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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 49, de 13/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 49

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 47

celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día . . . (Página 2363)

Preguntas . . . (Página 2363)

Interpelaciones Urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia. (Número de expediente 172/000051.) . . . (Página 2388)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control del consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la recaudación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad. (Número de expediente 172/000053.) . . . (Página 2396)

Página 2358


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca con Marruecos. (Número de expediente 172/000052.) . . . (Página 2403)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Modificación del orden del día . . . (Página 2363)

La señora presidenta, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el apartado V y alterar la tramitación de las interpelaciones urgentes, de manera que la que figura como punto 37 del orden del día pase a ser tramitada antes de la 36, lo que se acuerda por asentimiento.


Preguntas . . . (Página 2363)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Considera el Presidente del Gobierno que ha adoptado con la diligencia debida todas las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos? (Número de expediente 180/000363.) . . . (Página 2363)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué no logra el Gobierno concretar un diálogo con todas las fuerzas políticas para alcanzar una estrategia común frente al terrorismo y por la paz? (Número de expediente 180/000372.) . .
(Página 2364)

Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno desarrollar reglamentariamente la utilización del censo promocional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal? (Número de expediente 180/000362.) . . . (Página 2365)

Del Diputado don Jordi Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía: ¿Piensa el Gobierno revisar su política de Costes de Transición a la Competencia aplicados en la tarifa eléctrica que pagamos todos los españoles? (Número de expediente 180/ 000371.) . . . (Página 2366)

De la Diputada doña Carme Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en relación con la presunta participación irregular de deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de Sydney? (Número de expediente 180/000368.) . . . (Página 2367)

Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el próximo año sobre movilidad de estudiantes? (Número de expediente 180/000383.) . . . (Página 2368)

Página 2359


De la Diputada doña Mercedes Gallizo Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la decisión de Televisión Española (TVE) de prohibir la emisión de dos anuncios del Gobierno de Aragón sobre el Plan Hidrológico Nacional? (Número de expediente 180/000335.) . . . (Página 2369)

Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia: ¿Considera el Ministro de Justicia que las medidas de gracia, tal y como se presentaron tras el Consejo de Ministros de 1 de diciembre se ajustan a los preceptos constitucionales y legales que deben regir los indultos? (Número de expediente 180/000364.) . . . (Página 2370)

De la Diputada doña Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Ministro de Justicia que el reingreso en la carrera judicial de un ex juez condenado por prevaricación ayudará a mejorar la confianza de los ciudadanos en los Tribunales de Justicia? (Número de expediente 180/000365.) . . . (Página 2371)

Del Diputado don Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Ministro de Justicia que las declaraciones del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a propósito de uno de los indultados son acordes con los principios constitucionales que deben guiar su actuación? (Número de expediente 180/000366.) . . . (Página 2373)

Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Ministro de Justicia que el Gobierno puede ejercer competencias atribuidas por la Constitución Española a otros poderes del Estado? (Número de expediente 180/000367.) . . . (Página 2374)

Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las condiciones del contrato que el Ministerio de Defensa firmó en los años 70 con el Club de Golf del Prat y de la indemnización consiguiente de AENA para que dicho club ceda sus terrenos para la ampliación del aeropuerto de Barcelona? (Número de expediente 180/000361.) . . . (Página 2375)

Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la línea de AVE entre Alcázar de San Juan y Jaén? (Número de expediente 180/000373.) . . .
(Página 2376)

Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento para iniciar la construcción del AVE entre Segovia y Valladolid? (Número de expediente 180/ 000374.) . . . (Página 2377)

Del Diputado don Antonio Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento para acometer el AVE en el País Vasco? (Número de expediente 180/000375.) . . . (Página 2378)

Página 2360


Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Fomento para incrementar la seguridad vial de los motociclistas y, en general, de los conductores de vehículos de dos ruedas? (Número de expediente 180/000376.) . . . (Página 2378)

Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la autovía de Tarancón a Cuenca? (Número de expediente 180/000377.) . . . (Página 2379)

Del Diputado don Josu Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la situación actual de la Administración institucional del Estado? (Número de expediente 180/000359.) . . . (Página 2380)

De la Diputada doña María Jesús Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Administraciones Públicas en cuanto a su compromiso de desarrollar el Programa de premios a la calidad y a las mejoras prácticas? (Número de expediente 180/000382.) . . .
(Página 2381)

Del Diputado don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación al Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia del Consejo de Europa? (Número de expediente 180/000381.) . . .
(Página 2382)

Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo piensa el Gobierno resolver la crisis causada por el mal conocido «de las vacas locas»? (Número de expediente 180/ 000369.) . . . (Página 2383)

Del Diputado don Eduardo Javier Contreras Linares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la recientemente aprobada reforma de la Organización Común de Mercados de frutas y hortalizas? (Número de expediente 180/000378.) . . . (Página 2384)

Del Diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué existencias de aceite de oliva prevé el Gobierno que pueden existir en la presente campaña? (Número de expediente 180/000379.) . . . (Página 2385)

Del Diputado don Gabriel Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué posición tiene el Gobierno en relación al mandato conferido en el Consejo General de Asuntos Generales a la Comisión Europea para que solucione el contencioso del plátano en la Organización Mundial de Comercio? (Número de expediente 180/000380.) . . . (Página 2386)

De la Diputada doña Matilde Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué está haciendo el Gobierno ante los numerosos casos de ciudadanos afectados de «legionella»? (Número de expediente 180/000370.) . . . (Página 2387)

Página 2361


Interpelaciones urgentes . . . (Página 2388)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre los criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia . . . (Página 2388)

Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios Reyes. La razón por la que su grupo presenta esta interpelación urgente es que el próximo año 2001 ha de negociarse un nuevo período de financiación de la sanidad, y el principal elemento distorsionador del objetivo de ajuste presupuestario al gasto real del sistema sanitario público es el gasto en medicamentos. Asegura que se está ante un problema que no viene originado por una única relación causa-efecto, sino que está condicionado por muchas variables, que pasa a explicar. Se refiere asimismo a la creciente participación del gasto farmacéutico en el PIB en la mayor parte de los países desarrollados y destaca el efecto rebote de las medidas que se adoptan para contener el gasto farmacéutico, que tensiona con altibajos la línea de evolución, por lo que considera que, a efectos de planificación presupuestaria y de la financiación pública del Sistema Nacional de Salud, es irreal hacer previsiones con los supuestos ahorros generados por las medidas de contención del gasto en medicamentos. Añade que si no se es realista en este punto, se estará generando déficit de financiación en el Insalud a las comunidades autónomas con competencias transferidas y a las que las tienen por transferir, porque el acierto o desacierto en las políticas de la gestión del gasto lo sufren directamente las comunidades autónomas. Por ello, su grupo mantiene que para ser todos corresponsables, todos tienen que ser copartícipes, preservando los contenidos de la prestación sanitaria y, dentro de ella, la del medicamento, desde la homogeneidad y solidaridad en todo el territorio del Estado, tal como recoge la Ley General de Sanidad. Conscientes del esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Sanidad, al igual que desde las administraciones autonómicas, pero conscientes asimismo de la complejidad del problema, presentan esta interpelación urgente y preguntan sobre la planificación de carácter integral que se está planteando desde el Ministerio, cuál es el proceso de diálogo que, entiende, se ha de abrir con todos los interlocutores que intervienen en los sectores implicados y cuáles son los criterios de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas previstos a este respecto.


En nombre del Gobierno, contesta la señora ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). Reconoce que uno de los problemas que existen en el sistema sanitario es el excesivo gasto farmacéutico, y está de acuerdo con el planteamiento de que este proceso de incremento del gasto farmacéutico se da también en otros países de la Unión Europea. Asimismo está de acuerdo con el efecto rebote de las medidas coyunturales adoptadas para contener el gasto, por lo que se hace necesario analizar en profundidad, desde el consenso y el diálogo con las comunidades autónomas y todos los actores implicados, los elementos que intervienen en toda la prescripción de la medicina.
Explica las medidas adoptadas y las que todavía quedan por desarrollar en el sector de la farmacia, que hagan a los farmacéuticos copartícipes y corresponsables de la información, de la educación y de la salud y, al mismo tiempo de la implementación de las medidas.


Replica la señora Julios Reyes, duplicando la señora ministra de Sanidad y Consumo.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control del consumo de tabaco mediante la afectación de parte de la recaudación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad . . . (Página 2396)

Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Riera i Ben. Da una serie de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre los daños que ocasiona el tabaco y las opiniones de varios médicos y especialistas en el tema sobre las consecuencias que tiene para la salud el hábito de fumar. Con esta interpelación su grupo se propone poner de relieve que el consumo de tabaco no es sólo un importante problema de salud pública por sumagnitud y consecuencias, sino que además genera

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unos elevadísimos costes sociales y económicos. Anuncia que en la moción consecuencia de esta interpelación su grupo pedirá al Gobierno, no que se afecte el 1 por ciento de la recaudación del impuesto sobre tabaco, sino que se plantee incrementar la financiación de la sanidad con un importe equivalente, por lo menos, al 1 por ciento de la recaudación del tabaco. Es una matización que no considera importante, porque en definitiva se trata de incrementar el presupuesto de sanidad, venga de donde venga, de ser conscientes de que el tabaquismo es una enfermedad muy grave y que ocasiona un gasto muy importante al sistema sanitario.


Contesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). Está de acuerdo en recordar e incidir en datos que todos conocen, para crear una mayor sensibilización ante el problema del tabaquismo, y reconoce que en esto, como en tantas otras cosas, llegamos tarde, lo que tiene sus desventajas como es tener que hacer un proceso de adaptación más rápido que otros países que llevaron a cabo ya la prevención y la lucha contra el uso del tabaco, pero también tiene la ventaja de poner analizar las experiencias de otros países a la hora de poner en marcha procedimientos que tienen mucho que ver con la salud pública y la prevención de la enfermedad.
Está totalmente de acuerdo en que hay que tomar medidas, y explica que la Comisión de Salud Pública, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creó un grupo técnico donde están presentes técnicos de comunidades autónomas, y también científicos, para analizar la cuestión desde todos los puntos de vista. Asimismo explica la posición española en relación con las directivas comunitarias, y asegura que estaría encantada de que el presupuesto de sanidad se viera incrementado a través de los impuestos del tabaco, de la gasolina o de lo que fuera, pero entiende que la política de financiación en general, y no sólo de la sanidad, debe hacerse a través de la caja única de los Presupuestos Generales del Estado. De cualquier forma estudiará las propuestas que haga el grupo de la señora interpelante en la moción subsiguiente, aunque duda de lo que pensarán los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades autónomas que, al fin y al cabo, son los que se sientan a negociar la financiación del sistema sanitario.


Replica la señora Riera i Ben, duplicando la señora ministra de Sanidad y Consumo.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca con Marruecos. . . . (Página 2403)

Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz Díaz. Explica la situación de crisis del sector pesquero ante la falta de acuerdo pesquero con Marruecos, con la flota amarrada desde hace un año y sin ver en el horizonte un acuerdo aceptable, culpando de esta situación a la dejación de responsabilidades de los gobiernos populares. Se refiere a la época en la que el señor ministro era presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y criticaba continuamente al Gobierno español, asegurando que sólo un milagro conseguiría un acuerdo con Marruecos.
Pues bien, al día de hoy, afirma, el sector pesquero se conformaría con un acuerdo similar al que se consiguió en el año 1995. Le parece muy bien la noticia de que se están buscando caladeros alternativos para parte de la flota, pero considera que esto deja al descubierto la negligencia anterior, porque se tenían que haber buscado antes.
Considera que España tenía que haber presionado en la Unión Europea antes de que venciera el anterior acuerdo y no lo hizo. Hace un repaso de los anteriores acuerdos con Marruecos y pide al Gobierno que asuma sus responsabilidades por no haber hecho los deberes en este tema. Piensa que los populares tenían muy claro lo que había que hacer cuando eran oposición, pero lo olvidaron cuando llegaron al Gobierno y a estas alturas de diciembre no se ha conseguido ningún acuerdo pesquero con Marruecos. Critica duramente las actuaciones del ministro en la materia y pide que se firme un nuevo acuerdo con Marruecos y que el Gobierno se comprometa a garantizar la continuidad de la flota que hasta noviembre de 1999 faenaba en esas aguas.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Manifiesta que el 30 de noviembre compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara para explicar cuál era el estado real de las negociaciones pesqueras con Marruecos y rechaza la acusación de que ha habido dejación de responsabilidades. El impulso del acuerdo, explica, se ha hecho a nivel del presidente de Gobierno en contactos con el rey de Marruecos y el primer ministro, a nivel de ministros de Agricultura y a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, con un contactopermanente con la Comisión Europea para impulsar

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la negociación. Sin embargo se partía de un hecho inexorable y es que de los 23 acuerdos que suscribió la Unión Europea todos tenían cláusula de renovación, menos el de Marruecos, y Marruecos decía que no tenía obligación de sentarse a la mesa de negociación porque se sabía que el anterior acuerdo era un acuerdo de punto final. De ahí la dificultad de poner en marcha las negociaciones y la presión política que ha habido que hacer para lograr que Marruecos se sentara a la mesa de negociación y pasara de una situación inicial en que sólo se admitía la cooperación para desarrollar su propio sector pesquero a otra situación en que había ofertas de pesca extractiva -si bien limitadas-sobre la mesa. Da toda una serie de explicaciones sobre las actuaciones llevadas a cabo y asegura que el Gobierno no ha variado un ápice su posición desde el 30 de noviembre pasado, pero después del bloqueo en el que se encuentran las negociaciones, también busca las alternativas necesarias para mantener tanto la actividad de la flota como, por supuesto, el empleo.


Replica el señor Díaz Díaz, duplicando el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Propuesta de modificación del orden del día.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el apartado V, correspondiente a la comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre el Consejo Europeo celebrado el día 9 de diciembre en Niza (Francia). Asimismo, propone la alteración en la tramitación de las interpelaciones urgentes, de manera que la que figura como punto 37 de dicho orden del día pase a ser tramitada antes de la que figura como punto 36.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE HA ADOPTADO CON LA DILIGENCIA DEBIDA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/ 000363.)

La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 14, que formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Como es conocido, España y otros países europeos sufren un problema serio de seguridad alimentaria como consecuencia de la llamada crisis de las vacas locas. Por ello le pregunto, señor Aznar, si piensa que su Gobierno ha tomado las medidas adecuadas y con la diligencia debida para garantizar la seguridad de los consumidores y, lógicamente, apoyar al sector ganadero.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muchas gracias, señora presidenta.
Considero que el Gobierno en el ámbito de sus competencias ha actuado con la diligencia debida para garantizar la seguridad de todos.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, permítame que le manifieste mi discrepancia de fondo.
España vio cómo en el año 1991 se producía la primera crisis de vaca loca en Francia y en 1994 en Portugal y aquí ha habido una doctrina oficial, que es que éramos una isla y que no había ningún problema ni ningún riesgo, como si nuestras vacas fueran vírgenes a estos efectos. (Rumores.) Pero lo cierto es que, a pesar de lo que se podría deducir de las infor-

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maciones de la Unión Europea, el Gobierno, hasta que no ha aparecido el primer caso de vaca loca en España, no ha reaccionado. Y la situación que se deriva es muy clara: la imprevisión de su tesis oficial ha originado una inseguridad clarísima. Tanto es así que hoy el consumo de carne en España ha descendido un 50 por ciento. Por cierto, cada vez que el ministro de Agricultura aparece comiendo carne -hasta a las siete y media de la mañana le vemos todos los días en los telediarios-, más baja el consumo de carne y esto tiene que tener alguna explicación. (Risas.) No ha habido previsión. Señor Aznar, su obligación política como Gobierno es poner en marcha un plan nacional para, ante la inseguridad que hay, combatir con urgencia lo que es la crisis de las vacas locas en estos momentos.
Tiene que haber una agencia de seguridad alimentaria nacional, un comité científico independiente, una respuesta pública ante un problema de salud, un mayor presupuesto público y más confianza.
Dediquen ustedes la mitad del dinero que dedicó el señor Rato para explicar la reforma del IRPF a informar a los ciudadanos y manden a todos los buzones de España un folleto informativo para dar confianza y seguridad, algo que no ha generado para nada este Gobierno en esta materia, ni a consumidores ni a ganaderos. Doscientas mil familias con problemas graves de renta sin respuesta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría, es perfectamente comprensible que la opinión pública manifieste preocupación por una situación como la de las vacas locas. Es también una obligación por nuestra parte transmitir tranquilidad a la opinión pública y no crear ninguna sensación de alarmismo o de preocupación indebida. Transmitir tranquilidad no significa no hacer nada, significa tomar todas aquellas medidas que científicamente están respaldadas para intentar atajar y superar la situación que se ha creado en toda Europa y también en España.
El Gobierno informó inmediatamente tuvo conocimiento de la existencia del primer caso en España, y quiero recordar que en este momento hay dos casos exclusivamente reconocidos en nuestro país. Tengo que decirle, entre otras cosas, algunas medidas tomadas. Desde 1994 -se lo digo por si S.S. no lo sabe- está prohibido en España alimentar a los rumiantes con harinas de origen animal; a partir de 1996 se prohibió la importación de animales, harinas o carnes procedentes de los países en que fue apareciendo la enfermedad; desde 1997 existe un programa nacional de prevención dirigido a reforzar el control y la inspección; en septiembre pasado se acordó con las comunidades autónomas la retirada de todos los materiales específicos de riesgo procedentes de todos los animales mayores de 12 años; se aprobó el reglamento para garantizar el seguimiento de los productos desde su origen a la puesta a disposición del consumidor. Con las comunidades autónomas, señoría, se ha llegado al acuerdo de aprobar el proyecto de real decreto de programa integral coordinado de vigilancia y control de los animales, y su posterior remisión a la Comisión interministerial de seguridad alimentaria. Se van a firmar los convenios de colaboración para la adaptación de los laboratorios y puesta en marcha de los test prionics. Se realizará la remisión urgente de todos los planes que garanticen la retirada de los residuos de animales muertos, el sistema de tratamiento y destrucción de los mismos y los mecanismos para garantizar la efectiva prohibición de las harinas desde su retirada hasta su destrucción. Le anuncio la aplicación inmediata de medidas como la destrucción de los materiales de riesgo y la creación de la comisión interministerial, 350.000 test de detección y la información completa a los consumidores. La creación de la agencia española de seguridad alimentaria en los próximos días, la aprobación del plan nacional de vigilancia activa y erradicación de la encefalopatía espongiforme para el año 2001, la realización de los test de detección y la vigilancia y colaboración con las comunidades autónomas. Además de eso, señoría, hemos apoyado la intervención en el mercado de carne aprobado por la Unión Europea y el Gobierno ha tomado con las comunidades autónomas competentes en la materia todas las iniciativas. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ NO LOGRA EL GOBIERNO CONCRETAR UN DIÁLOGO CON TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS PARA ALCANZAR UNA ESTRATEGIA COMÚN FRENTE AL TERRORISMO Y POR LA PAZ? (Número de expediente 180/000372.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ¿por qué no ha logrado el Gobierno todavía un acuerdo unitario frente al terrorismo y por la paz?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, el Partido Popular y el Partido Socialista han firmado un acuerdo por las libertades y contra

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el terrorismo al que yo invito a S.S. a sumarse. El hecho de que Izquierda Unida haya firmado el pacto de Estella espero que no sea determinante en su actitud. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias por sus recomendaciones, señor presidente. Yo le invito a que mire hacia los escaños de esta Cámara.
Aquí estamos representados no dos fuerzas políticas, sino 14 fuerzas políticas que representamos a la gran mayoría, si no a la totalidad del pueblo español y a la gran mayoría del pueblo vasco. Todas estas fuerzas políticas que estamos representadas en este Parlamento coincidimos en la defensa de la libertad y de la vida frente al terrorismo, coincidimos también, aunque con distintas apreciaciones, en su desarrollo en el marco constitucional, en el marco estatutario y coincidimos en que una estrategia antiterrorista tiene que ser compartida.
Sin embargo, señor presidente, usted nos presenta hoy aquí un resultado bastante más escueto, el resultado del acuerdo entre dos fuerzas políticas que tienen una representación importante a nivel del Estado, pero no lo representan todo y que tienen una representación más escasa en el País Vasco. Señor presidente, ¿cuáles son las razones para que no haya sido posible incorporar al conjunto de las fuerzas políticas? Usted dirá algunas razones, bien políticas o razones relativas al pasado -alguna ha dicho ya con respecto a Lizarra-, pero que no son convincentes y no son suficientes.
Señoría, le invitamos a que incorpore a esa negociación y a ese diálogo al conjunto de las fuerzas políticas, a que el diálogo no sea excluyente, sino que sea integrador y que al final haya verdaderamente una estrategia frente al terrorismo y por la paz de carácter unitario. Nosotros le ofrecemos la mano, señor presidente, esperamos que nos la estreche y no que, como en otras ocasiones, nos vuelva la espalda.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho una reflexión conjunta sobre la amenaza que para las libertades de todos supone el terrorismo. Han establecido un diagnóstico común de la situación, han establecido unos principios compartidos y han definido una política de común acuerdo, tanto para el País Vasco como para el conjunto de España, en la defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo.


Este acuerdo, señoría, es un acuerdo abierto a todos porque es un acuerdo de defensa de las libertades, de la Constitución y del estatuto de autonomía. Y es un sarcasmo que nadie pueda decir que este es un acuerdo excluyente, máxime si quien lo dice ha sido firmante del acuerdo de Estella, que es el mayor acuerdo excluyente que se haya firmado en nuestro país en mucho tiempo.
(Aplausos.) Este es un acuerdo abierto a todos y en el cual a nadie se pide que renuncie a sus ideas, lo que se pide es que no se pueda pretender defender objetivos políticos legitimando la violencia, practicando la violencia o pretendiendo cobrar un precio a todos los ciudadanos de la democracia española por dejar de matar o por el terror, señoría. (Rumores.) Este es un pacto que permite y que quiere que los diálogos se realicen en el marco de las instituciones, en el marco de lo que significan la Constitución y el estatuto de autonomía, y este es un acuerdo de unión de todos los demócratas en torno a la Constitución y al estatuto de autonomía, señoría.
Y su partido, firmante del acuerdo de Estella, y su partido, que ha defendido el derecho de autodeterminación en el País Vasco, debe entender que defendiendo esas posiciones da muy pocas razones a una organización terrorista para que ésta no entienda que puede conseguir ventajas por el hecho de seguir ejercitando su actividad. (Rumores.) Por eso nosotros pedimos la ruptura formal del pacto de Estella, como condición inexcusable para que se puedan incorporar a lo que es una actitud de todos los demócratas en defensa de la Constitución y del estatuto de autonomía. Y le quiero decir, señoría, que yo le invito a que se sume a este acuerdo y le pido que reflexione sobre ello, entre otras cosas porque también estoy seguro de que la inmensa mayoría de sus electores hoy piensan que están reflejadas sus ideas en el acuerdo que han firmado el Partido Socialista y el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LA UTILIZACIÓN DEL CENSO PROMOCIONAL, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL? (Número de expediente 180/ 000362.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo. En primer lugar, pregunta número 13, que formula el diputado don Jordi Jané i Guasch.


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El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente segundo, la nueva Ley orgánica de protección de datos de carácter personal creó el censo promocional a los efectos de encauzar mejor las actividades de prospección comercial, las actividades de publicidad y de venta a distancia. Señor vicepresidente, ha transcurrido ya más de un año desde la aprobación de la mencionada ley y, por tanto, le pregunto: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno desarrollar reglamentariamente el mencionado censo promocional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.
Efectivamente, el artículo 31 de la citada Ley orgánica de protección de datos de carácter personal creaba la figura del censo promocional y establecía condiciones generales de acceso y vigencia del mismo. En una disposición transitoria, la segunda, establecía que reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo -elemento básico y derecho básico de los ciudadanos-, de puesta a disposición de sus solicitantes y de control de las listas.
Pues bien, en estos momentos, el Instituto Nacional de Estadística es la institución que debe realizar el censo y que debe desempeñar un papel activo en la formación y gestión de este censo promocional, junto con el Ministerio de Justicia y la Agencia de Protección de Datos. Como usted sabe, el Instituto Nacional de Estadística ha mantenido conversaciones con las empresas del sector de la publicidad, reparto de documentos y venta a distancia, pero en estos momentos, aunque haya transcurrido un año, hay dificultades, que le voy a pasar a exponer, que explican el retraso. La más importante de ellas es que el Instituto Nacional de Estadística está inmerso en la formación de los censos de población y vivienda para el año 2001, y esto no sólo exige un esfuerzo material, financiero y humano considerable sino que probablemente sería poco aconsejable que en el mismo acto en que se recogen los datos de los ciudadanos para los censos de población y vivienda se recogieran datos para un censo promocional que, por definición, los ciudadanos deben decidir si quieren o no aparecer en él. En segundo lugar, precisamente por ese derecho de oposición, antes de hacer un censo promocional nacional tendremos que hacer una importante campaña de publicidad para que los ciudadanos conozcan su derecho a poder no participar en el mismo.
Por todo ello, hemos entendido, y ha entendido el Instituto Nacional de Estadística, que el año 2001 no era el año para hacer el censo promocional, lo cual en ningún caso quiere decir que no le demos la importancia que tiene. Sin duda, en ejercicios posteriores, cumpliendo con su obligación y ajustados a las disponibilidades presupuestarias, se realizará el censo promocional que -coincido con S.S.- puede tener un gran interés para muchas empresas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor vicepresidente, por su respuesta. Yo quería decirle que coincido con usted en un aspecto básico de este nuevo censo promocional, que es la regulación del derecho de oposición del ciudadano que no quiera aparecer en el mismo. Debemos regularlo bien, con las debidas garantías y controles, porque estamos hablando de datos muy sensibles, del nombre, de la dirección, del domicilio de cada una de las personas que figuran ahora en el censo electoral y que van a figurar también en el censo promocional, pero, a través del documento de empadronamiento, debemos garantizar que quien no quiera figurar, no figure.
Yo entiendo esa precaución por parte del Gobierno que usted ha manifestado, entiendo que se quiera hacer de la forma adecuada y garantizando este derecho de oposición por parte de los ciudadanos, no únicamente de las empresas. Ese censo promocional es necesario porque así las personas van a recibir esa publicidad comercial en sus hogares, si así lo desean; es también una forma de encauzar esa publicidad y es una forma de garantizar el uso que se hace de las direcciones, de los nombres, de datos que son, repito, sensibles para el ciudadano y que nos preocupan a todos. Por tanto, yo le insto a que, con la mayor brevedad, y sobre todo con los debidos controles, se impulse ese censo promocional que espero que, con la colaboración de todos, pueda ser un buen instrumento para las empresas, pero sobre todo para los ciudadanos y para garantizar su intimidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


- DEL DIPUTADO DON JORDI SEVILLA SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿PIENSA EL GOBIERNO REVISAR SU POLÍTICA DE COSTES DE TRANSICIÓN ALACOMPETENCIA APLICADOS EN LA TARIFA ELÉCTRICA QUE PAGAMOS TODOS LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000371.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don Jordi Sevilla.


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El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, el Gobierno del PP impuso a los españoles un impuesto del 4,5 por ciento en nuestra tarifa eléctrica para compensar a las compañías eléctricas por unos activos que, se suponía, dejarían de tener valor en un contexto nuevo de competencia. Más allá de que seguimos sin tener competencia en el sector y más allá de que la Comisión Europea ya ha abierto un expediente sobre la legalidad de dichas ayudas, el reciente anuncio de fusión entre Endesa e Iberdrola ha demostrado que esos activos, supuestamente sin valor y por los que los usuarios deberíamos compensar a las compañías eléctricas, sí tienen, y elevado, valor en el mercado. Ante esta situación, el Grupo Socialista cree que debe suprimirse ese recargo injustificado y bajar la tarifa eléctrica ya, para el año que viene, en un mínimo del 7,5 por ciento. Me gustaría saber su opinión y, por ello, le pregunto si piensa el Gobierno revisar su política de costes de transición a la competencia aplicados en la tarifa eléctrica que pagamos todos los españoles.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno, como no podía ser de otra manera, va a cumplir las leyes aprobadas por esta Cámara, en concreto la Ley del sector eléctrico. Simplemente quisiera decir a S.S. que los llamados costes de transición a la competencia no son por activos que han perdido valor, sino como consecuencia de que las rentabilidades reconocidas en el marco legal y estable, anterior a la Ley de 1997, no podían ser mantenidas una vez que entrábamos en un sistema de competencia.
Por otro lado también quiero subrayar ante la Cámara que la afirmación de S.S. de que el Gobierno ha recargado la tarifa eléctrica en un 4,5 por ciento no es correcta ni es cierta. Se ha afectado un 4,5 de la tarifa, que no se ha incrementado por eso, y es una cuestión muy distinta de la que S.S. plantea.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARME CHACÓN PIQUERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PRESUNTAPARTICIPACIÓN IRREGULAR DE DEPORTISTAS ESPAÑOLES EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE SYDNEY? (Número de expediente 180/000368.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta número 19, que formula la diputada doña Carme Chacón Piqueras.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el Grupo Socialista pensamos que es de vital importancia que por el buen nombre de nuestro deporte, por su prestigio internacional y, sobre todo, para evitar cualquier duda sobre la excelente -reitero, excelente- participación de nuestros deportistas paralímpicos, se actúe sobre un hecho muy grave. Por ello queremos saber qué medidas ha adoptado su Ministerio en relación con la participación irregular de deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos de Sydney.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar quiero aclarar que el Consejo Superior de Deportes no ha intervenido en ninguna de las fases del proceso de selección de los deportistas que acudieron a los Juegos Paralímpicos de Sydney, ni tampoco en el establecimiento de los criterios, coordinación y unificación de estos, y ni siquiera en la inscripción de los deportistas seleccionados ante el comité organizador de dichos juegos, porque no lo puede hacer. No obstante, desde el momento en que se tuvo conocimiento por los medios de comunicación de las presuntas irregularidades que menciona S.S. -irregularidades graves sin duda alguna-, el Consejo Superior de Deportes instó al Comité Paralímpico Español al establecimiento hasta sus últimas consecuencias de los hechos denunciados. Quiero señalar que el Comité Paralímpico Español ha creado una comisión de investigación en la que no existe ningún representante -como así tiene que ser- del Consejo Superior de Deportes, y en el momento en que estén las conclusiones de esa investigación valoraremos las acciones a emprender.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: En resumen, señora ministra, que de momento usted no ha hecho nada; nada más que unas declaraciones -primeras en prensa- en las que nos muestra su sorpresa. Todos los ciudadanos, señora ministra, estamos sorprendidos y sólo usted es la ministra de Deporte en este país. Tras

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esas declaraciones sólo hemos recibido pasividad y espera. De poco sirve, señora ministra, que la Ley del deporte establezca que el deporte de alto nivel y su representación internacional son responsabilidad de su Gobierno. De poco sirve que la ley considere que este tipo de fraude es una falta grave y le atribuyan a ustedes la facultad de investigar, sancionar o corregir a las personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva. De nada sirve tampoco que el Comité Paralímpico Español no tenga atribuidas competencias en la Ley del deporte en materia disciplinaria. ¿Cómo es posible que sea la institución que inscribe a unos deportistas -el Comité Paralímpico Español- la que asume una función -la de investigarse a sí mismo- que no tiene atribuida en la ley, en tanto que ustedes, los máximos responsables, parecen ajenos a todo este tema? Señora ministra, el Gobierno sigue en la misma línea: la de dejar que sean otros los que investiguen y asuman responsabilidades. En esta Cámara, hace poco, su portavoz de deportes se jactaba de que fue su Gobierno y no otro el que había realizado un plan ADO, para deportistas con minusvalías. Era el momento de la autocomplacencia.
Ahora que han surgido problemas debemos preguntarle: ¿Han ejecutado un plan ADO, con dinero público y privado, sin saber lo que sucedía en las federaciones? ¿Pero qué seguimiento de las federaciones han hecho ustedes que no se han enterado en cuatro años de lo que estaba pasando? ¿Qué responsabilidades piensan asumir? Señora ministra, el ámbito del deporte paralímpico está vinculado a valores sumamente positivos, como los de integración social y superación personal, que es preciso amparar ante cualquier sombra de duda. Queremos que limpien el nombre del deporte paralímpico español.
Le pedimos en su día, señora ministra, que escuchara a nuestros deportistas y a los ciudadanos y que se pusieran a trabajar, que planificaran nuestro deporte, que lideraran nuestro deporte. Hoy, además, señora ministra, tenemos que exigirles que asuman sus responsabilidades. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le voy a contestar a la pregunta porque, como comprenderá, a ese compendio que ha hecho sobre el deporte no le puedo contestar. Le tengo que contestar a la pregunta, que es la que me ha hecho.
(Rumores.) El Ministerio y el Consejo Superior de Deportes han hecho exactamente lo que tienen que hacer, que es instar a que esa comisión de investigación se reúna y haga lo que tiene que hacer. Además, señoría, le informo de que era la primera vez que esta federación competía en unos juegos paralímpicos. En cuanto esté el informe de la Comisión, señoría, no tenga la menor duda de que lo haremos público e intervendremos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE PARA EL PRÓXIMO AÑO SOBRE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES? (Número de expediente 180/000383.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula el diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, uno de los problemas de nuestra Universidad es la falta de movilidad de nuestros estudiantes. Es más fácil para un estudiante español trasladarse a estudiar a la Universidad de Lyon o a la Universidad de París que entre las universidades de diferentes autonomías. Tanto la señora ministra, en su primera comparecencia, como el secretario de Estado dejaron bien clara la necesidad de impulsar la movilidad entre nuestras universidades. El 30 de septiembre, concretamente, el secretario de Estado de Universidades y Educación dijo una frase que yo creo es muy importante: En un momento de nuestra historia en que el espacio común europeo ya no es un futurible, sino una realidad concreta, estudiantes y profesores no pueden limitar el horizonte de su formación e investigación a la universidad más cercana a su lugar de nacimiento. La movilidad de estudiantes y profesores es una prioridad. Es cierto que se han dado algunos pasos como el Decreto 69/2000 y que en el presupuesto que se ha presentado por el Gobierno para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se hace un apoyo especial en becas para las becas Séneca y Erasmus en la movilidad al extranjero.
Por todo ello, señora ministra, y alentando la idea que tiene usted y el señor secretario de Estado de la necesidad de movilidad de los estudiantes entre las universidades, le planteo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el próximo año, sobre movilidad de estudiantes? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría. Como usted subraya la movilidad es un objetivo que calificaría de estratégico dentro de la política universitaria por las consecuencias que tiene tanto a efectos de la propia calidad del sistema universitario como a efectos en el futuro del mercado laboral.
Para alcanzar el objetivo de la movilidad se han previsto una serie de medidas de las que voy a destacar las siguientes: En primer lugar, el distrito abierto, que elimina en el sistema universitario español las barreras geográficas al permitir la libre circulación de estudiantes por las universidades españolas y cuya implantación se completará en el curso 2003-2004. En segundo lugar, las becas intercomunidades y las becas Séneca. Las primeras tienen como objetivo favorecer la movilidad de estudiantes de una comunidad autónoma a una universidad de otra comunidad autónoma. Su presupuesto asciende a 8.900 millones de pesetas y se estima que el número de becarios supere los 17.000.
Por otra parte, la finalidad de las becas Séneca es que los alumnos de los últimos cursos de licenciatura o del último curso de diplomatura puedan cursar estudios parciales en una universidad distinta de la habitual. Para el curso 2000-2001 la previsión presupuestaria en este concepto es de 771 millones de pesetas. Por otro lado, el programa de créditos universitarios, en el que el Ministerio financia la mitad de los intereses, tiene prevista para el año 2001 una partida de 118 millones de pesetas y se prevé que se beneficien 2.600 alumnos. Estos programas se completan con un conjunto de actuaciones destinadas a facilitar el alojamiento de estudiantes en colegios mayores y residencias, y la dotación presupuestaria prevista en este caso es de 412 millones de pesetas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES GALLIZO LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO LA DECISIÓN DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) DE PROHIBIR LA EMISIÓN DE DOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000335.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro portavoz.
Pregunta número 10 que formula la diputada doña Mercedes Gallizo Llamas.


La señora GALLIZO LLAMAS: Gracias.


Señor ministro, ¿qué opinión le merece al Gobierno la decisión de Televisión Española de prohibir la emisión de dos anuncios del Gobierno de Aragón sobre el Plan hidrológico nacional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gallizo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Gracias, presidenta.
Señoría, como usted sabe las decisiones sobre la emisión de espacios publicitarios y, además, su adecuación a la normativa vigente se adoptan por los órganos competentes de Radiotelevisión Española y, en particular, por la comisión de asesoría de publicidad que existe, una comisión que evalúa independientemente esos spots y que, además, está respaldada por la asesoría jurídica del grupo público. Por tanto, el Gobierno no tiene nada que opinar al respecto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Gallizo.


La señora GALLIZO LLAMAS: Pues mire usted, a nosotros nos parece una censura, censura de la que hacemos responsable al Gobierno. El señor González Ferrari reconoció que la comisión asesora emite opinión, pero las decisiones las toma él, o sea, el Gobierno.
Tiene usted que saber que en Aragón hay un clamor contra esa censura, que hasta el Partido Popular de Aragón se ha tenido que sumar a este clamor, pero me temo que ustedes siguen sin entender nada. No entienden que Aragón lleva cien años esperando las obras que aprovechen el Ebro y que en la espera hemos pagado un caro precio.
Cada uno de los pantanos que hay en Aragón se ha hecho sobre el sacrificio y sobre los sueños de muchas personas. Señor ministro, su Gobierno no se entera de que estamos hartos de que se tache de insolidaria una comunidad que ha sido ejemplar siempre en su contribución a España; que estamos hartos de que, mientras se prohiben estos anuncios, el Ministerio de Medio Ambiente nos bombardee con una campaña publicitaria en todos los medios regionales; que estamos hartos de la rechifla que se traen ustedes sobre las aspiraciones de Aragón y de su Gobierno, a los que al menos deberían respetar; que estamos hartos de la prepotencia de quienes por tener escaños suficientes para aprobar una ley creen que no hay que escuchar otras razones.
Señor ministro, en octubre salieron a la calle en Aragón 400.000 personas y, fíjese bien, no se ha roto ni una farola. Le digo más.
Por muchas provocaciones que nos hagan, por muchas barbaridades que se digan dentro y fuera del Consejo de Ministros, aunque su televisión nos siga ignorando, vamos a utilizar nuestro

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derecho a defender aquello en lo que creemos con la más exquisita corrección democrática. Por eso, señor Cabanillas, yo también le pido que se olviden de un autoritarismo que hoy es tan obsoleto como el franquismo que empezamos a enterrar hace 25 años, para alegría de muchos y quizá para pena de algunos, y escuchen a todo el mundo. Y me atrevo a pedirles, a ustedes que pueden, que ya que nos han condenado sin juicio nos indulten, aunque no hayamos prevaricado, aunque nuestro único delito haya sido no votar lo suficiente al Partido Popular, no tener un Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gallizo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Gracias, presidenta.
Señoría, no es bueno dudar por sistema, como así se hace, de la independencia de los trabajadores de Televisión Española. (Rumores.) No es bueno tampoco ... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Señorías, ruego guarden silencio, como se ha venido manteniendo a lo largo de la tarde, para permitir escuchar tanto a los interpelantes como a los interpelados.
Cuando quiera, señor ministro.


El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Gracias, señora presidenta.
Insisto en que no es bueno dudar siempre por sistema de la independencia de los trabajadores de Televisión Española. No es bueno tampoco desestimar las explicaciones que se han dado precisamente en sede parlamentaria, que son explicaciones muy detalladas sobre la pregunta que usted vuelve a hacer. Y tampoco creo que es bueno que se utilice a Aragón, que sí es tierra solidaria, para pobres argumentaciones de censura o de intervención gubernamental.
Usted sabe perfectamente que desde hace diez años, desde el año 1989, están establecidas esas normas, por vía de una instrucción de la dirección general, que determinan la independencia y el buen hacer de vocales que también están nombrados desde entonces y no han cambiado nunca. La normativa también es del año 1990. Se han tratado miles de casos de spots publicitarios; en los dos últimos años han sido más de 1.500 spots, no sólo el que nos ocupa hoy, pocos días después también en el caso de la Comunidad de Murcia. Por tanto, respetemos un trabajo bien hecho desde hace diez años por todos esos trabajadores, y no los utilicemos ni a ellos ni a los argumentos para otros menesteres que desde luego en el entorno de esta pregunta no vienen para nada al caso. De cualquier forma, por favor, recordemos que detrás de todo ello está también una normativa explícita sobre la utilización de todos los contenidos, primordialmente políticos, dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza. Es decir, aquello que prohibe la normativa, aquello que precisamente ha hecho que no se aprueben esos spots en su momento por autoridades independientes es lo que sí le pido, por favor, que tampoco haga aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE LAS MEDIDAS DE GRACIA, TAL Y COMO SE PRESENTARON TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS DE 1 DE DICIEMBRE, SE AJUSTAN A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE DEBEN REGIR LOS INDULTOS? (Número de expediente 180/00364.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta número 15, que formula el diputado don Juan Fernando López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el pasado 1 de diciembre el Consejo de Ministros acordó 1.443 indultos. En nuestro ordenamiento, el derecho de gracia se ejerce sobre expedientes completamente tramitados, individualizados y motivados, no al revés. Dos semanas después, el Ministerio de Justicia continúa trabajando para motivar lo inmotivable y para explicar lo inexplicable: que el Gobierno ha revocado por decreto una sentencia del Tribunal Supremo para, a decir de un fiscal, restablecer la legalidad injustamente conculcada nada menos que por una sentencia del Tribunal Supremo. Dicen que han actuado con objetividad, pero yo pregunto: ¿Cuántos de esos indultos restablecen en el poder de juzgar a quien lo perdió por sentencia penal? ¿Cuántos contra el criterio del Tribunal sentenciador? ¿Cuántos revocan una sentencia del Tribunal Supremo? En definitiva, ¿cree el señor ministro que esa medida de gracia se ajusta al derecho constitucional y a la legalidad que deben regir los indultos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, presidenta.


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Sí, señoría, considero que se ajustan plenamente a la legalidad, a la constitucionalidad, tal y como ha quedado demostrado durante cuatro horas esta misma mañana; incluso ha quedado demostrado que se ajusta a la doctrina que usted mismo había tenido hasta que ha llegado este momento y ha tenido que cambiarla. Lo siento. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, el Parlamento es un órgano de control de responsabilidad política. Por tanto, no venimos aquí a hablar del señor Liaño, pero tampoco a una discusión jurídica.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!

El señor LÓPEZ AGUILAR: En nuestro ordenamiento las discusiones jurídicas se cierran cuando hablan los tribunales, y aquí han hablado los tribunales; ha hablado nada menos que el Tribunal Supremo.
Ustedes quieren hacer lo contrario de lo que ha dictado el Tribunal Supremo. Estamos hablando por tanto de principios, de cuestiones muy importantes; estamos hablando de separación de poderes; estamos hablando de reserva de jurisdicción; estamos hablando de credibilidad de la Administración de justicia, y lo último que necesita nuestra Administración de justicia en su credibilidad deteriorada es que el Gobierno, por decreto, reinserte en la carrera judicial a quien la ha perdido precisamente por haber abusado de ella para delinquir, por haber sido condenado a una sentencia penal por haber utilizado la potestad de juzgar para delinquir. (Rumores.) Ustedes no deben hacer eso; ustedes no quieren hacer eso; ustedes no pueden hacer eso.
Ustedes no pueden hacer lo que la ley no permite. Ustedes pueden, si quiere el Gobierno, nombrarle alto cargo; puede incluso el presidente del Gobierno nombrarle ministro de Justicia; pero no pueden restablecerle en una condición que ha perdido por una sentencia penal. Y como no pueden explicarlo se dedican a confundir con comparaciones improcedentes o inaceptables, o se dedican a insultar con mezquindad y rencor y a hablar de los ciudadanos que están preocupados por esta medida y la consideran perjudicial para la Administración de justicia. Nosotros creemos que estamos al lado de esos ciudadanos insultados por el Gobierno y frente a ese decreto absolutamente perjudicial para la credibilidad de la justicia.
Señor ministro, atrás han quedado los tiempos en que era necesario, desde el Vaticano, ejercer presión sobre el Consejo de Ministros para que restableciera una legalidad... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
No se esfuerce en querer arreglar ahora todo lo que esta mañana no han conseguido arreglar. Ya no es el momento.
Dice que estamos en estos momentos motivando los decretos. No hace falta motivarlos porque, desde el año 1988, la única aportación del Grupo Socialista a los indultos es quitar la obligación de motivar los reales decretos. Eso es lo único que han hecho. (Aplausos.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Además, yo comprendo que usted hoy se sulfure; lo entiendo de verdad. Llevan acusando y amenazando de que estos indultos eran ilegales durante muchos días, con mucho ruido y una gran parafernalia. Y tiene que saber toda la Cámara que esta mañana el Grupo Socialista se ha quedado solo, radical y absolutamente solo, porque todos los grupos de la Cámara han dicho que eran... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías! Señora López, le llamo al orden.
Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): No se enfaden. Se han quedado solos. (Rumores.) El resto de los grupos han dicho que los indultos, incluido el único que les preocupa, eran absolutamente legales. Por tanto, esa estrategia de presión a los tribunales en la que ustedes están embarcados, o en la que les han embarcado, les ha salido mal, porque los grupos parlamentarios, la mayoría por tanto de los representantes de los ciudadanos, les han dicho que son medidas absolutamente ajustadas a derecho.
No digan ahora que no les preocupa Gómez de Liaño. Esta mañana, en cuatro horas, sólo han hablado de Gómez de Liaño. (Rumores.) Ustedes han venido con esto no porque les preocupe la justicia, sino exclusivamente a montar un ruido, un follón, para defender intereses particulares ajenos a los intereses generales, y nada más.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE EL REINGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL DE UN EX JUEZ CONDENADO POR PREVARICACIÓN AYUDARÁ

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A MEJORAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/000365.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula la diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. Señor Matarí, le ruego guarde silencio.
Adelante, señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿considera usted que otorgar mediante indulto la condición de juez a quien la perdió al ser condenado por utilizarla para delinquir va a favorecer la confianza de los ciudadanos en la justicia?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Lo que no va a beneficiar en nada a la justicia es la estrategia del Partido Socialista de defender intereses particulares en contra de los intereses generales. (Rumores.-Aplausos.-Un señor diputado: Esa no es respuesta.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señorías, ruego dejen intervenir a la diputada interpelante y al ministro, y lo digo a los dos lados de la Cámara.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro de Justicia, la justicia para cumplir la función que constitucionalmente le corresponde necesita de la confianza de los ciudadanos, lo mismo que usted y yo del aire para respirar, y no parece precisamente que vayan a mejorar el prestigio y la valoración que necesita hoy la función judicial cuando el Gobierno se dedica ni más ni menos que a entregar la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, el poder de limitar la libertad, la familia, los bienes y el patrimonio, es decir, la función de juzgar, a quien el Poder Judicial se la quitó precisamente porque cometió un delito muy grave en el ejercicio de esa función de juzgar.
Señor ministro, en cualquier Estado democrático es imprescindible, para que éste funcione, que los ciudadanos crean en los jueces, que tengan confianza en ellos, que sepan que son independientes e imparciales y no están sujetos a ninguna presión e instrumentalización de nadie. Y todos los poderes públicos, y desde luego el Gobierno, están obligados a crear las condiciones para que eso se produzca y para que los jueces sean independientes e imparciales, y no sólo lo sean sino que lo parezcan.Nadie entiende nada cuando el Gobierno lo que hace es dedicarse, utilizando el principio de la utilidad pública y de la equidad, apelando al Papa y a la Constitución, a permutar y cambiar ese poder de los jueces, esa decisión de los jueces en un momento determinado.
Señor ministro, la mayoría de los ciudadanos ha considerado que este indulto es injusto; la mayoría de los ciudadanos ha considerado que este indulto afecta gravemente a la imagen de la Administración de justicia. (Rumores.) Y le voy a decir una cosa, señor Acebes. La verdad es que a usted, como ministro de Justicia, las deudas de su Gobierno le han hecho hacer un papelón que no se corresponde con la principal obligación del ministro de Justicia. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta, señora diputada, sigue confundiendo los intereses de los españoles con los intereses del Partido Socialista. (Rumores.) Hoy lo hemos visto: cuatro preguntas y cuatro horas esta mañana para tratar sobre el asunto Gómez de Liaño, que evidentemente es lo que les importa. Le voy a recordar lo que decía hace muy poquito tiempo, en 1994, una diputada, y lo digo en cuanto a las competencias de unos y de otros.
Decía: En cuanto a la pregunta formulada, como usted sabe, señoría, el indulto es por definición una medida de gracia que corresponde en exclusiva al Gobierno, y es una medida que no tiene ni que ser motivada. (La señora Fernández de la Vega Sanz pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor ministro.
Señora Fernández de la Vega, ha tenido su turno que ha sido escrupulosamente respetado. Le ruego que usted respete ahora el turno del ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): La autora de esta cita, aunque no lo parezca, es doña Teresa Fernández de la Vega Sanz en la Comisión de Justicia. (Aplausos.-Rumores.) Esta es la diferencia de actuar con unos criterios exclusivamente legales, constitucionales y, en el ámbito de las competencias que tiene el Gobierno, respetando las de los tribunales, que a lo mejor usted no lo entiende, y yo comprendo que no lo entienda echando la vista atrás, pero ahora se respeta la independencia de los jueces y sus opiniones. (Rumores.) No siempre ha ocurrido así, pero en el futuro espero contar con su colaboración para que la independencia de los jueces y tribunales, ajenos a cualquier tipo de presión, sea quien sea el interesado, sea una constante, que eso sí que dará prestigio a nuestra justicia en beneficio de todos los ciudadanos y no de determinados intereses que están defendiendo. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERAELMINISTRO DE JUSTICIA QUE LAS DECLARACIONES DELFISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL, A PROPÓSITO DE UNO DE LOS INDULTADOS, SON ACORDES CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN GUIAR SU ACTUACIÓN? (Número de expediente 180/000366.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Julio Villarrubia Mediavilla.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, nos encontramos ante unos hechos especialmente graves que preocupan al conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, al Grupo Parlamentario Socialista. Lo que ha ocurrido -esos son los hechos- es que un juez fue condenado por el Tribunal Supremo. (Rumores.) (Varios señores diputados: ¿Otra vez?) (Un señor diputado: Cuatro y muchas más.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Villarrubia. ¡Señorías! ¡Señorías! (Rumores.) Ruego guarden silencio y permitan que se desarrolle con normalidad el turno de preguntas.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Ésta y lo que queda siempre que sea para defender el Estado de derecho. (Aplausos.) Un juez fue condenado por prevaricación continuada por el Tribunal Supremo, es decir, por atentar contra la ley a sabiendas, de forma consciente y voluntaria. Difícilmente un juez puede cometer un delito que produzca más rechazo, más preocupación e indignación en un Estado de derecho. El Tribunal Supremo ordenó y el Consejo General del Poder Judicial ejecutó la pena de privación de la condición de juez de forma definitiva. Sin embargo, el Gobierno ha acordado un indulto que pretende que un ex juez prevaricador recupere su condición de juez.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha manifestado que este juez es uno de los mejores de España, y además un lujo para la carrera judicial, y que el Gobierno lo que hace es rectificar una decisión del Tribunal Supremo porque este señor era inocente. La pregunta obra en el orden del día y le rogaría que nos contestara. ¿Comparte el Gobierno la opinión de este fiscal jefe de la Audiencia Nacional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señoría, como ustedes conocen, el Gobierno nunca valora las opiniones particulares que puede haber emitido el ministerio fiscal. (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor ministro, las manifestaciones del fiscal jefe y el contenido del indulto suponen una grave aberración jurídica y sobre todo una auténtica inmoralidad política.
Este acto constituye un grave abuso de poder, invade competencias del Poder Judicial a sabiendas del Gobierno, como a sabiendas delinquía el ex juez prevaricador. Con esta actuación el Gobierno está deteriorando la calidad de nuestro sistema democrático al atentar contra el pilar básico que es en el Estado de derecho la Administración de justicia. Con esto está aumentando la desconfianza de los ciudadanos en la... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Es curiosa la argumentación que en horas ha cambiado el Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.) ¿Saben que horas antes de producirse y darse a conocer los indultos el Grupo Parlamentario Socialista había presentado una proposición no de ley para que en un caso determinado nos saltásemos el turno de indultos, atendiendo exclusivamente a la propuesta del ministerio fiscal? (Rumores.) ¿Por qué ese diferente rasero de medir? Usted ha dicho cosas mucho más gruesas que no debería haber pronunciado. ¿Sabe qué es lo que no se ajusta a la moralidad? Dar y conceder los indultos con notas como diciendo: hay un absoluto interés desde el Partido Socialista de -una determinada isla- para que se dé el indulto parcial. Un ex ministro conoce el tema o debe conocerlo. No se puede retrasar más.
Otro indulto. Indulto de un alcalde del Partido Socialista.
(Rumores.) Sí, sí. (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías! (Rumores.) Perdón, señor ministro.
(Rumores.) Señorías, señor Navarrete, señor Sanjuán, les llamo al orden y les ruego respeten los turnos de intervenciones. (Rumores.) Señora Fernández de la Vega, señor Navarrete, les ruego guarden silencio.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Son anotaciones que aparecen en expedientes de indulto de la época socialista. (Rumores.)

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PSOE a favor de que se le indulte. En otro caso, un alcalde, ver si es del PSOE; el expediente lo lleva en mano el señor ministro. Eso sí que es un atentado, un abuso del derecho, ir en contra del principio de igualdad, y eso sí que hace daño a los principios esenciales del ordenamiento jurídico, a los principios constitucionales y a los principios de legalidad y de honestidad. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Otra, otra!-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, señor Burgos, les ruego guarden silencio.


- DEL DIPUTADO DON DIEGO LÓPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE EL GOBIERNO PUEDE EJERCER COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLAA OTROS PODERES DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000367.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta que formula el diputado don Diego López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, a usted le extraña que al Grupo Socialista le preocupe el indulto a Gómez de Liaño. (Rumores.) Esto no sería un Parlamento si no se tratase esta tarde aquí una invasión gravísima del principio de separación de poderes, una invasión de competencias de los poderes del Estado a manos del Ejecutivo, competencias de esta Cámara, porque han hecho ustedes una amnistía olvidando el delito, no sólo la pena, hasta haciendo que desaparezcan los antecedentes penales de Gómez de Liaño, que si no no podría entrar en la carrera judicial. Ustedes han invadido el Poder Judicial y han creado un conflicto institucional enorme con el Tribunal Supremo, que ya les dijo en su informe que no sólo era desfavorable al indulto sino que ese tipo de pena, la pérdida de la carrera, era inindultable. Saben ustedes que se lo dijo el Tribunal Supremo y se han enfrentado frontalmente contra él.
La única pregunta posible en este momento es, señor ministro, después de cinco horas de debate, ¿por qué? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Se lo he explicado durante cinco horas y en tres respuestas. (Rumores.) No sé si usted no estaba o no quería escucharlo, pero le he insistido en los argumentos por los que se han concedido los 1.443 indultos: atendiendo al informe favorable del fiscal o del tribunal sentenciador, a la existencia o no de antecedentes, a las circunstancias de rehabilitación y a las circunstancias de reinserción de cada uno de los asuntos, que hemos visto pormenorizadamente y uno a uno. Usted sabe que no es una amnistía, sino indultos que se han ido viendo y tratando pormenorizadamente e -insisto- uno a uno. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, llevamos cinco horas de debate sobre este tema (Protestas.), cuatro preguntas esta tarde sobre el caso Liaño y todavía no sabemos, ni sabe la opinión pública, por qué ustedes han considerado que lo que procede hoy es indultar a un juez condenado por prevaricación, y eso es lo que la opinión pública quiere saber: por qué consideran ustedes que un criterio fundamental es indultar a los jueces que han prevaricado. La opinión pública rechaza eso, la opinión pública rechaza que lo hagan ustedes además reintegrando automáticamente a este señor sin siquiera pedirlo, y sobre todo rechaza que no lo expliquen. Yo comprendo que no lo pueden explicar porque esto es el producto final de una conspiración que se montó en su momento (Rumores.), en una guerra mediática que ustedes impulsaron, donde implicaron a la fiscalía y que hoy tienen que pagar. Por eso no lo pueden explicar. Pero los indultos que no se pueden explicar y que no se saben explicar no se deben dar. Ustedes han pagado, pero van a pagar mucho más en términos de credibilidad democrática.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señorías, siguen sin abandonar viejos fantasmas del pasado (Rumores.) que les siguen atando permanentemente en sus discursos y en sus obsesiones, que les han incapacitado para ver un acto de generosidad (Protestas.). Sí, señorías, de generosidad. Detrás de cada uno de los 1.443 indultos, aunque a ustedes no les importe, hay un drama humano y una familia a la que se le ha solucionado y que estaba pendiente de hacerlo. (El señor Hernando Fraile: Los de Filesa también.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor ministro, un momento. ¡Señorías! El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Su intransigencia o sus ataduras les estánimpidiendo ver cómo dar una nueva oportunidad a

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gente que ha delinquido (Rumores.) o ha cometido un error una sola vez y la puede tener...


La señora PRESIDENTA: Señor ministro, un momento. ¡Señorías! Señor Ollero, no hace falta que le dé instrucciones a la Presidencia.
Señorías, ruego guarden silencio, aunque lo pida por enésima vez, y permitan que continúe el turno de control, que aunque a algunos les sepa mal no escucharlo lo digo por el prestigio de esta Cámara y para que todos tengan la misma oportunidad de hablar, diputados y ministros.
Puede seguir, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Decía usted que a un juez prevaricador se le ha indultado y se le da una nueva oportunidad. A un ex ministro se le dio una nueva oportunidad y hoy está trabajando (Varios señores diputados: ¡No!) en su función pública, y eso se lo pretenden negar. También se ha indultado a gente de su propio partido. Pero la ofuscación o las ataduras a otros intereses particulares les están impidiendo tener la generosidad que la sociedad española ha demostrado en muchas ocasiones en conciliación, en olvidar el rencor, en olvidar el pasado, mirar al futuro y dar oportunidad a quien lo necesita.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Otra, otra!.-Aplausos.- Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA FIRMÓ EN LOS AÑOS 70 CON EL CLUB DE GOLF DEL PRAT Y DE LA INDEMNIZACIÓN CONSIGUIENTE DE AENA PARA QUE DICHO CLUB CEDA SUS TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA? (Número de expediente 180/000361.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa.
Pregunta número 12,que formula el diputado don Joan Puigcercós i Boixassa. (Rumores.) Señorías, el turno de control continúa y es preciso que lo haga en las debidas condiciones de silencio en la Cámara. Adelante, señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
El club de golf del Prat de Llobregat, situado en el municipio de Prat de Llobregat, ha iniciado un proyecto de creación de un nuevo club de golf en el municipio de Tarrasa y el aval en el estudio económico-financiero que presenta el mismísimo club de golf se pronuncia sobre un proceso expropiatorio de sus terrenos al lado del aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat de Llobregat. ¿Cuáles son las condiciones que en el año 1970 el Gobierno, la Administración, negoció con el club de golf para la cesión de los terrenos y qué montante tiene este proceso expropiatorio que puede dar el aval para crear este nuevo proyecto empresarial al club de golf del Prat de Llobregat.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en su pregunta se hace referencia a un acuerdo firmado por el Ministerio de Defensa que no existía en esas fechas; se hace luego referencia a un acuerdo de AENA, que no pertenece a la competencia del Ministerio de Defensa, y se hacen, señorías, dicho sea con todo respeto, dos preguntas en una sola interrogación, cosa que hasta ahora no se admitía por la Presidencia.
Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta pregunta ha llegado aquí porque susodicho diputado lleva ya tres meses entre AENA y el Ministerio de Defensa.
Estamos ya hartos de meandros, de dar vueltas, de pelotazos, de que el Ministerio de Defensa nos mande a AENA y AENA nos mande al Ministerio de Defensa. Si esta pregunta no fuera para el Ministerio de Defensa, no tendría que responderla usted, porque esta pregunta no fue referida al Ministerio de Defensa, sino al Gobierno, y el Gobierno, en todo caso, es representante de AENA, del Ministerio de Infraestructuras y también del Ministerio de Defensa. La razón es la siguiente. Hoy en día hay un proceso especulativo en el municipio de Terrassa, dirigido por el Club de Golf del Prat de Llobregat, y el aval que utiliza la empresa Pinedas de Golf, S.A., que gestiona el club de golf, son los 3.000 millones de pesetas que, según dice la propia empresa en su estudio económicofinanciero, ofrece el Gobierno español como indemnización de los terrenos para la ampliación del aeropuerto. ¿Qué hay de esto? ¿Qué tipo de contratos se realizaron por parte del Gobierno en los años setenta? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué situación está?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta.
Señor Puigcercós, en 1926 se expropió ese terreno para la construcción de un aeródromo de la entonces llamada Aeronáutica Naval. En 1976 se concedió, por medio de arriendo al llamado Real Club de Golf, por el Fondo Regional de Atenciones Generales de la III Región Aérea con un canon de uso que se elevaba a 96.000 pesetas por los terrenos y 54.000 pesetas por la edificación. Respecto del proceso de reversión del antiguo bien expropiado, hay una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 1998 en la que se vuelve a reiterar que, no estando destinado a ejecución de edificaciones, está bien afectado el terreno a la construcción eventual de aeropuertos.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor ministro. Es imposible que se le escuche con los corrillos que hay en todo el hemiciclo y el tono tan elevado de las conversaciones.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, por su amparo, señora presidenta.
En 1989 se renueva la cesión de uso. En 1998 se suscribe un acuerdo marco entre Defensa y el Ministerio de Fomento para la transferencia a AENA de los recintos aeroportuarios -de ése y de otros tantos- y, finalmente, el consejo de administración de AENA, el 25 de octubre de 1999, acuerda el rescate de la cesión de uso para la ampliación del Prat.
Esta es la historia, señoría, con personalidad única de Gobierno, sin necesidad de formular dos preguntas, dirigirlas al Ministerio de Defensa preguntando por un tema de AENA.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA LÍNEA DE AVE ENTRE ALCÁZAR DE SAN JUAN Y JAÉN? (Número de expediente 180/000373.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. En primer lugar, pregunta número 24, que formula el diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta.


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted bien sabe, desde que hace ya varios años fuera inaugurada la línea de alta velocidad desde Madrid a Sevilla, la provincia de Jaén ha venido sufriendo un continuo descenso en cuanto al tráfico ferroviario y en cuanto al número de viajeros. Hasta tal punto se ha venido produciendo ese desmantelamiento que hoy podríamos hablar en la provincia de Jaén de un desierto ferroviario. Sin embargo, el anuncio que usted hizo hace pocas fechas, concretamente en el Senado, de la incorporación del corredor Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén ha levantado una enorme expectativa y grandes esperanzas. Por eso quisiéramos conocer hoy a fondo, señor ministro, cuáles son exactamente las previsiones del Gobierno para la línea de alta velocidad Alcázar de San Juan-Jaén.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puche.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, quiero hacer un comentario previo y una puntualización. El comentario previo es que el programa de alta velocidad no supone ninguna modificación en la continuidad de los corredores de tráfico de mercancías y, por lo tanto, lo que afecta a este corredor a efectos de mercancías seguirá como hasta ahora, con las mejoras necesarias en los programas de ferrocarril convencional.
La precisión es que el anuncio de su incorporación al corredor de alta velocidad se hizo en esta Cámara el 15 de junio y no en el Senado recientemente. Lo que hice en el Senado fue anunciar la situación de algunos de los tramos de este corredor, concretamente los que estaban entre Madrid y Alcázar de San Juan. Puedo decirle, ampliando aquella información, que el tramo Villaseca-Villasequilla en el día de hoy tiene publicado el estudio informativo para contratar la asistencia técnica y poner en marcha el procedimiento.
El tramo Alcázar de San Juan-Jaén está dividido a efectos constructivos en cinco subtramos: Alcázar-Manzanares, Manzanares- Santa Cruz de Mudela, Santa Cruz de Mudela-Vadollano, Vadollano- Linares, Linares-Jaén. Y, empezando por el final, quiero decirle que el estudio informativo del tramo Linares-Jaén lo tiene usted hoy licitado en el Boletín Oficial del Estado para la contratación de la correspondiente asistencia técnica, lo cual quiere decir que también se pone en marcha el tramo Alcázar de San Juan-Jaén por el lado de Jaén. El resto de los proyectos, que afectan al tramo Alcázar- Manzanares, Manzanares-Santa Cruz y Vadollano-Linares, estarán licitados antes de que termine el año, con las asistencias técnicas, y también el estudio informativo de un tramo en el que quiero detenerme: Santa Cruz de Mudela-Vadollano, que es exactamente el trazado por Despeñaperros. Nos planteamos una solución de acondicionamiento de este tramo en profundidad, lo que exige un estudio informativo para modificar sustancial-

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mente el trazado, como también ocurre en el tramo Linares-Jaén.
La redacción de los proyectos, que he anunciado que se producirá antes de final de año, permitirá que el año que viene se inicien licitaciones de obra, tanto en el tramo Madrid-Alcázar como en el tramo Alcázar de San Juan-Jaén. Esto es lo que en estos momentos permite disipar las preocupaciones acerca del olvido y la marginación ferroviaria que hasta ahora sentía y tenía la provincia de Jaén.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE ENTRE SEGOVIA Y VALLADOLID? (Número de expediente 180/ 000374.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don Tomás Burgos Gallego.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una avanzada política de infraestructuras es un signo distintivo de un buen Gobierno y a veces una expresión de justicia social con los ciudadanos, así lo ha entendido el Partido Popular, así lo practica y, por eso, ha impulsado el acceso ferroviario al norte y al noroeste de España, el tren de alta velocidad, una obra de enorme complejidad técnica y de gran envergadura económica, de la que el tramo SegoviaValladolid constituye el primer escalón en el tiempo; una obra -todo hay que decirlo- deseada por ciudadanos de cinco comunidades autónomas y en especial de la mía, de Castilla y León; una obra que coserá el cuadrante noroeste de España y que permitirá que la alta velocidad sea no sólo un gran avance tecnológico, sino un enorme salto hacia delante de ese territorio desde el punto de vista social y económico; una de esas pocas obras que admiten la calificación de históricas y que este Gobierno ha considerado siempre prioritaria. Es cierto que este proyecto ha consumido muchos esfuerzos de estudios, de valoraciones, de alegaciones, que se sigue trabajando por minimizar el impacto para alcanzar el mayor grado de consenso social y es positivo que así sea en democracia, pero también es comprensible la impaciencia de los ciudadanos, que a veces no conocen, ni tienen por qué, la enorme maraña de trámites administrativos previos que requieren estas grandes obras, porque pocas veces los ciudadanos han identificado tanto muchas de sus esperanzas, de sus expectativas de progreso y de futuro con la percepción de que una obra de esta envergadura va adelante y de que su confianza en un Gobierno no es defraudada.
Por ello, señor ministro, desde el reconocimiento al impulso político que usted ha sido capaz de dar a este gran proyecto, reconocido por todos -usted ha conseguido que aquellos que nunca apoyaron este proyecto, que pusieron en duda su puesta en marcha, que siempre lo criticaron y que pusieron todos los obstáculos posibles para su planteamiento ahora se callen-, y llegado el momento de empezar a convertir en realidad esta gran aspiración de los ciudadanos de esa gran parte de España, le pregunto cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento para iniciar la construcción del tren de alta velocidad entre Segovia y Valladolid.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, S.S. sabe que el paso decisivo para iniciar la etapa en la que ahora nos encontramos se produjo el día 19 de julio, con la declaración de impacto ambiental formulada por el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual permitió aprobar el estudio informativo del corredor de alta velocidad Segovia-Valladolid el 4 de agosto y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del 30 de agosto. A partir de ese momento, los ocho proyectos de los ocho tramos iniciaron su proceso de adaptación a las exigencias de la declaración de impacto ambiental, y una vez que los proyectos se han ido adaptando por las oficinas técnicas, se han ido solicitando autorizaciones al Consejo de Ministros para licitar las obras. Sabe S.S. que ya se ha autorizado la licitación de las obras de dos tramos; para el primero de ellos la licitación ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y la del segundo será publicada próximamente.
Quiero anunciarle que me propongo presentar al Consejo de Ministros la autorización antes de final de año de otros dos tramos, concretamente MatapozuelosValdestillas y Olmedo-Matapozuelos. A partir de la autorización del Consejo de Ministros, el GIF convocará la licitación y se publicará oportunamente en el Boletín Oficial del Estado. Suponemos y esperamos que los cuatro restantes proyectos, en función de las dificultades y de las necesidades de tiempo de trabajo de las oficinas técnicas, puedan estar presentados para supervisión en el GIF durante los primeros meses del año 2001, de tal manera que el Consejo de Ministros pueda autorizar en el primer semestre del 2001 la licitación de los cuatro tramos restantes, los cuales, si se cumplen estas previsiones, podrán estar en obras a finales del año 2001. Y quiero anunciarle que para los primeros, los que ya están licitados, se iniciarán las obras antes de que concluya el primer semestre del 2001.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MERINO SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA ACOMETER EL AVE EN EL PAÍS VASCO? (Número de expediente 180/000375.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don Antonio Merino Santamaría.


El señor MERINO SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, la conexión ferroviaria de calidad entre las capitales vascas y de estas con el resto de España y Europa es una vieja aspiración de los vascos. En el programa de infraestructuras ferroviarias 2000-2007 de su Ministerio se plantea el claro objetivo de conseguir la modernización del ferrocarril para lograr un modo de transporte moderno y competitivo. En este programa se contempla el corredor del cuadrante norte-noroeste, que comprende, por una parte, la línea Madrid-Hendaya, de la cual ya existen trabajos muy adelantados en distintos tramos, y, por otra, la nueva red ferroviaria en el País Vasco, comúnmente conocida como Y vasca, que se configura como una red en forma de Y, de 170 kilómetros de longitud aproximadamente, con los vértices en Vitoria, Bilbao y San Sebastián, que enlaza con la frontera francesa. Está diseñada con parámetros de alta velocidad y equipada con vía doble, ancho internacional, utilizable tanto por los trenes de viajeros como de mercancías, y los objetivos a cumplir por la nueva red son integrar las tres capitales vascas de forma efectiva en la red ferroviaria a través de la provincia de Burgos, conectar con la red europea de ferrocarril y comunicar adecuadamente las tres capitales vascas entre sí. La inclusión de esta nueva red en la planificación de construcción de nuevas infraestructuras de transporte ferroviario responde a la preocupación de la Administración por resolver la situación actual en la red ferroviaria en el País Vasco. Para la realización de la obra, la asignación que el Ministerio de Fomento tiene prevista en el plan director de infraestructuras asciende a aproximadamente 560.000 millones de pesetas. Por ello le pregunto, señor ministro, cuáles son las previsiones del Ministerio de Fomento para acometer el tren de alta velocidad en el País Vasco.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Coincido con S.S. en que esta obra es fundamental por tres razones: primero, porque va a permitir vertebrar ferroviariamente de forma efectiva el País Vasco con la red de alta velocidad de España; en segundo lugar, porque va a permitir conectar a través del País Vasco la red de alta velocidad española con Europa, y tercero, porque va a permitir también comunicar las tres capitales vascas entre sí y favorecer la cohesión territorial del País Vasco. Y es verdad que es una vieja aspiración, pero conviene recordar que esta vieja aspiración no tuvo adjudicado un estudio informativo hasta el 18 de julio de 1996, por el Gobierno del Partido Popular, que adjudicó el estudio informativo para poner en marcha el proceso constructivo. El estudio informativo fue sometido, en julio de 1998, a información pública. La declaración de impacto ambiental se obtuvo el 22 de octubre de 2000, el estudio informativo se acaba de aprobar el 24 de noviembre y sabe S.S. que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 contienen partidas presupuestarias para financiar la redacción de los proyectos. Me refiero, señoría, a los proyectos de 194 kilómetros de alta velocidad; a los proyectos por un importe estimado, después de las correcciones derivadas de la declaración de impacto ambiental, de 496.000 millones de pesetas. Esta es la tarea que tendremos que abordar a lo largo de los años 2001 y 2002: la redacción de proyectos constructivos que permitan acometer la última fase, que es la de licitación de las obras. Creo, señorías, que este proyecto es otra de las grandes realidades que va a ponerse en marcha en esta legislatura, y les quiero dar una información adicional. Estos datos y estas previsiones he tenido ocasión de trasladárselos hace dos días al ministro de Transportes francés en la reunión bilateral que mantuvimos en París para decirle que está en marcha la conexión hispanofrancesa entre Figueras y Perpignan, hemos recogido el guante para la conexión por el Canfranc y ahora le pedimos al Gobierno francés que acelere los trámites para programar la conexión por el País Vasco.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS MOTOCICLISTAS Y, EN GENERAL, DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS? (Número de expediente 180/000376.)

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La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don Manuel Seco Gordillo.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Fomento, si mi memoria y las bases documentales de esta Cámara no me engañan, creo que es la primera vez que en el Pleno del Congreso de los Diputados se habla de la seguridad de los motociclistas y eso para alguien que como yo es motociclista -moteros gustamos llamarnos- es un motivo de orgullo y de satisfacción.
Señora presidenta, señor ministro, en España circulan por nuestras carreteras casi un millón y medio de motocicletas; si a esa cifra sumamos los ciclomotores y scooters, se eleva hasta tres millones y medio de vehículos. Los usuarios y conductores de este tipo de vehículos de dos ruedas sufrimos el 26 por ciento de los accidentes, aunque solamente el 2,7 por ciento de los accidentes mortales, de los accidentes con víctimas. Atribuir esta alta cifra de accidentalidad a un incumplimiento generalizado por parte de los motoristas de las normas de circulación excediendo de los límites de lo razonable me parece una simplificación arbitraria e injusta. Ello es así porque las infraestructuras viarias en España están concebidas fundamentalmente para los vehículos de cuatro ruedas y determinadas medidas de seguridad, que son de extraordinaria y probada eficacia en el caso de accidentes con automóviles o en la reducción de las consecuencias de los mismos, significan, sin embargo, una causa de agravación o empeoramiento de dichos accidentes cuando son sufridos por motociclistas. Piénsese, por ejemplo, en el caso de las vallas de protección laterales, conocidas popularmente como quitamiedos o guardarraíles, cuya eficacia en el caso de los accidentes de vehículos de cuatro ruedas está más que demostrada, pero que en el caso de los motociclistas constituyen una auténtica pesadilla por el riesgo de amputación traumática de miembros que siempre supone. Otro tanto ocurre con otros elementos como la señalización horizontal (no se utiliza nunca pintura antideslizante), los contraperaltes que existen en las rotondas, etcétera.
Las medidas de adaptación que se podrían adoptar para corregir todos estos problemas son extraordinariamente económicas y además son más un problema de cambio de mentalidad que otra cosa. En su comparecencia del 16 de junio, el señor ministro anunció una serie de medidas a adoptar para mejorar la seguridad de los vehículos de dos ruedas. Por eso le formulo la siguiente pregunta, consciente de que sus competencias se limitan a la Red de Carreteras del Estado y que las comunidades autónomas y las diputaciones tienen también mucho que hacer: ¿Qué medidas, señor ministro, ha adoptado el Ministerio de Fomento para incrementar la seguridad vial de los motociclistas y, en general, de los conductores de vehículos de dos ruedas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Seco.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señorías, efectivamente, los accidentes de motocicletas y bicicletas provocados por la existencia de perfiles abiertos en la sujeción de las barreras de seguridad ya había conducido a una medida técnica para evitar sus consecuencias y ya estaba en marcha en todas las obras nuevas la sustitución de los perfiles abiertos por perfiles cerrados, que son los que se están instalando en todos los tramos nuevos de carretera o en todos los acondicionamientos de seguridad que se están realizando. Pero quedaba la asignatura pendiente de todas aquellas barreras de protección que tenían perfiles antiguos y comparto con S.S. esa preocupación, como ya anuncié en mi comparecencia -usted lo ha recordado- del 15 de junio pasado. Para solucionarlo, lo primero que ha hecho el Ministerio de Fomento en estos meses ha sido identificar 90 tramos, una longitud total de 270 kilómetros, en los que se pueden detectar concentraciones de accidentes por salida de vehículos de dos ruedas de una manera significativa. A lo largo de estos 270 kilómetros hemos ensayado y puesto en marcha una protección específica para los perfiles abiertos y hemos instalado tres tipos de protección a expensas de que el resultado nos dé la solución definitiva para el futuro. En unos casos hemos acudido a una protección de PVC, en otros a una protección metálica y en otros a una protección de poliestireno. En todo caso, a finales del mes de diciembre, esto es, al terminar este año, habremos protegido 72.400 postes con perfiles antiguos abiertos, que son los que causaban los riesgos que S.S. ha denunciado. Como digo, permitirán mejorar la seguridad en 270 kilómetros y, desde el punto de vista del esfuerzo presupuestario, debe saber S.S. que supone una inversión de 750.000 pesetas por kilómetro. Es una inversión que justifica perfectamente las medidas de seguridad que adoptamos y, evidentemente, supone el primer paso para la sucesiva atención y aplicación de medidas correctoras en el resto de zonas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MADERO JARABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO RESPECTO A LA AUTOVÍA DE TARANCÓN A CUENCA? (Número de expediente 180/000377.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don José Madero Jarabo.


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El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Fomento, de todos es sabido que la mala comunicación por carretera de la ciudad de Cuenca con el resto de España pudo ser resuelta en 1990 incluyendo dicha ciudad en el trazado de la autovía de Madrid a Valencia. Es el camino más corto y el trazado más coherente, pero no se hizo ni lo más lógico ni lo más conveniente, sino que se ejecutó el actual trazado cumpliéndose un verdadero récord de despropósitos. Se hizo un trazado más largo entre Madrid y Valencia, se produjo un retraso importante en las obras, así como un notable encarecimiento de las mismas y además se dejó sin resolver el enlace de Cuenca con las vías de alta capacidad, sin dejar de lado, naturalmente, el lamentable episodio de enfrentamientos que hubo entre el entonces ministro de Obras Públicas y el presidente de Castilla-La Mancha.
Señor ministro, el 15 de junio nos explicó en sede parlamentaria el Plan 2000-2007 de su Ministerio y nos habló de la autovía Cuenca- Tarancón-Toledo-Maqueda, que incorpora Cuenca a la red de alta capacidad, solucionando así el problema de esta ciudad en cuanto a comunicaciones por carretera. Asimismo, señor ministro, el Gobierno tiene proyectado en el citado plan la construcción de la autovía Cuenca-Teruel como corredor que, sin solución de continuidad respecto de la autovía Maqueda-Cuenca, constituye un eje vertebrador importantísimo y necesario entre el centro y el nordeste de España.
Nos consta, señor ministro, que se está trabajando intensamente en las tareas preliminares que estas importantes obras conllevan: estudios previos, impacto medioambiental, proyectos, etcétera. Por ello le pregunto, en nombre del Grupo Popular, qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento respecto a las autovías Cuenca-Teruel y Cuenca-Tarancón.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, en 1996 Cuenca y Teruel no existían en ningún programa de autovías. Hoy, en el año 2000, Cuenca y Teruel, con perdón, existen en el Plan de infraestructuras ferroviarias 2000- 2007 de autovías. Y además de existir en el programa de autovías, están puestas en marcha todas las actuaciones necesarias para acometer la ejecución de las obras. Su señoría se interesa por el tramo Cuenca- Teruel y tengo que decirle que es inminente su licitación en el Boletín Oficial del Estado y la asistencia técnica para redactar el estudio informativo. Y con respecto al tramo Tarancón-Cuenca, quiero recordarle que en 1996 no existía un estudio informativo, que dicho estudio se estaba redactando. Cuatro años después el estudio informativo está aprobado, la información pública realizada, la declaración de impacto ambiental obtenida y los proyectos licitados. Son tres los proyectos de este tramo: el tramo Cuenca-Abia de la Obispalia, que se licitó para su redacción en el año 1997, se aprobó el proyecto durante el año 2000, se dieron las órdenes de expropiación, se declararon de urgencia y quiero anunciarle la inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria para la licitación de las obras de este tramo; el tramo Abia de la Obispalia-Horcajada de la Torre tendrá el proyecto concluido en el año 2001, razón por la cual también está incluido en la programación económica de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y también irá al Boletín Oficial del Estado a efectos de su licitación a lo largo del ejercicio 2001. Y con un poco más de retraso marcha la asistencia técnica del proyecto Horcajada de la Torre-Tarancón, ya que la consultoría en estos momentos tiene un plazo vigente que probablemente se prolongue hasta el año 2002, independientemente de los esfuerzos que hagamos para tratar de acortar estos plazos.
Cuenca y Teruel, señoría, con perdón, existen ya en el programa de autovías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSU ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000359.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta número 11, que formula el diputado don Josu Erkoreka Gervasio.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora el Gobierno la situación actual de la Administración institucional del Estado?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.


Con carácter general, la valoración es positiva.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Erkoreka.


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El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
La Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado proclama en su exposición de motivos la voluntad de racionalizar y simplificar la caótica situación que en el momento de su aprobación ofrecía la Administración institucional del Estado.
Hoy, cuando todavía no se han cumplido cuatro años de su entrada en vigor, nos encontramos de nuevo con una Administración institucional mastodóntica, que tiene más de 130 organismos, sin contar, por supuesto, con las fundaciones sanitarias. Una cantidad ingente de entes públicos que además no deja de crecer todos los años a través de ese engendro jurídico que es la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En este mismo momento el proyecto de ley de medidas que se tramita en el Senado contempla la creación de dos nuevos organismos públicos que se sumarán a la ya larga relación de los existentes, contribuyendo con ello a aumentar el volumen de la ya abultada Administración institucional. Pero, con ser grave no es el de la dimensión el mayor de los problemas que plantea la situación actual de la Administración institucional del Estado, sino el de la heterogeneidad de regímenes jurídicos. Porque, aunque la Lofage, efectivamente, pretendió unificar el régimen jurídico de los organismos públicos estableciendo tan solo dos modelos, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, lo cierto es que, al amparo de las peculiaridades que pueden introducirse en materia de personal, en materia presupuestaria y patrimonial, estos dos modelos de hecho se han desgranado en una multitud de variantes que, unido a la relación de supuestos de estatuto singular o particular que contempla la propia ley, produce como resultado un mosaico abigarrado de entes públicos diferentes con regímenes jurídicos diferenciados. En definitiva, un panorama invadido por la excepción y la singularidad que se encuentra en las antípodas de las pretensiones de racionalización y de homogeneización que perseguía la Lofage.
Señor ministro, tiene que reconocer que este tema se les está yendo de las manos y que tienen que abordarlo inmediatamente antes de que la Administración institucional se convierta en un leviatán desproporcionado e ingobernable.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, yo no puedo estar de acuerdo con sus planteamientos.
En el plazo de dos años que marcaba la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado se han adecuado a esa organización 130 organismos, 64 organismos autónomos, 16 entidades públicas empresariales, 45 organismos públicos con régimen específico y las 5 entidades gestoras de la Seguridad Social. Solo falta la SEPI para la que se ha pedido un plazo de prórroga. No existe, por tanto, esa situación caótica. En efecto, en algún caso, en la Ley de medidas se ha tenido que hacer alguna transformación, pero son casos contados, por ejemplo, el del Instituto de Estudios Fiscales, que al transformarse en organismo autónomo abarca también a la anterior Escuela de Inspección de Hacienda, que era ya un organismo autónomo; o la transformación en Correos, que ha habido que hacerla con motivo de directiva europea. Por tanto, no es la situación que usted describe la de la Administración institucional.
En algún caso hay excepciones, pero para eso es la Administración institucional. Y su dimensión no me parece excesiva. Decía usted que eran 130 organismos más algún otro. Yo le puedo decir a usted, y no quiero utilizar el argumento ad hominem, que la Comunidad Autónoma vasca, donde está representado el Partido Nacionalista Vasco, tenía 32 organismos de este tipo en el año 1990 y ahora tiene 70, ha más que duplicado. Y estos son datos que vienen de todas las comunidades autónomas. Por tanto, no demonicemos las actuaciones de las administraciones públicas. Se ha hecho una labor muy eficaz, se sigue haciendo, y es una labor que debe continuar, pero es para estar manifiestamente satisfechos de lo que se ha hecho hasta ahora y del propósito de seguir haciéndolo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES HA REALIZADO EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CUANTO A SU COMPROMISO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PREMIOS A LA CALIDAD Y A LAS MEJORAS PRÁCTICAS? (Número de expediente 180/000382.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33 , que formula la diputada doña María Jesús Ruiz Ruiz.


La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el buen funcionamiento que los ciudadanos reclaman a la Administración, al que, por supuesto, tienen derecho, requiere de la mejora y perfeccionamiento de los medios materiales y de la modernización de equipos en los que las distintas unidades administrativas prestan servicios. Las partidas presupuestarias para esa modernización y dotación de medios han sido debatidas aquí hace semanas con carácter exhaustivo. Sin embargo, para el mejor objeti-

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vo de funcionamiento de la Administración hay un componente imprescindible para conseguirlo, cual es la adaptación y puesta al día del personal al servicio de las distintas unidades administrativas. Por tanto, deben contemplarse necesariamente políticas dirigidas a la formación y a la potenciación de la calidad de sus servicios. Por consiguiente, quisiéramos saber qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Administraciones Públicas tendentes a desarrollar el programa de premios a la calidad y a las mejoras prácticas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.


En efecto, como señala la señora diputada, los premios a la calidad y a las mejoras prácticas constituyen importantes actuaciones del departamento, enmarcadas en el compromiso global del Gobierno de mejorar los servicios públicos e introducir la excelencia y la calidad en la Administración general del Estado. El Gobierno convoca estos premios porque cree que la labor administrativa puede y debe mejorar cuando se compite dentro de los organismos públicos y dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo. Estos premios constituyen un reconocimiento y un estímulo, y valoran a aquellas personas y unidades administrativas que han hecho un esfuerzo especial en este servicio de calidad y de prestar un servicio mejor a los ciudadanos. Hemos hecho el Decreto 1259/1999, de 16 de julio, que en su capítulo IV regula los premios a las mejoras prácticas y el premio a la calidad en la Administración general del Estado. Esta es una actuación del Gobierno en la anterior legislatura, de mi antecesor, el ministro de Administraciones Públicas, pero este Ministerio esta plenamente convencido de que debe llevarla adelante y así quiere hacerlo. Estos premios están destinados a galardonar las iniciativas de mejora de la calidad en el ámbito de la Administración general del Estado. Se han presentado 15 candidaturas, hasta el 15 de septiembre, en que finalizó el plazo, de los ministerios de Hacienda, de Trabajo, de Presidencia, de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología. El premio a la calidad reconoce precisamente el órgano u organismo que se ha distinguido muy especialmente en el incremento de la calidad de sus servicios, de todos ellos. El otro premio, el de las mejoras prácticas, va destinado a una actividad concreta, éste a todo el organismo. El 30 de octubre ha finalizado el plazo de presentación de memorias de las 12 unidades que han solicitado participar, y estos trabajos son juzgados por unas personas cuya acreditación ha sido conseguida por el club de gestión de la calidad, que ha establecido unos cursos especiales con una participación muy numerosa. Está previsto, para los dos premios, que el proceso de evaluación y la propuesta del jurado se realicen a finales de enero y lo daremos en marzo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DELDIPUTADO DON ADOLFO FERNÁNDEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DE HIDROTECNIADELCONSEJO DE EUROPA? (Número de expediente 180/000381.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, dirigida al ministro de Medio Ambiente, que formula el diputado don Adolfo Fernández Aguilar.


El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Señor ministro, la Asamblea del Consejo de Europa, en sesión plenaria recientemente celebrada, ha aprobado unánimemente la creación del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, que tendrá su sede en Murcia. El agua se ha convertido en uno de los más grandes problemas de la humanidad por ser un recurso cada vez más escaso. De ahí la importancia de este instituto, que nace para interconexionar proyectos y conocimientos relacionados con el agua, y pretende realizar un esfuerzo en la investigación global de sus problemas y soluciones, a través de la colaboración científica a escala internacional, y en el intercambio de conocimientos y experiencias adquiridas. Su objetivo primordial consiste en el establecimiento de una red de cooperación entre centros e instituciones públicas y privadas de la Unión Europea, de los países miembros del Consejo de Europa y de los países del Magreb de la cuenca mediterránea para el estudio de los recursos hídricos y la investigación de nuevas tecnologías del agua. Señor ministro, mi intervención se basa, más que en formularle estrictamente una pregunta, en que esta Cámara tenga conocimiento de tan importante proyecto para Europa y, al mismo tiempo, para dejar constancia pública de nuestra gratitud por el apoyo del Gobierno español en la culminación de esta iniciativa, y muy especialmente a usted, señor ministro, ya que gracias a su ayuda y protección el citado instituto será pronto una eficiente realidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno valora muy positivamente la decisión del Consejo de Europa de crear el

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Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y especialmente la ubicación de este organismo en la ciudad de Murcia. He tenido ocasión de expresar personalmente esta opinión en el seno del Consejo de Europa el pasado mes de septiembre, con la colaboración de todas las diputadas y diputados españoles asistentes a la reunión del Consejo en esa sesión, y también de reiterarle nuestro apoyo al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el señor Rusell Johnston, en un encuentro mantenido en Madrid recientemente. Através de este instituto podrá establecerse una red de cooperación con otros centros análogos de la cuenca mediterránea y se podrá desarrollar una línea de colaboración en la investigación científica, a escala internacional, en este tipo de materias relacionadas con la hidrotecnia, con el agua, para aportar soluciones al aprovechamiento de este recurso. Ahora, lo que hay que hacer es dar los pasos necesarios para que esta oficina se pueda poner en funcionamiento, para que este instituto sea operativo. El Ministerio de Medio Ambiente ha expresado su apoyo a la fundación internacional que se creará en el año próximo; incluso se ha tramitado una enmienda presupuestaria de 50 millones de pesetas que, si se aprueba, será la aportación que el Ministerio podrá realizar para el mantenimiento de este instituto. También se están llevando a cabo en este momento las gestiones para definir la ubicación de este organismo en Murcia.En definitiva, debe establecerse un proceso de colaboración entre las administraciones, los organismos y todas las entidades interesadas para dar operatividad a este organismo.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO RESOLVER LA CRISIS CAUSADA POR EL MAL CONOCIDO «DE LAS VACAS LOCAS»? (Número de expediente 180/ 000369.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En primer lugar, pregunta número 20, que formula el diputado don Jesús Cuadrado Bausela.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno de forma inmediata para enfrentarse a esta grave crisis de las vacas locas? Y cuando digo: qué medidas, me estoy refiriendo a medidas concretas que han de ponerse en marcha ya, no a ese estilo de vamos a hacer y nunca hacemos, que ha farfullado no hace mucho tiempo el presidente del Gobierno; me estoy refiriendo, señor ministro, a medidas para que no cunda entre la opinión pública esa sensación de caos que existe en relación con el tratamiento que el Gobierno está dando a esta crisis.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
La afirmación de que existe una sensación de caos no la comparte ninguna de las personas de las comunidades autónomas de cualquier signo político con las que ayer tuve ocasión de dialogar en conferencia sectorial para abordar este problema. Se está actuando de forma concertada y ordenada. El Gobierno, además de las medidas tomadas hasta la fecha, va a aprobar junto con las comunidades autónomas un plan nacional de vigilancia activa y erradicación de las encefalopatías para el año 2001, mediante un real decreto consensuado con todas las comunidades autónomas, que incorpora toda la normativa comunitaria adoptada recientemente, la última en el día de ayer. Como complemento a esta norma, el Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de un plan de acción que va a contemplar cinco acciones puntuales: la primera, la eliminación total de los materiales específicos de riesgo para rumiantes mayores de doce meses y del bazo de todos los rumiantes, y la eliminación de los intestinos de todos los bovinos; la segunda, la eliminación de los cadáveres de las explotaciones, que será obligatoria para todos los animales muertos en granja desde el 1 de marzo de 2001; la tercera, la puesta en marcha de los mecanismos de cumplimiento de la prohibición temporal del uso de harina de carne y hueso; la cuarta, el chequeo en laboratorio de todos los animales de riesgo mayores de treinta meses sacrificados de urgencia y el chequeo obligatorio de todos los animales de más de treinta meses que entren en la cadena alimentaria desde el 30 de junio y, la quinta, la puesta en marcha de medidas de intervención para apoyar el mercado, a través de la adquisición de animales vivos de más de treinta meses para su destrucción y eliminación. En conferencia sectorial, junto con las comunidades autónomas, estamos evaluando el coste, el sistema de financiación de todas las medidas y el establecimiento de un plan de seguros agrarios para garantizar la recogida de cadáveres. Estamos suscribiendo ya convenios de colaboración para la actualización del personal y material de todos los laboratorios de las comunidades autónomas. Se va a potenciar el laboratorio de Algete y se va a firmar un nuevo convenio con el laboratorio nacional de referencia en Zaragoza. Hemos ofrecido a las comunidades

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autónomas toda la colaboración para el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en la materia. Vamos a establecer la red de alerta sanitaria veterinaria y se va a crear por ley la agencia de seguridad alimentaria nacional.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Estamos en ello, me viene a decir usted, señor ministro, en cosas que ha citado, algunas de las cuales deberían estar realizándose en España desde 1997, como sabe muy bien.
La sensación de caos no la ha detectado el Grupo Socialista en exclusiva. Si usted vuelve la cabeza, verá un titular en primera página del diario La Razón que dice: Los errores de dos ministros provocan el caos en la crisis de las vacas locas. No sé si le tengo que explicar a qué dos ministros se refiere esta noticia. ¿No hace falta que se lo explique, verdad, señora ministra? Sobre todo porque, ¿qué es lo que crea el caos? Pues ya que está usted aquí, señora ministra, el caos lo crea decir que hay mataderos ilegales, y no cerrarlos; el caos lo crea el distinguir ante los españoles una carne comestible y cara, y una carne barata, que se supone que es basura, y que ustedes autorizan a los españoles a que la puedan comprar. Eso es crear el caos, señora ministra. Y lo peor de todo, lo más vergonzoso para cualquier español, es que tenga que venir un comisario europeo a recordárselo a ustedes, a un Gobierno que, por supuesto, no se coordina. Y crea alarma que ustedes hayan estado votando sistemáticamente en los consejos de agricultura contra la medida de retirar los materiales de riesgo. Y crea alarma que en este momento por ejemplo la organización ganadera más importante de Galicia, que agrupa al 70 por ciento, esté diciendo a todo el país -y además lo está diciendo de una manera publicitada- que, puesto que ustedes no garantizan la retirada de cadáveres de los establos, harán lo que puedan con ellos, porque además tienen que pagar 80.000 pesetas para retirar cada vaca. Y esto es lo que crea caos, lo que crea desconfianza y lo que crea alarma. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, caos crea el oportunismo político. En este asunto las comunidades autónomas están colaborando con el Gobierno afrontando un problema de enorme envergadura, en el cual estamos teniendo que asumir unas obligaciones comunitarias que se han creado, unas el 4 de diciembre, otras el 12 de diciembre. El mismo día 12 de diciembre estábamos reunidos con las comunidades autónomas para articular los mecanismos de respuesta, y todos los consejeros, incluso de las comunidades socialistas son conscientes del problema, son conscientes de que el Gobierno está actuando correctamente. Ustedes hacen oportunismo político permanentemente. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE LA RECIENTEMENTE APROBADA REFORMADE LAORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS? (Número de expediente 180/000378.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don Eduardo Javier Contreras Linares.


El señor CONTRERAS LINARES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, se cumplen hoy tres meses de aquella sesión de control en la cual le interpelaba sobre la posición que el Gobierno de España tenía previsto mantener ante la entonces futura reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Hablábamos en aquella ocasión de los tres frentes que la reforma parcial de esta OCM abordaba: fondos operativos de las organizaciones de productores; de otro lado, umbrales de cítricos y peras de transformación y, finalmente, la regulación de tomates de transformación. Aprovecho este trámite parlamentario para pedirle que nos diga cómo han quedado definitivamente estos productos tras la última reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada el pasado mes de noviembre. También sería de interés que nos ofreciese una valoración económica de lo que pueden suponer las medidas a adoptadas en la reforma, así como su comparación con el estado anterior, para ver si se empeora o se mejora. Por todo ello, señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de la recientemente aprobada reforma de la Organización Común de Mercados de frutas y hortalizas? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno valora positivamente esta reforma porque mejora sustancialmente algunos aspectos de la

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relación actual que habían reiterado los países mediterráneos productores. Supone para España un flujo adicional de ayudas comunitarias superior a los 12.000 millones de pesetas anuales, y un incremento anual en el ámbito comunitario de 177 millones de euros respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Para la constitución de los fondos operativos para organizaciones de productores se incrementa la ayuda comunitaria desde el 2,5 por ciento hasta el 4,1 de la producción comercializada, y eso supone para el sector español un aumento de alrededor del 25 por ciento y una posibilidad de subir hasta el 50 por ciento, si todas las organizaciones de productores hicieran estas peticiones. Se simplifica la gestión de los fondos operativos. Respecto a los umbrales de cítricos para transformación se ha acordado un incremento neto del umbral total comunitario en más de un 22 por ciento. A España se le ha asignado un total de un millón 64.000 toneladas para transformación de cítricos, 600.000 para naranjas, 192.198 para limones, 270.186 para pequeños cítricos y 1.919 para pomelos. Ala vista de las cantidades transformadas durante las últimas campañas van a permitir que las organizaciones de productores perciban la ayuda sin reducciones, desapareciendo las penalizaciones que venían padeciendo. Respecto de tomates se ha acordado un umbral que supone un incremento de un 23 por ciento del contingente actual. Para evaluar la idoneidad de esta cantidad hay que recordar que en la última campaña se transformaban un millón de toneladas y que nos han dado un umbral de un millón 238.000. Se ha acordado además para España umbrales de transformación de 35.000 toneladas para peras y 180.000 para melocotones, superiores a la media transformada en las tres últimas campañas. Se ha conseguido un incremento de ayudas para los tomates y peras transformadas, situándolas a nivel superior a las existentes actualmente. Y se han atendido dos reivindicaciones de España: distribuir el umbral de tomates entre tomate pelado y otros productos, y en el caso de los pequeños cítricos entre transformados, zumos y gajos. Con ello tenemos instrumentos que nos permiten gestionar perfectamente las organizaciones de productores con equilibrio territorial.
En conclusión, entendemos que es razonablemente positivo el acuerdo alcanzado y que la modificación de los umbrales va a permitir la utilización de la industria como un instrumento de regulación de la oferta en el mercado, mejorando las rentas de agricultores en relación con las percibidas hasta ahora.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JAVIER IGNACIO GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA PREVÉ EL GOBIERNO QUE PUEDEN EXISTIR EN LA PRESENTE CAMPAÑA? (Número de expediente 180/000379.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don Javier Ignacio García Gómez.


El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, durante los últimos meses hemos venido hablando sobre la situación actual del aceite de oliva, sobre su precio, las producciones, el consumo, las subvenciones, y se han vertido todo tipo de afirmaciones sin ningún tipo de rigor, y en varios casos faltando a la realidad del sector: los precios se hunden y no se recuperarán; la subvención a la producción es escasa; el consumo se ha retraído y será imposible de levantar. Esta afirmación fue realizada por el primer partido de la oposición, por el consejero de agricultura de la Junta de Andalucía y por alguna que otra organización agraria, que siguen empeñados, cómo no, en enviar un mensaje catastrofista tanto a la sociedad como a los productores, como a los trabajadores del campo. Frente a esto, nos encontramos no sólo con un mensaje positivo por parte del Gobierno central y el partido que le apoya en este hemiciclo sino con un mensaje real de la situación y en perfecta sintonía con el sector. Se ha demostrado que el precio del aceite ha subido, que el consumo desde el mes de junio también ha aumentado; por tanto, calculo que las existencias finales de aceite de la última campaña también habrán disminuido con respecto a las previsiones finales de ese mismo año. Conocidos los factores de precio y consumo es importante conocer para el sector, para la actual campaña 2000-2001 -esta es mi pregunta-: ¿Cuál es la previsión de existencias finales o de enlace de aceite de oliva entre la pasada campaña de la aceituna de 1999-2000 y la actual 2000-2001? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
De acuerdo con los últimos datos de que disponemos, las previsiones de existencia de aceite de oliva a 31 de octubre de 2000 se estiman en menos de 200.000 toneladas, lo cual supone el nivel más bajo de existencias de las tres últimas campañas.Este nivel de stock de enlace de campañas tiene que permitir que la comercialización del aceite de la campaña 2000-2001 no tenga que presentar dificultades ni tensiones en el mercado de los precios para productores y consumidores. La producción de aceite de oliva virgen en la campa-

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ña 1999-2000 alcanzó la cifra de 662.000 toneladas, los niveles de consumo de 538.000 toneladas y los de exportación 350.000 toneladas, lo cual hace un total de 888.000 toneladas comercializadas de aceite de oliva virgen y suponen una media mensual de salidas en torno a las 73.000 toneladas. La campaña 1999-2000 se inició con unas existencias totales de 401.300 toneladas, es decir, un 54 por ciento más de las existencias iniciales de la campaña anterior 1998-1999. A 30 de septiembre, según los datos facilitados por la agencia para el aceite de oliva, las cantidades totales eran de 269.000 toneladas, lo cual supone un 40 por ciento menos de las cantidades de la campaña pasada a la misma fecha y un 23 por ciento menos que la campaña 1997. De esta cifra, que ya sería aceptable de enlace de las campañas, puesto que es el nivel que se considera deseable para las necesidades de consumo de dos meses y medio, hay que deducir las 73.000 toneladas correspondientes a las exportaciones y el consumo interno del mes de octubre. Por eso estamos con cifras de enlace muy inferiores a las 200.000 toneladas y, si utilizamos un periodo más amplio, según la media mensual de las tres campañas anteriores estamos en una cifra de consumo total superior, por lo que la estimación final sería aún más baja. En definitiva, contamos con unas existencias finales con las que, pese a la cosecha que se nos augura como buena, podremos gestionar perfectamente el mercado del aceite de oliva sin tensiones de precios indeseables que puedan causar problemas a los productores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON GABRIEL MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ POSICIÓN TIENE EL GOBIERNO CON RELACIÓN AL MANDATO CONFERIDO EN EL CONSEJO GENERALDE ASUNTOS GENERALES A LACOMISIÓN EUROPEA PARA QUE SOLUCIONE EL CONTENCIOSO DEL PLÁTANO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO? (Número de expediente 180/000380.)

La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 31, que formula el diputado don Gabriel Mato Adrover.


El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, sé que le consta y me alegro por ello que el cultivo del plátano es absolutamente fundamental para Canarias y vital para algunas de sus islas, en concreto puedo referirme a la isla de La Palma, y lo es no sólo desde el punto de vista económico sino también social y medioambiental. Por ello, la defensa de este sector creo que requiere un decidido y unánime apoyo y una perfecta coordinación entre productores, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Es cierto que la OCM del plátano no ha estado exenta de todo tipo de problemas, problemas que se agravan a partir de 1997, cuando el órgano de solución de diferencias de la OMC dictaminó que ciertos aspectos esenciales de la reglamentación comunitaria eran incompatibles con las normas de dicha organización.
Desde entonces ha sido sin duda largo el camino recorrido, un camino que tanto usted, primero en sus antiguas responsabilidades como eurodiputado y luego como ministro, como yo, en mis anteriores responsabilidades como consejero de agricultura del Gobierno de Canarias y ahora como diputado, hemos compartido. Pero no tenemos que hablar de pasado sino de futuro; un futuro que se inicia con la comunicación presentada en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea el pasado día 9 de octubre, con una propuesta de solución que puede ser perfectamente aceptable por los productores canarios, por cuanto elimina el mayor riesgo y la mayor preocupación de todos los agricultores canarios, que es la implantación automática del llamado tarif only; un futuro que continua hoy mismo con el debate que se está produciendo en estos mismos momentos en el Parlamento Europeo de un dictamen que va más allá de aquel que habían acordado los ministros de Asuntos Generales en octubre y que, sin duda alguna, contará con el apoyo mayoritario de la eurocámara en la previsible votación de mañana, y que permitirá que la Comisión pueda adoptar una decisión definitiva sobre este contencioso. Por fin, un futuro que esperamos despejar definitivamente en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra el próximo martes, en la que estoy convencido -y le exhorto a usted a que lo haga así como ministro, en representación de España, y junto con Francia, tal como se hizo ya en la reunión del Comité especial de Agricultura celebrado el lunes pasado- de que se insistirá en la necesidad de garantizar las rentas de los plataneros canarios y muy especialmente de modificar el artículo de dicho reglamento.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
La política seguida por la Administración española ha sido siempre la defensa de la OCM del plátano en sus términos actuales. Es decir, una OCM que limite las cantidades de plátano a importar procedente de terceros países en condiciones preferenciales y que apoye a los productores comunitarios, mediante una compensación económica por pérdida de renta. El Gobierno considera que con esta OCM se ha regulado adecuada-

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mente el mercado comunitario de plátano, se ha garantizado a los consumidores suministros a precios razonables, se ha otorgado una protección efectiva a la producción comunitaria y se han respetado los compromisos internacionales contraídos por la Unión Europea. Por ello, ante las propuestas de reforma presentadas por la Comisión, el Gobierno español ha tratado de impedir la puesta en marcha del sistema tarif only directamente y ampliar lo más posible dicho periodo y que, al final del mismo, no haya automatismo en el pase al sistema de tarif only para que, sin considerar otros aspectos que pudieran darse, tras el periodo transitorio, se afianzara el nuevo régimen entre los operadores y suministradores y no fuera necesario pasar a ese sistema.Las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales van en esta línea. Por tanto, la valoración que se hace desde el Gobierno es francamente positiva con la prudencia de que no hay decisiones definitivas. En este sentido, al concluir la Comisión en el documento presentado que el método de gestión de contingentes, llamado primer llegado o primer servido es viable para los contingentes del plátano y ser considerado por el Consejo como base para solucionar el conflicto, se aleja la posibilidad de que se aplique el sistema tarif only directamente, como pretendió la Comisión en un pasado reciente, por no encontrar soluciones compatibles con la Organización Mundial de Comercio.Por otra parte, el punto segundo de las conclusiones de Asuntos Generales, aparca la decisión sobre el automatismo del tarif only relegando una decisión sobre el mismo hasta que se conozcan los resultados de las negociaciones en el GATT y las repercusiones que tendría su aplicación para productores y consumidores comunitarios. En definitiva, las conclusiones están dirigidas a que la Unión Europea disponga de un régimen de contingentes, gestionado por el primer llegado o primer servido o por otro de referencias históricas consensuado que, de ser viable, funcionaría unos años, precisándose a su término mayoría cualificada del Consejo para su sustitución por la opción tarif only.Esta es la postura defendida por el Gobierno español y va a suponer la necesaria modificación del artículo 16 del Reglamento, en los términos establecidos por el Consejo de Asuntos Generales, que debe ser seguido fielmente por la Comisión.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULAA LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO ANTE LOS NUMEROSOS CASOS DE CIUDADANOS AFECTADOS DE «LEGIONELLA»?. (Número de expediente 180/ 000370.) La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21 dirigida a la señora ministra de Sanidad y Consumo, que formula la diputada doña Matilde Valentín Navarro.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, presidenta.


¿Qué está haciendo el Gobierno ante los numerosos casos de ciudadanos afectados por la legionella?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Señora diputada, de acuerdo con las competencias actuales que tiene en salud pública el Gobierno central hemos puesto en marcha los mecanismos adecuados en conjunción con las comunidades autónomas en una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Salud Pública.
Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valentín.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Señora Villalobos, hay mucha gente que está profundamente preocupada porque ante los distintos brotes de legionella que se han producido en nuestro país, la autoridad sanitaria de la señora ministra ha brillado por su ausencia y, si tiene alguna duda, puede pasarse por Alcoy y preguntar a cualquier ciudadano. Estamos ante un problema grave de salud pública que no puede ser ignorado, que ha trascendido los límites de una comunidad autónoma: brotes en Vigo, en Barcelona y, con mayor contundencia en Alcoy, cuyos ciudadanos están viviendo un verdadero calvario con 140 personas afectadas, algunas de las cuales han fallecido.
Señora ministra, el Grupo Socialista no le pone el adjetivo de grave a esta situación. Lo hace la propia Fiscalía de la Audiencia provincial de Alicante que investiga de oficio lo que está pasando con la legionella en Alcoy por tratarse de un tema grave. Ante estos brotes, usted vuelve a mirar para otro lado, buscando responsables que carguen con su incompetencia manifiesta sin aportar soluciones para los ciudadanos. No se esconda detrás de la cantinela de que las competencias en materia de salud pública están transferidas.
Transferir una competencia no significa que el Ministerio de Sanidad transfiera su responsabilidad, porque si así fuera estaría usted firmando el acta de defunción del propio Ministerio. Ejerza las competencias que le corresponden como máxima autoridad sanitaria de todo el país y ante problemas generales de salud pública hay que buscar soluciones homogéneas que sirvan para todos.


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Ya se hizo un primer intento con la publicación por el Ministerio de las recomendaciones para el control y prevención de la legionelosis o con la iniciativa de algunas comunidades autónomas, pero esto no es suficiente. Por eso, desde el Grupo Socialista le sugerimos, señora ministra, que, para estos brotes o los que puedan surgir en el futuro, a través del Consejo interterritorial, formalmente, con orden del día y con propuestas concretas, se adopten las medidas que se consideren oportunas cooperando con las comunidades autónomas; que se elabore una norma básica con los criterios mínimos que tienen que cumplir las instalaciones de riesgo y los controles sanitarios para evitar o al menos minimizar el riesgo. Y un ruego, cuando a la sociedad le preocupe algo, señora ministra, no se escabulla del Parlamento, comparezca en la Comisión de Sanidad, porque esto servirá de tranquilidad. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, a veces yo tengo serias dudas sobre cuál es la posición del Partido Socialista en lo que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas. Y usted ha sido consejera de Sanidad de una de ellas. Usted sabe que el Ministerio de Sanidad tiene unas competencias que están atribuidas por ley y otras que son de las comunidades autónomas. En ese sentido, inmediatamente convocamos en una comisión extraordinaria a todos los directores generales de Salud Pública y, a instancias del Ministerio, se aprobó la elaboración de una normativa general para todos, para controlar aquellas cuestiones que afectan directamente a la aparición de estos brotes.
Ala ministra de Sanidad le preocupa cualquier situación que afecte a la salud pública, cualquiera, y no necesito que ninguna audiencia diga nada. Y no elija usted la ciudad de Alcoy como el elemento fundamental de un pimpampum de fuego político que afecta a muchos ciudadanos, poniendo en mal lugar a una ciudad que, por desgracia, está sufriendo un problema que también sufren otras ciudades y que, entre todos, tenemos que intentar resolver. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho algo que va más allá de lo que es nuestra competencia, a petición de las propias comunidades autónomas. Y esta ministra asumirá todas las responsabilidades y todas las competencias que pueda para resolver los problemas de salud pública de todos los ciudadanos. Pero por encima de todo, querida señora diputada, tengo que respetar las leyes. Por tanto, mantenga usted aquí la misma posición que mantenía cuando era consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pues ya defendía usted de forma a veces hasta excesiva -pienso yo- sus competencias como consejera de Sanidad.
Estamos resolviendo el problema teniendo en cuenta todas las normas que tenemos que respetar, teniendo en cuenta la opinión de todas las consejerías, teniendo en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y estamos elaborando -insisto- normas y poniendo al servicio de esas comunidades autónomas el Carlos III, para trabajar e investigar en la solución de este problema, que, si a usted le afectara igual que a mí, no haría ese tipo de preguntas. (Aplausos.) Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LOS CRITERIOS POLÍTICOS Y DE PLANIFICACIÓN SANITARIA QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN MEDICAMENTOS, LAS CARACTERÍSTICAS DEL NECESARIO PROCESO DE DIÁLOGO QUE HA DE MANTENERSE CON LOS DIFERENTES SECTORES IMPLICADOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESTA MATERIA. (Número de expediente 172/000051.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día, interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre los criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse con los diferentes sectores implicados, así como los criterios de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Señora ministra, señoras y señores diputados, el Grupo parlamentario de Coalición Canaria presenta esta interpelación en relación con el gasto sanitario en medicamentos, pues, como saben, durante el próximo año 2001 ha de negociarse un nuevo período de financiación de la sanidad. Todos sabemos también que es este el principal elemento distorsionador, el gasto en medicamentos, del objetivo de ajuste presupuestario al gasto real del sistema sanitario público. Estamos ante un problema que no es originado, lo sabemos todos, por una única relación causa-efecto. No es un problema causado unilateral-

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mente por una prescripción desmedida de nuestros facultativos o inducido unilateralmente por nuestros farmacéuticos, bien del ámbito hospitalario, de la atención primaria o de las oficinas de farmacia.
Es un fenómeno sabemos que complejo y son muchas las variables que lo condicionan: Innovaciones científicas y tecnológicas, nuevas moléculas que son más eficaces pero también más costosas, aumento de la esperanza de vida ligado a una mejora en la calidad de vida.
Cuando se puede, se quiere vivir más y mejor y es una legítima aspiración.
Desde 1986 hasta ahora, con la constitución del Servicio Nacional de Salud, la cobertura de este ha ido aumentando. La accesibilidad a un nuevo modelo de atención primaria, también. Esto conlleva un aumento lógico en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades crónicas, de una forma más precoz, lo que genera un aumento en los costes. A esto hay que sumar la presencia desgraciada en casi todas las comunidades autónomas, transferidas y no, de cada vez mayores presiones asistenciales a las que están sometidos los médicos de atención primaria, con medias inclusive superiores a 50 pacientes/día. Pero quizás la variable que más está influyendo en España y que merma en gran parte los esfuerzos y las medidas que se toman para contener el gasto público en medicamentos es la poderosa tendencia a la integración de España en el mercado europeo, en particular en el farmacéutico. El factor determinante del crecimiento es el incremento del coste medio de las recetas. Comparándonos con otros países europeos, no estamos en una situación de alarmante crecimiento de números de recetas ni tampoco en un aumento alarmante del consumo. Hay un crecimiento del precio efectivo del medicamento. Es una tendencia en todos los países desarrollados. En Europa se está produciendo una progresiva convergencia de precios y lógicamente el impacto en España es mayor pues partíamos de precios más bajos.
Decíamos en junio desde esta misma tribuna, en el debate del real decreto de medidas urgentes para la contención del gasto, que era necesario analizar la información de todos los indicadores que nos pueden orientar a conocer qué es lo que impulsa al crecimiento del gasto. Es cierto que hay una creciente participación del gasto farmacéutico en el PIB y en la mayor parte de los países desarrollados ocurre así. Decíamos que el porcentaje del gasto farmacéutico con respecto al total del gasto sanitario no es el mejor indicador, sobre todo con fines de comparación. Son valores relativos que no nos pueden inducir a error, máxime cuando la situación de España, en cuanto a la financiación dedicada a la sanidad en términos de PIB, está aún por debajo de la media de los países de Europa desarrollados.
Señorías, yo les invito a que se haga el cálculo de cuál sería el porcentaje de gastos en medicamentos, si, gastando lo mismo, el gasto sanitario con respecto al PIB no fuera, como es el de España, de aproximadamente el 7,3-7,4 por ciento, sino que fuera como es en Alemania, que ronda el 10 por ciento, o en otros países, que están alrededor del 8 o el 9 por ciento. Hacer un esfuerzo en la contención del gasto que no ponga en peligro la prestación ni su necesaria evolución ante las nuevas necesidades requiere que utilicemos e interpretemos también otros indicadores, gasto farmacéutico per cápita -España es, hoy por hoy, uno de los países comunitarios con un menor gasto per cápita; sólo tenemos por debajo de nosotros a Grecia y a Irlanda-, además del indicador de consumo por unidades de medicamento per cápita, que sí que nos permite compararnos. En España son múltiples las medidas puntuales que se han venido tomando, por este Gobierno y también por gobiernos anteriores. Aportaciones de la industria, financiación selectiva, medicamentazo, bajadas de precio, márgenes, genéricos, precios de referencia.
En esta interpelación quisiéramos resaltar dos cosas. Primero, que seamos conscientes de que, igual que ha ocurrido en España con las medidas que se han venido tomando y lo que ha ocurrido en otros países europeos, si observamos las experiencias a este respecto, siempre se produce con posterioridad un efecto rebote más o menos fuerte, que tensa con altibajos la línea de evolución que contienen hasta cierto punto, pero que son incapaces de revertir la tendencia real de evolución al alza de este gasto. Por lo que, insisto, a efectos de planificación presupuestaria y de la financiación pública del Sistema Nacional de Salud, hoy por hoy es irreal hacer previsiones con los supuestos ahorros generados por las medidas de contención del gasto en medicamentos. Si no somos realistas en este punto, estaremos generando déficit de financiación en el Insalud a las comunidades autónomas transferidas y a las que están por transferir. Y, señorías, los déficit de financiación no conllevan una mejor gestión, sino que nos abocan a todos y al sistema a un círculo vicioso de ineficiencia, del que es difícil salir y suele ser más costoso.
Entendemos, en segundo lugar, que es necesario dar un salto cualitativo, adoptar estrategias globales e integradoras en la gestión del gasto en medicamentos. Las comunidades autónomas deben participar activamente en la planificación de estas políticas, aportando sus particularidades y la experiencia en la gestión de esta prestación. Tengamos en cuenta que el acierto o desacierto en las políticas de la gestión del gasto lo sufren directamente las comunidades autónomas. Hoy por hoy, sólo las transferidas, pero próximamente, conforme culmine el proceso de transferencias, este problema se extenderá al resto de las comunidades autónomas. Esto supone una situación de transferencia de una prestación que genera déficit y para paliarlo desgraciadamente se profundiza en los círculos de la falta de eficiencia que antes comentábamos. En última instancia, nos preocupa la repercusión que esto puede ocasionar en la prestación en sí, aparte de la prestación en el medicamento,

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así como que esto se produzca de una manera desigual en el territorio. No olvidemos que muchos de los aspectos de la regulación del medicamento y de esta prestación forman parte de la legislación básica del Estado.
Por eso, señora ministra, entendemos que para ser todos corresponsables tenemos que ser copartícipes sobre la base de preservar los contenidos de la prestación sanitaria y, dentro de ella, la del medicamento, sobre una base de homogeneidad y solidaridad en todo el territorio del Estado, tal como recoge nuestra Ley General de Sanidad. Los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos y los farmacéuticos, han de participar también activamente en estas políticas, si queremos que sean eficaces. No olvidemos que la propia Ley General de Sanidad, en el artículo 103, en el caso de las oficinas de farmacia, las define como establecimientos sanitarios y dice que deben estar sujetas a una planificación sanitaria, como lo están. Es necesario utilizar, entendemos, este valor añadido en la dispensación del medicamento desde un punto de vista sanitario en el uso racional del medicamento; es necesario desarrollar el artículo 5 del Real Decreto 5/2000, en aras a una mayor racionalización de la actividad de promoción de especialidades farmacéuticas, que, como usted misma decía, señora ministra, en el debate del día 29, es sin duda un elemento que incide en el estímulo de la demanda.
Conscientes del esfuerzo que se realiza desde el Ministerio, al igual que desde las administraciones autonómicas, pero conscientes también de que la complejidad del problema requiere un esfuerzo de corresponsabilidad para que el crecimiento del gasto en medicamentos se produzca dentro de los límites de tolerancia de la economía española, traemos hoy el debate a esta Cámara y quisiéramos conocer la planificación de carácter integral que se está haciendo desde el Ministerio, cuál es el proceso de diálogo que entendemos que se ha de abrir necesariamente con todos los interlocutores que intervienen en los sectores implicados y cuáles son los criterios de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas previstos a este respecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, presidenta.


Señora diputada, es bien cierto que uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema sanitario es el excesivo gasto farmacéutico que se produce en él. Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho en lo que se refiere a que este proceso de incremento en el gasto farmacéutico no solamente se produce en España, sino que se produce de forma incluso profundamente alarmante en otros países de la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido, donde el incremento del gasto farmacéutico está en torno al 42 por ciento. Efectivamente, es debido al incremento de algunos medicamentos de nuevo uso para enfermedades emergentes, como por ejemplo el sida o el Alzheimer, que antes no tenían solución. Por lo tanto, es obligatorio -y creo que eso lo compartimos todos-, desde los presupuestos generales del Estado, desde el Ministerio de Sanidad, desde las comunidades autónomas, contemplar la necesidad de cubrir estos medicamentos, aunque surgen importantes tensiones financieras en el sistema.
Se han tomado medidas. Efectivamente, las medidas las han tomado diferentes gobiernos, gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular, tanto el ministro anterior como siendo yo ya la ministra de Sanidad. Y estoy de acuerdo con usted en que esas medidas, las que son coyunturales, han producido un efecto rebote. Hemos analizado en profundidad el efecto que cada una de ellas -al margen de la bondad y desde el punto de vista que cada cual quiera mirarlo- ha tenido sobre el control del gasto. En el control del gasto ha habido una bajada temporal, pero se ha producido un rebote importante a medio plazo. Y, preocupados por esta situación, la hemos analizado, desde el más absoluto diálogo y consenso con todos los intervinientes, para controlar el gasto farmacéutico. Las últimas medidas que se tomaron fueron las del mes de junio y debo decirles que ya han tenido efectos importantes. Como usted sabe, los datos del gasto en farmacia en asistencia primaria del mes de octubre, del conjunto de comunidades autónomas, reflejan una bajada importante. Solamente en el sector de la farmacia, lo que afectaba al margen de farmacia, está en torno a 5.000 millones de pesetas el ahorro efectuado de agosto al mes de octubre de este año.
Desde el punto de vista del Ministerio y de las comunidades autónomas, se planteaba la necesidad de analizar a fondo y con sosiego los elementos que intervienen en toda la prescripción de la medicina, el médico, el paciente, la farmacia, la propia Administración, nacional y autonómica, como el mayor cliente o pagador de estos sistemas. En ese sentido, se ha constituido una Comisión, dependiente del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que están interviniendo técnicos de todas las comunidades autónomas analizando medidas en los cuatro elementos que intervienen en este proceso, medidas alejadas de cualquier criterio político, medidas profundamente técnicas, que en su momento, en el seno del Consejo interterritorial del sistema, tendremos que analizar para llegar a un acuerdo y a un consenso sobre qué medidas podíamos tomar que fueran estructurales y no coyunturales, para evitar ese efecto rebote del que hablaba S.S. y también intentar evitar medidas que en un momento dado deter-

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minados sectores puedan interpretar que van en contra de un modelo determinado de sanidad pública en el que estamos todos de acuerdo.
Las medidas que intentamos negociar en el seno del Consejo interterritorial, con conversaciones abiertas con los agentes intervinientes -y me estoy refiriendo a farmacéuticos, a la industria farmacéutica, a los colectivos de médicos-, intentan resolver de una forma si no definitiva, sí sosegada, y desde el diálogo, como dice su interpelación, este problema. Y debo anunciarles que con el Consejo general del colegio de farmacéuticos se ha abierto una mesa de negociación para avanzar en el mismo planteamiento que usted ha hecho, entender la oficina de farmacia no simplemente como un establecimiento que expende medicinas, a cambio de una receta que da un médico, a una tercera persona que es un paciente, sino que sean de verdad elementos fundamentales de los planteamientos sanitarios, en el más amplio sentido de la palabra.
En ese sentido, creo que todavía quedan por desarrollar medidas importantes en el sector de la farmacia, que hagan a los farmacéuticos copartícipes y corresponsables de la información, de la educación en la salud, y al mismo tiempo de la adopción de medidas como, por ejemplo, la implantación de genéricos, de los precios de referencia, que hagan posible utilizar un sistema consolidado importante y básico en el sistema sanitario español, con una cobertura nacional que nos da a todos mucha tranquilidad porque llega hasta el último rincón del territorio nacional. Todavía creo que hay muchísimas parcelas que se pueden desarrollar de forma muy importante con ellas. En eso estamos, tenemos ya los criterios básicos de esa mesa de negociación, que se pondrá en marcha estos próximos días, y al mismo tiempo hemos abierto otra mesa con la industria farmacéutica, con los mismos propósitos. Nosotros entendemos que las relaciones con la industria farmacéutica deben ser no coyunturales, a ser posible, y que las peticiones de adecuación a un determinado gasto farmacéutico en el sistema tienen que ser estructurales, de forma y manera que la industria farmacéutica sepa perfectamente cuál es su obligación hacia su principal cliente, el Sistema Nacional de Salud, no sólo en el tamaño del crecimiento de la receta farmacéutica, sino también en algo fundamental y necesario en estos momentos en España, que es la aportación para la investigación de I+ D+I, en el sector de la biomedicina, de la medicina en general.
Estamos hablando con la industria farmacéutica de ciertas medidas, como hemos dicho, y también sobre el artículo 5 del real decreto de junio, para traer un real decreto a esta Cámara sobre las fórmulas.
No un real decreto ex novo, sino la mejora y adecuación de un real decreto ya existente sobre la publicidad de medicamentos. El Ministerio tiene ya elaborada la norma, a falta simplemente de los trámites administrativos razonables para que pueda ser trasladado al Boletín Oficial del Estado. Los criterios son compartidos por todos y son que la publicidad lógica de una empresa como es una industria farmacéutica no choque con la presión inmediata del elemento fundamental que son los médicos y que, al mismo tiempo, pueda aportar al sistema financiero español y por lo tanto a la sanidad pública elementos financieros de un exceso de aplicación de fondos a esa publicidad que va más allá. No estoy hablando de la publicidad en medios de comunicación; estoy hablando de lo que, desde el punto de vista de la empresa farmacéutica, se entiende como publicidad, que, como usted sabe, en España está en torno a los 500.000 millones de pesetas. Por tanto, se intentan crear factores no de riesgo, sino de tranquilidad y armonización adecuada, de un crecimiento, por otro lado inevitable pero sí controlable, del gasto farmacéutico.
Exactamente igual hacemos a través de las organizaciones sindicales y de las sociedades científicas. Estamos hablando con los médicos del sistema para buscar fórmulas que hagan posible una mejor información real del médico sobre los productos medicamentosos que se le presentan a través de los laboratorios. Contamos con la colaboración de las comunidades autónomas, yo diría que algo más que colaboración, con la presencia de las comunidades autónomas, de las que ya tienen transferidas las competencias y, como dentro de poco las van a tener todas, también de las que no las tienen, con su propia experiencia.
En este momento, en ese comité se están analizando experiencias de todo el conjunto de comunidades autónomas, transferidas -que ya tienen una experiencia de gestión real- y no transferidas. Insisto en que en este momento esas medidas están en el ámbito del análisis de los técnicos de las diferentes comunidades autónomas y, cuando tengan elaborado el documento final, se hará llegar al conjunto de consejeros de sanidad para que se celebre una reunión, yo pienso que sobre el mes de enero, del Consejo interterritorial, para analizarlo a fondo y tomar medidas en las que estemos todos de acuerdo, todos los intervinientes en los diferentes sistemas sanitarios de nuestro país, pudiendo así crear un clima de confianza, de sosiego, de tranquilidad y de diálogo, que haga posible que se alejen determinadas amenazas o algo que pueda considerar algún grupo o colectivo una amenaza, y que la experiencia de todos sirva para la solución del problema.
Usted ha hablado también, y estoy de acuerdo, de las estrategias globales. Creo que mi exposición se refiere precisamente a esa preocupación que compartimos todos, que las estrategias sean globales. Lógicamente, en el año 2002 vamos a tener que negociar una nueva financiación de la sanidad. A mí me parece que es bueno y muy positivo que las comunidades autónomas, como estamos haciendo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, analicemos el resultado del esfuerzo que se hizo en el último pacto de financiación de la sanidad, para buscar, por ejemplo, parcelas de financiación que

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se relacionaban con la capacidad de control del gasto y ver cómo podemos hacerlas más eficaces y más efectivas. Pero, señora diputada, me da la sensación de que sobre esta cuestión vamos a tener todavía conversaciones, intervenciones y comparecencias en el seno tanto del Pleno de esta Cámara como de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Villalobos.
Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Brevemente quiero comentar que nos complace la manifestación que ha hecho la señora ministra sobre compartir la necesidad de planificar de una forma estratégica la contención del gasto farmacéutico, a sabiendas de que la propia evolución de las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades, hacen inevitable que progresivamente haya un incremento del gasto. El esfuerzo lo tenemos que hacer en armonizar ese crecimiento conforme a las posibilidades económicas de este país, intentando a su vez aliviar esa situación de partida que tenemos peor que otros países de Europa, puesto que partimos de precios más bajos y la tendencia es a confluir en precios.
A nosotros nos preocupa, y por eso traemos el debate a la Cámara, que se inicie el trabajo de consenso, de búsqueda de un pacto entre todos los sectores implicados, pacto que, a la vez que aporte estabilidad y seguridad, aporte corresponsabilidad. Porque, insisto, si no avanzamos en esto, va a ser más difícil, en relación con la financiación de la sanidad, ponernos de acuerdo en márgenes de estabilidad respecto a posibles crecimientos, entre otras cosas, del gasto farmacéutico. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) También nos preocupa, y no quiero mirar hacia atrás, sino hacia adelante, que en España hayamos estado retrasados en algunas políticas. Por ejemplo -y voy a ser breve-, la Ley General de Sanidad, en 1986, ya empezaba a hablar de la necesidad de separar el registro del medicamento de la financiación del sistema público, y tardamos siete años, en 1993, en hacerlo efectivo. Lo mismo puede decirse respecto a las políticas de patentes, ya que hasta que se establecieron las patentes de productos, que fue en 1992, teníamos patentes de procedimiento, lo que dificultaba que aparecieran medicamentos copia, por así decirlo, más baratos. Otro tanto ocurre en lo que se refiere a la política de genéricos. Nos hemos incorporado tarde con respecto a otros países de nuestro entorno europeo; nuestros farmacéuticos, nuestros médicos han empezado a hablar y a entender de los genéricos hace relativamente poco. Eso mismo ocurre con los precios de referencia. Yo no puedo evitar recordar que nuestro grupo, Coalición Canaria, en 1996 ya hablaba de la necesidad de los precios de referencia; hemos ido al Tribunal Constitucional pues en aquel momento el Estado decía que no procedía, porque el desarrollo de los precios de referencia era competencia del Estado. A nosotros nos parece bien, pero las competencias que son del Estado han de desarrollarse en tiempo y forma; si no, los que sufrimos en gran parte los problemas de financiación somos las comunidades autónomas.
Por eso, repito, traemos aquí este debate, insistiendo en que el Ministerio y el Consejo interterritorial asuman esa coordinación y la planificación de esta prestación con una visión estratégica, con una visión de futuro, afectando esta cuestión, como usted decía antes, a todos los eslabones de la cadena, desde la producción del medicamento hasta su dispensación. Hay que tener en cuenta que Alemania ya incluyó precios de referencia en 1989; Holanda, en 1991; Suecia, en 1992; etcétera. Prácticamente ha pasado un año, y no lo digo desde el punto de vista pesimista, sino en el sentido de que es necesaria una planificación, un control exhaustivo, porque, efectivamente, el crecimiento del gasto va a continuar, aunque tengamos precios de referencia. Nosotros esperamos que este debate sea un elemento catalizador, dinamizador en la búsqueda de soluciones, en la consecución de ese pacto del que venimos hablando entre todos los implicados en este problema. Confiamos en que la próxima semana podamos concretar este debate que hoy se ha dado en la Cámara en una moción que aporte viabilidad a lo que hemos expresado todos esta tarde.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Julios.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, a lo mejor este país en algunas cosas ha llegado más tarde que otros. Yo estoy de acuerdo con usted en que llorar sobre el agua derramada conduce a la melancolía y no soluciona los problemas.
Es cierto que si tuviésemos la paciencia de analizar en profundidad la Ley de Sanidad de 1986 -y no solamente en lo que se refiere al medicamento-, encontraríamos normas, pero a mí me parece que esta ley -y lo digo con absoluto convencimiento- es un buen elemento de consenso, de encuentro y de solución de problemas y lo único que tenemos que hacer es desarrollar las partes que todavía no lo están; entiendo que en un tiempo razonable a alguien le tocará hacer un análisis y reformar las partes que se considere oportuno, pero para mí es un buen elemento de encuentro y de organización de nuestro Sistema Nacional de Salud. En este caso es cierto que España se ha incorporado tarde a la política y a la cultura, porque la cuestión de los genéricos es algo más que una política sanitaria o de control de gastos; es una cultura diferente. España tenía problemas

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de patentes, como usted acaba de decir; hemos tenido que esperar a que pasaran diez años de existencia de las patentes ya reconocidas para poder empezar a poner en marcha el mercado de genéricos. Yo creo que en este último año se ha hecho un esfuerzo muy importante de aprobación de nuevos genéricos que afecten a conjuntos homologables más amplios y espero que podamos seguir avanzando en esta línea.
La aparición de precios de referencia también ha sido complicada, fundamentalmente, señora diputada, por los pocos genéricos y pocos grupos homogéneos que había a la hora de poder crear los grupos para fijar el precio de referencia. Eso, lógicamente, ha retardado bastante la cuestión, pero yo creo que la solución es la más adecuada en estos momentos. Se puede decir que la medida es conservadora, pero yo creo que en temas de sanidad y en estas cuestiones hay que ser conservadores para analizar cómo funciona el mercado y tomar otra serie de medidas. Desde luego le puedo decir que los efectos de la puesta en marcha con fecha 1 de este mes de diciembre de los precios de referencia no han podido ser más positivos -usted lo sabe como yo-: se ha producido una rebaja voluntaria de los medicamentos más usados, no solamente por el sistema y no solamente de aquellos que no tenían precio de referencia, por lo que la ley obligaba a bajar ese precio, sino también de aquellos medicamentos cuyo precio, por estar el medicamento en un grupo homologado, no tenía por qué bajar. Sin embargo, por ejemplo en las amoxicilinas, se ha producido una rebaja en el precio del 14,5 por ciento voluntariamente por los laboratorios para adecuar su precio al de referencia. Luego parece que la medida era adecuada y que la fórmula de precios de referencia utilizada era la más conveniente en este momento para el mercado nacional.
Tendremos que seguir trabajando y analizando medidas más contundentes si hubiera que tomarlas en otro momento.
Yo creo que a través de la comisión en la que están presentes los representantes de las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, con un enorme esfuerzo técnico y con una lealtad a su trabajo realmente encomiable y que quiero agradecer públicamente, se está llevando a cabo un trabajo muy serio, que espero que los políticos cuando entremos no lo estropeemos y que seamos capaces entre todos de buscar el consenso, que en temas de sanidad es fundamental, porque afectan, como usted bien sabe, a cuestiones tan elementales como son la salud, la vida y la muerte. Yo nunca me cansaré de buscar consenso incluso con los que buscan permanentemente el disenso, porque creo que el consenso es positivo para todos.
Respecto a su planteamiento sobre la necesidad de distribuir la tarta sanitaria entre los diferentes componentes del sistema -la asistencia primaria, especializada, gastos farmacéuticos, prevención de la salud, todo lo que conlleva esta materia-, tengo que decirle que se ha hecho un esfuerzo importante en este país. Yo creo que desde el año 1994 la sanidad ha entrado en un camino mucho más racional y cuantificable que el que había hasta ese momento.
Lógicamente, cada vez se perfecciona más y estamos en el camino de buscar una solución que satisfaga a todos. Creo que seremos capaces de buscar entre todos el consenso para el año 2002 en la negociación del modelo de financiación del conjunto de servicios y competencias con las diferentes comunidades autónomas. Insisto en que la posición del Ministerio es de consenso y sé, señora Julios, que esa es su posición y se lo agradezco profundamente.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora ministra. ¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a la espera de cuál sea la moción que se nos presente la semana que viene por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, queremos desde el primer momento felicitar a la señora Julios porque con la seriedad que le caracteriza ha traído a esta Cámara un asunto de candente actualidad, actualidad constante, por otra parte, puesto que es una tensión permanente para quienes gestionan la sanidad intentar contener el crecimiento del gasto farmacéutico. Ya no es tanto una meta, puesto que todos pensamos que será prácticamente imposible o muy difícil de alcanzar, pero sí es para todos los gestores de la sanidad una tendencia que debe ser constante.
Conoce la señora ministra y también esta Cámara como en el inicio de la legislatura el grupo al que represento tuvo un cierto desencuentro en esta materia con la actuación procedente del Gobierno, puesto que pese a reconocer las competencias que la Constitución establece en el artículo 149.1.16 en materia de legislación de productos farmacéuticos, nos pareció francamente sorpresiva y poco adecuada a las finalidades que debe perseguir el Ministerio de Sanidad la aprobación del Decreto-ley 5/2000, que entendíamos más acorde con parámetros de política económica que con parámetros de política sanitaria. Así lo manifesté ante esta Cámara y así le consta a la señora ministra, haciéndole además la recomendación de que me parecía que lo adecuado hubiese sido que el Consejo interterritorial de Sanidad se utilizase como marco adecuado para la participación de las comunidades autónomas en lo que había de ser el diseño de las medidas que la sanidad necesita en este aspecto. Le manifestaba además que a las comunidades autónomas nos corresponde -digo «nos» puesto que mi partido gobierna en una comunidad autónoma- el desarrollo reglamentario, y ya en este campo, en el ámbito vasco, se venían haciendo cosas interesantes

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con conciertos con las oficinas de farmacia desde el año 1996, habiéndose pactado cláusulas de devolución por encima de un crecimiento acordado, medida que fue pionera entonces en el Estado y que nos suscitó, por cierto, algún que otro disgusto.
Nos parecía que establecer por medio de un decretoley una serie de medidas que hasta ahora lo habían estado en norma con rango de reglamento recortaba las posibilidades de las comunidades autónomas para negociar y colaborar con los colegios de farmacéuticos en el correspondiente concierto los descuentos y las aportaciones oportunas adaptados a la realidad social más cercana y más concreta que es la de la propia comunidad autónoma -quizá no en todas sean necesarias idénticas medidas-. Es lo cierto que cada entidad gestora de la sanidad con competencias transferidas en materia de gastos de medicamentos adopta sus propias estrategias y en el caso vasco se vienen llevando a cabo una serie de medidas, como el desarrollo del sistema de información en farmacia, de modo que se pueda conocer sin demora la evolución del gasto farmacéutico y la calidad de la prescripción; la información y formación a los médicos para poder prescribir de la manera más eficiente; la regulación de la visita médica con objeto de que el acceso de las/los visitadores médicos a los profesionales que prescriben no suponga una interferencia en la práctica profesional; fomentar la prescripción según vademécum elaborado y consensuado por los profesionales médicos; fijación de objetivos de farmacia con los contratos programa de atención primaria y promoción del uso de medicamentos genéricos, además de la creación de la mesa de programas de atención farmacéutica y negociación de un nuevo concierto con las oficinas de farmacia.
Según nuestras noticias -en eso está colaborando activamente también la representación del Gobierno vasco en el Consejo interterritorial- se está trabajando en la comisión de farmacia desde octubre en la elaboración de un documento base que recoja toda una batería de medidas a adoptar para contener el gasto farmacéutico. Ha hablado la señora ministra de traer a la Cámara reales decretos. Esperemos que no. Los reales decretos se aprueban en el seno del Gobierno y, por tanto, que lo que deba ser reglamentario se mantenga en ese ámbito.
Participaremos evidentemente en los consensos que se aprueben en el Consejo interterritorial en la medida en que se respeten las competencias que creemos ostentar, pero nos gustaría que lo que se acuerde, tanto en la moción que se apruebe la semana que viene -que, de ser posible, contará con nuestro respaldo- como lo que se apruebe en el Consejo interterritorial lo sea dejando el suficiente margen de actuación, repito, para que queden salvadas lo que como potestad reglamentaria corresponde hacer a las comunidades autónomas. Es esta una materia en la que creo que a todos nos unen idénticos objetivos y, repito, respecto de la cual al grupo al que represento le gustaría que fuese posible adoptar una medida conjunta por esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría. ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valentín.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar a la señora ministra, porque tras catorce años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, por fin reconocen que es un instrumento eficaz y que sigue siendo un buen mecanismo para consolidar el Sistema Nacional de Salud de todos los ciudadanos, ya que en aquel momento el Partido Popular no compartía la misma opinión.
En segundo lugar, quiero comentar que al Grupo Socialista no le satisfacen las explicaciones que ha dado la señora ministra de Sanidad sobre la interpelación relativa a los criterios políticos y de planificación sanitaria que tiene previsto adoptar el Gobierno para la contención del gasto sanitario en medicamentos, las características del necesario proceso de diálogo que ha de mantenerse con los diferentes sectores implicados y los criterios de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia. Estos son los tres puntos que la interpelación de Coalición Canaria pretendía que la señora ministra explicara y que desde el comienzo de esta legislatura se han planteado de forma reiterada en cada una de las comparecencias de la señora ministra o de los altos cargos del Ministerio de Sanidad, no sabiendo exactamente todavía al día de hoy cuál es la política farmacéutica del Ministerio de Sanidad del Gobierno del Partido Popular.
Para el Grupo Socialista hablar de política farmacéutica no solamente es hacerlo desde la vertiente del gasto sino también desde el punto de vista de la distribución y de la dispensación de los medicamentos.
No se puede estar permanentemente poniendo parches o dando bandazos respecto a la política farmacéutica, porque lo único que se consigue es introducir criterios económicos en este tipo de políticas y no tener en cuenta las necesidades sanitarias de la población. Es cierto que el gasto farmacéutico crece. De 1995 a 1999 se ha pasado de un gasto en factura farmacéutica de 700.000 millones de pesetas a un billón 41.000 millones, pero, claro, la política de uso racional del medicamento no se hace, repito, adoptando medidas coyunturales, ya que ninguna de ellas ha demostrado hasta este momento ser eficaz y útil, sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos, a quienes van dirigidas. Por ejemplo, en el año 1997, en el modelo para financiar la sanidad de todos los españoles durante los siguientes cuatro años,

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uno de los puntales básicos de ese acuerdo era el ahorro del gasto farmacéutico, de modo que el Gobierno iba cada año a ingresar en las arcas del Estado 65.000 millones de pesetas. ¿Para qué? Para distribuirlo a todas las comunidades autónomas y así poder hacer hospitales, centros de salud, comprar nueva tecnología y, en definitiva, atender mejor a los ciudadanos cuando acudan a los servicios sanitarios. El resultado después de tres años es como el cuento de la lechera. Ese hipotético ahorro no se ha producido. ¿Por qué? Porque cuando se estableció en el modelo de financiación, se sabía de antemano que no se iba a producir. Sin embargo, para cuadrar las cuentas pusieron unas cifras que hoy son absolutamente impensables desde el punto de vista del ahorro. Lo mismo hicieron con los medicamentos genéricos, con los precios de referencia, con la rebaja de los márgenes de los distribuidores o con la rebaja de los precios de los medicamentos; incluso en el mes de junio aprobaron un real decreto-ley sobre medidas para contener y racionalizar el gasto farmacéutico. Por cierto, me gustaría saber qué ha ocurrido, si se ha evaluado la medida recogida en el artículo 1º de ese real decreto- ley, que establecía precisamente que las farmacias podían hacer descuentos de hasta un 10 por ciento en las especialidades farmacéuticas publicitarias, es decir, en aquellos medicamentos que se anuncian a través de los medios de comunicación. El Grupo Socialista tuvo el interés de hacer un muestreo, muy rudimentario, eso sí, y fuimos a distintas oficinas de farmacia a comprar un analgésico universalmente conocido para ver qué rebaja y qué beneficios se iban a producir en el bolsillo de los ciudadanos a raíz de la entrada en vigor de este real decreto-ley. Señorías, el precio del analgésico en todas las oficinas de farmacia que visitamos era el mismo, es decir, el máximo. No se había producido ni una sola peseta de descuento, con lo cual el beneficio para el bolsillo del ciudadano había sido nulo.
Señorías, vamos a esperar a que por parte de Coalición Canaria se presente la moción para analizarla con detenimiento. Es un tema que nos preocupa y pedimos que se trate con absoluta seriedad, que desde el Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad se pongan a trabajar con todos los sectores implicados y que no siempre se carguen todas las tintas sobre las oficinas de farmacia, sobre los almacenes farmacéuticos o sobre el bolsillo de los ciudadanos. La industria farmacéutica también tendrá que hacer las aportaciones necesarias para nutrir ese presupuesto general farmacéutico que beneficia a todos los ciudadanos. Estaremos en disposición, como Grupo Parlamentario Socialista, de analizar - repito- detenidamente la moción que se presente con la intención de hacer las aportaciones que sean necesarias para que las medidas que se adopten vayan dirigidas a satisfacer las necesidades sanitarias de la población, nunca pensando única y exclusivamente en el ahorro económico que el Gobierno se puede embolsar con este tipo de medidas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Valentín.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para manifestar la opinión del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta interpelación que ha presentado de manera brillante la portavoz de Coalición Canaria.
Quiero decirle, señora Julios, que comparto plenamente el diagnóstico que ha hecho usted en relación con la problemática del medicamento.
En primer lugar, quiero destacar que la proliferación y la innovación de los medicamentos han producido -como usted ha mencionado- un alargamiento de la vida y un incremento extraordinario de la mejora de la calidad de vida en todos los ciudadanos. En segundo lugar, comparto con usted, y la ministra ha hecho referencia a ello, la importancia de las distintas medidas que se han ido tomando en relación con la disminución del gasto farmacéutico o con la disminución de los incrementos que año a año se han ido realizando en el mismo. Me congratula que usted, que ha defendido esta interpelación, haya manifestado públicamente en la réplica su acuerdo con la intervención de la ministra, porque usted ha sido la que ha presentado la iniciativa y a usted le ha satisfecho su contestación.
Espero que en la moción subsiguiente a esta interpelación podamos estar de acuerdo su grupo y el nuestro en algo tan importante como es la política del medicamento.
En su intervención la ministra ha dejado claro qué es lo que ha hecho en estos seis meses. Manifestó en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad una apuesta formal por tratar adecuadamente la política del medicamento en cuanto a la financiación pública de los medicamentos que tengan una actividad enormemente concreta que venga a cubrir las lagunas terapéuticas del momento actual o que tengan ventaja sobre los procedimientos terapéuticos y las medicinas hoy en vigor. Ha hablado la ministra de cuál va a ser la política de diálogo con los distintos agentes; ha citado las reuniones y las entrevistas con la industria, con los dispensadores, con las oficinas de farmacia, con los distribuidores, con los médicos y con los ciudadanos y ha hablado de los resultados que ha obtenido con la política de genéricos. Ha dado los datos en relación con la política de los precios de referencia y las consecuencias del Real Decreto-ley 5/2000, que aprobamos en junio de este mismo año y cuyos resultados ya se pueden cifrar, señora Valentín -se lo puedo adelantar-, en un ahorro en el sistema de más de 5.000 millones. Estas son las respuestas que ha dado la ministra en su

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intervención, que vienen a garantizar una apuesta política firme por una concepción integral de la política del medicamento, con una actitud personal y política de diálogo con todas las fuerzas políticas para hacer frente a este reto tan apasionante, que no es otro que el de la financiación sanitaria de la política farmacéutica.
Termino, señora presidenta, insistiendo en un aspecto que me parece de la mayor importancia y que ha resaltado la ministra, el concepto que el farmacéutico debe tener de sí mismo como novedad. Lo mismo que el médico ha cambiado su modelo dedicando mayor atención al enfermo y menor atención a la enfermedad, el farmacéutico, en el nuevo concepto, tiene que prestar más tiempo y más dedicación al enfermo y menos al medicamento.
Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mingo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL Y PRESUPUESTARIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA INCREMENTAR LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO MEDIANTE LA AFECTACIÓN DE PARTE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TABACO A DICHA FINALIDAD. (Número de expediente 172/000053.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, pasamos al debate de la interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre medidas de política general y presupuestaria que piensa adoptar el Gobierno para incrementar las actuaciones de prevención y control del consumo de tabaco, mediante la afectación de parte de la recaudación de los impuestos sobre el tabaco a dicha finalidad.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERAI BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, le voy a dar unos datos que seguro que usted ya conoce, pero tengo interés en decirlos alto y claro; usted los sabe, pero yo debo decirlos. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa la muerte de tres millones de personas anualmente. En España el tabaco ha ocasionado la muerte de más de 600.000 personas en un período comprendido entre los años 1978 a 1992, lo que significa el 14 por ciento de la tasa de mortalidad global anual. En este mismo período de tiempo, las muertes atribuibles al consumo de tabaco entre la población de 35 años o superior sufrieron un incremento del 24 por ciento. Las principales causas de mortalidad producidas por el tabaco -usted lo sabe, señora ministra, y lo saben SS.SS.- son el cáncer broncopulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. El consumo de tabaco causa una elevada tasa de morbilidad y se relaciona con más de 25 enfermedades. El consumo de tabaco en la mujer embarazada está asociado con unas patologías placentarias, con el aborto espontáneo, con el parto prematuro e incluso con la muerte súbita del lactante. Los niños que están sometidos al humo ambiental del tabaco presentan una mayor incidencia de infecciones en las vías respiratorias altas; además, la exposición involuntaria a este humo, el tabaquismo pasivo, provoca también un grave problema de salud pública. Se estima que el impacto del humo ambiental del tabaco sobre la morbilidad y la mortalidad humana es dos veces mayor que el impacto producido por el conjunto de todos los contaminantes ambientales reconocidos como tóxicos y que son objeto de control, ya que aquel contiene aproximadamente 4.700 componentes químicos, de los cuales 43 se sabe que son tóxicos y cancerígenos.
Decía un famoso cuplé (no se asuste, que no voy a cantar) que fumar es un placer. Probablemente lo sea para aquellas personas que tienen el hábito, pero, en todo caso, afirmo, señora ministra, que es un placer que mata. La neumóloga responsable de la unidad de tabaquismo del hospital Sagrado Corazón de Barcelona afirmaba hace unos días, en una carta al director del diario La Vanguardia, que el tabaco es una de las drogas que crean más adicción en las personas que lo consumen y que produce más muertes que las grandes epidemias de nuestra época, como puede ser el sida. Lo dice una especialista.
En la Consejería de Sanidad de Cataluña el consejero Eduard Rius está muy preocupado y ocupado con el tema del tabaquismo. Yo misma, señora ministra, le dirigí una pregunta oral en el Pleno, en la que expuse la campaña que estamos haciendo en Cataluña, en los medios de comunicación, para sensibilizar sobre las consecuencias que tiene para la salud el hábito de fumar y que persigue motivar a los fumadores, y muy en especial a las mujeres, para que abandonen el consumo de tabaco. Hoy, con esta interpelación, señora ministra, mi grupo quiere poner especial énfasis en evidenciar que el consumo de tabaco no es sólo un importante problema de salud pública por su magnitud y consecuencias -he dado datos y cifras concretas, basándome en informaciones científicas que publica la OMS y que cualquiera puede consultar por Internet-, sino que, además, el consumo de tabaco es un gravísimo problema de salud pública por los elevados costes sociales y económicos que genera. La página web del Ministerio de Sanidad y Consumo refleja que los gastos ocasionados por las estancias hospitalarias a raíz de problemas provocados por el consumo de tabaco llegaron a los 250.000 millones de pesetas en 1993. Si a esta cifra le buscamos la equivalencia a finales del año 2000, estamos hablando de la friolera de 350.000 millones de pesetas, o si lo prefiere lo digo en euros porque parece

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que asusta menos: 2.103 millones de euros, pero sigue siendo mucho dinero. Esta cifra, de acuerdo con diversos estudios, se triplicaría si se considerase el coste correspondiente a los gastos directos, de asistencia extrahospitalaria y gasto farmacéutico, y el de los indirectos, de gastos sociales ocasionados por las pensiones de invalidez, el absentismo laboral, etcétera. El coste de los gastos directos e indirectos a consecuencia del tabaquismo supera el billón de pesetas, repito, supera el billón de pesetas. Para el ejercicio 2001, los Presupuestos Generales del Estado prevén en concepto de recaudación por el impuesto sobre labores del tabaco 740.000 millones de pesetas. Vamos a recaudar por el tabaco menos de lo que nos cuesta su consumo.
Nosotros, señora ministra, preocupados por este tema, incluimos una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos que hemos discutido, en la que solicitábamos que se afectara el 1 por ciento de la recaudación del impuesto sobre tabaco. Ustedes no aceptaron nuestra enmienda y hoy le voy a decir que quizá puedo entender o puedo compartir que el criterio técnico que nosotros exponíamos en la enmienda, de afectación de un 1 por ciento de lo que se recauda por tabaco, puede ser un criterio discutible; o me adelanto a un posible comentario que usted podría hacer o que podrían hacer los expertos del Ministerio de Economía o de Hacienda, que es decir que hoy en día no está de moda o que ningún país a los que nosotros nos podemos comparar tiene la tendencia a aplicar impuestos finalistas. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Ya lo sé, señora ministra, y por eso hoy le voy a matizar lo que fue nuestra enmienda.
No voy a hablarle, señora ministra, de que el Gobierno se comprometa a afectar el 1 por ciento del impuesto de lo que recauda por tabaco, de estos 740.000 millones de pesetas. Le voy a pedir, señora ministra, y se lo voy a pedir en la moción consecuencia de esta interpelación que vamos a discutir la semana que viene, que el Gobierno, consciente -estoy segura de que lo es- de la gravedad del problema que tenemos delante, se plantee incrementar la financiación de la sanidad con un importe equivalente, por lo menos, a este 1 por ciento de la recaudación del tabaco. El matiz es más asumible. Al fin y al cabo, señora ministra, a nosotros lo que nos preocupa es el objetivo, no la manera de llegar a él. A mí me da igual que el incremento presupuestario que la sanidad necesita venga del tabaco, venga del alcohol, venga del impuesto de circulación o venga de donde el ministro quiera. Lo importante, señora ministra, es ser sensibles, ser conscientes de que el tabaquismo es una enfermedad muy grave y que ocasiona un gasto muy importante al sistema sanitario. Y nosotros, tal como nos hemos comprometido, y ya que hacemos frente a las consecuencias del tabaquismo, tenemos que ser consecuentes e incrementar el presupuesto que hasta este momento tenemos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señor presidente.
A mí no me parece nada mal, señora diputada, que se incida sobre datos que todos conocemos. Bueno es que los compartamos, que los recordemos y que haya una mayor sensibilización sobre este problema.
Podríamos hablar de más datos, y usted lo sabe, desde el dato que fue objeto de su pregunta hace unos plenos, que indica que en España existe una entrada en el consumo de tabaco de mujeres cada vez más jóvenes, hasta el que indica que el 49 por ciento de los jóvenes españoles de menos de 16 años reconoce haber fumado en la última semana. Todo esto es una realidad. En esto como en otras cosas hemos llegado tarde, o más tarde. Esto tiene sus desventajas, como tener que hacer un proceso de adaptación más rápido que otros países que entraron antes en la prevención y en la lucha contra el uso del tabaco, pero también podemos analizar las experiencias de otros países a la hora de poner en marcha procedimientos de esta naturaleza, que tienen mucho que ver con la salud pública y con la prevención de la enfermedad.
Señora diputada, estoy absolutamente de acuerdo con su preocupación y con la necesidad de tomar medidas. Este país está tomando medidas desde que esta cuestión se ha convertido en algo más que una preocupación. Conozco su personal y enorme preocupación por esta cuestión, y usted también sabe que alguna vez hemos hecho comentarios sobre ello. Sé que tiene usted una batalla casi personal contra el tabaco, y me parece bien. Me parece perfecto que haya una diputada que tenga una campaña personal contra el uso del tabaco. A otros compañeros diputados les puede parecer que es excesivo, porque son fumadores, pero, dentro del ámbito de la necesaria prevención, yo creo que usted hace lo más adecuado, y lo entiendo. En esa línea ha planteado usted esta interpelación sobre un tema que le preocupa permanentemente y al que hace referencia siempre. Usted sabe que en el terreno de la prevención se están tomando medidas importantes, medidas de prevención que por ejemplo en el año 1998 tuvieron mucho que ver con el sector sanitario, que es de los sectores donde más tabaco se consume. Se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización muy importante, que se recoge en un documento del Insalud de enero de 1998 sobre la prevención del tabaquismo y los profesionales sanitarios. En él se hacen recomendaciones muy importantes para todo el Sistema Nacional de Salud -lógicamente, en primer lugar, en el ámbito del Insalud- para sensibilizar al colectivo sanitario sobre la necesidad de abandonar el uso del tabaco, dada la lógica influencia que tienen en la sociedad los profesionales del Sistema

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Nacional de Salud, tanto médicos como enfermeras o enfermeros.
La posición española en lo que se refiere a las directivas comunitarias también ha sido de gran apoyo. Mañana se reúnen en el Consejo los ministros de Sanidad y se van a analizar directivas que tienen que ver con lo que nos ocupa en este momento. Por ejemplo, la directiva sobre ingredientes de alquitrán-nicotina, que como usted sabe, se aprueba mañana en esa reunión. En cuanto a la directiva sobre promoción y publicidad del tabaco, sabe ha tenido un problema importante de rechazo por parte del Gobierno alemán que fue a los tribunales y ganó. Por tanto, en este momento la Comisión Europea la está reestudiando para adecuarla a los parámetros que los tribunales así les indicaron. Como sabe también, España ha participado activamente en la Convención Antitabaco Mundial, organizada por la Organización Mundial de la Salud, que se reunió en octubre. España está trabajando conjuntamente en la Organización Mundial de la Salud y también en la parte que le corresponde en la delegación regional para Europa sobre la aprobación de un convenio para el año 2003. Al mismo tiempo, también está trabajando en la aprobación de la directiva sobre promoción y publicidad del tabaco. Esta es la posición española, lo era y ahí seguiremos trabajando.
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión de Salud Pública creó un grupo técnico donde están presentes técnicos de comunidades autónomas y también científicos para analizar la cuestión desde todos los puntos de vista, no sólo desde el sanitario, sino también desde el punto de vista de la publicidad, sociológico, de elementos que componen responsabilidades de otros ministerios y, por tanto, también de otras consejerías diferentes a la de Sanidad, sobre una serie de recomendaciones que yo diría que son importantes y, a veces, profundamente comprometedoras.
Este informe sobre el tabaco cuya elaboración final es del mes pasado, se va a empezar a distribuir ya en el conjunto de comunidades autónomas para analizarlo en profundidad y ver qué posibilidades tiene cada comunidad autónoma de poner en marcha estas medidas de prevención y control del uso del tabaco. El análisis comparativo de las comunidades autónomas a veces, para una persona como usted, es profundamente decepcionante, pero es importante que haya una sensibilidad colectiva en las comunidades autónomas que tienen la competencia de salud pública en el propio Ministerio y en el conjunto de la sociedad española por encima de todo para medidas preventivas en el uso del tabaco.
Señora Riera, me encantaría, como a todos los ministros y me da la sensación que también a todos los consejeros sean del ámbito que sean, que su presupuesto se vea aumentado cada vez más. Si encima estamos hablando de una política social tan importante como es la sanidad, la sensibilidad es mayor por parte de todos. Vamos a trabajar todos en ese sentido. Se han producido, desde el año 1994, incrementos importantes en los presupuestos sanitarios. En el último pacto ha significado un incremento de un billón 300.000 millones de pesetas, con un crecimiento del 13 por ciento por encima de la media de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Es suficiente? Usted que es portavoz de Sanidad y yo que soy ministra de Sanidad, podíamos llegar al convencimiento de que no, no ya a los impuestos especiales sobre el tabaco, sobre la gasolina y sobre todo. Después vendría el ministro de Medio Ambiente a decir: Los impuestos de la gasolina o los relacionas con el medio ambiente y conservación de la naturaleza o vamos mal.
Entiendo que la política de financiación, no solamente de la sanidad, se ha de hacer a través de una caja única de los Presupuestos Generales del Estado, que no olvidemos es el dinero del conjunto de los españoles, que somos los que decidimos a qué queremos dedicar nuestro dinero en nuestro conjunto. Lo tendremos que analizar. Es una medida importante que hoy la sanidad se financie sólo y exclusivamente con Presupuestos Generales del Estado. Podría estar de acuerdo con usted no en el 1 por ciento, yo diría en el 10 ó el 15 por ciento, la medida que queramos, si fuese vía cuotas, pero por fin tenemos un sistema de financiación de la sanidad racional y adecuado, que es vía impuestos. Por tanto, no tendría sentido hacerlo.
Ya veo que usted misma está buscando soluciones al problema. Sé de su enorme capacidad de negociación, de consenso y de solución del problema, suya y de su grupo y de su portavoz que le acompaña en este momento, que de estas cosas de sanidad creo que sabe bastante más que yo. Pero lo cierto es que yo creo que se pueden avanzar todas las posibilidades. Vamos a ver esa moción que usted presenta, pero de ese 1 por ciento de esos 700.000 millones qué significan en el Sistema Nacional de Salud, y también vamos a ver qué piensan no ya los consejeros de Sanidad por desgracia, sino los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades autónomas que al fin y al cabo son los que se sientan a negociar la financiación del sistema sanitario. Intentaremos influir en la medida de lo posible no solamente yo, creo que los propios consejeros de cada una de ellas, pero esto estará enmarcado dentro de ese contexto global de la financiación a las comunidades autónomas que se plantea al año que viene, para el año 2000-2007 cuanto menos.
Me parece atractiva su propuesta y le prometo, señora diputada, que la voy a estudiar con muchísimo cariño.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, quiero agradecerle su talante en larespuesta, con toda sinceridad. Por otra parte, no me

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sorprende, porque en la primera parte de mi intervención no he hecho nada más que constatar unos datos que usted sabe, como sabemos la mayoría de los que estamos aquí, que son públicos, pero ya le he dicho que tenía voluntad en reflejarlos por lo que tenían de impactante. Si hoy alguien, cuando vaya a encender un pitillo, se acuerda de lo que he dicho, me sentiré algo satisfecha. Pero, más allá de esto, señora ministra, yo, en nombre de mi grupo, y estoy convencida de que es la voluntad del Ministerio, desearíamos que esta interpelación sirviera para que, hecha y consensuada la reflexión, se quedase en algo más que buenas intenciones o buenas palabras.
Señora ministra, en la famosa subcomisión de Sanidad que estuvimos trabajando en la legislatura pasada, en la que mi grupo dio su voto favorable, en la que yo tuve la oportunidad de intervenir, que me enriqueció muchísimo a nivel personal y de conocimiento por estar trabajando, acordamos como uno de los dogmas que no íbamos a discutir más, al menos durante un período de tiempo, que cualquier prestación que dé el sistema debe ir acompañada de la partida presupuestaria correspondiente.Usted sabe, es una de mis musiquillas constantes, que yo siempre estoy hablando de dinero cuando hablamos de sanidad, y que siempre recuerdo que, a pesar de que admito -y lo celebro- que el presupuesto sanitario de hoy es superior al que teníamos años atrás y que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno por incrementarlo lo valoramos positivamente, a pesar de todo esto, señora ministra, aún estamos por debajo de las necesidades reales del sistema. Usted también lo sabe y es una víctima más de estas circunstancias, porque estoy convencida de que a usted, como ministra de Sanidad, ya le gustaría tener la capacidad de poder disponer de más dinero. Por esto, hoy hacemos esta interpelación del tabaco, porque si no discutimos la principal y nadie la discute, que es que hay una relación directa de causa-efecto entre el tabaquismo y el coste sanitario, tenemos que ser conscientes de que, como nosotros no hemos escogido y lo celebro, por ejemplo, el modelo inglés, que decidieron que ponían a las personas que fumaban a la cola del sistema y que cuando no les quedara nadie para atender irían los que fumaban, como nosotros no hemos escogido este sistema, repito, tenemos que ser coherentes con nuestra propia elección y dotar con partidas equivalentes, por lo menos a lo que recaudamos del tabaco, para ayudar a la lucha del tabaquismo.
La ayuda puede ser amplia, señora ministra, desde las campañas de sensibilización, desde las ayudas a la desintoxicación, hay un etcétera muy amplio, y no es nuestra voluntad, la de mi grupo, cerrarnos y hacer un modelo en el que pidamos esto y solamente esto.
No es este el espíritu; lo que nosotros queremos conseguir hoy con esta interpelación es, primero, evidenciar, sensibilizar de que el problema es muy grave, que llevamos -y no quisiera que se me mal interpretase- varios días hablando del problema de la enfermedad de las vacas locas, que es un problema de salud pública importante y grave, pero hoy por hoy afortunadamente está ocasionando menos problemas, y digo hoy por hoy y estoy tocando madera, que el que ya está ocasionando el tabaco. No nos equivoquemos; estamos ante un problema gravísimo del tabaquismo, esto no es virtual, es real, lo tenemos, hay cifras, hay datos; por lo tanto, seamos consecuentes, señora ministra.
Yo también le dije en la primera comparecencia que usted tuvo en la Comisión como ministra que siempre encontraría la ayuda de nuestro grupo para colaborar con usted, para apoyar aquellas iniciativas que tuviera el Ministerio para racionalizar el gasto farmacéutico, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo en el día a día de lo que llevamos de legislatura. Racionalizar, sí; gestionar mejor, también, pero esto, señora ministra, no se contrapone con la necesidad de que hace falta también más dinero, porque las posibilidades de gestionar mejor llegan hasta donde llegan, pero hay un momento, señora ministra, que las necesidades que nosotros queremos cubrir, y las queremos, el dar abasto a las necesidades del sistema, el hacer de la sanidad pública un emblema del Estado español, un emblema de gobiernos anteriores y un emblema también de su Gobierno, nosotros lo celebramos y apoyamos, porque sabe que también ha sido siempre un emblema del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hacer de esto un emblema significa voluntad política firme y rotunda de ser conscientes de que tenemos que esgrimir todas las posibilidades y agotar todos los recursos para ir dando dinero a la sanidad. Milagros no vamos a hacer. Y sabe, señora ministra, que nosotros siempre defendemos su gestión o la de otros ministros, que también la hemos defendido, cuando alguien pretende sistemáticamente dar más por menos. Esto no es posible en sanidad.
Tenemos que esforzarnos en gestionar cada vez mejor. De acuerdo; pero no es posible que los nuevos medicamentos sean más baratos que los antiguos, porque han tenido que investigar y han tenido que invertir.
No es posible que las nuevas tecnologías sean más baratas que las antiguas. Pueden ahorrar coste de hospitalización, pueden ser nuevas técnicas que permitan que una persona esté 24 ó 48 horas en un hospital, cuando antes estaba una semana. Todo esto sí que es posible. Pero esto no significa siempre que sea más barato. Por tanto, señora ministra, no nos cansaremos de pedir, de insistir que cualquier fórmula que sirva para incrementar el presupuesto de la sanidad es una fórmula buena y necesaria.
Nosotros presentaremos una moción la semana que viene que procuraremos que sea sensata con este discurso y que sea aceptada por su Ministerio y pueda ser asumida por el Ministerio de Economía. Con esta esperanza nos veremos la semana que viene, señora ministra.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidente.
Abrir un debate sobre qué dinero es suficiente para la sanidad creo que es difícil y complicado. Comparto con usted que los nuevos medicamentos son más caros y por eso tendremos que trabajar y estamos trabajando en seleccionar los que realmente aporten algo positivo para el enfermo y no para el laboratorio. Tendremos que analizar las nuevas técnicas quirúrgicas y hospitalarias, porque hay algunas que son profundamente positivas para el paciente y otras son profundamente positivas para cuestiones que no tienen nada que ver con el paciente. Todo eso lo tenemos que hacer entre todos, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, tanto desde el Ministerio como desde las diferentes comunidades autónomas que hoy tienen competencia, y no olvidemos que dentro de dos años las van a tener todas y van a tener que responder cada una de ellas a esas demandas.
También es cierto que en sanidad la demanda es infinita, y usted lo sabe, es infinita por muchas razones. También tenemos que meter otra variable: el envejecimiento de la población. Esto nos lleva, por ejemplo, a ir un poco más rápido de lo que está yendo en este momento -y a mí me gustaría que fuera un poco más rápido- el Plan nacional sociosanitario que resolvería parte importante de un problema gravísimo que hoy soportan, por ejemplo, la atención especializada en nuestro país. Me estoy refiriendo a camas de agudos, camas de crónicos. Aquí todos hacemos discursos políticos sobre la necesidad del Plan sociosanitario, pero sólo me encuentro chinitas en el camino para intentar ponerlo en marcha. Hay voluntad política real de que el Plan sociosanitario sea una realidad lo antes posible, donde podamos aunar todas las voluntades, todos los presupuestos, todas las posibilidades de Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas. Este es un plan importantísimo y cada vez más acuciante, porque la población es la que es y a la que vamos, y es voluntad del Gobierno de España que entremos a analizar, desde el punto de vista de la Unión Europea, de forma más profunda las necesidades de la realidad del envejecimiento de la población que se está produciendo en los países más desarrollados, lógicamente derivado de una mejor atención sanitaria, de una mejor atención del medicamento, de una mejor investigación, a fin de cuentas de una mayor calidad de vida.
Me parece profundamente positivo y tendremos que analizarlo. No me molesta que usted convierta un debate sanitario en un debate económico. Los que se hinchan a hablar demagógicamente de la sanidad, como si no tuviera nada que ver con la economía, se están equivocando profundamente. No se trata de ahorrar para que se lo ahorre el Estado, que no sé muy bien que es eso en términos de lo que estamos hablando ahora mismo aquí -sí sé muy bien lo que es, como usted y como todos los que estamos aquí presentes-, pero no sé muy bien qué se quiere decir cuando se dice: es que se lo está ahorrando el Estado. No. Ahorremos en cuestiones que podemos ahorrar para gastarlas en otras que son necesidades cada vez más emergentes y más urgentes. No consiste en gastar menos en sanidad sino de una forma más racional. Es en esa subcomisión de la Comisión de Sanidad, que se creó en la legislatura anterior, donde se analizó seria y profundamente todo esto. Lo que estamos intentando ahora en el Ministerio es aplicar los acuerdos que se adoptaron en aquella subcomisión, porque no hay cosa más frustrante que trabajar de forma eficaz, honesta y leal en una comisión y ver cómo eso no sirve para nada. Estamos analizando cada una de las medidas que se aprobaron para implementarlas todas, porque creemos que es un compromiso real del Parlamento. Yo me siento vinculada al cien por cien en aquellas conclusiones que se asumieron allí y que salieron con el apoyo de la mayoría de esta Cámara.
Los datos de lo que cuesta un enfermo que se le pueda achacar directamente al tabaco, provienen de estudios que se han hecho.
Aparecen en la página web del Ministerio de Sanidad -y aprovecho para hacer publicidad de ella-, aparecen en las páginas web y en los links de las diferentes páginas, incluso de la propia Generalitat, del Colegio de Médicos de Barcelona, del Consejo General de Médicos, que analizan en estudios diferentes qué puede aplicarse al uso del tabaco desde el punto de vista del gasto sanitario. Se habla de 200.000, de 30.000,de 60.000. Todavía no tenemos datos reales que nos digan exactamente cuál es la cantidad. Pero tampoco tiene mucha importancia. Cueste lo que cueste, hay una relación directa en determinados pacientes, más que en determinadas enfermedades, para vincular el desarrollo de esa patología en tanto en cuanto fumadores.
Eso es lo que me dicen los inmunólogos y los expertos en investigación. Da igual, son enfermos y tenemos que tratarlos y resolver esos problemas. Es nuestra obligación y así tiene que ser.
Señora Riera, le he dicho, y lo mantengo, que analizaremos la moción con la mayor búsqueda de consenso y con el mayor apoyo posible. Sé que partiendo de usted tendrá una parte importante de innovación y una parte importante de sentido común. Si es así, estaremos dispuestos a conseguir entre todos un buen acuerdo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, oyendo a la señora Riera en su exposición me he alegrado enormemente de haber dejado de ser hace 13 años la compulsiva fumadora que fui, si bien antes en pasillos, cuando he saludado a la señora ministra, me ha bajado los humos -y nunca mejor dicho- porque me ha manifestado que ella llegó a estar 14 años, y sin embargo volvió. Resistiré a pesar de todo.
Está bien el debate que nos trae a la Cámara la señora Riera, si bien, como ocurre siempre con las cuestiones que se suscitan, a mi grupo le inquieta lo que tenga de competencial o del porqué de traída a esta Cámara de la materia concreta que se regula. Siendo cierto que existe normativa europea a aplicar, la elaboración de planes de prevención, control y reducción del tabaquismo entra dentro del ámbito competente de cada una de las comunidades autónomas. Es cierto que lo novedoso de la propuesta que trae la señora Riera es esta idea, que ya se ha extendido en otras administraciones, y que en concreto creo que ha puesto en práctica la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la afectación de determinados ingresos a los gastos sanitarios derivados de los abusos del tabaco. Pues bien, también en esto mi grupo tendría que defender lo competencial. En el momento actual, la recaudación de los impuestos derivados del tabaco y del carburante corresponde hacerlo a las diputaciones forales. La recaudación de dichos impuestos, en este momento, incrementa la disponibilidad de recursos para atender las necesidades consideradas como más urgentes en cada ejercicio presupuestario. Y es cierto que la atención sanitaria tiene una importante dotación presupuestaria en el ámbito vasco. Podría hacerse lo que la señora Riera manifiesta estableciéndose una afectación concreta de estos determinados impuestos, siempre que la normativa general presupuestaria lo permitiese, lo cual requiere -creo- norma con rango de ley o, en el caso vasco, por las peculiaridades del concierto, una norma foral, que permitiría que estos impuestos concretos se afectasen a ese gasto concreto.
Repito, esperaremos al contenido de la moción que nos traiga la semana que viene el Grupo Catalán de Convergència i Unió, pero intentaremos que siempre queden salvadas las competencias no sólo en lo que hace a la materia concreta de prevención, control y reducción del tabaco, es decir, a la estricta materia sanitaria, sino también en cuanto a las competencias de recaudación tributaria de impuestos que tiene la comunidad vasca en virtud de concierto, que nos gustaría que quedase salvaguardada en este caso.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señora Pérez Domínguez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Riera, en primer lugar deseo felicitarla por esta iniciativa que ha traído hoy a la Cámara y de la que ya habíamos hablado recientemente en la Comisión de Sanidad. ¿Cómo no compartir que el tabaquismo es hoy uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia, por la magnitud del mismo? Usted ha dado unos datos, yo podría complementarlos con otros, pero afecta exactamente al 35,7 por ciento de la población española mayor de 17 años, según la última encuesta de salud realizada por el Ministerio. Por las consecuencias sanitarias, a las que usted también ha hecho referencia, el 30 por ciento de los cánceres son consecuencia del consumo de tabaco y también por los elevados costes económicos.


Es cierto, como decía también la señora ministra, que hay datos diferentes de distintos organismos, pero lo que no podemos dejar de valorar es que todos ellos son alarmantes. El Banco Mundial hablaba de 250 billones de dólares USA al año y los últimos datos que se tienen en España hablan, sólo en gasto hospitalario, de 250.000 millones en 1993, sin contar, como usted ha dicho, otra serie de elementos que elevarían sin duda estas cantidades.
Precisamente porque compartimos esa preocupación, nos parecía no sólo deseable, sino imprescindible, la interpelación que usted presentaba hoy a la ministra de Sanidad para que nos explicara qué actuaciones se están llevando a cabo -de nuevo la felicito por ello-, cuáles se tienen previstas en prevención y deshabituación tabáquica y cuál es la dotación presupuestaria que avala la realización de las mismas. Lo lamentable, señora Riera, es que yo por lo menos no me he enterado de cuáles son esas medidas, de cuáles son esas políticas ni de cuál es la disponibilidad económica con que se cuenta desde el Ministerio para afrontarlas. Sin embargo, señora Riera, no nos parecía adecuado, ni nos lo parece, el método de financiación que usted aprovechaba en esta interpelación para proponer y que ahora ha matizado.
La posición de mi grupo con respecto a ese tema es contraria, por elementales principios fiscales, a la afectación de un ingreso a una finalidad concreta, y no voy a seguir hablando de este tema, puesto que usted ha matizado ya esta situación.
Por otra parte, quiero decirle a la representante del Grupo Vasco que en Andalucía no se está hablando del mismo tema, de afectación de un porcentaje de un impuesto. Lo que el Gobierno autónomo andaluz ha realizado es la petición de un informe jurídico para ver la posibilidad de, sobre los beneficios de Tabacalera, no sobre el impuesto, detraer determinadas cantidades para financiar la asistencia o la prevención en este tema de consumo de tabaco.
Entiende mi grupo que no se puede en ningún caso ligar la puesta en marcha, o la

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simple existencia de medidas preventivas de salud pública, con la aceptación de un impuesto y menos aún cuando este impuesto, en el caso del tabaco, penaliza el consumo de dicha sustancia; cuando menos es una cosa un poco extraña cuando no cínica.Sí compartimos y exigimos que exista una financiación adecuada.
Señorías, señora ministra, el gran problema en este asunto es que unas medidas de salud pública consideradas por la Organización Mundial de la Salud como las más importantes que puede adoptar un Gobierno con repercusiones positivas tanto para la salud de los ciudadanos como para la economía de nuestro país, cuales son la reducción del consumo de tabaco y la prevención de incorporación de nuevos consumidores, prácticamente no existen entre las prioridades del Ministerio, señora Villalobos. Las actuaciones para la reducción del consumo de tabaco, siendo ésta una prioridad establecida a mediados de los noventa, como usted misma sabe, por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, son en nuestro país escasas y aisladas. Ha contado, como acostumbra usted hacer, una retahíla de objetivos, qué está sucediendo en Europa, qué discusiones se están manteniendo. Sabemos ya de la existencia de esas directivas, señora ministra, no así de su cumplimiento por parte de nuestro Gobierno. Y no se esconda detrás de las comunidades autónomas o creando comisiones técnicas continuamente para todos los temas de los que habla y fijándolos en el Consejo interterritorial, señalando que son las comunidades autónomas o el consejo los que tienen la competencia, argumento que tanto usted como su grupo yo creo que manejan con demasiada alegría.
Señora ministra, si usted no tiene competencia en asuntos como el de la legionella, si usted no tiene competencia en asuntos como el de las vacas locas, si usted no tiene competencia en temas como el que estamos tratando del tabaco, por tanto tampoco en las políticas de salud pública frente al tabaquismo, deberíamos concluir que pese a ser la responsable del Sistema Nacional de Salud a usted le faltan competencias y le sobran muchas incompetencias a su Ministerio. Lo fundamental en este tema para luchar contra el tabaquismo es afrontar con rigor actuaciones multisectoriales que yo espero que también vengan en parte recogidas en la moción que la señora riera pretende traer a la Cámara la próxima semana. Por ejemplo, desde el ámbito educativo, que sea real la aplicación como materia transversal en la Logse de la educación para la salud una regulación adecuada, que no existe en nuestro país, de la publicidad del tabaco y la prohibición total de esponsorización de eventos deportivos, culturales y de otro tipo, el control sistemático del contrabando, la regulación del mercado, que se haga realidad el cumplimiento del decreto 192/1998 -¿ le suena?, aquello también era de nuestra época, de la época socialista- y que ustedes modificaron en 1999, sobre las limitaciones en la venta y uso del tabaco para la prevención de la salud de la población. En los últimos cuatro años siete sanciones sólo en una comunidad autónoma que depende del Ministerio y se sigue vendiendo tabaco a menores en este país. Queremos exigir de usted, señora Villalobos, que se lleven a cabo las actuaciones previstas en el tercer Plan de actuación de la Organización Mundial de la Salud, del que usted ha hablado, que comenzó en 1997 y finaliza en el 2001 sin que nuestro Gobierno haya dado cumplimiento a las diez actuaciones previstas en el mismo; queremos exigir el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan nacional sobre drogas que se aprobó exactamente hace un año, el 17 de diciembre de 1999, sin olvidar que cualquier actuación, cualquier medida ha de venir avalada por su correspondiente partida presupuestaria, cada actuación con su correspondiente financiación.
Estoy con usted, señora Riera, en que no es admisible que en momentos de crecimiento de los ingresos del Estado, fundamentalmente a través de los impuestos indirectos, estemos hablando de déficit cero y no cubramos políticas tan fundamentales como las de salud, de las que estamos hablando, o políticas como la de las reformas educativas y tantas otras. Señora Riera, si después de lo que usted ha dicho trae en el sentido en el que ha manifestado una moción a esta Cámara, cuente con el apoyo de mi grupo siempre que se cumplan las medidas que hay que cumplir en este tema y que haya la suficiente financiación para que esas medidas sean efectivas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pérez Domínguez.
Señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente, mi intervención es para resaltar el consenso de todos los grupos de la Cámara en relación con los efectos mórbidos o patológicos del tabaquismo, que ya tuvimos ocasión de debatir en la Comisión de Sanidad la pasada semana y donde todos los grupos políticos nos pusimos de acuerdo y aprobamos por unanimidad medidas para la prevención.En las intervenciones de los distintos grupos se puso de manifiesto cuáles eran las actuaciones que el Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas que tienen competencia para ello venían realizando en este campo. Quiero resaltar este criterio porque me parece que debemos ser extraordinariamente respetuosos con las competencias que tiene cada Administración, porque de esa manera nos evitaremos disgustos y disculpas.
Señor presidente, me gustaría resaltar el papel que el grupo de trabajo para la promoción de la salud, dependiendo del Consejo interterritorial, ha realizado y ha presentado, como ha mencionado la ministra, en el mes de septiembre. Tiene 51 recomendaciones. El desarro-

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llo y la puesta en marcha de esas 51 recomendaciones creo que alcanzará logros en la prevención del tabaquismo y en su repercusión negativa.
Por último, señora Riera, además de felicitarle por su iniciativa, yo le invito, como lo ha hecho la ministra, a que sea usted innovadora e inteligente en la propuesta que veremos con el máximo cariño la próxima semana.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PAR SACAR ADELANTE EL ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS. (Número de expediente 172/000052.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate de este punto, corresponde ahora la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para sacar adelante el acuerdo de pesca con Marruecos.
Tiene la palabra el señor Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la pesca es un sector importante dentro de la comunidad española y en comarcas de Galicia, Andalucía y Canarias es la primera actividad económica y de ella dependen los demás sectores. Determinadas flotas de Galicia (comarcas de Barbanza, Morrazo, Marín y A Guarda), de Andalucía (Barbate, Algeciras, Huelva, Isla Cristina y Ayamonte) y de Canarias dependen de que haya un acuerdo con Marruecos. Tenemos barcos pero no tenemos caladeros. Los tradicionales, a los que estas flotas tenían acceso hasta la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos del mar, dependen hoy de Marruecos y son objeto de los acuerdos pesqueros con Marruecos; el último finalizó en noviembre del año 1999 y aún no se renovó.
Señor ministro, desde noviembre de 1999 más de 400 barcos españoles de Andalucía, Canarias y Galicia están amarrados. Hay más de 4.000 trabajadores afectados directamente en espera de que se negocie un nuevo tratado de pesca con Marruecos. Es cierto que en este tiempo los más directamente afectados están siendo subsidiados, pero también lo es que el sector, en sentido amplio, trabajadores directos e indirectos, están en situación de crisis no declarada, viviendo una reestructuración encubierta. Un año después de vencer el anterior acuerdo no hay nada concreto, ni se ve en el horizonte un acuerdo aceptable. Los acuerdos anteriores no fueron fáciles, pero nunca estuvo la flota un año amarrada. Tampoco nunca hubo tanta incertidumbre sobre el futuro y tampoco nunca la oposición se comportó con tanta responsabilidad para no obstaculizar los acuerdos. Señor ministro, la situación -usted lo sabe- es producto de una grave dejación de responsabilidades de los gobiernos populares.
La señora De Palacio anunció a principios del año 1997 una ofensiva ministerial con el fin de sentar las bases del nuevo acuerdo previsto para el año 2000. Esta ofensiva anunciada a los medios de comunicación no se llegó a concretar jamás, ni siquiera en la cumbre España-Marruecos, celebrada en abril de 1999, en la que también la renovación del acuerdo era, según el presidente Aznar, uno de los principales asuntos de la agenda española. El tratado con Marruecos sólo les preocupó electoralmente. Por ello, desde mediados del año 1999 -el acuerdo expiraba en noviembre- se dedicaron a esconder el problema para que no apareciera como tal antes de las elecciones generales.Las elecciones explican también la celeridad con que se conceden las ayudas al sector, que no hubo casi ni que reclamar.
Pasadas las elecciones, dieron largas al tema mareando la perdiz y vendiendo globos de colores y optimismo a través del señor Arias Cañete, que vende acuerdo para antes del verano y después para el mes de septiembre, cuando realmente aún no habían comenzado las negociaciones. Señor Cañete, demasiadas alegrías para alguien que debiera conocer bien el problema.
Señor ministro, hace cinco años, cuando usted era presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en sus críticas continuadas a la Comisión y al Gobierno español aseguraba que sólo un milagro conseguiría un acuerdo con Marruecos. Decía, además, que la Comisión Europea y el Gobierno español se estaban bajando los pantalones ante Rabat. Nosotros, señor ministro, con independencia de lo que haga con los pantalones, le felicitaremos si consigue un acuerdo similar al del año 1995. Nosotros, al igual que el sector, sólo queremos un acuerdo razonable que permita a la flota española afectada continuar pescando. Hoy, un acuerdo razonable sólo puede ser aquel que repita o mejore las condiciones del año 1995. Esto es así porque la flota afectada es la misma que faenó en Marruecos hasta noviembre del año 1999; porque el Gobierno, que tuvo mucho interés en demonizar el acuerdo anterior, en cinco años no quiso o no supo buscar otras salidas a parte de la flota que faenaba en Marruecos. Por ello, ahora el único acuerdo que sirve al sector es aquel que permita pescar a los 415 barcos y más de 4.000 trabajadores que faenaban en noviembre de 1999 en aguas gestionadas por Marruecos.
Señor ministro, ustedes asumieron el Gobierno de España en la primavera del año 1996. Desde aquélla saben que es necesario renegociar un acuerdo de pesca con Marruecos y, al tiempo, conseguir caladeros o salidas alternativas a la flota que estaban faenando en esas aguas y no han hecho nada o nada se ve. El otro día el señor ministro nos anunció que ahora, en diciembre del año 2000, están buscando caladeros alternativos para parte de la flota. Nos parece no bien, sino muy bien,

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algo es algo, pero esto, señor ministro, deja al descubierto la negligencia anterior. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no empezaron a buscar caladeros antes? España era la más interesada dentro de la Unión Europea en que este tema se renegociara y se hiciera bien. Ustedes tenían que presionar dentro de la Unión Europea antes de que venciera el anterior acuerdo y no lo hicieron. Ustedes sabían que el tema no era fácil, que se necesitaba tiempo. Sabían también que era necesario comenzar las negociaciones con nuestros barcos faenando. No se hizo así porque ustedes no pusieron interés y tenían el precedente de que las negociaciones del año 1995 duraron siete meses. Los hechos demuestran que, para ustedes, el tratado con Marruecos era importante cuando era un tema con el que intentar desgastar a los socialistas en el Gobierno; cuando asumieron ustedes el Gobierno siguieron echando el muerto a la herencia recibida. Lo malo es que, después de tanto tiempo, la culpa del fracaso ya no puede estar en la historia sino en su irresponsabilidad y en su incapacidad. En la comparecencia de 30 de noviembre, al igual que hiciera el 24 de mayo de este año, en respuesta a una interpelación socialista usted siguió justificando su incapacidad en que la negociación era complicada porque no había cláusula de renovación en el último acuerdo. Sigue en este tema, como en otros, intentando justificar en el pasado sus impotencias del presente. Lo malo es que su postura de huir de sus propias responsabilidades sólo sirve para dar argumentos a Marruecos y debilitar la postura negociadora de la Unión Europea. Además, su argumento está desmentido por los hechos; está desmentido por la propia Unión Europea, que asigna 21.000 millones de pesetas de sus presupuestos para la renovación del acuerdo con Marruecos. Si el acuerdo no estuviera previsto, no tendría sentido que la Unión Europea consignara 21.000 millones de pesetas.
Por otra parte, la historia de los acuerdos con Marruecos nos dice que cada acuerdo es un nuevo acuerdo. Recordemos que la Comunidad Europea suscribe tres acuerdos con Marruecos: en los años 1988, 1992 y 1999. En mayo de 1992 se firmó el acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, por un período de cuatro años. En la revisión de este acuerdo, a mitad de período, Marruecos anunció ya la no renovación y exigió que se adelantara un año su expiración. La negociación fue dura y finalmente se impusieron los sectores marroquíes, partidarios de un mayor acercamiento a la Unión Europea y, tras largas negociaciones y un amarre forzoso de más de siete meses, se llegó a un acuerdo en noviembre de 1995 que fue presentado por Marruecos, al igual que el anterior, como el último acuerdo. Como ve, señor ministro, las circunstancias no son nuevas sino que se repiten. Los acuerdos con Marruecos nunca fueron fáciles, pero siempre hubo acuerdos aceptables para el sector. Si hoy aún no tenemos acuerdo no busque la responsabilidad en el pasado; asuma la responsabilidad de no haber hecho los deberes en este tema. En 1995, cuando los que negociaban eran otros, ustedes tenían muy claro lo que había que hacer, incluso hablaban de ampliar aguas jurisdiccionales. Ahora no les pedimos que hagan ustedes boutades, pero, por favor, pongan cuando menos el interés que aparentaban tener cuando eran oposición.
Como decíamos, la situación actual es fruto principalmente de su incapacidad a la hora de impulsar a la Unión Europea para sacar adelante la negociación; incapacidad también por perder cinco años sin buscar soluciones alternativas o complementarias. Nosotros somos el Estado de la Unión Europea con más intereses pesqueros; somos una potencia mundial en pesca y somos también el primer mercado de la Unión Europea. La Unión Europea es responsable de negociar, pero a España, a su Gobierno, corresponde impulsar la negociación. Lo sabían cuando eran oposición y lo olvidaron cuando llegaron al Gobierno. Los socialistas nos ofrecimos ante esta Cámara para ser cómplices de una estrategia negociadora que ustedes se negaron a compartir. A nosotros nos hubiera gustado conocerla y ayudar a que se asumiera en el seno de la Unión Europea. Lo malo de todo esto, señor ministro, es que los resultados cantan y demuestran que ustedes no tuvieron estrategia; sólo tuvieron un planteamiento derrotista. El Gobierno español tenía que haber movido toda la maquinaria de la Comisión y del Consejo, y no lo hizo. Y piense usted que si España no la mueve, no lo van a hacer por nosotros ni suecos ni franceses.
No sirve tampoco decir que Marruecos no quiere acuerdos de pesca. Hay hechos que demuestran lo contrario. Japón y Rabat renovaron en enero el tratado de pesca bilateral que permite a Japón faenar en el banco canario-sahariano. También 60 barcos coreanos faenan en aguas marroquíes capturando cefalópodos. Lo mismo pasa con la flota rusa.
Está claro, pues, que Marruecos suscribe acuerdos pesqueros. El problema es que ustedes no supieron realmente nunca lo que querían.
Si no, señor ministro, ¿cómo explica que mientras en septiembre usted habla en España de negociaciones, cuando aún no habían empezado, en Bruselas usted presenta un plan de reestructuración que más bien es cierre del sector afectado? ¿De qué lado juega usted, señor ministro? ¿De qué lado jugaba usted, señor ministro, cuando el 30 de noviembre dice en la Comisión de Agricultura y Pesca que el acuerdo es imposible, que en enero hay que empezar un proceso de reconversión como condición para continuar las ayudas? Menos mal, señor ministro, que la cumbre de Niza sirvió para que el Gobierno español revisara su posición entreguista y se prorroguen las ayudas actuales. ¿De qué lado está usted, señor ministro, cuando da por perdida la negociación y al tiempo anuncia una visita inminente al señor Fischler para pedirle que negocie a otro nivel? ¿Por qué no lo hizo antes? Es inadmisibleque un ministro responsable de pesca dé por perdida

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ante la Cámara reiteradamente una negociación, debilitando con ello a la parte europea que negocia.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Díaz, le ruego vaya concluyendo.


El señor DÍAZ DÍAZ: Termino enseguida, señor presidente.
La necesaria prórroga de las ayudas no arregla el problema. Nosotros, señor ministro, tampoco queremos subsidios de paro; queremos trabajo para los afectados. Los subsidios ayudan a la muerte lenta de los territorios, pero muerte al fin. Nosotros queremos soluciones que permitan pan para hoy y trabajo para el futuro. Por eso queremos que se firme un nuevo tratado con Marruecos y que el Gobierno se comprometa a garantizar la continuidad de la flota que hasta noviembre de 1999 faenaba en esas aguas; una flota que usted sabe bien que, por su edad y características, no tiene autonomía para faenar en otros calderos, y el desguace no es salida. Y también sabe usted que parte de esa flota fue construida y financiada con fondos IFOP y sería un despilfarro de recursos públicos que ahora se desguazara.
Señor ministro, están en juego 4.000 empleos directos, 20.000 con los directos e inducidos; está en juego el futuro económico y social de comarcas enteras de Andalucía, Canarias y Galicia, cuyo tejido productivo depende de la pesca. El problema es real y debe tener una salida que permita mantener la actividad productiva. Para garantizar el futuro, ustedes, como Gobierno, en un tema que es internacional, deben dar soluciones. Ustedes son en este caso responsables. Asúmanlo y dejen de buscar responsabilidades fuera. Son Gobierno, no son oposición. Den soluciones, no escapen al problema. La reconversión, señor ministro, no es solución.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Díaz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, señorías, el pasado 30 de noviembre comparecí ante la Comisión de Agricultura de esta Cámara para explicarles cuál era el estado real de las negociaciones pesqueras con Marruecos; sin maquillaje, sin enmascarar nada, situación absolutamente real. Expliqué a SS.SS. que este acuerdo era asunto prioritario para el Gobierno español y les detallé todas las gestiones que se han venido realizando en los últimos años. No ha habido ninguna dejación de actividades. El impulso del acuerdo se ha hecho a nivel de presidente del Gobierno en contactos con el rey de Marruecos y el primer ministro; se ha hecho a niveles de ministros de Agricultura y de ministros de Asuntos Exteriores. Ha habido todo el impulso necesario a la negociación y todas las ofertas de cooperación paralela que pudieran acompañar las ofertas comunitarias y ha habido un contacto permanente con la Comisión Europea para impulsar la negociación, para dotarla de contenido y para reivindicar un acuerdo equilibrado. Siempre se ha discutido este acuerdo en las reuniones de alto nivel. Ha habido todo tipo de encuentros oficiales.
El tema tiene su explicación. Partíamos de un punto que es inexorable y que no se puede discutir: de los 23 acuerdos que suscribe la Unión Europea todos tenían cláusula de renovación. Qué curioso que el acuerdo de Marruecos no tenía cláusula de renovación. Y partíamos de un punto en que Marruecos decía que no tenía obligación de sentarse a la mesa de negociación porque se sabía perfectamente que el anterior acuerdo era de punto final. Eso explica la dificultad de la puesta en marcha de las negociaciones, y eso explica la presión política que ha habido que hacer para que Marruecos se sentara a la mesa de negociación y pasara de una situación inicial en que sólo se admitía la cooperación para desarrollar su propio sector pesquero a otra situación en que había ofertas de pesca extractiva -si bien limitadas- sobre la mesa. Esa es la única razón de la dificultad de este tema. Aquí no ha habido ninguna dejación. Un acuerdo pesquero es un acuerdo internacional bilateral donde hay dos voluntades encima de la mesa: la de un país soberano, como el Reino de Marruecos, y la de la Unión Europea, que tiene voluntad de concluir el acuerdo. La voluntad es la paciencia de los negociadores comunitarios que ronda tras ronda se han sentado a la mesa de negociaciones y han defendido las posiciones que desde el Gobierno español, desde el Gobierno portugués y otros gobiernos interesados hemos puesto encima de la mesa. El Gobierno español ha puesto encima de la mesa posiciones como las que S.S. señalaba; posiciones que partían del final del anterior acuerdo, del espíritu del anterior acuerdo y del análisis de la situación real de los recursos. Habíamos pedido un acuerdo de cinco años porque Marruecos tenía un plan pesquero de cinco años durante el cual solicitaba la cooperación de la Unión Europea, y nos parecía que si había que buscar un aporte de la Unión Europea al desarrollo del sector pesquero marroquí era justo que hubiera un acuerdo de cinco años paralelamente que permitiera una salida ordenada del caladero y el mantenimiento de la flota artesanal, sobre todo aquella que no tiene posibilidades de acceder a otros caladeros. Durante los cuatro años que ha durado el anterior acuerdo, el Gobierno no sólo ha trabajado en impulsar el acuerdo sino en buscar alternativas a la flota dependiente de Marruecos y se ha reorientado parte del esfuerzo de las flotas palangreras hacia la pesca en aguas internacionales.
Dice S.S. que no hemos impulsado la negociación de otros acuerdos inernacionales. Por el contrario, hemos prestado especial atención a todas las renegociaciones de acuerdos pesqueros de la Unión Europea en esta época para conseguir posibilidades de pesca

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adicionales y para ofrecer posibilidades a los buques que estaban en este caladero, pues sabíamos el problema del sector pesquero marroquí. Señoría, no nos equivoquemos. Marruecos es un país que ha desarrollado una importante flota pesquera nacional y toda la opinión pública marroquí es contraria a la celebración de este acuerdo: la opinión pública, los medios de comunicación -puedo remitir a S.S. a las hemerotecas marroquíes- y todo el sector pesquero, que presiona a su Gobierno para que no haya acuerdo pesquero. Nosotros, por nuestra parte, estamos presionando a la Unión Europea y presionando al Reino de Marruecos para que sigan las negociaciones. Paralelamente hemos intentado buscar otros caladeros, y a ellos puedo remitir a S.S.: en Angola, que se ha renegociado en dos ocasiones, una en 1999 y otra en junio de 2000 para un período de dos años; con Cabo Verde, donde estamos negociando en este momento; con las Comores, en vigor hasta el 2001; con Costa de Marfil, donde tenemos un acuerdo en vigor hasta el 2003; con Gabón, que finaliza en diciembre de 2001; con Guinea- Bissau, rubricado en 1997 con vigencia hasta 2001; con GuineaConakry, hasta el 31 de diciembre de 2001; con Guinea Ecuatorial, con Madagascar, con Mauricio, con Santo Tomé y Príncipe, con Senegal, donde hay que comenzar a renegociar en mayo de 2001, con las islas Seychelles. No hemos empezado en diciembre con las negociaciones internacionales, sino que llevamos negociando posibilidades pesqueras adicionales desde el año 1997 y en este momento puedo decir a S.S.
que hay posibilidades de pesca en las modalidades de arrastre tanto para marisco y cefalópodos como para otras especies que al día de hoy están sin cubrir en los siguientes acuerdos: en Costa de Marfil para 600 toneladas de registro bruto, en Guinea-Bissau para 1.600, en Guinea- Conakry para 1.800, en Mauritania para 9.100 y en Senegal para 5.600.
Ha señalado S.S. que no se ha presionado suficientemente a las autoridades comunitarias para dar comienzo a las negociaciones. Pues bien, se ha presionado políticamente de tal manera que las negociaciones han comenzado. Es cierto que llevamos unas rondas en las que la Unión Europea ha ido flexibilizando sus posiciones para intentar aproximarse a Marruecos y Marruecos se ha mantenido en la posición inicial de partida, que fue calificada por este Gobierno y por todo el sector como insuficiente e inaceptable. Nos ofrecían dos años y una reducción drástica de nuestra flota industrial y de nuestra flota artesanal y ayer, como sabe S.S., tuvo lugar en Bruselas una nueva ronda negociadora en la que los representantes marroquíes no mostraron ninguna flexibilidad. Han sido seis rondas seguidas de negociación en que sólo la parte comunitaria ha intentado aproximar posiciones avanzando en la búsqueda de un acuerdo, enfrentándonos, por cierto -lo digo con toda honestidad y transparencia-, con la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio.
El Gobierno, considerando este tema como absolutamente importante, elevó el asunto al máximo órgano de decisión de la Unión Europea, al Consejo Europeo en Niza, y los 15 Estados miembros, apoyando al Gobierno español, hicieron una declaración que literalmente decía: El Consejo Europeo toma nota del estado de las negociaciones sobre un futuro acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos y espera que se pueda alcanzar una solución antes de fin de año. Es decir, el Consejo Europeo, el conjunto de los Quince apoya al Estado español en una declaración de la cumbre de Niza. Así pues, no diga usted que no se han hecho esfuerzos diplomáticos, que no se está presionando políticamente y que no tenemos el apoyo de los Quince.
Tenemos el apoyo de los 15 Estados miembros y el de la Comisión, pero un acuerdo es cosa de dos y hay una parte que no quiere acuerdo. Y en previsión de que no se pudiera lograr el acuerdo, el Gobierno consiguió también en la declaración de Niza que se introdujera otra afirmación del Consejo Europeo que dice que, en el caso de que no sea posible lograr dicho acuerdo, el Consejo Europeo invita a la Comisión a proponer, respetando las perspectivas financieras, un programa de acción específico para reestructurar la flota comunitaria que ejerció sus actividades de pesca y a prorrogar el sistema actual de ayudas de inactividad de esta flota. Es decir, el Gobierno ha hecho dos cosas.
Por una parte, ha pedido el apoyo político para impulsar las negociaciones y en ese sentido yo voy a entrevistarme mañana con el comisario Fischler para solicitarle que, habiendo fracasado a nivel técnico las conversaciones, les dé a las mismas un impulso político al máximo nivel. Y paralelamente hemos hecho una segunda cosa: pedir que si no hay acuerdo, que es una hipótesis probable,como puede ser la del acuerdo, haya medidas de apoyo específicas a la flota, incluyendo las ayudas sociales en el marco de un proceso de reestructuración. Eso supone que los Estados miembros reconocen el problema que tenían, así como que el Gobierno español sigue considerando prioritario llegar a un acuerdo y cree que hay que darle un impulso político al máximo nivel. Por eso vamos a pedir a la Comisión que en este plazo que tenemos, hasta el 31 de diciembre -es el que es y no se puede mantener una flota amarrada indefinidamente sin adoptar soluciones-, el comisario Fischler dé un impulso a las negociaciones. Pero también somos un Gobierno que tiene que prever las hipótesis, porque si no lo hiciéramos ustedes el 1 de enero nos llamarían imprudentes por no haber previsto escenarios alternativos.
Por eso estamos barajando todas las alternativas. Eso no es tirar la toalla, sino ser responsable y prever todos los escenarios de diversificación. Por cierto, le voy a dar algún dato para que conozca usted la situación exacta de la flota del caladero marroquí. A 30 de noviembre, cuando la flota amarró, había 387 barcos y no 400. En este momento hay 352barcos que reciben las ayudas, habiendo sido recoloca-

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dos 35 en otros caladeros que ha buscado el Gobierno. El 30 de noviembre pasado había 3.425 tripulantes y en este momento hay 2.842, habiendo encontrado trabajo 583 en otras flotas y existiendo una demanda de empleo importante para acomodar a los tripulantes en este momento.
Esta semana he estado también en Senegal y he mantenido contacto con las autoridades pesqueras senegalesas para conseguir en el marco del acuerdo con Senegal posibilidades pesqueras adicionales. Y no quiero dejar de mencionar a S.S. que el presidente del Gobierno estuvo en Argelia y en Mauritania en este año 2000 y que este ministro va a realizar visitas a ambos países para buscar caladeros alternativos a Marruecos en áreas próximas dentro del radio de acción de las unidades con menor posibilidad de desplazamiento. Durante este año hemos financiado acciones piloto de pesca en aguas internacionales para que la flota de Marruecos pudiera tener también caladeros alternativos. En definitiva, quiero trasladar a S.S. que en este momento estamos trabajando en impulsar el acuerdo, pero también en prever otros escenarios, porque entendemos que la paralización definitiva es una decisión voluntaria de los armadores. El Gobierno ofrecerá posibilidades alternativas de ubicación en otros caladeros, que es lo que estamos haciendo aprovechando las posibilidades que he señalado a su señoría.
Por lo que respecta al empleo, en el caso de que hubiera que acometer un plan de reconversión, habrá que negociar con los sindicatos un plan que incluya políticas activas de fomento del empleo y formación y reciclaje de los trabajadores, porque las prejubilaciones en este sector no son una medida útil por la edad media de las tripulaciones.
Su señoría ha señalado que hay algunas regiones que están muy afectadas por un hipotético receso de actividad, por lo que habrá que diseñar planes de diversificación económica en los cuales también estamos trabajando.
Señoría, la posición del Gobierno en las negociaciones no ha variado un ápice desde el principio, desde el 30 de noviembre pasado. El Gobierno quiere impulsarlas al máximo nivel, pero en este momento, después del bloqueo en que estamos, el Gobierno también busca las alternativas necesarias para mantener tanto la actividad de la flota como, por supuesto, el empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor ministro, dice que el acuerdo es difícil, pero es más difícil empezando tarde. Usted lo considera prioridad, pero la prioridad se demuestra con hechos. El mandato de negociación se consigue muy tarde y la negociación comienza en octubre del año 2000 cuando ya llevaba la flota once meses amarrada. Eso no es una prioridad. Además, si es prioridad, no se ha avanzado nada. Ustedes presumen continuamente de que nosotros pesamos mucho en el contexto internacional, de que somos los más, pero no se nota en este tema. La verdad es que este tema para ustedes nunca fue prioritario. Me da el argumento de que era el último acuerdo, pero la Unión Europea no lo tenía claro -y se lo dije- y consigna 21.000 millones de pesetas. Cuando se firma, la comisaria Bonino dice también que habrá nuevo acuerdo, que hay que buscar puntos de coincidencia. Yo le pregunto, ¿por qué Marruecos, teniendo las mismas condiciones a nivel interno, firma acuerdos de pesca con Corea, con Japón o con Rusia? Porque la realidad es que hay acuerdos pesqueros de Marruecos con otros países.
Otra pregunta que usted no contestó: ¿Por qué se buscan alternativas ahora? ¿Por qué no se buscaron alternativas antes? El problema hubiera sido menor si una parte de la flota estuviera recolocada en otros caladeros. Están buscándolos ahora, en diciembre del año 2000, pero antes no se hizo nada. Yo le pido que no nos hable de reconversión, no es serio hablar hoy de reconversión. En estos momentos hay que hablar de salvar un acuerdo, no de reconversión. Si habla de reconversión está usted debilitando la negociación, y usted debilitó la negociación cuando en septiembre -y aquí tengo la noticia de prensa- el Gobierno anuncia la reconversión total de la flota de Marruecos en diciembre. Esto lo dice usted en septiembre. ¿Cómo va usted a negociar en serio, si en septiembre anuncia ya que habrá una reconversión en diciembre para toda la flota? Usted ya en septiembre, cuando no ha comenzado la negociación, está entregando la flota que faena en aguas de Marruecos. Y el mismo día que está diciendo esto en Bruselas, en España está comunicando a la prensa que el acuerdo es inmediato. Usted se rinde en Bruselas y en España presume de que el acuerdo es inmediato. Usted vende globos de colores en España y se rinde en Europa. Esa es la realidad, señor ministro. (Aplausos.) La paralización de la flota y las salidas de la flota no son solución; puede ser solución para algunos armadores, pero para los trabajadores no es solución. No me vale que me diga que hoy hay menos trabajadores. Claro que hay menos trabajadores, porque se cansaron y buscaron otras salidas. Muchos de ellos están trabajando en la construcción en Canarias, o están trabajando en el sector de la hostelería, abandonan. Ustedes están propiciando una reconversión brutal del sector, porque no hay esperanza para el mismo. Ustedes no dan ninguna salida, dan simplemente largas, y aquí se le piden ya resultados.
Si un día viene usted a esta Cámara y nos dice que fracasaron, que ya no hay acuerdo y nos explica el porqué, ese día podremos hablar de futuro, y estaremos dispuestos a pactar el futuro, pero mientras el tema siga abierto, le exigimos que siga negociando y que llegue a

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un acuerdo que permita que la flota española siga faenando. Cualquier otra solución no es solución. Queremos que la gente siga trabajando y que haya un futuro para ellos y para los territorios donde están ubicados esos barcos. No queremos una salida temporal de subsidios, queremos trabajo, y eso se consigue si ustedes se implican a tope. No me diga usted otra vez hoy, como me dijo el día 30, que iba a hablar con Fischler. Hoy, otra vez, la receta es hablar con Fischler. Por favor, hable de una vez con el señor Fischler, pónganse de acuerdo, negocien a fondo y saquen adelante un acuerdo que es vital; un acuerdo que, repito, está en el mismo punto que estaba a comienzos del año 1999, porque ustedes, sabiendo que era difícil, no hicieron nada hasta ahora. Por favor, son Gobierno, no son oposición, gobiernen.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señoría, el mandato de negociación de la Unión Europea fue conferido antes de que expirara el acuerdo. La petición de negociaciones por parte de la Unión Europea comenzó antes de que amarrara la flota. La primera reunión técnica por parte marroquí no se celebró hasta el 25 de julio, porque hubo un bloqueo absoluto de las negociaciones, y fue la acción del Gobierno español la que impulsó el desbloqueo de las negociaciones. Nos hemos limitado a cumplir nuestro papel de impulsor de las negociaciones.
Estamos en un acuerdo bilateral y se puede hacer mucho voluntarismo político. Se puede decir todo lo que se quiera, pero estamos ante un acuerdo con un país soberano que tiene el derecho de decidir sobre sus propias aguas. La Unión Europea consignó en sus presupuestos el dinero suficiente porque había un mandato negociador en el año 1999, reclamado por España, con la dotación presupuestaria que España había reclamado. No salió del cielo, fue una petición española de mandato negociador y de dotación presupuestaria suficiente para financiar el acuerdo. Hicimos todas las gestiones y, además, contamos con el apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, lo tengo que reconocer, porque hubo una perfecta sintonía en la estrategia preparada y en el apoyo permanente a que esa dotación estuviera presente en los presupuestos comunitarios. Pero ésa es una acción decidida del Gobierno, apoyada por los diputados europeos de todos los grupos políticos, para prever los mecanismos que permitieran la negociación. Y, en paralelo, ha habido con el Gobierno marroquí todas las ofertas de cooperación al máximo nivel para hacer atractivo un acuerdo que el sector pesquero marroquí no quiere.
Señoría, no diga que existen acuerdos pesqueros con terceros países.
Diga que algunos armadores marroquíes chartean las licencias de pesca. Pero no hay acuerdos internacionales de carácter bilateral en este momento con Marruecos ni con buques holandeses; no existen esos acuerdos internacionales. En este momento, el Gobierno de Marruecos está siguiendo la política de negar sus aguas y solamente ha hecho una oferta para dos años, que afecta al 10 por ciento de la flota industrial y al 50 por ciento de la flota artesanal, con la obligación de desembarco de todas las capturas en caladeros marroquíes. Hemos avanzado en la negociación, pero llevamos seis reuniones en que estamos estancados.
Yo nunca he anunciado que en diciembre fuéramos a hacer una reconversión. He dicho que si no había acuerdo en diciembre, tendríamos que iniciar un proceso de reconversión, porque, si no, dejaríamos en la calle a todos los marineros y armadores, porque ése es el tema. El actual marco jurídico comunitario nos permite ayudar a armadores y pescadores hasta el 31 de diciembre, y más allá del 31 de diciembre estamos en un escenario distinto. Por eso siempre he tratado de impulsar la negociación y establecer fechas límites para cerrar el acuerdo. El 30 de noviembre era la fecha normal, porque ahora entramos en unas fechas muy complicadas y vamos contrarreloj.
Si no hay acuerdo el 30 de diciembre, ustedes me dirán que el Gobierno no tiene nada previsto el 1 de enero, y el 2 de enero tendremos interpelaciones por falta de previsión del Gobierno. Pues no va a ser así. El Gobierno va a ser absolutamente responsable, va a impulsar la negociación, vamos a seguir con los contactos bilaterales, como los hemos mantenido con Marruecos sistemáticamente, y vamos a pedir que la Comisión se involucre más.
A usted le puede molestar que yo hable con el comisario Fischler, pero ¿con quién voy a impulsar yo la negociación sino con el máximo responsable comunitario? Con el comisario Fischler y con el presidente Prodi. ¿Con quién voy a hablar para impulsar la negociación? No le moleste a usted que yo hable con el comisario Fischler. Hablaré todo lo que sea necesario para impulsar esta negociación, y lo pienso seguir haciendo hasta el final. Y vuelvo a decir lo mismo: El 31 de diciembre habrá que estar en otro escenario, si no hay acuerdo. ¿Usted quiere que yo no lo prevea? Lo siento. Mi obligación como Gobierno responsable es prever todos los escenarios y decirle a Marruecos que tenemos que acelerar la negociación porque el 31 de diciembre es una fecha límite. Es obvio, y se lo estamos trasladando porque, si no, el 1 de enero tendremos un escenario distinto y tendremos que empezar a hablar con armadores y con sindicatos para recolocarlos en otros caladeros. Y ya le he dicho que hay posibilidades reales, que hay posibilidades en Mauritania, que estamos abriendo posibilidades en Senegal, caladeros próximos, que vamos a hablar con Argelia y con Túnez, caladeros muy próximos.
Nosotros no pretendemos que

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no se recoloquen las unidades. Y hay muchas demandas de empleo en la flota española. En este momento tenemos más de mil trabajadores extranjeros en la flota española porque no hay mano de obra española para la flota. Es decir, los empresarios del sector de la pesca están demandando mano de obra cualificada para sus barcos y hay posibilidades de recolocación de la mano de obra. Por lo tanto, vamos a trabajar en un plan diversificado, si no se logra un acuerdo. Vamos a impulsar el acuerdo, por una parte, pero vamos a ser responsables previendo todos los escenarios. Eso es lo que hace un Gobierno responsable, actuar en todos los escenarios posibles. Lo otro se llama improvisar a destiempo. Y esta negociación se lleva impulsando desde el principio, lo mismo que se previeron las ayudas a la parte social desde el primer día, no esperando cuatro meses, como pasaba en épocas anteriores. Las ayudas a la parte social estaban previstas desde el primer día, obviamente. Eso se llama responsabilidad. Y el mandato de negociación estuvo en su momento. Se han impulsado las negociaciones, pero las negociaciones bilaterales pueden tener éxito o no tener éxito, porque un acuerdo es cosa de dos. Cuando una parte se niega totalmente a un acuerdo, ¿qué se le puede hacer, coaccionarla? Evidentemente, no. Se trata de persuadir y hasta este momento hemos querido persuadir con toda la cooperación necesaria, con todos los estímulos que hicieran un acuerdo aceptable para un país que quiere desarrollar su propio sector pesquero. Pero tampoco olvidemos que Marruecos es un país soberano que ha desarrollado un sector pesquero importante, que ha adquirido un nivel de desarrollo y que en esta ocasión quiere sus recursos para sí. Puede que nosotros no comprendamos esa situación y prefiramos la defensa, como es obvio, de los intereses de nuestra flota, pero hay que hacerlo comprendiendo también la voluntad de la otra parte.
Yo creo que hay margen para la negociación, que hay margen para el encuentro, que somos un sector complementario, que el mercado de productos pesqueros se beneficiaría de una integración de la economía marroquí con la economía española, y esos son los mensajes que nosotros queremos que el comisario Fischler transmita al Reino de Marruecos. No creo que sea buena una situación de enfrentamiento entre Marruecos y la Unión Europea por temas pesqueros. Creo que hay que encontrar marcos de entendimiento, como los hemos venido encontrando siempre, por difíciles que puedan ser; pero, junto con el impulso de los marcos de entendimiento, también responsablemente pienso prever los demás escenarios. Y no creo que eso sea poner en peligro la negociación, porque la negociación tiene ya unos términos establecidos: La Unión Europea quiere un acuerdo de larga duración, equilibrado y en el que todos los segmentos de la flota tengan posibilidades efectivas, con unas condiciones técnicas suficientes.
Yla oferta que está encima de la mesa impide el funcionamiento normal de todos los segmentos de la flota comunitaria.
Espero que seamos capaces, en los próximos días, de buscar un acuerdo y voy a dedicar todos los esfuerzos para impulsar la consecución de ese acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, una prueba evidente de que estamos hablando de un tema muy importante es que en el día de hoy es la segunda vez que hablamos del acuerdo de pesca con Marruecos. Esta mañana, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, se debatió una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, una proposición no de ley que trataba de impulsar al Gobierno a modificar la actual línea de negociación que lleva a cabo la Unión Europea y que, de seguir así, nos conducirá irremediablemente a un fracaso, lo vea como lo vea el señor ministro. Es una estrategia negociadora que, por lo que acaba de decir, el señor ministro comparte y está satisfecho con ella. Nosotros, desde luego, no. Todo apunta a que esta estrategia, sin lugar a dudas (y siempre debe dejar uno un lugar a la esperanza, un pequeño hueco), nos llevará al desguace de la flota y a la pérdida de la actividad, y esta actividad, señor ministro, no se compensa con ayudas económicas. Quiero insistir una y otra vez en esto. Ustedes están en la tesitura de que va a haber suficientes ayudas para jubilaciones anticipadas, desguaces, etcétera. Esto soluciona la situación individual de las personas, pero no soluciona la pérdida de la actividad. Por ejemplo, es evidente que estamos hablando una y otra vez de los empleos directos, pero, como usted sabe, alrededor de esta actividad también hay multitud de empleos indirectos, porque hay un tejido económico que gira precisamente alrededor de la pesca que se realiza en aguas de soberanía marroquí, que se va a perder también definitivamente como no lleguemos a un acuerdo mínimamente satisfactorio.
Nosotros planteábamos esta mañana -y vamos a seguir insistiendo en ello, aunque estemos en una situación casi límite- que, para empezar, el criterio negociador de la Unión Europea -que yo sigo demandando del señor ministro y nunca acabo de ver cuál es- debe basarse en que hay que mantener el número de barcos y las condiciones en las que faenaban a la luz del anterior acuerdo de pesca. Usted compartirá conmigo, señor ministro, que en este momento todos reconocemos que la oferta de Marruecos es inaceptable, pero a partir de ahí todo lo que se está pidiendo por parte de la Unión Europea es más flexibilidad sobre ese acuerdo. Pero claro, más flexibilidad sobre un acuerdo inaceptable,

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me dirá usted a dónde nos conduce. No hay una contrapropuesta.
Seguimos diciendo que la contrapropuesta tiene que ser ésta.
En segundo lugar, le vuelvo a decir, señor ministro -y no sé si es la segunda, tercera o cuarta vez-, que llegados a esta situación, después de que la flota lleve amarrada un año, es mejor no precipitarse en la firma del acuerdo o abandonar las negociaciones.
Es mejor esperar algo más y seguir insistiendo. En ese sentido debe ir la prolongación de ayudas a tripulantes y armadores.
Por último, encima de la mesa hay que poner algo más que buena voluntad, señor ministro. Usted hacía referencia en su intervención al innumerable número de rondas negociadoras que se han llevado a cabo hasta el momento entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.
El problema es, señor ministro, que no basta con hacer muchas rondas negociadoras, hay que saber qué se hizo en esas rondas negociadoras.
En esencia, qué mecanismos, qué contrapartidas ofreció la Unión Europea para hacer apetecible a Marruecos la firma de este acuerdo.
Porque, efectivamente, la cuestión no consiste en reunirnos muchas veces y repetir: ¿Quieres un acuerdo? No. La cuestión es que en una negociación hay que poner encima de la mesa esas contrapartidas. Eso nunca nos lo ha explicado nadie en este Parlamento. Por tanto, habrá que decir algo. Nosotros estamos proponiendo -insisto una y otra vez, si esta propuesta no es aceptable, que se presente otra- que cuando menos la Unión Europea haga saber al Reino de Marruecos -en tanto en cuanto vamos a suponer que ese interés real por el acuerdo existe- que no se va a avanzar en ninguna otra negociación mientras no nos sentemos en serio hasta alcanzar un acuerdo de pesca mínimamente satisfactorio.
A mí, señor ministro, el voto en contra del Grupo Popular esta mañana a esta proposición no de ley no me induce al optimismo. Me parece que tanto el Grupo Popular como el Gobierno se mantienen en una especie de lamento estéril, preguntándose si Marruecos quiere o no quiere o si es país soberano o no. Obviamente, Marruecos es un país soberano, pero supongo que no será un país irracional. Un país soberano siempre está dispuesto a negociar. Vuelvo a insistir, ¿por qué mecanismos? Vamos a dejarlos a un lado. En todo caso, ¿hay en este momento flotas europeas y de terceros Estados que están faenando en aguas marroquíes? ¿Sí o no? Están faenando. Ese es el problema.
Por tanto, señor ministro, se mire como se mire, tanto en la Unión Europea como en su Gobierno está instalada la idea -se lo vuelvo a repetir- de que hay que caminar hacia la reconversión de la flota, que es algo perfectamente asumible dentro del contexto económico en el que nos movemos, y que para eso va a haber dinero. Es menos costoso desguazar que seguir manteniendo viva esta flota, pero a nosotros nos parece una idea mezquina, insolidaria y, además, a la larga, miope, porque al final esa actividad la hemos perdido y no la vamos a recuperar. Deberíamos decir todos con claridad que cuando se están negociando estas cuestiones, probablemente existan otros intereses económicos y/o políticos más importantes que la pesca, y ésta no es una prioridad para la Unión ni para el Gobierno español.
Concluyo, señor ministro, diciéndole lo siguiente. La no conclusión de un acuerdo de pesca satisfactorio, no lo dude, será un fracaso de su Gobierno, también de la Unión Europea y un fracaso suyo personal.
Estamos en esta situación límite. Es evidente que hay que variar la estrategia negociadora que se ha mantenido hasta ahora por parte de la Unión Europea. Para modificar esa estrategia su Gobierno debe plantarse y decir estrictamente a quien se encarga de hacerlo que la varíe y establecer la negociación sobre otras bases que hasta ahora no se han establecido.La pregunta, sin embargo, es si existe voluntad política de realizar este tipo de actuaciones, y eso lo dudamos. En todo caso, vamos a esperar a la moción que presente el Grupo Socialista la próxima semana y volveremos a hablar sobre este tema.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Mantilla, tiene la palabra.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a comenzar por donde finalizaba mi intervención esta mañana en el debate de la proposición no de ley del Grupo Mixto, presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
Señor Vázquez, le vuelvo a repetir una vez más que el Grupo Popular y el Gobierno tienen tanto interés como usted o como su grupo en aprobar el convenio con Marruecos. Es muy fácil -se lo he dicho muchas veces- predicar, y ustedes predican con mucha frecuencia, pero practican en pocas ocasiones. El Grupo Popular pretende practicar y estoy totalmente convencido de que el Gobierno, con su ministro a la cabeza, están intentando por todos los medios conseguir un buen acuerdo. Eso es así. Ahora, hay otros temas que no le interesa concebir, pero el acuerdo con Marruecos, por una serie de vicisitudes, no está saliendo y no es por culpa del Gobierno español ni es por culpa de la Unión Europea.
Al portavoz socialista, que ha pedido excusas personales y así las acepto, le tenía que decir que el 15 de mayo de 1992 se firmaba un acuerdo con Marruecos que tenía una vigencia para cuatro años, desde el primero de abril de 1992 al primero de abril de 1996.
Unilateralmente, Marruecos lo infringió en reiteradas ocasiones.
Primero, ampliando sus paradas biológicas a su imagen y semejanza y cuando le convenía y, después, anticipando la duración del convenio durante un añojusto. En lugar de finalizar el primero de abril de 1996,

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finalizó el primero de abril de 1995. Hubo conversaciones duras y arduas para que el 30 de noviembre de 1995 pudiera entrar en vigor el nuevo convenio que finalizó, como todos sabemos, el 30 de noviembre de 1999. Hasta entonces, el Grupo Popular ha tenido un tratamiento exquisito. Tenemos montones de proposiciones no de ley insistiendo y ayudando al Gobierno socialista para que intentase conseguir el mejor convenio posible. Ahí están los diarios de sesiones. Nunca hemos intentando demonizar al grupo que apoyaba al Gobierno, en aquel caso al Grupo Socialista, o al Gobierno socialista. Intentamos por todo los medios ayudarles porque sabemos que la situación es dura.
Le reitero, señor Vázquez, que puede haber un convenio, un acuerdo para los próximos cuatro años, sin duda más duro que el anterior. El anterior fue más duro que el anterior y así sucesivamente. Como manifesté esta mañana, el sector decía que el convenio que firmamos en 1992 era inaceptable, que era la ruina. Pues el de 1996 fue peor y, sin duda, si llegamos ahora a un convenio, será peor que el anterior. Hay una cosa clara: los marroquíes quieren sus peces e intentarán conseguirlos porque necesitan darles trabajo a sus súbditos. Usted sabe que no sólo es un problema económico o social, es un problema popular. Como decía el ministro, el primer ministro se ha comprometido con su pueblo a que no habría un nuevo acuerdo con la Unión Europea, y es así.
Usted, una y otra vez, está intentado de forma demagógica decir que hay flotas ajenas o de la Unión Europea que están faenando en Marruecos. Usted sabe que no es cierto. Habrá barcos o buques pesqueros que faenan en aguas marroquíes con licencia marroquí, que no es lo mismo, señor Vázquez, como usted sabe perfectamente. Pero para qué le voy a intentar convencer, si sé que no le convenzo. Usted predica pero no practica, y esa es la diferencia que hay entre ustedes y nosotros. Nosotros intentamos hacer las cosas desde el punto de vista positivo y pragmático para que tengan viabilidad.
Ustedes intentan largar. Si usted sigue insistiendo en que hay flotas extranjeras, incluso de la Unión Europea, faenando en el golfo de Marruecos, sabe que está mintiendo, que no es así. Hay licencias marroquíes que chartean barcos para faenar o hay armadores extranjeros que compran licencias marroquíes para faenar. No le quepa ninguna duda de que si no se llega a un acuerdo con España, habrá armadores españoles que faenarán en Marruecos, bien charteando sus barcos o bien adquiriendo o comprando licencias marroquíes. Usted sabe que eso es así. Es decir, que la mayoría de los doscientos y pico barcos gallegos que están amarrados, si no hay acuerdo, seguirán faenando allí de una manera u otra.
Por tanto, vuelvo a insistir una vez más, tengan SS.SS. en cuenta que si hay un nuevo convenio será sin duda más duro que el anterior, porque, por desgracia, yo no me he equivocado. Decía que el nuevo convenio con Marruecos iba a vincular económicamente ese acuerdo, y lo va a vincular forzando que hubiese actividades en tierra. Sabe que uno de los aspectos fundamentales o preocupantes del acuerdo es que tienen que descargar todas las capturas en puertos marroquíes, lo cual es durísimo. Hay muchas cláusulas que pueden ser más o menos duras, pero esa sin duda, en nuestra opinión, es la más preocupante.
Decían que Marruecos en este momento tiene una flota industrial importante, que tiene más de quinientos barcos ya faenando, y lógicamente tienen ya empresas en tierra, como conserveras, que están generando muchos puestos de trabajo, y no hablemos de las famosas pateras o pulperas que están esquilmando al caladero, que es un tema tremendamente preocupante. Sabe S. S. que Marruecos no quiere resolver el problema.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Mantilla, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente Por tanto, lo que quiero llevar al ánimo de SS.SS. es que si hay un acuerdo será más duro que el anterior, y si dentro de cuatro años hay un acuerdo será más duro que éste, es decir, tenemos que pensar si reconvertimos ahora o reconvertimos después, pero estamos obligados y condenados a buscarle solución a nuestra flota pesquera, que hay muchísimas. Su señoría tiene la misma preocupación que yo, ya que, por desgracia, nuestros jóvenes no quieren ir a la mar. No tenemos tripulantes.
Decía el señor ministro antes que ya tenemos más de 2.000 tripulantes extranjeros en nuestra flota; sustituyendo los 2.000 tripulantes por nuestros propios tripulantes de Marruecos hubiésemos obviado el problema. Ya no tendríamos el problema de los tripulantes.
Como le decía, estamos condenados a buscar soluciones a esa flota, y la única solución es encontrar otros caladeros alternativos o puestos alternativos en tierra, porque hay que forzar la acuicultura. Como sabe, es una preocupación del Gobierno, supongo que también es suya, señoría, buscar una solución a la acuicultura, que es, en definitiva, uno de los complementos para nuestra flota pesquera.
Por tanto, vuelvo a terminar como esta la mañana, diciendo a SS.SS.
que no les quepa la menor duda de que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno tienen como mínimo tanto interés como ustedes en alcanzar un buen acuerdo con Marruecos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mantilla.
Concluido el debate, se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.

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