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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 232, de 06/03/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 232
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 223
celebrada el jueves, 6 de marzo de 2003


ORDEN DEL DÍA: Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: ...


- Real Decreto-Ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero de 2003. (Número de expediente 130/000036.) (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 2003.) ... (Página 11835)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de Seguridad Aérea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 17 de enero de 2003. (Número de expediente 121/000128.) ... (Página 11844)

- Proyecto de Ley Orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 129-1, de 14 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000129.) ... (Página 11857)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 11835)

Real-Decreto-ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 a 10 de febrero de 2003 ... (Página 11835)

El señor ministro del Interior (Acebes Paniagua) presenta el Real Decreto-ley, recordando que durante los días 4 al 10 de febrero pasado una serie de fenómenos climatológicos adversos dejaron sentir sus efectos sobre la cuenca del río Ebro, produciéndose grandes inundaciones derivadas de desbordamientos, que provocaron daños tanto en bienes de titularidad pública como privada y que afectaron a varias comunidades. Se trata de un hecho excepcional que ha tenido una respuesta del Gobierno con actuaciones inmediatas y con las políticas que hoy se presentan a la Cámara para su respaldo. Con estas medidas el Gobierno quiere hacer frente a la situación planteada y contribuir al restablecimiento y consiguiente normalización de la vida diaria en las zonas afectadas, reparando los efectos de esta catástrofe natural con la mayor rapidez y rigor posibles.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero de 2003, por unanimidad, con 203 votos a favor.


Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, se rechaza por 127 votos a favor y 156 en contra.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 11844)

Proyecto de ley de seguridad aérea ... (Página 11844)

El señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández) presenta el proyecto de ley señalando que, en lo que se refiere a la seguridad en el transporte aéreo, los estándares establecidos, dado su carácter global e internacional, están basados en normas y recomendaciones emanadas de la OACI, de la Unión Europea, de las autoridades conjuntas de aviación, de la Conferencia Europea de Aviación Civil o de la Agencia Eurocontrol, por lo que la política del Gobierno ha consistido en el impulso de los trabajos realizados en el seno de esas organizaciones y el perfeccionamiento de nuestra legislación aeronáutica general, con la trasposición y aprobación de nuevas normas derivadas de las más recientes prescripciones y recomendaciones de esos organismos. Informa de que durante la presente legislatura el Gobierno ha aprobado 30 normas directamente relacionadas con la seguridad aérea y éste es el fin primero del proyecto de ley. Con el proyecto de ley se persigue asimismo que el órgano regulador de la aviación civil disponga de los instrumentos jurídicos y organizativos que le permitan dar respuesta y anticiparse a las cambiantes exigencias que vertiginosamente plantea la seguridad aérea.


Termina el señor ministro animando a SS.SS., más allá de las enmiendas a la totalidad, a buscar el máximo acuerdo posible para lograr un texto que les permita disponer de una norma que permanezca en el tiempo y que pueda contribuir a que nuestro transporte aéreo sea más seguro y responda a los intereses y necesidades de la sociedad española de hoy.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria: Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el diputado del Grupo

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Parlamentario Mixto, señor Labordeta, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de seguridad aérea, se rechaza por 123 votos a favor y 179 en contra.


Proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas ... (Página 11857)

El señor ministro de Justicia (Michavila Núñez), al presentar el proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, confirma una realidad, y es que con esta nueva iniciativa, la democracia española trabaja con firmeza y sin complejos, cerrando cualquier espacio de impunidad a los terroristas. Se trata de otra iniciativa para, desde la Constitución y con todo el Estado de derecho, luchar contra el terrorismo y contra la delincuencia más grave.
El presente proyecto de ley, dice, tiene como objetivo fundamental que los delincuentes más graves y los terroristas cumplan las condenas que les son impuestas, porque nuestra democracia tiene que estar a la altura ética de una rebelión ciudadana, que ha decidido decir basta ya a quienes tratan de imponer mediante el terror su totalitarismo excluyente y se sirven de los espacios de impunidad para burlarse del Estado de derecho.
Explica a continuación los seis ejes fundamentales del proyecto de ley: Incrementar la duración de la condena hasta 40 años en los casos de delitos singularmente graves; exigir de los terroristas la colaboración activa con la democracia y la indemnización de las víctimas; vincular el patrimonio presente o futuro de los terroristas o de los condenados por delitos más graves a indemnizar a las víctimas; establecer que quien ha sustraído fondos públicos no tenga beneficios penitenciarios si antes no devuelve lo que ha robado; establecer que los condenados por delitos más graves a penas de cinco años no puedan acceder al tercer grado al día siguiente de entrar en la cárcel estableciendo en consecuencia un período de seguridad, y articular el carácter suspensivo del recurso del ministerio fiscal en las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria que supongan la puesta en libertad de quienes estén cumpliendo condenas por delitos graves.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Aymerich Cano, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castain y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por los diputados señores Aymerich, Saura Puigcercos y señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, se rechazan por 16 votos a favor, 264 en contra y 12 abstenciones.


Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 1/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO EBRO DURANTE LOS DÍAS 4 A 10 DE FEBRERO DE 2003. (Número de expediente 130/000036.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, se reanuda la sesión.


Punto VIII del orden del día: Real Decreto-ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero de 2003.


Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, como ustedes recordarán sin duda, durante los días 4 al 10 del pasado mes de

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febrero, una serie de fenómenos climatológicos adversos dejaron sentir sus efectos sobre la cuenca del río Ebro, produciéndose grandes inundaciones derivadas de desbordamientos, que provocaron daños en bienes de titularidad tanto pública como privada y que afectaron a varias comunidades.


Sin ningún género de dudas, estamos ante un hecho excepcional, que ha tenido una respuesta del Gobierno con actuaciones inmediatas y con las políticas que hoy se presentan a la Cámara para su respaldo. No olvidemos que, debido a la magnitud que alcanzó el caudal del río, más de 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus municipios y unas 25.000 hectáreas de tierra fértil fueron anegadas. Las rápidas medidas del Gobierno pretendieron mitigar las consecuencias de estas inundaciones, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños y la devolución a la normalidad de las zonas siniestradas, en las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. Así, comparezco hoy ante esta Cámara para someter a SS.SS. el trámite de convalidación del Real Decreto-Ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan importantes medidas para reparar los daños ocasionados por las inundaciones derivadas de desbordamientos en la cuenca del río Ebro, durante los días 4 al 10 de febrero de 2003, que, en síntesis, voy a destacar a continuación.


En primer lugar, se contempla una serie de medidas administrativas relacionadas con la declaración de zonas de actuación especial en las áreas afectadas por las inundaciones. La pretensión es que los departamentos competentes puedan reparar los daños sufridos, previéndose la declaración de emergencia de las correspondientes obras a realizar.
Asimismo, se recogen otras medidas que tienen que ver con el régimen de contratación en la reparación de infraestructuras o con la reposición de los bienes públicos estatales.


Dentro del segundo apartado, la norma que hoy debatimos prevé un conjunto de medidas fiscales de las que quiero destacar los siguientes aspectos.
Exenciones en las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles, de naturaleza tanto rústica como urbana, para el presente ejercicio; reducción en el impuesto sobre actividades económicas, para el presente ejercicio, a todas aquellas industrias y establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocio hayan sido dañados como consecuencia directa de las inundaciones; supresión de las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y a la expedición de duplicados de los permisos de circulación o de conducir destruidos o extraviados; reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, previéndose la habilitación al Ministerio de Hacienda para que reduzca los índices de rendimiento neto que sirven para calcular, a su vez, los rendimientos en el impuesto de la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre el valor añadido.


En tercer lugar, el real decreto-ley establece un conjunto de medidas laborales que fundamentalmente están orientadas a los siguientes objetivos. Considerar los eventuales expedientes de regulación de empleo, como consecuencia de los daños producidos por las inundaciones, como provenientes de una situación de fuerza mayor; establecer exenciones y moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social (así, por ejemplo, en el caso de suspensión de la actividad empresarial a causa de los daños producidos, se podrá exonerar al empresario del pago de estas cuotas por todo el tiempo que dure esa suspensión); también se prevé garantizar que en el caso de extinción del contrato laboral, lógicamente como consecuencia de esos daños, las indemnizaciones de los trabajadores se paguen por el Fondo de Garantía Salarial; se establece habilitar a las autoridades laborales para que, en el caso de suspensión de la actividad o reducción de la jornada laboral en función de los daños, pueda autorizar que el tiempo de percepción de prestaciones por desempleo no sea computable a efectos de consumir los periodos máximos establecidos, e igualmente, se podrá autorizar que los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo a resulta de estos daños puedan percibir prestaciones por desempleo, incluso aun cuando no hubieran cotizado el tiempo mínimo necesario para tener derecho a ellas.


El real decreto-ley recoge otra serie de ayudas, excepcionales y de urgencia, que comprenden estos aspectos. Para daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales, se financia hasta un 50 por ciento de las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las entidades locales, para lo cual se prevé un crédito de tres millones de euros. También se establece una serie de ayudas excepcionales para la vivienda, que podrán alcanzar una cuantía máxima de 24.000 euros cuando los daños superen el 20 por ciento de su valor. La financiación de esta ayuda será al 50 por ciento entre la Administración general del Estado y las restantes administraciones públicas implicadas.
Las restantes ayudas en vivienda -también, como decía antes, cuando los daños superen el 20 por ciento del valor-, enseres domésticos, requerimiento de prestaciones de bienes y servicios a particulares, así como también los gastos de emergencia a corporaciones locales, se pagarán con arreglo a lo dispuesto en la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993. Todas estas ayudas se pagarán con arreglo a los créditos del Ministerio, los que tenemos previstos para estos fines, créditos que además tienen el carácter de ampliables.


Ayudas para daños en producciones agrarias. Este tipo de ayudas se prevé para los supuestos en que el riesgo de inundación no estuviese cubierto por póliza de seguros, habiendo sufrido pérdidas superiores al 20 ó al 30 por ciento de la producción, según se trate o no

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de zona desfavorecida, y también con arreglo, como no puede ser de otra manera, a los criterios establecidos por la Unión Europea a este respecto. También se prevén medidas especiales para reparar los daños causados en infraestructuras públicas que sean de titularidad de las comunidades de regantes. La reparación de estos daños se realizará por el Ministerio de Agricultura hasta un importe máximo de cuatro millones de euros. El real decreto-ley regula también una importante medida, establecer una línea preferencial de crédito por importe de 18 millones de euros, también ampliable, por el Ministerio de Economía, que tiene como finalidad la reparación o reposición de instalaciones y todo tipo de equipos que se hayan visto afectados por las inundaciones.


En último lugar -y quiero destacar esto porque es de suma importancia, señorías-, la norma contempla mecanismos para permitir que las actuaciones públicas previstas se agilicen al máximo y para que se estreche la colaboración imprescindible en estos casos entre todas las administraciones públicas, como muy bien saben y seguro que comparten todas SS.SS. A estos efectos, se prevé la creación de una comisión interministerial para la correcta aplicación de este conjunto de medidas.
Esta comisión estará coordinada por la Dirección General de Protección Civil e integrada por los representantes de los ministerios afectados y por los correspondientes delegados del Gobierno.


En definitiva, señoras y señores diputados, con estas medidas el Gobierno quiere hacer frente a esta situación con todo un conjunto de decisiones y de actuaciones razonables, que contribuirán sin duda al restablecimiento y consiguiente normalización de la vida diaria en las zonas afectadas. No hablamos, como todos ustedes habrán podido comprobar, únicamente del aspecto económico, sino que estamos poniendo a disposición de los ciudadanos todo un conjunto de medidas paliativas y reparadoras, que van desde la reducción de las cargas tributarias hasta la concesión de créditos en condiciones privilegiadas. Además, queremos que estas medidas se apliquen con rigor y corrección, para lo que establecemos una serie de instrumentos que, junto con la agilización y necesaria flexibilización, aporten la cooperación interinstitucional. Si todas ellas se llevan adelante, estoy seguro de que conseguiremos paliar y reparar los efectos de esta catástrofe natural con la mayor rapidez y rigor posibles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, queremos mostrar nuestra satisfacción por la tramitación de estas primeras ayudas, como no podía ser de otra manera, pero aun así queremos dejar constancia igualmente de toda una serie de cuestiones que nos parecen preocupantes e instamos a su corrección.


El pasado día 18 de febrero, presentamos ya toda una serie de iniciativas parlamentarias reclamando al Ministerio de Hacienda las oportunas explicaciones ante las quejas realizadas públicamente por los habitantes de Pradilla de Ebro por el trato que estaban recibiendo del Consorcio de Seguros. Preguntábamos por las actuaciones que está desarrollando el Consorcio de Seguros en la zona afectada por la reciente riada del Ebro en Aragón, cuándo está previsto que los afectados puedan comenzar a recibir las indemnizaciones, si se tenía conocimiento de las quejas formuladas por diversos afectados ante el tratamiento que se les está dando a la hora de hacerse cargo de las pólizas en el caso de esta catástrofe natural, así como qué medidas piensa adoptar para dar un adecuado cumplimiento a las peticiones vecinales, máxime cuando el propio delegado de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, aseguró a los responsables municipales de la zona que se iban a dar todas las facilidades para que las gentes recibieran su dinero en el menor plazo de tiempo posible. No hemos recibido respuesta y los vecinos y vecinas de Pradilla tampoco, porque el pasado 4 de marzo de 2003 volvieron a aparecer nuevamente en los medios de comunicación críticas de los afectados entendiendo que el trato recibido de los peritos del Consorcio de Seguros no había sido correcto. El propio alcalde de la mencionada localidad aragonesa decía que estaban estudiando movilizarse si no llegan las ayudas por la riada, llegando a hablar de que las instituciones se burlan de ellos, reclaman más ayudas y más agilidad para la zona afectada, unas 25.000 hectáreas anegadas, según ha declarado el propio consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón. Ayer mismo, los sindicatos agrarios amenazaban nuevamente con movilizaciones si no se empezaba a recibir ayudas; ya han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Aragón para el próximo 15 de marzo de 2003.
Actúen y den cumplimiento a sus demandas. En cuanto al montante total de las ayudas, el propio Gobierno de Aragón decía que eran escasas.
Pediríamos un mayor esfuerzo cuando se detecten estas carencias de una inversión para reparar los daños en las infraestructuras y compensar a todos los damnificados.


Vamos a votar favorablemente esta propuesta. Queremos que llegue dinero, pero tenemos la obligación y el compromiso de recordar todos estos problemas que están surgiendo en la zona. Tampoco queremos acabar sin pedir medidas preventivas. Los expertos en materia hidráulica han indicado que es preciso realizar un plan de gestión de las zonas de ribera, donde se deslinde el

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dominio público hidráulico y se establezcan zonas de uso del suelo para prevenir ese tipo de catástrofes naturales. Acabamos de escuchar al ministro del Interior todas las ayudas que van a recibirse en la zona afectada. Esperamos que lleguen pronto y que esta situación no vuelva a repetirse.


Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo, siguiendo una línea de coherencia y solidaridad con cualquier comunidad autónoma que sufra todos estos avatares, incidentes, daños y perjuicios por calamidades meteorológicas o de cualquier otra índole, sintoniza perfectamente con ello. El año pasado, con motivo de las catástrofes que también ocurrieron en la isla de Tenerife, en nuestra circunscripción de Canarias, también solicitamos aquí la colaboración y la obtuvimos generosamente de todos los grupos parlamentarios. Con esta misma solidaridad, también nosotros damos nuestro voto de apoyo.


Coincidimos plenamente con la exposición que ha hecho el ministro del Interior, señor Acebes, estamos en sintonía con él. Le quiero hacer también un reconocimiento -ya lo vimos también el año pasado- y es que se han acortado el plazo entre las fechas en que ocurren las catástrofes -en este caso, del 4 al 10 de febrero en la cuenca del río Ebro- y el momento en que llegan las medidas paliativas que pone en marcha el Gobierno con gran agilidad y rapidez. Quiero felicitar al señor ministro del Interior porque se está siguiendo una línea de eficacia y rapidez que ya pudimos ver el año pasado en la catástrofe de Tenerife. Ahora, ni siquiera han transcurrido diez días desde que se tomaron las medidas, pues el 10 de febrero cesó el efecto meteorológico que provocó la catástrofe y el día 22 de febrero ya aparece publicado en las páginas del Boletín Oficial del Estado este real decreto-ley. Congratulándonos por ello, damos con toda comodidad y solidaridad nuestro voto de apoyo a la convalidación de esta importante medida paliativa de los daños sufridos por los ciudadanos, en sus enseres y bienes y en cualquiera de las actividades económicas en la cuenca del río Ebro.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Al mismo tiempo, solicita formalmente, señora presidenta, su tramitación como proyecto de ley. Señor ministro este real decreto es prácticamente la plantilla que deben de tener en el Ministerio para todos los reales decretos de medidas paliativas para reparar los daños sufridos por diversos riesgos naturales, pero siempre se mantienen fuera del real decreto determinados tipos de ayudas y determinados aspectos que sí afectan a la vida diaria y cotidiana de las personas. Usted nos hablaba de que en él se recogen importantes medidas y nosotros no lo vamos a poner en duda. También es verdad que han actuado ustedes con rapidez y celeridad, pero en el real decreto no se contemplan las inundaciones que se han producido después en la misma cuenca del río de la que hoy estamos hablando y para la que se está convalidando este real decreto-ley.
Además, señorías, ustedes han dejado fuera de la cobertura, o al menos así se desprende de nuestra lectura del real decreto-ley, a aquellos agricultores y pequeñas explotaciones que no tienen suscrito un seguro sobre lo que tienen sembrado y sí cubren a los que están asegurados.
Nosotros seguimos defendiendo que todos los agricultores deben tener aseguradas sus cosechas -eso lo tenemos clarísimo-, pero en este real decreto se quedan sin cobertura esos agricultores. También se quedan sin cobertura, según se desprende de la lectura del real decreto, los trabajadores autónomos que estén funcionando en un determinado régimen, ni siquiera tienen la posibilidad de obtener ayudas, y las exenciones de los bienes inmuebles de las que hablan ustedes, señor ministro, quedan bastantes escasas. Igualmente quedan escasas las ayudas a la vivienda de carácter excepcional. Ustedes plantean, señor ministro, una ayuda excepcional a la vivienda cuando los daños sean superiores al 20 por ciento del valor de la vivienda, con un límite de 24.000 euros. No solamente es escasa sino seguramente estas ayudas de valor inferior al 20 por ciento serían las que tuvieran que destinar a aquellas personas que tengan menos recursos económicos, por lo que tendrán menos posibilidades de acceder no solamente a la cobertura del seguro, porque seguramente no lo tendrán, sino a las ayudas que ustedes están planteando, con independencia de las denuncias que ya ha hecho el portavoz de la Chunta Aragonesista, del Grupo Mixto, sobre los problemas que el Consorcio de Seguros siempre está planteando en relación con este tipo de actuaciones.


Señor ministro -y mi grupo lo ha venido defendiendo durante muchas legislaturas, no solamente ahora-, para que realmente haya una actuación rápida y se puedan ver paliados casi al día los daños que producen estas catástrofes, lo mejor sería redactar un proyecto de ley que se pudiera discutir y que reuniera los aspectos

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más generales que suelen producirse en cualquier tipo de acontecimientos de estas características para no estar recurriendo constantemente a convalidaciones de reales decretos-ley que siempre suelen dejar algún aspecto sin cubrir. En cuanto a su desarrollo, señor ministro, ustedes conocen tan bien como nosotros las posibilidades legislativas que tiene el Gobierno para actuar con esa rapidez y celeridad. Desde luego, tendríamos un aspecto cubierto, que se pondría en marcha de manera automática sin esperar a la convalidación de este Parlamento y empezaría a surtir efecto no solamente en cuanto al arreglo de las infraestructuras públicas dañadas, sino también en cuanto a las ayudas a los interesados.


Señor ministro, también en este caso tenemos que hablar, si no de responsabilidad, al menos sí de una cierta ligereza en la gestión de la propia Administración. Se sabe que no ha habido una buena gestión en la regulación de los pantanos que cubren la cuenca del Ebro porque se ha estado denunciando que dos de los pantanos que tenían que haber estado funcionando como reguladores, días antes de que se produjera la riada, estaban ya a una capacidad superior a la que debían de haber tenido. Se ha denunciado por las organizaciones sindicales de las que forman parte los trabajadores que tienen que ver con estas presas que incluso faltaba personal especialista en el momento en el que se estaban produciendo las riadas o las avenidas hacia los embalses esos días. Por tanto, señor ministro, no solamente necesitamos medidas paliativas, sino sobre todo medidas preventivas; si no se puede evitar la catástrofe, al menos no se debe propiciar que ésta sea mayor, como parece que ha ocurrido en este caso.


A pesar de nuestro apoyo al real decreto, volvemos a incidir en que queremos que se tramite como proyecto de ley para subsanar aquellos aspectos que nos parece que no han quedado bien recogidos en el real decreto y, sobre todo, señora presidenta, para que esas lagunas se vean rápidamente cubiertas.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo, lógicamente, cómo no, va a apoyar la convalidación del real decreto. Estos días ha habido fenómenos adversos que han motivado el desbordamiento del río Ebro, produciéndose inundaciones y toda una serie de daños en zonas determinadas. Voy a concretar un poco más lo que ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra, la señora Urán. Si queremos aplicar el principio constitucional de solidaridad, por consiguiente los de equidad e igualdad mencionados en el real decreto, hay que tener en cuenta, señorías, que en el Ebro existen dos pantanos de gran capacidad.
Si consultamos su estado normal de almacenamiento de agua, siempre supera el 92 por ciento, llegando incluso al 95 por ciento de su capacidad. Se trata de los pantanos de Mequinenza y Riba Roja, con cuya regulación el Plan Hidrológico Nacional tiene previsto mantener el caudal ecológico del río Ebro, pero todavía no se ha puesto en marcha debido al amplio plazo de la puesta en funcionamiento de todo el Plan Hidrológico. La función principal de estos dos pantanos no es otra que la producción de energía eléctrica, por lo que siempre están a estos niveles tan altos, pues las compañías eléctricas están interesadas en tener un gran almacenamiento.
Cuando tienen lugar inundaciones o un aumento de la capacidad del río, se hace un desagüe rápido. He de decir que esta vez no ha sido tan rápido como otras, pero sí lo suficientemente abundante como para que en algunas zonas a orillas del Ebro, concretamente en la provincia de Tarragona, se viesen afectadas instalaciones y campos agrícolas; zonas de las que se ha olvidado completamente el Real decreto. El párrafo dos del artículo primero habla de los efectos de dichas actuaciones reparadoras, pero no sé si quedan incluidas las zonas que acabo de mencionar porque el primer párrafo se refiere a las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón, justo en la frontera donde se encuentra el pantano de Mequinenza, donde se dan las circunstancias que he explicado. Si se cubren también estos municipios que son de otra comunidad autónoma, no tengo ningún inconveniente en apoyar simplemente el real decreto, pero si no es así, nuestro grupo no vería mal que se tramitase como proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, como usted ha indicado, del día 4 al 10 de febrero tuvieron lugar estas primeras inundaciones, porque las segundas, aunque no de tanta gravedad, se produjeron la semana pasada; son daños que se han producido, por lo que debían ser contemplados en esta norma que hoy sometemos a la consideración de la Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa, si bien, como antes indicó la diputada Urán, queremos que se vote su tramitación como proyecto de ley, pues entendemos que hay algunos aspectos del mismo que debían mejorarse.


Señor ministro, antes de analizar el real decreto-ley, me gustaría hacer una reflexión, que no va por usted, pero sí por otros responsables políticos. No pueden confundirse churras con merinas, no se puede confundir

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una inundación, una catástrofe natural, con que haya o no un trasvase y con que haya más o menos agua. Bastante desgracia tuvieron los ciudadanos y ciudadanas de la cuenca del Ebro, que vieron cómo se anegaban sus tierras y sus casas, cómo perdían muchas producciones, cómo estaban afectadas muchas industrias y comercios, como para que encima alguien les venga diciendo: como tienen 3.000 metros cúbicos por segundo, lo que tienen que hacer es pasarnos agua a nosotros. Es hablar por no callar.
Una cosa es la política hidráulica -allá ustedes con su responsabilidad respecto a cómo la quieren gestionar- y otra es que, de unas graves inundaciones, alguien quiera sacar partido político diciendo: aragoneses, os fastidiáis, si tenéis inundaciones, allá vosotros, os las componéis.
Indudablemente, es un acto de insolidaridad, auténticamente rechazable y reprobable.


Este real decreto-ley debería ser tramitado como proyecto de ley -y lo digo con el respeto y la consideración que le debemos, señor ministro, al haber acometido esta tramitación con la rapidez con que lo ha hecho- porque entendemos que hay algunos aspectos que deberían mejorarse. Uno es, desde luego, la ampliación a las inundaciones de la semana pasada. No sé si ustedes van a tramitar otro real decreto-ley, pero sería bueno que este se tramitase como proyecto de ley y se incorporasen los daños que se han producido en las inundaciones.


Hay otros aspectos que también deberían ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar si tiene que haber una ampliación de la cobertura de los daños que se han producido. No sé si les habrán pasado una proposición de ley que presentamos nosotros, como grupo, el día 13 -tres días después de acabar el primero de los procesos de inundación-, en la que proponíamos algo que entendíamos que era normal: es una situación excepcional, una situación que viene ocasionada por una catástrofe natural, y por tanto los ministerios correspondientes, para salvar sus propios recursos, tienen que acudir a la fórmula de crédito extraordinario y elaborar un programa de emergencia, un programa de actuación global que afecte a muchas de las cosas que ustedes contemplan en el real decreto-ley -por eso digo que es un decreto-ley aceptable y defendible-, pero que tienen que ser ampliadas. En consecuencia, en nuestra proposición no de ley planteamos muchos de los aspectos que ustedes contemplan, pero también otros que entendemos que deben ampararse y que le voy a ir indicando.


En el artículo 2 del real decreto-ley, para reparar daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones provinciales, ustedes proponen una ayuda de tres millones de euros, que son 500 millones de pesetas. Las diputaciones provinciales y los gobiernos autonómicos han hecho un esfuerzo importante con cargo a sus propios recursos. Si ustedes han seguido, como hemos seguido todos, de qué manera han actuado los servicios de las diputaciones provinciales y de las comunidades autónomas afectadas, se habrán dado cuenta de que el esfuerzo ha sido importante, y que para las carreteras e infraestructuras de las propias diputaciones provinciales se propongan tres millones de euros a nosotros nos parece insuficiente. Y si esto lo cotejamos con el Real Decreto 1/2002, de 22 de marzo, para las inundaciones que se produjeron en esos días, la verdad es que la cantidad es exigua. En fin, no creo que se trate de comparar un real decreto con otro, sino de ver en qué medida se compensan los daños producidos en la red viaria y en las infraestructuras a las que hace referencia este artículo, y yo creo, señor ministro, que no están compensados.


En el artículo 3, sobre daños en las restantes infraestructuras públicas, vuelvo a la fórmula que he planteado anteriormente: cada departamento asume su parte. ¿De dónde la saca? Es decir, ¿cada departamento va a decir: de mis recursos propios, que ya tengo comprometidos con arreglo a los presupuestos, determinada cantidad la voy a destinar a este tipo de actuaciones? Yo le pregunto si no hubiera sido mejor acudir a la fórmula de un crédito extraordinario que se planteara desde el Ministerio de Economía y que diera cobertura al conjunto de las actuaciones a llevar a cabo por este real decreto.


En cuanto a la indemnización de daños en producciones agrarias hay algunas lagunas, y al Grupo Socialista le gustaría que esas lagunas fueran perfectamente entendibles por ustedes y, desde luego, perfectamente justificables para que su cobertura se tramitara como proyecto de ley.
Indudablemente, en la ribera del Ebro hay producciones agrarias que no están aseguradas porque tradicionalmente no las aseguran, y de ahí derivan producciones que no están aseguradas. Podrá estar asegurado el cereal u otro tipo de productos, pero lo que pasa es que casi todas las huertas de la ribera del Ebro no están cubiertas por ningún seguro y, por tanto, esa producción se ha perdido. ¿No tienen derecho a alguna compensación? ¿No tienen derecho a que haya alguna ayuda para compensar las pérdidas que han tenido? Hay cosechas que no están afectadas por órdenes reguladoras de seguros agrarios, que necesitan ayudas directas, y no las hay. Es otra de las fórmulas que planteamos en nuestra proposición no de ley. Se ha hecho ya referencia a cómo funciona el Consorcio de Seguros agrarios, y las quejas que a mí también me han llegado las deberían tener en cuenta a la hora de ver cómo se tramitan todos los seguros y por qué razón se producen estos problemas, que nosotros no entendemos porque creemos que debería ser un planteamiento automático que no diera lugar a ninguna dificultad.


Hay una figura que tampoco se ha contemplado en el real-decreto, la del lucro cesante. Yo entiendo que esto es complejo de acometer desde la perspectiva de su evaluación y de cómo se calculan las previsiones. Pero, señor ministro, se debería hacer un esfuerzo en la dirección

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de ver qué es lo que dejan de percibir y de rentabilizar explotaciones, producciones o actividades afectadas como consecuencia de estas graves inundaciones, de las que no son responsables porque son catástrofes o accidentes naturales, y creemos que esto debería contemplarse en el real decreto.


Antes de acabar, señor ministro, le comentaré algo acerca de los beneficios fiscales, sobre los que me surge una duda: ¿El IAE existe o no existe? Porque, según tengo entendido, el impuesto sobre actividades económicas está suprimido salvo para las grandes empresas, y da la impresión de que el impuesto sobre actividades económicas va a afectar a todo tipo de actividades. Si mis noticias no fallan, señor ministro, o bien le han hecho este real decreto-ley con arrreglo a una fotocopia o una copia anterior o esa reducción que ustedes plantean en el impuesto sobre actividades económicas va a beneficiar a muy pocos. ¿Y las pequeñas industrias? ¿Y los comercios? Es decir, ¿qué va a pasar con todas aquellas actividades que antes estaban sometidas al IAE y que ahora lo tienen suprimido? ¿No van a tener ninguna reducción? Díganselo ustedes, díganles por qué razón esas actividades no tienen la reducción que parece deducirse del real-decreto, y si no, compénsenlo, y si tienen que modificar el texto del real-decreto para adecuarlo a la realidad fiscal que hay en estos momentos, háganlo, tramítenlo como proyecto de ley, acepten estas modificaciones, adecuen la norma a la realidad y díganles a todos que no van a tener esta reducción del impuesto sobre actividades económicas pero que sí van a tener otro tipo de bonificaciones o de compensaciones por la desaparición de este impuesto.


En cuanto a los beneficios fiscales tengo otra duda, señor ministro. No se incluye la exención del IBI sobre fincas rústicas y el IBI sobre fincas urbanas y explotaciones agrarias se condiciona a que haya habido realojamiento, que es una figura que se plantea aquí y que no estaba en los anteriores reales-decretos. Es decir, señor ministro, con independencia de la referencia de la señora Urán respecto a las viviendas, establecer un tope del 20 o el 30 por ciento me parece una cuantía que para las pequeñas economías, para las economías que existen en estas zonas, es a veces excesiva porque los daños que se plantean no llegan en muchos casos a ese 20 o 30 por ciento. Por tanto, señor ministro, se debería aprobar este real decreto-ley, como vamos a hacer, se debería tramitar como proyecto de ley y para todas aquellas dudas que existen, que están planteadas en el real decreto-ley, en cuanto a la ampliación, al tratamiento impositivo, a los beneficios fiscales que ustedes han formulado, y que necesitan modificaciones, deberían ustedes aceptar esa tramitación con la finalidad de que todos pudiéramos hacer aportaciones y se tramitara como un auténtico proyecto de ley. El objetivo, señor ministro, es que aquellos que han resultado perjudicados perciban las compensaciones para recuperar en la medida de lo posible lo que perdieron. Si no lo quieren hacer ustedes, será su responsabilidad, pero tengan en cuenta que la medida que estamos proponiendo es muy razonable dadas las deficiencias y las carencias que tiene esta norma.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar quiero agradecer el apoyo mostrado por todos los grupos parlamentarios a la convalidación de este decreto que, como muy bien ha explicado el ministro, viene a subsanar la situación provocada como consecuencia de las inundaciones producidas por el desborde del río Ebro a su paso por distintas comunidades autónomas, prácticamente por todas las que baña el río Ebro a excepción de Cataluña (Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón), aunque lógicamente, y a tenor de las primeras valoraciones que hemos recibido a través de los medios de comunicación, los gobiernos autónomos, las diputaciones y por la propia gestión que ha hecho el Gobierno de la nación, se centran básicamente en las comunidades autónomas de Aragón y Navarra, con una afección importante.


A mi grupo le gustaría destacar tres aspectos de este decreto: la celeridad, la coordinación y la eficacia de las medidas propuestas. En cuanto a la celeridad, ha reconocido incluso algún grupo de la oposición que se ha actuado de una forma veloz. El 10 de febrero estaban pasando todavía del orden de 3.200 metros cúbicos por segundo por el puente de San Diego de Zaragoza, 11 días más tarde el Consejo de Ministros aprobaba este real decreto para que tuviera una eficacia inmediata, y 24 días, es decir, hoy mismo, después de las inundaciones estamos procediendo a la convalidación de este decreto en el Congreso. Nos parece que hay que felicitar al Gobierno por la celeridad y la eficacia de este decreto.


Decimos que ha habido coordinación porque este real decreto afecta prácticamente a todo el Gobierno: ministerios de la Presidencia, de Economía, de Agricultura, de Medio Ambiente, de Justicia, de Interior, de Fomento, de Administraciones Públicas, de Hacienda y de Trabajo. Es una labor de solidaridad, teniendo en cuenta nuestra Constitución, con las personas, los colectivos y los municipios que se han visto afectados de forma directa por las inundaciones. Ha habido coordinación también con otras entidades, como puede ser las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales y también con entidades privadas desde el punto de vista de la financiación

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establecida por entidades financieras con créditos especiales para paliar estos efectos.


La eficacia viene derivada de la aplicación en otros decretos de este tipo de medidas y también a través de los trabajos efectuados por la Administración General del Estado y por algunas otras administraciones, especialmente por la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la hora de restaurar tanto las motas como las riberas de los cauces desbordados por el río. Estas medidas van directísimamente dirigidas a paliar los efectos de la riada. Son medidas que tienen efectos desde el punto de vista de la titularidad pública y también la titularidad privada. De la titularidad privada me gustaría destacar los aspectos considerados de la vivienda. El ministro ya ha dicho aquí que 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas ante el grave riesgo de inundación, que en algunos términos municipales se llegó a producir, y se han previsto ayudas de hasta 24.000 euros para la reparación de esas viviendas, ayudas para vehículos, para reparación de naves, de explotaciones agrarias y de maquinaria; en las infraestructuras hidráulicas, afecciones al dominio público hidráulico, obras de toma de agua tanto para abastecimiento como para regadíos y también para la recuperación y reparación de los aforos en el río, que tan vitales son, como se ha demostrado, para la gestión correcta del control de una avenida de estas características.


Sobre los mecanismos, como ya han expuesto tanto el ministro como otros diputados que me han precedido en el uso de la palabra, se prevé la disponibilidad de créditos extraordinarios para financiar los bienes privados de hasta 18 millones de euros a un 3 por ciento de interés ampliable. Todas las ayudas previstas en este decreto, tal como se refleja, son ampliables -es decir, no hay ninguna cicatería- en función de las evaluaciones definitivas. Quiero recordar lo que decía el portavoz del Grupo Socialista respecto a que había habido inundaciones derivadas de la primera gestión una semana más tarde, y nosotros entendemos que esos daños están perfectamente incluidos en este decreto. En el caso de las viviendas privadas quiero hacer referencia a los 24.000 euros. Con los daños evaluados hasta la fecha la cifra estaría en el entorno de tres millones de euros, y por la magnitud de la cantidad se puede ver que las afecciones son realmente importantes. La línea de crédito preferencial estará destinada a instalaciones y equipos industriales, mercantiles, agrícolas y ganaderos, regadíos, automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola, vehículos comerciales, locales de trabajo, naves, etcétera, y el plazo para solicitar estas ayudas será hasta el 31 de diciembre, tiempo que nos parece más que suficiente para la valoración de daños y para las posibles reclamaciones.


También hacía referencia el señor ministro a los convenios con las diputaciones provinciales para la reparación de la red viaria por un total de hasta tres millones de euros y una participación de la Administración general del Estado del 50 por ciento. La disposición adicional cuarta es una de las claves, junto con la ayuda a las viviendas, para la reparación de las infraestructuras públicas de titularidad de las comunidades de regantes, que a través del Ministerio de Agricultura se ha dotado con un presupuesto de hasta cuatro millones de euros, que garantizará la reparación de todos estos daños.


Señorías, cualquier inundación es un fenómeno anómalo. Toda catástrofe natural posee un denominador común que es la solidaridad del resto de la población traducida en la acción de Gobierno, bien sea del Gobierno de la nación o del Gobierno de las autonomías o de las diputaciones provinciales, con un numerador variable que lógicamente va en función del volumen de los daños de las afecciones que se hayan producido. Dicho esto, quisiera hacer algunas valoraciones respecto a ciertas manifestaciones de señores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.


Empezando por el señor Sedó, de Convergència i Unió, que se ha referido a la explotación hidroeléctrica de los embalses fundamentales del eje del Ebro, como son Mequinenza y Ribarroja, quiero decirle que esa ha sido la garantía de una buena gestión para evitar inundaciones mayores, como usted bien sabe, aguas abajo de esos dos embalses, por la laminación que han hecho de la gran avenida que procedía especialmente de Navarra y de Aragón. En ese sentido, los embalses no solamente juegan un papel desde el punto de vista de producción y generación eléctrica o de abastecimientos a regadíos o a poblaciones, sino también de laminación de avenidas. Uno esto a la intervención de la señora diputada de Izquierda Unida, porque es muy sencillo subirse a la tribuna -y agradezco el tono que ha empleado usted en las manifestaciones que ha hecho- para criticar al Gobierno en razón de la política de gestión de los embalses. Tenían ustedes que aclararnos primero si están a favor o en contra de los embalses y también reconocer su función social no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la prevención, de la seguridad y de la gestión. Quiero hacer aquí una manifestación explícita en favor de los técnicos, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha sido la afectada, en cuanto a la gestión.
En la Confederación Hidrográfica del Ebro hay un sistema de gestión, señora diputada, que yo le invitaría a que conociera para que se diera cuenta de dónde están los puntos clave a la hora de hacer una gestión eficaz que permita la viabilidad y permita rebajar los costes desde el punto de vista de las afecciones tanto para las personas como para los bienes públicos y privados. Es lógico que aquí se hagan planteamientos de crítica constructiva por parte de la oposición, pero habrá que reconocer que si los embalses son importantes para llevar agua a nuestras ciudades y a nuestros regadíos, son muy importantes también a la hora de hacer laminación de avenidas y evitar riesgos catastróficos

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como es el caso de una inundación. A esto le uno otra consideración, señorías, y es que hay unos grupos determinados, que parece que están avalados por algunos miembros de esta Cámara, que ya anuncian que van a hacer manifestaciones para quejarse de la aplicación de este decreto ante la Delegación del Gobierno. Se pondrán ustedes detrás de la pancarta, pero yo querría que cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro, algún alcalde o algún Gobierno autónomo exigen que se haga una actuación determinada en un río para limpiar las motas, para quitar la capa vegetal que impide el paso eficaz del agua, estuvieran ustedes también allí con los alcaldes para decirles y demostrarles que son obras necesarias, fundamentales para evitar lo que posteriormente se traduce en desbordamiento y en afecciones directísimas. (Aplausos.) Es muy fácil venir aquí y pedir responsabilidades al Gobierno y es una irresponsabilidad -quizá sea una palabra un tanto fuerte, por lo que voy a emplear el término ligereza, como ha dicho algún portavoz desde esta tribuna- querer englobar en la misma situación aspectos que son totalmente distintos y que tienen por tanto un tratamiento diferente.


Los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida se han referido a la cobertura de los seguros agrarios, y yo les digo que se trata de una vieja polémica. Izquierda Unida nunca ha estado en el Gobierno y no ha tenido capacidad de ejecución en ese sentido, pero llama la atención que el Partido Socialista, que desde hace varios años viene reclamando una política de seguros agrarios fuertemente subvencionada por las administraciones públicas -en este caso por la sociedad nacional ENESA, dependiente del Ministerio de Agricultura y que en los últimos años ha tenido incrementos importantes- y ha reclamado también una mayor participación de las administraciones en el sentido de que dichos seguros se subvencionen aún más, venga ahora a reclamar acciones para aquellos agricultores que habitualmente no suscriben las pólizas de seguros.
Ustedes saben que hay una directiva de la Unión Europea en la que se vehiculan y se vinculan directamente las ayudas por catástrofes naturales, salvo en casos excepcionales, a los seguros agrarios, que cuentan con una gran subvención a cargo de las administraciones públicas.
Pues bien, hay que seguir trabajando en esa misma línea, pero haremos un flaco favor a los agricultores si les decimos que ante cualquier eventualidad desde el punto de vista meteorológico va a ser papá Estado el que les va a cubrir todos los costes sin tener ellos ninguna responsabilidad, sabiendo además que la repercusión de esos costes sobre la cosecha es perfectamente asumible en función de las ayudas que se están dando.


Para terminar quiero decir al señor portavoz del Grupo Socialista que la gestión del agua en el territorio pasa por unos objetivos que en el caso del Ebro vienen marcados por el plan de su cuenca, que afecta a nueve comunidades autónomas, y en el caso de Aragón se reflejan en el documento tan importante que nos hemos dado todos, que es el Pacto del Agua. No sé qué razones tendrán para haber relacionado hoy en esta tribuna las inundaciones con el trasvase, aprovechando la convalidación de un decreto-ley, pero quieren pescar en río revuelto y cualquier oportunidad es buena para enviar un mensaje a Aragón y que se hable del Plan Hidrológico Nacional. Yo le pediría, señor Morlán, un poco más de responsabilidad a la hora de hacer una defensa integral de los acuerdos que por unanimidad nos hemos dado el pueblo aragonés -ya sé que estoy hablando de un decreto-ley que afecta a más comunidades autónomas, por lo que pido disculpas al resto de las mismas-. Hace falta un poco más de coherencia y respeto a los acuerdos.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Pintado, le ruego concluya.


El señor PINTADO BARBANOJ: Termino inmediatamente, señora presidenta.


En definitiva, no se puede estar un día tras la pancarta antipantanos y al día siguiente venir aquí a reclamar que se hagan pantanos para poder laminar las avenidas. Pedimos un acuerdo y un apoyo decidido a los acuerdos que ustedes tomaron.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pintado. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños.


Sometemos a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero del 2003.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


Sometemos, a continuación, a votación la tramitación como proyecto de ley, por el trámite de urgencia, del real decreto-ley convalidado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 127; en contra, 156.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD AÉREA. (Número de expediente 121/000128.)

La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de seguridad aérea.


Para la presentación del referido proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Fomento. (Pausa.)

Señorías, ruego ocupen los escaños y guarden silencio para continuar con el debate. (Pausa.)

Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo si van a continuar de conversación; el ministro está esperando para intervenir.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señora presidenta.


Seguridad en el transporte es definir cómo hay que hacer las cosas, es decir, los requisitos y las normas relativas al material, a las condiciones que deben cumplir las personas que están involucradas en el sector, los procedimientos a aplicar y las características a exigir al medio o a las infraestructuras sobre las que el mismo se realiza.
Seguridad es regular su protección con respecto a actos que atenten contra las personas o bienes conectados con el mismo. Seguridad es, al mismo tiempo, establecer sistemas adecuados para conocer y examinar aquellos casos en los que se han producido accidentes o incidentes, por las causas que sean, y sacar conclusiones que permitan evitarlos en el futuro. Seguridad es conseguir que todos los involucrados en el transporte participen y sean conscientes de que la misma está distribuida y que sólo con su concienciación y corresponsabilización sus niveles podrán mantenerse en términos mejores o iguales a los establecidos en los objetivos. Por último, seguridad es también dotar a la Administración de la regulación necesaria para clarificar competencias en la materia, mejorar su capacidad de supervisión e inspección, definir las obligaciones de todos los implicados y facilitar su actuación de acuerdo al procedimiento, sancionando las infracciones que en su caso puedan haberse producido.


En lo que se refiere a la seguridad del transporte aéreo, quiero señalar que los estándares establecidos, dado su carácter global e internacional, están basados en normas y recomendaciones emanadas de la OACI, de la Unión Europea, de las autoridades conjuntas de aviación, de la Conferencia Europea de Aviación Civil o de la Agencia Eurocontrol, por lo que la política del Gobierno ha consistido en el impulso de los trabajos realizados en el seno de esas organizaciones y el perfeccionamiento de nuestra legislación aeronáutica general, con la trasposición y aprobación de nuevas normas derivadas de las más recientes prescripciones y recomendaciones de esos organismos.


Desde el punto de vista de la seguridad del transporte aéreo, están establecidos con carácter internacional dos conceptos totalmente diferenciados: en primer lugar, el concepto relativo a la seguridad operacional -en el término anglosajón, safety-, que se ocupa de que el material de vuelo, las tripulaciones, los procedimientos de vuelo, los sistemas de navegación aérea y las infraestructuras reúnan condiciones suficientes para que los vuelos sean cada vez más seguros y las probabilidades de incidentes aéreos menores, y en segundo lugar, el concepto relativo a la protección contra actos de interferencia ilícitos de las aeronaves, bienes o personas en relación con el transporte aéreo y sus infraestructuras, denominado security.


En el ámbito de la seguridad operacional, el Gobierno ha adoptado, entre otras, como normas de derecho interno las normas acordadas por las autoridades conjuntas de aviación que regulan las licencias al personal, las operaciones de mantenimiento técnico de las aeronaves, la certificación de las aeronaves civiles y de los productos aeronáuticos, los requisitos y condiciones exigibles a las compañías aéreas para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial, los simuladores de vuelo, los dispositivos de entrenamiento de vuelo y los entrenadores de procedimiento de navegación y vuelo de avión.


Por otro lado, también en relación con la seguridad operacional, con el impulso dado durante la presidencia española se ha creado la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que sustituirá a las antes mencionadas autoridades conjuntas de aviación, permitiendo la producción más efectiva de nueva normativa comunitaria. Asimismo, también partiendo de los trabajos realizados durante el primer semestre de 2002 en la presidencia española del Consejo Europeo, los días 5 y 6 de diciembre de 2002 se logró la posición común sobre los cuatro reglamentos que regulan la creación del cielo único en Europa. En este paquete aéreo se hace referencia a las normas de Eurocontrol en materia de seguridad de los sistemas de gestión en el tránsito aéreo, que están en fase avanzada de tramitación para su trasposición al ordenamiento jurídico nacional sobre el uso de sistemas de gestión de seguridad, sobre el análisis y mitigación de riesgos, sobre los requisitos del personal de gestión del tránsito aéreo y sobre los informes y análisis de datos de incidencia de seguridad, que ya se están siguiendo en España desde marzo de 2002.
Además de lo anterior, de acuerdo con la normativa más reciente de la OACI, hemos efectuado una completa puesta al día de nuestro reglamento de circulación

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aérea, publicado en el Boletín Oficial del Estado de febrero del pasado año, y estamos trabajando para incorporar las normas técnicas de aeropuertos civiles, el reglamento para su certificación y los manuales de operación correspondientes.


En relación con la protección contra actos de interferencia ilícita, nuestro Comité nacional de seguridad aeroportuaria, en línea con lo previsto en la normativa internacional de la OACI y de la Conferencia Europea de Aviación Civil, aprobó el 11 de febrero de 2002 el primer programa nacional de seguridad de la aviación civil, impulsado con ánimo de tener una síntesis global y coordinada de la materia y que puede considerarse como un adelanto de las acciones que exige el reglamento adoptado en el seno de la Unión Europea por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, que ha entrado en vigor el pasado mes de enero. En total, durante esta legislatura, el Gobierno ya ha aprobado 30 normas directamente relacionadas con la seguridad aérea: una de rango legal, seis reales decretos, cuatro órdenes ministeriales y 19 resoluciones de la Dirección General de Aviación Civil.


Para la plena eficacia de todo lo anterior, la autoridad aeronáutica nacional en el ámbito civil necesita los instrumentos jurídicos y organizativos necesarios para asegurar su aplicación y para la adaptación permanente de sus métodos de actuación a las disposiciones y recomendaciones internacionales, al servicio todo ello de la seguridad en el transporte aéreo, la navegación aérea y los sistemas e instalaciones aeroportuarios, que son los fines primeros del presente proyecto de ley.
El reforzamiento de las potestades públicas de intervención sobre el tránsito y el transporte aéreo que este proyecto lleva a cabo obedece igualmente a otro tipo de consideraciones. En primer lugar, a la constatación de que el establecimiento de un mercado progresivamente abierto a la competencia entre diferentes compañías como el actual exige la adaptación de la autoridad aeronáutica civil, que ha de asumir la función de órgano regulador y velar, entre otras cosas, por la libre y ordenada competencia, el adecuado acceso de los operadores y de los usuarios a los servicios aeronáuticos, y el orden y la fluidez general del transporte aéreo. En segundo lugar, al hecho de que la creciente complejidad de las actividades relacionadas con la aviación civil y el desarrollo tecnológico conlleva, debe traducirse en la potenciación de las funciones de supervisión del órgano regulador sobre los procesos de fabricación, mantenimiento y explotación de las aeronaves y productos aeronáuticos, y sobre la prestación de los servicios aeroportuarios y de la navegación aérea, así como en el establecimiento de reglas que ordenen las actividades de las profesiones y organizaciones aeronáuticas. Con esta iniciativa legislativa, además de dar cumplimiento a un compromiso del programa electoral del Partido Popular y al programa de legislatura que expuse ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados en mi comparecencia de 15 de junio de 2000, se viene a dar respuesta a la resolución número 14.4 aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate sobre el estado de la Nación celebrado los días 26 y 27 de junio de 2001, que instó al Gobierno a complementar la Ley 48/1960 con una norma legal que regulase las potestades públicas de ordenación y supervisión de la aviación civil determinando sus fines y dotando a la autoridad aeronáutica con los medios necesarios para asegurar la regularidad de los servicios aeronáuticos y el orden y la seguridad del transporte aéreo.


En definitiva, señorías, este texto legal viene a consolidar el impulso que a lo largo de esta legislatura el Gobierno ha dado a la normativa reguladora de la seguridad del transporte aéreo y de la navegación aérea, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico las normas internacionales de aviación civil. Además, pretende servir como herramienta para garantizar el cumplimiento de la normativa ya promulgada actuando también como nuevo elemento dinamizador del impulso a todas las medidas que redunden en un incremento de la seguridad. Con este proyecto de ley se persigue que el órgano regulador de la aviación civil disponga de los instrumentos jurídicos y organizativos que le permitan dar respuesta y anticiparse a las cambiantes exigencias que vertiginosamente plantea la seguridad aérea.


Con su título I se pretenden distribuir entre los órganos de la Administración general del Estado de forma completa y sistemática las competencias que en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, el artículo 149.1.20 de la Constitución encomienda con carácter exclusivo al Estado. Esta nueva asignación de funciones permitirá avanzar con respecto a la situación creada por la promulgación del Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, conforme al cual este último departamento asumió sin una previa redefinición de sus funciones el ejercicio de las competencias de la Subsecretaría de Aviación Civil, inicialmente en aquella época dependiente del Ministerio del Aire y, por delegación del Ministerio de Defensa, el control de la circulación aérea general.


Con lo previsto en el proyecto, el Ministerio de Fomento queda configurado como la autoridad aeronáutica civil en el ámbito interno, y sus funciones se orientarán fundamentalmente a la ordenación, supervisión y control de los diferentes sectores de actividad que constituyen la aviación civil y al ejercicio de la potestad sancionadora en la materia. La atribución de responsabilidades sobre el control de la circulación aérea general en tiempo de paz, que el proyecto efectúa a favor del Ministerio de Fomento, es directa y no por

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delegación, como establecía el hasta ahora vigente Real Decreto-ley 12/1978, sobre delimitación de facultades entre los ministerios de Defensa y Transportes en materia de aviación. Ello no obsta para que, en situaciones de emergencia o concurriendo circunstancias extraordinarias, el control de la circulación aérea general se integre en la defensa aérea del territorio nacional y, en consecuencia, haya de ser asumido por el Ministerio de Defensa.


Desde la perspectiva de su función ordenadora, se regula igualmente, respecto a las competencias autonómicas, la intervención de los ministerios de Fomento y Defensa en la planificación y establecimiento de los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea. Siguiendo la distribución competencial, el mismo título I prevé la aprobación, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, del nuevo programa nacional de seguridad para la aviación civil, en cumplimiento del reglamento comunitario correspondiente. Tampoco podemos olvidar que el dinamismo del sector aeronáutico y su constante evolución tecnológica exigen que la autoridad aeronáutica civil disponga de competencias o instrumentos reguladores que le permitan dar respuesta ágil a los problemas que plantea la seguridad aérea, en línea con las prescripciones, directivas, reglas o métodos recomendados por los organismos internacionales de aviación civil.


En esta dirección, y siguiendo una pauta generalizada en los demás países de nuestro entorno, se atribuye al director general de Aviación Civil la potestad de dictar disposiciones reglamentarias de carácter secundario y de contenido técnico y especializado, denominadas circulares aeronáuticas, destinadas a completar, precisar y asegurar la más eficaz aplicación de las normas, con el fin de preservar la seguridad de las operaciones de vuelo y el orden del tránsito y del transporte aéreo. Para ello, se precisan con rigor los destinatarios de las circulares aeronáuticas (operadores aéreos, fabricantes de productos aeronáuticos, personal aeronáutico, y gestores de servicios, instalaciones y sistemas de navegación) y se regula con plenas garantías el procedimiento conforme al cual han de aprobarse dichas circulares: trámite de audiencia a los destinatarios, informes de las secretarías generales técnicas de los ministerios de Fomento y de Defensa, cuando afecte a las competencias de este último departamento, y publicación en el BOE.


Por último, para dar más participación al sector, la organización administrativa competencial se completa con la creación del consejo asesor de Aviación Civil, como órgano superior de asesoramiento y consulta en materia de aviación civil, en cuyo seno se integran los departamentos ministeriales y de administraciones públicas cuyas competencias inciden en la aviación civil, y una representación de los intereses más directamente implicados en las actividades aeronáuticas: las compañías, los fabricantes, los centros de formación, las asociaciones profesionales del personal aeronáutico, las organizaciones sindicales y de usuarios, y las organizaciones y asociaciones aseguradoras relacionadas con los seguros aéreos.


Con el Título II se mejora la regulación de la investigación técnica de los accidentes e incidentes establecida hasta ahora por el Real Decreto 389/1998, que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 94/56, de las Comunidades Europeas, de 21 de noviembre, por la que se establecían los principios fundamentales que debían regir la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, de acuerdo con el Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil Internacional. La nueva regulación, que ahora se lleva a cabo en sede legal, refuerza la independencia del órgano responsable de efectuar las investigaciones, la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, órgano colegiado técnicamente especializado e independiente ya de la Dirección General de Aviación Civil, sin perjuicio de su adscripción orgánica al Ministerio de Fomento. El reforzamiento de esta independencia se logra limitando severamente las facultades del departamento de adscripción, nombramiento y cese de los miembros de la comisión, y dotando a la función investigadora de un régimen jurídico específico, a fin de incrementar la eficacia de las investigaciones y preservar su auténtica finalidad, que consiste en la determinación de las causas de los accidentes e incidentes de la aviación civil y en la mejora de la seguridad aérea, pero no en el establecimiento de la culpa o de la responsabilidad de los mismos. Además, para mejorar su capacidad de actuación se impone a las autoridades, operadores, titulares de instalaciones y servicios, y al personal aeronáutico la obligación de comunicar a la comisión de investigación de accidentes e incidentes los accidentes e incidentes aéreos y colaborar al buen fin de sus investigaciones. También y de acuerdo con las normas y recomendaciones aprobadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, se limita la cesión de datos procedentes de la investigación técnica a aquellos casos en que la información haya sido requerida por los juzgados y tribunales del orden penal, por las comisiones parlamentarias de investigación o por otros organismos de investigación técnica de accidentes e incidentes o cuando la comunicación constituya una medida más adecuada para prevenir un accidente o un incidente grave.


Como ya anunciaba al principio, parte de la seguridad se basa en que uno de los cometidos esenciales del órgano regulador consista en verificar el cumplimiento de las normas, circunstancia que otorga particular relevancia a la inspección aeronáutica. Pues bien, el Título III se dedica íntegramente a regular el contenido y la forma de ejercicio de las funciones de control e inspección en sentido estricto y también de verificación sobre las actividades aeronáuticas por el Ministerio de Fomento. El control de las actividades aeronáuticas

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tiene una doble dimensión: comprende, por una parte, las tradicionales funciones de vigilancia y control del cumplimiento de las normas sobre aviación aplicables en los distintos ámbitos sujetos a las mismas y, por otra parte, abarca también actuaciones de supervisión técnica y realización de comprobaciones, pruebas y ensayos necesarios para la obtención y renovación de licencias, habilitaciones y autorizaciones inherentes al campo de la aviación civil y a la certificación de las aeronaves y de los equipos y aparatos aeronáuticos. Para esto último, en la regulación de la inspección aeronáutica se ha buscado un modelo equilibrado de colaboración entre el sector público y el privado para la realización de las actuaciones de comprobación en sentido propio, verificación y supervisión, admitiendo que personas físicas y jurídicas que dispongan de recursos, solvencia técnica, especialización en actividades aeronáuticas y de la independencia necesaria para garantizar la imparcialidad de su actividad, puedan ser autorizadas para realizar tales actuaciones, aunque siempre bajo la dirección y supervisión de la autoridad aeronáutica civil. El concepto no es nuevo en España ni en otros países y ha sido aplicado en otros sectores con éxito, como es el caso de la inspección técnica de vehículos, sin que en estos momentos nadie tenga duda sobre su eficacia.


En garantía del correcto ejercicio de la actividad inspectora, el proyecto de ley regula de forma acabada el régimen jurídico de dicha función, las atribuciones de quienes la realizan, la forma y los documentos en los que se plasma su realización, el procedimiento de subsanación de deficiencias y, en particular, las medidas extraordinarias que puede adoptar la autoridad aeronáutica cuando se hayan constatado irregularidades en aeronaves, equipos o instalaciones civiles que comprometan de forma cierta, grave e inmediata la seguridad aérea. En este sentido, se atribuye a la Dirección General de Aviación Civil la facultad de adoptar, mediante un procedimiento sumario, medidas extraordinarias que pueden llegar a la inmovilización de una aeronave o a la suspensión temporal de títulos, licencias o actividades reguladas cuando se hayan constatado irregularidades que impliquen riesgos ciertos, graves e inmediatos para la seguridad aérea. Pero no se puede inspeccionar si no se poseen los recursos para ello. Por eso, para dotar a la Dirección General de Aviación Civil de los recursos humanos y medios necesarios para ejercer las funciones de inspección, se incluyen la disposición adicional primera -medios para la aplicación de la ley- y la memoria económica que acompaña a la ley, estableciendo las correspondientes previsiones.


El constante incremento que el tráfico aéreo ha experimentado en las últimas décadas genera nuevos requisitos crecientes de seguridad. Por ello, el título IV del proyecto recoge el catálogo de las obligaciones exigibles a aquellos sujetos cuya actuación pueda afectar a la seguridad aérea, regulando las obligaciones generales exigibles a todos y, a continuación y sucesivamente, las obligaciones específicas del personal aeronáutico, de las entidades dedicadas a la fabricación y mantenimiento de productos aeronáuticos, de los operadores y compañías aéreas, de las empresas que realizan trabajos aéreos, de los proveedores de servicios de navegación aérea, de los agentes de servicios aeroportuarios, de los gestores de infraestructura aeroportuaria, de los pasajeros y de los usuarios, y de las entidades y personas que realicen actos de inspección.


Mediante la expresa determinación de las obligaciones, el Gobierno pretende dar un enfoque generalizador y positivo, formulando los requerimientos de seguridad y las pautas de comportamiento exigibles a todos estos sujetos que constituyen el marco jurídico general de la seguridad aeronáutica, que habrá de pormenorizarse y concretarse más adelante en cada una de las múltiples y particulares disposiciones que ordenan y regulan los distintos sectores de actuación comprendidos dentro de la aviación civil. Pero un mero enunciado de las obligaciones no es suficiente para garantizar su cumplimiento, por lo que en el título V y último del proyecto se establece un régimen sancionador en materia de aviación civil completo, tanto en lo material como en lo procedimental, que sustituye al contenido de los artículos 152 a 159 de la Ley 48/1960.


El desarrollo que el tráfico y el transporte aéreo han experimentado desde aquellos años sesenta hasta nuestros días requería que el régimen sancionador de la aviación civil se adecuara a la naturaleza y a las características de las actividades y servicios aeronáuticos que hoy se ejercen o se prestan, de forma que responda fielmente a los problemas y conflictos que efectivamente se concitan y que abarque a la totalidad de los sujetos, individuales o colectivos, que en ellos participan. Era necesario tener en cuenta las determinaciones de la Constitución de 1978 y la nueva legalidad administrativa emanada en la pasada década de conformidad con sus principios, así como las modificaciones derivadas de los acuerdos y normas internacionales en materia de aviación civil y, finalmente, la integración en nuestro sistema de fuentes de derecho de los actos normativos comunitarios que han regulado muy importantes aspectos del transporte aéreo en los Estados miembros de la Unión Europea. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Todas estas circunstancias hacían obligado el establecimiento de un nuevo régimen sancionador que permita corregir las infracciones administrativas, construido sobre la base del pleno respeto a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, así como a los más específicos de tipicidad y proporcionalidad consagrados en la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. En cumplimiento del citado principio de tipicidad, se definen, de acuerdo con los criterios asentados por la doctrina del Tribunal Constitucional, las conductas que constituyen infracciones

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administrativas contra la seguridad de la aviación civil, las relativas al transporte y los trabajos aéreos, al transporte de mercancías peligrosas o sujetas a normas especiales por vía aérea, a la disciplina del tráfico aéreo en materia de ruido, al funcionamiento y uso de los aeropuertos y a la coordinación de los aeropuertos y la utilización de las franjas horarias. En el proyecto se establecen, por último, con la necesaria precisión, las sanciones y medidas consecuencia de las infracciones y los criterios a que los órganos sancionadores deben sujetar sus resoluciones, tanto respecto a la aplicación de las sanciones como en lo relativo a su graduación, con exquisito respeto a los principios antes reseñados y a los de seguridad jurídica y proporcionalidad.


En resumen, señorías, con este proyecto de ley el Gobierno pretende cerrar el marco regulador, clarificando el ámbito competencial, incrementando la independencia investigadora de los posibles accidentes, posibilitando un efectivo y ajustado régimen de inspección, estableciendo las obligaciones exigibles a todos aquéllos cuyas actuaciones pueden afectar a la seguridad, creando un régimen sancionador que permita corregir las infracciones producidas con escrupuloso respeto a los principios constitucionales, y potenciando los medios y recursos de la autoridad aeronáutica para que su labor pueda ser cada vez más efectiva. Por todo ello es difícil acoger las peticiones de devolución planteadas, dado que las mismas parecen desconocer o desfigurar la realidad del marco normativo ya existente o no interpretar correctamente ni la tramitación realizada y las mejoras añadidas como consecuencia de la misma ni lo previsto en el propio proyecto de ley, que es ajustado a procedimiento y respetuoso con los intereses y derechos constitucionales de todos los ciudadanos y los protagonistas del transporte aéreo. El proyecto de ley no hace dejación de las responsabilidades de la Administración del Estado, mejora la capacidad e independencia para la investigación de accidentes e incidentes y refuerza los medios de la Dirección General de Aviación Civil para cumplir sus obligaciones como autoridad aeronáutica.
No obstante, más allá de las enmiendas a la totalidad, animo a SS.SS. a que busquen el máximo acuerdo posible para lograr un texto que nos permita disponer de una norma que permanezca en el tiempo y que pueda contribuir a que nuestro transporte aéreo sea más seguro y responda a los intereses y a las necesidades de la sociedad española de hoy.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señor ministro, pedimos la devolución del presente texto por los siguientes motivos: Primero, esta norma ha sido redactada sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones y sugerencias aportadas por más de 25 entidades e instituciones del sector aeronáutico. La ley tiene un exclusivo carácter sancionador y no contempla el mantenimiento y la mejora de la seguridad aérea. De este modo, la Unión sindical de controladores aéreos, el Colegio oficial de pilotos de la aviación comercial y el Colegio de ingenieros técnicos aeronáuticos rechazan este proyecto. Segundo, no se trata de una ley de seguridad aérea ya que no establece políticas ni medidas que garanticen el mantenimiento y mejora de la seguridad, limitándose exclusivamente a establecer un marco sancionador que afecta a trabajadores del sector y a usuarios. En este sentido se fijan sanciones desproporcionadas que podrían incluso llegar a lesionar derechos constitucionales, sin que se prevea una campaña de información previa a pasajeros y profesionales sobre las actuaciones punibles. Tercero, consideramos que sería conveniente que la nueva ley de seguridad quedara integrada dentro de un único texto de navegación aérea donde se establecieran todos los criterios que deben regir esta materia y no sólo la seguridad. Cuarto, no compartimos que se establezca que el Gobierno podrá proceder a militarizar el control aéreo y al personal aeronáutico civil, sin contemplar qué supuestos o condiciones deben darse para que pueda ser tomada dicha medida. De esta forma la ley nace muy corta de miras dado que sólo hace referencia al aspecto militar y estrictamente fronterizo y no, como sería de gran interés, a cuestiones tan pertinentes como la regulación de los incidentes que puede provocar el cielo único europeo. Quinto, la rechazamos porque contempla la privatización de la inspección técnica del Estado a favor de empresas o corporaciones privadas, sin que se especifique qué requisitos deberán reunir estas ni qué observancias tendrá el Estado sobre las labores oficiales delegadas a particulares. Sexto y último, se establece que la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil siga dependiendo del Ministerio de Fomento cuando la normativa europea, al igual que defienden las organizaciones firmantes, sostiene la independencia de este tipo de organismos respecto de sus gobiernos.


Por todos estos motivos pedimos la devolución del proyecto de ley. De no ser así, esperamos que durante el trámite, con la discusión de las enmiendas, llegue a ser una ley bastante más perfecta.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por dicho grupo, tiene la palabra la señora Urán.


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La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda de devolución al proyecto de ley de seguridad aérea por diferentes razones.
Voy a intentar, señor ministro, no decir maldades de los proyectos de ley que presenta el Ministerio de Fomento, pero la verdad es que últimamente nos presenta unos proyectos de ley que pueden calificarse sólo de poco o nada buenos para mejorar el objeto que pretenden. Con este proyecto de ley, señor ministro, no vemos que se pretenda mejorar la seguridad aérea.
Es un proyecto de ley que nace con el desacuerdo de la mayoría de los sectores implicados en la seguridad aérea o en el funcionamiento de nuestros aeropuertos y de nuestra aviación en general; mal se puede poner en práctica, señor ministro, un proyecto de ley que nace con esos desacuerdos o, al menos, con esas reticencias. Además, cuando se hace un estudio del proyecto de ley, se llega a determinadas conclusiones.


Mi grupo ha llegado a tres. Una, que este proyecto de ley está creando una cultura distinta a la que había hasta ahora, que no es activa sino todo lo contrario, reactiva. Además, es de difícil cumplimiento, es difuso, es ambiguo; el texto no está marcando realmente los parámetros de seguridad en general, no sólo de un determinado tipo de seguridad. Y es punitivo en su gran mayoría; no se busca la seguridad por la colaboración, como decía el señor ministro desde la tribuna, no se busca el compromiso de todos los sectores implicados en la seguridad, sino que lo que se va a intentar hacer es obligarles a cumplir determinados parámetros, que tampoco están demasiado bien clarificados, bajo pena de sanción, que es a lo que en mayor parte se dedica el proyecto que nos ha presentado el Gobierno.


Este proyecto de ley, señor ministro, tampoco está recogiendo las normativas europeas que sobre aviación civil y seguridad aérea se vienen desarrollando últimamente en el ámbito europeo. Alguna de las enmiendas de totalidad que se han presentado hace hincapié en una dispersión normativa que puede llevar a determinadas confusiones y a no tener una verdadera ley, no solamente de seguridad aérea, sino de navegación aérea, cuestión que mi grupo parlamentario comparte. Además, señorías, decían que con este proyecto de ley se daba cumplimiento a la resolución que se había aprobado por el Congreso de los Diputados en el debate del estado de la nación los días 26 y 27 de junio del año 2001. No es cierto, señor ministro, era mucho más amplio lo que desde esta Cámara se pedía al Ministerio de Fomento. Se le pedía hablar de navegación aérea y de todo lo que tiene que ver con ella; se le decía que por parte de la Administración General del Estado se dispusiera de los instrumentos legales necesarios para la consecución de una circulación aérea segura, ordenada y fluida. Eso, desde nuestro punto de vista, no queda bien recogido en el proyecto de ley, es lo que queda más ambiguo. Se pedía asimismo que se potenciara la actuación de los organismos de investigación de aviación civil.


Señor ministro, nos decía usted, casi terminando la presentación de su proyecto de ley, que, para que las inspecciones sean buenas, sean reales, se puedan poner en práctica y se puedan llevar a cabo con totales garantías de seguridad, se tienen que tener los recursos necesarios. El Ministerio de Fomento nos tiene acostumbrados a que, cuando se carece de los recursos necesarios, en lugar de invertir en aumentar los recursos materiales y humanos del Estado para ejercer la inspección, se privatiza.
Eso es lo que hacen y eso es lo que se nos plantea en este proyecto de ley en materia de seguridad aérea: se privatiza la inspección. Por lo tanto nos podemos encontrar -por desgracia, señor ministro- con situaciones no deseadas, como ha ocurrido recientemente con el Prestige; ustedes privatizaron los servicios de Sasemar y ya sabemos cuáles han sido las consecuencias, denunciadas por usted mismo en alguna de sus comparecencias. Creo que hay datos suficientes para que se cambie en este proyecto de ley cuáles son los recursos necesarios para poder llevar a cabo las inspecciones, en condiciones de calidad y de seguridad, pero no a través de la privatización. Nos hablaba también de cómo se estaban adaptando al mercado libre del transporte aéreo. Precisamente, esa es una de las mayores críticas que se hace desde todos los ámbitos. Este proyecto de ley no recoge todos los aspectos ni todos los sectores a los que, hoy por hoy, afecta la liberalización del mercado del transporte aéreo. Sólo recoge aspectos parciales. Y eso no sólo no garantiza la seguridad, sino tampoco el buen funcionamiento y la eficacia del transporte aéreo comercial. Además, ustedes están planteando el uso de personal militar, con nombramientos de libre designación con oficiales de la reserva del Ejército del Aire, cuyos conocimientos en materia de aviación civil se pueden poner en duda. Según otros sectores que ha consultado mi grupo parlamentario, no sólo deberían tener los conocimientos adecuados sino que se tendrían que adoptar las medidas necesarias para que se pudiera acceder a los puestos de inspectores por concursos de mérito y capacidad, y no por los de libre designación.


El proyecto de ley que usted nos ha presentado contiene aspectos que nada o poco tienen que ver con la seguridad en general. Ustedes tratan aspectos muy parciales y además no hablan del espacio único europeo -que también supone un problema de seguridad a la hora del funcionamiento- ni de otros sectores que también inciden en la seguridad. Señor ministro, bajo nuestro punto de vista es un proyecto de ley bastante mejorable y ampliable. La mayor parte de este proyecto de ley es para castigar y sancionar -que creemos que también hay que hacerlo, pero no de la forma que propone el ministerio- e incide poco en las materias realmente de seguridad. Usted nos ha dicho en su presentación de este proyecto de ley que se estaba

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ampliando la capacidad y la incidencia en la investigación de los accidentes y otra de las críticas que hacemos desde mi grupo parlamentario y desde diferentes sectores de la aviación civil es la falta de imparcialidad que puede tener el órgano que se crea, además de haber perdido parte de la confidencialidad de determinados datos, que debería asegurarse.


Mi grupo parlamentario, señor ministro, ha presentado la enmienda de devolución por todas las razones que le he explicado y porque piensa que es un proyecto de ley que no va a modernizar nuestro sistema de aviación, nuestro sistema transporte aéreo comercial, y que incurre en varios de los vicios que tiene ya el Ministerio de Fomento, que dice: Cuando no tengo los recursos humanos y materiales necesarios, privatizo determinadas actuaciones. Y esas actuaciones tienen que ver con la seguridad y con el buen funcionamiento de la aviación civil en nuestro país. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para mejorar este proyecto de ley y lo que esperamos es que la colaboración sea real por parte del Ministerio de Fomento y del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, porque en la tribuna se habla mucho de estar dispuestos a la colaboración pero, en la realidad, en el día a día que vivimos, los diputados y diputadas, al menos los del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo que percibimos es que esa colaboración no están tan dispuestos a llevarla a cabo con nosotros. Esperamos que en esta ocasión sí colaboren y desde luego cuenten con nuestra voluntad de llevarla a efecto con las enmiendas parciales, porque suponemos que las de devolución serán rechazadas.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


Señor Segura, a efectos de defensa de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda de devolución a este proyecto de ley remitido por el Gobierno a instancias del Ministerio de Fomento en la línea de coherencia que venimos manteniendo desde el año 1986. Precisamente porque usted era diputado de esta Cámara recordará que la Ley orgánica 1/1986 disponía que el Gobierno remitiese a las Cortes Generales un proyecto de ley para la puesta al día de la Ley de navegación aérea. Aquella decisión está recogida en aquella ley orgánica como consecuencia del ingreso del Reino de España en las Comunidades Europeas y se era consciente ya en aquel momento de que una ley procedente del régimen anterior, la Ley de navegación aérea del año 1960, era necesario que se adaptase a la nueva realidad política, la Constitución española, la integración en las políticas comunitarias, las políticas de liberalización del transporte aéreo. Las nuevas tecnologías, en lo que se refiere a las ayudas a la navegación y a los mecanismos de navegación aéreos, implicaban nuevos ordenamientos, nueva estructura jurídica y consiguientemente modernización de la estructura vinculada a toda la temática del transporte aéreo. Por ello el Congreso de los Diputados pidió al Gobierno por unanimidad en el año 1986, por medio de una ley orgánica, que en el plazo de un año presentase una ley de navegación aérea que reemplazase a la ley franquista del año 1960.


La realidad objetiva es que desde el año 1986 los sucesivos gobiernos de distinto color no actualizaron la Ley de navegación aérea y la realidad objetiva está en los "Diarios de Sesiones" y le permite a este diputado -permítanmelo SS.SS.-la siguiente licencia personal. En el año 1991, siendo yo senador, en representación de mi grupo parlamentario increpé al Gobierno socialista del momento por no haberla presentado, lo que hoy me permite continuar increpando al actual Gobierno, de otro color político distinto al del grupo parlamentario al que pertenezco, y me permite decirle: Señor ministro, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Es asombroso. Una ley netamente franquista, elaborada por el Ministerio del Ejército del Aire en aquel momento con las temáticas del momento, continúa en vigor en el año 2003. Y nosotros venimos pidiendo que esa ley se derogue y se sustituya por una gran ley aeronáutica española, por una ley ordenadora del transporte aéreo en España. Acepte al menos que pueda atribuirme esa coherencia unipersonalmente como vocacional de las políticas del transporte y con la satisfacción de haber tenido siempre el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Las distintas políticas han impedido, lamentablemente, que una ley de esas características entre en la Cámara. Por eso presentamos, señor ministro, una enmienda de devolución pidiendo al Gobierno que retire este proyecto de ley, que es sectario -y al decir sectario me refiero a que es sectorial, ya que cubre una sola de las múltiples áreas de la navegación aérea-, que traiga el proyecto de ley ordenador del transporte aéreo que necesita un país como el nuestro y que uno de los vestigios legislativos del franquismo, la Ley de navegación aérea, quede ya directamente en el pasado.


Señor ministro, nosotros entendemos que el presente proyecto de ley utiliza como pilares de su estrategia tres elementos fundamentales. En primer lugar, el uso del personal militar dentro del ámbito aeronáutico civil, conseguido a través del nombramiento por libre designación de oficiales en la reserva del Ejército del Aire, sin experiencia ni titulaciones específicas, acreditaciones o conocimientos adecuados adquiridos en la aviación civil, que son cosas distintas. Esta situación que recoge el proyecto de ley nos preocupa porque políticamente supone una involución del proceso de transición de la antigua Subsecretaría de Aviación Civil, militarizada hasta la transición política, a la actual Dirección

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General de Aviación Civil y contradice las políticas dictadas por la OACI para los organismos nacionales de aviación. En segundo lugar, nos preocupa que la privatización de la inspección técnica en algunas empresas o corporaciones no tenga paralelismo con lo que ocurre en otros ámbitos del transporte. Me ha sorprendido, señor ministro, que usted haga referencia a la inspección técnica de vehículos en el transporte rodado en carretera, que ese símil lo eleve al transporte aéreo y diga que no entiende que algunos nos alarmemos por esa privatización de la inspección aeronáutica. Estimamos que esa consideración es de todo punto inaceptable por una razón, porque el concepto regulador implica la garantía del equilibrio entre las demandas sociales y productivas de los actores del sistema de transporte aéreo en beneficio del nivel de seguridad que demanda la sociedad y creemos que eso no lo dan las ITV aeronáuticas, entre comillas, que ustedes impulsan, crean y potencian en el proyecto de ley. Por último, señor ministro, no podemos admitir el potente poder sancionador, omnipotente y desproporcionado, que se residencia en la figura de la Dirección General de Aviación Civil sobre todo tipo de empresas profesionales y sobre todo tipo de colectivos vinculados a la aviación civil.


Nosotros creemos que si este proyecto de ley avanza en la línea del contenido que ha remitido el Gobierno va a obstaculizar seriamente el funcionamiento de la aeronáutica civil. Nos parece que se vulneran principios básicos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de cualquier normativa legal, particularmente en aquellas relativas a materias tan singulares como la seguridad en el transporte, en este caso en el transporte aéreo. El proyecto de ley intenta hacer competir a la Administración aeronáutica estatal con otras autoridades de naturaleza autonómica que son competentes y responsables en materia de consumo, lo que estimamos que no contribuye en absoluto a una defensa de los intereses de los ciudadanos sino más bien a complicar y a entorpecer el sistema de garantías básico que nos da la Constitución frente a los abusos que se pudieran cometer por los diferentes servicios del transporte aéreo.


Voy a hacer una matización a efectos de que el interviniente por el Grupo Parlamentario Popular no pueda aferrarse a mis comentarios. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene nada en común con colectivos sindicales como por ejemplo la Unión sindical de controladores aéreos, ni con el SEPLA, sindicato mayoritario en el colectivo de los pilotos de líneas aéreas. Pero no tener nada en común y haber sido nosotros incluso perjudicados en nuestras acciones de gobierno en gobiernos anteriores, precisamente por actuaciones prepotentes por parte de algunos de estos colectivos, no implica que no leamos con interés las alegaciones que han presentado en el trámite que el ministerio abrió para conocer los criterios de esos colectivos. Y la situación de conflictividad en la que se encuentra la gestión de su ministerio debería llevarle a serenar un poco su acción gubernamental, a detenerse y decir: Aquí hay una potencialidad conflictiva que puede repercutir no sólo en la acción gubernamental, sino esencialmente en la convivencia de nuestro país.


El colegio oficial de pilotos de líneas aéreas rechaza el proyecto de ley; el SEPLA; el sindicato de controladores; las compañías, entre ellas Iberia, que presentó un conjunto de alegaciones importantes que este diputado ha leído, además de la asociación española de compañías aéreas, AECA -y me responsabilizo de que queda en el "Diario de Sesiones", porque sé lo que estoy diciendo- y la asociación ALA, que engloba a cerca de 200 compañías de todo el mundo que operan en nuestras instalaciones, en nuestras infraestructuras, todos esos colectivos han hecho análisis críticos muy duros, algunos de ellos con la pretensión de defender y de preservar determinados intereses adquiridos en el tiempo. Con ellos, obviamente, no nos identificamos. Pero esta realidad debería llevarle al ministro a decir: Vamos a intentar consensuar, como ha pedido la diputada que ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, las enmiendas parciales, porque está claro que estas enmiendas de devolución ustedes las van a rechazar. Le adelanto que el Grupo Socialista va a presentar un número muy relevante de enmiendas. Demuestre esa voluntad de diálogo, respondiendo a las invitaciones que usted permanentemente nos cursa, que la debía haber tenido antes de haber remitido el proyecto de ley, hubiese estado muy bien.


Nos da la impresión, señor ministro, de que el proyecto de ley es una norma absolutamente intervencionista en relación con los numerosos supuestos en los que podría proceder a la adopción verbal de medidas extraordinarias que, si bien está ya contemplado en la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al que usted hizo referencia, supera lo establecido en el procedimiento ordinario, especialmente en lo que se refiere a la tipificación de dichos supuestos, a su urgencia y a su necesidad.
Nosotros creemos que existe una preocupación seria por parte de todos los operadores vinculados al transporte aéreo derivada de la posibilidad de que se pueda incurrir en responsabilidades sobre las infracciones que la norma les atribuye, de forma solidaria o subsidiariamente, por cuanto que la imprecisión en la redacción del articulado, tal y como recoge el proyecto de ley, podría obligarles a hacer frente a sanciones de las que verdaderamente no son responsables directos. Por ejemplo, usted sabe bien que las demoras que sufrimos los usuarios del transporte no son imputables exclusivamente al comandante de la aeronave, no son imputables a la propia compañía; dependen de circunstancias climatológicas, de mecanismos de funcionamiento de la ayuda a la navegación, de la densidad del tráfico aéreo y de decenas de parámetros más.


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¿A usted no le preocupa, señor ministro, convertirse esencialmente en un ministro sancionador? Esta es una ley sancionadora, no es una ley derivada del diálogo. Esto es una especie de palo y tente quieto en el sector aeronáutico. A muchos o a algunos colectivos sí que hay que ponerles en su sitio, sin duda alguna, este diputado lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pero, señor ministro, con independencia de la petición que le hacemos de devolución de este proyecto de ley, nos permitimos identificar ciertas carencias significativas del mismo en las que fundamentamos no solamente nuestra enmienda de devolución, sino también otros argumentos. En primer lugar, el proyecto de ley establece unos límites y unos criterios mediante los cuales se establecerán las correspondientes inspecciones específicas para los sistemas de navegación aérea y aeroportuarios, que consideramos que son insuficientes. En segundo lugar, la extensión del artículo 3 en los aspectos relevantes de la seguridad a bordo de las aeronaves que deben ser objeto de inclusión o referencia específica en el programa nacional de seguridad creemos que debe ser retocado. En tercer lugar, el artículo 2.2., relativo al régimen de las aeronaves militares y los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y los servicios y actividades en instalaciones adscritos a la defensa nacional, así como su personal, que están excluidos del ámbito de aplicación de este proyecto de ley y que quedarán sujetos a su legislación específica, estimamos que abre una ventana y unos mecanismos, unas disposiciones, que van a dar lugar a conflictos innecesarios. En cuarto lugar, señor ministro, echamos en falta la novedad que supone la implantación, que no se analiza, de empresas y servicios aeronáuticos españoles en el extranjero. No se recoge el tratamiento de los talleres de mantenimiento, de los centros médicos de medicina aeronáutica, de las escuelas o centros de enseñanza aeronáutica, que no existen en el proyecto de ley, siendo menester regular la enseñanza en las múltiples facetas de la formación profesional aeronáutica. En quinto lugar, señor ministro, estimamos que adolece de un auténtico régimen de incompatibilidades. No olvide usted lo que dice el artículo 83 bis del Convenio de Chicago, de la Organización Civil Internacional, OACI, en lo referente al control y a la inspección de los servicios aeronáuticos, de lo que no se hace eco el proyecto de ley. Señor ministro, le reitero que creemos que falta un tratamiento especial vinculado a los temas de centros de enseñanza aeronáutica. Hay centenares de centros en este país funcionando de forma anárquica, y lo mantendré en cualquier foro público en el que tenga que expresarme al respecto. Es necesario que el proyecto de ley regule, ordene y sistematice la formación profesional de mecánicos de vuelo, de técnicos de mantenimiento, de especialistas en información aeronáutica, etcétera.


Señor ministro, respecto a la servidumbre aeronáutica, sin ánimo de invadir las competencias urbanísticas municipales y de ámbito comunitario de nuestras comunidades autónomas, que, insisto, ostentan los municipios y las comunidades autónomas, el Gobierno es el que viene fijando dichas servidumbres por decreto, y hasta la fecha no cuenta con una base jurídica sólida y específica que tipifique los supuestos en los que se incluyan infracciones que dan lugar a sanciones proporcionales al daño que causan las vulneraciones, pudiendo llegarse incluso a sancionar, si es preciso, con la demolición de obstáculos, edificaciones e instalaciones que se hayan erigido, vulnerando dicha servidumbre de modo grave. Esto, señor ministro, no lo recoge el proyecto de ley, así como tampoco la servidumbre radioeléctrica y en modo alguno, dentro del régimen sancionador, las alternativas a las sanciones económicas, durísimas, exageradas, que están recogidas en los distintos artículos.


Señor ministro, nosotros solicitamos la devolución del proyecto de ley por las políticas de liberalización del transporte aéreo, por la diferencia existente entre security y safety, a la que usted ha hecho referencia, y por la necesaria ordenación de un montón de normas -algunas de ellas están indicadas en el texto de la exposición de motivos, que está publicado-, más de 3.000 ordenanzas diferenciadas de la normativa JAR en desarrollo de los contenidos de las autoridades aeronáuticas. Señor ministro, toda esa normativa variada que ustedes han tenido que trasponer a nuestro ordenamiento jurídico, que está recogida en forma de órdenes ministeriales, comunicadas, en distintos rangos en la Administración aeronáutica española...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta.


Toda esa normativa es menester enmarcarla en un marco general. Señor ministro, juegue el potente papel que en muchas ocasiones le he demandado, juegue el papel de ministro del transporte. Señor ministro, reconvierta, derogue la Ley de navegación aérea franquista del año 1960, que 42 años después sigue en vigor por negligencias anteriores. Ahí tendrá nuestro apoyo. Traiga un gran proyecto de ley de navegación aérea para este Estado, que es un Estado fronterizo, un Estado clave de la Unión Europea, proa de la Unión Europea hacia el Magreb. El Estado español dentro de muy poco también será un Estado periférico de un conjunto de países que integran la Unión Europea, une un cielo en el que se cruzan infinidad de rutas aéreas hacia el mundo entero. Convierta usted la ley de navegación aérea del año 1960 en una auténtica ley de transporte aéreo, de navegación aérea, de ordenación del transporte aéreo, y este proyectito de ley intégrelo en ese gran proyecto de ley que necesita nuestro país.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


La Ley de Bases de 1947 puso el primer instrumento jurídico de ordenación de la aviación civil o comercial en España. Años después ante determinados avances ya tecnológicos de la operatividad de una España, la de 1947, que tenía todavía las secuelas de la guerra civil, y sobre todo las secuelas de la guerra europea terminada en 1945, llevó al entonces Estado español a través del Ministerio del Aire a la Ley 48 de 1960. Esta es una ley omnipresente en todos los aspectos de la aviación civil o comercial, y ahora el Gobierno trae una ley cuyo título es: de seguridad aérea. Mi grupo ha interpretado que se trata de una parcela dentro del amplio mundo de la aviación civil y comercial o deportiva, de cualquiera de sus aspectos, sean o no militares, los que vienen a ser regulados aquí. Vamos a apoyar el proyecto del Gobierno, porque la seguridad aérea o aeronáutica es una de las facetas que va a afectar tanto a la seguridad técnica de las aeronaves en sí mismas, a la seguridad del movimiento aeroportuario (aeropuertos y aeródromos civiles), como a la de los pasajeros, de los viajeros, de las mercancías y de lo que se puede transportar por la aviación civil o comercial. Por tanto, se ha abordado una línea positiva, que vamos a apoyar de entrada, rechazando las enmiendas de totalidad o de devolución. No es posible cualquier fórmula que pretenda mantener en el tiempo la Ley 48 de 1960, que se ha calificado ya aquí, atinadamente -lo ha dicho el señor Segura y lo comparto-, de obsoleta ¿Cómo no va a estar obsoleta esta ley? No por cuestiones políticas, de régimen; está obsoleta por cuestiones de tecnología, porque la aeronáutica desde 1960 a la de 2003 ha evolucionado mucho, tiene muy poco que ver tecnológicamente y como fenómeno de masas y de tecnología, cualitativa y cuantitativamente hablando. En esta línea todo lo que sea modificar la ley de 1960, incluso en los aspectos sectoriales de la seguridad aérea, es bueno. Qué duda cabe de que nos encontramos con una regulación de un sector en el que influyen fundamentalmente la seguridad y los principios de la defensa del Estado y tiene que tener una correlación con el Ministerio de Defensa en cuanto a la red de aeropuertos y de aeródromos que son de uso en cualquier contingencia nacional de acceso; ahí está, por ejemplo, la normativa europea de Eurocontrol. Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, los países de Europa están sometidos a una normativa, el Eurocontrol, y en caso de interés nacional o de operaciones militares los espacios aéreos quedan condicionados a una normativa de este grado de excepcionalidad.
Querámoslo o no ese grado de excepcionalidad tiene que reflejarse en una norma de seguridad aérea como la que aquí viene hoy día planteando. Hay que dar paso a los trámites de ponencia y comisión de este proyecto de ley, que sabemos que tiene significativas insuficiencias. Se han señalado cuestiones por grupos de la oposición, que mi grupo va a apoyar -y como ha dicho el señor Segura del Grupo Parlamentario Socialista-, que son enmendables y corregibles, y habría que escuchar cuestiones técnicas de colectivos profesionales, bien de pilotos, bien de fabricantes de aeronaves, bien de organizaciones técnicas y colegiales, pudiéndolas entramar en una mejor disposición del texto legal. Nosotros nos vamos a acoger a las últimas palabras que ha dicho el señor ministro: ofertar una línea de cooperación con todos los grupos parlamentarios para tener una norma que perviva en el tiempo. Esta no es una norma circunstancial o temporal en el tema de la seguridad aeronáutica y aeoportuaria; hay que buscar una norma consolidada, con un enriquecimiento del proyecto.


En el proyecto del Gobierno está el armazón, posiblemente muy incompleto, pero da capacidad de percha para irle metiendo, por vía de enmienda, en ponencia y comisión, una serie de adiciones positivas y constructivas que lo enriquezcan. Hoy día la sociedad con lo que está ocurriendo en cuanto a la inseguridad -ahí está el ejemplo del 11 de septiembre en Nueva York y Washington-, dada la alarma social, tiene una demanda, una exigencia de seguridad aeronáutica, no tanto de la ordenación de un tráfico comercial de empresas privadas, de bandera, comerciales de transporte civil, sino de cubrir lo que es algo perentorio en este momento, que es la seguridad aérea, para que el ciudadano que accede a un aeropuerto sepa que en la primera instalación de recepción existen unas normas de seguridad, para que cuando se embarca en la aeronave tenga unas normas de seguridad, para que cuando está en vuelo tenga unas garantías de seguridad. Esto, como diría un piloto militar, es darle un paracaídas a toda la seguridad, tanto del viajero como empresarial. Es necesario ponernos al día en esta actualización. El propio texto del proyecto del Gobierno contempla una serie de disposiciones y de medidas como las que se indican. Por ejemplo, el artículo 3 es muy importante, y va a permitir después ensamblar por vía de desarrollo orgánico y reglamentario de esta ley a través de los decretos, de las órdenes ministeriales o de las resoluciones, una serie de medidas. Cuando se crea el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, que atinadamente trae este artículo 3, ahí está una de las líneas de enganche de una serie de soluciones, perfeccionadoras y positivas. Qué duda cabe que para que una norma perviva en el tiempo tiene que tener también unos dispositivos de vertebración con las circunstancias de cada tiempo, de acuerdo con los avances de la tecnología, las normas de seguridad personal y tecnológica, de todo tipo, que van a permitir, digamos, que la

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norma sea viva, abierta y activa en este momento; y las normas que aquí se tratan de dar a la Dirección General de Aviación Civil en este campo de la seguridad aeroportuaria tienen que ser asumidas y compartidas por todos los actores que van después a intervenir a lo largo del proceso.


Cuando nosotros aquí observamos que se dedica lo fundamental de toda la normativa que trae el proyecto del Gobierno al control de la circulación aérea, tenemos que decir que no podemos estar todavía basándonos en la norma de 1960. Cualquier avance por pequeño que sea que hagamos en este terreno nos hace superar los condicionamientos tecnológicos. Vuelvo a decir que no hago juicios políticos de 1960, me refiero a los condicionamientos tecnológicos. La ley de 1960 ha pervivido hasta ahora porque permitía ir dándole una salida, más o menos adecuada, a estas circunstancias, y prueba de ello es que la amplitud de la Ley 48/1960 -una ley muy detallada en todos sus aspectos- ha permitido posteriormente a la Administración emitir normas, por ejemplo, la que contenía el Real Decreto 389, de marzo de 1998, que regula la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil; ya vienen refundidos en el nuevo texto de la ley, porque no podemos tener una norma de seguridad aeroportuaria, de seguridad aérea sin regular cómo está toda la investigación de accidentes o incidentes en aviación civil. Esto es así de claro. Es más, en 1978 -lo quiero recordar políticamente aquí-, en la transición, se aprobó y se convalidó en este parlamento el Real Decreto-ley 12/1978, que vino a fijar y delimitar las facultades en materia de aviación entre los ministerios de Defensa y el entonces Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyas facultades tiene hoy el Ministerio de Fomento. Esta importantísima norma que he citado, el Decreto-ley 12/1978, fue traída aquí por el entonces responsable del Ministerio de Defensa, el general Gutiérrez Mellado, conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues entendía que había que fijar y delimitar de acuerdo con las circunstancias políticas y tecnológicas de los tiempos las facultades en materia de aviación que eran competencia de la autoridad aeronáutica militar y las que eran competencia de la autoridad civil. Aquí se logró un gran avance que hoy recoge el proyecto de ley. No es que haya una ruptura, porque es imposible la ruptura entre la competencia aeronáutica militar y la civil, puesto que están ensambladas, ambas utilizan el mismo espacio aéreo y las mismas instalaciones aeroportuarias. Esto lo estamos viendo continuamente. En Canarias -se lo digo al señor Segura- lo podemos observar en el aeropuerto de Gando, en donde las pistas que utilizan los aviones comerciales están situadas en paralelo con las pistas que utiliza la aviación militar que custodia el espacio aéreo de Canarias. Eso habrá que regularlo y habrá que ensamblarlo, pero no se pueden hacer compartimentos estancos y decir: aquí está la Administración militar y aquí está la Administración civil; estaríamos poniendo en riesgo toda una serie de competencias existentes. Desde luego, yo no excluiría al personal aeronáutico por suposiciones sobre si tiene o no mejor conocimiento de las normas de seguridad. Para hacer estos ensamblajes hay respetar a los profesionales que hayan servido bien a la aeronáutica militar, a la aeronáutica civil o a la aeronáutica deportiva. Además este proyecto de ley va a permitir superar una crítica que realmente ha sido así, que era la disminución de competencias de la Dirección General de Aviación Civil. Ahora se la refuerza, porque la Administración tiene que tener un instrumento ejecutivo -en este caso la Dirección General de Aviación Civil-, además de los consejos de seguridad que se contemplan aquí, como el consejo asesor de aviación civil. Podrá ser un consejo, porque el propio artículo 10.2 que lo regula contiene una infinidad de apelaciones a distintos organismos profesionales o técnicos que tendrán que estar representados aquí. Precisamente ahí va a estar uno de los núcleos fundamentales para que la Administración pueda desarrollar por vía de decretos, de órdenes ministeriales o de resoluciones el amplio complejo de la seguridad aeroportuaria.


Por estas razones, hay que conseguir todas aquellas adiciones, correcciones, complementos y posibilidades que sean necesarios a través de una ley como ésta, que busca un bien común como es la seguridad aeronáutica y que tiene la intencionalidad de regular este tema y adecuarlo a las normativas europeas. Este es un sector muy dinámico y las circunstancias actuales, por sentido común, demandan más seguridad que ordenación del transporte aéreo comercial. La dinámica actual, basada en las fusiones de empresas y los problemas que están teniendo las empresas aeronáuticas privadas, comerciales y mercantiles, hará que en los próximos diez años veamos cambiar los conceptos de estructura empresarial de estas actividades. Por supuesto, en una intervención del Estado en los sistemas de inspección y de seguridad caben todos los instrumentos que tiene una sociedad actual por vía de la competencia. En cuanto a que exista una posible privatización en cuestiones de inspección técnica de aviones, sólo hay que hacer un repaso de a dónde están llevando a revisión todas las compañías aeronáuticas sus aviones. A ninguna compañía aeronáutica con sensatez empresarial y con vocación de permanencia en el mercado se le ocurre tener aviones inseguros, pero ya por propia exigencia interna empresarial. Por eso esta es una buena norma, aunque puede ser perfeccionada en los trámites. El señor ministro ha hecho esta oferta y mi grupo se va a acoger a ella, presentando enmiendas en la línea de la competencia y del perfeccionamiento de la ley. Como usted bien sabe, varios diputados de esta Cámara somos usuarios del transporte aéreo, igual que todos aquellos que dependen de los puentes aéreos para su transporte diario; somos parte interesada y no solamente representamos

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aquí institucionalmente al pueblo español, sino que estamos defendiendo el interés de viajar con mucha seguridad. Por todas estas razones, nuestro voto será de apoyo al proyecto del Gobierno y de rechazo, con todo respeto a las enmiendas de devolución, porque lo que hace falta es superar técnicamente la obsoleta ley de 1960.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas de devolución. Estamos ante un proyecto de ley que quiere ordenar el conjunto de normas reguladoras que tenemos actualmente en la aviación civil. La norma vigente es muy antigua, proviene de 1947, aunque básicamente haya sido desarrollada en el año 1960. Actualmente han mejorado muchísimo todos los campos tecnológicos quedando dicha norma obsoleta. Hoy la ley que se nos presenta recoge básicamente unas normas dedicadas a la regulación de personas y su actuación. El 11 de septiembre originó la necesidad de reformas y ampliación de todas las normas aéreas, principalmente las de seguridad, y este proyecto de ley cubre una parte.
En el debate parlamentario podrán corregirse las disfunciones que se intuyen en su texto mediante enmiendas parciales. No creemos que las enmiendas de devolución tengan suficiente contenido como enmiendas, puesto que parte de ellas tienen una finalidad de defensa corporativa de las personas. Por el contrario, el texto hace referencia -como ha explicado el señor ministro- al concepto de seguridad operacional, o sea, a las condiciones para que se pueda funcionar dentro de los esquemas de la seguridad aérea, pero no a la seguridad de protección material de los elementos físicos, sino organizativos y de funcionamiento. Esta es una ley que hacía falta ponerla al día de forma rápida y urgente. A mí me sorprende de todas maneras la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque hace unos días comenté a su portavoz que yo quería solicitar comparecencias en el debate de la ley para que viniese gente relacionada con el tema como pilotos, operadores, controladores y personal de la administración. Él me explicó que este tema era urgente, de tal forma que francamente me convenció para que no presentara solicitud de comparecencias, aunque todavía estoy a tiempo de cambiar. Por ello, me extraña mucho que hoy estemos debatiendo una enmienda de devolución, que conlleva que no exista esa ley. Lo que sí me parece aprovechable es la resolución que aprobó esta Cámara por unanimidad el 28 de abril, propuesta por el Grupo Socialista que fue modificada y enmendada.
Actualmente la enmienda recoge con base a esa resolución un buen resumen de lo que debería ser una normativa general de aviación y va más allá de lo que cubre hoy la ley que se nos presenta. Esta norma general debería recoger -sería bueno- todas esas 30 nuevas normas redactadas sobre seguridad aérea de elementos organizativos y de protección material que nos explicaba el señor ministro. Deberíamos lograr que una única ley de seguridad aérea recogiera todas las normas existentes, además de la ley que hoy se debate. En realidad hoy se trata de que una parte de la seguridad aérea se recoja en una ley; sin embargo, sería interesante que se regulase con urgencia un sector que en este momento es el que está más desfasado en cuanto a las normas que regulan el desarrollo del transporte aéreo.


No podemos apoyar las enmiendas, porque no creemos que sean oportunas. A lo largo del debate presentaremos enmiendas parciales que puedan corregir disfunciones y modificar algunos artículos que se intuye que lo necesitan.


Nada más, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, me corresponde esta mañana defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular la posición adoptada por éste de defensa de este proyecto de ley de seguridad aérea. Ello significa que rechazamos las enmiendas a la totalidad presentadas por tres grupos parlamentarios, que a nuestro juicio carecen de fundamento y han sido presentadas más bien por aquello de que hay que hacer oposición y presentar una enmienda a la totalidad a cualquier proyecto de ley.


Como grupo, defendemos este proyecto de ley porque existen diversas razones que apoyan nuestro criterio. En primer lugar, es una iniciativa legislativa que se corresponde con un compromiso del programa electoral del Partido Popular, recogido por el programa de legislatura que expuso el señor ministro de Fomento en su primera comparecencia ante esta Cámara el día 15 de junio de 2000. En segundo lugar, se da cumplimiento a la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados durante el debate sobre el estado de la Nación celebrado los días 26 y 27 de julio de 2001.
Este es un proyecto de ley que nace con vocación de colaborar al progreso de la aviación civil y de la industria aeronáutica que la sirve, y por ello es necesario que sea extremadamente técnico y cauteloso y cuya juridicidad esté fuera de toda duda. El transporte aéreo ocupa un lugar central, como saben todos ustedes, en la internacionalización de los intercambios económicos, científicos y culturales; el crecimiento de la aviación civil en España y en el mundo es imparable. Simplemente

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tenemos que recordar que en la última década el crecimiento de pasajeros transportados por aeronaves civiles en España creció un 73 por ciento, hasta llegar a la cifra de 127 millones de viajeros en 2000; los últimos datos disponibles ponen de manifiesto que estamos ya en 140 millones de viajeros. El movimiento de aeronaves necesario para ello creció asimismo más del 80 por ciento, hasta alcanzar un volumen de desplazamientos superior a 1.400.000 movimientos; desbordando, por cierto, las previsiones hechas por el partido de la oposición en los años 80. Debido a estas causas nuestros aeropuertos han crecido a un ritmo del 9 por ciento por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a movimiento de viajeros. En este contexto económico los aires liberalizadores del tráfico aéreo, las necesarias incorporaciones legales consecuencia de la normativa internacional aplicable a la seguridad de la navegación aérea y los hechos exógenos como los tristemente famosos del 11 de septiembre han hecho de éste un proyecto de ley urgente, que una vez conocido decimos que es absolutamente razonable. En su tramitación se ha sido tan cuidadoso como habitualmente se viene siendo. Antes de su remisión al Consejo de Estado, el proyecto de ley ha sido sometido a la consideración de 26 entidades de todo tipo -desde asociaciones empresariales a colectivos y sindicatos, pasando por organismos públicos-, algunas de cuyas observaciones -las que han sido posibles- se han recogido en él.
Todo ello, como he dicho, antes de remitirse al Consejo de Estado, que no ha hecho ninguna observación importante pero sí ha ratificado lo fundamental de este proyecto de ley.


Como muy bien ha señalado el señor ministro de Fomento, este texto del proyecto de ley de seguridad aérea, que consta de cinco títulos, 67 artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, realiza la ordenación completa de la aviación civil en nuestro país estableciendo una atribución clara de competencias entre el Ministerio de Fomento -que antes las ejercía por delegación como máxima autoridad en el orden de la navegación civil- y en circunstancias excepcionales permitiendo al Ministerio de Defensa tomar las riendas del control de la seguridad aérea. Desde el estricto punto de vista de la seguridad, el artículo más importante de esta ley es el que ha citado aquí ya el diputado señor Mardones, el artículo 3, en el que se hace una deslegalización importante y remite al Consejo de Ministros la aprobación de un plan de seguridad nacional que prevea las circunstancias de seguridad necesarias en algún momento de emergencia nacional. En la parte civil del texto se confirma el carácter exclusivo de competencias por parte del Ministerio de Fomento en cuanto a la ordenación, regulación y control de toda la actividad aeronáutica. Eso queda muy claro y a lo largo de todo el texto va haciendo una exposición completa de lo que supone esa ordenación, ese control y esa supervisión del tráfico aéreo civil.


Antes de seguir adelante, quisiera referirme a las enmiendas a la totalidad. Comparto opiniones, como la del señor Sedó, sobre que algunas de estas enmiendas a la totalidad resultan chocantes porque defienden intereses corporativos. Pensaba que procediendo de grupos de izquierda no existía un claro interés corporativo, pero veo que sí, como es el caso de la enmienda presentada por la Chunta Aragonesista.


En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida, evidentemente calificar y poner adjetivos a un proyecto de ley es muy sencillo, pero cuando se hace un tratamiento conjunto y la articulación metodológica de todo el proyecto de ley se ve que en su último título -después de establecer la regulación de la aviación civil y los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como de todos aquellos que tienen intereses en el ámbito de la navegación civil- se establecen una serie de potestades sancionadoras que, por otro lado, es lo necesario e imprescindible para que esos derechos y obligaciones tengan un cumplimiento en el tiempo, una vez promulgada esta ley. Dicho esto, me remitiré a la opinión del Consejo de Estado que cuando habla de las potestades sancionadoras dice que están basadas claramente en la legalidad, en la tipicidad, en la culpabilidad y en la proporcionalidad.
Por tanto, este proyecto de ley no puede ser calificado -creo que es un insulto a la inteligencia lo que ha hecho Izquierda Unida- de agrio y sancionador. Tampoco ha acertado la representante de Izquierda Unida cuando dice que no se incorporan las últimas normativas sobre seguridad aérea internacional. Creo que es al revés, que se incorporan todas las que hasta este momento están vigentes y, por tanto, es un avance muy considerable al meter en un solo texto toda aquella normativa dispersa y muchas veces coyuntural que sobre seguridad aérea han ido emitiendo no sólo la Unión Europea sino las JAR, el Convenio de Chicago, etcétera. Por tanto, también es muy importante. La mayor incoherencia que he visto en la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida y en su presentación es que por un lado se ataca al proyecto de que no deja un margen de actuación a la parte privada de la aviación civil y, por otro lado, hace una loa, que me sorprende, a que el Estado deje las funciones de policía administrativa que le corresponden en caso de accidentes. Creo que esto es absolutamente contradictorio con lo que vienen defendiendo siempre, pero es que ustedes deben estar instalados en la contradicción, que es un principio dialéctico que les gusta mucho. Pienso que no entienden ni los proyectos de ley. Este proyecto de ley pone las cosas en su sitio, hace una apelación al sector privado, no sólo en el Consejo asesor de aviación civil sino en los comités de investigación de accidentes, y por eso creo que es importante.


En cuanto al PSOE, ¿qué le voy a decir? Desde el año 1986 el señor Segura lleva preconizando una ley de seguridad aérea, pero su buena voluntad no se vio

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corroborada por el apoyo de su grupo parlamentario durante 10 años de Gobierno del Partido Socialista, ni siquiera por el Gobierno del señor González Márquez. (Denegaciones.) Por tanto, ha sido usted la voz que clama en el desierto. Pues ahora tiene la ocasión de votar una fantástica ley y olvidarse de esa enmienda a la totalidad, que tampoco tiene fundamentos en su formulación. No obstante, como el señor ministro ha hecho un ofrecimiento de colaboración en el trámite posterior, por la vía de enmiendas parciales tendrá usted ocasión de dejar su impronta en el proyecto de ley. Pero le voy a decir más. Lo que el proyecto de ley mira fundamentalmente es la salvaguardia del interés general y no de los intereses particulares o necesidades de determinados colectivos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Voy a ir terminando porque veo que el tiempo se termina. Creo que nuestro grupo parlamentario puede estar satisfecho con el apoyo que va a prestar a este proyecto de ley porque el mismo procede a la atribución y clarificación de competencias dentro de la Administración civil del Estado sobre la aviación civil, y crea y refuerza la independencia de organismos de colaboración con la autoridad de tutela, como son los consejos asesores de aviación civil, con apelación importante al sector privado, así como los comités de investigación de accidentes, que he dicho antes que su independencia se refuerza porque su mandato -lo verán si ustedes leen la ley, que no se la han leído- es irrevocable salvo por causa tasada, por tanto con una tipicidad especial, y que son absolutamente independientes de las autoridades aeroportuarias. Este proyecto hace también una apelación de colaboración al sector privado cuando crea las inspecciones aeronáuticas y la posibilidad de que colabore en las mismas el sector privado. Además, establece las reglas de juego necesarias entre los usuarios, que somos todos los ciudadanos y todas aquellas personas que intervienen, de una u otra manera, en todo lo que se ha denominado por la doctrina como seguridad operacional y que es importantísimo.


La señora PRESIDENTA: Señor López-Amor, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Termino diciendo, señora presidenta, que es un proyecto de ley que nos parece acertado y que nuestro grupo lo va a apoyar plenamente satisfecho de que está haciendo lo que debe hacer, porque este es el proyecto de ley que merece en este momento la aviación civil española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.


Sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el diputado del Grupo Mixto, señor Labordeta, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de seguridad aérea.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 123; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE REFORMA PARA EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS. (Número de expediente 121/000129.)

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
(Rumores.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor.
(Continúan los rumores.)

Señorías, debemos continuar con el debate. Ruego ocupen sus escaños y a ser posible guarden silencio.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo hoy a esta tribuna a presentar un proyecto de ley, pero junto con esta presentación quiero sobre todo confirmar una realidad.
Hoy, con esta nueva iniciativa, la democracia española trabaja con firmeza y sin complejos cerrando cualquier espacio de impunidad a los terroristas. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, un momento, por favor.


Señorías, no sé si son conscientes de que se está haciendo la presentación de un proyecto de ley por parte del ministro de Justicia y que el murmullo que hay en los escaños hace imposible que se pueda oír su intervención.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señora presidenta, por su amparo. Creo que la importancia de este texto supera incluso esos murmullos.


Señorías, inicia hoy su trámite parlamentario una nueva iniciativa, otra iniciativa para desde la Constitución, con la Constitución y el Estado de derecho luchar contra el terrorismo y la delincuencia más grave. Las iniciativas que hasta ahora se han puesto en marcha nos vienen dando la razón. La definición de terrorismo callejero, la Ley de partidos políticos y la Euroorden demuestran que el camino más corto para acabar con ETA es precisamente la Constitución y el Estado de derecho. El presente proyecto tiene un objetivo fundamental,

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señorías, que los delincuentes con delitos más graves y los terroristas cumplan las condenas que les son impuestas. Nuestra democracia tiene que estar a la altura ética de una rebelión ciudadana que ha decidido decir basta ya a quienes tratan de imponer, mediante el terror, su totalitarismo excluyente y se sirven de los espacios de impunidad para burlarse del Estado de derecho. Desde hace años luchamos contra el terror, contra quienes utilizan la amenaza, la extorsión y el asesinato como forma de destruir el sistema de libertades que afortunadamente venimos construyendo los españoles desde hace 25 años. Sin embargo, en este tiempo ETA ha seguido matando. Miles de personas no pueden hacer hoy una vida cotidiana en libertad, y con quienes son víctimas de ese terror y esa extorsión la democracia no sólo tiene el derecho sino el deber y la responsabilidad de impulsar las medidas del Estado de derecho para asfixiar el terrorismo y acabar definitivamente con ETA. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, y eso es lo que hacemos con la ley que hoy inicia su tramitación en esta Cámara.


Señorías, ustedes saben tan bien como yo de lo que estamos hablando. Se trata de garantizar desde el Estado de derecho algo tan elemental y sencillo como el derecho a la libertad de cátedra sin que te pongan una bomba en el ascensor del centro universitario, después seas detenido, condenado y no cumplas la condena. Se trata de que un juez pueda poner sentencias con imparcialidad sin que por ello te asesinen en la puerta de tu casa. Se trata de garantizar el derecho a ejercer la libertad de información sin tener que llevar escolta o tener blindados los cristales de la redacción, eso sí, si no es un periódico instrumento de los terroristas. Se trata de garantizar desde el Estado de derecho el derecho a ser político, a representar a tus votantes pudiendo asomarte al balcón del ayuntamiento que gobiernas con mayoría absoluta sin temer a los terroristas. Se trata del derecho a ser político en el País Vasco sin tener que cambiar todos los años de casa porque los que van a tu casa a asesinarte son detenidos y condenados pero saben que luego se pueden burlar del Estado de derecho porque no se cumplen las condenas. Se trata de algo tan sencillo como poder ir al mismo bar todos los días a tomar una copa con tus amigos, o ir al mismo quiosco a comprar la prensa sin temer que te espere un pistolero que acaba siendo detenido y condenado y luego puede burlarse del Estado de derecho porque no se cumplen las condenas.


Señorías, la democracia tiene la obligación de amparar y defender a las víctimas del terrorismo, de plantar cara a los terroristas y hacer que el Estado de derecho se cumpla. Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo y así lo seguiremos haciendo. Seguiremos cerrando cualquier espacio de impunidad que pueda beneficiar a los terroristas. Los demócratas, señorías, no queríamos seguir consintiendo que las calles fueran campo de entrenamiento de jóvenes terroristas. Por eso en diciembre del año 2000, con el apoyo de más del 90 por ciento de la Cámara, aprobamos la reforma del Código penal para tipificar como delito de terrorismo lo que algunos llamaban chicos de la gasolina. Por eso también los demócratas decidimos no seguir teniendo a sueldo con nuestros impuestos a quienes nos asesinan; decidimos que no podíamos seguir llamando legal lo que nunca puede ser legal: un partido político que pone las listas electorales y el censo a disposición de los terroristas. Por eso en junio de 2002 y con el apoyo del 95 por ciento de la Cámara aprobamos una ley que impide llamar partido político a lo que es una tapadera de una banda terrorista. Por eso el 26 de agosto el 90 por ciento de la Cámara acordó impulsar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de esa fuerza política que es un instrumento de ETA en la política. Se trata, señoría, de la demanda de la democracia que después de un proceso contradictorio con todas las garantías, exquisito y escrupuloso en términos democráticos, viene acreditando lo que ETA es. ETA trata de confundir política y terrorismo, cátedra y terrorismo, libertad de prensa y terrorismo y cualquier instrumento al servicio del terrorismo. Señorías, es imposible acabar con ETA si puede colocar impunemente a 194 terroristas a sueldo y con nuestros impuestos en las instituciones democráticas. Señorías es imposible acabar con ETA si sabe que una vez detenidos y condenados los terroristas pueden burlarse del Estado de derecho.


Hoy tenemos también un nuevo instrumento en la lucha contra el terrorismo.
Se trata de que las fronteras no sean un instrumento de impunidad. La Euroorden fue una apuesta española y hoy es una realidad en toda la Unión Europea. Hoy toda Europa comparte una definición común de terrorismo y hoy todos los gobiernos europeos, todos los Estados democráticos europeos nos hemos impuesto una obligación, la de sancionar con más penas a quienes cometen un delito por motivos terroristas. Señorías, con esta reforma estamos acercándonos a Europa. Lo que hacemos es dar a nuestra democracia los mismos instrumentos del Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo y los delitos más graves que tienen todos los demás países de la Unión Europea. No podemos seguir siendo el único país de la Unión Europea en el que al día siguiente de entrar en prisión se pueden conceder permisos penitenciarios a quien está condenado por delitos de terrorismo o por delitos muy graves. No podemos seguir siendo el país de la Unión Europea en el que más barato sale ser terrorista con el problema tan grave de terrorismo que tenemos.


Señorías, en Francia quienes están condenados a los delitos más graves cumplen condenas de más de 40 años. Señorías, en Alemania, en Austria y en Bélgica en este momento quienes cometieron los delitos más graves están cumpliendo condenas de 40 años. Señorías, en Dinamarca, en Finlandia y en Grecia existen condenas de 40 años para los delitos más graves. Señorías,

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existen esas condenas en Irlanda, en Luxemburgo y en Holanda. Y señorías, en Suecia, en Italia y en el Reino Unido para los delitos más graves existen condenas de más de 40 años que se cumplen íntegramente. ¿Es que hay algo que permita que los terroristas en nuestro país, de manera sistemática, no tengan que cumplir nunca, en ninguna ocasión las condenas? En España se han producido cerca de 1.000 asesinatos terroristas. Afortunadamente la eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la acción de los fiscales y de los jueces han detenido y condenado a los autores de esos cerca de 1.000 asesinatos.
Pues bien, señorías, esos condenados nunca, en ningún caso -nunca, en ningún caso, repito- ninguno ha cumplido la condena impuesta. Ni siquiera han cumplido el límite máximo de la condena establecida en este momento en nuestro ordenamiento en 30 años. Se dan casos como el de un terrorista asesino condenado por cometer seis asesinatos a un total de 221 años de prisión que sólo cumplió el 9 por ciento de la condena; casos como el de otro terrorista asesino condenado por matar a cuatro guardias civiles y a dos policías nacionales a 160 años de prisión que sólo cumplió un 12 por ciento de la condena. Señorías, estos no son supuestos excepcionales, son los supuestos cotidianos y habituales. Nunca, en ningún caso, un terrorista en nuestro país condenado a centenares de años de prisión ha llegado a cumplir más de 20 años de cárcel. Eso no ocurre en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Italia y Reino Unido. Si alarmante resulta este dato, más llamativo resulta que un terrorista pueda salir a la calle al día siguiente o a los pocos meses de haber ingresado en prisión con una condena de muchos años.


Este proyecto de ley supone, desde la Constitución, desde el respeto al Estado de derecho y buscando el consenso tras un largo diálogo con la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas, una respuesta proporcionada y efectiva a la gravedad de los delitos que se cometen. La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantiza que hoy los terroristas sean detenidos antes, incluso cuando los comandos se están reconstituyendo, y sean detenidos en todas partes, en Francia, Alemania, Suiza, Méjico o Venezuela; no puede ser que los terroristas sean detenidos antes y en todas partes y sepan que una, vez condenados, pueden burlarse del Estado de derecho. Esta es una ley para que los asesinos sepan que ya no les va a salir gratis el segundo o el tercer asesinato, para que sepan que nuestro Estado de derecho no va a ser indiferente a aquellos terroristas que estando en la cárcel celebran, incluso brindando con champán, los asesinatos que comete la banda terrorista sin que ello les perjudique ni les obligue a cumplir íntegramente las condenas. A partir de ahora, señorías, los terroristas no podrán obtener beneficios penitenciarios si no cooperan activamente con la democracia y si su patrimonio presente y futuro no queda vinculado a indemnizar a las víctimas.


En democracia -bien lo sabemos- no vale todo contra el terrorismo. Es cierto que en democracia no vale todo contra el terrorismo, pero debe utilizarse todo lo que vale en democracia para acabar con el terrorismo, para asfixiar definitivamente al terrorismo. (El señor Hernando Fraile: ¡Muy bien!) Desde ese convencimiento, señorías, viene trabajando la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, impulsando iniciativas para hacer frente, desde el Estado de derecho, al terrorismo.


El proyecto de ley que hoy presento tiene seis ejes fundamentales: incrementar la duración de la condena hasta 40 años en los casos de delitos singularmente graves, exigir de los terroristas la colaboración activa con la democracia y la indemnización de las víctimas, vincular el patrimonio presente o futuro de los terroristas condenados por delitos más graves a indemnizar a las víctimas, establecer que quien ha sustraído fondos públicos no tenga beneficios penitenciarios si antes no devuelve lo que ha robado, establecer que los condenados por delitos más graves a penas de cinco años no puedan acceder al tercer grado al día siguiente de entrar en la cárcel, estableciendo en consecuencia un periodo de seguridad, y articular el carácter suspensivo del recurso del ministerio fiscal en las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria que supongan la puesta en libertad de quienes estén cumpliendo condenas por delitos graves.


Se trata, señorías, de una reforma que nos acerca a Europa, que nos acerca a los ordenamientos jurídicos de los demás países de la Unión Europa. Es una reforma ponderada y equilibrada, que abarca aspectos esenciales en el cumplimiento de las condenas, que da seguridad jurídica. Si ese principio de legalidad en el derecho penal es esencial - que se sepa cuál es la pena que corresponde a un delito-, no tiene sentido la incertidumbre de no saber cuál es la condena que se cumple por un delito. Se trata de establecer el principio de certeza, de seguridad jurídica y de igualdad en nuestro Estado de derecho.


Señorías, este proyecto de ley llega hoy a la Cámara con un amplísimo consenso. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios, a todos, a los que están en el consenso y a los que no se suman a él, el esfuerzo de diálogo realizado. Me reuní con todos los grupos parlamentarios cuando este proyecto no era ni proyecto ni anteproyecto, me reuní cuando ni siquiera era borrador de anteproyecto, me reuní cuando pudimos hablar desde el inicio de los principios de esta reforma. Lo he hecho ya con todos los grupos parlamentarios en más de tres ocasiones y con algunos en múltiples, casi incontables, ocasiones. Hubiera deseado la unanimidad en esta iniciativa; el respaldo es altísimo y lamento, señorías, que haya quienes no apoyen esta iniciativa.


Me permitirán recordar, porque estoy acostumbrado a traer a esta Cámara iniciativas en la lucha contra el terrorismo, que hay algunos, los mismos -siempre los

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mismos-, que se oponen a que nuestro Estado de derecho impulse estas iniciativas. Señorías, recordarán ustedes muy bien que en el año 2000 pusimos en marcha la reforma del Código Penal para tipificar la violencia callejera como lo que es: terrorismo. Entonces, se dijo en esta Cámara que esa regulación llevaba demasiado lejos el ámbito del terrorismo y además no iba a ser una medida eficaz en absoluto; se dijo en esta Cámara por alguien que hoy se opone también a esta ley. Se dijo también que eso era derecho penal simbólico, que era algo llamado a no tener realidad en la aplicación práctica. Pues bien, señorías, a pesar de esas profecías, la realidad ha sido muy otra, la tipificación del terrorismo callejero ha hecho que, si el año pasado en los dos primeros meses en el País Vasco se realizaran 144 actos salvajes y vandálicos de terrorismo callejero, este año se ha reducido a la décima parte el terrorismo callejero. Es una ley eficaz, como lo es la ley que hoy presento, señorías.


Cuando pusimos en marcha la tramitación parlamentaria de la Ley de partidos, alguien que hoy se opone también a esta ley dijo que era un grave error político, que iba a tener grandes repercusiones de crispación política en el País Vasco, como si cupiera más crispación que los asesinatos de ETA, como si cupiera más crispación que el terror que ETA genera. Se dijo que la Ley de partidos iba a tener consecuencias imprevisibles sobre el País Vasco y que iba a hacer arder, literalmente, las calles en el País Vasco. Se decía que esa ley era echar más leña al fuego en la quiebra social de Euskadi. Pues bien, señorías, afortunadamente la realidad es otra. La realidad es que, cuando desde el Estado de derecho, sólo desde la Constitución y el Estado de derecho, pero con todo el Estado de derecho, con la firmeza democrática, se lucha contra el terrorismo, es el terrorismo el que pierde espacio, es ETA la que está asfixiada, es ETA la que tiene cada vez menos capacidad de maniobra. Señorías, en esa misma línea, en esa misma dirección, se impulsa este proyecto político. La realidad ha puesto de manifiesto que la puesta en marcha de los mecanismos del Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo sólo perturba a los terroristas. Los graves disturbios que algunos vaticinaban con la aplicación de estas leyes no se han producido.


Señorías, respeto la posición de quienes se oponen de nuevo a este texto, la respeto, pero no la comparto. No comprendo por qué nos piden a los demócratas que nos crucemos de brazos, no comprendo por qué nos piden a los demócratas que sigamos financiando con nuestros impuestos y tengamos a sueldo a los terroristas, no comprendo por qué nos piden a los demócratas que no usemos la democracia en la lucha contra el terrorismo.
Se trata, señorías, de hacer una ley para seguir llamando a las cosas por su nombre, para que las condenas se llamen condenas y sean condenas, para que una condena no sea algo de lo que puedan burlarse los terroristas.
Señorías, estamos haciendo normas para llamar a las cosas por su nombre.
Un coche es un instrumento de libertad, pero ese mismo coche cargado de explosivos es ni más ni menos que un coche bomba; un partido político es un instrumento de participación y de libertad, pero, puesto al servicio de los terroristas, es un instrumento de exclusión y de terror, y la ley debe llamar ilegal a lo que de ninguna manera puede ser legal. Un periódico o una cátedra son instrumentos de libertad, de libertad de expresión, pero puestos al servicio del terrorismo son un arma terrorista cuando así lo dice la Audiencia Nacional, cuando así lo dice el Poder Judicial, y una condena por terrorismo debe ser una condena.


Señorías, este proyecto, sobre el que he dialogado con todos los grupos parlamentarios, llega a la Cámara con un alto nivel de consenso. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios su diálogo y singularmente quiero reconocer la capacidad de entendimiento y de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular con el principal partido de la oposición, con el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, quiero reconocer y agradecer el apoyo de otros grupos parlamentarios a esta iniciativa. Señorías, en ese diálogo se habló de una cuestión a la que nunca he sido ajeno, como tampoco lo ha sido el Gobierno. Se trata de evitar que haya en nuestro ordenamiento criterios de reinserción ingenuos o a cualquier precio. Se trata de que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la reinserción se incorpore a los principios constitucionales. Cuando alguien es un asesino terrorista y atenta contra la democracia, no puede tener derecho a la reinserción si no coopera activamente con la democracia, tal y como exigen por unanimidad los 15 países de la Unión Europea en el artículo 6 de la decisión marco acordada el pasado 13 de junio del año 2002. No puede ser que quienes celebran en las prisiones los atentados y crímenes de ETA se reinserten. Es evidente que, quien tiene esta actitud, no tiene ningún deseo ni ninguna capacidad de reinserción, y es precisamente a lo que esta ley viene a poner fin. El proyecto responde a ese acuerdo unánime de los 15 Estados de la Unión Europea, a la definición de terrorismo y al hecho de que las penas más graves se cumplan. Señorías, se presenta un texto desde el respeto a la Constitución y desde la convicción de que aplicar la Constitución, sólo la Constitución, pero toda la Constitución, es el camino más rápido para derrotar definitivamente a ETA. Es una ley, señorías, inmediatamente eficaz, la eficacia de un Estado de derecho firme, con capacidad de disuadir a quien hoy quiere entrar en el círculo del terror y de la violencia, que tiene que saber que no va a poder burlarse del Estado de derecho, con capacidad de disuadir a quienes cometen los delitos más graves con la aplicación inmediata a quienes ya están condenados o cumpliendo condena, la necesidad de cooperar activamente con la democracia, como exige también la Unión Europea.


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Señorías, no pierdo la esperanza de que quienes hoy de nuevo -los mismos de siempre- voten contra esta iniciativa de la democracia, abandonen su inexplicable decisión. En consecuencia pido su apoyo a todos los grupos parlamentarios a la tramitación de un proyecto de ley para luchar contra la criminalidad más grave, singularmente para hacer nuestra democracia más fuerte en la lucha contra el terrorismo. Señorías, desde la democracia, nuestra responsabilidad es hacer lo que estamos haciendo: seguir fortaleciendo el Estado de derecho para doblar definitivamente el pulso a ETA y para estar a la altura ética de una sociedad que, hoy más que nunca, planta cara al terrorismo.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, esta vez no me ha pillado subiendo la escalera cuando le he oído tronar. Será porque hoy desgraciadamente viene usted -y le deseo la mejora- un poco rígido, el trueno ha sido más leve. No obstante, con aviesa habilidad, ha vuelto a seguir planteando los mismos esquemas. Digo aviesa habilidad porque ha dicho que no se puede permitir que en el País Vasco una persona no pueda salir al balcón -claro que no se puede permitir-; no se puede permitir que en el País Vasco alguien, por expresar sus ideas, tenga miedo o tenga que llevar escolta -por supuesto que no se puede permitir-; no se puede permitir que a nadie, encima de que le han matado a un ser querido, se le chulee -por su puesto que no se puede permitir-, pero no estamos hablando de eso, señor ministro. Estamos hablando de las distintas maneras en que los representantes soberanos del pueblo español entendemos cómo se puede combatir mejor eso, no que no estemos dispuestos a combatirlo o que estemos de acuerdo con aquellos que jalean el asesinato o con aquellos que ponen las bombas. Espero que el señor ministro, aun con los nervios que últimamente se están perdiendo en esta Cámara y en el entorno, no esté insinuando que somos cómplices o jaleadores de los criminales porque estaríamos hablando ya de palabras mayores.


Señor ministro, usted ha dicho: No nos pidan a los demócratas. Demócratas somos todos, y bastante con que diga todos, pues podría decir tonterías, ya que cuando uno sube aquí puede decir lo que le dé la gana. Ha dicho: No permiten a los demócratas Perdone, nosotros le permitimos todo.
¿Quiénes somos para no permitírselo? Gobierne usted y actúe usted, pero sencillamente no nos pida, en concepto de no se sabe qué, señor ministro, a otros grupos políticos que en un momento determinado no consideremos que el Código Penal de 1995, que está virginal a efectos de la lucha antiterrorista, es un buen Código y hay que dejarlo ver. No nos lo pida ni nos critique que, en un momento determinado, desde una tradición inequívocamente española de nuestro liberalismo, de nuestra cultura del XIX, tiremos por la borda nuestra concepción del Código Penal. Y no me hable de los ingleses; allá los ingleses, cada uno tiene su cultura como tiene su distinto nivel de empleo, cada uno tiene su nivel.


Señor ministro, he notado como le he dicho, un tono más suave, me alegro, pero ha seguido usted manteniendo aquello de que son los mismos los que se oponen. No se oponen a nada y no me importaría poder decir donde fuera, donde estemos dentro de cuatro o cinco años, que me alegro de haberme equivocado. No me importaría decirle que me alegro de haberme equivocado, señor ministro, pero déjeme que mientras tanto yo defienda mi opinión. Si acierto, acierto y, si me equivoco, me equivoco. Tengo el noble y maravilloso derecho a equivocarme, señor ministro.


Esperaba que ustedes, sacaran una conclusión de la propia experiencia que están viviendo en estos momentos ante la opinión pública y se pusieran un poco en nuestro pellejo. Soy de los que opino y quiero pensar que, salvo dos o tres halcones que haya por ahí sueltos, la mayoría de ustedes no quiere la guerra. Digo que salvo algún que otro halcón, otra cosa es el método que busquen. Me imagino que ustedes sentirán la incomprensión, dirán: No nos comprende la sociedad, nosotros no queremos y se nos echa encima el resto. Espero que usted se ponga en nuestro lugar cuando pensamos en un momento determinado que esta es la mejor manera de combatir al terrorismo, aun cuando usted opine que la mejor manera de combatir contra Sadam Husein sea la suya. Decía ayer el presidente, y me gustaba cuando lo decía, aquello de: No me importa en un momento determinado, si pienso que llevo la razón y que busco el mejor camino, dejarme muchas plumas en el camino, no me importa. Por tanto, le pido respeto a las distintas opiniones.


Yo, que soy muy anguitista, todavía puedo recordar cuando el bruto -entre comillas y cariñosamente- de Anguita decía que con ETA lo único que había que negociar era dónde y cuándo dejar las armas, y muchas de SS.SS. -ahí están los diarios de sesiones y los titulares- estaban flirteando con ETA. Por tanto -alguien también lo recordó ayer-, como decía Taillerand, eso de la traición es cuestión de fechas, señorías. Por tanto, en ese sentido le pediría más templanza. Ni este proyecto de ley orgánica, señoría ni el resto de las reformas legales que el Gobierno va a remitir en los próximos días a esta Cámara pueden entenderse sin tener en cuenta de forma integral el debate sobre seguridad y penalidad mantenido en nuestro país y en el entorno en los últimos meses. Decir al Partido Socialista

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que ha entrado en una dinámica torpe en el tema de a ver quién da más seguridad, sería a lo mejor una indicación soberbia de mi parte porque se me podría decir: Usted, con ocho diputados, dése lecciones a sí mismo.
Sin embargo voy a cometer la temeridad de decir, en cuanto a esos discursos de seguir inflando la idea de inseguridad, como hizo Jospin en Francia, que hasta los más tontos dicen que Jospin perdió fundamentalmente por sacar ese debate, y luego lo único que hizo fue llenar los cestos de la derecha. Sin embargo, ya le digo que con ocho diputados no puedo dar lecciones de técnica electoral a nadie; por tanto, me callo, pero dicho queda.


Cuando en un país como el nuestro tenemos los niveles de delincuencia más bajos de la media europea, a pesar de todas las estadísticas, y tenemos los niveles de encarcelamiento más altos de la media europea, desde luego no podemos hablar de que aquí todo es muy barato, señor ministro. Desde luego no nos prestamos a la criminalización total de la vida y seguimos pensando que la diferencia fundamental que hay entre el Código Penal de una dictadura y el de una democracia es el concepto de la reinserción, el concepto de la resocialización. El otro día, unos serie de catedráticos, todos ellos muy respetables (que por lo visto se habrán metido en la conjura judeo-masónica-catedralicia o roja-separatista y universitaria), decían aquello de que otra vez se está metiendo la idea de que se pudran en las cárceles, y yo recordaba a un notable y notorio compañero que fue en nombre de su grupo parlamentario a entrevistarse con usted en esas reuniones, que al salir dijo: Es conveniente que los asesinos se pudran en la cárcel. No digo ni que sí ni que no sobre su concepción, le digo sencillamente que ese principio no ha estado nunca en un Código Penal de la democracia. Si ustedes quieren otro Código Penal, allá ustedes, pero la idea de que se pudran en las cárceles se superó en todo el derecho español en el siglo XIX.


Entrando en el concreto contenido del proyecto de ley orgánica al que hemos presentado una enmienda de totalidad, mi grupo parlamentario quiere poner de relieve, señorías, que el Gobierno del PP no le ha dado ni una sola oportunidad al Código Penal de 1995, pues a seis escasos años de su entrada en vigor, y cuando los operadores jurídicos habían empezado a conocer su mecánica interna, se pretende acabar con una obra penal hija del consenso y no precisamente blanda en términos punitivos. Desconocemos aún el efecto neto de los actuales artículos 76 y 78 del Código Penal de 1995, pues éstos no han hecho más que empezar a andar. Hay que señalar que los casos que el Gobierno del Partido Popular presenta como alarmantes a la opinión pública no lo son por la aplicación del Código Penal de 1995, sino del anterior, es decir el de don Luis Carrero Blanco, no precisamente un blando en técnicas penales. Cuando el ministro de Justicia afirma que el Código Penal de 1995 anima a delinquir, simple y llanamente miente de forma interesada, y no les voy a hablar de que es pecado porque ustedes van a la guerra contra el papa y ya están al borde de la excomunión.


La voladura del Código Penal de 1995 tiene un profundo sentido de revancha ideológica de la derecha española que, ahora sin complejos, pretende imponer una praxis retributiva alejada de la apuesta constitucional por la resocialización, incluso alejada de algunos párrafos del libro publicado por el señor Aznar sobre la segunda transición, que de verdad también habrá olvidado. De hecho, este proyecto de ley orgánica, así como la reforma penal integral del Gobierno del Partido Popular, nos propone una regresión en materia de penas a tiempos anteriores al Código Penal de 1944, que ya fijaba el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en 30 años, y tampoco en 1944, que yo sepa, había un blandengue al frente del Estado; todo ello a pesar de la unanimidad científica en torno a los efectos destructivos de la personalidad del recluso por encima de los quince o veinte de condena efectiva. Estamos pues ante un proyecto de ley orgánica que se aparta del espíritu constitucional y va en contra de la doctrina científica penitenciaria europea más consolidada.


Los vicios de este proyecto de ley orgánica son también, señoría, de orden jurídico, constitucional e internacional. En primer lugar, esta reforma atenta contra varios artículos de la Constitución -9.3, seguridad jurídica, arbitrariedad e irretroactividad, 10, dignidad humana, y 25.2, resocialización-, así como contra el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a las penas inhumanas y degradantes. Como consecuencia de todo lo anterior, este proyecto de ley orgánica es también susceptible de contradecir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de resocialización de reclusos: sentencia del Tribunal Constitucional 112/1996 y siguientes, sobre la resocialización como mínimo innegociable de la norma penal y penitenciaria, y sentencias del Tribunal Supremo conexas con las anteriores. Es tal el anacronismo de este proyecto de ley orgánica que hasta infringe el recientemente aprobado Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por España, que entre sus apuestas técnico-políticas incorpora como límite máximo los 30 años de pena efectiva para los más abyectos crímenes imaginables por la humanidad.


Contra lo que verdaderamente carga este proyecto de ley orgánica del Gobierno del Partido Popular es contra el sistema de individualización científica, que implica entre otras cosas la progresión y regresión en el tratamiento penitenciario, todo ello en el seno de las instituciones penitenciarias españolas. Se pretende un apartamiento del tratamiento subjetivo e individualizado, introduciendo obstáculos insalvables para la reinserción y resocialización de todos los reclusos en general y determinados colectivos en particular. Esta opción

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del Gobierno del Partido Popular, por hacer en la práctica imposible el tercer grado, con su heterogéneo conjunto de medidas -artículos 80, 82, 182 del reglamento penitenciario, etcétera- es, además de inconstitucional y de difícil encaje en la legalidad internacional, ajena a nuestra cultura política-jurídica. El proyecto de ley orgánica opta por la pena más grave y por el régimen menos resocializador, creando incluso una especie de reclusión perpetua encubierta. El otro día se lo recordaba cordialmente, señoría, en la reunión del pacto de Estado por la justicia.
Han hablado ustedes de resocialización, pero esto -como le decía-, es igual que lo que le plantearon al buen rey cristiano don Felipe II.
Algunas almas piadosas plantearon al rey aquello de: Majestad, eso de condenar a la gente a galeras de por vida es muy duro, es incomprensible, es inhumano. Entonces, el buen rey don Felipe mandó a una serie de arbitristas que le hicieran unos estudios, y estos le dijeron: La mayoría muere a los ocho años, hay un 20 por ciento que llega hasta los diez, hay muy pocos que llegan hasta los doce y solamente se conoce uno que haya llegado a los dieciséis años en galeras. El rey dijo: Bueno, pues rebajo la pena, a partir de ahora condeno a galeras por diecisiete años.
Señorías, en el fondo ese es el mismo espíritu que ustedes están llevando a la resocialización, están planteando tales trabas que ésta no se produce. Incluso podríamos entender y respaldar, señor ministro, aunque no estuviéramos de acuerdo, la subida de treinta a cuarenta años, siempre y cuando haya luego una capacidad resocializadora. Desde luego, nunca aplaudiré que aquel que brinda con champán por un asesinato salga a la calle, desde luego que no, pero eso no viene en el Código de 1995. Con el Código de 1995 el que brinda con champán no sale a la calle. No sale a la calle, no diga eso. A lo mejor eso pasaba con el Código de 1973. Yo se lo planteo en esas cuestiones, señor ministro.


Le decía que se puede aceptar la ampliación de 30 a 40 años, pero ustedes están planteando una resocialización de imposible cumplimiento, con lo cual están incumpliendo un artículo de la Constitución. ¿Dónde está aquel patriotismo constitucional? Me dirán: El del derecho a la vida. Ese es el primero, pero lo otro al mismo nivel, señor ministro. Por todo ello, y por muchas más cuestiones que ya veremos en el debate de enmiendas parciales, pensamos que es una medida equivocada.


Podría discutir aquí con usted sobre la kale borroka. Usted ha echado a la kale borroka de la calle. Sí, señor. Evidentemente, ahora no están en la calle sino en ETA, lo cual es peor. No es que yo esté de acuerdo con que quemen coches, por supuesto, no me diga eso luego, pero menos los quiero en ETA. Y no me hable de resultados porque le puedo hablar de resultados aparentes. No me digan ustedes en un momento determinado, señor ministro, que esta medida es disuasoria porque pensar que van a estar en prisión 40 años o 38 años tiene un efecto disuasorio. Señor ministro, eso es disuasorio para personas normales. Alguien que mata fríamente no es normal. A una personal normal se le descompone el vientre sólo con pensar que va a estar un fin de semana en la cárcel, pero a un asesino le da igual. Si además este asesino vive en una cultura mítica, peor. Decía Pascal en sus Pensamientos que nunca hacen el mal los hombres tan completa y alegremente como cuando lo hacen por convicción religiosa.
Convendrá conmigo en que en esa teorización, aparte de que tiene una matriz ideológica netamente religiosa, a esos visionarios de una religión sectaria o un milenarismo -sepa Dios- les importa un bledo, a la hora de matar, que la condena sean de 30 ó 40 años. No les va a frenar, a nuestro entender. A lo mejor nos equivocamos, señor ministro, pero déjenos que opinemos que posiblemente les da igual. En la historia del mundo, señor ministro, la sangre de mártires fue vivero de nuevas creencias. Ustedes se acordarán del circo romano. Por esas razones y otras, como decía, hemos presentado la enmienda a la totalidad.


La señora PRESIDENTA: Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Termino, señora presidenta, en un momento.


Nos enseñaron -sin duda a usted también- en la escuela cristiana que todos los hombres y las mujeres del mundo somos hermanos. Sin duda también le habrán enseñando en la cultura que vivimos en un mundo en el que todos somos iguales y todos somos ciudadanos del mundo. Señor ministro, puede llegar un momento en que la gente empiece a pensar -yo ya lo pienso- que lo mismo es asesinar a un pobre sargento de la policía que termina de desayunar en su pueblo que asesinar a un pobre agente del orden público de Bagdad que cruza la plaza en una bicicleta con un misil. Igual de cómplices son los que en determinados grupos políticos lo alientan que los que alientan ese tipo de guerra.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Señor Matarí, guarde silencio.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¡qué mezclas me ha hecho usted en el inicio de su exposición! Usted y su Gobierno tienden a apropiarse del duelo de las víctimas excluyendo de él a los otros, iguala a los que matan con los que supuestamente no somos matados, y todo porque a nosotros la protección, el reconocimiento y el amparo no nos llevan

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a las mismas posturas que a ustedes, pero reconocimiento, respeto, protección y amparo a las víctimas son posibles desde distintas ópticas.
Son ópticas democráticas también las nuestras, señor ministro. Nuestra postura, la que ahora le expreso, se la planteo también desde la democracia.


En el día en el que usted presentó a la formación política a la que yo represento el esbozo de lo que entonces era el inicio de la andadura de este proyecto, en el diario Deia se escribió: Un representante del Gobierno del Partido Popular, el ministro de Justicia, José María Michavila, y una representante del PNV, la diputada Margarita Uría, se reunieron ayer para hablar de la reforma penal. No se entendieron, pero eso no es noticia, la noticia es que se citaron, se reunieron, hablaron y no salieron con un puñal en la espalda. Yo añado, señor ministro, que sería deseable mantener el método y el clima pese a las discrepancias.


Se lo dije entonces, señor ministro, e insisto ahora: ¿es necesaria esta reforma? ¿Cree el señor ministro que la actual legislación penal en materia de terrorismo es insuficiente? Son éstas preguntas sin respuesta.
Los casos que se han esgrimido como de cumplimiento escaso de pena no lo son a la luz de la legislación vigente sino del Código de 1973, y lo primero para proceder a una reforma, sobre todo de esta entidad, es saber qué defectos detectados arregla. Me pareció entonces que lo correcto era preguntar oficialmente -y es lo que hice- utilizando el mecanismo del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y pedirle datos a usted, al ministro del Interior, a quien los tenga en el Gobierno, sobre delitos, condenas, presos y cumplimientos para sacar conclusiones, para saber si lo que se dice en la exposición de motivos acerca de amplios ámbitos de discrecionalidad o de necesidad de perfeccionar el ordenamiento jurídico se adecuaba a nuestra percepción. No he tenido respuesta y han transcurrido ya dos meses. Eso sí, nada más sellar la petición en el registro, la Agencia Efe se apresuró a sacar un listado de casos -más bien listadillo, porque se hablaba de 17 casos- que procedían literalmente de fuentes jurídicas -¡qué enigma!, ¿de dónde habrían salido los datos?-y que, por supuesto, avalaban la percepción o la intuición que yo le había manifestado con anterioridad. Todos los casos eran de cumplimiento conforme al Código de 1973, ninguno podía serlo conforme al de 1995 puesto que se trataba de presos que ya tenían cumplidos más de seis años de pena. Al ser así, ninguno de ellos podía ser de cumplimiento posterior al año 1996, que es cuando había entrado en vigor el Código vigente, el de 1995. Ello avalaba la teoría que nosotros sosteníamos de utilización politizada de instrumentos legales y procesales, cuando la política criminal -se lo dije entonces y se lo manifiesto ahora- ha de ser racional y desapasionada. Hubo una puesta en escena abiertamente electoralista. La alarma social que uno mismo airea no es buena consejera, entendemos, de cara a las reformas penales. Sin complejos, repiten ustedes una y otra vez, ley, orden y demagogia, como se ha escrito en algunos medios y otros incluso titulan Vivan las cadenas en artículo en el que se citaba al profesor Tomás y Valiente cuando escribía que en la época de la monarquía absoluta se creía en la eficacia del miedo; gobernar atemorizando, gobernar castigando. He aquí la tentación, acaso inexorable, de todo poder fuerte. En la era de las democracias a esta observación hay que añadir otra: cuando sobrevienen tiempos de crisis, las medidas represivas dan votos. La idea de la justicia como venganza es popularmente atractiva. La reforma -luego la resumiré- no está inspirada en la búsqueda de la justicia para el castigo -desde nuestra perspectiva, por supuesto, señor ministro- de unos crímenes horribles, sino en el valor del castigo mismo, creyendo que este ejerce de por sí una acción preventiva, de acuerdo con la falsa idea de la eficacia del miedo. ETA vivió tiempos con una democracia durísima que no reparó en métodos ni en medios y ETA, no lo olvidemos, asesinó a un presidente del Gobierno en plena dictadura, con la amenaza de la pena de muerte.


El proyecto tramitado tiene por objeto dotar de medidas legales -se dice- tendentes a endurecer las penas y se plantea como instrumento decisivo para acabar con ETA. No dudamos de las buenas intenciones, pero las criticamos desde un planteamiento también democrático. ¿A qué se circunscriben estas medidas? Usted lo ha manifestado, señor ministro: se incrementan las penas para los condenados por delitos de terrorismo, delitos especialmente graves, y para ello se retoca el artículo 76 del Código, elevando las penas de 30 a 40 años de cárcel, el límite máximo.
Al retocar este límite máximo se rompe una línea consolidada del derecho penal español desde los tiempos de Primo de Rivera y, por cierto, la puesta en escena, el anuncio de esta medida se dio a conocer no por los medios habituales, ni siquiera en la entrevista que usted sostuvo con las formaciones políticas, sino por medio de una entrevista periodística al presidente del Gobierno, también en la agencia oficial. ¿Es disuasorio este aumento de las penas? Nosotros hemos sostenido que no. Además, ETA cultiva el victimismo, la encanta hablar en sus comunicados de sus presos encarcelados.


La segunda parte de la ley se dedica a poner más caros los beneficios penitenciarios. Los terroristas y los condenados por delitos especialmente graves cumplirán de manera íntegra y efectiva el límite máximo de su condena. Para ello se modifica el artículo 78 del Código Penal de manera que los beneficios penitenciarios se concedan sobre la totalidad de los años de pena impuesta, siempre que esta supere el doble de la pena máxima, y en el caso de que los delitos sean terroristas, los beneficios de la pena íntegra se otorgarán sobre la totalidad de la pena, aunque esta sea de 400 o 1.000 años de prisión. Esta es la parte de la reforma que tropieza -se lo dicen todas las enmiendas a la totalidad

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que se han presentado y lo ha manifestado en su exposición verbal el representante de Izquierda Unida-, o puede tropezar, con la finalidad resocializadora, una de las finalidades que la Constitución prevé para las penas. Se establece además como condición sine qua non para el acceso al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional de los condenados por delitos de terrorismo o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, una serie de requisitos, respecto a los que haré alguna alusión más adelante, y se les niega la posibilidad de obtener con carácter excepcional la libertad provisional tras cumplir las dos terceras partes de su condena, modificando para ello los artículos 90 y 91 del Código Penal y el 72 de la Ley General Penitenciaria.


Todos los enmendantes se refieren a las dificultades de resocialización a las que he aludido y que presenta este apartado concreto de la norma. El Consejo General del Poder Judicial y el informe de la Fiscalía General del Estado hacen filigrana teórica -si se me permite la expresión- para salvar el principio. El problema está en si, después de la teoría, unas penas de duración tan larga pueden eliminar en la práctica -de hecho y en la realidad- la posibilidad de la reinserción. Yo no creo, señor ministro, señorías, que exista un derecho subjetivo a la reinserción, y así lo dice el Tribunal Constitucional, pero sí creo que el legislador está obligado constitucionalmente a establecer un sistema que lo permita.
Es decir, no sostenemos que todo preso tenga derecho a ser reinsertado; puede no quererlo o pueden existir casos en los que esté justificado el cumplimiento íntegro de las penas. Sin embargo, es obligación de los legisladores -nuestra obligación- establecer un sistema que tendencialmente permita la posibilidad de reinserción, so anatema de incumplir lo establecido por la Constitución en su artículo 25. Que la norma haga referencia después a un período de seguridad para condenas superiores a cinco años o que hable de la necesidad de reponer los fondos públicos en determinados delitos, así como de las facultades que en esta materia se conceden a la Agencia Tributaria estatal y a las administraciones forales, nos suscita menos inquietud que el apartado final, relativo al carácter suspensivo de los recursos de apelación de la fiscalía contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria, retocando y modificando otra vez la disposición adicional quinta de la Ley orgánica del Poder Judicial. Ojalá cuando menos acertemos a hacer en este caso una disposición idéntica a la que hemos establecido en el proyecto de creación de los juzgados de vigilancia centrales, puesto que corren tiempos en los que en el mismo período legislativo nos contradecimos en distintos textos; que, cuando menos, lo hagamos bien.


Hablo del proyecto por lo que conocemos en su literalidad, es decir, lo oficialmente publicado en el Boletín Oficial, aunque sabemos que hay acuerdos de dulcificación con alguno de los grupos parlamentarios de la Cámara. A pesar de las ofertas públicas que se han hecho de poner a disposición de los grupos estas negociaciones o acuerdos, a día de hoy ni el grupo mayoritario de la oposición ni ningún otro nos han especificado estos avances, si bien manifiesto desde ahora que algunas de las sugerencias que he oído plantear al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos parecen extraordinariamente sugestivas. Nuestra petición de devolución en su totalidad lo es, repito, respecto de la literalidad del proyecto.


Quiero referirme a una cuestión que no está en el tenor de la norma, pero que sí es importante suscitar en este momento puesto que es uno de los defectos mayoritariamente señalados a la reforma. Cuando hablábamos de ineficacia en el momento inicial, decíamos que su entrada en vigor no se produciría hasta muchos años después por la imposibilidad de aplicación retroactiva. En el texto de la ley no se dice nada sobre esto, pero el Consejo General del Poder Judicial -su mayoría actual- sale en ayuda del Gobierno y dedica una gran parte de su informe a tratar de la vigencia y aplicación de la ley y de la retroactividad de sus consecuencias. Abro aquí un paréntesis para decir que es la segunda vez que el Consejo General del Poder Judicial hace sugerentes añadidos a textos legales sometidos a su consideración en la línea de lo pedido por el Gobierno. En lenguaje manomanista se diría que el Consejo va al rebotillo y ayuda al Gobierno a completar lo que pretendía o lo que quizá olvidó expresar en la literalidad del texto del proyecto. El apaño de separar penas y ejecución -que sí pueden separarse pero en ciertos aspectos, pues en otros van indisolublemente unidos- y también separar lo sustantivo de lo procesal para que se aplique la reforma a los que ya cumplen pena desde ahora, creemos que es uno de los aspectos más dudosos de la reforma, por cierto, en íntima conexión otra vez con la eficacia, si nos vamos a una posposición en el tiempo de su entrada en vigor.


Los límites temporales desde esta tribuna y el hecho de que las cuestiones van a repetirse por unos y otros de los enmendantes me obligan a elegir aspectos a tratar y a no ser excesivamente prolija, pero no quiero eludir en nombre de mi formación política lo que hace referencia a las posibles condiciones de la reinserción, porque se dirá o se sostiene a veces en lenguaje coloquial que lo que nosotros queremos es que estén todos en la calle. Pues no, señorías. Desde mi formación política se tiene bien claro el efecto retributivo y el preventivo que tienen las penas, y las penas para quienes han delinquido, para quienes han cometido horribles crímenes, son de obligado cumplimiento. ¿A qué vinculamos nosotros las posibilidades de reinserción? A tres criterios, señorías: a la desvinculación de la banda armada, al acatamiento de las reglas y principios básicos democráticos y al reconocimiento del daño causado. Nos parece que estos tres criterios serían fundamento bastante

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para posibilitar el paso a ulteriores medidas de resocialización. Claro que esto, señor ministro, requeriría una vigilancia penitenciaria cercana, y ya sabemos que ahora la hemos alejado o la estamos alejando en este momento, puesto que el proyecto está todavía tramitándose, de las posibilidades del conocimiento cierto, exacto e inmediato de la evolución concreta de cada preso. Por cierto, usted se refiere a la decisión marco en cuanto a estos requisitos. Nos parece que los que nosotros ponemos no contradicen para nada lo establecido en ella puesto que, además de la desvinculación de la banda armada, los demás en la decisión marco se establecen como disyuntivos y no como acumulativos. Respecto a la exigencia de satisfacción íntegra de la responsabilidad civil, nos parece muy adecuado -no quería tampoco dejar de referirme a esta cuestión- lo que se establece en la página 47 del informe del Consejo General del Poder Judicial cuando dice que en todo caso habrá que atenerse a la situación económica del penado en el momento de adoptarse la decisión de su progresión, de manera similar -dice el propio Consejo General del Poder Judicial- a lo que ahora establecen los artículos 81 y 82 del Código Penal vigente. Otra vez estamos ante la innecesariedad de la reforma; estas cuestiones ya están previstas.


Concluyo, señorías. Nuestra enmienda a la totalidad termina resumiendo nuestro criterio: es esta una reforma que nos parece oportunista, planteada por motivos más bien electorales; creemos que es regresiva, se vuelve al derecho penal de enemigo; creemos que es dudosamente constitucional o, cuando menos, tendencialmente inconstitucional en su aplicación práctica y pensamos -ojalá no sea así- que además será ineficaz. Vuelvo a citar, para concluir, a mi admirado Tomás y Valiente cuando en su artículo de publicación póstuma del 15 de febrero de 1996 Razones y tentaciones del Estado, el ex presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA posteriormente, denunciaba la apelación al cumplimiento íntegro de las penas como argumento emocional esgrimido con fines electoralistas -es literal de su artículo-. Se incurriría entonces, decía el profesor Tomás y Valiente, en la mala razón de Estado.
Cuando esto escribía estaba defendiendo el Código socialista de 1995, en plena campaña electoral, frente a las críticas populares. Quién mejor que él y qué mejor que una cita de él para ser utilizada en el llamamiento que hago a las distintas fuerzas políticas presentes en esta Cámara para que voten la devolución del proyecto al Gobierno y nos ayuden a rechazar esta reforma.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas presentadas por los distintos diputados del Grupo Parlamentario Mixto.


En primer lugar, el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señor ministro, con el deseo de que se mejore y de que practique deportes como la caza, que seguramente es de menos riesgo, empiezo la defensa de la enmienda... (El señor ministro de Justicia, Michavila Núñez: Es una estupidez lo que acaba usted de decir.)

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, guarde silencio. El Reglamento le permite intervenir a lo largo del debate, pero no interrumpir desde los escaños.


Adelante, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Continúo con la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley. Nos parece un proyecto de ley oportunista con el que el Gobierno intenta despistar y desviar la atención de la opinión pública de otros asuntos que le son más incómodos, como la guerra o el Prestige, y que, además de sus evidentes contenidos simbólicos, nos aparta de los parámetros de un derecho penal moderno, propios de Europa continental, para aproximarnos a otros modelos penales y penitenciarios con los que el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo; modelos penales y penitenciarios basados en la inhumanidad, en la falta de proporcionalidad de las penas, en el incremento de la población penitenciaria y que, por cierto, allí donde se ensayaron no han logrado, sino todo lo contrario, disminuir la criminalidad. Es además un proyecto de ley de constitucionalidad más que dudosa porque obvia principios básicos del derecho penal democrático y subordina valores y fines constitucionalmente garantizados como la resocialización y la reeducación a otro tipo de finalidades y de valores que no aparecen en la Constitución, valores retributivos, seguritarios, que en este sentido deben ser rechazados. Se trata de una política que podríamos llamar homeopática y que consiste en combatir el ataque que el terrorismo supone a la democracia y a los derechos fundamentales -un ataque en todo caso rechazable, abyecto- con la introducción en el ordenamiento jurídico de pequeños ataques a los derechos fundamentales y a la democracia que se dice querer defender.


El proyecto de ley, que paso a analizar, introduce, en contradicción con lo que el señor ministro ha dicho, una cadena perpetua encubierta, porque una pena de prisión temporal de 40 años condicionando el acceso al tercer grado al cumplimiento efectivo de la mitad de la pena, es decir, 20 años, y el acceso a la libertad condicional al cumplimiento de las tres cuartas partes de esa pena, es decir, a 30 años, supone en realidad una cadena perpetua mucho más dura que la existente en otros Estados, como Alemania o Francia, donde la cadena perpetua se recoge expresamente. En Alemania, el parágrafo 38.2 de su Código Penal establece los 15 años como límite de la prisión temporal y el parágrafo 57.a) establece la cadena perpetua, pero siempre con el

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límite establecido en el año 1967 por una sentencia del Tribunal Constitucional Federal de que el tribunal sentenciador pueda conceder la libertad al penado pasados 15 años, y en Italia existe una revisión a los 15 años introducida por una reforma legal de 1986. Por tanto, creo que no es preciso que me extienda más en explicar por qué estas medidas suponen en realidad una cadena perpetua encubierta, mucho más dura que la existente en el resto de los países europeos donde incluso esta pena se contempla directamente en el Código Penal.


Por otro lado, es un proyecto de ley lleno de contenido simbólico, es decir, de medidas que no están dirigidas directamente a proteger bienes jurídicos sino a crear en la opinión pública la imagen de un legislador atento y efectivo; por ejemplo, la irresponsabilidad de establecer la entrada en vigor inmediata de esta ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. O bien nos hallamos ante una grave irresponsabilidad o bien nos hallamos ante una inconstitucionalidad evidente, si lo que se pretende es la aplicación retroactiva.


La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya, por favor.


El señor AYMERICH CANO: Acabo, señora presidenta.


Señorías, saben ustedes que no es casualidad que las leyes penales cuenten siempre con una vacatio legis especialmente extendida. No voy a hablar de los seis años que se establecieron para el Código Penal alemán en 1985, ni siquiera de los seis meses que se establecieron para el Código Penal español vigente en 1995 con la finalidad de que a su entrada en vigor esas normas de especial trascendencia hayan sido ya interpretadas y asumidas por los operadores jurídicos, incluso por razones de seguridad jurídica, que de esta manera se ven violados. En conclusión, este proyecto de ley nos retrotrae a parámetros propios del terror penal del antiguo régimen, en consonancia con un derecho penal de emergencia que se practica en otras latitudes, y hace que en manos del Gobierno criterios como la resocialización, la humanidad y la proporcionalidad de las penas o el principio de intervención mínima se conviertan simplemente en monedas con las que comprar votos.


La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya definitivamente, por favor.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Seguimos pensando, señor ministro, que los principios ilustrados que durante 200 años fueron limitando y racionalizando el ius puniendi estatal siguen vigentes y que un Estado que no los respete pierde su legitimidad.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Señor Saura. Perdón, señor Puigcercós. La intervención se realiza según el orden de presentación. Es indistinto. Puede intervenir, señor Puigcercós, si el señor Saura no tiene inconveniente.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Voy a defender rápidamente la enmienda a la totalidad a este proyecto de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. Para nosotros hay dos razones o líneas argumentales para presentar y defender esta enmienda a la totalidad. Las hay de calado político e incluso de filosofía política. Nosotros entendemos que este endurecimiento del Código Penal es una cadena perpetua fáctica o tácita, y no podemos renunciar a un tope de garantías liberales a lo que podría ser el ius puniendi. Para nosotros esta es una razón de peso y de fondo.
Tampoco podemos renunciar al elemento resocializador y de reinserción que tendrían que implicar el Código Penal y el modelo penitenciario.
Entendemos que esta es una ley que endurece y que renuncia directamente a lo que la Constitución define en su artículo 25. Se podrá decir que no es la única finalidad del artículo 25.2, pero tampoco define otras acerca de lo que tienen que ser las penas de prisión. Consideramos, pues, que hay razones de peso, razones de filosofía política e incluso razones éticas para no apoyar la modificación que plantea el proyecto de ley que hoy estamos tratando.


También hay razones de carácter práctico. Hay un hilo argumental práctico que se refiere a que no hay razones para creer seriamente que esta nueva modificación vaya a disuadir a aquellos que hacen de la violencia su mecanismo para defender ideas; ideas que, como decían algunos de los votos particulares en el Consejo General del Poder Judicial, no son punibles. Las ideas no son punibles; lo que son punibles son los métodos que se utilizan para defender estas ideas y es punible -y evidentemente hay que perseguirla- la violencia y en este caso también el terrorismo.
Siguiendo el hilo argumental de razones prácticas al que aludíamos, no creemos que haya una razón argumental suficiente para decir que esto va a disuadir. Todo lo contrario. La reforma del año 1995 ya endureció la libertad condicional estableciendo para casos concretos que esta no se puede alcanzar antes de 20 años cumplidos de condena o, en casos recalcitrantes, antes de 30 años. Por estas razones creemos que el Código Penal ya es suficientemente duro, y así lo dicen muchos de los teóricos del derecho penal a quienes se ha consultado sobre este debate. En esta ley tampoco se abunda en un tema necesario, que es el tratamiento individualizado de las penas y de los penados. Todo lo contrario, se rehuye de

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ello. Consideramos que tratarlos de forma generalizada es también contrario al espíritu que se deduce del artículo 25 de la Constitución española.


En conclusión, hay razones políticas, razones de fondo, razones éticas y razones prácticas para rechazar este proyecto de ley. Creemos que el Gobierno -como ya ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista Galego- rehuye de debates y de temas preocupantes para la ciudadanía y juega con la alarma social que causa un atentado terrorista. Estamos de acuerdo en que un atentado terrorista es un tipo de delincuencia, de terrorismo y de violencia que genera alarma social, y el partido del Gobierno -con el apoyo, en este caso, del Partido Socialista- juega con esto. En las diferentes encuestas del CIS se manifiesta claramente que el terrorismo está en uno de los puntos máximos de preocupación de los ciudadanos, y es razonable que sea así. Repito, un atentado terrorista provoca alarma social, pero ustedes están haciendo un uso electoralista de esta alarma social. Ustedes están liquidando -repito- las garantías liberales para frenar el ius puniendi y las están dilapidando a base de electoralismo.


Por estas razones -repito, éticas y prácticas- y sobre todo porque no contribuye en nada a solucionar el problema sino que este va a seguir, desde Esquerra Republicana mantenemos nuestra enmienda a la totalidad al proyecto de ley que proponen el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.


Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre del Grupo Iniciativa per Catalunya-Verds la enmienda a la totalidad a este proyecto que presenta el Gobierno del Partido Popular y también, por qué no decirlo, al pacto que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han sellado, lamentando que desde sectores progresistas se dé apoyo a una iniciativa de estas características.


Quiero decirle al señor ministro en primer lugar, como ya ha dicho don Carlos Rejón, que este debate no es entre demócratas y no demócratas -y, como el ha dicho también muy bien, mejor que nos paremos aquí-, tampoco es un debate entre los que estamos a favor o en contra del terrorismo.
Este es un debate para decidir si el actual Código Penal permite luchar eficazmente o no contra el terrorismo y contra la delincuencia. Para nosotros la respuesta es clara: sí, no estamos indefensos, tenemos un Código Penal con penas contundentes que permiten ejercer una lucha efectiva contra el terrorismo y la delincuencia. Presentamos esta enmienda a la totalidad porque pensamos que las modificaciones que se nos proponen son, desde el punto de vista de las libertades y de los derechos, regresivas, inconstitucionales y sobre todo ineficaces. Por estas tres razones presentamos la enmienda a la totalidad.


En primer lugar, he dicho que son ineficaces. No hace falta repetir, se sabe perfectamente, que las reformas del Código Penal con endurecimiento de penas no han demostrado históricamente su eficacia, sino todo lo contrario. Estados Unidos tiene uno de los regímenes más duros desde el punto de vista penitencial, incluso tiene pena de muerte, y en ningún caso ha significado la disminución de la delincuencia. En segundo lugar, esta modificación es regresiva desde el punto de vista de los derechos y de las libertades porque atenta contra la política de reinserción, que nosotros defendemos, que está instaurada en nuestra Constitución. También es regresiva desde el punto de vista de las libertades porque para nosotros es inaceptable que los delincuentes con cuatro o más faltas puedan ser encarcelados como autores de un delito. Esta modificación es absolutamente inconcebible para nosotros, además es una solución que en absoluto va a frenar la reincidencia en faltas cometidas, cuando al mismo tiempo no se están aplicando medidas en los campos de la reinserción, en los campos de la mejora de la justicia, en los campos de los juicios rápidos. Y en tercer lugar, he dicho que es una modificación de dudosa constitucionalidad, y no sólo lo decimos nosotros, sino que figura en los votos particulares del Consejo General del Poder Judicial. Se dice que puede ser de dudosa constitucionalidad por tres razones: primero, por la elevación del límite máximo del cumplimiento de la pena de prisión a 40 años, que, en definitiva, como se ha repetido aquí, es una cadena perpetua encubierta; segundo, por la modificación de los criterios para alcanzar el tercer grado, fundamentalmente en lo que hace referencia a la retroactividad; y tercero, porque las modificaciones en lo que respecta al acceso a la libertad condicional pueden ser anticonstitucionales.


Señoras y señores diputados, tenemos un Código Penal potente, moderno, no del siglo pasado, que permite luchar con eficacia y contundencia contra el terrorismo y contra la delincuencia, y la modificación que nos presentan nos huele más a oportunismo político para intentar atajar el clima de inseguridad ciudadana de la que es responsable el propio Gobierno que a pretender alcanzar el objetivo que se quiere conseguir.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.


Por último, para la defensa de su enmienda, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, es evidente que la primera parte de su discurso la compartimos todos. Quién no va a querer

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en esta Cámara que todas las personas, independientemente de lo que piensen, de lo que hagan, de aquello a lo que se dediquen o de lo que quieran hacer en la vida, tengan el derecho a la libertad de cualquier tipo de movimiento, de expresión, de trabajo y evidentemente al de la vida Está clarísimo, nadie dice nada en contra. La cuestión está en los medios que planteamos cada uno de nosotros para que eso pueda ser efectivo. Ahí es donde tenemos discrepancias. Ello no nos hace enemigos -al menos, nosotros no lo consideramos así-, simplemente tenemos discrepancias.


Uno de los instrumentos que ustedes nos presentan es esta reforma legal penitenciaria, que no nos gusta por cuatro motivos. En primer lugar, por la oportunidad y la utilidad. Esta es la pregunta a la que ustedes tienen que responder: ¿significa esta reforma una mejor protección para la sociedad? ¿Sí o no? En el análisis que nosotros hacemos, vemos que no significa una mejor protección para la sociedad, entre otras cosas, porque no han justificado el cambio práctico que estas reformas pueden suponer en un instrumento legal de tanta importancia como el Código Penal de 1995, que todavía no ha tenido tiempo de desarrollar toda su potencialidad. Nosotros creemos que no hay eficacia disuasoria. Todo el mundo dice que, en los llamados delitos de convicción -que, vuelvo a decir, no son ni mejores ni peores, sino gravísimos-, este no es un factor de disuasión.


En segundo lugar, con esta reforma se vulneran principios clave de la propia Constitución, a saber: el principio de reinserción y reeducación, y el principio de humanidad de las penas, que tienen su base en otra serie de normas internacionales de Naciones Unidas o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La situación es la siguiente. ¿Es posible que el conjunto de las reformas - el incremento de las penas a 40 años, períodos de seguridad más allá de la mitad de la condena o el cómputo de la libertad condicional sobre el total de la suma imponible- haga que la expectativa de puesta en libertad de un sujeto que está condenado por cometer gravísimos actos contra la sociedad sea posible en un tiempo razonable? Esa expectativa es ilusoria, porque no la tiene. Si eso es ilusorio, lo que la jurisprudencia está diciendo es que excede de lo legítimo, porque produce la imposibilidad de que esa persona pueda reeducarse, es decir, produce la destrucción del sujeto como ser social. Además, ustedes nos dicen que en la Unión Europea ya existen penas de cadena perpetua. Nominalmente eso es verdad, pero lo que ustedes no nos dicen es que hay unos períodos o facilidades de revisión por parte del Poder Judicial mucho más individualizados, con mayor competencia del Poder Judicial y que, en la práctica, se cumplen de 20 a 25 años.
Expongan toda la realidad y no sólo la primera parte.


Y en tercer lugar, interpretamos de manera distinta el artículo 6 de la decisión marco de la Unión Europea. Dicho artículo establece para todos los ordenamientos jurídicos la posibilidad de que la colaboración activa con la justicia sea una de las cuestiones que incida a la hora de imponer la pena, o, lo que es lo mismo, la llamada figura del arrepentido. Es decir, se utiliza ese tema a la hora de imponer la pena y no en el cumplimiento de la misma. Con lo cual, no interpretemos erróneamente lo que no dice esa decisión marco de la Unión Europea.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En cuarto lugar estarían los establecimientos penitenciarios. ¿Saben cuál va a ser la densidad de los establecimientos penitenciarios? ¿Han llevado a cabo alguna cuestión práctica para saberlo?

Por último, quiero decir que ustedes desconfían del Poder Judicial, no les gusta nada. Y lo que es inadmisible es que en la propia exposición de motivos se diga que los beneficios penitenciarios son meros instrumentos al servicio de los terroristas. ¿Saben ustedes quién interpreta los beneficios penitenciarios? El propio Poder Judicial, con lo cual denotan una desconfianza realmente preocupante.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Para fijar posición, tiene la palabra el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, en el brevísimo tiempo que me permite el Reglamento, quiero decir que los andalucistas -como imagino que hace el resto de la Cámara- encuadramos la lucha contra el terrorismo y el endurecimiento de las penas a los terroristas en la defensa de la democracia y las libertades.


Las políticas preventivas, reinsertadoras y reeducativas son tan necesarias como las políticas sancionadoras y represivas. Por tanto, no se trata de saber cuál hay que aplicar, sino que son dos mecanismos con los que tenemos que actuar. A especial gravedad, especial dureza. Yo no creo que haya gente que diga que no hay una especial gravedad en el terrorismo, por tanto son necesarias medidas específicas y especiales contra este cáncer, la sociedad tiene que defenderse y hay que conseguir entre todos ponerlo más difícil, endurecerlo.


Por último, nosotros vamos a estar siempre en el consenso en todas las medidas de lucha antiterrorista. Yo espero que en la tramitación de la ley se logre el consenso total. Hoy estamos en el apoyo a la tramitación Tenemos muchos matices, pero nunca nos separarán del fondo, que es un instrumento más -no el

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único, hay muchos más- para luchar contra el terrorismo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Aparte de a otros aspectos de la ley, queremos mostrar sobre todo nuestro desacuerdo en las formas. Nuevamente se reúnen los partidos mayoritarios y excluyen de toda negociación al resto de la Cámara. En un tema como el terrorismo hay que poner la barrera entre demócratas y violentos y no entre mayorías y minorías.


En cuanto al fondo del asunto, hemos presentado varias enmiendas parciales para intentar que en el posterior debate en Comisión se pueda mejorar el texto presentado, que tiene a priori graves carencias detectadas no solamente por Chunta Aragonesista sino por los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial, que entiendo con el suficiente conocimiento y experiencia profesional como para ser tenidos en cuenta.
Estas carencias con las que se presenta este proyecto afectan a cuestiones tan graves y tan constitucionales como la posibilidad de reinserción o la retroactividad de las penas. En cualquier caso, mostramos nuestra disposición a alcanzar acuerdos -por este motivo no hemos presentado enmienda a la totalidad- y esperamos poder aprobar definitivamente este texto con una mayoría más amplia que la que ahora aquí lo refrenda.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo quiere dar aquí un testimonio inequívoco de apoyo a la lucha por las libertades democráticas. Nosotros interpretamos que este proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas que señala nuestro Código Penal es un instrumento, como digo, para la defensa de esa democracia, de esas libertades y de la vida de toda persona que quiera hacer de la vocación y del servicio político representativo un testimonio de libertad y de democracia. Por tanto, sepan los enemigos de estas libertades, de esta democracia que una sociedad democrática en un Estado de derecho tiene la obligación y el deber de dotarse de todos aquellos instrumentos que conduzcan a estos fines. Si a grandes males el refrán dice que grandes remedios, pongamos todos los remedios adecuados bajo el principio de la justicia, no del resentimiento ni de la venganza ni del odio, sino de una serie de valores positivos que desde los derechos humanos en España todos los demócratas suscribimos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Tiene que hacerse en esa línea. Esperamos que los consensos que se vayan alcanzado, tanto en el trámite de ponencia como de Comisión, den al final un buen ejemplo de entendimiento político, de respeto a los derechos individuales y humanos de todos y tengamos un buen Código Penal y una buena ley general penitenciaria donde esté contemplado todo aquello que conduzca a la resolución del problema. Por eso, señora presidenta, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar en contra de estas enmiendas de totalidad, va a permitir y apoyar con su modesto voto, pero lleno de sentido de libertad y de democracia, la tramitación del proyecto que ha remitido el Gobierno y va a pedir que nos unamos a los consensos a los que han llegado los partidos mayoritarios -el mío ya se ha sumado prácticamente a ellos- para hacer una buena ley a la que teman los enemigos de la libertad, de la democracia y de la vida humana, y de la que se sientan orgullosos todos los defensores de las libertades y la democracia. Por esa razón apoyaremos la tramitación del texto del proyecto del Gobierno.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, mi grupo parlamentario comparte la preocupación que sienten los ciudadanos por la ejecución de las penas. Durante muchos años, quizá por la situación precaria de nuestra Administración de justicia, que poco a poco va mejorando, parecía que lo único que podían esperar los ciudadanos era obtener una sentencia y que con esa sentencia se acababa el proceso, fundamentalmente el proceso penal, pero no es así.
Ciertamente, los ciudadanos reclaman y cada vez prestan más atención a la ejecución de esas sentencias, a cómo se ejecutan, cuál es la situación del penado y cuál es la situación de las propias víctimas.


Mi grupo comparte esa preocupación y la perplejidad que han sentido los ciudadanos ante datos que se han ofrecido a la opinión pública. Comparte la perplejidad, inferior a la de los ciudadanos por lo que diré después, de que teniendo un límite máximo de cumplimiento de penas de 30 años, con una opción que incluso permite el actual Código Penal, en su artículo 78, apartado primero, de aplicar los beneficios al total de la pena y no al límite máximo establecido en el código, haya delincuentes terroristas que con doscientos y pico años de condena salgan no ya a los 20 años por la

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redención de penas por el trabajo (un día de pena por cada dos días trabajados, propio del régimen penal anterior) sino a los 17, a los 10 o en otro momento. Pero mi grupo parlamentario también entiende que éste no es tanto un problema penal, no es un problema de límite máximo del cumplimiento de las penas, es un problema fundamentalmente penitenciario, de aplicación penitenciaria o, si acaso, de legislación penitenciaria.


El pasado 13 de febrero, en el debate de totalidad sobre la Ley de juzgados de vigilancia penitenciaria, mi grupo reconocía que el delincuente terrorista es un delincuente de convicción, es un delincuente especial y que por tanto requiere un tratamiento penitenciario diferente al de otros delincuentes. Por ello, en las negociaciones que mantuvimos con el ministerio el día 30 de diciembre y en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Estado para la justicia, el día 8 de enero -debo mostrar mi satisfacción porque se haya visto recogido ese planteamiento no ya en el proyecto, que requería alguna interpretación, sino en el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista-, señalábamos la necesidad de que el arrepentimiento de un delincuente terrorista surtiese efectos, de que el arrepentimiento de un delincuente terrorista, que en sí mismo, desde la perspectiva moral, merece un juicio moral favorable, para que produjese efectos jurídicos tuviese una relevancia social y política. Por tanto, era necesario que fuese un arrepentimiento activo, un arrepentimiento expreso y por descontado un arrepentimiento serio, y que aquello que se puede entender positivo en un sentido moral, que es ese arrepentimiento, para que pudiese permitir gozar de beneficios penitenciarios requería otras cosas.


Al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos limitar su única manifestación a la mal llamada delación, esto es, a la colaboración con la Administración de justicia, sino que tendrían que existir otros planteamientos, y así se ha recogido en el acuerdo que ha suscrito su grupo con el Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que esa posibilidad de expresarlo a través de una declaración de renuncia al terrorismo, de perdón a las víctimas, es un modo correcto de recoger ese arrepentimiento. Y si tenemos algo de lo que carecíamos anteriormente, que era una descripción de cuál es el presupuesto de un pronóstico favorable de reinserción individualizado de un delincuente terrorista, también tendremos dentro de poco otro instrumento que mi grupo parlamentario entiende correcto y por eso votó en contra de las enmiendas de totalidad hace 15 días, que es un juzgado central de vigilancia penitenciaria. Por tanto, vamos a contar con una descripción, con una concreción, con una claridad en los supuestos de reinserción que permitirán que ésta sea pública y transparente y no sea algo más próximo a la confesión y a la absolución religiosa de los pecados, a la que anteriormente se hacía referencia por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; que tengamos esa perfecta descripción, con un órgano que garantizará la unidad de la interpretación de esos supuestos. Señor ministro, a partir de aquí es donde comienzan las discrepancias, a partir de aquí es donde he de decir que el pacto que su grupo ha alcanzado con el Grupo Parlamentario Socialista nos resulta absolutamente insuficiente.


Los ciudadanos están preocupados, y así lo dice la encuesta del CIS, por la duración de las penas y se han mostrado favorables a un incremento de la duración de las mismas, pero, señorías, no cabe olvidar que se han mostrado mucho más favorables y mucho más preocupados por el cumplimiento efectivo de las mismas. Si hay un 85 por ciento de ciudadanos que se manifiestan a favor o muy a favor de ese endurecimiento, hay un 91 por ciento de ciudadanos que se manifiestan a favor del cumplimiento efectivo. Es aquí donde nos hemos de situar. De ahí, señor ministro, que entendamos que el incremento del límite máximo de cumplimiento de las penas de 30 a 40 años es algo que no resulta procedente. Nosotros no le vamos a discutir la constitucionalidad de esa medida. La Constitución cuando ha querido decir qué penas son inconstitucionales lo ha dicho, y ha dicho que era la pena de muerte y los trabajos forzados. Por tanto, no le vamos a discutir la constitucionalidad de esa medida. Ahora bien, también le digo que desde la perspectiva política, porque la política también se hace o puede hacerse para modificar la Constitución pero también se hace dentro de la Constitución, para nosotros ese límite máximo de cumplimiento de las penas se aproxima peligrosamente a la cadena perpetua. Nuestra concepción -se lo tengo que decir, señor ministro- de la persona humana, nuestra concepción de la dignidad de todas las personas humanas y también de los delincuentes nos hace que rechacemos la pena de muerte, que es la destrucción física de una persona, pero nos hace también que rechacemos la cadena perpetua, que no deja de ser la destrucción moral de esa misma persona. De ahí que no estemos precisamente por la labor del incremento del límite máximo de las penas de 30 a 40 años.


Debo decirle, señor ministro, que también esta ley contiene excesivas excepcionalidades en materia de delincuentes terroristas. Contiene una primera, que es de la que estamos hablando, que es elevar el límite de 30 a 40 años, y se exigen unos requisitos diferentes para el delincuente terrorista y para otro delincuente. Esto no lo vemos del todo claro y nos gustaría que la política penitenciaria fuese algo mucho más homogéneo.
Después, obviamente, el tratamiento penitenciario del delincuente terrorista se traslada, ahora sí conjuntamente con los miembros de bandas y grupos organizados, a la imposibilidad de excepcionar el límite o el periodo de seguridad en los supuestos de delitos terroristas menos graves, condenados con penas superiores a ocho años, pero también está en la imposibilidad de anticipar la libertad condicional y muy fundamentalmente

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en el acuerdo que han suscrito ustedes con el Grupo Parlamentario Socialista en ese cauce tan absolutamente restrictivo y poco eficaz, entendemos nosotros, de reinserción, que determina que un delincuente terrorista, que evidentemente ha cometido actos muy graves, por más que esté arrepentido activa y expresamente, no pueda gozar del tercer grado penitenciario hasta que haya cumplido 32 años de pena o no pueda gozar de la libertad hasta que haya cumplido 35 años de pena, porque esto nos parece la ley del péndulo. Si de lo que se quejan en estos momentos los ciudadanos es que con un límite máximo de cumplimiento de pena de 30 años un delincuente terrorista convicto, confeso y no arrepentido está cumpliendo 20 o lo más que puede llegar a cumplir son 30, lo que no tiene sentido, señor ministro, es que un delincuente terrorista que ha cometido actos graves, este mismo delincuente que ahora mismo está cumpliendo 20 años, que como mucho podría llegar a cumplir 30, si además, a partir de la entrada en vigor de la ley, se arrepiente activa y expresamente y colabora con la Administración de justicia o con el Estado de derecho, no va a poder estar en libertad condicional antes de haber cumplido 35 años.
Eso, señor ministro, es un movimiento pendular excesivo desde el punto de vista de un grupo parlamentario como el mío. Que una persona no arrepentida esté en la calle a los 20 o a los 17 años y que una persona arrepentida y colaboradora no salga de la cárcel hasta los 35 nos parece que es un error. Es un error porque nosotros entendemos, señor ministro, que la reinserción es un instrumento eficaz de lucha contra el terrorismo, una reinserción seria, una reinserción expresa, motivada por un arrepentimiento que colabora con la Administración de justicia y con el Estado de derecho, y no queremos renunciar desde ningún punto de vista precisamente a ese beneficio en la lucha contraterrorista de esas medidas de reinserción.


Permítame, señor ministro, que le señale que en el acuerdo que han suscrito ustedes con el Grupo Parlamentario Socialista, según he podido tener acceso a través de los medios, se comete algún error técnico, yo diría de bulto. Todos los juristas, y usted no lo desconoce porque es un gran jurista, sabemos lo que es un error de salto. Lo que no puede ser, señor ministro, es que si este proyecto de ley, en los términos que ustedes lo han acordado con el Grupo Parlamentario Socialista, llega a entrar en vigor se produzca una situación -permítaseme- tan chocante como esta. Un terrorista condenado a 80 años podrá salir en tercer grado a los 20 años y podrá gozar de libertad condicional a los 30 años. Repito, un terrorista condenado a 80 años, si se arrepiente gozará del tercer grado a los 20 años y de libertad condicional a los 30 años. Pero, señor ministro, si le condenan a ocho años y un día, no va a acceder al tercer grado hasta los 32 años y no estará en libertad condicional hasta los 35.
Esto es, se da la curiosa paradoja, por lo demás bastante conocida en el ámbito tributario, de que un día más de condena acaba suponiendo ni más ni menos que 12 años más de régimen ordinario penitenciario, ni más ni menos que cinco años más de prisión. Así pues, señor ministro, ese supuesto del error per salto, como decía anteriormente, lo tienen que corregir.


Señor ministro, no quiero acabar mi intervención -y termino, señora presidenta- sin hacer referencia a que estamos convencidos de que la apuesta por la cadena cuasi perpetua no es una buena apuesta y mucho menos si hay un arrepentimiento sincero, expreso, activo y transparente, porque del terrorismo no sólo es víctima la persona que es herida o asesinada, sino que somos víctimas todos. Queremos saber por qué una persona no cumple los 30 años y eso no lo puede decir nadie, ni siquiera un juez ante su conciencia. Queremos saber por qué se hace eso. Esa reinserción como instrumento de política penitenciaria y de lucha contra el terrorismo es tremendamente eficaz. Y quiero decirle también, señor ministro, que dentro de la lucha contra el terrorismo, tal y como le comenté en la reunión del 30 de diciembre, el acercamiento de los presos terroristas al cumplimiento de la condena en lugares próximos a su domicilio, que no reagrupamiento, es también un buen instrumento para ello, un instrumento eficaz que permite desvincular a estas personas de la mafia terrorista.


Para acabar, quiero manifestar, señor ministro, que la política penitenciaria no puede ser una política unidireccional. La política penitenciaria, si quiere ser eficaz, no puede ser sólo una política de endurecimiento, una política que atrase el tercer grado y la libertad condicional, sino que ha de ser una política flexible, que adapte el cumplimiento y la ejecución de la pena precisamente al pronóstico, favorable o no, de reinserción del delincuente.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Silva, le ruego concluya ya.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señora presidenta.


Señor ministro, yo sé que la situación de su Gobierno, y también por descontado la del Grupo Parlamentario Socialista, el cual ha llegado a un acuerdo con ustedes en este proyecto de ley, es cómoda, sintiéndose arropados por un clamor popular que no deja de ser comprensible. Pero quiero recordarle que en estos días hay diversos clamores y es una lástima que ustedes sólo sean capaces de escuchar este, porque, si bien es cierto que no hay mayor sordo que el que no quiere oír, también lo es que el que oye sólo lo que le conviene tiene un calificativo en el diccionario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.


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El señor LÓPEZ AGUILAR: Señorías, una vez más la cuestión del terrorismo regresa a la tribuna del Congreso de los Diputados de España y sabemos muy bien por qué. Porque, desde que este hemiciclo alberga unas cortes democráticas, el terrorismo ha sido y sigue siendo el principal problema de España, a cuyo lado todos los demás problemas palidecen. Han pasado 25 años desde que firmamos un régimen de libertades, tiempo durante el cual se ha combatido el terrorismo con la ley democrática, cubriendo sucesivas etapas, distintas tentativas, diferentes experiencias que no han conseguido acabar con el problema, y, sin embargo, nada de eso puede llevarnos a la conclusión de la resignación, puesto que esta no es una opción. No es posible plantear el hecho de abandonar a su suerte a los demócratas que dan la cara y es con ese espíritu con el que los socialistas apostamos por el pacto por las libertades y contra el terrorismo, desde el que adoptar fórmulas nuevas, ofensiva e iniciativa, un cambio de actitud y de estrategia, iniciativa en definitiva, y lo asumimos plenamente con todas sus consecuencias. Partiendo de ese espíritu, esta Cámara ha conocido probadamente desde entonces el esfuerzo y la determinación del Partido Socialista en la lucha antiterrorista, porque pensamos que es bueno para la ciudadanía y porque ese es nuestro contrato con la misma, conscientes de que ahora gobierna el Partido Popular y nosotros estamos en la oposición, lo que desde luego no ha sido plato de nuestro gusto y tampoco ha sido grato en muchas ocasiones, ya que hemos soportado en el desarrollo de este pacto por las libertades y contra el terrorismo episodios de deslealtad y a menudo la más elemental carencia de reconocimiento por este esfuerzo. No lo hemos hecho pensando ni en el Partido Popular ni en el Gobierno, sino en la ciudadanía; por la ciudadanía hemos permanecido fieles a él. Y hemos visto en ese marco sucesivas iniciativas legislativas en esta legislatura.


Vemos hoy una iniciativa legislativa destinada a modificar aspectos del régimen penal y penitenciario que tienen una clara orientación antiterrorista pero que afectan a dos leyes que los socialistas, lo decimos con claridad, consideramos dos buenas leyes: La Ley orgánica General Penitenciaria, la primera del desarrollo constitucional, la Ley orgánica 1/1979, y la Ley orgánica del Código Penal, la 10/1995, que fue aprobada en esta Cámara por una mayoría abrumadora y que no obtuvo votos en contra, tampoco los del Grupo Popular. Por tanto, los socialistas sostenemos que el Código Penal de 1995 es un buen Código Penal, adaptado a las necesidades de lucha contra la criminalidad y penológicas de una sociedad avanzada. Defendemos su filosofía y decimos que engaña a la ciudadanía inexcusablemente quien afirma que el Código Penal de 1995, el Código Penal vigente, invita a la delincuencia e incita a la delincuencia. Porque no es solamente un desprecio a la Cámara que aprobó esta legislación penal en fecha todavía reciente, en términos históricos, siete años, sino que es también y sobre todo un insulto al sentido común de la ciudadanía. No obstante, los socialistas hemos dicho muchas veces que, habiendo promovido el Código Penal del año 1995, hemos estado dispuestos a modificaciones específicas, porque todas las legislaciones penales las pueden requerir. Y si no hemos acabado con el terrorismo muy en particular, no podemos resignarnos y tendremos que estar dispuestos a modificaciones que fortalezcan al Estado de derecho contra el terrorismo, en particular, observando las condiciones que hemos dejado claras en cada ocasión.


Constitucionalidad plena, impecable, adaptada a las necesidades de la criminalidad organizada, a lo que aquí se ha llamado la delincuencia de convicción, y a sus problemas específicos, muy singularmente en lo que toca al principio de reinserción, que es un principio de orientación de todo el sistema penal y penitenciario que no puede ser tomado, como nada en la Constitución, a beneficio de inventario. Quienes admiramos la Constitución, no digamos quienes puedan llenarse la boca con ella, deben creer en ella y deben señalar que el artículo 25 sitúa el principio de reinserción como una orientación de todo el sistema penal. No es una cláusula bienpensante que el tiempo haya demostrado inútil. No es el residuo de ningún progresismo trasnochado que malhadadamente quedó reflejado en la letra de la Constitución. Es derecho constitucional vigente y no puede ser tomado a beneficio de inventario. Además de eso es buena política penitenciaria, es buena política criminal, porque es un principio astuto que discrimina a quien camina hacia la libertad y a quien camina en la dirección contraria. La constitucionalidad es por tanto compartible por todos los demócratas y en particular por los que estamos vinculados por el acuerdo antiterrorista. Debemos buscar también la eficacia de la política criminal, la política global penitenciaria y antiterrorista, y la consistencia con la Constitución, que nos señala también que el principio de igualdad exige tratar igualmente a lo igual, pero también razonablemente desigual a lo que es desigual.


Desde ese enfoque hoy los socialistas nos enfrentamos a seis enmiendas a la totalidad de devolución de un texto de ley y anunciamos nuestra disposición a votarlas desfavorablemente desde nuestro respeto. Somos respetuosos con sus argumentos y con las posiciones legítimas que las inspiran, pero decimos también que no compartimos sus argumentos.
Mantenemos claramente diferencias con el Grupo Popular, de manera que muchas de las críticas que hemos escuchado en esta tribuna los socialistas las compartimos. Denunciamos que no se combate la delincuencia con retórica, ni con propaganda, ni endureciendo solamente las leyes. Eso sí, para la delincuencia menor, para los delincuentes menores, mientras no se pone un duro o se escamotean todos los recursos para la modernización del sistema judicial o para dotar de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

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Estado, para que puedan atajar el gravísimo problema de seguridad que se ha generado en España durante los años de Gobierno del Partido Popular.
Los socialistas expresamos desde esta tribuna nuestra alternativa en materia de seguridad: Prevención, prevención, prevención, lucha contra la marginalidad, contra la delincuencia, búsqueda de la cohesión social, eficacia policial, un nuevo modelo policial y asistencia a las víctimas de los delitos, ese eslabón olvidado en la cadena del crimen.


El PSOE ha formulado esas críticas, pero no hoy aquí. No es hoy el momento. Hoy los socialistas hacemos de nuevo un ejercicio de responsabilidad frente a la lucha antiterrorista y por encima de cualesquiera provocaciones, con el mismo espíritu con el que firmamos el pacto contra el terrorismo, contra el fascismo de ETA y observando que los españoles reclaman unidad y responsabilidad. Es bueno que los españoles, que la sociedad española sepa en su conjunto que debe existir y debe ser percibida una continuidad en la lucha sin cuartel contra los asesinos etarras, sus cómplices y sus adláteres, por encima de la fuerza que en cada momento apoye con su mayoría al Gobierno. Lo hacemos por tanto sin ningún electoralismo, ninguna demagogia, rechazando la tentación del derecho penal simbólico, del derecho penal del enemigo y de la explotación populista de ese instinto difuso de retribución o de venganza que a menudo puede inspirar a los gobiernos a acometer reformas de la legislación penal. Ninguna simplificación de la cuestión.


Debo decir también desde esta tribuna que no puedo compartir, e incluso me cuesta comprender, que el ministro de Justicia diga aquí que ningún etarra condenado, por enormes que hayan sido sus penas, voluminosas, superiores a más de cien años en ocasiones, ha llegado nunca a cumplir más de veinte años, porque él sabe que no es verdad. Él sabe que se pueden cumplir más de veinte años y hasta treinta con el Código Penal vigente; incluso se ha dado que en la práctica, empíricamente, han cumplido más de veinte años por haber sido condenados por delitos terroristas. Además sabe que es no solamente faltar a la verdad sino engañar a la opinión pública decir que eso significa no cumplir las penas, no cumplir las condenas, porque la libertad condicional es una forma de cumplimiento de la condena. Nos guste o no es la ley vigente, la libertad condicional es una forma, legal y judicialmente sancionada, de cumplimiento de la condena. Y, por tanto, que la persona sea excarcelada de acuerdo con la ley no significa que no esté cumpliendo con la ley y que no esté cumpliendo la condena; significa que la está cumpliendo en una modalidad que hay que explicar con pedagogía a la opinión pública.


Sabemos también que ETA no lo es todo, que ETA no es el único problema de este país y que está también una inseguridad ciudadana detrás de estas iniciativas de corte seguritario, que no puede encubrir ni declinar de ninguna manera la grave responsabilidad del Gobierno del Partido Popular en el esperpéntico deterioro de las claves de seguridad a las que tiene derecho una sociedad avanzada. Muchas de esas enmiendas en sus críticas las compartimos e inspiran iniciativas del PSOE en esta legislatura, pero no la orientación del voto en relación con un proyecto de ley que ha sido negociado, como es conocido, por el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Gobierno, en una negociación en el seno del pacto antiterrorista, y que, como en la Ley orgánica de partidos políticos, los socialistas hemos trabajado no solamente para ajustarnos a los criterios de negociación, que antes expliqué, sino incluso para conseguir compartirlos con otros grupos parlamentarios y por tanto extender la mayoría que finalmente apruebe el texto definitivo. Nuestro objetivo es que el consenso sea lo más amplio posible y en esas seis enmiendas a la totalidad nuestro voto será negativo, sin perjuicio de que en otra ocasión hablemos, como tendremos que hablar, de seguridad ciudadana o del rechazo a otras reformas de mayor alcance globales, regresivas incluso, de la ley penal o de la ley penitenciaria.


No creemos que la ley que hoy debatimos sea inconstitucional o deba ser inútil ni ineficaz. Los socialistas nos hemos ocupado mucho de asegurarnos de que no sea así. Partimos de una premisa clara: la Constitución recoge la diferencia entre la respuesta penal al terrorismo y otras formas de delincuencia, en particular esas formas específicas de delincuencia terrorista contra las que los demócratas tenemos toda la legitimidad moral, política y jurídica, para reaccionar al límite de nuestras posibilidades, con un mensaje de firmeza y de determinación. No participaremos de una operación propagandística, por ejemplo, destinada a confundir a la opinión pública, de que a partir de ahora todos los terroristas van a cumplir cuarenta años de cárcel, cosa radicalmente incierta. Sabemos que eso se ha dicho desde terminales del Gobierno y próximas al Gobierno como emblema de dureza, a menudo vestidas en un lenguaje bravucón y altisonante, y se ha presentado como una garantía de determinación absolutamente innecesaria y a menudo contraproducente, pero claramente orientada a rentabilizar la ley electoralmente.


Es una caricatura tachar esta ley como una ley que va a asegurar que los terroristas cumplirán cuarenta años. De lo que se trata, afortunada y razonablemente, es de otra cosa distinta: se trata de garantizar que en los casos de los asesinos múltiples, en definitiva condenados por delitos especialmente graves, una triste pero real, exigua minoría de presos de ETA, por tanto, puedan recibir un cumplimiento íntegro de las condenas, salvo, eso sí, porque es de lo que se trata, que se reinserten, que trabajen activamente para su reinserción. Y que en el resto nos encontremos ante penas proporcionadas a la gravedad de los delitos de los que estamos hablando. Estamos pensando por tanto en la objetivación de la reinserción, que existan requisitos tasados, al

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margen de la discrecionalidad del juez y de la relación bilateral entre el juez y el penado, que es actualmente el mecanismo legalmente establecido por el que se determina el pronóstico de reinserción social.


Los socialistas hemos incidido fuertemente en este apartado de la negociación para garantizar el principio de resocialización como finalidad de la pena. Es sabido que el anteproyecto establecía unos requisitos que lo hacían prácticamente inviable, pero de lo que se trata es del texto que resulta de la negociación habida, un texto que garantiza que la reinserción es posible a través del repudio de la actividad delictiva terrorista, de la petición expresa de perdón a las víctimas, de los informes que acreditan la efectiva desvinculación de la organización terrorista y un compromiso de resarcimiento con las víctimas de los delitos terroristas. Estas aportaciones a la legalidad vigente aseguran que la reinserción cumple el servicio de acreditar un compromiso inequívoco de abandono del terrorismo y se salvaguarda la finalidad resocializadora del artículo 25 de la Constitución, incluso en aquellos delitos especialmente graves: a partir de las cuatro quintas partes de la condena, el acceso al tercer grado, y de las siete octavas partes de la condena, el acceso a la libertad condicional. Nadie puede perder de vista...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo.


El señor LÓPEZ AGUILAR: En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Del grado de deuda que adquiere con la sociedad quien coloca un coche bomba, o asesina a varias personas, o se dedica a dar tiros en la nuca a lo largo de su vida, durante años, hasta que resulta finalmente condenado. Y hablamos de que la respuesta penal frente a esa forma de participación en delitos terroristas y a cualquier otra tiene todo el derecho a ser una respuesta diferenciada. Pero los socialistas no habríamos permitido que eso adquiriese una dimensión claramente ajena a la Constitución o a la prohibición -que también se discutió- de retroactividad de ninguna legalidad penal ni sancionadora. No estamos hablando por tanto de retroactividad de esa objetivación de las condiciones de la reinserción, sino de especificación y objetivación de condiciones de pronóstico de reinserción social que ya obran en la letra de ley. No estamos hablando de endurecimiento general, no estamos pensando en tarifa plana de cuarenta años para todos los terroristas, no estamos hablando de retroactividad de la ley, estamos hablando de objetivación de la reinserción y del acceso al tercer grado y a la libertad condicional.
Todo el rigor del sistema penitenciario para los terroristas, para los que no se reinsertan, hasta que desaparezca el terrorismo. Decimos también sí a la objetivación de la reinserción, porque pensamos que ese es el derecho y nuestro deber: asegurar a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a ello, una acreditación absolutamente indiscutible e irrevocable de la voluntad de reinserción de cada terrorista que accede a beneficios penitenciarios o a libertad condicional.


En síntesis, sacando todas las consecuencias del pacto antiterrorista, decimos sí a distinguir entre el asesinato múltiple y otras formas de culpabilidad terrorista, sí al arrepentimiento activo, sí a la diferencia entre quienes caminan hacia la libertad y contra la libertad, sí a las garantías que tiene derecho a tener la sociedad respecto a los beneficios que disfrutan los convictos por terrorismo, sí a una aplicación inmediata de esa nueva normativa ceñida a las condiciones objetivas de reinserción y sí a las diferencias entre las consecuencias prácticas del arrepentimiento de los condenados a unas penas superiores al doble del límite máximo de cumplimiento efectivo, que va a quedar establecido a partir de este momento en cuarenta años. Sí en definitiva a la eficacia disuasoria y preventiva de la legislación penal y penitenciaria contra el terrorismo.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, repare S.S. en el tiempo que lleva consumido de exceso.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.


Pensamos que, siendo el terrorismo una amenaza colectiva, las salidas individuales deben ofrecer claramente garantías a la sociedad de que están trabajando para la desaparición del terrorismo. Si algo hemos aprendido los demócratas en estos veinticinco años transcurridos, para nuestra desgracia y para desgracia de todos, es que tenemos que seguir explorando y explotando todas las vías para luchar contra ETA, con respeto a todas las posiciones y sin descalificar ninguna de las enmiendas a la totalidad que aquí se han presentado, motivadas igualmente por la identificación de objetivos en la lucha contra ETA y contra la violencia, pero constatando también que, a pesar de quienes auguraron que las medidas penales aprobadas al comienzo de la legislatura, como las de la kale borroka, serían inútiles, éstas no han resultado inútiles.
Mientras continúe ETA, la situación seguirá siendo grave, porque miles de personas amenazadas por sus ideas, que están viviendo al límite de su resistencia por la lucha por la democracia y por la libertad, no pueden tener como respuesta que deben seguir soportando una vida bajo amenaza sin esperanza. Debemos poner contra las cuerdas a los liberticidas.


No podemos saber con total certidumbre si la norma va a ser eficaz o no contra ETA, pero debemos intentarlo. Ese es nuestro deber moral, político y jurídico, y nuestra obligación para con el conjunto de la sociedad española. Por eso la sociedad sabe que el Partido Socialista está derrochando altura de miras y se carga así de legitimidad para exigir el mismo comportamiento de las restantes fuerzas democráticas presentes en esta

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Cámara, muy en particular de la mayoría que apoya al Gobierno, de la mayoría del Partido Popular. No compartimos ni la simplificación ni la propaganda, tampoco aquí. La sociedad nos exige, y nosotros nos exigimos, pedagogía, iniciativa y explicación en todos los frentes. La única normalización democrática aceptable para nuestra dignidad y para los valores que explican la existencia de este Parlamento, la afirmación de la libertad y de la democracia y de este debate de hoy, es llevarlo allí donde el terror todavía, por increíble y por insoportable que nos parezca, la amenaza diariamente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Aguilar.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero

El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero ante todo felicitar al señor ministro por el proyecto que el Gobierno ha enviado, que aborda sin duda una de las máximas preocupaciones, como ya se ha dicho aquí, de los ciudadanos, y a la vez desearle la más pronta mejora en su estado físico, después del accidente automovilístico -obviamente sin ningún tipo de responsabilidad por su parte- que ha sufrido y al que ha habido alguna desafortunada alusión. No siempre se está acertado cuando se quiere gastar una broma y seguro que si no se han presentado excusas ha sido por el mismo calor del debate.
Estoy seguro que el señor Aymerich en el fondo reconoce que no ha sido una de sus intervenciones más afortunadas de los últimos tiempos.


Estamos debatiendo una reforma del Código Penal con relación al terrorismo. Es lógico que la postura de los diversos grupos dependa en buena medida de lo que entiendan que es un Código Penal y cuáles son sus finalidades, así como de la valoración que, desde un punto de vista no sólo político, sino sociológico y cultural, les merezca el terrorismo.
Indudablemente, cuando se tiene la idea de que en el Código Penal la única víctima es el delincuente, de ahí deriva todo un modo de entender las penas y también su aplicación. Sería como trasladar a los adultos el modo de entendimiento de una ley del menor; en el fondo se considera que es la sociedad la culpable, la que, debido a sus limitaciones o imperfecciones, ha engendrado conductas reprobables. Y lo que haría falta en todo caso es meramente un pequeño retoque reeducativo para el delincuente. Se ignora así la realidad de que hay ciudadanos -como se ha dejado aquí de relieve con una reiterada cita del inolvidable profesor Francisco Tomás y Valiente- que pueden matar a alguien simplemente por haber sido el máximo exponente de la defensa de la Constitución. Se ignora que hay quien puede matar a una persona pensando absurdamente que así mata a la Constitución. Lógicamente esa Constitución y las normas que la desarrollan parece que debe tomar nota de esa realidad y no tratar como un menor de edad víctima del contexto suburbial lo que ahí ha ocurrido.


Hay quien piensa que el Código Penal es meramente represivo y algo enemigo de la libertad, cuando realmente es el máximo instrumento, es el núcleo duro, del ordenamiento jurídico constitucional y de la defensa de las libertades. En consecuencia, una norma penal que comienza a producir sus efectos en el mismo momento en el que es promulgada. Me he quedado un poco asombrado ante esa visión de la vacatio legis de las normas penales, que tendría como finalidad que los operadores jurídicos la vayan interpretando. No sé cómo si no entra en vigor; será en un simulador jurídico. La norma va a incidir sobre los ciudadanos con una finalidad claramente normalizadora, valga la redundancia, y establecedora de lo que merece un reproche social y del grado de ese reproche social. Eso desde el mismo día en que entra en vigor y no hay que esperar a que pasen ni 20, ni 30, ni 40 años. Además, eso se acaba de demostrar con la reforma que afectaba a la kale borroka, de la que se nos dijo que no iba a servir para nada. Sin embargo, parece que sí ha servido; ha servido para que ese fenómeno, ese llamado terrorismo de baja intensidad, haya cambiado absolutamente en su presencia en la sociedad, con todo lo que eso lleva de aseguramiento y garantía de las libertades.


El papel de la reinserción va a depender, como ya hemos visto, del concepto que se tenga del Código Penal. Si uno tiene el concepto de que la única víctima es el delincuente, la reinserción será la única finalidad de la pena. Cuando esa visión no se suscribe, la reinserción es un elemento a tener en cuenta, pero en modo alguno el último, y ni siquiera un elemento que sea capaz de servir de fundamento o de título de ejercicio de derecho alguno. Y ya que se ha hablado tanto de constitucionalidad, voy a leer tres pasajes del Tribunal Constitucional, que algo de eso debe saber -ignoro si mi buena amiga la diputada Marga Uría entiende que también en el Constitucional se juega a la pelota a mano o no-, a la espera de que me aclare por qué cuando el Consejo General del Poder Judicial da la razón a su partido no juega a la pelota a mano. No sé si juega al trinquete o qué hace en esos casos. Me he quedado con esa duda, dentro de ese planteamiento maniqueo tan insólito en ella, que suele ser especialmente equilibrada.


El Tribunal Constitucional, en la sentencia 2/1987 -hace ya bastante tiempo-, dice que el artículo 25.2 no confiere como tal un derecho amparable que condicione la posibilidad y la existencia misma de la pena a esa orientación rehabilitadora, ni tampoco constituye un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos. Un año después, en la sentencia 19/1988, después de hablar de esa función rehabilitadora de la pena, el Tribunal Constitucional

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dice que de esa declaración no se sigue ni que tales fines reeducadores y resocializadores sean los únicos admisibles, la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad, ni, por lo mismo, que haya que considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista. Hasta aquí el Constitucional; los papeles que hagan los expertos, entre comillas, para que se lean aquí tienen menos autoridad dentro de la doctrina. Esto es así.


Se ha hablado además mucho de cadena perpetua, figura que no existe ni va a existir en nuestro ordenamiento jurídico, pero como sí existe en el contexto europeo, en esa Europa moderna a la que se nos anima a equipararnos -por cierto, en más de un país; para ser más exactos, en casi todos-, el Tribunal Constitucional español, a la hora de plantearse extradiciones, ha tenido que pronunciarse sobre el particular y ha dicho que el carácter eventualmente perpetuo de la pena no justifica la calificación como inhumana o degradante, ya que ese carácter no viene determinado exclusivamente por su duración. Aquí no hay cadena perpetua, pero, además, eso con la Constitución, no tiene mucho que ver, según dice el propio Tribunal Constitucional, si nos referimos a la mera duración de las penas. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional.


Nos encontramos con el gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno, particularmente en los últimos años, por lo menos en cuanto a resultados, en el ámbito europeo, para conseguir que dejara de afrontarse esta durísima realidad del terrorismo como una anomalía española, como algo que ocurre en España, quizá como consecuencia de otras cosas que ocurrieron. En ese sentido es muy bueno -en ese aspecto sí- que se haya citado aquí al profesor Tomás y Valiente, porque quizá haya todavía personas, y basta ser medianamente observador para captarlo, que siguen hablando de estos temas como si estuviéramos hablando del asesinato de don Melitón Manzanas, una persona con la misma necesidad de que sea respetada su vida como cualquier otra, pero evidentemente bastante distinta del profesor Tomás y Valiente, y algunos parece, y desde luego en Europa bastantes, que tenían esa mentalidad.


Esa anomalía española ha desaparecido y Europa ha entendido que el terrorismo es algo contra lo que se debe luchar sin poner fronteras ni obstáculos y ha fijado unos criterios que son los que esta norma asume, unos criterios para que se pueda determinar, al margen de la discrecionalidad del propio juez de Vigilancia Penitenciaria, si realmente se ha producido o no un efecto rehabilitador en el delincuente.
Esos criterios, que suponen una defensa clara de la democracia, una petición de perdón y un resarcimiento de las víctimas, son los que se integran en esta reforma. Sería un poco chocante -por no decir otra cosa- que pasara a existir ahora una nueva anomalía española: que una vez que Europa ha decidido considerar como problema propio el terrorismo, se encontrara con la sorpresa de que los españoles, a la hora de penar el terrorismo y de aplicar las penas, son más débiles que otros países europeos.


No estamos ante ningún delito de convicción, señorías. No hay convicción alguna que, exigiendo la muerte de una persona, pueda ser aceptada en un marco constitucional. Y sería penoso que hubiera poderes políticos sin convicción; poderes políticos que no estuvieran convencidos de su capacidad de poner freno al crimen y sobre todo a ese crimen particularmente execrable que es el terrorismo. Lo que se ha dicho aquí de que para lo único que ha servido la condena de la kale borroka ha sido para rellenar las filas de ETA es un monumento a la falta de convicción en el propio poder político, aparte de ser una afirmación absolutamente falta de rigor por su nulo fundamento en... (El señor Rejón Gieb pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, ya sé que ustedes tendrán información privilegiada gracias a sus compañeros del País Vasco, no lo dudo, pero no hasta el extremo de poder excluir que esos de la kale borroka que se hayan podido ir a ETA -que no sé si S.S. los podría contar- a lo mejor estaban ya en ETA y lo que simplemente hacían era trabajar más barato; evidentemente, lo podían hacer gratis. Quizá S.S.
tenga argumentos para decirme que esto que digo ahora no puede ser verdad; quizá. En todo caso, yo veo en ello un claro asomo de falta de convicción en el uso del poder político y en la capacidad del Estado de derecho, que por cierto es algo que no se acepta con resignación cuando no se consiguen otras fórmulas; es algo que uno suscribe de verdad como una exigencia de la dignidad humana, y la convicción en este caso tiene que superar a la que cualquier delincuente -y más si es terrorista- pueda tener. Esto es lo que está actualmente en juego.


Se ha discutido sobre en qué medida la entrada en vigor de esta reforma plantea o no problemas. Para algunos sería suficiente con el Código de 1995. Atenernos al Código actualmente en vigor significa que no se distinguen los delitos terroristas de otros delitos graves, a efectos de acceso a beneficios penitenciarios. El que quiera defender eso, que lo defienda; nosotros no lo defendemos. Quedarse en el Código actual -querer que se queden las cosas como están- es defender eso, y presentar enmiendas a la totalidad es defender eso. Que el límite de condena sea de 30 años; que a un señor que brinda con champán a los 30 años y un día, señor Silva, no se le pueda tener ni un día más en la cárcel. Muy bien, defendible, absolutamente defendible; pero que quede constancia de que eso es lo que se defiende con una enmienda a la totalidad. Actualmente, el tercer grado se puede disfrutar desde el día siguiente de la condena -desde el día siguiente- y la libertad condicional desde las dos terceras partes. Los saltos, señor Silva, se están dando actualmente igual; simplemente, con una cantidad de años distinta, pero eso pasa siempre: en lo fiscal, en lo penal, etcétera. La misma diferencia entre una pena y otra siempre va a tener esa función de dos

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años. Por otra parte, S.S. se refería a quien había sido condenado por más de 80 años; reflexione cuántos asesinatos ha debido cometer alguien para tener más de 80 años encima y a lo mejor recuperamos un poco de equilibrio a la hora de hacer esos planteamiento.


No hay tal retroactividad entre otras cosas porque la retroactividad está vedada por la Constitución cuando afecta a derechos. Ya hemos visto que, según el Tribunal Constitucional, no hay derechos; eso para empezar.
Tampoco hay retroactividad siquiera, porque lo único que se hace, como muy bien ha dicho el señor López Aguilar, es establecer que los criterios -esos criterios del ámbito europeo- se aplicarán a todo tipo de penados, sea cual sea el momento en que cometieron el crimen. Sin embargo, los plazos de los beneficios penitenciarios se quedan según el momento en que cada uno incurrió en el delito.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ollero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta.


Estamos en contra de dar paso a una nueva anomalía española, fruto de los complejos y de la falta de convicción. Estamos convencidos de que el único modo de hacer frente al terrorismo es que haya personas que tengan mucha más convicción en la capacidad del Estado de derecho para hacer respetar las libertades que la que pueda tener el más fanático de los terroristas.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación las enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y por los diputados señores Aymerich, Saura, Puigcercós y señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 16; en contra, 264; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 231, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer miércoles, 5 de marzo de 2003, en el enunciado de la pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso don Salvador Sanz Palacio figura por error el nombre de Ramón (página 11802, final de la segunda columna).

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