrio judicial, arbitrio que el Proyecto ataca en gran parte de sus preceptos, obsesionado por la determinación legal de la pena en contraposición a la determinación judicial.


ENMIENDA NÚM. 106

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado sexagésimo tercero, artículo 184

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


Página 89


MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores que suprimen la posibilidad de castigar delitos con penas cortas de prisión inferiores a seis meses.


ENMIENDA NÚM. 107

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado sexagésimo quinto, artículo 186

De supresión.


Se propone la supresión de este artículo.


MOTIVACIÓN

Por vulnerar el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que se trata de un delito donde la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido es de las de menor entidad de todo el llamado derecho penal sexual.


ENMIENDA NÚM. 108

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado sexagésimo sexto, artículo 189.2 y 5

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"2. Supresión.


5. (...) será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses."

MOTIVACIÓN

La criminalización del consumidor de pornografía resulta desproporcionada con los fines perseguidos por este precepto que son fundamentalmente la protección de la libertad sexual e intimidad del menor.


Dado que el artículo reformado en 1999 propone un incremento de conductas delictivas y de las penas a imponer a las mismas, resulta razonable que en el supuesto que nos ocupa se incrementen las penas para aquellos que de una u otra forma están en posición de garantes para evitar, en primera instancia, la continuación de tales situaciones.


ENMIENDA NÚM. 109

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado sexagésimo noveno, artículo 215.1

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

La modificación propuesta por el Proyecto transforma a la injuria y la calumnia en delitos públicos, que se perseguirán, lo desee o no el afectado, en su honor, como si ese honor valiera menos que la respetabilidad de la función. No puede pretenderse ofrecer por esta vía soluciones a los problemas de abstención o recusación que el ejercicio de la acción penal pueda provocar.


ENMIENDA NÚM. 110

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado septuagésimo, artículo 225

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores que suprimen la posibilidad de castigar delitos con penas cortas de prisión inferiores a seis meses y en cuanto a la elevación

Página 90


de la pena de multa entendemos que esta elevación carece de justificación.


ENMIENDA NÚM. 111

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado septuagésimo primero, artículo 226.1

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

Este es uno de los delitos por excelencia que justifican la pena de arresto de fin de semana. La propuesta del Proyecto de prisión de tres a seis meses o multa comportan dificultades añadidas para cumplir sus obligaciones o en el caso concreto de la prisión puede comportar la imposibilidad de su cumplimiento.


ENMIENDA NÚM. 112

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado septuagésimo segundo, artículo 227.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ con la pena de arresto de ocho a veinte fines de semana. La reincidencia en la comisión de este delito llevará aparejada una pena de prisión de seis meses a un año."

MOTIVACIÓN

Este es uno de los delitos por excelencia que justifican en una primera condena la pena de arresto de fin de semana. La propuesta del Proyecto de prisión de tres a seis meses o multa comportan dificultades añadidas para cumplir sus obligaciones. La imposición de la pena de prisión como sanción la primera vez puede resultar un elemento que refuerce las dificultades para su cumplimiento. Es cuando existen comportamientos reincidentes cuando parece razonable deducir la contumacia de infractor y es necesario imponer penas con efecto más disuasorio.


ENMIENDA NÚM. 113

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado septuagésimo cuarto, artículo 244.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. El que, sin la debida autorización utilizare, o sustrajere un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de cuatrocientos euros, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días si lo restituyere, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que en ningún caso la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que le correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo."

MOTIVACIÓN

Se modifica la redacción para evitar que quede impune la conducta de quien usa el vehículo conociendo su ilícita procedencia, pero sin haber tomado parte en la sustracción, a la vez que se modifica las penas a imponer, teniendo en cuenta la pena de multa no resulta la más indicada para estas infracciones.


ENMIENDA NÚM. 114

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado septuagésimo octavo, artículo 249

De modificación.


Página 91


Se propone la siguiente redacción:

"1. Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, si la cuantía de lo defraudado /.../."

MOTIVACIÓN

No parece razonable un incremento de la cuantía que determina si los hechos son constitutivos de delito o falta y a la vez, una rebaja en la pena de un año de prisión.


ENMIENDA NÚM. 115

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado octogésimo noveno, artículo 267

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a sesenta y siete mil euros serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos."

MOTIVACIÓN

El incremento de un 30 por 100, aproximadamente, de la cuantía para que dicha conducta sea considerada delictiva, si bien es equivalente porcentualmente al aplicado a otras conductas que ven revisada su cuantía comporta de facto una despenalización de mucha mayor entidad.


ENMIENDA NÚM. 116

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado nonagésimo sexto, artículo 285.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ obteniendo para sí o para un tercero un beneficio superior a quinientos mil euros o causando un perjuicio /.../."

MOTIVACIÓN

El incremento de un 30 por 100, aproximadamente, de la cuantía para que dicha conducta sea considerada delictiva, si bien es equivalente porcentualmente al aplicado a otras conductas que ven revisada su cuantía a los efectos de su consideración como falta o delito hemos de resaltar que comporta de facto una despenalización de mucha mayor entidad y todo ello, sin olvidar que la despenalización tiene efectos retroactivos.


ENMIENDA NÚM. 117

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado nonagésimo noveno, artículo 289

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"/.../ será castigado con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días."

MOTIVACIÓN

Se modifica las penas a imponer, teniendo en cuenta la pena de multa no resulta la más indicada para estas infracciones, manteniéndose la pena de arresto de fin de semana prevista en el Código actual y acogiendo la de trabajos en beneficio de la comunidad prevista en el Proyecto.


ENMIENDA NÚM. 118

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo primero, artículo 299.1

De supresión.


Página 92


Se propone la supresión del apartado 1 de este artículo.


MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 119

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo segundo, artículo 301

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para /.../."

MOTIVACIÓN

La inclusión en figura de legitimación de capitales, de la adquisición, conversión o transmisión de bienes que tengan su origen en un delito, sin que se requiera que se trate de un delito grave plantea problemas a la hora de deslindar esta figura de otras figuras afines, tales como la receptación del artículo 298, y especialmente del encubrimiento del artículo 451. No parece razonable que el criterio para delimitar cuándo estamos ante un delito u otro cuando concurran los requisitos que los podría encuadrar en uno u otro tipo, sea exclusivamente la aplicación del artículo 8.4 que resuelve la aplicación del que prevea la pena más grave.


ENMIENDA NÚM. 120

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo cuarto, artículo 305

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ obtenidos o disfrutados excedan de cien mil euros será castigado /.../."

MOTIVACIÓN

El incremento de un 30 por 100, aproximadamente, de la cuantía para que dicha conducta sea considerada delictiva, si bien es equivalente porcentualmente al aplicado a otras conductas que ven revisada su cuantía a los efectos de su consideración como falta o delito hemos de resaltar que comporta de facto una despenalización de mucha mayor entidad, y todo ello sin olvidar que la despenalización tiene efectos retroactivos.


ENMIENDA NÚM. 121

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo sexto, artículo 307

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ recaudación conjunta, obtener indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutar de deducciones por cualquier concepto, asimismo, de forma indebida y, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o las devoluciones o deducciones indebidas exceden de cien mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séptuplo de la citada cuantía.


/.../."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica y en coherencia con enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 122

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo séptimo, artículo 308

De modificación.


Página 93


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ de más de sesenta y siete mil euros falseando las condiciones /.../.


2. /.../ cuyo importe supere los sesenta y siete mil euros, incumpla las /.../."

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 123

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo noveno, artículo 310

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Será castigado con la pena de arresto de siete a quince fines de semana y multa de tres a diez meses al que estando obligado por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

a) /.../.


b) /.../.


c) /.../.


d) /.../.


/.../ sin compensación aritmética entre ellos, de doscientos mil euros por cada ejercicio económico."

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 124

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo noveno bis, artículo 314 bis

De adición.


Se propone introducir un nuevo artículo 314 bis en el Título XV del Libro II del Código Penal, con el contenido siguiente:

"1. Los que, mediante reiterado acoso moral o psicológico, degraden o consientan que se degraden las condiciones de trabajo de alguna persona y no cesen o adopten las medidas que eviten el mismo, tras requerimiento o sanción administrativa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses.


2. Si el culpable de acoso moral hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una relación de superioridad, las penas del apartado anterior se impondrán en su mitad superior y, además, se impondrá la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, o la de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio, por tiempo de uno a dos años."

MOTIVACIÓN

El acoso moral en el trabajo es también conocido como "mobbing", término inglés derivado del verbo "to mob", cuyo significado es acosar o atropellar.


En nuestra legislación el acoso moral no está contemplado directamente como una práctica prohibida. El Grupo Parlamentario Socialista presentó el 23 de noviembre de 2001 dos proposiciones de Ley sobre el acoso moral, una de las cuales proponía incorporar al Código Penal el delito de acoso moral en el trabajo. La otra Proposición de Ley modificaba la legislación laboral para que contemplase directamente el acoso moral como una práctica prohibida, reformando para ello el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la legislación de la Función Pública.


La Unión Europea ha aprobado ya varias Directivas que definen el acoso moral en diversos ámbitos. La más reciente es la Directiva 2002/73, aprobada el 23 de septiembre de 2002, que define con meridiana claridad el concepto de "acoso" referido al ámbito laboral.


Hay países que ya han tipificado el acoso moral como delito (Francia) y otros países han presentado proyectos legislativos específicos al respecto (Italia, Bélgica, Dinamarca, Suiza). La Unión Europea ha definido el concepto de acoso con suficiente nitidez, como demuestra la Directiva aprobada en septiembre de 2002.


A título de ejemplo, el Código Penal francés (artículo 222.33.2) contempla el acoso moral en estos términos:

"El hecho de acosar a otro mediante acciones repetidas que tengan por objeto o por efecto una degradación de las condiciones de trabajo susceptible de perjudicar sus derechos y su dignidad, de alterar su salud psíquica o mental o de comprometer su futuro profesional, está castigado con un año de prisión y multa de 15.000 euros."

Página 94


Sin embargo, el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal presentado por el Gobierno no tipifica el delito de acoso moral en el trabajo.


ENMIENDA NÚM. 125

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo undécimo, artículo 325.2

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"2. /.../ con la prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años."

MOTIVACIÓN

Dado que la conducta que se castiga puede estar muy vinculada con el ejercicio de determinadas actividades es adecuada la introducción como pena principal de la pena de inhabilitación.


ENMIENDA NÚM. 126

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo undécimo, artículo 325 bis

De adición.


Se propone la adición de un nuevo artículo con el contenido siguiente:

"Artículo 325 bis.


El que por imprudencia grave cometiere los hechos descritos en el apartado 2 del artículo anterior, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en el mismo."

MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que las conductas imprudentes sólo se castigan cuando así está previsto expresamente, resulta necesario no dejar resquicios a la impunidad en supuestos de tanta gravedad como el contemplado.


ENMIENDA NÚM. 127

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo duodécimo, artículo 328

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de dieciocho a veinticuatro meses quienes establecieren /.../."

MOTIVACIÓN

No existe justificación para la bajada de la pena de multa en un delito donde el efecto disuasorio de la misma puede ser eficaz.


ENMIENDA NÚM. 128

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo decimocuarto, artículo 332

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"/.../ será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses."

Página 95


MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores que fijan la pena mínima de prisión en seis meses.


ENMIENDA NÚM. 129

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Socialista

Al artículo único, apartado centésimo decimoquinto, artículo 333

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

Al ser la única novedad la modificación del límite mínimo de prisión a cuatro meses se propone su supresión en coherencia con enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 130

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo decimosexto, artículo 334.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de tres a ocho años."

MOTIVACIÓN

No se justifica la reducción del tiempo de inhabilitación especial de los tres a ocho años actuales a los dos a cuatro previstos en el Proyecto.


ENMIENDA NÚM. 131

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo decimoctavo, artículo 336

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"/.../ pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de tres a ocho años."

MOTIVACIÓN

No se justifica la reducción del tiempo de inhabilitación especial de los tres a ocho años actuales a los uno a tres previstos en el Proyecto.


ENMIENDA NÚM. 132

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo decimonoveno, artículo 337

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o amansados serán castigados con la pena de arresto de siete a doce fines de semana o multa de cuatro a doce meses e inhabilitación especial de seis meses a cuatro años para ser propietario, poseedor o tener a su cuidado cualquier animal o para profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. La misma pena se impondrá a quienes maltrataren cruelmente a cualquier animal en espectáculos o actividades no autorizados legalmente o promuevan la celebración de dichos espectáculos. Si con el maltrato se causare a los animales graves padecimientos que les comporten la muerte o un grave menoscabo físico, se impondrá la pena de seis meses a un año de prisión y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años para ser propietario, poseedor o tener a su cuidado cualquier animal o para profesión,

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oficio o comercio que tenga relación con los animales.


El Juez o Tribunal podrá acordar, además de las penas previstas en el apartado anterior, alguna de las medidas previstas en las letras a) o e) del artículo 129 de este Código."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica y ampliación de las conductas delictivas ya que el Proyecto sólo tipifica el maltrato cuando se dirige contra animales domésticos.


ENMIENDA NÚM. 133

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo vigésimo primero, artículo 369.1.3.º y 10.º y 2.


De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../.


3.º El culpable participare en otras actividades delictivas organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.


10.º Se utilice a menores de dieciocho años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos.


2. En los supuestos previstos en los números 2.º, 3.º y 4.º, la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna de las siguientes medidas:

/.../."

MOTIVACIÓN

Se añade en el punto 3.º el término "delictivas", ya que sería inaudito que la pertenencia a cualquier organización, aunque ésta fuera legal, constituya una agravante en el supuesto de la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes.


El punto 10.º se modifica suprimiendo, de una parte, la agravación consistente en la introducción o salida ilegal de las referidas sustancias, en tanto un delito que protege la salud pública no podemos comprender qué desvalor añade a la conducta esta previsión que, por otra parte, está tipificada en el artículo 2.3.a) de la LO 12/1995, de represión del contrabando.


El apartado 2 se modifica para evitar que pueda decretarse una responsabilidad penal objetiva y por hechos de otro, contraria a las previsiones del artículo 5 de este Código, que manifiesta que no hay pena sin dolo o imprudencia, y ésto es lo que ocurriría si se aplica la redacción del Proyecto. Está claro que si lo que el Proyecto quiere decir que para acordarse estas medidas tiene que existir culpabilidad deberá revisarse la dicción del Proyecto y debería decir que la multa será en este caso de tanto al séptuplo y suprimir lo referido al comiso ya que está recogido con claridad en el artículo 374 que les sería de aplicación. De hecho, el artículo siguiente, en su último párrafo, cuando habla de la multa, añade términos más precisos, "impondrá a los culpables, además".


ENMIENDA NÚM. 134

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo vigésimo segundo, artículo 370.1.º

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Se impondrán las penas privativas de libertad superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al séxtuplo cuando:

1.º Supresión."

MOTIVACIÓN

De una parte, el mantenimiento de la penalidad actual que ya es suficientemente elevada y que por ello ha recibido severas críticas por la doctrina, y en coherencia con la enmienda al artículo anterior.


ENMIENDA NÚM. 135

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo vigésimo sexto, artículo 379

De modificación.


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Se propone la siguiente redacción:

"/.../ con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a dieciocho meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días y, en cualquier caso, privación /.../."

MOTIVACIÓN

Las conductas que se penalizan en este artículo requieren sanciones más fuertes que las previstas en el Código actual y, desde luego, en el Proyecto.


ENMIENDA NÚM. 136

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo trigésimo sexto, artículo 461

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

Desconocemos las razones que justifican la despenalización de la conducta consistente en presentar en juicio documentos falsos.


ENMIENDA NÚM. 137

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo trigésimo séptimo, artículo 463.1

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ será castigado con la pena de arresto de doce a dieciocho fines de semana y multa de seis a nueve meses. En la pena de multa /.../."

MOTIVACIÓN

Dada la entidad de la infracción, parece razonable que la respuesta penal tenga pena privativa de libertad.


ENMIENDA NÚM. 138

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo trigésimo séptimo bis, artículo 468

De adición.


Se propone la adición de un nuevo párrafo a continuación del contenido actual, así como se añade un segundo párrafo al artículo 468 con la siguiente redacción:

"La misma pena se impondrá al que, siendo ya mayor de edad, quebrantare una medida que le hubiera sido impuesta conforme a la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.


Se impondrá en todo caso prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos, impuesta como pena, como medida de seguridad o como medida cautelar."

MOTIVACIÓN

La primera modificación viene a resolver una cuestión doctrinal sobre la interpretación del artículo 50 en relación con el artículo 15 de la Ley Penal del Menor, que está dando respuestas judiciales dispares (condena por quebrantamiento, o absolución) en supuestos de quebrantamiento de una medida impuesta en el ámbito de la Ley Penal del Menor.


El quebrantamiento de condena cuando el condenado no está privado de libertad se castiga sólo con multa en el artículo 468 vigente. En los delitos de violencia doméstica, pueden darse casos en que el agresor se aproxime a su víctima quebrantando la orden judicial de no aproximación, y la conducta sería merecedora de multa. La protección de las víctimas requiere que se castigue con prisión a quien desobedece la orden de no aproximación. Para cubrir todos los supuestos, se especifica que dicha prohibición puede ser tanto una pena como una medida de seguridad o una medida cautelar.


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ENMIENDA NÚM. 139

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo trigésimo noveno, artículo 514

De supresión.


Se propone la supresión de este apartado.


MOTIVACIÓN

El precepto que se reforma fue introducido en el CP por la Ley Orgánica 2/1998 con acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios. Teniendo en cuenta que la revisión es puramente penológica y no exclusivamente de adaptación a las penas propuestas en el Proyecto, en nuestra opinión no existen razones que justifiquen la reforma.


ENMIENDA NÚM. 140

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo cuadragésimo tercero, artículo 558

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Serán castigados con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa /.../."

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores por las que se suprimen las penas de prisión inferiores a seis meses.


ENMIENDA NÚM. 141

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo quincuagésimo cuarto, artículo 620, último párrafo

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"/.../.


Cuando el ofendido por la injuria o vejación injusta de carácter leve fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, la pena será de localización permanente de cuatro a ocho días o la multa de diez a veinte días, teniendo en cuenta la posible repercusión económica que la pena impuesta pudiera tener sobre la propia víctima o sobre el conjunto de los integrantes de la unidad familiar. En estos casos no se exigirá la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias."

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 171 y 172 presentadas al Proyecto de Ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica o integración social de los extranjeros, que tipifica como delito las amenazas y coacciones de carácter leve cuando la víctima es alguna de las personas del artículo 173.2, en la redacción dada por ese Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 142

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo sexagésimo tercero, artículo 630

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"/.../ o multa de uno a dos meses y trabajos en beneficio de la comunidad de quince a treinta días."

MOTIVACIÓN

Creemos que esta infracción debe ser castigada con más pena y que, además, es una de las infracciones en que la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad puede ser de gran utilidad para prevenir futuras conductas.


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ENMIENDA NÚM. 143

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo sexagésimo quinto, artículo 632

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"1. /.../ será castigado con la pena de multa de diez a sesenta días y trabajos en beneficio de la comunidad de quince a treinta días.


2. Los que maltrataren a los animales domésticos o amansados serán castigados con la pena de multa de diez a treinta días o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a treinta días. La misma pena se impondrá a quienes maltrataren a cualquier animal en espectáculos o actividades no autorizados legalmente.


3. Con la misma pena del apartado anterior serán castigados los que abandonaren a un animal que se encontrare a su cuidado.


Las penas previstas en el párrafo anterior se podrán imponer, sin perjuicio de las que procedan de conformidad a otros preceptos de este Código."

MOTIVACIÓN

En primer lugar se incrementa la pena para las conductas del apartado 1 que hasta el Proyecto eran constitutivas de delito y ahora pasan a ser falta. También se adecua la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a la calificación como leve de la infracción. La pena que se impone en el Proyecto es una pena prevista para delitos menos graves.


Los apartados 2 y 3 se modifican en coherencia con la enmienda al artículo 337

ENMIENDA NÚM. 144

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo único, apartado centésimo sexagésimo séptimo, artículo 635

De modificación.


Se propone la siguiente redacción:

"Serán castigados con la pena de localización permanente de seis a doce días y multa de uno a dos meses los que se mantuvieren /.../."

MOTIVACIÓN

En opinión de los enmendantes el reproche penal de estas conductas tiene que tener una respuesta punitiva mayor que la prevista en el Proyecto que rebaja la pena actual sin que conozcamos las razones de tal rebaja.


ENMIENDA NÚM. 145

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Disposición final (nueva)

De adición.


Se propone la introducción de una disposición de entrada en vigor, con el contenido siguiente:

"Disposición final. Entrada en vigor.


La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"."

MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta el número de disposiciones que se modifican, es preciso fijar un plazo más amplio que el de veinte días para su entrada en vigor.


A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Madrid, 12 de junio de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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ENMIENDA NÚM. 146

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 49, regla 6.ª CP

De modificación

Texto que se propone:

6.ª Los Servicios Sociales Penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.


b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.


c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.


d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro. De dicho incumplimiento se deducirá testimonio.


Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de una mejora técnica en la redacción del precepto. Con ella, se atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria un margen de decisión más preciso en relación con el informe sobre las incidencias de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, de modo que además de las incidencias concretas a que se refieren las letras de la regla 6.ª, el Juez podrá tener en cuenta cualquier otra incidencia relevante.


ENMIENDA NÚM. 147

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 83.1 CP

De modificación

Texto que se propone:

1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal sentenciador, si lo estima necesario, y en todo caso si se trata de los delitos contemplados en los artículos 153 a 173.2 de este Código, condicionará la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes: [...]

JUSTIFICACIÓN

Se trata de hacer obligatorias determinadas medidas para el caso de suspensión de la pena de prisión, lo cual se considera aceptable para combatir los delitos de violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 148

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 84 CP

De adición

Se propone añadir un nuevo párrafo tercero, que quedará redactado de la siguiente forma:

3. "En los supuestos en los que la pena suspendida fuera la de prisión por comisión de los delitos contemplados en los artículos 153 a 173.2 del Código, el incumplimiento por parte del reo de alguna de las obligaciones o deberes impuestos por el Juez o Tribunal determinará la necesaria adopción por parte de éstos de alguna de las medidas enumeradas en el apartado anterior del presente artículo".


JUSTIFICACIÓN

Se trata de que las medidas del 84.2 que el Juez puede tomar en los casos de infracción de obligaciones o condiciones durante la suspensión de la pena sean obligatorias.


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ENMIENDA NÚM. 149

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 88.1 CP

De adición

Se propone añadir un nuevo párrafo tercero al apartado 1, que quedará redactado de la siguiente forma:

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por el delito tipificado en el artículo 173.2 de este Código, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de una o varias de las obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 del presente Código.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar que la pena de prisión, en un delito de violencia doméstica, pueda ser sustituida por una multa, en consonancia con las conclusiones de la Subcomisión de Violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 150

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 270.1 CP

De modificación

Texto que se propone:

1. "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y de multa de doce a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artista o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".


JUSTIFICACIÓN

Lo que se propone en esta enmienda es la sustitución del carácter alternativo por el carácter acumulativo de las penas a imponer. La razón de ser de dicha propuesta radica, con carácter general, en la íntima conexión existente entre los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Tanto unos como otros son derechos con contenido patrimonial que recaen sobre bienes inmateriales, y cuya vulneración impide un adecuado funcionamiento del mercado al producir distorsiones en la libre competencia y desviaciones en el comercio. Las similitudes entre uno y otro tipo de derechos han justificado una actuación coordinada para la lucha contra las actividades vulneradoras de aquellos, tanto en el ámbito internacional, como comunitario y nacional, y justifican un mismo tratamiento penal.


Por lo anteriormente expuesto, parece que la regulación de uno y otro tipo de delitos debe ser simétrica. Es por ello por lo que se propone que se dé una misma consideración jurídico-penal para estos delitos, estableciendo una regulación penal paralela en uno y otro caso y evitando diferencias en cuanto a la punibilidad de los mismos.


ENMIENDA NÚM. 151

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 270.3 CP

De modificación

Texto que se propone:

3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.


JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que las penas se imponen a personas físicas, y siguiendo el modelo de los apartados 1 y 2 de este mismo artículo en el Proyecto, y de los restantes artículos del Capítulo, la redacción inicial del Proyecto: "Será castigada... la fabricación, puesta en circulación, tenencia de cualquier medio", se propone

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que sea modificada por la redacción citada que centra el tipo en la persona que cometa la infracción.


A los hechos punibles contemplados en el Proyecto (fabricación, puesta en circulación y tenencia), se ha añadido el de importación, dado que este supuesto se cita expresamente tanto en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (art. 6.2), como en la Propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respecto de los derechos de propiedad intelectual (artículo 21.1).


La tutela penal de las medidas tecnológicas utilizadas para proteger programas de ordenador, no está prevista para las restantes obras y prestaciones que son objeto de protección por el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que obviamente, deben gozar de idéntica protección que los programas de ordenador.


En consecuencia, la referencia a los programas de ordenador se ha ampliado a "cualquiera de las obras, interpretaciones o ejecuciones", mediante una remisión genérica al apartado 1 de este artículo.


ENMIENDA NÚM. 152

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 274.1 CP

De adición.


Texto que se propone:

1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.


JUSTIFICACIÓN

La justificación de esta enmienda radica en la íntima conexión existente entre los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Tanto unos como otros son derechos con contenido patrimonial que recaen sobre bienes inmateriales, y cuya vulneración impide un adecuado funcionamiento del mercado al producir distorsiones en la libre competencia y desviaciones en el comercio. Las similitudes entre uno y otro tipo de derechos justifican un mismo tratamiento penal de ambos tipos de actividades ilícitas.


De acuerdo con todo lo expuesto, se estime necesario mantener la misma consideración jurídico-penal para ambos tipos de delitos, estableciendo una regulación penal paralela en uno y otro caso. Por ello, se considera que dichas conductas deberían también tipificarse cuando se refieran a productos protegidos por un derecho de propiedad industrial, máxime teniendo en cuenta que las importaciones paralelas tienen una especial incidencia en el campo de los signos distintivos, si cabe incluso mayor que en el campo de la Propiedad Intelectual.


ENMIENDA NÚM. 153

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 276.1 CP

De modificación.


Texto que se propone:

1. Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.


b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.


c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.


d) Que se utilice a menores de dieciocho años para cometer estos delitos.


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2. En tales casos, el Juez o Tribunal podrá, asimismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años.


JUSTIFICACIÓN

La justificación de esta nueva redacción que se propone para el artículo 276 del Código Penal se basa en las mismas consideraciones expuestas en la justificación de la enmienda anterior, esto es, el mantenimiento de la simetría en la tipificación de los delitos que se cometan contra la Propiedad Intelectual y contra la Propiedad Industrial. En el caso de propiedad intelectual se introduce una previsión similar en el artículo nonagésimo primero que modifica el artículo 271 del actual texto.
Especialmente, la inclusión de la circunstancia agravante prevista en el apartado c) se justifica por el hecho de que estas conductas constituyen, gracias a las nuevas tecnologías, una vía cada vez más fácil y rápida para la obtención de ganancias fáciles a un bajo coste y con una práctica carencia de riesgo. Esta ha determinado la utilización de estos delitos por parte de organizaciones mafiosas con imbricaciones internacionales lo cual ha desembocado en la ingente ola de piratería intelectual e industrial que actualmente nos afecta.


ENMIENDA NÚM. 154

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 335 CP

De modificación.


Texto que se propone:

1. El que fuera de la época de veda, cace o pesque especies distintas a las indicadas en el artículo 334, ya sea en coto público o privado, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la materia o cace o pesque sin la autorización o permiso del titular del coto, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.


2. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en la época de veda de las mismas, sea en coto público o privado, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.


3. En cualquier caso si por el número de piezas, su especie u otras circunstancias, se produjeren graves daños al patrimonio cinegético del lugar, paraje o coto, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.


4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas descritas en los apartados anteriores se realicen en grupo de más de tres personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.


JUSTIFICACIÓN

El furtivismo -conducta consistente en cazar o pescar en propiedad ajena sin la debida autorización- lesiona los derechos económicos de quien se dedica a explotar los recursos cinegéticos. La decisión de incluir su tipificación obedece a la evidencia de que se produce una lesión injusta de los derechos económicos de otro, con lo cual la conducta del furtivo tiene suficiente desvalor como para merecer un reproche sancionador.


ENMIENDA NÚM. 155

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 376

De adición.


Se propone añadir un nuevo párrafo segundo, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuere de notoria importancia o de extrema gravedad."

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se justifica en dar un trato penal especial a las personas que después de haber delinquido por su condición de drogodependientes han conseguido reincoporarse a la sociedad abandonando su dependencia de las drogas. De este modo, el delincuente podrá beneficiarse de una rebaja de la pena, de hasta dos grados según estime la autoridad judicial, lo que

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redundará en una mejor oportunidad de reinserción social para el ex drogodependiente.


ENMIENDA NÚM. 156

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 468 CP

De modificación.


Se propone un nuevo párrafo segundo, que quedará redactado de la siguiente forma:

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad.


2. En los demás supuestos, se impondrá multa de doce a veinticuatro meses, salvo que se quebrantaran las prohibiciones a que se refiere el párrafo tercero del apartado primero del artículo 57 de este Código, en cuyo caso se impondrá la pena de prisión de tres meses a un año o la de trabajos en beneficio de la comunidad de noventa a ciento ochenta días.


JUSTIFICACIÓN

En el marco de la lucha contra la violencia doméstica, se modifica este precepto, con la finalidad de impedir que el incumplimiento de las medidas cautelares dé lugar a pena de multa, lo que podría suponer un eventual agravamiento de la situación de la víctima. Se otorga así un margen de maniobra al juez para que pueda imponer pena de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad.


Esta modificación se encuentra en línea con lo sugerido por la Subcomisión de Violencia Doméstica.


ENMIENDA NÚM. 157

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 608.6 CP

De modificación.


El actual apartado 6.º del 608 CP pasa a ser el apartado 7.º de dicho artículo y se incorpora un nuevo apartado 6.º

Texto que se propone:

"6.º El personal de Naciones Unidas y personal asociado, protegidos por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado de 9 de diciembre de 1994."

JUSTIFICACIÓN

Se trataría de ampliar el círculo de personas protegidas al haber ratificado España en 1998 la Convención citada en el precepto, que en su artículo 9 obliga a proporcionar a dichas personas protección penal.


ENMIENDA NÚM. 158

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 610 CP

De modificación.


Texto que se propone:

El que, con ocasión de un conflicto armado, emplee y ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundadamente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel, será castigado con la pena de prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de una mejora consistente en adecuar las previsiones del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 159

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 611.4.º y 5.º CP

De modificación.


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Los actuales apartados 4.º, 5.º, 6.º y 7.º pasan a ser los apartados 6.º, 7.º, 8.º y 9.º, y se introducen dos nuevos apartados 4.º y 5.º con la siguiente redacción:

Texto que se propone:

4.º Deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o confine ilegalmente a cualquier persona protegida o la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques de la Parte adversa.


5.º Traslade y asiente, directa o indirectamente, en territorio ocupado a población de la Parte ocupante, para que resida en él de modo permanente.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de una mejora consistente en adecuar las previsiones del Estatuto de la Corte Internacional y del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 160

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 612.1.º y 2.º CP

De modificación.


Texto que se propone:

"1.º Viole a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, material, unidades y medios de transporte sanitarios, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, dadas a conocer por los signos o señales distintivos apropiados.


2.º Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrante de la misión médica, o de las sociedades de socorro o contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los Convenios de Ginebra, de conformidad con el derecho internacional.


3.º Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes, omita informarle, sin demora justificada y de modo comprensible, de su situación, imponga castigos colectivos por actos individuales, o viole las prescripciones sobre el alojamiento de mujeres y familias o sobre protección especial de mujeres y niños establecidas en los Tratados internacionales en los que España fuere Parte.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de una mejora consistente en adecuar las previsiones del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 161

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 613 CP

De modificación.


Texto que se propone:

"1. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años el que, con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones:

a) Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto, claramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y a los que se hayan conferido protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales bajo protección reforzada, causando como consecuencia extensas destrucciones, siempre que tales bienes no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario."

JUSTIFICACIÓN

En base a la ratificación por España el 6 de julio de 2001 del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1995, adoptado el 26 de marzo de 1999, que establece la protección reforzada de bienes culturales.


ENMIENDA NÚM. 162

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 620 CP, último párrafo

De modificación.


Página 106


Texto que se propone:

"Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho días o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días.
En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias."

JUSTIFICACIÓN

Se trata de evitar la multa como pena por las faltas de violencia doméstica, ya que la multa podría suponer un eventual agravamiento de la situación de la víctima, en consonancia con las conclusiones de la Subcomisión de Violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 163

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso

Al artículo 632.1 y 2 CP

De modificación.


Texto que se propone:

1. El que corte, tale, queme, arranque, recolecte alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, sin grave perjuicio para el medio ambiente será castigado con la pena de multa de diez a treinta días o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a veinte días.


2. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337, serán castigados con la pena de multa de veinte a sesenta días o trabajos en beneficio de la comunidad de veinte a treinta días.


JUSTIFICACIÓN

Se trata de adecuar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.


A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (A-145).


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2003.-Xabier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


ENMIENDA NÚM. 164

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

A la letra g) del apartado 4 del artículo 33 contenido en el apartado segundo del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Segundo.


Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 6 del artículo 33, que quedan redactados como sigue:

"(...)

4.


(...)

g) Arresto en sitio o lugar determinado.


(Resto igual)."

JUSTIFICACIÓN

La denominación "localización permanente" parece referirse a medidas que impongan al sometido a ellas la obligación de portar medios, mecanismos o sistemas electrónicos o similares que permitan conocer la localización física del mismo.


ENMIENDA NÚM. 165

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al artículo 35 contenido en el apartado tercero del artículo único

De modificación.


Página 107


Redacción que se propone:

Artículo único. Tercero.


Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue:

"Son penas privativas de libertad la prisión, el arresto en sitio o lugar determinado y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.


ENMIENDA NÚM. 166

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al artículo 37 contenido en el apartado cuarto del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Cuarto.


Se modifica el artículo 37, que queda redactado como sigue:

"1. El arresto en sitio o lugar determinado tendrá una duración... (resto igual)... o de forma no continuada.


3. Si el condenado incumpliere la pena, el Juez o Tribunal sentenciador procederá de conformidad con lo que dispone el artículo 468."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas anteriores.


Más que una referencia a la deducción de testimonio, procede una remisión al supuesto de quebrantamiento de condena previsto en el Código Penal.


ENMIENDA NÚM. 167

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al artículo 49 contenido en el apartado octavo del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Octavo.


Se modifica el artículo 49, que queda redactado como sigue:

"(...)

d) Su conducta es contraria a las normas de obligado cumplimiento del centro.


El Juez o Tribunal sentenciador procederá de conformidad con lo que dispone el artículo 468."

JUSTIFICACIÓN

La alusión a una consecuencia meramente procesal puede ser valorada como una insuficiencia técnica que incida en una adecuada definición acerca de si el cumplimiento ad intra constituye o no un quebrantamiento de condena ad extra.


ENMIENDA NÚM. 168

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al artículo 51 contenido en el apartado undécimo del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Tercero.


Se modifica el artículo 51, que queda redactado como sigue:

"Si, después de la... (resto igual)... podrá modificar los plazos para el pago de las cuotas."

Página 108


JUSTIFICACIÓN

La redacción del proyecto prevé la modificación tanto del importe de las cuotas como de los plazos para su pago. Las posibilidades de aplicación, en sede de ejecución de sentencia, de una cuantía superior de la multa impuesta suponen una agravación in peius de la pena determinada en la sentencia firme.


ENMIENDA NÚM. 169

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al artículo 52 contenido en el apartado duodécimo del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Duodécimo.


Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:

"1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo.


2. En estos casos, en la aplicación de las multas, los Jueces y Tribunales podrán recorrer toda la extensión en que la Ley permita imponerlas, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación económica del culpable.


3. Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la Ley para el delito de que se trate, o autorizar su pago en los plazos que se determinen."

JUSTIFICACIÓN

Como señala la Fiscalía General del Estado en su informe, resulta preferible mantener la actual redacción, que no ha generado problema alguno, manteniendo el apartado 2 propuesto en el proyecto.


ENMIENDA NÚM. 170

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado 1 del artículo 53 contenido en el apartado decimotercero del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Decimotercero.


Se modifican los apartado 1, 3 y 4 del artículo 53, que quedan redactados como sigue:

"1. Si el condenado no satisficiere... (resto igual)..., podrá cumplirse mediante arresto en sitio o lugar determinado.


También... (resto igual)."

JUSTIFICACIÓN

Misma que en enmiendas anteriores.


ENMIENDA NÚM. 171

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado 1 del artículo 53 contenido en el apartado decimotercero del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Decimotercero.


Se modifica el apartado 1 del artículo 53, que queda redactado como sigue:

"1. Si el condenado... (resto igual)..., podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso no regirá la limitación que en su duración establece el artículo 37.1 de este Código."

Página 109


JUSTIFICACIÓN

La pena de multa en la falta puede llegar a los dos meses, lo que daría lugar a una localización permanente de un mes, que excede de los doce días previstos en el artículo 37.


ENMIENDA NÚM. 172

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado decimoquinto contenido en el artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Decimoquinto.


Se modifica el artículo 57, que queda redactado como sigue:

"(...)

En los supuestos de los delitos mencionados en el párrafo primero de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes...
(resto igual)."

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con las conclusiones de la subcomisión de violencia doméstica y para dar cabida a las agresiones perpetradas por aquellos que tienen o han tenido una relación de afectividad sin convivencia.


ENMIENDA NÚM. 173

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado decimoquinto contenido en el artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Decimoquinto.


Se modifica el artículo 57 que queda redactado como sigue:

(...)

"3. Para poder controlar eficazmente las prohibiciones establecidas, se podrá imponer al condenado la obligación de llevar instrumentos adecuados que permitan el control electrónico de la observancia de las prohibiciones citadas."

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las conclusiones de la Subcomisión de violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 174

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado 1 del artículo 80 contenido en el apartado vigésimo quinto del artículo único

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo único. Vigésimo quinto.


Se modifica el apartado 1 del artículo 80 que queda redactado como sigue:

(...)

"1. Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.


En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, considerando de modo especial la existencia de otros procedimientos criminales contra éste."

JUSTIFICACIÓN

En la línea del proyecto, se propone la concreción en el artículo 80 del Código Penal, exigiendo que en la valoración de la peligrosidad se tenga en cuenta por el

Página 110


Juez la existencia de otros procedimientos penales dirigidos contra ese mismo sujeto.


ENMIENDA NÚM. 175

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado vigésimo octavo bis al artículo único

De adición.


Redacción que se propone:

Artículo único. Vigésimo octavo bis.


Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 83, con el siguiente redactado:

"3. En los supuestos de violencia doméstica, el Juez o Tribunal sentenciador deberá condicionar siempre la suspensión de la ejecución de la condena al cumplimiento de, al menos, las obligaciones señaladas como 1.º y 1.º bis del apartado 1 del presente artículo."

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las conclusiones de la Subcomisión de violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 176

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergència i Unió)

Al apartado vigésimo octavo ter al artículo único

De adición.


Redacción que se propone:

Artículo único. Vigésimo octavo ter.


Se adiciona un apartado nuevo d) al punto 2 del artículo 84, con el siguiente redactado:

"d) En los supuestos de violencia doméstica, el Juez o Tribunal deberá revocar la suspensión de la condena si el sujeto infringe, durante el plazo de suspensión, las obligaciones o deberes impuestos."

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las conclusiones de la Subcomisión de violencia doméstica.


ENMIENDA NÚM. 177

parte 1      parte 2     


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