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BOCG. Senado, serie II, núm. 145-c, de 11/10/2003
 


BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
11 de octubre de 2003

Núm. 145 (c)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 145 Núm. exp. 121/000145)


PROYECTO DE LEY

621/000145 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


PROPUESTAS DE VETO

621/000145

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Palacio del Senado, 9 de octubre de 2003.--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.


Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan un veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Palacio del Senado, 24 de septiembre de 2003.--José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1 De don José Cabrero Palomares y don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX)

Los Senadores José Cabrero Palomares y Eduardo Cuenca Cañizares, IU (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

Ni este Proyecto de Ley Orgánica ni el resto de reformas legales que el Gobierno ha remitido a esta Cámara en los últimos meses pueden entenderse sin tener en cuenta, de forma integral, el debate sobre seguridad y penalidad mantenido en nuestro país en los últimos meses.
En esta línea de reflexión hay que citar los que, en estos momentos, son los antecedentes y rasgos fundamentales del modelo dominante en materia de seguridad ciudadana y respuesta policial, penal y penitenciaria pública a la misma.
En primer lugar, se ha creado de forma irresponsable y artificial una sensación subjetiva de inseguridad ciudadana que en nada se corresponde con la realidad, pues España es

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el marco de la Unión Europea un país de violencia e inseguridad ciudadana realmente baja.
Este clima fue impulsado en primer lugar por el PSOE que, emulando al PSF y a L. Jospin, introdujo el tema de la inseguridad ciudadana con fines exclusivamente electorales, alejándose de todos los valores tradicionales del socialismo. Posteriormente el PP reaccionó y entró en el debate de la inseguridad ciudadana seguro de que, como en Francia, en España también la derecha resultaría siempre victoriosa de un debate con la izquierda sobre esta materia. Paralelamente el PP ha mezclado el tema de la seguridad ciudadana, con la inmigración, con nuestro terrorismo ETA y con el clima creado con posterioridad al 11 de septiembre del 2001. De tal suerte que el PP entra en el debate de la seguridad ciudadana justificando las más extremas medidas contra el delito, contra ETA y su entorno e identificando inmigrante con delincuente, todo ello de forma conjunta, en una especie de «totum revolutum» de escaso o nulo rigor intelectual y analítico.
El resultado de esta política del Gobierno del PP es un evidente daño a determinados valores constitucionales (v. g. reinserción del artículo 25 de la Constitución), una especie de racismo gubernamental encubierto y una política de tolerancia cero frente al «pequeño» delito (con el grande se tiene mucha más tolerancia). Todas esta medidas son parte del patrimonio tradicional de la derecha política, pero además el PP entiende que le pueden ser tremendamente rentables en términos electorales.
Al calor de todos estos acontecimientos el PP ha impulsado una reforma penal integral encubierta bajo la filosofía de que todo es solucionable con mano dura penal (ETA, pequeña delincuencia, violencia doméstica, inmigración, etc.).
Sin embargo, frente a este modelo desde Izquierda Unida queremos poner de relieve algunos hechos que nos parecen claramente reveladores de la degeneración electoralista que se ha alcanzado en esta materia.
España es, en términos relativos, un país seguro y de baja violencia.
Todo ello sin negar el evidente rebrote que se ha producido en las estadísticas de delincuencia en los últimos años. Repunte que sigue sin modificar la posición relativa de España en la Unión Europea en materia de criminalidad y violencia.
España es un país con una ratio policía per cápita altísima (de hecho la segunda detrás de Italia en la Unión Europea). Otro asunto es que las diversas policías que tenemos están mal coordinadas, mal retribuidas, deficientemente formadas o dotadas.
España es un país con muchos presos (más de 51.000 reclusos) y tenemos una de las ratios presos en relación a la población total más altos de la Unión Europea.
España es un país en el que el Gobierno del PP está consiguiendo privatizar la seguridad, marginando la seguridad pública (con una alarmante reducción de la inversión pública en este materia) y potenciando el sector de la seguridad privada. Es decir, convirtiendo la seguridad en un bien del que se disfruta no en función de la ciudadanía, sino en función de la renta. Consecuencia de todo ello es que el PP ha convertido la seguridad en una mercancía y no en un derecho ciudadano.
España es un país con pocos inmigrantes (en torno al 2% de nuestra población), especialmente si nos comparamos con algunos de nuestros socios europeos que se mueven en la banda del 5 al 10% de la población.
En España, como en el resto de occidente, los inmigrantes legales delinquen en menor proporción que los españoles (por encima de todo quieren que su familia resida legalmente y sin problemas en España).
Por otra parte, los inmigrantes (legales o ilegales) no alcanzan a protagonizar un tercio de los hechos delictivos. Hay que recordar algo que muchas veces el ambiente nos hace perder de vista: la residencia ilegal es una infracción administrativa, pero no una falta o delito penal. Y también conviene recordar que, si sólo un tercio de los delitos son cometidos por inmigrantes, la mayor parte de los delitos y faltas son cometidos por ciudadanos españoles.
En otro orden de cosas, el cacareado Plan Policía 2000 ha sido un fracaso rotundo y total del Gobierno del PP. Pura mercadotecnia sin nada tangible dentro. Otro tanto ha ocurrido con el Plan contra la Delincuencia presentado por los Ministros de Interior y Justicia a bombo y platillo el pasado diciembre del 2002.
Todos estos datos no han sido ponderados ni por el PP ni (de momento) por el PSOE. Y ni siquiera han sido analizados por el Gobierno que, de forma previa a implementar sus planes en materia seguridad y reforma penal, se ha negado repetidas veces a elaborar un Libro Blanco de la Seguridad Pública que de forma objetiva y científica analizase las necesidades de España en esta materia. Carecemos de aparato estadístico y analítico científico y el Gobierno del PP no quiere procurarlo. La realidad (origen social y económico de casi todo el crimen) no debe estropearles su bonita plataforma electoral (es necesaria la mano dura para frenar a etarras, terroristas árabes, inmigrantes delincuentes y pequeños «chorizos»).
De hecho, el Gobierno del PP se ha limitado a utilizar la pretendida inseguridad ciudadana primero como una forma de captar cierto apoyo electoral (recordemos la pelea electoral Chirac, Jospin y Le Pen en torno a este tema); en segundo lugar para evitar que el PSOE le abriese un frente electoral con esta esta materia; sin duda para seguir ganando votos con el discurso duro contra ETA; y finalmente para tapar las vergüenzas del «Prestige» (recordemos que el presidente Aznar habló de «barrer las calles de pequeños delincuentes» en diciembre del 2002, pero sólo lanza la cascada de Proyectos de Ley cuando el «Prestige» comienza a hacerles perder fuelle en las encuestas).
Todas estas tendencias en relación al problema de la seguridad ciudadana no ha hecho sino acentuarse con motivo de la campaña electoral municipal y autonómica que está teniendo lugar en este mes de mayo en toda España.
En respuesta al clima que hemos descrito someramente en los párrafos anteriores el Gobierno del PP ha aprobado dos andanadas de política policial y penal represivas de un profundo calado:

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1.en primer lugar el Plan contra la Inseguridad Ciudadana en diciembre del 2002, 2.y en segundo lugar la Reforma Penal (así y no de otro modo debe concebirse el alud de Proyectos de Ley penales) de enero del 2003.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que ambas reformas deben leerse de forma conjunta e integral. Y por ello debemos considerar como partes de una misma agenda pública las siguientes cuestiones:

a)los planes de aumentos espectaculares de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía (hasta ahora sólo existentes en los titulares de prensa, pero no en las calles de España), b)los planes para aumentar las plantillas fiscales (otro tanto de lo mismo), c)la apuesta por la expulsión fulminante de los inmigrantes en situación irregular (incluyendo incluso a menores), d)los juicios rápidos (más celeridad, menos garantías procesales y peor situación relativa frente a la justicia para las clases sociales más débiles; todo ello sin gastar un duro en medios materiales y humanos nuevos al servicio de estos juicios pretendidamente rápidos), e)la centralización de la vigilancia penitenciaria (susceptible de acabar en un mayor control ministerial de la misma), f)la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal (si cabe, mayor gubernamentalización del mismo), g)y la reforma del Código Penal, de la prisión provisional, sistema de penas (endurecimiento de las mismas) y de las condiciones de cumplimiento carcelario de las penas (dificultar los beneficios penitenciarios).


Estas últimas medidas son, sin duda, las estrellas mediáticas del último mes y medio. Pero entendemos que no se pueden comprender estas reformas penales sin ponerlas en relación con el resto de operaciones emprendidas por el Gabinete Aznar en materia de interior y justicia.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que la ultraextensión arbitraria de la prisión provisional, el endurecimiento generalizado de las penas, la obstaculización del acceso a los beneficios penitenciarios o la muerte civil de determinados reclusos son contrarias a varios e importantes preceptos constitucionales. También consideramos que estas medidas ni frenarán la delincuencia (como así lo demuestra la experiencia en sociología criminal comparada) ni reducirán el apoyo a ETA, organización que ante los ataques penales se compacta y endurece, mientras que ante la reinserción de sus ex miembros se debilita.
Sea como fuere, todo este conjunto de medidas, desde nuestro punto de vista regresivas, puede suponer importantes y graves cambios en el modelo penal. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere destacar los siguientes: a)el derecho penal puede pasar de ser la ultima ratio a ser la primera solución para todo (todo se pretende solucionar con penas y cárcel), b)el derecho penal parece que se olvida del valor constitucional de la resocialización y se centra única y exclusivamente en la retribución.
De hecho, de aprobarse estas normas penales y de ser santificadas por el Tribunal Constitucional, estaríamos ante una verdadera mutación constitucional. La letra de los artículos 9.3, 10.1, 15 y 25.2 de la Constitución sería la misma, pero su prescriptividad material o práctica sería bien diferente, c)las cárceles españolas, que ya están extremadamente saturadas (de las más saturadas de la Unión Europea), van a recibir nuevas oleadas de presos.


En definitiva, nos adentramos en un discurso penal duro que pretende ofrecer a la ciudadanía más seguridad a cambio de menos garantías jurídicas y libertades. Transacción en la que como es evidente Izquierda Unida no puede estar, en modo alguno, de acuerdo.
En este punto Izquierda Unida quiere mostrar su oposición ante esta oleada de «tolerancia cero» y del «todos a la cárcel» alentada por el Gobierno del PP.
En el centro de cualquier discurso de izquierdas sobre seguridad ciudadana debe estar la siguiente: a mayor justicia social menor índice de delincuencia y a mayor y mejor Estado Social también menor índice de delincuencia. Esta ecuación tan sencilla debe ser el punto de partida de cualquier política progresista en materia penal y de seguridad ciudadana.
Desgraciadamente tenemos la impresión de que Izquierda Unida puede llegar a quedarse sola en la defensa de un modelo social, jurídico y político centrado en la prevención del delito, en la remoción de sus causas sociales y económicas del mismo y en la reinserción frente a la retribución. No es una soledad buscada, pero tampoco va a ser rehuida si es necesaria para defender nuestras ideas. Ideas que, por otra parte, entendemos no sólo están animadas por un espíritu moral y humanista o avaladas por la Constitución Española, sino que estamos convencidos que son las únicas ideas capaces de garantizar seguridad y libertad de forma armónica, eficaz y justa.
Tenemos el ejemplo de determinados estados occidentales instalados firmemente en la retribución, la tolerancia cero y las penas privativas de libertad duras. A pesar de tanta dureza en esos países no se han rebajado los índices de delincuencia y esas sociedades no son seguras y de baja violencia.
Frente a un mercado desregulado y un estado que se dedica a la punición penal protectora del derecho a la propiedad (es decir, frente a un estado liberal clásico que en el siglo XXI esta intentando volver al XIX), desde Izquierda Unida defendemos un Estado Social y Democrático de Derecho avanzado y poderoso, capaz de remover las causas de las desigualdades sociales y económicas y en el que lo penal sea sólo la última frontera punitiva y lo penitenciario tenga un componente central resocializador.
No estamos proponiendo nada revolucionario. Simplemente estamos hablando del Estado Social y Democrático

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de Derecho de mediados del siglo XX. Sólo estamos reivindicando el Estado del «Welfare State» frente al «laissez faire» neoliberal. Aunque sabemos que en los tiempos de la globalización, la Sociedad de la Información y la «Nueva» Economía dicha defensa del Estado Social y Democrático de Derecho no puede hacerse sólo en sede estatal, sino que debe procurarse su defensa en los foros comunitarios europeos e internacionales.
Ciertamente lamentaríamos que en la defensa de un proyecto que no deja de ser meramente socialdemócrata no estemos acompañados por los teóricos socialdemócratas españoles.
Sea como fuere, éste es, a juicio del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el contexto en el que debe encuadrarse el debate sobre este Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.
Entrando ya en el concreto contenido de este Proyecto de Ley Orgánica, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere poner de relieve los siguientes extremos:

En primer lugar, queremos dejar claro que la oposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este Proyecto de Ley Orgánica no debe ser leída como una oposición a todos y cada uno de sus apartados.
De hecho, algunos de sus enunciados representan un adelanto respecto a la situación precedente.
Entre estas reformas positivas debemos citar la modificación del sistema de suspensión de penas cuyo límite máximo, en el caso de suspensión para deshabituación y tratamiento de drogodependencias (artículo 87 del Código Penal), se amplía de tres a cinco años, sin tener en cuenta además la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas. El aspecto positivo se mitiga un tanto con la complicación burocrática que se introduce, con informes preceptivos del médico forense, pero sin duda permitirá dar solución a alguna de las carencias más patentes del sistema actual, que precisamente no podía aplicarse (o sólo con gran dificultad) a los toxicómanos que financiaban su adicción con la venta callejera de pequeñas dosis.
Otro aspecto positivo, apenas resaltado, es la incorporación al Código Penal de la tipificación de delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional, cumpliendo así las obligaciones asumidas al ratificar su Estatuto y el principio de complementariedad y de punición primaria por los Estados miembros que preside la institución.
También se atiende en la reforma, en el conjunto de los Proyectos de Ley de reforma penal, a determinadas peticiones sociales que gozaban, además, de amplio consenso doctrinal y político como son la tipificación como delito de cualquier maltrato en el ámbito doméstico (nuevo artículo 153), la transferencia del maltrato habitual del capítulo de las lesiones al título relativo a los delitos contra la integridad moral o la tipificación de la posesión de pornografía infantil o de la crueldad grave con los animales.
Del mismo modo, hay que considerar adecuada la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas, al responsabilizarlas de modo directo y solidario de la pena de multa impuesta al administrador de hecho o de derecho por hechos relacionados con su actividad.
Finalmente, se mejora la respuesta penal a como las infracciones contra la propiedad intelectual e industrial, al conceptuarse estos delitos como perseguibles de oficio en vez de exigir la denuncia del perjudicado, lo que en muchas ocasiones dificultaba cuando no impedía su persecución. De la misma manera se eliminan algunas dudas, como la extensión posible de la prohibición de acercarse a la víctima (nuevo artículo 48.2 del Código Penal), o la incardinación concreta, entre las mutilaciones, de la ablación del clítoris.


Junto con estas novedades, en términos generales, loables del Proyecto de Ley Orgánica, se han presentado como nuevas tipificaciones lo que no lo son. Ejemplo de ello puede ser la misma ablación del clítoris, que estaba ya sancionada de modo indudable como mutilación, con la única duda de si había de ser encuadrada en el artículo 149 (mutilación de miembro principal) o en el 150 (mutilación de miembro no principal). Su consideración ahora de miembro principal resuelve dudas de tipificación, pero no acaba con las dudas que sigue suscitando tal calificación desde el punto de vista clínico y cultural. También se presentan en la Exposición de Motivos como nuevas incriminaciones conductas como la falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viajes, ya sancionada hoy en el artículo 387, o la pena de privación del derecho a acudir a espectáculos, posible hoy al amparo de lo dispuesto en el artículo 56. En el colmo de la mixtificación, se dice que se tipifica ahora el uso indebido de terminales de comunicación (teléfonos móviles), cuando lo único que se hace es acomodar la referencia a pesetas por euros en el artículo 256, que ya lo sancionaba expresamente.
Pero este Proyecto de Ley Orgánica (interpretado de forma conjunta con el resto de Proyectos de Ley del Gobierno del PP que pretenden poner en marcha una reforma penal) contiene muchos más aspectos negativos que los positivos arriba reseñados.
La reforma viene condicionada por el concepto mismo que subyace en él de delincuencia, centrado en la delincuencia de marginalidad, y de seguridad, limitado a la reacción social frente a este tipo concreto de delincuencia, olvidando la protección frente a otras inseguridades y a través fundamentalmente del recurso a la prisión.
No existe, pues, un proyecto global de incremento de la eficacia penal frente al aumento de la delincuencia, entendiendo por tal, naturalmente, el conjunto de las conductas definidas como delito. Y limitada la noción de «seguridad» básicamente a la «seguridad en las calles frente al robo», tampoco se contempla un proyecto coherente de seguridad en campos tan necesitados de ella como la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, la seguridad medioambiental, alimentaria o tributaria. Al contrario, el Proyecto de Ley Orgánica, al tiempo que propone una mayor dureza contra los delitos que cometen sectores marginalizados, se muestra extraordinariamente benigno respecto de «la otra delincuencia».
La muestra más patente de esta benignidad es la despenalización subrepticia que se opera, bajo el disfraz de la

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denominación en euros de límites penales designados en pesetas, en tramos significativos del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil. De este modo, en el artículo 285.1, se despenaliza este abuso en el tramo entre 75.000.000 de pesetas (límite mínimo actual) y 600.000 euros (aproximadamente 100.000.000 de pesetas), ello naturalmente con efecto retroactivo, dada su naturaleza de norma más beneficiosa. Como también se despenalizan, con carácter retroactivo, en los artículos 305 y 307, las defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social entre 15 millones de pesetas y 120.000 euros (más o menos 20 millones), y en el artículo 310 la doble contabilidad fiscal fraudulenta entre 30 millones y 240.000 euros (unos 40 millones); y el límite mínimo para la sanción penal de los fraudes a los presupuestos comunitarios pasa de 50.000 euros (unos 8 millones) a 65.000 euros (aproximadamente 10.815.000 pesetas) y para los fraudes de subvenciones de 10 millones a 80.000 euros (más o menos 13.310.000 pesetas). Más llamativa aún resulta la reforma en los llamados «delitos-masa». En virtud de la reforma que se propone al artículo 74 del Código, ya no será posible la elevación en dos grados de la pena «si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas», y sólo será facultativa la elevación en un grado, y sólo en la mitad inferior, y lo mismo si se trata de pequeñas infracciones que de fraudes masivos.
En resumen, bajo la apariencia de un mayor rigor, que va a afectar especialmente a pequeñas infracciones continuadas, la reforma lo que propone en realidad es una drástica reducción de la pena en los delitos-masa, de profundas repercusiones sociales y económicas.
Otro de los ejes de la reforma es el retorno a las penas cortas privativas de libertad, abandonadas en España en el Código Penal de 1995, con el consenso general, y abandonadas en todas las reformas penales recientes en los países más avanzados de Europa (inter alia, Países Bajos, Portugal, Francia, Alemania). La razón por la que primero la ciencia penal y luego los legisladores abandonaron este tipo de penas se encuentra en que una pena de prisión inferior a seis meses tiene efectos contraproducentes en cuanto que su escasa duración impide desarrollar cualquier tipo de tratamiento penitenciario y lo único que consigue es etiquetar al penado como delincuente tras su paso por la prisión, dificultarle su resocialización laboral y familiar, que quedan cortadas por el ingreso, y por el contrario socializarle en un ambiente delicuencial, para lo que sí que da tiempo. Frente a estas penas que tienen más inconvenientes que ventajas, la doctrina penal se ha dirigido hacia su sustitución por penas de privación de libertad igualmente aflictivas pero que carecen de esos defectos, como el arresto de fin de semana, o por penas de otro tipo, como las pecuniarias y las privativas de derechos, así como el trabajo en beneficio de la comunidad. En especial, la pena de arresto de fin de semana resultaba especialmente indicada para quienes cometían un delito pero desarrollaban una actividad laboral y social que era útil mantener y que quedaría cortada con el ingreso en prisión por un breve período.
Pues bien, este Proyecto de Ley Orgánica, al tiempo que certifica el «fracaso» de la pena de arresto de fin de semana y decide su abolición, reintroduce penas de prisión de tres a seis meses, con todos los defectos e inconvenientes que se han señalado. Se llega con ello hasta al absurdo de sancionar con pena de prisión de 3 meses a un año, en lugar de la actual pena de arresto de fin de semana, al que dejare de pagar una prestación económica acordada en proceso matrimonial o de filiación o alimentos. Con ello quien no ha pagado, injustificadamente, dejará de pagar, ahora justificadamente, al cegarse sus fuentes de ingresos. En la obsesión por la prisión, y quizás en la cesión a presiones corporativas sobre lo «complicado» de la pena de arresto de fin de semana, se llega a suprimirla no en tipos penales en los que su aplicación sería discutible (como, por ejemplo, el hurto o robo de uso de vehículos), sino también en aquel donde más evidente era su procedencia, ya que los autores de este tipo de delitos suelen ser personas con actividad laboral e inserción social, que ahora quedaría cortada.
Cabe la discusión sobre la procedencia de la pena de arresto de fines de semana en algunos supuestos en que hoy se prevé, o incluso su mantenimiento cuando al mismo culpable se le han impuesto por otros delitos penas de prisión, pero lo que no puede decirse, en bloque y sin matices, es que tal pena «ha fracasado» y que por ello ha de suprimirse, cuando es evidente que resulta muy adecuada para determinados delitos y para determinados responsables de ellos. Sólo queda señalar en este punto que su supresión obliga en muchos casos a contemplar la multa como pena única. Sin duda, habría sido más eficaz (aunque menos espectacular para el corporativo y mediático Ministro de Justicia) dotar de medios humanos y materiales a los arrestos de fin de semana y ahorrarse esta regresiva reforma de los mismos, sin necesidad de resucitar las obsoletas y arcaicas penas cortas de privación de libertad.
Pero si duda la estrella de este Proyecto de Ley Orgánica son las «nuevas» medidas sobre la reiteración en la comisión de infracciones patrimoniales y de lesiones y la reintroducción de la figura de la multirreincidencia, con efectos nada menos que de imposición de la pena superior en grado. Esta modificación supone una vuelta atrás evidente en la evolución que estaba teniendo el Derecho Penal en España y en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, reintroduciendo normas para afrontar la multirreincidencia tomadas en definitiva del derecho penal de la «sharia», del siglo VII, pasadas por el tamiz del rústico «three strikes and you're out» californiano.
La sanción como delito de lo que, por su entidad, es una falta, carece de toda justificación, supone una quiebra del principio de proporcionalidad en cuanto que lleva a que se sancione igual que hechos mucho más graves, encubre el fracaso de las penas antes impuestas e introduce graves inconvenientes como son el necesario registro de las condenas por falta (que ahora, además, sería de acceso no restringido dada la supresión de la sección especial), el consiguiente etiquetamiento social de quienes las cometen, aunque sea ocasionalmente, y con la complicación añadida de que en el registro ha de constar, cuando se trate de hurtos o

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estafas, la cuantía (lo que, de paso, dificultará su enjuiciamiento rápido al exigir en todo caso una valoración).
Esta obsesión general por la vuelta al pasado, al parecer añorado, del Código Penal de 1944, revisado en 1973, se manifiesta hasta en detalles nimios. Como ejemplo de ellos, se vuelve, no se sabe por qué, a las esperpénticas condenas a «x años y un día», propias de la peculiar dosimetría de penas del Código anterior, de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima «incrementada en un día o en un día-multa» (artículo 70.1.1í). Para que el sistema tenga coherencia también se reduce en un día la mínima para hallar la inferior en grado, de modo que, de aprobarse la reforma, se verán penas tan singulares como «once meses y veintinueve días de prisión».
La preferencia obsesiva por el sistema de penas anterior también se refleja en la reforma del sistema de días-multa, de modo que ahora la fijación del tiempo y forma de pago, propio de este sistema, se sustituye por la reimplantación de la posibilidad excepcional de aplazamiento en el pago de una multa que se concibe sólo como pena unitaria.
La vuelta al pasado se refleja también en la reimplantación del viejo «arresto domiciliario», aunque ahora con la mixtificación semántica de llamarlo «pena de localización permanente». Se trata de una pena que en su día se abandonó por su muy escasa eficacia sancionadora y los efectos contraproducentes que, sin embargo, podría tener en la esfera laboral y social del penado. Pero, sobre todo, lo que carece de cualquier justificación es que se proponga una pena de este tipo, que además se prevé que se pueda cumplir en fin de semana, al tiempo que se dice que ha de abandonarse el arresto de fin de semana porque «su aplicación práctica no ha sido satisfactoria».
Pero, lo que es más grave, el Proyecto de Ley Orgánica emprende un camino claramente regresivo en la evolución que había seguido hasta ahora el Derecho Penal desde la ilustración. La muestra más llamativa de este retroceso es la supresión, no justificada, de la cancelación de antecedentes penales con la remisión definitiva de la pena suspendida, lo que echa al traste gran parte de los efectos beneficioso de la suspensión superada con éxito. Como consecuencia de ello, se retoma el texto del Código de 1973 para el cómputo del plazo para la cancelación en casos de remisión definitiva.
La vuelta al pasado también tiene su reflejo en la parte especial, aunque ahora se revista con ropajes de modernidad, como sería con la tipificación ahora de la «tenencia de útiles para la estafa informática» (nuevo artículo 248.3), en sustitución de la vieja tenencia de útiles para el robo que en su día declaró nula el Tribunal Constitucional.
Dentro del esquema ya señalado de endurecimiento general de las penas (preferentemente de prisión) para los delitos contra el patrimonio, en contraste con la dulcificación de la respuesta frente a la delincuencia económica, se modifican una serie de normas de la parte general y otras de la parte especial de las que puede derivarse que la pena pierda toda proporcionalidad con la infracción realmente cometida.
Una de las innovaciones más significativas del Código Penal vigente, consensuado en 1995, fue aquella que modificaba la anotación de las condenas en el Registro Central de Penados y Rebeldes, en el que se creaba una sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas a la que sólo podrían pedir antecedentes los jueces y tribunales. Esta restricción de la publicidad de las condenas, en línea con la desaparición anterior de la anotación de las condenas por faltas contra la propiedad, seguía también la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, en los que el legislador busca evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, con medidas tales como la suspensión del proceso y la suspensión de la ejecución evitando en este caso la publicidad de la pena, para no crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social.
Ahora se propone acabar, sin explicar por qué, con esta Sección especial.
El riesgo de etiquetamiento se agrava, además, con la propuesta de sancionar como delito la reiteración en faltas, para lo que será ineludible su anotación. Si se elimina la Sección especial, restringida, no sólo podrán ser accesibles todas las condenas por delito, sino también las condenas por las faltas cuya reiteración puede dar lugar a la calificación delictiva. Para completar el panorama, en la reforma se suprime la cancelación de la anotación de la condena con la remisión definitiva, de modo que el antecedente no se tiene en cuenta a ningún efecto. La reforma propone, por el contrario, aun sin decirlo, que la anotación, ahora en el registro común, persista.
La ideología de fondo de la propuesta subyace también, y de modo especial, en otros temas con una profunda carga ideológico-religiosa en los que existe una amplia polémica social. Sirva como ejemplo ilustrativo el tratamiento de la investigación sobre óvulos humanos.
En el Proyecto de Ley Orgánica se mantiene la penalización de la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, añadiéndole la posibilidad de sancionar a la empresa o persona jurídica a la que perteneciere el culpable, con la finalidad evidente de propiciar una censura previa empresarial. Se continúa, de este modo, cercenando por razones ideológicas la posibilidad de profundizar la investigación sobre la transferencia nuclear y las líneas de células-madre, de tan amplias perspectivas incluso a medio plazo respecto a enfermedades como las neurodegenerativas o la diabetes.
Finalmente, en su afán de enmienda del Código de 1995, el Anteproyecto incluye un buen número de propuestas que han de conceptuarse de irrelevantes, cuando no innecesarias o incluso contraproducentes.
Entre ellas pueden anotarse la de tipificación de cualquier incumplimiento de la sentencia dictada en proceso matrimonial. De este modo, en este tipo de procesos, y sólo en ellos, se criminaliza en bloque la ejecución de la resolución civil, de modo que cualquier incumplimiento, en vez de dar lugar de modo primario a la ejecución forzosa, acudiendo a la norma penal sólo en los supuestos de

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incumplimiento de órdenes judiciales concretas o de aquellos que originan una mayor desprotección de los miembros más débiles de las familias, como pueden ser los de contenido económico. Este sistema dará lugar a un semillero de procesos penales ante cualquier infracción, real o supuesta, del régimen de visitas o de otros aspectos similares de la sentencia; pero además se ampliarán con ello las posibilidades de coacción a los miembros más débiles, en especial a la mujer, que puede verse enfrentada a un rosario sin fin de denuncias en las puede que se busque, de modo espúreo, la justificación de otros incumplimientos más graves, o incluso la mera localización a través del Juzgado.
La reforma se completa, finalmente, con todo un rosario de retoques en numerosos tipos penales, en la mayoría de los casos innecesarios, no explicados, y cuya única razón parece ser el simple prurito de enmendar el Código de 1995.
En este sentido, y como ejemplo, se precisa que la pérdida definitiva de empleos o cargos públicos como efecto de la pena de inhabilitación especial para desempeñarlos comprende también los cargos electivos, lo que era obvio y pacífico. O se reforma el artículo 130 para decir lo evidente: que con la remisión definitiva de la pena, ésta queda extinguida.
También se incluyen supuestas precisiones técnicas irrelevantes, como sería señalar que la utilización de menores en la elaboración de material pornográfico será punible «cualquiera que sea su soporte» (artículo 189.1.a), lo que es obvio.
Tampoco se ve la necesidad de incorporar al texto del Código (artículo 49) el régimen reglamentario de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y de su incumplimiento, hoy contenido en el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, cuya única justificación parece ser la perspectiva de derogación de este reglamento.
Finalmente, se proponen un sinnúmero de modificaciones de la pena prevista para delitos muy variados, que en la mayoría de los casos son meros retoques aparentemente caprichosos y, en todo caso, inexplicados (omisión de socorro, calumnia, etcétera).
En fin, sin dejar de reconocer algunos avances en determinados avances parciales, estamos ante una modificación del Código Penal de 1995 que rompe el consenso alcanzado en aquel año (y que le valió a tal Código Penal el apelativo de Código Penal de la Democracia), que reintroduce filosofías punitivas periclitadas y retrógradas (la consigna del Presidente Aznar «barrer las calles de pequeños delincuentes» está detrás de todas y cada una de las apuestas de este Proyecto de Ley Orgánica: penas cortas, multirreincidencia, endurecimiento general de penas, etc..) y que, en términos generales, más que clarificar desde el punto de vista técnico, estropea notables hallazgos del Código Penal de 1995.


La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Palacio del Senado, 30 de septiembre de 2003.--Inmaculada de Boneta y Piedra.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2 De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX)

La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

En el presente Proyecto se abordan unas modificaciones del vigente Código Penal de enorme calado. En total, las modificaciones afectan a 169 artículos. Las reformas a la Parte especial, en su mayor parte, obedecen a la adaptación de las cantidades dinerarias al euro y a la supresión de la pena de arresto de fin de semana. Pero, junto a éstas, se introducen también algunas modificaciones de mayor significación.
Más relevantes son las reformas que afectan a la Parte general. Estas, junto con las introducidas por los dos proyectos de ley anteriores de modificación del Código Penal, producen en su conjunto una alteración sustancial del sistema punitivo.
Si bien las modificaciones, por su heterogeneidad, han de recibir, necesariamente, una valoración dispar, la enmienda a la totalidad se sostiene sobre los siguientes argumentos generales.
En primer lugar, es ineludible reiterar lo deplorable de la forma en que el Gobierno está abordando una reforma del Código Penal de enorme envergadura. No es de recibo diseminar la reforma en diversos proyectos de ley, en los cuales se incide en temas conexos en legislación dispersa, sin que exista detrás un proyecto coherente y fundamentado en estudios criminológicos y político criminales serios, debatidos y contrastados.
Como afirma el voto particular al Informe del CGPJ sobre el presente anteproyecto, «los anteproyectos remitidos sucesivamente constituyen un bloque bastante heterogéneo y carente de criterio sistemático alguno».
De manera más o menos encubierta, se está produciendo la aprobación de un Código Penal nuevo, denominado por los Ministros de Justicia y de Interior: «Código Penal de la Seguridad». La aprobación de un Código Penal nuevo es una tarea que requiere de una pausa, una rigurosidad y un debate público y científico que, a diferencia de lo ocurrido en los Proyectos de los años 80 y 90, está totalmente ausente en este caso.
En segundo lugar, porque no se puede compartir el «leit motiv» de todas las reformas auspiciadas por el Gobierno del Partido Popular: la mejora de la seguridad ciudadana exclusivamente mediante el incremento punitivo y la reducción

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de la libertad. Históricamente, a cada mutación de la situación política, plasmada visiblemente en la adopción de un nuevo texto constitucional, ha sucedido una sustancial reforma del código punitivo, tan evidentemente ligado a las bases del orden político. En este caso, la derecha quiere también dejar su impronta en un texto penal. La opción política latente y explícita es clara: se persigue el incremento del arsenal punitivo del Estado, una nítida e importante expansión del Derecho penal, en extensión y en intensidad, actuando mediante el recorte de los derechos y libertades, especialmente de los sectores sociales desfavorecidos, en pro de las políticas de ley y orden; de una ley y un orden que se basan en el desmantelamiento de las políticas sociales. Tras el rechazo a la política social de igualdad y justicia, a las medidas de prevención primaria de la delincuencia, surge la necesidad de la represión, cada vez con mayor dureza.
En segundo lugar, se ofrece a la ciudadanía un espejismo de seguridad ciudadana. Las reformas no pueden mejorar la seguridad ciudadana disminuyendo el impacto de la criminalidad. Impacto que, por otra parte, no se ha demostrado que vaya en aumento, aunque a base de repetirlo hasta la saciedad, no sólo por el partido en el Gobierno, se haya convertido en un lugar común. Los incrementos de cifras de detenidos no demuestran que se cometan más delitos, a lo más, que la policía hace mejor su trabajo.
Curiosamente, si lo hace bien y detiene a más sospechosos, parece que la delincuencia aumenta. Si lo hace mal, la cifra de delitos conocidos disminuye. Por tanto, incrementando los efectivos policiales quizás se consiga mejorar algo la prevención, pero sobre todo se conseguirá detener a más sospechosos, con lo que las cifras de la delincuencia seguirán aumentando.
Por otro lado, cualquier persona informada sabe que la política penal es el último recurso al que se debe acudir, entre otras razones porque es el menos eficaz en la prevención de la delincuencia, siendo mucho más efectivas las políticas sociales, educativas, de inserción laboral, de salud pública, etc. Ni siquiera es que la política penal sea la más barata, es que es la más fácil. Llenar las cárceles, construir nuevas cárceles, incrementar la dotación de funcionarios de policía y de funcionarios penitenciarios es una estrategia carísima, más aún a la vista de sus exiguos resultados reales.
En esta tercera reforma se sigue ahondando en el incremento de las penas como único criterio político criminal. Este sí es el único aspecto en el que las reformas son coherentes: una idea simple pero constante. Como destaca el voto particular, el Código Penal vigente ya es un código penal duro, que ha producido un incremento de la población penitenciaria de 10.439 personas (+ 24,91%) en los siete años de vigencia del Código Penal, que coinciden con los siete años de Gobierno del Partido Popular.
Esta reforma es plenamente coherente con el conjunto de políticas que desarrolla el Gobierno. La política de la tolerancia cero, impunidad cero, déficit cero, inmigración cero, disidencia cero conduce a la justicia cero. El Gobierno extiende su alma belicista por todas sus áreas de actuación, declarando la guerra a la delincuencia, guerra a las drogas, guerra al terrorismo, guerra a Irak, guerra a la inmigración, guerra a la libertad de prensa, guerra a la oposición política...
Por tanto, con estas reformas se produce una regresión político-criminal.
Tras la nueva regulación, los planteamientos político-criminales son fundamentalmente retributivos y puramente inocuizadores. Se renuncia de hecho a la reeducación y reinserción social en un enorme número de supuestos. Se atiende a una concepción de la prevención general positiva puramente demagógica puesto que no se combina con una eficacia preventiva real. Se busca calmar la (supuesta) alarma social con reformas meramente efectistas.
En tercer lugar, algunas de las reformas introducidas en este Proyecto de Ley son en sí rechazables, de manera que justifican esta enmienda a la totalidad del Proyecto.
Así, la eliminación de la pena de arresto de fin de semana. Esta es una de las modificaciones emblemáticas del presente Proyecto; es una clara piedra de toque del sentido de estas reformas. Esta pena sin duda presenta ya desde su configuración algunos problemas. No obstante, que se arguya su inutilidad para eliminarla es una palpable muestra de cinismo.
Como no se ha dotado de los recursos suficientes, ni los más mínimos, para que pudiera desarrollar las potencialidades que en su introducción se adujeron, se elimina ahora al constatar su fracaso. Sin duda ha fracasado, pero existen responsables de ello. Si los problemas no son estructurales de la pena de arresto de fin de semana, sino de la carencia de los medios, la solución no es eliminarla, sino hacerla posible.
Y lo que es más grave. Se dobla el error. Se introduce la pena de arresto de fin de semana con la finalidad de reducir el uso de la prisión, sobre todo en las penas cortas, cuya ineficacia preventiva y altos costes para el individuo había puesto de manifiesto toda la literatura especializada.
No se hace nada para conseguir dicho fin mediante esta pena. Y ahora se sustituye por penas inferiores a seis meses, gratamente desaparecidas de la legalidad penal en 1995. Y encima se nos quiere convencer de que estas penas de 3 a 6 meses tienen unas virtudes desconocidas hasta el momento.
Se debe proponer, por tanto, no sólo que no se suprima la pena de arresto de fin de semana, sino que se creen los recursos para hacerla eficaz como instrumento de prevención general y especial. En concreto, se debe exigir que se creen los Centros de Inserción Social que se prevén en el artículo 163 del Reglamento Penitenciario, que son los centros indicados para el cumplimiento de la pena de prisión en régimen abierto y el cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana.
Además, hay que exigir al Gobierno que profundice en la búsqueda de penas distintas de la prisión, que permitan mantener cierta dosis de amenaza penal para las conductas menos graves, a la vez que se evite el efecto desocializador de las penas cortas de prisión, mediante la introducción de sanciones penales menos estigmatizantes, más compatibles con las relaciones sociales, laborales y familiares de quien las sufre.
Así mismo, para que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad --que este Proyecto dice querer potenciar--

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pueda cumplir sus fines, se debe dotar a los jueces y tribunales del personal de apoyo y los puestos de trabajo en beneficio de la comunidad necesarios, so pena de que dentro de siete años se proclame de nuevo su inutilidad y la necesidad de derogarla por ineficaz.
La memoria económica del Proyecto de Ley es por tanto inaceptable, además de incierta. No es cierto que éste, y los anteriores Proyectos de Ley, no vayan a suponer incremento presupuestario. Si en siete años se ha incrementado la población penitenciaria en un 25%, el posible crecimiento que producirán estas reformas es impredecible. O bien se afronta el imprescindible gasto presupuestario en el sistema penitenciario, o estamos abocados a que éste siga siendo un fracaso en su declarada finalidad resocializadora, además de un espacio en el que se degrada a la persona al obligarla a vivir en unas condiciones indignas de hacinamiento y falta de medios.


Por todo ello, se presenta la siguiente enmienda de veto con solicitud de devolución.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Palacio del Senado, 8 de octubre de 2003.--El Portavoz, Isidre Molas i Batllori.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3 Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

El presente Proyecto de Ley es la cuarta reforma en menos de seis meses en materia de legislación penal y procesal penal. El conjunto de todas ellas supone una modificación de gran parte de sus principios básicos y de un número considerable de tipos penales específicos, sin que dicha parcelación permita un análisis claro de las consecuencias de las reformas penales. Su eje fundamental parece ser un incremento de las penas privativas de libertad, unido a rebajas penales en otros ámbitos delictivos cuya autoría no es asequible a la mayoría de los ciudadanos.
Valga como muestra de esta benignidad la despenalización subrepticia que se opera bajo el disfraz de la denominación en euros de los límites penales designados en pesetas, en tramos significativos del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil, las defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, la doble contabilidad fiscal fraudulenta. Todo lo anterior no cabe encubrirlo bajo la equiparación en la cuantía del incremento de los límites que califican las distintas conductas como delito, falta o infracción administrativa, ya que, si bien todas las cuantías sufren un incremento similar de un tercio, no es menos cierto que su incidencia no es la misma en la pequeña delincuencia y en la delincuencia de cuello blanco.
Si como parece la preocupación del texto es la seguridad, no resuelve un proyecto coherente en campos como la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, la seguridad medioambiental o la alimentaria.
En cuanto a la regulación de materias concretas destacar lo siguiente:

--Se modifica la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas al responsabilizarlas de modo directo y solidario de la pena de multa impuesta al administrador, de hecho o de derecho, por actos relacionados con su actividad, sin delimitar con claridad los supuestos de imputación a la persona jurídica de los actos de la persona física, ni la responsabilidad de la persona física autora del delito frente a la jurídica, con el fin de evitar que la pena pueda recaer sobre socios no culpables y sobre los pequeños accionistas en el supuesto de grandes sociedades que deben soportar, sin haber tenido el control en las decisiones delictivas, las multas, además de la responsabilidad civil subsidiaria.
--Se suprime al arresto de fin de semana, que como pena privativa de libertad de corta duración y cumplimiento discontinuo, ha constituido una de las novedades establecidas más relevantes en el Código Penal de 1996 y que fue recibida con satisfacción con la generalidad de la doctrina sin perjuicio de que también fue general la opinión de que su adecuada puesta en práctica debería suponer por parte de la Administración el establecimiento de los medios adecuados para que pudieran alcanzarse las finalidades pretendidas. Sus ventajas, mayoritariamente aceptadas, consisten en que: no produce los efectos desocializadores de la prisión continuada, permite que el condenado mantenga sus vínculos sociales, familiares, laborales, etc., y al mismo tiempo contiene el impacto punitivo del internamiento, es una alternativa a las penas cortas privativas de libertad, actualmente desaconsejadas por los especialistas y abandonadas prácticamente en el derecho comparado de nuestro entorno. A punto de cumplirse los nueve años de vigencia del Código Penal siguen sin existir los medios adecuados para que haya desplegado toda su virtualidad práctica y, antes de que esto ocurra, se modifica la norma.
--Como en otros Proyectos de Ley traídos a la Cámara existe una obsesión por la vuelta a Códigos anteriores al de 1995 en materias como las penas al volver a introducir las condenas a «x años y un día», de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima incrementada en un día o en un día multa. La preferencia obsesiva por el anterior sistema de penas también se refleja en la reforma del sistema de días multa, de modo

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que ahora la fijación del tiempo y forma de pago, propio de este sistema, se sustituye por la reimplantación de la posibilidad excepcional de aplazamiento en el pago de una multa que se concibe sólo como pena unitaria. Asimismo con la vuelta a la perseguibilidad de oficio de las injurias y calumnias dirigidas contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, pretende, por una vía indirecta (como es la condición de perseguibilidad), recuperar el antiguo delito de desacato, tan caro, en especial, a sectores conservadores, persuadidos de que su honor es una cuestión de Estado.
--Resulta difícilmente compatible con la seguridad jurídica y con el principio de legalidad penal la previsión del artículo 51 que posibilita el incremento de la multa ya impuesta si en fase de ejecución de sentencia el penado varía de situación económica.
--En cuanto al tratamiento de la enajenación sobrevenida con posterioridad a la sentencia, la nueva regulación supone que en lugar de ordenar que se preste el tratamiento médico adecuado en el caso de que la pena haya de suspenderse por enfermedad mental del penado, que se aplique alguna de las medidas de seguridad privativas de libertad. En apariencia se «precisa» más el contenido de la decisión a adoptar. Pero lo cierto es que se violenta el fundamento de las medidas de seguridad, que es la peligrosidad puesta de manifiesto con la ejecución del hecho delictivo.
Ello permitirá entender que el fundamento de una medida de seguridad (penal) privativa de libertad, aunque sea de carácter terapéutico, no es sólo la peligrosidad, sino tanto ésta como la enfermedad misma y por sí sola.
--Junto a ello, y con carácter general, se introduce en el artículo 65 un nuevo apartado en el que se concede la reducción en un grado de la pena al extraño que participa en un delito especial, sin que se ofrezca explicación alguna de esta dulcificación, que obviamente también será aplicable con efecto retroactivo. Contempla el problema de la participación en delitos especiales, respecto de la cual tanto la jurisprudencia como la doctrina estiman que se rige por las reglas comunes, con la excepción para la autoría principal de los delitos especiales propios. El precepto parece considerar que los delitos especiales son una especie de «subsistema» que no se rige por el principio de protección de bienes jurídicos, sino por el de infracciones de deber, en clara regresión con respecto al pensamiento penal moderno.
Se trata de una modificación innecesaria y regresiva.
--El artículo 68, y desde una tónica habitual en todas las últimas reformas, se aferra a la obsesión por la determinación legal de la pena con claro, desprecio a la determinación judicial, a la vez qué, a cambio, suprime el deber de razonar judicialmente por qué se reduce o se incrementa la pena.
--El artículo 71 elimina la obligatoriedad de sustituir las penas inferiores a seis meses, que es pauta común en el derecho comparado, pasando esta obligatoriedad sólo a las penas inferiores a tres meses, lo que podría dar lugar a que un delincuente primario entrara en prisión con una condena a pena de prisión de más de tres meses.
--Dentro de la tendencia señalada de endurecimiento general de las penas de prisión para los delitos contra el patrimonio, en el artículo 74 se abandona la regla especial de sanción de los delitos patrimoniales continuados, permitiendo que en cualquier caso se imponga la pena superior en grado. En el Código vigente esta elevación en grado sólo era posible «si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas», o sea, en el llamado «delito masa». Pero frente a la regulación actual que, en este caso, hace imperativa la elevación en uno o dos grados, en el proyecto se hace facultativa, de modo que la elevación en grado será siempre posible, y nunca imperativa, lo mismo si se tratare de dos hurtos, como si fuere una estafa inmobiliaria que afectare a los ahorros de cientos de personas que querían comprar un piso. La conjunción de estas normas de la parte general con otras de la parte especial, puede conducir a que en determinados tipos delictivos la pena pierda toda proporcionalidad con la infracción realmente cometida.
--Desaparece en el artículo 82 la Sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas, a la que sólo podrían pedir antecedentes los jueces y tribunales. Con esta restricción de la publicidad de las condenas, siguiendo la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, el legislador buscaba evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, evitando en este caso la publicidad de la pena para no crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social.
--La modificación del artículo 215 transforma la injuria y la calumnia en delitos públicos, que se perseguirán lo desee o no el afectado en su honor, como si ese honor valiera menos que la respetabilidad de la función. No puede pretenderse ofrecer por esta vía soluciones a los problemas de abstención o recusación que el ejercicio de la acción penal pueda provocar.
--Por último, carece de todo fundamento lógico la reducción de la pena actual de tres a ocho años por la de uno a tres años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar imponible a quienes cacen o pesquen especies amenazadas, especies cuya caza o pesca no esté autorizada o que en la caza o pesca utilicen veneno, explosivos u otros medios de similar eficacia destructiva para la fauna.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Palacio de Senado, 8 de octubre de 2003--La Portavoz Adjunta, Ma Antonia Martínez García.


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PROPUESTA DE VETO NUM. 4 Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACION

La enmienda de veto al Proyecto de Ley Orgánica se fundamenta, esencialmente, en las siguientes razones:

--La reforma propuesta es la cuarta en menos de seis meses en materia de legislación penal y procesal penal y suponen, en su conjunto, una modificación general de gran parte de sus principios básicos y de un número considerable de tipos penales específicos, sin que dicha parcelación permita un análisis claro de las consecuencias de las reformas penales, sin perjuicio de vislumbrar con nitidez, que el eje fundamental de las mismas es un exacerbamiento de las penas, fundamentalmente de las privativas de libertad, especialmente en delitos contra el patrimonio, unido a rebajas penales en otros ámbitos delictivos cuya autoría no está asequible a la mayoría de los ciudadanos y valga como muestra de esta benignidad la despenalización subrepticia que se opera, bajo el disfraz de la denominación en euros de límites penales designados en pesetas, en tramos significativos del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil, las defraudaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, la doble contabilidad fiscal fraudulenta. Todo lo anterior no cabe encubrirlo bajo la equiparación en la cuantía de incremento de los límites que califican como delito o falta, o infracción administrativa las distintas conductas, ya que si bien todas las cuantías sufren un incremento similar de un tercio de las mismas, no es menos cierto que la incidencia no es la misma en la pequeña delincuencia y en la delincuencia de cuello blanco.
--Si como parece el eje fundamental de la reforma es la seguridad, tampoco en esto se contempla un proyecto coherente de seguridad en campos tan necesitados de ella como la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, o la seguridad medioambiental o la alimentaria.


--En cuanto a la regulación de materias concretas merece ser destacado lo siguiente:

--Se modifica la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas al responsabilizarlas de modo directo y solidario de la pena de multa impuesta al administrador, de hecho o de derecho, por hechos relacionados con su actividad, sin delimitar, con claridad, los supuestos de imputación a la persona jurídica de los actos de la persona física, ni por supuesto, la responsabilidad de la persona física autora del delito frente a la jurídica, para evitar, en definitiva, que la pena pueda recaer sobre socios no culpables y sobre los pequeños accionistas en el supuesto de sociedades grandes que tienen que soportar, sin haber tenido control en las decisiones delictivas, las multas, además, de la responsabilidad civil subsidiaria.
--Se suprime al arresto de fin de semana, el cual como pena privativa de libertad de corta duración y cumplimiento discontinuo, ha constituido una de las más relevantes novedades establecidas en el Código Penal de 1996 y fue recibida con satisfacción con la generalidad de la doctrina sin perjuicio de que también fue general la opinión de que su adecuada puesta en práctica debería suponer por parte de la Administración el establecimiento de los medios adecuados para que pudieran alcanzarse las finalidades pretendidas.
Son ventajas, mayoritariamente, aceptadas las siguientes: no produce los efectos desocializadores de la prisión continuada, permite que el condenado mantenga sus vínculos sociales, familiares, laborales, etc, y al mismo tiempo contiene el impacto punitivo del internamiento, es una alternativa a las penas cortas privativas de libertad, actualmente desaconsejadas por los especialistas en estas materias y abandonadas prácticamente en todo el derecho comparado de nuestro entorno.
A punto de cumplirse nueve años desde la vigencia del Código Penal, tras un año de vacatio legis, siguen sin existir medios adecuados para que la novedad legislativa adquiera toda su virtualidad práctica y, antes de que esto ocurra, se suprime.
--Como en otros Proyectos traídos a la Cámara existe una obsesión por la vuelta a Códigos anteriores al de 1995 en materias como dosimetrías de penas al volver a introducir las esperpénticas condenas a «x años y un día», de modo que para hallar la pena superior en grado habría que partir de la máxima incrementada en un día o en un día multa. La preferencia obsesiva por el sistema de penas anterior también se refleja en la reforma del sistema de días multa, de modo que ahora la fijación del tiempo y forma de pago, propio de este sistema, se sustituye por la reimplantación de la posibilidad excepcional de aplazamiento en el pago de una multa que se concibe sólo como pena unitaria. Así mismo y con la vuelta a la perseguibilidad de oficio de las injurias y calumnias dirigidas contra funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, pretende, por una vía indirecta, como es la condición de perseguibilidad, recuperar el antiguo delito de desacato, tan caro, en especial, a sectores conservadores, persuadidos de que su honor es una cuestión de Estado.
--Resulta difícilmente compatible con la seguridad jurídica y con el principio de legalidad penal la previsión del artículo 51 que posibilita el incremento de la multa ya impuesta si en fase de ejecución de sentencia el penado varía de situación económica.
--En cuanto al tratamiento de la enajenación sobrevenida con posterioridad a la sentencia, la nueva regulación supone que en lugar de ordenar que se preste el tratamiento médico adecuado en el caso de que la pena haya de suspenderse por enfermedad mental del penado, que se aplique alguna de las medidas de seguridad privativas de libertad. En apariencia sea «precisa» más el contenido de la

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decisión a adoptar. Pero lo cierto es que se violenta el fundamento de las medidas de seguridad, que es la peligrosidad puesta de manifiesto con la ejecución del hecho delictivo. Ello permitirá entender que el fundamento de una medida de seguridad (penal) privativa de libertad, aunque sea de carácter terapéutico, no es sólo la peligrosidad, sino tanto ésta como la enfermedad misma y por sí sola. --Junto a ello, y con carácter general, se introduce en el artículo 65 un nuevo apartado en el que se concede la reducción en un grado de la pena al extraño que participa en un delito especial, sin que se ofrezca explicación alguna de esta dulcificación, que obviamente también será aplicable con efecto retroactivo. Contempla el problema de la participación en delitos especiales, respecto de la cual tanto jurisprudencia como doctrina estima que se rige por las reglas comunes, con la excepción para la autoría principal de los delitos especiales propios. El precepto parece considerar que los delitos especiales son una especie de «subsistema» que no se rige por el principio de protección de bienes jurídicos, sino por el de infracciones de deber, en clara regresión respecto del pensamiento penal moderno. Es por lo tanto una modificación innecesaria, regresiva y sectaria.
--El artículo 68 y como tónica habitual en todas las últimas reformas se aferra a la obsesión por la determinación legal de la pena con claro desprecio a la determinación judicial, a la vez que, a cambio, suprime el deber de razonar judicialmente porque se reduce o se incrementa la pena.
--El artículo 71 elimina la obligatoriedad de sustituir las penas inferiores a seis meses, que es pauta común en el derecho comparado, pasando esta obligatoriedad sólo a las penas inferiores a tres meses, lo que podría dar lugar a que un delincuente primario entrara en prisión con una condena a pena de prisión de más de tres meses.
--Dentro del esquema ya señalado de endurecimiento general de las penas preferentemente de prisión para los delitos contra el patrimonio, en el artículo 74 se abandona la regla especial de sanción de los delitos patrimoniales continuados, permitiendo que en cualquier caso se imponga la pena superior en grado. En el Código vigente, esta elevación en grado sólo era posible «si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas», o sea, en el llamado «delito masa». Pero es que frente a la regulación actual que, en este caso, hace imperativa la elevación en uno o dos grados, en el proyecto se hace meramente facultativa, de modo que la elevación en grado será siempre posible, y nunca imperativa, lo mismo si se tratase de dos hurtos, como si fuera una estafa inmobiliaria que afectase a los ahorros de cientos de personas que querían comprar un piso. La conjunción de estas normas de la parte general y otras de la parte especial, puede conducir a que en determinados tipos delictivos la pena pierda toda proporcionalidad con la infracción realmente cometida. --Desaparece en el artículo 82 la Sección especial, separada y reservada, para la anotación de las penas suspendidas a la que sólo podrían pedir antecedentes los jueces y tribunales. Con esta restricción de la publicidad de las condenas, siguiendo la tendencia de las reformas penales en los países más avanzados, el legislador buscaba evitar la estigmatización de los delincuentes primarios, especialmente de los jóvenes, evitando en este caso la publicidad de la pena para no crear dificultades sobreañadidas en el proceso de resocialización con el etiquetamiento como delincuente de quien ha cometido por primera vez un delito y tiene, pese a ello, perspectivas favorables de recuperación social. --La modificación del artículo 215 transforma a la injuria y la calumnia en delitos públicos, que se perseguirán lo desee o no el afectado en su honor, como si ese honor valiera menos que la respetabilidad de la función. No puede pretenderse ofrecer por esta vía soluciones a los problemas de abstención o recusación que el ejercicio de la acción penal pueda provocar.
--Por último, carece de todo fundamento lógico la reducción de la pena actual de tres a ocho años por la de uno a tres años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar imponible a quienes cacen o pesquen especies amenazadas, especies que no están autorizada su caza o pesca o utilicen en la caza o pesca veneno, explosivos u otros medios de similar eficacia destructiva para la fauna.


Y todo lo anterior se lleva a cabo sin la menor explicación puntual de las razones que llevan al Gobierno a proponer tales reformas. Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad de devolución.

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