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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 648, de 11/12/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 648
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO
Sesión núm. 37
celebrada el miércoles, 11 de diciembre de 2002


ORDEN DEL DÍA:

- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 21058)

- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 21058)

Proposiciones no de ley: - Sobre la declaración de interés general de la presa de Siles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000442.) ... (Página 21077)

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- Sobre la mejora de regadíos en la provincia de Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001614) ...
(Página 21080)

- Sobre instalación de las compuertas de la presa de Algar de Palencia en la provincia de Valencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001608) ... (Página 21082)

- Sobre la realización de una campaña informativa para informar a los consumidores sobre los alimentos transgénicos. (Número de expediente 161/001598.) ... (Página 21085)

- Relativa a la inclusión de la isla de Tambo en el parque nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. (Número de expediente 161/001771.) ... (Página 21088)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA, LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. (Número de expediente 121/000107.)

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores diputados.


La sesión de la Comisión de Medio Ambiente del día de hoy tendrá una primera parte, que es la ratificación de la ponencia y posterior debate del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y posteriormente procederemos al debate y votación de proposiciones no de ley.


Si les parece bien, pasamos a ratificar la ponencia designada para informar de la citada iniciativa legislativa. ¿Queda ratificada la ponencia? (Asentimiento.)

- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA, LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. (Número de expediente 121/000107.)

La señora PRESIDENTA: Al quedar ratificada, pasamos al debate y posterior votación -que no será antes de las 12 del mediodía- del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. Hay muchas enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Al no estar presente ningún representante del Grupo Parlamentario Mixto para la defensa de sus enmiendas, entiendo, por las señas que me hacen los portavoces de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Vasco, que asumirían la defensa de las mismas. Si no es así, las dejamos para después y empieza a intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para defender las enmiendas que quedan vivas de este grupo al proyecto de ley.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señora presidenta, siguiendo las indicaciones del Grupo Parlamentario Mixto, damos por defendidas sus enmiendas a este proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Otxoa. Las damos, pues, por defendidas.


A continuación, para la defensa de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a este proyecto de ley, tiene usted la palabra.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: El proyecto de ley que nos ocupa no es totalmente novedoso puesto que está en vigor en nuestro ordenamiento la Ley 15/1994, de 3 de junio, que establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y también el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, en desarrollo de aquélla. Ambos incorporan al derecho español las normas de derecho comunitario sobre la materia, directivas 90/219 y 90/220. No hay que olvidar que, aunque las comunidades autónomas, en este caso la vasca, que es a la que yo procuro defender, no cuentan con una regulación singular específica sobre este tema, distintos preceptos autonómicos tienen capacidad para efectuar un desarrollo de esta ley y se ocupan del plano más genérico y amplio de la protección de la naturaleza, la salud y la biodiversidad.


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No les quiero aburrir -perdón por la expresión, pero sería así- volviendo a explicar el porqué de esta ley. En los debates que ha habido mundialmente, que han sido amplios y enriquecedores, no se han escatimado críticas ni elogios a las aplicaciones biotecnológicas. Tampoco se ha sustraído tal cuestión a debates de orden ético y económico ni se han ocultado a los consumidores, que han manifestado su preocupación respecto a la inocuidad de los alimentos -tanto de seguridad alimentaria como de salud propiamente dicha-, efectos posibles sobre el medio ambiente, riesgos y beneficios percibidos, transparencia de información del proceso de implantación y control de técnicas de ingeniería genética y, por último, la equidad en cuanto a sus efectos en países en vías de desarrollo.


Hay un marco regulador comunitario -la directiva a la que hemos aludido, 90/219, de 23 de abril, modificada por las directivas 94/51 y 98/81- que tiene por objeto establecer medidas comunes para la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente con vistas a proteger la salud humana y el medio ambiente dentro de una política comunitaria de protección de la naturaleza y de la biodiversidad. (El señor vicepresidente, Sabaté Ibarz, ocupa la presidencia.) El contenido de esta norma y de las que la modifican parte de la necesidad de coordinar las medidas y reglamentos que han ido adoptando los Estados miembros sobre la utilización confinada de OMG a fin de limitar al máximo los efectos negativos que puedan tener sobre la salud humana y el medio ambiente, ya que los OMG liberados al medio ambiente durante el transcurso de su utilización confinada puede extenderse a otros Estados miembros.


No vamos a repasar, repito, lo que ha tratado en este caso la directiva.
Las discusiones técnicas sobre ella han sido amplias y variadas, más allá del ámbito de la Comunidad Europea. Tanto el convenio de biodiversidad biológica, adaptado en Nairobi, abierto para la firma de la reunión de Río de Janeiro de 1993, como el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología y el Convenio sobre diversidad biológica del año 2000 han sido las principales bases de la política medioambiental mundial y consecuentemente han tenido amplia repercusión en la ordenación comunitaria. Sus señorías conocen lo que establecen el Convenio de Río y el Protocolo de Cartagena, etcétera, y no vamos a incidir de nuevo sobre lo que de aquellas reuniones se pudo obtener.


Tenemos que decir que estamos bastante de acuerdo con la transcripción de esta normativa que se hace en este proyecto de ley. El tema es muy delicado y nosotros no queremos incidir alegremente en el contenido estricto de la transcripción. Sobre lo que sí tenemos serias dudas es en lo relativo a la distribución competencial. Los títulos competenciales con incidencia en la materia que tratamos se concretan en los artículos 11, 18, 10 y 149, que son los artículos a los que hemos presentado enmiendas. En primer lugar hay que decir que en aplicación de la distribución competencial el Estado ya promulgó la Ley 15/94, de 3 de junio, que en el proyecto se deroga, y su reglamento se desarrolló afectando a la capacidad autonómica en la materia que tratamos se han aprobado la Ley General de Sanidad, la Ley del medicamento y la Ley de conservación de espacios naturales, de la flora y de la fauna silvestres y está tramitándose en Cortes en este momento el proyecto de ley de sanidad vegetal.


La Ley 15/94, de 3 de junio, arbitraba un sistema administrativo de competencias prácticamente reproducida en el proyecto de ley por el que la comercialización y la incidencia de la investigación científica servían de parámetros de distribución. En la Comunidad Autónoma del País Vasco la normativa que incide en esta área es fundamentalmente la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco y la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco. La Ley general de protección del medio ambiente se refiere en sus artículos 22 y siguientes a la biodiversidad. Tras definir el concepto, efectúa una declaración de principios basada en que la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que generen los recursos genéticos constituirán el eje de la política ambiental y del resto de políticas sectoriales. Añade como obligación de las administraciones vascas, entre otras muchas, la de identificar los componentes de la diversidad biológica definiendo indicadores y criterios de valoración y riesgos, y la de proponer medidas de conservación estableciendo controles en la introducción de organismos genéticamente modificados, así como fomentar la investigación. Por otra parte, tenemos que destacar que entre los fines de la Ley de conservación de la naturaleza del País Vasco se encuentra la preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, así como de las áreas de interés geológico, mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitat de las especies de fauna y flora, garantizando su diversidad genética y el mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural. Las administraciones vascas, por tanto, han de velar por la gestión de los recursos naturales aplicando técnicas agrarias que garanticen el mantenimiento del potencial biológico y la capacidad productiva del mismo. Esta ley a la que nos referimos establece los criterios de actuación de las administraciones para la preservación de la diversidad genética del patrimonio natural en el artículo 38 y sobre reintroducción de poblaciones en el medio natural de especies no catalogadas, así como el establecimiento de planes de erradicación; y somete, por último, a la autorización el aprovechamiento de plantas catalogadas.


Saben SS.SS. que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido los límites de este reparto en numerosas sentencias, si bien merece la pena

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quizá recalcar la sentencia 87/1985 o la 67/1996, que dice concretamente: No puede rechazarse la posibilidad de que desde la competencia en materia de sanidad pueda participarse en la autorización de la utilización de nuevos aditivos en ensayos científicos sobre alimentación animal con incidencia en la salud humana, y tal actividad tiene carácter básico ya que no se trata de una actuación meramente reglada destinada a comprobar si los aditivos cumplen unos requisitos sanitarios previamente establecidos ni si los productos elaborados respetan lo establecido en las listas de aditivos, sino que, precisamente, por ser aditivos nuevos, se trata de analizar ex novo la de incidencia que pueda tener para la salud de las personas. Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1996.


Ciertamente, el proyecto se acoge a la doctrina y normativa actual de declarar básicos los procedimientos y las autorizaciones, arrogándose la totalidad de la regulación procedimental, el otorgamiento de determinadas autorizaciones y la regulación sustantiva, incluyendo el régimen sancionador y la reglamentación sobre etiquetado de productos. En cuanto al régimen de autorizaciones, el Estado ostenta unas amplias competencias, según el proyecto, para otorgar las que afectan a la comercialización de los OMG, autorizar los ensayos de liberaciones voluntarias, autorizar importación y exportación de OMG, autorizar utilización confinada y liberación intencional cuando su fin no sea la comercialización, etcétera. Por su parte, atribuye a las comunidades autónomas el resto de funciones no previstas en el apartado de competencia estatal en relación con la utilización confinada y con la liberación, siempre que su finalidad no sea la comercialización ni afecte a la salud humana ni se incorpore a medicamentos u otros productos sanitarios ni se refiera a la investigación por instituciones estatales.
Otorga también las funciones de inspección, vigilancia y sanción en todos los supuestos, salvo en importación y exportación, investigación científica y técnica, en lo relacionado con las leyes de protección de obtenciones vegetales y con semillas de plantas de vivero.


En cuanto a la parte sustantiva de la regulación, la normativa básica que establece el Estado, tanto por afección del medio ambiente como por afección de la materia de sanidad, no debe impedir las competencias de desarrollo de las comunidades autónomas, concretamente, en este caso, la Comunidad Autónoma del País Vasco. En tal sentido, no debe impedir que se realicen en el País Vasco las que establecen las leyes que hemos citado anteriormente. Así, toda regulación para la utilización confinada o para la liberación de OMG deberá tener en cuenta las facultades autónomicas ejercidas en defensa y conservación de la biodiversidad en su territorio, medidas que se adaptarán, lógicamente, de una forma más concreta al principio de caso por caso que propugnan las normas europeas; medidas que revelarán indicadores y criterios de valoración, así como designación de riesgos que de forma complementaria han de ser respetados por la regulación básica; facultades, por último, que pueden establecer controles para la introducción de OMG en los ecosistemas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que deben cohonestarse con el resto de controles que impone la norma estatal, sin olvidar, ya en el terreno de la flora y de la fauna catalogadas, las competencias autonómicas para su conservación y control.


Hay un último punto. En materia de etiquetado la normativa debe tener en cuenta el tema lingüístico para alcanzar los objetivos de transparencia y claridad para los usuarios que advierten las comunidades europeas. Por tanto, a nuestro juicio, no debe olvidarse que todas estas facultades que revierten y se plasman en intervenciones administrativas que garantizan los principios de conservación, de garantía de salud, de protección de los ecosistemas y de la biodiversidad se integran actualmente en la regulación autonómica y en la comunitaria, dotando esta última únicamente a la protección los principios que la animan de unos parámetros para su verdadera realización, sin cuestionar la extensión o capacidad de las medidas que vayan a llevarse a cabo ni requiriendo de un monopolio para su ejecución.


Otra cuestión distinta es solventar los objetivos de establecimiento de un único procedimiento integrado por las autorizaciones en la materia que se consigna y también en dicha normativa europea, algo que no se aborda en este proyecto.


Como última observación, dejaríamos en el aire la adaptación de la normativa que tratamos a la nueva propuesta de la Comisión, es decir, su adecuación al Protocolo de Cartagena sobre liberación transfronteriza, las responsabilidades de las administraciones públicas en esta materia toda vez que estas son las que tienen en sus manos en control de los OMG, y la precisa singularización del tema penal que esta cuestión puede llevar aparejada. En este sentido hemos presentado unas enmiendas que tienen, insisto, un carácter puramente competencial y dejamos al criterio de SS.SS. si las carencias que hemos encontrado en el proyecto pueden ser solventadas en el trámite parlamentario. Insisto en que sí nos interesan las enmiendas de carácter competencial que ustedes tienen en su poder y que están publicadas, por lo que no les cansaré con su lectura.
Simplemente me remito a ellas porque son las que vamos a defender consecuentemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, en esta Comisión se conoce perfectamente la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida con respecto a la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente. Saben SS.SS., porque no

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es la primera vez que discutimos sobre estos temas, que la posición de nuestro grupo parlamentario estriba fundamentalmente en el principio de precaución que se debe aplicar a estos organismos existiendo como existen diversas posiciones en la comunidad científica. Por un lado están aquellos científicos que hablan directamente de los riesgos, palpables en algunas ocasiones, que suponen para la salud humana y para el medio ambiente los organismos modificados genéticamente, y por otro lado, como saben muy bien SS.SS., existen científicos que nos hablan de las bondades de los organismos modificados genéticamente, científicos que suelen acudir a la utilización del argumento de que estos organismos pueden ayudar a paliar las deficiencias de alimentos que existe en buena parte del planeta y, por lo tanto, ser responsables de llevar la alimentación a los países subdesarrollados o que tienen escasas posibilidades de desarrollo y que por lo tanto padecen grandes hambrunas.


Señorías, mi grupo parlamentario ha dicho en muchas ocasiones -y desde luego lo sigue manteniendo- que, si bien todavía está por demostrar hasta qué punto estos organismos pueden ser dañinos para el medio ambiente, se empieza ya a tener noticias suficientes como para que se aplique de entrada el principio de precaución. La insuficiente aplicación de este principio y la trasposición que de las directivas europeas hace este proyecto de ley no satisfacen a mi grupo parlamentario. Y no nos satisface porque, siendo conscientes de que es una trasposición de directivas a las que está obligado el Estado español, creemos que esta no es fiel y que el proyecto de ley carece del rigor que debería tener una legislación tan importante como esta, que debería permitirnos calcular los riesgos exactos que pueden producir la liberación de organismos modificados genéticamente. Les puedo aportar un dato, señorías: Con independencia de la situación económica y de la dependencia en la alimentación a la que nos puede conducir esta legislación y desde luego con independencia de la propiedad de las patentes de los organismos modificados genéticamente -como SS.SS. saben volveremos a discutir sobre esto en el Pleno de la próxima semana y por lo tanto no me voy a extender en ello-, la trasposición que hace el Gobierno es más bien ambigua. El texto del proyecto de ley nos lleva a un desarrollo reglamentario casi permanente. Las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario intentan, partiendo de nuestra posición contraria a estos organismos pero sabiendo que tenemos que legislar, que se regule ya en el texto de la ley y que no se desarrolle después en disposiciones reglamentarias.


Las enmiendas de mi grupo parlamentario van encaminadas a intentar, por un lado, introducir claridad en las definiciones que se plantean en el proyecto y, por otro, que el control de las autorizaciones que tiene que dar el Gobierno o la administración competente con referencia a las comunidades autónomas sea mucho más estricta de lo que lo es en el proyecto. La enmienda que mi grupo parlamentario presenta al artículo 2 tiene que ver con lo que les decía anteriormente acerca de las definiciones. Proponemos que se añadan dos nuevas definiciones, es decir, que haya un nuevo apartado d) del artículo 2 sobre la definición de producto. Planteamos que este sea definido como preparado que consiste en un organismo modificado genéticamente o en una combinación de tales organismos que los contiene y que se comercializa. Es decir, no solamente queremos que se etiqueten o que se llame producto a aquello que tiene sólo y exclusivamente organismos modificados genéticamente, sino también a los que puedan contener estos organismos, porque los usuarios y el público en general tienen que disponer de la información adecuada para saber qué esta consumiendo. También creemos que es necesario que se defina qué es producto, puesto que este término se utiliza en varias ocasiones a lo largo del proyecto y, por lo tanto, si no está definido, puede llevar a confusión. En el apartado e) se habla de la evaluación de riesgo. Señorías, la mención a los riesgos directos e indirectos o inmediatos y retardados no aparece en ningún momento en el proyecto de ley donde se hace referencia a la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo, como comentaba en mi intervención introductoria a las enmiendas de mi grupo parlamentario, es bastante difícil porque no se puede evaluar en un plazo de tiempo breve sino que hay que hacerlo a largo plazo. Les puedo poner un ejemplo, señorías. Se ha dicho muchas veces que el cultivo de organismos modificados genéticamente al aire libre, en el campo, no producía contaminación ni a los cultivos ni a las plantas que pudieran estar rodeando el campo cultivado. Hay que comentarles, señorías, que ya existen denuncias de agricultores en Estados Unidos y en Canadá -si no recuerdo mal- en las que se expone que sus campos se han visto contaminados. Lo gracioso, en todo caso, de este ejemplo es que al final el agricultor se ha visto condenado porque la empresa propietaria del cultivo de transgénicos le ha acusado de haberlos cultivado sin habérselos comprado. Ustedes saben -y nosotros también- que hay cláusulas en las que no se permite guardar grano de un año para otro para cultivarlo sino que hay que comprarlo todos los años. Pues bien, este agricultor vio su campo contaminado, él no cultiva transgénicos, pero la empresa le acusó de haber cultivado transgénicos sin habérselos comprado, por lo que al final también ha sido condenado.


Como verán ustedes, sí se puede producir una contaminación de organismos modificados genéticamente, y por lo tanto es necesario que desde el principio quede bien establecido en el proyecto lo que se considera evaluación de riesgos. Además, señorías, el cultivo y la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente puede -y se están produciendo ya algunos casos- contaminar y producir una situación grave para

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los ecosistemas, para la pérdida de biodiversidad y también para la alimentación de determinadas especies de pájaros que normalmente puedan alimentarse en los ecosistemas o plantas que estén contaminadas, lo que habría que evaluar de una forma más seria. Por lo tanto, señorías, según nuestro criterio, es necesario introducir estas dos importantes definiciones.


Nuestra siguiente enmienda se dirige al artículo 8. Proponemos suprimir la comunicación previa a la Administración, no para que no se produzca, sino para que todos tengan la obligación de comunicar y solicitar la autorización a la Administración. Nosotros entendemos, señorías, que no se puede hablar de un riesgo nulo o bajo, sino de riesgo. Precisamente por ello, como todavía no podemos evaluar el grado de riesgo que se puede producir, todo debe estar sujeto a la autorización de la Administración, entre otras cosas, señorías, porque quienes tienen que calificar de bajo o nulo riesgo son las empresas, no la Administración. Y como ustedes entenderán, señorías -nosotros desde luego lo entendemos-, todas las empresas tienden a minimizar los riesgos de aquello que producen, lo que es lógico, pero para eso está la Administración, que debe garantizar que las autorizaciones se concedan con el mínimo riesgo. Por lo tanto, señorías, nosotros proponemos que se suprima la comunicación previa a la autorización, precisamente para ir directamente al artículo 9 y plantear que todas las actividades estén sometidas a autorización. Lo que nosotros suprimimos en este artículo son las actividades calificadas de riesgo moderado y alto, pues englobamos todas las actividades que se tengan que desarrollar, y por lo tanto todas, con independencia de la clasificación que la empresa dé a su actividad, tienen que ser autorizadas por la Administración competente.


Nuestra siguiente enmienda se dirige al artículo 12, referido al régimen de autorización y tiene que ver con la consulta al público. Creemos que no es suficiente con una exposición pública, que es un elemento que en la revisión de la directiva 90/220, traspuesta en este proyecto de ley, incluyó el Parlamento Europeo y que además tiene que garantizar información y transparencia en los mecanismos de autorización para la liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
Creemos que es necesario que además se consulte de manera directa a determinados sectores, que es lo que pretende nuestra enmienda, entre otras cosas, señorías, porque creemos que la participación de los agricultores o de otros sectores es importante para que la Administración se forme una opinión a la hora de autorizar una liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente. Creemos que es necesario y que además dotaría de más transparencia a estas autorizaciones, que serían menos contestadas con una buena información y mayor participación.


Añadimos un nuevo texto al artículo 12, por el que pretendemos que cuando haya una liberación intencional sin fines comerciales se realice la evaluación de riesgos para el medio ambiente y para la salud. Por lo tanto, es importante que la Administración tenga conocimiento del resultado de esos experimentos, en particular en los casos en que el titular tiene la intención de comercializar posteriormente los organismos modificados genéticamente. Estamos intentando establecer que en el régimen de autorización se plantee de forma prioritaria y general que todos aquellos informes de evaluación de riesgos que se tengan que hacer a través de autorización se comuniquen de manera normalizada y reglada a la Administración, para que esta pueda evaluar de forma más amplia de lo que lo hace con la información mínima que se solicita a las empresas cuando se hace una autorización. Yo les quiero recordar que en estos momentos la Administración no hace ninguna evaluación, sino que son las propias empresas las que las llevan a cabo. Creemos que es necesario que se disponga de toda la información y, desde luego, somos partidarios de que la Administración desarrolle una investigación en este aspecto, porque sería fácilmente contrastable y lo haría con mayor información y experiencia.


En el artículo 14.1 planteamos una nueva adición para que haya un etiquetado claro. Señorías, en distintas Comisiones tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado hemos discutido el problema de los etiquetados de los organismos modificados genéticamente. La opinión pública, los usuarios, los consumidores y consumidoras tienen derecho a tener la mayor información posible en el etiquetado de los productos que consumen, precisamente para que aquellas personas que no quieren consumir organismos modificados genéticamente no lo hagan. No podemos decir que haya muchos organismos modificados genéticamente en todo lo que consumimos, aunque en realidad lo ignoramos porque no hay un etiquetado claro. Uno de los objetivos de esta ley era conseguir una etiquetación que permitiera a los usuarios un mayor conocimiento a los usuarios respecto al contenido de los productos que consumen.


Las enmiendas que planteamos al artículo 16 son de modificación del texto.
Sustituyendo los apartados c), e) y f). Entendemos que las modificaciones que hacemos al apartado 3 del artículo 16 son mucho más amplias a la hora de especificar el contenido de la autorización. En el apartado c) el texto del Gobierno se refiere exclusivamente a que tienen que especificarse las condiciones de comercialización del producto, y mi grupo parlamentario entiende que la clasificación o especificación tiene que ser mucho más amplia. Concedemos importancia a este asunto por la posibilidad de contaminación que pueden producir los organismos modificados genéticamente en los cultivos convencionales y las plantas silvestres. Por ello, en la autorización tendrían que especificarse las condiciones de comercialización del producto, incluidas las condiciones

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específicas de uso, manejo y embalaje de los organismos modificados genéticamente, como productos y componentes de productos, y los requisitos para la protección de determinados ecosistemas, entornos o áreas geográficas particulares. Ampliamos las condiciones de comercialización para obtener la autorización. En el apartado e), insistimos una vez más en ampliar la propuesta de los requisitos del etiquetado, así como en la necesidad de que se indique claramente la presencia de organismos modificados genéticamente en el contenido de los productos. En el apartado f) el texto del Gobierno señala en cuatro palabras los requisitos de seguimiento del producto, y nosotros lo ampliamos haciendo referencia a que los requisitos de seguimiento del producto tienen que ser conformes al anexo séptimo de la directiva, incluida la obligación de información a la Comisión y a las autoridades competentes en el plazo correspondiente para el plan de seguimiento. Es decir, tenemos la obligación de informar de la localización de los cultivos modificados genéticamente, porque puede ser importante a la hora de preservar la contaminación genética de los campos cercanos. Insisto en que está empezando a demostrarse que sí se produce contaminación en las zonas cercanas a los campos cultivados con organismos modificados genéticamente.


El artículo 16.4 se refiere a la renovación de las autorizaciones concedidas y se insiste en que se hará la renovación de la forma que se dictamine reglamentariamente. Mi grupo parlamentario cree que las autorizaciones se tienen que renovar mediante una nueva solicitud de autorización y lo que se podría dejar al desarrollo reglamentario serían los requisitos expresos que la renovación tendría que obtener, pero no toda la renovación.


Añadimos un apartado 18 nuevo en cuanto a la trazabilidad. Creemos que es importante que se establezca un plan de seguimiento que se puede justificar en los posibles impactos indirectos y retardados que no se hayan podido contemplar en la evaluación de riesgo. Estamos hablando de productos que no podemos evaluar a uno, dos o seis meses, sino que es mucho más largo el período de contaminación o daño para la salud que se puede producir, y creo que en el transcurso de los años en los que venimos hablando de organismos modificados genéticamente se viene a dar la razón a quienes se nos acusaba de no querer modernizarnos en muchas de las dudas que nos surgían en cuanto a esta liberación tan alegre -por decirlo de alguna forma y si me permiten ustedes de manera coloquial- que se ha hecho de los organismos modificados genéticamente. De ahí que nuestra intención haya sido siempre plantear los principios de precaución, y por eso en este artículo planteamos que se haga un seguimiento y se presenten informes para que se puedan evaluar los riesgos a los que pudiera haber lugar, eliminándolos en todo caso, o comprobar si no los hay.


En el artículo 21 planteamos una enmienda de adición respecto a las situaciones de emergencia. Tengo que reconocer que hay un pequeño error en la redacción de la enmienda que hace que no quede muy clara. Lo que se pretende es que la Administración garantice que en caso de riesgo grave no solamente se aplicarán las medidas de emergencia, sino que también habrá una información al público clara, transparente y directa. La redacción no ha sido excesivamente afortunada y da la sensación de que lo que queremos eliminar en las medidas de emergencia, tanto la suspensión como el cese de la comercialización, es la información al público, y es todo lo contrario. De ahí mi explicación. Lo que pedimos es que haya más mayor información, sobre todo si hay riesgos o situaciones de emergencia.


En nuestra enmienda al artículo 22 insistimos en que haya un buen sistema de etiquetado de los productos que ofrezca más información a los usuarios o consumidores.


En nuestra enmienda al artículo 22 insistimos una vez más -y termino ya, señor presidente, por no insistir mucho en aquellas enmiendas que volveremos a defender en el Pleno- en la necesidad de crear unos registros públicos en los que se refleje la localización de los organismos modificados genéticamente. Es importante la transparencia en esta materia, en la que insistimos en todas nuestras enmiendas; transparencia tanto para el público en general como para los agricultores en particular, por los impactos que sobre su actividad se puede producir.
De ahí que creamos que es necesario que se creen los registros públicos a los que se pueda acceder libremente para que la información esté al alcance de todas las personas.


Para terminar, señorías, en la disposición transitoria tercera proponemos sustituir el texto que dice "hasta que no se dicten las normas reglamentarias" por "...durante los seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, durante los cuales el Gobierno deberá dictar las normas que lo sustituyan". No se puede dejar más tiempo, entre otras cosas, porque los reglamentos o los reales decretos que desarrollaban la legislación anterior no recogen los avances que las nuevas directivas han incluido o deben incluir en la legislación española.


Nuestra última enmienda es a la disposición adicional primera, y por ella proponemos modificar son las fechas en las que se tiene que producir el cese del cultivo o comercialización de los organismos modificados genéticamente que ya se ha comprobado que hacen a los humanos resistentes a los antibióticos y que, por tanto, deben dejar de producirse. Creemos que este tema viene ya de largo y que por consiguiente no es necesario dar tantos plazos, y pretendemos que se sustituya la fecha del 31 de diciembre de 2008 por la del 31 de diciembre de 2004 -se dan prácticamente dos años- y la fecha del 31 de diciembre de 2004 por la del 31 de diciembre de 2003, por lo que queda prácticamente un año, que creemos que es tiempo suficiente

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para que se pueda proceder a la eliminación progresiva de estos organismos modificados genéticamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Como se ha visto por las intervenciones de los portavoces y por los antecedentes parlamentarios en el Congreso y en el Senado, debatimos un proyecto de ley que aborda uno de los temas más polémicos o que están trayendo más polémica y más discusión no solamente en el ámbito político, sino también en el científico. Y no solamente se provoca esta discusión abierta en el ámbito medioambiental sino también en ámbitos en los que tiene mucha proyección el proyecto de ley que ahora estamos discutiendo, tales como la salud humana y animal, la agricultura, la investigación científica y, en definitiva, la economía, una economía global y mundializada en la que la interrelación es constante entre agentes que operan en ella. Los OMG, organismos modificados genéticamente, también llamados organismos transgénicos, están, pues, en el ojo del huracán de este debate científico y ético sobre cuáles deben ser los límites de la intervención humana sobre el material genético de cualquier ente biológico y, sobre todo -y aquí estamos todos preocupados por intentar hacer las cosas bien para evitar las problemáticas asociadas-, para intentar prevenir, paliar o evitar en su caso esas consecuencias negativas que su intervención puede tener sobre la salud humana y sobre el medio ambiente.


La abundante literatura que se está produciendo internacionalmente sobre los avances logrados en este campo, junto con las posiciones adoptadas yo diría que por la totalidad -si no, me puede corregir la portavoz de Izquierda Unida- de los movimientos ecologistas de rechazo frontal a las actividades numerosas y diversas destinadas a producir los organismos modificados genéticamente, así como otras controversias e incógnitas científicas -porque estamos hablando de situaciones no contrastadas, situaciones que requieren, como antes se decía, una evaluación durante años sobre el impacto que estos organismos pueden tener sobre la salud humana y el medio ambiente-, todo ese conjunto de circunstancias, sumadas a los diferentes pleitos que se están produciendo en el plano judicial en diversos países -que también algún otro portavoz ha citado anteriormente- que enfrentan a agricultores llamados tradicionales a grandes compañías multinacionales productoras de este tipo de productos y otros elementos que no voy a citar, están dibujando un escenario lleno de dudas e incertidumbres sobre las consecuencias que puede tener la producción masiva de organismos modificados genéticamente sobre la salud humana y sobre el medio ambiente en los próximos años. En este contexto, creo que es procedente y oportuna la iniciativa parlamentaria que veremos en la segunda parte de esta Comisión, una proposición no de ley, en concreto, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que propone que el Gobierno impulse una campaña de concienciación e información sobre estos productos y organismos, y que en todo caso tendremos ocasión de debatir en esa segunda parte.


El proyecto de ley que nos ocupa, llamado de régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, es el producto de la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de dos directivas comunitarias, la 98/81 del Consejo, de 26 de octubre de 1998, y la directiva 2001/18 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001. Dicha trasposición afecta contundentemente a la ley vigente que regula lo que ahora estamos tratando, la Ley 15/94, de 3 de junio, con lo que con su derogación se evitan los problemas derivados de una más que profunda modificación de la misma, en el caso de que se hubiera optado por esta vía. Creemos que la derogación clarifica el panorama y que una nueva ley, con la trasposición de esas directivas, va a clarificar el campo de juego. En cuanto al plazo de trasposición de la directiva 2001/18, recordemos que finalizó el pasado 17 de octubre, por lo que han transcurrido pocas semanas de este plazo, en contraposición con otras directivas que hace poco se han traspuesto con un retraso de más de dos o tres años, como la famosa directiva IPPC que aprobamos en el Congreso.


Por lo que se refiere al contenido de este proyecto de ley, antes de pasar a la defensa de alguna de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, no de todas, este portavoz debería hacer una valoración política sucinta pero cargada de una cierta ambivalencia. Por un lado, y aunque el texto adolece de diferentes aspectos de una cierta relevancia que sí están recogidos en las directivas comunitarias citadas, consideramos que el proyecto de ley incorpora los principales requerimientos y exigencias que se contienen en las directivas comunitarias citadas desde el punto de vista de lo que debe ser lo más importante, según nuestro grupo parlamentario, que son los principios de precaución, cautela y prevención de potenciales efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente derivados de la producción de OMG. Otros principios que inspiran la ley y que se derivan de las directivas 98/81 y 2001/18 son los llamados paso a paso y el de caso a caso, entre otros, con lo que se pretende evitar los efectos adversos que pueden producirse si no se dispone de las medidas preventivas oportunas. Ciertamente, las directivas citadas incorporan en sus textos muchos aspectos que no se recogen después en el proyecto de ley que ahora debatimos con el rigor que se merece el tema que nos ocupa. Citaré algunos, cuatro o cinco solamente, a título de ejemplo. Uno de los aspectos son

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los requerimientos relativos a la evaluación de riesgos, a los que también se ha referido algún otro portavoz. El establecimiento de contenidos del etiquetado de los productos que contienen OMG, que en la redacción actual del proyecto de ley se deriva a un reglamento posterior y creemos que sería una buena oportunidad para que en el momento procesal de la aprobación del proyecto de ley ese etiquetado constase en el texto y no tuviéramos que debatirlo o, en todo caso, que el Gobierno no tuviera que recogerlo posteriormente en el desarrollo reglamentario de la ley. Otras cuestiones que no se recogen son las medidas a aplicar en caso de emergencia, la existencia de registros públicos de OMG y, que aunque no están regulados en las directivas comunitarias, se podían haber incluido en el proyecto de ley cuestiones como el régimen de responsabilidad patrimonial de los titulares de las liberaciones y la comercialización de OMG contaminantes. En todo caso, con toda seguridad esto va a ser recogido en otra directiva y en otro proyecto de ley, pero podía haberse aprovechado esta oportunidad para recogerlo.


Más allá de las cuestiones que acabo de citar, lo que realmente provoca el rechazo inicial de mi grupo a este proyecto de ley en este trámite parlamentario, y coincidiendo plenamente con lo que argumentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), es todo lo relativo al reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas tal como se establece en el proyecto de ley que ahora debatimos, lo que nuestro grupo cree que debería corregirse en un trámite posterior, en el Pleno o incluso en el Senado. Reitero el contenido de la argumentación del compañero del PNV relativo a las sentencias del Tribunal Constitucional, que delimitan el campo de actuación de una y otra Administración pública, de las comunidades autónomas y del Estado, por lo que no vale la pena insistir más en ello.
Lo que sí creemos que es políticamente relevante es que el Gobierno del Partido Popular aproveche de nuevo -porque no es la primera vez- el trámite de trasposición de una normativa comunitaria para recortar las competencias de las comunidades autónomas en la materia. Tenemos antecedentes de otros proyectos de ley en los que, con la excusa de trasponer normativas comunitarias, se aprovecha para diluir las competencias de las comunidades autónomas, y con el paraguas de la iniciativa comunitaria se limita la autonomía política de las comunidades autónomas y poco a poco se va quebrando el espíritu constitucional que tan positivo ha sido para el desarrollo de este Estado. No es bueno que se abuse de las leyes de bases, no es bueno que se abuse del principio de coordinación de las comunidades autónomas, no es bueno que se interprete restrictivamente el bloque constitucional y tampoco es bueno -aunque es un tema que quizá hoy no debería citarse en este proyecto- que la interpretación que pueda hacer el Tribunal Constitucional vaya a la par con ese criterio homogeneizador que a veces caracteriza al Gobierno del Partido Popular. Por tanto, en el caso que nos ocupa de una ley concreta producto de la trasposición de dos normativas comunitarias concretas, creemos que no es de recibo que se aproveche esa trasposición para modificar el campo de juego que había quedado establecido hasta la fecha; un campo de juego establecido muy claramente por la vigente ley 15/1994, de 3 de junio, que va a quedar derogada con la aplicación de la nueva ley que tramitamos. Nada dicen las directivas comunitarias que obliguen a atribuir a la Administración general del Estado nuevas competencias en detrimento de las comunidades autónomas, y nos basamos en lo que se establece en los artículos 3.1.b), 3.1.c) y 3.4 del proyecto de ley.


En la línea de la defensa de las competencias de las comunidades autónomas por lo que respecta a la utilización confinada y a la liberación voluntaria de OMG, el Grupo Parlamentario Catalán presentó en su día un conjunto de enmiendas que fueron rechazadas en el trámite de la ponencia y hoy en este trámite vamos a reiterarnos en la defensa de todas y cada una de ellas, que en definitiva están en sintonía con otras presentadas por otros grupos parlamentarios, rechazadas también en la ponencia por el Grupo Parlamentario Popular. Para finalizar, voy a dar por defendidas todas las enmiendas excepto dos, en cuya defensa quiero poner un especial énfasis que son las enmiendas 116 y 117, que SS.SS. conocen. En cuanto a la enmienda 116, mi grupo parlamentario solicita la supresión de la letra b) del apartado 1 del artículo 3. Este apartado ha sido incorporado ex novo al proyecto de ley, cuando era inexistente en la ley vigente antes referida de 1994. El proyecto de ley introduce la competencia del Estado para la autorización de ensayos de liberalización voluntaria que sean exigibles según el procedimiento de autorización para la comercialización. Nuestro criterio político es que esta inclusión significa romper claramente con el esquema competencial establecido, por el cual la autorización confinada y la liberación voluntaria son competencia autonómica, mientras que la comercialización es una competencia en manos del Estado. Por otro lado, esta autorización no puede considerarse ni siquiera como una excepción a esta distribución competencial, ya que si la ley concluye con esta redacción, ello significaría que si se hiciera una interpretación extensiva de la competencia estatal, podría entenderse que la mayoría de las liberalizaciones voluntarias podrían quedar excluidas de autorización autonómica, ya que muchas de ellas van dirigidas a la comercialización.


La segunda enmienda a la que quería hacer una referencia muy especial es la número 117 en la que pedimos la modificación de la letra c), del apartado 2, del artículo 3. A pesar de que la autorización a la que hace referencia la Ley 3/2000 corresponde a la Administración general del Estado, creemos que el control y la vigilancia son competencias ejecutivas de las comunidades autónomas, por lo que no deberían estar sujetas

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al ámbito competencial estatal, sino, como es lógico, al autonómico. Esas son dos enmiendas que de alguna manera denotan una clara sensibilidad no por ganar nuevas competencias o por clarificar competencias, que en este caso podrían estar compartidas, sino que pretenden defender una situación que se vería gravemente perjudicada con este texto en esta nueva ley. La Ley de 1994 establece muy claramente esa distribución competencial y nosotros no estamos de acuerdo, si se mantiene el texto del proyecto de ley en sus términos actuales.


Doy por defendidas las enmiendas números 118, 119, 120, 121 y 122 en los términos en los que están planteadas y publicadas.


Para concluir, mi grupo parlamentario valora globalmente de manera positiva este proyecto de ley por lo que se refiere al contenido general, por lo que se refiere a la trasposición de los contenidos de los requerimientos prioritarios de las dos normativas comunitarias que se trasponen ahora, pero mantenemos nuestro rechazo a la distribución competencial que se hace en estos artículos que ya he citado. Por tanto, nuestro grupo mantendrá este rechazo hasta que esta situación se vea modificada y esperemos que así sea en los trámites parlamentarios posteriores en esta Cámara o en el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo Doblado.


El señor AMARILLO DOBLADO: Primero, haré una exposición de carácter genérico y, después, iremos defendiendo algunas enmiendas independientemente y otras agrupadas.


Este proyecto de ley tiene por objeto, como su propio preámbulo indica, trasponer a nuestro ordenamiento jurídico dos normativas comunitarias: las directivas 90/219/CEE y la 90/220/CEE, de 23 de abril, en la que se establecen -dicho en lenguaje llano- las exigencias y procedimientos que posibiliten la comercialización de los organismos modificados genéticamente, es decir, de los productos transgénicos. Desde este punto de vista la ley es obligada y necesaria. Ahora bien, la trasposición de estas directivas, aun asumiendo -como no puede ser de otro modo- la normativa comunitaria, permite grados de flexibilidad que pongan el acento donde debe ponerse, como son la garantía de la salud de personas, animales y vegetales, impedir la contaminación biológica de los ecosistemas, asegurar la correcta información del consumidor e impedir situaciones de hecho de monopolio en el mercado. En ninguna de estas cuestiones ha profundizado el presente proyecto de ley, es más, todo lo contrario, ha cogido la parte más benévola y ha ido buscando dentro de la normativa aquellos resquicios que permitían la máxima flexibilidad.
Estamos hablando de una ley y de un proyecto que está íntimamente relacionado con la innovación tecnológica y dentro de ésta con la biotecnología y la ingeniería genética, que entre otras cosas nos ha enseñado la humildad y la grandeza de la universalidad esencial de la vida desde los microorganismos más primitivos hasta el hombre. Señorías, esta tecnología nos puede ofrecer plantas y animales a la carta, multiplicar los rendimientos, mejorar la transformación, conservación de las producciones agrarias, terminar con plagas sin la utilización de plaguicidas y herbicidas, con la considerable mejora que esto representa para el medio ambiente y un largo etcétera de beneficios. Pero no hay cara sin cruz y surgen preguntas a las que esta ley debería dar una respuesta razonable. ¿Se puede asegurar que en ningún caso un producto transgénico pueda ser nocivo para la salud humana? ¿Se puede afirmar que en ningún caso hay riesgos para la contaminación biológica? Estas preguntas, señorías, no pueden tener respuesta desde un ámbito puramente político, es el ámbito científico independiente, ajeno a cualquier interés económico, directo o indirecto, el que puede dárnosla. Por eso en nuestras enmiendas hemos intentado incorporar, por cierto con muy poco éxito hasta ahora, el mundo científico a órganos de decisión. Esta colaboración debe permitirnos modificar normativas y ensayos pensados para testar un material vegetal de otra naturaleza, creando protocolos de ensayos específicos para testar el material transgénico. Insistimos en el término protocolo que desarrollaremos después al comentar alguna de las enmiendas. Queremos dejar claro, señorías, que nuestro grupo no tiene oposición alguna a la producción de productos transgénicos, pero exigimos todas las cautelas. Oposición ninguna, cautelas todas.


Este es un debate que está en estos momentos en toda Europa. Tendríamos que comentar, aunque sea de pasada, cómo se está tratando en otros países europeos y los pronunciamientos y las cautelas que están teniendo países como Francia, Alemania o Reino Unido. Es cierto que no podemos ignorar hechos que anteriormente han ocurrido. No todo lo que ha producido la ciencia ha tenido al final un buen resultado. Hay veces que hemos tenido que rebobinar. No me resisto a poner el ejemplo del DDT. El DDT -como saben todos ustedes- causó múltiples beneficios, sirvió para acabar con la malaria, acabó con muchísimas plagas, era casi una panacea. Pero en un momento dado se descubre que el DDT mata y no solamente eso, sino que había alterado la cadena trófica de tal forma que incluso en las focas del Ártico se encontraban restos de DDT en sus grasas, restos del triclorodifenil. La consecuencia fue que inmediatamente hubo una reacción y hoy está prohibida desde hace años la utilización de productos clorados. Hubo que prohibirlo y se prohibió. Se podrían poner multitud de ejemplos de cómo muchas veces en el mundo de la ciencia, incluso estando muy cerca de él y siendo especialista, se han tenido que establecer cautelas que después han servido para que la tecnología se utilice correctamente. Recordemos, por ejemplo,

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lo que pasó con los esposos Curie, descubridores del radio.
Desgraciadamente, en su laboratorio parisino se moría de leucemia, la propia madame Curie muere de leucemia y tuvieron que venir otros científicos a descubrir que había que poner unas cautelas. Bastó unos mandiles de plomo para que ya no matase y sirviese para curar esa tecnología.


Tenemos muy reciente el problema de las vacas locas. Se autorizó la producción de harinas animales para vacas locas. En una ley bastante menos importante que esta pasaron inadvertidas una serie de cautelas; la consecuencia fue el mal de las vacas locas, la muerte de bastantes personas, una quiebra y unas pérdidas económicas enormes. Por otro lado, señorías, no hay ninguna duda de que afortunadamente vivimos en una civilización en la que tenemos unos grados de libertad importantes, consustanciales con los derechos de las personas. Una de ellas es el derecho a elegir; el consumidor tiene derecho a elegir. Y para que el consumidor tenga derecho a elegir tiene que estar bien informado. Por lo tanto, la ley le tiene que garantizar la información. Sin tremendismos de ninguna clase, huyendo totalmente de ellos, dicho de la manera más suave que me sea posible, y no encuentro otra, está claro que no siempre la razón se impone en la condición humana y más tarde o más temprano surge el drama. La codicia y la presión de los grandes grupos no puede ser un elemento que inspire leyes. Ahora mismo estamos viviendo el drama del petrolero Prestige y aún no sabemos las consecuencias que puede originar y lo que se encuentra detrás. Detrás está la presión económica, la codicia. Esto es primo hermano de lo que ocurrió con las vacas locas y con otros escándalos de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros a este respecto y que cada uno asuma sus responsabilidades.


Está claro, señorías, señores del Grupo Popular, que tienen la mayoría y por lo tanto son los que van a decidir sobre esta cuestión, que hay responsabilidades que hoy se asumen aquí y cuando lo veamos en el Pleno se acabarán consolidando. Nosotros lo decimos claramente: no compartimos con ustedes estas responsabilidades, no las queremos compartir y para que conste en el "Diario de Sesiones" lo decimos. Después veremos los elementos cautelares que hemos intentado introducir y que ustedes han dicho que no; no a uno ni a dos, sino a todos. Han aceptado dos enmiendas para poder decir que no nos han rechazado todas, pero todo lo sustancial lo han rechazado. Para nosotros, los requisitos de seguridad y las cautelas que tienen que fijarse, no se cumplen. Pero si fruto de una ley que tenía que haber adoptado unas cautelas y que no toma se produce un accidente que nadie desea, los responsables son solamente ustedes, y quede esto clarísimo ahora, por lo que pudiera venir en el futuro, que nunca se sabe. Nosotros hemos presentado, señor presidente, 43 enmiendas.
Tengo que defender 41 y si hago la defensa una a una el tiempo que consumiré será excesivo, por lo que voy a agruparlas y defenderlas lo más rápidamente posible. De todas formas, algunas de ellas las defenderé separadamente. En primer lugar, la enmienda número 71, trata del uso del lenguaje, que es la forma que tenemos para expresarnos. Obviamente, hay mucha diferencia entre reducir e impedir. Nosotros queremos sustituir reducir riesgos por impedir esos posibles daños. Se puede argumentar que no se puede impedir nunca del todo. Pero la ley sí debe exigir que se impida. Después, en la aplicación de la ley, la realidad impondrá que sea una u otra.


Las enmiendas 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81 y 114 están todas ellas íntimamente relacionadas. ¿Y con qué están relacionadas? Están relacionadas porque en la transcripción de una normativa de esta naturaleza los anexos son una parte fundamental, el elemento clave en el que realmente se especifican los métodos que permiten concretar los elementos de seguridad. Y si esos anexos no se transcriben, se obvian o se marginan, se produce un hueco importante en la seguridad. Nosotros, pues, en todas estas enmiendas hacemos alusión a ellos y pedimos su transcripción. Incluso cuando hay alguna ausencia, como ocurre con la enmienda número 74, lo exponemos claramente. Y ahora me imagino que el Grupo Popular intentará dar respuesta a algunas preguntas, porque se entienden mal. Por ejemplo, en esta enmienda incorporamos el concepto de liberación intencional, lo cual es muy lógico. No podemos entender por qué se niegan ustedes a esto; con franqueza, no encontramos el argumento.


Mediante las enmiendas 76, 77 y 78 tratamos de introducir el concepto de protocolo, que por cierto es muy conocido. ¿Por qué queremos incorporar el concepto de protocolo a la ley? Porque el protocolo es un elemento básico normalizado en el que se establece -y hay decisiones administrativas para ello- concretamente el método a seguir para testar, viabilizar y ver cuál tiene que ser el tipo de ensayo, qué clase de ensayos tiene que haber, qué tiempos, cómo se hacen, etcétera. El protocolo, además, es algo objetivo. El problema con que nos vamos a encontrar al no querer incorporar los protocolos es que los ensayos se pueden hacer ad hoc, es decir, como si cada uno quisiese hacer la camisa a su medida. Independientemente de que los ensayos tengan una especificidad propia, el protocolo debe establecer un modo de testar totalmente objetivo. Esto ya se ha utilizado mucho. Por lo tanto, los protocolos reglan de una manera objetiva y concreta. Ustedes nos han dicho que no van a aceptar las enmiendas 76, 77 y 78, que están relacionadas con este tema, rechazando algunas cosas que no podemos entender.


En la enmienda número 77 decíamos: "... los contengan, previo asesoramiento de las instituciones, organismos o estamentos científicos competentes." ¿Les parece que pedir el asesoramiento de las instituciones, organismos o estamentos científicos competentes es

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algo que se salga fuera de lo común, es una pretensión injustificada? ¿Por qué a algo tan sencillo ustedes se oponen? La verdad es que resulta difícil de entender.


En las enmiendas 82 y 83 proponemos elementos de seguridad. La enmienda 83, por citar un ejemplo, a la que ustedes han dicho en ponencia que se van a oponer, dice: "a) Dicha evaluación tendrá especialmente en cuenta la cuestión de su eliminación y, cuando proceda, se aplicarán las medidas de seguridad necesarias para proteger la salud humana y el medio ambiente." ¿Cómo dicen ustedes que no a esto? Hay veces que pienso que no lo han leído; si no, no tiene explicación. Ustedes podrían no estar de acuerdo en la redacción y querer mejorarla, y en vez de ponerlo de una manera ponerlo de otra, pero no, ustedes han dicho: Esto no. Nosotros creemos que es enormemente importante.


Las enmiendas números 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 están destinadas a la evaluación de riesgos. Podían haber discrepado de si esa evaluación se hacía de una manera o de otra, pero lo que nos parece más difícil es decir que no a todo. Además, nosotros pretendíamos que se incorporaran elementos académicamente cualificados para contrastar los riesgos, a lo cual también ustedes han dicho que no.


Con las enmiendas 92, 93, 94, 95, 97 y 99 perseguimos fundamentalmente elementos que permitan tener garantías sobre cuestiones en las que forzosamente vamos a tener que entrar después, pero no se pedía nada que no se pudiera asumir. Pretendemos especificar más las cuestiones, establecer elementos respecto al manejo, etcétera. Es curioso que ni una de las seis enmiendas dedicadas exclusivamente a esta cuestión haya merecido la aceptación de su grupo.


La enmienda número 96 propone la adición de un nuevo párrafo al final del párrafo g) del apartado 1 del artículo 14, con la siguiente redacción: En caso de que la información requerida a un tercero sea denegada por éste, tendrá que argumentar por escrito las causas de la denegación y las administraciones competentes evaluarán si se debe a razones de dominio tácito del mercado, en cuyo caso ésta arbitrará sobre el conflicto surgido pudiendo obligar a la entrega de la información pedida, fijando la contrapartida económica a pagar por el solicitante de la información al poseedor de la misma. Ustedes también nos dicen que no. Ésta es una enmienda muy significativa. La redacción parece compleja, pero en realidad de lo único que se trata es de que la información conseguida por las empresas que, por su dimensión económica y empresarial, disponen de capacidad para hacer unos ensayos y los realizan, pueda pasar a otras una vez cumplidos los plazos de ajuste de patente o de propiedad intelectual.
¿Por qué queremos hacer esto? Porque son los mecanismos que permiten que el mercado funcione con libertad, además ya está recogido en otras leyes y es habitual en legislaciones y mercados tan liberales como, por ejemplo, Estados Unidos. ¿A quién beneficia que ustedes se opongan a esto? Beneficia únicamente a las cuatro grandes empresas elaboradoras de productos transgénicos, pero perjudica al resto del tejido industrial y de los productores. ¿Qué tenemos que entender nosotros cuando ustedes dicen que no a estos mecanismos que están muy extendidos en el resto de las legislaciones? Pues que las cuatro empresas elaboradoras de productos transgénicos mandan mucho, que su brazo es tan largo que parece que esta interpretación de la normativa comunitaria está hecha pensando precisamente en ellas.


Las enmiendas 98 a 102 están destinadas a favorecer la información del ciudadano a través de un etiquetado claro. Ustedes, en el colmo de las contradicciones, al etiquetado que proponemos nos dicen que no cuando, el lunes, sus propios eurodiputados han dicho que sí y cuando la normativa comunitaria que va a entrar en vigor obliga a ello, con lo cual ustedes lo van a tener que aceptar de una u otra manera. Su posición no la tienen ni los grupos más conservadores del Parlamento Europeo. Da la sensación de que ustedes van a decir que no a todo. La directiva con las normas de etiquetado, una vez que se ha tomado la decisión, saldrá muy próximamente y será de obligado cumplimiento. Mayor contradicción es imposible. ¡Qué buena ocasión para aceptar el etiquetado que nosotros proponíamos y esta ley hubiera salido con los índices de modernidad necesarios!

La enmienda 110, a la disposición adicional segunda, pretende garantizar la cualificación del asesoramiento técnico. Como recordarán ustedes, en esta disposición se habla de la creación de un consejo formado por distintas entidades administrativas, al que corresponderá la autorización de las actividades de utilización y comercialización de productos transgénicos. A nosotros nos parece muy bien que ese consejo decida, pero como éste es un tema delicado proponemos la adición de un nuevo párrafo al final de la letra a) con la siguiente redacción (la voy a leer porque es bueno que en el "Diario de Sesiones" se vean las cosas a las que ustedes dicen que no y el porqué de su negativa): Así como cuatro centros cualificados, directores de departamentos universitarios, centros de investigación estatales o autonómicos o catedráticos relacionados en el campo de los organismos modificados genéticamente que no hayan tenido, en los últimos 10 años, acuerdos mercantiles con empresas productoras de organismos genéticamente modificados. El voto particular de alguno de los consejeros científicos de esta comisión obligará a devolver el expediente a la Comisión nacional de Bioseguridad para una nueva lectura del expediente informado. De los debates de esta comisión se levantará siempre acta, a la que se incorporarán los votos particulares que puedan emitir sus miembros. Díganme ustedes en qué perjudica a la ley. A esto han dicho que no. La Comisión de Bioseguridad da un informe y después la comisión de transgénicos es la que decide. En la comisión que decide, el número es ya lo de menos, si

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no están de acuerdo con cuatro, introduzcan ocho o tres. La cuestión es que haya presencia de científicos independientes que no tengan contactos mercantiles de ninguna clase con las empresas elaboradoras de productos transgénicos y que, como son científicos importantes los que hemos incorporado ahí, se valore su opinión. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) La respuesta puede ser: Esto es inútil, para eso está la Comisión de Bioseguridad. No. Es totalmente distinto una comisión como la de Bioseguridad y un estamento científico en una comisión de decisión. A veces hay paradojas y tienen ustedes mala suerte porque no puedo olvidarme del tema del Prestige en este debate, está muy presente aquí.
Ahora están llamando deprisa y corriendo a comisiones que tenían que haber tenido una estructura fija previa. No cometamos el mismo error en este caso. Introduzcamos ya en los elementos de decisión los que tienen que decidir, que es totalmente distinto que la Comisión de Bioseguridad.
A esto que no cuesta además ni supone más presupuesto ni más trabas para nadie, sino que lo único que supone es una información mayor y unos elementos de seguridad mayor, a esto están diciendo que no.


Lo que queremos buscar en las enmiendas que restan, la 111, la 112, 113, son elementos jurídicos de seguridad ante dudas jurídicas. Y después, que es el objeto de la 113, queremos que haya una explicitación de la aceptación de los protocolos de Cartagena porque si es verdad que los aceptamos no vale una aceptación de carácter genérico, que tenga a veces un carácter más mediático y más lírico pero menos dispositivo. Si lo establecemos en una ley tendrá carácter dispositivo y por eso decíamos que se hiciera alusión explícitamente a los protocolos de Cartagena. Con franqueza, todavía estamos a tiempo. Intentemos hacer un esfuerzo para hacer las cosas bien porque de lo que se trata no es de que ustedes ganen una votación y nosotros perdamos otra, de lo que se trata es de que consigamos una legislación que en todos los casos dé seguridad y garantía a los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Estoy conmovida ante ciertas opiniones que aquí se han dicho y voy a empezar por el final y contestaré luego a alguno de los intervinientes. Menos mal que el señor Amarillo no ha sido tremendista porque si llega a serlo hubiéramos tenido que salir todos corriendo. Ha mezclado alimentos transgénicos, vacas locas, el Prestige.
Nos ha recordado que el Partido Popular ha quitado las comisiones que pusieron en funcionamiento cuando pasó lo del Mar Egeo y que hemos olvidado las medidas que tomaron entonces. Y nos ha recordado también lo que pasó cuando se elaboró la Ley 15/1994. Yo que no puedo olvidar mi formación filosófica y mi formación en algunos aspectos psiquiátrica y psicológica, tengo que recordar que muchos psicólogos dicen que el olvido de las actuaciones propias conduce a un alto sentido de irresponsabilidad. Con todo respeto tengo que decirle que debía haberse leído lo que hicieron en la tramitación de la Ley 15/1994, porque no se admitió ni una sola enmienda -y le estoy hablando porque fui la ponente en ese momento-, y con el derecho que les da su actuación como diputados se opusieron repetidamente a cumplir la disposición adicional segunda que exigía la creación de una Comisión nacional de Bioseguridad. Tuvieron más de once apercibimientos y multas de la Unión Europea al Gobierno que entonces estaba actuando. Las directivas 219 y 220, si no recuerdo mal y no recuerdo mal, se recogían en la disposición adicional segunda donde se decía que en el plazo de tres meses se crearía una Comisión nacional de Bioseguridad. Repetidamente negaron esa enmienda a quien la propuso dentro del Partido Popular y otros grupos también la propusieron creo recordar, aunque en este momento no lo aseguraría, pero quiero pensar que sí. Hasta junio de 1997 no se creó la Comisión nacional de Bioseguridad.
Lamento decirle que ha hablado de que no existen científicos independientes en esa comisión, si no he entendido mal. Quiero recordarle que en esa comisión hay miembros muy significados de su partido, de muy alto nivel, tan significados que han estado en primera fila política en numerosas ocasiones y forman parte de la Comisión nacional de Bioseguridad. El Partido Popular no solamente les incorporó a esa comisión. De todas maneras, señor Amarillo, me parece que una persona de su formación, una persona de su preparación no puede hablar de vacas locas en un tema como el de hoy sin poner en riesgo su propia credibilidad científica y profesional y lo lamento mucho porque sabe que son cuestiones muy diferentes. No quisiera entrar en este momento a discutir otra serie de cuestiones, pero no puedo menos de hacer ese inciso porque agradezco mucho que no haya sido tremendista y le recuerdo que tenga mucho cuidado con esos olvidos que denotan un alto descuido psicológico que conduce a que nuestra ética profesional y nuestra propia actuación se aparte a veces de nuestra propia coherencia. En ese sentido, todos tenemos que meter la mano en el corazón y ser responsables también de nuestros actos y ustedes también, no solamente quien les habla, que también tiene sus fallos e intenta corregirlos (Un señor diputado: Muy bien.), pero se lo recomiendo porque a veces una por deformación profesional cae en eso tan terrible de dar consejos a quien no quiere oírlos. Qué le vamos a hacer. Cuando uno nace así se muere así.


Señor Amarillo, estamos viendo una ley, una trasposición de una directiva que tiene que recordar es de obligado cumplimiento. Esta directiva emana de la reestructuración o la mejora de lo que fueron las directivas 219 y 220 que según mi criterio no debieron unirse

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y se tramitaron juntas. Si lee lo que pasó en aquellos tiempos, al ser el arreglo de una ley anterior en la que ustedes habían participado debería haberse tenido en cuenta qué se hizo en ese momento para ver qué mejoras o qué cosas se introducen y que no es una irresponsabilidad, sino que es simple y exclusivamente un tema que está constantemente encima de la mesa de todos los gobiernos responsables de la Unión Europea. Porque Europa, que fue la primera en dar un paso en la llamada moderna biotecnología, está en este momento, como usted sabe, muy por detrás de otros países, incluido China, los zulúes de Sudáfrica, no los blancos de Sudáfrica, que están aplicando todos estos mecanismos de organismos modificados genéticamente; Australia, Argentina, porque en Europa hay una reflexión constante sobre el mundo científico y el mundo técnico. Usted sabe que existe la gran paradoja europea de que tenemos más ciencia que tecnología, y también en el área agroalimentaria tenemos más ciencia que tecnología. Pero nuestra ciencia nos hace estar constantemente revisando nuestra propia legislación, y es algo que les repito muchas veces cada vez que intervengo en estos temas. Legislar sobre ciencia en el vacío es una pasión estéril, no sabemos a dónde nos va a llevar. Tenemos que estar constantemente dando pequeñísimos pasos y por eso usted dice que no podemos decir nada de la directiva, porque en este momento hay algunos países que son más cautelosos. Pues en esos países, desgraciadamente, cuando se vuelven cautelosos -caso que ha pasado en países vecinos muy respetables- interviene mucho más la situación política que la verdad científica, cuando ellos fueron los pioneros de los alimentos transgénicos, y cuando cambia el signo político cambian de situación y cuando vuelve a cambiar el signo político vuelven a cambiar. Eso sería una irresponsabilidad por parte de cualquier Gobierno que tuviera de verdad una seria preocupación por los ciudadanos. Pero cada palo que aguante su vela, y me parece que países como Luxemburgo, que no son productores en este sentido, no tienen nada que decir en este asunto y, por tanto, cuando usted habla de algunas cosas, me dice muy poco.


Por otro lado, cuando usted habla de compañías, le sugiero que lea las últimas fusiones y adquisiciones, porque me parece que ya no son ni cuatro ni dieciocho y que cada día que pasa no sabemos ni dónde andan las compañías ni de quién son. Al final, todos los que tenemos un plan de pensiones estaremos siendo a lo mejor accionistas de esas compañías en algún momento, porque nuestros planes de pensiones cotizan en diferentes sitios. Así que le sugiero que usted también se lo piense, porque yo no sé mi plan de pensiones a qué compañía mundial está adscrito y con los de ustedes me imagino que ocurre lo mismo. Dicho esto, por distender un poco la situación, vamos a volver a nuestro tema científico y simplemente haré unas reflexiones muy someras.


Esta propuesta establece un procedimiento mejorado, uniforme y transparente para evaluar la seguridad de los alimentos modificados genéticamente, porque una evaluación de seguridad y un procedimiento de autorización no solamente en los alimentos que van directamente al consumo humano, sino también en la modificación de piensos, es fundamental. Ese principio de que no debe autorizarse el uso único ni como alimento ni como pienso en el caso de algunos productos es muy importante, porque unas veces esos productos llegarán al ser humano como alimentos y otras veces a través del pienso. Esos requisitos armonizados y exhaustivos sobre el etiquetado que se recogen en esa propuesta tienen ese fin de dar al consumidor la posibilidad de elegir, y esos requisitos armonizados y exhaustivos sobre el etiquetado de piensos tiene también un afán de dar a los usuarios una información precisa sobre la composición y las propiedades de los productos, con un objetivo que era proporcionar la base de asegurar un nivel elevado de protección de la vida y de la salud.
El principio de precaución rige en todas las acciones que se hacen en la Unión Europea. Incluso le puedo decir que los representantes de la Unión Europea que en algún momento hablamos de tecnología en otros foros, como puede ser Naciones Unidas, esgrimimos el principio de seguridad sobre algunas posiciones que compañeros ideológicos suyos no esgrimen en otros ambientes. De modo que el documento del principio de precaución que en un momento en Naciones Unidas esgrimieron los representantes de gobiernos populares deberían también haberlo esgrimido representantes de gobiernos socialistas. Se lo digo porque usted ha sido el primero que ha introducido ese asunto aquí. De modo que hay que estar también al loro de lo que ha pasado hace un par de semanas.


Por otro lado, todas estas cuestiones están orientadas a que el mercado interior funcione. Usted me está hablando de que no existe riesgo cero, no sabemos que pasa con los alimentos. Yo le diría algo tan importante como lo que en este momento hace la señora presidenta, que es tomarse un café y seguro que lleva azúcar. (Risas.) El azúcar es un alimento fundamental y básico para el desarrollo humano y una de las causas que origina más muertos en España al cabo del año y, sin embargo, no lo tenemos prohibido. Qué le voy a hablar de la sal, que desde los albores de la humanidad es conservante de alimentos y productos en nuestra dieta alimenticia, y también origina un número elevadísimo de muertos en España al cabo del año. (Una señora diputada: Nos vamos todos a la cama.) De aquí nos vamos derechos a la cama. Y qué decir sobre el tabaco, que en esta Comisión de Medio Ambiente también analizamos. ¡Qué le voy a decir! Pero estamos hablando de alimentos. Le podría señalar algunos alimentos que son básicos y elementales en nuestra propia dieta, pero que en ciertas curcunstancias nos pueden originar grandes problemas, como puede ser el consumo en exceso de

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carne, como pasa en España y en todos los países del mundo, que hay un exceso alimentario. De modo que todas estas cuestiones dependen del cristal con que se mire, es decir, la botella puede estar medio llena o medio vacía. No podemos hablar en este sentido.


Por otro lado, la señora Urán -y aprovecho para decirle que aceptaremos dos de sus enmiendas- ha hablado en su intervención de producto y de proceso. Quiero dejar claro que esa es la piedra angular sobre la que gira toda la discusión científica de cualquier sistema en el que nos estemos moviendo. El reglamento propuesto abarca alimentos y piensos producidos a partir de un organismo modificado genéticamente, pero no los producidos con un organismo modificado genéticamente. Lo primero implica que una proporción del producto final, ya sea el propio alimento, pienso, o uno de sus ingredientes, procede del material original modificado genéticamente; y en el segundo caso el alimento o el pienso se ha producido con ayuda de un organismo modificado genéticamente, pero en el producto final no está presente ningún material derivado de este organismo. Por ejemplo, en una harina no existe ningún gen porque al ser un glúcido o un hidrato de carbono, como queramos llamarlo, no puede aparecer una proteína y solamente lo que aparece es un glúcido que puede aparecer en montones de alimentos, en montones de sitios que no tienen que ser genéticamente modificados. No hay una proteína. ¿Dónde está ahí el gen? ¿Dónde está ahí el producto genéticamente modificado si no hay una proteína? Así, por ejemplo, ¿qué pasa con algunos aceites? ¿Son lípidos, son grasas? ¿Dónde está el gen? Una grasa pura. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado en esos asuntos. Por ejemplo, cuando usted ha hablado del producto y de la enzima modificada genéticamente que lo puede producir -creo que ha dicho organismos-, pues esa enzima modificada genéticamente que no se conserva en el producto final y los productos obtenidos a partir de animales alimentados con piensos modificados genéticamente, no estarían ni siquiera sujetos a esos requisitos, porque esto está en consonancia con las actuales disposiciones de reglamentos sobre los alimentos, pero no solamente españolas, sino europeas, y esto entraría en modificación con algunos de nuestros productos, como podría ser el queso, que nadie tiene ninguna cuestión aquí con el queso, porque si no salgan ustedes y díganselo a los productores de queso, a los productores de leche, a las grandes industrias transformadoras agroalimentarias, controladoras, porque se controlan con organismos modificados genéticamente la calidad y la cantidad de los productos, a los productores de yogur, a los productores de vino, a los productores de pan. ¿Qué pasa con esas cuestiones? De todas maneras, señora Urán, creo que hay que tener claro que estas son unas cuestiones en las que muchas veces no se entra. ¿Qué pasa? Que hoy conocemos los procesos, que anteriormente se conocían de forma empírica, de forma científica y nos hemos asustado. Lo mismo que nos podemos asustar nosotros se ha asustado la señora presidenta cuando le he dicho lo del azúcar. (Risas.) Son cuestiones en las que tendremos que tener mucho cuidado.


Esta no es una normativa hecha a la ligera, sino que va despacio, con una propuesta, intentando que estos alimentos no representen ningún riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente, ni deban inducir a error al consumidor o al usuario; que no deben diferenciarse de los alimentos los piensos que están destinados a sustituir en alguna medida su consumo normal; que no resulte desventajoso desde el punto de vista nutricional para los consumidores o los animales; que no deban perjudicar al consumidor, menoscabando las características distintivas de esos productos, todos esos criterios no difieren de los establecidos en la anterior normativa, 219 y 220, señor Amarillo, que ustedes traspusieron, ni de los criterios generales aplicables a toda una autorización que se hizo en su momento.


Hoy, con toda legitimidad, estamos hablando (y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid hoy se ha hablado de aquellas grandes responsabilidades que se tomaron cuando lo del Mar Egeo y que nosotros hemos abandonado) también de una serie de cuestiones, como es que en esta directiva se admite que para determinar la presencia de materiales que pudieran surgir de manera que pudiera ser técnicamente inevitable, los explotadores de las empresas deberán poder demostrar a las autoridades competentes que han adoptado esas medidas para evitar esos efectos, cosa que actualmente no existe. Además, se establece en la directiva todo un protocolo de solicitud, que es el que nosotros trasponemos directamente, de remisión de la solicitud de comercialización de la autoridad alimentaria europea, el plazo que establece para rechazar o remitir el expediente con dictamen favorable a la Comisión Europea, a los Estados miembros, al solicitante; cómo se establece un dictamen público, las objeciones de los ciudadanos que se pueden presentar en un plazo de 30 días; el estudio del expediente de la Comisión por un plazo de tres meses; la concesión o el rechazo de la autorización. Es decir, una propuesta que jamás ha sido tan exhaustiva como en este momento, lo que pasa es que estamos haciendo la trasposición de una directiva donde se traza un marco general en el que nosotros no podemos ni salir ni bajar, es decir, nos da un marco general en el que tenemos que debatir y no podemos regularlo ni por exceso ni por defecto y esto condiciona que la ley tenga una forma determinada, y a fin de aumentar la transparencia del proceso en la toma de decisiones y la participación de los ciudadanos en el proceso de autorización, debe publicarse el resumen de la solicitud de aprobación, que así lo recoge la directiva, el dictamen de la autoridad alimentaria europea; los ciudadanos pueden remitir sus comentarios a la Comisión, es decir, se contemplan unas situaciones en las que antes nunca se había entrado. Esas autorizaciones

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y notificaciones, que están relacionadas en multitud de artículos -quiero recordar los números 7, 8 y 9 de la directiva-, nos llevarán a que en los métodos de muestreo y detección con muestra de alimentos, de no cumplirse la condición deje de considerarse aprobado para su comercialización en la Comunidad y así lo hemos aprobado.


Pero usted está remitiéndose a organismos científicos competentes. Vuelvo a reiterar mi respeto a un organismo científico competente, independiente, consultivo, en el que participan -se lo vuelvo a recordar- distinguidas personas de su partido de primerísima fila, como es la Comisión nacional de Bioseguridad. Se lo digo porque mientras ustedes estuvieron en el Gobierno no hubo nadie con carné del Partido Popular, ni siquiera de última fila, en la comisión previa a la Comisión nacional de Bioseguridad. Con ello quiero decirle que hay ciertos talantes que en estos momentos es importante recordar. Pues bien, esa comisión hace un informe técnico adecuado y respetable, y digo respetable porque está hecho por eminentes científicos de los que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos cualquiera que sea la ideología que se tenga.


No podemos decir nada de algunos aspectos en los que hemos visto que aparte de las disposiciones comunes, del reglamento, hay nuevos elementos que establece el reglamento de la Unión Europea, como la propuesta de la creación de la autoridad alimentaria europea, donde se fijan unos procedimientos relativos a la seguridad alimentaria y se establece en principio el procedimiento; el papel que esa autoridad alimentaria europea desempeña en los comités científicos creados, etcétera. El reglamento propuesto es, en principio, una llave con la que se abre una puerta que hará posible cumplimentar una solicitud, una autorización de liberación atencional, la autorización del uso de alimentos modificados y de piensos, conforme a los criterios establecidos, y la concesión de esa autorización será válida para esa autoridad.


Comprendo que el hombre, en algunos momentos -y vuelvo a mis raíces y a mis vicios psicológicos-, tiene miedo a lo desconocido y ese miedo lleva muchas veces a que tengamos la experiencia negativa de unos años, pero no podemos hablar de la utilización del radio en los albores de su descubrimiento y compararlo con la utilización que se hace en estos momentos. Eso sería crear una alarma injustificada en el ciudadano. Usted sabe, porque lo sabe y si no, perdóneme que le diga, lo debería saber, que hoy conocemos con toda seguridad cómo es la estructura de un gen, cómo funciona, con quién liga, con quién no liga, y cuando aquí se ha hablado de contaminación, se quería decir hibridación. Si hablamos del maíz no podemos hablar de contaminación. El maíz es un híbrido que domeñaron los indios, porque cualquier tipo de maíz, sea transgénico o no lo sea, se hibrida de manera normal, y de ahí que se regule periódicamente el uso de determinadas semillas para evitar hibridaciones innecesarias. Para ello le recomiendo que vea el libro de Petty sobre el maíz cuando en él habla de que los incas hicieron dios al maíz cuando lograron dominarlo como alimento y conseguir que, de alguna manera, su hibridación fuera la menor posible. De todas maneras, no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas tampoco. Señora Urán -que es a quien me estoy refiriendo en estas cuestiones- le quiero pedir que no diga contaminación, porque contaminación en el sentido científico, señora Urán, con todo respeto, es otro concepto, hable de hibridación, que es el concepto al que nos estamos refiriendo y al que usted se refería -se lo digo con todo respeto y con toda amabilidad, pero quiero recordárselo-.
Sin embargo, estamos dispuestos a admitirle las enmiendas números 25 y 27 de las propuestas.


Algunos grupos parlamentarios han hablado sobre la poca sensibilidad del Partido Popular en algunas cuestiones, como pueden ser las autonómicas.
No quisiera yo que se pensara en términos de sensibilidad o no sensibilidad, porque tampoco esto ha sido propuesto ni para los länder alemanes, ni para ninguna otra región en otros países con una estructura autonómica, sino que son los Estados miembros que participan en la negociación los que deben entender de estas cuestiones, y por eso la directiva introduce unos plazos para la eliminación de genes marcadores de resistencia, por ejemplo, de antibióticos, que lo hemos visto cuando dice que los Estados miembros deben de respetar esos plazos en las trasposiciones, porque de no hacerlo así entraríamos en una dinámica de moratoria que concierne especialmente a los Estados miembros y no a las comunidades autónomas.


Dado que la comercialización no puede circunscribirse al ámbito de una comunidad autónoma porque la comunidad autónoma no podría tener el control exhaustivo de la comercialización -quizá debería plantearse si le conviene tener el control de la comercialización de organismos modificados genéticamente o de sus productos a los que nos estamos refiriendo-, exige la participación conjunta de los Estados miembros y de la Comisión Europea, y así lo ha considerado la Comisión. Dar carácter vinculante al informe previo de la comunidad autónoma en los ensayos de liberalización voluntaria que se han exigido dentro del procedimiento de autorización para la comercialización supone un roce con el espíritu y con el contenido de la directiva y supondría una imposición unilateral de criterio autonómico que en algún momento roza con quien es el negociador de la directiva de la Unión Europea que en este momento estamos hablando.


Por otro lado, no quiero dejar al albur el asunto del silencio administrativo de tipo negativo. Tengo que reconocer con toda humildad que yo también he reflexionado mucho en torno a él, y mis compañeros de

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ponencia saben que he tenido ciertas dudas acerca de cómo ha de establecerse ese criterio administrativo. Después de muchas reflexiones con personas más doctas que yo en este asunto, hemos considerado que la ley vigente distingue cuatro supuestos de operaciones de utilización confinada y de ellos únicamente se exige autorización expresa para las operaciones que se realicen con organismos de alto riesgo y en actividades que no sean de enseñanza, investigación o con fines industriales o comerciales. De esta manera me he quedado más tranquila porque quiero recordar que esta sugerencia, duda o reflexión también la tuvimos cuando tramitamos la Ley 15/1994.


Por todo lo demás, señorías, esta ley se está haciendo como lo que se hace en Europa con la biotecnología. Europa, que fue la descubridora de los grandes temas en la llamada nueva biotecnología, hoy está detrás de países como China, a años luz de Estados Unidos, Argentina, Australia o los zulúes africanos que han optado por este tipo de alimentos.
(Rumores.) Si algún defecto o alguna virtud -y creo que es una virtud- tenemos los europeos con relación a otros países es que el mundo que creó la reflexión filosófica basada en la herencia grecolatina, del humanismo cristiano, del renacimiento y del neoclasicismo, nos lleva a estar constantemente en tela de juicio nuestras propias decisiones y analizando nuestros propios desarrollos científicos, culturales y tecnológicos. Por eso, vuelvo a insistir, no es ni mucho menos una directiva, una ley hecha a la ligera, sino que es producto de la reflexión larga, porque arrancamos del año 1990, donde se nos dio un plazo de tres meses, hasta abril de 1991, ahora la estamos reformando y la volveremos a reformar porque es lo que debemos hacer. (Los señores Otxoa de Eribe Elorza y Amarillo Doblado y la señora Urán González piden la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿Las intervenciones que se están solicitando son a los efectos de responder a la intervención de la señora Fernández de Capel respecto a las enmiendas?

Señor Otxoa de Eribe, ¿en qué sentido va su intervención?

El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Porque se ha hecho una interpretación, al menos en cuanto a las reclamaciones de tipo autonómico, que no se corresponde con la realidad en absoluto.


La señora PRESIDENTA: Las intervenciones de los diferentes diputados se han llevado a cabo según el sentir y contenido de cada grupo, y cada uno habrá dado su opinión. No voy a dar lugar a otra intervención de S.S.
porque sería reabrir el debate.


Señora Urán, ¿en qué sentido va su intervención?

La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, con respecto a las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular dice que acepta, quiero que me aclaren si una de ellas es la que he entendido.


La señora PRESIDENTA: Señora Urán, las números 25 y 27.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, la enmienda número 25 hace referencia a una disposición transitoria tercera y es correcta, pero la enmienda número 27 hace referencia a la supresión del artículo 8. Si se acepta esta enmienda y no se acepta la siguiente, que es al artículo 9.1, estamos dejando sin ningún tipo de cobertura, porque las dos enmiendas están concatenadas, en cuanto a la autorización que deben tener tanto los organismos modificados genéticamente clasificados de bajo o nulo riesgo como el resto de los organismos. Por eso pediría a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aunque agradezco que pretenda admitirnos dos enmiendas en este trámite, que reflexione sobre la admisión a trámite de la enmienda de supresión del artículo número 8 y no admita la del número 9, porque entonces dejamos sin cobertura de autorización a dos de las cosas que ustedes mismos especifican en la ley que nosotros seguimos sin compartir. (La señora Fernández de Capel Baños pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: No voy a dar la palabra a la señora Fernández de Capel, que reflexione.


Paso a dar la palabra por un momento al señor Amarillo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Amarillo, ¿en qué sentido va su intervención?

El señor AMARILLO DOBLADO: Señora presidenta, aparte de que me han tumbado en el diván, lo cual sería un turno de alusiones propio, independientemente de eso, creo que hay confusión en alguno de los conceptos que hemos dado por parte de la portavoz del Grupo Popular y eso puede influir en que acepte o no determinadas enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo, no voy a reabrir el debate. Esta presidencia ha permitido que las intervenciones fueran lo suficientemente largas como para que cada grupo explicara perfectamente cuáles son sus contenidos y su iniciativa política. Si al finalizar la Comisión de Medio Ambiente quieren explicar cada uno de los portavoces la situación psicológica en la que se encuentra, a esta presidencia le va a parecer muy bien.


Señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: También en una situación psicológica de perplejidad, porque no podemos evitar que estemos todos un poco...


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, a los efectos de responder a la señora Urán.


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La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Urán, si le parece, usted y yo hablamos sobre la enmienda número 27 y dejamos pendiente una reflexión sobre la enmienda siguiente. Admitimos la enmienda número 25 y dejamos pendiente la reflexión para una mayor ampliación.


La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: El concepto de independiente, que creo que es un elemento importante a la hora de aceptar o no, ha sido mal interpretado, y es fundamental que se interprete bien.


Cuando hablamos de independiente no nos referimos a independencia política, estamos hablando de independencia de las casas productoras de productos transgénicos, es decir, independencia de intereses económicos.
En ese sentido nos hemos referido siempre, independiente de intereses económicos. (La señora Fernández de Capel Baños: ¡Lo está arreglando!)

La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo, ¿en qué sentido está hablando?

El señor AMARILLO DOBLADO: Hay una serie de enmiendas que estaban relacionadas con los temas de independencia.


La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo, no tiene la palabra y pasamos a la votación.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora presidenta, si aquí se hace alusión a que el señor Amarillo tiene conocimiento de las insinuaciones que está haciendo sobre presiones por alguna cuestión económica, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. (La señora De Lara Carbó: ¡Claro que sí!)

La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, no tiene usted la palabra. Acabamos el debate y pasamos a la votación de las diferentes enmiendas que siguen vivas de los grupos parlamentarios.


¿Quieren alguna votación independiente?

El señor QUIRÓS PULGAR: Pido un receso de cinco minutos para aclarar los votos de cada grupo parlamentario a cada una de las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Ya nos ha trasladado a la Mesa, señoría, el sentido del voto (los votos separados, los artículos que aparte se van a votar), pero si el señor Amarillo traslada a esta presidencia el documento, no tenemos ningún problema en aceptarlo y, conforme a él, dirigir la votación.


Se suspende por unos minutos la sesión para que se pueda interpretar la votación separada del Grupo Socialista. Señorías, cinco minutos exactos.
(Pausa.)

Totalmente aclaradas las peticiones de los diferentes grupos respecto a la fórmula de votación, pasamos a votar.


Esta presidencia ruega a las señoras y señores comisionados que, aparte del silencio, intenten evitar salir de la Comisión para saber el número exacto de diputados que están votando.


Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster. Enmiendas números 49 a 61.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: No las ha defendido, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, la Comisión comenzó a las nueve de la mañana y en ese momento se dieron por defendidas.


Señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Pedíamos que se votaran por separado las enmiendas números 52 y 57, pero pueden ir agrupadas porque el sentido del voto es el mismo; enmiendas números 51, 52 y 57.


La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo, usted acercó a esta presidencia el sentido del voto del Grupo Socialista y aparecían solamente...


El señor AMARILLO DOBLADO: Es esto lo que acerqué.


La señora PRESIDENTA: Acerque ese otro documento que tiene, por favor.


El señor AMARILLO DOBLADO: Es el mismo, no tenemos otro. (El señor Amarillo Doblado entrega el escrito.)

Señor Amarillo, esta Mesa necesita el sentido del voto que usted desea de la Comisión en enmiendas separadas, no el criterio del Grupo Socialista sobre lo que va a votar.


El señor AMARILLO DOBLADO: Es lo mismo, pero, al decir el voto, señora presidenta, como unas las votamos que sí y otras que no, si en la votación no se agrupan las que tienen un sentido u otro, no podemos votar unas sí y otras no.


La señora PRESIDENTA: Para terminar antes, lo que haré, señoría, si a usted le parece bien, es que cada vez que vayamos a votar las enmiendas de un determinado grupo, S.S. me dirá qué enmiendas quiere votar por separado. (Asentimiento.)

Por tanto, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por la señora Lasagabaster. ¿Qué enmiendas separadas quiere votar el Grupo Socialista?

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El señor AMARILLO DOBLADO: Las enmiendas números 51, 52 y 57.


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar, señorías, las enmiendas de la señora Lasagabaster números 49, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 60 y 61.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 51, 52 y 57.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Saura Laporta. ¿El Grupo Socialista quiere alguna votación separada de las enmiendas? (Denegación.) Muy bien, pasamos a votar todas las enmiendas del señor Saura que aparecen rotuladas con los números 2 a 14.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Señora Fernández de Capel, me ha parecido que deseaba intervenir. (Pausa.) No, muy bien.


Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.
¿Hay algún grupo que desea votación separada de estas enmiendas? (Denegaciones.) A la vista de ello, pasamos a votar las enmiendas del señor Puigcercós que aparecen rotuladas con los números 62 a 70.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Últimas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Vázquez Vázquez. ¿Algún grupo desea votación separada de dichas enmiendas?

Señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Queremos la votación separada de las enmiendas números 30, 31 y 32.


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las enmiendas números 30, 31 y 32, del señor Vázquez Vázquez.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Vázquez Vázquez que aparecen rotuladas con los números 33 a 41.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ¿Solicita algún grupo votación separada de alguna de estas enmiendas?

Señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Votación separada de las enmiendas 42 y 45 y la número 44 aparte.


La señora PRESIDENTA: Enmiendas 42 y 45, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 13

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 43, 46, 47 y 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 15 a 29, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que todavía continúan vivas en este debate. La enmienda número 25 se votará separadamente, tal y como acordaron la señora Fernández de Capel y la señora Urán. ¿Desea algún grupo votación separada de alguna enmienda?

Señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Solicito votación separada de la enmienda número 24.


La señora PRESIDENTA: Votamos las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 24.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 25.


Efectuada la votación, dijo.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos las enmiendas números 116 a 122 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ¿Algún grupo desea votación separada?

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Algún grupo desea votación separada de alguna enmienda?

Señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Votación separada de la enmienda 101.


La señora PRESIDENTA: La enmienda que nos quedaba por separar. (Risas.)

Votación de la enmienda número 71, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 72, 73, 74 y 75.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 76, 77 y 78.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 79, 80 y 81.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 82 y 83.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 92, 93, 94 y 95.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 96.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 97 y 98.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 99.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 100.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 101.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas número 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 103.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos, a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 105, 106 y 107.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, tres. ¿

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 108.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 110.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 112 y 113.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda números 113.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Por último, enmienda número 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a votar el articulado de este proyecto de ley.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita el voto, en un solo bloque, de los artículos 2, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 20 y de la disposición transitoria tercera y disposición adicional primera.


¿Hay alguna petición más de votación separada respecto a los artículos? (Denegaciones.) Votamos dichos artículos y disposiciones.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LA PRESA DE SILES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000442.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley que aparecen en el orden del día de esta sesión, comenzando por la proposición no de ley sobre la declaración de interés general de la presa de Siles, del Grupo Parlamentario Socialista. A partir de la una y cuarto estaremos votando las cinco proposiciones no de ley que hay.


Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Vamos a debatir una iniciativa que es fundamental para el desarrollo de la comarca de la Sierra de Segura, que para quien no la conozca diré que se encuentra situada en el extremo noreste de la provincia de Jaén y que forma parte del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que seguro que sonará a todas sus señorías.


La comarca de la Sierra de Segura aporta el 69 por ciento de la extensión de este parque natural. El principal problema que tiene esta comarca es el despoblamiento motivado por el éxodo rural, habiendo pasado de 30.035 habitantes en 1991 a 28.000 en 1999, con un índice de 14,7 habitantes por kilómetro cuadrado. La agricultura es la base de la economía de esta comarca. Su baja productividad trae consigo un escaso valor añadido y la principal causa del éxodo rural. Asimismo los problemas de abastecimiento que están originando cortes en épocas estivales suponen una traba para el desarrollo turístico de una zona que tiene un gran potencial por la singularidad de esta sierra, actividad cada vez más incipiente que necesita del apoyo de infraestructuras como elemento de diversificación económica. Una de ellas es la construcción de la presa de Siles, que posibilitará una mayor renta agraria y que contribuirá también al desarrollo turístico.


Son muchos los compromisos políticos con esta comarca. Lo que ocurre es que unos los plasman en realidades -hospital de la Sierra de Segura, arreglo de carreteras...- y el Gobierno central sólo en papeles, como son la autovía Linares-Albacete y la presa de Siles, dos promesas electorales que se quedarán en el tintero en esta legislatura. Seguro que me dirá usted, señor García, que los socialistas tampoco lo hicimos mientras gobernamos. Pues le diré que no, claro está, si estamos debatiendo hoy esta iniciativa, pero estoy seguro de que, si hubiésemos gobernado en el período que llevan ustedes -le recuerdo que ganaron las elecciones en 1996-, a estas fechas la presa de Siles

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hubiera sido una realidad y no un espejismo, como es actualmente, como son una realidad la presa de Giribaile, la presa de La Fernandina, la presa del río Víboras y Vado Mojón, infraestructuras hidráulicas realizadas por los socialistas durante nuestro mandato. En cambio, su compromiso con la provincia de Jaén es de cero patatero o, dicho de una forma más hídrica, cero hectómetros cúbicos. No le quepa la menor duda, señor García, de que esta obra se hubiese iniciado hace ya tiempo, porque formaba parte de la planificación hidrológica de mi partido en 1993. En cambio, ustedes, en 1997, como no se creían mucho el tema, tuvieron que realizar un estudio de viabilidad desde el punto de vista socioeconómico de la presa de Siles; a los tres años, en 2000, licitaron la asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de la presa de Siles; casi tres años después no sabemos en qué situación administrativa se encuentra esta infraestructura hidráulica, es decir, después de seis años la presa de Siles parece la torre de Babel, no hay quien se entere por el maremágnum del Gobierno del Partido Popular ante la falta de compromiso de realización de esta obra.


No le digo esto por decirlo, señor García, tiene a su disposición las respuestas a preguntas por parte de su Gobierno, así como las manifestaciones que han hecho en prensa durante mucho tiempo y la programación plurianual de los presupuestos de 2002, que avalan el desorden y la confusión a que tienen sometida a la opinión pública. Por un lado, se nos ha dicho que la presa de Siles va a tener una capacidad de embalse de 35 hectómetros cúbicos, por otro 28 hectómetros cúbicos, y la última respuesta del Gobierno es de 25 hectómetros cúbicos. Por otra parte, la inversión prevista se cuantificaba en 27,9 millones de euros, posteriormente la confederación la cuantificaba en 18 millones de euros y la última cifra que nos dan son 12 millones de euros, dependiendo del interlocutor del Gobierno que lo diga. Asimismo hablaron en su día de que posibilitara el riego a 9.000 hectáreas, reduciéndose actualmente a 3.500. Por otra parte, hablan de que va a ser una infraestructura exclusiva de la Sierra de Segura, pero el secretario de Estado la incluye como alternativa a Úbeda la Vieja, en definitiva una presa de regulación de la cuenca del Guadalquivir. No hablemos de los plazos de ejecución de inicio de obras: prometieron en 2002, posteriormente en 2003, en el anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado de 2002 lo sitúan en el año 2005, con el agravante de que desaparece de los Presupuestos Generales del Estado de 2003; por lo menos antes aparecía aunque fuera el nombre. Por tanto, señorías, no es una exageración establecer la comparación de la presa de Siles con la torre de Babel.
Señorías del Partido Popular, seamos serios porque están jugando con la ilusión y la esperanza de muchos serranos para no tener que emigrar.
Cristóbal Montoro se lo prometió en la campaña electoral, dijo que era para que los jóvenes no emigraran en busca de trabajo. Lo que no sabemos es a qué generación de jóvenes se estaba refiriendo en ese momento. Lo único que su Gobierno ha creado en esta zona es desconfianza de la ciudadanía por su falta de voluntad política, que en nada favorece a la fijación de la población de este territorio ni a su desarrollo económico.


No bastándoles con esto, siguen intentando engañar a la opinión pública para tapar su parte de compromiso: se han inventado el bulo de que por culpa de las alegaciones que han realizado la Junta de Andalucía, la diputación provincial y el Ayuntamiento de Beas del Segura se ha paralizado el proyecto, otros hablan incluso de la obra, en una perversión por su parte, cuando ustedes saben de sobra que el órgano competente en la declaración de impacto ambiental es el Ministerio de Medio Ambiente y al único que le corresponde paralizar el proyecto si el impacto es negativo. El resto de instituciones lo único que ha hecho ha sido enviar las sugerencias que les pedía la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, según el procedimiento regulado por el Real Decreto 1131/1988, que no son vinculantes ni impositivas. No confundan más a la opinión pública y, en vez de inventar y propagar farsas, trabajen para que la presa de Siles sea una realidad, como lo va a ser ya el hospital de la Sierra de Segura porque detrás de esto está una Administración, la Junta de Andalucía, comprometida con el futuro de esta comarca. En cambio, su Gobierno, después de seis años, lo único que tiene son promesas incumplidas, pues ni han finalizado el estudio informativo del proyecto de la presa de Siles, es decir, después de seis años estamos en el primer paso del procedimiento administrativo, en la segunda fase del mismo, que nos determinará cuál de las cuatro alternativas planteadas en la memoria resumen es la más viable. Posteriormente nos queda la declaración de impacto medioambiental y la aprobación definitiva del estudio informativo, que posibilitará la redacción del proyecto técnico de obra. No utilicen el colchón del Plan Hidrológico Nacional para decir que esta obra es una realidad. Ustedes lo han incluido para darse un balón de oxígeno por el retraso que acumula esta infraestructura, y el hecho de que esté incluida en el anexo de inversiones no es una garantía para que esta obra se realice con prioridad, pues este anexo es una auténtica carta a los Reyes Magos, una mera redacción de actuaciones carente de cualquier rigor como instrumento de planificación, al no conocerse el calendario de actuaciones, la inversión de cada una de ellas y su financiación. Un auténtico fraude, señorías.


Ante esta situación, mi grupo parlamentario ha presentado una autoenmienda a la iniciativa que registramos en enero de 2001 donde se pedía que fuera declarada de interés general. Como este hecho se produjo con la inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, hemos mantenido la iniciativa porque sabíamos que el tiempo nos daría la razón de que esta obra no es prioritaria para el Gobierno del Partido Popular, a pesar de

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su carácter social. Los socialistas consideramos que han tenido tiempo suficiente para realizar todo el procedimiento administrativo, máxime cuando estamos hablando de una pequeña presa que lleva estudiándose desde 1997, por lo que les pedimos un ejercicio de responsabilidad para que sea una obra prioritaria en el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional y les damos un año para que finalicen sus trámites administrativos y se pueda empezar su obra. Si hay voluntad política, se puede realizar en este plazo más que razonable.


Asimismo pedimos que la presa de Siles no sea una alternativa a Úbeda la Vieja, en definitiva que no sea una presa de regulación, como lo iba a ser el embalse de Úbeda la Vieja, desestimado por su impacto ambiental.
No lo decimos por decirlo, en la respuesta escrita 184/006461 viene en primer lugar como alternativa para suplir el carácter regulador previsto por Úbeda la Vieja. Ahora no podemos crear más desesperanza al habitante de esta comarca, por lo que esperamos su apoyo para dejar claro que es una infraestructura que debe posibilitar el abastecimiento y el desarrollo socioeconómico de la Sierra de Segura.


Por último, le pedimos que sea una obra financiada en su totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente por su carácter social, y porque es una obra fundamental para el futuro de este enclave, cuyo potencial de desarrollo necesita de este tipo de infraestructuras para que sea una realidad.


Señorías del Partido Popular, sobran los motivos para que hoy se impulse la realización de esta obra. Son seis años los que se van a tirar estudiando esta pequeña obra de infraestructura. Ya es hora de que pasen de la propaganda a los hechos; ya es hora de que muestren su sensibilidad, como lo han hecho otras administraciones con la Sierra de Segura. Lo tienen muy fácil: aprueben esta iniciativa de la presa de Siles y la enmienda que hemos presentado a los Presupuestos Generales del Estado del 2003 para que se pueda iniciar la obra a finales del año 2003, como le he dicho anteriormente. Si no lo hacen van a tener muy difícil explicar a la opinión pública por qué el Ministerio de Medio Ambiente va a realizar un parque de atracciones en Jaén capital dejando en el tintero la presa de Siles.


Simplemente para finalizar diré que pedimos la votación separada de cada uno de los puntos de la proposición no de ley que hemos presentado.


La señora PRESIDENTA: Ha llamado la atención a esta presidencia que ya supiera el señor Quirós quién iba a intervenir por los determinados grupos parlamentarios, puesto que, conforme intervenía, iba nombrando a algún comisionado que todavía no había hablado. Me imagino que por ese llamamiento indirecto que se ha hecho tendrá la palabra, si no interviene ningún otro grupo, por el Grupo Popular el señor García Gómez. (Risas.)

El señor QUIRÓS PULGAR: Es diputado por Jaén y no creo que esté aquí para hacer palmas.


El señor GARCÍA GÓMEZ: El llamamiento no ha sido indirecto, ha sido directo más bien, diría yo.


El debate de la proposición no de ley que hoy se trae a esta Comisión de Medio Ambiente en principio y desde nuestro punto de vista no tiene sentido, una vez aprobado el Plan Hidrológico Nacional el año pasado, señor Quirós, como usted ya sabrá, en el que está incluida la empresa de Siles como compromiso del Partido Popular, de sus representantes en la provincia, encabezado por el ministro de Hacienda y diputado por la provincia, señor Montoro. Esta inclusión, como digo, conlleva también implícita la declaración de obra de interés general del Estado, y además la financiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. No sé si usted lo entiende o no, pero es así. (El señor vicepresidente, Sabaté Ibarz, ocupa la presidencia.)

En cuanto a las características técnicas de la presa, se proyecta una presa de materiales sueltos de unos 54 metros de altura, que generará un embalse de aproximadamente unos 30 hectómetros cúbicos. Sus funciones son: abastecimiento a varios núcleos de población, como pueden ser Beas de Segura, Benatae, Génave, Puente de Génave, Segura de la Sierra, Torres de Albánchez y Villarrodrigo, con una población total aproximada de unos 15.000 habitantes; protección contra avenidas en los términos municipales de la Puerta de Segura y Puente de Génave; puesta en regadíos de unas 3.500 hectáreas; producción de energía eléctrica estimada en una cuantía anual de unos 36 vatios hora; y un presupuesto estimado de unos 21 millones de euros.


En el momento actual, señor diputado, se ha realizado un primer proyecto de construcción y se han presentado las alegaciones por distintos organismos oficiales, como por ejemplo la Diputación provincial de Jaén, gobernada por el Partido Socialista, que espero además que estas alegaciones hayan sido realmente hechas desde un punto de vista técnico medioambiental y no con el fin de retrasar por parte del Partido Socialista la realización de la obra, como por desgracia ya nos tiene acostumbrados el Partido Socialista en Andalucía y concretamente en la provincia de Jaén, nos tienen acostumbrados a retrasar todas las actuaciones que pueda pretender el Partido Popular para que la provincia se desarrolle. (Protestas.) También existen alegaciones de otros colectivos. Se autorizó la redacción de estudios complementarios medioambientales para readaptar el proyecto a la normativa medioambiental vigente. Ustedes puede que se salten la normativa vigente, pero el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular, y ya se lo he dicho en más de una ocasión, señor Quirós, no nos saltamos la legalidad vigente.
Ustedes a lo mejor están acostumbrados, nosotros no.


El plazo para estos trabajos finaliza el próximo mes de enero de 2003. A partir de ahí entraremos en una

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nueva tramitación administrativa que significa, entre otras, una nueva exposición a información pública, alegaciones, etcétera. Usted quizá, señor Quirós, no sepa lo que es cumplir, porque es una costumbre del Partido Socialista en nuestra provincia (Rumores.), y así lo saben los ciudadanos. Al igual que saben los ciudadanos, y lo saben perfectamente, que cumplimos desde el Partido Popular lo que prometemos. La empresa de Siles está comprometida y se construirá en tiempo y forma. No entiendo, señor Quirós, cómo siendo portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista no sabía que el año pasado se aprobó el Plan Hidrológico Nacional. Los socialistas no tuvieron la responsabilidad y el coraje de aprobar en su momento ese anteproyecto. (El señor Quirós Pulgar: Se lo he dicho.), y sí se ha tenido el coraje por parte del Gobierno del Partido Popular y por el Partido Popular con responsabilidad. Repito, no entiendo cómo no sabía que esta obra estaba incluida en el anexo del texto legislativo, con todas las prerrogativas que eso le confiere. Todo esto le da a usted exactamente igual. Usted lo único que quiere es demagogia barata y practicar la irresponsabilidad. En vez de gastar tiempo en presentar esta proposición no de ley que, repito, no tiene sentido en el momento que está redactada e incluida en el Plan Hidrológico Nacional, debería de preocuparse por otros asuntos de la provincia o de la comarca de Segura: carreteras, hospitales, hospital de la Sierra de Segura, que por cierto, por si no lo sabe, fue una enmienda del Partido Popular hace muchos años, polígonos industriales, polideportivos, sedes judiciales, etcétera, que son tan necesarios para nuestra provincia y gestionados por la Junta de Andalucía, gobernada, como usted sabe, por el Partido Socialista (El señor Quirós Pulgar: Menos mal.). Desde aquí le animo a que anime, y valga la redundancia, a sus compañeros de partido a que inviertan más y mejor en nuestra provincia de Jaén.


Evidentemente no podemos apoyar esta proposición no de ley, y como usted comprenderá el apoyo o no a la misma, autoenmendada, no condiciona el carácter de prioridad que tiene la presa de Siles para el Gobierno del Partido Popular.


- SOBRE LA MEJORA DE REGADÍOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001614.)

El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la mejora de regadíos en la provincia de Málaga, también del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, desde que Aznar llegó al Gobierno hasta la fecha, y aunque el Partido Popular diga lo contrario, no se ha invertido ni un solo euro en la provincia de Málaga para regadíos. Un buen ejemplo de ello es que este año se van a gastar 100 millones de euros, que es mucho dinero, en mejora de regadíos en el conjunto nacional, pero de ese dinero no se va a destinar un solo euro a la provincia de Málaga. Según se reconoce en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, este año se va a invertir en 24 provincias españolas, entre ellas en todas las andaluzas, salvo en la de Málaga.


Además, quiero recordarle al señor Blancas que este año figuraban en los Presupuestos Generales del Estado dos millones de euros, que tampoco es una cantidad como para tirar cohetes, pero había dos millones de euros, para la mejora de regadíos en la provincia de Málaga. Pues casualmente ese dinero ha desaparecido. Yo espero que el portavoz del PP nos explique dónde han ido a parar los dos millones de euros que figuraban en los Presupuestos Generales del Estado y que en la última respuesta del Gobierno no aparecen por ningún lado. Queda claro que el Partido Popular está empeñado en basar su política en la demagogia, en hacer muchos anuncios; pero la realidad es que después de seis años de Gobierno del PP no se ha invertido nada para mejorar los regadíos de nuestra provincia.


También quiero recordarle al señor Blancas que su partido, el Partido Popular, en campaña electoral (la señora Villalobos, enero de 2000, junto con la por entonces ministra de Medio Ambiente, señora Tocino) se comprometió a impulsar el Plan Málaga. Un plan que constaba de nueve actuaciones y entre ellas se contemplaba la mejora de los regadíos del Guadalhorce y la mejora de los regadíos del Guaro. Según los plazos que fijó el Partido Popular esa obra tenía que haberse iniciado en el tercer trimestre del año 2000 -ya ha llovido desde entonces- y debía concluirse a finales del año 2002. Esos fueron los plazos que dio el Partido Popular, no los dimos los socialistas. Estamos a diciembre de 2002 y no es que no se esté terminando la obra, es que no se ha comenzado y lo que es peor, según reconoce el Gobierno en reciente respuesta parlamentaria, no existen plazos ni fecha de ningún tipo para comenzar esta obra. Por tanto queda claro que el Partido Popular ha engañado una vez más a los malagueños; también en este tema. Además de mejorar los regadíos del Guaro y del Guadalhorce a los socialistas nos parece necesario mejorar otros regadíos existentes en la provincia de Málaga: los de la zona de Antequera, de Cañete la Real, de Almargen, los de la comarca de Ronda, los de Estepona, de Casares y también los de Marbella.


Recuerdo a S.S. que los socialistas presentamos diversas enmiendas al Plan Hidrológico Nacional para que se incluyesen todos estos regadíos dentro del mismo, pero el Partido Popular se permitió el lujo de votar en contra. Además, en los presupuestos del próximo año para regadíos en la provincia de Málaga no hay un solo euro, seguimos en la misma política.
Incluso hay que destacar que los socialistas hemos presentado enmiendas por valor de 10 millones de euros para que

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se pueda hacer algo y también el Partido Popular ha votado en contra, con lo cual queda muy claro lo que le preocupa al Partido Popular este tema: absolutamente nada. En nuestra provincia viven 12.000 malagueños relacionados con el sector de los regadíos en la agricultura. También nos preocupa que como consecuencia de las caducas canalizaciones en los regadíos del Guaro y del Guadalhorce se pierden, se tiran todos los años millones de litros de agua. Le voy al dar un dato, señor Blancas que, si a usted no le preocupa, a los socialistas nos importa mucho. Fíjese usted, sólo en los regadíos del Guadalhorce se pierden al año 35 hectómetros cúbicos. Eso significa un tercio del consumo de toda la provincia de Málaga. Eso es lo que se pierde por las canalizaciones del Guadalhorce, y estamos en un periodo en el que aunque el señor Villegas lo desmienta está todavía en las proximidades de la sequía; y tirar todos los años 35 hectómetros cúbicos supone una cantidad desorbitada y que requiere soluciones. A los socialistas por tanto nos parece conveniente que el Partido Popular se tome en serio de una vez por todas este tema porque como digo es un problema preocupante desde cualquier punto de vista.


Por este motivo hemos presentado esta proposición no de ley donde le recuerdo, señor Blancas, que tampoco pedimos mucho, sólo pedimos cosas que cuanto menos nos parecen razonables. Fíjese usted lo que pedimos: impulsar la mejora de los regadíos del Guadalhorce y del Guaro - que fue una propuesta suya, quiero decir del Partido Popular- contemplando una partida considerable -ni siquiera han fijado la cantidad-, una partida razonable que para nosotros son millones de euros y para ustedes alguna pequeña partida para este tema; contemplando, como digo, una partida considerable en los presupuestos de 2003. Eso es razonable. En el segundo apartado instamos al Gobierno a que se realicen mejoras -no decimos cuándo, sólo que se realicen mejoras- en los riegos del área de Antequera, Cañete la Real, Almargen y El Burgo, así como en la zona de Estepona, Casares, Marbella y Ronda. Son como digo dos cuestiones más que razonables, basadas en anuncios que ha realizado el Partido Popular, que afectan a 12.000 malagueños en lo que a materia de regadíos y de agricultura se refiere, y que afectan a toda la provincia de Málaga en lo que a capacidad de almacenamiento de los pantanos se refiere. Esperamos y deseamos por tanto que el Partido Popular piense, reflexione, cambie su postura y vote favorablemente a esta proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Brevemente, señor presidente, para fijar el voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por entender que es urgente la necesidad que se plantea en esta iniciativa.


En Málaga ha causado una verdadera decepción ver cómo este año en los Presupuestos Generales del Estado desaparecía la partida prevista para los planes de los ríos Guaro y Guadalhorce cuando incluso en los presupuestos del año pasado ya se anunciaban partidas para este año. Esta sensación de desprotección debería ser corregida por este Parlamento mediante una llamada al optimismo. Yo no voy a repetir cifras que ya se han dado, pero es una realidad que no se puede mantener una situación que coloca muy mal a una zona y que está suponiendo para toda Málaga una pérdida de un bien escaso como es el agua. Luego se justifica la construcción de desaladoras y otras actuaciones cuando lo más fácil, que es evitar que se pierda el agua, no se hace. Esto nos lleva a pensar que el Partido Popular no tiene una política de ahorro de agua porque sigue entendiendo el agua como un negocio y cuanto más se gaste más se gana. Si el Partido Popular tuviese una política de agua desde el punto de vista medioambiental trataría de ahorrar agua y es evidente que en este caso el Partido Popular no ha tomado eso en serio. El único argumento que hay para mantener la situación actual es la falta de voluntad inversora porque no hay problemas técnicos ni de ningún tipo, es sólo cuestión de dinero. El último argumento que ha sacado el Partido Popular es que se le eche la culpa de esto a los agricultores y se les obligue a asumir unos costes indebidos. El Partido Popular debe comprender que mejorar los riegos del Guadalhorce y del Guaro así como de otras áreas de la provincia de Málaga es una idea prioritaria de la que se van a beneficiar todos los malagueños y por tanto debe ser asumida también por el Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Diré como preámbulo al señor Heredia que su preocupación en los últimos seis años parece ser exhaustiva y hasta día que insólita por los temas de Málaga, cuando ni su grupo ni él parecieron preocuparse en los 16 años anteriores en los que gobernaron ni en todo este tiempo. (Una señora diputada: ¡¿Dieciséis años?!) Bueno, catorce.
(Rumores.) Parece ser que la preocupación es insólita ahora y comenzó cuando el Partido Popular llegó al poder, parece ser que Málaga antes no existía para el Partido Socialista. Nosotros los populares nos preocupamos desde antes y ahora más. Lo que pasa es que ustedes están pidiendo ahora lo que nunca le exigieron a su Gobierno socialista. En este caso, sin entrar en mayores debates, le diré que la gestión de infraestructuras de los recursos hidráulicos de la provincia de Málaga en los Presupuestos Generales del Estado para

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2003, gestión e infraestructura que se vertebra a través de un organismo público que usted conoce, la Confederación Hidrográfica del Sur, que engloba encauzamiento de ríos -el Guadalhorce citado-, la repoblación de infraestructuras hidráulicas, restauración hidrológico forestal y otras actuaciones, hay unas inversiones previstas y usted lo sabe de 25.730.000 euros en este año, y existe una sociedad estatal de la cuenca del sur, conocida como Acosur, que usted también conoce, cuyas inversiones para el próximo ejercicio 2003 es de 54.190 millones de euros. Esto suma un total de 79.920 millones de euros, unos 13.297 millones de pesetas. Esto quiere decir que lo máximo que ustedes invirtieron en el último ejercicio, en el año 1995, en Málaga no llegaba a 30.000 millones de pesetas. Así pues, solamente este ministerio está invirtiendo casi el 80 por ciento de lo que ustedes invirtieron en el último ejercicio y no voy a hablar de Fomento y de otros ministerios, que por supuesto están invirtiendo bastante más que ustedes en la provincia de Málaga, llegando a la cantidad que usted conoce perfectamente de 844.342.660 euros, esto es, 140.000 millones de pesetas, cinco veces más de lo que ustedes invirtieron en la provincia de Málaga.


Entrando en las actuaciones denominadas mejora de la red antigua de riego del río Guadalhorce, las mismas están contempladas en el plan global de actuaciones hidráulicas prioritarias de la provincia de Málaga, plan Málaga, que desarrolla y ejecuta la sociedad citada, Aguas de la Cuenca del Sur, ACUSUR. A ustedes les molesta, pero la realidad es que esta empresa es la que va a realizar todos los proyectos que ustedes ni siquiera iniciaron. Se lo ha dicho varias veces la persona que usted ha citado, el señor Villegas. Cuando él se hizo cargo de la Confederación Hidrográfica del Sur, ustedes no tenían ni proyectos en los cajones; no dinero, ni proyectos.


Entendiendo que esta sociedad está comenzando a actuar, comprenda que tiene que llegar a acuerdos y firmar convenios con los regantes y agricultores, con las personas interesadas, con los usuarios, para poner en marcha el plan de riego y el plan de actuaciones. Actualmente, se mantiene un proceso de negociación con diferentes usuarios, que pueden ser municipios, comunidades de regantes o particulares, e incluso está prevista la ayuda solicitada a Europa, de fondos europeos. Concretamente le puedo decir que las inversiones previstas para actuaciones son, para el riego del río Guadalhorce, 26.101.000 euros y, para la mejora del regadío del río Guaro, plan Guaro, 19.226.000 euros. La Administración cubriría el 75 por ciento de esta financiación y el resto sería financiado por los usuarios, como he dicho antes, municipios, comunidades de regantes o particulares. Se trata de una inversión, lógicamente, no para el año actual ni para el venidero, sino que se va a realizar con motivo del plan de regadíos para Málaga y se llevará a efecto en el período 2000-2008, tal y como está previsto. Por otro lado, quiero manifestar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tampoco olvida a Málaga, ya que no es solamente el Ministerio de Medio Ambiente, y le remito al Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, que prevé para Málaga nuevos regadíos, la transformación de 3.032 hectáreas en la zona del río Guaro y, para la mejora y consolidación de regadíos existentes, una intervención de 19.124 hectáreas. Como digo, este es el Plan Nacional de Regadíos previsto en el horizonte del año 2008. Quiero puntualizarle que en la Ley de acompañamiento, en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, se declararon de interés general las obras de mejora y consolidación de los regadíos de las zonas regables del Guadalhorce, que afectarían a unas 10.000 hectáreas, con un presupuesto estimado de 30.050.605 euros, equivalente a unos 5.000 millones de pesetas, y cuya ejecución se realizará a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Sur y Este, S.A.
Actualmente, se está negociando el convenio correspondiente para llevarlo a cabo. Así pues, su propuesta de regadíos está comprendida perfectamente en las actuaciones que están llevando a cabo la Confederación y la sociedad estatal ACUSUR, además de la nueva inversión que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene prevista para Málaga, por lo que vamos a votar en contra de la proposición no de ley presentada por usted.


- SOBRE INSTALACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LA PRESA DE ALGAR DE PALANCIA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001608.)

El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre instalación de las compuertas de la presa de Algar de Palancia, en la provincia de Valencia. Para defenderla tiene la palabra el señor Romeu i Martí.


El señor ROMEU I MARTÍ: La proposición no de ley que el Grupo Socialista presenta intenta, como claramente establece la exposición de motivos, que el Gobierno cumpla con su obligación y dote de todas las infraestructuras e instalaciones necesarias para el funcionamiento adecuado y óptimo de la presa de Algar de Palancia, en la comarca del Camp de Morvedre, provincia de Valencia. Señorías, los valencianos y valencianas tenemos presente en la memoria las consecuencias que supuso la ruptura de la presa de Tous y no entendemos cómo el Gobierno en esta otra, la de Algar, no ha procedido a instalar las tan anunciadas y reiteradas compuertas de los desagües, cuya licitación para el Gobierno siempre es inmediata, pero nunca se lleva a efecto, igual que nunca se lleva a cabo el plan de emergencia que coordine y establezca las pautas y criterios

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de actuación conjuntamente con el resto de administraciones públicas en caso de lluvias torrenciales, que en Valencia se dan de manera reiterada.
Pedimos, pues, un plan de emergencia en vigor, revisado periódicamente e incluso realizando los preceptivos y oportunos estudios permanentes para garantizar en todo momento y en todo caso la seguridad de las personas.


Las compuertas de la presa de Algar no son nuevas para el Gobierno y digo esto porque el ministro de Medio Ambiente manifestó sorprendentemente en el Senado que no eran necesarias, en contra de lo establecido por los técnicos de su ministerio y en contra de lo manifestado por escrito por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que claramente establece que "Están pendientes de contratación las compuertas de los desagües de fondo y tomas, cuya licitación es inmediata", según consta en la respuesta remitida con fecha de 22 de mayo de este año. Esta falta de criterio y de credibilidad no es nueva en el Gobierno, donde unos desmienten a los otros y los otros contradicen a los unos. Lo cierto es que, entre las idas y venidas del Gobierno, la presa de Algar sigue sin compuertas y sin un plan de emergencia, que, según reconoce el Gobierno, sólo tiene el pliego de bases para la redacción de las normas y su posterior licitación, lo que significa que los trámites del Gobierno han sido recientemente iniciados, manifestando así su escaso interés y su nula prioridad por la seguridad de la presa y por las consecuencias que cualquier situación de riesgo imprevista pudiera ocasionar. El Grupo Socialista no puede entender cómo, después de realizada una inversión en la correspondiente obra civil, no se ha terminado la obra en su totalidad, estableciendo las compuertas necesarias y varias veces comprometidas en público y en privado a la ciudadanía valenciana, y donde no aparece elaborado y en pleno funcionamiento un plan de emergencia para toda la población de la comarca en la que se encuentra ubicada la mencionada presa. El Gobierno del Partido Popular sigue anunciando obras, instalaciones y proyectos, pero sigue sin ejecutarlos. Quizás ahora en la campaña electoral se acuerden de Algar y de la comarca de Camp de Morvedre.


Señorías, la enmienda que presenta el Grupo Popular a la proposición no de ley que suscribe este diputado contradice al Gobierno por lo que he referido anteriormente y en concreto al Ministerio de Medio Ambiente, que en una respuesta oral a un senador socialista negó las compuertas diciendo que no eran necesarias y que no iban a consolidarse. En dicha enmienda el Grupo Popular reconoce la necesidad de instalar las compuertas de manera ágil, lo que pone de manifiesto su ir y venir respecto a esta presa, en relación con la cual se ve que no tienen una prioridad política clara. A esto último hay que añadir que está pendiente por el Gobierno un proyecto de restauración paisajística, en donde se contempla la compatibilidad del uso de los terrenos expropiados con un uso adecuado para los ciudadanos y cuya ejecución será, según el Gobierno, entre los años 2002 y 2003. Por tanto, tenemos que suponer que será en 2003, ya que en el año 2002, tal como dice el Gobierno, no se ha ejecutado ninguna inversión en ese sentido en la mencionada zona.
Señorías, las instalaciones de cualquier tipo que se ejecutan deben finalizarse completamente, porque no es justificable la falta de las compuertas aludiendo a que la presa ya ha dado servicio en uno de sus objetivos básicos de protección frente a las avenidas apenas unos días después de su terminación. Nadie puede entender que no se quiera completar lo que técnicamente se diseñó y políticamente se anunció en la licitación. No está bien que los políticos jueguen a técnicos y por tanto lo que realmente falta en esta comarca y en la presa de Algar es voluntad política de adjudicación, instalación de las compuertas anunciadas, la redacción y ejecución del plan de emergencias para la zona y la creación de la restauración paisajística del entorno. Entendemos que el Grupo Popular reconoce con su enmienda la necesidad de la instalación de las compuertas y de la elaboración del plan de emergencia y por eso insta en ella a que el Gobierno agilice algo que ya debería estar completamente instalado y en pleno funcionamiento. No obstante, para que conste la voluntad de este grupo parlamentario de instar al Gobierno a esta agilización, aceptaremos la enmienda que propone el Grupo Popular siempre que en ella se establezca un plazo máximo de tres meses para la adjudicación e instalación de las compuertas, puesto que de alguna manera habrá que obligar al Gobierno y vincularlo públicamente ante los ciudadanos de la comarca del Camp de Morvedre. Si no se admite la inclusión anunciada del plazo temporal de tres meses, no aceptaremos la enmienda y mantendremos vivos nuestros dos puntos resolutivos tal como aparecen en la propia proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para turno de fijación de posición, tiene la palabra la representante de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, la verdad es que resulta insólito que tengamos que discutir en la Comisión de Medio Ambiente la necesidad de instar al Gobierno a que acabe totalmente una obra como la construcción de una presa, más cuando es una presa que se supone que sirve para la regulación de las lluvias torrenciales en una zona como la Comunidad Valenciana, en la que estas lluvias se producen de manera reiterada, habitualmente en primavera y más claramente durante el otoño. Señorías, no acabar de instalar las compuertas de desagüe puede suponer en un momento determinado un riesgo para la vida de las personas que viven aguas abajo de la presa. Parece increíble que a estas alturas haya que reclamar al Ministerio de Medio Ambiente que concluya una presa, que se pongan las compuertas de desagüe y, lo más elemental,

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señorías, que se elabore y se ponga en práctica el plan de emergencia. El propio Gobierno, a la hora de establecer las obras civiles, sobre todo cuando se trata de presas reguladoras de lluvias torrenciales y que pueden regular las avenidas en un momento determinado, tendría que tener claro que al mismo tiempo que se establece la presa y los proyectos de construcción de la misma se tiene que empezar a elaborar un borrador de plan de emergencia, para que cuando la presa esté en funcionamiento también lo esté el plan de emergencia, que además debe ser revisable y acompasable a las necesidades de la zona en momentos determinados. Por tanto, señorías, el voto de mi grupo parlamentario va a ser favorable, esperando que los dos grupos, tanto el proponente como el enmendante sean capaces de ponerse de acuerdo, como así lo deseamos, para que el Gobierno sienta que esta Cámara le exige que acabe las obras y sobre todo que ponga en práctica el plan de emergencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Para la defensa de las enmiendas, que tenía que haber sido previa a la fijación de posiciones -por lo que les pido disculpas-, tiene la palabra la señora Oltra.


La señora OLTRA TORRES: Señor presidente, iba a comentarle esa cuestión.
De todas formas, he tenido el gusto de escuchar la fijación de posición de la señora Urán, representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Con mucha brevedad, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley sobre la instalación de las compuertas de la presa de Algar de Palancia en la provincia de Valencia, que acaba de defender el señor Romeu Martí, del Grupo Socialista. Estamos debatiendo una proposición no de ley en la que se solicita al Ministerio de Medio Ambiente la instalación de las compuertas en la presa de Algar de Palancia, en la provincia de Valencia, circunscripción a la que pertenecemos los dos diputados que me han precedido en el uso de la palabra y yo misma. Nuestro grupo no puede estar más de acuerdo con el fondo de esta cuestión. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que el ministerio haga lo que ya está haciendo? Lo que no compartimos, señor Romeu, es la forma. No estamos de acuerdo en la redacción un tanto alarmista de la exposición de motivos del texto que debatimos, ni tampoco estamos de acuerdo en la redacción que se da a la parte dispositiva del mismo. Por eso nuestro grupo presenta una enmienda en la que se insta al Gobierno a agilizar las actuaciones emprendidas para instalar las compuertas de la presa de Algar de Palancia y la redacción del plan de emergencia de la misma. Aquí quisiera hacer un inciso, porque el señor Romeu ha dicho que mi grupo contradice al ministerio, y nada más lejos de la realidad. Parece que aquí hay un malentendido que me dispongo a aclarar.


Usted ha dicho que en el Pleno del Senado el señor ministro de Medio Ambiente anunció que no era una presa de compuertas. Efectivamente, en su contestación, el ministro de Medio Ambiente aclaró que no se trataba de una presa de compuertas al estar los aliviaderos diseñados con la tipología de labio fijo y ser los desagües de fondo válvulas y no compuertas. Al oír las palabras de S.S. siento estupor porque el señor Romeu, en una pregunta escrita al Gobierno, decía concretamente: ¿cuándo tiene previsto el Gobierno instalar las compuertas de los aliviaderos y subsanar las deficiencias estructurales de la presa? La respuesta del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 12 de septiembre de 2002, a ese punto concreto dice así: Los aliviaderos de la presa no tienen ni han de tener compuertas, pues desde el primer momento el diseño ha sido concebido como aliviadero de labio. Están pendiente de contratación las compuertas de los desagües de fondo y tomas, cuya licitación es inmediata. Señorías, esa ha sido la contestación del señor ministro a esas compuertas a las que nos estamos refiriendo en esta proposición no de ley.


Con el texto de nuestra enmienda, que esperamos acepte el Grupo Socialista, queda patente por una parte el apoyo de mi grupo a la finalización de las obras -nunca podrá decir el Grupo Socialista públicamente que mi grupo se ha opuesto a esta cuestión-; por otra, el firme convencimiento de que en un plazo muy breve de tiempo lo que hoy solicitamos en esta Comisión del Congreso de los Diputados será sin duda una realidad. Por eso me permitirá la presidencia que haga un breve repaso por las cuestiones solicitadas en el texto que debatimos y su estado de ejecución.


Respecto a la solicitud hecha por S.S. en el punto primero de la proposición no de ley he de comentarle que la instalación de las compuertas de la presa de Algar de Palencia está es fase de contratación y licitación inmediata. Respecto a la solicitud planteada en el punto segundo he de decirle que está aprobada y pendiente de licitación la asistencia técnica para la redacción del plan de emergencias propio de la presa de Algar. No obstante, y para tranquilidad de SS.SS., se dispone para casos de emergencia de protocolos de actuaciones de Protección Civil de la Generalitat Valenciana de Cuenca, Albacete y Teruel con la Confederación Hidrográfica del Júcar, servicios meteorológicos de las diversas comunidades afectadas y el servicio automático de información hidrológica de la citada confederación. Por último -aunque no se solicita en la proposición no de ley que debatimos hoy-, es importante poner de manifiesto en esta Comisión que los proyectos de restauración paisajística y de lucha contra la erosión de la cuenca fueron aprobados por la comisión mixta Confederación del Júcar-Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana el pasado mes de septiembre y se encuentran ahora tramitándose

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sus respectivas declaraciones de impacto ambiental y certificados de afección a Red Natura siendo el importe conjunto de estos dos proyectos de 4.300.000 euros. Por tanto y sentado el convencimiento que tiene mi grupo de que tanto las cuestiones que se suscitan en el texto que debatimos como las contempladas en el convenio firmado por la Generalitat Valenciana serán una realidad en un breve espacio de tiempo, siempre teniendo en cuenta los plazos necesarios previstos en la legislación vigente, sólo me queda plantear una duda que la reflexión sobre el trabajo de oposición que ha hecho el señor Romeu con todo lo relacionado en este caso con la presa de Algar de Palencia me suscita. ¿No habrá querido S.S. ofrecerle una foto a su líder en la Comunidad Valenciana, señor Pla, trayendo hoy este debate a la Comisión de Medio Ambiente? (Risas.)

Señor presidente, concluyo recomendando desde el más profundo de los respetos a los socialistas valencianos que estudien y recapaciten sobre su postura en otros temas de tanta importancia para nuestra tierra como pueda serlo el Plan Hidrológico Nacional de estar poniendo plazos a los detalles que quedan, para poder dar por concluida una infraestructura como la que hoy es causa de este debate. Por último, me ha parecido que el proponente me ofrecía una transaccional incluyendo un plazo de tres meses, pero, como creo que podría incluso en incurrir en imposibilidad de cumplirse por plazos previstos en la legislación vigente, este grupo no va a poder admitirla lamentablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Esta presidencia entiende que el proponente no acepta la enmienda del Grupo Popular. (Asentimiento.)

- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA INFORMAR A LOS CONSUMIDORES SOBRE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001598.)

El señor VICEPRESIDENTE (Sabaté Ibarz): Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la realización de una campaña para informar a los consumidores sobre los alimentos transgénicos. Para ello tiene la palabra, esperemos que con la brevedad que la caracteriza, la señora Olmedo.


La señora OLMEDO CHECA: Voy a intentar ser breve porque tampoco hacen falta muchos argumentos para defender esta proposición no de ley, que lo que pretende es transmitir la información necesaria a los consumidores para que puedan tomar decisiones respecto al consumo de una manera adecuada. Hasta ahora los transgénicos, incluso su propia palabra, produce a veces miedos y recelos, en gran medida porque existen informaciones contrapuestas, pues hay tanto grandes defensores como grupos, sobre todo preocupados por el medio ambiente, que rechazan los transgénicos. Los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud establecen que los alimentos transgénicos pueden tener riesgos para el medio ambiente, que está siendo bastante maltratado y como no empecemos a priorizar un poco su defensa por encima de otros intereses económicos a nuestras futuras generaciones les vamos a dejar el mundo bastante destrozado no sólo por las grandes catástrofes como la de Galicia desgraciadamente, sino porque ya está bastante demostrado que la simple contaminación atmosférica que tenemos en las ciudades está produciendo problemas en la salud. Además, en esta Comisión nos corresponde hacer una mayor defensa del medio ambiente porque estamos perjudicando realmente nuestro futuro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La Organización Mundial de la Salud dice que no se ha demostrado que los alimentos transgénicos tengan riesgos para la salud, aunque debido por una parte al desconocimiento y por otra a la desconfianza que existe, la mayoría de los consumidores, y me voy a incluir como tal porque no tengo mucho conocimiento teórico y científico de lo que son los transgénicos, tiene miedo, producido por hechos como el de las vacas locas, ante las cosas desconocidas. Hay otras circunstancias que se han detectado recientemente que también están provocando alarma en otros países, aunque creo que a España no ha llegado en el mismo grado y es el caso de pubertad precoz que se está produciendo en niños menores de ocho años por alimentos que lleven exceso de hormonas. Existe miedo en los consumidores a que las cosas nuevas y tratadas artificialmente no sean buenas para la salud. Son miedos a veces con razón de ser y otras son miedos injustificados. Por eso tenemos que celebrar el acuerdo sobre la ley de transgénicos, que mejorará un poco este tratamiento. Tenemos que celebrar también el acuerdo de la Unión Europea para que adopte un sistema fiable para el seguimiento de cada producto modificado genéticamente y que llegue al mercado con normas de etiquetado y control de los productos y de sus derivados, lo que hará que el Gobierno, que hasta ahora no había tomado ninguna medida en este sentido, tenga que poner en marcha todo lo necesario para cumplir con este acuerdo, y además del etiquetado y de garantizar los controles, yo creo, y en este sentido va esta proposición no de ley, sería bueno que se incorporara también todo lo relacionado con la información a los consumidores. Es necesario que los consumidores se asesoren para que puedan elegir su consumo con conocimiento de causa y para ello hay que establecer garantías desde el punto de vista científico y de investigación y además es necesario que esta información llegue adecuadamente a los consumidores, lo que debe ser impulsado por el Gobierno, que además tiene que ser el que transmita esa información. No es

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bueno que los consumidores se informen a través de empresas privadas, que pueden tener otros intereses, ni de otro tipo de organizaciones que pueden trasladar otros planteamientos. Es el Gobierno el que tiene que analizar los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes y el que tiene que transmitirlo a los consumidores para que estos se sientan seguros y no tengan miedo a consumir cuando haya, como tiene que haberla, la garantía suficiente. Por eso, creemos desde el Grupo Socialista que es bueno que el Gobierno actúe no sólo defendiendo, como le corresponde, a todos los consumidores, sino transmitiendo la información correcta. Con este objetivo viene esta proposición no de ley a esta Comisión para la cual espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda del Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Martí para su defensa.


El señor MARTÍ I GALBIS: Hace breves instantes hemos tenido ocasión de debatir el proyecto de ley de régimen jurídico de organismos modificados genéticamente y, como antes decía, es oportuno que en la misma sesión de esta Comisión podamos debatir una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la difusión y a la información de la población respecto de este tipo de productos de organismos modificados genéticamente. Es cierto que estos productos generan muchas dudas e incertidumbres en la población. Por algún motivo, en Europa se produce una situación muy diferenciada respecto a la que se produce en otros países como pueden ser Estados Unidos, Canadá o Argentina, que son países productores y también consumidores de organismos modificados genéticamente. Es un tema cultural, pero también es una cuestión de seguridad alimentaria y de tener las máximas garantías ante estos alimentos que en el futuro van a ser cada vez más consumidos por todo el mundo. Por tanto, entendemos que estas reticencias existen y lo son por desconocimiento, por desinformación, también por problemas graves de salud pública y de seguridad alimentaria, como decía también antes la portavoz socialista. Tenemos por desgracia numerosos episodios, como han sido los problemas derivados de las vacas locas, de las toxinas en determinadas aves de consumo, peste porcina, en fin, ha habido varios capítulos en los últimos años que nos han encendido las luces de alarma en el sentido de que no disponemos todavía en España ni en la Unión Europea de suficientes mecanismos y cautelas para garantizar la seguridad alimentaria total de la población.


En el contexto de la aprobación de este proyecto de ley y de las normativas en el marco de la Unión Europea y en el contexto de esta unanimidad que hay en profundizar en los mecanismos de control y de garantía de la higiene alimentaria y del consumo de los ciudadanos de la Unión Europea, nosotros creemos que sería importante, útil y enriquecedor que el Gobierno asumiera esta iniciativa del Grupo Socialista, que planteara una campaña de información y de sensibilización, para que esas reticencias, dudas y temores se disiparan y como mínimo la gente tuviera la opción libre e informada para poder adquirir y consumir productos modificados genéticamente con total garantía y total transparencia informativa. En ese sentido, valoramos positivamente la iniciativa. Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda al punto 1 de la misma proponiendo una adenda para que esa campaña se haga con la colaboración de las comunidades autónomas competentes en la materia, y en el segundo párrafo proponemos que ese informe que se plantea también se elabore en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Entendemos que es muy importante que esa colaboración exista.
No puede ser que el Gobierno del Estado esté de espaldas a las comunidades autónomas, que en el caso que nos ocupa son competentes para las autorizaciones, para lo que se refiere a la liberación voluntaria y a la utilización confinada de organismos modificados genéticamente, porque creemos que también tienen alguna cosa que decir las comunidades autónomas, por lo cual sería importante que se diera esta colaboración.
Eso también permitiría en una segunda fase que, una vez aprobada la campaña correspondiente y su difusión en los medios de comunicación de cada una de las comunidades autónomas, se pudiesen habilitar fórmulas para que se fuera sensible y se respetaran los hechos culturales y lingüísticos diferenciales, de manera que esas mismas campañas pudieran ser difundidas en comunidades autónomas con lengua propia diferente al castellano, de tal forma que se respetara también lo que es el ámbito cultural y las competencias culturales y lingüísticas de cada una de las comunidades autónomas.


Por todo ello, hemos creído que sería importante completar esa iniciativa con esta enmienda en dos parágrafos diferentes, para que se pueda contar con una campaña que sea lo más eficaz posible, pero también lo más participada posible por las comunidades autónomas que son competentes en esas dos vertientes de utilización confinada y acción voluntaria de OGM.
Por tanto, esperamos que se acepte la enmienda por parte del grupo proponente.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Revuelta Méndez.


El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señorías, quiero señalar, en primer lugar, que en relación con el tema que hoy nos ocupa existen ya en las dos últimas legislaturas unos amplios antecedentes parlamentarios. Así,

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tanto en la Comisión de Sanidad y Consumo como en la de Agricultura, se han debatido diversas proposiciones no de ley y se han celebrado distintas comparecencias de técnicos en la materia. Del mismo modo existen antecedentes de preguntas, tanto escritas como orales, en Pleno y esta misma mañana hemos tenido ocasión de asistir a un amplio debate al respecto.


No voy a repetir, por tanto, ahora todo el marco reglamentario europeo que ya ha sido referenciado, ni su trasposición a la propia legislación española. Sí quiero señalar que en este sentido el Gobierno español ha asumido con absoluta coherencia el mandato constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud, primando este interés imperativo sobre cualquier otro en la materia que nos ocupa, así como en la legislación armonizada a nivel comunitario. Por este motivo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESA, ya ha previsto realizar una campaña informativa que no se limita a un hecho puntual, sino a un conjunto de actividades que integran desde la realización de mesas redondas con expertos internacionales, como la celebrada el 17 de octubre de este año, hasta la edición de publicaciones divulgativas y/o su inserción en la propia web del Ministerio de Sanidad y Consumo, pasando incluso por foros de debate abierto. Se persigue, pues, una acción fundamental divulgativa, con un adecuado equilibrio entre rigor y accesibilidad, que incidirá fundamentalmente en las cuestiones vinculadas a la evaluación de la seguridad alimentaria de los productos que contienen OGM o derivan de ellos. La AESA se dedicará, en el primer semestre del 2003, a planificar y diseñar este conjunto de actuaciones informativas formativas, para iniciarlas en el segundo semestre de dicho año. En este sentido, parece muy conveniente que la campaña se inicie contando ya con nuevos instrumentos comunitarios aprobados, propuestas de reglamentos sobre trazabilidad y etiquetado de los organismos genéticamente modificados y sobre los alimentos y piensos genéticamente modificados Asimismo, la AESA incidirá también en la viabilidad del control analítico de estos productos. En este sentido cabe resaltar que la AESA ya ha sido signataria del acuerdo multilateral por el que se establece una red europea de laboratorios de análisis de OGM.


En cuanto al segundo punto de esta proposición, plantearse un informe de alcance general sobre el grado de aplicación de la normativa, su eficacia real, su interpretación homogénea por los Estados miembros, muy posiblemente sea una iniciativa que la propia Comisión Europea adopte, llegando incluso a someterla al Consejo para que adquiera un estatus de obligatoriedad. En cuanto a un informe de tales características pero circunscrito a España, entendemos que los datos relativos a inspecciones, controles, infracciones detectadas y sanciones aplicadas en este ámbito, resultará suficientemente ilustrativo y permitirá colegir el grado de cumplimiento de la normativa y la homogeneidad interterritorial en su interpretación y grado de exigencia. Es preceptivo, en virtud de la Directiva 83/397, de control oficial de productos alimenticios, elaborar cada año un resumen de tales actuaciones y remitirlo a la Comisión Europea. No procede, por tanto, tratar de instaurar ex novo algo que ya se viene haciendo, si bien es cierto que con más experiencia y rodaje en otros ámbitos de la legislación alimentaria menos novedosos que el de los alimentos OGM.


Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente viene realizando valoraciones periódicas de la aplicación en España de la Directiva 90/219/CEE sobre utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente y de la Directiva 90/220/CEE sobre liberación intencional del medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Como ya he señalado, ambas normas están incorporadas a nuestra legislación.
Asimismo, toda la información sobre las actividades realizadas en España con estos organismos modificados están incluidas en la propia página web del Ministerio de Medio Ambiente. Quiero recordar -como ha sido señalado esta mañana- que el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente que derogará la actual Ley 15/1994 y que estamos tramitando en esta Cámara, contempla entre sus objetivos incrementar la información al público con la creación de registros y la ampliación de datos, informes y resultados de estas actividades en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, además de fomentar el intercambio de información entre las administraciones. El citado proyecto de ley, en su disposición final cuarta, establece que se elaborará un informe que se hará público sobre la situación en España en materia de organismos modificados genéticamente con la periodicidad que establezca la propia Unión Europea.


En consonancia con todo lo expuesto, consideramos innecesario apoyar la presente proposición no de ley, ya que en todo caso tendríamos que recurrir a la ya consabida redundancia de instar al Gobierno a que en relación con los transgénicos prosiga realizando todas las acciones que ya está impulsando con una apreciable diligencia y eficacia, dicho sea de paso. Por todo lo anterior, vamos a votar en contra de la presente proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Señora, Olmedo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?

La señora OLMEDO CHECA: Sí, señora presidenta, es muy adecuada.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, se le agradece el calificativo.


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- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA ISLA DE TAMBO EN EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. (PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001771.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, que es del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión de la isla de Tambo en el parque nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.


Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: El Bloque Nacionalista Galego somete hoy a debate esta proposición no de ley por la que pretendemos que se aceleren los trámites para incorporar al ámbito del parque nacional de las Islas Atlánticas de Galicia la isla de Tambo que, como saben SS.SS., está en la ría de Pontevedra. Es verdad que es una fatal coincidencia que esta proposición no de ley se debata en un momento en el que la marea negra provocada por la acción del PRESTIGE y agravada en sus consecuencias hasta lo inimaginable está provocando una catástrofe ecológica y económica sin precedentes en toda la costa de Galicia y, más en concreto, afectando a alguna de las islas más emblemáticas del recién nacido parque nacional, entre ellas las de Ons o las Cíes; no sabemos aún si con afectación de la propia isla de Tambo, si al final -esperemos que no suceda- el fuel acaba entrando en la ría de Pontevedra.


Aún así, este debate tiene lugar en estas circunstancias y voy a defender muy brevemente nuestra proposición porque creo que se explica por sí misma. Es verdad que la historia de la isla de Tambo es larga; pasa por diversas manos hasta llegar a ser propiedad de la Armada en los años cuarenta. Desde ese momento se utiliza para el adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar y como polvorín. Es verdad también que desde hace bastantes años se vino demandando desde diversos sectores que se pusiese fin al uso militar por Defensa y que pasase a uso civil, fundamentalmente por el convencimiento de que esta isla tenía escaso interés desde el punto de vista de la defensa. De hecho, como saben SS.SS., durante muchos años fue incluso usada como lugar de recreo para los militares. Nosotros ya nos dirigimos en ese sentido al Gobierno en el año 1996. En todo caso, el Ministerio de Defensa declaró su no interés para la Armada a partir del 30 de septiembre del año en curso. En la respuesta que el Gobierno daba a nuestro grupo en la que se anunciaba la fecha de declaración de no interés citada, también se afirmaba que a esta isla se le dará el destino que corresponda de acuerdo con las leyes de costas y las constitutivas de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa.
También es verdad que desde que se puso en marcha la iniciativa de constituir el parque nacional de las Islas Atlánticas, nuestro grupo propuso la incorporación de Tambo a este parque nacional, como consta en las hemerotecas. En todo caso, creo que hoy todos estamos de acuerdo en que se produzca esa incorporación, incluso el Grupo Popular manifestó públicamente su intención en este sentido.


Por tanto, creo que estamos ante un interés político en principio total y a partir de ahí también es verdad que es necesario realizar diversos trámites que no se pueden obviar para que esta incorporación se produzca, pero también sabemos que los trámites al final duran más o menos según el interés que se ponga en agilizarlos y, por tanto, estoy seguro de que si desde esta Cámara impulsamos precisamente al Gobierno para que estos trámites se agilicen, que no se demoren inútilmente, el fin que pretendemos alcanzar se produciría en un tiempo más rápido, porque para nosotros, y creo que para todos los grupos, sería de gran interés que esta isla se incorporase al ámbito de actuación y protección del parque casi desde el primer momento, casi desde que este parque se crea.


Concluyo diciendo que este acuerdo de la Cámara creemos que serviría para impulsar esa incorporación y facilitaría ese deseo, que insisto en que creo que es general, de que la isla de Tambo se incorpore cuanto antes al parque nacional marítimo-terrestre y por eso solicitamos el voto favorable a esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir en el debate de esta proposición no de ley? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, muy brevemente.


El Grupo Socialista está totalmente de acuerdo con la proposición no de ley presentada y que ha defendido perfectamente el señor Vázquez, aunque quiero transmitir también que hablar hoy de este tema es tremendamente doloroso para todos los gallegos, lo que no quiere decir que no miremos cara al futuro y que la inclusión de esta isla de Tambo en el conjunto del parque nacional de las Islas Atlánticas sea positivo. Pero también quiero aprovechar para decir que en este momento lo prioritario es salvar lo que queda sin contaminar del parque y regenerar las zonas contaminadas, fundamentalmente en las islas Cíes, la isla de Ons o todas aquellas que todavía puedan verse afectadas por lo que no conocemos y que esperamos, con buenos deseos, que no llegue a producirse.


De todos modos, lo que solicitamos, al mismo tiempo que se vota afirmativamente esta iniciativa, es una vez más toda clase de medios materiales, humanos, económicos para afrontar la situación que estamos viviendo y que afecta, desgraciadamente, a este parque

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nacional que ha nacido con los votos afirmativos en esta Cámara de todos los grupos políticos y que es un orgullo para Galicia.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Chapela.


El señor CHAPELA SEIJO: Señora presidenta, quería empezar por agradecer la intervención y el tono utilizado por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Quiero indicar, aunque sea una sorpresa para el proponente, que vamos a votar en contra de esta iniciativa, no porque en el fondo no se esté de acuerdo en la necesidad de incorporar la isla de Tambo al parque nacional de las Islas Atlánticas, sino porque creemos que con la ley de aprobación del parque es innecesaria la iniciativa. Me voy a explicar.


El proponente conoce perfectamente, por haber sido uno de los ponentes de la ley de creación del parque nacional de las Islas Atlánticas, que el ámbito territorial del parque es susceptible de ampliación y por ello de los actuales cuatro grupos de islas se puede ampliar a otros espacios territoriales; o sea, no es un coto cerrado, a los cuatro grupos de islas que actualmente conforman el parque nacional, las Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, podrán incorporarse otros ámbitos geográficos, bien marítimos bien terrestres, de similares características. La propia ley, consciente de la existencia en las proximidades del parque nacional de territorios litorales que podrían pasar, previo el correspondiente proceso de evaluación, a formar parte del parque nacional, recogió una disposición adicional, concretamente la sexta, que fue fruto de una enmienda transaccional presentada por el grupo del Bloque Nacionalista Galego en el Senado. La ley recogía en el fondo una realidad: la existencia de unos espacios geográficos, unos territorios litorales que son susceptibles de ser incluidos dentro del ámbito del parque; no dice, obviamente, cuáles son esos territorios, sólo exige que sean literales y colindantes. Parece obvio que entre esos espacios pudiese estar -y debería estar- la isla de Tambo, que aunque se encuentre ubicada en el interior de la ría de Pontevedra tiene unos valores medioambientales si no iguales sí semejantes a los de las demás islas que actualmente conforman el parque nacional de la Islas Atlánticas. La isla de Tambo tiene litoral, como exige la ley, aproximadamente 4 kilómetros de litoral, y tiene una proximidad geográfica a otras islas, en especial a la isla de Ons, que está en la bocana de la ría de Pontevedra. Sin embargo, la disposición adicional de la que estamos hablando no deja dudas a la hora de determinar a quiénes corresponde el cometido de evaluar la iniciativa de incluir o no esos nuevos espacios geográficos: a la comisión mixta de gestión del parque que, como el proponente sabe, está conformada por dos representantes del Ministerio de Medio Ambiente y por otros dos de la Xunta de Galicia. Dicho cometido se lo fija la ley a este órgano de gestión del parque no como una facultad de disposición sino como una obligación legal; la ley no dice que la comisión mixta podrá incorporar entre sus cometidos, sino que dice que incorporará entre sus cometidos evaluar la posibilidad de las citadas inclusiones. Por tanto, el mecanismo para la incorporación de nuevos territorios ya está previsto por la ley y la comisión mixta obligatoriamente tendrá que evaluar dicha incorporación.


Se preguntará el proponente -y se preguntarán sus señorías- cuándo habrá de llevarse a cabo dicho proceso de evaluación. Parece adecuado esperar a que la comisión mixta de gestión esté totalmente operativa, que esté definitivamente conformado el patronato del parque, nombrado su director conservador y su presidente y aprobado su plan rector de uso y gestión, para que de conformidad con la reiterada disposición adicional sexta se proceda a evaluar la posible inclusión de esos territorios litorales próximos al parque nacional, entre ellos, y probablemente con carácter preferente, como ya ha manifestado el presidente del organismo autónomo Parques Nacionales, la isla de Tambo.


La señora PRESIDENTA: Pasamos si les parece, señorías, a la votación de las cinco proposiciones no de ley que se han debatido hoy.


La primera proposición, del Grupo Socialista, fue enmendada por el mismo grupo y se nos pidió además votación separada de los tres puntos de dicha proposición no de ley.


Vamos a pasar a la votación una vez que desde la presidencia se haya contabilizado el número de asistentes en la Comisión.


Votamos el número 1 de esta proposición no de ley, que es del siguiente tenor literal. Que la presa de Siles sea una obra prioritaria en el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional por su carácter social, por lo que en un plazo de un año de la aprobación de esta iniciativa se inicie su obra.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 16¸abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


El punto número 2 es del siguiente tenor: Que la presa de Siles no sea una alternativa a Úbeda la Vieja sino una infraestructura que posibilite el abastecimiento y el desarrollo socioeconómico de la comarca de la sierra del Segura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 19; abstención una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


El punto número 3 quedaría de la siguiente manera: Que sea una obra financiada en su totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


La siguiente proposición no de ley es del Grupo Socialista y es sobre la mejoría de regadíos en la provincia de Málaga.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


La siguiente proposición no de ley tenía una enmienda del Grupo Popular que no fue aceptada. Pasamos a votar la misma con el siguiente tenor: Proposición no de ley sobre instalación de las compuertas de la presa de Algar de Palancia, en la provincia de Valencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


La siguiente proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y fue aceptada. Por tanto, la votamos tal y como aparece en el orden del día de esta sesión con el añadido en el punto 1: en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en esta materia. El punto 2 tendría el siguiente añadido: en colaboración con las autoridades competentes de las comunidades autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la inclusión de la isla de Tambo en el parque nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Buenas tardes, señorías.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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