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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 200, de 28/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 200

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés Eulate) para informar sobre:

- La evolución de los delitos cometidos en España en el período de octubre de 1999 a octubre de 2000. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/ 000337.) . . . (Página 5935)

- La disminución de efectivos que se ha producido en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde el año 1997 hasta la actualidad, especialmente de policías y guardias civiles en activo, así como sobre la incidencia que esta reducción tiene sobre la evolución de la criminalidad urbana y rural. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000373.) . . .
(Página 5935)

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- La actuación del delegado del Gobierno en Madrid y de las Fuerzas de Seguridad con motivo de una concentración pacífica convocada ante la Embajada de Israel. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000178.) ... (Página 5952)

- La carga desproporcionada de las fuerzas de orden público en Granada el día 6 de octubre de 2000 en la estación de autobuses de dicha ciudad. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000182.) ... (Página 5952)

- La actuación de la Policía durante la manifestación antifascista que tuvo lugar en Madrid el día 19 de noviembre de 2000. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000229.) . .
. (Página 5952)

- La actuación de la Policía al desalojar los locales del edificio de la Dirección Provincial de Trabajo de Oviedo, ocupado por Comisiones Obreras (CC.OO.), en la que han resultado heridos de distinta consideración cuatro sindicalistas. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/ 000325.) . . . (Página 5952)

Preguntas:

- De la señora Torme Pardo (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre nuevas tecnologías puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística identificativa. (Número de expediente 181/000335.) ... (Página 5969)

- De la misma señora diputada, sobre medidas para promover una regulación específica de las condiciones laborales de las mujeres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el período de embarazo. (Número de expediente 181/000336.) . . .
(Página 5970)

- De la señora Sánchez Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre falta de vigilancia externa en el recinto de la prisión de máxima seguridad de Puerto I y Puerto II. (Número de expediente 181/000413.) . . . (Página 5972)

- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca del desarrollo de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario. (Número de expediente 181/ 000496.) . . . (Página 5974)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión convocada para el día de hoy.
Por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, vamos a agrupar las dos primeras comparecencias, que habían solicitado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista. Les voy a dar cuenta también, señorías, de algunas otras novedades que tenemos en el orden del día a solicitud de los propios grupos. Por un lado, el aplazamiento de las comparecencias tercera, séptima y novena, a iniciativa del Grupo Mixto y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Por otro lado, se agrupan también tres de Izquierda Unida, la cuarta, la quinta y la octava. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Antes de comenzar la sesión y sin necesidad de ahondar en mayores explicitaciones por aquello de que a buen entendedor llaman sabio y seguramente SS.SS. van a entender el sentido de mi intervención una vez concluya ésta, sí quiero expresar en nombre propio, y desde luego en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro reconocimiento, solidaridad, cariño y afecto hacia el diputado don Ramón Jáuregui, miembro del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido portavoz de su grupo en esta Comisión de Justicia e Interior y que hoy cuenta más que nunca con el cariño, con el afecto y con la solidaridad de este grupo parlamentario, tanto él como su familia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.


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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:

- LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN ESPAÑA EN EL PERÍODO DE OCTUBRE DE 1999 A OCTUBRE DE 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/ 000337.)

- LA DISMINUCIÓN DE EFECTIVOS QUE SE HA PRODUCIDO EN LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DESDE EL AÑO 1997 HASTA LA ACTUALIDAD, ESPECIALMENTE DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES EN ACTIVO, ASÍ COMO SOBRE LA INCIDENCIA QUE ESTA REDUCCIÓN TIENE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD URBANA Y RURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000373.)

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al secretario de Estado y queda en uso de la palabra para que desarrolle su comparecencia en relación con los puntos 1 y 2 del orden del día.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Buenas tardes, señorías. Como han decidido ustedes hacer conjuntamente la primera y la segunda comparecencia, intentaré no ser reiterativo en las argumentaciones que exponga, teniendo en cuenta que estaban preparadas para contestar a dos aspectos que si bien vinculados no exactamente iguales en las dos.
Durante el período de octubre de 1999 a octubre de 2000, el número de delitos conocidos, considerando conjuntamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, fue de 819.940, cifra inferior en 39.312 delitos a los del mismo período de 1998-1999. En términos porcentuales la disminución global fue del 4,28 por ciento. Del total de estos 819.940 delitos, el 86 por ciento correspondieron a delitos contra el patrimonio. Muy en segundo lugar figuran los delitos contra la seguridad colectiva, esto es riesgos catastróficos, estragos, incendios, delitos contra la salud pública, con un porcentaje que apenas supera el 6 por ciento.
El análisis del conjunto de datos que obran en poder del Ministerio del Interior me permite informar que durante el período por el que se me pregunta, que es exactamente el de 1999 a 2000, ha habido una progresiva disminución de este tipo de delitos que inciden de manera más directa en la sensación de seguridad que tiene la ciudadanía.
Así, la totalidad de los delitos contra el patrimonio y en el orden socioeconómico disminuyeron el 3,82 por ciento durante el período objeto de estudio; contra las personas, el 5,57 por ciento y contra la libertad e indemnidad sexual, el 2,92 por ciento. Este último concepto se refiere a agresiones, provocaciones y abusos sexuales, así como a corrupción de menores, pornografía de menores y coacción en la prostitución, y como digo disminuyó el 2,92 por ciento.
Los principales descensos porcentuales han sido del 59,16 por ciento en delitos vinculados a la legislación especial (esto es en el control de cambios, contrabando, fronteras); del 17,37 por ciento en el apartado de relaciones familiares (esto es tráfico de niños, quebrantamiento de custodia y abandono de menores) y del 11,80 por ciento en falsificación de moneda, del DNI, del pasaporte, etcétera.
En cuanto a los grupos que han experimentado aumento, son únicamente dos, Administración de justicia y orden público, con el 6,25 y el 5,61 por ciento, respectivamente. Administración de justicia hace referencia a los delitos de encubrimiento y quebrantamiento de condena, entre otros, y el orden público se refiere a atentados contra la autoridad, resistencia, desobediencia, desórdenes públicos y también terrorismo. He de señalar que gran parte de los delitos que constituyen estos dos grupos son delitos en los que el índice de esclarecimiento ha sido muy significativo, de manera que el hecho de que aumenten las cifras está directamente asociado a la mayor capacidad de descubrirlos y de intervenir en los mismos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se puede observar que la tendencia a la disminución se ha producido sobre todo a partir de los primeros meses del año 2000, apreciándose que dicho descenso no es directamente imputable a la estación del año sino a la labor que se viene realizando desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y digo esto porque en años anteriores, y concretamente en el período 1998-1999 sobre el que estamos realizando la comparación, los delitos fueron bastante superiores entre los meses de febrero y junio, y también notablemente superiores en los meses de verano. Así, por ejemplo, frente a una media de 76.000 delitos entre febrero y agosto de 1999, en el año 2000 esa media descendió a 69.000 delitos, y en verano la media de 79.000 delitos en el año 1999 se recortó a 75.000 en el año 2000. Esta tendencia parece seguir manteniéndose, pero en todo caso me gustaría dejar claro que la disminución de los índices de delincuencia no puede ser continuamente negativa a lo largo del tiempo (quiero decir, no puede ir en una curva descendente permanentemente), ya que existen unos niveles mínimos asintóticos, por debajo de los cuales es prácticamente imposible descender, tanto por la valoración de la seguridad ciudadana que se puede hacer en España, como de la experiencia comparada con otros países.
En resumen, la valoración de los delitos cometidos en España en el período de octubre 1999 a octubre2000 se ha de considerar positiva, si dentro de este margen

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porcentual se puede considerar que la existencia de delitos puede calificarse de esa manera en algún sentido. En los últimos cuatro años se ha producido una curva descendente en el gráfico de la delincuencia, y me parece que es la primera vez en 20 años que se ha quebrado realmente la orientación durante un período prolongado de tiempo. Esto no significa que en cualquier momento no pueda darse un repunte en el tema de la criminalidad en España; debemos estar preparados para ello y lo estamos, porque cualquier proceso de mejoría se produce lógicamente en una secuencia (y en estos aspectos más aún) de dientes de sierra. En definitiva, no podemos decir que estamos contentos con la situación actual (ya dije que cuando se habla de delitos uno no puede estar nunca contento), pero sí creemos que la tendencia es positiva. En el día de hoy, la seguridad ciudadana ocupa un quinto o sexto puesto en el orden de las preocupaciones de los españoles, según las últimas encuestas del CIS.
Intento relativizar la importancia de las estadísticas porque las cifras siempre hay que interpretarlas relativamente, sobre todo en relación con este campo social, como señaló ya en su día el señor ministro, que compareció para hablar de este mismo tema el 28 de noviembre, y esto tanto cuando los datos juegan a favor como en contra de los objetivos establecidos o cuando su apariencia engaña.
Por ejemplo, las denuncias por hechos delictivos pueden aumentar y no necesariamente porque haya habido más delitos, sino porque la actuación policial haya sido más intensa y se hayan producido en ese sentido más descubrimientos de estas actividades criminales.
En relación con la segunda parte de la comparecencia, la que hace referencia a los niveles de recursos humanos y su vinculación con los aspectos de la estadística criminal, me gustaría hablar globalmente de la evolución de los efectivos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, y de los efectos que ésta tiene sobre la evolución de la criminalidad. Tómese en consideración, sin embargo, que cada uno de los cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil, tienen sus propias características y los medios geográficos en que trabajan son diferentes, de modo que los problemas a los que hacen frente también son distintos. Les avanzo que los delitos, como ya dije antes, han disminuido globalmente en España el 2,93 por ciento en el período 1999-2000, aunque hay un comportamiento dispar entre la zona de acción de la Guardia Civil, donde han crecido, y el de la Policía Nacional, donde han disminuido. Ahora, SS.SS. me permitirán que sea un poco más prolijo y les facilite datos y detalles, porque me parece que el asunto de esta comparecencia lo merece. La evolución de la criminalidad en la demarcación de la Policía Nacional en el período 1997-2000, objeto de esta segunda parte de la comparecencia, ha registrado un descenso del 6,31 por ciento en el número total de delitos. La evolución de los delitos más significativos es la siguiente: tirones, 24,12 por ciento; robos con fuerza en inmuebles, 13,43 por ciento; sustracción de vehículos, menos 7 por ciento; robos con violencia e intimidación, 6,50 por ciento. Por comunidades autónomas, en los últimos años se han registrado descensos importantes de la criminalidad en Ceuta y Cantabria, con descensos superiores al 20 por ciento; en Melilla, Extremadura, La Rioja, Murcia, Asturias, Galicia, Aragón y Baleares, con descensos superiores al 10 por ciento. Únicamente en la Comunidad de Castilla- La Mancha se ha registrado un ligerísimo crecimiento del 0,62 por ciento.
Por lo que se refiere al número de efectivos, la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha continuado el proceso de descenso que viene registrando en los últimos años: desde 53.381 funcionarios en 1990, a 50.641 el 1.o de enero de 1997 y a 47.374 a día 1.o de febrero del año 2001. Ello debido fundamentalmente a la avanzada edad de media de los efectivos -de 46 años para el Cuerpo Nacional de Policía-, que se acerca peligrosamente a la edad de pase a la segunda actividad, que se sitúa en los 55 años para la escala básica y subinspección, en 56 años para la escala ejecutiva y en 60 años para la escala superior.
Para empezar a paliar dicho déficit, que se inició en el año 1990, el pasado año se realizó un incremento de la oferta pública de empleo para el personal de nuevo ingreso que alcanzó los 2.150 funcionarios; cifra sensiblemente superior a cualquier otra habida en los años anteriores. Durante este año 2001 está previsto que la oferta de empleo público para el ingreso en el Cuerpo de la Policía Nacional pueda mantener el ritmo de crecimiento del año anterior, o incluso pueda superarlo. Estamos en plena negociación con otros departamentos del Gobierno (como hemos hecho con la Guardia Civil y luego lo diré) para tratar de sacar adelante la máxima oferta de empleo público para la Policía Nacional. Permítanme señalar a SS.SS. que el Cuerpo de Policía Nacional estudia en estos momentos el plan cuatrienal que comentaba anteriormente, dirigido a aumentar las ofertas públicas de empleo y a modificar la segunda actividad para evitar el futuro deterioro de las plantillas.
Así las cosas, veremos que en el horizonte de la presente legislatura el problema de efectivos, que no voy a negar que existe, entraría en vías de solución. Por otro lado se vienen llevando a cabo una serie de medidas encaminadas a posibilitar una optimización de los efectivos disponibles, pudiendo señalarse, entre otras, la reordenación y racionalización de los servicios acorde con las necesidades; la recuperación para tareas operativas de personal que desempeña labores burocráticas sustituyéndolo por personal de cuerpos generales de la Administración civil; la incorporación de medios técnicos, tales como dispositivos electrónicos de seguridad y cámaras de videovigilancia, que permitan sustituir funcionarios en determinadas funciones estáticas de seguridad; la reducción de determinados puestos como consecuencia del análisis o racionalización de los sistemas yprocedimientos de trabajo; la creación y adscripción de

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puestos de trabajo para funcionarios en situación de segunda actividad, de tal modo que cuando alcance la edad de paso a dicha situación puedan continuar prestando servicio en funciones de apoyo y gestión y la recuperación de mecánicos y personal de mantenimiento del área de automoción gracias a la implantación de sistemas de gestión de los vehículos y del transporte distintos a los que ahora estamos practicando.
La policía, como conocen ustedes, ha establecido un sistema de renting para vehículos que de alguna manera facilita que el mantenimiento de los mismos, que conlleva un enorme gasto en renovación y en mantenimiento de los vehículos, pueda ser asimismo externalizado y puesto en manos de empresas que tienen más capacidad de gestionarlo sin mengua de las condiciones que se exige a los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional en los aspectos puramente operativos policiales. Gracias a dichas medidas se ha posibilitado que con una menor plantilla global se pueda disponer de mayor número de efectivos para tareas operativas y contando con la profesionalidad del Cuerpo de Policía Nacional, que es absolutamente evidente, la disminución del personal no tenga tantas consecuencias negativas para la seguridad ciudadana. Además también ha influido el hecho de mejorar su material y determinados elementos técnicos. Igualmente hay que destacar que con la implantación paulatina desde el año 1998 del programa Policía 2000 se está logrando una disminución del número de infracciones conocidas, que en el período 1999-2000 alcanzó un menos 8,05 por ciento.
En relación con la Guardia Civil, al principio de mi intervención he dicho que han crecido los índices de criminalidad en su zona de responsabilidad. La Guardia Civil tiene en estudio un plan de recursos humanos 2001-2004, período similar o igual al de la policía, que fija y establece las necesidades de efectivos en las próximas convocatorias anuales de oferta de empleo público para la escala de cabos y guardias. Como SS.SS. recordarán, la oferta pública de empleo para el año 2000 fue de 2.262 efectivos, 1.262 en convocatoria ordinaria, más 1.000 en convocatoria extraordinaria, dando inicio a un proyecto de adecuación de la plantilla de la Guardia Civil al horizonte establecido para el año 2004 y que no es otro que cubrir el catálogo al cien por cien. El Ministerio del Interior está trabajando a día de hoy sobre un plan de recursos humanos 2001-2004, que fija y establece necesidades de efectivos en las próximas convocatorias anuales. De momento les puedo adelantar que su objetivo es alcanzar, ya lo he dicho, el catálogo de puestos y que la oferta para el año 2001, aprobada recientemente, es de 2.280 plazas, que serían las plazas que se aprobarían a lo largo de estos cuatro años por esa misma cantidad. Dicho plan contempla siete potencialidades: mantener el despliegue territorial y potenciar la labor preventiva; potenciar el servicio de información de la Guardia Civil, lo que se hizo ya en el año 2000 con el propósito de fortalecer la lucha antiterrorista; potenciar la policía judicial para mejorar los índices de esclarecimiento de delitos, fundamentalmente en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional y a la investigación de los delitos de alta tecnología económicos y fiscales; potenciar el servicio marítimo, con el fin de hacer frente al aumento de los tráficos ilícitos de mercancías a través de nuestras costas y a la inmigración irregular; potenciar el servicio aéreo para ampliar la capacidad operativa de las unidades en tierra y en el mar; potenciar la agrupación de tráfico como medio para aumentar la vigilancia en las carreteras españolas y así contribuir a disminuir la siniestralidad de las mismas; y potenciar el servicio de protección a la naturaleza para satisfacer la creciente demanda social en relación con el medio ambiente.
Ajustándome exactamente al período contemplado en la pregunta motivo de esta comparecencia, es decir a los años 1997-2000, se observa una disminución de los miembros de la Guardia Civil del 2,44 por ciento.
Las causas de disminución de los efectivos totales hay que encontrarlas fundamentalmente en el pase por razones de edad a la situación de reserva, 44,19 por ciento de los casos en el período 1995-2000, así como las bajas que se producen en la institución por diferentes motivos: inutilidad física, 17,22 por ciento; petición propia, 11,80 por ciento; pérdida de aptitud, 8,97 por ciento y fallecimiento, 8,57 por ciento. En el período 1997-2000 los delitos conocidos en el ámbito de responsabilidad de la Guardia Civil han sufrido un incremento del 11,72 por ciento. En el período anterior, de 1990-1996, el incremento fue del 19,5 por ciento. Los principales tipos de delitos se desarrollan contra el patrimonio, que suponen el 76,29 por ciento del total de delitos conocidos por la Guardia Civil.
Dentro de esta clasificación, el robo con fuerza en las cosas representa el 35,39 por ciento, el robo en interior de vehículos el 11,78 por ciento y el robo de vehículos el 11,14 por ciento. Los delitos contra las personas, esto es con lesiones o contra la seguridad colectiva, sólo representan el 1,71 del total.
Lamentablemente, tengo que decir que en el año 2000 han aumentado algunos de los delitos tipificados como más graves, estos han sido asesinatos y homicidios, con un incremento del 17,52 por ciento sobre un total de 483 casos; agresiones y abusos sexuales con un aumento del 7,16 sobre un total de 1.601 casos y robos con violencia con un aumento del 2,02 por ciento sobre un total de 6.153 casos.
En conclusión, el número de delitos ha disminuido globalmente en nuestro país en los últimos tiempos y concretamente en la cifra porcentual que daba el 2,93 por ciento en el año 2000, y tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil se están desarrollando programas internos de mejora de eficacia y tienen en estudio sus correspondientes planes cuatrienales para disponer de la plantilla adecuada para elmejor desempeño de sus funciones en el horizonte

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de 2004. En el caso de la Guardia Civil, sépanlo ustedes y ya lo he dicho antes, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la plantilla inicial para el año 2001 en el número que les he comentado.


El señor PRESIDENTE: Por los grupos que han solicitado la comparecencia, tiene la palabra, en primer lugar el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Si el señor Mayor Oreja hubiera comparecido con el ritmo suficiente, tenía que haberle dicho que España en seguridad pública empieza a ir mal y empieza a ir de forma negativa con un ritmo creciente bastante rápido. Le voy a hacer dos comparaciones, una con un espacio de tiempo mayor y otra referida al año 1999, para ver las cifras y ver también -a nuestro juicio estamos viendo las cifras desde un desconcierto amplio- que se está produciendo un maquillaje de las cifras en el Ministerio del Interior. Ahora me referiré concretamente al año de 1999. Con relación a la comparación amplia, en los últimos 12 ó 13 años aparece una gran progresión en la delincuencia y la tasa de criminalidad se deteriora de manera progresiva y muy rápidamente. Por ejemplo, en el año 1987 los ciudadanos denunciaron un total de 1.487.500 infracciones penales. A finales de 1999, esta cifra se elevó a 1.851.604; en consecuencia, la tasa de criminalidad es mucho más alta. En el Gobierno del señor Aznar, durante la etapa del ex ministro Mayor Oreja, a nuestro juicio esta cifra ha empeorado bastante. La izquierda siempre relaciona -habitualmente lo hace así- las cifras de delitos, de faltas de toda clase, de abusos respecto a la propiedad y de tipo penal con las disfunciones sociales, con las situaciones de crisis y con la falta de cohesión social que se produce en determinados momentos. Lo que aparentemente vemos en la actualidad es un escaparate vistoso y muy bien iluminado, un escaparate a partir del cual se puede deducir el eslogan España va bien, pero en la vida cotidiana, en función de estas disfunciones sociales, de la microfísica y de la microeconomía diaria, en función de cómo se refleja esto en las estadísticas -cifras oficiales a las que ahora me referiré-, nos parece que España va peor. Aumenta su grado de negatividad respecto a estos temas y es porque está habiendo una cierta crisis de cohesión social, crisis que por ejemplo también se detectó en el Reino Unido, en la etapa thatcheriana. Las cifras macroeconómicas iban bastante bien en un determinado período, así como la iluminación del escaparate, pero paralelamente las cifras diarias de las faltas y los delitos iban progresivamente a peor, el mismo fenómeno que se ha producido durante los últimos cuatro o cinco años del mandato del señor Mayor Oreja. ¿Qué políticas se han puesto sobre la mesa para atacar y reducir las causas de esta criminalidad y contrarrestar sus efectos? Una política social negativa que está empeorando, aunque no voy a entrar en este tema, puesto que ya se conoce nuestra opinión. ¿Y qué clase de política policial? A nuestro juicio, prácticamente ninguna en estos temas de la vida cotidiana. El señor Mayor Oreja -no voy a entrar en el sentido profundo de su posición- ha dedicado no todo el personal, pero sí todo su tiempo a la lucha contra ETA, algo que está justificado, pero lo que no está justificado es que habiendo policía en todas partes y prácticamente el mismo número hasta ahora que han empezado ustedes a reducirlo hasta que llegue la convocatoria del año 2004, no haya habido una política real para que la policía actúe a todos los niveles, surgiendo así una política de imagen centrada en el tema que le he dicho y en el de la inmigración, con el famoso efecto llamada en el último período. Si quiere datos, le diré que hay una escalada de la delincuencia violenta, así como de la delincuencia rural y un aumento alarmante de la ineficacia en la lucha contra la delincuencia organizada, que como se sabe cada vez utiliza con mayor asiduidad nuestro territorio como terreno de juego de sus operaciones mafiosas.
Nuestra opinión es que se ha abandonado toda idea de renovación del modelo policial español, y ahora me voy a referir a datos concretos relacionados con esta aseveración que le estoy haciendo. Hoy en España se producen tres muertos diarios por inseguridad ciudadana, que se elevan a cinco según la memoria de la Fiscalía General del Estado. Y aquí es donde aparece una disfunción que no terminamos de entender. Me voy a remitir al año 1999, pero se viene produciendo fundamentalmente a partir de la puesta en funcionamiento del programa 2000. A nuestro juicio hay una especie de ingeniería estadística que intenta ocultar esta situación de la que le estoy hablando. España irá bien en cifras macroeconómicas o a otros niveles, pero en la vida diaria va bastante mal respecto a estos temas. En España existen dos instituciones que elaboran las estadísticas sobre criminalidad: la Fiscalía General del Estado, que las publica, y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, que no las publica; esto es no se conoce públicamente el informe estadístico anual sobre la criminalidad que hace el Ministerio del Interior y nosotros pensamos que estas estadísticas se maquillan. Por ejemplo, la cifra relativa a la delincuencia durante el año 1999 que ha publicado la Fiscalía General del Estado es de 4.072.028 infracciones penales, mientras que, según el Ministerio del Interior, que agrupa las estadísticas del Cuerpo de Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, el número de infracciones penales fue menor, contabilizándose 1.842.517. La diferencia es tremenda, 2.229.512 infracciones penales. Para la Fiscalía General del Estado hubo 3.476.504 presuntos delitos, con un consiguiente aumento del 7,71 por ciento respecto a 1998; para el Ministerio del Interior esa cifra se reduce a 961.786 en 1999, teniendo lugar una disminución del 1,85 por ciento respecto a 1998. Con relación a

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otros temas, la disfunción sigue siendo la misma y eso nos desconcierta profundamente; no sé si usted podrá darnos una explicación. Por ejemplo, en cuanto a los delitos contra el patrimonio, que son los más numerosos, robos, atracos, sustracciones de vehículos, la Fiscalía General contabiliza 2.008.326 y el Ministerio 813.467; esto es, para el Ministerio disminuye respecto a 1998 y para la Fiscalía aumenta el 6,5 por ciento. En relación con los delitos contra la integridad corporal y la vida de las personas, que lógicamente son los que más preocupan, las diferencias son también muy significativas. En la memoria de la Fiscalía, los homicidios y asesinatos suman un total de 1.979 mientras que las estadísticas del Ministerio del Interior hablan de 1.102 casos. Pero la diferencia más espectacular se encuentra en las lesiones dolosas; mientras que para la Fiscalía fueron 507.771 más 11.890 delitos relacionados con el maltrato en el ámbito familiar, para el Ministerio del Interior las lesiones por maltrato sumaron sólo 18.337. En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual la diferencia es menor, pero también la hay. La cifra que aporta la Fiscalía es de 9.026 delitos de esta naturaleza y el Ministerio habla de 7.563. No quiero seguir dando cifras. Habrá comprobado usted que el desconcierto que producen es serio y la verdad es que no sé qué explicación pueden tener estas diferencias. Por tanto, si nos atenemos a lo publicado por la Fiscalía, que por otra parte son los únicos datos que se dan a conocer y se trata de cifras serias, rigurosas y contrastadas públicamente, podemos decir que España va mal, va mucho peor y no se puede mejorar una situación maquillando las cifras o haciéndole la cirugía estética a las estadísticas. Por ahí no se puede superar una situación estructural grave correlativa, como digo, a una situación social en la vida cotidiana bastante seria y con deterioro creciente y progresivo.
A la hora de interpretar esta ingeniería estadística, surgen cuestiones tales como que el Ministerio no contabiliza buena parte de los atestados realizados por los mossos d?esquadra, por ejemplo, o por el conjunto de las policías locales. No se contabiliza nunca o no se hace de manera adecuada, pero esto no puede dar lugar a las diferencias que le acabo de leer. También hay que decir que desde el Ministerio del Interior se suele mantener que la intervención de las policías locales en la lucha contra la delincuencia es mínima, por lo que las diferencias no pueden venir de ahí. Quizá haya una explicación superior a la hora de cuantificar este desfase y es que, respecto a lesiones dolosas y maltrato familiar, se produce un cambio con la llegada del actual fiscal general del Estado. Antes, cuando se recibía asistencia por lesiones en cualquier centro médico, el parte se remitía a la comisaría del distrito, donde se citaba a la persona herida y había declaraciones. El señor Cardenal impartió instrucciones a la Fiscalía y desde ella a los hospitales, centros de salud, etcétera, para que los partes de asistencia sanitaria por lesiones dolosas se remitiesen en vez de a las comisarías a los juzgados. A partir de ahí puede justificarse una cierta diferencia, pero no entendemos por qué se cambia este sistema si se sabe que van a cambiar las estadísticas y el producto va a ser un falseamiento de la realidad.
He visto que en las cifras que usted daba bajaban mucho los tirones, un veinticuatro y pico por ciento. Quiero decirle en plan casi anecdótico que ahora -también por instrucciones concretas- salvo que la víctima resulte herida o que identifique al autor del tirón lo que no suele ocurrir, es que se anotan como hurtos. No figuran como tirones y la estadística puede cambiar por eso. De hecho, en función de esta orientación, esa bajada de los tirones también estaría en duda.
Por tanto, yo pediría -y haremos propuestas al respecto en la Comisión y en Pleno- que en el Ministerio del Interior hubiera una mayor dedicación, porque ahora hay gente suficiente -no intentamos detraer gente de ninguna parte y mucho menos de la lucha antiterrorista, no vaya usted por ahí; sé que no va a ir por ahí-, aunque sé que están empezando a retirar personal. Por ejemplo, en la primera página de un diario de Sevilla se ha anunciado que van a quitar de allí a una serie de agentes de la Policía Nacional. En todo caso, hay gente suficiente y lo que falta es una política adecuada.
No hay ningún tipo de política, este tema no preocupa realmente. Hay una desorganización total y una ausencia total de política.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sanjuán.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Advierto, como ya pusimos de manifiesto cuando nos consultó la Presidencia, que la intervención va a estar dividida entre el diputado que habla y don Carlos Navarrete, que intervendrá con relación a la comparecencia específica que había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista.
He escuchado con gran atención la intervención del secretario de Estado, al que agradezco su presencia ante esta Comisión, en la que nos ha dado una serie de datos estadísticos. El anterior ministro del Interior en esa comparecencia del 28 de noviembre a que usted ha hecho referencia decía ya que los datos estadísticos había que relativizarlos. Sin duda, lo decía para curarse en salud, puesto que esa comparecencia estaba pedida para ver cómo podía haber tanta diferencia entre los datos que daba el Ministerio del Interior y los que ofrecían las memorias del ministerio fiscal. De cualquier manera, relativizando o no los datos, la consecuencia que obtenía el ministro del Interior que ha cesado y que hoy nos traslada S.S. es, sencillamente, que en España se ha reducido mucho la delincuencia; y eso todos tendríamos que saludarlo, tendríamos que felicitarnos.
Pero, señor secretario de Estado, creo que era uno de los primeros presidentes norteamericanos quien decía que se puede engañar a la gente durante mucho tiempo

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y a mucha gente, pero no se puede engañar durante todo el tiempo a todo el mundo; esto es lo que está ocurriendo hoy en los temas de seguridad ciudadana. Es imposible que la gente vaya a terminar creyéndose la estadísticas que ustedes dan, porque no es la realidad que los ciudadanos viven; y le estoy hablando de una provincia muy significativa donde he tenido que participar últimamente en dos o tres debates sobre temas de seguridad ciudadana con empresarios muy próximos al Partido Popular, le estoy hablando de Málaga, donde se llegó a decir que no había ninguna autoridad, que parecía que no había policía. Hasta tal extremo fue así que yo dije: lo que usted está diciendo es extraordinariamente grave, porque está usted deslegitimando al propio Estado al decir que no existe autoridad. Le digo esto porque la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país con relación a la delincuencia es, como ha puesto de manifiesto el representante de Izquierda Unida, que ha aumentado considerablemente.
El ministerio fiscal hace una memoria en la que se habla de la evolución de la delincuencia en España, dedica a esto un capítulo, y es verdad que puede haber criterios estadísticos distintos, que el ministerio fiscal mida unas cosas -en todo caso, mide la evolución de la delincuencia, y así es como titula el documento- y el Ministerio del Interior siga esa evolución de la delincuencia desde parámetros ligeramente diferentes, pero no puede haber ese desfase. Le voy a mencionar una primera diferencia, que ya manifestó el ministro del Interior y que hoy usted ha puesto en el frontispicio; ha dicho que los datos sobre delincuencia que usted nos va a dar son los del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, sólo dos cuerpos policiales. En este país está la Ertzantza, los Mossos d?esquadra; en este país hay cada vez más importantes policías locales en las grandes capitales que se están ocupando de todo género de delitos, y el ejemplo es Cataluña donde unos policías urbanos de Cataluña son capaces de detener a unos etarras. Por consiguiente, empiece usted a sumar y sume todos los delitos que están descubriendo los Mossos d?esquadra, que está descubriendo la Ertzantza, porque es posible que los tengan recogidos ya que en el 1998 llegaron a un acuerdo para introducir los datos de delitos denunciados en las comisarias de la Ertzantza, y, desde luego, incluyan los datos relacionados con las policías locales. Repito, cualquiera que sean los parámetros que sigamos, la Fiscalía hace un juicio sobre la evolución de la delincuencia en España y en él se incrementa la delincuencia; con los parámetros que siga siempre la Fiscalía, pero siempre se incrementa.
Se ha incrementado en el 7,7; por consiguiente, es imposible que con los mismos parámetros o con unos equivalentes para el Ministerio del Interior se haya reducido la delincuencia en nuestro país, y además haciendo una curva descendente de los índices de delincuencia. No es cierto; no es cierto y crea S.S. que lo lamentamos profundamente, pero no podemos consentir desde los grupos parlamentarios que continuamente se maquillen los datos. ¿Sabe usted por qué se incrementa la delincuencia en el medio rural, como dice, en un 18 por ciento, siendo la Guardia Civil la que da esos índices de incremento? Porque en la Guardia Civil prima la productividad -una cosa que está muy bien hecha- por los índices de descubrimiento de delitos. Naturalmente, hay muchos delitos y la Guardia Civil los descubre, se prima y se paga productividad. ¿Qué está ocurriendo con el célebre programa puesto en marcha por ustedes de Policía 2000? Que lo que priman es la desaparición de delitos y, por eso, lo que se hace es desactivar las denuncias, hacer ver que hay menos denuncias, transmutar delitos en faltas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General del Estado nos diga que en este país se han producido 595.000 faltas y llegue el Ministerio del Interior y nos diga que son 880.000? Y en delitos, por un lado, nos dicen que son 3 millones y, por otro, nos ponen un millón. ¿Y cómo es posible, sin embargo, que el número de faltas sea mayor? Es muy fácil, hay que convertir los delitos en faltas, porque además así la Policía tiene mayor productividad. Sencillamente, si un tirón no ha producido lesiones, pasa a ser un hurto y no un robo. Por consiguiente, como es hurto, y generalmente son cantidades inferiores a las que señala el Código Penal para que pase a ser delito, se conceptúa como una falta.
Esto es lo que están realizando continuamente y tiene unos efectos, unas consecuencias muy graves. Porque ustedes nadan en la bonanza, nadan en la creencia de que todo va bien y, por consiguiente, no adoptan ninguna decisión para intentar variar, cambiar una realidad que cada vez es más escandalosa, cada vez es peor. ¿Cómo me puedo creer que el ministerio fiscal nos diga que se han producido 1.979 homicidios y asesinatos en España y que el Ministerio del Interior me diga que son 1.102? Y la explicación que nos dio el anterior ministro fue: El asesinato pasa primero por el juzgado de guardia y luego se produce un sumario y va a otro juzgado, por lo que lo contabilizamos dos veces. ¿Le parece que eso es creíble? ¿Pero es posible ese horror de señalar en la evolución de la delincuencia en España que se ha producido el doble de asesinatos de los cometidos? No es creíble.
Desde luego, una y otra cosa, uno y otro disparate, son competencia de ese Gobierno en el que usted está. Repito que no son creíbles las estadísticas que nos dan; repito que los datos del anterior ministro del Interior eran que se había incrementado la delincuencia en España, y todo eso con dicha transmutación tan evidente y tan bonita de hacer que haya más faltas que las que señala el ministerio fiscal, naturalmente habiendo convertido delitos en falta mediante una valoración policial que evidentemente no les corresponde.
En el año 1985 se comenzaron a hacer estadísticas en el Ministerio del Interior y, como consecuencia de establecer esos criterios estadísticos -y lo digo para exigir un poco de honestidad intelectual-, se incrementaron

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considerablemente durante varios años. El Gobierno Socialista empezó a medir el número de delitos que de verdad se producía en nuestro país y naturalmente empezaron a aflorar. En esos años se produce un incremento importante de la delincuencia teóricamente; no es que hubiera más delincuencia, es que estábamos haciendo estadísticamente que apareciera esa delincuencia. Y eso es lo que ocurre durante los años 1983, 1984 y 1985 y, posteriormente hasta 1987. Después se estancan los índices de delincuencia, bajan en una curva durante los años 1990, 1991 y 1992, y le voy a decir por qué. En esos años este país empezaba a tener bonanza económica, lo que tenía una repercusión en los ciudadanos, por lo que los índices de delincuencia empezaron a disminuir. Generalmente la delincuencia aumenta cuando hay crisis económica; lo raro y lo extravagante es que, habiendo tenido ustedes unos años de bonanza económica muy importantes, la delincuencia no se haya reducido, porque así nos lo dice el ministerio fiscal con criterios estadísticos idénticos en el año 1996 que en el año 1999 o en 2000, mientras que los criterios estadísticos de ustedes son...


El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Termino ya, señor presidente.
Esto es así, mientras que sus criterios estadísticos son absolutamente desconocidos, a mi juicio absolutamente relativos y siendo imposible que sigan ustedes engañando durante todo el tiempo a todos los ciudadanos en este tema. Son ustedes unos magníficos expertos en maquillar la realidad, pero no intenten maquillarla tanto, porque de tanto hacerlo no adoptan medidas, y al final los ciudadanos son los que padecen su carencia de medidas y de medios a disposición de la seguridad ciudadana.


El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor secretario de Estado, la cortesía parlamentaria me obliga -y además lo hago muy gustosamente- a agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado.
Ratifico las posiciones y los datos que mi compañero Victorino Mayoral ha manejado en anteriores comparecencias que han tenido esta misma preocupación. Ratifico los datos que ha expuesto el señor Alcaraz y mi compañero Carlos Sanjuán. Por introducir una cierta amenidad y no estar dándole vueltas a las mismas cifras, voy a cambiar el método de mi exposición. En vez de contemplar los árboles, modestamente voy a tratar de contemplar el bosque. Aquella vieja disputa medieval entre qué era más verdad el concepto de tablas o cada una de las tablas individuales es una polémica estéril y escolástica; tan real es el bosque como los árboles. Por consiguiente, si yo me dedico a dibujar el sentimiento que me embarga cuando he oído la comparecencia del señor Morenés y he atendido a las anteriores comparecencias sobre esta misma materia, llego a la conclusión de que quizá tendríamos que tratar de plasmar lo más plásticamente posible el concepto que nos merecen las estadísticas, en particular las del Ministerio del Interior. Hay dos estadísticas muy preocupantes en nuestro país, cuyas divergencias no se pueden tolerar. No es posible que en la medición del desempleo por un sistema o por otro haya una diferencia de más de un millón de puestos de trabajo y no es posible que haya una diferencia de casi dos millones en la comisión de delitos, según se utilice un método u otro. Naturalmente cualquier estudio de la realidad obliga a elegir una de las cifras y, por formación y porque nos parece que la metodología que se sigue por la Administración de justicia es más rigurosa que la que se sigue por el Ministerio del Interior, en caso de duda, si tenemos que inclinarnos por alguna estadística, nos quedamos con la que han explicado nuestros compañeros, que es dimanante de la Fiscalía General del Estado.
Con este método, en el Ministerio del Interior puede haber muchas cosas claras pero cuando entramos en el tema cuantitativo nuestras esperanzas de llegar a conocer la realidad zozobran. Por ejemplo, vamos a medir los efectivos que debe tener el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Tenemos un primer canal de información, que es la disposición adicional segunda de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del año 1986, a cuya ponencia este diputado tuvo el honor de pertenecer. En esta disposición adicional se decía que se elaboraría una ley de plantilla, que hubiera acabado con las disputas, y si existiera en estos momentos nos colocaría en la tesitura de ver si estábamos por debajo de la plantilla o la habíamos cubierto. Sencillamente esa disposición adicional no se ha desarrollado, por consiguiente, no tenemos el elemento de referencia de ver cuántos guardias civiles y cuántos policías es deseable que existan en nuestro país. Podemos irnos a otro sistema, que es el del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía vigente desde el 1 de julio de 1995. Nuestra información, que pongo a disposición del señor secretario de Estado, es que con arreglo a ese catálogo deberían ser 54.830 más 1.935 procedentes bien del Cuerpo Nacional de Policía o de los grupos A, B o C de la Administración general del Estado, lo que sumaría 56.765. Nuestras fuentes de información -documentos de trabajo que ha utilizado el Cuerpo Nacional de Policía- nos dicen que estamos en 48.250, 8.500 efectivos menos en el Cuerpo Nacional de Policía. Estos datos tampoco se compaginan con las carencias de que nos habla el señor secretario de Estado, usted mismo en anteriores comparecencias cuando estimaba que desde 1990 al año 2000 se había reducido el número de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía como consecuencia de jubilaciones -argumento en el que hoy insiste- en 5.124; es como si la jubilación no fuera un elemento que se pudiera

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contemplar en lontananza y adoptar con anticipación las medidas necesarias para que no disminuyan los efectivos como consecuencia de las jubilaciones. El señor Cotino Ferrer nos da una disminución de 10.000 efectivos, desde el año 1986 a febrero de 2001, explicando que desde que él fue elegido para el cargo que actualmente desempeña hasta el año 1996 la reducción de efectivos había sido de 3.500 y desde el año 1997 al 2001 de otros 2.200. Por consiguiente, por lo que llevo expuesto, estamos ante una cifra de entre 8.000 y 10.000 policías menos de los que deberían existir en nuestro país para seguir la tónica anterior.
Nos vamos al registro central de personal y los datos que nos da tampoco coinciden con los que usted nos ha aportado como vigentes el 1 de enero del año 1997 y constatables el 1 de enero del año 2001. El registro central de personal dice que en el mes de enero del año 1997 había 53.699 policías más 8.259 en reserva, lo que daba un total de 61.958. En el 2001 en activo había 52.123 y en reserva 8.470. Si comparamos las cifras de efectivos en enero de 1997 con las de 2001 en situación de actividad, hay una diferencia del orden de los 1.400 ó 1.500 policías; si tomamos el global, es decir los activos más los que están en situación de reserva, hay una diferencia parecida, de 61.958 a 60.593. En cuanto a la Guardia Civil, según los datos del registro central de personal, por simplificar y atenerme al método que había indicado al principio, computando activos y reservas, estamos en una cifra de 4.600 y pico por debajo de la que debiera existir. Por tanto, el número de efectivos, cualquiera que sea el método que empleemos, está muy por debajo de lo deseable. ¿Tiene esto influencia en la evolución de la criminalidad? A ningún observador se le escaparía que la delincuencia es producto de muchas cosas, entre ellas algo que también pasa en la artillería: crece el tamaño del arma ofensiva y crece el grosor de la coraza. Esto también se da en la Policía y también se da una correlación -como ponía de manifiesto el señor Alcaraz entre otros- entre la situación económica, la mayor o menor facilidad de los jóvenes para encontrar un alojamiento, la capacidad de la familia para llegar a fin de mes, entre otras cosas.
Todo esto tiene una influencia. Sin embargo, por mucho que relativicemos la relación entre el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, hay una cierta relación de causalidad con el número de delitos.
Mis compañeros han dicho cuanto había que decir sobre las discrepancias entre las estadísticas de la Fiscalía del Estado y las del Ministerio del Interior. Yo voy a ir a lo plástico y me voy a detener en lo que el señor ministro del Interior -hoy en otra aventura de la vida política- nos dijo en la comparecencia del mes de noviembre del año pasado. En el año 1997 se incrementa la delincuencia -estoy hablando de delitos- en un 1,83 por ciento; en el año 1998 un 1,72 y en el año 1999 un 1,37. Esto da por resultado que en ese trienio se incrementa la delincuencia en el 4,92 por ciento. Este es un tipo de razonamiento que cualquier matemático reprobaría por ficticio; no se pueden sumar peras y manzanas -y estoy seguro de que el señor Gil Lázaro nos va a hablar luego de ellas-; esta manera de calcular el tanto por ciento global de la evolución de la delincuencia no se puede hacer compaginando los tantos por ciento como si sólo fueran manzanas en los tres años consecutivos. Para llegar a una brillante conclusión dice que, como en el año 2000 la delincuencia ha descendido un 4,02, deduce del 4,92 el 4,02 y queda una cifra muy presentable, que en su intervención en una ocasión la cuantificaba en el 0,91 y en otra en el 0,90, resultado de sustraer del 4,92 el 4,02. Estoy dispuesto a conceder que, con arreglo a los datos estadísticos de la Policía que yo estoy manejando, la delincuencia ha disminuido en el año 2000; llegaría a otra conclusión si tuviera las fuentes jurídicas ya mencionadas.


El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Este es el cuadro de la evolución de la delincuencia desde el año 1992 hasta diciembre del año 2000. En el año 2000 la delincuencia está en un punto y a mediados del año 1998 está en la misma situación; luego, desde mediados del año 1998 hasta el año 2000 la delincuencia se ha colocado en la misma situación. Si nos vamos al resultado final del prolijo discurso lógico del anterior ministro del Interior, la disminución del 0,91 entre el año 1999 y el año 2000 no se compadece, hay una evolución del 4 por ciento de diferencia entre el año 1999 y el año 2000. Repito, son las magnitudes que fija la Fiscalía general del Estado. Por consiguiente, no es aparentemente cierto que en el periodo de 1997 hasta diciembre del año 2000 la delincuencia sólo haya aumentado en un 0,90 o en un 0,91 por ciento. Si ustedes no están de acuerdo con este cuadro -les cito la fuente, Instituto de Estudios de Seguridad y Policía-, dígannos por qué no están de acuerdo con él.


El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, le ruego concluya.


El señor NAVARRETE MERINO: Voy a concluir esta primera intervención diciendo que las estadísticas que en sede parlamentaria se están manejando por el Ministerio del Interior no tienen credibilidad, por mucho que quisiéramos otorgársela. Nosotros esperamos que al igual que existe en otras cámaras de otros países remitan a ésta mensualmente la evolución de los datos criminales de los que tenga constancia el Ministerio del Interior. Quiero decir, porque se ha mencionado muy de pasada, que si la estadística fuera tan clara y diáfana sería inconcebible que funcionase tan bien el Cuerpo Nacional de Policía y tan mal la DirecciónGeneral de la Guardia Civil.


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El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo del PNV, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias por su intervención, señor secretario de Estado, y reciba la bienvenida del grupo al que represento.
Sólo quería hacer dos matizaciones, y una es en parte coincidente con las intervenciones de los grupos proponentes de la comparecencia.
Desde la perspectiva del grupo al que represento, resulta duro identificar miméticamente eficacia policial con evolución de la delincuencia. Cierto es que los aspectos preventivos y represivos tienen extraordinaria importancia, pero como se ha señalado, es evidente que en el número de delitos que se cometen en un momento concreto en una determinada sociedad inciden otras cuestiones, por ejemplo, qué se tipifica dentro del Código Penal; es decir, qué se considera delictivo o no, y en algunos de los datos que se han esgrimido se hablaba de los tiempos previos a la modificación del Código Penal, con lo cual hay que pensar que determinadas conductas entonces castigadas ahora son impunes o, al revés, determinadas conductas no contempladas ahora se consideran dignas de sanción.
Otras formaciones políticas han señalado la incidencia de los aspectos económicos en un doble sentido, tanto la situación económica general del país -mejor o peor- como aquellos hechos con los cuales es más fácil en un momento determinado encontrar dinero fácil tanto en el ámbito de un Estado como en relación con la delincuencia internacional; para todos resulta una obviedad que en los últimos tiempos determinada delincuencia organizada vinculada al tráfico de personas parece encontrar el dinero más fácil en esa vía que en lo que ha sido hasta ahora el tráfico de armas, por ejemplo, o el tráfico de drogas. A este respecto hay modificaciones sustanciales desde el punto de vista humanitario que debieran ser objeto de especial protección o represión en los tiempos que corren y desde época muy reciente. Inciden también aspectos sociales. Si no me equivoco, ha existido una cierta llamada de atención ante la pequeña delincuencia que se vincula a la marginalidad o a las situaciones de peor situación económica; en muchos casos esta delincuencia que surge en núcleos urbanos se debe a peor situación económica o a deficiencia en políticas de bienestar social. Doy por supuesto en todo caso que a usted no le incumbe aclarar esos cometidos en esta Comisión y que se ha referido usted estrictamente a lo que atañe al contenido orgánico del cargo que está desempeñando en este momento, pero me parecía importante que así quedase manifestado.
La otra cuestión hace referencia a algo también ya mencionado, y es a la existencia de otras policías. En el caso concreto de la Ertzantza me ha sorprendido que los datos por usted facilitados en cuanto al descenso de la delincuencia entre el año 1999 y el año 2000 son miméticamente exactos (si es que se puede utilizar una redundancia de este estilo sin dañar la lengua castellana) con los que me han sido facilitados por el Ministerio del Interior vasco, teniendo en cuenta la diferente magnitud de la población y extensión del territorio.
También en el caso vasco han descendido todos los tipos de delito (homicidio y sus formas, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual, contra el patrimonio y el orden público), excepción hecha de los dos mismos ejemplos que usted ha citado: los delitos contra la Administración de justicia y contra el orden público; no sé si es porque se utiliza parecidos sistemas estadísticos, pero igualmente ocurre que el número total de delitos ha sufrido un importante descenso, excepción hecha de esos dos bloques que he mencionado que coinciden con los manifestados por el señor secretario de Estado. Esto me sirve para poner en evidencia no tanto ante el señor secretario de Estado que sé que lo conoce sino ante esta Comisión que, frente a las críticas que se reciben constantemente por el mal actuar o el deficiente actuar de la Ertzantza, parece que o tienen similar eficacia o reciben órdenes semejantes que los otros Cuerpos y Fuerzas del Estado, puesto que los resultados estadísticos valorando el año 1999 y el año 2000 resultan sorprendentemente parecidos.


No tengo la percepción de que exista un aumento de la delincuencia como se ha manifestado por otras formaciones políticas, aunque sí distintos tipos de delincuencia; precisamente a eso me refería cuando he hecho las manifestaciones incluidas en el apartado primero.
Estamos ante circunstancias sociales que están posibilitando nuevos tipos de delitos respecto de los cuales será absolutamente necesario que no sólo las policías sobre las que usted tiene mando orgánico, como le he manifestado, sino todas tengan actitudes distintas por existir importantes cambios (sociales, económicos y también de movimiento y flujos de población) que van a exigir un comportamiento diferente.
En todo caso, me interesaba hacer sólo estas dos matizaciones, y con ello doy por concluida esta mi primera intervención.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quería agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, así como los datos, las cifras que nos ha aportado. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.) Yo no quiero ahondar en las diferencias de apreciaciones que han hecho otros grupos sobre si las cifras que nos ha aportado hoy aquí el secretario de Estado

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son o no las correctas. Sí que quiero abrir una reflexión en una línea similar a la que exponía hace unos momentos la portavoz del Grupo Vasco doña Margarita Uría.
Mi reflexión va en el sentido de que más allá de las cifras concretas especialmente en las grandes ciudades (incluso, si me lo permite el secretario de Estado, en algunas zonas específicas de grandes ciudades) existe en la ciudadanía en general una sensación de incremento de la inseguridad, una sensación creciente de falta de una respuesta adecuada, no únicamente policial sino incluso -ya que estamos ahora en el Parlamento- legislativa. Se nos pide una respuesta, y así se ha abierto una reflexión en la propia ciudad de Barcelona; la delegada del Gobierno en Cataluña junto con el alcalde de Barcelona han abierto públicamente una reflexión sobre la necesidad de cambios normativos para dar una mejor respuesta penal en algunos supuestos de creciente delincuencia urbana. No son delitos de gran magnitud en ocasiones, es pequeña delincuencia, pero por la reincidencia con que se dan puede aparecer ante la opinión pública la sensación de creciente inseguridad y sobre todo de impunidad ante ese pequeño delincuente que reincide una y otra vez sin que la magnitud de sus hechos penalmente tenga entidad suficiente para imponerle una pena privativa de libertad. Esa sensación de impunidad y de falta de respuesta ante estos hechos es creciente, y ahí nuestra preocupación.
Es cierto que los datos que ha aportado el secretario de Estado hace referencia a los cuerpos policiales que están bajo su estricta responsabilidad. Sólo para ahondar en lo que decían otros portavoces, el cuerpo de Mossos d?esquadra en el año 2000 conoció más de 62.000 delitos y faltas, cuando aún no tiene la implantación en el cien por cien del territorio de Cataluña. Hay otras cifras, hay otros datos que podrían contrastarse con los que se han aportado. Este diputado por Barcelona, ante esa creciente preocupación sobre las cifras y esa sensación de inseguridad que afecta a mi demarcación, muy concretamente al distrito de Ciutat Vella en Barcelona, hizo una pregunta al Gobierno sobre el número de personas que se habían detenido en la ciudad de Barcelona por la comisión de faltas leves y sobre cuántas personas habían sido detenidas cinco o más veces en la ciudad de Barcelona. La respuesta que me llegó del Gobierno el pasado 5 de marzo del 2001 arroja unas cifras que no se corresponden con ese dato positivo que nos daba el secretario de Estado de disminución de la delincuencia, porque sólo por faltas en la demarcación de Barcelona en el año 1999 hubo 2.799 detenciones y en el año 2000 fueron 3.001. Por tanto, ha habido un aumento de detenciones en materia de faltas.
A la pregunta que yo hacía al Gobierno sobre cuántas personas habían sido detenidas cinco o más veces por la comisión de faltas o delitos, el Gobierno no me da respuesta exacta, pero sí que me aporta un dato.
Puedo indicar lo que responde el Gobierno de las personas detenidas por delitos o faltas en la provincia de Barcelona que tenían algún tipo de antecedente policial. Señor secretario de Estado, en el año 1999 hubo 11.000 personas que tenían algún tipo de antecedente policial y que fueron detenidas en la circunscripción de Barcelona por delitos o faltas y en el año 2000 eran 11.912, un incremento de más de 900 que significa más del 8 por ciento desde el año 1999 al 2000. Quizá estas cifras puedan alumbrar esa preocupación que tiene mi grupo parlamentario, una preocupación que no nos impide destacar hoy aquí la labor que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia.
Por tanto, no es en ningún caso una crítica, sino un reconocimiento a esa labor, un reconocimiento, que también creo que debemos hacernos en esta Comisión de Justicia e Interior, de esa sensación creciente de inseguridad, especialmente cuando se da en el ámbito de las grandes ciudades y en distritos concretos de las mismas. Es labor de todos intentar buscar soluciones legislativas en ese ámbito.
Usted nos ha expuesto en la segunda parte de su comparecencia el plan de recursos humanos 2001-2004. En ese primer punto de su plan ha hecho una especial incidencia en mantener el despliegue territorial.
Yo le pido, señor secretario de Estado, una especial incidencia en el despliegue territorial en las grandes ciudades en donde esa sensación de inseguridad es mayor, en donde la pequeña delincuencia es mayor, en donde también se están dando fenómenos de delincuencia organizada, se cometen pequeños hurtos, pequeñas faltas contra el patrimonio o pequeñas lesiones, ese famoso tirón que usted decía que disminuye; seguro que si a los ciudadanos de Ciutat Vella les preguntamos si el número de tirones disminuye o no, nos dirán que ha aumentado de forma alarmante. Ante ese fenómeno, nosotros pedimos una reflexión y respuestas, que seguramente también tendrán que venir dadas desde este Poder Legislativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Yo desde luego no voy a hablar ni de peras ni de manzanas, pero hubiera deseado que no se mezclaran churras con merinas, porque esa mezcla probablemente lo único que hace es desajustar el debate. Ciertamente, señor secretario de Estado, podemos entender que se pretenda mezclar churras con merinas para desajustar el debate cuando los argumentos que ofrecen las cifras probablemente permiten sostener de manera muy débil argumentos contradictorios con lo que las propias cifras significan.
Yo tengo que comenzar recordándole quién es usted, porque usted es el secretario de Estado para la Seguridad, del Ministerio del Interior.
Por tanto, me llama la atención que sorprenda el que S.S. no haga ninguna referencia a lo que son actuaciones policiales o resultados en demarcaciones policiales que no están bajo la

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dependencia orgánica, ni funcional, ni competencial de S.S. y del Ministerio al que usted representa, y que, por tanto, hubiera sido absolutamente inadecuado por parte del señor compareciente que aquí se hubiera hecho esa mención. Como es natural, las policías autónomas, que tienen un despliegue integral, -y la policía autónoma está en este momento en fase de ir cubriendo gradualmente su despliegue integral-, y las propias policías locales, como han puesto de manifiesto otros señores portavoces, dependen de quien dependen y los legítimos actos de control sobre las mismas tienen que producirse en su sede. Otra cosa sería faltar al respeto competencial.
Nos parece que está bien como pieza del discurso, señor secretario de Estado, afirmar tajantemente que España en seguridad pública empieza a ir mal, y más que mal va peor. Nos parece que está bien como forma de construir un discurso, y mucho más cuando además se justifica esa afirmación sobre las bases, absolutamente legítimas como es natural, de señalar que la consecuencia más directa de ese diagnóstico viene predeterminada porque en España se ha dado en los últimos años una política social negativa y porque no se ha dado ninguna política de naturaleza y de alcance policial.
Señor secretario de Estado, sorprende a este grupo parlamentario que se haga esa aseveración, en tanto en cuanto los resultados de los últimos años, y no quiero ser prolijo en esta cuestión, en materia de política de empleo son los que son, son espectaculares. En una concepción moderna de lo que es la dimensión y el papel del Estado y de la sociedad no cabe duda que no hay política social más avanzada que aquella política económica susceptible de generar empleo, y cuando se nos dice además, señor secretario de Estado, que en los últimos años no se ha producido ninguna política de alcance policial, parece que se olvida que en los últimos años precisamente se han abordado las más intensas reformas en materia de política policial y de vertebración policial. Probablemente no se ha ido en la dirección que algún grupo parlamentario desearía en materia de desmilitarización de algún cuerpo o de unificación de cuerpos, y es legítimo que esa sea la pretensión propia o la concepción que sobre la vertebración de la política de seguridad interior tiene un grupo parlamentario, pero de ahí a decir que porque eso no se ha hecho no se ha hecho nada, nos parece que es un exceso que contradice la realidad. Tampoco quiero ser prolijo en esto, pero ciertamente se ha hecho un esfuerzo de innovación en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, con la creación del programa de policía de proximidad, o en la política de cuerpos se han producido avances muy sensibles en materia de coordinación, de formación, de especialización, de unidades generadas especialmente para luchar contra la gran delincuencia organizada, las Udyco en el ámbito de un cuerpo, los Edoa en el ámbito de otro cuerpo, Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, o los avances que se han hecho en la constitución de grupos especializados para luchar contra prácticas delictivas que generan una enorme alarma social y que, además, deben de mover a la solidaridad al conjunto de la sociedad, como las que tienen como víctimas los sectores sociales más débiles. Negar todo eso nos parece que está bien pero que no se corresponde con la realidad.
Desde luego construir el concepto de ingeniería estadística para argumentar, señor secretario de Estado, que las cifras son esas pero que no son las que responden a la realidad, a nosotros nos parece, dicho con toda cordialidad, fruto de un desconcierto opositor que o viene determinado por la vía de una saludable y noble ignorancia o por la vía del más estricto deseo de tergiversación. Hemos repetido hasta la saciedad que no admite ningún género de comparación en términos técnicos lo que son las estadísticas dimanantes de la memoria de la Fiscalía general del Estado y las dimanantes del Ministerio del Interior, por la sencilla razón de que miden cosas distintas, y probablemente habrá que seguir repitiéndolo porque desde luego lo que no vamos a aceptar es que la repetición a sensu contrario de lo que yo estoy diciendo pretenda establecerse como una verdad absoluta. La memoria de la Fiscalía general mide actuaciones de los órganos jurisdiccionales; la memoria del Ministerio del Interior mide delitos. Por tanto, nos sorprende que esta tarde en alguna argumentación se hayan producido unos notables ejercicios de memoria cambiante o de memoria selectiva, y nos parece que es un ejercicio muy notable de memoria cambiante decir hoy una cosa, cuando hace cinco, seis o siete años se decía exactamente lo contrario. Hoy, entre una y otra estadística, unos grupos se quedan, porque les parecen más fiables, con los datos que incorpora la memoria de la Fiscalía general del Estado, pero con toda certeza esos mismos grupos sostenían hace cinco, seis o siete años una argumentación en términos técnicos exactamente igual a la que yo estoy sosteniendo ahora, por la sencilla razón de que esa es la que se corresponde con la realidad en la medida en que ambas estadísticas están midiendo cuestiones distintas. Nos decían hace cinco, seis o siete años que los datos auténticamente fiables eran los que provenían de la estadística del Ministerio del Interior, porque medían delitos, y que los datos de la memoria de la Fiscalía general del Estado estaban evaluando actuaciones de los órganos jurisdiccionales y que, por tanto, no cabía establecer una comparación entre ambos.
Nos parece, señor secretario de Estado, que es también un ejercicio de memoria selectiva -el caso anterior podría ser un ejercicio de memoria cambiante, en este caso de memoria selectiva- pretender que los déficit que se dan, y que S.S. ha apuntado, en materia de política de personal, las necesidades que en este momento hay que abordar en materia de política de personal respecto de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil es algo así como una

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realidad surgida a bote pronto, encontrada a la vuelta de la esquina, o prácticamente producto de anteayer. Nosotros sabemos, y lo decimos con enorme respeto y tranquilidad, que esta argumentación no gusta ser escuchada por parte de algún grupo parlamentario, pero inevitablemente tenemos que decir que eso no es así, que los déficit que en este momento pueden existir, y que existen, en materia de plantillas como consecuencia fundamentalmente del envejecimiento de las mismas, provienen necesariamente de una larga etapa de catorce años de imprevisión en materia de la evolución de las propias plantillas.
Ahora se están pagando las consecuencias, y para evitar que otro gobierno en el futuro -en el futuro esperemos que lejano, desde la perspectiva de este grupo parlamentario, pero desde luego cuando lo decidan los españoles-, tenga que padecer esa misma situación, el Ministerio del Interior está abordando un plan de medio y largo alcance -se ha hecho referencia a él-, el Plan 2001-2004, en materia de ajuste de plantillas. Con este plan se pretenden evitar situaciones de imprevisión, dejar pasar las cosas con el pretexto de que ya se harán mañana, la frase tradicional de vuelva usted mañana, en relación con las necesidades de las plantillas, y que nadie se tenga que encontrar, en el futuro otro Gobierno, con la situación que ahora nos estamos encontrando. Lo dijo el señor Mayor Oreja, lo decimos todos los que tenemos un poco de sentido común. Los datos estadísticos hay que relativizarlos, naturalmente que sí; los datos estadísticos hay que interpretarlos. Ahora, lo que no se puede hacer con los datos estadísticos es pretender obviarlos o simplemente cambiarlos porque sí. Lo que no se puede obviar es que los datos estadísticos dicen que, efectivamente, la delincuencia se ha reducido. Esto no significa autocomplacencia por parte de este grupo parlamentario ni del Ministerio del Interior ni por parte de nadie.
La seguridad es un concepto objetivable, pero tiene un componente básico, un componente fundamental subjetivo, y por tanto, hay que avanzar cuantas medidas y disposiciones sean convenientes para ir completando ese factor objetivo, pero al mismo tiempo hay que ir reduciendo los factores subjetivos. Es cierto que la delincuencia se ha reducido en términos generales y es cierto también, y es perfectamente compatible con ese dato global, que en determinadas zonas, como consecuencia de momentos o de situaciones puntuales, existe una situación de inseguridad -la apuntaba, por ejemplo, el señor Jané-, que entre todos hay que abordar con el rigor, con la intensidad y con el sentido común que la propia situación exige.
No nos parece un argumento sólido, señor secretario de Estado, que se nos diga que no se puede engañar a todo el mundo durante mucho tiempo. Es verdad. Este grupo parlamentario considera que no se debería intentar engañar a nadie, ni siquiera por un tiempo mínimo. Y en ese contexto de lo que acabo de decir me parece que alguien debería reflexionar cuando hace afirmaciones de este talante, señor secretario de Estado. Porque ahí están también las percepciones de los ciudadanos, plasmadas a través de estudios científicos y de opinión serios. Es decir, hace diez, doce, quince, veinte años, la sensación subjetiva, pero global, colectiva, de inseguridad ciudadana ocupaba el primer o segundo lugar en las preocupaciones de los españoles. Hoy, los últimos estudios nos están diciendo que esa sensación global, subjetiva, de inseguridad ocupa el quinto o sexto lugar. ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos se engañan? ¿Que los ciudadanos no saben captar globalmente cuál es su realidad? Pues nosotros, señor secretario de Estado, creemos que esto no es así. No nos parece tampoco un argumento incontestable decir que los ciudadanos se creen que están seguros, pero no saben que no están seguros porque, entre otras cosas, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un procedimiento, por lo visto muy inteligente y muy sublime en sus planteamientos, de desactivar las denuncias. Señor secretario de Estado, yo creo que usted coincidirá conmigo en que cualquiera que sepa un poquito de esto sabrá que precisamente el Ministerio del Interior, en los últimos años ha impulsado un procedimiento renovador en materia de denuncia, con la idea de facilitar al ciudadano el hecho de que denuncie, con la idea de hacerle mucho más accesible la denuncia, con la idea precisamente de modernizar el propio procedimiento a través de la denuncia telefónica, a través de la denuncia por Internet. Es decir, cuando esto se está haciendo -y algunos nos sentimos muy orgullosos de que esto se esté haciendo, porque entendemos que es una manera muy directa de facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos- que se nos diga que no, que lo que se está haciendo es exactamente lo contrario, nos parece algo sorprendente.
Permítame que le diga, a título de comentario -y el término de mezclar churras con merinas no ha sido la iniciativa de este grupo parlamentario-, que cuando se nos dice que han sido unos años de bonanza económica muy importante, y se pretende, como de pasada, hacer ver que estos años nos han tocado como a quien le toca la lotería o nos los hubiéramos encontrado a la vuelta de la esquina, hay que recordar que ni nos los hemos encontrado a la vuelta de la esquina ni nos han tocado en una lotería. Estos años, ciertamente, han sido años de bonanza económica importante, pero han sido consecuencia de una política económica y social seria, rigurosa, bien planificada, austera, consciente de las necesidades del país a corto, a medio y a largo plazo y que tiene también su reflejo y sus derivaciones en la política de seguridad. Eso no es comparable a decir que los años de bonanza económica casi, vuelvo a repetir, son fruto del premio gordo de la bono loto, de la quiniela o de la primitiva.
Concluyo, señor secretario de Estado, diciéndole que cuando se citan fuentes hay que identificarlas. Hay fuentes que por los medios de los que disponen, por los

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años de ejercicio de su tarea profesional o de su tarea científica no son ni mejores ni peores; son fuentes que tienen un mayor bagaje en el tiempo y a lo mejor tienen también más medios a su disposición. Se ha citado una fuente que es respetabilísima, que responde al esfuerzo de un grupo de profesionales. Pero se tiene que decir que es una fuente prácticamente fruto de la iniciativa privada próxima, paralela, coadyuvante con una determinada fuerza sindical. Todo nos parece respetabilísimo, pero que se identifique exactamente la fuente, porque, por ejemplo, el Banco de Sabadell, que es muy respetable, no se puede comparar en dimensión, en estructura y en alcance con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional.
Por tanto, voy al principio y concluyo. Este grupo parlamentario valora el esfuerzo que el Gobierno está realizando en materia de ajuste de plantillas; este grupo parlamentario valora el esfuerzo y los logros conseguidos por el Gobierno, por el Ministerio del Interior, por la Secretaría de Estado de Seguridad y por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de reducción de la delincuencia, y, al final, este grupo parlamentario dice que su opinión, siendo una opinión, legítima, probablemente sería poco valiosa desde el punto de vista científico si estuviera de espaldas a lo que dicen los ciudadanos. Pero lo que los ciudadanos dicen, según los últimos estudios de opinión, es que su preocupación, en lo que respecta a la inseguridad ciudadana, ha bajado al quinto o sexto lugar frente al primero o segundo que ocupaba hace muchos años. Y quienes creemos profundamente en que los ciudadanos no se equivocan a la hora de hablar, no se equivocan a la hora de votar, no se equivocan a la hora de decir el país que quieren, creemos también que los ciudadanos no se equivocan cuando, en conjunto, valoran si se sienten seguros o inseguros.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado para la Seguridad, señor Morenés.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): Gracias, señorías por sus intervenciones. Voy a tratar, según nos aconsejaba el señor Navarrete, de hablar del bosque, ya que de los árboles hemos hablado suficientemente, aunque debo decir que con criterios dispares.
Permítanme que empiece apoyándome en lo que el portavoz del Grupo Popular ha dicho, respecto a las estadísticas, como no podía ser de otra manera, porque, entre otras cosas, estaba el 28 de noviembre en el Ministerio. Me tengo que ratificar plenamente en lo que el señor ministro del Interior, a la sazón Mayor Oreja, dijo ante esta Comisión. Es decir, la diferencia cuantitativa que existe entre un tipo y otro de estadística es tan grande que, como comprenderán ustedes, los que nos achacan que estamos diciendo unas cosas que no se compadecen con lo que dice la Fiscalía general del Estado, jamás la emplearíamos para justificar cualquier tipo de eficacia o en este caso, tal y como pretenden algunos grupos, de ineficacia en el tema policial.
A mí me interesa decir aquí, fundamentalmente, dos cosas, que además creo que son las que preocupan de verdad a sus señorías. En opinión de algunos de los grupos intervinientes, y según una estadística que mide lo que mide (así lo dijo el ministro del Interior, así lo creemos nosotros y así se ha ratificado hoy aquí), mide la actividad judicial de lo que es la criminalidad en España, hay una sensación de inseguridad ciudadana. Yo debo decir que esa sensación de inseguridad ciudadana nos preocupa extraordinariamente, independientemente del rango que ostenta hoy en día en los elementos de medición (en mi opinión, absolutamente independientes y bien realizados desde el punto de vista estadístico, por el Centro de Investigaciones Sociológicas), y sigue siendo un elemento de preocupación, a pesar de que ha mejorado extraordinariamente esa sensación subjetiva de los ciudadanos españoles en relación con la seguridad. Por eso, paso al segundo de los aspectos.
Se nos ha acusado a nosotros, al Gobierno, de que no hacemos nada en relación con la seguridad. Señor Alcaraz, yo creo que nosotros hacemos cosas que son medibles, y no solamente desde el punto de vista de los resultados estadísticos (ya sé que esos usted los discute), como reorganizar la Policía Nacional y la Guardia Civil en cuanto a su distribución territorial, mejorar los aspectos del capítulo 6 incrementando los presupuestos del Ministerio del Interior como no habían sido incrementados en los últimos años, previendo planes de incremento de efectivos (que reconocemos que son necesarios porque ahora, para todo lo que hay que hacer frente, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del orden público, no son suficientes), aprobando planes en Consejo de Ministros y poniéndolos en vigor, y sacando adelante una política en el sentido de compartir la preocupación que algunos de ustedes nos anunciaban en cuanto a la seguridad ciudadana, y que nosotros también la tenemos, solamente que en grado extraordinariamente diferente.
Respecto a la intervención del representante del Grupo de Convergència i Unió, creo que lo que le debería decir es que yo entiendo bien el problema de Barcelona. En estos momentos existe una policía autonómica que se tiene que hacer cargo de Barcelona y una policía que tiene que ir abandonando Barcelona, y eso crea unos problemas muy importantes de flujos de personal porque afecta muy fundamentalmente a las situaciones familiares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están allí. Estamos intentando resolverlo. Yo sé muy bien que la conurbación de Barcelona tiene esos problemas. El propio Gobierno catalán, la Generalidad catalana, lo que ha hecho es adelantar su despliegue

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a Barcelona porque esa situación es difícil, y compartimos esa visión con ellos. Le puedo asegurar que trabajamos permanentemente en esto y que los planes y la oferta pública de empleo van precisamente a tratar de paliar esas situaciones que se están creando en este momento (a lo mejor por una coincidencia de despliegue- repliegue que no se compadece muy bien en los tiempos) de delincuencia o de sensación de inseguridad ciudadana en Barcelona, aunque yo creo que no debería ser así. Ciutat Vella se llama la parte de Barcelona donde usted está y sé que hay unos problemas graves de delincuencia, pero de eso a extrapolar una situación de inseguridad ciudadana a toda Barcelona o a toda Cataluña, creo que es realmente exagerado. Usted está hablando de la parte más conflictiva de Barcelona en relación con el pequeño y también con el gran delito.
En cuanto a lo que decía doña Margarita Uría en su intervención, quiero decirle que la medición interna que hacemos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es verdad que obedece a una serie de criterios estadísticos, que tienen una aplicación directa distinta en la Guardia Civil y en la Policía. Pero yo le puedo asegurar a quien lo ha dicho que nosotros no tratamos de premiar el descubrimiento del delito en la Guardia Civil y de premiar la ocultación del delito en la Policía. Creo que el Cuerpo Nacional de Policía, dada la actividad que desarrolla y el sacrificio que hace permanentemente, no merece que se diga que sus éxitos en la prevención del delito (que puedo decir que son grandes en estos últimos años), de todo tipo de delitos, son éxitos porque -se dice- lo que hay que hacer es no atacar, no prevenir o no operar contra el delito, sino todo lo contrario. Lo que hace la Policía, precisamente -y lo he dicho en esta comparecencia-, aun a riesgo (y no lo llamaría yo riesgo, sino simplemente transparencia) de que se incremente el número de delitos, es aunmentar su actividad, potenciarla. La Policía ha hecho un programa de policía de proximidad, que para mí tiene dificultades para llevarlo adelante, sobre todo desde el punto de vista económico, con su reflejo en el incremento de los Presupuestos Generales del Estado, y de recursos humanos, con su reflejo en la oferta pública de empleo. Pero creo que el programa de policía de proximidad tiene la capacidad, en su desarrollo posterior, de hacer tareas de policía preventiva y, sobre todo (algo que les ha preocupado a ustedes muchísimo, y a mí también), de aumentar la sensación de seguridad que tienen los ciudadanos. La presencia policial, que solamente se puede lograr a través del incremento de los recursos humanos en las calles de España, es la que hará que esa sensación subjetiva, que a veces no se compadece con los datos objetivos, sea de alguna manera suavizada en cuanto a determinados aspectos.
Ya termino. Agradezco de manera importante la intervención del portavoz del Grupo Popular, porque creo que ha resumido todo, y conocimientos tiene por su largo tiempo en esta Comisión y en esta responsabilidad del Ministerio del Interior. Nosotros estamos llevando a cabo una serie de acciones constatables, estamos midiendo los ratios de delincuencia en España, no para ganar una determinada batalla de opinión pública (que ésa ya está ganada por las sensaciones subjetivasque reflejan las encuestas del CIS), sino precisamente para permitir un mayor aliciente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el desarrollo de sus misiones. Afortunadamente, eso se refleja en los datos que yo he dado y en la sensación subjetiva. Nada más tengo que añadir en este sentido. Yo he hablado de delitos, no he hablado de faltas, pero puedo decir que, sumando los delitos y las faltas, en el año 2000 tendríamos 1.771.089 y en el año 1999 teníamos 1.773.041. No quiero volver a entrar en las cifras porque entiendo que ahí ya no puede haber un acercamiento, pero insisto en que nosotros, primero, no maquillamos y, segundo, si alguna vez algún Gobierno ha tenido la tentación de maquillar (y espero que nadie la haya tenido), jamás utilizaríamos un sistema tan burdo como el que ustedes sugieren que hemos utilizado.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor secretario de Estado.
Ahora nos encontramos en el justo momento de afrontar el célebre segundo turno de intervenciones. Yo les pediría a los portavoces de los grupos parlamentarios que fueran coherentes con la filosofía que nos ha llevado a acumular las comparecencias para que la sesión sea ágil, invitándoles a que no dejen un solo argumento en el tintero, pero que hagan un esfuerzo de síntesis que los demás miembros de la Comisión les agradeceremos y ustedes mismos lo agradecerán si terminamos a una hora razonable.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, por eso estamos haciendo el esfuerzo, yo mismo he acumulado tres comparecencias en el siguiente turno.
Señor Morenés, muchas gracias por su turno voluntarioso y vacío, porque usted no ha dado argumentos a la hora de rebatir esa idea de que no hay política policial y que el Programa 2000 no llena ese vacío, ese desierto a la hora de aplicar una política policial en un momento muy determinado. No ha aparecido ni un solo argumento, ni nuevo ni viejo, a la hora de desactivar ese rótulo de ingeniería estadística que yo he utilizado y que tanto le ha gustado al señor Gil Lázaro. Por lo tanto, yo creo que no se ha hecho ni el más mínimo esfuerzo a la hora de responder a algo que se ha documentado con números que se explicaban por sí mismos, no había que añadir casi ningún adjetivo. Nuestra preocupación, puesto que no creemos que la delincuencia parta de la maldad innata de las personas, radica en el hecho de una falta de política social y económica con respecto a la vida cotidiana, no con respecto a los mercados o a los cuadros macroeconómicos, y nuestra preocupación aumenta

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en un momento en que aparece el ciclo negativo de la economía y políticas como el déficit cero o reformas laborales y otras por el estilo que se están anunciando. Esa es nuestra grave preocupación, que después expresaré a la hora de señalar cómo ustedes confunden una política de orden público con la política policial que hay que emplear en el caso de manifestaciones sociales, laborales o de cualquier otro tipo.
No quiero incidir más en ello porque me parece que no vamos a conseguir un debate esta tarde aquí. Los argumentos que hemos utilizado muestran que hay un vacío de política. Hacer cosas no quiere decir que se tiene una política. Falta esa arquitectura, esa estrategia profunda que no aflora aquí bajo ningún concepto. Hablar mucho y muy seguido no es equivalente a tener una política, señor Gil Lázaro. Nosotros no hemos tergiversado nada, hemos dado datos oficiales y los hemos comparado sin casi ningún tipo de explicación.
Lo que pasa es que esos datos, he de reconocerlo, no le han dejado sin palabras, pero sí lo han sentado de culo argumental, porque no ha tenido argumentos para responder a ellos sino aludiendo a que ha habido tergiversación. Hoy no es su tarde, esta tarde no está usted redondo. Por lo tanto, me voy de aquí como vine, con la sensación, por una parte, con la convicción, por otra, y con la apoyatura numérica y estadística de que las calificaciones que hemos hecho tienen absoluta razón de ser.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sanjuán.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor secretario de Estado, le agradezco, de verdad, el interés que pone en intentar explicarnos lo que, a mi juicio, es inexplicable. Porque la memoria del ministerio fiscal, insisto, habla de la evolución de la delincuencia en España y quiero decirle que la comparecencia de hoy es para informar sobre la evolución de los delitos cometidos en España, de la delincuencia en España, en un período concreto y determinado. Usted ha dicho que miden cosas diferentes, pero voy a utilizar sus palabras; ha dicho concretamente que la memoria del ministerio fiscal mide la actividad judicial de la criminalidad en España. Pues bien, si esta actividad judicial crece año tras año de manera importante y sin cambiar las bases estadísticas es porque aumenta la criminalidad; si no, la actividad judicial de la criminalidad no podría aumentar de manera constante teniendo las mismas bases estadísticas. ¿Qué ocurre? Que han cambiado las bases estadísticas y usted nos lo ha dicho al principiode pasada. Elegantemente ha dicho: voy a dar los datos que tenemos en el Ministerio del Interior de la delincuencia en relación con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Pero es competencia de ese Ministerio la seguridad global de este país y la seguridad ciudadana en su conjunto. El señor Gil Lázaro lo ha dicho ya con absoluta nitidez, porque el señor Gil Lázaro habla mucho y de vez en cuando se le van sus palabras; ha dicho con absoluta claridad que cómo va a medir el Ministerio del Interior la delincuencia de otras policías, que eso no es de su competencia, que hasta ahí podríamos llegar. Resulta que aquí estamos preguntando por el nivel de delincuencia en España, no en Barcelona o en la ciudad de Málaga respecto de lo que hace la Policía local, respecto de lo que hace la Ertzaintza o de lo que vayan a hacer los Mossos d?Esquadra, sino por toda la delincuencia. Lo que estamos diciendo es que el ministerio fiscal sí mide toda esa delincuencia, y lo dijo el anterior ministro, dijo que mide los datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías locales y los delitos que llegan directamente al juzgado, mientras que aquí sólo medimos los de la Guardia Civil y los de la policía.
Dos cosas más. Yo no he dicho que la productividad sea ocultar el número de delitos; he dicho que en el programa de Policía 2000, que ustedes han puesto en marcha, la productividad y el plus de productividad está fundamentalmente en la función preventiva que tiene toda la policía. Eso es así, lo sabe usted tan bien como yo.
Por consiguiente, esa función preventiva va dirigida a que haya el menor número de delitos, cosa que es mucho más encomiable que tenerlo que descubrir. Lo ideal de cualquier policía es evitar que se cometan delitos. Pero usted y yo sabemos que cuando se está a punto de perder una productividad en sueldos escasos, se enmascaran a veces las cosas. Pero si las enmascaran ustedes, y lo estamos viendo con toda claridad, ¿cómo no lo va a hacer el pobre policía que puede perder 10.000 pesetas? He sido testigo de excepción en casos de este tipo de cómo se trasmuta un delito en una falta o una falta en un tema que va a quedar en el archivo. Ya veremos si pasa a ser o no delito o falta.
Esto nos lo dicen los policías continuamente. Por consiguiente, no ponga en mi boca lo que no he dicho ni lo que no quiero decir, así como le digo que la productividad en la Guardia Civil sí está en función del número de delitos que descubren.
Parece que llegó el PP y llegó la luz y se hizo la policía. Señor Gil Lázaro, no. Si aquí hubo una reestructuración policial fue durante los años de los gobiernos socialistas, donde se unificaron los cuerpos, etcétera. Lo único que han hecho ustedes ha sido la Policía 2000, que la llaman policía de proximidad, lo cual es muy interesante y muy importante, con ese bello juego de palabras, en el que usted es un artista. Pero vamos a crear un nuevo término; ahora se puede hablar en vez de ingeniería estadística, de ingeniería creativa, que estaría más de moda. (El señor Gil Lázaro: Artístico- creativa.) Policía de proximidad es lo que denominábamos policía de barrio.
Por último, si hay que decir que la culpa es toda del pasado, ¿por qué no vamos más allá? Hablando de pasado, yo diría que la culpa de todo la tiene el señor Fraga, que fue también ministro del Interior.
(El señor Gil Lázaro: El señor Fraga no ha estado en la cárcel.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Navarrete.
(Rumores.) Silencio, por favor.


El señor NAVARRETE MERINO: Vamos al capítulo de conclusiones. Mi vaticinio de que el señor Gil Lázaro nos iba a hablar de las peras y las manzanas, teniendo en cuenta que la expresión de churras y merinas y peras y manzanas son equivalentes, se ha confirmado plenamente y yo creo que mis demás juicios de valor también. Nos preocupaban dos temas: la progresiva reducción de efectivos que se está produciendo en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y la incidencia que esto tiene sobre la evolución de la delincuencia. Es el propio señor Cotino Ferrer el que reconoce que en el período 1996-1997 a 2001, junto con la reducción que se había producido al principio de su mandato, que nos la dejó en sombra, supone 2.200 policías. Por consiguiente, la reducción en el Cuerpo Nacional de Policía es del período de Gobierno del Partido Popular.
Segundo, en cuanto a la reducción de efectivos en la Guardia Civil, he dado datos del registro central de personal que comienzan el 1 de enero del año 1997 y concluye el 1 de enero del año 2001. Por consiguiente, corresponden también al mandato del Gobierno popular.
Entre ambos, estamos en una cifra entre los 7.500 y los 10.000 policías y guardias civiles, por debajo de lo deseable para equipararnos a períodos anteriores, a períodos del Gobierno socialista. Ahora sí tiene sentido referirnos al período de mandato socialista.
No hemos dicho, ni el representante de Izquierda Unida ni los compañeros que estamos interviniendo por el Grupo Socialista, que la disminución o el aumento de la delincuencia tenga que ver exclusivamente con la mejoría o el empeoramiento de la situación socioeconómica, sino que la disminución de la delincuencia guarda alguna relación. Yo he manifestado que la fuente que estoy utilizando reconoce que ha habido una disminución de la delincuencia en el año 2000 (me refiero nuevamente al cuadro publicado en un boletín del 6 de diciembre del año 2000 del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía), además de lo que ya se ha dicho sobre el fiscal general del Estado. Por tanto, alguna relación hay.
Con estos datos he desmontado el argumento de la comparecencia del anterior ministro del Interior en el período 1996-2001, período durante el cual la delincuencia no ha crecido algo menos del 1 por ciento, sino algo más del 4 por ciento desde 1997 y a finales del año 2000 -según esa misma fuente- nos colocábamos en el mismo nivel de delincuencia que tenían ustedes en el segundo año de su responsabilidad en el Gobierno.
Además, hay cosas muy importantes. Mientras que, por ejemplo -está demostrado por el mismo registro de personal de las administraciones públicas-, durante su mandato ha aumentado el número de altos cargos, también cabe decir que ha disminuido el número de efectivos policiales. ¿Cuál es el bien más importante desde el punto de vista de su protección constitucional? El derecho a la vida.
Estamos hartos de saber por los periódicos de la falta de protección policial respecto de personas señaladas en los criminales propósitos de ETA o señaladas por su situación de alto riesgo; estamos hartos de saber que muchas de estas personas carecen de la elemental protección policial. ¿Cómo es posible que estemos hablando, por ejemplo, de reducir determinados impuestos -no todos, alguno- o de mantener un número bajo de efectivos policiales cuando el propio Gobierno reconoce que no está en condiciones de proteger la vida de todas las personas señaladas por la documentación que se encuentra en poder de ETA o por la posición de alto riesgo que ocupan en la vida política? La repercusión de la disminución de efectivos también se produce en la aplicación del Programa 2000. El Programa 2000 es una maniobra propagandística que ustedes se sacaron de la chistera en vísperas de las últimas elecciones generales y, claro está, no podemos hacer dos cosas contradictorias: disminuir los efectivos policiales y, al mismo tiempo, garantizar la existencia de una policía de proximidad, a no ser que recurramos a algunos trucos, a algunas trampas, como es, por ejemplo, que la policía de proximidad se acabe por la tarde, no se continúe durante la noche y no exista durante los fines de semana, es decir, durante los períodos de mayor auge de la delincuencia.
Deleguen ustedes en las correspondientes juntas de seguridad, en la policía local, esa labor de policía de proximidad y reconduzcan la labor de la policía a las áreas de delito de mayor peligrosidad.
Finalmente, con el propósito de colaborar en lo que debe ser una tarea común, le pediría que determinen por fin cuál es la plantilla y la cubran, que establezcan un incremento de la oferta pública para satisfacer positivamente el saldo negativo de las jubilaciones y de los óbitos, que aumenten los niveles de formación, que no insistan en completar plazas con personal administrativo proveniente del cuerpo general de la Administración pública (háganlo, pero no sigan insistiendo, porque ya estamos hartos de oírlo en esta Comisión), que revisen la segunda actividad, que delimiten las funciones entre los cuerpos de seguridad, jugando también con las policías autonómicas y con la policía local, que inviertan en la Guardia Civil, porque aquí no ha tenido ninguna respuesta el fabuloso incremento de la delincuencia en las zonas rurales. ¿Es que vamos a crear ciudadanos con una protección policial de primera categoría en los ámbitos urbanos, como pide el representante de CiU, y vamos a desproteger y dejar sin ningún tipo de respuesta lo que lamentablemente está ocurriendo en los ámbitos rurales? Monten comisarías de policía en todos los municipios con más de 50.000 habitantes y, por favor, envíennos a esta Comisión una información mes por mes de los datos sobre criminalidad que tengan, porque le anuncio, señor secretario de Estado, que la batalla de

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las cifras en materia de prevención y represión de la delincuencia no ha hecho más que comenzar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Voy a ser muy breve, aunque algunas de las intervenciones podrían invitar a otra por parte mía más prolija.
Yo he dicho exactamente lo que he dicho y creo que está perfectamente ajustado al sentido de esta comparecencia. Es decir, que el secretario de Estado de Seguridad hoy tiene que explicar aquí lo que está haciendo el cuerpo nacional de Policía y lo que está haciendo la Guardia Civil para combatir la criminalidad porque esa es su responsabilidad, pero no tiene que dar cuenta de lo que está haciendo la Ertzaintza, las policías locales o los mossos d?Esquadra, porque no es esa su responsabilidad orgánica ni funcional. Eso es lo que he dicho y me remito al «Diario de Sesiones».
Nunca hemos dicho nosotros que llegó el PP y se hizo la luz. No lo hemos dicho en materia de seguridad ni en ninguna otra materia; otra cosa es que los resultados en materia de seguridad y en muchas otras materias digan lo que dicen y, al final, lo dice el pueblo el español, refrendando por mayoría absoluta una gestión que se inició sin disponer de esa mayoría absoluta. Como usted comprenderá, no se nos puede pedir que estemos callados cuando se nos plantea un panorama catastrófico, absolutamente paupérrimo en determinados ámbitos y se olvida que eso no es un acto puntual que surge en esta o aquella manifestación, que no es un incidente que surge en esta o aquella comisaría o un hecho que se produce en este o aquel cuartel de la Guardia Civil, sino el resultado de una política sostenida de años, como lo es siempre todo lo que afecta a las políticas de personal y especialmente al envejecimiento de las plantillas. No se nos puede pedir que, encima, digamos que efectivamente este es un problema que ha surgido ahora o anteayer. No; seguimos diciendo que es un problema que en estos momentos determina una consecuencia, probablemente como fruto de imprevisiones anteriores. Pero no somos nosotros, sino algunas de SS.SS. las que se empeñan siempre en sacar ese debate y probablemente quieren que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno permanezca callado, silbe o acepte una especie de reconocimiento de culpa en asuntos que creemos que tienen, por su propia naturaleza, un largo trasunto en el tiempo. Yo sigo diciendo que afirmar que no existe política policial es un mero voluntarismo y yo lo respeto profundamente como parte del discurso de una determinada fuerza política, pero no deja de ser un mero voluntarismo.
Podría, en este momento, hacer un suma y sigue muy prolijo de cuestiones, de hechos, de realizaciones que acreditan que existe una política policial porque forman parte de esa política policial.
Permítanme simplemente que les cite un dato. Ha habido un momento de austeridad, un momento de recorte de gasto como consecuencia de la necesidad de poder llevar adelante determinadas políticas económicas y sociales de larguísimo y profundo alcance, como son las que afectan al empleo, a la creación de empleo, que es la mejor fuente de igualdad entre los ciudadanos, el que todos puedan disponer de un empleo digno para poder desarrollar su proyecto personal y, desde ese proyecto personal, con plena legitimidad y pleno ejercicio de sus derechos, su participación social. Que en ese contexto el Ministerio del Interior consiga en un único ejercicio, aplicando fórmulas innovadoras, como la del renting, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de 1.500 nuevos vehículos me parece una expresión muy clara de que en términos operativos, en términos de política de personal, en términos de medios, en términos de intendencia y en términos logísticos existe globalmente esa política policial que se niega.
Yo reconozco, cómo no voy a hacerlo, no solamente que a lo mejor ésta no es mi tarde, sino que algunas otras no lo han sido o no serán mi tarde. Pero ese no es el problema. La cuestión es que los ciudadanos han venido diciendo durante sucesivas convocatorias electorales que no es la tarde de conjunto de quien a mí me invoca que ésta no es mi tarde, y me remito a los resultados electorales.
Para finalizar, una de SS.SS. ha dicho algo en su discurso que me preocupa enormemente. Cito textualmente. Ha manifestado el señor Sanjuán que él ha sido testigo personal de cómo se transmuta un delito en una falta. Y yo supongo que, si ha sido testigo personal de eso, habrá hecho algo, como es naturalmente su obligación y la de todos como ciudadanos que somos. Lo que me preocupa, porque el señor Sanjuán eso no lo ha especificado, es cuándo fue testigo de eso. ¿Fue el señor Sanjuán, según sus propias palabras, testigo de cómo se transmuta un delito en una falta en cuando tenía responsabilidades políticas o lo fue cuando era subsecretario del Ministerio del Interior?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Sanjuán.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: El señor Gil Lázaro se ha pasado, tal y como hace siempre. Yo he dicho lo que he dicho y está reflejado en el «Diario de Sesiones». El señor Gil Lázaro es un impertinente y ahora tiene la palabra por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero recordar que el señor Sanjuán ha dicho literalmente, y apelo al «Diario de Sesiones», que ha sido testigo de cómo se transmuta un delito en una falta. Si eso le parece unaimpertinencia, a mí me parece algo más, pero en todo

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caso no lo ha dicho quien le habla, sino el propio señor Sanjuán.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para cerrar el debate.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor presidente, señorías, voy a ser muy breve.
Señor Alcaraz, me ha dicho usted que he hecho un discurso voluntarioso -tengo que decirle al respecto que yo hago lo que puedo- y vacío. Pues bien, la parte de mi discurso con la que he creído contestar a lo que usted llama su discurso lleno ha sido la primera.
Lo que pasa es que lo relativo al terreno de las cifras y de los conceptos que he dado no lo ha considerado usted como un discurso lleno, pero no porque no estuviese lleno, sino porque a usted ese contenido por lo visto no le interesaba.
Señor Sanjuán, no he tratado de poner en su boca otra cosa que lo que he entendido que usted me había dicho, esto es, que la policía mide su productividad para que no existan delitos. No estoy juzgando a los pobres policías, que, por cierto, yo no les llamaría así. Son policías que, al igual que sus jefes, miden honradamente un aspecto fundamental que usted ha reconocido también: la prevención de los delitos. De alguna manera sería el desiderátum de la policía poder prevenir y no tener que operar luego. En ese sentido, no he hablado ni de enmascarar ni de maquillar ni de tergiversar ninguna de esas cosas. Entiendo lo que usted quiere decir y le puedo asegurar que, si eso se diese en algún momento, nuestra obligación como Gobierno sería precisamente evitar que esa situación se diera.
Señor Navarrete, con respecto a la preocupación que usted ha manifestado, no voy a entrar en los temas estadísticos. Ha hablado usted del número de policías y de su reducción a lo largo de un histórico y yo tengo constatado que hubo la misma reducción de policías entre 1990 y 1996 que la que ha habido desde 1996 hasta el año 2001, con una diferencia, que nosotros estamos estableciendo planes para poder mover esa curva hacia arriba. ¿Por una buena coyuntura económica? ¿Por una buena administración? Yo diría que por algo que se ha dicho en esta sesión, porque somos conscientes -lo he manifestado en la primera parte de mi intervención- de que la seguridad ciudadana tiene dientes de sierra y tenemos que estar prevenidos contra ellos. En eso estamos.
En cuanto a lo que ha manifestado en relación con ETA y la gente que está cubierta por ETA, quiero que pregunte usted a los responsables del partido que representa si en algún momento ellos han solicitado una protección que no se les haya dado, tanto a nosotros, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como al propio Gobierno vasco.
En relación con la última intervención del señor Gil Lázaro, quiero volverle a agradecer su apoyo. Como él ha dicho, este Ministerio tiene que moverse en circunstancias presupuestarias estrictas, que tienen otros cometidos, que apoyan otros desarrollos, fundamentalmente una política pleno de empleo. En ese sentido, no puedo nada más que ser solidario con las políticas del Gobierno dentro de la exigencia permanente desde nuestro Ministerio de una mejora de las condiciones presupuestarias del mismo, tal y como cualquier gestor político hace cuando tiene una responsabilidad determinada. Lo que nosotros hemos hecho en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 ha sido crecer y conseguir tener aprobada hoy en día una oferta de empleo para la Guardia Civil, esperando que pronto la tengamos para la policía. Esta ha sido la máxima de los últimos 10 años.


- LA ACTUACIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE UNA CONCENTRACIÓN PACÍFICA CONVOCADAANTE LA EMBAJADA DE ISRAEL.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 213/000178.)

- LA CARGA DESPROPORCIONADA DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO EN GRANADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2000 EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE DICHA CIUDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000182.)

- LAACTUACIÓN DE LA POLICÍA DURANTE LA MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA QUE TUVO LUGAR EN MADRID EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2000 A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000229.)

- LAACTUACIÓN DE LA POLICÍA AL DESALOJAR LOS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE OVIEDO, OCUPADO POR COMISIONES OBRERAS (CCOO), EN LA QUE HAN RESULTADO HERIDOS DE DISTINTA CONSIDERACIÓN CUATRO SINDICALISTAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/ 000325.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, que agrupa las peticiones de comparecencia que figuran en el mismo con los números 4, 5, 6 y 8, puesto que todas se refieren a actuaciones policiales.


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Tres de ellas a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y la otra a petición del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En relación con la primera, debo decir que el día 3 de octubre del pasado año unas 200 personas se concentraron frente a la sede de la Embajada israelí en España, sita en la calle Velázquez, 150, al objeto de condenar la represión israelí contra la población palestina y en apoyo a los derechos nacionales palestinos, según rezaba la comunicación que el Comité de solidaridad con la causa árabe realizó a la Delegación del Gobierno el día 3 de octubre del año 2000. En relación con dicha comunicación, el delegado del Gobierno, con fecha 3 de octubre del año 2000, dictó resolución motivada que ponía fin a la vía administrativa, acordando que no podía celebrarse dicha concentración. El motivo no fue otro que el incumplimiento del plazo de preaviso como auténtica condición o presupuesto para la utilización constitucional del derecho de manifestación. En este caso, no existían causas extraordinarias o graves que justificasen la urgencia de la convocatoria, ya que su fundamento era la condena por la represión israelí contra la población palestina y en apoyo de los derechos nacionales palestinos, es decir, una convocatoria con un motivo abstracto. Con el fin de dar cumplimiento a la citada resolución, funcionarios de la primera unidad de intervención policial establecieron el correspondiente dispositivo, haciendo saber a quienes iban llegando que la concentración no estaba autorizada, pese a lo cual muchos de ellos hicieron caso omiso.
Los funcionarios policiales procedieron a la identificación de aquellos que se mostraron más reticentes o reticentes a abandonar el lugar, dando cuenta de los hechos a la Delegación del Gobierno. Dicha Delegación abrió los correspondientes expedientes sancionadores por infracción de la normativa en materia de manifestaciones. Durante el desarrollo de la concentración, la unidad de intervención hubo de proceder a la detención de uno de los concentrados por un presunto delito de resistencia y desobediencia. También efectuó una denuncia contra otra persona por resistencia y desobediencia al haber propinado empujones y codazos a un funcionario policial cuando éste intentaba identificarlo. Los concentrados se dividieron en dos grupos, quemando uno de ellos la bandera de los Estados Unidos y otro grupo la de Israel. De todos estos hechos se dio cuenta a la autoridad judicial que conoce de las actuaciones.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas nos obliga a proteger cualquier sede diplomática de cualquier Estado ante cualquier gesto de animadversión que pudiera considerarse insultante o amenazador ante la misma, tanto o más en el caso de una concentración no autorizada con quema de banderas.
Con relación a la carga de las fuerzas de orden público en Granada el 6 de octubre de 2000, que es la segunda de las comparecencias que se agrupan, diré que ese día estaba previsto en Granada el primero de una serie de paros en el sector de transporte de viajeros en las empresas Alsina, Graels, Bacoma y Liñán, promovidos por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, como consecuencia de no llegar a un acuerdo con la parte empresarial. El día anterior, el sindicato UGT desconvocó estos paros, por lo que en las empresas Bacoma y Liñán, donde es mayoritario el sindicato UGT, no se produjo ningún incidente reseñable. El sindicato Comisiones Obreras mantuvo el paro el día 6 de octubre y, en consecuencia, en el citado día, desde las cinco de la mañana, se organizó un servicio especial de prevención por funcionarios adscritos a la quinta UIP de Granada. Dicho servicio tenía la finalidad de compatibilizar el derecho a la huelga de los trabajadores con el derecho de los usuarios al transporte, tratando de evitar que los piquetes impidieran la salida de los servicios mínimos establecidos. Sobre las siete horas se detectó en la estación central de autobuses y en su puerta de salida un piquete de unos 30 trabajadores que ocupaban íntegramente la calzada, impidiendo la salida de todo tipo de vehículos durante unos minutos, dejándolos salir posteriormente. Sobre las ocho cuarenta horas realizaron la misma ocupación, pero ya impidiendo de forma radical la salida de dos autocares, con la correspondiente protesta de muchos pasajeros. Ante esta situación, se incrementó el dispositivo policial en este punto, tanto para garantizar los derechos fundamentales de los huelguistas como el derecho al trabajo de los conductores y el derecho de los viajeros que querían realizar la ruta establecida.
Por parte del responsable del dispositivo policial se estableció un difícil y dilatado diálogo con los responsables del piquete, a fin de que depusieran su actitud y permitieran ejercer el libre derecho al trabajo de los conductores que habían requerido la protección policial, respondiendo los integrantes del piquete de forma negativa y adoptando una actitud más radical, sentándose, para esto, en la calzada. A las nueve y quince horas el piquete admitió que saliera un único autocar y volvieron a sentarse todos sus integrantes a la puerta de salida, acumulándose en los andenes una considerable cantidad de viajeros, así como ocho autocares de servicios mínimos a los que no se permitía realizar su salida. Agotado de nuevo el diálogo con los concentrados y persuadidos los mismos de la ilicitud en que estaban incurriendo, sobre las nueve treinta horas se procedió por parte de los efectivos policiales a identificar al primero de los allí sentados. Tras sus reiteradas negativas a identificarse, los funcionarios intentaron entre varios levantarlo del suelo convirtiéndose a partir de ese momento lo que había sido resistencia pasiva en una

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actitud plenamente hostil hacia los funcionarios. Todo el piquete se abalanzó sobre ellos, agrediendo a los agentes con patadas, golpes y puñetazos, siendo necesario utilizar las defensas reglamentarias para salvaguardar la integridad física de los agentes.
Una vez despejada la calzada, y con escolta de a pie a ambos lados y sobre vehículos, se pudo dar salida al autocar con los pasajeros, no sin sufrir el lanzamiento de objetos, conos de señalización, entre otros, que no sólo impactaron al autocar sino a turismos que circulaban por la vía pública, con el consiguiente peligro para la seguridad del tráfico y de las personas.
Además, al hacer su salida el referido autocar, y encontrándose ya en marcha, uno de los integrantes del piquete se lanzó bajo sus ruedas delanteras teniendo que frenar el autobús en seco. Fue necesario que dos policías sacaran al manifestante de las ruedas del autocar para que pudiera seguir su marcha.
Durante los incidentes fue detenido el presunto causante de la fractura de peroné que sufrió un policía de la unidad de intervención y fueron asistidos seis integrantes del piquete en el hospital de traumatología de Granada, uno de ellos con herida en la frente y el resto con contusiones todas ellas de carácter leve.
En cuanto a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, fueron asistidos, además del policía ya mencionado, otros cinco funcionarios con diferentes lesiones. En la actuación no se utilizó ninguna otra arma que la defensa reglamentaria, ni siquiera material antidisturbio. Los funcionarios tuvieron que protegerse con escudos, dada la actitud hostil del piquete, ya que algunos de sus integrantes se habían provisto de piedras, que afortunadamente no llegaron a lanzar.
Como primera conclusión hay que señalar que no se produjo carga policial y sí una respuesta eficaz, utilizando la defensa reglamentaria a la agresión iniciada por los integrantes del piquete, donde resultaron seis policías lesionados, como he señalado. Una segunda conclusión es que se restableció el servicio de autobuses, defendiendo así los derechos constitucionales, que también asisten a los viajeros y, por supuesto, a los trabajadores del transporte.
Con relación a la comparecencia sobre hechos acaecidos en el desalojo de los locales del edificio de la Dirección Provincial de Trabajo de Oviedo, ocupado por Comisiones Obreras, en el que hubo cuatro heridos sindicales, situado en la calle Santa Teresa número 5 de Oviedo, está la Federación Asturiana de Empresarios en el área de trabajo de la Delegación de Gobierno y existen algunas dependencias de la Consejería de Trabajo del Principado de Asturias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pertenece al Estado, el Fondo de Garantía Salarial, los juzgados de lo Social y el sindicato Comisiones Obreras.
El pasado 9 de febrero, entre ocho y diez miembros de Comisiones Obreras ocuparon la planta cuarta del citado edificio durante toda la mañana hasta las catorce treinta horas, tras ser requeridos por miembros de la unidad de intervención policial a que abandonasen estos lugares. La cuarta planta es la correspondiente al área de trabajo de la Delegación del Gobierno e Inspección de Trabajo. Tres días más tarde, el día 12 de febrero, un grupo similar de afiliados volvieron a ocupar la misma planta, incluyendo en esta ocasión los despachos de dirección y la sala de juntas. Una vez más, el responsable de la unidad de intervención policial le requirió para que desistiera de su actitud.
Concretamente se dirigió al secretario regional de Comisiones Obreras, que estaba al frente de la ocupación, solicitándole que se retiraran ordenadamente. La respuesta que recibió fue que estaban dispuestos a desalojar una parte de la zona ocupada, pero no la sala de juntas, en la que deseaban permanecer a toda costa, lo que en efecto ocurrió. Una vez que los policías actuantes decidieron retirarse, el citado dirigente sindical les comunicó que se fueran preparando, esto es, que fueran tomando nota porque cada día iban a forzar más la situación hasta conseguir que les cedieran las dependencias que estaban reclamando desde hacía algún tiempo en el edificio.


Como SS.SS. sin duda conocen, ha estado en disputa la cesión de la cuarta planta a Comisiones Obreras o a la patronal CEOE, que ocupa la sexta planta del edificio, y posiblemente ha sido esta diferencia de criterios entre ambas organizaciones la que ha impulsado al sindicato citado a tomar la iniciativa de las ocupaciones a las que nos estamos refiriendo. Pero sólo nos importa de la discusión su incidencia en materia de seguridad, de orden y de derecho al trabajo. Así, el día 13 ocuparon las plantas tercera, cuarta y quinta, esto es la Inspección de Trabajo, el área de trabajo de la Delegación del Gobierno y la Consejería de Trabajo del Principado. Además, en esta ocasión expulsaron al público que se encontraba en estas dependencias, así como a los empleados que denunciaron verbalmente ante los policías las amenazas de agresiones físicas e insultos que por parte de los ocupantes habían recibido. Sin embargo, se negaron a presentar denuncia por tales hechos por el miedo a represalias posteriores, según manifestaron en el sitio. Ese día 13 el desalojo de los ocupantes se produjo individualmente, acompañándoles la fuerza policial de uno en uno al exterior.
El día 14 con carácter preventivo se montó un dispositivo policial con el propósito de evitar el encierro de los aludidos y facilitar la entrada de los empleados. A las siete veinte horas los funcionarios policiales observaron un grupo de unas cien personas de Comisiones Obreras que se encontraban ocupando la entrada del edificio, habiendo bloqueado las puertas, incluida la del garaje, con barras de hierro, impidiendo totalmente el acceso a los trabajadores. Al frente de los mismos se encontraba el secretario general del sindicato citado, con quien intentó dialogar el responsable policial con el propósito de que abandonasen su actitud, recibiendo

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abucheos, insultos, groserías por parte de los allí reunidos. Ante la imposibilidad de diálogo y ante su decisión de impedir el acceso de los funcionarios, empleados y público del edificio, sobre las ocho veinte horas se recibieron instrucciones de la Delegación del Gobierno, en el sentido de que se fracturase el cristal de la puerta para poder entrar en el edificio, se desalojara a los ocupantes y se facilitara la entrada a los trabajadores, por lo que se procedió a fracturar la puerta de cristal para abrir el acceso, adoptando en todo momento las máximas precauciones de seguridad de los presentes.
Una vez franqueada la entrada, se invitó a los allí concentrados a que depusieran su actitud y permitieran el libre acceso al edificio.
La respuesta fue todo tipo de insultos, el lanzamiento de objetos y cristales que se encontraban ya dispersos por el suelo. Los efectivos policiales intentaron sacar a la calle a los concentrados agarrándolos por el brazo, pero éstos se revolvieron contra los policías agrediéndolos, arrollándolos e incluso haciéndolos rodar por el suelo, produciéndose varios contusionados y heridos, tanto entre los que ocupaban ilegalmente el edificio como entre los propios policías. Los heridos, leves, fueron seis miembros de Comisiones Obreras y cuatro policías, entre ellos el jefe del dispositivo.
Seguidamente, se intentó abrir un pasillo entre los concentrados para que pudiesen acceder los funcionarios a sus puestos de trabajo, siendo los policías constantemente empujados, agredidos e insultados, por lo que, para evitar males mayores, se desistió de tal fin, pero continuó la ocupación del edificio durante toda la mañana.
La actividad de los distintos organismos no se pudo desarrollar, habiendo de suspenderse los juicios señalados para ese día en los juzgados de lo Social. Ese mismo día 14 por la tarde se recibieron instrucciones de la Delegación del Gobierno para que se estableciera un servicio que permitiese normalizar la actividad desarrollada en el edificio en cuestión, pero evitando en lo posible el enfrentamiento físico entre policías y miembros de Comisiones Obreras. Durante la mañana del día 15, se estableció un servicio en los accesos a las distintas plantas del edificio, con el fin de evitar la ocupación del mismo por miembros de Comisiones Obreras e intentar que los distintos funcionarios pudiesen desarrollar su actividad con la normalidad exigible o la máxima posible. Sobre las siete horas, comenzaron a llegar grupos de afiliados al sindicato Comisiones Obreras que querían acceder a las nuevas dependencias de la planta baja de dicho inmueble, donde tiene su sede el sindicato, permitiéndoseles el acceso a las mismas. Sobre las ocho horas, salieron todos de sus locales y ocuparon la entrada, empujando y arrinconando a los policías que se encontraban en ese lugar.
Ocupada la entrada, siguieron entrando al interior afiliados de Comisiones hasta un número aproximado de 500. Este grupo estaba integrado por colectivos de Oviedo, Gijón, cuencas mineras y de otros lugares de fuera de la comunidad, advirtiéndose la presencia de algunos encapuchados y de personas que se cubrían el rostro con pañuelos. Cualquier intento de impedir la ocupación de la entrada por parte de los miembros de la unidad de intervención policial hubiese generado un enfrentamiento físico entre unos y otros, por lo que los policías optaron por no ejercer la fuerza e informar sobre la situación creada, pese a la provocación y el acoso a que fueron sometidos. Como en días anteriores, el líder sindical de Comisiones Obreras, ayudándose de un megáfono, arengó a los allí presentes, a quienes instó a que no cesaran en su postura, toda vez que se seguía sin conseguir sus objetivos, esto es, que se les cediera el edificio, ahora por la fuerza. Como consecuencia de la ocupación de la entrada, los trabajadores del edificio que estaban en el exterior no pudieron, un día más, acceder a sus puestos de trabajo, paralizándose de esta manera toda la actividad del edificio, incluidas las sedes judiciales.
De todas estas actuaciones se instruyeron diligencias, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia. En conclusión, hay que señalar que la actuación policial fue en todo momento correcta y, por lo que se refiere en concreto a la del día 14 por la mañana, en la que se produjo un enfrentamiento, con seis heridos leves afiliados sindicales y cuatro heridos leves entre los policías, entendemos que fue lamentablemente provocada por una de las partes, mientras el cuerpo nacional de Policía tenía como única finalidad lograr la normal actividad en el edificio. Sólo secundariamente se dio respuesta a la actitud de las personas que ocupaban ilegalmente la entrada del edificio y empujaban y agredían a los policías.
La manifestación convocada en Madrid por el colectivo denominado Izquierda Castellana tenía como itinerario establecido glorieta de Carlos V, calle Atocha, plaza de Jacinto Benavente y plaza de Tirso de Molina, donde estaba previsto que finalizaría. A tal efecto, se estableció el correspondiente dispositivo de seguridad por la brigada provincial de seguridad ciudadana para el citado día 19. Durante todo el trayecto, los manifestantes, en número de 1.000 aproximadamente, fueron insultando, provocando e incluso, en algunos momentos, lanzando objetos contundentes, piedras y botellas sobre la fuerza actuante.
Al llegar a la plaza de Jacinto Benavente, los manifestantes pretendieron cambiar el itinerario y dirigirse, por la calle Carretas, hacia la Puerta del Sol, por lo que se les prohibió el paso con una barrera policial, ya que en esos momentos se estaba celebrando una concentración de signo político contrario en la plaza de Oriente con motivo del aniversario de la muerte del anterior jefe del Estado. El propósito de la policía no era otro que el de evitar los posibles enfrentamientos entre los dos grupos de signo político claramente opuesto. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la

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Presidencia.) Al impedírseles modificar el itinerario, se produjo una fuerte respuesta violenta por parte de los manifestantes, que lanzaron otra vez todo tipo de objetos contundentes contra los funcionarios actuantes, por lo que éstos se vieron obligados a realizar una carga policial y a dispersar a los manifestantes hacia la zona de la plaza de Tirso de Molina, lugar hacia el que debían dirigirse según el itinerario que habían solicitado y que se les había concedido.
Con motivo de dicha carga, se produjeron diversos heridos entre los funcionarios policiales. Durante la dispersión de los manifestantes, éstos fueron destrozando el mobiliario urbano que encontraban a su paso, como contenedores, papeleras y otros de este tipo, y formaron barricadas para tratar de impedir el movimiento de la fuerza actuante por las calles de la zona. Con motivo de las agresiones sufridas por los funcionarios actuantes y de la posterior carga policial, resultaron detenidas varias personas, realizándose las oportunas diligencias policiales, que fueron remitidas a la autoridad judicial que entiende de estos hechos. A raíz de las agresiones sufridas por los funcionarios actuantes y de la posterior carga policial, fueron detenidas siete personas como presuntas responsables de delitos de atentado, desórdenes públicos y daños. Todas ellas, excepto una, fueron puestas a disposición judicial. Actualmente, sobre estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 19 ha iniciado las diligencias previas 8175/2000 por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños, realizándose las oportunas diligencias policiales que fueron remitidas a la autoridad judicial que entiende de estos hechos.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En representación del primero de los grupos peticionarios de la comparecencia, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, vamos a seguir con nuestra labor de oposición, aunque después el señor Gil Lázaro nos hablará de los muchos votos que han conseguido. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, cuando han dejado de ser de centro y practican, a nuestro juicio, una política de orden público reaccionaria, con métodos que recuerdan a otros tiempos; reaccionaria, inusual, desproporcionada y que tienen que corregir, sin duda, porque sus versiones, señor Morenés, no coinciden con las nuestras. Ni usted me va a convencer a mí ni yo a usted, pero creo que habrá que empezar a modular la situación porque, en una situación como la que se presenta ahora, de ciclo negativo de la economía y con la gente que quiere salir a la calle, ¿qué van a hacer ustedes, aumentar los palos; más gente, más palos? Señor Morenés, ha dicho usted que en Granada había un piquete de treinta personas; en Oviedo, ocho o diez personas y, en la manifestación de Madrid, 200 personas.
Qué barbaridad, el follón que lían ustedes teniendo en cuenta la cantidad de gente que inicia esta situación. Qué desproporción más absoluta.
Vamos a ver lo de Granada, señor Morenés, aunque a ustedes parece que les da igual, pero si sigue esto así, vamos a ver cuál va a ser la opinión de la gente a corto y medio plazo. En Granada, el piquete al que usted hace referencia de Comisiones Obreras, de forma legal intentaba impedir la salida de autobuses que no estaban contemplados dentro de los servicios mínimos, por lo tanto estaba haciendo una labor lógica defendiendo sus intereses en un momento muy difícil y con muy poca gente en presencia, y cuando se sientan es cuando sin previo aviso son atacados directa y brutalmente.
El responsable de Comisiones Obreras de la provincia habla con el subdelegado del Gobierno, señor Marín Sicilia, y éste, entre otras cosas, le dice que el conflicto se le había ido de las manos y que la policía recibía órdenes superiores, textualmente; se ha publicado así en los medios de comunicación de Granada y no ha sido desmentido por nadie porque se lo dijo al secretario provincial de Comisiones Obreras. Esto ocurre días después de la carga contra los pescadores del puerto de Motril. Más adelante, el señor Marín Sicilia ni siquiera asume que haya dado una orden de carga, porque, según él, en la tarde anterior había hablado con los responsables de la policía para que no se produjeran acciones de fuerza. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Son órdenes superiores o ya hay una dinámica tal que, como ha dicho, el señor Marín Sicilia no controlaba la situación? El conflicto se le había ido de las manos. Por lo tanto, esta es la situación, señor Morenés, que ahora intentaré englobar en una teoría política a la que después se me responderá debidamente.
En Oviedo, ocho o diez personas que han convertido en un ritual, que ya estaba tácitamente pactado con las fuerzas de orden público, la ocupación de esa zona de la delegación provincial de trabajo de Oviedo. Es un ritual porque no están de acuerdo con esa distribución a la que usted hacía referencia, y sin aviso de ningún tipo hay una carga brutal con siete heridos que pasan a traumatología, como usted bien sabe y ha referido. No figura en ningún medio de comunicación que hubiera policías heridos, por lo menos yo no lo veo en los que tengo, que reproducen exactamente lo que allí pasó, aunque si se produjeron heridos lo siento con la misma consideración. Lo que le quiero decir es que no hay proporción. ¿Usted ha visto cómo trata la policía a los manifestantes actuales en Alemania frente a la carga ferroviaria de material radioactivo? Se dialoga mucho durante mucho tiempo, cosa que no ha ocurrido ni en Granada ni en Oviedo, ni mucho menos en Madrid. Falta paciencia, y ese policía que salía el otro día en una televisión haciendo lo que hacía y diciendo lo que decía puede empezar a generalizar la situación debido a las órdenes que se dan y al aumento de la represión,porque sin duda va a ir aumentando el volumen de

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manifestaciones. Por muchos votos que haya tenido un Gobierno, si no lo hace bien, habrá respuesta en la calle, en las instituciones de todo tipo y desde luego aquí en este Congreso de los Diputados.
En Madrid, 200 personas en una manifestación que se deniega al final por el señor Ansuátegui. En noviembre del año 2000, el señor Ansuátegui disuelve violentamente una manifestación pacífica de activistas a favor de la condonación de la deuda de los países del sur, aquí en la escalinata del Congreso. Aquello parecía el acorazado Potemkín. Ese mismo año, el señor Ansuátegui reprime una manifestación de funcionarios que transcurría entre la madrileña plaza de Sol y Neptuno. El pasado diciembre el señor Ansuátegui lanza a la policía contra la Plataforma de la emigración. En este año, en pasadas semanas, el señor Ansuátegui ha mandado cargar a la policía contra médicos interinos y estudiantes de medicina que demandaban determinabas actuaciones del Ministerio de Sanidad. De la misma manera, el señor Ansuátegui trata de anular los hermanamientos de pueblos españoles con las daivas saharauis.


Para que se vea el nivel de degradación que ha alcanzado la ejecutoria del señor Ansuátegui, hay que decir que ha llegado a ser noticia que el delegado del Gobierno autorice una manifestación, manifestación de ciclistas del pasado sábado, 24 de febrero, ya que todas son desautorizadas y cuando éste se equivoca y autoriza se convierte en noticia. Esta es la noticia, que autorice. Esta es la situación.
Nosotros pensamos -voy terminando, señor presidente- que no estamos ante casos aislados sino ante una situación general. Ya sabe usted que determinados portavoces de determinados sindicatos policiales acaban de decir, primero, que no están dispuestos a seguir dando esta imagen que están dando de represión continuada y sistemática, y han dicho también que hay un enorme despliegue desproporcionado que al mismo tiempo les crean muchísima incidencia en el trabajo, pero que también supone una desproporción constante con respecto a las movilizaciones, a las que no se enfrentan como un problema social, un problema político, y fundamentalmente un problema laboral. No, ustedes ven un grupo de gente, ocho, treinta o doscientas personas y dicen que ese es un problema de orden público, allí hay un problema de orden público. Si hay un problema de orden público, hay que quitarlo de en medio. Ese es el pensamiento. Este es el problema. No van ustedes a preguntar: ¿qué hacen ustedes aquí? Porque pueden decir que quieren que esto se entregue al sindicato por estas razones o por otras. Entonces, a ver cómo se desarrolla esto, a esperar un tiempo.
O, ¿qué hacen ustedes aquí? Que están saliendo autobuses que no están en los mínimos establecidos y no queremos que salgan porque nos estamos jugando las habichuelas. O, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues que Israel está matando palestinos y queremos protestar. No, ustedes ven doscientas personas, a por ellos. Ven ocho personas, a por ellos; ven treinta sentados, en Granada, a por ellos; ciento cincuenta sentados en las escalinatas del Congreso, a por ellos. No podemos estar de acuerdo de ninguna de las formas. Una concentración de gente, en primer lugar, es un problema social, laboral o político, en primer y principal lugar en este país en democracia. Después, ya veremos los problemas de orden público que se puedan establecer después de que haya un cambio radical de política, que estamos pidiendo empezando por Madrid y por el señor Ansuátegui, al que habría que ayudar a dimitir.
La situación va a empeorar, porque incluso se están amontonando problemas laborales muy serios. Si ahora se tocan los convenios o se tocan las pensiones con el cálculo de toda la vida laboral para hallarlas, el problema se va a agrandar, fundamentalmente si este problema se desarrolla en una etapa recesiva de la economía. ¿Qué va a pasar? ¿A mayor concentración de gente, mayor concentración de policía, mayor represión? Ustedes tienen que meditar sobre esta situación, hay que pensarla, esta no es la salida europea, no es la salida centrista, señor Gil Lázaro. Es una salida bastante derechista. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo. Usted no me va a convencer a mí de esos hechos que ha relatado. Tampoco le voy a convencer a usted, pero le estoy dando no sólo los hechos que yo he visto sino los que ha publicado la prensa. Usted me ha dado sólo una versión de una parte. Yo le doy la versión que han publicado los medios de comunicación en el caso de Oviedo y en el caso de Granada.
Termino diciendo que no deben confundir el derecho a la manifestación legítimo y legal y los diversos incidentes que se produzcan con ningún tipo de kale borroka, y estamos empezando a confundir cosas.
Esto no es una kale borroka lo que la gente hace. Están manifestándose y desde ese punto de vista hay que respetarlos, hablar con ellos y solucionar los problemas policiales que haya de otra manera, de otra forma. Desde ese punto de vista, no se puede nunca tampoco confundir con delincuencia organizada las manifestaciones organizadas, la salida organizada a la calle, las reivindicaciones organizadas porque pertenecen a otra cuestión, a problemas sociales, problemas políticos, problemas laborales. Ustedes debieran repensar esta situación. Van a aumentar las respuestas sociales y no se corrige la situación con mayor represión. Esa no es la salida.
Espero que esto se piense. El señor Mayor Oreja en su última comparecencia, que hizo ya no me acuerdo cuándo, dijo que iban a repensar esta situación con motivo de un debate que tuvimos sobre una de las manifestaciones que hubo muy cerca de aquí.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para manifestar la posición sobre la comparecencia solicitada por su grupo, tiene la palabra el señor Aymerich.


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El señor AYMERICH CANO: En la línea de lo manifestado por el portavoz de Izquierda Unida, nuestras versiones, señor Morenés, no coinciden, y no coinciden en absoluto.
En primer lugar, hay que decir que en esta manifestación, con independencia de que hubiese elementos descontrolados dentro o de que hubiese provocadores en medio de ella, el señor Ansuátegui, no debe extrañar por su biografía, también es cierto, fue calentando el ambiente. Se había pedido que la manifestación llegase hasta la Puerta del Sol y el señor Ansuátegui dijo que la convocatoria de la manifestación era una provocación, lo dijo en la resolución motivada que les hizo llegar a los convocantes, dijo que era una provocación y que determinados lemas antirracistas y contra la Ley de extranjería tenían carácter excluyente. Eso fue lo que contestó el señor Ansuátegui. Sería una provocación para él o para los que se estaban manifestando para honrar -y cada uno puede honrar lo que le dé la gana- al dictador Franco; no era un régimen anterior, era una dictadura fascista lo que había antes.
Respecto a la intervención de la policía en esta manifestación, había una presencia policial inusitada, y digo inusitada porque esta manifestación se venía celebrando en Madrid siempre como una manifestación antifascista el día en que los fascistas también salen a la calle, y en los años anteriores no había habido ningún problema.
Este año había una presencia policial inusitada a todo lo largo de la manifestación, hasta el punto de que, según declaraciones de gente que tenía pensado asistir, la inusitada presencia policial antidisturbios, con casco negro, con ostentación de armamento, les disuadió de manifestarse. Eso es parte también de su política.
Disolución de la manifestación en la Plaza de Jacinto Benavente.
Había una muralla de furgonetas policiales; un profesor, que luego resultó ser un profesor universitario, da igual fuese quien fuese, estaba sacando fotografías y, como sucedió el otro día con los médicos internos residentes, o con los estudiantes que se quejan por la falta de plazas suficientes en el MIR, cuando por el Ministerio de Sanidad y por las consejerías de Sanidad no se garantiza ni siquiera diez minutos de atención a cada paciente, sorprendente, se le intenta sacar el carrete de fotografías; se inicia un forcejeo, lo intentan meter en la furgoneta (veremos que luego hay otra gente a la que meten en la furgoneta y a la que no tratan demasiado bien, por cierto) y la policía, sin previo aviso -y si quiere puede ver las fotografías-, empieza a disolver la manifestación disparando las pelotas de goma a menos de dos metros de los manifestantes, si quiere le traslado después las fotografías. Se detiene a varias personas; en concreto a varias de ellas, fuera del lugar de disolución de la manifestación, cuando escapaban de la carga policial y se ven de repente cogidos en una calle cerrada por policías a ambos lados, policías que están disparando pelotas de goma sin ton ni son, aquí tiene a un policía identificado, por cierto, ésta es otra, parece ser que aquí en Madrid ciertos policías no van identificados, y cuando se les pregunta cuál es su número dicen: vaya usted a la Plaza de Castilla presente una denuncia. Podemos ver aquí a este señor que va andando tranquilamente, se le pega y se le pega una patada, lo cual tampoco parece demasiado edificante, una patada en el culo parece que es un trato no demasiado correcto para una persona que va tranquilamente andando. Se detiene a varias personas, como ven estaban las personas quietas en el suelo, este señor, que es el mismo de la fotografía anterior, por eso digo que podrían ustedes identificarlo, los patea, están ellos quietos boca abajo, sin hacer nada, los patea; uno de ellos con graves heridas en la cabeza dice que llamen al Samur, le dicen ya llamaremos a la ambulancia, pero le meten en una furgoneta; se lo llevan a Moratalaz, están tres días allí donde son objeto de todo tipo de tratos degradantes; uno de ellos era argentino y tuvo que escuchar de uno de los policías -lo que pasa es que no le pudo identificar porque estaban obligados a mirar al suelo- que qué pena que no estuviese veinticinco años antes en Argentina porque los generales hubiesen acabado con él; es decir, este tipo de cosas, policías que pasan silbando el Cara al sol, y no quiero generalizar porque efectivamente dentro de la policía hay grandes profesionales y hay personas que son conscientes de su labor.
La política que ustedes están siguiendo, la política de no pasa nada, tranquilos, nadie os va a pedir responsabilidades, lleva a este tipo de situaciones, lleva a que garbanzos negros que hay en la policía se sientan envalentonados y actúen de esta forma.
Otra pregunta que le quiero hacer: ¿Por qué se detiene durante setenta y dos horas a personas contra las que no hay absolutamente nada? O si lo hay, que habría que verlo, serían únicamente faltas y están perfectamente identificados, ¿por qué se los detiene setenta y dos horas? Por lo visto es otra práctica habitual del señor Ansuátegui.
Voy a acabar, después de su contestación seguramente tendremos ocasión de contrastar y de precisar más estos datos, pero lo que le quiero decir es que al señor Ansuátegui no es que haya que ayudarle a dimitir sino que hay que cesarle inmediatamente. Es un señor que tiene una trayectoria, que hizo su carrera, como muchos otros, al amparo del régimen anterior, pero es que parece que no tiene asumido qué es el derecho constitucional de manifestación, de reunión; parece que no tiene asumido que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, que no se puede quemar mobiliario urbano, no se pueden tirar objetos, eso está clarísimo, pero lo que tiene que haber también es una actuación por parte de los poderes públicos, y en particular por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proporcionada, que no eche gasolina al fuego o que cree problemas donde no los hay. Decir que una manifestación antifascista es una provocación, que lemas antirracistas o antixenófobos son excluyentes, para mi fuerza

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política indica muy claramente cuál es su concepción del orden público y de los derechos constitucionales.
Muchas gracias, y ya digo, espero que después en la segunda intervención podamos precisar más estos datos.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA EXTEBARRÍA: Señorías, lo local de alguno de los sucesos respecto de los cuales se pide comparecencia, como son los casos de Granada o de Oviedo, me impide tener datos ciertos sobre las actuaciones de los delegados del Gobierno, por lo que circunscribiré fundamentalmente mi actuación a lo que suele ser el proceder del delegado del Gobierno en Madrid.
Son cuatro las peticiones de comparecencia, señor secretario de Estado, y ha habido más ya en esta legislatura; en la pasada hubo algunas peticiones de explicación sobre actuaciones del delegado del Gobierno, pero menos, poco a poco van aumentando y quiero pensar que es porque las actuaciones que estos altos cargos tienen encomendadas suscitan la suficiente atención por parte de los grupos parlamentarios o de quienes ejercemos el control político del Gobierno como para que se modificase lo que es una práctica de esta Cámara desde hace tiempo por la que no es posible llamarles a ellos mismos a comparecer. Usted se evitaría este trámite de hoy si fuese posible que los propios delegados del Gobierno pasasen el sonrojo de tener que explicar ante nosotros, representantes elegidos, qué es lo que ocurrió o cómo intervinieron, sobre todo cuando se trata de la actuación que en materia de orden público tienen atribuida.
Al efecto me gusta recordar que la figura del delegado del Gobierno tiene previsión constitucional en relación con la coordinación de la Administración que el Estado mantiene en una determinada comunidad autónoma y para coordinarse con la de la comunidad autónoma correspondiente, en su caso, dice la ley, pero la Lofage (la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado), aprobada en la pasada legislatura, en el artículo 23.3 establece que les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Parece que no es éste un cometido que tengan muy en cuenta, a juzgar por las peticiones de comparecencia, repito, casi siempre vinculadas a actuaciones en materia de la represión, singularmente del derecho de manifestación, por la que son llamados a esta Cámara.
Respecto de las actuaciones concretas que se atribuyen en las dos peticiones de comparecencia al delegado del Gobierno en Madrid únicamente me referiré a que en la pasada legislatura fui acusada por algún diputado del Grupo Popular de tener obsesión persecutoria en relación con el señor Ansuátegui cuando desempeñaba el cargo del delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. No era obsesión, sino que, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, su trayectoria le precede. Usted que es vasco conocerá lo que le digo si le manifiesto que en una ocasión siendo gobernador civil de Álava llegó a ordenar una carga contra el Olentzero, personaje popular de la Navidad vasca, alrededor del cual los niños suelen entonar determinadas canciones. Esta es una de sus actuaciones, por no mencionar ya la de que en pleno mediodía en la legislatura pasada, no recuerdo ahora la fecha exacta, ordenó cargar contra una manifestación de padres con niños simplemente porque pedían aumento del modelo D y hubo heridos.
Bastaría repasar el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Administraciones Públicas del 16 de diciembre del año 1998 para ver el rosario de actuaciones que le atribuimos quienes intervinieron en representación de los Grupos Socialista, Izquierda Unida, Mixto y esta misma diputada, y están en el historial y en la biografía del señor Ansuátegui. No insistiré, pero, repito, si ustedes quieren acreditar centrismo, si quieren acreditar actuaciones conforme a los parámetros del Estado de derecho -que estoy segura que esa es su pretensión-, si quieren manifestar respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo cuando del derecho de manifestación se trata, creo que el delegado del Gobierno, señor Ansuátegui, no les hace ningún favor; representa al pasado autoritario y represor del que creo que ustedes deberían huir. Hágame caso, recomiéndele al vicepresidente primero y ahora también ministro de Interior, que proponga el cese del señor Ansuátegui.


El señor VICEPRESIDENTE (Sourvirón García): En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, doña Cristina Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Voy a fijar la posición de mi grupo en torno a la concentración pacífica ante la Embajada de Israel, que es a lo que se refiere el punto 4 del orden del día.
Como ya se ha dicho, la Asociación de la comunidad hispano-palestina y el Comité de solidaridad con la causa árabe convocaron, el pasado 3 de octubre de 2000, una manifestación de rechazo ante la represión israelí, según manifestaron en su comunicado. La Delegación del Gobierno no autorizó la protesta y actuó con decenas de policías para impedirla. Hubo forcejeos y fue detenido un miembro del comité y además golpeado, según denunciaron las asociaciones convocantes. Se concentraron 200 personas que quemaron banderas con la estrella de David y participaron en una masiva plegaria islámica, según dicen los diarios. El detenido era un profesor de ciencias de la educación de la

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UNED, y parece que fue acusado de resistencia a la autoridad y agresión a un policía.
Después de reiterar los hechos, lo que queremos destacar es que se trataba de una protesta pacífica que podía y debía haberse disuelto también pacíficamente. Incluso, la propia protección de la Embajada, obligada, como usted ha dicho, señor secretario de Estado, también puede hacerse pacíficamente. ¿Qué está ocurriendo en estos casos? Yo creo que se están repitiendo, como se pone de relieve en estas peticiones de comparecencia que vemos hoy por diversas actuaciones del delegado del Gobierno, respuestas desproporcionadas de las fuerzas de seguridad frente a ciudadanos que, con mayor o menor fortuna o mayor o menor razón, se manifiestan pacíficamente en defensa de las ideas en las que creen. Ese es el problema. Existe ya un clamor desde diversos colectivos en contra del delegado del Gobierno en Madrid, el señor Ansuátegui, por su forma de reprimir las manifestaciones, sean o no autorizadas, pues sabemos, como usted ha dicho, que el caso que nos ocupa de los manifestantes ante la Embajada de Israel en Madrid, no tenía autorización. Pero eso no obsta para que se deba disolver por las fuerzas del orden haciendo el menor daño posible y, a poder ser, pacíficamente, con los métodos y la autoridad disuasoria que en principio detentan las fuerzas policiales.
Ya tuvimos ocasión, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, recientemente de preguntarle por las actuaciones y decisiones del delegado del Gobierno en torno a las autorizaciones para manifestaciones en Madrid, que nos venían resultando inadecuadas y que estaban dando lugar a un importante descontento por parte de numerosas asociaciones, especialmente de las asociaciones vecinales.
También destacamos que la forma y el alcance de las multas impuestas eran recurridas permanentemente por los afectados, y constituían de hecho un elemento disuasorio ante las complicaciones que causan de todo tipo. Este tema de las multas, al que nos referíamos entonces, está también de actualidad, porque ha aparecido en El País que hoy se ha tenido conocimiento de que Ansuátegui ha multado a los manifestantes, según la resolución, por instigar una sentada ante el Congreso, refiriéndose a la sentada pacífica que se celebró el pasado 26 de noviembre en las escaleras del Congreso de los Diputados, y que también finalizó con una fuerte carga policial.
Entendemos que nos encontramos en un caso similar a estos anteriores que hemos comentado, que se deniega la autorización, y al ir a disolver esa manifestación se da una respuesta desproporcionada, que lleva consigo la detención de un profesor, al que además, según la denuncia que él formuló, se le golpeó.
Volvemos pues hoy, ante estos acontecimientos, a poner de relieve nuestro rechazo a estos métodos, que consideramos impropios de una democracia avanzada. Para concluir, en nombre de mi grupo, quiero insistir en la oposición ante estos métodos, que criticamos, y señalo que son ya muchos los grupos que están pidiendo, como ya se ha dicho por algún otro representante, la dimisión o el cese del delegado del Gobierno precisamente por este tipo de actuaciones. Por ello, una vez más le instamos, señor Morenés, a que ponga coto, en la medida de sus posibilidades, a estas actuaciones y reconduzca el discurrir de las manifestaciones y de los manifestantes a la normalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Sourvirón García): Con relación a la comparecencia relativa a los incidentes de Granada, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No voy a referirme en términos generales a la situación del orden público, a la que ya ha hecho referencia tanto el señor Alcaraz como mi compañera, la señora Alberdi, pero sí quiero referirme a lo que ocurrió en Granada el día 6 de octubre del pasado año.
Señor secretario, después de haberle oído, la sensación, la percepción, la foto que me pasa por la imaginación es que hay un montón de manifestantes perversos continuamente en la calle, que lo único que hacen es provocar a las fuerzas de orden público. Esa es la percepción que tengo después de oír todo el cúmulo de situaciones de conflicto a las que usted ha hecho referencia. Sin embargo, la percepción que tienen los ciudadanos y en concreto los de Granada no es esa. En esa época, en ese momento al que nos hemos referido, el mes de octubre, las cargas policiales fueron múltiples en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fueron en Motril, en la misma provincia de Granada, en Huelva, en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, en Málaga. Es decir, ¿en todas las provincias andaluzas los comportamientos de los manifestantes son agresivos? ¿Defienden sus derechos, el motivo por el que se manifiestan de esa forma tan agresiva? Yo no lo creo, señor secretario. No me creo que cuando alguien se manifiesta muestree esa intencionalidad, sino todo lo contrario. Es verdad que la percepción que nosotros tenemos es que llueve sobre mojado. Ha dicho la compañera del Grupo Vasco, la señora Uría, que la actitud del delegado del Gobierno de Madrid -y la actitud también del delegado del Gobierno en Andalucía- no es nueva, esta actitud viene produciéndose reiteradamente. Nosotros creemos que esta actitud no es la mejor, no es la que va a conseguir que los problemas se resuelvan de una forma pacífica y consensuada. Con este tipo de actitud lo único que conseguimos es crispar la convivencia y dificultar más el que podamos acercarnos a esas soluciones pacíficas que nos están demandando las personas cuando inician una huelga, cuando supuestamente quieren además defender sus derechos.
Hay un dato que me parece bastante relevante, y además después de oírle a usted mucho más. Ha manifestado usted que eran 30 trabajadores -y efectivamente es así, así se ha manifestado en todos los medios de

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comunicación- los que había sentados en la Alsina Graels; cincuenta y tantos efectivos policiales fueron a pacificar la situación -pacificar entre comillas- de 30 trabajadores en huelga, reivindicando sus derechos salariales y las condiciones de sus convenios colectivos. El resultado fue de siete trabajadores heridos y un detenido. Pero a mí me preocupa lo que dijo en su día el subdelegado del Gobierno de Granada. En primer lugar, manifestó que no había estado a la altura de las circunstancias y que no había sabido controlar la situación. Posteriormente, indica que lo que surgió fue un encontronazo. ¡Pues menudo encontronazo, del que en donde siete trabajadores salen heridos! Todavía nos preocupa más cuando la reflexión que hace el delegado del Gobierno en Andalucía es que esas situaciones hay que atajarlas radicalmente. Parece que esas manifestaciones no son las más adecuadas en un Estado democrático, donde supuestamente -creemos- estas situaciones se deben solventar pacíficamente, donde no pueden confundirse derechos y donde no se puede actuar de esa forma impunemente.
Señor secretario de Estado, lo que le pedimos es que cese esta actitud del Ministerio. Es verdad que en su última comparecencia (que se solicitó por una carga policial que también había habido en Huelva), el anterior ministro, el señor Oreja, ya manifestó ante esta Comisión que trataría de que estas situaciones no se produjeran de nuevo. Señor secretario, se siguen produciendo, se siguen poniendo en conflicto dos intereses y dos derechos que nunca deben enfrentarse.
Nosotros entendemos que la Policía y las Fuerzas de Seguridad tienen que tener una actitud preventiva, una actitud de defensa de los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores o de los que no quieran trabajar en ese momento porque estén en huelga, pero nunca pueden tener una actitud provocadora que dé lugar a esos resultados, que me imagino que nadie quiere.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para intervenir en relación con la comparecencia relativa a Asturias, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señor secretario de Estado para la Seguridad, en primer lugar, le agradecemos su comparecencia ante esta Comisión, para dar una explicación de lo que yo entiendo sinceramente que es inexplicable y, en cualquier caso, injustificable.
Señor secretario de Estado, como usted nos ha relatado al principio, el pasado 14 de febrero se produjo una desproporcionada, desde nuestro punto de vista, intervención policial para desalojar a los delegados sindicales de Comisiones Obreras del edificio de la antigua Delegación de Trabajo de Oviedo. Una intervención policial que, pese a la contundencia y brutalidad de la carga, fue respondida, sin embargo, por medio de la palabra, en forma de una cascada de reacciones de rechazo desde distintos sectores sindicales, políticos y sociales, que exigieron la dimisión de la delegada del Gobierno en Asturias, doña Mercedes Fernández; dimisión que se pidió desde la Federación Socialista de Asturias y que hoy reitera el Grupo Parlamentario Socialista de esta Cámara. Usted, cuando ha intervenido al principio, ha considerado que la actuación policial fue una respuesta eficaz.
Voy permitirme decirle que no puede ser considerada una respuesta eficaz a diez trabajadores que estaban reunidos, como usted bien ha dicho, ocupando el área de gobierno de la Inspección de Trabajo, en la cuarta planta, en la sala de juntas. Una disputa legal en modo alguno puede dar lugar a una carga represiva y brutal como la que tuvo lugar, sobre todo porque hubo un momento en que aquello se pudo atajar perfectamente, y usted lo ha relatado muy bien cuando decía que los trabajadores no querían abandonar la sala de juntas de un edificio que tiene, por lo que se ve, cinco o seis plantas. Con todos los respetos, tiene que haber cauces y diálogo suficiente entre las partes, sobre todo entre los dirigentes y la delegada del Gobierno, para impedir que se produzca una carga tan brutal y tan desproporcionada como la que aconteció.
Como han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y otros grupos parlamentarios, si hoy usted hubiera comparecido ante esta Comisión para intentar explicar solamente lo ocurrido en Oviedo, aunque no lo hubiera podido justificar, sí hubiera podido, al amparo de la exclusividad del hecho aislado, tener algún argumento. Pero hoy comparece usted para explicar seis o siete casos iguales (de los que solamente vamos a ver cuatro o cinco porque dos han sido aplazadas), que han ocurrido en diferentes partes del territorio nacional y contra colectivos diversos, con reivindicaciones diferentes, puesto que eran colectivos sindicalistas, agricultores, jóvenes, pacifistas y ciudadanos en general, que entienden -y entienden bien- que el derecho de reunión y manifestación es un derecho constitucional que legítimamente pueden ejercitar.
Usted decía también que en esa respuesta eficaz apenas había habido unos heridos leves, pero tengo que decirle que no fueron tan leves.
Tengo La Voz de Asturias del jueves, 15 de febrero de 2001, en donde se dice que una persona tuvo que ser ingresada en el Hospital Central por pérdida de conciencia y que a otra persona (precisamente, el secretario general de la organización de Comisiones Obreras) le tuvieron que dar siete puntos. Gravísimo de UVI, no; pero una buena paliza, sí. Habría otros medios y formas de decir a diez personas que están en una sala de juntas que abandonen ese lugar, negociando como se ha hecho toda la vida y como se debe de hacer, con diálogo, persuasión y con mano izquierda, porque están defendiendo lo que consideran que es legal y que les pertenece. Debo decirle a usted que el propio Sindicato Unificado de Policía (que, como usted sabe, es el sindicato mayoritario)

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también exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, doña Mercedes Fernández, para que asumiera sus responsabilidades y dimitiera por la desproporcionada intervención policial que hubo en este suceso tan desgraciado. Como verá usted, señor secretario de Estado, las críticas a las actuaciones policiales y a los que las ordenan se extienden por todo el territorio nacional. Desgraciadamente -lo digo sinceramente-, ustedes dan una respuesta homogénea, porque destaca siempre la brutalidad y la represión injustificada. Creo que eso no es bueno para nadie.
Aunque me salga un poco del guión, quiero transmitirle algo que he oído en la radio. Se lo digo con absoluta sinceridad y con ánimo de cooperar con usted. Antes de ayer, escuché en la radio a un trabajador de Sintel -a mí me escandalizó el oírle-, grupo de trabajadores que está acampado en Madrid, decir que tenía noticias de se habían infiltrado policías y que, además, se iba a producir una carga policial para desalojarles. Yo le ruego que compruebe estos hechos y que, en la medida de sus posibilidades (que en este caso son muchas, por el cargo, la distinción y el rango que usted ostenta), evite que pueda ocurrir algo importante y desagradable a las puertas del Palacio de Congresos. También le ruego que, en el futuro y en la medida de sus posibilidades (le repito que creo que son muchas), haga lo posible para que el diálogo impere sobre todas las cosas.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallizo, en relación con los hechos sucedidos en Madrid el día 19 de noviembre del año 2000.


La señora GALLIZO LLAMAS: Señor secretario de Estado, obviamente, está pasando algo serio con la política del Ministerio del Interior en relación con el respeto al derecho de manifestación, y está pasando algo particularmente serio en la Delegación del Gobierno en Madrid, que una y otra vez viene siendo denunciada por la forma tan peculiar que tiene de administrar el derecho de manifestación. En este caso, nos referimos a la intervención de las Fuerzas de Seguridad el 19 de noviembre, con ocasión de una manifestación antifascista. A mí y a mi grupo no se nos escapa que los convocantes de la manifestación son grupos minoritarios, grupos que algunos calificarán de radicales, pero eso en modo alguno significa que sean ciudadanos que no deban disfrutar de todos sus derechos, entre otros el de manifestación, sobre todo cuando esa manifestación se produce en domingo y, previsiblemente, no va a alterar la vida ciudadana. De la misma manera, pensamos que hay que hacer el esfuerzo de que la intervención de las Fuerzas de Seguridad sea innecesaria y que, si se produce, no se haga con violencia. No es posible que en el año 2001 se utilicen los mismos métodos que utilizaba la Policía en los años setenta, cuando disolvía las manifestaciones que algunos hacíamos en ese momento. Yo he visto las fotografías de esa actuación y me parece que no traducen una agresividad de los manifestantes que justifique la contundencia de la actuación policial, con varios heridos y con muchos contusionados; sin embargo, sí parece que traducen una violencia exagerada de algunos miembros de las fuerzas de orden público, una violencia que casi podíamos calificar de ensañamiento.
No debe ser la valoración negativa que se pueda tener de las razones de unos manifestantes, no debe ser esa actitud de prejuicio hacia el carácter radical o alternativo de los ciudadanos que ejercen un derecho, el que condicione la acción del Estado hacia ellos. Tenemos la impresión de que en este caso ha sido ese prejuicio el que ha guiado las órdenes tan contundentes y tan desproporcionadas de las Fuerzas de Seguridad del Estado. A nadie se le escapa que cuando se producen intervenciones particularmente contundentes en estas manifestaciones éstas se ven seguidas de actos de vandalismo totalmente injustificables. No queremos poner una cosa en relación con otra, pero decimos que, de la misma manera que hay que ser contundentes y eficaces contra el vandalismo, hay que ser también proporcionados y contenidos y cuidadosos y pacientes a la hora de decidir utilizar o no la fuerza contra manifestaciones ciudadanas.
Esa es la posición del Grupo Socialista y la que le queremos trasladar.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer lugar, don Ignacio Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, yo intervendré muy brevemente y a continuación, en relación con la comparecencia señalada como número 8, intervendrá el señor Fernández Rozada.
Decía el señor Alcaraz -me permito citarlo por vez primera a lo largo de esta sesión y por razones de cortesía, dada la publicidad permanente con la que me ha obsequiado esta tarde- que iba a trascender un poco de los hechos y que iba a hacer una teoría. Yo mucho más modestamente, porque mis luces no alcanzan probablemente a construir una teoría, voy a hacer una reflexión. Afortunadamente, en una sociedad democrática como la nuestra el ordenamiento jurídico protege y garantiza el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y el de expresión, reunión y manifestación. Y afortunadamente también en una sociedad democrática como la nuestra, la actuación policial está absolutamente reglada.
Nosotros decimos -es algo que compartiremos todos- que democracia es esencialmente pluralidad y que, por tanto, pluralidad es derecho a la discrepancia y al ejercicio de la discrepancia. Por consiguiente, en democracia no tiene sentido el concepto de represión.


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Intentar argumentar el estigma de la represión para calificar ésta o aquella política de éste o de aquel Gobierno es, sin lugar a dudas, un ejercicio profundamente equivocado. Ni un Gobierno democrático de un signo ideológico ni otro Gobierno democrático de signo ideológico distinto pueden ejercer una política de represión sencillamente porque estaría en contra de su propia naturaleza como tal Gobierno democrático. Eso es absolutamente obvio y si SS.SS. tuvieran memoria histórica y un poquito de paciencia para hacer una revisión de los anales de esta Cámara, observarían que son perfectamente equiparable los incidentes que estamos tratando en el día de hoy con los que se han tratado en otros momentos, y que afortunadamente en aquellos momentos y en éstos el nivel cuantitativo de esos incidentes -y luego haré la referencia cualitativa, no me olvido de ella-, tanto en aquellos otros momentos como en éstos, son mínimos, como no puede ser de otra forma en una sociedad democrática, en relación con el conjunto de los actos que a lo largo de un año se desarrollan en el ejercicio de ese derecho de reunión y manifestación.
Hecha la referencia cuantitativa, incido en la cualitativa. Cualquier incidente que se produzca en el ejercicio de un derecho básico es algo que nos tiene que preocupar a todos, y afecta y preocupa a los grupos parlamentarios de la oposición, y afecta y preocupa al grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, y afecta y preocupa al propio Gobierno. A partir de ahí -ese es un equipaje que debería ser reconocido y compartido-, querer construir lo de la política reaccionaria; lo de más gente más palos; lo de la represión, bien está como pieza de oratoria de mitin, pero probablemente como pieza oratoria con razón de fondo, carece mucho de sentido.
Hoy ha dicho el señor Alcaraz -y yo lo lamento porque guardo una profunda, y S.S. lo sabe, estima personal y reconocimiento intelectual al señor Alcaraz- que para el Gobierno la política de presente y de futuro es ver gente y a por ellos. Lamento que una persona del calado intelectual del señor Alcaraz pueda hacer esa simplificación, porque yo estoy seguro de que a él mismo en su fuero interno le consta que esto no es así. Se han mencionado los sucesos de estos días en relación con las actuaciones de la Policía alemana.
Parece ser que se ignora que el despliegue realizado por la Policía alemana en relación con ese suceso mencionado es de más de 30.000 efectivos. Atenor de algunas de las imágenes que hemos visto no parece que las actuaciones policiales se hayan movido en el sentido de promover el diálogo, sino, más bien, desde la contundencia. Yo tengo que decir que celebro profundamente que las actuaciones globales de la Policía española en la materia que nos afecta y de la que estamos hoy hablando -de la que estamos hablando de algún capítulo puntual, pero, en conjunto, las actuaciones globales de la Policía española-, no se parezcan afortunadamente para nada a las imágenes de contundencia severa que vemos que en otros lugares de nuestro entorno aplican algunas fuerzas de seguridad. Celebro profundamente que la Policía española no actúe en esos términos, ni de pasado, en épocas muy recientes con otro Gobierno, ni de presente, en la época actual con este Gobierno, estoy convencido que ni de futuro, sea cual sea ese Gobierno de futuro.
Pero algunas de las afirmaciones me obligan a hacer un ligero matiz.
Yo le diría al señor Aymerich que no es que haya buenos profesionales en la Policía, es que la profesionalidad de conjunto es impecable, por más que existan, como en cualquier otro colectivo, personas aisladas que pueden mantener en un momento dado una conducta reprobable. Y yo le preguntaría también al señor Aymerich que cómo puede decir que lo sucedido en la puerta del Congreso o alguna otra situación que estamos analizando es producto de la política de: tranquilos, no pasa nada. ¿La política de: tranquilos, no pasa nada, se compadece con la actuación del Ministerio del Interior en términos de juzgar como una actuación no deseada lo que sucedió en el Congreso y adoptar unas medidas cautelares de cese del mando policial de la fuerza interviniente? No creo que eso case mucho con esa expresión genérica de: tranquilos, no pasa nada, barra ancha, ancha es Castilla y a por ellos, que se ha invocado esta tarde aquí.
Al final sería bueno que todos compartiéramos un profundo compromiso de didáctica social. En la medida en que afortunadamente en democracia, en una sociedad como la nuestra, el ejercicio del derecho de reunión, de expresión y de manifestación está plenamente consolidado, bueno sería que nosotros, de la misma forma que exigimos -porque lo exige la ley y porque lo exige el compromiso político y ético de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, de todas las fuerzas sociales y al final de la sociedad misma- que las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean siempre impecables, atenidas a ese principio de proporcionalidad y a lo que determina el ordenamiento vigente, como así lo es en la inmensa generalidad de los casos, bueno sería también que hiciéramos el ejercicio de didáctica social. Ya mencioné alguna vez -aunque no está muy de moda citar a Ortega- aquello que decía Ortega de la función didáctica de los dirigentes para explicarle a la sociedad que el ejercicio del derecho irrenunciable -subrayo irrenunciable- a la discrepancia, a la expresión, a la reunión y a la manifestación tiene unas reglas que todos nos hemos dado, que el conjunto de la sociedad democrática se ha dado a sí misma y que conviene en todo punto, por respeto a esas reglas y a lo que significan, no transgredir. Es decir, ninguna forma de tensión apoya o hace más fuerte el ejercicio de una legítima reivindicación. No hay que olvidar tampoco que esas personas que impecablemente día, a día, sirven a la sociedad, vestidos en este caso de azul, es decir, los miembros del cuerpo nacional de Policía, son también trabajadores en los mismos

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términos en que son trabajadores las personas que en un momento determinado están ejerciendo una legítima reivindicación.
Concluyo, por tanto, diciendo que bueno será que hagamos una reflexión para no establecer falsas dicotomías y, sobre todo, para no intentar presentar lo que no tiene justificación: que hay un Gobierno que mantiene una política de orden público o de seguridad ciudadana reaccionaria; que hay un Gobierno que da órdenes represivas sobre ciudadanos que ejercen sus legítimos derechos; que hay un Gobierno que se mueve bajo el principio de más gente, más palos; que hay un Gobierno que cuando ve gente dice: vemos gente y a por ellos. Esto, coincidirán SS.SS. conmigo en que puede quedar bien dicho en el escenario de un mitin, pero, como análisis político de fondo, está fuera de lugar y está fuera de lugar también en el contexto de una Cámara como ésta.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Antes de dar la palabra al señor Fernández Rozada, suspendemos la sesión durante cinco minutos.
(Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señorías, reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Fernández Rozada.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Quiero referirme brevemente a la comparecencia pedida para explicar el desalojo de un encierro de Comisiones Obreras en Oviedo.
Debo empezar diciendo que, después de oír atentamente la información dada por el señor Morenés, estoy absolutamente de acuerdo con ella y no tanto porque forme parte del Gobierno que mi grupo parlamentario apoya, sino porque, como asturiano, como ovetense, he tenido ocasión de seguir esto día a día en los medios de comunicación y en contacto con quienes lo han vivido muy de cerca, incluso trabajadores que no pudieron trabajar durante varios días en esa delegación, que se nos quejaban diciendo si el derecho a asistir al trabajo no podía ser protegido de alguna forma, ya que ellos estaban desamparados. Son cuestiones que hay que vivir allí, de cerca, para entenderlas.
Después de la intervención de nuestro portavoz Gil Lázaro, una intervención política con la que también estoy de acuerdo y que me exime de hacer referencia a alguna de las partes que tenía previsto -después de oírle ya no tiene sentido más que manifestar mi adhesión a las palabras pronunciadas por nuestro portavoz-, quiero decir que me pareció que el señor Alcaraz conoce bastante de lejos el asunto y es el que lo ha presentado. Hace referencia a que siguió los medios de comunicación y dice no tener constancia de los cinco policías heridos. El que siguiera los medios de comunicación y no conociera tal cuestión me hace pensar en la poca objetividad con que ha hablado aquí de la comparecencia pedida por Izquierda Unida. Sólo le voy a poner un ejemplo. El diario demayor tirada en Asturias, La nueva España, señor Alcaraz, el día 15...
(El señor Alcaraz Masats: He hablado de Granada. Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz, respete el turno de palabra, por favor.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor Alcaraz, yo he venido aquí y he seguido de cerca las intervenciones de los portavoces respecto a las actuaciones en Oviedo y usted -está en el "Diario de Sesiones" y tendremos ocasión de comprobarlo- ha dicho que desconocía que en Oviedo hubiera habido heridos entre los policías; sí entre los sindicalistas, porque los medios de comunicación no hacían referencia a ello. Figura en el "Diario de Sesiones"; yo lo he seguido. Si se ha equivocado y se refería a Granada, puede comprobar el "Diario de Sesiones" y rectificarlo, pero yo le he oído que hablaba respecto a Oviedo y quiero decirle que en los diarios de mayor tirada se dice: El desalojo de un encierro de Comisiones se salda con seis sindicalistas y cinco policías heridos. A toda página en el diario de mayor tirada.
Por otra parte, quiero decir también que yo seguí los números que se han dado en la intervención del señor Morenés, y habla de 10, 20 ó 30, pero hace referencia a varios días, a días sucesivos. El día 14, en los medios de comunicación, en todos, se hablaba de esto y, para que no sea sólo mi palabra, que puede estar preñada de subjetividad, voy a leer cinco líneas de lo que dicen los medios de comunicación: Los hechos ocurrieron pasadas las 8,30 de la mañana del 14, cuando efectivos policiales rompieron una de las cristaleras del vestíbulo de la Dirección Provincial, donde estaban encerradas unas 200 personas.
Señorías, he oído la teoría de lo que ha supuesto el desalojo de un encierro de Comisiones Obreras en Oviedo y tengo que decir que la actuación policial me ha parecido impecable, como impecable ha sido la actuación de la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno, que SS.SS. conocen por su trayectoria de trabajo constructivo como diputada en esta Cámara durante muchos años y hasta hace aproximadamente nueve meses en que fue nombrada delegada del Gobierno, sigue en su actuación no sólo los hábitos democráticos, sino lo que en su juventud ha vivido en el seno de nuestro partido, que ha sido precisamente la corrección, la templanza en todas y cada una de sus actuaciones. Tengan SS.SS. la seguridad de que la delegada del Gobierno en Asturias mantiene la corrección, los hábitos de conducta, de proceder democrático, como ha demostrado a lo largo de muchos años en esta Cámara.
Por eso sería bueno que, cuando se habla de los incidentes que han ocurrido, procurásemos ser lo más objetivos posible y ver la actuación de las dos partes en el conflicto. Desde luego, nosotros secundamos en este

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caso tanto la actuación de la policía como de la delegada del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Agradezco las intervenciones de sus señorías.
Decía el señor Alcaraz al principio que a nosotros, al Gobierno, le da igual el asunto del que él estaba hablando. No, evidentemente no es así. Ni nos da igual los planteamientos que se hacen aquí ni nos da igual que en determinadas circunstancias no podamos cumplir con algo en lo que creemos profundamente, que es el Estado de derecho y todo lo que el Estado de derecho refleja, la posibilidad que tiene todo el mundo en España de manifestar sus criterios de acuerdo con unas normas democráticas que nos hemos dado todos. Nosotros somos especialmente vigilantes de ese aspecto.
Parece ser que se tiene una sensación derivada de una cantidad de intervenciones en este sentido o de una actitud generalizada del Gobierno ante las manifestaciones de determinados contenidos, ya digo que todos ellos, todos, aceptables. En ese aspecto no hay ningún tipo de prevención inicial, pero el Estado de derecho es el Estado de derecho y nosotros lo cumplimos para unos y para otros, como no podía ser menos. No existe una actuación de parcialidad, de que para unos sí y para otros, no. Pedir responsabilidades a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la propia política cuando no permiten el ejercicio de los derechos es exigible a todos. En esa línea actuamos y con la misma preocupación que pueda tener usted en el sentido de impulsarlo, sobre todo desde un Ministerio como el del Interior, que tiene una especial vinculación precisamente con que podamos vivir en un ámbito jurídico, político y democrático, que es el que nos hemos dado todos los españoles.
Con respecto a lo que ha dicho usted sobre la confusión de la delincuencia organizada con las manifestaciones, tengo que decirle que exagera. Se lo digo de verdad. Con una estadística de las manifestaciones que hay, unas 700, de las que sólo se han prohibido, unas 10, 12 ó 15, no me parece que se pueda decir que la actitud generalizada del Gobierno sea precisamente impedir las manifestaciones. Simplemente serán algunas, en ciertos aspectos que ustedes pueden considerar que son nimios, como puede ser la petición del permiso previo, que está previsto en la ley precisamente para que las manifestaciones puedan discurrir en orden y en paz, como dicen ustedes, pero no creo que sea una ratio de una actitud ante la manifestación en sí misma. Que la propia manifestación, decía usted, sin ni siquiera entrar en el fondo, es considerada en sí misma como un acto hostil a una política supuesta del Gobierno. Esos números nos muestran el panorama estadístico, aunque hoy no ha sido el mejor momento para nombrar la estadística, un panorama como el que algunos de ustedes pintan en cuanto a la actuación del Gobierno.
Me han pedido ustedes el cese del delegado del Gobierno en Madrid. Yo no soy quién, a pesar de que alguien me haya podido atribuir esas facultades, para cesarle o no cesarle. Lo que quiero decirles es que la estadística que les he citado es precisamente la de Madrid y que la tengo a disposición de SS.SS. para cuando la quieran ver.
Doña Margarita Uría, que ahora no está presente, ha hablado también del delegado del Gobierno en Madrid. Simplemente quiero decirle que ellos habrán tenido experiencias en la Comunidad Autónoma de Navarra, habrá podido haber una serie de actuaciones que en su caso, supongo yo, se pondrían en conocimiento de quien fuese conveniente. Y no creo que de la cantidad de manifestaciones que se producen en Madrid, lugar del que ustedes han hablado particularmente, y de las autorizaciones de las mismas se pueda derivar que el señor Ansuátegui tiene una especial animadversión por esa forma de ejercicio de los derechos democráticos.
En cuanto a los casos que hemos analizado, señor Alcaraz, yo tengo la información que me viene de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y alguna de la prensa. Mi impresión personal, por la relación y la vinculación que tengo con determinados delegados del Gobierno, no con todos, porque con algunos no he tenido contacto, es que, por todos los medios, se trata de establecer un permanente diálogo antes de que se produzcan actuaciones de corte necesariamente violento por repeler determinadas agresiones. En función de la información que recibe de los delegados del Gobierno y debo decir también que de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la sensación que tiene este secretario de Estado que comparece es más bien la contraria. Por lo tanto, como no creo que ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni los delegados del Gobierno mantengan un permanente sadismo ante manifestaciones, que por otra parte desde hace 25 años en España son perfectamente admitidas, conocidas y todos, fundamentalmente los madrileños, las vivimos con toda normalidad en la calle todos los días, entiendo que no hay una actitud especialmente virulenta contra los manifestantes, sino que simplemente hay una actitud necesaria contra quienes, dentro de ese derecho a la manifestación, no cumplen con sus obligaciones para con el ejercicio de ese derecho, que tiene su cara de obligación, como todo derecho que está contenido en nuestra Constitución. En este aspecto también estoy tranquilo. No lo estoy tanto, evidentemente, desde el punto de vista de que, como responsables políticos, pueda haber algunas actuaciones que se nos escapen, reacciones no permitidas o que van más allá de lo necesario en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le puedo decir que tanto ese señor que mencionaba

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usted de la televisión como quien ordenó la carga en el Congreso están sometidos a un determinado expediente, que terminará con la sanción que en su momento se considere necesario imponer, en caso de resultar al final culpables.
La señora López me ha hablado de Granada. No conviene, aunque estoy seguro de que usted no lo ha hecho, confundir lo que es la manifestación con el acto policial que pueda derivarse de ella. Usted me ha dicho que en Andalucía hay múltiples manifestaciones donde hay presencia policial. Efectivamente. Pero no me ha dicho que en todas esas múltiples manifestaciones -precisamente, ese es el dato importante- y no solamente en la de Granada -no sé si ha mencionado otra- ha habido una actuación policial que a su juicio fue extralimitada. En cuanto a la situación de Granada y la mención que ha hecho de los heridos que hubo por la carga de los manifestantes, debo decirle que los hubo y que es absolutamente lamentable. Fue producto de un enfrentamiento, usted habla de 30 personas que estaban haciendo fuerza, por un piquete no informativo. A pesar de que el señor Alcaraz dice que estaban impidiendo que se fuese más allá de los servicios mínimos, la interpretación que hace la otra parte no es esa. Tengo la plena convicción de que no hay un solo jefe de operativo policial en España que no trate de disolver una manifestación vía diálogo. Estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Para un policía que tiene que enfrentarse a determinadas personas en una situación dura y crítica, es mucho más sencillo, mucho más sensato y beneficioso para el mismo, ir el diálogo. Aunque sólo fuese por eso, por la comodidad personal, estoy seguro de que se intenta de infinitas maneras. Además, debo decirle que en esa acción, en ese enfrentamiento, que hubo en Granada ciertamente hubo heridos por parte de las personas que impedían las salidas de los autobuses, pero debo recordar que también los hubo en la policía. Quiero recordar que hay un policía que tuvo una rotura de peroné por una agresión. No quiero decir que no ocurra, pero ocurre en ambos lados. Esto abunda en lo que antes decía.
Señor Sánchez Garrido, dice que yo he dicho que el tema de Oviedo había sido una respuesta eficaz. No quiero que se pueda entender por respuesta eficaz que sólo vale la eficacia. La respuesta de Oviedo creo que fue eficaz del primer al último día; hubo varios días en los que se intentó por todos los medios -he reiterado cómo y aquí me lo han repetido- que se pudiese coordinar los dos derechos que se trataban de establecer allí. Uno era el derecho a manifestar una determinada actitud ante una reivindicación, que puede tener su fondo de razón o no, sin perjuicio del derecho que pudiesen tener otras personas a utilizar esos determinados servicios. La respuesta eficaz es esa. No es desalojar o romper la cabeza, y permítaseme la expresión, de cualquiera; la respuesta eficaz es precisamente que se pueda permitir el ejercicio de los derechos de todos los que los tienen amenazados por una actitud, por una circunstancia especial, que para eso precisamente está el Estado y las Fuerzas y para eso están sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Decía la señora Gallizo que estaba pasando algo serio en Madrid. Yo le diría que en Madrid sí está pasando algo serio, en el sentido de que ya le digo que hay una enorme cantidad de manifestaciones, una enorme cantidad, pero eso no justifica que haya que atacar a todo el que se manifiesta en Madrid. Le vuelvo a decir que, de esa enorme cantidad de manifestaciones que se solicitan, solamente se impiden originariamente yo creo que ni llega al 15 por ciento. Se permiten prácticamente un 85 por ciento de ellas. De todas ellas, de ese 85 por ciento -y estoy hablando de más de mil-, aquí hemos tratado de varias, la del Congreso, la antifascista, con problemas de enfrentamiento con otros manifestantes. Estamos hablando de dos o tres manifestaciones en las que ha habido una actuación policial discutible. Permítanme que yo acepte el término discutible por lo menos, porque en la parte que me corresponde como responsable de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si ha habido alguna condición extraña digamos en mi responsabilidad, les puedo decir que ya he iniciado los expedientes oportunos, como en su día dijo el ministro en la comparecencia del día 28, anunciándoselo a todos ustedes.
Señor Gil Lázaro, ha hecho usted un planteamiento para mí importante de una convicción democrática que tenemos todos los que nos sentamos en esta Cámara, sobre todo ustedes, que son los representantes del pueblo, también el Gobierno y éste que les habla. Yo no me sentaría en esta mesa si no estuviese convencido de que bajo el paraguas del Estado de derecho pueda comparecer aquí. Creo en ese marco jurídico y ese marco jurídico tiene unas determinadas exigencias de responsabilidad política y jurídica en los casos en los que haga falta. Por eso comparezco gustosamente aquí, para que se me exijan esas responsabilidades. Pero, dicho eso. No creo que haya un solo representante de esta Cámara ni un solo representante del Gobierno que considere que su posición personal ante temas del ejercicio de los derechos pasa por encima de los derechos constitucionales de todos los españoles y no trabaje en esa línea para ahondarlos en la medida de lo posible.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Lo que más me preocupa, señor secretario de Estado, señor portavoz del Grupo Popular, es que se crea que lo que nosotros estamos aquí criticando son exageraciones, incluso que se acoten ciertas expresiones que hemos hecho y se ridiculicen. Hay una sensación muy generalizada en el movimiento obrero y en grupos, asociaciones progresistas, ONG de todo tipo, de que hay una política represiva.


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¿No se quiere creer? Qué le vamos a hacer. Yo, como miembro de la oposición, voy a pedir comparecencias de todos estos hechos que se están produciendo, para demostrar que es así. Siento no poder contestar al otro portavoz del Grupo Popular, porque se ha ido, cosa que no debiera hacer cuando se hace una intervención de ese tipo, pero no quiero dramatizar nada.
Simplemente quería decirle que, de los tres periódicos de Asturias, sólo uno habla de los heridos entre la policía. Yo lo siento, ya se lo he dicho al señor Morenés, lo siento en el mismo grado que sentía los heridos de los trabajadores. Todos los titulares van en la misma dirección: Violenta carga policial contra Comisiones Obreras.
Sindicato y oposición piden que dimita la delegada del Gobierno; Seis heridos de Comisiones Obreras durante la carga policial; El desalojo del encierro de Comisiones se salda con seis sindicalistas y cinco policías heridos; los hechos ocurrieron cuando las fuerzas del orden rompieron la cristalera del vestíbulo del edificio. Seis sindicalistas resultan heridos en un violento desalojo en Oviedo.
Esos son los titulares. Y uno de ellos habla de cinco heridos de la policía y, como he dicho anteriormente, lo siento.
Con respecto a Granada no se publica ese tema, por lo menos yo no lo he leído, pero este no es un tema de fondo. He dicho que aunque no se hubiera publicado, si se han producido heridos en la policía, lo sentía en el mismo grado, y lo repito. Se ha dicho una cosa que no es real en la secuencia de los hechos. Son ocho o diez sindicalistas en Oviedo, el mismo señor Morenés lo ha dicho, y después se incorporan más. Después, sólo después. Se ha relatado desde la Secretaría de Estado. Y no se puede descalificar ninguna opinión diciendo: es que usted no estaba allí. ¿Eso qué tiene que ver? Tampoco estaba allí el señor Morenés. Cada uno tenemos nuestras fuentes y cada uno las utiliza como quiere. Por tanto, que no se nos corte España en trozos para que no podamos los diputados que somos de pequeños grupos entrar en ninguna parte de España; por favor. Fronteras fuera, porque, si no, no vamos a poder hablar. Además, tenemos un diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, que es el que me ha informado de toda esta situación. Desde este punto de vista, creo que hay que cesar al señor Ansuátegui. Es una opinión prudente, moderada, pensada y compartida por mucha gente. Hay que cesarle. Señor Morenés, usted sí tiene esa responsabilidad, como cargo político de primera magnitud, de trasladar esa opinión a los ministros correspondientes y al Gobierno, para que se sopese esta situación. En Madrid no vamos por buen camino, incluso vamos por encima de la media con respecto a esta política represiva, vamos muy por delante, y estamos en la capital de España, tiene mayor trascendencia, por lo menos mayor publicidad.
En definitiva, ustedes tienen que pensar en una política de orden público con respecto a este tipo de concentraciones, de ejercicio del derecho de manifestación. No hay una política ponderada, adecuada, no está bien medida. Nosotros fundamentalmente hablamos de las órdenes que se transmiten a la policía, más que de la policía misma. Otra cosa es que algunos policías, ante las ordenes que se transmiten, se excedan, como es el caso de Madrid o de alguna otra de las manifestaciones de las que estamos hablando. Estamos hablando de la política de fondo, de las órdenes que se imparten, y es una política inadecuada, aunque ahora, en su turno de propaganda, el señor Gil Lázaro me va a contradecir.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: En primer lugar, quiero recordar al señor secretario de Estado que yo también estaba aquí, yo también pedí su comparecencia y no me ha contestado absolutamente a nada.
Ciñéndome al objeto de mi petición de comparecencia, no es una actuación desproporcionada la que hubo en esta manifestación de Madrid, y lo digo sin entrar a juzgar la actuación, la actitud o los hechos provocados por algunos, algunos, de los que formaban parte de esa manifestación. Sin embargo, hay cuestiones que para mí van más allá y, para que no tengamos que llegar a la represión, actuar ex post facto, sino prevenir, le recomendaría que transmitiese también al señor Ansuátegui, aparte de invitarle a abandonar su responsabilidad, que los policías deben ir identificados y que, cuando un ciudadano le pregunta a un policía su número de identificación, el policía no le diga que vaya a los juzgados de Plaza de Castilla y le denuncie, porque ésa no es la forma de actuar.
Si a una persona se la detiene 72 horas, estando perfectamente identificado, cuando en el peor de los casos lo máximo que se le imputa son faltas, tampoco es una actuación explicable; 72 horas en condiciones degradantes -hay que decirlo así-, entre insultos, entre amenazas, entre todo tipo de vejaciones, que yo creo que a estas alturas no tienen sentido, no deberían tener lugar en un Estado como el nuestro.
Por eso, señor Gil Lázaro, y abundando en lo que decía quien me precedió en el uso de la palabra, yo no puedo explicar estas actuaciones más que como resultado de una cierta política, de decir a los mandos o a los números policiales: Vosotros, tranquilos, que nadie os va a exigir responsabilidades. Digo que nadie les va a exigir responsabilidades porque yo mismo tuve que hacer varias preguntas -y prefiero no insistir en el tema- porque un policía, condenado por sentencia firme por un delito de torturas, casación desestimada por el Tribual Supremo, seguía como secretario jefe de una determinada comisaría de policía. No voy a dar más datos, creo que el señor Morenés es consciente de qué estoy hablando. Parece que pidió el indulto, pero esto venía desde el año 1982 y en ningún momento se adoptó contra él ningúntipo de medida cautelar ni de sanción disciplinaria.


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Por eso digo que esto debe obedecer a una determinada política, porque, si no, es inexplicable.
Con estas palabras, espero que todo esto se pueda solucionar en un futuro y que lo que deben ser los estándares de actuación policial normales en un Estado democrático, la proporcionalidad, el diálogo, la prevención antes que la represión, se apliquen y sean objeto de recordatorio por parte de los mandos políticos. Y reitero, una vez más mi confianza en la profesionalidad de la mayor parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Digo la mayor parte, porque siempre hay garbanzos negros.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, quiero decir que efectivamente, desde mi grupo, creemos que el reiteradas veces citado señor Ansuátegui y en conjunto todos los delegados del Gobierno cumplen con la legalidad vigente, como no puede ser de otra forma.
Sería imposible imaginar un delegado del Gobierno, de este Gobierno o de cualquier otro, empeñado, en el ejercicio de su cargo, en no cumplir con la legalidad vigente. Eso no casa dentro del discurso político lógico ni dentro de la más elemental lógica. Si se quiere plantear un discurso sobre la base de negar esa lógica, es muy legítimo, pero nosotros seguiremos diciendo lo que decimos.
Por otra parte, tampoco podemos dar valor absoluto, admitido y por tanto incontestado por nuestra parte, a aquello de: Tranquilos, nadie os va a exigir responsabilidades. Porque no se corresponde con la realidad, ni con la realidad de lo que dimana de nuestro ordenamiento jurídico vigente ni mucho menos con lo que es el compromiso político y ético, en cumplimiento de ese ordenamiento jurídico vigente, de quienes tienen en este momento, como lo tuvieron ayer otros y como lo tendrán mañana otros, la responsabilidad de dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, ese discurso de: Tranquilos, nadie os va a exigir responsabilidades, tampoco casa con la práctica.
Al final se traduce en que, cuando se han producido situaciones que se juzga por el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no se han acomodado a ese principio de proporcionalidad, se toman medidas cautelares previstas en nuestra legislación vigente y se produce, como el caso de la famosa carga en las escalinatas del Congreso, el cese del mando policial de la fuerza interviniente. Eso no casa con la afirmación de una política general de: Tranquilos, que nadie os va a exigir responsabilidades o de barra libre.
Por tanto, me afirmo simplemente en esas modestísimas reflexiones, que no alcanzan la categoría de las que decía el señor Alcaraz que iba a hacer, y que ha hecho, en las reflexiones de mi turno anterior.
Desde luego, señor Alcaraz, yo jamás calificaré sus intervenciones o sus turnos como turnos de propaganda o de contrapropaganda.
En todo caso, cualquier calificación que venga de una persona a la que reconozco la altura intelectual de S. S. es para mí siempre un honor, porque demuestra que por lo menos a este modesto diputado S.
S. se digna prestarle atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Brevísimamente.
Señor Alcaraz, al final, usted dice que va a seguir insistiendo en denunciar estos asuntos ante la Cámara. Yo le ruego que lo haga; aunque no me crea, porque dice que no me cree, le ruego que lo haga, porque comparto su preocupación. Que se me exijan responsabilidades por las órdenes o pretendidas órdenes que se puedan dar desde el Ministerio en cuanto a la represión y a la utilización de la fuerza contra los derechos fundamentales de las personas o a la matización -que me parece más acertado por su parte- de esos derechos. Creo que el control parlamentario al Gobierno es uno de los elementos más esenciales del Estado de derecho y este secretario de Estado comparecerá encantado a dar explicaciones cuando ustedes crean que pasan cosas, cosas que algunas veces pasan y las sancionamos y otras veces no pasan y no las podemos sancionar.
Pido mis excusas al señor Aymerich, porque la verdad es que había tomado nota y se me ha pasado. Aparte del discurso, cuyo fondo comparto, el de usted y el de todos, hablaba usted de dos aspectos, y ésos sí son aspectos puntuales, porque los aspectos puntuales denotan realmente cuáles son las actividades. Ya he mencionado las estadísticas. Hay 731 manifestaciones, de las cuáles sólo diez se han prohibido. Usted denuncia que hay dos particulares hechos de dos detenciones. Yo le ruego que usted o quien las conozca las ponga en conocimiento por el cauce que el Estado de derecho establece, que es absolutamente necesario para que los poderes constituidos puedan, en su caso, ejercer su obligación de sancionar esos temas; si son aspectos internos, internamente, dentro de las Fuerzas y Cuerpos y del Ministerio del Interior administrativamente, y, si no, judicialmente.
Me interesaré por qué los policías no tienen sus elementos identificativos, si es un aspecto administrativo general o si en algunos casos no los llevan. Si fuese requisito administrativo que lo llevaran, le puedo garantizar que desde hoara yo exigiré que se lleven.
Le agradezco la confianza que muestra en general en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo su actitud ante la aceptación de los derechos, no solamente el Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino todos los españoles, que creo queen el fondo es de lo que aquí todos estamos preocupados

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y de lo que estamos hablando. Unos, preocupados porque consideran que el Gobierno no los respeta y otros, preocupados porque alguien pueda considerar que el Gobierno no lo hace.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Acontinuación, pasamos a las preguntas previstas en el orden del día.


PREGUNTAS:

- DE LA SEÑORA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE BALÍSTICA IDENTIFICATIVA. (Número de expediente 181/000335.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Comprenderán SS. SS. que, dada la hora que es, la Mesa sea muy estricta en la administración reglamentaria de los tiempos.
En primer lugar, pregunta fijada con el número 10 en el orden del día, relativa a las nuevas tecnologías puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística identificativa. Para su formulación, tiene la palabra la señora Torme Pardo.


La señora TORME PARDO: La lucha contra el delito común y mucho más cuando se trata de la lucha contra delitos cometidos por grandes redes internacionales de delincuencia organizada por grupos terroristas exige por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una especialización cada vez mayor, así como también una disponibilidad de tecnologías punteras acordes con los nuevos retos que se plantean precisamente en el tema de la investigación.
En ese sentido, cabe destacar la incorporación de nuevas herramientas para la investigación por parte de la policía científica, como es el caso de las técnicas de estudio del ADN o como las técnicas de investigación en materia de balística. Precisamente dentro de la policía científica desarrolla su actividad el departamento de balística, contribuyendo a resolver los problemas que se plantean ante hechos criminales en los que han intervenido armas de fuego, problemas que pueden ser fundamentalmente de tres tipos: en primer lugar, de carácter reconstructivo, en este caso, desde el departamento de balística se establecen las posiciones de la víctima y el agresor, las distancias del disparo, la trayectoria del proyectil. Un segundo grupo de problemas serían los de carácter funcional; en este caso la investigación se orienta a determinar el estado de funcionamientoreal del arma, si ha sufrido modificaciones, si se ha puesto a punto otra vez después de haber sido inutilizada. Por último, se encuentran los problemas de carácter identificativo. En este caso, desde el departamento de balística se identifica el arma mediante el estudio de los proyectiles o casquillos por ella disparados, se procede a la comparación de casquillos y proyectiles con aquellos que forman parte de la casuística anónima, se puede llegar a concluir que un mismo arma ha participado en hechos delictivos distintos, y es precisamente la balística identificativa la que trata de resolver estas cuestiones, estos problemas que he mencionado en un tercer lugar, que tienen mucha trascendencia en la investigación de delitos en los que intervienen armas de fuego. En este sentido, cualquier medida que adopte el Gobierno para mejorar los instrumentos con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado va a ser muy bien recibida por el Grupo Parlamentario Popular. Por ello le planteo la siguiente pregunta, señor secretario de Estado: ¿Qué nuevas tecnologías se han puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística identificativa?

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): El departamento de balística del Centro de investigación y criminalística desarrolla su actividad resolviendo o ayudando a resolver aquellos problemas que se plantean ante hechos criminales en los que han intervenido armas de fuego, cuestiones que pueden ser de carácter reconstructivo, funcional o identificativo, como S.S. nos ha adelantado.
La disciplina que se encarga de dar respuesta a esta última cuestión es la balística identificativa. La identificación o correlación entre elementos balísticos está fundamentada en las lesiones que durante la acción del disparo originan en el culote de los cartuchos los mecanismos de percusión, cabeza de cierre, extracción, expulsión y el labrado anterior del cañón en la superficie de los proyectiles. Las herramientas básicas del técnico en balística identificativa son el microscopio de comparación con material fotográfico especial incorporado, el software para el tratamiento de imágenes digitalizadas y los archivos fotográficos y físicos de las muestras recogidas en hechos delictivos anteriores.
El incesante aumento de la demanda de pericias y el volumen creciente de hechos criminales en los que intervienen armas de fuego motivó que el Departamento de Interior buscase el apoyo en otros medios que, si bien no le resolviesen totalmente el problema, le sirvieran de ayuda a su resolución. Junto con los peritos de balística del Cuerpo Nacional de Policía se estudiaron cuatro sistemas de prestigio internacional: el Cible, de origen francés, que no se encuentra operativo; el Apcehan- 5, ruso; el Drugfire, inglés, y el IBIS.


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Finalmente, se probaron en España dos de los sistemas automáticos de identificación balística más evolucionados: el Drugfire, desarrollado por la empresa norteamericana Mnemonic System Incorporated, y tutelado por el FBI, y el IBIS. Tras dichas pruebas, reuniones de trabajo y visitas a diferentes países que ya trabajaban con esos sistemas, se dio el visto bueno a la compra de este último, el IBIS, por la Dirección General de Administración de la Seguridad del Ministerio del Interior, adquiriendo finalmente dos sistemas idénticos: uno para la Guardia Civil y otro para el Cuerpo Nacional de Policía.
Esta nueva herramienta, ya operativa, integra, como si de una sola unidad se tratase, las bases de los dos sistemas y permitirá en un futuro integrar en red a otros cuerpos, tanto de ámbito nacional como internacional. El IBIS, sistema integrado de identificación balística, es un sistema desarrollado por la firma Forensic Technology Inc., tutelado por la agencia norteamericana ATF, capaz de capturar y procesar imágenes en grandes cantidades utilizando los dos módulos que lleva incorporado el microscopio de captación para proyectiles y para las vainas, lo que permite una comparación continua de todos los elementos que se van introduciendo contra la base de datos existentes, en este caso dos bases, la de la Guardia Civil y la de la Policía, perfectamente sincronizadas en su información de forma automática y en tiempo real, de tal forma que los dos nodos disponen de la misma información.
Les abrevio a SS.SS. la descripción técnica del sistema. Podríamos resumirlo en que el IBIS consiste en un microscopio de captación con dos módulos, integrado con una serie de ordenadores, con un Hardware y un Software diseñado para una misión muy específica, cuyos subcomponentes son la estación de adquisición de imágenes y extracción de firmas y el motor de correlaciones y servidor de archivos.
En conclusión, estamos en un proceso de mejora técnica de la resolución de los problemas que se plantean ante hechos criminales en los que han intervenido armas de fuego. Y a este proceso, naturalmente, acompaña otra mejora en las aptitudes del personal dedicado a estas funciones.


- DE LA SEÑORATOME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DURANTE EL PERÍODO DE EMBARAZO.
(Número de expediente 181/000336.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra de nuevo la señora Torme para formular la segunda pregunta relativa a las medidas para promover una regulación específica de las condiciones laborales de las mujeres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el período de embarazo.


La señora TORME PARDO: Señor presidente, siguiendo sus instrucciones, trataré de ser breve nuevamente en la formulación de esta pregunta.
Es indudable que en las últimas décadas se han producido avances sustanciales en lo que se refiere a la incorporación de la mujer a todas las esferas de la vida social, laboral, cultural o política. De hecho, nuestra Constitución de 1978 reconoce como un principio fundamental del ordenamiento jurídico la igualdad. En el artículo 14 establece ese principio también fundamental de la no discriminación por razón de sexo.
Pero aunque en un plano jurídico o teórico podamos hablar de que hay una auténtica igualdad entre hombres y mujeres es cierto que en el plano de la realidad, en la práctica, a veces hay obstáculos que impiden que podamos hablar de una auténtica igualdad de oportunidades para las mujeres, obstáculos que también, de acuerdo con nuestro texto constitucional, corresponde remover precisamente a los poderes públicos. Donde resultan especialmente evidentes estas dificultades es en el mundo laboral, y aquí vemos que las mujeres podemos tener problemas en nuestra incorporación al mercado de trabajo, y eso queda muy patente simplemente contemplando las tasas de desempleo, que duplican en muchos casos las femeninas a las masculinas. No me quiero extender en este aspecto.
En el desarrollo posterior de las relaciones laborales, una vez que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, también a veces hay discriminaciones o dificultades que impiden que una mujer ascienda profesionalmente y ocupe las categorías directivas. Si analizamos un aspecto de lo que es la ocupación profesional, como son los sectores a los que la mujer se incorpora, vemos que también hay muchas actividades en las que las mujeres estamos infrarrepresentadas, hay una serie de sectores en los que tradicionalmente ha habido una ocupación masculina y las mujeres hemos estado excluidas. Uno de estos podría ser precisamente el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente es a partir de 1988 cuando se producen las primeras incorporaciones de mujeres tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía, incorporaciones que han exigido por parte del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y Cuerpos, una adaptación, unos cambios en las estructuras de las organizaciones que eran exclusivamente masculinas para evitar que puedan producirse dificultades en el desarrollo de las relaciones laborales.
Hay un aspecto muy puntual, como es la situación de embarazo de las mujeres, que puede ocasionar dificultades.Por eso en este momento, señor Secretario de

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Estado, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas se están adoptando para promover una regulación específica de las condiciones laborales de las mujeres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el período de embarazo?

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias por su concreción, señora Torme.
Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): El pasado 2 de marzo la Dirección General de la Policía dictó unas normas de protección de la seguridad de la salud de la mujer trabajadora embarazada, que haya dado a luz o se encuentre en período de lactancia, así como la del nasciturum y el recién nacido, entendiendo que todos ellos deben ser objeto de una especial atención y consideración.


Las condiciones laborales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía no se encuentran reguladas de manera específica, por lo que resulta de aplicación la normativa general prevista en la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en la Ley de funcionarios civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, en la Ley 29/1965, de 27 de junio, de Seguridad Social y de los funcionarios civiles del Estado y en las distintas modificaciones introducidas en los mencionados textos legales por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (artículos 19 a 22).
Hay que señalar que el servicio sanitario de la Dirección General de Policía en cualquier caso vela por la salud de la gestante y el adecuado desarrollo de la gestación, disponiendo lo que sea necesario en cada caso. La Dirección General de Policía es consciente de que, de acuerdo con lo indicado en la normativa internacional y comunitaria así como en las normas internas de rango superior que abordan esta cuestión, se hacía aconsejable desarrollar unos cauces adecuados en orden a conseguir el fin pretendido. A tal efecto, la Dirección General de Policía ha procedido a dictar unas normas provisionales sobre tratamiento específico y protección de los estados de gestación y maternidad en las mujeres policías que, sin perjuicio de los derechos reconocidos en la normativa general que les sea de aplicación, particularmente en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, coadyuven a promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, y por igual motivo, resultaba necesario establecer el procedimiento a seguir por aquellas participantes en los procesos selectivos de ingreso y promoción interna en el Cuerpo Nacional de Policía que, debido a su estado de gestación o lactancia, no podían efectuar algunos ejercicios o prácticas, tanto de las pruebas selectivas propiamente dichas como de los cursos de formación y módulos de prácticas.
En su virtud, y oída la Comisión de personal y proyectos normativos del Consejo de la Policía, la Dirección General de Policía ha dispuesto, mediante resolución de 2 de marzo de 2001: primero, que las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía durante los períodos de gestación, maternidad y lactancia tendrán la adecuada protección en sus condiciones de trabajo en orden a evitar situaciones de riesgo tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o lactante, debiendo adoptarse a este fin las medidas necesarias. Al objeto de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas deberán comunicar su estado de gestación o lactancia al jefe de la unidad en que presten sus servicios, quien dará traslado a su vez a la unidad sanitaria correspondiente. Segundo. El servicio sanitario y las distintas unidades sanitarias de la Dirección General de Policía velarán por que las condiciones de actividad de las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía en estado de gestación o lactancia sean las adecuadas a su situación, emitiendo los informes necesarios en los que se indiquen las medidas a tener en cuenta y las prevenciones a adoptar. Tercero. Cuando los informes médicos de las indicadas unidades así lo aconsejen, a las referidas funcionarias se les adecuarán sus condiciones de trabajo adscribiéndolas a otro servicio, si fuera necesario, y se les eximirá del trabajo nocturno o de turnos que impliquen dicho trabajo. No obstante, como regla general y siempre que sea posible, a la funcionaria afectada se la mantendrá en el puesto de trabajo de su unidad de destino y, en caso de cambio, continuará percibiendo la totalidad de las retribuciones del puesto de trabajo que viniera desempeñando, el cual le será reservado hasta la finalización de la licencia por maternidad o del período de lactancia. Asimismo, por los jefes respectivos se les permitirá la realización de los exámenes médicos prenatales y técnicas de preparación al parto que tuvieran prescritos, autorizando la ausencia del servicio por tal motivo. Cuarto. Durante los indicados períodos de gestación y lactancia las funcionarias no manejarán máquinas, aparatos, utensilios, sustancias u otros elementos que, de acuerdo con los informes médicos correspondientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del embarazo o de la lactancia. Quinto. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o del feto, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar una vestimenta adecuada a su situación. Sexto. En los procesos para el ingreso como alumnas en el centro de formación para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo o parto debidamente acreditados realizarán todas las demás, quedando condicionado su ingreso en el centro de formación a la superación

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de aquéllas y a la que, de acuerdo con su calificación global en la convocatoria en relación con la de los demás aspirantes, le corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas pruebas físicas en el momento en que se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esa fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados, podrá realizarlas en el momento de una inmediata segunda convocatoria, sin que en esos casos le sean de aplicación los límites de edad. La incorporación al centro de formación correspondiente se realizará con los admitidos en las convocatorias en que supere las pruebas físicas. En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la segunda convocatoria posterior a la superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la causa, perderá todo derecho a la misma. Dado el carácter selectivo de los cursos de formación y promoción, así como de los módulos de prácticas de los procesos selectivos de ingreso y promoción interna del Cuerpo Nacional de Policía, aquellas aspirantes que, por su estado de gestación o lactancia, no puedan incorporarse a los mismos podrán continuar en ellos o completarlos, debido a que la realización de determinados ejercicios o prácticas pudieran poner en peligro la salud de la madre o del feto. El director general de oficio a instancia de parte, previo informe del servicio sanitario de este centro directivo y a propuesta de la división de formación y perfeccionamiento, concederá o dispondrá el aplazamiento de los referidos cursos o prácticas a las funcionarias afectadas que los realizarán en las primeras convocatorias que se celebren una vez desaparecidas dichas circunstancias. En estos casos el escalafonamiento tendrá lugar en su promoción y en el orden que les hubiera correspondido de acuerdo con la puntuación obtenida. Por los subdirectores generales, comisarios generales, jefes de división, jefes superiores, comisarios provinciales y responsables de las unidades y plantillas de esta dirección general se adoptarán las medidas necesarias para el más estricto cumplimiento de lo indicado en los apartados anteriores.
En relación con la Guardia Civil, por lo que se refiere a este asunto, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en su apartado 75, establece que durante el período de embarazo a la mujer guardia civil se la podrá asignar por prescripción facultativa a un puesto orgánico distinto del que estuviera ocupando adecuado a las circunstancias de su estado.
En los supuestos de parto o adopción se tendrá derecho a los correspondientes permisos de la madre o del padre, en su caso, conforme a la legislación vigente para el personal al servicio de las administraciones públicas. La aplicación de esos supuestos no supondrá la pérdida de destino.
En desarrollo de dicha ley se está tramitando un proyecto de real decreto por el que se aprobará el reglamento de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y en el que se ha incluido el siguiente artículo: Exención de cometidos para la mujer embarazada. El jefe de la unidad, centro u organismo en que tenga su destino la mujer guardia civil en estado de gestación, previo informe de los servicios médicos del Instituto, podrá: eximirla del desempeño de los cometidos que pongan en riesgo su embarazo; asignarle cometidos distintos que no resulten incompatibles con su estado; asignarle, si el destino lo permite, un puesto orgánico distinto del que estuviera ocupando. Dichas determinaciones, que no supondrán para la gestante pérdida de destino, quedarán sin efecto al concluir el embarazo. Las mismas decisiones podrán ser adoptadas preventivamente a petición de la interesada y sin necesidad de prescripción facultativa cuando existiere causa urgente para ello.


- DE LA SEÑORA SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FALTA DE VIGILANCIA EXTERNA EN EL RECINTO DE LA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD DE PUERTO I Y PUERTO II. (Número de expediente 181/ 000413.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La pregunta fijada con el número 12 en el orden del día ha sido aplazada para una sesión posterior y, por tanto, pasamos a la número 13, relativa a la prisión de máxima seguridad de Puerto I y Puerto II.
Para su formulación, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor secretario, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan su servicio en las prisiones de Puerto I y de Puerto II, en el Puerto de Santa María, están desempeñando su trabajo con una carencia de recursos humanos impropia de una prisión de esa catalogación. Estas prisiones albergan una media de mil reclusos, entre los que se encuentran miembros de la banda terrorista ETA, y sólo 50 funcionarios cubren el servicio entre los diferentes turnos. Por ello le pregunto si tiene conocimiento el Ministerio de Interior de esta carencia de efectivos que cuida la vigilancia externa de las prisiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Los centros penitenciarios de Puerto I y Puerto II se encuentran situados, como S.S. conoce, en la carretera de Jerez a Rota. El perímetro de seguridad es común para ambos centros. El centro Puerto I acoge a 300 internos de primer grado y elcentro Puerto II a 869 de segundo grado a fecha 1 de

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marzo de 2000. La comisaría local del Puerto de Santa María-Puerto Real tiene asignada la prestación del servicio de seguridad exterior del complejo destinando 60 funcionarios a dicha prestación. La seguridad perimetral del complejo se cubre en cinco turnos de trabajo, por 5 oficiales y 45 policías, lo que supone 10 funcionarios por turno, 1 oficial y 9 policías. La seguridad del módulo hospitalario se cubre igualmente en cinco turnos de trabajo por 10 funcionarios, 2 por turno. En momentos puntuales debido a bajas por enfermedad, disfrute de vacaciones u otras circunstancias especiales, cuando algún turno de trabajo no llega a completarse se cubre con funcionarios adscritos a otros servicios de la comisaría.
En todo caso, se va a tratar de realizar un esfuerzo con la plantilla de la comisaría del Puerto de Santa María, con el objeto de reforzar numéricamente los efectivos de la seguridad perimetral. El perímetro de seguridad exterior está conformado por elementos activos y pasivos, cuya labor desarrollan complementariamente agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Existen dos centros de control perimetral, uno por cada centro penitenciario, atendidos por funcionarios de Instituciones Penitenciarias, encargados de controlar los elementos activos de seguridad instalados en dichos recintos de seguridad, cuyo funcionamiento al día de la fecha se puede considerar como correcto.
Estos elementos son, entre otros, cámaras fijas, cámaras móviles, monitores, secuenciadores, barreras de infrarrojos, barreras de microondas, rayos X, arco de detectores de metales, central de alarmas y otros de este tipo. Por lo que se refiere a los medios pasivos, el recinto cuenta con nueve garitas de vigilancia y con un puesto de control de acceso a los centros penitenciarios bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. El servicio se presta combinando la vigilancia estática con la dinámica, de tal forma que de las nueve garitas de vigilancia se cubren fundamentalmente las tres más estratégicas que, a juicio de los expertos, son las más importantes, evidentemente, para la seguridad del centro. Otros dos agentes controlan las entradas y salidas del recinto penitenciario en el control del acceso. Esta vigilancia estática es completada con la que realiza una patrulla compuesta por dos agentes alrededor del recinto penitenciario con una frecuencia casi permanente. El número de funcionarios en el centro de Puerto I es de 219 y 11 laborales, y en el Puerto II de 318 y 36 laborales.
A la vista de todos estos datos, cabe señalar que no hay falta de vigilancia en el recinto de las prisiones en el Puerto I y Puerto II.
No se ha producido ninguna fuga ni ningún desorden significativo en el plano de la seguridad. Pese a lo cual, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está realizando un permanente esfuerzo de adecuación y mejora de los sistemas de seguridad estáticos que completan la vigilancia llevada a cabo por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, hay que resaltar la buena coordinación que existe entre el Cuerpo Nacional de Policía y los funcionarios de prisiones.
Por otra parte, está previsto que se inicien de inmediato las obras del plan de remodelación del centro del Puerto II, que se prolongarán durante 22 meses. Como SS.SS. conocen, el anterior ministro del Interior firmó el pasado mes de diciembre el inicio del expediente de contratación. El importe de la obra será de 775 millones de pesetas.
Su finalidad es mejorar las condiciones de habitabilidad del recinto, que tiene veinte años de antigüedad. Las obras, sin embargo, tienen siempre un efecto general, y en este caso mejorarán también las condiciones de seguridad. Está previsto actuar por módulos, de modo que durante los trabajos se desalojará el módulo sobre el que se actúe, pero no los tres restantes. En consecuencia, la obra se estructura en cuatro fases. Los internos afectados serán trasladados circunstancialmente al centro penitenciario de Algeciras.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Sánchez Díaz.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Para poder solucionar los problemas ante todo hay que reconocerlos, y ya veo que les cuesta reconocer, yo creo que para no dar soluciones. En las prisiones de Puerto I y Puerto II no se dispone de efectivos necesarios para atender a las necesidades de seguridad que ambas prisiones requieren. Yo he estado visitando estos centros; yo he estado con los policías que trabajan allí, con los funcionarios de prisiones y me dicen también que son insuficientes.
Los datos son ciertos, 40 funcionarios prestan sus servicios, 10 agentes adscritos por turno, de los cuales, pregunte usted, no hay más de 6 ó 7 policías en cada turno, bien por días libres a la semana, por absentismo, por baja o por asuntos propios. De las 9 garitas de vigilancia, es cierto, sólo se cubren 3, no sé si por la razón que usted ha dado. Yo creo que más bien es porque no hay personal suficiente para que cubra esas garitas. Y ese abandono de las garitas se ve cuando el ciudadano pasa por la carretera de Rota y ve que hace años están inutilizadas y que los cristales están rotos.
Pero no sólo lo ven los ciudadanos que pasan por esa carretera, lo saben los internos. Sí se ha escapado un preso de la prisión de Puerto I, precisamente por una garita, porque sabía que no se utilizaba desde hacía muchos años.
Por supuesto, creemos que es necesario un vehículo, al menos, que patrulle para esos compañeros que están haciendo la vigilancia exterior. Muy de tarde en tarde a lo mejor viene uno de la comisaría del Puerto de Santa María, pero el vehículo que está allí hace años que no funciona. Usted coincidirá conmigo, y también lo ha dicho, que para hacer una vigilancia en un centro penitenciario no sólo sirve esa vigilancia estática, se necesita una contravigilancia permanente en prisiones como

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esta. Es necesario realizar un control de quiénes acceden a la zona, del itinerario de los que se acercan a ella, y el policía está para obtener información y realizar seguimiento. Esto es imposible en estas prisiones, y si no pregúnteles a los policías qué hacen cuando cada fin de semana llegan dos autobuses, generalmente de familiares de presos de ETA, que sí forman altercados.
Pero la política raquítica que viene caracterizando al Ministerio del Interior en cuanto a dotación de personal también ha llegado a Puerto I y a Puerto II, porque antes estas prisiones tenían 130 agentes de forma exclusiva y autónoma para ello, y hoy nos hemos quedado con 50, y además con una plantilla, como usted bien ha dicho, dependiente de la comisaría del Puerto de Santa María que, por cierto, ha perdido 25 agentes en cinco años. Además, esta dependencia de las prisiones de Puerto I y Puerto II de la comisaría del Puerto de Santa María en ocasiones hace lo contrario que usted ha dicho, es decir, cuando no dispone la ciudad de efectivos de policía, los quitan precisamente de la prisión, y si no pregunte usted qué paso el último domingo de feria de esta ciudad, en la que sólo había 4 policías vigilando esta prisión, y aprovechando eso los familiares de presos de ETA acometieron allí grandes altercados e hicieron una manifestación pidiendo el acercamiento de los presos al País Vasco. Por supuesto, no existe ni un retén, ni siquiera los fines de semana, cuando se realiza la visita a los internos.
En cuanto a los medios materiales, son escasos, lo he presenciado con mis propios ojos. No cuentan con un sistema de cámaras y monitores que haga posible que desde el lugar concreto donde se encuentra la policía divise el máximo espacio posible. Ya que ellos no pueden moverse, al menos que puedan divisar lo que pasa a su alrededor. Todo ello impide además la operatividad del trabajo de estos policías.
Señor Secretario de Estado, para que estas prisiones dispongan de unas medidas de seguridad de acuerdo con su catalogación es necesario potenciar suficientemente la plantilla. Volvamos a lo que tenían hace unos años: 130 funcionarios para esas prisiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): A mí reconocer los problemas como elemento de gestión me parece muy bien, sobre todo cuando me ha acusado usted de no reconocerlos y ha ido desgranando uno a uno los problemas que yo había reconocido, es decir, el tema de la plantilla, en el cual los dos estábamos de acuerdo, etcétera. Yo le he explicado la situación actual de la prisión y la he explicado también que existe una preocupación en la Dirección General de Policía en el sentido de que hay que potenciarla. La he explicado también cuál es el ratio de fugas y cuáles son las inversiones que estamos haciendo, tanto en los medios materiales en cuanto a la vigilancia, como en los medios de nuevas construcciones que permitan, a través de las nuevas tecnologías de la seguridad, tener que destinar allí quizá a no tantos como usted solicita. Pero no sé si estaba usted al principio de mi larguísima comparecencia -y lo lamento por ustedes-, cuando yo explicaba que estamos estudiando un incremento, un cambio en la curva de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a través de un plan cuatrienal, que espero poder anunciar prontísimo, que va a salir adelante. Si eso es así, no tenga la menor duda de que una de las preocupaciones mayores que tiene la Secretaría de Estado, aunque la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no depende de la Secretaría de Estado, por la pura seguridad es precisamente dotar a las prisiones, por razones obvias de quien está dentro, de más medios, y creo que en este caso en Puerto I y en Puerto II hacen falta más medios humanos. Mientras tanto, estamos intentando hacer una gestión correcta, y lo prueban los resultados que tenemos allí.
Entiendo el esfuerzo ingente que está haciendo el Cuerpo Nacional de Policía por atender a una circunstancia, desde el punto de vista del personal, no tan favorable, pero también es verdad que cuando había 135 policías en Puerto I no había los medios técnicos que hay ahora para desarrollarlo.
Por último, tomo nota de lo que me dice usted del vehículo, ya que me señala un aspecto muy puntual, y trataré de atender a esa necesidad, que es la que a cortísimo plazo puedo atender sin mengua de otras obligaciones que tiene encomendadas el Cuerpo Nacional de Policía.


- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DEL REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PENITENCIARIO. (Número de expediente 181/000496.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Habiendo sido aplazada la pregunta que figuraba con el número 14 en el orden del día, pasamos a la última de las previstas, que formulará doña Mercedes Gallizo y que se refiere al desarrollo de la disposición transitoria tercera del reglamento penitenciario.
Señora Gallizo.


La señora GALLIZO LLAMAS: La pregunta que le hago en nombre del Grupo Parlamentario Socialista es qué previsiones tiene el Ministerio al que usted representa hoy aquí acerca del desarrollo de la disposición transitoria tercera del real decreto por el que se aprueba el reglamento penitenciario.


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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): La organización del personal de los centros penitenciarios se encuentra establecida en el título XI y en la disposición transitoria tercera del reglamento penitenciario del año 1996, que remite la mayor parte de esta organización al reglamento penitenciario del año 1981. En este título XI, de la organización de los centros penitenciarios, de los artículos 265 a 286 se regula detalladamente el modelo organizativo del centro, la composición y funciones de los órganos colegiados y de los órganos unipersonales.
Por lo que respecta a la regulación de la organización de los servicios y unidades de los centros penitenciarios, así como a las funciones de cada una de las unidades de servicios, la precitada disposición transitoria tercera del reglamento penitenciario de 1996 establece que el contenido de los artículos 277 a 324, 328 a 332 y 334 a 343 del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, se mantendrá vigente, con rango de resolución del centro directivo de la Administración penitenciaria correspondiente, en lo que no se opongan a lo establecido en el reglamento penitenciario que se aprueba por este real decreto -hago mención directa a él-, hasta que por el centro directivo correspondiente se dicte la resolución que establezca la nueva regulación de la organización de los servicios y unidades de los centros penitenciarios, así como las funciones de cada uno de los puestos de trabajo de los mismos.
Los cambios producidos desde la entrada en vigor del reglamento de 1981, y que afectan a la organización de los recursos humanos, han sido profundos y aconsejan llevar a cabo una adecuación del modelo organizativo del personal a la nueva realidad que se da en los centros penitenciarios. No obstante, diversas circunstancias han hecho aconsejable tener en cuenta varios factores para llegar a acometer esta adecuación. Entre ellas, cabe hacer referencia a las siguientes: Las nuevas formas de ejecución penal introducidas en el Código Penal de 1996, que incorporan nuevas penas alternativas como el trabajo en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana; la modificación que el Plan de infraestructuras penitenciarias ha supuesto en la dotación de nuevos establecimientos penitenciarios, entendidos como grandes núcleos autosuficientes, así como la creación y potenciación de los CIS -centros de inserción social- y de las unidades de acceso restringido hospitalario; las reformas estructurales que se han llevado a cabo en el Cuerpo especial de instituciones penitenciarias; las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo de los servicios periféricos del organismo autónomo Trabajo y prestaciones penitenciarias, introduciendo nuevos puestos de trabajo y la asunción de nuevas competencias por parte de este organismo; la desconcentración de determinadas competencias en los centros penitenciarios y otras variables organizativas y penitenciarias. Este proceso de modernización y transformación de la Administración penitenciaria exige atender los recursos humanos, que son el factor prioritario de esta organización, aplicando políticas de personal acordes con la nueva situación.
El modelo organizativo del centro penitenciario debe posibilitar y potenciar la misión que la Ley orgánica general penitenciaria establece para las instituciones penitenciarias, en cumplimiento del artículo 25.2 de la Constitución española. Los principios generales sobre los que debe pivotar este modelo organizativo son la misión y fines de las instituciones penitenciarias. La misión de las instituciones penitenciarias viene determinada en el artículo 25 de la Constitución española y en el artículo 1 de la Ley orgánica general penitenciaria: reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad, retención y custodia de detenidos y la asistencia social a los internos y liberados. Esta misión y fines deben ser puestos en práctica en los centros penitenciarios, concibiéndolos como espacios arquitectónicos que garanticen la retención y custodia de los internos y que, a su vez, hagan posible el desarrollo de la persona, dotándola de espacios destinados a su educación, formación profesional, desarrollo de actividades culturales, deportivas, laborales y programas de intervención, facilitando así su preparación para la convivencia en libertad, al tiempo que limite, en la medida de lo posible, el efecto negativo que provoca el internamiento. De la trascendencia y complejidad de estos fines se deduce la dificultad que entraña la tarea de modificar la estructura y organización de los centros penitenciarios, con el fin de adecuarlos a la nueva situación legislativa, social y material de estos establecimientos.
Actualmente se está llevando a cabo la fase de análisis funcional y de procedimientos de los distintos puestos de trabajo de nueva creación. Una vez finalizado este proceso de análisis, y contrastado con otros ámbitos del propio Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Administraciones Públicas, el proyecto de modelo organizativo se presentará a los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa general del ámbito descentralizado de negociación de instituciones penitenciarias, con el fin de recabar sus opiniones, realizar las sugerencias que estimen oportunas y proceder, a continuación, a poner en marcha la determinada normativa que nos permita adecuar la situación penitenciaria a este nuevo marco jurídico.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Gallizo.


La señora GALLIZO LLAMAS: Señor secretario de Estado, tengo que decirle que lleva usted la teoría bastante bien, pero que la práctica deja mucho que

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desear. Desde luego, nosotros compartimos la valoración de que los cambios que se han producido en instituciones penitenciarias son profundos y que, cuanto más tiempo pasa, más profundos son los cambios, por lo que requieren nuevas adecuaciones que habrá que abordar. El problema es que ya está pasando demasiado tiempo sin que se aborde.
A usted se le ha olvidado un pequeño detalle y es que no es la primera vez que este tema se trata aquí. De hecho, el 9 de marzo de 1999 se aprobó una moción a propuesta del Grupo Socialista, en la que se dice que, en el plazo de ocho meses, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dictará una resolución que establezca la nueva regulación de los servicios y unidades de los centros penitenciarios, y las funciones de cada uno de los puestos de trabajo de los mismos, en cumplimiento de lo que establece esa disposición transitoria a la que hacemos referencia. Los ocho meses se cumplieron en noviembre de 1999. Evidentemente, no se ha establecido esa nueva regulación y ahora se nos dice que se está en la fase inicial, es decir, que se está analizando los puestos de trabajo para, a partir de ahí, hacer una propuesta y discutirla con los sindicatos. A nosotros nos parece que van ustedes muy despacio y que esto está creando un problema muy importante en los centros penitenciarios y en el conjunto de la política penitenciaria, porque no es una situación fácil para los trabajadores, para los funcionarios de instituciones penitenciarias, al no existir una regulación adecuada de su situación. Nosotros pensamos que no sólo es importante que haya una dotación suficiente de personal en los centros penitenciarios, sino que también el personal sea el adecuado, que tenga definidas cuáles son sus funciones y que vea reconocida y regulada su situación profesional. Nos parece incomprensible que todavía no se haya realizado ni se haya actualizado el catálogo de puestos de trabajo y que nos estemos moviendo con una estructura básica de unos cuerpos de funcionarios establecida en épocas predemocráticas. Nos parece incomprensible que, a estas alturas, estemos todavía en estas condiciones, que dan lugar a numerosas arbitrariedades en la asignación de funciones. Los funcionarios llegan a hablar de una situación de relaciones casi caciquiles en las que, por parte de las cúpulas de los servicios, se establecen las funciones sin atender a criterios objetivos y a criterios regulados. Hay disfunciones en los niveles, hay un trato desigual respecto a otras administraciones, y todo esto contribuye a que la plantilla de funcionarios esté desmotivada. Como usted sabe, los funcionarios de instituciones penitenciarias no tienen un trabajo fácil, no es un trabajo que en muchas ocasiones esté muy reconocido por la sociedad o esté bien visto socialmente, no existe una carrera administrativa que les dé posibilidades de promoción. A nosotros nos preocupa debido a que con esta desmotivación y desmoralización de los funcionarios no seamos capaces de cumplir los objetivos que deben alcanzar en su trabajo y que son fundamentales para que los centros penitenciarios sirvan para su función, que es reeducar y reinsertar socialmente a las personas que están allí. Eso exige un trabajo cualificado y realizado desde un estado anímico y personal sólido y confiado en la propia Administración que da cobijo a los funcionarios. Esa no es la situación que hay en este momento. Nos parece que este es un asunto urgente y desde mi grupo le reclamamos que cumplan los compromisos que aquí adquirieron votando una moción que comprometía a todos los grupos y a este Parlamento y que comprometía al Gobierno, en primer lugar; que lo cumplan sin más demora y que aceleren el proceso que, por lo que nos ha dicho, va bastante despacio.
Finalmente, aprovechando esta comparecencia, queremos preguntarle por un asunto que nos ha llamado mucho la atención en el desarrollo de las funciones que se ejercen por este cuerpo y queremos preguntarle si tienen ustedes la intención de mantener sine die la segregación entre hombres y mujeres en las pruebas de acceso a los cuerpos de ayudantes y en el propio cuerpo, en el que hay dos escalas, una masculina y otra femenina, situación que no se produce, que nosotros sepamos, en ningún otro caso en la Administración Pública. Nos gustaría saber, insisto, si piensan ustedes mantener esta situación y si es así, cuáles son las razones de ese mantenimiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La verdad es que yo creo que si hubo una resolución -S.S. me lo dice y, por supuesto, yo lo acepto- que decía que en nueve meses a partir de un determinado momento había que poner en marcha una serie de compromisos que se adquieren ante esta Cámara y no se ha hecho, es patente el incumplimiento y no lo voy a discutir. Lo que yo he dicho aquí es que las razones por las que no se ha hecho es porque la reforma es extremadamente compleja y lo único que puedo decir es que el incumplimiento temporal es un incumplimiento absolutamente indiscutible. Lo que voy a hacer, se lo aseguro, es acelerar al máximo los ritmos; lo que no voy a hacer es tomar decisiones solamente por criterio temporal, cuando luego en unos aspectos tan importantes desde el punto de vista de la propia carrera funcionarial, como los que he señalado antes, es mucho más difícil cambiarlo. La verdad es que tengo reuniones con los sindicatos y con el director general de Instituciones Penitenciarias en las que me manifiestan su preocupación por este asunto y por otros y sinceramente creo que estamos intentando atender no solamente aspectos generales que afectan a esta nueva organización de los temas de la carrera funcionarial, sino a otros concretos que le puedo asegurar

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que de alguna manera preocupan hoy por hoy a los funcionarios, por lo menos al nivel de lo que está usted haciendo. No creo que haya otra fórmula de abordar su proposición que la de incrementar los ritmos a la hora de poner en marcha lo que es un compromiso que tiene el Gobierno, impulsado por esta Cámara. La única razón, ya lo he dicho al principio, es la gravedad de las decisiones que se tienen que tomar. Lamento la tardanza, y aquí me comprometo a acelerar al máximo esos trámites.
En cuanto a la discriminación que se produce entre hombres y mujeres, no tenía conciencia de la pregunta, por lo que le ruego que me permita contestarle por escrito, ya que, reitero, la vinculación de Instituciones Penitenciarias con la Secretaría de Estado es una vinculación horizontal y por eso mismo no tengo conocimiento de por qué se produce eso, pero le contestaré, si S.S. me lo permite, por escrito.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor secretario de Estado.
Quiero comunicar a la Comisión que la prevista reunión de Mesa y portavoces que se iba a celebrar en este instante se traslada a mañana, una vez que finalice la sesión, que, como ustedes saben, comenzará a las diez de la mañana.
Tras agradecer al señor secretario de Estado la extensa comparecencia de esta tarde en la Comisión y desear buenas noches a los asistentes, se levanta la sesión.


Eran las nueve y media de la noche.

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