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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 242, de 03/04/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 242
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 233
celebrada el jueves, 3 de abril de 2003


ORDEN DEL DÍA: Enmiendas del Senado: ...


- Proyecto de Ley de sanidad animal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 103-1, de 23 de julio de 2002. (Número de expediente 121/000103.) ... (Página 12364)

- Proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 12369)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...


- Proyecto de Ley Concursal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 101-1, de 23 de julio de 2002. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 12375)

- Proyecto de Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 102-1, de 23 de julio de 2002. (Número de expediente 121/000102.) ... (Página 12375)

Página 12362


Votación de conjunto ... (Página 12399)

- Proyecto de Ley de Seguridad Aérea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 128-1, de 17 de enero de 2003. (Número de expediente 121/000128.) ... (Página 12399)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: ...


- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 130-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000130.) ... (Página 12406)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado ... (Página 12364)

Proyecto de ley de sanidad animal ... (Página 12364)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad animal, que son aprobadas.


Proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente ... (Página 12369)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; señor Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista, y señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, que son aprobadas.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12375)

Proyecto de ley concursal ... (Página 12375)

Proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página 12375)

El señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) presenta los dos proyectos de ley, en nombre del Gobierno, respetando así una costumbre parlamentaria. Hace una valoración de la importancia de los dos proyectos de ley y explica el fructífero trabajo de la Comisión de Justicia a lo largo de más de cinco meses, por lo que agradece a todas las señorías el interés demostrado en la tramitación de los proyectos de ley remitidos por el Gobierno, así como la elevada calidad de las aportaciones que se han realizado y el alto nivel de consenso conseguido con el esfuerzo de todos.


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En defensa de las enmiendas presentadas a los dos proyectos de ley intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista; Ayala Sánchez y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor ministro de Justicia interviene en un breve turno de agradecimiento a todos los portavoces y a la Comisión de Codificación y su presidente Manuel Olivencia.


Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a los dos proyectos de ley, así como del texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 12399)

Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, el proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se aprueba por 275 votos a favor.


Proyecto de ley de seguridad aérea ... (Página 12399)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, así como del texto del dictamen del proyecto de ley de seguridad aérea.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 12406)

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional ... (Página 12406)

El señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) sube a la tribuna, en nombre del Gobierno, para presentar un texto de ley que considera importante en un régimen de libertades, en un régimen democrático, como el que afortunadamente tienen los españoles desde hace 25 años. Se trata, explica, de que el régimen de privación de libertad de una persona imputada por un delito sea un régimen sujeto plenamente a los principios y garantías de la Constitución. Es una reforma, añade, obligada por los principios constitucionales, por la ley y por el Pacto de Estado. Explica el contenido de la reforma que presenta al Parlamento y ofrece a todos los grupos parlamentarios el diálogo para mejorar en el trámite parlamentario todo aquello que se pueda mejorar, manteniendo principios y criterios con continuidad y desde la perspectiva de que todo lo que se haga se hace para beneficiar a la justicia, al Estado de derecho, para garantizar los derechos del acusado y también para garantizar, lo que es muy importante en democracia, los derechos de las víctimas.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Labordeta Subías, Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas de totalidad de devolución y de texto alternativo, que son rechazadas.


Se levanta la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE SANIDAD ANIMAL. (Número de expediente 121/000103.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado.


En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad animal.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Las múltiples enmiendas introducidas en el Senado son en su mayor parte pequeñas modificaciones de carácter técnico o de redacción que contribuyen a dejar más claro las disposiciones del proyecto de ley.
También saludamos la incorporación de los artículos 3 bis, 3 ter y 3 quáter, por introducir criterios de aplicación de la ley acertados: proporcionalidad en su aplicación, obligaciones de comunicación y coordinación entre administraciones. Evitan además que haya una disparidad de interpretaciones de la presente norma. Saludamos también los artículos 31 bis y 31 ter, al regular el registro y coordinación de todos los laboratorios, lo que redundará sin duda en un mejor conocimiento y control de las enfermedades de los animales. Otra de las enmiendas positivas que queremos resaltar es la que afecta al artículo 27, que ya había sido propuesta por el Bloque Nacionalista Galego en este Congreso de los Diputados; asegura que los laboratorios de referencia hayan de tener necesariamente carácter público acorde con las importantes funciones que tienen atribuidas.


Una vez concluido prácticamente el trámite parlamentario de este proyecto de ley y conocido el texto legislativo resultante, que será publicado y que será de aplicación en materia de sanidad animal, debemos reconocer que se mejora la normativa existente, en concreto la Ley de Epizootias de 1952 y su reglamento de 1955, que era absolutamente imprescindible modificar para adecuarla a la realidad económica y técnica de la producción animal y a la estructura administrativa descentralizada del Estado. Sin embargo, el texto resultante aún destila una acusada tendencia centralizadora en este último aspecto, al imponer medidas uniformes en materia de sanidad animal que no tienen en cuenta la diferente orientación productiva de las comunidades autónomas o los diferentes modelos de producción existentes y que sería aconsejable flexibilizar para permitir un papel más amplio por parte de las comunidades autónomas en el desarrollo y ejecución de esta ley. Otra cuestión -la última que vamos a señalar- es que desearíamos que fuese contemplada de otro modo en la ley la competencia de las inspecciones en frontera, que se atribuye al Estado. Nosotros no vemos inconveniente en que fueran directamente las comunidades autónomas las que ejerciesen esas funciones; facilitaría la coordinación entre inspecciones exteriores e interiores, pues, una vez introducido el ganado en el Estado español, son precisamente las comunidades autónomas las que realizan su control.


Pensamos por todo ello que las enmiendas del Senado pueden ser votadas favorablemente; no empeoran el texto, lo mejoran y, es más, hay algún artículo, como el 27, que recoge la propuesta del Bloque Nacionalista Galego. Nosotros, por tanto, apoyaremos las enmiendas del Senado.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que llegan del Senado a esta Cámara, después del gran trabajo que aquí realizamos en ponencia y Comisión. Mi grupo fue uno de los que presentó un amplio abanico de enmiendas, que fueron prácticamente aceptadas en su totalidad y que enriquecieron, con las de los otros grupos parlamentarios, un trabajo estructural remitido a esta Cámara como proyecto de ley por el Ministerio de Agricultura. Mi grupo se siente cómodo y satisfecho al votar estas enmiendas que nos llegan del Senado; son, en su mayoría, de correcciones o ampliaciones técnicas y de detalle.
Hay tres enmiendas sobre las que quiero pronunciarme, dando un margen de confianza a quienes tendrán el soporte del cumplimiento de esta ley, que son, fundamentalmente, los servicios oficiales, sobre todo veterinarios, tanto del Ministerio de Agricultura como de las comunidades autónomas.


Esta ley permite un equilibrio competencial entre cuestiones generales, de base, del Gobierno central, del Estado, en cuanto Administración central, y de la Administración periférica, de las comunidades autónomas. No podía ser de otra manera la lucha contra epizootias, contra enfermedades transmisibles o cualquier alteración de la sanidad ganadera, en la medida en que las distintas administraciones públicas tienen esta concurrencia.
Esta ley supone una ampliación y superación de la vieja Ley de Epizootias de 1952. Quisiera hacer una reflexión, para que quedara constancia en el "Diario de Sesiones", y es que aquella ley tuvo un instrumento ejecutor extraordinario y que ha llegado hasta nuestros días, el reglamento de 1955. Ya en los trámites de Comisión tuve ocasión de decir por activa y por pasiva al señor ministro de Agricultura, como responsable

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de los servicios, y a los magníficos profesionales del ministerio y de las comunidades autónomas, que velaran por el principio de autoridad, el principio de unidad de criterio que da el reglamento; mantener el reglamento de epizootias, actualizarlo con las aportaciones de esta ley y tener en cuenta que es fundamental una actuación jerarquizada disciplinaria y muy profesionalizada. Esto va a descansar, como he dicho, en los profesionales de la sanidad animal, fundamentalmente en los servicios veterinarios, en los ganaderos, en las agrupaciones de defensa sanitaria, en lo que es el sentido empresarial de los ganaderos españoles para proteger un patrimonio fundamental, en el que tenemos todos que colaborar.


De ahí que sea importante destacar estas enmiendas que se han introducido en el Senado, que se refieren fundamentalmente, en el artículo 3 nuevo y los derivados del mismo, al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es fundamental en una lucha sanitaria, porque ni se puede pasar ni se puede quedar corto. Por tanto va a exigir un rigor profesional de los técnicos en sanidad animal de las distintas administraciones públicas, que tienen que tomar determinaciones para que ni se produzca un estrangulamiento de la actividad ganadera como economía ni se produzca una bajada de salvaguardia de las medidas que hay que tomar. A esto se dirige la segunda enmienda, el artículo 3 nuevo, en el que se establece la obligación de comunicación. Esta cooperación es importante. Estamos luchando de una manera muy racional y es importante que se enciendan las señales de alarma a través de los preavisos de cualquier sospecha de contagio de infección, porque sabemos que en la lucha sanitaria contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas, contras las epizootias, es fundamental la alerta temprana, que tiene que ser dada por quien está en la inmediatez del foco que va a generar el proceso. Finalmente está la coordinación en la lucha contra la sanidad animal. Este es un principio que tiene que regir y mi grupo se congratula de que se haya recogido precisamente ya en el texto articulado de este proyecto de ley. Es necesaria la coordinación entre todas las estructuras profesionales de cualquier tipo, técnicas o económicas, estructurales, de transporte, etcétera, y las distintas administraciones públicas, tanto de la Administración general del Estado como de la administración de las autonomías, que van a ser los órganos ejecutores.


Señora presidenta, al igual que, cuando hemos discutido leyes o proyectos de ley referentes a unicidad de cuerpos como el de la Abogacía del Estado, de los temas de la Administración de justicia, del ministerio fiscal, hemos tenido muy en cuenta el principio de doctrina, el principio de actuación, también en el tema de la sanidad animal es importante. Si no, podría haber una quiebra, una fractura, de las distintas administraciones públicas, cada una podría tomarlo con un criterio diferente. O se adoptan unos criterios conjuntos de coordinación o perderíamos el principio de unidad de doctrina.


Señora presidenta, felicitamos a todos los actores que ha tenido este proyecto de ley desde su entrada en la Cámara y, por todas las anteriores razones, vamos a votar favorablemente y a desearle una buena andadura, en beneficio de un patrimonio agropecuario de España, cuya conservación es fundamental.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Anuncio también el voto favorable del Grupo Vasco a las enmiendas procedentes del Senado, que sustancialmente en su gran mayoría no suponen sino correcciones semánticas, gramaticales o de estilo, y algunas mejoras de carácter técnico al texto que en su día fue remitido por el Congreso.
Sin embargo, como han puesto de manifiesto quienes me han precedido en el uso de la palabra, hay tres modificaciones de mayor alcance, de mayor envergadura, que están recogidas en el título I, relativo a las disposiciones generales, en concreto las que se han incorporado a los artículos 3 bis, 3 ter y 3 quáter, que llevan a la ley principios generales de la acción administrativa incorporados con carácter general a nuestro ordenamiento jurídico, pero que requerían una formación explícita en el texto de la ley, el relativo a la proporcionalidad de la acción administrativa en este ámbito. Un principio general recogido para todos los ámbitos de la actuación de los poderes públicos y que requería efectivamente, y así lo ha sido a través de esta norma, una explicitación clara y efectiva, una referencia a la obligación de comunicar determinadas situaciones vinculadas con la sanidad animal, que aparece recogida en el artículo 3 ter. Y finalmente una referencia a la coordinación de la sanidad animal, que trae causa también del principio general de actuación coordinada de todos los poderes públicos, que forma parte ínsita de un ordenamiento jurídico en el que se contempla una pluralidad de poderes públicos, cada uno con sus funciones y con sus competencias, pero que necesita una actuación coordinada en beneficio de la eficacia del conjunto y que aparece correctamente en esta norma.


Hay también dos nuevas incorporaciones en los artículos 31 bis y 31 ter.
El artículo 31 bis se refiere al registro nacional de laboratorios de sanidad animal, que, tal y como está recogido en la ley, respeta el sistema de distribución competencial, porque contempla una participación efectiva de las comunidades autónomas en el proceso de información que alimentará el funcionamiento del registro; no tenemos ninguna objeción.


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Finalmente, por lo que se refiere al artículo 31 ter, consideramos que la referencia que se hace a laboratorios de otros países es una medida necesaria que respeta la distribución competencial y no tenemos nada que objetar.


Anuncio por tanto, una vez más, nuestro voto favorable a las enmiendas procedentes del Senado. Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.


Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Pausa)

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario se mostró crítico cuando este proyecto de ley se presentó en el Congreso y no porque no considerásemos que era necesario ordenar el sector, sino porque a nuestro entender dicho proyecto se olvidaba en aquel momento de las comunidades autónomas. Si bien es cierto que durante todo el trámite parlamentario se ha aceptado un conjunto importante de enmiendas, todas de carácter técnico y que sin lugar a dudas han mejorado la redacción, hecho del que nos alegramos y queremos reconocer públicamente, no es menos cierto que la actual redacción continúa estando presente en las tesis dominantes en esos momentos, en las que de una forma absolutamente consciente se confunden términos tan diferentes como descentralización y autonomía. La propuesta del Grupo Popular, lejos del espíritu constitucional, apuesta por una débil descentralización donde las competencias son del Estado y en todo caso las comunidades autónomas podrán actuar de forma subsidiaria.


Repito que, aunque se mejora técnicamente, en su concepción, a mi entender, la propuesta que estamos debatiendo continua siendo -soy suave en mi interpretación- portadora de algunos sesgos antiautonomista, ya que, cuando las competencias son del Estado, se las atribuye sin ningún tipo de reparo, mientras que, cuando corresponden a las comunidades autónomas, no renuncia a ellas, sino que se limita a hablar de la Administración competente, con lo cual traslada el debate al momento de la aplicación de la ley, dejándose de ese modo la puerta abierta a posteriores desarrollos reglamentarios para poderse atribuir competencias que no aguantarían un proyecto de ley. Y en algunos otros artículos, desde mi punto de vista, se pone a prueba su constitucionalidad, ya que el actual proyecto de ley consagra en ellos de una forma clara la capacidad del posterior desarrollo reglamentario por parte del Gobierno, actitud contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional cuando se trata de leyes de carácter básico.


Nuestro voto por tanto será favorable a las enmiendas del Senado, porque, junto con las que se aprobaron en el Congreso, mejoran técnicamente la redacción del proyecto de ley e incorporan sugerencias importantes que nos han hecho llegar los distintos sectores implicados, pero que no se entienda como un voto favorable al espíritu de la ley, ya que, desgraciadamente, en su concepción, no se ha modificado en su tramitación.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Companys.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero comentar tres cuestiones sobre la ley de sanidad animal que hoy se remite al Congreso. La primera -se ha dicho ya- es que se ha modificado muy poco el texto que salió del Congreso y las modificaciones que se han hecho se refieren casi todas a aspectos técnicos de la propia redacción. Se precisan algunas otras cuestiones, como los efectos comerciales mínimos, que no está mal; la obligación de declaración en un nuevo artículo, que tampoco está mal; o los mínimos de coordinación, con una mejor referencia a la participación y a la competencia de las comunidades autónomas, lo que también es positivo. Por tanto manifiesto que globalmente vamos a votar a favor de las enmiendas propuestas en el Senado, puesto que mejoran algunos aspectos del texto y no modifican sustancialmente ninguno de los supuestos del proyecto de ley.


La segunda cuestión que quiero dejar clara es que en la tramitación de este proyecto de ley los grupos han participado en las modificaciones del mismo. Quizá tan importante como esto es que el Grupo Socialista propuso la comparecencia de los sectores en el proceso de tramitación del proyecto de ley, fue aceptada y, como resultado, hay incorporaciones al texto que lo han mejorado y, sobre todo, que tienen ese sesgo de participación de los colectivos directamente afectados y de comunicación con los legisladores que hay que agradecer. Hay que felicitarse por esa participación y por esos resultados. Como eso no es muy frecuente -al menos hemos visto que otras peticiones de comparecencias no han sido aceptadas- quiero resaltarlo. He de resaltar también que se han incorporado modificaciones -el Grupo Socialista ha incorporado enmiendas a este texto por la voluntad del grupo mayoritario de hacerlo así- y debo dejar constancia de ello.


En tercer lugar, quiero decir que el Grupo Socialista va a abstenerse en la votación de este proyecto de ley, pero no por capricho, sino porque entiende que hay tres cuestiones sustanciales que no han sido suficientemente resueltas en el proyecto de ley y que hacen que no

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nos sintamos totalmente comprometidos con él. Digo que son tres, pero en una no voy a insistir puesto que ya ha sido señalada; tiene que ver con aspectos competenciales que no están bien definidos y que crearán dificultades en la aplicación de esta ley, dada su envergadura, sobre todo en los tiempos que corren y con la trascendencia que tienen desde el punto de vista de la seguridad alimentaria las cuestiones que regula este proyecto de ley. Una cuestión es que el proyecto desconoce algo que para el Partido Socialista es fundamental a la hora de una correcta sanidad animal, con sus repercusiones en la seguridad alimentaria, en la salud humana, en nuestro país. Nuestro país tiene una producción ganadera basada en pequeñas explotaciones familiares y, desde el punto de vista de la sanidad animal, las pequeñas explotaciones familiares no se comportan ni tienen las posibilidades que tiene una economía ganadera basada en grandes explotaciones.


Ese desconocimiento de la realidad nos hace llegar a la conclusión de que la operatividad de la ley, el sentido práctico de la propia ley perderá muchísimo. No se han considerado aspectos relacionados con las indemnizaciones, fundamentales para que las pequeñas explotaciones ganaderas españolas puedan contribuir y puedan participar de una manera activa en la regulación y en la práctica de la sanidad animal en España.
Hay muchas externalidades que se van incorporando y pronto habrá otras que no tienen que ver directamente con esta ley, como por ejemplo las normas de bienestar animal, que crean costes a los que nuestras explotaciones familiares, cientos de miles de explotaciones familiares españolas, no pueden hacer frente. Cuando se plantean las cosas de espaldas a una realidad tan clara y evidente como esta, hay dos alternativas: la desaparición de esa red vital y estratégica para nuestro país de explotaciones familiares, el cierre por perder competitividad, por ser arrojadas del mercado, o una sanidad animal no correctamente atendida. Cualquiera de los dos supuestos es inaceptable según lo que el Grupo Socialista entiende como una correcta regulación de la sanidad animal. No les quepa duda, señorías, que esa será una de las modificaciones que introduciremos en esta ley cuando tengamos capacidad para hacerlo: la respuesta a la estructura de explotaciones familiares que dominan en nuestro país y que son la base no solamente de una producción ganadera, sino de una correcta aplicación de los criterios modernos y racionales de sanidad animal.


La otra cuestión es que nosotros entendemos que los aspectos relacionados con la sanidad animal, y especialmente aquellos que tienen que ver directamente con la seguridad alimentaria, con la salud humana, deben tener la garantía pública de su cumplimiento. Pondré un ejemplo, señorías, para que se entienda correctamente la posición del Grupo Socialista. Hoy es vital la eliminación de los materiales específicos de riesgo en todas las encefalopatías espongiformes transmisibles, en todas.
Es vital la separación de la cadena alimentaria y su eliminación en forma de harinas cárnicas. Dos criterios a la hora de enfrentarnos a este problema: sancionar fuertemente cuando se producen incumplimientos, que es el criterio que ustedes han adoptado, o garantizar desde los poderes públicos su separación de la cadena alimentaria y su eliminación. Hoy esto en España no está garantizado, porque el grupo mayoritario y el Gobierno han adoptado el criterio de establecer normas para que esto se cumpla con un sistema sancionador más o menos estricto. Son dos formas de enfocar esta realidad. Nosotros creemos que esto hay que atenderlo con garantía pública, con una red de eliminación de residuos pública, con planes coordinados y concertados con las comunidades autónomas de carácter público; primero garantizando que se retiran los animales muertos en granja, que se retiran los materiales específicos de riesgo y que se eliminan -y no se están eliminando, señorías; el Gobierno no sabe dónde están las harinas cárnicas en España- y, por supuesto, garantizarlo con carácter público. No han entendido o no comparten nuestra posición, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, de la salud humana, esto es fundamental.


¿Cómo se resuelve? Con tasas; es un criterio. En Francia, por ejemplo, lo resuelven así, con una tasa, que han de pagar los consumidores, o con Presupuestos Generales del Estado. Nosotros propusimos en su día que se hiciera con Presupuestos Generales del Estado, con una financiación compartida con las comunidades autónomas, con un plan coordinado, que se eliminó, aunque era bastante suave, a partir del 1 de enero del año 2003.
Pero, con una u otra fórmula, con garantía pública. Lamentamos muchísimo, señorías, que estos dos instrumentos básicos, que se adaptan a las condiciones de nuestro país y que suponen que los poderes públicos garantizan algo tan importante como la seguridad alimentaria, no se hayan incluido en el proyecto de ley, a pesar de la insistencia del Grupo Socialista, primero en el Congreso y después en el Senado. Eso va a motivar dos cosas: una, que nos vamos a abstener en la votación de la ley y, dos, que muy pronto serán modificados -no les quepa ninguna duda, señorías- en la dirección que he apuntado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Laserna.


El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a lo largo de la exposición realizada por parte de los diversos portavoces, ha habido un denominador común: todos ellos han reconocido la importancia y la necesidad de esta ley. Para mi grupo, la sanidad

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animal es un factor clave para el desarrollo de la ganadería, de gran trascendencia para la salud pública y para la economía nacional así como para el mantenimiento y conservación de las distintas especies de animales. Ello hace preciso disponer de un marco legal adecuado que permita proteger adecuadamente el ganado y sus productos contra las enfermedades que puedan perjudicarles.


El proyecto de ley de sanidad animal que hoy discutimos tiene por objeto la aprobación de una ley moderna y actualizada, en la que se contenga la regulación legal básica en materia de sanidad animal. Debemos tener presente para comprender la necesidad de este proyecto que la normativa actualmente vigente sobre la sanidad animal, al margen de las normas dictadas para incorporar a nuestro ordenamiento las directivas comunitarias o para aplicar diversos reglamentos y decisiones de la Unión Europea, se basa fundamentalmente en la Ley de Epizootia de 1952 y en el reglamento que la desarrolla, normas que, si bien han sido un instrumento de gran utilidad en la prevención, lucha y control de las enfermedades de los animales, se hace necesario proceder a su actualización, al haber quedado obsoletas ante los importantes cambios sociopolíticos, económicos y tecnológicos acaecidos en los últimos años, a fin de disponer de una ley que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades. En cuanto a las enmiendas presentadas en el Senado, y tras un análisis detallado de las mismas, se comprueba que la mayor parte de ellas responden a las inquietudes manifestadas por los distintos portavoces en la Comisión de Agricultura de esta Cámara, reproduciéndose muchas de las rechazadas en el Congreso. Podemos concluir en consecuencia que el proyecto, por lo que hemos visto esta semana, no concita rechazo, sino que más bien los distintos grupos pretenden introducir mejoras técnicas en la futura ley.
El 20 por ciento de las 198 enmiendas presentadas en el Senado se han incorporado el texto, por lo que estimamos que perfeccionan su contenido, en especial en lo que se refiere a la coordinación entre las administraciones en lo relativo al régimen sancionador, tarificando las infracciones, y a las facultades de actuación de la Administración para el debido control y prevención sanitaria.


Mi grupo va a votar a favor de todas las enmiendas aprobadas en el Senado, sin embargo me gustaría destacar determinados aspectos de ellas. Así, se ha ampliado el título primero del proyecto incluyéndose tres nuevos artículos que lo dotan de un contenido esencial y muy demandado por las asociaciones y organizaciones representativas del sector, en especial por las que comparecieron en la Comisión de Agricultura, y es el relativo a la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas; coordinación que tiene su reflejo en el nuevo articulado en el que se establecen los aspectos esenciales de la misma, lo que permitirá fijar un mínimo común a toda España en el diseño y en la ejecución por las administraciones públicas de los programas sanitarios. Adicionalmente se consagra en esta ley el principio de proporcionalidad que debe presidir toda actuación de las administraciones, incluida la relativa a la sanidad animal, habida cuenta del efecto que la adopción de las medidas sanitarias tiene sobre el comercio de los animales y sus productos. Igualmente, con las enmiendas aprobadas en el Senado se refuerza la obligación de comunicar inmediatamente a las autoridades competentes toda sospecha o conocimiento de enfermedad, pues es un factor esencial que permite una actuación ágil de las administraciones públicas para evitar la difusión de las enfermedades o limitar sus efectos.
Creemos que con la inclusión de este precepto en el título primero se extiende su alcance a toda la ley.


Con la aprobación de las enmiendas del Senado se ha previsto un registro nacional de todos los laboratorios de sanidad animal, tanto públicos como privados, y como expresión de control administrativo se dispone la necesidad de comunicación previa a las administraciones cuando se pretenda realizar análisis fuera del territorio nacional, control que no supone autorización sino información, para evitar que se pueda ocultar a las administraciones la existencia de procesos patológicos de los animales.


En lo que se refiere a la inspección veterinaria de la exportación, y respondiendo a las demandas planteadas por el sector, así como a la necesidad de favorecer esta actividad, se han presentado las siguientes enmiendas. Se clarifica en un primer momento que será siempre precisa la certificación veterinaria previa a la exportación, con independencia de los requisitos exigibles por el tercer país de destino. De esta forma, para la exportación será preciso obtener siempre el oportuno y previo certificado veterinario, lo que permitirá el debido control de todos los animales y productos que se exporten y la garantía de su corrección sanitaria. No podemos olvidar que ante un tercer país un solo envío que no reúna los necesarios requisitos de sanidad animal puede provocar el cierre general de las exportaciones de toda España, lo que hace preciso un estricto control de las mismas. Como lógico corolario de ello, la exportación sin la previa obtención del certificado sanitario será responsabilidad exclusiva del exportador, con independencia de las exigencias del tercer país y de las responsabilidades que de esta actuación puedan derivarse para el exportador. Por último, a fin de evitar dudas sobre la posible aplicación de tasas para la exportación, que el proyecto de ley no prevé, se especifica que se refieren únicamente a la importación de animales, no siendo necesario establecer tasas a la exportación ya que ello repercutiría negativamente en la competitividad de nuestro sector. Relacionado con estas enmiendas se prevé también que será en el seno del comité nacional del sistema de alerta sanitaria veterinaria en el que se procederá al desarrollo del procedimiento

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en las exportaciones, dado que en este órgano se encuentran representadas todas las administraciones y también el sector exportador a través de su presencia en el comité consultivo, por lo que el citado desarrollo se llevará a cabo con el conocimiento y colaboración de todas las partes.


El último grupo de enmiendas aceptadas es el relativo a la mejora técnica del proyecto. Así, en su artículo 10, y sin perjuicio de que la sanidad exterior sea competencia exclusiva del Estado, parece adecuado, por mor del debido intercambio de información y de la aplicación del principio de colaboración, prever que se comuniquen por la Administración General del Estado al órgano competente de la comunidad autónoma las medidas cautelares adoptadas en caso de riesgo en un puesto de inspección fronteriza, centro de inspección autorizado o punto de entrada correspondiente en que se haya producido la situación de riesgo cuando esté ubicado en dicha comunidad autónoma. Así, igualmente en el artículo 74 del proyecto se regula de una forma adecuada la habilitación del personal no funcionario para la realización de funciones inspectoras con la condición de agente de la autoridad. Y como modificación técnica en la exposición transitoria tercera se prevé que el plazo previsto en la ley es el máximo, de tal forma que, siendo un precepto básico, las normas de la comunidad autónoma podrán establecer otros plazos inferiores pero nunca superiores. Aspecto a destacar es también la indudable mejora introducida en el régimen sancionador con una mejor tipificación de ciertas infracciones.


Acabo diciendo, señorías, que a nuestro juicio este es un proyecto que responde a la vertebración de la sanidad animal. Es un texto de un gran rigor desde el punto de vista veterinario y jurídico, que responde a las preocupaciones de la sociedad del siglo XXI, que busca ante todo la calidad y la seguridad alimentarias, que busca también, como no podía ser de otra forma, la conservación del medio ambiente y que pretende mantener vivo el medio rural e incrementar el bienestar animal. No hay que olvidar que este proyecto obedece sin duda, entre otras razones, a que fue una promesa del Partido Popular realizada en las pasadas elecciones generales la aprobación de una ley de sanidad animal. Como conclusión, y ya termino señora presidenta, debe significarse que el proyecto de ley ha sido sustancialmente mejorado en su tramitación parlamentaria y podemos todos confiar que la futura ley será un instrumento adecuado que permitirá una mejora en la situación sanitaria de los animales. Se ha conseguido un texto legal moderno y útil que podrá sustituir adecuadamente y mejorar la Ley de Epizootias y, desde luego, habremos realizado un gran trabajo y un óptimo servicio a la sociedad si permanece esta ley tanto tiempo como permaneció en vigor la antigua Ley de Epizootias.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Agua para todos!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Laserna.


Iniciamos las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad animal. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Senado a los artículos 4, 27, 28 y 30.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 234; en contra, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado a los artículos 3, 12, 16, 25, 31 bis, 31 ter, 37, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 84, 89, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición transitoria tercera y disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 234, abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad animal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 234; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA, LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. (Número de expediente 121/000107.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego considera que las enmiendas introducidas en el Senado en relación con el

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proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente no significan reformas de importancia en el texto introducido. En concreto, las enmiendas a los artículos 34.2.c) y 34.3.b), a la disposición transitoria primera y a la disposición final segunda son meras correcciones que aportan una mejora de la redacción. Sin embargo, nos preocupa la enmienda al artículo 17. Si bien en realidad es la adición de un pequeño inciso, tiene más importancia porque refuerza la libre circulación de los organismos modificados genéticamente al determinar que no podrán establecerse restricciones no sólo a los organismos modificados genéticamente, sino a todos -y cito literalmente- aquellos productos que contengan organismos modificados genéticamente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Con ello se insiste en la línea del proyecto de ley de evitar fijar severas condiciones a la comercialización de productos con organismos modificados genéticamente, como sería lógico y deseable, en aplicación del principio de precaución y desde la perspectiva de la protección del medio ambiente y de la salud humana. Tal y como queda este proyecto de ley, debemos insistir en que se establece un régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de OMG insuficiente en lo relativo a la aplicación de ese principio de precaución para evitar la eventual producción de daños a la salud humana o al medio ambiente por la utilización o liberación de estos organismos. Sigue repleto de importantes lagunas y no se han mejorado en el trámite parlamentario las facultades de la Administración al quedarle reservadas únicamente potestades de supervisión, sin límites más estrictos de acuerdo con la cautela que se debe imponer a la proliferación de organismos modificados genéticamente por el desconocimiento de su evolución en el medio ambiente y efectos sobre la salud humana. Se otorga además un papel de mero observador condescendiente a las administraciones competentes, cuando en realidad deberían desempeñar una actividad de control exhaustivo sobre la utilización, liberación y comercialización de estos organismos, también de investigación pública sistemática independiente de los efectos de los mismos, que permitan contar con fuentes de información y seguimiento neutral para asegurar la defensa de la salud y el medio ambiente.


En suma, para el Bloque Nacionalista Galego, si bien la mayoría de las enmiendas no alteran sustancialmente el proyecto de ley, sí se profundiza en la que modifica el artículo 17 por una senda poco transparente, por lo que vamos a pedir su votación por separado, aceptando que sea el sector privado quien marque la pauta y que los poderes públicos dejen hacer en esta materia en vez de ejercer sus responsabilidades de prevenir los riesgos que llevan aparejados la utilización y comercialización de los organismos modificados genéticamente, y asimismo establecer la responsabilidad directa por parte de los promotores de estos organismos de los efectos adversos que puedan producir.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente las pocas y escasas enmiendas que llegan del Senado a este proyecto de ley para establecer el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


Queremos destacar en las escasas enmiendas, como he dicho, que remite la Cámara Alta la dirigida a la disposición final segunda, en la que hay la alusión al consejo interministerial de organismos modificados genéticamente. Con esta enmienda se trata de aclarar el texto que salió de esta Cámara camino del Senado en su día, cuando al final del proyecto de ley se regulan dos organismos colegiados, por un lado, este consejo interministerial de organismos modificados genéticamente, que viene a superar la fase en que se encontraba el organismo similar que había creado la Ley 15/1994, y por otro lado, la Comisión Nacional de Bioseguridad. Con una adecuación del reglamento general para el desarrollo de esta ejecución, habrá que instrumentalizar las competencias armonizadas con las comunidades autónomas. Esto va a ser importante porque muchos de los efectos que se pueden producir en salud humana y en medio ambiente, tanto en especies vegetales como animales, con organismos modificados genéticamente, son competencias estatutarias de las comunidades autónomas. Por tanto, habrá que tener un reglamento que armonice, como ha sido hasta ahora, los intentos del reglamento del Decreto 951/1997.


Queremos destacar en este proyecto de ley que nos parece un avance obligado, en primer lugar, modificar la Ley 15/1994 por la serie de directivas, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de la Unión Europea, que habían dejado ya obsoletos, en algunas situaciones de confrontación y de principio de inseguridad jurídica, una serie de artículos. Por tanto, lo que se ha hecho es una derogación de una serie de artículos de la Ley 15/1994 que estaban en contraposición u obsolescencia con las implicaciones de las directivas que vienen de la Unión Europea, tanto del Parlamento como del Consejo Europeo, lo cual es positivo. Por otro lado, se mantienen los principios de prevención y cautela que son fundamentales para evitar los riesgos. Creemos que con las directivas comunitarias la ley ha ido ganando credibilidad, eficacia y seguridad al mantener los principios de lo que se llama los avances por etapas de riesgo,

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ir disminuyendo los riesgos en toda experimentación genética de estos organismos modificados por esta vía, riesgos que pudieran ser acumulados o muy dañinos; por tanto, la utilización confinada que señala la ley para que cada etapa revele cuál es el nivel de riesgos y pasar a la siguiente etapa de investigación o de modificación genética que no conlleve los perjuicios que pudieran derivarse de errores de laboratorio o de manipulación genética de estas estructuras biológicas. Por consiguiente, creemos que están cumplidos los principios de adecuación a las directivas comunitarias. Veremos en el nuevo reglamento que sería una obligación del legislador gubernamental una sustitución del Decreto 951/1997, que también tiene que incorporar los respectivos aspectos jurídicos que implican las directivas y el nuevo texto de la ley.


Por todas estas razones nos parece un avance, lo valoramos en su eficacia constructiva y vamos a votar favorablemente las enmiendas para apoyar este proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.


Brevísimamente, para el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso el paso de esta ley por el Senado ha supuesto unas modificaciones mínimas que no van a diferir nuestra opinión sobre el contenido de la misma de la que ya tuvimos ocasión de dar en esta Cámara, por lo que no voy a abundar en lo que entonces se dijo. Simplemente quiero recordar que esta ley a nuestro juicio recoge con bastante claridad las directivas europeas al respecto, pero adolece de una serie de disposiciones que anulan o ensombrecen competencias autonómicas que pueden tener problemas en el desarrollo y aplicación de la misma, aunque estaremos a la espera de cómo se reglamenta posteriormente. Lamentamos que no se haya tenido esa sensibilidad, lo que es común, por desgracia, en los trámites en esta Cámara de leyes que tienen afecciones a competencias autonómicas en diferentes materias. Y anunciamos el voto positivo para las escasísimas enmiendas que se han presentado, que creemos que no cambian sustancialmente para nada el contenido anterior de la ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la posición que mantiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto a la regulación de la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente es bien conocida en esta Cámara. Y es bien conocida porque siempre hemos hecho hincapié precisamente en que el Gobierno, a la hora de trasponer las directivas europeas, dejaba de lado el principio de precaución que toda norma referida a organismos modificados genéticamente debería tener en estos momentos. Pues bien, señorías, a pesar de que al paso por el Senado de este proyecto de ley no ha tenido modificaciones sustanciales y que ha mantenido prácticamente igual el texto que salió aprobado de la Cámara, mi grupo parlamentario sigue manteniendo su oposición.


Señorías, se ha vuelto a desaprovechar una vez más, cuando se hace la trasposición de una directiva europea, el haber tenido una regulación que dejara claros determinados aspectos que tienen que ver no solamente con el principio de precaución sino con la información a los consumidores de aquellos productos que puedan contener o contengan organismo modificados genéticamente. Precisamente una de las cosas que tenía una virtualidad real la trasposición de esta directiva era que se tenía que marcar de manera clara y determinada cómo se tenían que producir los etiquetados para que los consumidores sean conscientes de qué es lo que consumen y si están dispuestos a consumir organismos modificados genéticamente. Es decir que sea una decisión de los consumidores con la información necesaria, y no que se consuman ignorando lo que se está consumiendo. De todas formas, llama mucho la atención que mi grupo parlamentario en el trámite en el Congreso y en el Senado planteara una modificación al artículo 2 sobre las definiciones que debían dejar claro este proyecto de ley. Una de ellas era lo que se quería decir con producto, del que se viene hablando a lo largo de todo el proyecto, sobre lo que la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Medio Ambiente hizo un alegato en su negativa a admitir esta enmienda a trámite y de incluirla en el proyecto de ley diciendo que no se podía hablar de producto de la forma que se estaba definiendo, porque no necesariamente teníamos que estar hablando de un gen determinado en un producto sino de enzimas o incluso de otros productos que podía contener y que no necesariamente eran genes de los que se pudiera decir modificados genéticamente. Pues bien, señorías, el Senado nos introduce en el artículo 17, una vez más, no solamente la definición sino que a la hora de restringir las prohibiciones que se pueden hacer por parte de un Estado miembro (el proyecto de ley hablaba de manera genérica sobre la comercialización de organismos modificados, que se podía entender que iban sólo y exclusivamente dirigidos a los organismos modificados genéticamente y así definidos) también incluye la expresión "o de productos que los contengan". Es decir, no definimos lo que es producto, no

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hacemos una regulación adecuada del etiquetado de los productos que tenemos que consumir que puedan contener o contengan organismos modificados genéticamente, pero sí incluimos la prohibición de que se pueda restringir por parte de un Estado miembro la no comercialización de los organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.


Concluyo diciendo, señora presidenta, que estamos dispuestos a modificar los proyectos de ley que vienen desde el Gobierno cuando se vuelve a poner en serias dificultades a los consumidores para preservar la salud y el medio ambiente. Cuando se pretende introducir claridad para que la gente pueda decidir utilizando el principio de precaución, el Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de criterios que a veces se utilizan en contra de las enmiendas de los demás grupos parlamentario para introducir claridad, en ese caso no los aprueban, haciendo esos alegatos que pueden conducir mucho más a la confusión y nunca a la claridad. Esa es la forma que se tiene de legislar. Desde luego no desde el punto de vista del derecho que asiste a los consumidores, no desde el punto de vista del derecho a preservar de manera precautoria la salud de las personas y el medio ambiente. Esta legislación, señorías, no ha introducido claridad sino mayor confusión y un mayor riesgo, aún no contrastado, pero un mayor riesgo.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, desgraciadamente el proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de los organismos modificados genéticamente nos viene del Senado prácticamente tal y como salió.


Ustedes, con un empecinamiento digno de mejor causa, han despreciado un amplísimo conjunto de enmiendas, en particular del Grupo Socialista 39, y tan solo han aceptado una. Quede claro, para que no haya equívocos, que nuestro voto positivo a estas enmiendas, que tienen un carácter meramente técnico y no de fondo, no significa para nada un acercamiento de posiciones. Nuestra oposición a esta ley es total, rotunda y básica.


La normativa comunitaria que se traspone es un marco jurídico riguroso, que no sólo abre sino que estimula al establecimiento de elementos cautelares, y es precisamente este espíritu el que ha sido ignorado por el Grupo Popular, incorporando tan solo aquellos elementos que estaban explicitados y tasados, pero buscando en todo momento la mayor ambigüedad posible para facilitar registro, almacenamiento, manipulación y utilización de organismos modificados genéticamente. Incluso nos han rechazado enmiendas que incorporaban partes literales del texto comunitario.


Créanme, señorías, que no hubiera hecho a este respecto mejor trabajo ningún equipo de especialistas perteneciente a las muy contadas y poderosas empresas con tecnología en la producción de organismos modificados genéticamente. Y no es que nosotros estemos en contra, que no lo estamos, del desarrollo y aplicación de los organismos modificados genéticamente en el campo de la producción vegetal y animal, y que esta tecnología no pueda resolver graves problemas que ahora tenemos en el campo de la producción y no ayude a superar contradicciones entre producción y contaminación medioambiental. Pero ante todo, señores, está la seguridad alimentaria, la seguridad de las personas, el respeto a los equilibrios medioambientales y no hurtar a los ciudadanos su capacidad de elegir. Bueno sería que esta ley hubiese incorporado la voz de los científicos independientes, aquellos que no desarrollan su actividad investigadora en función de relaciones contractuales con empresas productoras de organismos modificados genéticamente, estimulando, aunque sea por la vía indirecta, una investigación propia e independiente, sin la servidumbre de las grandes, contadas y muy poderosas corporaciones empresariales que los producen, que lógicamente, señorías, nunca van a tirar piedras contra su propio tejado.


Nosotros pretendíamos en nuestras enmiendas establecer cautelas, añadir seguridad a productos que en gran parte van a ir destinados a la alimentación, a garantizar la no contaminación de los ecosistemas y a posibilitar un marco que impidiese el monopolio de hecho en la comercialización de los organismos modificados genéticamente; establecer unos organismos de consulta para una nueva tecnología que resolverá con seguridad problemas a la humanidad, pero que también puede crear otros de un riesgo y magnitud desconocida y que estamos moralmente obligados a seguir investigando para poder evaluarlos y, en definitiva, tomar decisiones desde el conocimiento cabal, sin presiones, como se está haciendo en el resto de Europa, sin generalizaciones peligrosas, uno a uno, con las cautelas debidas.


Ustedes a todo esto han dicho que no. Han dicho que no al asesoramiento de instituciones y organismos científicos competentes, les recuerdo la enmienda 132. Ustedes han dicho que no al establecimiento de protocolos reglados de ensayo; no a las medidas cautelares que garantizasen la salud de las personas y evitasen la contaminación medioambiental; no a que tuviesen una titulación adecuada los funcionarios que interviniesen en los registros y autorizaciones de estos productos; no a la determinación reglamentaria de los requisitos de envasado que proponíamos; no a que los consumidores tengan garantizada la información de que el producto que consumen tiene organismos modificados genéticamente, hurtándole al consumidor su derecho a elegir, legislando con especificidad en esta materia y no a

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remolque de otras legislaciones genéricas sobre trazabilidad y etiquetado.


Se han opuesto a la presencia de cuatro cualificados consejeros científicos e independientes en el consejo interministerial de organismos modificados genéticamente. Les recuerdo lo que decíamos textualmente en nuestra enmienda 164, respecto a la composición del consejo interministerial de organismos modificados genéticamente. Pedíamos que se añadiera: así como cuatro cualificados directores de departamentos universitarios, centros de investigación estatales o autonómicos, o catedráticos relacionados con el campo de organismos modificados genéticamente que no hayan tenido en los últimos diez años acuerdos mercantiles con empresas productoras de organismos genéticamente modificados. El voto particular de alguno de los consejeros científicos de esta comisión obligará a devolver el expediente a la Comisión Nacional de Bioseguridad para una nueva lectura del expediente informado. De los debates de esta comisión se levantará siempre acta, a la que se incorporarán los votos particulares que puedan emitir sus miembros.


No quieren ustedes científicos independientes en la toma de decisión. ¿Por qué? ¿A quién sirven los señores del Gobierno? ¿A quién perjudica el conocimiento y el saber? Su temerario comportamiento abre toda clase de sospechas, turba la ligereza con que despachan esta cuestión de la máxima importancia. Mi grupo ni rechaza ni se puede rechazar la revolución biotecnológica. Al contrario, nos sentimos esperanzados con ella. Pero esto no puede ni debe ser óbice para no reconocer que todos los adelantos científicos conllevan riesgos que hay que evaluar y que hay que ser sumamente prudentes y estrictamente escrupulosos con las legislaciones que permitan su aplicación. Y aquí la luz sólo puede venir de los científicos independientes, cuya voz, con tan poco éxito, nosotros hemos intentado incorporar. Salvo oscuros intereses espúreos, no hay nada que justifique su no. Porque ¿a quién puede perjudicar la opinión y el consejo del que sabe? Tan solo al que teme oír. Nuestro país debe avanzar en el campo de esta tecnología, que ni puede ni debe ser monopolio de tres o cuatro multinacionales. Ello implica invertir en este campo, pero en las universidades, en los centros de investigación públicos, para proporcionar una investigación independiente. No dejar a los conciertos privados con dos grandes empresas, tres a lo sumo, de capacidad económica suficiente el desarrollo de la investigación en España en esta rama de la biotecnología. Su comportamiento es temerario y la responsabilidad que asumes es muy grande. Esperemos que no tengamos todos que lamentarlo. Si desgraciadamente eso ocurriese, podrán contar con nosotros para paliar los males, pero la responsabilidad de lo que suceda, quede claro que será suya y solamente suya.


Gracias, señores diputados, gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Amarillo.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.


El proyecto de ley que nos ocupa nos remite a la Ley 15/1994, de 3 de junio, que incorporaba al derecho español las normas sustantivas emanadas de las directivas comunitarias 219/90 y 220/90, de 23 de abril.
Posteriormente, y una vez aprobado el reglamento general en junio de 1997, cuando llegó al Gobierno el Partido Popular, más de siete años después y después de once apercibimientos de la Comisión Europea de incumplimiento por parte de España y de alguna multa subsecuente, no sólo se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico las mencionadas directivas, sino que se traspusieron dos nuevas directivas, la 51/1994 y la 15/1994, de 7 de noviembre, que adaptaban al progreso técnico respectivamente las directivas 219 y 220. Se daba ese cumplimiento, señorías, a acciones derivadas del derecho comunitario que venían a rellenar un vacío existente en España y a actualizar los instrumentos jurídicos necesarios en asuntos de tecnologías muy precisas, con el fin de poder evaluar los potenciales efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. La evolución constante de estos conocimientos han llevado también a un desarrollo de cambios normativos que se han visto reflejados en las normativas de 1998 y de marzo de 2001; y aunque las nuevas directivas no modifican la esencia básica de todo el anterior ordenamiento, el método técnico-jurídico más razonable para clarificar la situación ha sido derogar la Ley 15/1994 para -permítaseme la expresión- desbrozar y aclarar una serie de situaciones que inducirían en algún momento a solapamientos jurídicos.


Sabemos que los principios inspiradores de esta ley, que afectan a todo el ámbito comunitario e internacional, son los relacionados con la salud pública, el medio ambiente, la protección de animales y plantas, como se menciona en todos los documentos de la Unión Europea, incluso en la directiva de hace unos meses sobre biotecnología de la Comisión Europea y del Consejo, que establece la necesidad de la regulación específica de la adaptación de la nueva directiva y del desarrollo posterior en los países de la Unión Europea para poder establecer a plena satisfacción una tecnología tan puntera como la biotecnología, coordinando las actuaciones legales de toda Europa.


En este caso se establece la evaluación común del riesgo en la experimentación con una técnica -cuyo término se ha impuesto en Europa- llamada de caso por caso y paso por paso. Esto nos pone ante la reflexión de la seguridad garantizando todas las actividades y también todos los productos afectados por dichas normas, a la vez que se da acceso a los ciudadanos a la

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información pertinente sobre liberaciones, autorizaciones y comercializaciones que se lleven a cabo en España. A esto, señorías, se había llegado porque existían diferentes criterios en los distintos Estados miembros y por ello en este proyecto ha sido un elemento prioritario, para aumentar la transparencia del proceso en la toma de decisiones, reforzar ese principio de precaución, lo que quiere decir hacer un análisis exhaustivo del desarrollo de los procesos y no sólo de los productos, y si se produjese una alteración mínima o una duda en todo el proceso tecnológico, la comisión debería recomendar inmediatamente la inmovilización de dicho proceso. Esto clarifica, como no podía ser menos, el ámbito de aplicación posterior de las normas. Y en algo que se demandaba también, que es el requisito que se recoge para el etiquetado con identificador único y también sobre la trazabilidad, también hay una mayor transparencia e información al público y la incorporación de los postulados de la seguridad vigente.


Señorías, sembrar la duda y la sombra sobre una ley que diseña modificaciones europeas de obligado cumplimiento, impuestas ya en la Ley 15/1994, que ustedes aprobaron, a la sociedad española no nos parece de recibo. La estructuración de la ley, que viene a recoger no solamente una relación de conceptos con una definición precisa y correcta, como todo término de difícil concepción jurídica, por su carácter eminentemente técnico, también regula las competencias que le son propias a la Administración general del Estado y a las comunidades autónomas, según los estatutos de autonomía de cada una en dicha materia.


No obstante, fundamentándose en nuestros títulos competenciales estatales, que han de considerarse vigentes y prevalentes en virtud de su especificidad, en algunos casos, como son los medicamentos, la investigación farmacéutica, los productos farmacéuticos, la investigación científica y técnica en la propiedad intelectual, corresponde a la Administración general del Estado una gran parte de las autorizaciones en determinados supuestos, reservándose asimismo también en algunos de ellos funciones de vigilancia y de sanción, como no podía ser menos. Por su efecto inmediato en el ámbito autonómico e incluso supranacional corresponde asimismo a la Administración general del Estado aprobar la autorización para la comercialización, importación y exportación de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.


Señorías, en el título II, con un capítulo general, se prevén una serie de normas comunes que quizá son las que más interés suscitan en relación con la evaluación del riesgo, la existencia específica de las medidas de confinamiento, la liberación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente. Dado que las directivas que se incorporan fijan una serie de plazos taxativos en las normas comunitarias que a veces son susceptibles de cambio, ha sido necesario determinar dichos plazos en el reglamento de desarrollo y ejecución de dicha ley, plazos que se respetan en esta ley.


La ley contempla a la vez la creación de dos órganos colegiados, el consejo interministerial de organismos modificados genéticamente y la Comisión Nacional de Bioseguridad; Comisión Nacional de Bioseguridad que ya se contemplaba en la transitoria adicional segunda de las directivas 219 y 220, de 1990, que nosotros reclamamos en esta Cámara cuando se llevó a cabo la tramitación de la Ley 15/1994, y Comisión Nacional de Seguridad que no fue aprobada hasta junio de 1997, con un gobierno del Partido Popular porque SS.SS. se opusieron a desarrollarla durante el tiempo que gobernaron. Yo agradezco muchísimo su conversión a los beneficios de que en España exista, como no podía ser menos y por mandato de la Comisión Europea, una Comisión Nacional de Bioseguridad, cuyas funciones, en el informe preceptivo de las solicitudes de autorización que corresponda otorgar a las comunidades autónomas, serán en todo caso las que nos remite la ley.


No es un asunto menor, señorías, la disposición adicional cuarta, con unas modificaciones a la redacción de la Ley 15/1994 sobre silencio administrativo. De los cuatro supuestos que la ley distinguía -SS.SS.
saben que quien les habla se preocupó de este asunto- únicamente se exige autorización expresa en el artículo 10 para las operaciones que se realicen con organismos de alto riesgo y en actividades que no sean de enseñanza y de investigación o que se hagan con fines industriales o comerciales. El artículo 9.1 del texto sobre actividades de alto riesgo o de riesgo moderado contiene todas y cada una de las exigencias previstas en la Directiva 98/81 y asimismo se respetan los plazos sobre las diferentes decisiones de utilización. El ámbito de la ley, señorías, queda claro en cuanto a detalles técnicos y el objeto de aplicación de la misma, excepción hecha del ser humano, como siempre se hace en estas directivas.


Nosotros creemos que las enmiendas del Senado son de carácter mínimo y todas ellas vienen a mejorar y exponer con más precisión la redacción de dicho proyecto de ley. En cuanto al artículo 37, apartado 1, y la redacción del artículo 34, con la supresión del apartado 2 integrado en un párrafo uno y una modificación al párrafo uno del apartado 2 de la disposición final segunda, creemos que son enmiendas pertinentes que deben ser incorporadas al texto de la presente ley para mejorar su interpretación y facilitar su aplicación posterior. Dará seguridad a los consumidores, dará un marco jurídico adecuado, pero SS.SS. deben ser cautelosas de no impartir dudas sobre la responsabilidad de los científicos que forman la Comisión Nacional de Bioseguridad, algunos, por cierto, muy ligados a su formación política que el Partido Popular deja dentro de la Comisión de Bioseguridad porque les respeta como científicos, como personas y como miembros de su grupo parlamentario.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Fernández de Capel. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


En primer lugar, votamos la enmienda al artículo 17.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 249; en contra, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 250; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY CONCURSAL. (Número de expediente 121/000101.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA REFORMA CONCURSAL, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000102.)

La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


Anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto, dado el carácter de orgánico del proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no se producirá antes de las once y media de la mañana.


Dictamen de Comisión del proyecto de ley concursal, que se debatirá conjuntamente con el dictamen de Comisión al proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Rumores.)

Señorías, vamos a continuar con el debate. Ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es tradición de esta casa, que quiero respetar por cortesía parlamentaria y también por la importancia del asunto, que cuando vienen los dictámenes de Comisión de esos textos legislativos que tienen la entidad, que tienen la importancia de estos dos que ahora va a debatir el Pleno, el Gobierno suba a la tribuna para hacer también una valoración.
Quiero respetar esa costumbre parlamentaria, dada la importancia de la ley concursal y de la ley orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal al hilo de esa ley concursal. Quienes llevamos años trabajando en esta Cámara, sobre todo cuando venimos haciéndolo en la Comisión de Justicia, hemos oído que a veces se dice que existen algunas leyes en el ámbito de la justicia que, por su importancia, por su alcance, por la intensidad con la que afectan a los problemas cotidianos de los ciudadanos, por sí mismas justifican el trabajo parlamentario de una legislatura. No voy a ser yo quien aplique ese calificativo puesto que no es a mí a quien corresponde, pero en más de una ocasión he oído ese comentario a más de una de sus señorías.


Hoy llega al Pleno del Congreso de los Diputados el trabajo de la Cámara después de que el 17 de octubre estos dos textos superaran la enmienda de totalidad presentada por tres grupos parlamentarios. Han sido más de cinco meses de intenso y fructífero trabajo, de una elevada calidad y también con un elevadísimo nivel de consenso. En consecuencia, quiero agradecer a SS.SS. de todos los grupos parlamentarios el interés que han puesto en la tramitación de este proyecto de ley remitido por el Gobierno, así como la elevada calidad de las aportaciones que se han realizado durante estos cinco meses y el alto nivel de consenso y el esfuerzo que todos han hecho para que este texto llegue hoy con este alto grado de consenso no sólo entre los grupos parlamentarios, que han debatido 645 enmiendas a la ley concursal y 45 a la ley orgánica, que han encontrado puntos de acuerdo en la inmensa mayoría de los elementos que nacieron o que llegaron con un pequeño desacuerdo a la Cámara, sino también entre esta Cámara y la sociedad a la que se dirige esta norma.


La norma que hoy llega al Pleno de la Cámara, señorías, viene a resolver una asignatura pendiente desde hace muchísimo tiempo. Esta es una ley larguísimo tiempo esperada, muchas veces intentada y siempre frustrado el intento de hacer la ley que todos necesitamos.


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Esta ley tanto tiempo esperada no podía estar al margen de la realidad social a la que se dirige, y por eso creo que el principal acierto del texto que hoy va a aprobar -espero- con un amplísimo respaldo este Pleno del Congreso de los Diputados es el consenso obtenido en la Cámara y el que la Cámara alcanza con la realidad social. No hay que olvidar que el proyecto fue remitido por el Gobierno después de escuchar a más de 30 instituciones sociales, la mayoría de las cuales respaldaron el texto del mismo; respaldo que se mantiene hoy y hace que dicho texto cuente con el apoyo no sólo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de la Fiscalía General del Estado, sino también con el respaldo y el apoyo mayoritario de los agentes sociales, de las cámaras de Comercio, de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, del Consejo General de la Abogacía, cuestión extraordinariamente importante, como puso precisamente anteayer de relieve el presidente del Consejo General de la Abogacía, de los procuradores, de los notarios, de los registradores, del Colegio Nacional de Economistas, que ha tenido el gesto de generar y aportar a esta ley un modelo extraordinariamente moderno de economistas forenses al servicio de la justicia, y también con el de las distintas organizaciones y entidades con las que se ha dialogado. Quiero por eso insistir en el agradecimiento a SS.SS., a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, por el magnífico trabajo que hoy llega al Pleno de la Cámara.


Hoy llega al Pleno del Congreso de los Diputados una respuesta moderna a unos problemas largamente pendientes de solución, una respuesta moderna y también pionera. Señorías, el texto que el Congreso remitirá hoy al Senado es pionero entre las legislaciones de las democracias modernas y avanzadas. Hoy todas se plantean dar una respuesta más acorde con la realidad de los países que crean puestos de trabajo, en los que la economía debe ofrecer confianza. Hoy en todos esos países -sin ir más lejos, en el Parlamento francés- se debate también una respuesta más adecuada. Nosotros presentamos hoy una respuesta que Uncitral ha ofrecido como modelo para aquellos otros países y aquellas otras economías que deben seguir el camino que ya tiene muy avanzado nuestro Parlamento. Se trata, señorías, de una respuesta por fin definitiva a algo planteado y frustrado en más de siete ocasiones. Quienes hemos estudiado el derecho concursal hace algún tiempo leíamos aquel famoso libro del profesor Garrigues, escrito ni más ni menos que en 1957, en el que hablaba de la urgente, inmediata y necesaria revisión de nuestro sistema concursal. En efecto, hoy revisamos una de las leyes quizá más antiguas de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es bueno recordar que con esta reforma venimos a derogar la todavía vigente Ley de 30 de mayo de 1829, es decir, una ley que no es del siglo pasado, sino anterior, y además de principios del siglo anterior al siglo pasado. Una ley tan antigua no puede regular un ámbito social tan esencial como es el de una economía como la española, cuya realidad es que crece, que es dinámica, que crea puestos de trabajo y además los mantiene. Para esa realidad de una economía que crece, crea puestos de trabajo y los mantiene, la respuesta no podía seguir siendo que cuando se pasa por dificultades el ordenamiento jurídico dé un portazo, obligue al cierre de ese proyecto con dificultades y los trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Esa vieja filosofía de decirle al trabajador aquello de toma tu dinero y corre, que te has quedado sin un puesto de trabajo, es precisamente la que se acaba con este texto, que aborda la viabilidad de los proyectos empresariales y, en consecuencia, el mantenimiento de los puestos de trabajo, que ha sido precisamente uno de los ejes de diálogo del Gobierno con los sindicatos, de acuerdo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios con los sindicatos en la tramitación de esta ley.


La ley es extraordinariamente novedosa. Supone la unidad legislativa frente a la dispersión en más de seis normas del régimen vigente; supone la unidad de disciplina frente a la dispersión del régimen actual, que aplica una norma para el régimen civil y otra para el régimen mercantil o un régimen jurídico distinto si se trata de personas físicas o de personas jurídicas y que distingue entre comerciantes y no comerciantes; supone una unidad de procedimiento frente a la dispersión de los cuatro procedimientos vigentes, de concurso, de quiebra, quita y espera y suspensión de pagos, y supone una simplificación en los procedimientos y destacadamente en la estructura orgánica del concurso. El principio de mantenimiento de los puestos de trabajo y de mantenimiento de la actividad empresarial va unido a una administración concursal más transparente y más sencilla, superando la vieja distinción todavía presente entre síndico, interventor, comisario o depositario, para establecer una administración colegiada con representación de abogado, de economista o titular mercantil o auditor, y con representación también, y esto es muy importante, de los acreedores, que pueden delegar en un técnico especializado esa representación. A su vez, la forma de retribuir a quienes gestionan las situaciones de dificultades de la empresa da mucha más transparencia, mucha más imparcialidad y, desde luego, evitará situaciones indeseables que se han podido producir en el pasado, en el que, a costa de las dificultades de otros, ha habido quienes, de manera excesiva, se han podido enriquecer. La ley tiene también importantes novedades sociales para los derechos de los trabajadores, para escuchar a la representación de los trabajadores o para darles voz y participación en el devenir del futuro de esa empresa con dificultades.


Acabo ya, señorías. Esta es una ley importante y esencial en la regulación jurídica de una economía moderna, de una economía que crea puestos de trabajo y los mantiene. Es una clave de bóveda para la economía que entre todos estamos tratando de impulsar, pero

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no es una ley que suponga un verso suelto en el proceso de modernización de nuestra justicia para dar respuestas más adecuadas a los problemas reales. Esta ley es fruto del punto número 18 del pacto de Estado para modernizar la justicia. Desde de ese pacto de Estado son muchos ya los ejes de modernización de nuestra justicia que venimos impulsando, desde el nuevo y necesario estatuto del ministerio fiscal hasta la regulación de la oficina judicial, los métodos de trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los juicios rápidos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, el régimen de todas y cada una de las profesiones, de jueces, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de agentes y auxiliares, el nuevo estatuto ya aprobado para los abogados, el nuevo estatuto para los procuradores, la modernización de la seguridad jurídica preventiva, que se encuentra aprobada por ley y está en este momento en fase de desarrollo reglamentario, y tantas y tantas iniciativas como era necesario abordar para poner nuestra justicia a la altura de lo que los ciudadanos demandan en este principio de siglo.


En el ámbito económico, insisto, señorías, esta ley no es un verso suelto.
Demasiado tiempo y demasiadas veces nuestro derecho y nuestra justicia han dado la espalda a la realidad económica, a la realidad de quien crea un pequeño o mediano proyecto empresarial para apostar por tener un puesto de trabajo o por dar y ofrecer a la sociedad puestos de trabajo.
Por eso esta ley se enmarca en el esfuerzo de que nuestro derecho dé una respuesta más adecuada a la realidad económica de nuestra España que crece. Por eso, junto a esta ley se crea algo extraordinariamente importante, que son jueces que entiendan de verdad los problemas cotidianos que tiene un pequeño y un mediano empresario; jueces que entiendan la complejidad de la gestión de un pequeño negocio; que entiendan la contabilidad de una empresa; jueces, en definitiva, especializados en lo mercantil.


La ley crea por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico una figura extraordinariamente importante y que para el futuro va a tener un elevadísimo valor: los juzgados especializados en lo mercantil. La ley prevé, como saben SS.SS., la puesta en marcha inmediata de 62 nuevos órganos. La opción del Gobierno -y agradezco a SS.SS. que la hayan respaldado- no fue crear un nuevo orden jurisdiccional. Podíamos haber creado un nuevo orden jurisdiccional frente a los ya existentes, penal, civil, contencioso-administrativo y laboral. Sin embargo, abordamos una propuesta que nos pareció más sensata, más viable y más idónea para resolver los problemas de los ciudadanos, que fue una especialización de jueces en lo mercantil dentro del orden jurisdiccional civil. Esa apuesta recibe el respaldo de la Cámara, y quiero verdadera y sinceramente, señorías, agradecerlo. La especialización supone, de una parte, la del propio titular. El juez va a tener formación, y el Consejo General del Poder Judicial ha diseñado ya los criterios para la formación, para garantizar la cualificación y especialización de los jueces titulares de estos nuevos órganos. Pero no sólo supone una cualificación de los jueces, que muchos de ellos la tienen ya porque llevan muchos años ejerciendo en este ámbito; supone también concentrar su especialización y darles la posibilidad de ser asistidos por forenses, que hasta ahora no existían en nuestra justicia. Nuestra justicia conoce desde hace tiempo profesiones que vienen prestando un excelente servicio a los ciudadanos, como son los médicos forenses. Pero es evidente que un médico forense en poco ayuda a resolver la situación de una empresa. Era necesario que existieran los economistas forenses, los auditores forenses, los contables forenses, nuevas figuras que ayuden al juez a tomar una decisión justa, conociendo con precisión y con certeza la realidad sobre la que el juez debe pronunciarse. Por eso, junto con el juez especializado se crea el órgano asistido por especialistas, y este es un paso extraordinariamente importante y que hemos dado además de acuerdo con los grupos parlamentarios de la manera más moderna posible. No se ha tratado de tirar de la maquinita de hacer funcionarios, sino de llegar a un acuerdo con aquellos sectores de la sociedad que podían ofrecer a nuestra justicia profesionales cualificados e independientes que den servicio de asistencia a los jueces. En este sentido, los acuerdos alcanzados con los colegios de Economistas, de Auditores y de Contables son un modelo de asistencia a la justicia. La creación de un registro nacional de economistas forenses, con criterios de garantía deontológica en el ejercicio de sus funciones, de cualificación y de plena imparcialidad, permitirá que haya mucha más flexibilidad y más cualificación en la asistencia a los jueces y que no generemos sistemas rígidos, muy caros para los ciudadanos y que no funcionan siempre del todo bien. No era necesario crear en este ámbito más funcionarios; era necesario hacerlo en el de la medicina forense, y esa ha sido nuestra apuesta cuando hicimos la nueva estructura de la medicina forense el 8 de noviembre, pero no era necesario en este ámbito en el que la realidad tan cambiante y tan dinámica exige tomar de la propia sociedad lo mejor que puede ofrecer para hacer una buena justicia.


Finalmente, esta ley se enmarca dentro de otras leyes para dar respuesta a problemas económicos de nuestra sociedad: la ley de la garantía en los bienes de consumo, para que los consumidores tengan mejores garantías de que lo que compran es exactamente lo que se anunciaba que iban a comprar; la ley que establece criterios para que los morosos no se beneficien de la morosidad, generando un cash flow o una tesorería a costa de aquella persona a la que deben el pago de un crédito, que se encuentra ya en tramitación; el régimen de nueva empresa familiar, que se refiere al 90 por ciento -no lo olvidemos- de nuestro tejido de creación de empleo y que permite la sucesión del proyecto de padres a hijos sin tener que dividir el proyecto por el

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simple hecho de la sucesión, o que permite que las sociedades de responsabilidad limitada tengan una autocartera de cinco años para evitar la dispersión en el accionariado y para garantizar la viabilidad del proyecto familiar; el estatuto de nueva empresa, para constituir en 48 horas una empresa, o el régimen de transparencia y modernización en las responsabilidades de los gestores de las sociedades cotizadas en Bolsa, que aprobamos precisamente el pasado viernes en el Consejo de Ministros.
A todos estos textos, ya en marcha, se unirá, como saben SS.SS., la necesaria nueva ley de arbitraje. Es algo previsto en el pacto de Estado.
Es necesario modernizar y agilizar el arbitraje en nuestro país. Tenemos una ley de arbitraje que funciona en algunas cosas y funciona muy mal en otras cosas. En consecuencia, es necesario -y así se hizo el encargo a la Comisión General de Codificación- abordar un arbitraje que permita dar respuestas más ágiles y desjudializar los problemas que vive nuestro mundo económico, para no tener que acudir siempre y necesariamente a los jueces.


Este conjunto de reformas, señorías, unido a la ley que hoy aborda el Pleno del Congreso de los Diputados, nos permite a todos, al Gobierno y a los grupos parlamentarios que han trabajado tan activamente en este texto, decir con modestia pero también con satisfacción, que en esta legislatura estamos trabajando todos en la dirección de hacer que nuestra justicia resuelva mejor los problemas de los ciudadanos, lo haga de manera más ágil y además con menos costes, de una manera más barata. Ese fue, señorías, el objetivo que nos planteamos al abordar esta reforma, y creo que ese el es objetivo que cumple el texto que hoy remite la Comisión de Justicia al Pleno de la Cámara.


Muchas gracias, señorías, por el trabajo realizado y por el impulso dado a esta ley. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aymerich, para la defensa de sus enmiendas.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


En el debate de totalidad de este proyecto de ley decíamos que las razones que justificaban la aprobación de una nueva ley concursal eran ampliamente compartidas y que el Bloque Nacionalista Galego también las compartía, que no podía haber discrepancias en cuanto a la necesidad de superar la carencia, la dispersión y el anacronismo que caracterizaban, y aún siguen caracterizando, al derecho concursal español y que, por tanto, la conveniencia y la pertinencia de una nueva ley eran difícilmente discutibles. Lo que discutíamos y justificó que el Bloque Nacionalista Galego presentase una enmienda de totalidad con petición de devolución era que la regulación concreta contenida en el proyecto de ley, sobre todo en tres cuestiones a las que ahora me referiré, no nos parecía adecuada.


No nos parecía adecuada, en primer lugar, porque entendíamos y seguimos entendiendo que es necesario mantener la competencia de la jurisdicción social para conocer incluso en los supuestos de crisis empresariales de los asuntos que afecten a la relación laboral y a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, porque entendíamos que era necesario mantener, tal y como establecen el Estatuto de los Trabajadores y el convenio 173 de la OIT, la preferencia de los créditos salariales sobre cualesquiera otros que puedan concurrir en el concurso. En tercer lugar, entendíamos también que la regulación de las medidas cautelares en el supuesto del concurso no podía justificar lo que desde nuestro punto de vista constituía una regulación y una injerencia abusivas y desproporcionadas en los derechos fundamentales del empresario incurso en esa crisis. Es preciso y de justicia constatar que en estos tres campos se ha avanzado. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración salvaguarda -aunque de forma no completa y dejando un margen para su mejora que esperamos que se realice en el Senado- la competencia de la jurisdicción social. Hay que constatar también que, aunque sea de forma insuficiente y en parte insatisfactoria, la garantía y la preferencia de los créditos salariales quedan garantizadas y que, frente a la regulación abusiva -decíamos- y desproporcionada que de las medidas cautelares en caso de concurso se contenía en el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley concursal, el texto que hoy la Comisión somete a nuestra consideración contiene en este punto una regulación más equilibrada y más respetuosa de los derechos fundamentales; una regulación que observa -aunque decimos que sigue habiendo margen para la mejora y esperemos que eso se realice en el Senado- las garantías que cualquier regulación que limite el ejercicio de los derechos fundamentales debe, desde nuestro punto de vista, observar.


Por las razones expuestas, el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor del dictamen. Este voto positivo constituye también un voto de confianza a que el camino de mejora iniciado en el Congreso, en la Comisión de Justicia e Interior, tenga continuidad también en el Senado, y es también un voto de confianza en el entendimiento de que después de muchos años el ordenamiento español pueda dar por fin una respuesta sistemática y moderna a las crisis empresariales, superando el anacronismo y la dispersión legislativa que atenazaban al derecho concursal español.


En cualquier caso, vamos a mantener algunas de nuestras enmiendas porque entendemos, también con toda modestia, que ofrecen una redacción más clara y soluciones más completas en los tres aspectos a los que antes me he referido: en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la competencia de la jurisdicción

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social y en defensa de los derechos fundamentales que se puedan ver afectados ilegítimamente por las medidas cautelares. Vamos a retirar algunas enmiendas que desde nuestro punto de vista están ya recogidas en el texto, por ejemplo, la enmienda número 94 al artículo 63 del proyecto de ley o la número 97 a la disposición final duodécima.


Concluyo, pues, anunciando el voto positivo del Bloque Nacionalista Galego, que concebimos sobre todo como un voto de esperanza a que el buen camino iniciado en el Congreso tenga continuidad en la Cámara Alta.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Entiendo que mantiene para votación el resto de las enmiendas de sus compañeros del Grupo Parlamentario Mixto. (Asentimiento.) De acuerdo.
Muchas gracias, señor Aymerich.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario mantiene vivas para este trámite de Pleno ocho enmiendas, de las que anuncio ya a los servicios de la Cámara, señora presidenta, que procedemos a retirar la número 101 por entender que con las modificaciones que se introdujeron en ponencia y sobre todo en Comisión está ya explícitamente recogida. Por tanto, voy a defender las enmiendas números 104, 106, 116, 117, 119, 120 y 121.


La enmienda 104, al artículo 5.2, pretende introducir un apartado nuevo que suponga un principio de garantía de que entre los documentos que debe aportar el deudor en toda solicitud no falte un justificante de la notificación extrajudicial a los acreedores a que se refiere el apartado anterior de este mismo artículo. Nosotros entendemos que es una garantía más del procedimiento y con esta enmienda pretendemos subsanar su omisión y recoger las situaciones más adecuadas a la defensa de los intereses del deudor. Parece adecuado que se notifique la lista de acreedores que ha de acompañarse a la solicitud de declaración de concurso a los efectos de alegar lo que estimen oportuno sobre la situación de insolvencia.


La enmienda número 106, al artículo 7, relativo al juez del concurso, en la línea de la anterior, se justifica en el deseo fundamental, señora presidenta, de reforzar los derechos de los acreedores en todos los procesos concursales. Creemos que es un derecho prioritario que este proyecto de ley ampara. Nosotros entendemos que la competencia del juez puede y debe extenderse perfectamente a la declaración de la responsabilidad indicada para los administradores que condujeron a la empresa a la situación de quiebra o a los auditores que no reflejaron la situación veraz de la empresa. El nuevo apartado que proponemos en nuestra enmienda diría: Las acciones tendentes a exigir responsabilidad a los administradores sociales o a los auditores por los perjuicios causados al concursado. Hay que eludir toda práctica viciada y viciosa y todo aspecto de picaresca o de intencionalidad dolosa que se puede producir por los administradores sociales en determinados casos o por las deficiencias que las auditorías pueden causar al concursado y a los dependientes de esta misma empresa. Lamentablemente, son los casos que han saltado a la opinión pública, en España y en diversos países, y las responsabilidades que están dilucidando los tribunales de justicia se imputan bien a los administradores sociales o bien a los auditores. Por tanto, con la adición de este nuevo apartado nosotros tratamos de dar una garantía que venga a reforzar los derechos de los acreedores, que nos parece de absoluta justicia.


En la enmienda 116 proponemos la supresión del apartado 4 del artículo 54, relativo a las ejecuciones y a los apremios. Dice así: "Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta Ley para los acreedores con garantía real." Nosotros proponemos la supresión íntegra de este apartado porque después de un régimen de prohibiciones tan estricto como el que trae este proyecto de ley, que aplaudimos y tratamos de proteger en toda su extensión, no encontramos ninguna justificación a la excepción que introduce este apartado 4. Por tanto, abogamos por un régimen de prohibiciones sin resquicio alguno que pueda ser utilizado para cualquier interpretación dolosa de la ley. Va también en la línea de garantizar los derechos de los acreedores.


La enmienda 117, al artículo 79, se refiere a los conceptos de separación.
Nosotros proponemos un texto en el que incidimos sobre todo en los derechos adquiridos a plazos con pacto de reserva de dominio, que es una figura que parece que no está recogida con la suficiente claridad en este proyecto de ley. Nosotros pretendemos que los bienes vendidos con pacto de reserva de dominio o dados en arrendamiento financiero, especialmente cuando han sido inscritos en el registro mencionado, no deben quedar dentro de la masa del concurso por mucho que el deudor ostente un derecho de uso sobre el bien, ya que la propiedad no le pertenece hasta el completo pago de la deuda. Recurrimos al derecho comparado, al Reglamento de la Unión Europea de 29 de mayo del año 2000, sobre procedimientos de insolvencia, y a la Directiva 2000/35 de la Unión Europea, sobre medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Nosotros entendemos que el proyecto de ley adolece de una ausencia, dado que no cita los bienes vendidos con pacto de reserva de dominio o en arrendamiento financiero debidamente inscritos, y del tenor del artículo 79 de este proyecto de ley podría deducirse que tales bienes no podrían salir de la masa al tener el concursado derecho de uso sobre

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los mismos. Por tanto, es una enmienda garantista con esta adición que proponemos en los bienes de propiedad ajena, sobre todo en la referencia a los que no tengan derecho de retención, como los adquiridos a plazo con pacto de reserva, figura comercial que está ahí y que no debe quedar fuera del alcance de esta ley.


La enmienda número 119 se refiere al artículo 89. Estamos hablando de los créditos con privilegio especial en la sección tercera, en la que el artículo 88 define las clases de créditos, y es uno de los puntos neurálgicos de este proyecto de ley. Nosotros proponemos en el artículo 89, de los créditos con privilegio especial, en esta enumeración muy exhaustiva -una de las partes más positivas que tiene este proyecto de ley, que es la entrada en la clasificación de los créditos, bien de privilegio especial, bien con privilegio general, bien los créditos subordinados-, la contemplación de los créditos de los aseguradores sobre los bienes asegurados por las primas de seguro de los dos últimos años.
Hoy es difícil ver operaciones comerciales crediticias de cierta envergadura que no tengan un amparo de entidades aseguradoras para dar una serie de garantías adicionales. Nosotros no pretendemos introducir una figura ex novo, sino que vamos a mantener el privilegio especial que, por ejemplo, el Código Civil vigente, en su artículo 1923.2, reconoce a favor de los créditos de los aseguradores sobre determinados bienes inmuebles y derechos reales, privilegio que consideramos plenamente justificado, dado que las primas constituyen la contraprestación por el aseguramiento de los bienes afectados, que repercutirá también en beneficio de todos los acreedores. Es, por tanto, una enmienda garantista, tendente a reconocer una realidad que está ahí y no dejar el mundo del seguro desasistido de las correspondientes garantías que le atienden.


La enmienda número 120, al artículo 90, se refiere a los créditos con privilegio general. Nosotros valoramos muy positivamente toda la labor realizada en trámite de ponencia y Comisión con la aceptación de enmiendas muy significativas, pero, cuando el artículo 90 se refiere a estos créditos con privilegio general y los define, nosotros pretendemos una modificación en el apartado 4, donde se hace referencia a los créditos tributarios y demás de derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial, introduciendo el concepto novo de que "este privilegio se extenderá únicamente para el cúmulo de los créditos de la Hacienda pública y para el de los de la Seguridad Social, ambos conjuntamente, y hasta el 50 por ciento de su importe". Lo del 50 por ciento de su importe está recogido en la parte final de este apartado 4, pero nosotros entendemos que el proyecto de ley recoge una preferencia excesiva para la Hacienda y la Seguridad Social que puede alcanzar entre ambos el cien por cien. Esto dejaría frustradas todas las expectativas de los acreedores, que van a una masa que ya ha sido vaciada por esta exigencia prioritaria a favor de la Hacienda y la Seguridad Social. Nosotros entendemos que tal posición está injustificada, porque incluso si echamos un vistazo al derecho comparado vemos que esto puede mermar la efectividad de los créditos acreedores del concursado. Basta en consecuencia, a nuestro entender -y creo que incluso podría continuar siendo excesivamente valorado para muchos-, con el límite conjunto del 50 por ciento para la totalidad de créditos de la Administración pública, para evitar, como digo, esta frustración que es una supresión de garantías.


Finalmente, señora presidenta, nuestra enmienda 121, al artículo 90, propone adicionar un nuevo punto en este artículo de los créditos con privilegio general que venga a recoger "los créditos a favor de los proveedores habituales del concursado que no tengan el carácter de créditos subordinados y hasta la cuarta parte de su importe". Nosotros entendemos que es lógico, dado que hay proveedores que son habituales de estas empresas, que tienen una serie de encargos, de trabajos subrogados, endosados -esto es habitual tanto en el mundo de la construcción como en el mundo de la automoción, en los fabricantes de componentes-, que tengan una protección en este proyecto de ley. Son créditos con privilegio general, y no es lo mismo un proveedor accidental de una empresa que ha entrado en quiebra que un proveedor habitual de esa empresa que tiene una serie de compromisos, muchas veces también subcontrataciones a otros contratistas menores, lo que se transforma en una cadena de perjudicados por la quiebra de la empresa. Con esto termino la defensa de nuestras enmiendas.


Señora presidenta, termino mi intervención, en nombre de mi grupo, señalando que vamos a votar favorablemente la ley orgánica, en primer lugar, porque solamente habíamos presentado una enmienda a la parte orgánica, que fue aceptada; y en segundo lugar, porque entendemos que se ha dado un paso tremendo. Decía hace escasos momentos en esta tribuna el señor ministro de Justicia, aquí presente, señor Michavila, que esta ley venía a actualizar figuras ya obsoletas en el tiempo, añejas, y citaba la Ley de comercio de Fernando VII, de 1829. Esa ley se aprobó 25 años antes de construirse esta casa, el Congreso de los Diputados, inaugurada por la Reina Isabel II en 1855; esa ley es más antigua que esta casa, inaugurada en 1855 en el reinado de doña Isabel II. Qué decir de todas las actuaciones de la Ley de comercio y de los contenidos jurídicos extraordinarios de la Ley de suspensión de pagos de 1922, una de las leyes individualizadas y transitorias que más ha perdurado, que se hizo para un caso específico de suspensión de pagos.


Aquí quiero rendir un tributo a los trabajos que la Comisión general de Codificación ha venido haciendo a lo largo de muchísimos años en toda la época moderna del régimen anterior y del actual régimen democrático, con unas aportaciones valiosísimas que han permitido tener una masa referencial que ha sabido llevar

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a buen término el señor ministro de Justicia. Quiero rendirle tributo aquí cuando llegamos a debatir una ley que por primera vez acumula todo este material que venía de atrás, ya que con la Comisión de Codificación se ha conseguido, señor ministro, algo muy positivo, tener una unidad de procedimiento, tener una unidad legal de disciplina y de asistencia.
Estos son los aspectos de mayor garantía.


Quiero reconocer el buen entendimiento y acogida que las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria han tenido en el Grupo Parlamentario Popular, de lo que quiero dejar aquí constancia. También quiero dejar constancia del entendimiento que ha habido por parte del Ministerio de Justicia, señor ministro, porque ha dado aquí con esto una muestra de diálogo, de mesa redonda. Se ha tardado mucho, pero se ha trabajado muy bien para madurar con reflexión y con consenso en una mesa redonda. Quiero reconocer aquí la posición dialogante y receptiva de su ministerio, de usted mismo, señor ministro, y también de todo el personal de su departamento, encabezado por el señor Catalá, secretario de Estado.
También a nuestro letrado de Comisión, a don Carlos Gutiérrez, que ha sabido hilvanar multitud de ideas que hemos ido dándole en la medida en que creíamos que era necesaria una instrumentalización. Ha hecho honor a la calidad de los letrados de esta casa en el ejercicio de su profesión, lo que nos permite hoy votar con satisfacción -queremos compartir con usted, señor ministro, nuestra satisfacción-, porque da gusto sentirse cómodo con una ley tan dialogada, tan concursada, porque esto es todo lo contrario de una quiebra, es una unidad jurídica verdaderamente encomiable, de la cual esta casa legisladora puede sentirse satisfecha así como los grupos que hemos colaborado con usted.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, como amante que soy de los ritos, de las buenas formas, le agradezco el gesto que ha tenido de estar presente en la Cámara en este debate y de haber salido a la tribuna a presentar el juicio que le merecía cómo ha quedado el dictamen en Comisión. Usted dice que es gesto habitual. La verdad, señor ministro, siendo sinceros, no lo es. Y dada la importancia del texto que aprobamos, le repito, el gesto, desde nuestra perspectiva, es de agradecer.


Comenzaré refiriéndome a la primera de las dos leyes que hoy vemos, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que tiene referencia con la modificación que se efectúa después de la ley concursal. Desde la perspectiva del grupo al que pertenezco, tenía inicialmente un defecto grave que hicimos notar en nuestra enmienda número 18 que, sin embargo, tuvo enseguida acogida por parte de las demás formaciones políticas, por parte del equipo del Gobierno y sobre todo de la promoción mayoritaria, en la que objetábamos que nos parecía excesivo el tratamiento que se daba de limitación de derechos, así lo interpretábamos nosotros, respecto del derecho a la libertad o el derecho a las comunicaciones, en relación con una persona a la que no se le imputaba conducta delictiva alguna, sino que simplemente se encontraba en la situación de que pudiera ser declarado en concurso. La falta de garantías en relación con la forma que se articulaba nos parecía que era absolutamente contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia y propusimos modificaciones al respecto que, si no en su literalidad, sí en su espíritu han tenido debida acogida en el texto que finalmente ha quedado plasmado en la ley orgánica.


Pretendíamos también alguna modificación en relación con el arresto domiciliario y me permito nuevamente llamar la atención de SS.SS.
respecto de esta cuestión para que tengamos en cuenta cómo evoluciona esta ley en relación con la que luego veremos de prisión provisional, puesto que el proyecto de ley que hoy nos presenta el Gobierno y que será luego objeto de debate de totalidad, reduce la posibilidad de la medida cautelar de prisión provisional para aquellos casos en que la edad o la enfermedad así lo aconsejen. Si hay que añadir en aquel texto también las posibilidades de que un ciudadano se encuentre sometido a un procedimiento concursal, deberemos tenerlo en cuenta o traer aquí esas especiales circunstancias que el otro proyecto de norma contempla.


En cuanto a las demás cuestiones, lo que hace referencia a la planta judicial, al sistema de formación de los magistrados que se articula, mi formación política no ha tenido objeción ninguna y dará su voto favorable a al totalidad del texto, tal y cómo ha quedado aprobado, si bien es sensible a la queja que desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió se hacía a ese cierto monopolio del juzgado de marca que radica únicamente en Alicante, pretensión que en algún otro momento alentamos respecto de otras zonas geográficas. Sí nos gustaría, y por eso lo pedimos desde aquí al ministerio, que es a quien le corresponde la dación de medios, o a las comunidades autónomas que tengan competencia para ello y al Consejo en lo que hace referencia a la formación de los profesionales, que para cuando se produzca la entrada en vigor de la ley ni siquiera sea necesaria la utilización de la disposición transitoria que se articula, porque ello supondría que se había sido capaz de poner en marcha tanto la preparación como el número suficiente de juzgados, para que el novedoso proyecto que ahora aprobamos como ley sustantiva tenga también, en lo procesal y en los medios personales y materiales, la necesaria cobertura.


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Respecto de lo que es el texto concreto de la ley concursal, ya el proyecto tuvo el juicio favorable de la formación política a la que represento, llegamos a la convicción de que se hacía eco de una corriente mayoritaria de aceptación de esta reforma por muchas razones, pero principalmente por la conveniencia de actualizar y modernizar esta parte del ordenamiento jurídico de la que nos acordamos lamentablemente cuando las cosas vienen mal dadas, por decirlo en lenguaje coloquial, cuando emergen los ciclos económicos negativos y comienzan a exteriorizarse los supuestos de crisis empresariales Que el texto se presente como garantista y como conservador de la empresa nos pareció siempre bien, pero que el texto no pretenda ser redentorista nos gustó también desde el principio. El texto tiene el mérito, y así lo manifestamos el día que fue tomado en consideración o debatido en su totalidad, de que no representa en su conjunto una opción puntual de una determinada política legislativa. Creemos que es fruto de un amplio debate que ha atravesado varias legislaturas y que se ha ido retroalimentando hasta llegar a ser el texto que el Gobierno ahora ha plasmado en esta opción como cierre final. Es preciso recordar la labor realizada por la Comisión de Codificación, por el anterior equipo que formaba parte del Ministerio de Justicia, junto al equipo actual, porque todos ellos han tenido su parte de colaboración en lo que ha sido el devenir del texto de la norma.


Este bagaje, unido, por otra parte, a la complejidad y extraordinaria transformación del ordenamiento que se propicia, ha hecho necesaria una larga tramitación proclive al intercambio de pareceres desde las distintas opciones ideológicas y también técnicas, que en todo caso ha sido respetuosa con el indicador de que no se trata de una legislación dinámica que pretendamos que sea pensada sin perjuicio de una futura transformación, sino que es una legislación con clara vocación estática y, por tanto, muy necesitada de ser aprobada con el máximo consenso.


Es aquí el momento de rendir tributo a la actitud manifestada por todos los portavoces de los grupos políticos. Lo dije así en Comisión y suscitó algunas quejas por parte del Grupo Socialista, pero creo que el grupo que estaba en condiciones de aceptar las enmiendas del resto y de ser quien dirigía el debate ha sido el Grupo Popular, y quienes han sido ponentes en nombre de esta formación política tienen en este momento nuestro reconocimiento, ello sí, sin que deje de hacerme eco del buen clima que ha reinado en toda la tramitación de la norma con los ponentes de todas las formaciones políticas.


Nosotros encontramos ya desde el principio escasos aspectos que enmendar, sin perjuicio de la atención especial que nos merecieron determinados temas referidos a asuntos procesales. La queja desde los sectores sociales o lo referido a cómo quedaba la parte social en el texto del proyecto era también objeto de comentarios por nuestra parte, pero sobre todo nos había preocupado de manera singular la regulación de la ley complementaria, a la que ya me he referido antes, en cuanto podía tocar o violentar derechos fundamentales. El primer aspecto que nos importó es el relacionado con la opinión favorable a la creación de los juzgados especiales y a la vis atractiva que se atribuye a los mismos, sobre todo a lo relacionado con el concurso, cuestión congruente con la reducción de figuras tradicionalmente dispersas y ahora aglutinadas con la identificación individual del concurso como proceso único y como mecanismo clave para dilucidar una opción fundamental sobre el eterno dilema del tratamiento de la insolvencia versus continuidad de la empresa, mantenimiento de la empresa, mantenimiento de los puestos de trabajo, como norte deseable.


Vimos con preocupación la cierta falta de precisión técnica y de claridad para fijar la jurisdicción única y poder interpretar que todas las cuestiones relacionadas con el concurso deben volcarse sobre esa exclusividad, pues de otro modo nunca podrá ser real la intención de primar el debate y la decisión sobre la continuidad de la empresa, anteponiéndola incluso a los tratamientos específicos de la situación final liquidatoria que se produce en un segundo plano posterior, una vez abandonada la posibilidad de recuperar la actividad económica en crisis.
El juego de los artículos 7 y 8 en relación con las acciones sociales parece que ahora ha quedado relativamente más claro y podemos considerarnos satisfechos en cuanto a que queda claro que lo que se pretendía atraer sobre el concurso eran las acciones de carácter colectivo dejando para otras áreas las acciones individuales de los trabajadores. De la misma manera que nos satisface que lo que pretendíamos introducir como principios inspiradores del derecho laboral que recogen las sentencias del Tribunal Constitucional 3/1983 y 121/1991, el carácter igualador y compensador de las desigualdades sociales que puede tener el derecho laboral, ha quedado también plasmado y especificado en preceptos concretos del texto.


Una parte que nos ha dado singular guerra a los ponentes, por decirlo también en lenguaje coloquial, ha sido lo que hace referencia a cómo iba a articularse el Colegio de administradores, la administración del concurso, ya que, justo también es decirlo, además de intentar conseguir algo que fuese técnicamente correcto, que resultase operativo de cara a la finalidad que se propone, había también que atender a los intereses legítimos de distintas corporaciones profesionales. El texto del artículo 26, todos los señores ponentes lo conocen, nos ha dado mucha guerra y desde la perspectiva de la formación política a la que yo represento se ha conseguido un cierto equilibrio que esperamos logre mantenerse y además satisfaga -ese es nuestro deseo por lo menos- a las corporaciones profesionales que nos han trasladado sus inquietudes. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

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La paz social conseguida en relación con cómo quedaban en el proyecto los derechos de los trabajadores o la situación de la Audiencia respecto de los representantes de la parte social de la empresa, creemos que finalmente ha quedado plasmado en un texto acordado respecto de los artículos 63, 90 y 192, que si bien no resultan todo lo claros que sería deseable, sí han conseguido apaciguar, al menos temporalmente, este aspecto problemático del texto de la norma. Si bien hay que decir también desde ahora que desde distintas formaciones sindicales se pretende dar alguna vuelta de tuerca más, sugiriéndonos ya posibles textos distintos, en la línea por ellos pretendida respecto de la tramitación en el Senado sobre los que mi formación política de momento no adelanta juicios pero, en todo caso, le gustaría que de introducirse lo sean con el consenso de todos. Por lo demás, el trato que se da a los salarios e indemnizaciones de los trabajadores a través del artículo 90 nos parece que ha quedado correcto respecto de lo que es de justicia en un procedimiento de este estilo y también mi formación política se felicita por ello.


Llegamos a este trámite, señorías, con un número escasísimo de enmiendas, todas ellas de índole muy técnica, y no perdemos la esperanza de que tengan algún grado de aceptación todavía en el Senado. La enmienda número 125 no es más que la plasmación de la fe que esta diputada sostiene siempre en el Poder Judicial. Nos parece que no hay por qué privar al juez de la posibilidad de iniciar de oficio un procedimiento de este estilo si por el conocimiento de otros procedimientos referidos al mismo deudor tuviese la certeza de que lo correcto en este caso es iniciar un procedimiento de esta índole. Se refiere, repito, únicamente a la posibilidad de inicio de oficio del procedimiento concursal.


La enmienda número 128 sí que es un prurito técnico. Creemos que lo correcto es hablar de extensión de la competencia y no de extensión de la jurisdicción, como hace el texto. Pero no hemos conseguido doblegar la voluntad ni del grupo mayoritario ni tampoco de la Comisión de Codificación. Pese a ello, seguimos empeñados en que nuestra expresión es la correcta, si se me permite seguir con esta terquedad.


Las enmiendas números 130 y 147 sólo pretenden que se haga eco el texto de la existencia de boletines oficiales provinciales cuando no son una antigualla. Muy recientemente han sido objeto de nueva regulación y además tienen un reconocido arraigo en ser elemento de publicidad de cuestiones referidas a concursos o situaciones de quiebra, con lo cual no nos parece razonable que queden totalmente al margen de la publicidad respecto de estos procedimientos, repito, si resultase que se pretende que desaparezcan. Pero existen y recientemente ha sido actualizada su regulación, dándoles además determinados contenidos en aquellas comunidades autónomas que son uniprovinciales, adecuándolos a la existencia de la realidad autonómica de esta índole.


En cuanto a la enmienda número 138, nos parecía fundamental introducir en el texto cuando menos un esbozo, un atisbo o un catálogo de aquellas funciones a las que se tenían que dedicar quienes fuesen los administradores del concurso. No se ha considerado conveniente por la ponencia ni por la Comisión, pero nosotros seguiremos intentándolo.


La enmienda 140 sólo pretende que la posibilidad de las ejecuciones de garantía real puedan continuar, a pesar de haberse declarado la situación concursal, pero sin que ello impida lo que es elemento fundamental o por lo menos norte esencial del proyecto de norma que estamos abordando, que es el no impedir la continuidad de la actividad empresarial. La enmienda 147 es idéntica en cuanto a la publicidad a la que ya me he referido.
Sólo me queda referirme a la enmienda 152, en la que pretendemos evitar la enajenación directa de los bienes, queriendo que la subasta pública agote todas sus posibilidades como medio inherente a la venta del patrimonio que esté en trance de liquidación. Nos hacemos fuertes en esta postura porque nos parece que es mucho más sensato que la enajenación directa que en el texto se pretende como posible.


Señorías, mi grupo se felicita del alto consenso alcanzado, se felicita también del tenor literal, de cómo ha quedado finalmente el dictamen aprobado en Comisión y es su voluntad que, tal y como se indicaba en la memoria que trajo el Gobierno a la Cámara, con la ley que ahora remitimos al Senado logremos modernizar el ordenamiento concursal, superar la diversidad de instituciones concursales, simplificar el procedimiento hasta ahora vigente, evitar que se considere la situación concursal en el ámbito mercantil como algo cuasi sancionador, cuando es nada más que una vicisitud de una situación empresarial, salvo que concurran otros elementos que incidan en el campo del Código Penal y entren en lo delictivo, dotar al juez de apoyos y de conocimientos técnicos tan necesarios para este tipo de procedimientos, reforzar el principio de que el juez del concurso conoce de todas las deudas y de todas las incidencias, actuar ante las crisis con prontitud, eficacia y economía, reduciendo la repercusión económica sobre los afectados y el alto coste que los procesos concursales están teniendo para la economía. Si a ello además se une nuestro deseo de contribuir con estos cambios profundos e incisivos al dinamismo de nuestra sociedad y de nuestra económica, la formación política a la que pertenezco se felicitará y desde ahora ya adelanto que daremos nuestro voto favorable a ambos textos, al de la ley orgánica y al de la ley ordinaria, en los términos que han quedado determinados en mi exposición.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


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En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor ministro, en primer lugar, como decía la diputada doña Margarita Uría, quiero agradecer su presencia aquí durante este trámite.


En segundo lugar, antes de empezar me comentaba el diputado señor Barrero si yo también iba a estar en la fase de loa. Hay fase de loa y fase de no loa. (El señor ministro de Justicia, Michavila Núñez: ¿Es que está prohibido?) Perdone que no me haya traído el botafumeiro, por razones obvias. La verdad es que lo tenían ustedes muy fácil. De la misma manera que los primeros alcaldes democráticos en el año 1979 lo tuvieron muy fácil para arreglar ciudades que llevaban cientos de años sin arreglarse, ustedes, repito, lo tenían muy fácil para entrar en un cuerpo legal -nunca mejor dicho lo de cuerpo, porque tenía miembros por todos los sitios- que casi desde los tiempos de Fernando VII y la década ominosa no se había tocado, y que si alguna vez se había tocado y se había mejorado había sido por cuestiones meramente coyunturales que luego se convirtieron en plenamente estructurales. Por tanto, ustedes lo tenían fácil, pero eso no les quita el mérito de haber hecho una ley moderna, interesante y bastante consensuada, que ha mejorado mucho el primer texto. Estamos informados de las negociaciones con los sindicatos de clase y me consta que han salido relativamente satisfechos. Por tanto, a mí no me importa en ese momento poner la loa, luego en la siguiente le quitaré la loa, eso está clarísimo.


Nosotros ya hemos anunciado a los servicios de la Cámara que, aparte de las enmiendas que retiramos con anterioridad, también vamos a retirar las números 48, 56, 61, 62, 63, 64, 77, 81 y 83. ¿Dónde nos mantenemos ligeramente atrincherados, sin utilizar un argot que suene a cuestiones bélicas? Decía el ministro en su intervención, creo que con razón, que hay que acabar con aquella vieja técnica de esto va mal, obrero u obrera coge el dinero y corre. Bien, entiendo que hay elementos para ello. Pero nosotros creemos, desde nuestro modesto análisis, que quedan todavía determinadas decisiones que se inician y que ponen en peligro, en cuestión o casi en insolvencia este puesto de trabajo por iniciativa meramente del propio deudor. Nosotros mantenemos por ejemplo la enmienda 46 al artículo 3.2. ¿Qué pretendemos? Evitar que la mera solicitud del deudor acarree de manera automática la declaración de la situación concursal, con los drásticos efectos que ello supone, señorías, para todos los acreedores y en particular para los trabajadores. Para nosotros es necesario establecer medidas que garanticen el cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso para que el mismo sea declarado sin que pueda identificarse con la mera voluntad del propio deudor.


Mantenemos también la enmienda 47, que creemos que es importante. Si bien el artículo 5.2 ha tenido algunas mejoras, nosotros planteamos que es conveniente que junto a los otros documentos que son necesarios para iniciar el trámite haya un informe suscrito por un auditor de cuentas, economista o profesor mercantil colegiado, con una experiencia profesional de al menos 10 años de ejercicio efectivo, en el que se constate la existencia de una situación de insolvencia actual o inminente de acuerdo con la situación económica y financiera del deudor. ¿Por qué? Porque si uno va al artículo 5, ve que el catálogo de documentos son documentos que pone el deudor sobre la mesa; no hay en ningún momento, de cara al juez o a la juez que va a tomar la decisión, ningún informe contradictorio y ni el juez o la juez ni su equipo posiblemente dispongan de la formación adecuada en un momento determinado para tener suficiente criterio para solventar una decisión de este tipo. Por ello nosotros pedíamos que a fin de complementar la información que haya de tener el juez para la declaración del concurso no es posible que la misma se limite a la remisión de una serie de documentación sin garantías sobre su solvencia técnica elaborada por el propio deudor y respecto a la cual el órgano judicial puede tener serias dificultades para decidir sobre la concurrencia del presupuesto objeto de concurso, dado que dicha declaración no se realiza con ningún trámite contradictorio. Es necesario asegurar, por tanto, la concurrencia de la situación de la insolvencia actual o inminente a partir de un informe suscrito por un experto independiente, todo ello, señorías, sin lanzar dispendio de crecimiento funcionarial, como cautelarmente el ministro ha expuesto en su intervención y ha estado presente durante todo el debate de tramitación de este texto.


También mantenemos la enmienda número 49. Nosotros planteamos, con referencia al artículo 7, que cuando se hable de la referencia a la actuación competencial del juez del concurso sea solamente a las acciones sociales que tengan por objeto la suspensión del contrato de alta dirección. Entendemos que la atribución de competencias al juez del concurso para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado supone desconocer los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral que da una respuesta más adecuada a los problemas laborales mediante un órgano especializado y unos principios procesales adaptados a la naturaleza de las controversias laborales.


En ese mismo orden, pero sin hacer mucha mención, hemos mantenido la enmienda 54, aunque indiscutiblemente lo hemos hecho para dejar una referencia, puesto que hemos retirado la 55, 56, 57, 58 y 59, que eran de supresión, porque nosotros planteábamos que se creara un cuerpo de peritos mercantiles judiciales integrado

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por funcionarios de carrera. Como decía el ministro, no es cuestión de aumentar los gastos públicos -no voy a entrar en esa discusión puesto que será motivo de otro debate sobre dónde no se pueden aumentar los gastos públicos y dónde desgraciadamente se están aumentando-, pero no creo que se hunda la economía española en este momento por la creación de ese cuerpo de peritos mercantiles. No obstante, en aras de un mejor encuentro, entendemos que vale el acuerdo alcanzado pero mantenemos esa enmienda como referencia.


También mantenemos la enmienda número 71, que modifica el artículo 49, los nuevos juicios declaratorios, porque entendemos que, como ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 3/83 y en la 125/91, el derecho laboral tiene un específico carácter compensador e igualador de las desigualdades sociales, a cuyo efecto no sólo sirven las normas sustantivas sino las procesales, por lo que a nuestro entender, en concordancia con las enmiendas anteriores, el artículo 49 debe ser redactado en los términos que se propone para que los trabajadores y las trabajadoras de la empresa en concurso no se vean desplazados de las garantías sustantivas y vías de defensa procesal que otorga al resto de los trabajadores el derecho laboral. Por otra parte -y en consonancia con enmiendas anteriores- se protegen las competencias de los jueces civiles en materia declarativa.


Mantenemos otra serie de enmiendas, señorías. En la enmienda al artículo 75.3 se plantea la cuestión de los titulares de créditos con privilegios sobre buques o aeronaves. Señorías, entendemos que el principio de universalidad del concurso opera también en las empresas dedicadas a la construcción o explotación de buques o aeronaves, pues de admitir que los acreedores con privilegios sobre tales bienes puedan ejecutar al margen del concurso, se desnaturalizaría por completo uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la nueva ordenación concursal.


Termino, señorías, esperando, a la vista del compromiso habido con distintas organizaciones y con grupos parlamentarios, que este texto sea asimismo mejorado aún más en el trámite del Senado. Quiero anunciar que, de salida, mi grupo parlamentario va a mantener sus enmiendas y va a votar a favor de las mismas, pero indiscutiblemente va a votar a favor del texto. Como decía antes, ya es un buen texto y puede mejorarse en el Senado. Sobre todo, señorías, el Ministerio de Justicia y el señor ministro en este caso han sido preignacianos de Loyola; decía san Ignacio de Loyola aquello de en tiempo de turbación no hacer mudanzas, pero como este texto estaba trabajándose antes de la turbación, era una mudanza necesaria. Desgraciadamente y a la vista de la inflexión y de la involución económica que se va a producir -no igualitaria, porque va a ser por sectores y por territorios y algunos de los sectores se están viendo afectados ya- en virtud de la guerra, del conflicto y del posconflicto bélico, es de saludar, como mal menor -aunque nunca existe el mal menor, como no existe la muerte pequeña-, que cuando empiecen a quebrar empresas en virtud de la involución económica producida por este desastre tengan por lo menos una legislación medianamente moderna.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, también sería faltar a la justicia si no empezara mi intervención reconociendo la flexibilidad y el buen hacer que ha tenido a lo largo de esta tramitación parlamentaria el Ministerio de Justicia y por descontado el señor ministro, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, el propio equipo del Ministerio de Justicia que ha participado más directamente en esta negociación, dirigido por Alberto Palomar, la propia intervención del letrado Carlos Gutiérrez, así como la generosidad del resto de los grupos parlamentarios. Creo que ha sido una buena tramitación y una buena negociación. Tenemos que perseverar en la tramitación parlamentaria en el Senado, pero mi grupo se manifiesta satisfecho, en primer lugar por lo que le ha reportado esta tramitación parlamentaria. Habíamos presentado muchas enmiendas a la ley concursal, unas 180, y de ellas nos han sido admitidas en su literalidad 64, parcialmente podríamos llegar a 80 y si tuviésemos en cuenta las de la ley orgánica pasaríamos de las 90 enmiendas. Por tanto, lo decimos, en primer lugar, como beneficiarios de ese buen hacer y de esa flexibilidad del ministerio y del resto de los grupos parlamentarios; también porque creo que así es como conviene tramitar las leyes y la prueba de ello es la paz con la que este debate se produce en el día de hoy.


Después de este prolegómeno, lo que incumbe ahora es entrar a sostener las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas tanto a la ley orgánica como a la propia ley concursal. En cuanto a la ley orgánica, mi grupo se muestra satisfecho por el grado de incorporación de sus enmiendas. Han sido aceptadas aquellas que pretendían que la limitación de los derechos y facultades de los administradores de las compañías en los supuestos de declaración de concurso fuese una potestad del juez y no tuviese carácter preceptivo. También ha sido aceptado -y aquí quiero reconocer el mérito de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Margarita Uría- que los aspectos procedimentales en cuanto a esta limitación de derecho se puedan considerar ajustados plenamente a los derechos, a la tutela judicial efectiva y a la propia libertad de comunicaciones y a los derechos que se configuran en los artículos

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17, 18 y 19 de nuestra propia Constitución. Igualmente ocurre en cuanto a las competencias de los juzgados de lo mercantil, en la atribución de la competencia en materia arbitral, siempre y cuando este arbitraje recaiga sobre materias que también competen a los propios juzgados de lo mercantil. Asimismo, no derogar el artículo 260 del Código Penal, a pesar de lo que se contemplaba inicialmente en el proyecto, es algo que nos llena de satisfacción. Nos llena de satisfacción, en primer lugar, la propia existencia de los juzgados de lo mercantil, pero posteriormente el hecho de que se hayan establecido, y así llega hoy el proyecto de ley al Congreso, cuáles son los criterios para atribuir competencia territorial a estos juzgados de lo mercantil. Quiero indicar a SS.SS. que en el proyecto que llegó a esta Cámara el planteamiento inicial era atribuir a los juzgados de lo mercantil una competencia provincial, estableciendo siempre la excepción de que pudiera haber algún juzgado de lo mercantil con competencia para más de una provincia y de la misma manera un juzgado de lo mercantil con competencia infraprovincial. Sin embargo, nosotros teníamos un gran interés en que se fijasen cuáles son los criterios para la creación de juzgados de lo mercantil con competencia inferior a la provincia. De ahí que el hecho de que se haya incorporado también la enmienda de mi grupo parlamentario que pretende vincular la creación de estos juzgados de lo mercantil con competencia infraprovincial a datos como son la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la propia actividad económica es algo que nos llena de satisfacción y que nos permite sostener aquí y ahora que estableciendo esos criterios y haciendo justicia a estos criterios no será muy difícil que algunos partidos judiciales de mi circunscripción, como pueden ser los de Sabadell, Tarrasa, Mataró o Manresa, puedan contar en su día con un juzgado de lo mercantil. De ahí también que debamos manifestar la satisfacción por la supresión de una doble transitoriedad que en principio establecía la ley y que, por tanto, se haya admitido la enmienda de Convergència i Unió a las disposiciones transitorias de esta ley orgánica que permite que, hasta que se constituyan los 62 juzgados de lo mercantil previstos, mantengan competencia en esta materia los juzgados de primera instancia e instrucción o los juzgados de primera instancia que en estos momentos están conociendo de la materia civil, de la materia que les afecta, y que incluso las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia puedan atribuir en cada partido judicial a uno de estos juzgados la competencia que resultará propia de los juzgados de lo mercantil. Esto es algo que permitirá conocer precisamente cuál es el grado de competencia, cuál es el número de asuntos que existen en cada circunscripción y posteriormente determinar la conveniencia de que exista o no un juzgado de lo mercantil.


Todo ello nos gusta. Sin embargo, en materia de ley orgánica mantenemos algunas objeciones, que se refieren fundamentalmente a esta atribución de la competencia en materia de marca comunitaria, y no sólo de marca comunitaria, sino que el Grupo Parlamentario Popular ha aprovechado la tramitación parlamentaria para incluir el diseño comunitario, a los juzgados de lo mercantil de Alicante y en vía de apelación a la Audiencia Provincial de Alicante. Ya dijimos en su día que esto no nos parece en modo alguno solución, que tiene amparo formal, pero desde luego un amparo muy discutible, en los planteamientos de la Unión Europea que señalan que los tribunales competentes en materia de marca comunitaria deben ser el menor número posible, pero quiero reiterar aquí lo que dije en el debate de totalidad. Ese número menor posible puede pasar de la cifra de uno, que es el que establece Reino Unido, a la cifra de 17, que es la que existe en la República Federal de Alemania, que tiene un tribunal de marca comunitaria por cada uno de los länder. Mi grupo entiende que la estructura territorial y la división del poder del Estado autonómico español tienen bastante más que ver -desde luego, nunca se le cae de la boca al Grupo Parlamentario Popular esta comparación- con la situación de Alemania que con la de Reino Unido y por lo tanto nosotros aspirábamos y aspiramos a que exista un juzgado de marca comunitaria, un juzgado de lo mercantil competente en materia de marca comunitaria por cada tribunal superior de justicia. El lunes tendremos ocasión de aprobar en Comisión el proyecto de ley de diseño industrial. La alternativa a estas enmiendas que hemos presentado en materia de marca comunitaria o, mejor dicho, lo subsidiario a este planteamiento es que si corresponde a Alicante, por la existencia allí de la OAMI, resolver los pleitos en materia de marca comunitaria, que arrastran temas acumulados, como competencia desleal y de otras características, debiera corresponder a los juzgados de Barcelona por un motivo similar conocer de los recursos en materia de dibujos y diseños industriales, ya que, precisamente, Barcelona es la capital en este caso del diseño y del dibujo industrial.


En materia de ley orgánica, hemos presentado alguna enmienda menor.
Entendemos que atribuir a los juzgados de lo mercantil la competencia en materia de transportes debe ser salvaguardando la competencia de otras jurisdicciones para conflictos entre el usuario y el propio transportista, competencia de la que gozará la jurisdicción ordinaria o en su caso la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo demás, tenemos algunas otras enmiendas que podríamos considerar de orden menor, puesto que no afectan tanto al núcleo del proceso en materia de ley orgánica.


Más enmiendas, sin lugar a dudas, hemos presentado a la ley concursal propiamente dicha. Tampoco quiero empezar en este caso mi intervención sin anunciar que retiro las números 497 y 507 y que en negociaciones que sostuve en el día de ayer hemos llegado a algunos acuerdos transaccionales que, por razones de

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secretaría, entre comillas, no podrán ser sometidos a votación en el día de hoy, pero que constituyen acuerdos que tendrán plena vigencia en el Senado y que en todo caso iré anunciando con posterioridad. Ciertamente, la retirada de las enmiendas 497 y 507 tiene que ver con la modificación que sufren aquellos créditos de la Hacienda pública derivados de retenciones o repercusiones. Como saben SS.SS., se pretendía atribuir en el proyecto un derecho de separación a la Hacienda pública respecto de aquellas cantidades que hubieran debido ser retenidas o repercutidas por el concursado. El acuerdo al que al final llegamos los grupos consiste en la eliminación de ese derecho de separación y llevarlo a la categoría de crédito con privilegio general, excluyendo las cantidades que hubieran debido repercutirse, por tanto manteniendo pura y simplemente como crédito con privilegio general las cantidades que se hubieran debido retener. Si eliminando la naturaleza del derecho de separación y configurándolo como un crédito de privilegio general se mantuviese la enmienda que hace referencia a las cantidades efectivamente retenidas, se produciría un vacío, un hueco importante a efectos de la Hacienda pública que, por la aplicación del principio de elevación al íntegro, debiera dar por retenidas cantidades que no han sido retenidas sin que posteriormente pudiera dirigirse en el seno del procedimiento concursal contra aquella persona que debió practicar las retenciones y no lo hizo. Por tanto, cambiando la naturaleza del crédito derivado de cantidades que debieron retenerse, correspondía, y por eso procedo a efectuarlo, retirar las enmiendas números 497 y 507.


En cualquier caso y yendo ya por orden, mantenemos algunas enmiendas importantes al título I de la ley. No quiero dejar de reconocer que se han incorporado planteamientos de Convergència i Unió a este título en cuanto a la declaración de concurso: la necesidad de la acreditación de la situación de insolvencia, bien sea cuando se trate de solicitud de concurso voluntario o de concurso necesario; la concreción de supuestos de insolvencia inminente; la existencia de plazos para entender producida esa insolvencia y sobre todo la reducción de estos plazos, los cuales al final se acaban configurando de tres meses, tanto de impago de créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social como de la Hacienda pública, de los trabajadores y de otros conceptos. Así pues, el anticipo de la situación de solvencia y la imposibilidad de anticipar también la declaración del concurso y por tanto garantizar la existencia de una masa suficiente es algo que se ha podido incorporar al proyecto a través, entre otras, de enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Sin embargo, todavía mantenemos un conjunto importante de enmiendas, que en este caso tienen un carácter transversal referente a la competencia de los secretarios judiciales. Nosotros pretendíamos que la intervención de los secretarios judiciales en los procesos concursales fuese una participación importante sobre la base de las diligencias de ordenación y de las propuestas de resolución. No ha sido ese el criterio de la mayoría y, sin necesidad de proceder a la defensa puntual de cada una, sí quiero decir que mantenemos estas enmiendas, que son las números 425, 429 a 431, 449, 451, 523, 526, 555 y 565.


Pretendíamos también, y para ello hemos presentado una serie de enmiendas de carácter transversal, reforzar la publicidad en el concurso y reforzar la publicidad de las insolvencias. Uno de estos objetivos se pretendía cubrir a través de la enmienda 415, que permitiría acceder a los diversos registros públicos, en unos casos el registro civil, en otros casos el mercantil o el de la propiedad, la situación de insolvencia, el intento de ejecuciones frustradas contra personas que se encuentran en esa situación de concurso.


Asimismo pretendíamos mantener la declaración de oficio del concurso. Ese es el sentido de nuestra enmienda 416. Se ha avanzado algo y eso se puede reconocer a lo largo de la tramitación parlamentaria, porque se permite, se establece la previsión de que en aquellos supuestos en los que el fiscal esté ejercitando acciones por un delito socioeconómico pueda solicitar la comunicación de ese proceso penal al juez que está tramitando el concurso, así como poner en conocimiento de los perjudicados por el delito socioeconómico la existencia de un proceso concursal al que puedan comparecer. En cualquier caso, nos parece insuficiente, de la misma manera que discrepamos del hecho de que se haya retirado del proyecto de ley, entre las deudas significativas cuyo imcumplimiento por un periodo de tres meses permite, faculta o da indicio de la existencia de esa situación de concurso, las deudas derivadas de contratos de arrendamiento o de leasing.


Mi grupo parlamentario echa a faltar en este título I del procedimiento concursal la potenciación de la figura de determinados profesionales, así como también del acervo documental que debiera permitir, por un lado, al juez tener por acreditada la insolvencia y, por tanto, garantizar tanto el rechazo como la admisión a trámite de la solicitud, como también avanzar notablemente en fases posteriores del concurso. De ahí que mi grupo parlamentario mantenga la enmienda 419 en los supuestos de concurso voluntario; por tanto, la exigencia de que la memoria sea preparada por un auditor.


Con la misma filosofía con que se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil, el hecho de que los informes y los dictámenes se adjunten ya a los escritos de solicitud, bien sea de concurso necesario, bien de concurso voluntario, el hecho de que estos informes, estas memorias, estos documentos estén preparados por personal cualificado es algo que entendemos de una gran importancia para garantizar la correcta tramitación del concurso. Eso es lo que pretendíamos a través de las enmiendas 419, 420 y 423, que, por lo demás, no hacen sino trasladar alguno de los planteamientos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la ley concursal.


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No nos gusta, y por eso lo habíamos enmendado, el planteamiento de que pueda enervarse el concurso con la acreditación de la existencia de bienes o de la solvencia patrimonial. Un deudor que deja de cumplir con sus acreedores no puede pretender salir -perdónenme la expresión coloquial- de rositas de esta situación, simplemente acreditando la existencia de bienes. Podemos llegar a entender que en ese caso se archive el concurso, pero ha de ser con una clara exigencia e imposición de responsabilidad al deudor. No puede jugarse al gato y al ratón con los acreedores, de la misma manera que nos parece que podría fundamentar mala práctica, y ahí es donde ayer avanzamos con una transaccional que pactamos con el Grupo Parlamentario Popular que se pueda enervar la declaración del concurso pagando al acreedor instante. No puede ser la solicitud de concurso una vía privilegiada para el cobro de los créditos.
Por tanto, si el fundamento del concurso es la pluralidad de acreedores, no puede archivarse la solicitud simplemente pagando a un acreedor que insta. Un acreedor que insta no es la base del concurso; la base del concurso es la existencia de pluralidad de acreedores; de ahí que en este caso deba, y este es el sentido de la transacción, ponerse en conocimiento del resto de los acreedores esa circunstancia, el hecho de que, en virtud del carácter rogado, el instante ya ha desistido del concurso, para que el resto de los acreedores esté en condiciones de proceder a sostener el procedimiento concursal. En ese caso podríamos salir adelante a través de esa transacción. Por lo demás, pretendíamos obviamente la potenciación de los medios telemáticos, tanto en la publicación como en las comunicaciones personales.


También sostenemos la enmienda 437 que, del mismo modo que se nos admitió la enmienda 426 al artículo 12, pretende que se comunique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la declaración de concurso de una compañía que tiene valores emitidos a cotización oficial en el mercado secundario. Parece lógico y creo que es algo que también pudimos convenir ayer con el grupo mayoritario.


Pasando ya al título II, que en este caso creo que tiene más importancia, quiero hacer algún hincapié en la administración concursal. El planteamiento de mi grupo parlamentario respecto de la administración concursal es que esta debiera recaer en un abogado, un auditor y un economista o un titular mercantil. El sentido para nosotros es perfectamente claro: la misión del abogado puede ser imprescindible en el ejercicio de acciones, de tramitación de créditos o de calificación del concurso; la misión del auditor es un aspecto fundamental de cara a la contabilidad y la función propia de auditoría y la función del economista de cara a los planes de viabilidad y su evaluación. De ahí que entendiéramos que sí debiera configurarse la administración concursal acompañada de un comité concursal en el que estuviesen representados los acreedores. No ha sido esa la posición del grupo mayoritario. Debo decir que se ha producido una aproximación. El hecho de que en aquellos supuestos en los que el acreedor no sea una persona física que pretende comparecer en la administración concursal por sí misma deba procederse al nombramiento de un auditor economista o titular mercantil desde luego que lo aproxima, pero para nosotros debo decirles que sigue siendo insuficiente. De la misma manera que no deja de ser una aproximación a nuestras exigencias de cualificación de experiencia en el sector y de cualificación controlada por los colegios profesionales el hecho de que se haya establecido en el proyecto que para la inclusión en la lista del registro oficial de auditores forenses o en el colegio correspondiente deba acreditarse un compromiso de formación. Por descontado que de lo que estamos aquí hablando es de que para estar en esa lista se tiene que tener formación y cualificación certificada por el colegio y si no se tiene se debe asumir el compromiso de formación, compromiso que también debe controlar y verificar el colegio profesional. Nos gusta más nuestra enmienda y por eso la vamos a mantener, pero reconozco que en este caso no se ha dejado de producir una cierta aproximación. Como lo es también que no sea el acreedor instante el que vaya de cabeza a la administración concursal. Digo de cabeza porque será una redacción que podría significar que va, aunque no sea un planteamiento tan contundente, pero ahí también se produce una aproximación. Hay que seguir, por lo demás, profundizando en materia de incompatibilidades y prohibiciones del régimen de los administradores concursales.


Quiero llamar la atención respecto de los auxiliares delegados. Mi grupo parlamentario mantiene dos enmiendas en materia de auxiliares delegados porque entiende, en primer lugar, que no está claro que en todos los supuestos la retribución deba ser a cargo de la administración concursal y porque también entiende que hay que dejar perfectamente claro que la administración concursal va a estar auxiliada por personal de la empresa o personal de su propio despacho o bufete profesional y por lo tanto así debiera hacerse constar. De ahí que también mantengamos las enmiendas números 452 y 453: la existencia de un fondo de garantía que permita subvenir a los gastos de aquellos concursos en los que la masa no dé para la retribución de los administradores concursales, así como también la posibilidad de atribuir funciones específicas a los administradores concursales, no sólo a propuesta de ellos, sino de oficio por el juez, que es algo que también pudimos acordar en el día de ayer.


En cuanto a los efectos de la declaración de concurso, el planteamiento de mi grupo parlamentario es que la intervención o sustitución debe estar en función muy fundamentalmente no sólo del carácter voluntario del concurso, sino también del fin al que va destinado. Por lo tanto, mantenemos que sólo debiera producirse una intervención, en lugar de sustitución, no sólo cuando el concurso es voluntario en lugar de necesario, sino también

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cuando va dirigido al convenio y no a la liquidación. Nos parece que ese es el aspecto más relevante a estos efectos.


En este apartado tenemos algunas enmiendas que pudiéramos calificar de menores, pero hay unos aspectos, señorías, que para mi grupo son importantes, porque además afectan directamente a planteamientos que se pueden realizar desde la economía nacional. Se ha avanzado notablemente en la situación de los créditos de los trabajadores, en la participación de sus representantes, y mi grupo tiene la satisfacción de considerarse coprotagonista del artículo 63, en la introducción de la administración laboral. Sin embargo, hay algunos aspectos que para nosotros pueden producir perjuicios económicos importantes y que no han sido tenidos en cuenta. Ciertamente, atribuir una paralización del ejercicio de acciones hipotecarias por un año en lugar de seis meses va a encarecer el crédito.
El hecho de que los intereses de estos créditos hipotecarios, y no sólo de los créditos hipotecarios, de cualquier tipo de créditos, sean un crédito subordinado va a encarecer el crédito y va a suponer la exigencia de un reforzamiento de garantías. El hecho de que se consideren créditos subordinados no sólo ya estos intereses -quiero llamar la atención de SS.SS., porque los intereses suponen la retribución de los servicios del prestamista, pero aquí la retribución de los servicios del resto de acreedores y prestadores de servicios no se considera crédito subordinado- sino también los créditos que proceden de descuento bancario en la medida en que son cesionarios de los créditos va a llevar aparejado el encarecimiento del crédito. De ahí que debamos sostener con mucha firmeza la enmienda...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Silva, le recuerdo el tiempo que lleva consumido.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señora presidenta.


Está también el hecho de la suspensión de la paralización de las ejecuciones hipotecarias en los supuestos de empresas de promoción inmobiliaria, aparte de los perjuicios que supondría la redacción actual respecto de los titulares de cédulas, títulos y bonos hipotecarios.


Termino. Hay que armonizar la tramitación de la propuesta anticipada del convenio con el convenio ordinario, hay que dar protagonismo a la Administración económica y sobre todo hay que salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas, en materia de conservación, modificación y desarrollo de su propio derecho civil. Señorías, esta es una ley que no negamos que se fundamente en título procesal y en título de derecho mercantil, pero estamos hablando también de acreedores personas físicas, que no se dedican al comercio y que sin embargo van a estar sometidos a este tipo de procedimientos, y ahí, señorías, no estamos hablando de derecho mercantil, sino precisamente de derecho civil.


Lamento no haber podido justificar la totalidad de las enmiendas, pero en cualquier caso de aquí al Senado tendremos ocasión de irlas tratando.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista distribuirá su tiempo entre el señor Sánchez Garrido y yo mismo. Inicio este trámite en nombre de mi grupo para reiterar lo que tuvimos ocasión de decir en esta Cámara al inicio de este debate, cuando se presentó el proyecto de ley, que es la importancia de este proyecto.


Hemos tenido ocasión de trabajar juntos y trabajar bien en la elaboración de lo que hoy es el dictamen de la Comisión y es obligado por parte del Grupo Parlamentario Socialista poner de manifiesto su agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno y al resto de los grupos, por el trabajo que entre todos hemos realizado. Quiero recordar que este es el primer trámite parlamentario y ese espíritu de consenso y de diálogo que se consolida o se subraya con este proyecto de ley debería ser también transmitido a los parlamentarios del Senado, para que asimismo, a través de su esfuerzo, se pueda seguir enriqueciendo este proyecto de ley. Es importante que reiteremos esta voluntad de consenso y de diálogo, porque estamos en presencia de una iniciativa legislativa que nace del Pacto por la reforma de la justicia, en virtud del cual el Gobierno articula una reforma legislativa -insisto- de enorme calado, que pone de manifiesto en primer lugar la necesidad del cambio legislativo que se opera.


Es bien conocido, no sólo por los profesionales especialistas en estos asuntos sino por todo operario del derecho y por muchos comerciantes, que el derecho ineficaz e injusto que tenemos hasta este momento estaba consiguiendo que deudores con malas artes hicieran fracasar las aspiraciones legítimas de los acreedores, imposibilitando las transacciones comerciales correctas a través de acciones muy negativas amparadas en una legislación ineficaz. Además, señora presidenta, señorías, este cambio legislativo era inaplazable, como pudimos poner de manifiesto en su momento, entre otras cosas porque la legislación concursal que existe en este momento en nuestro país, aparte de ser muy diversa -este proyecto la unifica-, era la más antigua y la más desprestigiada de toda Europa y conseguía algo que toda legislación concursal debe evitar, que es intranquilizar al inversor, consciente de que no sabía cuál iba a ser el fin último de las transacciones económicas o comerciales en que estaba incurso.


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Lo que hemos querido conseguir con esta ley y con nuestras enmiendas han sido cuatro objetivos fundamentales. Primero, tranquilizar a los inversores y a los comerciantes de manera que sepan con claridad qué es lo que va a ocurrir cuando no se cumplan las obligaciones económicas y comerciales. Segundo, buscar una continuidad en la actividad empresarial, conscientes de que la actividad empresarial, la actividad que produce riqueza y que genera empleo, no puede sujetarse en momentos de dificultades a la quiebra sino que hay que buscar la continuidad de esta actividad tan importante. Tercero, que exista una máxima transparencia y control también de la actividad del concursado, de manera que el elemento fundamental, que es el acreedor, pueda claramente sentirse privilegiado a través de estos cambios legislativos que entre todos estamos llevando a efecto. Por último, hemos querido privilegiar determinados créditos que reclaman una mayor protección, no sólo de carácter económico, sino de carácter social. A través de las enmiendas de todos los grupos -y particularmente las que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista- hemos recorrido una buena parte de ese camino y hemos llegado a acuerdos que ponen en valor estos objetivos. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó alrededor de 178 enmiendas -lo recordaba mi compañero Sánchez Garrido-, de las cuales han sido aceptadas más de cien. Han quedado aproximadamente unas 66 enmiendas y estoy seguro de que van a tener buen fin, con las cesiones lógicas que deberá hacer mi grupo parlamentario en el Senado para llegar a un consenso y a un acuerdo.


En la ley orgánica -que es la que me toca ahora defender- quedan sin embargo algunas enmiendas que nosotros consideramos de valor e importantes. Señorías, quiero hacer referencia de manera destacada a dos de ellas, ya que el resto las damos por justificadas en sus propios términos, para no cansar fundamentalmente a los ponentes de la ley que han trabajado de forma continua y conocen sobradamente nuestros argumentos. Una define cuáles son los momentos en que los derechos y las libertades del concursado, reconocidos por la Constitución, pueden ser limitados. La ley orgánica, que se une a la reforma concursal, limita tres derechos fundamentales: el derecho a la intimidad, el de residencia y el de domicilio, subrayando el derecho a la intimidad de todo concursado. Para ello se precisa en la ley la posibilidad de que la autorización judicial limite las comunicaciones, la posibilidad de que la autoridad judicial, a través del auto de declaración, haga posible la obligación de residencia, el domicilio del concursado, y además -y esto es lo más importante para nosotros- la posibilidad de que con autorización judicial se pueda entrar en los locales del concursado.
Nosotros no pedimos esto -ahora explicaremos por qué-, sino que la autorización judicial lo sea para entrar en el domicilio del concursado y poder investigar sobre documentos que tengan interés para el concurso.


Según el derecho vigente, fundamentalmente en la quiebra, los síndicos ya sustituyen al deudor y por tanto pueden entrar con toda tranquilidad en el local o en el establecimiento comercial, tomar posesión de los bienes y recabar la documentación que sea precisa para llevar más correctamente el concurso. En la suspensión de pagos, por vía de hecho, los interventores también toman conocimiento de los documentos y de todos los elementos que son indispensables para el concurso. La práctica lo único que nos venía requiriendo no era la autorización judicial para entrar en el establecimiento comercial -que, si hay una declaración de concurso, parece obvio que el administrador, los interventores, puedan entrar en ese establecimiento comercial-, sino la posibilidad de entrar en el domicilio particular del concursado para recabar la documentación o la información que tuviera incidencia en el concurso. No se acepta esta enmienda y sin embargo se somete a una autorización judicial la entrada en el establecimiento comercial con un procedimiento garantista, consecuencia de una enmienda transaccional creo que del Grupo Parlamentario Vasco, que nos lleva a criterios de absoluta ineficacia.
Porque puede ocurrir que la declaración del concurso se produzca pero tenga que suspenderse hasta tanto se pueda llevar a cabo la autorización judicial con intervención del ministerio, o recursos por supuesto además de la autorización judicial, para la entrada en el establecimiento comercial objeto de la declaración de concurso.


Hay aquí una contradicción bastante clara que hemos intentado poner de manifiesto de manera reiterada, incluso con alguna enmienda transaccional, y nos gustaría que en el Senado tuviera consecuencias positivas. Decimos que el auto de declaración de concurso, con las medidas cautelares oportunas, entre ellas la entrada en domicilio, se remita al ministerio fiscal para que vea si se incumplen o no los derechos de los ciudadanos, en este caso del concursado, pero que no suspenda una tramitación que por otra parte la ley quiere eficaz y rápida, por ejemplo para conseguir uno de los fines de la ley que es evitar el deterioro de la empresa y conseguir el momento adecuado, a través de la declaración del concurso, para que podamos sanear y salvar esa empresa. Este es uno de los elementos importantes de la ley orgánica.


Otra cuestión, con la que cierro mi intervención dando paso inmediatamente a la del señor Sánchez Garrido, sobre la que reclamaré la atención es que pedimos que haya incompatibilidad en los jueces y magistrados destinados a un juzgado mercantil y especializados además por el Consejo General del Poder Judicial -porque en la ley reclamamos que sean especialistas-, para el caso de que pidan excedencia con carácter voluntario. Esa incompatibilidad durante dos años la pedimos para esos jueces y magistrados de tribunales

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mercantiles que han conocido de expedientes de concurso y que sin embargo, si no recogemos esta incompatibilidad, inmediatamente después de solicitar la excedencia voluntaria y habérsela dado, a través de la actividad privada que realizan, puedan conocer de los mismos expedientes -se puede dar esta circunstancia- que ellos iniciaron en su calidad de juez o de magistrado. Un mínimo deber de apariencia de transparencia de la labor del magistrado y de buena relación entre lo público y lo privado deben llevarnos a que esta actitud tan grotesca, que se puede dar, no se produzca.


Queremos reclamar la atención de SS.SS. ahora, y de los senadores más tarde, para que estas dos enmiendas tengan unas consecuencias positivas.
Creemos que este tipo de enmiendas del Grupo Socialista, estas concretamente, enriquecen claramente la ley, que por otra parte debe seguir un trámite que le permita ampliar los niveles de consenso.
Agradecemos una vez más que hayamos sido capaces de dialogar y de crear un cuerpo legislativo a nuestro entender enormemente positivo, gracias, insisto, a ese

consenso y a ese diálogo.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Barrero.


Igualmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar me sumo a los agradecimientos que ha expresado mi compañero Javier Barrero en lo que se refiere a los ponentes, a los asesores del Ministerio de Justicia y al propio secretario de Estado.


Quiero empezar mi intervención haciendo una referencia a mi compañera Carmen del Campo, que interviene aquí conmigo en este momento como si fuera un concurso ideal y que por causas ajenas a su voluntad hoy no puede estar con nosotros. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Mi grupo parlamentario, desde una vocación de Gobierno, ha querido prestar su apoyo a esta ley de la única forma que le es posible su colaboración, con el trabajo y la responsabilidad, y ello porque somos conscientes de que esta ley es una de las más importantes, si no la más importante, desde el punto de vista técnico-jurídico, de esta legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista, con su esfuerzo, ha contribuido a mejorar ostensiblemente esta ley que vamos a votar y a aprobar en la mayoría del articulado y dictamen, y prueba de ello son las numerosas enmiendas que nos han sido aceptadas total o parcialmente, o finalmente transadas. Nos alegramos mucho de haber trabajado con lealtad para conseguir una ley mejor, pero nos interesa poner de manifiesto que en el trámite del Senado han de mejorarse algunos aspectos a los que me referiré en mi intervención. Aquí quiero hacer un ruego al señor ministro para que este diálogo no se interrumpa en ese trámite del Senado, ya que consideramos que es necesario para conseguir un texto sólido y solvente.


Esta ley concursal, como se ha dicho por otros ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, viene a sustituir una legislación obsoleta y supone un avance importante en la vida del tráfico mercantil en la sociedad española. Téngase en cuenta que estamos hablando de códigos de comercio del año 1829, de 1885, de la Ley de quiebra de las compañías de ferrocarriles de 1869 y de la Ley de suspensión de pagos de 1922. Por tanto estamos haciendo un gran favor, como decía antes, al tráfico mercantil de la sociedad española al aprobar esta ley. Esta ley, cómo no, tiene aspectos muy positivos que ya han sido reseñados y que me veo en la obligación de reiterar. Entre ellos destacaría la unidad legal, la unidad de disciplina y la unidad de sistema. Ello porque en una sola ley se va a disciplinar el fenómeno de la insolvencia del deudor común, porque esta ley es sustantiva y procesal tanto para el deudor civil como para el deudor mercantil; una unidad de sistema en el que van a confluir en un único procedimiento los cuatro procedimientos que antes existían en nuestra legislación: la suspensión de pagos, la quiebra, la quita y espera y el concurso de acreedores. También una drástica poda de preferencias y la creación de una nueva categoría de acreedores, que son los titulares subordinados, entre los que se incluyen las sociedades pertenecientes al mismo grupo que la sociedad deudora.


Con esto se va a evitar que la junta de acreedores sea dominada por acreedores especialmente relacionados con el deudor y que puedan imponer convenios expoliatorios. Se potencia asimismo la figura del acreedor ordinario, que entendemos que se toma del proyecto de 1995, y se establecen unas medidas dirigidas a impedir el desguace apresurado del patrimonio concursal, tales como las relativas a la jurisdicción y a la competencia del juez del concurso y las referentes a la paralización temporal por un año de las ejecuciones de garantías reales. Yo entiendo que con estas innovaciones, muy positivas, se justifica claramente la reforma concursal. Efectivamente, hay algunos aspectos que no son tan positivos, que han merecido nuestra crítica y que debo reconocer que en el trámite de la ponencia se han ido mejorando, se han suavizado. Eso no quiere decir que en el trámite del Senado no se tenga que seguir trabajando sobre ellos a fin de conseguir un mejor texto.


Ahora quiero hacer una referencia concreta a los aspectos más sustanciales que contiene la ley, que han sido tratados y yo creo que mejorados con la ayuda de todos en el trámite de ponencia y en las reuniones que han existido, y sobre los que conviene que nosotros hagamos una reflexión, sin olvidar una serie de enmiendas que nosotros hemos presentado y que mantenemos vivas -alrededor de sesenta y tantas-, en las que la discusión es meramente técnica y que en el trámite

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del Senado podrían solucionarse. Quizá en estos momentos convenga obviar la discusión sobre si los grupos de hecho o de derecho son la definición más adecuada, si es la del Código de Comercio o la Ley del mercado de valores, o si los actos son revocatorios o rescisorios, según la teoría de Díez Picazo o de Ángel Rojo o, por último, si las concurrencias y prelaciones de crédito son la herencia. En estos momentos es más importante referirnos a otras cuestiones.


Esta ley, a través de su artículo 183, se divide en seis secciones perfectamente determinadas: la primera sección trata de la determinación jurídica del presupuesto objetivo; la segunda trata de la administración concursal; la tercera, de la conformación de la masa activa; la cuarta, de la masa pasiva; la quinta, del convenio y la sexta, de la calificación. Siguiendo este orden voy a ir refiriéndome a lo más interesante. Me parece que se ha conseguido una definición bastante aceptable de lo que es la insolvencia, algo sobre lo que nos ha costado bastante llegar a un acuerdo en el trámite de ponencia. Entendíamos que una ley que empezaba definiendo en sus artículos 1.º y 2.º los presupuestos subjetivo y objetivo, si no se definían bien, era una ley coja. Bien es cierto que en el presupuesto subjetivo ya desaparece la condición, antes imprescindible, de comerciante -ahora se habla de deudor común-, pero no se hace una referencia a las sociedades irregulares, y convendría hacerla, y en el trámite del Senado convendría tenerlo en cuenta, ya que los artículos 7.1 y 11.1 de la Ley de sociedades anónimas y sociedades limitadas exigen esta garantía de la persona. En cuanto al presupuesto objetivo, quiero decir que se define bien y se define con bastante rigor lo que es la insolvencia. Se habla de la insolvencia actual, se habla de la insolvencia inminente, se establecen los plazos anteriores a la insolvencia inminente, de los tres meses anteriores; se establecen además unas condiciones y unos requisitos en los cuales se deben dar, que a mí me parece que son bastantes acertados y que han mejorado el texto original. Esta es una recomendación que se hacía también en el informe del Consejo General del Poder Judicial y por eso hemos querido incidir en ello de una forma importante.


Quedan definidos los efectos de la declaración de concurso bastante bien, lo que es el concurso voluntario y lo que es el concurso necesario. En el concurso voluntario, en el acreedor sus facultades de disposición y administración quedan intervenidas por la Administración concursal, mientras que en el concurso necesario quedan suspendidas sus facultades administrativas. Hay un capítulo que es importante, aunque ya lo ha tocado mi compañero Javier Barrero, que es el tema de los juzgados de lo mercantil, los jueces de lo mercantil, el ministerio fiscal y todo lo que concierne a la competencia de estos juzgados. Nosotros suscribimos lo que ha dicho mi compañero y queríamos hacer una referencia a algo que no viene en la ley, repito, que no viene en la ley, pero que nos preocupa tremendamente, lo hemos dicho en público y lo vamos a sostener.


Entendemos que se da un paso muy importante creando estos juzgados de lo mercantil. El Gobierno, el Estado y la sociedad española van a hacer un esfuerzo muy importante en formar a los futuros jueces de lo mercantil y los va a formar fundamentalmente, como es lógico, con acuerdos con corporaciones de derecho público, en lo que estamos totalmente de acuerdo, y con el dinero público. Además, sabemos que en los ministerios de Economía y Hacienda y en los demás ministerios hay gente que sabe mucho de contabilidad y de auditoría. Pero, señor ministro, yo le rogaría que prestara atención porque no nos gustaría que la formación de los jueces fuera con dinero privado, con dinero de las fundaciones privadas, que no tienen como objeto lógicamente la formación de jueces. ¿Por qué? Porque se puede prestar a suspicacias y no queremos que se preste. Ponga atención, se lo ruego, en este tema, porque nosotros sí que estamos de acuerdo en que sea el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, que es el que en definitiva tiene la competencia de la formación de los jueces, pero usted vela y planea por encima. La independencia de los jueces es algo muy importante. Esto lo he expuesto en alguna ocasión y se me ha dicho que es una concepción un poco antigua y a mí no se me ocurre otra cosa que decir que es tan antigua como la honradez; la mujer del césar no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Es mejor que los convenios se hagan con los ministerios, que tienen gente muy preparada, que se hagan con corporaciones de derecho público, pero no con fundaciones privadas.


Se debía dar quizá un poco más de importancia al ministerio fiscal en esta ley, señorías, en el sentido de que el fiscal no solamente está para poner en un papel el visto y no hacer nada. Su intervención hubiera tenido que ser quizás más importante. No quiero dejar pasar la ocasión de referirme a la Administración concursal. Hemos coincidido en lo que es la composición de todos sus miembros, pero no estamos muy de acuerdo al menos en cómo participan esos miembros de la Administración concursal en esa institución. Nos parece que la forma mejor y más sencilla sería la que establece el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el nombramiento de peritos, donde hay una total transparencia y claridad.


En cuanto a los créditos, hay una referencia muy importante entre los créditos y lo que son los aspectos sociales de esta ley. Como han dicho antes todos mis compañeros, el señor ministro también se ha referido a ello, se ha hecho un esfuerzo muy importante para conseguir -entre comillas- una paz social. El anteproyecto, además así lo decía el Consejo General del Poder Judicial, incluso el dictamen del Consejo de Estado, por mantener a rajatabla y con cierta rigidez lo que es el principio de la universalidad del juez de lo

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concursal, hacía imposible que todo el tema social se tratara con un criterio mucho más amplio y más flexible. Se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, hemos llegado a un acuerdo, para que todo este tema relacionado con los jueces de lo social y con su competencia tenga un trámite muy similar y muy parecido al que se establece en el artículo 50 b) del Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones. Además, se está impidiendo que el ejercicio individual de las acciones por parte de los trabajadores diera lugar a que, sin un tope, pudiera darse cierta picaresca. La ley, en su artículo 63, establece esos límites; establece que para las empresas de menos de 100 trabajadores serán 10 trabajadores; para las empresas que tengan entre 100 y 300 será el 10 por ciento y para el resto, el veintitantos por ciento. Esto supone un avance importante.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Sánchez Garrido, le recuerdo que ha concluido su tiempo y le pido que concluya lo antes posible.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Un segundo nada más.


Quisiera hacer una especial referencia a los créditos y al convenio especial, sobre todo al convenio anticipado. Se recoge por primera vez de una forma bastante ordenada todo lo que son los créditos que intervienen en el concurso. Por un lado, están los créditos contra la masa, que son los que se satisfacen de una forma más inmediata, y ahí se han incluido precisamente los salarios de los últimos 30 días de los trabajadores; luego están los privilegiados, los de privilegio general y los de privilegio especial. En los de privilegio especial echamos en falta que solamente parece que están dedicados a los grupos financieros, ya que sólo se habla de aquellos créditos que están garantizados y sólo se incluyen los créditos que se refieren al ámbito laboral. Están muy bien regulados los créditos con privilegio general, haciéndose una referencia especial a los créditos tributarios y de la Seguridad Social con una aminoración del 50 por ciento. Esto tiene un aspecto muy positivo, porque se impide que estos mismos créditos se puedan comer toda la masa.


Para terminar...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor diputado, que concluya, por favor.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Voy a referirme al convenio anticipado, al que hemos dado una importancia vital. Se ha introducido la posibilidad del informe de viabilidad, que va a permitir al juez tomar sus decisiones con mucha más tranquilidad, no agobiándole sobre todo cuando las empresas se dice que son de trascendencia nacional. Por último, quiero decir que sería importantísimo que en el trámite del Senado se incluyera la concurrencia y prelación de créditos, porque así se evitarían incluso muchas tensiones al propio Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, ante todo es para mí un gran honor tener la oportunidad de expresar la profunda satisfacción de nuestro grupo ante el hecho que se consuma con el debate de esta mañana. Los distintos ponentes de los grupos parlamentarios han dejado bien claro que la nueva ley concursal, tanto en su parte orgánica como ordinaria, cuenta con el apoyo de toda la Cámara. Hago mías también las palabras de otros ponentes sobre la relación que se ha establecido entre los ponentes de los diversos grupos parlamentarios; durante varios meses hemos venido trabajando y hemos sido capaces de hacerlo mucho más allá de las discrepancias ideológicas, en una auténtica política de Estado, no sólo porque esta ley esté enmarcada dentro del Pacto por la justicia, sino porque el tema concursal, sin duda, es un tema de Estado. Tengo también especial interés en dejar constancia pública de la labor del equipo del Ministerio de Justicia que la Secretaría de Estado puso a disposición de todos los grupos y del agradecimiento de mi grupo por el talante, predisposición y entrega de todos y cada uno de sus miembros, que han tenido a bien acompañarnos en la tribuna. No cito a ninguno de ellos por no perjudicar a nadie. También quiero agradecer al letrado de la Comisión, don Carlos Gutiérrez, su agilidad, su dedicación y su profesionalidad en la redacción de todos los estudios que hemos hecho sobre esta ley.


Estamos, señorías, ante una ley consensuada, una ley que no se ha hecho con prisas ni arrebatos, una ley que se convirtió en anteproyecto hace ya casi dos años y que tardó casi otro año en convertirse en proyecto de ley. En su tramitación hemos tenido la opinión de representantes de todos los sectores implicados. Es una ley en la que el número de enmiendas aprobadas, transadas o satisfechas de una u otra manera, es muy importante; ha dado lugar al consenso, que ya se manifestó a la hora de la votación del dictamen en Comisión y esta mañana en las exposiciones de los portavoces de los distintos grupos. Señorías, El Grupo Parlamentario Popular va a fijar su posición dividida en dos intervenciones, la de nuestro compañero don Carlos Mantilla y la mía propia, que la ceñiré a la ley orgánica y a temas de los títulos I, II, IX y disposiciones adicionales, siendo el señor Mantilla el que la fijará en lo relativo a todo el cuerpo de la ley concursal.


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Señorías, desde el primer intento de 1926, recién estrenada la Ley de suspensión de pagos de 1922, llamada a ser una ley efímera, pasando por los anteproyectos de 1959, 1983, 1995 hasta llegar al presente, ya tocaba aprobar la nueva ley concursal. La sociedad está demandando una nueva regulación de los procesos concursales, y desde luego uno de los aciertos de esta ley comienza por su denominación, que no por parecer una cuestión meramente estética es menos importante. Esta denominación enfatiza, por una parte, la eliminación de la duplicidad de tramitaciones y de denominaciones y, por otra, la distinción entre comerciantes y no comerciantes. Además, se enraíza en la más pura tradición española, pues no en vano fue Salgado de Somoza el que en 1645 impuso el nombre de concurso para conocer en toda Europa un sistema orgánico de proceso de ejecución general, tal y como nos recuerda el otrora conocido en esta casa don Niceto Alcalá Zamora en su obra Un español mal comprendido, Salgado de Somoza. La sociedad española estaba demandando un nuevo procedimiento judicial, un nuevo proceso para regular la situación de crisis económica en que se pueden encontrar los ciudadanos, cualquiera que sea su condición; un nuevo procedimiento en el que se cumpliera la finalidad de todo proceso instituido por el Estado, que no es otra que -dicho en las doctas palabras de uno de los mejores procesalistas españoles de todos los tiempos, don Jaime Guasch- la represión de las perturbaciones jurídicas en el seno de la comunidad; dicho de otra manera -también en palabras suyas-, lograr el mantenimiento de una paz justa en la comunidad, referencia que indirectamente también ha hecho la señora Uría. Esto y no otra cosa es lo que entiende mi grupo que se consigue con los dos proyectos de ley que hoy debatimos, que tienen como prima ratio el ofrecer un procedimiento en el que exista un equilibrio y un reconocimiento a todos los intereses en presencia que permitan la satisfacción de los derechos argüidos por todos los que van a ser parte en el proceso.


Después de que hayan intervenido el ministro de Justicia y los portavoces de los distintos grupos poco queda que decir sobre la ley orgánica para la reforma concursal, máxime cuando se ha alcanzado el grado de consenso que ha quedado patente, pero no puedo sustraerme a comentar, siquiera sea someramente, algunos aspectos. En primer lugar, la regulación de los efectos sobre los derechos fundamentales del concursado. Tal y como se ha dicho, hemos alcanzado un importante consenso por cuanto se han aunado todos los criterios relativos a minimizar, por un lado, la limitación de derechos y a garantizar, por otro, la no desaparición de documentos o del propio concursado, todo ello satisfaciendo la especial sensibilidad de todos, pero también la de la señora Uría, introduciendo enmiendas que permiten la intervención del ministerio fiscal y estableciendo criterios objetivos de idoneidad, proporcionalidad y duración adecuados a la finalidad concreta pretendida. En segundo lugar, las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen por finalidad incorporar a nuestro catálogo de juzgados los de lo mercantil, otorgarles competencias, regular el régimen jurisdiccional y de recursos, que también ha sido mejorado en el trámite parlamentario y como consecuencia del consenso social, reservando los recursos de suplicación en material laboral a la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia y, por otro lado, permitiendo el establecimiento de juzgados de lo mercantil en ciudades distintas de la capital de provincia, cuando así lo aconseje la población, la actividad económica mercantil o industrial, y que propicia que, además de las poblaciones que ha señalado el señor Silva que le preocupan por su circunscripción territorial, ciudades como Cartagena y otras también importantes como Vigo puedan tener juzgado de lo mercantil; modificación del texto que se enmarca también dentro de la política de mi grupo de flexibilidad y de dar transcendencia a los entes territoriales que así lo justifiquen, que no se manifiesta solamente aquí sino en otras leyes y disposiciones. También es importante destacar la incorporación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de las nuevas tecnologías, y así se establece la posibilidad de sustitución de las publicaciones y comunicaciones por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos que, conjuntamente con la redacción dada al artículo 22 de la Ley Concursal, nos han permitido ofrecer una regulación que ayuda a la reducción y de forma importante a los trámites del concurso. Por último, ha parecido oportuno suprimir la derogación prevista del artículo 260 del Código Penal, por cuanto no parece necesario dar la sensación de que con la Ley Concursal se podían acoger situaciones dolosas.


Con respecto a las enmiendas, tenía entendido que alguna del Grupo Mixto y alguna del Grupo Parlamentario Socialista habían sido retiradas porque se consideraban transadas. No obstante, sí quería hacer una pequeña referencia a las 23 y 26, del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto que entiendo que pudiendo estar de acuerdo en el fondo de esas enmiendas es un tema que debe regularse en general para todos los jueces y no sólo para los mercantiles, como se pretendía, por lo que no parece esta ley el lugar adecuado, al margen de que supondría una discriminación negativa para ellos. Respecto a las enmiendas vivas de Convergencia i Unió, quiero señalar que algunas son de trascendencia menor y otras las consideramos transadas. Respecto a la relativa a las patentes y marcas comunitarias hay razones objetivas, que el señor Silva reconoce, que justifican su establecimiento en Alicante, significando que no existe volumen suficiente de asuntos que justifiquen más de un juzgado.


Con referencia a la Ley Concursal en la parte que me corresponde, me gustaría señalar algunas cuestiones muy genéricas pero necesarias. El proyecto, que si bien ha sido variado sensiblemente en determinadas cuestiones,

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sigue conservando el espíritu y los fundamentos básicos que se le dio por la llamada comisión Olivencia en función de su presidente. He ahí una de sus virtudes: haber mejorado y satisfecho las demandas de distintos sectores sindicales, económicos y profesionales, al tiempo que haber logrado el consenso de los grupos parlamentarios y mantener el esquema vertebral y filosófico que sustentaba el proyecto del Gobierno. Así, creo que merece la pena destacar la recuperación de la conocida regla de la par conditio creditorum. Siquiera sea parcialmente, se recupera la esencia de esta figura que establece el puro principio de proporcionalidad a la deuda del cobro del líquido resultante y que había sido matizada, torturada y limitada por determinados privilegios que ahora en unos casos se suprimen y en otros se suspende temporalmente su ejercicio. También quiero destacar el principio de conservación de empresa que se establece como finalidad, pero no como un mecanismo de conservación indiscriminada de empresas; no. Esta ley no podía eludir saber en qué casos deben conservarse las empresas y en qué otros deben ser eliminadas; en qué momento se averigua que no existen posibilidades de conservación o qué nos indica que no es posible realizar un plan de viabilidad o si en la liquidación, que es el extremo, deben fijar sus límites las partes del reto. Pues bien, creemos que este proyecto consigue solucionar ese difícil problema estableciendo instituciones y mecanismos propios para ello. Y lo enlazo con la regulación de la administración concursal, que es básico para ello. Desaparecen, como ha dicho el ministro, los síndicos, interventores, comisarios y depositarios y se sustituyen por un órgano colegiado a cuya formación hemos llegado finalmente por consenso: un abogado, un economista, un auditor titulado mercantil y un acreedor sin crédito privilegiado; fórmula que va a permitir una más rigurosa marcha del proceso porque sin expertos económicos no se puede administrar ni plantear un plan de viabilidad, de la misma manera que sin la presencia del representante de la masa pasiva.
Tampoco sin abogado. Como ha dicho recientemente el presidente del Consejo General de la Abogacía, al que también se ha referido el ministro, por fin la masa activa tiene abogado. Hasta ahora lo tenían el concursado, los trabajadores, los acreedores y la administración pero no la masa. Hemos de recordar a Calabresi cuando señala que una empresa es conservable si es posible someterla a un plan de reorganización jurídicamente viable, y no sólo que sea económicamente viable. La regulación final sobre el régimen de sustituciones, incapacidades e incompatibilidades no termina de satisfacer a todos, pero quizá sea lo más adecuado. Sí cabe señalar que no existirá ningún tipo de discriminación para cualquier profesional que resida en el ámbito jurisdiccional del juzgado de lo mercantil correspondiente, con independencia de la población donde esté establecido. Cuestión fundamental son los plazos de tramitación del proceso hasta llegar a la liquidación o, más deseable, al convenio. Si se imponen sacrificios a los acreedores que hasta ahora eran privilegiados, qué menos que exigir un dinamismo en los plazos. El sistema actual tenía como mayor defecto la duración; los procedimientos se eternizan en perjuicio de los acreedores y de la empresa. Sin duda ese es el cáncer. Por tanto, la reducción y también el cumplimiento de los plazos es fundamental y desde aquí debemos insistir en ello.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Ayala, le recuerdo que su tiempo también ha concluido.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta.


Pues bien, la ponencia, mediante una enmienda del Grupo Popular, ha logrado una reducción sustancial de los plazos cuya consecuencia es ganar aproximadamente un 30 por ciento en la tramitación del concurso necesario y ordinario, tanto con propuesta como sin propuesta anticipada. Quiero destacar que la finalidad es conseguir que el sistema funcione. En un sistema que está bien equilibrado, bien consignado, de nada serviría imponer, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de los créditos con garantía real durante un máximo de un año, que tiene sus críticas y detractores, si no somos capaces de conseguir el convenio o decretar las liquidaciones, en otro caso, en un plazo de tiempo inferior. Por ello se ha puesto especial sensibilidad en conseguir una tramitación ágil, con plazos posibles pero diligentes. Como complemento de los plazos, reitero lo ya señalado en una enmienda de mi grupo que permite la publicidad y las modificaciones, comunicaciones y trámites que pueden plantearse por medios telemáticos...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Ayala, le ruego que concluya.


El señor AYALA SÁNCHEZ: ...con inserción obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.


Por último, señorías, quiero significar que estamos ante una ley importante, trascendente para nuestra sociedad y que nace con vocación de perdurabilidad y de establecer un orden nuevo más seguro y más justo, más ágil para solventar las situaciones nunca deseadas de insolvencia de nuestras empresas o ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, señor ministro, al intervenir el último gran parte de las cuestiones que podría plantear ya lo han sido por el señor ministro, que sin duda las habrá expuesto muchísimo mejor de lo que hubiera podido hacerlo yo. De todas maneras, intentando ser lo más breve posible, tengo que hacer un sucinto recorrido de lo que ha sido la tramitación de esta ley que hoy llega al Pleno de esta Cámara.


Quiero recordar a SS.SS. que es muy importante este paso de la aprobación de la Ley concursal, que va a sustituir a leyes, como ya han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que vienen de 1829, como el antiguo Código de Comercio, de 1881, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque hay artículos que todavía están vigentes, y el antiguo Código de Comercio de 1885. Una ley importante cuya vigencia termina es la Ley de suspensión de pagos de 26 de julio de 1922. Dicho de otra manera, cuando se apruebe esta ley -para lo que hoy damos, como decía, un paso importantísimo- la Ley de suspensión de pagos prácticamente va a cumplir 84 años de vigencia.


El 17 de octubre pasado debatimos aquí tres enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Galego y la Chunta Aragonesista. En aquellos momentos los intervinientes decían que el proyecto de ley intentaba perjudicar los intereses de los trabajadores, tanto en lo que se refiere a los procedimientos a seguir como a sus condiciones contractuales. Decíamos -y lo hemos demostrado a través de los debates parlamentarios- que por parte del Grupo Popular y sin duda por parte de los demás grupos parlamentarios estábamos dispuestos a llegar a todo tipo de entendimientos y consensos para que esta ley fuera viable y válida para todos, e insistimos una vez más en que esta ley no tiene ninguna carga ideológica, no es una ley de derechas ni de izquierdas, es una ley que queremos que sea válida para todos y a la vez deseamos que tenga una larga vida. A partir de aquellos momentos hemos analizados 645 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. Se han analizado una a una con todo cariño y muchas de ellas se han incorporado en los diversos trámites parlamentarios. Todavía quedan vivas varios cientos de ellas, pero hay que recordar que inicialmente había 645. En estos momentos anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar todas ellas, un gran bloque, porque en definitiva se pretende simplemente sustituir los enunciados de la ley que estamos aprobando pero no la mejoran en absoluto. Otro gran bloque intenta simplemente modificar la esencia de esta ley, por tanto también las vamos a rechazar, aunque estoy totalmente convencido de que en el trámite parlamentario posterior en el Senado el Grupo Popular aceptará gran parte de esas enmiendas. Por consiguiente, no voy a iniciar el debate de cada una de ellas, simplemente quiero anunciar que por parte de mi grupo parlamentario se rechazarán absolutamente todas en el bien entendido de que esas 645 enmiendas se han intentado introducir en el texto que hoy sometemos a votación, al que todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han anticipado su voto favorable.


Decíamos entonces que las leyes actuales, tanto la Ley de suspensión de pagos como las distintas que afectan a las quiebras, tenían graves problemas que esta ley ha intentado mejorar; problemas que el señor Ayala ya ha anticipado. Nosotros decíamos que el procedimiento actual se hacía larguísimo y que ello era un impedimento para poder reflotar o mantener viva una unidad económica y por ello los plazos que venían en el proyecto de ley se han reducido drásticamente. Consideramos que ha sido una gran ayuda para cumplir el objetivo fundamental de esta ley, cuya filosofía ha sido aceptada por todos los grupos parlamentarios y por todos los colectivos económicos y sociales, que es la pervivencia de la unidad económica. Con dicha pervivencia se mantienen los puestos de trabajo y los acreedores se verán menos perjudicados que si fuéramos a la estricta liquidación. Con ese objetivo se ha venido trabajando en la ley y con ese objetivo se ha venido consensuando, negociando y entablando todo tipo diálogo con todos los colectivos económicos y sociales. Las centrales sindicales más representativas, Comisiones Obreras y UGT, han dado su visto bueno a todas las modificaciones introducidas porque como decíamos y seguimos diciendo esta ley no pretende en absoluto perjudicar los intereses de los trabajadores. Decíamos también que con la actual ley nos encontrábamos con demasiados créditos privilegiados, había muchísimos, no solamente en la ley sino los que venían dotando de tal categoría las distintas jurisprudencias. Quiero volver a recordar aquí mi promesa, señor Sánchez, en el sentido de que estamos intentando, y el Ministerio de Justicia se ha comprometido a ello, que en el próximo trámite parlamentario en el Senado seamos capaces de incorporar al texto, porque estamos totalmente de acuerdo, la prelación de créditos. Creo que es una aportación importante que debemos llevar a cabo.


Hay otros aspectos que esta ley ha modificado de forma importante, por ejemplo, los créditos subordinados. Es cierto que existía la picaresca de que con muchos créditos subordinados, créditos vinculados especialmente, se estaban aprobando convenios que posteriormente se incumplían. Esta ley lo va a evitar porque esos créditos subordinados no van a tener posibilidad de votar el convenio y por tanto el convenio va a ser aprobado, si es que es aprobado, por créditos puros. Tenemos otro tipo de planteamientos que mejoran considerablemente la situación actual.
Decíamos que, en la actualidad, muchos convenios que se han aprobado con créditos vinculados o sin ellos en la práctica posteriormente se incumplían; y se incumplían porque las empresas solicitaban la suspensión de pagos cuando realmente era una quiebra, cuando realmente ya no tenían posibilidad de subsistir. Hoy, con la nueva

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ley y con las aportaciones de todos los grupos (especialmente Convergència i Unió y el Grupo Socialista) hemos establecido cuándo se puede declarar un concurso, cuándo se declara la insolvencia. También lo hemos reducido considerablemente. En principio en el proyecto se establecían seis meses para los incumplimientos de las obligaciones impositivas o de los pagos a los trabajadores y ahora se ha reducido a tres meses. Hay que recordar que esta ley tiene un aspecto importantísimo, y es que no solamente es un derecho del deudor sino que cualquier acreedor, una vez incumplidos los aspectos objetivos, también podrá solicitar el concurso.


El señor Rejón decía que en la solicitud de la declaración había que aportar un documento avalado por un auditor de cuentas. Considera el Grupo Parlamentario Popular -y personalmente así lo pienso- que eso no sería práctico por un doble motivo. Primero, porque sería un coste más al procedimiento y podría impedir que muchas empresas que intentasen solicitar el concurso no lo pudieran hacer por el desembolso que supondría una auditoría de cuentas. Además, como bien sabe usted, una auditoría de cuentas no se hace en poco tiempo, necesita que se envíen circulares a clientes y proveedores y sería totalmente inapropiado e inoportuno incluir este aspecto en la solicitud del concurso.


Señorías, termino mi intervención y quisiera que constase en el "Diario de Sesiones" el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular -en especial de sus ponentes- a todos los ponentes que han intervenido en los distintos debates a los que hemos dedicado muchísimas horas. Estos debates en los que han participado todos los ponentes, en mayor o menor medida en función de sus disponibilidades parlamentarias, han logrado -repito- una ley consensuada que será válida para todos. Quisiera también dar las gracias al Ministerio de Justicia encarnado en su ministro don José María Michavila y al subsecretario de Hacienda don Rafael Catalá; a su fabuloso equipo de asesores, sin cuya ayuda sería imposible llegar al consenso al que hemos llegado y también, por descontado -como se ha reconocido anteriormente y se le ha agradecido- al letrado de la Comisión, don Carlos Gutiérrez, por su abnegación y dedicación; a los demás ministerios, como el de Trabajo, el de Hacienda y el de Economía, por su flexibilidad que ha permitido de alguna manera llegar a un consenso en los créditos privilegiados; a los colegios profesionales de abogados, economistas, auditores-censores, gestores administrativos, graduados sociales, titulados mercantiles, etcétera, porque se ha logrado, señor Silva, que la Administración concursal sea aceptada por todos esos colectivos, lo cual no era nada fácil al principio; a los organismos e instituciones públicas y privadas que han colaborado con nuestra ponencia y, en definitiva, a una serie de colectivos -a los que nos referíamos anteriormente-, como organismos patronales y centrales sindicales, en especial Comisiones Obreras y UGT. A todos ellos quiero dar las gracias, también a los que han comparecido en la ponencia, cuya ayuda ha sido imprescindible, y cómo no al señor Olivencia, presidente de la Comisión de Codificación, por su colaboración, ayuda y comprensión que nos ha permitido hoy poder presentar un texto ya aprobado en la Comisión que sin duda, repito, tendrá el apoyo de todos ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mantilla

Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.


Sin ánimo de reabrir el debate, sino todo lo contrario, quisiera dar las gracias a todos y cada uno de los portavoces por el tono constructivo de su intervención, que ha estado a la altura de la calidad del debate que ha realizado la Cámara, para llegar a una ley tan consensuada y tan positiva para la sociedad. También quisiera dejar constancia en el "Diario de Sesiones" del agradecimiento singular a quien impulsó la ley, a la Comisión de Codificación, a su presidente Manuel Olivencia, como han recordado todos los portavoces. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Rumores.)

Señorías, ruego ocupen los escaños.


Vamos a iniciar las votaciones del dictamen de la Comisión del proyecto de ley concursal. En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, comenzando por las firmadas por el señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 10; en contra, 150; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, cuatro; en contra, 144; abstenciones, 124.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Aymerich, excepto las números 94 y 97, que han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, nueve; en contra, 148; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepto la número 101, que ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, cinco; en contra, 148; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 13; en contra, 146; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, excepto las números 48, 56, 62, 63, 64, 77, 81 y 83, que han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, nueve; en contra, 148; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 497 y 507, que han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 13; en contra, 149; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 107; en contra, 148; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo 26.3

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 160; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Resto del artículo 26 y artículo 31.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 261; en contra, uno; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos a continuación los artículos 1, 3 bis, 8, 9, 11.1, 12.2, 17.2, 18.1, 18.2, 18.4, 20.1, 20.3, 24, 39, 50.2, 50.3, 54.1, 54.4, 55.1, 55.2, 57, 58, 70, 71, 72.2, 72.3, 76.2, 91.1, 98, 102, 104, 109, 110, 112, 117, 119, 120 a 124, 130.1, 139.4, 172.2, 172.3, 181.4, 182, 184.1, 195.2, y 218.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 101.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Disposición adicional segunda, disposición transitoria primera, disposición derogatoria apartado 3.2.º, 3.º 5.º y 10.º, disposición final primera, disposición final segunda apartado 4.º, disposición final octava apartados 2.º y 3.º, disposición final décima apartado 2.º, disposición final decimocuarta, disposición final decimoquinta, disposiciones finales vigesimoprimera, vigesimosegunda y vigesimotercera, y vigesimocuarta, disposición final trigésima y trigesimoprimera y exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones 101.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 275.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Señorías, antes de continuar con la votación del siguiente dictamen de Comisión, quiero comunicar a la Cámara que se encuentran en la tribuna de invitados los integrantes del grupo de amistad hispanogriega, integrantes

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del Parlamento griego, a los cuales les hacemos llegar nuestro saludo.
(Aplausos.)

Iniciamos la votación del dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, nueve; en contra, 148; abstenciones 116.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, nueve; en contra, 147; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 14; en contra, 148; abstenciones 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 108; en contra, 146; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, artículo 1.º, apartado 1 tercera y apartado 2. Asimismo, artículo 2.º, apartados sexto y décimo; disposición transitoria y disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 173; en contra, uno; abstenciones, 101.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos a continuación el artículo 2.º, punto 3, párrafo tercero, y punto 5, apartado 4 del nuevo artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 262; en contra, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a continuación a votación de conjunto el texto por tener carácter de ley orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 275

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el requisito de votos mínimos exigidos. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD AÉREA. (Número de expediente 121/000128.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de seguridad aérea. Comunico a SS.SS. que este dictamen de Comisión se someterá a votación una vez finalizado el debate del mismo. (Rumores.)

Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible, al objeto de poder continuar con el debate.
(Pausa.)

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha mantenido vivas para este trámite de Pleno cuatro enmiendas, las números 62, 63, 66 y 67. Anuncio a los servicios de la Cámara que retiramos la enmienda número 66 y damos por defendidas las enmiendas 62 y 63 en los mismos términos que aparecen en su justificación, por tratarse de cuestiones técnicas y complementarias que incluso podrían ser reconsideradas en el trámite del Senado.


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La enmienda 67, señora presidenta, se presenta al artículo 5, referido a las competencias del Ministerio de Fomento en relación con los títulos.
El texto del proyecto dice: el otorgamiento de los títulos que habilitan a las personas y organizaciones civiles para la realización de actividades aeronáuticas civiles y el control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones en cada caso exigibles; nosotros añadimos a esto: así como la convalidación de títulos obtenidos en el extranjero. Si la ley atribuye al Ministerio de Fomento y a la Dirección General de Aviación Civil las competencias para extender el título de piloto o sobre otras cuestiones aeronáuticas, lo lógico y consecuente es que quien tiene capacidad de dar el título y la habilitación tenga el derecho de convalidarlo cuando el título de piloto es obtenido en un país tercero, sea un país miembro de la Unión Europea o sea un país de otro continente, o de otras organizaciones aeronáuticas. Este es el mismo caso que exponíamos en el trámite de ponencia (quiero agradecer aquí las facilidades que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular dio a este ponente para el buen entendimiento de las enmiendas) en relación con la Dirección General de Tráfico, que es el organismo habilitado para la concesión de los permisos de conducir y que tiene también la competencia para efectuar las convalidaciones.


El título de piloto no es un título de reconocimiento académico y parece absurdo que quien tiene la capacidad legal de dar el título no tenga la de su convalidación, y que quien tenga un título de estas características obtenido en un país tercero tenga que ir al Ministerio de Educación para que se lo convaliden, cuando no es competencia de ese ministerio.
Mantenemos esta enmienda porque nos parece de sentido común y creemos que es consecuente con las competencias del ministerio. Quien puede lo más, puede lo menos; si el Ministerio de Fomento tiene la competencia de la concesión del título, reconózcasele también la competencia de su convalidación.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el proyecto de ley de seguridad aérea que hoy acaba su trámite en el Congreso de los Diputados, después de haber pasado por Comisión, mantiene fundamentalmente el fondo con el que mi grupo ya dijo que no estaba de acuerdo en el debate de totalidad. Se han aceptado algunas de las enmiendas que desde mi grupo parlamentario se proponían, pero únicamente van a incidir en aspectos puramente accesorios del proyecto de ley. Exceptuando la enmienda relativa al desarrollo reglamentario que deben tener determinados aspectos para que las personas con minusvalía puedan hacer uso de la aviación civil y de los mecanismos de la aviación civil en condiciones de igualdad, que tiene una importancia mayor si cabe que el resto de las enmiendas que se han admitido a trámite por parte del Grupo Parlamentario Popular, las demás son meramente accesorias. El fondo de lo que era el proyecto de ley se mantiene tal cual se presentó aquí por el Ministerio de Fomento, con lo cual los elementos más negativos que este proyecto de ley tenía se mantienen. Señorías, se mantiene que no haya un programa nacional de seguridad para la aviación civil en buenas condiciones, con independencia de los añadidos que se hayan podido hacer, y se mantienen las deficiencias que a este respeto tenía el proyecto de ley ya desde sus inicios.


Voy a hacer hincapié en dos de los aspectos que nos parecen más relevantes. El artículo 4 es el máximo exponente de lo que puede generar la ambigüedad que tenemos en estos momentos en nuestro país, cuando hablamos del control de la circulación aérea. En principio el control del espacio aéreo y de la circulación aérea general -según el artículo 4 del texto del proyecto de ley- corresponderá a los Ministerios de Defensa y de Fomento. Señorías, hasta ahí no tenemos nada que objetar. La objeción por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida viene cuando se delimitan aquellas responsabilidades o los momentos en los que el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Defensa tienen esa responsabilidad. El artículo 4, en su apartado 4, nos lleva a la ambigüedad de decir que el Ministerio de Defensa ejercerá siempre el control de la circulación aérea operativa y en tiempos de conflicto armado el control de la circulación aérea general y en otros casos, cuando el presidente del Gobierno decida que esta competencia sea ejercida por el Ministerio de Defensa, por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen. ¿Cuáles? No entendemos esto.


Existe un segundo apartado en dicho artículo que dice que, cuando se den en situaciones de emergencia declaradas por el Ministerio de Defensa.
¿Cuáles son esas situaciones de emergencia que se pueden declarar por el Ministerio de Defensa? Si estamos hablando de tiempos de paz es en general y si hablamos de tiempos de guerra, estamos hablando de conflicto. Esto nos lleva a pensar que aquí lo que se pretende recoger es la situación ambigua que mantenemos en estos momentos porque ni estamos en paz ni estamos en guerra y no sabemos muy bien en qué condiciones estamos. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa debe tener -según el criterio que mantienen SS.SS. y el propio Gobierno- algún espacio que le permita actuar sin el conocimiento del Ministerio de Fomento, que es el que en tiempos de paz tiene la obligación de controlar y ordenar el espacio aéreo español. De ahí, señorías, que hayamos incluido una modificación en el artículo 4 donde hacemos desaparecer -y es lo importante de nuestra

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enmienda- esas competencias que se le atribuyen al Ministerio de Defensa tan ambiguas en circunstancias extraordinarias o en situaciones de emergencia, porque no sabemos muy bien ni quién las tiene que declarar ni en qué condiciones se han de declarar. Ese es uno de los aspectos negativos que tiene este proyecto de ley. Estamos hablando también de otros aspectos negativos que llevan a que este proyecto de ley no hable de seguridad en unos términos amplios, de la seguridad de los usuarios a la hora de utilizar la aviación civil, así como de otro tipo de seguridad -que es la que entienden ustedes permanentemente-, como es la del control de la ciudadanía y, sobre todo, una seguridad punitiva en cuanto a las acciones que se puedan cometer por parte de los operadores del sistema de aviación civil.


Ustedes hacen algo que a nosotros nos preocupa tremendamente, porque tanto en el artículo 25 como en la disposición adicional primera atribuyen una serie de funciones a los inspectores. Estamos hablando de la inspección que se tiene que hacer a los operadores del sistema y fundamentalmente al funcionamiento de las aeronaves. El artículo 25 habla de que las inspecciones aeronáuticas se realizarán por los funcionarios que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo en los órganos con competencias inspectoras de la Dirección General de Aviación Civil, con independencia de que se le puedan encomendar a otros funcionarios o empleados públicos. Si eso lo ligamos a la disposición adicional primera, en la que se incluye al personal militar de aviación para que pueda ejercer esas competencias de inspección, estamos haciendo un flaco servicio a lo que tendría que ser la inspección y el personal cualificado que tendría que llevarla a cabo.


Señorías, creo que no descubrimos nada nuevo al decir que el personal militar no tiene ni los criterios ni los conceptos que se utilizan en la aviación civil y que, por el mero hecho de que sea un militar de la aviación en la reserva, no se puede darle unas competencias que a lo único que puede conducir es a un enfrentamiento y a una mala operación por parte del personal afectado por estas inspecciones. Ustedes no sólo se conforman con eso, sino que además se va en detrimento del servicio que se tiene que prestar y de las inspecciones que se tienen que llevar a cabo cuando, en el artículo 26, hablan ustedes de las entidades y personal colaborador y nos proponen que esas inspecciones no sólo puedan llevarse a cabo por el personal de la Administración, funcionarios con determinada formación que puedan llevarla a cabo en buenas condiciones, sino que además hablan de las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Ustedes, al final, a lo que nos están remitiendo en este proyecto de ley es a que la inspección se pueda privatizar y creo que tenemos ejemplos de privatización en nuestro país, de inspecciones y de determinados servicios públicos, que dejan bastante que desear y que para lo único que han servido ha sido para suplir la carencia de medios que por parte de la Administración se tenía para llevar a cabo este servicio en buenas condiciones. Señorías, hay alternativas a esto. Hagan ustedes la inversión necesaria en medios personales y técnicos y en infraestructura para que la inspección dependa directamente de la Administración pública y no vayan a dejarla en manos privadas, que luego nos lleva a los problemas que ya todos conocemos en otros ámbitos.


En el artículo 27 hablan ustedes también de la privatización de los servicios de verificación y control del cumplimiento de las reglas técnicas y de la seguridad aplicable a la actividad del transporte aéreo.
Volvemos a insistir, con independencia de que parezca que estamos hablando en un desierto y que no nos escucha ni la arena. Creemos que las verificaciones y los controles del cumplimiento de las reglas técnicas no se puede hacer por parte de empresas privadas, entre otras cosas, porque pueden tener intereses -legítimos, pero intereses- que les lleven a que estas inspecciones y estas verificaciones y controles del cumplimiento de las reglas técnicas queden en un segundo plano, en detrimento de la calidad y de la seguridad, porque se realicen desde la óptica, legítima, de las empresas, buscando beneficios empresariales.


Los aspectos negativos de este proyecto de ley siguen patentes. Ustedes hablan no solamente de la inspección sino también de la investigación de los accidentes aéreos, sin crear un organismo que, siendo realmente independiente, venga a clarificar los hechos acontecidos. En realidad, lo hacen ustedes más bien de espaldas a lo que el resto de los países de la Unión Europea está haciendo hasta el momento en estos temas.


Desde mi grupo parlamentario mantenemos nuestra posición y mantendremos el voto que ya dimos en Comisión. Votaremos a favor de aquellos artículos que no tienen enmiendas. Aquellos artículos que tengan enmiendas -si no de mi grupo, de otros grupos parlamentarios- y se haya aceptado alguna, modificándose en parte, como lo que no se modifica es el fondo de este proyecto de ley, seguiremos votándolos en contra.


Se impone que desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Ministerio de Fomento se haga una reflexión de lo que realmente se quiere hacer con este proyecto de ley de seguridad aérea. Si se quiere llevar la seguridad al funcionamiento de la aviación civil de una manera clara y concluyente, la seguridad entendida en todos sus aspectos y no solamente en uno de ellos, con un control de la Administración pública, que además todos los agentes que participan en las operaciones de aviación civil puedan tener algo que decir y se habiliten los canales de comunicación para ello, señorías, o se quiere introducir con este proyecto de ley solamente un aspecto, el aspecto punitivo, que además va a tener problemas a la hora de aplicarlo porque a quienes les afecta son los primeros que están en contra de él.


Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo tiene para el debate en el Pleno de esta ley de seguridad aérea tres enmiendas vivas que todavía están en estudio con la Subsecretaría del ministerio para llegar a alguna transaccional, y que son las enmiendas números 123, 134 y 126. Para redactarlas, nuestro grupo ha tenido una concepción distinta de la de otros grupos que tienen una amplia intervención en toda la ley. Como posiblemente después escucharemos al señor Segura en una bien documentada intervención, como yo decía en la Comisión, veremos que es interesante la concepción que él tiene de la ley, pero nuestro grupo ha creído oportuno centrarse prácticamente en el título I. Tenemos una enmienda al título III, pero el resto de las pocas enmiendas que hemos presentado nosotros, que han sido aprobadas en su mayoría, está en el título I. Como he indicado, estamos en trámite de llegar a acuerdos transaccionales con estas enmiendas, pero por circunstancias -lo tengo que decir- de agenda, tanto del subsecretario como mías, que han impedido que coincidiéramos antes de hoy, tenemos previsto introducir las transacciones en el Senado. Las enmiendas que nos quedan vivas son de un calado quizá menor, pero son interesantes, y por eso vamos a insistir en que las podamos transaccionar.


La enmienda número 123 hace referencia a que respecto a los sistemas aeroportuarios hay competencias de las comunidades autónomas, por lo que se introduce la frase ya característica que dice: Sin perjuicio de las competencias que puedan tener las comunidades autónomas. Con la enmienda número 124 pretendemos elevar el rango de una disposición que dice que el director general de Aviación Civil actuará respecto a la aplicación de normas, y también queremos que esas normas se recojan en un rango de orden ministerial. Coincidimos en nuestra enmienda, además, con lo que recogía el informe del Consejo de Estado. No es difícil llegar a una transacción a este respecto, al igual que puede suceder con nuestra enmienda 126, en la que pedimos que el plazo de silencio administrativo, que tendrá un carácter desfavorable, se transforme en favorable y que además el carácter vinculante de un informe no tenga la característica que se fija en la ley.


Como pueden ver, señorías, hoy no dejamos aquí cerrada nuestra labor, pues nos falta concretar con el subsecretario, y espero que en pocos días lo hagamos para que en el trámite del Senado estas tres enmiendas, con la modificación transaccional, puedan ser aceptadas e incluidas en el texto definitivo de la ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVEL: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado en reiteradas ocasiones que la vigente Ley de Navegación Aérea del año 1960, redactada, elaborada y vertebrada mediante disposiciones posteriores, surgió de una época política profundamente diferenciada de la que hoy vivimos, es decir, es un ley de hace cuarenta y tres años. Pero no solamente por razones políticas, sino también por razones tecnológicas, de alta, nueva y moderna tecnología que se ha ido introduciendo en la navegación aérea, parece razonable que se hayan producido necesidades nuevas. Esas necesidades nuevas, sumadas a las de naturaleza jurídica que proceden de nuestra integración en organizaciones internacionales nuevas y en organizaciones de tipo político como la Unión Europea, justifican todos estos argumentos o justificaron que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presentara el 16 de diciembre del año 1996 una proposición no de ley en la que solicitábamos a las Cortes que se dirigiesen al Gobierno para que elaborase una ley que reemplazara a la de 1960. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamente, ocupa la presidencia.)

La realidad, señorías, es que muchos de los diputados que en estos momentos me honran prestando atención a estas palabras votaron a favor de aquella proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados. Esa aprobación se produjo el 28 de abril de 1998, y dieron su voto a favor el Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en aquel momento y también en la actualidad, el Grupo de CiU, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, votaron a favor los diputados que en aquel momento desempeñaban otras responsabilidades y votó a favor el actual ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en su condición de diputado del Grupo Parlamentario Popular.


La resolución que el Congreso de los Diputados aprobó fue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo máximo de un año remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de navegación aérea y aeropuertos del Estado que responda a la necesidad de adecuar nuestra legislación aeronáutica al marco actual comunitario y de organización de la navegación aérea y a la gestión aeroportuaria. Pues bien, este mandato político aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 28 de abril de 1998 se ha incumplido flagrantemente por el anterior y el actual Gobierno del Partido Popular. Tendrán que justificar en esta tribuna algún día las razones por las cuales ese mandato no se ha cumplido. Esa es la realidad de la aeronáutiva actual. Hoy, tal como cuando defendió este

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diputado la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista hace aproximadamente un mes, nos encontramos terminando la tramitación con dictamen de Comisión de una no microley, sino un capitulillo de lo que debe ser la nueva ley de navegación aérea o la nueva ley del transporte aéreo que regule tanta y tanta normativa vinculada al sector.


Señorías, nuestras enmiendas se encuentran enmarcadas en ese planteamiento, en ese deseo, en esa voluntad política, y con ellas hemos pretendido mejorar en lo posible los contenidos de una ley con la que no nos identificamos. No nos identificamos, en primer lugar, porque el proyecto de ley utiliza como pilares de su estrategia tres líneas directrices absolutamente erróneas, tres líneas directrices tal como se recoge en la disposición adicional primera, y por ello hemos presentado una enmienda, la número 117, que es de supresión. En la disposición adicional primera se establece que se pondrá en manos de oficiales del Ejército del Aire en la reserva la inspección aeronáutica, y nosotros, señorías, creemos que el uso de personal militar dentro del ámbito aeronáutico civil, conseguido, tal como dice la norma que se pretende aprobar, a través de un nombramiento por libre designación de oficiales en la reserva del Ejército del Aire sin experiencia ni titulaciones específicas, acreditaciones o conocimientos adecuados adquiridos en la aviación civil, es un error. Esta situación, señorías, supone una involución del proceso de transición que supuso la transición política en este sector de la antigua Subsecretaría de Aviación Civil, militarizada en aquella época, a la actual Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, y en contra de lo que recomiendan las organizaciones internacionales, y concretamente la OACI, para los organismos nacionales de aviación civil. Supone, desde nuestra perspectiva, que el Gobierno puede llegar a militarizar el control aéreo y al personal aeronáutico civil sin contemplar cuáles son los medios, los supuestos o condiciones que deben darse para adoptar estas medidas. De esta forma, señorías, creemos que el proyecto de ley nace muy limitado, dado que solamente hace referencia al aspecto militar y estrictamente fronterizo, no como sería de gran interés para cuestiones tan pertinentes como la regulación de los incidentes que podrán provocar en un futuro muy inmediato las políticas del cielo único europeo que viene impulsando la Comisión Europea y que a lo largo de los años próximos veremos vertebrarse en su plenitud, deseablemente.


El segundo gran error que contiene este proyecto de ley se vincula a la privatización de la inspección técnica aeronáutica. Por ello, señorías, nosotros hemos presentado la enmienda número 100 al artículo 26 y la enmienda número 118 a la disposición adicional cuarta, porque el contenido de la ley lleva a poner la inspección técnica aeronáutica en manos de empresas privadas a las que se les encomienden tales funciones, sin que se especifique ni qué requisitos serán exigibles a las mismas ni qué observancia tendrá el Estado sobre las labores oficiales delegadas a las empresas particulares. Señorías, esta consideración, desde nuestro punto de vista, es del todo inaceptable porque el concepto regulador y garante del equilibrio entre las demandas sociales y productivas de los actores del sistema del transporte aéreo en beneficio de la seguridad no se pone en manos de la entidad pública que se debería crear, tal como nosotros defendemos en la enmienda número 118. Se pone en manos de entidades privadas. Estimamos, señorías, que la seguridad aérea constituye un bien básico que no admite delegación en empresas privadas y que ha de ser ejecutada por la propia Administración, dado que los intereses mercantiles de las entidades privadas chocan en este ámbito potencialmente y son radicalmente incompatibles con los criterios de objetividad, imparcialidad e independencia que tienen que regir en todo acto administrativo y, en consecuencia, con la actividad de inspección y control del Estado en materia de aviación civil.


En tercer lugar, señorías, rechazamos este proyecto de ley en su globalidad porque supone la concesión de un poder sancionador omnímodo, omnipotente y desproporcionado, que residencia en la figura del director general de Aviación Civil, sobre todos los actores del sistema del transporte aéreo nacional. ¿Qué responsabilidad es la que asume un ministro a la hora de nombrar un director general de Aviación Civil en cuyas manos se ponen unos instrumentos sancionadores potentísimos? Este director general de Aviación Civil, con estos instrumentos, podrá ejecutar sanciones de muy diferente índole, que hemos enmendado en distintos artículos, en distintas enmiendas, señorías, pero que ejecutará en función de los informes que le proporcione una inspección técnica aeronáutica que estará en manos de las empresas constructoras que hoy en día ya anuncian que van a crear una línea de trabajo empresarial para poder acudir al nuevo nicho de negocio que se les ofrece.


Los tres grandes conceptos expuestos justifican lo que fue nuestra enmienda de devolución y las más de 50 enmiendas parciales, pero no quiero dejar de mencionar, señorías, que mi grupo parlamentario estima esencial la defensa del bien público que es la seguridad. Y no puedo tampoco dejar de recordar que, coherentemente, nosotros, tanto al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado y Ley de acompañamiento de 2002 como con anterioridad, hemos presentado iniciativas vinculadas a la seguridad aeroportuaria y hemos demandado un plan nacional de seguridad aeroportuaria y de aviación civil coherente con los planteamientos de la OACI, del anexo 17 de la misma, relativo al manual de seguridad para la protección de la aviación civil.


Consciente de la premura del tiempo, quiero no obstante poner de manifiesto, señorías, que el Grupo Parlamentario

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Socialista estima que con los contenidos de este proyecto de ley se violentan claramente normativas internacionales, a algunas de las cuales voy a hacer referencia: en primer lugar, los contenidos del anexo XIII de la OACI, en el que se determina cuáles serán las acciones punitivas contra el personal aeronáutico implicado en los incidentes y accidentes aéreos; en segundo lugar, violenta los contenidos de la normativa ESARR en lo que se refiere al proyecto de armonización y homogeneidad del entorno aeronáutico europeo promovido por la Conferencia Europea de Aviación Civil y gestionado por Eurocontrol; violenta siete apartados de la ESARR 1 y de la ESARR 7; violenta la filosofía y los contenidos de la ESARR 2, tal como recoge la OACI en el anexo XIII al que acabo de hacer referencia, y sorprendentemente es discrepante de los contenidos que recoge el proyecto de nueva directiva del Consejo Europeo no tramitada aún, pero cuya tramitación comenzará dentro de unos meses y en cuya ejecución tendrá que implicar, por supuesto, al Gobierno español.


Por último, señorías, defiendo una sola enmienda muy sensible para este diputado. La seguridad aeronáutica, en todos sus componentes, en tierra desde la perspectiva preventiva y en la navegación desde la perspectiva de la responsabilidad en el desplazamiento de una aeronave y de las ayudas a la navegación, se tiene que vincular con la formación aeronáutica.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Segura, vaya terminando.


El señor SEGURA CLAVELL: Le ruego treinta segundos, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Treinta segundos.


El señor SEGURA CLAVELL: Muy amable.


Hemos presentado la enmienda número 122, singularísima, y a la que este diputado quiere terminar su intervención haciendo referencia. Dice textualmente: En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborará un proyecto de ley de ordenación académica de las diferentes titulaciones de las profesiones que se ejercen actualmente en la aeronáutica civil y que carecen hasta el momento presente del reconocimiento académico oficial, que debería ser expedido por el Ministerio de Educación y con la perspectiva de su integración en el sistema educativo estatal, en el entendimiento de que la regulación competencial del ejercicio de las funciones a desempeñar por dichos titulados será fijada por el Ministerio de Fomento como responsable de la determinación de dichas funciones. Señorías, en el Estado español está hoy regulada desde la perspectiva de la formación profesional, desde la perspectiva académica, en el ejercicio de las funciones y de las competencias autónomas de las universidades que tienen titulaciones específicas propias; existe la titulación, por ejemplo, de ingeniería aeronáutica, la correspondiente de economía y gestión de empresas aeronáuticas, pero la formación profesional en este país desde jardinería a electricidad del automóvil, etcétera...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya porque ya rebasado los 30 segundos, además de haber transcurrido varios minutos más, como sabe muy bien su señoría. Le ruego termine, por favor.


El señor SEGURA CLAVELL: Si es tan amable, termino la frase.


No está regulada la formación profesional aeronáutica, no habrá en absoluto índices de calidad en la seguridad - the security, the safety, a las que tanto les gusta hacer referencia a los expertos- ni habrá garantías de seguridad si previamente no hay garantía en la calidad, en la formación y en la titulación. Por ello, señorías, rogamos al Grupo Parlamentario Popular que considere positivamente esta propuesta y la posibilidad de una enmienda transaccional a efectos de que pueda ser aprobada por unanimidad por la Cámara.


Nada más, señora presidenta, señorías. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, asistimos hoy con satisfacción al último trámite parlamentario antes de su envío al Senado del proyecto de ley de seguridad aérea. Es este un proyecto de ley importante ya que, como dice la exposición de motivos, la aviación civil y el transporte aéreo son el motor de la internalización de los intercambios de todo tipo, sean estos culturales, científicos o económicos. Es un proyecto de ley -y me atrevería a negar la mayor presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que es un capitulillo- que viene a modificar en parte la vieja, por antigüedad, Ley de Navegación Aérea de 1960 y con una doble finalidad: en primer lugar, reforzar la seguridad del tránsito y transporte aéreo y, en segundo lugar, incorporar toda la normativa internacional emanada de los organismos competentes en materia de aviación civil, como la OACI o el Eurocontrol. Es un proyecto de ley que da cumplimiento, por otra parte, a un compromiso electoral del Partido Popular, elevado a categoría de programa de legislatura por el ministro de Fomento en su primera comparecencia el 15 de junio de 2000, y también obedece al cumplimiento de una resolución plenaria como consecuencia de un debate sobre el estado de la Nación. El Partido Socialista se

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atreve a decir en esta Cámara que presentó una proposición no de ley el año 1996, después de estar 14 años gobernando y sin haber tomado ninguna medida legislativa en materia de seguridad y en materia de aviación civil. Esa incoherencia es imperdonable y es una verdadera tomadura de pelo, si me permite decirlo hoy aquí, como queriendo decir que este proyecto de ley de seguridad aérea viene a esta Cámara como consecuencia de aquella proposición no de ley. Estaba en el programa del Partido Popular, y así se presentó también a resolución plenaria en un debate sobre el estado de la Nación por el Partido Popular.


El proyecto de ley que nos ocupa se ha enriquecido en su tramitación parlamentaria, por lo que hay que estar plenamente satisfecho. Después de pasar por ponencia y Comisión, vuelve a este plenario su articulado con la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular de haber aceptado numerosas enmiendas. Sin ánimo de agotar la cuestión, se han aceptado el 20 por ciento de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, alrededor del 50 por ciento de las presentadas por Coalición Canaria, alrededor del 70 por ciento de las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como un 20 por ciento de las que nos ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Socialista. Y, por supuesto, se han incorporado al texto todas las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Es un proyecto de ley de desarrollo constitucional y de las competencias que el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye al Estado con carácter exclusivo, esto es, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico, matriculación de aeronaves, etcétera. El Ministerio de Fomento queda configurado en este proyecto de ley como el organismo regulador, al tiempo que tiene las potestades inherentes al control, supervisión y, en su caso, sanción de aquellas conductas que contravengan las normas dictadas por el regulador. Sólo en los casos previstos en la ley y de forma genérica para la defensa y vigilancia del espacio aéreo de soberanía nacional tendrá el Ministerio de Defensa competencia, que coordinará, a pesar de ello, con el regulador civil a través de una comisión interministerial creada en el artículo 6. Se crea asimismo un consejo asesor de aviación civil como órgano de asesoramiento y consulta en esta materia. Estará integrado por departamentos ministeriales que puedan incidir con sus competencias en la aviación civil, los colegios y asociaciones profesionales, las organizaciones sindicales, la patronal de compañías aéreas, etcétera. Este consejo va a informar todas las normas que sobre aviación civil puedan proponerse en un futuro, así como en todas aquellas ocasiones que estime necesario. El funcionamiento de este consejo se deslegaliza y se remite a la vía reglamentaria para su futura regulación.


Este es un proyecto de ley que regula la investigación de los accidentes e incidentes desde la independencia funcional consagrada en su artículo 13, es decir, que la visión es absolutamente contraria a la que tienen tanto el Grupo Socialista como el de Izquierda Unida, porque esa independencia deriva de que los miembros que componen esta comisión de investigación son inamovibles, y esa inamovilidad sólo puede ser quebrada en supuestos excepcionales, contemplados expresamente en la ley, como son la propia renuncia del titular, así como aquellos que han sido condenados por delito doloso, etcétera.


El título III de este proyecto de ley regula minuciosamente la inspección aeronáutica, centrada en la vigilancia y control de las normas de aviación civil, cuyo contenido está regulado en el artículo 22, que se refiere a la seguridad operacional, transporte aéreo, navegación aérea y aeropuertos, y cuyo ejercicio se adecuará a planes inspectores aprobados por orden del señor ministro de Fomento. El proyecto de ley establece por primera vez, creo yo, los derechos y obligaciones que por razones de seguridad afectan al personal aeronáutico, a los operadores aéreos, a las compañías y a las empresas de trabajos aéreos, así como a los proveedores civiles de servicios de navegación aérea. Por tanto, es un catálogo en el que se establecen claramente las reglas del juego de todos los que intervienen en el proceso.


Por último, se regula en el título V de la ley el régimen de infracciones y sanciones, sometido a un escrupuloso principio de legalidad, así como también se establece cuál puede ser su procedimiento. En este sentido no queda nada al arbitrio ni a la libre voluntad del regulador, sino que queda todo perfectamente tipificado en la ley. Eso hace que nuestro grupo parlamentario entienda que es un gran proyecto de ley que no deja lugar a vacíos legislativos y que responsabiliza no sólo al regulador, sino también a todos los que intervienen en los procesos de aviación y de transporte aéreos, señalándoles de forma clara sus obligaciones. Por otro lado -y voy terminando, señora presidenta-, tiene el objetivo de hacer más segura la aviación civil y hacer más seguro el transporte aéreo. En definitiva, moderniza, desde el punto de vista legal, un sector que siempre -y digo siempre- ha sido -y con ello termino- la cabeza del progreso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López-Amor. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación del dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de seguridad aérea. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepto la número 66, que ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, dos; en contra, 145; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 106; en contra, 144; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 10; en contra, 146; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 106; en contra, 144; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos los artículos 6, 7, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 53, 54, 55, 57, 58, 60 y 61 a 66, así como las disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta y séptima nueva, y disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 260; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos la disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 156; en contra, 102; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos la disposición adicional cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 158; en contra, 100; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 155; en contra, 101; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PRISIÓN PROVISIONAL. (Número de expediente 121/000130.)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas. Comunico a SS.SS. que la votación de las enmiendas de totalidad se producirá al finalizar el debate, pero no antes de las cuatro de la tarde. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que los que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio.


Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.


Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Justicia. (Rumores.)

Un momento, señor ministro. (Pausa.)

Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna para presentar un texto de ley sin duda importante en un régimen de libertades, en un régimen democrático, como el que afortunadamente tenemos los españoles desde hace 25 años. Se trata de que el régimen de privación de libertad de una persona imputada por un delito sea un régimen sujeto plenamente a los principios y garantías de nuestra Constitución. Con este proyecto de ley ingresa en el marco de derechos y libertades de nuestra Constitución, en el marco de los principios constitucionales, un instituto tan importante como el de la prisión provisional. Hemos tardado 25 años de democracia en democratizar la prisión provisional. En efecto, como bien dice el propio texto alternativo que presenta el Grupo Socialista,

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estamos ahora modificando un régimen de prisión provisional que es de 1882. Repito la fecha, 1882. Es decir, desde finales del siglo XIX tenemos todavía vigente, después de que la Constitución lleva en vigor 25 años, un texto de prisión provisional que no se adecua, señorías, a los principios que establece la Constitución, a las garantías que la Constitución da al acusado, ni a los derechos que a las víctimas otorga nuestra Constitución. En consecuencia, se trata de un proyecto de ley para incorporar, para insertar la prisión provisional en el marco de la Constitución, atendiendo a los principios constitucionales que garantizan a cualquier acusado que no se le priva de libertad por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier causa; atendiendo a que la privación de libertad está sujeta a criterios constitucionales bien determinados, bien precisos, circunstanciados claramente con arreglo al principio de legalidad, que es también otro de los criterios que exige nuestra Constitución.


Señorías, se trata de una reforma obligada por los principios constitucionales, obligada por la ley y obligada por el pacto de Estado.
Obligada por la ley, porque ha sido la Ley de juicios rápidos, la Ley 38/2002, que se aprobó en esta Cámara sin ningún voto en contra el 23 de octubre del año pasado, la que dijo que en seis meses el Gobierno remitiría a la Cámara el nuevo proyecto de prisión provisional. Obligado por ley y obligado también por el pacto. En el pacto de Estado suscrito entre el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista, y al que se han adherido todos los grupos parlamentarios, se convino en el punto número 17 en la necesidad de incorporar de una vez la prisión provisional a los criterios constitucionales, a los principios constitucionales.
Siendo obligada por ley, obligada por pacto, también era obligada porque es necesario que nuestra prisión provisional responda a esos derechos, a esos principios de la Constitución. Se trata, señorías, de humanizar un instrumento necesario en una democracia y en un ordenamiento jurídico, un instrumento imprescindible, pero también restrictivo de los derechos y libertades del acusado. La norma, el proyecto de ley que hoy presento ante SS.SS., hace exactamente eso, incorporar los principios de nuestra Constitución vigentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la del Tribunal Constitucional, reiterados desde hace 25 años, en que se aprobó la Constitución, y que sin embargo no han sido actualizados.


Bien señala el texto alternativo del Grupo Socialista que ahora modernizamos un modelo cautelar vigente desde 1882 y reformado muchas veces de manera parcial. Pues bien, en todas esas reformas parciales no se abordó una reforma global que permitiera insertar en nuestro marco constitucional esta esencial institución. No se ha hecho hasta este momento, sino que se han llevado a cabo reformas parciales. Quiero recordar que la prisión provisional se reformó parcialmente en el año 1983 y que no se aprovechó para hacer una institución de prisión provisional acorde con nuestra Constitución. Quiero recordar que la prisión provisional se reformó en el año 1984 y que no se aprovechó la ocasión para incorporar nuestra prisión provisional al marco constitucional. Quiero recordar que la prisión provisional se modificó en el año 1988 y que no se aprovechó para insertar nuestra prisión provisional en el marco constitucional. Y finalmente quiero recordar, señorías, que la prisión provisional se reformó en el año 1995 y que no se aprovechó para incorporar nuestra prisión provisional en el marco de la Constitución. Hoy, señorías, en el marco de un trabajo consensuado y del pacto de Estado, todos queremos -lo desea el Gobierno y espero contar con el máximo consenso de esta Cámara y de los grupos parlamentarios- insertar de una vez por todas nuestra prisión provisional en el marco constitucional. Tenemos un modelo que, bien dice la exposición de motivos del texto alternativo del Grupo Socialista, es arcaico y ajeno a los principios constitucionales. Bien lo dice, señorías, y por eso era necesario afrontar esta reforma para incorporar los principios constitucionales. Ese es exactamente el objetivo del texto que hoy trae el Gobierno a la Cámara, un texto que incorpora todos los principios del Tribunal Constitucional.


Se procede, señorías, a hacer la tan necesaria reforma global de nuestra prisión provisional y en consecuencia a hacer una actualización de los principios constitucionales del capítulo 3 del título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente, señorías, quiero recordar, desde 1882, modificado muchas veces y todavía no constitucionalizado, es decir, que nuestra prisión provisional moderniza el artículo 502 y siguientes de dicha ley. En consecuencia, se incorporan los principios constitucionales, siendo el primero el de la excepcionalidad. La prisión provisional, a partir de que se apruebe esta ley, no será aplicable a cualquier sospechoso. No es posible que la limitación del derecho fundamental de la libertad se aplique con carácter general y con un criterio común. Es sólo el criterio de excepcionalidad el que debe presidir que un juez determine la privación con carácter provisional de la libertad de una persona acusada o sujeto imputado de un posible delito. Es decir, el principio de excepcionalidad, a partir de que se apruebe este texto legal, va a presidir la institución de la prisión provisional.


En segundo lugar, se incorpora un principio esencial hasta ahora no presente en el texto vigente, el principio de proporcionalidad. La privación cautelar de la libertad, la privación a la espera de juicio de la libertad de un ciudadano acusado, imputado o sospechoso debe ser proporcional. No lo establece hoy nuestro vigente texto legal, no lo estableció la reforma de 1983, no lo hizo la reforma de 1984, no lo hizo la reforma de 1988 y tampoco lo hizo la reforma de 1995, lo hace ahora esta reforma, en el marco del pacto de Estado.


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En tercer lugar, se suprime el automatismo. No hay nada más injusto que el automatismo en la privación de un derecho tan esencial como es el de la libertad. Es esencial suprimir ese automatismo ahora vigente en nuestro texto, no suprimido en las reformas anteriores, porque así lo exige el Tribunal Constitucional y es uno de los motivos por los que el propio Tribunal Constitucional se plantea en este momento la autocuestión de constitucionalidad 47/2000, que cuestiona los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


En cuarto término, se incorpora un principio esencial, el de la motivación. La motivación de las resoluciones judiciales es un principio democrático y constitucional esencial que no estaba presente ni exigido por nuestro ordenamiento jurídico vigente en una decisión tan trascendente como es la de privar de libertad a un sospechoso, a un acusado, a un imputado. Ahora se incorpora ese principio que, de una parte, supone razonar los motivos y la adecuación del instituto y de la medida a la Constitución y, de otra parte, adecuarla a una decisión individualizada, humana, adecuada al caso concreto, a las circunstancias concretas; es decir, no cabe, en términos de privación de libertad, aplicar un rasero objetivo que cae de manera implacable sobre cualquier ciudadano, sino que es necesario suprimir la automaticidad, motivar e individualizar cuándo se aplica y cuándo no la prisión provisional.


En quinto término, se establecen los fines constitucionales para la prisión provisional. Hoy tenemos un concepto que se estableció en 1882 -para entonces podía ser válido-, el de la alarma social. La alarma social es el criterio por el que se establece la privación de libertad de un ciudadano. Resulta paradójico que, en el año 2003, la alarma social, el concepto tan arcaico y tan vetusto de hace 130 años, siga todavía vigente. Por eso se suprime ese arcaico concepto y se sustituye por la necesidad de que la aplicación de la prisión provisional responda a los fines que taxativamente establece nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha centrado, ha acrisolado los fines en tres ejes: el riesgo de fuga, la posibilidad de que se oculten elementos probatorios y la reiteración en la comisión de delitos. Esos son los tres fines constitucionales, los tres fines que sólo en el marco de los derechos y libertades que nuestra democracia nos otorga en el seno de la Constitución permiten privar a un ciudadano del derecho a la libertad cuando es sospechoso, acusado o imputado por un delito. Esos fines son los que ahora se establecen en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, y son conceptos y criterios jurídicos que van a vincular de manera clara y precisa al juez, y que son una garantía para las libertades de todos los ciudadanos, incluso de aquellos sospechosos o acusados de cometer un delito.


En definitiva, señorías, lo que hace el proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno a la Cámara es incorporar a nuestra Constitución el principio, la institución de la prisión provisional, regulada en el año 1882 y a la que todavía no habían llegado en su plenitud los principios y garantías de la democracia, y lo hace incorporando esos principios y garantías a favor del acusado. El acusado tiene todos los derechos, que son parte del patrimonio ético esencial de nuestros 25 años de democracia, garantizados mediante el principio de legalidad, garantizados mediante el principio de in dubio pro reo y garantizados también mediante el principio de presunción de inocencia. Ahora bien, todos esos principios, que quedan plenamente consagrados en este proyecto de ley, que quedan plenamente garantizados por primera vez en nuestra historia democrática en un texto legal que de manera global incorpora la prisión provisional a la Constitución, también son principios que recogen algo que es esencial en una democracia, y es que la democracia debe también proteger a las víctimas del delincuente, debe de proteger al agredido del agresor, debe de proteger el patrimonio, los derechos y las libertades de la inmensa mayoría frente a quienes, cometiendo delitos, vulneran e infringen los derechos y libertades de los ciudadanos. Por eso en todas las democracias existe el instrumento de la prisión provisional.


El régimen que hoy presenta el Gobierno es un régimen de prisión provisional que, estableciendo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, superación del automatismo, motivación, individualización, adecuación a los fines constitucionales, sólo se aplica a quien merezca que el ordenamiento jurídico y la democracia le aplique ese principio. Es decir, se establecen límites muy tasados y muy claros frente a la ambigüedad actual, frente a la generalidad actual, frente a la inconstitucionalidad del modelo actual. Se protegen los derechos del acusado y los derechos de la víctima. No tiene ningún sentido en nuestro ordenamiento jurídico una medida cautelar, no una medida sancionadora como pretenden algunos. En ningún caso la prisión provisional puede ser una medida sancionadora. Es tan sólo una medida cautelar, una medida garantista, una medida que garantiza la acción eficaz de la justicia y una medida que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos. Así lo entiende el proyecto de ley y así lo entiende, señorías, el Tribunal Constitucional. Garantizar la acción de la justicia para evitar la evasión del acusado, garantizar la acción de la justicia para evitar la destrucción de pruebas, garantizar los derechos de las víctimas, las libertades de los ciudadanos, evitando la reiteración de los delitos. No tiene ningún sentido que a la hora de adoptar una medida tan esencial el juez no tenga en cuenta la posibilidad de que determinando

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la prisión provisional se esté evitando la comisión de nuevos delitos, se estén garantizando los derechos y libertades de ciudadanos que pueden ser agredidos. Cuando en una convivencia democrática hay quien rompe las reglas del juego y decide ser de manera habitual y sistemática un delincuente o decide de manera organizada ser un criminal mediante sofisticados sistemas de organización, es evidente que la medida cautelar debe jugar con otro criterio distinto del de aquel ciudadano que de manera esporádica, ocasional, una vez en su vida, pudiera cometer una infracción penal, sea una falta o sea un delito.


Señorías, la humanización y constitucionalización que esta ley hace de la prisión provisional va unida a otro hecho esencial. En este momento, en nuestras cárceles hay un 22 por ciento de población reclusa a la espera de juicio. Esa es una situación, en esos niveles, en muchas ocasiones degradante y a veces inhumana. Se trata de reducir el número de población penitenciaria a la espera de juicio, y ese es otro de los objetivos de las reformas que estamos impulsando. Precisamente la puesta en marcha próximamente de los juicios rápidos va a permitir que muchas personas que están en prisión y a la espera de juicio sepan si han de estar o no, si son o no condenadas. Ese es otro de los objetivos esenciales que complementa esta actuación de la justicia.


Igualmente, señorías, la reforma incorpora otros principios absolutamente constitucionales, democratizadores de la prisión provisional. Por ejemplo, la incorporación de la audiencia, en todo caso y en toda condición, del derecho presente de defensa o la agilización de los recursos que puedan plantearse en relación con las decisiones judiciales relativas a la prisión provisional. Es evidente que un tema que atañe a derecho fundamental tan esencial como la libertad debe tramitarse con toda celeridad en nuestros tribunales, y por eso se incorpora el principio de preferencia en la tramitación de los recursos en esta materia. En consecuencia, señorías, presentamos a la Cámara un texto que -insisto- incorpora los principios constitucionales e inserta de una vez, después de veinticinco años de democracia, en el seno de nuestra Constitución y en las reglas democráticas constitucionales la prisión provisional.


Señorías, este texto era necesario -lo he dicho antes-, porque lo exige la ley, porque lo exige la Constitución y también porque se enmarca en el pacto de Estado. El 22 de noviembre del año 2001, decidimos todos por unanimidad -y quiero recordarlo, señorías- constituir una comisión que modificara la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se pactó incluso quiénes serían los ponentes. Por primera vez, algo sin precedentes en la historia de nuestro sistema parlamentario y en la forma de hacer iniciativas legislativas, se encargó a una comisión de todas las sensibilidades, consensuada al cien por cien en sus miembros, la redacción de un anteproyecto para reformar la prisión provisional. Quiero agradecer el trabajo que realizaron Ignacio Díez-Picazo, Vicente Gimeno Sendra, Víctor Moreno Catena y Teresa Armenta para proponer el anteproyecto de ley que incorpore la prisión provisional definitivamente al marco de derechos de la Constitución. Ese texto sirvió de base para trabajar con los grupos parlamentarios. El 8 de enero de este mismo año repartí en la comisión de seguimiento del pacto de Estado ese texto a todos los grupos parlamentarios para recibir aportaciones y sugerencias y trabajar como lo veníamos haciendo, desde el diálogo y desde el consenso, en la convicción de que las reformas de justicia hechas unilateralmente son reformas mal abordadas y de que las reformas hechas desde la mayoría absoluta, pero también desde la convicción de que cada uno puede renunciar a sus criterios para abordar posiciones comunes, son las que más benefician a los ciudadanos. En esa línea venimos trabajando, impulsando cerca de trece textos legales de modernización de nuestra justicia, tanto en sus procedimientos como en su régimen de trabajo o como en la organización y diseño de cada una de las profesiones que trabajan al servicio de los ciudadanos en la Administración de justicia. En ese clima de diálogo y de consenso hemos trabajado y vamos a seguir trabajando.


Señorías, el 8 de enero de 2003 repartí ese texto a los grupos parlamentarios y esperé sus sugerencias. Hoy recibo esas sugerencias, algunas de ellas en forma de enmiendas a la totalidad y otras en forma de texto alternativo. Quiero agradecer a SS.SS., sobre todo a quienes han elaborado el texto alternativo, el esfuerzo de las sugerencias -puesto que creo que eso son y no un texto alternativo en términos literales- que han hecho para mejorar el texto que hoy ofrezco a la Cámara. Señorías, el 8 de enero trasladé un texto fruto de una comisión pactada -bien es cierto que entre el Gobierno y el Partido Socialista- en su composición, a la que el resto de los grupos dieron credibilidad. Ese es el texto que sirve de base al proyecto que hoy presento.


Una vez agradecidas esas sugerencias y esas aportaciones quiero hacer también una llamada al entendimiento, al diálogo y al acuerdo. Quiero hacérsela a todos los grupos parlamentarios, expresando primero mi agradecimiento a algunos que ya han manifestado que van a votar en contra de las enmiendas de totalidad, como Convergència i Unió y Coalición Canaria, que se han mantenido en el espíritu de consenso del pacto y del acuerdo, aunque haya muchos temas y muchos matices de los que podamos hablar. Para eso está precisamente el trámite parlamentario que espero hoy inicie esta ley.


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Señorías, dos no discuten si uno no quiere. Yo, desde luego, no quiero discutir, con lo cual no lo voy a hacer con el principal partido de la oposición en relación con la necesidad de impulsar una reforma que incorpore a nuestra Constitución la prisión provisional. Ahora bien, también es cierto que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere, y a veces uno tiene la impresión de que, por lo que sea, el Grupo Parlamentario Socialista se ha visto obligado a presentar una enmienda a la totalidad en la que afortunadamente no cree con todas sus consecuencias. Estoy convencido de que si el Grupo Parlamentario Socialista supiera que esa enmienda a la totalidad con texto alternativo iba a prosperar hoy en la Cámara no la hubiera presentado. No lo digo, señorías, con ironía sino que creo que es una realidad. Cuando presenté el texto el 8 de enero el Grupo Parlamentario Socialista, que había pactado quiénes eran los que iban a redactar ese texto que yo trasladé al resto de los grupos, se desentendió del mecanismo de diálogo y de consenso. Bien es cierto que fue un desentendimiento ocasional que le duró poco tiempo, porque ese día repartió una proposición no de ley regulando la prisión provisional en términos bien distintos del texto que había elaborado la comisión especial de codificación a la que por unanimidad y por acuerdo le habíamos encargado este texto.
Afortunadamente el Grupo Socialista enmienda aquel texto con su propia enmienda a la totalidad y texto alternativo. Hoy el Grupo Socialista presenta un texto alternativo a su propia proposición no de ley y eso me alegra extraordinariamente puesto que abandona un viejo texto, una vieja proposición no de ley que verdaderamente, si hubiera prosperado, estoy seguro que el propio Grupo Socialista no hubiera llegado a votarla, ni siquiera quienes la quisieron presentar en el registro de la Cámara.


Señorías, con relación a los textos alternativos quiero dejar claro que tengo la esperanza y la convicción de que hoy van a ser rechazados en la Cámara y también quiero ofrecer la mano tendida para el diálogo, para el trabajo de consenso y de acuerdo en esta Cámara. Señorías, hoy hemos aprobado por unanimidad y sin ningún voto en contra un texto importante: la nueva ley concursal. Hace unos meses, el 17 de octubre, subí a esta tribuna para defender ese texto frente a algunas enmiendas a la totalidad. Espero que ese mismo recorrido lo pueda hacer la ley que hoy presento a la Cámara, en todo caso, señorías, junto con la vocación y la voluntad de consenso. Quiero decir que tenemos la voluntad de impulso político para que nuestra prisión provisional deje de ser un instituto ajeno al margen a la Constitución, contrario a los principios constitucionales y contrario a derechos esenciales de los ciudadanos en una democracia tan sólida como es la democracia española. Por eso, desde el consenso, quiero también agradecer al Grupo Socialista que haya abandonado la proposición no de ley que presentó y que en el texto alternativo lo que haga realmente es coincidir prácticamente con el proyecto de ley que hoy presento a la Cámara. Hoy existen elementos de coincidencia más que suficientes para abordar una postura de consenso.
Son tantos los mimetismos, las simetrías y las similitudes que el texto alternativo del Grupo Socialista presenta al proyecto de ley que incluso cuando cita algún artículo, como el 523, se está refiriendo a la numeracióm del articulado del proyecto del Gobierno y no a la del propio texto alternativo del Grupo Socialista. Agradezco ese afán por abandonar aquel proyecto y por copiar el proyecto del Gobierno. Quizás esa táctica o esa estrategia de tener que mantenerla y no enmendarla ha llevado al Grupo Socialista a hacer estas aportaciones, algunas de las cuales pueden ser tenidas en consideración, y no en cambio a presentar lo que hubiera sido de verdad una enmienda a la totalidad con texto verdaderamente alternativo, es decir, divergente y absolutamente separado de lo que se establece. Agradezco que se abandone la proposición no de ley del Grupo Socialista de hace tan sólo dos meses, que establecía tan sólo un año como criterio general para decretar la prisión provisional. Asimismo agradezco que se venga al texto del proyecto del Gobierno, que establece la pena mínima de dos años para la posibilidad de prisión provisional.
También agradezco que se abandone el hecho de no mencionar los principios y fines constitucionales, que no se mencionaban en el texto de 8 de enero, y que se recojan ahora miméticamente de manera análoga al propio proyecto de ley. Asimismo el texto de enero no mencionaba para nada la protección de las víctimas o de los testigos y me satisface que establezcan en términos miméticos con el proyecto del Gobierno la protección de las víctimas, especialmente de las víctimas de violencia doméstica. También agradezco extraordinariamente que el Grupo Socialista abandone su proposición no de ley de hace tan sólo dos meses y ahora en el texto alternativo se venga al texto del Gobierno. Hace tan sólo dos meses proponía que la privación de libertad pudiera durar con carácter general hasta cuatro años, sin establecer criterios individualizados ni distinción de penas menos graves o más graves. Ahora se establece exactamente el mismo plazo de un año para los delitos menos graves y de dos para los más graves. El texto vigente supone un avance importante en la proporcionalidad, puesto que para los delitos menos graves saben ustedes que se reduce la posibilidad de prórroga hasta seis meses.


Tengo la convicción de que el Grupo Socialista corregirá algunos defectos técnicos de la propuesta que hoy hace. En concreto, seguro que ese defecto ha pasado inadvertido, pero me parecería muy grave que la

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detención provisional se pretendiera hacer de manera incomunicada hasta ocho días. Me parecería extraordinariamente grave que respecto a una detención provisional que hoy tiene el límite máximo en cinco días se pretendiera regresar a tiempos anteriores y hacerla hasta ocho días. Creo que al confundir el instituto de la detención provisional y de la prisión provisional, señorías, el texto alternativo del Grupo Socialista deja en mucha peor condición lo que creo no era la intencionalidad del texto que se presenta.


Señorías, yo tengo la convicción de que todas las opiniones y todas las propuestas son dignas de estudio y de análisis. Por eso tengo la convicción de que cuando se presenta un texto hecho desde el respeto a la Constitución, hecho no desde el gabinete de un ministerio sino desde la experiencia y la profesionalidad de expertos de todas las sensibilidades, que llevan muchos años trabajando en este ámbito y que han tenido el acierto y el esfuerzo de ponerse de acuerdo para modernizar y constitucionalizar una institución, señorías, todos esos esfuerzos no van a ser baldíos y que va a ser posible trabajar en esta Cámara desde el diálogo, desde el entendimiento, construyendo posiciones comunes y al final abordando un texto en el que, lógicamente, quedarán discrepancias y matices, pero en el que podamos ponernos de acuerdo, al menos la inmensa mayoría de la Cámara, sobre los ejes esenciales. Creo, señorías, que es muy importante hacerlo porque estamos hablando de un instituto esencial para la democracia, pero también, señorías, creo que hay que trabajar con cierto rigor.


No me parece riguroso, señorías, que, por ejemplo, se pretenda hacer mensajes públicos de que la habitualidad es algo que no debe considerarse para definir una situación de prisión provisional y, sin embargo, podamos hacer unas excepciones, en unos casos sí y en otros no. Me congratula extraordinariamente que el Grupo Socialista en su texto alternativo considere que la prisión provisional debe evitar que, en el caso de violencia doméstica, la víctima siga siendo agredida por el agresor y que no ingrese en prisión provisional. Me congratula que acepten, incluso para las faltas, el instituto de la prisión provisional cuando existe la habitualidad y la reincidencia. Ahora bien, no entiendo por qué hay que hacer de peor condición al menor que es objeto sistemático, reiterado y habitual de abusos sexuales; no entiendo por qué hay que hacer de peor condición a aquellas otras personas que pueden ser objeto sistemático y reiterado de vulneración de sus derechos y libertades; no entiendo por qué, señorías, ese instituto, que el Tribunal Constitucional garantiza y tiene en cuenta dentro de los tres únicos fines constitucionales, no puede extenderse al resto de las figuras, como lo prevé por otro lado esta ley.


En definitiva, señorías, yo creo que siendo muy claro el texto hay también una cuestión que es digna de ser considerada y la acepto plenamente. Yo tengo mucho respeto por todas las opiniones, por las de la mayoría y por las de la minoría. Señorías, entre el 8 de enero, en que se repartió la proposición no de ley del Grupo Socialista, y el 2 de abril, en que se presenta el texto alternativo, ocurre una cosa que entiendo perfectamente: hay un voto particular minoritario en el Consejo General del Poder Judicial y a ese voto particular minoritario en buena medida responde el texto del Grupo Socialista. Lo entiendo y lo acepto. Ahora bien, creo que en democracia, siendo respetuosos no sólo con las minorías, sino incluso con cada individuo aunque se represente sólo a sí mismo, hay que ser más respetuosos con las mayorías que con las minorías, y eso es lo que hace el proyecto de ley que presento hoy a la Cámara, que es respetuoso con el sentir mayoritario del informe del Consejo General del Poder Judicial, con el sentido mayoritario de un informe que avala en su integridad el texto que hoy traigo a la Cámara. Pero no sólo soy más respetuoso con la mayoría, sino también con la parte mayoritaria de la minoría; es decir, incluso esa minoría, incluso ese voto particular que se pretende sea el origen del texto alternativo de algunas de SS.SS., en su inmensa mayoría considera muy positivo el texto que hoy se presenta a la Cámara, en su inmensa mayoría considera positiva la limitación del tiempo de duración de la prisión provisional que el anteproyecto establece, que cumple -dice literalmente el voto particular- por fin el mandato del artículo 17.4 de la Constitución. Opina también esa minoría favorablemente con respecto a la simplificación y agilización del trámite y acepta la regulación del procedimiento que vaya a seguirse para la adopción de esta medida y establece y señala claramente que todos estos pasos son plenamente acordes con los principios constitucionales, por fin. Valora positivamente la redacción del 502, párrafo dos, que indica la conveniencia de incorporar definitivamente al ordenamiento jurídico otras medidas cautelares alternativas o complementarias ya previstas en el derecho comparado, como hace precisamente esta ley, para que la única alternativa no sea la privación de libertad, para que haya medidas distintas y gradualizadas y se incorpore el principio constitucional de proporcionalidad. Valora también positivamente que se incorporen los fines previstos para la prisión provisional. Resalta el voto particular que el artículo 503.1.3.º del proyecto recoge correctamente la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El voto particular considera positivo que se haga desaparecer cualquier referencia al arcaico principio de alarma social y estima acertada la regulación que establece la obligatoriedad de notificar el auto

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a los ofendidos o perjudicados. El voto particular estima también oportuno el sistema de recursos. El voto particular también alaba la celebración de la oportuna comparecencia previa a la adopción de la medida e incluso no pone objeción alguna a un falso debate que de nuevo se ha tratado de plantear sobre una iniciativa del Gobierno, que es el de la retroactividad. La entrada en vigor de esta norma tiene exactamente el mismo tenor literal que propusieron quienes ofrecieron este proyecto a los grupos parlamentarios, tiene exactamente el mismo tenor literal que el texto del 8 de enero del Grupo Socialista y tiene el mismo tenor literal que las reformas del año 1983, del año 1984, del año 1988 y del año 1995, y es lógico que lo tenga puesto que algunos de los autores de aquellas reformas han sido también ponentes de esta, como bien saben SS.SS.


Esa es la coherencia para no generar falsos debates, para no abrir espacios de distancia. Yo comprendo, señorías, que cuando uno está en un pacto a veces haya minorías, en ocasiones intransigentes, que reprochen la capacidad de diálogo y de acuerdo. Fíjense si no puede tener esa situación quien tiene mayoría absoluta en esta Cámara, quien tiene el legítimo derecho de aprobar unilateralmente por mayoría absoluta iniciativas, quien tiene además la representación mayoritaria de los ciudadanos con el mandato de hacer un proceso de modernización de la justicia. También podría yo ser sensible e incluso caer secuestrado en manos de minorías, y no lo ha deseado el Gobierno, ni siquiera nos lo ha pedido nunca ninguna minoría. Yo pido al resto de los grupos parlamentarios que piensen en el interés general y pongan el interés de los ciudadanos y del ordenamiento jurídico por encima, y estoy convencido de que así seremos capaces de entendernos.


Concluyo ya, señorías, señora presidenta. Creo que el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional es un texto que hoy inicia su andadura en el Parlamento y que es un buen texto. Ahora, todos los buenos textos pueden mejorar y ofrezco a los grupos parlamentarios el diálogo, el acuerdo y el entendimiento, para mejorar aquello que pueda mejorar, sin falsos debates, sin falsas demagogias, manteniendo principios y criterios si es posible, con continuidad, y desde luego desde el sentido de que lo que hagamos es para beneficiar a nuestra justicia, a nuestro Estado de derecho, para garantizar los derechos del acusado y también para garantizar, que es muy importante en democracia, los derechos de las víctimas.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, hemos presentado esta enmienda de totalidad de devolución del texto que hoy se nos propone no por la oportunidad de su traída a esta Cámara, que todos compartimos. Se ha señalado de manera reiterada en muchas ocasiones que ciertamente era hora de regular esta institución de manera clara y acorde con los tiempos en los que estamos.
Es verdad que había sido objeto de pequeñas modificaciones, pero no de una regulación en toda su extensión y de conformidad con los derechos constitucionales, las cuales había que hacer. También es cierto, no se nos oculta, que el propio Tribunal Constitucional, en una autocuestión de constitucionalidad, señalaba que los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 503 y 504 requerían una revisión en relación a la conformidad o no con los propios derechos y libertades fundamentales.
Dicho esto, nuestra enmienda de devolución no es una cuestión de oportunidad; es verdad que había que regularlo y creo que nadie tiene ningún elemento en contra a este respecto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Nuestra enmienda hace referencia a cómo se ha producido esa regulación.
Los principios clave que aquí había que suscitar son los siguientes. Esta medida, la regulación de la prisión provisional, tiene que ser de conformidad con un principio de excepcionalidad, de subsidiariedad y de ultima ratio. Esto se dice en el propio texto, se suscita el nombramiento de estos principios, pero creemos que no se acuerdan en lo que es la regulación del articulado. Hay una serie de cuestiones que lo que nos llevan es a pensar que aquí hay una descripción taxativa de causas terriblemente amplia que hace que al final la excepcionalidad se convierta en automatismo, es decir, que realmente casi hay una regulación de la prisión provisional no tanto excepcional sino muy automática en muchos casos. Esto aparece perfectamente detallado y al final es más la regla que la excepción, cosa que no concuerda con ese principio de excepcionalidad.


El tema de la subsidiariedad también es muy importante, porque nos hubiera parecido más lógico que en la regulación de este proyecto de ley se hubiera establecido el elenco o las medidas cautelares más allá de la propia prisión provisional. Creo -algún otro grupo parlamentario lo planteará- que es una cuestión pendiente y que realmente en el derecho comparado hay muchas más medidas cautelares que podrían haber sido objeto de debate y aprobación por parte de esta Cámara, siendo la prisión provisional la última medida, porque

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en definitiva es la más gravosa, y habría que haber observado cómo se podría regular otra serie de medidas cautelares que permitieran el cumplimiento de los fines que hoy se pretenden con esta medida sin llegar a esa prisión provisional. Esto no se hace en este proyecto de ley; por tanto nos parece que se ha perdido una oportunidad para aplicar ese principio de subsidiariedad, en definitiva, de establecer una regulación, más allá de la prisión provisional, de otras medidas cautelares, lo que en el momento actual, con los medios que tenemos hoy en nuestra propia sociedad, bien podría haber sido factible.


Tampoco se respeta, aunque se nomina en la propia exposición de motivos, el principio de proporcionalidad. Creemos que esa restricción de libertad debe resultar proporcionada exclusivamente a los fines que pretende conseguir y, aunque no tengo en este momento tiempo -en la propia enmienda de totalidad que hemos presentado aparecen perfectamente justificadas estas razones-, creemos que eso tampoco se cumple. Se utilizan otros elementos y no se respeta ese principio de proporcionalidad, que debe ser absolutamente clave a la hora de plantear la regulación de esta institución.


Tampoco se recoge lo que debe ser la naturaleza de esta institución, cautelar. No puede tener en ningún caso una naturaleza de pena anticipada y creemos que en este caso también se va más a lo que es la pena anticipada que lo que es la medida o naturaleza cautelar de la propia prisión provisional. Otro tema muy importante es que no se produce ese respeto de la presunción de inocencia que debiera contener una ley de estas características. En este sentido ese concepto de reiteración delictiva dista mucho de lo que debiera ser una regulación más exhaustiva de esta materia y, en definitiva, afecta seriamente a ese principio clave de presunción de inocencia. Son principios que aparecen recogidos nominalmente, pero el articulado no se adecua a esos elementos, que son los que debieran de ser claves en la regulación de esta materia.


No quisiera dejar pasar esta ocasión para señalar otra preocupación que hemos tenido con relación al tema de la prisión incomunicada. Creemos además que no solamente en estos artículos 509 ó 510 sino en todo el proyecto de ley hay una cierta confusión en la redacción, que se ve agravada porque afecta a cuestiones fundamentales de los derechos y libertades de los ciudadanos. Hoy hay una sensación de preocupación importante no solamente en el Estado español, sino en organismos y organizaciones que tienen el objetivo de vigilar si realmente la incomunicación se cumple y se respetan los derechos y libertades de los ciudadanos -hablo de la ONU o del Consejo de Europa-, con relación a lo que es la propia incomunicación de personas que han sido detenidas, en el caso de detención gubernativa. Creemos que la regulación que hay puede permitir que haya espacios de impunidad y hemos manifestado y planteado en esta Cámara iniciativas que pretenden subsanar que no pueda ser posible esto. En todo caso, lo que hacemos aquí es manifestar que tenemos gran preocupación porque esa incomunicación se amplía en lo que se refiere a prisión y hay una confusión con relación a cómo deben ser computados los plazos con relación a la prisión incomunicada y a la detención gubernativa en periodo de incomunicación.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Lasagabaster, le ruego concluya.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta

Rogaríamos que fuera aclarado y precisado en el trámite de enmiendas y de debate parlamentario. Podría extenderme más, pero no voy a utilizar más tiempo que el que me corresponde.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero dar por defendida la enmienda a la totalidad presentada por el diputado de Iniciativa per Catalunya, señor Saura.


Desde nuestro punto de vista, la exposición de motivos de la presente ley, señor ministro, es un cúmulo de bondades de la reforma planteada que luego no se ajustan al contenido de la misma. En realidad es una exposición que recoge el sentir constitucional del máximo respeto a la libertad y a la presunción de inocencia, cuando el texto de la reforma es restrictivo con respecto a la actual regulación de la prisión provisional. Se afirman criterios de excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión provisional sobre mandatos constitucionales y del propio Tribunal Constitucional, para luego ampliar las posibilidades de decretar prisión provisional a gran número de delitos que en la actualidad no la llevan aparejada. Existen votos particulares de varios miembros del Consejo General del Poder Judicial que consideramos suficientemente importantes como para solicitar la devolución de ese texto. Así, se afirma por parte de uno de los ponentes que ninguna de las alternativas que sugería para compaginar el binomio seguridad ciudadana y protección de las víctimas por un lado y garantías del imputado no juzgado que goza de presunción de inocencia por otro han sido recogidas

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en la ponencia definitiva. Además, recuerda que la doctrina mayoritaria considera la prisión provisional como una medida realmente excepcional, subordinada a las necesidades del procedimiento, sólo tolerable en caso de delito grave. Su duración ha de ser siempre brevísima y sólo prorrogable para responder a auténticas necesidades, como impedir la fuga del reo o que dificulte la investigación criminal o la reiteración delictiva. En una sociedad democrática, la privación de libertad de una persona inocente todavía por no haberse dictado sentencia condenatoria es una situación realmente excepcional, que sólo puede justificarse en tanto en cuanto responda a la consecución de objetivos de extremo interés para el mantenimiento del Estado de Derecho. Por eso, las causas que pueden conducir a la prisión provisional deben estar previstas por el legislador, fundándose siempre en indicios de culpabilidad, y ser siempre acordadas por el juez, con posible recurso a través de un procedimiento de contradicción y defensa.


Existe una grave afectación al principio de proporcionalidad. Se establece la prisión para delitos castigados con penas superiores a dos años o inferior para los que cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, el Código Penal considera como pena grave la superior a tres años, siendo por tanto de difícil justificación que los delitos castigados con penas menos graves, dos años, puedan suponer prisión provisional. El límite de dos años resulta excesivamente severo, gravoso e incongruente con el sistema de penas y más en los casos en que el imputado cuenta con antecedentes penales.


Por todos estos motivos pedimos la devolución del presente texto al Gobierno.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.


Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señor ministro, escasas señorías, presentamos desde el Bloque Nacionalista Galego una enmienda de totalidad con petición de devolución, que no nos impide reconocer que este proyecto de ley tiene algunos elementos positivos. Por ejemplo, debe saludarse y valorarse como un elemento positivo que una regulación, como la contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la prisión provisional, que había merecido tantas y tan unánimes críticas desde la doctrina, sea modificada; debe también saludarse que se introduzca un nuevo procedimiento para la toma de decisiones relativas a la situación de la persona a la que le es imputado un delito; o, por ejemplo, que al menos nominalmente este proyecto de ley diga querer respetar los criterios que reiteradamente viene señalando el Tribunal Constitucional, en coherencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, criterios que deben regular la prisión preventiva si esta se quiere acorde con los fundamentos y con los principios que deben regir en un Estado democrático de derecho, básicamente el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.


La constatación de estos elementos positivos decía que no nos impide, sino todo lo contrario, formular una enmienda de totalidad, porque, primero, el supuesto respeto a los criterios constitucionales, a los criterios acuñados por el Tribunal Constitucional, es una acomodación puramente nominal, no real. La regulación presentada por el Gobierno implica, desde nuestro punto de vista, convertir la prisión preventiva en una verdadera medida de seguridad para responder a determinados estados de peligrosidad, hacer perder a esta medida su carácter excepcional y hacerle también perder su carácter de instrumento dependiente del proceso, de instrumento dirigido a asegurar los fines del mismo. En definitiva, lo que debería ser un instrumento extraordinario excepcional de justicia penal se convierte en un elemento más de esa política de seguridad a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados en los últimos meses, de esa lucha contra la delincuencia, de ese barrer la calle de pequeños delincuentes. Los grandes siguen campando a sus anchas.
Las críticas que hacemos a esta regulación tienen que ver con la falta de respeto a los criterios que, como dije, acuñaron el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, la instrumentalidad. El proyecto de ley configura la prisión preventiva como una verdadera pena anticipada a sujetos considerados simplemente como peligrosos. La prisión preventiva pierde su carácter de medida cautelar para convertirse de hecho en una medida de seguridad que atiende a una peligrosidad del individuo, que no sólo se va a ponderar teniendo en cuenta sus antecedentes penales, sino incluso teniendo en cuenta antecedentes policiales, que en buena lógica no deberían tener más valor que el de una mera denuncia.


En segundo lugar, esta regulación también atenta contra el carácter excepcional que la prisión preventiva debe tener en un Estado democrático y en un sistema jurídico fundado sobre la presunción de inocencia. Por ejemplo, la adopción de esta medida le viene impuesta al juez con carácter casi automático, una vez cumplidos los requisitos legales que, como tales, están definidos en el proyecto y que implican en la práctica la adopción de la prisión preventiva para la generalidad de los supuestos. Se le retira al juez la capacidad de valoración para en cada caso concreto adoptar la decisión de esta medida atendiendo a las circunstancias concretas

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que concurren en el imputado. Se limita por tanto la labor jurisdiccional al impedir a los jueces y tribunales valorar la necesidad, la proporcionalidad o la subsidiariedad que debe presidir siempre la adopción de la prisión provisional. Pero también es una regulación desproporcionada. No se respeta este carácter de proporcionalidad porque se aplica con carácter general a delitos de poca entidad penológica. El límite de dos años, como se ha señalado, resulta demasiado severo, demasiado gravoso e incongruente con el sistema de penas, al extender exageradamente las posibilidades de aplicación de esta medida cautelar a todos los supuestos, incluso a aquellos en los que el imputado carece de antecedentes penales. Cabe incluso que un delincuente sin antecedentes penales cumpla prisión preventiva por un delito no calificado como grave por el Código Penal, incluso por un delito que, atendiendo a las normas de suspensión de la ejecución de la pena, puede que ni siquiera deba cumplir una pena privativa de libertad.


Hay también reproches de técnica legislativa. En los últimos tiempos, señor ministro, asistimos a una forma de legislar en materia penal y en materia de enjuiciamiento criminal basada en el parche y en la provisionalidad. En la legislatura anterior, y aplaudimos ese empeño y aplaudimos esa ley, tuvieron ustedes mucha prisa en aprobar la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras que la nueva ley de enjuiciamiento criminal sigue aplazada indefinidamente y se sustituye por reformas parciales, introducidas dependiendo de las urgencias políticas del Partido Popular y de marcado -perdone que se lo diga- carácter autoritario y regresivo. Por cierto, si se trataba de reformar parcialmente el enjuiciamiento criminal, podrían haber acometido también una regulación genérica de las medidas cautelares de carácter personal, más allá de la prisión preventiva. Podrían haber introducido medidas cautelares que pudiesen sustituir a la prisión preventiva, de carácter menos gravoso para el imputado que ésta y desde luego más adecuada a las nuevas realidades sociales.


La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón):Señor Aymerich, le ruego concluya.


El señor AYMERICH CANO: Concluyo enseguida, señora presidenta.


Podrían también haber mejorado un aspecto del que muchos organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional -a la que ustedes recurren según les conviene, por ejemplo, en el caso de Irak, para certificar las barbaries que nosotros no discutimos de Sadam Husein-, hablan, como es el caso de la prisión incomunicada. Lejos de reformarse la prisión incomunicada de una forma más acorde con los derechos fundamentales, endurecen ustedes su regulación y pierden de esta manera una oportunidad de oro para corregir esta medida.


En definitiva, nos oponemos, señor ministro, a este proyecto de ley porque convierten lo que debería ser una medida cautelar en un elemento punitivo de carácter general, de carácter automático y dirigido preferentemente a la pequeña delincuencia de carácter marginal. Una prisión preventiva para la pobreza. Supone en definitiva un paso más en una política de ley y orden que utiliza la ley y la justicia penal como único instrumento para hacer frente a cualquier problema social, visión que lógicamente, señor ministro, el Grupo Mixto y el Bloque Nacionalista Galego no pueden compartir. Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Gracias, señor Aymerich.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, centrado a lo catalán, en la literatura española existe una tradición maravillosa del género epistolar, que incluso es utilizado como base para la construcción retórica de algunas obras de la literatura. No les voy a cansar. Voy a traer dos relativamente recientes: Pascual Duarte, de Camilo José Cela, del año 1942, que utiliza como base unos supuestos folios que se le envían, y el último, escrito 60 años después, por el ínclito don Manuel Pimentel, que espero que les suene, Puerta de Indias, que empieza a partir de una supuesta cinta magnetofónica que recibe de una trabajadora a tiempo parcial del ministerio.


Señorías, yo humildemente no quiero aportar nada nuevo, pero voy a basar mi intervención en dos misivas, en dos epístolas que he recibido. Una, de una señora -nunca mejor dicho- de Badalona y otra de Amnistía Internacional. La primera carta, señorías, dice así: Badalona, 26 de abril de 2003. Muy señor mío: me va a permitir que me dirija a usted sin conocerle de nada, aunque de vez en cuando los vea a ustedes por la tele cuando sacan sus papeles contra la guerra de Aznar y ese otro señor presidente de los americanos. El caso es que mi madre es de Córdoba y cuando voy a verla, por las fiestas y por sus arrechuches, me habla de la gente de allí, de que los rojos de allí son mu chachis, sobre todo doña Rosa, la alcaldesa. Por eso le escribo sin molestar, porque me preocupa, vamos, que sí, que me preocupa la ley esa que va a sacar pa'lante el tío del

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bigote con sus manías de barrer la calle. Que bien está que barriera las calles de Madrid y las del pueblo ese donde se casó su hija, pero qué pasada, tío, eso de barrer las carreteras por donde pasaba tanto coche de lujo para que la gente limpia no viera carreteras con litronas, latas de Coca-Cola, condones y jeringuillas; era una pasada.


Pero, vamos, que me voy, que el presi quiere, por lo visto, sacar a todos los chorizos, a todos los drogotas, a los tironeros, a las travestis, a los travestis, a las putas de la calle, junto con los moros, los negros y los ecuatorianos, que van a dejar la calle de Porcelanosa de tanto limpiarla. Hay que ver la manía de este tío tan repeinao por sacarnos de la calle, por meternos en los talegos, cuando lo que tiene que hacer es sacarnos de la calle y meternos en asilos, los que tengan que ir a un asilo de ancianos o de gente rara, que pa tos tiene que haber sitios de esos, o meter en un hospital a los que lo necesitan, entre los del sida, los que tienen la cabeza ida porque tienen una perdigoná, como dicen por nuestra tierra, y entre tanta gente que está enferma, que sabe Dios qué y sobre to' que nos saquen de la calle y nos den un trabajo de esos que sacan en los periódicos y en los papelines de colores. Y que se dejen de chorradas y chulerías y dejen de meternos en los talegos para que la calle parezca lo de las películas de Sissi Emperatriz, que tanto nos hacían llorar a mis hermanas y a mis tíos cuando íbamos a su casa a ver la tele: calles limpias y con soldados guapetones con muchas medallas, criadas muy limpias, gente feliz cantando por la calle, a caballo o en coches de caballos, como en la feria. Pero es que eso sólo se da en el cine. Y cuando nos llevan al talego salimos peor: a los jóvenes les ponen el culo como un bebedero de patos, a los drogotas más drogotas y a los que no, pues drogotas, y con el sida, que da pena. Y cuando salen, más amargaos y más golfos que antes.


Puede que a lo mejor eso sea lo que hay que hacer, que siempre ha habido ricos y pobres, y que si hay otra vida, que yo ya no creo, allí nos la cambien y vivamos mejor. Puede que esto deba ser así, pero es que el otro día puse la tele y vi que el Aznar y el presidente de los americanos, ese al que le hacen chistes por tonto, y el de los ingleses, que parece un papafrita, que está como estreñío, se juntaron en una isla muy bonita allí en el mar, junto a la isla de Madeira, una isla de esas de irse de picaero con gente bien y de tronío, como yo me fui hace unos años cuando aún estaba de buen ver. Bueno, pues por eso le presté un poco de atención a la noticia, porque me recordaba una mijilla de cachondeo y no entendía lo que decían, porque es una pena pero no fui a la escuela y apenas sé las reglas y las cuatro letras, o yo qué sé cómo se dice. Se me pegó mucho una palabra que decía algo así como que había que hacer un ataque preventivo y se me pegó porque una, por desgracia, ha oído muchas veces eso de la prisión preventiva.


Ya me había olvidado yo de mi isla y de esos mandamases cuando la otra noche, cuando venía de hacer la carrera por Barcelona, me topé con mucha gente de todas las edades y de todos los vestíos y que iban gritando que no a la guerra, que no a la guerra. Yo le pregunté de qué guerra hablaban. Y cuando pregunté me dijeron: ¿Pero dónde vives, mujer? ¿De qué guerra va a ser, de la de Iras? En cuanto llegué a casa me puse la tele y allí, zas, empecé a ver cómo echaban bombas sobre Bagdad y me acordé de una peli que vi en ese cine de pequeña, se llamaba El Ladrón de Bagdad; y aluego empecé a ver cuerpecitos de inocentes destrozados y madres sin niños y niños sin madres y casas sin techo y techos sin casas y aluego aparecían los soldados americanos vestidos como los madelman que yo les compro a mis sobrinos por Reyes, joputa. Y se me revolvieron las tripas.
Y si la prisión preventiva va a ser igual que la guerra preventiva, pues yo le digo al tío del bigote que se la meta por... Usted perdone, pero es que no hay ley, que ya estoy jarta de tanto hipócrita meapilas. Y ya me he enterao, leyendo muchas veces un papel que me dieron en la manifestación, que ellos están haciendo la guerra sin permiso de nadie y que los tironeros y los chorizos navajeros son ellos. Ansí que quien no cumpla las leyes grandes no venga en plan chulo a hacer leyes pa los pequeños. Pues ea. Y le dejo ya que me he enterao que yo soy ciudadana y que puedo decir lo que me dé la gana, y esta noche no voy a hacer la carrera y me voy a ir de mani, que es como le dice la gente joven, a gritar: No a la guerra.


Quedo a su servicio, y perdone el tiempo que le he robado. Mariló.


Bien. Esta es la carta de una señora. Y la otra es de Amnistía Internacional, que me imagino que han recibido todos los grupos, pero que hago mía. Dice: A menos de tres meses de las recomendaciones del Comité contra la tortura de Naciones Unidas sobre la remisión del uso de régimen de comunicación, el Gobierno español no sólo mantiene el mismo en el actual proyecto de reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal, aprobado el pasado 14 de febrero en Consejo de Ministros, sino que abre la posibilidad de extenderlo hasta un total de 13 días. Amnistía Internacional está seriamente preocupada por este proyecto, tal y como se refleja en el informe que presenta hoy y que se titula España: acabar con las medidas que propician la tortura, motivo de preocupación de Amnistía Internacional ante el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Para Amnistía Internacional, la ampliación del periodo de incomunicación propicia usos como la tortura y los malos tratos, además de contemplarse restricciones

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severas a los derechos de detenidos y presos a la asistencia letrada y de profesionales de salud de su elección. Las preocupaciones de Amnistía Internacional se centran, en primer lugar, en el actual proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que propone la extensión a un plazo de cinco días adicionales del régimen de incomunicación, al que se le pueden sumar otros tres días si lo decide el juez o la juez que instruye el caso, lo que puede llegar a suponer un total de 13 días para el periodo de incomunicación, en los que el preso no podrá realizar ni recibir comunicación alguna; artículo 510.3.


En segundo lugar, estas medidas se aplicarán a personas acusadas de terrorismo y también a personas involucradas en un amplio término de delincuencia organizada. En este sentido se incluyen ciertos términos que pueden dar lugar a interpretaciones y aplicaciones arbitrarias o disposiciones que menoscaban o restringen derechos en perjuicio de principios básicos establecidos por las normas internacionales. En tercer lugar, la organización recuerda a las autoridades que el Comité contra la tortura había acogido con satisfacción la disminución del número de reclusos en prisión preventiva. De aplicarse las disposiciones propuestas en el proyecto de ley, esta situación podría modificarse sustancialmente y perjudicar las condiciones de reclusión.


Por último, Amnistía Internacional constata con preocupación que el actual proyecto de ley de enjuiciamiento criminal mantiene la detención incomunicada por un periodo de cinco días, durante los cuales el detenido no tiene acceso a un abogado o a un médico de su elección, así como la posibilidad de notificar a su familia su situación sin tener en cuenta las recomendaciones del Comité contra la tortura de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional reconoce que el Gobierno español tiene la legitimidad y la obligación de tomar las medidas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos -faltaría más, eso lo digo yo-, pero también la de garantizar que éstas incluyan salvaguardas para la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas o en prisión.


Por ello -me salto algunos párrafos- insta a las autoridades y a los parlamentarios españoles para que, en la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, tengan en cuenta las preocupaciones de Amnistía Internacional y las organizaciones intergubernamentales antes mencionadas, en relación con el régimen de incomunicación para que los derechos fundamentales reconocidos por normas internacionales no se vean socavados.


Cuando nosotros empezamos a escuchar al señor Aznar eso de que había que barrer las calles, a mí me recordaba algunos escritos políticos de otras épocas. Simplemente rebusqué y volví a descubrir que algunos teorizadores, antes de hablar del estado superior, del estado racial, del estado en guerra y del estado en obras, habían teorizado sobre lo que se llamaba el estado jardinero. Eso está en los escritos del primer Goebbels, en los escritos de Rhom, está en los escritos de Spear e incluso en los escritos de Galeazzo Ciano. Mucho antes de la locura, mucho antes del crimen y del asesinato, hubo quien empezó a teorizar que había que tener calles limpias, ajardinadas, y que la gente maleante, de mal vivir, extraña, deforme, no podía estar por las calles de aquel Estado-jardín. Cuando el señor Aznar hablaba de limpiar las calles, me recordaba esto bastante. Aquella idea, esta ley.


No voy a hablar de que estemos ante una ley prefascista, Dios me guarde, teniendo en cuenta que el fascismo, como otras cuestiones, es tremendamente peligroso porque sabe penetrar en la médula de muchas actuaciones, pero lo que no se puede negar es que la matriz ideológica está clarísima. No hace falta rebuscar más en la historia, porque eso ya está escrito. Por eso, señorías, y porque entendemos que se conculca seriamente el principio constitucional de la presunción de la inocencia, este grupo parlamentario, humildemente, no podía estar de acuerdo con este proyecto de ley. Hace un momento no me ha importado subir a esta tribuna y sacar metafóricamente el botafumeiro -no me he podido traer el original por razones obvias- y, a pesar de que teníamos diferencias, votábamos porque entendíamos que había sido un interesante, enriquecedor y buen paso adelante. Sencillamente, en este momento no lo vemos y mostramos nuestro rechazo y presentamos y defendemos la enmienda a la totalidad.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)

Señorías, señor ministro, no habiendo sido ni siquiera citada por el señor ministro, vista además la afluencia de público y conocedora de antemano de cuál será el sentido de los votos, sólo la importancia de lo que creo que el proyecto regula y mi afición personal por lo cautelar como garantía de tutela judicial efectiva en los procesos, me anima a intervenir. Va por tanto por ustedes

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y para el "Diario de Sesiones", dicho sea esto en homenaje al que fuera diputado, Pablo Castellano.


Nos presentan hoy ustedes un proyecto que recoge una serie de medidas incluidas en ese paquete de reformas legales emprendidas por el Gobierno para acabar con el terrorismo y la delincuencia y que está también incluido en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, firmado por los dos partidos mayoritarios. Quizá eso ha llevado al señor ministro a hablar o a dialogar única y exclusivamente con el Partido Socialista durante toda su intervención. Tres ejes tiene la pretensión de reforma: adecuación de la regulación procesal a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; así se manifiesta y la formación política a la que represento discrepa. El segundo de los objetivos es que la prisión provisional sea un instrumento eficaz del Estado de derecho en la lucha contra la delincuencia, pretensión ésta de la que también discrepamos, porque creemos que lo cautelar nada tiene que ver con lo reprensivo. El tercer objetivo -y en este sí que hay elementos que nos parecen interesantes- es conseguir una más ágil tramitación de los procesos y sobre todo tiene una vinculación, que es importante, con la celebración de los juicios rápidos y con las modificaciones que se van a introducir, pactadas por todos los grupos de esta Cámara, en relación con la violencia doméstica.


Nos planteamos la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, porque entendíamos que el Gobierno presentaba la reforma más garantista de la regulación actual, al decir que se recoge de manera expresa la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, contenida en la sentencia -siempre se cita- 47/2000, que es la que ha dado lugar al auto en cuestión; la 44/1979, de 10 de marzo; la 128/1995, y referirse a los tres fines legítimos según la doctrina constitucional, que son el riesgo de fuga, la ocultación de pruebas y el riesgo de reiteración delictiva, introduciendo también los principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad -elimina el concepto de alarma social-, como elementos a tener en cuenta para la aplicación de una medida cautelar. Sin embargo, a juicio de nuestro grupo la reforma propuesta no es tan garantista, como se proclama -ya lo he indicado-, ni tan acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


La prisión provisional, como medida cautelar personal, mediante la que se priva de libertad al imputado durante el desenvolvimiento del proceso, tiene un carácter excepcional frente a la normalidad de la libertad con o sin fianza. Así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, señalando que la regla general ha de ser la libertad del imputado o acusado durante la pendencia del proceso penal, por lo que los principios que han de regir la prisión provisional son la excepcionalidad y la provisionalidad, que debería ser una medida estrictamente necesaria de aplicación subsidiaria y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y la delimitan. Esto también lo ha dicho una y otra vez el señor ministro, pero, visto el texto artículo por artículo, se comprueba que no es eso lo que el texto pretende, sino que más bien existe una generalización de la prisión preventiva. Esta excepcionalidad dimana, a nuestro modo de ver, del artículo 17 de la Constitución, pero no solamente de él sino también de la consideración de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, según el propio artículo 1.1 del texto constitucional. La prisión provisional no debe ser la regla general y que un juez la pueda aplicar por la comisión de hechos delictivos; así lo prohíbe además el artículo 9.3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.


Para la determinación de la medida cautelar, el proyecto atiende a la previsible pena impuesta al imputado de modo que, cuando la misma sea superior a dos años de prisión, debe entenderse que la regla general es la prisión provisional. Ahí estamos otra vez, regla general de una medida que se debe entender que debe ser constitucionalmente considerada como excepcional, mientras que hasta este límite la regla general es la libertad, salvo antecedentes penales, lo que en principio supone una rebaja frente al régimen actualmente vigente, que prohíbe dictar prisión preventiva contra detenidos acusados de delitos penados con un máximo de tres años de cárcel. Este limite de los dos años parece en todo caso excesivo con la finalidad que persigue la medida, máxime si tenemos en cuenta que el Código Penal sólo considera delitos graves los de más de tres años, por lo que respecto al principio de proporcionalidad exigiría que esta medida cautelar únicamente pudiera imponerse, salvo antecedentes penales, en penas superiores a los tres años.


Además, dada la serie de excepciones que contiene la reforma proyectada, ocurre que en la práctica la prisión provisional deja de ser una excepción para convertirse en la regla general para pequeños delincuentes habituales y miembros de bandas organizadas, ya que el juez podrá decretar la misma, con independencia de la pena que se les pueda imponer, si considera que así se puede evitar un riesgo de que se cometan nuevos hechos delictivos. La previsión delictiva, sólo si va unida a otros elementos, puede ser motivo suficiente para acordar la prisión provisional. El riesgo de reiteración delictiva se convierte en motivo suficiente para enviar a alguien a la cárcel, lo que no se compadece con la doctrina del Tribunal Constitucional, más reciente que las citadas iniciativas del Gobierno, en concreto la sentencia 217/2001 y la 8/2002.
Nuestro grupo comparte las críticas que al respecto ha formulado el voto

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particular tan citado ya del Consejo General del Poder Judicial en el caso de que no quepa fundamentar la prisión provisional únicamente y en abstracto en evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Pero no es este el motivo fundamental de nuestra enmienda.
También pensamos que no debe ser esta la única medida provisional, sino que lo que debe articularse es un elenco de posibilidades que permitiesen valorar al juzgador de más a menos, siendo la última ratio, como quiere el Tribunal Constitucional, la posibilidad de la prisión provisional.


Es evidente que la previsión de aplicación retroactiva de todas estas medidas de prisión cautelar contenida en la disposición transitoria única es defendible desde la perspectiva de que se trata de un proceso y no de derecho sustantivo. En todo caso nos parece que tiene algo de sancionador o tiene la posibilidad de entenderse que en ello hay algo de sancionador y chocaría con el principio de irretroactividad de la norma penal más desfavorable, con mucha más precisión de la que el informe del Consejo y sobre todo del tenor literal de esta misma disposición permite entender que se ha tenido en cuenta por el proponente de la norma. Nuestro grupo considera también que el incremento del rigor penal no aumenta la eficacia preventiva y que esta y otras medidas suponen una notable rebaja de las garantías propias del Estado de derecho. Como tal es una reforma represiva que obedece más que nada a criterios de oportunidad política y que, tal y como se plantea, supone eliminar de hecho el derecho a la libertad provisional para la pequeña delincuencia. Por eso nos animamos, con afán constructivo, a presentar un texto alternativo que tiene además, señor ministro, señorías, una curiosa historia.


Es esta la tercera vez que viene a la Cámara esta iniciativa. En la V Legislatura, no siendo yo diputada pero sí trabajando para mi grupo, fue presentado como proposición de ley y tomada en consideración con los votos socialistas, entonces mayoría en la Cámara, con los del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y con los de Izquierda Unida; el Grupo Popular se opuso pero fue tomada en consideración. Decaída la legislatura y añadiéndole los elementos técnicos y sobre todo jurisprudenciales que nos parecieron adecuados, nuevamente se presentó en la VI Legislatura y en este caso fue tomada en consideración por la totalidad de la Cámara.
Es decir, el Grupo Popular, entonces mayoría, dio el visto bueno a esta iniciativa que también obtuvo el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, puesto que a instancias del diputado Pablo Castellano, al que antes también he citado, se solicitó, aun no siendo preceptivo puesto que era una proposición de ley, el informe del Consejo General del Poder Judicial, informe al que se ha referido muchas veces el señor ministro para avalar la bondad de su iniciativa. También el texto alternativo que mi grupo presenta cuenta con el informe del Consejo, de un Consejo distinto, eso sí, un Consejo anterior, y además en este caso sin votos particulares. Pero todavía hay más, señorías. Al texto de esta proposición distintas formaciones políticas de la Cámara presentaron enmiendas. En concreto, las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) están íntegramente introducidas en el texto que hoy presenta mi formación a la Cámara. Es decir, el texto que presento como alternativo al del Gobierno es el inicialmente presentado por nosotros más lo sugerido por el informe del Consejo General del Poder Judicial, más las enmiendas del Grupo Popular en la legislatura pasada, más las del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Hay dos datos más. Ha aludido en distintas ocasiones el señor ministro al conocimiento de los textos legales -me ha parecido entender-, en términos de lealtad o no, por las distintas formaciones políticas. Este producto, resultante de la unión de todo el material que he citado, fue puesto en conocimiento y trasladado al secretario de Estado, señor Astarloa, cuando lo era al comienzo de esta legislatura y tras la famosa reunión citada en dos ocasiones por lo menos por el señor ministro, trasladándoselo también al actual secretario de Estado, señor Rafael Catalá. Es decir, todo el mundo conocía el tenor de esta iniciativa y por tanto no hay comportamiento desleal por parte de mi formación política ni ocultación ni actuación de espaldas a lo pretendido por el Gobierno, puesto que además éste tampoco se ha distinguido especialmente por el traslado de los textos a la petición de opinión de la formación política a la que represento, que por otra parte -insisto- había dado ya su opinión a través de la presentación y de la entrega de este documento en numerosas ocasiones al ministerio.


Para nosotros la tutela cautelar es fundamental como institución, puesto que es lo que permite que los intereses llevados a un pleito subsistan mientras se tramita. Es garantía de que queden intactos los derechos y de que se obtenga en el futuro una sentencia condenatoria o una sentencia que también podría llegar a ser absolutoria. Y hay un valor que es importantísimo de cara a la tutela cautelar penal, y es que el derecho fundamental a la presunción de inocencia sólo vive mientras vive el proceso. El derecho a la presunción de inocencia no te lo puede devolver la sentencia que en su día se obtenga si, mientras ésta se ha dilucidado en un procedimiento con todas las garantías, has estado privado de libertad o sujeto a alguna medida que pueda tener algo de punitivo. La presunción de inocencia nunca puede devolverse -y es un derecho fundamental, insisto- por la sentencia definitiva. Sólo encuentra protección en la tutela

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provisional. De ahí que nos parezca tan importante que dicha tutela en el procedimiento penal deba ser tratada con la delicadeza, con la exquisitez que los principios constitucionales que están implícitos requieren, porque además de la presunción de inocencia está el derecho a la libertad, el derecho a un proceso sin dilaciones, el derecho a la seguridad jurídica. El respeto a esta presunción de inocencia es lo que nos ha llevado a establecer un sistema en el que se exige como requisito imprescindible para que pueda acordarse cualquier medida cautelar la apariencia fundada de la comisión de un hecho delictivo, pero después también, y en artículos sucesivos, hemos articulado una serie de fines cautelares posibles a buscar por el normador que no coinciden con lo que se pretende en el texto del Gobierno. Además, en la iniciativa que presentamos articulamos en dos títulos diferentes la separación entre la responsabilidad penal en cuanto al régimen de medidas cautelares aparejadas a ella y las medidas cautelares que se pueden acordar aparejadas a la responsabilidad civil. Creemos que con ello contribuimos a la búsqueda de la efectividad de la protección de las víctimas, de acuerdo con modernas tendencias dentro del ordenamiento penal y con una convicción sentida por la formación política a la que represento.


Me he referido ya a la apariencia de responsabilidad penal que se exige y a la regulación de los presupuestos necesarios, pero la pretensión fundamental del capítulo segundo del título I es la configuración de alternativas a la prisión provisional, que se presenta como exigencia constitucional, y no como exigencia del proyecto que se nos trae hoy a la Cámara, como última ratio. El Consejo General del Poder Judicial critica en su informe esta ausencia de un elenco de medidas y el que sólo estemos hablando de prisión o no prisión en este momento. La prisión provisional es subsidiaria y excepcional. Sin que me extienda, ahí está la amplia exposición de motivos que acompaña a nuestro texto alternativo, en el que incluso hemos caído en el exceso a la hora de intentar citar la totalidad de la jurisprudencia constitucional que nos avalaba, si bien si esto llegase, que no llegará nunca, a incorporarse a un texto legal debería ser aligerado en cuanto a llegar a la esencia de lo que en realidad se pretende.


Pretendemos también introducir el principio de legalidad, por supuesto, y de tipicidad en la aplicación de medidas cautelares, pero sin dejar al juzgador inerme, de tal manera que la naturaleza netamente casuística de lo cautelar le permitiese, en cada caso concreto, adecuarse a las circunstancias del momento y tener cierto margen para la creatividad, modo de lograr una medida no tan gravosa como la prisión pero sí adecuada a los fines cautelares que en cada caso se contemplen.


Admitimos la prisión incomunicada -no desaparece en nuestro texto- pero no con la magnitud con que aparece en el proyecto que hoy nos trae el Gobierno. La prisión incomunicada tiene aval de sentencias constitucionales, pero que creemos que lo son en los estrictos términos en que hoy está vigente. La amplitud que se pretende en el proyecto actual nos parece que difícilmente casaría con el tenor literal de las sentencias 196/1987 y 199/1987, que avalan exactamente esos cinco días posibles en la actualidad, pero nos parece que su tenor literal no permite hablar de los cinco posteriores tras el paso judicial y los ocho restantes que han hecho a determinadas instituciones humanitarias hablar de hasta 13 días de posibilidad de prisión incomunicada. Además, es oportuno destacar que en el artículo 26, en el afán de seguir la moderna y acertada orientación que propugna una mayor atención a las víctimas en todos los aspectos de lo penal, pretendemos introducir y adelantar los aspectos relativos a lo cautelar en la protección civil. La motivación, en términos parecidos a como se pretende en el proyecto, es también objeto de especial atención en el texto alternativo que propugnamos, de la misma manera que la cláusula rebus sic stantibus y que en el artículo 40 establecemos algo que nos parece importante y que no está en el texto del Gobierno. Descartamos el efecto suspensivo de los recursos que se puedan imponer contra resoluciones...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señoría Uría, le ruego que concluya.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Lo intentaré señora presidenta.


Quisiera hacer mención a algo que no aparece en el texto del Gobierno y que a nosotros nos parece importante: la posibilidad de resarcir a quien haya padecido medidas cautelares y luego resulte que no había objeto para ello. En relación con esto introducimos una modificación en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, así, al supuesto que este contempla se añade el de no participación del imputado, la falta de tipicidad y la falta de antijuridicidad como supuestos que podrían dar lugar a indemnización por parte de quien haya padecido medidas cautelares, sobre todo tan gravosas como podría ser la prisión provisional. Haría matizaciones en relación con medidas cautelares introducidas en el texto que ya existen como posibles penas en modificaciones del Código Penal habidas en la última legislatura, pero evidentemente el tiempo me lo impide.


Quisiera concluir, señor ministro, señorías, manifestando que el Grupo Vasco rechaza esta reforma por regresiva, porque renuncia en todo su texto a la presunción de inocencia, porque no soporta un juicio de proporcionalidad,

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excepcionalidad y subsidiariedad, por incompatible con los derechos de libertad personal y de presunción de inocencia y, finalmente, si se me permite manifestarlo, desde nuestra perspectiva por oportunista y por ineficaz. Si gustó al Grupo Popular en la anterior legislatura, si también tuvo el aval del Consejo General del Poder Judicial, elemento este en el que el señor ministro ha hecho hincapié en distintas ocasiones, ¿qué es lo que ha cambiado entre entonces y ahora? En el terreno de los principios nos gustaría pensar que nada. Quizá sea sólo que la mayoría absoluta que ahora se tiene permite opciones legislativas más acordes con determinados planteamientos. En todo caso, señorías, rechazando por supuesto el proyecto que el Gobierno nos presenta, nos llevará a que intentemos, a través de enmiendas parciales, suavizar la grave violencia que respecto de determinados derechos fundamentales creemos que se hace en el proyecto que se nos presenta.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Uría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, señor ministro, subo a la tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de regulación de la prisión provisional, con texto alternativo.


Señor ministro, usted y yo hemos trabajado esta legislatura, en distintas ocasiones, buscando acuerdos sobre problemas vivos de la justicia española porque ambos los consideramos de Estado. En más de una ocasión hemos conducido negociaciones que han llegado a acuerdos que se han plasmado en leyes que ya están en vigor. Hay ocasiones también para el desacuerdo y ocasiones en las que la importancia de la cuestión de fondo bien merece articular ese desacuerdo y buscar expresarlo con un texto alternativo, y creo que este es claramente el caso. Una enmienda de totalidad con texto alternativo se justifica, de acuerdo con nuestro Reglamento, sobre la base de dos consideraciones: una, la objeción sobre la oportunidad del texto y, otra, el espíritu. Yo le voy a decir en qué estamos de acuerdo primero y en qué estamos en desacuerdo después.


Para empezar, estamos de acuerdo en la oportunidad. Esta es una cuestión absolutamente trascendental, es una cuestión troncal de Derecho Constitucional. La prisión provisional tiene su lugar en la Constitución, encuadrada en la garantía de un derecho fundamental, el de la libertad personal. Por tanto, la prisión provisional afecta a un derecho fundamental esencialísimo de cualquier régimen constitucional y a otros que inciden en el proceso penal, destacadamente la presunción de inocencia, que es una garantía esencial de que la justicia penal cumpla su función con garantismo. De la misma forma es una cuestión absolutamente crucial del pacto de Estado para la reforma de la justicia, que negociamos y firmamos en el arranque de esta legislatura, porque -lo he dicho muchas veces desde entonces- aunque sólo fuera por eso ya estaría justificado un gran acuerdo de Estado, aunque sólo fuera por acometer una reforma que adecue, constitucionalice, actualice las garantías constitucionales en el proceso en el que más se afecta el derecho fundamental a la libertad y a la presunción de inocencia, el proceso penal. De manera que aunque sólo fuera por eso ya estaría justificado un pacto para la justicia; hacerlo y hacerlo bien. Pero además hay que hacerlo ahora porque nos está urgiendo desde hace tiempo no solamente la Constitución sino la jurisprudencia constitucional que la interpreta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y, en definitiva, todos los organismos internacionales de protección de derechos de las personas a los que pertenece España. No es casualidad. La prisión provisional está encuadrada en una ley de 1882, de hace 120 años, y aunque ha sido reformada en distintas ocasiones siempre lo ha sido a golpe de sentencia previa del Tribunal Constitucional, que nos sacaba los colores. Esa es exactamente la coordenada que define la situación presente, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 47/2000, que le dice al legislador que se ponga las pilas, que hay que regular la prisión provisional. El propio Tribunal se autocuestiona, otorgando un amparo, la regulación actual de la prisión provisional. Es imprescindible y hay que hacerlo ahora. Por tanto, ninguna discusión acerca de la oportunidad, pero hay que hacerlo precisamente haciendo honor a esa jurisprudencia constitucional acumulada y hacerlo en serio, no solamente declamándolo, no solamente con discursos que parafraseen la jurisprudencia constitucional, sino con textos articulados que honren de manera muy exacta esa jurisprudencia constitucional sobre prisión provisional. Tengo que decir en nombre del Grupo Socialista que el texto que presenta el Gobierno no lo hace bien.
Sintetizaré tres razones para sostener esto.


En primer lugar, porque el enfoque es equivocado, por tanto discutimos el espíritu de la iniciativa. El enfoque ha sido encuadrado en un paquete de medidas para potenciar la seguridad ciudadana, prioridad absoluta de esta legislatura puesta sobre el tapete por el Partido Socialista frente a un Partido Popular que negó el problema siguiendo siempre su manual de estilo: primera respuesta, negar el problema. La inseguridad ciudadana no existe, está en la imaginación de los socialistas -se lo recordamos al presidente del Gobierno-, pero en la

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medida en que esta denuncia ha entrado en contacto con la conciencia de la ciudadanía, el Gobierno ha puesto en marcha un amplio paquete de medidas de seguridad ciudadana entre las que encuadra la prisión provisional, y la prisión provisional no debe regularse desde un enfoque seguritario sino desde un enfoque protector de los derechos involucrados, de la libertad. En segundo lugar, porque el texto del Gobierno está rezumando desconfianza ante los jueces. No es la primera vez ni la primera muestra de esto. Consiguientemente intenta ahormar el margen de maniobra de los jueces en perjuicio de la judicialidad y el carácter jurisdiccional que la jurisprudencia constitucional subraya en la adopción de las medidas de prisión provisional, que tienen que ser fundadas, razonadas, motivadas, proporcionales, temporales por su definición, instrumentales a la realización del proceso penal y, consiguientemente, excepcionales y subsidiarias a ninguna otra disponible. Por tanto, la tercera objeción de espíritu que hacemos es la que concierne a un proyecto de ley que se centra exclusivamente en la prisión provisional y no contempla alternativas. Para regular bien la prisión provisional hay que hacerlo de acuerdo con la Constitución en serio, pero también hay que establecer alternativas a la prisión provisional.


Por eso pensamos, en primer lugar, que presentar este proyecto de ley después o acompañado de una retórica de barrer las calles sin pensar un solo segundo en cuánto pueda redundar esto en el hacinamiento carcelario, que ya es importante, y la grave situación penitenciaria que en estos momentos tenemos en España, sin contemplar que sea efectivamente garantista de la libertad personal y por tanto no se adopte sino excepcionalmente, de manera estrictamente tasada, con una reglamentación que garantice la proporcionalidad de cada medida de prisión provisional y su limitación estrictamente temporal, y sin acompañarlo además de alternativas es no aprovechar la ocasión para hacerlo bien. Además hay cuestiones de fondo que están reflejadas en nuestro texto alternativo, que le invitamos a leer con detenimiento, pero que sea exactamente lo que dice nuestro texto, porque le he escuchado como siempre en la tribuna, usando el tiempo ilimitado, hacer consideraciones extensas que parten de una premisa falsa, en un estilo también muy característico de los miembros del Gobierno del Partido Popular: arrancar de una falsa premisa a partir de la cual hilan razonamientos durante todo el tiempo que puedan permitirse, obligando por tanto a quien quiera intervenir a recordar que la premisa de la que partió es sencillamente falsa, y le pondré algún ejemplo de eso. Para empezar, en la limitación temporal de la medida de prisión provisional hay diferencias. La nuestra no es una mímesis de la suya. Ustedes pretenden que haya una limitación temporal estricta, pero lo cierto es que esa limitación temporal es deflactable a la baja. Hay un margen para prescindir de esa limitación temporal a la baja siempre y cuando haya antecedentes y esos antecedentes no hayan sido cancelados.
Por tanto, se pueden adoptar medidas de prisión provisional no proporcionales al delito, primero, porque los delitos para los que se impongan esas medidas tengan penas inferiores a dos años y, segundo, porque no se contempla, incluso si tienen penas superiores a dos años, que las circunstancias del imputado puedan aconsejar la suspensión de la medida de prisión provisional y hay que dejarle al juez un margen de maniobra, como es el caso de las toxicomanías y las drogodependencias. En segundo lugar, también hay una limitación temporal en el proyecto socialista que se distingue del proyecto del Gobierno y es la que se refiere a que la medida, primero, tenga que durar exactamente el tiempo necesario para la realización del proceso penal, pero también tenga la limitación temporal de no poder exceder la mitad de la pena máxima que le fuera imponible al imputado en la interpretación más favorable. Luego en la proporcionalidad de las medidas, efectivamente a partir de la consideración de que el punto de arranque son delitos graves, delitos dolosos, puede prolongarse para delitos menos graves seis meses con respecto de un año, que es el régimen general, y para delitos más graves hasta dos años más con respecto a los dos años primeros, que es el régimen general.


En la fundamentación también tenemos diferencias. La fundamentación tiene que tener un punto de partida común, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: evitar que el imputado se fugue, se sustraiga a la acción de la justicia, evitar que destruya pruebas y evitar la reiteración delictiva, que hay acotarla legalmente. La base de ese acotamiento no puede ser exclusivamente la invocación genérica de riesgos para la realización de la justicia penal ni la invocación de antecedentes policiales. Hay que dejar al juez un margen de maniobra que no puede ser automático. El ministro declamó desde esta tribuna que se ha acabado con el automatismo que actualmente contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No es verdad. Hay supuestos en los que para evitar peligro de fuga, en particular cuando el imputado no haya comparecido los dos años anteriores a su primer llamamiento, se impone automáticamente. Por tanto, hagamos honor a la verdad. Existen diferencias en la regulación en el desarrollo que ofrecemos a estos presupuestos constitucionales. Además, el proyecto del Gobierno contempla una disposición transitoria que plantea una aplicación retroactiva del nuevo régimen, que no es meramente adjetiva. El Tribunal Constitucional ha señalado en jurisprudencia determinante, sentencia 88/1988, que en la medida en que la

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prisión provisional restringe derechos individuales del imputado no puede tener aplicación retroactiva porque está concernida por la prohibición de retroactividad del artículo 9.3 de la Constitución. Por tanto, sólo podrá ser retroactiva en la nueva regulación de acuerdo con la propuesta que hacemos los socialistas en la medida en que el nuevo régimen sea más favorable al imputado, no en lo que tenga de desfavorable a la persona sobre la que se haya dictado una orden de prisión provisional.


En nuestro texto alternativo damos un enfoque distinto. En primer lugar se trata de garantizar la libertad. En segundo lugar, proponemos una regulación que estrictamente concierne a la realización del proceso penal y, por tanto, se desmarca de cualesquiera finalidades ajenas a la justicia penal o al proceso de que se trate, de carácter de seguridad general, medidas preventivas o defensivas que hagan de las medidas de prisión provisional medidas predelictuales y penas anticipadas. En tercer lugar, constreñimos al juez a la hora de calibrar la habitualidad, de modo que el juez tenga parámetros legales para determinar en qué consiste evitar el riesgo de la reiteración delictiva. Garantizamos la excepcionalidad y la proporcionalidad determinando de forma más estricta los plazos máximos que puede durar la prisión provisional y, además, imponemos a la justicia penal el deber de oficio de revisar la persistencia de los fundamentos que dieron lugar a la adopción de las medidas de prisión provisional en el curso de la instrucción de la causa y en la fase previa a la apertura del juicio oral. De manera que se están sentado las bases legales para hacer a la justicia responsable en caso de que produzcan dilaciones indebidas de las prohibidas por la Constitución y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ha señalado la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 1996. Proponemos naturalmente todas esas medidas alternativas que pueden garantizar efectivamente que la prisión provisional tiene un carácter subsidiario excepcional, que no es la primera medida que se ve obligado a imponer el juez penal cada vez que se encuentra con alguien sospechoso habitual, con alguien potencialmente peligroso. Regulamos en nuestro proyecto alternativo todo el conjunto de medidas que el juez tiene la posibilidad de disponer para hacer de la prisión provisional realmente subsidiaria: internamientos en centros de curación, la obligación de acudir a dependencia judiciales con regularidad, facilitar información sobre su localización, la prohibición de abandonar España sin autorización judicial, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse ante las autoridades públicas, de ejercer determinadas actividades profesionales o mercantiles, de conducir vehículos a motor, la suspensión de los derechos inherentes a la patria potestad que incide desde luego en casos de violencia doméstica que usted mencionaba desde esta tribuna, señor ministro, la obligación de residir en un determinado lugar o en una determinada comunidad autónoma o de acudir a determinados lugares y hasta el arresto domiciliario. Estas son alternativas que garantizan la subsidiariedad de la prisión provisional.


También ofrecemos una regulación alternativa a un aspecto muy importante en el que usted se ha detenido, por cierto, señor ministro, y creo que merece la pena mencionar aquí: el régimen de la incomunicación. El régimen de la incomunicación, digámoslo en serio, debe ser acometido aprovechando esta oportunidad histórica de hacerlo con plena adecuación a las garantías constitucionales. En la actualidad, la incomunicación es denunciada a menudo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos y por Amnistía Internacional como fuente de malos tratos y de abusos, cuando no alegadamente de torturas, y por tanto debe ser regulada de manera estricta y eso es lo que proponemos. Usted ha dicho desde aquí, señor ministro, que la incomunicación puede ser decretada actualmente hasta cinco días. Sólo por regla general. Lea los artículos 507 y 509 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto el régimen general es excepcionable al alza y la incomunicación puede prolongarse más tiempo. Nosotros proponemos que pueda prolongarse.
Naturalmente, estamos hablando de la prisión provisional, porque la detención queda regulada en los dos párrafos específicos que le dedicamos en el artículo correspondiente, que es el 520 de nuestro proyecto, en unos términos distintos a como usted ha intentado reproducirlos aquí. Le recordamos que nuestro régimen es cinco días para incomunicación decretada judicialmente, tres días adicionales en los casos de esa delincuencia que admite un régimen excepcional con base constitucional, naturalmente el terrorismo, no la delincuencia organizada mencionada genéricamente, sino el tráfico de armas, el tráfico de personas y el narcotráfico, y sólo disociadamente de este régimen que acabo de explicar hasta dos días más cuando los méritos de la causa lo justificaren y el juez lo adoptase en resolución judicial motivada, en un momento posterior, por tanto, al de la primera adopción de la incomunicación.
Además, nuestro régimen de incomunicación tiene garantías que el texto del Gobierno no tiene: el contacto con el abogado, incluso con el abogado de la propia elección, y desde luego el reconocimiento médico, incluso reconocimiento médico de la propia elección, tal y como vienen demandando organismos internacionales de protección de derechos y Amnistía Internacional. Déjeme que le diga que esa confusión que usted pretendía inferir no se deduce de la lectura de nuestro artículo 520 del texto alternativo porque los dos primeros párrafos están dedicados efectivamente a la

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incomunicación decretada en los casos de detención y de prisión provisional, mientras que el tercero y el cuarto sólo a la prisión provisional. Por tanto, los regímenes están diferenciados, sin perjuicio de que, también desde esa consideración, los plazos que nosotros interponemos son más cortos desde el señalamiento de que la incomunicación sólo debe durar exactamente el tiempo necesario para garantizar la realización del proceso penal perseguida por la prueba que quiera practicar el juez y que motive esa restricción extraordinaria del derecho fundamental no solamente a la libertad sino a la comunicación y a la privacidad, que es la incomunicación judicialmente decretada. Por tanto, hay diferencias que justifican que articulemos en un texto alternativo nuestra contraoferta para regular, sin embargo, un problema -estamos de acuerdo en ello- que necesita una regulación y la necesita ahora. La necesita de acuerdo con la Constitución, sin enmascararla con una retórica que, invocando mucho la Constitución, luego la defrauda en el texto articulado porque muchas de las proclamaciones garantistas que le he escuchado en esta tribuna no tienen reflejo (como usted sabe, señor ministro, porque lo ha escuchado de muchos portavoces autorizados de la cultura jurídica de nuestro país) en el texto que ustedes someten a la tramitación de esta Cámara. Este es el punto de arranque de una legislación que tiene que cumplir un capítulo...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor López Aguilar, le pido que concluya, por favor.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo, señora presidenta.


Este es el punto de arranque de una legislación que tiene que cumplir un papel muy importante en el desarrollo del pacto de Estado para la reforma de la justicia. Hay que colgar esta nueva regulación de la prisión provisional del ordenamiento muchos años (¡ojalá pudieran ser otros 120, como ha durado la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Alonso Martínez!), pero hay que hacerlo también de forma congruente con lo que tenga que ser la nueva estructura global del proceso penal, apuntalando por tanto ya una traducción fidedigna de las garantías que han venido siendo afirmadas contra la ley por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y hay que hacerlo además con un consenso verdadero. Usted ha hecho aquí varias invocaciones al trabajo de una comisión de cinco miembros, por tanto no estamos hablando de una comisión omnirrepresentativa -difícilmente podría serlo- de todos los puntos de vista que puedan darse cita en una cuestión sensible como ésta, pero que tampoco sale con un voto unánime de sus cinco miembros sino con objeciones, como no puede ser de otra manera, de las sensibilidades que no tienen mayoría en esa comisión, y los socialistas estamos obligados a hacernos eco de esas consideraciones, articularlas y dar respuesta a esa visión alternativa a la prisión provisional, buscando -y ahí le recogemos el guante del ofrecimiento del encuentro- que en el trámite parlamentario todas estas objeciones, todas estas consideraciones que hemos articulado en el texto alternativo puedan encontrarse con las posiciones del Grupo Popular y obtengan el respaldo del Gobierno para ser convertidas en una ley orgánica de prisión provisional anticipatoria de un nuevo modelo de proceso penal. Pero déjeme que le diga, señor ministro, que para ello es imprescindible...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego que concluya, señor López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo.


Para ello es imprescindible que usted abandone la retórica de la autocomplacencia y de la sustitución virtual de sus proclamas en el Parlamento por el texto normativo, por el texto de las leyes. Es imprescindible que sus obras se parezcan un poco más a sus discursos y sus retóricas a las realizaciones del Gobierno. De manera que vamos a tomarnos en serio la Constitución, vamos a tomarnos en serio la jurisprudencia constitucional, vamos a tomarnos en serio la justicia penal, de la misma forma que nos hemos tomado en serio esta ocasión de la VII legislatura al abordarla en el marco del pacto por la justicia, como una ocasión seguramente irrepetible y de la que el Gobierno tiene la mayor responsabilidad, para resolver problemas que como éste llevan demasiado tiempo pendientes, para vergüenza de todos.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López Aguilar.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo debe manifestar la satisfacción por el hecho de que llegue al Congreso de los Diputados este proyecto de ley que, como después incidiré, ha sido reiteradamente solicitado por el Grupo Parlamentario Catalán en diversos debates del estado de la Nación y a través incluso de enmiendas y de alguna disposición adicional en alguna de las leyes actualmente vigentes.


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Quiero empezar diciendo una cosa, señorías. Con este procedimiento legislativo estamos realizando un acto jurídico, un acto constitucionalmente debido. Estamos adaptando la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los mandatos constitucionales y a aquello que viene a imponer la sentencia del Tribunal Constitucional 47/2000. La pretensión de mi grupo es que no sea un acto políticamente inútil desde la perspectiva de la política criminal.


No apoyaremos la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista porque, como ha puesto de manifiesto su propio portavoz, tiene un planteamiento absolutamente unilateral. Y desde esa perspectiva unilateral debo decir que ni siquiera asume lo que no dejan de ser los planteamientos, la propia doctrina, mejor dicho, las posibilidades, particular que, encabezado por doña Montserrat Comas D'Argemir, ofrece el texto constitucional y, digo más, que también ofrece el voto en el Consejo General del Poder Judicial. Digo esto, porque en el voto particular de doña Montserrat Comas lo primero que dice es que ninguna de las cuestiones críticas que se contienen en la ponencia que se presentó en su día, y respecto de las cuales se sugieren alternativas más acordes a criterios de jurisprudencia constitucional, han sido recogidas en la nueva ponencia del Consejo. Pero sí dice que aquellas cuestiones que se contuvieron en la ponencia provisional pretendían compaginar el binomio seguridad ciudadana y protección de las víctimas con las garantías del imputado que no ha sido juzgado y que, en consecuencia, goza del principio de presunción de inocencia.


Pues bien, señorías, el objetivo de mi grupo (desde ese planteamiento respaldamos el proyecto de ley que aquí se nos trae, sin perjuicio de alguna aportación crítica) es precisamente que aprovechemos lo que ha sido el mandato constitucional para hacer perfectamente compatible ese binomio de seguridad ciudadana y de protección a las víctimas con las garantías del imputado que no ha sido juzgado y que, en consecuencia, como dice el propio voto particular, goza de presunción de inocencia.


Desde luego que el proyecto de ley tiene que contemplarse desde una perspectiva en favor de la libertad, de respeto al artículo 17, ¡faltaría más! Eso es lo que constituye el mandato constitucional. Pero vuelvo a reiterar que lo que no se puede hacer es desaprovechar esta oportunidad para que desde la perspectiva de la protección a la víctima, para que desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, para que desde la perspectiva de la reiteración delictiva este proyecto sea neutro y no sea, por tanto, un proyecto total y absolutamente desaprovechado. De ahí, como he dicho anteriormente, que nosotros procedamos a efectuar un respaldo al mismo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Desde hace años nosotros -y lo saben sus señorías- nos marcamos como objetivo trasladar a nuestras leyes procesales y materiales, como uno de los elementos y finalidades fundamentales dentro del marco de la Constitución, por descontado, la protección de la seguridad ciudadana. De ahí que en su día impulsáramos la ley de juicios rápidos e inmediatos; de ahí que reclamásemos una reforma del Código Penal, que en estos días también ha entrado en el Congreso; y de ahí que solicitásemos una reforma de las leyes procesales, tanto por lo que hace referencia a la prisión provisional como a la propia suspensión de la ejecución de la pena. Ese era el sentido de la propuesta de resolución número 47 que se aprobó en el debate sobre el estado de la Nación en el año 2001, en la que se instaba al Gobierno para que, previa realización de los estudios que fuesen necesarios, impulsase las reformas de derecho sustantivo y procesal precisas con el fin de conseguir una adecuada respuesta a los delitos menos graves y a las faltas contra las personas y la propiedad cuando se produzcan con carácter reiterado y organizado.


Creo que a SS.SS. les sonará este planteamiento, el de los delitos menores, las faltas reiteradas y organizadas, porque es uno de los elementos más sustanciales para nosotros que se incorpora en la nueva regulación de la prisión provisional, y que es uno de los elementos en los que incide este nuevo proyecto cuando hace referencia o pretende concretar una de las finalidades constitucionalmente legítimas, como es la evitación de la reiteración delictiva. El aspecto que contempla el régimen de la prisión provisional, desde la perspectiva de la multirreincidencia de la delincuencia organizada, es uno de los aspectos que sin lugar a dudas a otros grupos no les resulta grato, pero a mi grupo sí.


Lo mismo tengo que decir del propio debate sobre el estado de la Nación del año 2002, donde también se procedió a aprobar un mandato al Gobierno para modificar el régimen de la prisión provisional y de la suspensión de la ejecución de la pena para hacer frente con mayor eficacia a los delitos menos graves en las faltas contra las personas y el patrimonio cuando se producen con carácter reiterado organizado.


En el mismo sentido iba la enmienda que formulamos a la ley de juicios rápidos e inmediatos y que acabó configurándose como una de sus disposiciones adicionales solicitando del Gobierno la remisión de un proyecto en el plazo de seis meses. Lo digo así, señorías, porque no parece que sea objeto de un gran debate político el presupuesto de la medida, que ciertamente abunda en él el proyecto, o las finalidades constitucionalmente legítimas de evitar la obstrucción del procedimiento, o la ausencia del imputado al proceso y, por tanto, el riesgo de fuga, pero sí da la impresión de que uno de los aspectos fundamentales es la configuración

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o la conceptuación del riesgo de reiteración delictiva. Quiero decir, señorías, que para mi grupo este riesgo de reiteración delictiva debe contemplarse desde dos puntos de vista: por descontado desde el punto de vista de protección de la víctima, y ahí sí que debo decir que el proyecto contiene algunos ejemplos de lo que supone esta mayor protección de la víctima cuando hace referencia a la propia obstrucción del procedimiento, o la necesidad de comunicarle aquellas medidas cautelares que puedan poner en riesgo su seguridad; también permite la jurisprudencia constitucional, faltaría más, abordar el problema de la reiteración delictiva al margen de la protección estricta de la víctima que ha padecido el delito, porque por eso mismo las sentencias 128/1995 y 62/1996, cuando hablan de los fines constitucionalmente legítimos, lo hacen de la conjuración de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo, o en general para la sociedad. Por tanto, no se trata sólo de proteger a la víctima como posible receptora o destinataria de un nuevo delito, sino de la propia y estricta sociedad.


En la jurisprudencia constitucional se alude a los conceptos de reiteración delictiva, de evitación de hechos delictivos, de reincidencia. Igualmente se alude no sólo en las sentencias anteriores a la del Tribunal Constitucional 47/2000, sino también en otras sentencias, como son la 217/2001 u 8/2002; como se alude también en el propio Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales en su artículo 5.1 c) al admitir la prisión provisional cuando se estime necesario para impedir que se cometa una infracción, y obviamente como coexiste pacíficamente en el derecho comparado. Por tanto, señorías, este régimen de la prisión provisional, que además de los otros fines constitucionalmente legítimos también persigue proteger o realizar este fin constitucionalmente legítimo, que es la protección de la sociedad y evitar la reiteración delictiva, es algo que se puede considerar por descontado plenamente ajustado a la Constitución. Desde luego, el riesgo de reiteración deber ser concreto, pero no un riesgo concreto de la comisión de unos delitos concretos. Un riesgo concreto, porque precisamente tomando como base los antecedentes de diputado y muy fundamentalmente los antecedentes penales, pero también las diligencias judiciales o la propia información que facilita la policía judicial (porque una cosa es que tenga valor de atestado y otra cosa es que quepa desconfiar de la información que suministra la policía judicial; ya no estamos en aquellas épocas de la dictadura, de la policía como un instrumento espurio al servicio de la tiranía) nos permiten determinar la concreción del riesgo de recreación delictiva. Por tanto, desde esa perspectiva podemos decir que bienvenido sea el proyecto que, desde luego, no deja de ser constitucional ni mucho menos.


Después de haber oído aquí al ministro del Interior reseñar -a preguntas de Convergència i Unió- la situación de un ciudadano de Barcelona -por lo demás español, aquí no hay xenofobia ninguna-, que fue detenido 147 veces en 12 meses, lo que yo me pregunto y se preguntan los ciudadanos es si la regulación de la prisión provisional va a tener algún efecto para evitar que se produzca o no la situación de hecho que permite que una persona en 12 meses sea detenida 147 veces. Porque si no, desde luego que habremos hecho un correcto desarrollo constitucional, pero volviendo al inicio de mi intervención habremos hecho un acto político y un acto absolutamente inútil, desde la perspectiva de la política criminal. Esto no quiere decir, señorías, que el planteamiento del proyecto nos resulte satisfactorio del todo, porque vamos a prestar mucha atención -y lo estamos haciendo en las enmiendas que preparamos- al régimen de incomunicación, que pretendemos que sea más breve, con mayor control y con mayores posibilidades, por lo que hace referencia al reconocimiento médico. De la misma manera, consideramos que debe establecerse una mayor coordinación entre este proyecto y el proyecto de medidas para la seguridad ciudadana. Porque en la medida que configuremos algunas faltas como delitos o que les atribuyamos penas de delitos, sin lugar a dudas, habrá que permitir también -faltaría más- la prisión provisional en estos temas. De ahí que sea conveniente una tramitación absolutamente paralela de estos supuestos. Desde luego que habrá que incorporar muchas de las propuestas del Grupo Parlamentario Vasco, que configura la tutela cautelar penal como algo que obviamente excede y supera medidas puramente personales como es la prisión provisional, porque hay otras medidas personales y de garantía patrimonial, o algunas de las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, pero para ello no es preciso rechazar el proyecto.


Para acabar, señorías, quiero hacer referencia, como decía al inicio de mi intervención, a que esto no es más que una de las piezas que sin lugar a dudas tiene que complementarse con los juicios rápidos e inmediatos y con una modificación profunda del tratamiento de la multirreincidencia en materia de faltas y de delitos menos graves. Por lo que hace referencia precisamente a la ley de juicio rápidos e inmediatos, no puedo sino manifestar la satisfacción por el hecho de que ayer la comisión de policía judicial aprobase los criterios de actuación y también por el hecho de que el 26 de febrero el Consejo General del Poder Judicial aprobase el reglamento de guardias. Sin dejar de constatar en cualquier caso lo que no deja de ser un aspecto de una enorme perplejidad, y es que cuando algunos de los policías

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nacionales -que nos protegen aquí- están ante la máquina de detección de metales leyendo un manual de juicios rápidos, no nos dejamos de encontrar personas que tienen por función y misión la defensa de la legalidad y que cargan absolutamente contra la legalidad y cuando tantos, desde la judicatura, desde la fiscalía, desde las administraciones de justicia, desde las comunidades autónomas, pretenden que esta ley cumpla la función para la que la redactamos, hay otras personas con grandes responsabilidades que se contentan simplemente con poner palos en las ruedas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, nos encontramos ante un abigarrado mapa de enmiendas, a propósito de esta importantísima iniciativa, porque tenemos una enmienda de devolución con texto alternativo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tenemos cinco enmiendas de devolución, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y cuatro del Grupo Parlamentario Mixto y tenemos una curiosa enmienda con un texto alternativo, a la proposición de ley que en su día presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Es una fórmula parlamentaria novedosa que voy a intentar desentrañar, porque la verdad es que no tiene demasiados precedentes.


En cuanto a la enmienda con texto alternativo del Grupo Parlamentario Vasco, tiene una larga historia como se ha señalado aquí, por tanto nos es muy conocida, y es absolutamente cierto que en 1997, hace ya casi 6 años, tuvimos ocasión de debatirla. En aquella oportunidad el Grupo Popular no tuvo inconveniente en aceptar la toma en consideración de la proposición de ley, aunque la señora Uría -cosa que, sin duda, hará dado su habitual rigor y laboriosidad-, si repasa el "Diario de Sesiones" de aquel día, verá cómo la que hizo de portavoz del Grupo Popular marcó distancias respecto al contenido y anunció, lógicamente, que habría planteamientos correctores posteriores; actitud que, simétricamente, quizá hubiera sido lógico que la tuviera hoy el Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Entendemos que no comparta todos los extremos del proyecto que hoy se presenta aquí, pero la verdad es que después de la exposición tan serena y objetiva -como en ella es habitual- de la señora Uría no vemos elementos que justifiquen una enmienda a la totalidad, salvo quizás el matiz testimonial de recordar que ese grupo y esa diputada en concreto -y es de justicia hacerlo constar así- lleva años trabajando por esta cuestión, que se ha convertido casi en un tema monográfico, podríamos decir, dentro de su tarea parlamentaria. En todo caso, pretender que se aborden no solamente la prisión provisional sino otras medidas cautelares, como siempre ha sugerido la señora Uría, desbordaría lo que se había acordado en el pacto de Estado, que era justamente la prisión provisional.


Por otra parte, los fines que señala en su iniciativa son los mismos que recoge el proyecto, y en cuanto a los criterios de valoración añade alguno más que no asume el Tribunal Constitucional como, por ejemplo, el de la alarma social. En cuanto a la incomunicación, no se fijan supuestos ni límite temporal; cosa que el proyecto sí hace. En lo que se refiere a aplicarla con independencia de la pena que pueda ser señalada, el proyecto establece unos límites. Nos parece que todo eso es más positivo.
En cuanto a los recursos, hay un fallo fruto de la historia y es que sigue remitiéndose el texto al artículo 787.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fue modificado por la Ley 38/2000. En el texto anterior aún figuraba así y ha habido un pequeño lapsus en la tarea de lifting parlamentario que se ha hecho a ese texto.


El Grupo de Izquierda Unida, que en estos momentos no está presente en el hemiciclo (son las cuatro y cuarto y algunos de los portavoces todavía no hemos podido cumplir algunas exigencias de tipo fisiológico, aunque sólo sean consuetudinarias; no hay ninguna manifestación a esta hora, pero de todas maneras no puede estar aquí), nos ha planteado su técnica del banner. Yo de esto no sé mucho pero, según parece, consiste en que uno tiene una página y desde esa remite a otras. El Grupo de Izquierda Unida nos ha puesto un banner con una carta; muy interesante como elemento literario, aunque evidentemente no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí, pero eso tampoco es nuevo en Izquierda Unida. También nos ha puesto otro banner respecto a Amnistía Internacional que, al fin y al cabo, tiene alguna relación con los problemas que hoy estamos abordando. Nos hemos quedado sin saber por qué presentan esa enmienda a la totalidad, salvo que lógicamente la tenían que presentar. Pero ellos, como han demostrado, no sabían por qué. La tenían que presentar y han cumplido con su obligación.


En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Mixto (en este aspecto debo destacar cómo el señor Labordetea lleva todo el debate aquí demostrando su capacidad de resistencia forjada en largas caminatas, también ahora en caminatas parlamentarias), hay ciertos denominadores comunes. Por un lado se dice que no se respeta el principio de excepcionalidad. La verdad es que no hay automatismo en este proyecto y quiero dejar esto muy claro respecto a todo lo que hayan afirmado después. No hay automatismo ninguno. En ese sentido,

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quiero recordar algo elemental y es que estamos intentando, por primera vez por cierto, dar un enmarque constitucional a esta figura -cosa que el Grupo Socialista nunca consiguió-y al hacerlo lógicamente debemos desarrollar la Constitución. No debemos olvidar que una función privilegiada, no sólo como derecho sino como deber, en ese desarrollo de la Constitución la tiene esta Cámara. Por lo tanto, interpretar como automatismo que en la ley queden reflejados unos criterios valorativos respecto a los cuales el juez debe desarrollar, a propuesta del ministerio fiscal, su función me parece que es tener una idea del principio de legalidad y de la función de esta Cámara un poco pobre. En modo alguno hay automatismos. Lo que sí hay (eso es un modo de respetar la Constitución, evitando fórmulas genéricas que pondrían en peligro y en riesgo claro derechos fundamentales que, como aquí se ha dicho, están en juego) son unos criterios valorativos, que se señalan, en los que el juez debe apoyarse, lo que en modo alguno implica ningún automatismo.
Igualmente se respeta la proporcionalidad en la medida en que hay unos fines que son los que señala el Tribunal Constitucional: el normal desarrollo del proceso, la ejecución del fallo y evitar la reiteración delictiva.


No es cierto que no se recojan figuras del derecho comparado intermedias, primero, porque se recoge en el mismo proyecto, por ejemplo, la prisión atenuada, y, luego, porque las hay ya en el derecho vigente, como son la prohibición de aproximación o de residir en determinados lugares. Por último, no se afecta a la apreciación de inocencia porque el propio Tribunal Constitucional ha aludido al riesgo de reiteración delictiva, que es precisamente lo que se recoge en el texto. En cuanto a la incomunicación, se respeta absolutamente el contenido de las sentencias 196/1987, 46/1988 y 60 del mismo año del Tribunal Constitucional. Por tanto, no hay ese peligro en modo alguno.


En cuanto al Grupo Socialista, señor López Aguilar, le guste o no, yo comprendo qué es lo que ustedes han hecho hoy. Si uno se plantea, por el contrario, qué hubiera ocurrido si ustedes hoy no presentan aquí un texto alternativo a su propia proposición de ley, el asunto sería preocupante porque habría que entender que ustedes seguían defendiendo su proposición de ley de hace nada menos que dos meses. Ustedes seguirían defendiendo como pena mínima para acordar la prisión provisional un año, por ejemplo.
En la medida en que no marquen distancias con esos disparates que incluían en esa proposición de ley que ni se atrevieron a registrar, lógicamente habría que esperar que en sus enmiendas al articulado ustedes plasmarían todas esas luminosas sugerencias. Como no querían hacerlo, han querido marcar un hiato y decir: vamos a hacer un texto alternativo a nuestra proposición de ley y nuestras enmiendas nos tranquilizan con el anuncio de que sus enmiendas al articulado se van a ceñir a lo que hoy presenta, que es un texto alternativo que corrige su proposición de ley, prácticamente identificándose en la mayor parte de las ocasiones con el texto del proyecto que aquí se nos envía, con lo cual quedamos tranquilos de que ustedes no van a insistir en plantear su proposición de ley en el momento de las enmiendas al articulado. Creo que con eso hacen un gran servicio al mejor desarrollo constitucional de esta institución y superan una serie de ocurrencias que estaban en aquella proposición y que ya el propio ministro ha recordado de una manera notablemente ilustrativa. Creo que eso, indudablemente, es positivo.


Entre los aspectos que nadie ha podido criticar porque, evidentemente, son positivos, tenemos que señalar en qué medida este proyecto enlaza con el de los juicios inmediatos que hace poco aprobamos en octubre pasado.
Quiero resaltar cómo en esa ley se señalaba que en el plazo de seis meses se presentaría este proyecto, y estamos precisamente justo seis meses después de la aprobación de aquella ley. Algo que no es muy habitual es que esos compromisos legales de legislación futura lleguen a cumplirse.
Por otra parte, este proyecto es una pieza fundamental para que esa ley pueda funcionar de una manera eficaz. ¿Que el resultado, señor López Aguilar, va a ser que va a haber más pequeños delincuentes, según los llama S.S., en las cárceles? Yo creo que sí, que es muy probable que así sea, de lo contrario no se entendería muy bien lo que estamos haciendo aquí. Lo que parece muy positivo es que se sepa que hay un grupo al que le preocupa que eso que usted llama pequeños delincuentes estén en la calle, mientras a usted le preocupa que estén en la cárcel; a cada cual le preocupa una cosa y es bueno que los ciudadanos saquen las consecuencias oportunas. A nosotros, evidentemente, lo que nos preocupa son los pequeños delincuentes, que no sé a qué llama pequeño, en qué escala se mueve usted para esa valoración, porque con la 148 que apuntaba el señor Silva no sé a qué llama pequeño. En todo caso, parece que los delincuentes deben estar en la cárcel, que para eso, al fin al cabo, las creamos, sin perjuicio de que luego procuremos que allí reciban el tratamiento adecuado.


Por otra parte, la discusión sobre si la disposición transitoria es retroactiva no tiene mucho objeto, porque el problema no es si es una retroactividad legítima o no, es que no lo es. Si estamos hablando de riesgo, el riesgo se produce en un momento determinado. Por tanto, sería retroactivo si estuviéramos hablando de unos hechos pasados. No estamos hablando de unos hechos pasados, estamos hablando de un riesgo que se va a producir después de que esta ley se apruebe. Lo que no tiene ningún sentido es que ese riesgo se enjuicie

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con arreglo a una ley anterior a la conducta que hace presumir que cabe el riesgo de fuga. El riesgo de fuga se produce ahora y la conducta que se va a enjuiciar se dio con anterioridad. Si hay que actualizar una medida de prisión provisional en vigor, habrá que hacerlo con arreglo a los riesgos que se dan ahora. Por tanto, no hay retroactividad alguna. No se trata de discutir si es o no legítima la retroactividad, sino de reconocer, simplemente, que no la hay.


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Por último, y termino, señora presidenta, quiero señalar en qué medida el proyecto implica una revisión procesal completa, en qué medida aborda la motivación, tanto de la medida como de las prórrogas, y elimina, felizmente -como han hecho ustedes mismos en su enmienda de totalidad-, el recurso de queja que mantenían en esa proposición de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ollero.


Señoría, ruego ocupen sus escaños.


Sometemos a votación en primer lugar las enmiendas a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster y señores Saura, Labordeta y Aymerich, y también la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, seis; en contra, 154; abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al mismo proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, siete; en contra, 142; abstenciones, 89.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

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